Diputado César Duarte Jáquez
Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara
de Diputados
Me es grato comunicar, por su digno conducto, a esa Cámara de Diputados, que hoy la Suprema Corte de Justicia de la Nación inauguró su primer periodo de sesiones correspondiente al año en curso.
Reitero a usted la seguridades de mi consideración atenta y distinguida.
México, DF, a 2 de enero de 2009.
Ministro Guillermo I. Ortiz Mayagoitia (rúbrica)
Presidente
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO EN LA CÁMARA DE SENADORES
México, DF, a 7 de enero de 2009.
Diputado César Duarte Jáquez
Presidente de la Comisión Permanente del Congreso
de la Unión
Presente
Por este conducto nos permitimos comunicarle que, por acuerdo del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en la Cámara de Senadores y de la Comisión Ejecutiva Nacional del PT, con fecha de hoy han sido elegidos como coordinador y vicecoordinador del Grupo Parlamentario en esta Cámara los siguientes senadores:
Vicecoordinador: Alejandro González Yáñez
Atentamente
Senadores: Alberto Anaya Gutiérrez, Alejandro
González Yáñez, Ricardo Monreal Ávila (rúbricas).
Honorable Asamblea:
A la Tercera Comisión —Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas— de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, en el primer receso del tercer año de ejercicio constitucional de la LX Legislatura, fue turnada el 22 de diciembre de 2008, para análisis y dictamen, proposición con punto de acuerdo para exhortar al secretario de Salud presente por escrito la decisión anunciada el 26 de noviembre de 2008, respecto a la no reubicación del hospital psiquiátrico infantil Doctor Juan N. Navarro, presentada por la diputada Valentina Batres Guadarrama, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 122, párrafo primero, y 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como 58, 60, 87, 88, 175 y 176 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión, que suscriben, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión dictamen, al tenor de los siguientes
Antecedentes
1. Con fecha 22 de diciembre de 2008, la diputada Valentina Batres Guadarrama, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó ante el Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión la proposición de mérito.
2. En esa misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente dispuso que dicha solicitud de punto de acuerdo se turnara, para estudio y dictamen correspondiente, a la Tercera Comisión —Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas—, por lo que se emite en este acto el dictamen correspondiente.
3. La proposición en estudio, en síntesis, contiene los siguientes fundamentos y razones en que se sustenta:
B. Que su población abierta se estima en más de 6 mil derechohabientes, dado que existen más de 20 mil expedientes abiertos y 6 mil 500 de frecuente manejo.
C. Que la mayoría de los pacientes que ahí se atienden han cursado por un tortuoso camino de estigma y discriminación, en virtud de las deficiencias en el manejo y diagnóstico de su enfermedad, dada la condición y gravedad de sus padecimientos en los distintos sectores de salud, y sólo en ese hospital han encontrado diagnósticos y procedimientos de manejo y mejoría en la mayoría de los casos, así como el apoyo legal y peritaje en casos de interdictos, violaciones y violencia doméstica.
D. Que ante el Pleno de la pasada Comisión Permanente, el 16 de julio de 2008 presenté un punto de acuerdo, con carácter de urgente y obvia resolución, para exhortar al secretario de Salud, José Ángel Córdova Villalobos, a estudiar la viabilidad de suspender los trabajos de demolición (o reubicación) del hospital psiquiátrico, en virtud de que la atención que brinda el hospital es indispensable y única, y su servicio no puede ser reducido.
E. Que los padres de familia y la suscrita recibimos con sorpresa y agrado la declaración del secretario de Salud en la que anuncia que el proyecto de reubicar al hospital a un edificio que se encuentra justo enfrente se canceló, en virtud de que generó reclamos y manifestaciones por parte de trabajadores y padres de familia. Sin embargo, pese a este anuncio en medios nacionales, no hay constancia escrita en boletines oficiales por parte de la Secretaría de Salud ni en ninguna parte de la página informativa de ésta.
F. Que estamos en total acuerdo con el secretario de Salud en el sentido de que el predio y las instalaciones en que pretendía efectuar la reubicación de los servicios del hospital carece de las condiciones mínimas indispensables para garantizar la continuidad en calidad y cantidad de los servicios que hoy ofrece la institución en el inmueble en el que está situado en San Buenaventura 86.
G. Que lo que es cierto es que las instalaciones actuales del psiquiátrico se encuentran deterioradas y necesitan labores de remodelación y mejoras para elevar la calidad del servicio. Sin embargo, ésta es la tercera ocasión en la que se somete a la población usuaria de los servicios de esta honorable institución psiquiátrica y a los trabajadores de ésta a un desgaste y angustia por defender los derechos de servicio de los niños y los adolescentes que ahí se atienden. Esto no debe volverse a repetir ni en el corto ni a largo plazo.
H. Que es necesario que la Secretaría de Salud desde ahora garantice que el proyecto arquitectónico a realizar reflejará y será capaz de contener las necesidades del proyecto médico realizado por los técnicos especialistas del hospital psiquiátrico infantil. Lejos de disminuir los servicios de tercer nivel para casos graves, que son los que fundamentalmente atiende el psiquiátrico, se deben de ampliar dado los índices de incidencia de trastornos mentales en la población infantil y juvenil, e ir instrumentando nuevos filtros que permitan distribuir a los niños y a los jóvenes con trastornos mentales a los distintos niveles de tratamiento.
En consecuencia, los integrantes de la Tercera Comisión emiten punto de acuerdo al tenor de las siguientes
Consideraciones
La Comisión Permanente coincide en la importancia que el hospital psiquiátrico tiene en la atención de pacientes discapacitados mentales y ser el único en su género. Esta importancia se hace evidente con la población que atiende: más de 6 mil derechohabientes y más de 20 mil expedientes abiertos. En este orden de ideas, se debe destacar el hecho de que ya existe un antecedente en los trabajos de demolición o reubicación del hospital mencionado en la pasada Comisión Permanente, que ya hacía evidente un problema con este asunto.
Más allá de las razones de este hospital en particular, nos preocupan las familias y los trabajadores que, de una u otra forma, dependen del nosocomio, ya sea por ser derechohabientes o empleados de éste.
No se debe pasar por alto que un hospital de esta naturaleza tan específica de atención de padecimientos se encuentre deteriorado y que las instalaciones no cubran los estándares mínimos para la población usuaria y sus trabajadores.
Por las razones expuestas, esta entidad legislativa considera pertinente que la dependencia referida dé una explicación por escrito donde informe las causas por las que no se reubicó el hospital en cuestión sin que se tomen represalias contra el personal que labora en dicha institución y que se ha manifestado legítimamente.
La Comisión Permanente, en esta tesitura, exhorta al secretario de Salud a presentar por escrito la decisión anunciada el 26 de noviembre de 2008, respecto a la no reubicación del hospital.
Por tanto, los integrantes de la Tercera Comisión —Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas— de la Comisión Permanente someten a la honorable asamblea los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión solicita al secretario de Salud, José Ángel Córdova Villalobos, a informar a esta comisión sobre la cancelación del proyecto de reubicación del hospital psiquiátrico infantil Doctor Juan N. Navarro.
Segundo. Se exhorta al secretario de Salud, así como a la directora del hospital, doctora Dora María Pérez Ordaz, a proceder a cancelar toda acción contra el personal laboral del hospital psiquiátrico infantil, quienes se manifestaron legítimamente en contra del proceso de reubicación.
Tercero. Se solicita al secretario de Salud que informe a esta soberanía quiénes conforman la comisión para la renovación del hospital, y cuándo y dónde se reúne ésta.
Cuarto. Se exhorta respetuosamente al secretario de Salud a instalar de inmediato el comité multidisciplinario.
Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- Ciudad de México, a 7 de enero de 2009.
La Tercera Comisión —Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas— de la Comisión Permanente
Senadores: Raúl José Mejía González (rúbrica), presidente; Rubén Fernando Velázquez López (rúbrica), secretario; Alejandro González Yáñez, María Teresa Ortuño Gurza (rúbrica), Rogelio Rueda Sánchez (rúbrica), Gabriela Ruiz del Rincón (rúbrica), Eva Contreras Sandoval (rúbrica).
Diputados: Carlos Eduardo
Felton González (rúbrica), secretario; Carlos Altamirano
Toledo, Carlos Augusto Bracho González (rúbrica), José
Rubén Escajeda Jiménez (rúbrica), María Esther
Jiménez Ramos (rúbrica), Octavio Martínez Vargas (rúbrica),
José Ascención Orihuela Bárcenas (rúbrica),
Cuauhtémoc Velasco Oliva (rúbrica).
DE LA TERCERA COMISIÓN, CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE A LAS SECRETARÍAS DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, Y DE EDUCACIÓN PÚBLICA QUE CONSIDEREN SU APOYO PARA QUE DESTINEN RECURSOS EXTRAORDINARIOS, POR ÚNICA VEZ, A LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS
Honorable Asamblea:
A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente fue turnada la proposición con punto de acuerdo por la que se solicita a las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, y de Educación Pública que destinen recursos extraordinarios por única vez a la Universidad Autónoma del Estado de Morelos para cubrir el adeudo que tiene con el Infonavit, presentada por el diputado Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Los integrantes de esta comisión realizaron el estudio y análisis de la proposición a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente dictamen.
Con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de la Tercera Comisión que suscriben, someten a consideración del Pleno el presente dictamen:
Antecedentes
La proposición con punto de acuerdo que se cita en el proemio fue presentada en la sesión del Pleno de la Comisión Permanente de fecha 22 de diciembre de 2008, y turnada para estudio y dictamen correspondiente a la Tercera Comisión.
Consideraciones
I. En el capítulo de consideraciones, el autor de la proposición con punto de acuerdo que se dictamina señala que la Universidad Autónoma del Estado de Morelos es considerada una de las principales universidades del país y ofrece estudios superiores y de posgrado de calidad en diversas áreas.
Que actualmente la institución se encuentra envuelta en una problemática económica ya que, derivado de una auditoría practicada por el Infonavit durante los ejercicios de 2001 y de 2003, se determinaron créditos fiscales a favor de éste.
Que el Infonavit, en ejercicio sus facultades, llevó a cabo el embargo de cinco cuentas bancarias, de las cuales a la fecha no ha sido posible disponer de los recursos que en ellas se encuentran, originando problemas en la realización de los proyectos de la UAEM, ya que éstas se encuentran congeladas.
Que la universidad ha realizado propuestas al Infonavit para cubrir el adeudo conforme a los recursos con que cuenta, no logrando generar un acuerdo, ya que el importe que el instituto determina, aun con reducciones, es superior a lo que la institución puede pagar.
Que, por ello, se considera de vital importancia obtener el apoyo de las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, y de Educación Pública para que, en coordinación, destinen recursos extraordinarios, por única vez, a la Universidad Autónoma del Estado de Morelos.
II. La comisión dictaminadora desea señalar que, sin duda, la educación superior es un bien público social y un derecho humano universal, a partir del cual debe tener un papel estratégico en los procesos de desarrollo sustentable. Por ello se considera que se necesita una educación que contribuya eficazmente a la convivencia democrática, a la tolerancia y a crear un espíritu de solidaridad y de cooperación, que cree las oportunidades para quienes hoy no las tienen y que contribuya, con la creación del conocimiento, a la trasformación social y productiva de nuestras sociedades.
Por otra parte, sabemos que la Universidad Autónoma del Estado de Morelos tiene como misión impulsar el desarrollo de investigación de alto nivel, con un claro compromiso con las necesidades del estado y del país; propiciar la transferencia de los resultados y productos hacia los sectores social, gubernamental y productivo; y divulgar la investigación hacia todos los sectores y estratos sociales de la población. Sin duda, compartimos esos objetivos.
Por ello, las metas que se buscan en esa institución, como promover la consolidación de los grupos de investigación existentes y generar grupos que respondan a las necesidades y realidades de la institución; consolidar los programas educativos de posgrado de la institución, a través de la administración y gestión eficientes de recursos humanos y materiales; y vincular los productos de la investigación con los sectores social, gubernamental y productivo, de tal manera que éstos tengan efecto directo en el entorno, no podemos permitir que sufran menoscabo.
Por otra parte, debemos considerar lo que establece el artículo 11 de la Ley para la Coordinación de la Educación Superior:
Artículo 11. A fin de desarrollar la educación superior en atención de las necesidades nacionales, regionales y estatales y de las necesidades institucionales de docencia, investigación y difusión de la cultura, el Estado proveerá a la coordinación de este tipo de educación en toda la república, mediante el fomento de la interacción armónica y solidaria entre las instituciones de educación superior y a través de la asignación de recursos públicos disponibles destinados a dicho servicio, conforme a las prioridades, los objetivos y los lineamientos previstos en esta ley.
En tal virtud, nos manifestamos en favor de la proposición presentada por el autor, a efecto de, como señala, no permitir que la viabilidad financiera y las funciones sustantivas de la universidad, así como los derechos laborales del personal, se encuentren en riesgo.
En mérito de lo expuesto, la Tercera Comisión se permite someter a consideración del Pleno el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, en el ámbito de colaboración entre poderes, solicita respetuosamente a las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, y de Educación Pública que se evalúe la situación por la que atraviesa la Universidad Autónoma del Estado de Morelos respecto a los pagos pendientes que tiene con el Infonavit y, derivado de esa evaluación, considerar la forma de apoyar a la misma universidad. Dicho apoyo podrá incluir la reestructuración del adeudo y los medios necesarios para resolver el problema.
Sala de comisiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.- México, DF, a 7 de enero de 2009.
La Tercera Comisión –Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas
Senadores: Raúl José Mejía González (rúbrica), presidente; Rubén Fernando Velázquez López (rúbrica), secretario; Gabriela Ruiz del Rincón (rúbrica), María Teresa Ortuño Gurza (rúbrica), Eva Contreras Sandoval (rúbrica), Rogelio Rueda Sánchez (rúbrica), Alejandro González Yáñez.
Diputados: Carlos Eduardo
Felton González (rúbrica), secretario; Carlos Augusto Bracho
González (rúbrica), María Esther Jiménez Ramos
(rúbrica), José Ascención Orihuela Bárcenas
(rúbrica), José Rubén Escajeda Jiménez (rúbrica),
Octavio Martínez Vargas (rúbrica), Carlos Altamirano Toledo,
Cuauhtémoc Velasco Oliva (rúbrica).
DE LA TERCERA COMISIÓN, CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA A LA SOCIEDAD HIPOTECARIA FEDERAL, SNC, QUE ENTREGUE UN INFORME DETALLADO SOBRE LOS PERITOS VALUADORES QUE NO CUMPLIERON EL PLAZO DE TRES AÑOS PARA OBTENER CÉDULA PROFESIONAL DE POSGRADO
Honorable Asamblea:
A la Tercera Comisión de Trabajo –de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas–, de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, en el primer receso del tercer año de ejercicio constitucional de la LX Legislatura, le fue turnada el 22 de diciembre de 2008 para su análisis y dictamen la proposición con punto de acuerdo por la que se solicita a la Sociedad Hipotecaria Federal, SNC, un informe detallado de los peritos valuadores que no cumplieron con el plazo de tres años para obtener su cédula profesional de posgrado; presentada por el diputado Octavo Martínez Vargas, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 122, párrafo primero, y 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como 58, 60, 87, 88, 175 y 176 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión que suscriben, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen, al tenor de los siguientes
Antecedentes
1. El 22 de diciembre de 2008 el diputado Octavo Martínez Vargas, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó ante el Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión la proposición de mérito.
2. En esa misma fecha la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión dispuso que dicha solicitud de punto de acuerdo se turnara para su estudio y dictamen correspondiente a la Tercera Comisión, de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, por lo que se emite en este acto el dictamen correspondiente.
3. La proposición en estudio, en síntesis, contienen los siguientes fundamentos y razones en que se sustenta:
B. Que el artículo transitorio citado entró en vigor el catorce de diciembre de 2004, por lo que ya excedió el término de tres años; van cuatro años y se desconoce cuántos valuadores han operado con una autorización inválida.
C. Que la fracción IX, del artículo 3, de la Ley de Transparencia y de Fomento a la Competencia en el Crédito Garantizado, dispone que es un requisito esencial para que el perito valuador pueda ejercer su función contar con la cédula profesional de postgrado expedida por la Secretaría de Educación Pública.
D. Que no se debe dejar pasar por alto la impunidad, ni permitir que se ejecuten pseudo avalúos, a fin de la importancia de la valuación en créditos garantizados influye en el crecimiento económico del país, toda vez que a principios del 2008 México proyectaba un crecimiento del 3 por ciento; ahora fue del 2.3 por ciento, así lo informó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y aceptó que esperaba menor crecimiento; observemos que en Estados Unidos de América, en el segundo semestre, se continúo deteriorando el mercado hipotecario con caídas en las ventas y precios de las casas y en la construcción.
E. Que es muy importante la labor que desempeñan los peritos valuadores en bienes inmuebles, así como los bancos y desarrolladoras (entidades) que otorgan créditos para la vivienda. Máxime, que en 1988 la actividad valuatoria en México era prácticamente empírica y la supervisión sobre ella era mínima, toda vez que el principal organismo regulador era la Comisión Nacional Bancaria y de Valores que no contaba con una infraestructura para efectuarla de manera eficaz.
En consecuencia, los integrantes de la Tercera Comisión emiten al presente punto de acuerdo al tenor de las siguientes
Consideraciones
Mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7 de febrero de 2005, se reformaron diversas disposiciones de la Ley de Transparencia y de Fomento a la Competencia en el Crédito Garantizado, estableciéndose en sus disposiciones transitorias lo siguiente:
"Artículo primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Artículo segundo. Las personas que cuenten actualmente con autorización de perito valuador ante la Sociedad Hipotecaria Federal, SNC, contarán con un plazo de tres años, contados a partir de la entrada en vigor del presente decreto en el Diario Oficial de la Federación, para obtener la cédula profesional a que se refiere el artículo 3, fracción IX, pudiendo en el transcurso de dicho plazo fungir como peritos valuadores.
Si concluido el plazo antes señalado no obtuvieran la cédula profesional en cuestión, la autorización como perito valuador les será cancelada".
En estricto acatamiento a dichas disposiciones, los valuadores adscritos a la Sociedad Hipotecaria Federal contaban con un término de tres años para obtener su cédula profesional de posgrado, en el entendido que de no hacerlo así perderían la autorización para hacerlo. Considerando que el decreto se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 7 de febrero de 2005, es evidente que el plazo de tres años definido en los transitorios referidos precluyó el 7 de febrero de 2008.
En razón de ello, aquellos valuadores que no hayan dado debido cumplimiento al transitorio segundo del decreto citado, están impedidos para ejercer dicha profesión. Por su parte la Sociedad Hipotecaria Federal deberá abstenerse de requerir avalúos a estas personas y de otorgarle pleno valor probatorio a los que, en su caso, emitan dichas personas, en virtud de que carecerían de la patente respectiva para ejercer la profesión de valuadores.
El Poder Legislativo federal que aprobó el proyecto de decreto antes señalado, independientemente de sus facultades esencialmente legislativas, goza de las atribuciones necesarias para cerciorarse del debido cumplimiento de los preceptos que aprueba, mediante el ejercicio de sus atribuciones de control constitucional.
Específicamente, el Congreso de la Unión, y en su receso la Comisión Permanente, goza de las facultades necesarias para requerirle a la Sociedad Hipotecaria Federal, SNC, informe sobre aquellos valuadores que no cumplieron con el requisito de la cédula profesional, con el fin de asegurarse que se haya dado cumplimiento a la disposición, y de esta forma otorgar mayor calidad, profesionalismo y seguridad a los avalúos inmobiliarios que emitan los profesionistas en la materia, como lo autorizan los artículos 78, fracción III, y 93, cuarto párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Aunado a lo anterior, el Poder Legislativo federal debe contribuir al fortalecimiento de las instituciones relacionadas con el crédito, a fin de darle mayor certeza y efectividad al mismo y coadyuvar a la superación de la crisis financiera qua actualmente rige a la sociedad mundial y a la de nuestro país.
Los legisladores integrantes de esta Tercera Comisión coincidimos plenamente con el autor de la proposición, en el sentido de corroborar que aquellos valuadores carentes de la cédula respectiva sean retiraros de su cargo, y que la Sociedad Hipotecaria Federal se abstenga de apoyarse en éstos valuadores. Con ello se elimina cualquier posibilidad de incumplimiento de las normas aprobadas por el Congreso de la Unión.
Por tanto, los legisladores integrantes de la Tercera Comisión de Trabajo, de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, someten a esa honorable asamblea el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión solicita a la Sociedad Hipotecaria Federal, SNC, un informe detallado con los nombres de los peritos valuadores que no cumplieron con el plazo de tres años para obtener su cédula profesional de posgrado, como lo dispone el artículo segundo transitorio del decreto que reformó la Ley de Transparencia y de Fomento a la Competencia en el Crédito Garantizado, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7 de febrero de 2005, en virtud de que ha fenecido el término otorgado.
Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión. Ciudad de México, a 7 de enero de 2009.
La Tercera Comisión –Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas
Senadores: Raúl José Mejía González (rúbrica), presidente; Rubén Fernando Velázquez López (rúbrica), secretario; Gabriela Ruiz del Rincón (rúbrica), María Teresa Ortuño Gurza (rúbrica), Eva Contreras Sandoval (rúbrica), Rogelio Rueda Sánchez (rúbrica), Alejandro González Yáñez.
Diputados: Carlos Eduardo
Felton González, secretario; Carlos Augusto Bracho González
(rúbrica), María Esther Jiménez Ramos (rúbrica),
José Ascención Orihuela Bárcenas (rúbrica),
José Rubén Escajeda Jiménez (rúbrica), Octavio
Martínez Vargas (rúbrica), Carlos Altamirano Toledo, Cuauhtémoc
Velasco Oliva (rúbrica).
DE LA TERCERA COMISIÓN, CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA AL EJECUTIVO FEDERAL QUE, A TRAVÉS DE PETRÓLEOS MEXICANOS, REMITA EN UN PLAZO NO MAYOR DE OCHO DÍAS UN INFORME DETALLADO SOBRE LOS TÉRMINOS DE CONTRATACIÓN PARA LA PERFORACIÓN DE POZOS EN CHICONTEPEC
Honorable Asamblea:
A la Tercera Comisión de Trabajo —de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas— de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, en el primer receso del tercer año de ejercicio constitucional de la LX Legislatura, le fue turnada el 22 de diciembre de 2008, para su análisis y dictamen, la proposición con punto de acuerdo para solicitar al Ejecutivo federal, a través de Petróleos Mexicanos, que remita en un plazo no mayor a ocho días un informe detallado sobre los términos de la contratación para la perforación de pozos en Chicontepec; presentada por el diputado Cuauhtémoc Velasco Oliva, del Grupo Parlamentario del Partido Convergencia.
Con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 122, párrafo primero, y 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como 58, 60, 87, 88, 175 y 176 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión que suscriben, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen, al tenor de los siguientes
Antecedentes
1. El 22 de diciembre de 2008, el diputado Cuauhtémoc Velasco Oliva, del Grupo Parlamentario del Partido Convergencia, presentó ante el Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión la proposición de mérito.
2. En esa misma fecha la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión dispuso que dicha solicitud de punto de acuerdo se turnara para su estudio y dictamen correspondiente a la Tercera Comisión —de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas—, por lo que se emite en este acto el dictamen correspondiente.
3. La proposición en estudio, en síntesis, contiene los siguientes fundamentos y razones en que se sustenta:
B. Que conforme a la información de Pemex, se tiene el propósito de convertir Chicontepec en una cuenca que pueda producir entre 550 mil a 600 mil barriles diarios hacia 2021, lo que, según la paraestatal, representa un reto logístico y de capacidad de ejecución extraordinario, que requerirá del desarrollo y administración de tecnologías especializadas que incrementen la productividad por pozo y reduzca costos.
C. Que el 18 de diciembre de 2008, Pemex Exploración y Perforación publicó la licitación pública internacional número 18575051-046-08, ambas licitaciones, según la paraestatal, conforme a los tratados de libre comercio y con la que suman mil los pozos a perforar.
D. Que las referidas licitaciones llaman la atención, pues a poco más de un mes de haberse publicado la reforma a la paraestatal, el gobierno federal ratifica su propósito de dar paso a la inversión privada en áreas estratégicas, como es el caso del petróleo.
E. Que cuando se aprobaron las iniciativas en materia energética, subrayamos la precipitación del gobierno federal, con los Partidos Acción Nacional y Revolucionario Institucional, por aprobar un nuevo esquema bajo el cual habrá de desenvolverse Pemex.
F. Que por eso, el 27 de agosto presentamos una iniciativa ciudadana de reforma energética que vino a cerrar el paso a los intentos privatizadores y le dio un giro radical a los debates al plantear el fortalecimiento de Pemex como un organismo del Estado mexicano, y como palanca del desarrollo nacional, pero sobre todo al proponer que la industria petrolera se mantenga como patrimonio exclusivo e irrenunciable de México.
G. Que hoy, como en su momento lo señalamos, evidentemente se ganó mucho. Las iniciativas del titular del Ejecutivo federal y las que posteriormente presentó el Partido Revolucionario Institucional, que pretendían que el despojo se legalizara lo antes posible, fueron modificadas radicalmente en sus objetivos privatizadores.
H. Que la reforma que se sometió al Congreso de la Unión representó un triunfo para el movimiento nacional por la defensa del petróleo y para millones de mexicanos que se manifestaron de muy diversas maneras y en forma categórica para revertir la tendencia privatizadora de Pemex.
I. Que se derrotó la pretensión de aplicar contratos de riesgo. En torno a la autonomía presupuestal, se echó abajo la intención de que la Secretaría de Hacienda continuara aprobando inversiones y modificaciones al presupuesto de Pemex. También nos opusimos a que Petróleos Mexicanos se sujetara a tribunales internacionales y lo logramos. Se logró que la Auditoría Superior de la Federación vigilara en todo momento los procesos de licitación y que los contratos que suscriba Pemex sean del conocimiento y acceso públicos.
J. Que por ello, Convergencia estuvo de acuerdo en 5 de los 7 dictámenes y los respaldó totalmente con su voto. Sin embargo, prevalecieron lagunas, imprecisiones y ambigüedades que, denunciamos abiertamente, abrirían la puerta a futuros intentos privatizadores porque, a nuestro juicio, dan lugar a interpretaciones a conveniencia y a negocios con alto grado de corrupción para beneficio de unos cuantos.
K. Que uno de los peligros latentes para la industria petrolera es la pretensión del gobierno de Calderón, plasmada en la fracción VII del artículo 60 de la Ley de Pemex, de licitar bloques o áreas completas a un solo contratista para actividades de exploración y producción de hidrocarburos. Los vacíos y omisiones detectados en la nueva Ley de Pemex permitirían al gobierno y a quienes lo apoyaron cumplir sus compromisos con las grandes empresas trasnacionales para hacerse de la riqueza petrolera nacional.
L. Que hoy en día esas advertencias las comprobamos con el anuncio de Pemex para la perforación de 500 pozos petroleros en Chicontepec.
En consecuencia, los integrantes de la Tercera Comisión emiten el presente punto de acuerdo al tenor de las siguientes
Consideraciones
En la reforma energética recientemente aprobada quedó muy clara la no privatización de Pemex; así como no dar paso a la participación privada en áreas estratégicas.
Lo anterior se fundamenta en el artículo 27 de nuestra carta magna:
Por otro lado, uno de los objetivos primordiales de la reforma energética era reforzar los aspectos de transparencia y rendición de cuentas. Ello se materializó al lograr que la Auditoría Superior de la Federación vigilara y diera puntual seguimiento a los procesos de licitación, y que los contratos que suscriba Pemex sean del conocimiento y acceso públicos.
Sumado a esto, se conformó el Comité de Transparencia y Rendición de Cuentas, el cual está estrechamente vinculado con la operación y toma de decisiones de Pemex, y con la fiscalización y rendición de cuentas. En concordancia, el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos, Obras y Servicios trabajará para dictaminar sobre la procedencia de no celebrar licitaciones públicas, en términos de las disposiciones aplicables, y definir el procedimiento de contratación.
En ese sentido, esta entidad legislativa considera pertinente exhortar a la dependencia referida a elaborar, en un plazo no mayor a ocho días, un informe detallado sobre los términos de la contratación para la perforación de pozos en Chicontepec.
Los legisladores integrantes de esta comisión consideran que esta es una oportunidad para poner en marcha los mecanismos aprobados en la reforma energética. Sin duda, los aspectos constitucionales sobre la pertenencia del petróleo como bien de todos los mexicanos son intocables, y cualquier práctica que busque interpretarlos de una manera diferente debe ser desechada.
Es por ello que la Comisión Permanente aprueba la petición hecha por el diputado y solicita al Ejecutivo federal que sea entregado el informe que se pide en el plazo señalado.
Por tanto, los legisladores integrantes de la Tercera Comisión de Trabajo —de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas—, de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, someten a esa honorable asamblea el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión solicita al Ejecutivo federal que remita, en un plazo no mayor a 8 días, un informe detallado e inmediato, a través del director de Petróleos Mexicanos, sobre los términos de la contratación para la perforación de pozos petroleros en Chicontepec, donde incluya el fundamento legal para su otorgamiento y los montos que comprenden las licitaciones, así como los datos técnicos de los pozos.
Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión. Ciudad de México, a 7 de enero de 2009.
La Tercera Comisión –Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas
Senadores: Raúl José Mejía González (rúbrica), presidente; Rubén Fernando Velázquez López (rúbrica), secretario; Gabriela Ruiz del Rincón (rúbrica), María Teresa Ortuño Gurza (rúbrica), Eva Contreras Sandoval (rúbrica), Rogelio Rueda Sánchez (rúbrica), Alejandro González Yáñez.
Diputados: Carlos Eduardo
Felton González, secretario; Carlos Augusto Bracho González
(rúbrica), María Esther Jiménez Ramos (rúbrica),
José Ascención Orihuela Bárcenas (rúbrica),
José Rubén Escajeda Jiménez (rúbrica), Octavio
Martínez Vargas (rúbrica), Carlos Altamirano Toledo, Cuauhtémoc
Velasco Oliva (rúbrica).
DE LA TERCERA COMISIÓN, CON PUNTOS DE ACUERDO A FIN DE SOLICITAR RESPETUOSAMENTE AL SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA QUE SE INSTAUREN MEDIDAS CONDUCENTES A IMPLANTAR "ESTUFAS ECOLÓGICAS" EN LAS COMUNIDADES INDÍGENAS Y CAMPESINAS DEL PAÍS QUE UTILIZAN FOGÓN ABIERTO PARA COCINAR
Honorable Asamblea:
A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente, fue turnada la proposición con punto de acuerdo por la que se solicita al secretario de Desarrollo Social que instaure las medidas conducentes para implantar "estufas ecológicas" en las comunidades indígenas y campesinas del país que actualmente utilizan fogón abierto para cocinar, presentada por el senador Javier Orozco Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
Los ciudadanos legisladores integrantes de esta Comisión realizaron el estudio y análisis de la Proposición a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente dictamen.
Con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión que suscriben, someten a la consideración del Pleno el presente:
Dictamen
Antecedentes
La proposición con punto de acuerdo que se cita en el proemio, fue presentada en la sesión del Pleno de la Comisión Permanente de fecha 22 de diciembre de 2008, y turnada para su estudio y dictamen correspondiente a la Tercera Comisión.
Consideraciones
En su capítulo de consideraciones el autor de la proposición con punto de acuerdo que se dictamina señala que alrededor de la cuarta parte de la población mexicana, entre 25 y 28 millones de habitantes cocina con leña; 19 millones de habitantes usan este energético como combustible único para cocinar, según los más recientes datos del INEGI y alrededor de 8 millones la usan en combinación con gas LP. El mayor uso de la leña se concentra en los hogares rurales y semi-urbanos. Desafortunadamente, su utilización lleva implícito altos costos ambientales, de salud y eficiencia laboral.
Que el uso de la leña no es solo un recurso o herramienta de sobrevivencia, también es parte de un sistema integral de vivienda que proporciona luz, calefacción, protección de insectos, etcétera y la manera en que la que se usa afecta mucho a la convivencia, comodidad, estilos de preparación de platos y economía.
Que para las familias que viven en estos medios, la contaminación dentro dé una casa es a veces peor que la contaminación en las grandes ciudades y es uno de los principales problemas ambientales en el mundo. Los estudios epidemiológicos han indicado que la presencia de los contaminantes dentro de la casa está ligada a las infecciones respiratorias en los niños, infecciones de los pulmones como el asma y bronquitis crónico, cáncer de los pulmones, problemas en el parto e inclusive una tasa más alta de niños nacidos muertos y niños que nacen de bajo peso.
Que no obstante, a pesar de los esfuerzos por modificar el fogón abierto, hay muchos hogares en México que siguen sin acceso a las nuevas estufas ecológicas, por lo tanto, se requiere de un esfuerzo decidido a nivel local, estatal y nacional para dotar a estas comunidades de este servicio.
II. La Comisión Dictaminadora desea señalar que la conservación de los recursos naturales es un tema que efectivamente nos preocupa a todos, tanto a las autoridades como a la sociedad civil en general, máxime dónde la tasa de deforestación pone en peligro a los ecosistemas.
En México, dónde un alto porcentaje de la población rural depende en gran medida de la leña para cocinar, ya se está apoyando la construcción de estufas ahorradoras de energía, como una de las mejores alternativas para solucionar la tala inmoderada para la extracción de leña a una escala menor, ayudando a preservar el bosque.
Efectivamente, ya en varias entidades del país se ha establecido la implantación de estufas mejoradas como una forma de combatir el problema de deforestación, mejorar la salud de las personas que cocinan con leña, disminuir el impacto ambiental de la combustión de la madera y aliviar una parte del trabajo diario que se asocia con la recolección de la leña.
Las estufas ecológicas han demostrado ser una herramienta útil, para generar mejores condiciones de vida para la población que las necesitan, sin embargo es necesario que cada vez sean más las comunidades beneficiadas, es por ello que sometemos a la consideración de la asamblea el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, en el ámbito de colaboración entre poderes, solicita respetuosamente al titular de la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno de la República que fomente medidas pertinentes para la implantación de "estufas ecológicas" en las comunidades indígenas y campesinas del país, que actualmente utilizan fogón abierto para cocinar.
Segundo. Se exhorta al secretario de Desarrollo Social para establecer convenios de colaboración con organizaciones no gubernamentales que fomentan la construcción de "estufas ecológicas", con la finalidad de proveer a más familias indígenas y campesinas de este mecanismo de utilización de energía renovable.
Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.- México, DF, a 7 de enero de 2009.
La Tercera Comisión –Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas
Senadores: Raúl José Mejía González (rúbrica), presidente; Rubén Fernando Velázquez López (rúbrica), secretario; Gabriela Ruiz del Rincón (rúbrica), María Teresa Ortuño Gurza (rúbrica), Eva Contreras Sandoval (rúbrica), Rogelio Rueda Sánchez (rúbrica), Alejandro González Yáñez.
Diputados: Carlos Eduardo
Felton González (rúbrica), secretario; Carlos Augusto Bracho
González (rúbrica), María Esther Jiménez Ramos
(rúbrica), José Ascención Orihuela Bárcenas
(rúbrica), José Rubén Escajeda Jiménez (rúbrica),
Octavio Martínez Vargas (rúbrica), Carlos Altamirano Toledo,
Cuauhtémoc Velasco Oliva (rúbrica).
DE LA TERCERA COMISIÓN, CON PUNTO DE ACUERDO A FIN DE EXHORTAR A LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES A REALIZAR UN PROGRAMA URGENTE PARA REVERTIR EL DETERIORO DE LA CARRETERA TRANSÍSTMICA EN OAXACA
Honorable Asamblea:
A la Tercera Comisión —Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas— de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, en el primer receso del tercer año de ejercicio constitucional de la LX Legislatura, fue turnada el 22 de diciembre de 2008, para análisis y dictamen, proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a realizar un programa emergente para revertir el deterioro de la carretera transístmica en el estado de Oaxaca, presentada por el diputado Carlos Altamirano Toledo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 122, párrafo primero, y 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como 58, 60, 87, 88, 175 y 176 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión, que suscriben, someten a consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión dictamen, al tenor de los siguientes
Antecedentes
1. Con fecha 22 de diciembre de 2008, el diputado Carlos Altamirano Toledo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó ante el Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión la proposición de mérito.
2. En esa misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente dispuso que dicha solicitud de punto de acuerdo se turnara, para estudio y dictamen correspondiente, a la Tercera Comisión —Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas—, por lo que se emite en este acto el dictamen correspondiente.
3. La proposición en estudio, en síntesis, contiene los siguientes fundamentos y razones en que se sustenta:
B. Que esta situación es lamentable ya dicha carretera debiera ser una de las venas más importantes de la economía regional y nacional, y se encuentra llena de hoyos, baches, arena suelta, y le hacen falta los elementos básicos de señalización.
C. Que la importancia estratégica de esta vía se ilustra con un dato: en promedio, diariamente la utilizan 8 mil vehículos. Esta carretera comunica no sólo Veracruz y Oaxaca sino todo el golfo de México y el Pacífico.
D. Que las condiciones son francamente riesgosas e inaceptables en los tramos correspondientes a Oaxaca, en particular en La Ventosa, en los límites con Veracruz. Los riesgos, tanto para los oaxaqueños como para todos los usuarios, se han incrementado por la ausencia de mantenimiento integral a esta vía de comunicación.
E. Que por las razones señaladas no basta con pequeñas reparaciones de unos cuantos metros; se requiere un programa de obra sustantivo que revierta el abandono que se agrava en la parte vial correspondiente a Oaxaca. Esta acción debe conformar parte de una estrategia de desarrollo en infraestructura para el crecimiento económico del istmo de Tehuantepec.
F. Que sin duda invertir en la carretera transístmica es reforzar la infraestructura nacional, desarrollar la competitividad y promover el desarrollo en las regiones que más lo necesitan.
En consecuencia, los integrantes de la Tercera Comisión emiten punto de acuerdo al tenor de las siguientes
Consideraciones
La Comisión Permanente considera que el papel que desempeña la infraestructura, y en el caso específico de la infraestructura carretera, en el proceso de desarrollo económico cobra cada vez mayor interés
Es impensable pretender que México se inserte en el proceso de globalización con éxito sin una infraestructura moderna y bien planeada.
En el caso particular de nuestro país, contar con un sistema carretero que satisfaga las necesidades de desarrollo local, regional y nacional es básico para detonar e impulsar el crecimiento de cualquier entidad, ciudad o municipio.
En este sentido, es importante resaltar que el esquema institucional que guía las acciones de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en materia de carreteras, ha sido rebasado por la realidad. Las funciones básicas para que la infraestructura vial satisfaga, en la forma más racional posible las necesidades de la sociedad, el mantenimiento de las obras físicas de los caminos, no han sido del todo cubiertas. Los resultados saltan a la vista: el deterioro, la falta de atención y las condiciones deplorables en las que se encuentra la carretera mencionada.
La modernización y el mantenimiento de las carreteras nacionales demandan el ejercicio de una adecuada gestión gubernamental, ya que constituye una herramienta que permitirá salvaguardar el patrimonio vial, satisfacer a los usuarios de las carreteras y constituirse en un detonador del desarrollo de las distintas regiones que conforman el país.
Más aún, en este año en el que el panorama económico luce complicado contar con una infraestructura carretera con altos niveles de operación que permita asegurar el abasto oportuno de insumos para la producción de bienes de consumo y el traslado de manera eficiente, tanto de productos como de la gente que quiere llegar a sus trabajos, implica mayores oportunidades de desarrollo y crecimiento, y sortear de mejor manera la crisis que estamos padeciendo.
Es por estas razones que la Comisión Permanente, por la importancia que reviste para esta región del país, considera pertinente exhortar a la dependencia referida a elaborar un plan emergente para reparar la carretera transístmica en el estado de Oaxaca.
Por tanto, los integrantes de la Tercera Comisión —Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas— de la Comisión Permanente someten a esa honorable asamblea el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a realizar un programa emergente para revertir el deterioro de la carretera transístmica en Oaxaca, y promover su aprovechamiento integral.
Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- Ciudad de México, a 7 de enero de 2009.
La Tercera Comisión –Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas
Senadores: Raúl José Mejía González (rúbrica), presidente; Rubén Fernando Velázquez López (rúbrica), secretario; Alejandro González Yáñez, María Teresa Ortuño Gurza (rúbrica), Rogelio Rueda Sánchez (rúbrica), Gabriela Ruiz del Rincón (rúbrica), Eva Contreras Sandoval (rúbrica).
Diputados: Carlos Eduardo
Felton González (rúbrica), secretario; Carlos Altamirano
Toledo, Carlos Augusto Bracho González (rúbrica), José
Rubén Escajeda Jiménez (rúbrica), María Esther
Jiménez Ramos (rúbrica), Octavio Martínez Vargas (rúbrica),
José Ascención Orihuela Bárcenas (rúbrica),
Cuauhtémoc Velasco Oliva (rúbrica).
DE LA TERCERA COMISIÓN, CON PUNTO DE ACUERDO PARA EXHORTAR AL EJECUTIVO FEDERAL A MEJORAR LAS CONDICIONES LABORALES DE LOS TRABAJADORES AGRÍCOLAS MEXICANOS
Honorable Asamblea:
A la Tercera Comisión de Trabajo de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, en el primer receso del tercer año de ejercicio constitucional de la LX Legislatura, fue turnada el veintidós de diciembre de dos mil ocho, para su análisis y dictamen la proposición con punto de acuerdo por la que se exhorta al titular del Ejecutivo Federal a mejorar las condiciones laborales de los trabajadores agrícolas mexicanos y a integrar una Subcomisión para atender y proponer soluciones a los trabajadores agrícolas temporales; presentada por el diputado Alberto Amaro Corona, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 122, párrafo primero, y 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como 58, 60, 87, 88, 175 y 176 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión que suscriben, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen, al tenor de los siguientes:
Antecedentes
1. Con fecha veintidós de diciembre de dos mil ocho, el diputado Alberto Amaro Corona, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó ante el Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión la proposición de mérito.
2. En esa misma fecha la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, dispuso que dicha solicitud de punto de acuerdo se turnara para su estudio y dictamen correspondiente a la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, por lo que se emite en este acto el dictamen correspondiente.
3. La proposición en estudio, en síntesis, contienen los siguientes fundamentos y razones en que se sustenta:
Dice Hanley que "es el mismo contrato que se firmó en 1974; sólo ha tenido unos pequeños cambios, pero no en función de los trabajadores. Se han documentado problemas de hacinamiento, no existen condiciones de seguridad para realizar los trabajos. Tiene que haber un sistema donde los trabajadores puedan hacer públicas sus quejas, sin temor a ser repatriados".
Sobre la actuación de las autoridades mexicanas, Hanley afirma que "los empleadores y el gobierno federal de Canadá tienen la obligación de atender a los trabajadores y no lo hacen, nadie se preocupa por ellos. Los empleadores están felices con tener mano de obra barata y sin que nadie les reclame las condiciones en que tienen a los trabajadores".
B. Que Canadá es un socio estratégico, que representa una alternativa en la diversificación de las relaciones internacionales, que constituye un aliado en la promoción de los intereses en foros hemisféricos y globales, y que es un factor de equilibrio en las relaciones con América del Norte. Canadá es el segundo receptor de las exportaciones y el cuarto país de origen de las importaciones mexicanas. Ocupa el cuarto lugar en materia de inversión extranjera directa acumulada en México.
En junio de 2007 asistieron un grupo de legisladores de diferentes partidos a una serie de reuniones con organizadores y trabajadores del Centro de Saint Remi y con representantes de las organizaciones Kairos, Instituto Norte Sur, CLC y ODL para conocer el programa temporal en el sector de la agricultura y en materia de migración, en las ciudades de Toronto y Québec, Canadá. Derivado de esa gira de trabajo, un grupo de legisladores sostuvo una reunión de trabajo el 2 de agosto de 2007 en la Secretaría de Relaciones Exteriores, con funcionarios de la Subsecretaría para América del Norte.
Los días 21 y 22 de agosto de 2007 el Ejecutivo federal realizó una visita oficial a Canadá. Entre otros objetivos se planteó la decisión de fortalecer y ampliar la Alianza México-Canadá como el principal mecanismo bilateral de diálogo y cooperación.
C. Que existen las condiciones legales, políticas e institucionales para impulsar acciones y medidas que mejoren la estancia de los trabajadores mexicanos en aquel país. Sin duda es de nuestro interés contribuir a mejorar sus derechos humanos y laborales en el marco de una relación diplomática fructífera y productiva tanto para los trabajadores como para las organizaciones sociales y sindicales así como para las autoridades ejecutivas y legislativas de ambas naciones.
En ese sentido el autor de la proposición hace suyas las peticiones del UFCW-Canadá en lo que se refiere a crear los canales institucionales para mantener una relación de cooperación entre los trabajadores, el sindicato y los Ejecutivos federal y estatales, a través de la ayuda de los funcionarios del Consulado de México, para la identificación de los trabajadores con derecho a recibir los beneficios del Plan de Pensión de Canadá (CPP), y ayudarlos a que reciban un pago mensual del mismo plan.
Asimismo comparte la idea del sindicato, cuando recalcan que múltiples tratados y acuerdos internacionales (tales como las normas de la Organización Internacional del Trabajo, el Acuerdo Norteamericano sobre Cooperación Laboral), así como la legislación y jurisprudencia canadienses, otorgan el derecho a todos los trabajadores de participar en un sindicato, libres de intimidación o de represalias por parte de sus empleadores o de los gobiernos. Por eso creo que este derecho debe consagrarse en algún marco legal y que sea respetado por todas las partes.
D. Que el pasado 22 de agosto de 2007 la titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores firmó con su homólogo canadiense dos acuerdos:
a. El Plan de Acción Conjunto y la Declaración Bilateral México-Canadá sobre Movilidad Laboral; y
b. Bajo los auspicios del Programa de Trabajadores Temporales y del proyecto piloto de Canadá para ocupaciones que requieren de un nivel más bajo de capacitación y pretende establecer el Grupo de Trabajo de Movilidad Laboral.
Los objetivos de dichos instrumentos serán servir como un foro de discusión para explorar la movilidad laboral entre ambos países y facilitar el intercambio de información que mejore el entendimiento de los participantes sobre sus respectivas legislaciones y políticas. También sobre los programas y procedimientos relativos a los trabajadores extranjeros temporales, su empleo y los requisitos de certificación que contribuyan a identificar áreas de colaboración. Esta situación debe ser revisada en la relación bilateral, ya que lo que se observa hasta este momento es que ambos gobiernos han dejado al libre mercado de los empleadores canadienses con intermediarios mexicanos la definición y operación de los contratos laborales, en detrimento de los trabajadores mexicanos.
Al respecto, debe tenerse presente que el Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales (PTAT), en 34 años de operación, ha ocupado a 161 mil 674 mexicanos. No obstante que con este acuerdo se dice que se intenta proteger los derechos laborales de los trabajadores temporales, los procedimientos de vigilancia en relación con los empleadores, así como de cualquier otra área que se considere apropiada y de beneficio mutuo, y de que hay un interés por facilitar la movilidad de los trabajadores temporales entre México y Canadá, así como promover la protección de los derechos laborales de los trabajadores, es de un sentido interés personal y como legislador mexicano, revisar el Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales en todos sus aspectos y especialmente en lo relativo a la protección de los derechos laborales y humanos de los mexicanos.
E. Recientemente, una revista nacional publicó un amplio reportaje que da cuenta de la realidad que viven los trabajadores agrícolas mexicanos en las granjas canadienses. Entre otras cosas, el trabajo periodístico deja constancia de que "temporada tras temporada, los abusos se incrementan en contra de miles de jornaleros mexicanos que trabajan en las provincias de Ontario, Québec, Columbia Británica, Alberta, Manitoba, Isla Príncipe Eduardo, Saskatchewan y Nueva Escocia".
Los trabajadores y trabajadoras agrícolas que forman parte del Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales son víctimas de acoso sexual; de falta de dispositivos y vestimenta de protección cuando se trabaja con pesticidas; del conflicto de intereses por parte del personal del Consulado de México (que representa a los trabajadores, mientras trata de mantener a los empleadores contentos para que continúen solicitando trabajadores mexicanos); de los problemas de acceso a la asistencia médica; de la importancia de cimentar una comunidad y aliviar el problema de aislamiento que sufren los trabajadores mexicanos; de las dificultades para comunicarse con sus familias en sus países de origen; de la falta de un proceso de recursos de apelación si un granjero decide repatriar a un trabajador; y de la necesidad de que UFCW-Canadá y los gobiernos de México y de Canadá trabajen juntos para resolver estos problemas de común interés y, por supuesto, en mejorar el marco legal del programa.
Entre las actuaciones que podemos señalar como relevantes para justificar la necesidad de revisar el PTAT, así como someter a mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, especiales, a la Red Consular Mexicana, tiene que ver con lo que ha afirmado Stan Raper, Coordinador Nacional de la Alianza de Trabajadores Agrícolas Migratorios de Canadá, sobre la cuestionable actuación de los consulados mexicanos en esa nación: "el gobierno de México tiene un conflicto de intereses. Para ellos el contrato se vuelve más importante y el trabajador es desechable, eso ha sido siempre. Aquellos trabajadores que pelean por sus derechos, generalmente son expulsados de las fincas y, el próximo año ya no regresan. Así se pierde a un líder y, ya nadie se atreve a exigir sus derechos".
El UFCW ha aportado a los trabajadores agrícolas mexicanos, y que debiera ser una obligación de los consulados mexicanos en Canadá, consiste en que "el UFCW ha logrado recuperar más de 22 millones de dólares en beneficio de los trabajadores agrícolas por medio de devolución de impuestos y beneficios paternales".
En el último informe Indicadores del desarrollo mundial, reporte que incluye información de 185 países asociados al Banco Mundial, se ubica a México como el mayor expulsor de trabajadores migrantes del planeta. El informe señala que entre los años 2000 y 2005 salieron de México 2 millones de personas para buscar trabajo en los Estados Unidos.
De acuerdo con información del Consejo Nacional de Población, se establece que los indicadores sobre migración a Estados Unidos, en cuanto a índice y grado de intensidad migratoria en las 32 entidades federativas, refieren que 5 estados tienen un muy alto grado de intensidad migratoria, 7 tienen un alto grado, 8 con un medio grado de intensidad, 6 con un grado bajo y 6 con un muy bajo grado de intensidad migratoria. Esto significa que ninguna de las 32 entidades federativas escapa al fenómeno migratorio.
F. Que en 1973 se iniciaron las negociaciones entre los gobiernos de Canadá y México para lograr un acuerdo que permitiera el desplazamiento temporal de trabajadores mexicanos a ese país con el objeto de cubrir la necesidad de mano de obra agrícola y controlar la inmigración ilegal en su territorio.
En 1974 se firmó en Ottawa, Canadá, el memorándum de entendimiento entre el gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el de Canadá, relativo al Programa de Trabajadores Mexicanos Temporales, así como el Acuerdo para el Empleo Temporal de Trabajadores Agrícolas Mexicanos en Canadá, por lo que se instauró el Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales en Canadá, cuyo objetivo es "ofrecer una alternativa de ocupación segura y redituable a los jornaleros agrícolas mexicanos, satisfaciendo las necesidades de los granjeros canadienses".
El PTAT es "un modelo de cooperación binacional que permite mantener un flujo migratorio temporal ordenado y seguro de trabajadores agrícolas mexicanos, al tiempo que les garantiza el respeto a sus derechos laborales, sociales y humanos".
El memorándum de entendimiento establece que:
• El gobierno canadiense regula la admisión de los trabajadores, indica la cantidad requerida, notifica las cancelaciones y otorga las autorizaciones de empleo.
• El gobierno mexicano recluta y selecciona a los jornaleros, manteniendo al menos 300 listos para laborar; integra y tramita su documentación, y comunica los datos de los trabajadores y su fecha de llegada a Canadá.
El acuerdo norma cada contrato y los lineamientos generales son:
• El periodo contractual no será inferior a 240
horas, ni mayor a ocho meses;
• El empleador proveerá comidas y alojamientos
adecuados;
• Los migrantes recibirán salarios y seguros similares
a los demás jornaleros;
• El patrón organizará el transporte y
deducirá su costo del ingreso del trabajador; y
• El empleador podrá terminar el contrato por
incumplimiento del empleado.
Desde esos años se sabe que "la mano de obra mexicana ocupa un lugar preponderante en los cultivos de verduras (especialmente jitomate, pepino y pimiento), frutas (fundamentalmente manzana, durazno y fresa) y tabaco, así como en las empacadoras de productos agrícolas y en el cultivo de flores. El buen desempeño y excelente disposición al trabajo de los connacionales han determinado que los granjeros los prefieran como empleados".
Los trabajadores que participan en el PTAT deben cumplir con algunos requisitos, los principales son:
• Personas de nacionalidad mexicana;
• Tener 22 a 45 años de edad;
• Gozar de buena salud física;
• Ocupación: Ser campesino, jornalero o que su ocupación actual se relacione con la agricultura. En el caso de Apicultores, se debe contar con conocimientos técnicos y experiencia mínima de cinco años. En el Programa también participan mujeres, preferentemente con experiencia en la cosecha de fresa;
• Escolaridad: mínima tercero de primaria y máxima de tercero de secundaria y para apicultores, hasta carrera técnica agropecuaria y/o especialidad en apicultura;
• Estado civil: hombres y mujeres casados o en unión libre y preferentemente con hijos. Por excepción, solteros que demuestren tener dependientes económicos;
• Vivir en zona rural.
El tipo de solicitud de los trabajadores se hace en tres modalidades: por nombre o nominal, por selección y por reemplazo o reserva.
En el PTAT se encuentran los siguientes tipos de trabajadores:
• Trabajador nominal: "Son aquellos que fueron seleccionados por nombre por los granjeros, es decir, que ya han ido a Canadá en años anteriores cumpliendo contratos de trabajo con un empleador determinado."
• Trabajador de selección: "Es la mano de obra solicitada sin especificar a la persona. Son los asignados por primera vez por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social de acuerdo a su perfil laboral."
• Trabajadores de reserva o reemplazo: Son todos aquellos "trabajadores con que cuenta el gobierno mexicano para atender las solicitudes de trabajadores de selección, sustituir nominales o seleccionados que por alguna causa no pudieron ser enviados, o los trabajadores que deben estar listos para atender cualquier requisición extraordinaria."
Las dependencias federales que participan en este Programa son las siguientes:
• Secretaría del Trabajo y Previsión Social;
• Secretaría de Relaciones Exteriores;
• Secretaría de Gobernación;
• Secretaría de Salud;
• Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Ámbito y periodo de empleo:
• El periodo de trabajo no deberá ser inferior
a 240 horas en seis semanas o menos, y no mayor a ocho meses;
• La conclusión de la relación laboral
deberá ser a más tardar el 15 de diciembre;
• El pago será no menos de 8.90 dólares
(salario mínimo para la temporada 2007) la hora, por cada hora de
trabajo en la cosecha;
• La jornada normal de trabajo no excederá las
ocho horas diarias;
• El promedio mínimo semanal de trabajo es de 40
horas;
• El empleador debe llevar un registro preciso de las
remuneraciones y deducciones del trabajador;
• Por cada seis días consecutivos de labores, el
trabajador tendrá derecho a un día de descanso;
• El trabajador tendrá un período de prueba
de 14 días laborables a partir de la fecha de su llegada al lugar
de trabajo.
Alojamiento, comida y períodos de descanso:
El empleador proporcionará al trabajador alojamiento adecuado y en su caso el traslado hacia el lugar de trabajo;
El trabajador pagará costos relacionados con el alojamiento mediante pagos regulares, a razón del 6 por ciento del salario bruto del trabajador. El costo de alojamiento no puede exceder 5500 dólares durante la estadía del trabajador;
El trabajador recibirá por parte del empleador comidas razonables y adecuadas o los utensilios necesarios, combustible e instalaciones para preparar la comida. El trabajador tendrá un mínimo de 30 minutos por cada comida. En caso de que el empleador proporcione la comida, le podrá cobrar al trabajador una cantidad que no exceda 6.50 dólares diarios;
El trabajador tendrá no menos de dos períodos de descanso de diez minutos, el primero a media mañana y el segundo a media tarde.
Deducciones del salario:
El empleador retendrá del salario del trabajador las sumas exigidas por ley;
Al salario del trabajador, el empleador le podrá descontar la suma diaria de 0.57 centavos, correspondientes a la prima del seguro médico no ocupacional.
Seguro de enfermedad y accidente ocupacional y no ocupacional:
El trabajador contará con seguro de gasto médico por el periodo de su estancia en Canadá;
El seguro incluirá los gastos del seguro médico no ocupacional que incluye accidentes, enfermedades, hospitalización y prestaciones en caso de fallecimiento.
Mantenimiento de registros de trabajo y nómina:
El empleador debe tener y enviar al agente gubernamental registros de asistencia al trabajo y nómina de pago precisa y adecuada.
El trabajador en cada pago le deben de proporcionar un estado indicando claramente el salario y las deducciones.
Arreglos de viaje y recepción:
El empleador pagará el costo del transporte aéreo de ida y vuelta del trabajador desde la Ciudad de México a Canadá.
El empleador deberá recibir al trabajador y trasladarlo al lugar de empleo, a la terminación de su empleo deberá llevarlo al lugar de su salida en Canadá.
Obligaciones del empleador:
Un trabajador es intransferible a otro empleador y no se le podrá trasladar a otra zona de empleo;
El trabajador sólo podrá realizar trabajos agrícolas, cuando el empleador preste al trabajador a otro empleador o le solicite trabajos no agrícolas, será sancionado con una multa de hasta 50 mil dólares o dos años de prisión, o ambas;
Cuando el trabajador deba manejar substancias químicas y/o pesticidas, el empleador deberá proporcionarle vestimenta de protección, capacitación apropiada y realizar el trabajo bajo supervisión;
El empleador se compromete a darle cobertura en materia de salud al trabajador.
Obligaciones del trabajador:
El trabajador se compromete a trabajar en el lugar de empleo;
El trabajador trabajará en todo momento durante el período de empleo bajo la supervisión y dirección del empleador, realizando tareas agrícolas;
El trabajador obedecerá y cumplirá las reglas establecidas por el empleador relacionadas con la seguridad, disciplina, cuidado y mantenimiento de la propiedad;
El trabajador no trabajará con otro empleador;
El trabajador deberá regresar a México una vez terminado su período de trabajo autorizado;
El trabajador deberá rembolsar al empleador el costo del trámite migratorio, la suma será de 150 dólares y se reembolsará en dos pagos iguales durante el primer mes de trabajo.
De acuerdo con los registros de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, en 2004 se atendió a 3 mil 230 personas, de las cuales se colocaron en Canadá 227; con lo cual se registró una tasa de colocación de 7.0 por ciento. En el año2005 se atendió a 6 mil 382 personas, logrando colocarse en Canadá a 8 mil 464 de ellas; la tasa de colocación registrada fue de 132.6 por ciento. En 2006 se atendió a 7 mil 303 personas, logrando colocar en Canadá a 8 mil 280; la tasa registrada de colocación es de 113.4 por ciento.
G. Que al efecto el autor propone que se consideren las modificaciones que aquí se mencionan:
a) Por lo que hace a los requisitos, los trabajadores que participan en el PTAT deben cumplir con algunos requisitos, los principales son:
• Ocupación: Ser campesino, jornalero o que su
ocupación actual se relacione con la agricultura. En el caso de
apicultores, se debe contar con conocimientos técnicos y experiencia
mínima de cinco años.
• Escolaridad: mínima tercero de primaria y máxima
tercero de secundaria y para apicultores, hasta carrera técnica
agropecuaria o especialidad en apicultura;
• Estado civil: hombres y mujeres casados o en unión
libre y preferentemente con hijos. Por excepción, solteros que demuestren
tener dependientes económicos;
• Vivir en zona rural.
En el PTAT se encuentran los siguientes tipos de trabajadores:
Trabajador nominal: "Son aquellos que fueron seleccionados por nombre por los granjeros, es decir, que ya han ido a Canadá en años anteriores cumpliendo contratos de trabajo con un empleador determinado".
Trabajador de selección: "Es la mano de obra solicitada sin especificar a la persona. Son los asignados por primera vez por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social de acuerdo a su perfil laboral".
Trabajadores de reserva o reemplazo: Son todos aquellos "trabajadores con que cuenta el gobierno mexicano para atender las solicitudes de trabajadores de selección, sustituir nominales o seleccionados que por alguna causa no pudieron ser enviados, o los trabajadores que deben estar listos para atender cualquier requisición extraordinaria".
Ámbito y periodo de empleo:
El periodo de trabajo no deberá ser inferior a 240 horas en seis semanas o menos, y no mayor a ocho meses;
La conclusión de la relación laboral deberá ser a más tardar el 15 de diciembre;
El pago será no menos de 8.90 dólares (salario mínimo para la temporada 2007) la hora, por cada hora de trabajo en la cosecha;
La jornada normal de trabajo no excederá las ocho horas diarias; en caso de que se sobrepase el límite, deberá establecerse un pago extraordinario por cada hora trabajada;
El promedio mínimo semanal de trabajo es de 40 horas;
El empleador debe llevar un registro preciso de las remuneraciones y deducciones del trabajador, las cuales deben ser explicadas al trabajador;
Por cada seis días consecutivos de labores, el trabajador tendrá derecho a un día de descanso, información que deberá ser del conocimiento del trabajador y respetada por el empleador;
El trabajador tendrá un período de prueba de 14 días laborables a partir de la fecha de su llegada al lugar de trabajo; en su caso, deberá ser informado el trabajador de las razones por las cuales permanece o no en el empleo;
El trabajador podrá ser asistido legalmente en los casos que estime necesario y gozará de los derechos a los que tienen acceso los trabajadores agrícolas canadienses;
El trabajador podrá ser asistido en traducción y comunicación cuando estime necesario.
Alojamiento, comida y períodos de descanso:
El empleador proporcionará al trabajador alojamiento adecuado, en condiciones de espacio y habitabilidad humanas y, en su caso, el traslado hacia el lugar de trabajo; en ambos casos deberá establecerse el costo de ambos servicios;
El trabajador pagará costos relacionados con el alojamiento mediante pagos regulares, a razón del 6 por ciento del salario bruto del trabajador. El costo de alojamiento no puede exceder 5500 dólares durante la estadía del trabajador; para ello, el empleador deberá hacer del conocimiento del trabajador los costos que deberá absorber por este concepto;
El trabajador recibirá por parte del empleador comidas razonables y adecuadas o los utensilios necesarios, combustible e instalaciones para preparar la comida. El trabajador tendrá un mínimo de 30 minutos por cada comida. En caso de que el empleador proporcione la comida, le podrá cobrar al trabajador una cantidad que no exceda 6.50 dólares diarios; en su caso, el empleador deberá hacer del conocimiento del trabajador los costos correspondientes y estará obligado a respetar los tiempos de comida;
El trabajador tendrá no menos de dos periodos de descanso de diez minutos, el primero a media mañana y el segundo a media tarde. El empleador deberá respetar los horarios de descanso y, de ser necesario, conceder otros;
El trabajador podrá ser auxiliado en el respeto a sus condiciones de habitabilidad.
Deducciones del salario:
El empleador retendrá del salario del trabajador las sumas exigidas por ley, y estará obligado a hacer del conocimiento del trabajador claramente las deducciones, en su idioma;
Al salario del trabajador, el empleador le podrá descontar la suma diaria de 0.57 centavos, correspondientes a la prima del seguro médico no ocupacional, por lo que el empleador deberá hacer del conocimiento del trabajador el monto del seguro médico y una explicación detallada de la cobertura de la póliza;
El trabajador podrá ser asistido en el conocimiento y manejo que deba tener sobre asuntos contables y salariales.
Seguro de enfermedad y accidente ocupacional y no ocupacional:
El trabajador contará con seguro de gasto médico por el período de su estancia en Canadá; el empleador deberá hacer del conocimiento del trabajador la cobertura del seguro, en su idioma;
El seguro incluirá los gastos del seguro médico no ocupacional que incluye accidentes, enfermedades, hospitalización y prestaciones en caso de fallecimiento, mismas que deberá respetar el empleador y hacer valer los consulados mexicanos;
El trabajador podrá ser auxiliado para hacer valer su seguro médico en todos los casos que sea necesario y deberá haber un chequeo y reporte médico, en el que se certifique que el trabajador regresa en un estado de salud física óptima.
Mantenimiento de registros de trabajo y nómina:
El empleador debe tener y enviar al agente gubernamental registros de asistencia al trabajo y nómina de pago precisa y adecuada; los registros deberán ser firmados por los trabajadores, en caso de que estén de acuerdo;
El trabajador en cada pago le deben de proporcionar un estado de cuenta indicando claramente el salario y las deducciones y, en su caso, podrá firmar el registro;
El trabajador podrá acudir a quien resulte necesario para ser auxiliado en el cumplimiento de sus derechos laborales, en caso de que la autoridad consular mexicana no lo asista.
Arreglos de viaje y recepción:
El empleador pagará el costo del transporte aéreo de ida y vuelta del trabajador desde la Ciudad de México a Canadá, aún en los casos de que por causas contingentes sean regresados antes de la conclusión del contrato;
El empleador deberá recibir al trabajador y trasladarlo al lugar de empleo; a la terminación de su empleo deberá llevarlo al lugar de su salida en Canadá, aún en los casos de que por causas contingentes sean regresados antes de la conclusión del contrato.
Obligaciones del empleador:
Un trabajador es intransferible a otro empleador y no se le podrá trasladar a otra zona de empleo, salvo en aquellos casos en que se justifique;
El trabajador sólo podrá realizar trabajos agrícolas, cuando el empleador preste al trabajador a otro empleador o le solicite trabajos no agrícolas, será sancionado con una multa de hasta 50 mil dólares o dos años de prisión, o ambas; en estos casos los consulados mexicanos deberán atender de manera primordial a los trabajadores;
Cuando el trabajador deba manejar substancias químicas y/o pesticidas, el empleador deberá proporcionarle vestimenta de protección, capacitación apropiada y realizar el trabajo bajo supervisión; en caso que se sucedan accidentes, el empleador estará obligado a brindar el servicio médico correspondiente;
El empleador se compromete a darle cobertura en materia de salud al trabajador, cualquiera que sean las circunstancias y deberá respetar las cláusulas del seguro médico.
Obligaciones del trabajador:
El trabajador se compromete a trabajar en el lugar de empleo, bajo las condiciones laborales establecidas en el contrato;
El trabajador trabajará en todo momento durante el período de empleo bajo la supervisión y dirección del empleador, realizando tareas agrícolas, bajo las condiciones laborales establecidas en el contrato;
El trabajador obedecerá y cumplirá las reglas establecidas por el empleador relacionadas con la seguridad, disciplina, cuidado y mantenimiento de la propiedad, siempre y cuando se apeguen a los términos del contrato;
El trabajador no trabajará con otro empleador y no deberá ser forzado a realizar labores distintas a las estipuladas en el contrato;
El trabajador deberá regresar a México una vez terminado su período de trabajo autorizado y deberá revisar con la autoridad consular que no haya ningún tipo de incumplimiento en el contrato;
El trabajador deberá rembolsar al empleador el costo del trámite migratorio, la suma será de 150 dólares y se reembolsará en dos pagos iguales durante el primer mes de trabajo. El empleador deberá ser muy claro con el trabajador.
En consecuencia, los integrantes de la Tercera Comisión emiten el presente Punto de Acuerdo al tenor de las siguientes:
Consideraciones
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el principio de supremacía constitucional se expresa con el ajuste y no contradicción de las normas secundarias, incluidos los tratados internacionales, a la Constitución. Ello implica, como atinadamente lo ha definido la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en jurisprudencia por contradicción, que jerárquicamente la norma fundamental es la disposición superior del Estado y que los instrumentos internacionales se ubican inmediatamente en el nivel inferior, pero en forma superior a las leyes secundarias federales o estatales; por lo que todo acto jurídico debe ajustarse primeramente a la Constitución, luego a los Tratados Internacionales y posteriormente a las normas secundarias.
En aplicación de ello, no debe existir ningún acto jurídico que desconozca o contradiga las prerrogativas reconocidas en los instrumentos internaciones, como son los tratados en materia laboral que nuestro país tiene celebrado y todas. En su caso, aquellos actos jurídicos que se hayan celebrado al tenor de otros principios jurídicos deben ajustarse a la normatividad, sin distinción alguna a fin de que prevalezca el estado constitucional y de derechos sin excepción alguna.
En ese tenor, los integrantes de la presente Comisión apreciamos claramente que el Programa de Trabajadores Mexicanos Temporales, así como el Acuerdo para el Empleo Temporal de Trabajadores Agrícolas Mexicanos en Canadá, por el que se instauró el programa de Trabajadores Agrícolas Temporales en Canadá, son actos jurídicos celebrados en 1974, cuyas disposiciones se ajustaron en su momento a las disposiciones constitucionales, internaciones e interpretaciones judiciales de esa época.
De tal suerte que al día de hoy, a más 35 años de su emisión, es indispensable y necesario su actualización al marco de los nuevos criterios jurídicos y en materia de derechos humanos y, sobre todo, para ajustarlo a las existencias sociales, políticas y económicas del momento.
La necesidad de proteger y defender los derechos humanos de los migrantes mexicanos, ante el incremento del fenómeno migratorio, es una garantía exigida ya no sólo socialmente sino jurídicamente, toda vez que nuestro país se ha caracterizado por si política proteccionista a los derechos humanos y, sobre todo, los de los migrantes, a fin de dar un ejemplo a la comunidad internacional sobre la protección y defensa de los mismos.
A simple vista se aprecia que en los términos que actualmente se encuentra vigente el Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales, se desconocen diversos derechos de los trabajadores, como son el pago de horas extras, seguridad en los descuentos, respeto a horarios de descanso, seguridad en el importe de su sueldo, prestaciones sociales y de salud, claridad en las condiciones de trabajo, entre otros.
Por lo que es evidente la necesidad de que el Ejecutivo Federal, en el estricto ejercicio de las facultades que le corresponden, haga una revisión del citado Programa, a fin de mejorar las condiciones de los trabajadores agrícolas mexicanos, para lo cual deberá coadyuvarse con las Secretaría de Relaciones Exteriores, Gobernación, Hacienda y Crédito Público, del Trabajo y Previsión Social, y de Salud, para que en forma multidisciplinaria se analicen y protejan todos los derechos humanos de los migrante mexicanos que buscan su sustento en Canadá.
Los integrantes de la Tercera Comisión estamos conscientes que ante el fenómeno de la migración y la imposibilidad material de ofrecer fuentes de trabajo seguras en nuestra Nación; debemos proteger a los trabajadores mexicanos, a fin de garantizar el franco respeto a sus derechos humanos y laborales en el extranjero.
En ese orden de ideas, coincidimos con el proponente también en la necesidad de crear una Subcomisión que se encargue de proponer a la brevedad soluciones al mejoramiento de las condiciones de trabajo de los empleados agrícola mexicanos en Canadá, en los términos propuestos por el autor del punto de acuerdo en estudio.
Por tanto, los legisladores integrantes de la Tercera Comisión de Trabajo de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, someten a esa honorable Asamblea el siguiente:
Punto de Acuerdo
Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al titular del Ejecutivo Federal a revisar, a través de la Secretarías de Relaciones Exteriores, de Gobernación, de Hacienda y Crédito Público, del Trabajo y Previsión Social, y de Salud, las condiciones del Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales; tomando en consideración las propuestas de modificación descritas en el cuerpo del presente documento para mejorar las condiciones laborales y humanas de los trabajadores agrícolas mexicanos.
Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- Ciudad de México, a 7 de enero de 2009.
La Tercera Comisión –Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas
Senadores: Raúl José Mejía González (rúbrica), presidente; Rubén Fernando Velázquez López (rúbrica), secretario; Gabriela Ruiz del Rincón (rúbrica), María Teresa Ortuño Gurza (rúbrica), Eva Contreras Sandoval (rúbrica), Rogelio Rueda Sánchez (rúbrica), Alejandro González Yáñez.
Diputados: Carlos Eduardo
Felton González (rúbrica), secretario; Carlos Augusto Bracho
González (rúbrica), María Esther Jiménez Ramos
(rúbrica), José Ascención Orihuela Bárcenas
(rúbrica), José Rubén Escajeda Jiménez, Octavio
Martínez Vargas (rúbrica), Carlos Altamirano Toledo, Cuauhtémoc
Velasco Oliva (rúbrica).