El Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género les da la más cordial bienvenida a la LXI Legislatura y, a fin de brindar un mejor servicio, anuncia que pone a su consideración la siguiente información analítica:
Atentamente
Maestra María de los Ángeles Corte Ríos
Directora General
El suscrito, Héctor Manuel Ramos Covarrubias, diputado a la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos se permite someter a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Una vez más, la falta de sensibilidad y de conocimiento de la vida en frontera por el gobierno federal está a punto de crear un grave problema, en perjuicio de la economía de Tijuana y de toda Baja California.
Lo anterior, como consecuencia de la puesta en marcha del programa Sistema de Verificación y Control Vehicular (Siave), en cuya ejecución no se ha considerado la elaboración de ningún estudio serio que respalde su viabilidad técnica, económica y social. Por ello resultará desastrosa su aplicación; afectará considerablemente la vida económica, política y social de Baja California.
Análisis de organizaciones y cámaras de comercio predicen que se habrán de tener serios problemas en el cruce fronterizo de Tijuana y San Diego por la implantación del Siave. El sector productivo y de servicios del estado se encuentra muy preocupado porque con dicho programa la espera para cruzar de San Isidro a Tijuana podría ser hasta de 16 horas, según un estudio presentado el 21 de julio pasado por el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) de Tijuana.
Según estimaciones de la Dirección General de Aduanas, cada vehículo tarda ocho segundos en ser revisado por el Siave; es decir, se estarían revisando 3 mil 150 vehículos por hora en los 7 carriles de que dispone la garita.
Los funcionarios de aduanas no tomaron en cuenta que el número de cruces en horas pico asciende a 5 mil 477 autos por hora, de tal suerte que, con ese sistema, habrá un rezago de 2 mil 327 vehículos, y la espera para cruzar aumentaría a 5.9 horas.
La espera de casi 6 horas sería posible sólo en caso de que el sistema funcionara de manera perfecta, sin contratiempo. Desafortunadamente, todos lo sabemos, esto no es posible. Sólo por poner un ejemplo: si en lugar de los 8 segundos que dicen tardará la revisión, ésta se demorara 14 segundos, la capacidad de la aduana se reduciría a sólo mil 800 autos por hora, provocando un rezago de 3 mil 677 unidades. Tal situación afectaría en gran medida las operación del cruce fronterizo, en perjuicio de los conductores, quienes tendrían que esperar hasta 16.3 horas para cruzar de San Isidro a Tijuana.
Es necesario que las autoridades federales entiendan la problemática, toda vez que la economía del estado depende en gran medida del intercambio comercial con California. Por lo mismo, la implantación de dicho programa requeriría ampliar, adecuar y modernizar la actual infraestructura de las garitas, ya que su estado actual no permite la ejecución segura y adecuada del Siave.
Si bien el Siave pretende evitar el contrabando de armas y de mercancías, la medida es poco adecuada, pues resulta demasiado gravosa para el desarrollo económico y social del estado, que depende en más de 90 por ciento del comercio que a diario tiene con Estados Unidos, y de manera muy particular con California. Es de esperarse que el costo de la puesta en marcha del Siave sea mucho mayor que el beneficio pretendido.
El cruce fronterizo San Isidro-Tijuana recibe 12.4 por ciento de los cruces que se dan de manera legal en la frontera común entre Estados Unidos y México, lo cual equivale a 33.3 millones de personas, de las que 25.3 millones cruzan en auto.
El Siave afectará de manera particular 86 por ciento de los cruces que se hacen en toda la frontera norte, que corresponden a personas que salen de su respectivo país y regresarán a él el mismo día.
El cruce fronterizo San Isidro-Tijuana es el segundo con mayor número de vehículos particulares, con más de 13.6 millones en 2008.
El análisis del CCE de Tijuana tomó como muestra el aforo vehicular de los viernes y sábados, considerados los días pico en la actividad cotidiana de la garita:
Estimaciones
Por lo anterior, compañeros legisladores, pido su apoyo y someto a su consideración los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. Se exhorta al Ejecutivo federal a realizar mediante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público un estudio pormenorizado sobre la infraestructura y las condiciones mínimas que deberán tener las garitas para la implantación ágil y segura del sistema de verificación y control vehicular. Asimismo, a no poner en marcha el programa mientras no haya las condiciones e infraestructura que garanticen la mayor rapidez en el cruce de los vehículos.
Segundo. Se recomienda al Ejecutivo estatal y al gobierno municipal de Tijuana que, en aras de contribuir a la modernización y seguridad de los cruces fronterizos, trabajen con el gobierno federal y contribuyan con infraestructura que posibilite en un futuro poner en marcha el sistema de verificación y control vehicular.
Senado de la Republica, a 26 de agosto de 2009.
Diputado Héctor Manuel Ramos Covarrubias (rúbrica)
(Turnada a la Comisión de Población, Fronteras
y Asuntos Migratorios. Agosto 26 de 2009.)
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA EXHORTAR
AL TITULAR DEL EJECUTIVO FEDERAL A FLEXIBILIZAR MEDIANTE EL INFONAVIT LAS
CONDICIONES ACTUALES DE REESTRUCTURA DE ADEUDOS HIPOTECARIOS DE LOS TRABAJADORES,
COMO MEDIDA DE APOYO Y FORTALECIMIENTO DE LA ECONOMÍA, RECIBIDA
DEL DIPUTADO EMILIO RAMIRO RAMÓN FLORES DOMÍNGUEZ, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PAN, EN LA SESIÓN DE LA COMISIÓN PERMANENTE
DEL MIÉRCOLES 26 DE AGOSTO DE 2009
El suscrito, Emilio Ramiro Ramón Flores Domínguez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LX Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos; y 55, fracción II, y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos somete a consideración del Congreso de la Unión la presente proposición con punto de acuerdo, para exhortar al titular del Ejecutivo federal a flexibilizar a través del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) las condiciones actuales de reestructura de adeudos hipotecarios de los trabajadores, como medida de apoyo y fortalecimiento de la economía en estos momentos de crisis, que se sustenta en los siguientes
Antecedentes
La crisis económica en México es mucho más grave de lo anticipado y tiene como secuela la pérdida aproximada de 656 mil empleos formales, únicamente en este año.
Aparentemente, el fondo del ciclo recesivo se habría tocado en el segundo trimestre, con una contracción del producto interno bruto de 9.5 por ciento real anual. El pronóstico para todo 2009 es un decrecimiento de la economía de 6.3 por ciento.
Consecuencia directa de lo anterior es la pérdida de empleo y del ingreso familiar, así como la caída de la capacidad de compra de la población. Por ello, la cartera vencida entre los usuarios de préstamos bancarios para compra de vivienda llegó en mayo a un nuevo máximo de 12 mil 376 millones de pesos, cantidad que representó un crecimiento de 24.9 por ciento en comparación con el saldo registrado en diciembre pasado, informó la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).
En los primeros cinco meses del año, el conjunto de instituciones bancarias que opera en el país redujo sustancialmente su oferta de financiamiento del consumo, a la vez que aumentó el destinado a la compra de vivienda, de acuerdo con el reporte de la CNBV, el organismo regulador del sistema.
En mayo pasado, la cartera vencida hipotecaria creció en 2 mil 486.6 millones de pesos respecto al saldo que tuvo en diciembre de 2008, para llegar a 12 mil 376.9 millones de pesos, un incremento de 24.9 por ciento, cuatro veces mayor que el ritmo de crecimiento de la cartera de crédito.
Así, la cartera vencida fue equivalente a 4.13 por ciento de la cartera de crédito total.
Lo anterior se debe a que en los primeros cinco meses de este año perdieron su empleo 309 mil 985 personas que laboraban en el sector formal de la economía, de acuerdo con el Instituto Mexicano del Seguro Social.
Incluso, el Infonavit reconoce que se ha incrementado la cartera vencida en la dependencia y el aumento de morosos será mayor si la CROC cumple la amenaza de suspensión de pagos de créditos a escala nacional por parte de los trabajadores afiliados a esa central obrera.
Sin embargo, la difícil situación económica ha provocado que la cartera vencida de la institución se sitúe en 4.3 por ciento de los créditos asignados, mientras que en estados como Veracruz la cartera asciende a 6.6 por ciento.
Si bien se incrementó la cartera vencida del Infonavit, todavía se encuentra en niveles "manejables" y se llevan a cabo negociaciones con los trabajadores que han caído en mora para encontrar soluciones a sus problemas, y precisamente aquí radica el principal problema que obstaculiza que los deudores puedan reestructurar de acuerdo con sus posibilidades económicas. Incluso, el Infonavit ha reconocido que la cartera vencida no afectará las proyecciones para el otorgamiento de créditos y se cumplirá la meta de 500 mil financiamientos, de los cuales ya se han otorgado 320 mil.
El artículo tercero de la Ley del Infonavit establece que el instituto tiene por objeto
II. Establecer y operar un sistema de financiamiento que permita a los trabajadores obtener crédito barato y suficiente para
a) La adquisición en propiedad de habitaciones cómodas e higiénicas,
b) La construcción, la reparación, la ampliación o el mejoramiento de sus habitaciones; y
c) El pago de pasivos contraídos por los conceptos anteriores.
Un principio rector de cualquier Estado o gobierno es guardar la equidad, la igualdad y la justicia hacia sus gobernados, velando por sus patrimonios, protegiéndolos y apoyándolos ante las adversidades financieras y económicas.
En mérito de lo mencionado, someto a consideración de esta honorable asamblea, como de urgente y obvia resolución, la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. Se hace un respetuoso exhorto al Ejecutivo federal a diseñar y ejecutar a través del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores una estrategia a fin de apoyar a los trabajadores con crédito hipotecario, con hincapié en la flexibilización de normas y plazos, acorde con las condiciones económicas actuales.
Segundo. Se hace un atento exhorto al Ejecutivo federal a coordinar a través de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y la banca de desarrollo acciones con las entidades financieras para realizar una reestructuración de la cartera vencida de crédito hipotecario.
Tercero. Se exhorta al Ejecutivo federal a difundir a través de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros las diversas opciones que tienen los deudores de crédito hipotecario a fin de evitar caer en morosidad.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de agosto de 2009.
Diputado Emilio Ramón Ramiro Flores Domínguez (rúbrica)
(Turnada a la Comisión de Vivienda. Agosto 26 de
2009.)
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA EXHORTAR
AL GOBIERNO Y A LA PROCURADURÍA DE JUSTICIA DE OAXACA A RESTITUIR
LAS GARANTÍAS INDIVIDUALES Y CONSTITUCIONALES DE SERVANDO CRUZ GASGA,
REGIDOR DE SANTIAGO LLANO GRANDE, RECIBIDA DEL DIPUTADO OTHÓN CUEVAS
CÓRDOVA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD, EN LA SESIÓN DE
LA COMISIÓN PERMANENTE DEL MIÉRCOLES 26 DE AGOSTO DE 2009
El suscrito, diputado Othón Cuevas Córdova, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LX Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la alta consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo para exhortar al gobierno y a la Procuraduría de Justicia de Oaxaca a restituir las garantías individuales y constitucionales de Servando Cruz Gasga, regidor de Santiago Llano Grande, Jamiltepec, Oaxaca, al tenor de las siguientes
Consideraciones
El gobierno de Oaxaca ha dejado de cumplir la norma fundamental que rige las relaciones entre ciudadanos y gobierno cuando algunos de sus funcionarios lamentablemente han violentado las garantías individuales, los derechos políticos y los principios de la práctica y la teoría política.
Tal es el caso de Servando Cruz Gasga, regidor de Santiago Llano Grande, Jamiltepec, Oaxaca, quien se encuentra preso acusado de pertenecer a una banda de asaltantes, como resultado del revanchismo político del actual presidente municipal, Ismael Arellanes Saguilán.
Este funcionario, en conjunto con su cabildo, en sesiones del 14 y del 29 de agosto de 2008, contraviniendo el artículo 47, fracción VI, de la Ley Orgánica Municipal, destituyó al regidor Cruz Gasga, teniendo como fundamento una supuesta inasistencia a las sesiones de cabildo, lo que llevaría, en todo caso, a una suspensión de 30 días, como lo marca la citada ley.
A pesar de ello y tras el desconocimiento de la normatividad local por parte del presidente municipal y su cabildo, el regidor Cruz Gasga continuó acudiendo a las sesiones, tal como le mandata el voto popular, hasta que le fue impedido el acceso por la policía municipal, a punta de pistola.
Ante esa violación flagrante de garantías constitucionales y principios políticos, acudió al Congreso del estado para solicitar la intervención de ese órgano legislativo, el cual de forma inusitada y tardía dio el fallo a su favor 10 meses después del análisis del dictamen.
Sin embargo, la persecución al regidor continuó. El pasado 2 de agosto acudió a la presidencia municipal para reintegrarse a sus responsabilidades y dar cumplimiento al mandato del Congreso del estado, y con engaños fue detenido y presentado al Ministerio Público acusado de pertenecer a una banda de asaltantes, imputado por una persona de nombre Jesús López Saguilán, quien está detenido por otro delito y que en el momento procesal no ratificó la acusación y sí señaló a la policía municipal de torturarlo para hacer tal declaración. Asimismo, señaló a un abogado ligado al presidente municipal de prometerle su liberación a cambio de acusar al regidor de ser miembro de una banda de asaltantes y formar parte de la delincuencia organizada.
Honorable asamblea, este relato de las violaciones a las garantías individuales, a las leyes estatales y a los derechos políticos y principios éticos que rigen la vida pública de nuestro país, una vez más muestra la forma de gobernar de algunos funcionarios estatales y municipales en Oaxaca y la red de corrupción que se teje donde los intereses particulares y de grupo se sobreponen al interés público y los principios de legalidad que emanan de nuestras leyes.
Por ello someto a esta honorable asamblea los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. Se solicita a la Procuraduría y al Poder Ejecutivo de Oaxaca que revisen y ejecuten el principio de legalidad de que nadie es culpable hasta que se demuestre lo contrario, y se proceda a la liberación del ciudadano Servando Cruz Gasga.
Segundo. Se solicita al gobernador y al Congreso de Oaxaca que otorguen las garantías necesarias para que el ciudadano Servando Cruz Gasga asuma su responsabilidad como regidor del ayuntamiento de Santiago Llano Grande, Jamiltepec.
Tercero. Se solicita al Poder Ejecutivo y al Congreso de de Oaxaca que llamen a comparecer al ciudadano Ismael Arellanes Saguilán, presidente municipal de Santiago Llano Grande, Jamiltepec, Oaxaca, para que explique la violación flagrante de las garantías individuales, de los derechos políticos y de la falta de cumplimiento del mandato legal para la reinstalación del Cruz Gasga como regidor del ayuntamiento mencionado.
Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 12 de agosto de 2009.
Atentamente
Diputado Othón Cuevas Córdova (rúbrica)
(Turnada a la Comisión de Justicia. Agosto 26 de
2009.)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA A LA CFE A PAGAR INDEMNIZACIÓN AL EJIDO BENITO JUÁREZ
Y REFORMA, MUNICIPIO DE GUADALUPE, CHIHUAHUA, RECIBIDA DEL DIPUTADO EMILIO
RAMÓN RAMIRO FLORES DOMÍNGUEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL
PAN, EN LA SESIÓN DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL MIÉRCOLES
26 DE AGOSTO DE 2009
El que suscribe, diputado federal de esta LX Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, con fundamento en los artículos 58, 60 y demás relativos aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía, como de urgente y obvia resolución, la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes
Consideraciones
La pobreza en el campo fue una de las razones principales de la Revolución Mexicana, la explotación y marginación que padecían los campesinos, sobre todo en el centro y sur del país, llevaron a que, al fin de la Revolución, la justicia social se convirtiera en una de las razones de ser de la Constitución vigente y con ello la creación del ejido.
Con relación al ejido, la idea esencial que lo inspiró fue la de proteger a las propiedades colectivas de los pueblos.
La palabra ejido se refería, originalmente, a las tierras comunales que se encontraban a la salida de los pueblos y que servían para el usufructo colectivo (para ganado y recolección de madera), y éste era el significado que tradicionalmente se le daba en México, antes de la reforma agraria.
De hecho, el concepto ejido se refiere a la comunidad de campesinos que han recibido tierras (ejidatarios) y el conjunto de tierras que les corresponden. Su patrimonio está formado por tierras de cultivo (área parcelada), otras para satisfacer necesidades colectivas (uso común) y otra más para urbanizar y poblar (fundo legal), principalmente.
Así, desde 1917 se han venido creando ejidos casi ininterrumpidamente, pero la función económica atribuida a éstos ha cambiado de forma gradual; primero se les consideró como fuentes de ingresos complementarios a los salarios ganados en las grandes fincas (periodo comprendido por el modelo primario explotador principalmente en los años veinte), luego como pequeñas fincas de subsistencia para los grupos rurales más atrasados (durante los años treinta, en la gran depresión, el ejido se encontraba inactivo y sin apoyo gubernamental). Posteriormente se le asignó durante los años cuarenta, un papel primordial en la producción agrícola y, con la reforma de 1992, finalmente tiene objetivos productivos semejantes a los del sector agrícola privado.
Ahora bien, no todos los ejidos de la República fueron dotados con la misma cantidad y calidad de recursos, muchos factores intervinieron en esta diferenciación que, en parte, es responsable de las variaciones en la eficiencia económica y el funcionamiento institucional de éstos.
En primer lugar, juegan un papel los diferentes recursos naturales en las diversas regiones del país (los ejidos del norte con promedios de dotación de 20 hectáreas); en segundo, la densidad demográfica de cada zona (los ejidos del centro del país con promedio de dotación de entre tres y cuatro hectáreas) y su relación con la estructura de tenencia en la época del reparto agrario; y en su relación con la estructura de tenencia en la época del reparto agrario; y en tercer lugar, el proceso mismo de la distribución caracterizado en sus distintas etapas por aspectos particulares de tipo jurídico, técnico, político e ideológico, que se han manifestado en la modificación paulatina de la unidad mínima de dotación ejidal.
Con base en lo anterior y para abordar un problema grave en referencia a un ejido del municipio de Guadalupe distrito Bravos en Chihuahua ya que, con fecha de 10 de agosto de 2008, se llevó a cabo la asamblea de elección del comisariado ejidal y consejo de vigilancia en el ejido Benito Juárez y Reforma, según datos que obran en el expediente integrado en esa residencia bajo el número 08070080735.
Así, con fecha 29 de enero del presente año, los ejidatarios integrantes del ejido Benito Juárez y Reforma presentaron solicitud de indemnización a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), por la afectación de 16 hectáreas que llevó a cabo dicha dependencia con la instalación de 24 torres para alta tensión dentro de los límites del ejido, instalación que quedó concluida desde hace varios años cuando la red eléctrica comenzó a funcionar en forma definitiva.
Posteriormente, se realizó la asamblea general el 17 de julio de 2009, que en su orden del día enlistaba en el punto número cinco Acuerdo de Asamblea para reclamar afectaciones a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) por la instalación de torres de alta tensión, (derecho de Vía de las Torres), siendo aprobado por unanimidad de votos.
Es de destacarse que los ejidos colindantes San Isidro, Tres Jacales y San Agustín a la fecha ya han sido indemnizados en tiempo y forma por éste concepto, sin embargo al ejido de Benito Juárez y Reforma por razones inexplicables, no ha podido ser indemnizado y dicha situación afecta de manera económica directa a más de 200 ejidatarios y sus familias, todos integrantes del núcleo agrario, ya que esas 16 hectáreas no son susceptibles ni de cultivo ni de pastoreo alguno.
Tomando en cuenta que la superficie afectada es de 16 hectáreas, 32 áreas y 90.674 centiáreas, que es la medida exacta de la zona afectada.
En mérito de lo antes mencionado, someto a la consideración de esta honorable asamblea, como de urgente y obvia resolución, la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta a la Comisión Federal de Electricidad para que proceda a indemnizar conforme a derecho al ejido Benito Juárez y Reforma debido a la afectación de 16 hectáreas por la instalación de 24 torres de alta tensión.
Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, a 26 de agosto de 2009.
Diputado Emilio Ramón Ramiro Flores Domínguez (rúbrica)
(Turnado a la Comisión de Energía. Agosto
26 de 2009.)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A ACORDAR CON LOS GOBIERNOS ESTATALES LA
IMPLANTACIÓN DEL AJUSTE AL GASTO PÚBLICO, ANUNCIADO POR LA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO PARA EL EJERCICIO
FISCAL ACTUAL, RECIBIDA DEL DIPUTADO CÉSAR DUARTE JÁQUEZ,
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI, EN LA SESIÓN DE LA COMISIÓN
PERMANENTE DEL MIÉRCOLES 26 DE AGOSTO DE 2009
César Duarte Jáquez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LX Legislatura del Congreso de la Unión, así como legisladores de diversos grupos parlamentarios que suscriben, con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, presentamos a consideración de esta Comisión Permanente la siguiente proposición con punto de acuerdo.
La crisis económica y financiera mundial ha impulsado un efecto negativo muy relevante en la evolución de la economía nacional. Entre otros aspectos, se estima un decrecimiento del producto interno bruto (PIB) de cerca de 7 por ciento, que afecta a prácticamente cada uno de los sectores productivos del país. En ese contexto, la recaudación tributaria del gobierno federal se ha caído respecto a las estimaciones previstas y ello implica una afectación de las finanzas públicas nacionales.
Por otro lado, la recesión mundial ha disminuido drásticamente los precios de productos como el petróleo y la producción interna de hidrocarburos continúa cayendo. Estos factores se han reflejado en una estimación de menores ingresos públicos de cerca de 480 mil millones de pesos, según datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
La disminución total de ingresos se compensará relativamente con los ingresos de la cobertura de petróleo (100 mil millones de pesos), el remanente de operación del Banxico (95 mil millones de pesos), los recursos en los fondos de estabilización (92.4 mil millones de pesos) y otros ingresos no recurrentes (48.5 mil millones de pesos), así como una reducción en el gasto no programable, lo anterior es en total 395 mil millones de pesos.
Por tanto, el gobierno federal se ha obligado a establecer un recorte total de 84 mil 700 millones de pesos en el gasto público del actual ejercicio fiscal.
Por ello, se implantó hace unos meses un primer recorte anunciado por la SHCP, por un total de 34.7 mil millones de pesos, con la racionalización del gasto en servicios personales y de gasto administrativo y de operación.
En dicho recorte, según la SHCP, se buscó un ahorro promedio de las dependencias de 3.5 por ciento en sueldos y salarios, y de 6.5 por ciento en gastos administrativos y de operación.
En dichas medidas anteriores se estableció que las dependencias y entidades no podrán realizar nuevas contrataciones y no podrán usar las plazas vacantes ni sus recursos. Se plantearon normas específicas para el personal de seguridad pública y nacional.
En el gasto de operación, administrativo y de apoyo se establecieron medidas en los rubros de materiales, suministros, servicios generales, comisiones oficiales, difusión, información, asesorías, consultorías, donativos, entre otros.
Adicionalmente, la SHCP envió a la Cámara una propuesta de ajuste al gasto de 50 mil 13 millones de pesos, que impacta en inversión pública (18 mil 990 millones de pesos), programas que aplican un subsidio (14,222) y nuevamente un ajuste en gasto administrativo y de operación (12,459) y en servicios personales (4,157.8), esencialmente.
La Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, en el artículo 21, indica los rubros en los cuales se deben hacer los ajustes al gasto en caso de haber menores ingresos a los presupuestados, para buscar en un principio no disminuir el gasto en programas sustanciales, como es el gasto social.
Según dicha ley, lo que el gobierno federal debe enviar a la Cámara es una propuesta de la composición de la reducción de gasto, por cada dependencia y entidad. La Cámara, por conducto de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, deberá revisar la propuesta con el objetivo de, en su caso, proponer cambios a la composición de dicha propuesta, en el marco de las normas aplicables.
Con base en la opinión de la Cámara, el gobierno federal resolverá lo conducente de acuerdo a las prioridades aprobadas en el presupuesto, informando de ello a ésta.
La información que se incluye en la propuesta que presentó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a la Cámara no presenta el detalle de programas y proyectos a recortar, por lo que es necesario que la SHCP y las dependencias del gobierno federal expliquen ante los legisladores los detalles del ajuste que implantarán.
En dicha propuesta se hacen recortes al gasto de inversión y en programas que aplican un subsidio. Esto afectará la implementación de obra pública en diversas entidades federativas, así como a quienes podrían ser beneficiarios de algunos programas gubernamentales.
Entre las dependencias con un recorte más relevante, están la Secretaría de Comunicaciones y Transporte con 8 mil 413 millones de pesos, la mayoría gasto de inversión; la Secretaría de Educación Pública con 7 mil 186 millones de pesos, la mayoría en programas que aplican un subsidio; la Comisión Federal de Electriciada con 7 mil 447 millones de pesos, entre gasto de inversión y administrativo; la Semarnat con 3 mil 232 millones de pesos; la Sagarpa con 3 mil 22 millones de pesos, la mayoría en programas que aplican un subsidio; el IMSS con 3 mil millones de pesos; Luz y Fuerza del Centro con 2 mil 900; Pemex con 2 mil 126; la Sedesol con 2 mil 600 millones de pesos, la mayoría en programas de subsidio; Salud con 2 mil 500 millones de pesos; la SHCP con mil 447 millones de pesos; la Secretaría de Seguridad Pública con 801 millones de pesos; y la Conacyt con 680 millones de pesos.
La disminución de ingresos públicos afecta igualmente los ingresos de estados y municipios derivados de la recaudación federal participable, que ya se estiman en más de 40 mil millones. Es decir, adicionalmente se afectará directamente las haciendas públicas locales, con los consecuentes ajustes al gasto.
Por ello, para hacer más eficiente la implementación del recorte y que se afecte lo menos posible a la población se requiere buscar un mecanismo de coordinación y búsqueda de acuerdos de los gobiernos estatales con el gobierno federal, con el objetivo de acordar en lo posible el detalle de obras de inversión a ajustar, y vigilar que no se afecten proyectos que son fundamentales para el desarrollo local.
Con un gasto más responsable y un gobierno menos costoso, así como más eficiente en sus resultados, disminuirán las presiones para buscar un mayor endeudamiento excesivo o modificaciones fiscales que impliquen nuevas obligaciones a los contribuyentes.
Por lo expuesto, y con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, pongo a consideración de esta Comisión Permanente la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta al Ejecutivo federal a instruir a los titulares de las diversas dependencias y entidades del sector público federal a establecer mecanismos de consulta y búsqueda de acuerdos con los gobiernos de las entidades federativas, con el objetivo de precisar los programas y los proyectos de inversión que serán afectados con los ajustes al gasto público en el actual ejercicio fiscal y que en su implantación se consideren las opiniones y propuestas de dichos gobiernos.
Diputados: César Duarte Jáquez, Antonio Soto Sánchez, Carlos Puente Salas, Héctor Padilla Gutiérrez (rúbricas).
Senadores: Mario López Valdez, Yeidckol Polenski Gurwitz, Carlos Jiménez Macías, Adolfo Toledo Infazón (rubricas).
(Turnada a la Comisión de Hacienda y Crédito
Público. Agosto 26 de 2009.)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA AL GOBIERNO DE TAMAULIPAS A PREPARAR SU PLATAFORMA CIBERNÉTICA,
A FIN DE INCORPORARSE AL PORTAL INFOMEX, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO
EN EL ARTÍCULO 6O. CONSTITUCIONAL, RECIBIDA DEL DIPUTADO CARLOS
ALBERTO GARCÍA GONZÁLEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN,
EN LA SESIÓN DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL MIÉRCOLES
26 DE AGOSTO DE 2009
El suscrito diputado federal Carlos Alberto García González, integrante de la LX Legislatura, así como del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta ante la honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno del estado de Tamaulipas a preparar su plataforma cibernética a fin de incorporarse al portal Infomex, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 6° constitucional, bajo las siguientes
Consideraciones
El portal Infomex permite dar seguimiento personalmente a las solicitudes de información pública. El Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública, con el respaldo y asesoría del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública, con objeto de garantizar el cumplimiento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y promover el derecho de acceso a la información pública y la protección de los datos personales.
El portal Infomex es el nuevo sistema para solicitar información al Gobierno Federal, a las más de 230 instituciones del Poder Ejecutivo federal, sustituyó al denominado SISI, que ya no será utilizado.
No obstante, el portal Infomex Gobierno Federal tiene el mismo propósito, pero una funcionalidad mayor, se ha habilitado la opción para recuperar contraseñas; asimismo, se ha mejorado la sección de consulta de solicitudes, la interfaz, etcétera, y ahora es homogéneo a otros sistemas Infomex de México.
Con el Infomex las reglas de operación, tales como plazos, dependencias, procedimiento, datos requeridos, etcétera, son las mismas, establecidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.
Asimismo, es de importante trascendencia mencionar que algunas de las entidades federativas ya lo utilizan para que los particulares soliciten la información que requieren.
Por otro lado, mediante decreto por el que se adiciona un segundo párrafo con siete fracciones al artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de julio de 2007, la Federación, los Estados y el Distrito Federal, en sus respectivos ámbitos de competencia, deberán expedir las leyes en materia de acceso a la información pública y transparencia, o en su caso, realizar las modificaciones necesarias, a más tardar un año después de la entrada en vigor de este decreto.
De igual modo, en el artículo transitorio tercero del referido decreto se estableció lo siguiente:
También, deberá ser un sistema apto para todos los aspectos procesales del derecho de acceso a la información pública señalados en la Ley de Transparencia, así como los relativos a la Ley de Datos Personales que permita ejercer el derecho de protección de los datos sensibles de las personas.
En este sentido, se exhorta al gobierno de Tamaulipas a iniciar los trabajos tendentes a la instalación del mencionado sistema, y una vez concluidos los trabajos técnicos de preparación del Infomex-Tamaulipas, empiece una etapa de prueba para comprobar su eficacia o realizar los ajustes necesarios, con objeto de tenerlo funcionando al cien por ciento dentro del plazo otorgado por la Constitución federal de acuerdo con la reforma a su artículo 6o., que obliga a las entidades federativas a contar con un sistema electrónico de consulta remota de información pública.
En función de lo anterior, es deseable que Tamaulipas se sume a los 14 estados que se encuentran preparando su incorporación al sistema portal Infomex, el cual ya funciona en 10 de las 32 entidades federativas del país.
Es por ello, que sometemos a la consideración de esta honorable asamblea, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta al gobierno del estado de Tamaulipas a preparar su plataforma cibernética a fin de incorporarse al portal Infomex, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 6o. constitucional.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 14 días del mes de agosto del año 2009.
Diputado Carlos Alberto García González (rúbrica)
(Turnada a la Comisión de Gobernación. Agosto
26 de 2009.)
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA QUE
SE INSCRIBA EN EL MURO DE HONOR DEL SALÓN DE SESIONES DE LA CÁMARA
DE DIPUTADOS EL NOMBRE DE GRISELDA ÁLVAREZ PONCE DE LEÓN,
RECIBIDA DE LOS DIPUTADOS BERTHA YOLANDA RODRÍGUEZ RAMÍREZ,
ARNOLDO OCHOA GONZÁLEZ, MARTHA ANGÉLICA TAGLE MARTÍNEZ
Y HOLLY MATUS TOLEDO, DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS DEL PRI, DE CONVERGENCIA
Y DEL PRD, RESPECTIVAMENTE, EN LA SESIÓN DE LA COMISIÓN PERMANENTE
DEL MIÉRCOLES 26 DE AGOSTO DE 2009
Los suscritos, diputados Bertha Yolanda Rodríguez Ramírez, Arnoldo Ochoa González, Martha Angélica Tagle Martínez y Holly Matus Toledo, de los Grupos Parlamentarios del Partido Revolucionario Institucional, Partido Convergencia y Partido de la Revolución Democrática, respectivamente, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de la Comisión Permanente proposición con punto de acuerdo, con base en las siguientes:
Consideraciones
1. Una sociedad sana y abierta se aquilata cuando reconoce y premia a sus mejores miembros. Afirmarlos a ellos es afirmarse a sí misma. El inscribir con letras de oro el nombre de Griselda Álvarez Ponce de León implica rendir un justo homenaje a la gran mujer que fue. Una mexicana eminente, quien supo enaltecer las virtudes de la mujer en el ejercicio de la política y en el desarrollo de una vida literaria y humanista, fecunda y desinteresada, así como a su compromiso por la igualdad entre mujeres y hombres.
Nació en Guadalajara, Jalisco, el 5 de abril de 1913, en medio de la tradición conservadora y al mismo tiempo del impulso renovador que caracteriza al liberalismo. Es descendiente de una familia colimense que sabe lo que es el poder y la política: su padre, Miguel Álvarez García de Alba, fue gobernador de Colima y su abuelo, el general Manuel Álvarez, Constituyente de 1957 y primer gobernador de la entidad y por ello Benemérito en Grado Heroico.
2. Griselda Álvarez supo desde el principio de su vida que con carácter es posible navegar, aún contracorriente. Su condición femenina, lejos de significar la sumisión, le proporcionó las herramientas para destacar en diversos ámbitos de la sociedad mexicana. Siendo muy joven quedó en completa orfandad, razón por la cual se trasladó a la Ciudad de México, donde obtuvo el título de maestra normalista y continuó sus estudios en la Escuela Normal de Especialización, en donde se graduó como maestra especialista en débiles mentales y menores infractores. Impartió cátedra hasta 1951.
Realizó estudios también en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, donde se tituló en Lengua y Literatura Hispánicas con mención honorífica. Combinando su trabajo como funcionaria pública y sus deberes como ama de casa, estudió también estadigrafía, biblioteconomía e idiomas.
3. Destacó también en el ámbito de la administración pública, en la Dirección General de Acción Social, la Secretaría de Educación Pública, la Dirección General de Trabajo Social, Secretaría de Salubridad y Asistencia, Instituto Mexicano del Seguro Social y en la Secretaría de Turismo y representó a México en diversas reuniones internacionales sobre educación, mujeres, atención a menores y bienestar social. Asimismo, fue senadora por Jalisco, de 1977 a 1979.
4. Su ardua labor de cabildeo, alianzas y redes de apoyo, junto con la decisión popular, hicieron posible que una mujer feminizara el vocablo gobernador, convirtiéndose en la primera mujer en la historia de México que alcanzó tal responsabilidad y distinción de 1979 a 1985 por el estado de Colima, cargo que desempeñó de forma honesta y transparente. Su trayectoria y experiencia le permitieron desarrollar proyectos, programas y acciones que identificaron su trabajo como gobernadora. Desde esa posición fue incansable promotora de la defensa de los derechos de las mujeres y la equidad de género dentro de la política nacional.
5. A partir de 1986 desempeñó diferentes funciones públicas y continuó su carrera literaria y poética; fue integrante de la Comisión Nacional de los Estados Unidos Mexicanos para la UNESCO; presidenta en varios jurados de literatura y se convirtió en presidenta vitalicia de la Federación Mexicana de Universitarias. En 1998 fungió como consejera de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. De 1998 hasta marzo de 2007, fue asesora de la Secretaría de Turismo.
6. De su trabajo a favor de las mujeres de México destaca la Fundación del Centro de Atención a la Mujer, AC, pionero en la atención de la violencia sexual e intrafamiliar y fue fundadora de la Alianza de Mujeres de México y de la Asociación Mexicana de Bienestar Social. En el campo de la literatura, Griselda Álvarez escribió prosa, ensayos y sonetos. Nos heredó dieciocho títulos publicados; artículos en revistas y colaboraciones en periódicos de circulación nacional. A su vez, dicto conferencias en México y el extranjero; y recibo innumerables reconocimientos públicos y privados, entre los que destacan la candidatura al Premio Educación para la Paz (UNESCO-París) y la medalla Belisario Domínguez (1996), que otorga el Senado de la República por su incansable labor en favor de la igualdad entre mujeres y hombres.
Compañeras y compañeros legisladores: en el Palacio Legislativo de San Lázaro están inscritos en oro el nombre de mexicanas y mexicanos que lucharon por un México más justo, más igualitario, más soberano y democrático. Por ello, es necesario dejar testimonio de la labor de esta insigne mexicana, como un reconocimiento a su contribución social, como testimonio de agradecimiento al empeño de toda una vida de entrega y dedicación al servicio de las mujeres y de México.
Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta Comisión Permanente la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Se instruye a la Secretaría General a realizar las actividades conducentes a efecto de inscribir en el Muro de Honor del salón de sesiones de la Cámara de Diputados el nombre de Griselda Álvarez Ponce de León.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de Agosto de 2009.
Diputados: Bertha Yolanda Rodríguez Ramírez, Arnoldo Ochoa González, Martha Angélica Tagle Martínez, Holly Matus Toledo (rúbricas)
(Turnada a la comisión de Régimen, Reglamentos
y Prácticas Parlamentarias. Agosto 26 de 2009.)
CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE
QUE SE DESTINEN, EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA
EL EJERCICIO FISCAL DE 2010, MIL 350 MILLONES DE PESOS A LA CONSTRUCCIÓN
DE LA PRIMERA ETAPA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO RESIDUAL PARA RESCATAR
EL ACUÍFERO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, RECIBIDA DEL DIPUTADO
PABLO TREJO PÉREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD, EN LA SESIÓN
DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL MIÉRCOLES 26 DE AGOSTO DE 2009
El suscrito, diputado federal a la LX Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Mexicanos, y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de la Comisión Permanente la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Desde 1929, como consecuencia de los primeros impactos ocasionados por el hundimiento de la Ciudad de México derivados de la extracción de agua del subsuelo, el gobierno mexicano tomó la decisión de traer agua desde cuencas ubicadas fuera del valle de México, tomando en consideración que la cuenca donde se asienta la Ciudad de México y su área metropolitana se encuentra rodeada de cinco cuencas, siendo las más cercanas la de Lerma y la de Cutzamala.
El desmesurado crecimiento de la población durante los años treinta hizo evidente que las fuentes subterráneas no serían suficientes para abastecer la demanda de miles de nuevos habitantes. En este contexto, en 1951 se inaugura el Sistema Lerma, entrando por primera vez a la Ciudad de México las aguas de la región del Lerma cuyas lagunas se encontraban 300 metros arriba respecto al nivel de la ciudad, con objeto de incrementar el abasto de agua en la ciudad y disminuir la explotación de sus acuíferos.
El agotamiento de los recursos hídricos de la cuenca de Lerma, los conflictos regionales y, sobre todo, los hundimientos progresivos del subsuelo de la Ciudad de México por la extracción del agua, determinaron traerla de la segunda cuenca circundante: Cutzamala. En 1976 se inició otra de las obras de abastecimiento hidráulico más impactantes del país: el aprovechamiento del agua almacenada en ocho presas localizadas en la cuenca alta del río citado, la mayoría empleadas anteriormente para la generación de electricidad.
El Sistema Cutzamala es uno de los sistemas que provee al valle de México de aproximadamente la cuarta parte del caudal que se consume, maneja cerca de 16 metros cúbicos por segundo, de los cuales, en números redondos también, 6 son para el estado de México y 10 para el Distrito Federal.
A casi 60 años de la inauguración del Sistema Lerma y a 30 años del Cutzamala, la Ciudad de México no cuenta con un plan integral para disminuir los efectos adversos de la sobrexplotación de sus mantos acuíferos, lo cual ha traído la siguiente problemática:
Avance de la contaminación del acuífero.
Dificultad para producir agua potable en cantidad y calidad requeridas.
Alto costo de agua potable en el Distrito Federal, derivado de la importación de agua a grandes distancias y pozos contaminados que requieren mayor tratamiento para su potabilización.
Infraestructura en condiciones precarias.
Fuentes externas muy limitadas: abatimiento de presas de captación y mayores poblaciones locales que requieren abastecimiento.
Ante la problemática hídrica del valle de México, es importante contar con alternativas que permitan abastecer del vital líquido a sus habitantes; en este contexto en el Distrito Federal se requiere de una nueva planta de tratamiento de agua residual para producir agua tratada de alta calidad para facilitar su potabilización.
Hace aproximadamente cinco años se reunieron expertos de diversas instituciones públicas: IPN, UNAM, UAM y Cinvestav; determinaron que el parámetro más relevante en el reúso de agua y en especifico la recarga del acuífero de la Ciudad de México es el carbón orgánico total (COT), determinando que un valor de 1 a 2 ppm sería recomendable para la recarga directa del acuífero, para evitar riesgos de salud.
El COT no se considera en ninguna norma de agua potable, pero para el proyecto de una nueva planta de tratamiento de agua residual se está considerando un valor menor a 1 ppm y como garantía un valor menor a 2 ppm, así como el cumplimiento con la norma mexicana de agua potable. La calidad de agua propuesta no existe en ninguna de las redes de agua potable de las ciudades principales de la República Mexicana, donde los valores del COT varían de 5 a 25 ppm. La calidad cumplirá las normas vigentes más estrictas de agua potable y de reúso o recarga de acuíferos.
El proyecto propuesto se compone de las siguientes etapas y costos:
Costo de tratamiento: 3.10 pesos por metro cúbico.
Inversión: mil 350 millones de pesos.
Tiempo de construcción: 16 meses.
b) Construcción de una planta de ósmosis con capacidad de 2 mil litros por segundo.
Costo de tratamiento: 3.6 pesos por metro cúbico.
Inversión: 950 millones de pesos.
Tiempo de construcción: 14 meses.
c) Planta de pulimento de agua de lago.
Costo de tratamiento: 1.1 pesos por metro cúbico.
Inversión: 150 millones de pesos.
Tiempo de construcción: 10 meses.
En el mundo entero el agua es considerada como un recurso estratégico, vital, vulnerable y finito, con valor social, económico y ambiental, cuya preservación en cantidad, calidad y sustentabilidad es tarea fundamental del Estado mexicano y de la sociedad, por ello la planta de tratamiento residual es una alternativa que permite utilizar la tecnología actual y experiencias mundiales acumuladas garantizando su implantación segura, sin riesgos a la salud y convirtiéndose en una garantía de abastecimiento a largo plazo para la población.
Por lo expuesto, y con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicito a la Comisión Permanente que se someta a consideración la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Comisión Permanente solicita que se consideren dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010 recursos por la cantidad de mil 350 millones de pesos, destinados a la primera etapa de la construcción de la planta de tratamiento residual, a fin de poner en marcha el plan de rescate del acuífero de la Ciudad de México.
Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, a 19 de julio de 2009.
Diputado Pablo Trejo Pérez (rúbrica)
(Turnado a la Comisión de Presupuesto y Cuenta
Pública. Agosto 26 de 2009.)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA AL BANCO DE MÉXICO A IMPLANTAR EL CÓDIGO BRAILLE
EN LAS NUEVAS EMISIONES DE BILLETES Y MONEDAS, RECIBIDA DE LA DIPUTADA
MARTHA ANGÉLICA ROMO JIMÉNEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL
PAN, EN LA SESIÓN DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL MIÉRCOLES
26 DE AGOSTO DE 2009
La suscrita, Martha Angélica Romo Jiménez, diputada federal de la LX Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 71, fracción II, 73, fracciones XVI, XVII, XIX-G y XXX y 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración del Pleno de la honorable Cámara de Diputados la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Banco de México a implantar el código que se realicen.
Esta iniciativa se presenta tomando en consideración los razonamientos vertidos en la siguiente
Exposición de Motivos
Las personas con ceguera o que sufren de debilidad visual tienen muchos problemas para integrarse activamente en la sociedad, ya que muchas veces son discriminados, maltratados, despreciados y mal valorados.
En el país no existe infraestructura mínima para la integración de las personas con capacidades diferentes; resultando de esto, un país de difícil acceso, difícil integración e inclusive de difícil vida diaria para las personas que sufren algún tipo de discapacidad.
Existen en México más de un millón 795 mil personas que padece algún tipo de discapacidad. De todos ellos, el 26 por ciento padece de alguna discapacidad visual. (www.inegi.gob.mx)
La mayoría de las personas con discapacidad no cuenta con servicios de salud y tienen muy pocas opciones laborales. Esto convierte a México en uno de los países más atrasado en buscar la integración laboral y social de las personas con algún tipo de discapacidad.
La presente iniciativa es un pequeño esfuerzo por tratar de integrar un poco a las personas con ceguera o con debilidad visual a la sociedad y al mundo laboral, comercial y de interacción social. En esta iniciativa se exhorta al banco de México y a la Secretaria de Economía para incorporar el código braille en todos los nuevos billetes que se impriman y en todas las nuevas monedas que se acuñen, para que las personas que conozcan este código puedan saber el monto de las monedas o billetes que tienen.
Siendo una medida no costosa ya que no se esta pidiendo que se retiren todos los billetes y monedas en circulación actuales; sino que se empiece a incorporar este nuevo elemento en todas las nuevas monedas y billetes, para que al cabo del tiempo y con la retirada de los billetes y monedas viejos, se logre que todas las monedas y billetes tengan esta seña de identificación para las personas que sufren de ceguera o que sean débiles visuales.
Uno de los problemas más graves que enfrenta México es la incomprensión a las personas con algún tipo de discapacidad que tiende después a la discriminación. Es imperativo comenzar una labor eficaz para lograr la integración productiva de las personas con capacidades diferentes.
Esta medida ya se había incorporado por el Banco de México desde diciembre de 1995, para los billetes de 100, 200 y 500. Lo que se solicita es que sean todos los billetes y monedas en todas sus denominaciones en circulación, cuenten con estas marcas reconocibles por los invidentes, utilizando el código braille.
Puntos de Acuerdo
Primero. Se hace un atento exhorto al Banco de México para que, a través de los diversos medios informativos, divulgue las características de los billetes y monedas que permiten a los invidentes su identificación.
Segundo. Se exhorta al Banco de México para que evalúe si las actuales características de los billetes y monedas permiten a los invidentes una fácil y clara identificación de la denominación de éstos
Salón de sesiones de la Comisión Permanente, a 26 de agosto de 2009.
Diputada Martha Angélica Romo Jiménez
(Turnado a la Comisión de Atención a Grupos
Vulnerables. Agosto 26 de 2009.)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA AL GOBIERNO FEDERAL Y A LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y
CUENTA PÚBLICA A CONSIDERAR LOS RECURSOS NECESARIOS PARA LA REALIZACIÓN
DEL FORO INTERNACIONAL DE TURISMO PARA PARLAMENTARIOS Y AUTORIDADES
LOCALES, RECIBIDA DE LA DIPUTADA MARTHA ANGÉLICA ROMO JIMÉNEZ,
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN, EN LA SESIÓN DE LA COMISIÓN
PERMANENTE DEL MIÉRCOLES 26 DE AGOSTO DE 2009
La suscrita, diputada federal Martha Angélica Romo Jiménez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LX Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable asamblea proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobierno federal y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública a considerar los recursos necesarios para la realización del Foro internacional de turismo para parlamentarios y autoridades locales, al tenor de la siguientes.
Consideraciones
La importancia económica del sector turístico queda patente al ser fuente generadora de empleo y de divisas, siendo México uno de los principales destinos turísticos del mundo. En los últimos años el producto interno bruto (PIB) turístico ha representado en promedio casi 9 por ciento del PIB nacional, en promedio este sector absorbe 6 por ciento del empleo total y constituye la tercera fuente de divisas del país, ejemplo de esto son los más 13 mil millones de dólares captados en 2008.
Dada la contribución económica del sector, su desempeño tiene efectos considerables para la economía nacional, por ello es importante poder impulsarlo tomando en cuenta, además, su baja ante la recesión económica mundial, las campañas sobre la inseguridad en México, y más recientemente, las medidas adoptadas durante la contingencia sanitaria producto de la influenza humana (AH1N1).
El saldo de la balanza turística muestra un deterioro de enero a mayo del año en curso, provocado por menores ingresos, con una disminución de más de 910 millones de dólares, lo que representa 14.8 por ciento menos respecto al año anterior. Asimismo, el gasto medio del viajero internacional, para el mismo periodo, se ha contraído en 7 por ciento al pasar de 156.43 a 145.42 dólares, del año 2008 al 2009.
Una forma de atraer visitantes internacionales y promover a México como destino turístico es a través de foros internacionales realizados en nuestro país. Un ejemplo de los beneficios que trae consigo organizar este tipo de encuentros es el Foro internacional de turismo para parlamentarios y autoridades locales, que en 2008 atrajo a la provincia de Cebu, en Filipinas, aproximadamente a 400 miembros de congresos o parlamentarios representantes de 78 países, además de miembros del sector privado.
Dicho acto es organizado cada dos años por la Organización Mundial del Turismo, en cooperación con el país anfitrión; se ha realizado en seis ocasiones con la participación de gobiernos de países como España, Indonesia, Brasil, Panamá, Túnez y Filipinas; tiene como finalidad revisar factores clave que afectan al turismo y la manera en que los gobiernos nacionales y locales pueden responder ante retos económicos actuales, sin perder de vista objetivos de largo plazo.
Ser anfitrión del foro internacional, en su séptima edición a realizarse en 2010, constituye una gran oportunidad de seguir exponiendo a México ante el mundo como un lugar atractivo y seguro para ser visitado, asimismo, nuestro país puede aprovechar para contar con una mayor asistencia de funcionarios públicos a un foro que aborda retos actuales del turismo internacional. Al mismo tiempo se hace presente como organizador de este tipo de encuentros al igual que naciones latinoamericanas como Bolivia, Perú y Argentina, que contarán con foros turísticos internacionales el próximo año.
Por lo expuesto y dado que la Secretaría de Turismo ha solicitado que México sea el país anfitrión, someto a consideración de esta soberanía la aprobación los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. Se hace un atento exhorto al Ejecutivo federal a considerar en el Proyecto de Egresos de la Federación de 2010 un recurso aproximado de 13 millones 800 mil pesos, necesarios para la realización del séptimo Foro internacional de turismo para parlamentarios y autoridades locales.
Segundo. Se hace un atento exhorto a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública a aprobar en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2010 un recurso aproximado de 13 millones 800 mil pesos, los cuales son necesarios para la realización del séptimo Foro internacional de turismo para parlamentarios y autoridades locales.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de agosto de 2009.
Diputada Martha Angélica Romo Jiménez (rúbrica)
(Turnada a la Comisión de Presupuesto y Cuenta
Pública. Agosto 26 de 2009.)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL A CONSIDERAR EN EL PROYECTO
DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL
DE 2010 UN INCREMENTO DE LOS RECURSOS ASIGNADOS A LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
BENITO JUÁREZ DE OAXACA, RECIBIDA DEL SENADOR ADOLFO TOLEDO INFANZÓN,
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI, EN LA SESIÓN DE LA COMISIÓN
PERMANENTE DEL MIÉRCOLES 26 DE AGOSTO DE 2009
El que suscribe, senador Adolfo Toledo Infanzón, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional a la LX Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta Comisión Permanente proposición con punto de acuerdo al tenor de la siguientes
Consideraciones
Uno de los principales factores que alientan el progreso de una nación es indudablemente la educación. Además de ser un derecho humano fundamental, la educación tiene una estrecha relación con el desarrollo de un país, jugando un papel central en el mejoramiento de las condiciones sociales y económicas de las personas.
En este sentido, la educación superior se constituye como uno de los pilares más importantes para incorporar a la sociedad al desarrollo pleno y sostenido, particularmente en el contexto de una sociedad global y de la llamada sociedad del conocimiento, en la que el saber se ha convertido en una fuerza económica y social que cada día presenta nuevos retos y desafíos.
En México existen rezagos estructurales en esta materia que causan una cobertura limitada e inequitativa, no existe la infraestructura suficiente ni tampoco la planta docente necesaria, lo que trae como consecuencia educación de mala calidad.
Dado el papel estratégico que las instituciones públicas de educación superior tienen en el desarrollo de la sociedad, es indispensable asignar un financiamiento suficiente y proteger estos recursos aún en momentos de crisis económicas como la que actualmente estamos enfrentando.
No podemos permitir que los recursos asignados a la educación superior en México, de por sí insuficientes, se vean afectados. Es por ello, que queremos expresar nuestro enérgico rechazo a la aplicación de recortes al gasto público en el rubro educativo por parte del gobierno federal.
Por el contrario, debemos asegurar que las instituciones públicas de educación superior cuenten con medios económicos y materiales suficientes a fin de superar los grandes rezagos sociales, educativos, científicos y tecnológicos.
En este contexto, la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (UABJO) se ha consolidado como una institución educativa indispensable para esta entidad, siendo la única opción para miles de estudiantes que desean continuar sus estudios, ya que atiende a 65 por ciento de la matrícula estatal de educación superior, lo que la ha convertido en la institución educativa más importante en Oaxaca.
Actualmente la UABJO atiende a 25 mil 498 alumnos, de los cuales 6 mil 324 son de nivel medio superior, 476 técnicos, 18 mil 128 de educación superior cifra que representa 54 por ciento de la matrícula en el ámbito estatal, y 578 de posgrado. Asimismo cuenta con una plantilla de personal tanto de académicos como de personal administrativo de 3 mil 355 empleados.
La UABJO, al 2003 tenía un subsidio por alumno de 11 mil 660 pesos. En los últimos 5 años incrementó su subsidio en mil pesos por alumno. En este contexto, la UABJO ha contado con el promedio en subsidio por alumno más bajo a nivel nacional, en comparación con el recibido por el resto de las UPE.
Monto de subsidio por alumno por universidades (miles de pesos)
Las cinco más altas
Promedio: 38.76
Al 2007, el costo promedio anual por alumno en la UABJO es del orden de los 14 mil 924 pesos, mientras la media nacional para universidades afiliadas a la ANUIES es de 32 mil por alumno.
Aunque en los últimos años, la UABJO ha recibido apoyos extraordinarios importantes (recursos PEF, PIFI y Fondo de Equidad), estos se han destinado a subsanar el rezago histórico que la UABJO tenía en materia de espacios físicos, laboratorios y clínicas, acervo bibliográfico e inserción de nuevas tecnologías incorporadas al conocimiento.
Sin embargo, el subsidio ordinario federal con que desarrolla sus funciones sustantivas se aplica en 103 por ciento para el pago de nóminas y para cubrir obligaciones laborales, como pensiones y jubilaciones y plantilla académica y administrativa no reconocida por la Secretaría de Educación Pública, lo que ha generado un déficit financiero del orden de los 179 millones 805 mil para cumplir cabalmente con sus obligaciones en 2009.
Esta situación financiera nos obliga a solicitar de manera respetuosa se considere un incremento en el presupuesto de dicha institución dentro del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2010, a fin de que la UABJO pueda aumentar su matrícula en educación superior, mejorar su capacidad académica y la atención integral y diferenciada de sus estudiantes, desconcentrar sus programas educativos hacia otras regiones del estado, así como cubrir sus requerimientos de infraestructura.
Por lo anterior, es necesario que se atiendan los principales aspectos que permiten la mejora sustancial de las instituciones de educación superior y particularmente en los estados con mayor marginación, considerando que invertir en educación es un elemento fundamental para aliviar la pobreza, disminuir las diferencias regionales y aumentar el bienestar general e individual de la población.
Por lo anteriormente expuesto, me permito someter a consideración del Pleno de la Comisión Permanente el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a considerar a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010 un incremento al presupuesto asignado a la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, en relación con los ejercicios anteriores.
Salón de sesiones de la Comisión Permanente, a 26 de agosto de 2009.
Senador Adolfo Toledo Infanzón (rúbrica)
(Turnada a la Comisión de Presupuesto y Cuenta
Pública. Agosto 26 de 2009.)
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA EXHORTAR
AL EJECUTIVO FEDERAL A INFORMAR DE LA SITUACIÓN QUE EXISTE ENTRE
GRUPO PEREIRA E HIJOS, SA DE CV, Y LA ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL
DE ENSENADA, A CARGO DEL DIPUTADO HÉCTOR MANUEL RAMOS COVARRUBIAS,
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN, RECIBIDA EN LA SESIÓN DE LA COMISIÓN
PERMANENTE DEL MIÉRCOLES 26 DE AGOSTO DE 2009
El suscrito, Héctor Manuel Ramos Covarrubias, diputado federal a la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite someter a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones constitucionales
El artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone lo siguiente: Los secretarios del despacho y los jefes de los departamentos administrativos, luego que esté abierto el periodo de sesiones ordinarias, darán cuenta al Congreso del estado que guarden sus respectivos ramos.
Cualquiera de las Cámaras podrá citar a los secretarios de Estado, al procurador general de la República, así como a los directores y administradores de los organismos descentralizados federales o de las empresas de participación estatal mayoritaria, para que informen cuando se discuta una ley o se estudie un negocio concerniente a sus respectivos ramos o actividades "
Antecedentes
El 1 de junio de 1998 la empresa Grupo Pereira e Hijos, SA de CV, celebró con la Administración Portuaria Integral de Ensenada un contrato de cesión parcial de derechos para el uso, aprovechamiento y explotación de un área de 9 mil 360.527 metros cuadrados que incluye una zona de agua de 7 mil 360.527 metros cuadrados y zona terrestre de 2 mil metros cuadrados; en el recinto portuario de Ensenada, Baja California, a efecto de prestar el servicio de reparaciones a flote y en seco de embarcaciones y la construcción de éstas.
El contrato de cesión parcial de derechos se registró en la Dirección General de Puertos el 13 de julio de 1998, la cual emitió una resolución que declara la revocación del registro del mencionado contrato de cesión parcial de derechos.
El 20 de abril de 1999, la empresa interpuso recurso de revisión administrativa ante la Capitanía de Puerto de Ensenada.
El 3 de septiembre de 1999, el Coordinador General de Puertos y Marina Mercante emitió resolución en cuyo contenido quedó establecido que se tiene por no interpuesto el recurso y se deshecha, por haber sido interpuesto en forma extemporánea.
El 20 de abril de 1999, se interpuso juicio de amparo ante el juzgado octavo del distrito en Baja California en contra de la resolución emitida por el coordinador general de Puertos y Marina Mercante.
Con fecha 10 de noviembre de 1999 se propuso a la SCT la restitución del contrato de cesión parcial de derechos para el uso, aprovechamiento y explotación de la superficie mencionada, obteniendo como respuesta diversas renovaciones que incluyeron modificaciones al contrato original con fechas 5 de abril del 2002, 6 de marzo de 2003, 26 de enero del 2004, 5 de junio de 2005 y 6 de diciembre de 2006, los dos primeros fueron registrados de conformidad con la Ley de Puertos y los últimos quedaron pendientes de registro.
El último, con una superficie de 5 mil ,226.66 metros cuadrados que incluye un área de agua de 3 mil 700 metros cuadrados y otra terrestre de 1 mil 526.66 metros cuadrados, con vigencia de 10 años, sujeto a una condición suspensiva que establece que el contrato entrará en vigor cuando sea registrado ante la SCT.
En razón de lo anterior, se tiene un contrato de cesión parcial de derechos que no ha entrado en vigor por no haber sido registrado; no obstante, que se liquida mensualmente la contraprestación en los términos pactados, cumpliendo además con otras cláusulas como la contratación de un seguro de daños a terceros, responsabilidad civil e infraestructura por un millón de dólares fianza y programa de inversiones.
Exposición de Motivos
Con fecha 9 de marzo de 1989 fue constituida en la ciudad de Ensenada, Baja California, la sociedad mercantil Grupo Pereira e Hijos, SA de CV, derivado de su objeto social la citada sociedad se encuentra autorizada para realizar las siguientes actividades: construcción, compra venta, distribución, importación, exportación y comercio en general de todo tipo de embarcaciones. El servicio de mantenimiento naval, reparación de maquinaria diesel, eléctrico, soldadura, refrigeración y demás que se relacionen con embarcaciones, así como la compra venta de refacciones y accesorios y materiales necesarios para los servicios antes mencionados. El servicio en general de astillero y varadero, así como la reparación en diques secos y flotantes y sus derivados de todo tipo de embarcaciones pesqueras, comerciales, deportivas, turísticas, entre otras.
Mantiene una plantilla de trabajadores eventuales durante todo el año, que fluctúa entre 55 y 200 empleos directos, que operan como mecánicos, soldadores, técnicos en refrigeración, técnicos en reparación de equipo de navegación, especialistas en ingeniería naval y maquinaria marina, así como 10 empleos permanentes de personal administrativo y contable, en empleos indirectos se generan aproximadamente 120 plazas que comprenden proveedores de bienes y servicios.
Es importante señalar, que no existe en las costas mexicanas del Pacífico otro dique de esas características, es decir, de 3 mil 500 toneladas de levante, por lo que es el más grande en su tipo en el litoral mexicano y el único que presta servicios privados de reparación de embarcaciones en el puerto de Ensenada.
El único competidor con dichas características es la Armada de México cuyas instalaciones y costos son con cargo a la nación. El astillero más cercano se ubica en Mazatlán en Sinaloa y la otra opción es Manzanillo, pero únicamente para embarcaciones pequeñas y medianas, pues ninguno dispone de la capacidad de levante indispensable para prestar servicios a embarcaciones mercantes y turísticas de más de 1 mil 500 toneladas brutas.
Durante los últimos cuatro años, la sociedad ha prestado servicios de mantenimiento a los ferris que arriban al puerto de Ensenada y que permanecen aproximadamente dos meses en reparación en las instalaciones del astillero; además se prestaron servicios a embarcaciones pesqueras, remolcadores, barcazas y embarcaciones de carga de origen extranjero que navegan en aguas internacionales.
En la actualidad la empresa mantiene contrato de trabajo con el remolcador Lobo Grande de origen estadounidense, e incurrió en causales de penalización por un monto de 60 mil pesos a la semana, resultado del desalojo de la empresa de los terrenos propiedad federal de origen Fondeport y de la destrucción de los talleres y equipos de trabajo, mediante el uso de la fuerza pública representada en la Procuraduría General de República y la Agencia Federal de Investigaciones; no obstante, haber sido pactada la desocupación de los terrenos a cambio de que se otorgara la posesión de otro inmueble en Ensenada, que hiciera posible la reinstalación de los talleres y operación de la empresa con acceso al puerto.
Esta situación particular, debe hace reflexionar en torno a que México ante la crisis económica que enfrenta debe apuntalar la operación de empresas nacionales que contribuyen a generar empleos y a promover el desarrollo regional y, en consecuencia, se hace imprescindible la obligación de las secretarías de Estado de impulsar el desarrollo económico en la esfera nacional y en el ámbito regional, para hacer un frente común en el que participen todos los agentes económicos que nos permita superar la crisis que afecta a todos los mexicanos.
Por lo anteriormente expuesto, exhortamos a los legisladores de los distintos grupos parlamentarios de esta representación ciudadana, a que emitan su voto a favor, para que el titular de la Coordinación General de Puertos y Marina Mercante, comparezca y explique lo relacionado con la situación del astillero de la API de Ensenada, al tenor de la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal, para que a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, informe a esta soberanía la situación legal que existe entre la empresa Grupo Pereira e Hijos, SA de CV, con la Administración Portuaria Integral de Ensenada y, en su caso de ser procedente, dicha dependencia federal resuelva, en términos legales, sobre el registro del contrato de cesión de derechos pendiente.
Senado de la Republica, sede de la Comisión Permanente, a 26 de agosto 2009.
Diputado Héctor Manuel Ramos Covarrubias (rúbrica)
(Turnada a la Comisión de Transporte. Agosto 26
de 2009.)
CON PUNTO DE ACUERDO, RELATIVA
A LA CONTINUIDAD Y EL FORTALECIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN DE MÉXICO
EN LA CONFEDERACIÓN PARLAMENTARIA DE LAS AMÉRICAS, RECIBIDA
DE LOS SENADORES CARLOS JIMÉNEZ MACÍAS, EDUARDO NAVA BOLAÑOS
Y CLAUDIA CORICHI GARCÍA, Y LOS DIPUTADOS MARTÍN MALAGÓN
RÍOS, EDUARDO ORTIZ HERNÁNDEZ, PASCUAL BELLIZZIA ROSIQUE
Y MARÍA VICTORIA GUTIÉRREZ LAGUNES, DE LOS GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PAN, DEL PRI, DEL PRD Y DEL PVEM, EN LA SESIÓN DE LA COMISIÓN
PERMANENTE DEL MIÉRCOLES 26 DE AGOSTO DE 2009
Los suscritos, senadores y diputados de la LX Legislatura del Congreso de la Unión, integrantes de los Grupos Parlamentarios de los Partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática y Verde Ecologista de México, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a esta honorable asamblea el siguiente punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, con base en las siguientes
Consideraciones
La Confederación Parlamentaria de las Américas (Copa) es un organismo que reúne a las asambleas legislativas de los Estados unitarios, federales y federados; los parlamentos regionales y las organizaciones interparlamentarias de las Américas. Su misión es contribuir al fortalecimiento de la democracia y a la edificación de una comunidad de las Américas basada en el respeto de la dignidad y los derechos de las personas, la paz, la democracia, la justicia social y la equidad de género.
De manera relevante, en septiembre de 2008, la Confederación Parlamentaria de las Américas realizó la octava asamblea en la Ciudad de México y Toluca, teniendo como sedes el Senado de la República, la Cámara de Diputados y el Congreso mexiquense.
El encuentro contó con la presencia de más de 400 parlamentarios de todos los países del hemisferio, así como académicos y representantes de organismos internacionales; todos ellos convocados para tratar asuntos relacionados con la realidad económica, política y social de las Américas.
En particular, se trataron temas de alta relevancia que van desde el análisis sobre las situaciones de crisis política en algunos países de las Américas hasta el seguimiento de la aplicación de la Convención sobre la Protección y Difusión de las Expresiones Culturales de la UNESCO, pasando por temas de gran interés para los países de la región tales como migración, seguridad, salud, derechos humanos y equidad de género.
Dicha asamblea centró su atención también en el debate de los diferentes efectos que ha tenido la crisis económica mundial en las Américas. A la par se realizó la reunión anual de la Red de Mujeres Parlamentarias de las Américas, donde el Senado de la República sirvió de marco para reunir a más de 150 legisladoras de todo el continente.
Durante este encuentro se eligió a la nueva directiva del Comité Ejecutivo de la Copa. Nuestro país resultó favorecido con la mayor cantidad de cargos de dirección en la historia de este organismo internacional. Lo anterior significó un voto de confianza para nuestro país, posicionándonos como uno de los principales actores dentro de la vida orgánica de la Confederación Parlamentaria de las Américas.
La Copa ha ido consolidando su presencia como una voz fundamental de los parlamentarios de América y sobre todo como un canal expresión de quienes representamos a los parlamentos de la región. Al respecto, hemos reiterado la importancia de que las expresiones de la sociedad se involucren más en las decisiones que adopten los jefes de gobierno y Estado en materia de negociaciones diplomáticas y comerciales.
En tal virtud, la delegación mexicana ante la Copa se ha propuesto durante su nuevo mandato, que inicia con la LXI Legislatura, cumplir un conjunto de objetivos y metas, entre las que destaca la participación más activa de los parlamentos en las negociaciones comerciales, la acción inmediata en acciones vinculadas con la seguridad hemisférica, la disminución de los delitos vinculados a la migración como la trata de personas, y la búsqueda de soluciones conjuntas en temas de vital importancia, como el cambio climático y la crisis económica mundial.
Por tanto, es de gran importancia que nuestro Congreso pueda apoyar y dar continuidad a la agenda que la directiva de este organismo desarrollará en la LXI Legislatura. Al respecto, es oportuno destacar que nuestro país tiene la responsabilidad de encabezar los siguientes cargos dentro del Comité Ejecutivo: La Vicepresidencia de la Copa, a cargo del senador Eduardo Nava Bolaños; la Secretaría Ejecutiva, a cargo de la diputada Caritina Sáenz Vargas, y el ex presidente de la Copa y representante del Senado de México ante Copa, senador Carlos Jiménez Macías; la Presidencia de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, a cargo de la Senadora Claudia Corichi García; la Presidencia de la Comisión de Economía, Comercio, Trabajo, Competitividad y Bloques Comerciales, a cargo del diputado Eduardo Ortiz Hernández; la Vicepresidencia de la Comisión de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, a cargo del diputado Pascual Bellizzia Rosique; la representación del Congreso de la Unión, a cargo del diputado Martín Malagón Ríos; y la Tesorería General de Copa, a cargo de la diputada Aracely Escalante Jasso.
Por ello, y ante las consideraciones y planteamientos expuestos, se proponen a esta soberanía los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. Se solicita que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión de la LX Legislatura haga del conocimiento de los órganos de gobierno de las Cámaras de Diputados y de Senadores el informe de actividades 2006-2009 que la delegación mexicana ante la Confederación Parlamentaria de las Américas ha presentado a esta Soberanía.
Segundo. Se solicita que los órganos de gobierno de las Cámaras de Diputados y de Senadores de la LXI Legislatura den continuidad a los apoyos que ha recibido la representación del Congreso de la Unión en la Copa, a fin de cumplir cabalmente los objetivos y las metas programados para el periodo 2009-2012.
Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 19 de agosto de 2009.
Senador Carlos Jiménez Macías (rúbrica)
(Turnada a la Junta de Coordinación Política.
Agosto 26 de 2009.)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA A LOS PODERES DE LA UNIÓN A AGILIZAR EL PROCESO DE APROBACIÓN
E INMEDIATA INSTAURACIÓN DE LAS REFORMAS EN MATERIA DE JUSTICIA
PENAL, PARTICULARMENTE DE LAS REFERIDAS AL SISTEMA ACUSATORIO-ORAL, RECIBIDA
DEL DIPUTADO CÉSAR DUARTE JÁQUEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PRI, EN LA SESIÓN DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL MIÉRCOLES
26 DE AGOSTO DE 2009
El suscrito, César Duarte Jáquez, diputado por el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LX Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, somete a consideración de la Comisión Permanente proposición con punto de acuerdo a fin de agilizar la aprobación de la legislación secundaria pendiente y propiciar la instauración de la reforma en materia de justicia, principalmente la relativa al nuevo sistema penal acusatorio-oral.
Exposición de Motivos
La situación que se vive en México con motivo de la inseguridad que acecha cada región del país demanda acciones contundentes y coordinadas para abatir desde cada una de sus aristas la problemática que involucra, al tiempo de propiciar mayor certeza jurídica para los ciudadanos y la confianza en sus autoridades.
La reforma constitucional en materia de justicia penal y seguridad pública, aprobada por el poder reformador, consistente en la adecuación de los artículos 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22; y las fracciones XXI y XXIII del artículo 73, VII del 115 y XIII del Apartado B del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, representa un consolidado avance en la modernización, en el perfeccionamiento y en el desarrollo de las instituciones y figuras legales tendentes a establecer un renovado sistema mexicano de justicia penal, orientado por el respeto de las garantías en el proceso judicial, la atención de las víctimas del delito y la eficacia del combate de la delincuencia organizada, regido por los principios de lesividad, publicidad e inmediación, contradicción y continuidad; todo lo anterior, complementado por la acusatoriedad, y uno de los elementos más relevantes, la oralidad de los juicios.
Sin duda, ello va a contribuir para erradicar la opacidad y corrupción mediante procedimientos transparentes a la vista de todos.
En dicha previsión se incluye la presunción de inocencia y otros mecanismos de solución de controversias. Se establece un juez de control (que resuelve de manera inmediata las solicitudes del Ministerio Público y el respeto de las garantías de los indiciados), y un juez de conocimiento (lleva a cabo el juicio oral y dictará sentencia) y uno ejecutor (que vigila y controla la ejecución de la pena).
El Ministerio Público será más competitivo, se autoriza el arraigo con control judicial y se crea la extinción de dominio de bienes producto de actividades ilícitas a favor del Estado. Todo lo anterior, a fin de fortalecer al Estado en la lucha contra la inseguridad y la impunidad.
Como se ha dicho, de esta reforma se desprende particularmente el tema de los juicios orales, que se regulan en el artículo 20 de la Constitución. Toma especial relevancia por la situación imperante, donde en la mayoría de las veces los procesos penales son lentos e ineficientes, saturando y deteniendo la justicia expedita.
Sin duda, esta legislatura ha contribuido con la aprobación de las leyes secundarias necesarias para la aplicación de la reforma constitucional mencionada, como la reforma en materia de secuestro, y las Leyes General del Sistema Nacional de Seguridad Publica, Federal de Extinción de Dominio, y de la Policía Federal entre otras.
El avance es considerable, pero quedan reformas pendientes para la adecuada instauración de esta importante transformación del sistema de justicia penal.
No escapa a nuestra atención la difícil situación por la que atraviesan particularmente algunas entidades federativas, como Chihuahua, donde los elevados índices de inseguridad y de actividad delictiva demandan un esfuerzo mayor y coordinado de las autoridades involucradas, en este caso de la federación, a través de instrumentos idóneos como los propuestos en esta reforma.
Por ello consideramos conveniente que se analice la posibilidad de adelantar en el ámbito federal, en lo posible, la instauración del nuevo sistema penal acusatorio, sin esperar la vacatio establecida en el artículo segundo transitorio de la reforma, considerando la experiencia y situación particular de los estados en que, en materia común, ya funcionan.
Por todo lo expuesto, sometemos a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos a agilizar el proceso de aprobación de la legislación secundaria pendiente para la instauración y aplicación integral de la reforma constitucional en materia de justicia penal.
Segundo. Se exhorta a los Poderes Ejecutivo y Judicial de la Federación a instaurar y poner en práctica cuanto antes las instituciones, los procedimientos y las medidas ordenados en las reformas relativas a justicia penal, particularmente las que se refieren al sistema acusatorio-oral, considerando la situación particular de las entidades federativas donde este modelo ya funciona en materia común.
México, DF, a 26 de agosto de 2009.
Diputado César Duarte Jáquez (rúbrica)
(Turnada a la Comisión de Justicia. Agosto 26 de
2009.)
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA EXHORTAR
AL EJECUTIVO FEDERAL A NO RETIRAR LA CATEGORÍA DE PUEBLO MÁGICO
A PAPANTLA DE OLARTE, VERACRUZ, RECIBIDA DEL DIPUTADO JOSÉ MANUEL
DEL RÍO VIRGEN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE CONVERGENCIA, EN LA SESIÓN
DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL MIÉRCOLES 26 DE AGOSTO DE 2009
El suscrito, diputado José Manuel del Río Virgen, del Grupo Parlamentario de Convergencia de la LX Legislatura, conforme a lo dispuesto en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, presenta el siguiente punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal a no retirar la categoría de pueblo mágico a Papantla de Olarte, Veracruz, por ser la zona con la riqueza histórica y cultural más importante del norte del estado, así como por la derrama económica y las fuentes de empleo que genera como polo turístico.
Antecedentes
En el sexenio pasado, el Ejecutivo federal, mediante la Secretaría de Turismo, creó el programa Pueblos Mágicos, a fin de contribuir a revalorar un conjunto de poblaciones que siempre han estado en el imaginario colectivo de la nación y que representan opciones frescas y diferentes para los visitantes nacionales y los extranjeros.
Se trata más, que de un rescate, de un reconocimiento de quienes habitan en esos hermosos lugares de la geografía mexicana y han sabido guardar para todos la riqueza cultural e histórica que encierran.
Pueblo mágico es la localidad que tiene atributos simbólicos, leyendas, historia, hechos trascendentes o cotidianidad que emanan en cada una de sus manifestaciones socioculturales, y que significan hoy gran oportunidad para el aprovechamiento turístico.
El programa tiene como objetivos éstos:
Aprovechar la singularidad de las localidades para la generación de productos turísticos basados en las expresiones de la cultura local: artesanías, festividades, gastronomía y tradiciones, entre otras.
Aprovechar la singularidad de las localidades para la generación de otros productos turísticos, como la aventura, el deporte extremo, el ecoturismo y otros que signifiquen alto grado de atractividad.
Que el turismo local se constituya como una herramienta del desarrollo sustentable de las localidades incorporadas al programa, así como en un programa de apoyo a la gestión municipal.
Que las comunidades receptoras de las localidades participantes aprovechen y se beneficien del turismo como actividad redituable como opción de negocio, de trabajo y de forma de vida.
La categoría de pueblo mágico para Papantla se sustentó en el hecho de que aloja la zona arqueológica del Tajín, una de las más importantes no sólo de Veracruz sino del país; es anfitrión desde hace una década de la Cumbre Tajín, una destaca festividad cultural que reúne lo más granado de las artes del país; por el paisaje pintoresco que predomina en sus calles, callejones y parques, y sobre todo por ser la región originaria de los aclamados voladores de Papantla, símbolo de la mexicanidad alrededor del mundo.
La categoría de pueblo mágico permitió a Papantla consolidar proyectos para mejorar su oferta turística, diversificar sus servicios e incluso para mejorar su infraestructura urbana.
Considerando
Que Papantla de Olarte, Veracruz, se merece como pocas localidades la categoría de pueblo mágico, por sus aportaciones a la riqueza histórica, su diversidad cultural, la preservación de tradiciones, lengua y costumbres, por su paisaje provincial, y por la capacidad de atención a los visitantes.
Que empresarios turísticos han invertido fuertes cantidades para actualizar sus servicios y atención, que hoy se encuentran en riesgo por la pérdida de la categoría.
Que la generación de empleos en el sector turístico resulta indispensable para ayudar al desarrollo de comunidades con graves rezagos económicos y sociales.
Que la llegada de visitantes permitiría la generación de una importante derrama económica para restaurantes, hoteles, taxistas, guías de turistas y muchos otros sectores, necesitados de ingresos en un ambiente de crisis económica.
Que artistas y artesanos ven bloqueada la difusión de sus programas, planes y expresiones artísticas con la pérdida de la categoría.
Que perder la categoría de pueblo mágico provoca una imagen negativa a un pueblo que durante siglos ha luchado por preservar su legado y sus raíces.
Que el pueblo totonaco no es el culpable del incumplimiento de las directrices requeridas por la Sectur para conservar la denominación de "pueblo mágico", pero sí el más afectado por las consecuencias negativas que acarrea la pérdida de la categoría.
Que las autoridades municipales son las principales responsables de no emplear los recursos enviados por la federación para el mejoramiento de la imagen urbana, el ordenamiento del comercio ambulante y la conservación de la identidad de Papantla.
Que no se pretende contravenir las disposiciones de la federación en el programa Pueblos Mágicos; por el contrario, urgimos una auditoría respecto al gobierno municipal para esclarecer el uso de recursos, pero sí exhortar al Ejecutivo a mantener la denominación a Papantla para no perjudicar de forma irreparable a una comunidad orgullosa y necesitada de divulgar su riqueza histórico-cultural.
Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, solicito a la Presidencia de la Mesa Directiva que someta a consideración del pleno de la Comisión Permanente el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta al Ejecutivo federal a no retirar la categoría de pueblo mágico a Papantla de Olarte, Veracruz, por ser la zona con la riqueza histórica y cultural más importante del norte del estado, así como por la derrama económica y las fuentes de empleo que genera como polo turístico.
Dado en la Comisión Permanente, a 26 de agosto de 2009.
Diputado José Manuel del Río Virgen (rúbrica)
(Turnada a la Comisión de Turismo. Agosto 26 de
2009.)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA AL SECRETARIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA A DISTRIBUIR
LOS MATERIALES EDUCATIVOS QUE INCORPOREN LA CONQUISTA Y LA COLONIA DE MÉXICO
EN LOS PROGRAMAS DE EDUCACIÓN PRIMARIA, RECIBIDA DEL DIPUTADO JOSÉ
ALFONSO SUÁREZ DEL REAL Y AGUILERA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL
PRD, EN LA SESIÓN DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL MIÉRCOLES
26 DE AGOSTO DE 2009
Con fundamento en el articulo 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el diputado José Alfonso Suárez del Real y Aguilera del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, suscribe la presente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución para exhortar al secretario de Educación Pública, para que se elabore y distribuya los materiales educativos complementarios para la educación primaria que integren el estudio correspondiente a la historia de la conquista y la independencia nacionales, bajo las siguientes
Consideraciones
La historia de un país constituye su identidad. El conocimiento de ésta proporciona a los pueblos la capacidad autocrítica de leer los acontecimientos desde una perspectiva integral que corresponda con su desarrollo inmanente. Es por ello que, en una situación de crisis nacional e internacional, la necesidad de reforzar los procedimientos por los cuales la identidad nacional es asimilada por los niños y niñas en nuestro país, resulta imperiosa.
Este fue el programa educativo impulsado y promovido por José Vasconcelos, fundador de la Secretaría de Educación Pública del México moderno, de tal manera que se fortaleciera la idea de la raza cósmica y el choque entre dos culturas, que derivó en la enunciación histórica que dio vida a la Universidad Nacional Autónoma de México: Por mi raza, hablará el espíritu. Resulta impensable que, para el partido que ostenta el gobierno federal, para el que José Vasconcelos representa uno de los pilares filosóficos fundamentales, olvide incluir episodios fundamentales de la historia de México, en los libros de texto gratuitos proporcionados a más de 25 millones de estudiantes del nivel básico.
Lo que resulta más grave es violentar el derecho de las niñas y los niños a conocer la historia y el pasado, tal como lo consigna la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes que, en sus artículos 21 y 22, explícitamente indica
Artículo 22. El derecho a la identidad está compuesto por:
A. Tener un nombre y los apellidos de los padres desde que nazca y a ser inscrito en el Registro Civil.
B. Tener una nacionalidad, de acuerdo con lo establecido en la Constitución.
C. Conocer su filiación y su origen, salvo en los casos que las leyes lo prohíban.
D. Pertenecer a un grupo cultural y compartir con sus integrantes costumbres, religión, idioma o lengua, sin que esto pueda ser entendido como razón para contrariar ninguno de sus derechos.
Es por ello que resulta indispensable resarcir este error, de manera inmediata y profesional. No podemos permitir que este atropello histórico se consume.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Honorable Soberanía, bajo el supuesto de urgente y obvia resolución la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Educación Pública para elaborar y distribuir, de manera inmediata, los materiales educativos complementarios para la educación básica, que integren el estudio de la conquista y la independencia nacionales, con el objeto de reparar el daño a la institución creada por José Vasconcelos.
Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, atentamente solicita al titular de la administración pública federal establecer, como principio básico de la conducción de la política interna, especialmente la educativa, el respeto a los principios históricos que han dado origen e identidad a nuestra patria, a los próceres y a la nación, como condición sine qua non, para la celebración del Bicentenario de la Independencia Nacional y el Centenario de la Revolución Mexicana.
Salón de sesiones de la Comisión Permanente, a 26 de agosto de 2009.
Diputado José Alfonso Suárez del Real y Aguilera (rúbrica)
(Turnada a la Comisión de Educación Publica
y Servicios Educativos. Agosto 26 de 2009.)
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA EXHORTAR
A LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA A EMITIR UNA
OPINIÓN NEGATIVA RESPECTO A LA REDUCCIÓN PRESUPUESTAL QUE
PROPONE EL SECRETARIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, RECIBIDA
DEL DIPUTADO JUAN NICASIO GUERRA OCHOA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD,
EN LA SESIÓN DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL MIÉRCOLES
26 DE AGOSTO DE 2009
El suscrito, diputado del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de ésta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
El pasado martes 13 de agosto, la Cámara de Diputados recibió una propuesta del doctor Agustín Cárstens Cárstens, secretario de Hacienda y Crédito Público, para recortar en poco más de 50 mil millones de pesos el Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado para el Ejercicio Fiscal de 2009.
Esa propuesta fue enviada en cumplimiento a lo señalado en el artículo 21, fracción III, inciso c, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, donde se señala que en caso de que exista una reducción en los ingresos aprobados en la Ley de Ingresos, y se requiera un ajuste presupuestal por un monto superior al 3 por ciento de los ingresos por impuestos, como es el caso, "el Ejecutivo federal enviará a dicha Cámara en los siguientes 15 días hábiles a que se haya determinado la reducción de ingresos, el monto de gasto a reducir y una propuesta de composición de dicha reducción por dependencia y entidad".
En el mismo artículo 21 de la citada Ley se señala que "La Cámara de Diputados, por conducto de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, en un plazo de 15 días hábiles a partir de la recepción de la propuesta, analizará la composición de ésta, con el fin de proponer, en su caso, modificaciones a la composición de la misma, en el marco de las disposiciones generales aplicables. El Ejecutivo federal, con base en la opinión de la Cámara, resolverá lo conducente de acuerdo a las prioridades aprobadas en el presupuesto informando de ello a la misma. En caso de que la Cámara no emita opinión dentro de dicho plazo, procederá la propuesta enviada por el Ejecutivo federal".
Las disposiciones antes señaladas tienen como objetivo el conseguir una interacción entre los Poderes Ejecutivo y Legislativo, con el fin de que los recortes que sean necesarios se lleven a cabo con la mayor prudencia, cuidado y responsabilidad posibles.
Sin embargo, el momento elegido por el secretario de Hacienda para enviar la propuesta de recorte, no sólo imposibilita esa interacción entre poderes, sino que resulta abusiva, pretendiendo imponer un ajuste decidido de manera unilateral, aparentando que se consultó a la Cámara de Diputados.
La propuesta de recorte se recibe precisamente cuando la LX Legislatura está concluyendo sus funciones, y la siguiente LXI Legislatura integrará sus comisiones hasta fines de septiembre. Aunque la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública está convocada para sesionar el próximo jueves 28 de agosto, la coyuntura de cierre de Legislatura hace difícil un examen cuidadoso y responsable de la propuesta, por parte de los diputados.
Con esa actitud abusiva, el secretario de Hacienda pretende imponer un recorte que afecta no sólo actividades prioritarias, como la inversión en infraestructura y los programas de los sectores de educación y salud, sino que busca eludir cualquier tipo de recorte en algunas actividades no prioritarias.
Como muestra de lo antes señalado, basta un botón. La Cámara de Diputados aprobó mil 798 millones de pesos de presupuesto para la Presidencia de la República. A la fecha, la Secretaría de Hacienda, a pesar de la caída en los ingresos, ha autorizado una ampliación presupuestal de 630 millones de pesos, para situar el citado presupuesto en 2 mil 428 millones de pesos. Y ahora, en la propuesta enviada a la Cámara de Diputados propone un ridículo recorte de 57.5 millones de pesos al ya inflado presupuesto de la Presidencia de la República.
El dar trámite de manera rápida e irresponsable a la propuesta de la Secretaría de Hacienda no sólo representaría ignorar el objetivo incluido en la ley de propiciar una interrelación auténtica entre los Poderes Ejecutivo y Legislativo, sino que se transformaría en una verdadera farsa, permitiendo un abuso del Ejecutivo.
Por todo lo anterior, someto a ésta honorable asamblea el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados para que emita una opinión negativa respecto a la propuesta de recorte del Presupuesto de Egresos de la Federación enviada por la Secretaría de Hacienda, y que en dicha opinión se solicite a la señalada secretaría que espere a que se integre la nueva Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la LXI Legislatura, para que se cumpla lo establecido en la ley, de una manera seria, transparente y responsable.
Salón de sesiones de la Comisión Permanente, a 26 de agosto de 2009.
Diputados: Juan Nicasio Guerra Ochoa (rúbrica), Jesús Humberto Zazueta Aguilar, Antonio Soto Sánchez.
(Turnada la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
Agosto 26 de 2009.)
CON PUNTO DE ACUERDO, DE URGENTE
Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL CUAL LA COMISIÓN PERMANENTE DEL
HONORABLE CONGRESO DE LA UNIÓN CONVOCA AL TITULAR DE LA PROFEPA,
PATRICIO PATRÓN LAVIADA, A UNA REUNIÓN CON INTEGRANTES DE
LAS COMISIONES CORRESPONDIENTES DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS, RECIBIDA
DEL DIPUTADO JESÚS MANUEL PATRÓN MONTALVO, INTEGRANTE DEL
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI, EN LA SESIÓN DE LA COMISIÓN
PERMANENTE DEL MIÉRCOLES 26 DE AGOSTO DE 2009
Jesús Manuel Patrón Montalvo, diputado federal a la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite someter a la alta consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución, por el cual la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión convoca al titular de la Profepa, Patricio Patrón Laviada, a una reunión con integrantes de las comisiones correspondientes de la Cámara de Diputados, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Históricamente, el Estado mexicano ha tenido como objetivo fundamental llevar bienestar a la población rural. Según esa premisa, se ha propuesto alcanzar un marco normativo que satisfaga las necesidades y demandas de ese importante sector.
Así, el artículo 27 de nuestra Constitución Federal vigente establece que las tierras y las aguas del territorio nacional son propiedad originaria de la nación y que ésta tiene el derecho de transmitir el dominio de las tierras a los particulares, constituyendo la propiedad privada; asimismo, que las expropiaciones sólo podrán hacerse por causada utilidad pública y mediante indemnización.
Establece también que la nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés público; de regular el aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiación y que, en consecuencia, se dictarán las medidas necesarias para establecer adecuadas provisiones, usos, reservas y destinos de tierras, aguas y bosques; para preservar y restaurar el equilibrio ecológico, así como para disponer, en los términos de la ley reglamentaria, la organización y explotación colectiva de los ejidos y comunidades y para el desarrollo de la pequeña propiedad rural; el fomento de la agricultura, de la ganadería, de la silvicultura y de las demás actividades económicas en el medio rural, entre otros.
Así, en cumplimiento de tales disposiciones constitucionales, el Congreso de la Unión ha decretado las diversas leyes reglamentarias, como son la Ley Agraria y la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable. Mientras la primera está orientada principalmente a la producción de alimentos que demanda la población del país, la segunda está dirigida a alcanzar el medio ambiente adecuado al que toda persona tiene derecho.
Es de destacar que la Ley Agraria, sin perder de vista su objetivo primordial, en el artículo quinto señala que las dependencias y entidades competentes de la administración pública federal fomentarán el cuidado y conservación de los recursos naturales y promoverán su aprovechamiento racional y sostenido para preservar el equilibrio ecológico; propiciarán el mejoramiento de las condiciones de producción promoviendo y participando en obras de infraestructura e inversiones para aprovechar el potencial y aptitud de las tierras en beneficio de los pobladores y trabajadores del campo.
Adicionalmente, es conveniente señalar que el artículo 116 de la Ley Agraria define
Tierras ganaderas: Los suelos utilizados para la reproducción y cría de animales mediante el uso de su vegetación, sea ésta natural o inducida.
Tierras forestales: Los suelos utilizados para el manejo productivo de bosques o selvas.
Asimismo, establece que se reconocen como agrícolas las tierras rústicas que no están efectivamente dedicadas a alguna otra actividad económica.
Es decir, las tierras agrícolas o ganaderas reconocidas en la Ley Agraria no pueden ni deben considerarse como terrenos forestales por autoridad alguna, si no es con estricto apego a disposiciones jurídicas precisas que así lo establezcan.
Por otro lado, conforme a las definiciones que la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable hace de los términos ecosistema forestal, recursos forestales, terreno forestal, terreno preferentemente forestal y vegetación forestal, las tierras agrícolas por definición en la Ley Agraria, no deben ser consideradas como terrenos forestales, aún cuando circunstancialmente en dichas tierras agrícolas crezca o se desarrolle alguna vegetación de manera natural, ya que no forman bosques, selvas, zonas áridas o semiáridas, y sobre todo, cuando en años anteriores fueran objeto de explotación agrícola.
No obstante los esfuerzos legislativos referidos, el sector agrario sigue siendo uno de los más vulnerables de la sociedad.
Hoy México se encuentra inmerso en una crisis económica que afecta y debilita principalmente a los sectores más desprotegidos como lo es el de los productores del campo, que ante la falta de rentabilidad de su actividad, los escasos o nulos apoyos crediticios, así como la tardía aplicación de los recursos provenientes de los programas gubernamentales, abandonan sus tierras, trayendo como consecuencia la falta de desarrollo, así como el deterioro y empobrecimiento del campo.
Asimismo, los productores del campo se enfrentan a fenómenos de la naturaleza tales como sequías, inundaciones o huracanes, cuya frecuencia y magnitud aumentan año con año, provocando cuantiosos daños en términos económicos y sociales.
Aunado a lo anterior, los productores agrícolas se enfrentan a una nueva problemática. En diferentes comunidades y ejidos de todo el país, con grandes esfuerzos se ha intentado la reactivación de terrenos agrícolas que por cuestiones de falta de recursos financieros, la falta de insumos, los efectos de sequías, la falta de mercado, entre otras, dejaron de producir. Para ello, los productores agrícolas se han visto obligados a la preparación de las tierras agrícolas para su cultivo, con la consecuente remoción de la vegetación espontánea desarrollada en los mismos, a fin de hacer posible el cultivo.
En virtud de lo anterior, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) ordena visitas de inspección, a fin de verificar que el pequeño propietario o productor social de tierras agrícolas en preparación para el cultivo, cuente con autorización para cambio de uso de suelo forestal, a pesar de que dichos predios no son terrenos forestales o preferentemente forestales en términos de Ley.
De tal forma, la Profepa, al verificar la supuesta remoción forestal resultante de la preparación de las tierras agrícolas por parte de los productores, así como la supuesta falta de autorización para cambio de uso de suelo forestal, procede a la aplicación de medidas de seguridad y a la imposición de multas.
Ante tal situación, aunado a la imposibilidad e incapacidad de respuesta de los productores, y en algunos casos aún con la presentación de los títulos de propiedad en los que se acredita que los terrenos están destinados al uso agrícola, la Profepa procede a la presentación de denuncias penales, por la presunta remoción de especies forestales, sin contar con autorización para cambio de uso de terrenos forestales, lo cual inhibe la actividad económica y productiva.
Frente a estos hechos, consideramos que la autoridad incurre en excesos en el ejercicio de sus funciones, por lo que se hace necesario exponer lo siguiente:
De las definiciones legales arriba referidas, es de concluirse que las tierras agrícolas por definición de la Ley Agraria, cuyos suelos se preparan y dedican al cultivo de vegetales, no pueden ni deben considerarse como tierras forestales o preferentemente forestales, aún cuando circunstancialmente en dichas tierras agrícolas crezca o se desarrolle alguna vegetación de manera natural.
En consecuencia, la preparación de las tierras agrícolas para el cultivo de vegetales, incluida la remoción de vegetación no forestal, no compromete la biodiversidad, ni provoca la erosión del suelo, el deterioro de la calidad del agua o la disminución en su captación y en cambio, en las mismas tierras, el uso agrícola es mucho más productivo que el uso forestal, ya que la actividad agrícola genera empleos e ingresos a la población rural, mejorando sus condiciones de vida, además de proveer a la satisfacción de la demanda nacional de alimentos impulsando el desarrollo humano, social y económico que el país requiere.
De tal manera, la preparación de tierras agrícolas para el cultivo no requiere de la autorización de cambio de uso de suelo forestal por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, establecida en el artículo 117, de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, pues no se trata de terrenos forestales o preferentemente forestales, de acuerdo a las definiciones establecidas en la propia ley; por ello, tampoco requiere de la manifestación y evaluación de impacto ambiental, establecidas en el artículo 28 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, en relación con el cambio de uso de suelo de áreas forestales, previsto en la fracción VII del mismo artículo, ya que, si bien es cierto, la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente no define el término "área forestal", la Ley Federal de Desarrollo Forestal Sustentable, en el artículo 7, fracción III, establece el concepto correspondiente, "tierras de uso común que la asamblea ejidal o comunal dedica exclusivamente a la actividad forestal sustentable"; por ello, las tierras agrícolas de las parcelas o de la pequeña propiedad, no quedan comprendidas en dichas áreas forestales y, en consecuencia, no requieren de la evaluación de impacto ambiental ni, como hemos señalado, de cambio de uso de suelo forestal.
En lo que respecta a la visita de inspección, cabe señalar que el artículo 7 fracción XLVIII de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable establece que deben constreñirse a la supervisión para verificar que el aprovechamiento, manejo, transporte, almacenamiento y transformación de recurso forestales se ajuste a la ley; sin embargo, la Profepa ordena visitas de inspección para verificar si el pequeño propietario de tierras agrícolas en preparación para el cultivo cuenta con autorización de cambio de uso de suelo forestal, a pesar de que, como ya expresamos, dichos predios no son terrenos forestales o preferentemente forestales, en términos de ley.
En adición a lo anterior, la ley establece la figura de la zonificación de los terrenos forestales y preferentemente forestales, cuya elaboración, integración, organización y actualización, es atribución de la Comisión Nacional Forestal, cuyo ejercicio debe basarse en el ordenamiento ecológico del territorio y en los criterios, metodología y procedimientos que para tal efecto establezca la Semarnat, según el artículo 22, fracción VII, de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable. Sin embargo, a más de cinco años de la entrada en vigor de la propia Ley Forestal, la zonificación forestal no ha sido publicada en el Diario Oficial de la Federación, como lo ordena el párrafo segundo del artículo 50 del mismo ordenamiento legal.
Así las cosas, y en virtud de la inexistencia de una zonificación forestal que permita reconocer el uso agrícola o ganadero de las tierras de propiedad ejidal, comunal o de pequeña propiedad, las autoridades ambientales deben reconocer los usos de dichas tierras consignados en el Registro Agrario Nacional o, en su caso, en el Registro Público de la Propiedad.
De ahí que la Profepa debe respetar el uso de las tierras agrícolas propiedad de ejidos, comunidades o pequeños propietarios, y no exigir la autorización de cambio de uso de terrenos forestales a los productores agrícolas que remueven vegetación que no es forestal en términos de ley, remoción que hacen los propietarios en preparación de sus tierras para el cultivo.
Al respecto, es conveniente observar que no existe disposición expresa que faculte a la Profepa o a sus delegaciones, para determinar que las tierras agrícolas, parcial o totalmente, son terrenos forestales. Es decir, que los usos a que fueron originalmente destinados los terrenos, no podrán ser cambiados, sino mediante algún acto jurídico que así lo determine, cumpliendo con las garantías y formalidades legales, correspondientes.
Ante esta situación, siendo respetuosos de las atribuciones de la Profepa, en materia de vigilancia ambiental y con base en los argumentos expresados, estimamos importante que la Cámara de Diputados manifieste su rotundo rechazo a los actos de molestia, imposición de sanciones y ejercicio de acciones penales, que como consecuencia de una interpretación y aplicación equívoca de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, resienten los productores del campo.
Asimismo, se hace necesario que la Profepa, dando vista a la Secretaría de la Función Pública, así como a la Procuraduría General de la República, en el ámbito de sus respectivas competencias, analice las posibles responsabilidades en que hubieren incurrido los servidores públicos por el presumible exceso en el ejercicio de sus atribuciones, frente a los productores agrícolas quienes por presión de la propia autoridad o por desconocimiento de la ley, no agotaron los procedimientos supuestamente aplicables que les permitieran combatir dichas actuaciones.
Por ello, es indispensable que la Profepa se conduzca invariablemente con estricto apego al marco normativo aplicable y con pleno respeto a las garantías de legalidad, de audiencia y de seguridad jurídica, así como la de libertad de dedicarse a cualquier profesión, industria, comercio o trabajo, siempre que sean lícitos, reconocido en la Constitución Federal.
Finalmente, a fin de reforzar lo anteriormente expuesto, debemos hacer énfasis en las diferencias a las que se refiere la Ley Agraria entre terrenos agrícolas y terrenos forestales. Los primeros, son aquellos utilizados para el cultivo de vegetales; los segundos, aquellos utilizados para el manejo productivo de bosques y selvas.
Por otro lado, la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable define como terreno forestal el que está cubierto por vegetación forestal. Como terreno preferentemente forestal, el que habiendo estado en la actualidad no se encuentra cubierto por vegetación forestal, pero por sus condiciones resulta más apto para el uso forestal que para otros usos alternativos, excluyendo los ya urbanizados.
Define también como vegetación forestal el conjunto de plantas y hongos que crecen y se desarrollan en forma natural, formando bosques, selvas, zonas áridas y semiáridas, y otros ecosistemas, dando lugar al desarrollo y convivencia equilibrada de otros recursos y procesos naturales.
De tal manera, dados los muchos casos de incapacidad financiera de productores agrícolas, que los llevan al necesario abandono temporal de sus tierras y, consecuentemente, a suspender sus cultivos, existen numerosos terrenos agrícolas en los que, durante la inactividad productiva, han nacido y crecido vegetales de forma natural, lo cual no implica que dichos terrenos agrícolas, puedan ni deban considerarse como forestales.
Luego entonces, la política de uso de suelo debe estar encaminada a evitar que la producción agropecuaria crezca a costa de los terrenos forestales, o que los terrenos forestales crezcan a costa de la producción agropecuaria.
Ante esta situación, como representante social, solicito la realización de una reunión de trabajo que beneficiando el diálogo por encima de la confrontación, ayude a encontrar mecanismos de solución a la problemática planteada y detenga los actos de molestia en contra de los productores agrícolas, que en nada contribuyen al desarrollo del agro mexicano y provocan el desaliento de esta importante actividad en medio de una crisis alimentaria.
Por lo expuesto, someto a consideración de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, como asunto de urgente y obvia resolución, el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el párrafo segundo del artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, convoca al titular de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, Patricio Patrón Laviada, a una reunión con las comisiones ordinarias correspondientes de la Cámara de Diputados, a fin de que explique de forma detallada las acciones realizadas por ese órgano a su cargo, con relación a las visitas de inspección en terrenos agrícolas en preparación para el cultivo, sus procedimientos y de encontrar mecanismos de solución a la problemática planteada por medio del diálogo.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de agosto de 2009.
Diputado Jesús Manuel Patrón Montalvo (rúbrica)
(Turnada a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos
Naturales. Agosto 26 de 2009.)
CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE
SOLICITAR UN INFORME AL SECRETARIO DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL
SOBRE LAS ACCIONES Y LOS RESULTADOS DE LAS POLÍTICAS PARA PROMOVER
LA CAPACITACIÓN Y LA OBTENCIÓN DE UN TRABAJO POR LOS JÓVENES,
RECIBIDA DEL DIPUTADO CARLOS ALBERTO PUENTE SALAS Y EL SENADOR JAVIER OROZCO
GÓMEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PVEM, EN LA SESIÓN DE
LA COMISIÓN PERMANENTE DEL MIÉRCOLES 26 DE AGOSTO DE 2009
Los suscritos, legisladores integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, de conformidad con lo establecido en el artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 116 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración del pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión la siguiente proposición con punto de acuerdo para solicitar un informe al secretario del Trabajo y Previsión Social sobre las acciones y los resultados de las políticas para promover la capacitación y la obtención de un trabajo en los jóvenes, pormenorizando recursos, número de beneficiarios y resultados por entidad federativa, con base en la siguiente
Exposición de Motivos
En México más de la cuarta parte de la población (27.2 por ciento) es joven (de 15 a 29 años).1
Entre 2005 y 2009 se estima que el número de jóvenes de 15 a 29 años pasó de 28.8 millones a 29.2 millones. Su tasa de crecimiento promedio anual en ese lapso fue de 0.4 por ciento, mientras que la población total del país creció a un ritmo de 0.86 por ciento.
Durante el primer trimestre de 2009 había 14.7 millones de jóvenes económicamente activos, los cuales representan 32.5 por ciento del total de la fuerza de trabajo del país.
El Consejo Nacional de Población estima que en 2009 México tiene 107.6 millones de habitantes; de ellos, 27.2 por ciento son jóvenes de 15 a 29 años.
En el contexto global los jóvenes van buscando oportunidades dentro y fuera del país, por lo que constantemente están migrando en busca de mejores condiciones de vida u opciones educativas o laborales. De hecho, el Conteo de Población y Vivienda de 2005 evidenció que dos de cada cinco personas que cambiaron su residencia habitual entre 2000 y 2005 fueron jóvenes.2
En el ámbito nacional, en 2009 una tercera parte de los jóvenes de 15 a 29 años va a la escuela (33.9 por ciento).
Por entidad federativa, destaca el Distrito Federal (43.4 por ciento) y Sonora (40 por ciento) con la mayor proporción de jóvenes que asiste a la escuela; en el lado opuesto se encuentra Baja California Sur (28.7 por ciento) y Guanajuato (26.4 por ciento) con los menores porcentajes.
En promedio, la población joven tiene 9.7 años de estudio, es decir, cuenta con la educación básica terminada. Sin embargo, de cada 100 jóvenes, 2 no han logrado incorporarse o permanecer en el sistema educativo, 5 tienen primaria incompleta, 11 concluyeron la primaria, 38 cuentan con algún grado aprobado en secundaria, 28 tienen al menos un grado en estudios medios superiores y 16 aprobaron algún grado de superior.
Es preocupante el desempleo de los jóvenes. De resolver hoy esta problemática dependerá la subsistencia del aparato productivo nacional y la competitividad del país, ya que se sabe que los jóvenes constituyen la primera fuerza laboral de los sectores de servicios e industria.
La preocupación mayor para estados como Zacatecas, que no cuentan con una industria consolidada y en expansión que pueda proveer las suficientes oportunidades de empleo, es que jóvenes puedan reclutarse en el crimen organizado a consecuencia de la escasez de políticas que los apoyen para mejorar su calidad de vida.
La opción para frenar la delincuencia organizada es incrementar recursos para generar buenos empleos, y que de este modo los jóvenes tengan acceso a salarios dignos en mi estado como en el resto de las entidades federativas que son azotadas por el desempleo.
La importancia de que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social emprenda urgentemente una política serie de promoción del trabajo de los jóvenes se acentúa por la incapacidad del Estado de proporcionar suficiente oferta educativa, ya que el joven que no tiene escuela se aboca a buscar trabajo.
Por ejemplo, durante el primer trimestre de 2009, la población económicamente activa (PEA) del país entre los 15 y 29 años ascendió a 14.7 millones de personas, cifra que representa 32.5 por ciento de la fuerza de trabajo total. Dicha proporción es inferior en 1.1 puntos porcentuales a la registrada en el mismo trimestre de 2006.
La tasa de participación de los jóvenes en las actividades económicas entre 2006 y 2009 cayó un punto porcentual, al pasar de 53.9 por ciento a 52.9 por ciento, particularmente debido al descenso de la participación económica de los hombres jóvenes, de 70.9 por ciento a 68.8 por ciento.
La desocupación entre los jóvenes entre 2006 y 2009 pasó de 904 mil a 1 millón 248 mil, lo que significó un crecimiento de 344 mil desocupados en estos años; la tasa de desocupación durante el periodo creció de 6.2 por ciento a 8.5 por ciento. Este fenómeno afectó más a las mujeres jóvenes, cuya tasa de desocupación en el primer trimestre de 2009 ascendió a 9.1 por ciento, y la de los hombres se ubicó en 8.1 por ciento.
La subocupación también creció en el periodo, al pasar de 5.7 por ciento en 2006 a 7.5 por ciento en 2009; afectó a más de 1 millón de jóvenes con necesidad y disponibilidad de ofertar más tiempo de trabajo.
Los jóvenes ocupados sumaron cerca de 13.5 millones; de ellos 50.8 por ciento se concentra en las localidades de 100 mil y más habitantes; 20.6 por ciento en localidades rurales (menos de 2 mil 500 habitantes), 14.8 por ciento en localidades de 15 mil a menos de 100 mil, y 13.8 por ciento en áreas de 2 mil 500 a menos de 15 mil habitantes.
El estado de México, Jalisco y el Distrito Federal constituyen los mercados de trabajo más grandes del país para los jóvenes, con 1.8 millones en el primer caso y 1 millón de jóvenes ocupados en cada una de las otras dos entidades federativas, que representan en conjunto 28.1 por ciento del total de jóvenes ocupados en el país; les sigue Veracruz (821 mil), Puebla (739 mil), Guanajuato (660 mil) y Nuevo León (625 mil). En el otro extremo, están las entidades con menor mercado laboral: Baja California Sur (88 mil), Colima (91 mil), Campeche (109 mil) y Nayarit (133 mil).
De los jóvenes ocupados, 60.6 por ciento labora en los servicios y el comercio, 26.7 por ciento en la industria, 12 por ciento en las actividades agropecuarias y 0.7 por ciento no especificó en qué sector de actividad económica labora. Por su posición en la ocupación, 8 de cada 10 jóvenes ocupados (79.3 por ciento) son trabajadores subordinados y remunerados; los trabajadores no remunerados representan 110.1 por ciento; los trabajadores por cuenta propia, 9.4 por ciento; y los empleadores 1.2 por ciento.
Según la jornada de trabajo, 877 mil jóvenes trabajan menos de 15 horas semanales, cifra que representa 6.5 por ciento del total de jóvenes ocupados y en el extremo contrario se ubican 3.6 millones de jóvenes que laboran más de 48 horas semanales, equivalente a 27.1 por ciento.
En cuanto a sus ingresos, 39 por ciento de los jóvenes percibe hasta 2 salarios mínimos, 23.5 por ciento más de 2 y hasta 3 salarios mínimos, y 20.7 por ciento obtiene más de 3 salarios mínimos por su trabajo; en cambio, 10.6 por ciento no recibe ingresos y 6.2 por ciento no declaró sus ingresos.3
Por lo anterior, como legisladores compartimos la insatisfacción de miles de ciudadanos que nos han hecho referencia que los sistemas Chambanet son pobres y sólo están dirigidos para empleos mal remunerados, las becas para capacitación para el trabajo padecen de opacidad al momento de conocer las fechas en que se pueden tramitar en el año y acceder a las mismas, las ferias del empleo son insuficientes y no llegan a todos los estados y, finalmente, existen pocas áreas de atención para el trabajo de grupos vulnerables y discapacitados.
En tal virtud, creemos que la evaluación del trabajo de los jóvenes arroja un resultado positivo. Por ello solicitamos un informe que permita dar continuidad a las acciones emprendidas por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social pero que al mismo tiempo muestre resultados de los trabajos realizados, en un documento que en el ámbito de la agenda estatal puede hacerse visible el esfuerzo de estos años ha emprendido ésta secretaría.
Por todo lo anterior, y en virtud de la preocupación real del Partido Verde Ecologista de México, sometemos a su consideración la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita respetuosamente al secretario del Trabajo y Previsión Social que remita un informe sobre las acciones y los resultados de las políticas emprendidas por esa dependencia del gobierno federal para promover la capacitación y la obtención de un trabajo en los jóvenes, pormenorizando recursos, número de beneficiarios y resultados por entidad federativa de 2007, 2008 y 2009.
Dado en el Senado de la República, sede de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a 26 de agosto de 2009.
Notas
1. Proyecciones del Consejo Nacional de Población
de 2009.
2. Aproximadamente de 2.7 millones de migrantes, entre
internos e internacionales (3.0 por ciento de la población de 5
años y más), de este total 1.06 millones son jóvenes
de entre 15 y 29 años de edad.
3. Datos del Inegi.
Diputado Carlos Puente Salas
Senador Javier Orozco Gómez (rúbrica)
(Turnada a la Comisión de Juventud y Deporte. Agosto
26 de 2009.)
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA EXHORTAR
AL SECRETARIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA A IMPULSAR EN ZACATECAS
UN PROGRAMA ESPECIAL PARA EL DESARROLLO DE HABILIDADES TECNOLÓGICAS
A TRAVÉS DEL SISTEMA NACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA
DE LA SEP, RECIBIDA DEL DIPUTADO CARLOS ALBERTO PUENTE SALAS Y DEL SENADOR
JAVIER OROZCO GÓMEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PVEM, EN LA SESIÓN
DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL MIÉRCOLES 26 DE AGOSTO DE 2009
Los suscritos Legisladores integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, de conformidad con lo establecido en el artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; en el artículo 116 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración del Pleno de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión la proposición con punto de acuerdo para exhortar al titular de la Secretaría de Educación Pública a impulsar un programa especial para el desarrollo de habilidades tecnológicas en el estado de Zacatecas a través del Sistema Nacional de Educación Superior Tecnológica de la SEP, con base en la siguiente
Exposición de Motivos
Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) Zacatecas cuenta con una población de un millón 367 mil 692 habitantes, que representa el 1.3 por ciento del total del país.
Por lo que respecta a la distribución de población en la entidad, la mayoría habita en las zonas urbanas, cerca del 57 por ciento, y el restante 43 por ciento habita en el medio rural; a nivel nacional su asentamiento representa 76 por ciento y 24 por ciento respectivamente.
Zacatecas aporta el 0.8 por ciento al producto interno bruto del país, su actividad económica se sostiene principalmente del sector servicios, la minería y una parte destacada de la producción agrícola nacional.
Sin embargo, por su orografía accidentada y falta de recursos hídricos el desarrollo en esta región del país, acentúa las dificultades de progreso aunado a que el INEGI reporta que tres de cada mil personas sólo hablan lengua indígena.
El impacto social de la escolaridad es profundo ya que la mayoría de la población solo cuenta con el primer grado de secundaria, reconociendo el INEGI que el estado se encuentra en el 8.1 el promedio nacional.
Para abatir estos rezagos se destinaron a través Ramo 33, "Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios" por 7 mil 617.1 millones de pesos esto es 0.9 por ciento más a lo presupuestado en 2008 con 7,206.1 millones de pesos. De estos recursos se destinaron a la Educación Básica y Normal (FAEB) 4,684.8 millones de pesos, esto es 0.94 por ciento más que en 2008.
En cuanto a las características del sector educativo el INEGI reposta que en el ciclo escolar 2005/2006 Zacatecas se hallaba en el 7 lugar nacional en cuanto a la capacidad de alumnos por maestro con el 18.5 por ciento sin embargo en el ciclo escolar 2006/2007 el Estado cayo dos posiciones para ubicarse en el noveno lugar a nivel nacional.
En lo que respecta al nivel superior en el ciclo 2005/2006 Zacatecas ocupo el lugar 18 a nivel nacional contando con 10.1 alumnos por maestro, al año siguiente el ciclo 2006/2008 la población escolar se incremento al pasar de 27.2 miles de alumnos a 27.8 miles de alumnos, por lo que mejoro su lugar a nivel nacional alcanzando la posición 17.
De cada 100 personas de 15 años y más
23 tienen la primaria incompleta.
21 concluyeron la primaria.
5 no tienen la secundaria concluida.
20 finalizaron la secundaria.
5 no concluyeron la educación media superior.
8 completaron la educación media superior.
3 no concluyeron la educación profesional.
6 finalizaron la educación profesional.
1 tiene estudios de posgrado.
Es por eso que, el presente punto de acuerdo reconoce el éxito que en otras entidades federativas ha tenido los programas de la formación de emprendedores y la incubación de negocios de base tecnológica que han tenido su origen en el Sistema Nacional de Educación Superior Tecnológica. A la fecha han participado 15 mil estudiantes en 3 mil proyectos de creatividad; 5 mil estudiantes en 800 proyectos de emprendedores y se han creado 15 incubadoras de empresas.
En la actualidad, 194 institutos tecnológicos han logrado certificar su proceso educativo por normas internacionales ISO 9001:2000, y dos cuentan con el certificado bajo la norma ISO 14000.
Por lo que como lo han solicitado los alumnos del Estado se requiere de una formación en las nuevas áreas con potencial y futuro, así podrán integrarse mejor al mercado laboral y convertirse en la fuente profesional de la ingenieros ambientales, biotecnólogos, ingenieros en robótica, mecatrónica, entre otras profesiones que el desarrollo de la revolución industrial y tecnológica que vivimos en nuestros días lo permita.
Finalmente, el Partido Verde refrenda su preocupación por los jóvenes y las generaciones futuras, por lo que consideramos que debe acentuarse los recursos y los esfuerzos hacia los Institutos Tecnológicos ya que serán las áreas de mayor rentabilidad en un futuro cercano y darán mayores capacidades al país para reaccionar a los cambios tecnológicos, sin dejar de lado que la oferta educativa de esta especialidad es pertinente para el desarrollo de las regiones del país que subsisten gracias a un sector industrial moderno.
Por todo lo anterior y en virtud de la preocupación real del Partido Verde Ecologista de México, sometemos a su consideración la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Educación a impulsar un programa especial para el desarrollo de habilidades tecnológicas en el estado de Zacatecas a través del Sistema Nacional de Educación Superior Tecnológica de la SEP.
Dado en el Senado de la República, sede de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a 26 de agosto de 2009.
Diputado Carlos Puente Salas (rúbrica)
Senador Javier Orozco Gómez (rúbrica)
(Turnada a la Comisión de Educación Pública
y Servicios Educativos. Agosto 26 de 2009.)
CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE
SOLICITAR UN INFORME AL DIRECTOR GENERAL DE LA CONAGUA SOBRE VOLUMEN, DISPONIBILIDAD
PARA CONSUMO HUMANO, AGRÍCOLA E INDUSTRIAL, HIDROMETRÍA DE
EXTRACCIONES, PRUEBAS DE BOMBEO, MUESTREO Y ANÁLISIS FÍSICO-QUÍMICO
DEL AGUA, SUBTERRÁNEA Y SUPERFICIAL, DE LOS ACUÍFEROS IDENTIFICADOS
EN ZACATECAS, RECIBIDA DEL DIPUTADO CARLOS ALBERTO PUENTE SALAS, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PVEM, EN LA SESIÓN DE LA COMISIÓN PERMANENTE
DEL MIÉRCOLES 26 DE AGOSTO DE 2009
Los suscritos, legisladores integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, de conformidad con lo establecido en los artículos 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión proposición con punto de acuerdo a fin de solicitar un informe al director general de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) sobre volumen, disponibilidad para consumo humano, agrícola e industrial, hidrometría de extracciones, pruebas de bombeo, muestreo y análisis físico-químico del agua, subterránea y superficial, de los acuíferos identificados en Zacatecas, con base en la siguiente
Exposición de Motivos
No debe esperarse a que lleguemos a la catástrofe de no tener agua para el consumo humano, ya que las tesis señalan que es cuestión de 10 días que una persona fallezca si no ingiere el liquido, de pocas semanas de que una cosecha se pierda y cuestión de un mes para que ciudades enteras caigan en el caos total.
El Unicef y la OMS en su informe político de abastecimiento y saneamiento de agua de 2000 estiman que hasta hoy mil millones de personas no tienen acceso a ningún abastecimiento de agua, y que 2 mil 400 millones de personas no tienen acceso a agua potable.
En consecuencia, en los países subdesarrollados 2.2 millones de personas, en su mayoría niños, mueren cada año por enfermedades asociadas a la contaminación y carencia de agua potable segura.
Los seres humanos necesitamos de 20 a 50 litros de agua potabilizada todos los días para el consumo.
México vive una distribución y un acceso desiguales al agua: más de 10 millones de personas en el país carecen de agua potable.
La disponibilidad natural media per cápita ha decaído progresivamente los últimos 50 años, en forma desproporcionada a la captación del recurso; en 1950 la disponibilidad era de 18 mil 35 metros cúbicos por habitante al año (m3/hab/año), en 2000 de 4 mil 771 m3/hab/año y en 2006 de 4 mil 416 m3/hab/año.
El grado de presión sobre el recurso hídrico supera 70 por ciento del territorio.
Zacatecas cuenta con 35 de las mil 710 plantas de tratamiento de aguas residuales municipales a escala nacional.
De la precipitación nacional de 2006, de 808 milímetros, Zacatecas apenas alcanzó la mitad, con 455 milímetros, así como, con relación a la disponibilidad per cápita nacional por metro cúbico por habitante al año de 4 mil 416 m3/hab/año, Zacatecas se halla en la región VII, Cuenca Central del Norte, la cual presenta una disponibilidad ni siquiera de la mitad, 2 mil 55 m3/hab/año.
En consecuencia, son urgentes las medidas que el organismo regulador emprende no sólo para abastecer de agua potable y supervisar que no se contamine el recurso.
Por todo lo anterior y en virtud de la preocupación real del Partido Verde Ecologista de México, sometemos a su consideración la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión solicita respetuosamente al director general de la Comisión Nacional del Agua que remita un informe sobre volumen, disponibilidad per cápita para consumo humano, agrícola e industrial, hidrometría de extracciones, pruebas de bombeo, muestreo y análisis físico-químico del agua, subterránea y superficial, de los acuíferos identificados en el estado de Zacatecas.
Dado en el Senado de la República, sede de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a 26 de agosto de 2009.
Diputado Carlos Alberto Puente Salas
Senador Javier Orozco Gómez (rúbrica)
(Turnada a la Comisión de Recursos Hidráulicos.
Agosto 26 de 2009.)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA AL SECRETARIO DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL A INVESTIGAR
LA CREACIÓN, DURANTE LOS TRES ÚLTIMOS AÑOS, DE SINDICATOS
DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS CON LA FINALIDAD DE EVADIR CONTRIBUCIONES
Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL, RECIBIDA DEL DIPUTADO HUMBERTO LÓPEZ
LENA CRUZ EN LA SESIÓN DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL MIÉRCOLES
26 DE AGOSTO DE 2009
El suscrito, Humberto López Lena Cruz, diputado federal a la LX Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicita al licenciado Javier Lozano Alarcón, secretario del Trabajo y Previsión Social, que, en uso de sus facultades, haga una investigación de los 3 años anteriores al día de hoy, de los sindicatos de prestación de servicios creados con la única finalidad de evadir el pago de contribuciones y aportaciones de seguridad social.
Consideraciones
En los últimos años la autoridad hacendaria ha detectado conductas de evasión fiscal en esquemas agresivos de sustitución laboral que se realizan utilizando la naturaleza jurídica de diversas sociedades mercantiles, mejor conocido como outsourcing.
Dichos esquemas agresivos consisten en transferir a los trabajadores de las empresas a sociedades cooperativas, sociedades en nombre colectivo, empresas integradoras o sindicatos, con el propósito de evitar el pago de reparto de utilidades, impuestos federales y locales, aportaciones de seguridad social y demás obligaciones laborales en perjuicio de los trabajadores.
A la fecha la autoridad tiene identificadas únicamente a 5 mil 438 sociedades cooperativas de producción de servicios, de las cuales 235 se ubican en los esquemas agresivos; éstas últimas prestan sus servicios a 3 mil 798 clientes, principalmente en los estados de Oaxaca, Quintan roo, Jalisco, Nuevo León, Distrito Federal y Yucatán.
A partir de 2007, la Secretaría de Hacienda ha intensificado el programa de fiscalización dirigido a las sociedades cooperativas, a los asesores, a los clientes y a empresarios vinculados, disminuyéndose en forma significativa la creación de nuevas cooperativas.
Con lo anterior, las empresas encargadas de promover este tipo de esquemas contables agresivos dejaron de crear sociedades cooperativas o en nombre colectivo, pero se han dedicado a buscar nuevas salidas contables para seguir evadiendo al fisco mexicano, y esto ha sido a través de los sindicatos.
Quiero recordar que los sindicatos nacieron en nuestro país en las primeras décadas del siglo XX, cuando de la lucha revolucionaria se estableció finalmente en la Constitución el derecho de la libertad de asociación; pero sobre todo para que se diera el respeto y la lucha por los intereses laborales de todos los trabajadores y evitar los abusos de poder en las relaciones obrero-patronales.
Y ahora, los sindicatos son utilizados por las empresas que se dedican a ofrecer este tipo de servicios como una alternativa para continuar con la evasión fiscal.
La autoridad ha detectado dos conductas que involucran a sindicatos para evadir o disminuir el pago de contribuciones y aportaciones de seguridad social, las cuales son las siguientes:
2. Remuneración de personal mediante cuotas sindicales.
Quiero puntualizar que el sindicato creado para la prestación de servicios, funciona de la siguiente manera:
Un despacho de asesores ofrece a una empresa satisfacer sus necesidades de personal mediante la creación de un sindicato de prestación de servicios.
Una vez creado, la empresa traslada su planta laboral al sindicato referido, estos nuevos sindicatos, en su mayoría, no son registrados directamente ante la Secretaria de Trabajo y Previsión Social, sino que se afilian muchas veces a través de las diferentes organizaciones gremiales como es el caso de la Confederación Revolucionaria de Obreros Campesinos.
Ya constituido el sindicato lo inscriben ante el registro federal de contribuyentes, solicita comprobantes fiscales a través de un impresor autorizado y tramita apertura de cuentas bancarias.
Luego la empresa paga al sindicato por los servicios recibidos mediante cheque o a través de una transferencia electrónica.
Y con todo este movimiento, el sindicato emite factura con IVA desglosado, no paga ISR ni IETU por los ingresos derivados de la prestación de los servicios, toda vez que tributa conforme al régimen de las personas morales con fines no lucrativos y no son contribuyentes de dichos impuestos.
Es sabido, que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social tiene como obligación vigilar la observancia y aplicación de las disposiciones relativas contenidas en el artículo 123 y demás de la Constitución Federal, en la Ley Federal del Trabajo y en sus reglamentos; ya que toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil, pero al parecer la Secretaría del Trabajo más allá de defender los derechos de los trabajadores que integran los sindicatos, está haciendo caso omiso de esta nueva forma de operar de las empresas que se dedican al outsourcing.
El pasado 9 de julio se publicó en el Diario Oficial de la Federación una reforma al artículo 15-A de la Ley del Seguro Social, donde se establece que cuando un patrón o sujeto obligado en virtud de un contrato de cualquier tipo, ponga a disposición trabajadores u otros sujetos de aseguramiento (por ejemplo, socios cooperativistas) para que ejecuten servicios bajo la dirección del beneficiario de los mismos, en las instalaciones que éste determine, el beneficiario asumirá las obligaciones establecidas en la Ley del Seguro Social en relación con dichos trabajadores, si el patrón formal omite darles cumplimiento, siempre y cuando el IMSS hubiese notificado previamente al patrón el requerimiento correspondiente y éste no lo hubiere atendido.
Dicha reforma basada en la obligación solidaria del beneficiario de los servicios y ayuda a combatir el outsourcing a través de la constitución de sociedades cooperativas, sociedades en nombre colectivo, empresas integradoras, no así en lo que respecta a los sindicatos.
Por tal motivo el presente punto de acuerdo tiene como finalidad obligar a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a hacer una investigación de fondo de los sindicatos creados de 3 años anteriores al día de hoy y que fueron gestados de mala fe, con el único fin de evadir al fisco, lo que conlleva a que la Secretaría de Hacienda deje de percibir una gran cantidad de ingresos por estos conceptos.
Lo anterior con fundamento en los artículos 123 Constitucional y 40, fracciones I y IX, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
Por lo expuesto, me permito someter a consideración de la Comisión Permanente el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Por el que se exhorta al licenciado Javier Lozano Alarcón, secretario del Trabajo y Previsión Social, a hacer, en uso de sus facultades, una investigación, de 3 años anteriores al día de hoy, de los sindicatos de prestación de servicios creados con la única finalidad de evadir el pago de contribuciones y aportaciones de seguridad social.
Diputado Humberto López Lena Cruz (rúbrica)
(Turnada a la Comisión de Trabajo y Previsión
Social. Agosto 26 de 2009.)
CON PUNTO DE ACUERDO, DE URGENTE
U OBVIA RESOLUCIÓN, MEDIANTE EL CUAL SE ESTABLECEN Y DEFINEN LAS
PRINCIPALES ASIGNATURAS Y LOS RETOS PENDIENTES PARA LA LXI LEGISLATURA
RESPECTO A UNA AGENDA QUE BENEFICIE A LOS MIGRANTES, SUSCRITA POR LOS DIPUTADOS
ANTONIO VALLADOLID RODRÍGUEZ (PAN) Y JOSÉ JACQUES Y MEDINA
(PRD) Y RECIBIDA EN LA SESIÓN DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL
MIÉRCOLES 26 DE AGOSTO DE 2009
Los que suscriben, diputados federales Antonio Valladolid Rodríguez y José Jacques y Medina, presidente y secretario, respectivamente, de la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos someten a consideración del Pleno de la Comisión Permanente proposición con punto de acuerdo, al tenor de los siguientes antecedentes y consideraciones:
Consideraciones
1. En Estados Unidos de América residen 12.7 millones de ciudadanos mexicanos. En la Carta Magna queda muy claro que la nacionalidad o la ciudadanía no se pierden al emigrar; por tanto, los migrantes siguen siendo mexicanos, con los mismos derechos y las obligaciones que quienes nos encontramos en territorio nacional. Luego entonces, es deber del Congreso mexicano velar por la protección, la defensa y el bienestar de los migrantes, sus familias y comunidades de origen, así como legislar y tomar acciones contundentes en favor de ellos.
2. La decisión de emigrar responde al legítimo deseo y a la genuina aspiración de perseguir una vida mejor, procurar el desarrollo personal y familiar, y encontrar oportunidades que muchas veces son negadas en nuestro propio suelo. Por tanto, debemos reconocer la valentía y el coraje de los migrantes.
3. Las remesas familiares que envían los migrantes a sus familiares y cercanos en México constituyen desde hace varios años la segunda principal fuente de divisas internacionales, sólo superadas por los ingresos derivados de la venta de petróleo. El año pasado, con todo y crisis mundial, ingresaron en el país 25 mil 145 millones de dólares por concepto de remesas.
4. Lo que México recibe de remesas, lo que recibimos de los migrantes, equivale a 7 veces el programa Oportunidades y a 10 veces el gasto federal en materia de seguridad pública.
5. Dos millones de hogares (7 por ciento de la cifra nacional) se benefician de la recepción de remesas de los migrantes, que representan 3 por ciento del producto interno bruto nacional y 130 por ciento de la inversión extranjera directa.
5. La profesionalización de la actividad legislativa en el país implica una mínima continuidad de las políticas y estrategias en la transición de una legislatura a la otra. Por tanto, es necesario hacer un corte de caja para que los diputados federales integrantes de la LXI Legislatura, al lado de los senadores, tengan un diagnóstico muy preciso y un mapa de ruta que les señale cuáles han de ser las prioridades y los principales temas por tratar y resolver, en este caso, en materia de una agenda en beneficio de los migrantes.
Por las consideraciones expuestas, sometemos a consideración de esta asamblea los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión establece y define las principales asignaturas y los retos pendientes para la LXI Legislatura, en cuanto a una agenda que beneficie a los migrantes, a saber:
Apoyar iniciativas y propuestas que garanticen a los migrantes el acceso a servicios de salud de calidad, ya que alrededor de 60 por ciento de ellos no cuenta con ningún tipo de seguro de salud a su alcance, ni público ni privado. Para este propósito, valdría la pena explorar dos caminos: la ampliación del Seguro Popular, para que llegue y beneficie también, de manera ágil, a los migrantes en Estados Unidos y a sus familiares en México; y, por otra parte, la propuesta y el modelo generados desde el Instituto Nacional de Salud Pública denominada "Seguro Binacional de Salud", que ha sido desarrollada ya ampliamente en todas sus facetas mediante dicho instituto, en coordinación con autoridades mexicanas y estadounidenses, así como académicos e investigadores prestigiados de ambos países.
Promover programas y estrategias innovadores y de gran calado para generar desarrollo y oportunidades, y multiplicar la creación de empleos en las zonas y regiones expulsoras de migrantes en el país, para que la migración sea cada vez más una opción y no una necesidad.
Favorecer una mayor asignación y dotación de recursos para fortalecer la política migratoria, a través del Instituto Nacional de Migración, así como para el programa 3 x 1 para Migrantes, en su vertiente de proyectos productivos (Sedesol), y de los diversos programas de protección y defensa de migrantes de la Secretaría de Relaciones Exteriores.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de agosto de 2009.
Diputados: Antonio Valladolid Rodríguez, José Jacques y Medina (rúbricas).
(Turnada a la Comisión de Población, Fronteras
y Asuntos Migratorios. Agosto 26 de 2009.)
Integración de la Comisión
La Junta de Coordinación Política, de conformidad con el numeral 4 del artículo 46 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, informó de la formación de los Grupos de Amistad que fueron integrados en la LX Legislatura.
El Grupo de Amistad México-Costa Rica está integrado por los siguientes diputados:
Margarita Arenas Guzmán, presidenta; Adriana Díaz Contreras, Mayra Gisela Peñuelas Acuña, secretarias; Víctor Aguirre Alcaide, Gerardo Aranda Orozco, Efraín Arizmendi Uribe, Aída Marina Arvizu Rivas, Pascual Bellizzia Rosique, Arnulfo Elías Cordero Alfonzo, Jorge Godoy Cárdenas Jorge, Abundio Peregrino García y Édgar Martín Ramírez Pech.
Por acuerdo de la Junta de Coordinación Política, aprobado el 20 de junio de 2008 la diputada Guadalupe García Noriega causó baja en el grupo y fue sustituida por el diputado Pascual Bellizzia Rosique.
Plan de trabajo del Grupo de Amistad México-Costa Rica
El presente plan de trabajo tiene la finalidad de organizar y establecer los compromisos y retos que deberá alcanzar este grupo de amistad, y con ello lograr la atención y el seguimiento de los vínculos bilaterales con órganos de representación popular de los países con los que México sostiene relaciones diplomáticas, de acuerdo con lo establecido por el numeral 4 del artículo 46 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
Las relaciones bilaterales son, sin lugar a duda, una herramienta necesaria y esencial para la orientación y el posicionamiento del desarrollo de cualquier país, las cuales deben ser enfocadas a la protección de los derechos de cada cual, logrando con ello relaciones diplomáticas o consulares que beneficien a los países participantes.
El grupo dará seguimiento a las relaciones entre México y Costa Rica, así como a la ejecución de los compromisos que se establezcan. Por tanto, se desempeñará como organizador de los diálogos entre representantes de ambas naciones, a fin de identificar intereses mutuos que deriven negociaciones e instrumentos o proyectos internacionales.
Misión
La misión se enfocará a ampliar y profundizar las relaciones entre ambos países, a fin de consolidar avances económicos, culturales y de cooperación para beneficio mutuo. Asimismo, preservará y fortalecerá las relaciones y convenios ya existentes e impulsará la creación de otros, y promoverá los temas y las tareas que sean propuestas por los integrantes de dicho grupo.
Visión
México y Costa Rica siempre han promovido sus intereses a un gran nivel, en un contexto de paz y respeto al derecho internacional, por medio de la colaboración entre el gobierno y los diversos actores sociales. Por tanto, son naciones con una vinculación profunda entre sí y sus comunidades, y al ser visionarios en sus desafíos y éxitos, han contribuido con mejoras en aspectos culturales, educativos y científicos, entre otros.
Antecedentes
l. Asuntos políticos
La Capitanía General de Guatemala (que comprendía el territorio que hoy ocupan Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica) logró su independencia de España en 1821, y permaneció unida a México hasta 1823. A partir de 1824 las provincias que formaban la capitanía decidieron formar la Federación de Estados Centroamericanos, que se mantuvo unida hasta 1838, fecha en que se disolvió para formar repúblicas libres e independientes.
En ese mismo año, México reconoció a la recién creada República de Costa Rica. En las primeras décadas del siglo XX se establecieron en forma permanente legaciones con ministros residentes. Así, en1929 se construyó el edificio que ocupa actualmente la Embajada de México en Costa Rica, que hoy día es una de las construcciones tradicionales de San José. Un episodio importante de las relaciones bilaterales ocurrió en 1948, cuando la mediación diplomática mexicana en la guerra civil costarricense de ese año culminó con la suscripción del Pacto de la Embajada de México.
Dicho pacto dio inicio a la llamada Segunda República, la cual sentó las bases democráticas, sociales, civilistas e institucionales de la Costa Rica actual. La primera visita de un mandatario mexicano a Costa Rica fue realizada por el presidente Gustavo Díaz Ordaz, en 1966. A partir de entonces se han registrado numerosos encuentros presidenciales. En la década de los ochenta, la mediación de México en el conflicto centroamericano mediante el Grupo Contadora, junto con la venta de petróleo a la región mediante el Acuerdo de San José, y el ingreso de México como socio extrarregional del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) incrementaron la interacción mexicana-costarricense.
La creación de la Comisión Mexicana para la Cooperación con Centroamérica, en 1990; el establecimiento del Mecanismo de Tuxtla, en 1991; y, la suscripción del Tratado de Libre Comercio con Costa Rica, que entró en vigor en enero de 1995, dieron un nuevo impulso a la relación bilateral y alentaron la llegada a Costa Rica de empresas y empresarios mexicanos.
Actualmente México ha redoblado sus esfuerzos de acercamiento a Centroamérica mediante iniciativas como el Plan Puebla-Panamá, en el marco del Mecanismo de Tuxtla, establecido el 15 de junio de 2001, en San Salvador, así como el ingreso de México en calidad de observador en el SICA, el 11 de noviembre de 2004. Además, en los últimos años, el diálogo político al más alto nivel ha sido constante y fructífero.
México y Costa Rica cuentan con diversos mecanismos bilaterales que fortalecen sus vínculos de cooperación en todas las áreas, tales como: la comisión binacional entre ambos países, establecida en 1991; el Comité México-Costa Rica de Cooperación para combatir el Narcotráfico y la Farmacodependencia; la Comisión Mixta de Cooperación Técnica y Científica; y la Comisión Mixta de Cooperación Educativa y Cultural.
De igual manera, ambos países mantienen un diálogo constante en el marco de los mecanismos regionales de cooperación México-Centroamérica:
2. Plan Puebla-Panamá. Esfuerzo de desarrollo que involucra a los nueve estados del sureste mexicano y las naciones centroamericanas, integrado por ocho Iniciativas Mesoamericanas, cuya responsabilidad recae en alguno de estos países: Promoción del Turismo (Belice); Integración Vial (Costa Rica); Integración de los Servicios de Telecomunicaciones (El Salvador); Interconexión Energética (Guatemala); Facilitación del Intercambio Comercial (Honduras); Desarrollo Humano (México); Desarrollo Sustentable (Nicaragua); y Prevención y Mitigación de Desastres Naturales (Panamá).
El objetivo fundamental del Plan Puebla-Panamá es mejorar la calidad de vida de los habitantes de la región territorial comprendida en la región sur-sureste de México y los países de Centroamérica.
Las relaciones de amistad y cooperación entre México y Costa Rica trascienden con mucho el ámbito gubernamental y se extienden a todos los aspectos de la vida de ambos países. En los últimos años, México se ha convertido en el segundo socio inversionista de Costa Rica. De igual manera, según datos de las autoridades migratorias del aeropuerto Juan Santamaría, México ocupa el segundo lugar por el número de turistas que ingresan al país por vía aérea.
La comunidad mexicana en Costa Rica, aunque su número es altamente fluctuante, se estima que asciende a 2 mil 500 personas. Existen tres asociaciones que agrupan a la comunidad mexicana: la Asociación Cívica Cultural Mexicana, el Club México y la Cámara de Industria y Comercio Costa Rica-México. De igual manera, cuatro órdenes religiosas mexicanas tienen presencia en territorio costarricense.
Existen además diversas asociaciones de profesionistas costarricenses egresados de universidades mexicanas. De ellos el grupo más numeroso lo forman los médicos graduados en la UNAM y se encuentra en proceso de consolidación la Asociación de Egresados de la UNAM. La programación de los medios de comunicación mexicanos, especialmente Televisa y Tv Azteca, es muy extendida, ya sea de manera directa o mediante las cadenas locales. Lo mismo ocurre con el cine y la música de México. Un elemento de suma importancia para la difusión de la cultura mexicana en Costa Rica es el Instituto de México, creado en 1988, con el nombre de Centro Cultural de México. El propósito principal de su fundación fue no sólo convertirlo en un centro difusor y promotor del arte y la cultura de México, sino esencialmente en un espacio dedicado al diálogo cultural permanente entre ambos países.
El instituto ofrece servicios de biblioteca y de documentación sobre temas mexicanos, para lo cual cuenta con más de 10 mil volúmenes, entre libros y revistas. Se encarga también de proporcionar información turística sobre los destinos que ofrece la República Mexicana. Tiene galería de arte, dedicada a la presentación de exposiciones de artes visuales (pintura, fotografía, escultura), y salón de usos múltiples, en el que permanentemente se llevan a cabo diversos eventos, como seminarios, conferencias, mesas redondas, presentaciones de libros y revistas, recitales musicales y de canto, y puestas en escena, organizados tanto por la embajada, como por entidades y organizaciones locales. Con el auspicio de la Secretaría de Relaciones Exteriores, el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes y Cemex, el Instituto de México promueve y organiza desde 1997 el Premio Hispanoamericano de Poesía Sor Juana Inés de la Cruz, que habiendo nacido en Costa Rica, se ha convertido en uno de los más importantes del mundo hispánico.
2. Asuntos económicos
Las relaciones comerciales bilaterales se rigen desde el 10 de enero de 1995 por el Tratado de Libre de Comercio suscrito el 5 de abril de 1994. A nueve años de vigencia del TLC, el intercambio comercial se ha incrementado 650 por ciento, al pasar de 122.1 millones de dólares en 1994, a 915.7 millones de dólares en 2003. De 1998 a 2003, Costa Rica fue el primer país proveedor centroamericano para el mercado mexicano. Asimismo, México se ha convertido en el segundo proveedor externo más importante de Costa Rica.
El TLC brinda un marco jurídico que da solidez a las relaciones comerciales entre los dos países y acceso preferencial a los productos de un país al otro. A la fecha el acuerdo otorga libre comercio a 89 por ciento de los productos de Costa Rica a México y a 81 por ciento de los productos de México a Costa Rica. Abarca un ámbito más amplio que el comercio de bienes, extendiéndose a temas como servicios, inversiones, propiedad intelectual y compras gubernamentales. Considera la implantación de un programa de desgravación arancelaria en tres etapas: inmediata, a 5 años, y a 10 años. Ambos países acordaron excepciones a este esquema de desgravación en sectores sensibles como el agropecuario, el textil y el automotriz.
Durante el periodo enero-agosto de 2004, las exportaciones de México a Costa Rica fueron de 230.4 millones de dólares y las importaciones provenientes de Costa Rica alcanzaron los 500.1 millones de dólares, generando un déficit acumulado en la balanza comercial de 269 7 millones de dólares. Cabe destacar las importaciones que ha realizado México en este periodo provenientes de la industria electrónica de alta tecnología costarricense, por un monto de 328.3 millones de dólares, lo que representó 65.6 por ciento del total importado.
La inversión mexicana acumulada en Costa Rica entre 1995 y 2003 asciende aproximadamente a 400 millones de dólares. La inversión mexicana se concentró principalmente en áreas tales como industria alimentaria, comercio, servicios y construcción.
Entre enero de 1994 y diciembre de 2002 las empresas con capital costarricense en México realizaron inversiones por 21.7 millones de dólares. A junio de 2004 se contaba con el registro de 81 sociedades con participación de capital costarricense, esto es, 0.3 por ciento del total de sociedades con inversión extranjera directa registradas en México (30 mil 395). De tales empresas 30 se dedicaban al sector servicios, 28 al comercio y 18 a la industria manufacturera, y se localizaban principalmente en el estado de México, Chiapas, Yucatán, el Distrito Federal y Jalisco.
Por tanto, la política exterior mexicana ha proyectado una política dual; asimismo, ha hecho mayor énfasis en los asuntos económicos.
3. Cooperación técnica y científica
La cooperación internacional para el desarrollo forma parte de los siete principios normativos que conducen la política exterior y la celebración de tratados internacionales de México (artículo 89, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos). Involucra la movilización de recursos tanto financieros como humanos, técnicos y tecnológicos.
Como parte de las áreas de implantación de la cooperación internacional para el desarrollo, México promueve a la cooperación técnica y científica como una herramienta para consolidar las capacidades nacionales e incorporarlas a los avances internacionales mediante el intercambio de experiencias y conocimientos. Actualmente, México ejecuta acciones de cooperación en el marco de diversos organismos y mecanismos internacionales y regionales, y cuenta con lazos de cooperación con 46 países de mundo, como receptor y oferente de la misma, además de que brinda cooperación horizontal a otras naciones.
La cooperación técnica y científica entre México y Costa Rica se desarrolla en el marco del Convenio Básico, firmado en San José el 30 de junio de 1995 y prorrogado en 2004 por cinco años más. Dicho convenio promueve programas y proyectos de cooperación que inciden de manera positiva en el avance económico y social de ambos países, de acuerdo con los planes nacionales de desarrollo y mediante la participación de los sectores público, privado y social, además de las universidades, las instituciones de investigación y las organizaciones no gubernamentales. Esta cooperación bilateral se rige con la coparticipación, la corresponsabilidad y el cofinanciamiento.
Objetivos
El propósito fundamental del Grupo de Amistad México-Costa Rica estará encaminado a difundir información de interés sobre las actividades que se realicen, así como los proyectos y trabajos que sean desarrollados dentro de dicho grupo, y establecer comunicación ágil y productiva entre la Embajada de Costa Rica y los integrantes del grupo de amistad, quienes mediante sus acotaciones en las reuniones de trabajo podrán logran avances significativos que conlleven a mejoras en ámbitos culturales, científicos y educativos, entre otros.
Metodología de trabajo
La metodología que llevará a cabo el Grupo de Amistad México-Costa Rica será mediante tareas de vinculación, reciprocidad, educación, cultura, ciencia y tecnología.
Asimismo, se establecerán mecanismos de trabajo que permitan mejor desarrollo para la celebración de encuentros parlamentarios y actividades de diplomacia parlamentaria. De igual forma, se pretende participar y dar seguimiento a los eventos que sean invitados los integrantes del Grupo de Amistad México-Costa Rica.
I. Tareas de vinculación
Reuniones
Fundar el Grupo de Amistad Costa Rica-México
Foros y seminarios
Se promoverán foros y seminarios para el estudio y análisis de temas relevantes y prioritarios entre ambos países.
Finalmente, entregar un informe correspondiente a la LX Legislatura sobre el trabajo realizado por el grupo de amistad y los objetivos alcanzados en el periodo, lo cual permitirá dar difusión y continuidad en la LXI Legislatura.
Instalación del grupo de amistad, 19 de febrero de 2008
Orden del Día
Diputados: Margarita Arenas Guzmán, presidenta; Adriana Díaz Contreras, Mayra Gisela Peñuelas Acuña, secretarias; Víctor Aguirre Alcaide, Gerardo Aranda Orozco, Efraín Arizmendi Uribe, Aída Marina Arvizu Rivas, Arnulfo Elías Cordero Alfonzo, María Guadalupe Josefina García Noriega, Jorge Godoy Cárdenas, Abundio Peregrino García, Édgar Martín Ramírez Pech.
Invitados especiales
Diputada Ruth Zavaleta Salgado, Presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara.
Diputado Gerardo Buganza Salmerón, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores.
Señor Carlos Pantoja, cónsul general de la Embajada de la República de Costa Rica.
Señoras Ingrid Picado y Adriana Bagnarello, consejeras de la Embajada de la República de Costa Rica.
Excelentísima Señora Gioconda Ubeda Rivera
Embajadora de la República de Costa Rica
Diputada Ruth Zavaleta Salgado
Presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara
de Diputados
Diputado Gerardo Buganza Salmerón
Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores
Es un honor presidir la instalación del Grupo de Amistad México-Costa Rica, acompañada de todos ustedes. Particularmente, agradezco la presencia de la excelentísima señora embajadora Gioconda Ubeda Rivera, quien ha tenido a bien acompañarnos en la sesión.
México y Costa Rica, naciones importantes en la región latinoamericana y caribeña, ambas con trayectorias políticas convergentes en el marco de las relaciones internacionales. Costa Rica, sede de importantes organismos regionales donde confluyen los países de la región y espacio para la convergencia, y la divergencia, pero sobre todo espacio y territorio donde se han logrado importantes acuerdos que han beneficiado al conjunto de las sociedades del continente.
País pacifista desde 1948, único de la región que no cuenta con ejército regular, pero sí con un arma aún más importante, el derecho internacional y su profunda vocación por el respeto irrestricto de la Carta de las Naciones Unidas, de la soberanía nacional y de la autodeterminación de los pueblos.
Esa vocación legalista ha llevado a esta nación centroamericana a vincularse con el mundo a través de acuerdos bilaterales y multilaterales en materia de cooperación internacional en los sectores de educación, ciencia y tecnología, y agricultura, entre otros. Éstos son los acuerdos que nosotros, los legisladores mexicanos, seguiremos con atención y buscaremos aprovechar lo más posible.
Impulsaremos con la ayuda de la embajadora señora Gioconda Ubeda una comunicación con nuestros pares en Costa Rica, y exploraremos juntos los nichos de oportunidad en materia de intercambios académicos, científicos y comerciales para encauzar a los pequeños y a los medianos empresarios, a los estudiantes y a los científicos a aprovechar los acuerdos entre ambas naciones.
En función de lo anterior, buscaremos que nuestra contraparte de Costa Rica exprese sus intereses y agrupar a un importante número de mexicanos para visitar ese país, a fin de acercar a los Congresos, pero sobre todo y lo más importante a los pueblos.
Nuestra actividad no será sólo un espacio de encuentro legislativo: buscaremos fortalecer la política desarrollada hacia la región centroamericana, buscaremos el acuerdo con la Secretaría de Relaciones Exteriores para encontrar los puntos en que, desde el Poder Legislativo, apoyemos la política exterior y el Plan Puebla-Panamá, proyecto que va caminando y apuesta a una América desarrollada y de más oportunidad para nuestra sociedad.
Compañeras y compañeros legisladores:
Tenemos ante nosotros un reto importante: fortalecer el acercamiento de dos países que comparten historia, lengua y cultura, y que podemos desarrollar importantes proyectos.
Enhorabuena.
Gracias.
Reunión del 9 de julio de 2008
Orden del Día
Diputados: Margarita Arenas Guzmán, Mayra Gisela Peñuelas Acuña, Gerardo Aranda Orozco (asistente).
Acuerdos
2. El programa de trabajo del grupo de amistad será
remitido a
- La Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.
- La Junta de Coordinación Política.
- La Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara
de Diputados.
- Los integrantes del grupo de amistad.
3. Las reuniones se llevarán a cabo el primer miércoles de cada mes, a las 9:00 horas. La sede será rotativa, a fin de que se realicen en las instalaciones de los diversos partidos políticos.
4. Próxima reunión, 3 de septiembre de 2008.
Orden del Día
Diputados: Margarita Arenas Guzmán, Adriana Díaz Contreras, Gerardo Aranda Orozco (asistente), Pascual Bellizzia Rosique, Arnulfo Elías Cordero Alfonzo (asistente), Jorge Godoy Cárdenas (asistente), Abundio Peregrino García.
Acuerdos
2. Se formalizará una visita de cortesía a la Embajada de Costa Rica en México,con la finalidad de tener un primer contacto con ellos.
3. Creación de un boletín informativo del grupo de amistad, con la finalidad de que en él sean publicados temas de interés para el grupo.
4. Creación del micrositio del grupo de amistad.
5. Próxima reunión 5 de noviembre de 2008.
Se tuvo un contacto directo con la Embajada tanto de Costa Rica como de México en Costa Rica, además de los encuentros celebrados en ese país hermano. Se externó el interés que ellos tienen de hacer crecer las relaciones con ambos países.
Se tuvo participación en la Feria de mujeres microempresarias, realizada en el Tribunal Supremo de Elecciones y dirigido por la diputada independiente de la Asamblea Legislativa de Costa Rica, Evita Arquedas Maklouf, con la participación de la señaiora Eugenia María Zamora Chavarría, magistrada del Tribunal Supremo de Elecciones. Acto realizado el 25 de julio.
El objetivo de esta actividad fue promover y apoyar el trabajo de las mujeres microempresarias. Cabe hacer mención de que ellos han externado su interés en conocer y saber su forma de aplicación de los programas sociales con los cuales nuestro país cuenta.
2. Conocer a fondo el tema del ecoturismo en Costa Rica
Se logró tener un primer acercamiento con el Ministerio de Turismo de Costa Rica, específicamente con la asesora del ministro de dicha institución, Gina Guillén Grillo, de la comisaría de Costa Rica. El acercamiento fue motivado por el gran interés que tenemos respecto al auge que ese país tiene por su ecoturismo. Es uno de los países pioneros de ese tema de gran importancia, ya que si ello se implantara en zonas de nuestro país, que cuentan con las características de un ecosistema similar al de Costa Rica, beneficiaría económicamente (creación de empleos, ingresos turísticos) a nuestras regiones. Así pues, tenemos que la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles de San Luis Potosí, zona huasteca, ha exteriorizado su interés por conocer a profundidad este tema.
La señora Gina ha hecho hincapié en que el gran éxito de Costa Rica obedece muy significativamente a que la legislación ambiental en ese país, fuerte y estricta, por lo que esto ha derivado que su turismo sea sostenible.
De igual forma nos manifiestan que su ecoturismo es un producto que se promueve a gran escala, el cual no sería posible si no se contara con leyes ambientales que protegen la naturaleza.
Por ello es indispensable conocer este tema desde ambas ópticas: legislativo y mercadotecnia.
De lo anterior se logró concretar una visita a Costa Rica que realizará la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles de San Luis Potosí, zona huasteca, para noviembre (fechas probables del 9 al 13 de noviembre, por confirmar). Cabe hacer mención que cada una de las personas que acudan a Costa Rica, representando a la asociación huasteca, solventara sus gastos de manera personal.
Es de mencionarse que el Ministerio de Turismo de Costa Rica ha sugerido que en este viaje participen representantes del sector ambiental.
En la visita se pretende
Integrantes
Diputados: Margarita Arenas Guzmán, Gerardo Aranda Orozco, Pascual Bellizzia Rosique, Abundio Peregrino García
Acuerdos
2. Conformación del Grupo de Amistad Costa Rica-México.
3. Exposición en el vestíbulo principal de la Cámara de Diputados de la muestra monográfica Costa Rica: país de paz y naturaleza, la cual está compuesta por 30 paneles de 1.2 por 2.4 metros, que se entrelazan con la fuerza de las imágenes y fotografías donadas por distintas fuentes. A través de ella, se ofrece un recorrido virtual por ese país hermano, como su historia, sus ejes de política social y exterior, su economía, sus bellezas naturales, atractivos turísticos, diversidad étnica y cultural.
Orden del Día
Integrantes del Grupo de Amistad
México-Costa Rica
Cámara de Diputados, LX Legislatura
Presentes
Como resultado de la conformación del grupo de amistad y de la ratificación de los lazos de trabajo entre los órganos representativos de ambos países, me es grato comentar que la diputada costarricense Mayi Antillón Guerrero, presidenta de la Comisión Permanente Especial de Relaciones Internacionales y Comercio Exterior, remitió a la Embajada de México en aquel país una nota informando sobre la conformación y ratificación del Grupo de Amistad Parlamentaria Costa Rica-México, a través del cual buscan fortalecer los lazos de amistad y de cooperación entre los Parlamentos de ambos países.
Es este sentido, dicho grupo de amistad quedó conformado de la siguiente manera:
Integrantes: Diputados Olga Marta Corrales Sancho, Salvador Quirós Conejo, Fernando Sánchez Campos (Partido Liberación Nacional); Sergio Alfaro Salas, Patricia Quirós Quirós, José Rosales Obando (Partido Acción Ciudadana); Bienvenido Venegas Porras (Partido Unidad Social Cristiana); Evita Arguedas Maklouf (independiente).
Diputados: Margarita Arenas Guzmán, Adriana Díaz Contreras, Efraín Arizmendi Uribe, Pascual Bellizzia Rosique, Jorge Godoy Cárdenas.
Acuerdos
Embajadora de México en Costa Rica;
Presidenta de la Comisión Permanente Especial
de Relaciones Internacionales y Comercio Exterior de Costa Rica, diputada
Mayi Antillón Guerrero;
Integrantes del Grupo de Amistad Parlamentaria Costa
Rica-México;
Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores
de la Cámara de Diputados, diputado Gerardo Buganza Salmerón;
y
500 diputados de la LX Legislatura de la Cámara
de Diputados.
2. Se enviará escrito de felicitación al Grupo de Amistad Parlamentaria Costa Rica-México, la cual será firmada por los integrantes del Grupo de Amistad México-Costa Rica; asimismo se les hará una cordial invitación para que visiten la Cámara de Diputados.
3. El 19 de noviembre de 2008 se instalo en la página de la Cámara de Diputados la del Grupo de Amistad México-Costa Rica: www3.diputados.gob.mxlmexico_costarica.
4. Se llevará a cabo reunión de fin de año en diciembre.
5. Próxima reunión, 11 de febrero de 2009 a las 9:00 horas, en la sala 64 del edificio B, tercer piso, en el Grupo Parlamentario del PRD.
Orden del Día
3. Informe sobre los cambios realizados en el micrositio.
Cambio de posición de las Banderas y escudos.
Adición de sitios de interés.
Añadidura del link de los boletines informativos
del Grupo de Amistad México-Costa Rica.
4. Información de la exposición de la muestra
monográfica Costa Rica: país de paz y naturaleza, la cual
está compuesta por 30 paneles de 1.2 por 2.4 metros que se entrelazan
con la fuerza de las imágenes y fotografías donadas por distintas
fuentes, y se llevará a cabo del 13 al17 de abril del 2009.
A través de dicha exposición se pretende
ofrecer un recorrido virtual por ese país hermano como su historia,
sus ejes de política social y exterior, su economía, sus
bellezas naturales, atractivos turísticos, diversidad étnica
y cultural.
5. Presentación del segundo boletín informativo del grupo de amistad.
6. Información sobre la renovación de la
Junta Directiva de la Comunidad Costarricense en México.
La Junta Directiva de la Comunidad Costarricense en
México será renovada el sábado 21 de febrero del año
en curso.
7. Asuntos generales.
Oficio signado por la diputada Margarita Arenas Guzmán,
presidenta del Grupo de Amistad México-Costa Rica, mediante el cual
se hace una cordial invitación a los integrantes del Grupo de Amistad
Parlamentaria Costa Rica-México para que visiten la honorable Cámara
de Diputados.
Correo electrónico mediante el cual se reitera
la invitación honorable Cámara de Diputados, asimismo apoyo
para la realización de un foro sobre economía social y cooperativismo
en la República de Costa Rica.
Diputados: Margarita Arenas Guzmán, Adriana Díaz Contreras, Pascual Bellizzia Rosique, Jorge Godoy Cárdenas.
Acuerdos
Titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores;
Comisionada del Instituto Nacional de Migración;
Embajadores que participaron en el Proyecto Mesoamérica;
Diputados de la Asamblea Legislativa de Costa Rica;
Integrantes de la Junta de Coordinación Política
de la Cámara de Diputados; e
Integrantes de la Mesa Directiva de la Cámara
de Diputados;
2. El boletín informativo del Grupo de Amistad México-Costa Rica será impreso a color.
3. Se solicitara reunión con el diputado Gerardo Buganza Salmerón, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados, a fin de que dicha comisión interceda para concretar la invitación a los integrantes del Grupo de Amistad Parlamentaria Costa Rica-México para que visiten la honorable Cámara de Diputados; asimismo que se logre formar una comitiva del Grupo de Amistad México-Costa Rica para que visiten la República de Costa Rica.
4. Próxima reunión 4 de marzo de 2009, a las 9:00 horas, en la sala de juntas del Grupo Parlamentario del PVEM, situada en el edificio H, tercer piso.
Orden del Día
3. Información sobre la renovación de la
Junta Directiva de la Comunidad Costarricense en México
Correo electrónico de la Embajada de Costa Rica
en México mediante el cual se informa que actualmente la comunidad
costarricense no cuenta con Junta Directiva.
4. Presentación del manual de procedimientos de los grupos de amistad.
5. Asuntos generales:
Oficio signado por la diputada Lorena Vázquez
Badilla, coordinadora del Grupo de Amistad Parlamentaria Costa Rica-México,
mediante el cual se informa que se está tramitando la realización
del Foro de economía social y cooperativismo en Costa Rica.
Diputados: Margarita Arenas Guzmán (asesores), Pascual Bellizzia Rosique, Jorge Godoy Cárdenas, Abundio Peregrino García.
Acuerdos
2. Para dicha exposición se invitará a integrantes que representan el desarrollo metropolitano. Asimismo se solicitara a la Embajada de Costa Rica en México el directorio de la Colonia Costarricense en México con la finalidad de invitarlos a la exposición.
3. Se investigará cual es la escuela más cercana con el nombre de República de Costa Rica, a fin de invitarlos a la exposición.
4. En el boletín informativo del Grupo de Amistad México-Costa Rica del bimestre marzo-abril se señalará todo lo relacionado a la muestra monográfica Costa Rica: país de paz y naturaleza.
5. Los diputados asistentes revisarán el manual de procedimientos del Grupo de Amistad México-Costa Rica, a fin de señalar su opinión al respecto.
Orden del Día
6. Asuntos generales.
Invitación de la extraordinaria y plenipotenciaria
embajadora de la República de Costa Rica en México, señora
Gioconda Ubeda Rivera, para asistir al coctel que ofrecerá en honor
del excelentísimo señor doctor Óscar Arias Sánchez,
presidente de la República de Costa Rica, el viernes 27 de marzo
de 2009, de las 19:30 a las 21 horas, en la residencia de la embajada (Vertientes
207, Lomas de Chapultepec, México, Distrito Federal).
Información relativa al Foro de economía
social y cooperativismo por la Asamblea Legislativa de la República
de Costa Rica.
Diputados: Margarita Arenas Guzmán, Gerardo Aranda Orozco (asistente), Jorge Godoy Cárdenas (asistente).
Representante de la Embajada de Costa Rica en México: Consejera Ingrid Picado.
Acuerdos
2. Los integrantes enviarán a la presidenta del grupo de amistad, las sugerencias, comentarios u observaciones que tengan respecto del Manual de Procedimientos del Grupo.
3. La logística para la muestra monográfica
Costa Rica: País de Paz y Naturaleza, que se llevará
a cabo del 13 al 17 de abril del 2009 en la Cámara de Diputados,
será la siguiente:
Se elaborarán 200 invitaciones extra en virtud
de que sólo contamos con 450, de las cuales se proporcionaron 140
a la embajada.
Se solicitará permiso para la colocación
de la manta alusiva a la muestra, a fin de que sea expuesta en el patio
central de la Cámara de Diputados.
Se solicitará a Comunicación Social de
la Cámara de Diputados que dé cuenta de la exposición.
Se adquirirán arreglos para la inauguración
de la exposición, los cuales serán de flores típicas
de Costa Rica.
Responsable: Diputada Margarita Arenas Guzmán.
Se enviaran a todos los diputados, a la secretaria de Relaciones Exteriores y a escuelas que llevan el nombre de República de Costa Rica, así como a la Comunidad costarricense; se les invitará a través de correos electrónicos.
Se remitirán invitaciones al cuerpo diplomático (89 embajadas), organismos internacionales, ciudades hermanas y gobernadores de los estados
Responsable: Embajada de Costa Rica en México.
Se colocaran pósters en diversos sitios de la
Cámara de Diputados-
Responsable: Diputada Margarita Arenas Guzmán.
Responsable: Diputada Margarita Arenas Guzmán.
Responsable: Comisión de Cultura.
Responsable: Diputada Margarita Arenas Guzmán.
El Diputado Jorge Godoy apoyará con dos personas.
Montaje de la muestra monográfica.
Responsable: Ingrid Picado, consejera de la Embajada de Costa Rica en México.
Responsable: Embajada de Costa Rica en México.
Mensaje y reseña de la muestra monográfica.
Responsable: Embajadora de Costa Rica en México.
Mensaje.
Responsable: Diputados César Duarte Jáquez
y Margarita Arenas Guzmán.
Corte del listón.
Embajadora de Costa Rica en México y diputado
César Duarte Jáquez.
Reunión del 14 de abril de 2009
Orden del Día
El Grupo de Amistad México-Costa Rica realizó nueve reuniones en la LX Legislatura, dentro de las cuales se obtuvieron avances significativos:
Se realizaron 3 boletines informativos, con la finalidad de publicar temas de interés para el grupo.
Como resultado de la conformación del grupo de amistad y de la ratificación de los lazos de trabajo entre los órganos representativos de ambos países, se logró la conformación y ratificación del Grupo de Amistad Parlamentaria Costa Rica-México, a través del cual se busco fortalecer los lazos de amistad y de cooperación entre los parlamentos de ambos países.
Se recibió invitación por parte del Grupo
de Amistad Parlamentaria Costa Rica-México para que los integrantes
del homólogo de la Cámara de Diputados de México acudieran
a la Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica a participar
en el taller Economía social y cooperativismo. Lamentablemente,
por cuestiones sanitarias que se vivieron en nuestro país no fue
posible concretarlo, sin embargo, este grupo deja sentadas las bases para
la siguiente legislatura.
Antecedentes
Con fecha 14 de octubre de 2008, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó en votación económica el acuerdo propuesto por la Junta de Coordinación Política, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 33 y 34, numeral 1, inciso b), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, que designa a las diputadas Rosario Ignacia Ortiz Magallón y Adriana Dávila Fernández para participar como titular y suplente, respectivamente, en el Comité Técnico del fideicomiso Ferronalesjub 5012-6.
El acuerdo establece lo siguiente:
Acuerdo
Evolución del fideicomiso Ferronalesjub 5012-6
Ferrocarriles Nacionales de México, ahora en liquidación, otorgaba a todos su personal un plan de jubilación de pensiones vitalicias al momento de cumplir con determinados requisitos. Lo anterior quedó plasmado en el Contrato Colectivo de Trabajo suscrito con el Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros de la República Mexicana (STFRM).
Esto tiene como antecedente la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 12 de mayo de 1995, que norma los procedimientos para el otorgamiento de concesiones y permisos a los particulares para la operación y explotación del servicio público de transporte ferroviario o sus servicios auxiliares. En ésta, se determinó que para que los nuevos concesionarios puedan contratar libremente sus recursos humanos, estas concesiones se transmiten libres de pasivo laboral.
En su artículo Quinto Transitorio determina que:
Las concesiones y permisos que se otorguen con motivo de la presente Ley, no afectarán los derechos de los trabajadores activos, jubilados y pensionados del organismo público descentralizado Ferrocarriles Nacionales de México, los que serán respetados conforme a lo establecido en el artículo 123 constitucional y la Ley Federal de Trabajo.
En virtud de lo anterior, el gobierno federal acordó que una parte de la venta de los títulos representativos de las empresas ferroviarias concesionadas como resultado de los procesos de licitación que se han llevado a cabo, sea destinada a un fondo para garantizar el pago de los trabajadores jubilados y pensionados.
El 19 de diciembre de 1997, con la finalidad de garantizar el cumplimiento del programa jubilatorio se constituye en Nacional Financiera, SNC, el fideicomiso Ferronalesjub, con recursos que serían proporcionados por la venta de las empresas ferroviarias concesionarias. El patrimonio inicial del convenio ascendió a 13 mil 530 millones de pesos para 53 mil 348 jubilados en ese momento. Su composición fue la siguiente:
Parte de los recursos derivados de la venta de las empresas ferroviarias al sector privado.
Los recursos en numerario que entregue el fideicomitente a la fiduciaria.
Los recursos en numerario que se perciban a titulo de rendimientos en la inversión de las cantidades previamente entregadas por el fideicomitente a la fiduciaria.
En general por los recursos en numerario que se reciban o incorporen para o como consecuencia del cumplimento de los fines de este fideicomiso.
El 17 de diciembre de 1998, se celebró el segundo convenio modificatorio al contrato de fideicomiso, con el objeto de permitir que los recursos del fondo se destinaran al otorgamiento de créditos al Gobierno Federal. El 29 de diciembre de 1998 el fideicomiso otorga un crédito por 5 mil 720 millones 455 mil 331 unidades de inversión, UDI, equivalentes a 13 mil 500 millones de pesos. Este crédito se convino a 30 años (vence en 2028) y paga un interés anual fijo de 6.5 por ciento, con amortizaciones semestrales de un máximo de 500 millones de UDI.
El 9 de mayo de 2000, se celebró el tercer convenio modificatorio al contrato del fideicomiso Ferronalesjub, con el objeto de aportar al fideicomiso STFRMJUB la cantidad de 345 mil 900 millones de pesos, con lo cual Ferrocarriles Nacionales de México en Liquidación (FNML), dio por extinguida su obligación de aportar 25 pesos por cada jubilado miembro del sindicato. Esta aportación fue con la finalidad exclusiva de realizar el pago por fallecimiento a los beneficiarios de ex trabajadores del fideicomitente (FNML) que fueran miembros del sindicato, que hubieren obtenido el beneficio de jubilación, en términos del Convenio Laboral celebrado entre FNML y el STFRM del 24 de agosto de 1999.
El 26 de septiembre de 2000, se celebró el cuarto convenio modificatorio, mediante el cual, el fideicomitente, designa como fideicomisarios, únicamente a 56 mil 372 ex trabajadores jubilados; así como el señalamiento de las reglas de operación sustentadas en los siguientes elementos:
2. Coordinación Ejecutiva con funciones de órgano operativo, y
3. Comité Nacional de Gestoría y Enlace del STFRM como apoyo sindical a los jubilados en la gestión de trámites ante la Coordinación Ejecutiva.
Situación actual del fideicomiso Ferronalesjub 5012-6
Los beneficios que cubre el fideicomiso son: pago de pensión, ayuda de renta, despensa mensual, aguinaldo, pago de marcha, ayuda de gastos para funeral, cuotas al IMSS del seguro de salud para la familia y cuotas al IMSS por continuación voluntaria.
El fideicomiso cubre también los gastos administrativos que se generen.
Los datos disponibles, a octubre de 2008, establecen que los jubilados beneficiados por el fideicomiso son 42 mil 303 personas con una edad promedio de 69.9 años y una pensión promedio de 4 mil 773.04 pesos mensuales. El tiempo promedio en que se goza la pensión es de 17.9 años.
Los asegurados por el IMSS son 4 mil 364 en lo que respecta al seguro de salud para la familia, con 5 mil 847 dependientes y los asegurados por continuación voluntaria son 5 mil 206 personas.
De acuerdo al último estudio actuarial elaborado por el despacho Lescale Consultores Actuariales, SC, (diciembre de 2008), el valor presente de las obligaciones del fideicomiso asciende a 21 mil 800 millones 735 mil pesos. Como el fideicomiso contaba, al momento de la evaluación con 6 mil 101 millones 729 mil pesos, el pasivo del fideicomiso asciende aproximadamente a 15 mil 699 millones de pesos. En caso de que el gobierno federal no cuente con estos recursos y de acuerdo a las tendencias observadas, para principios del año 2011 no existirán recursos suficientes para enfrentar el pago de las obligaciones del fideicomiso.
Es importante mencionar que el artículo 4o. del decreto, por el que se extingue FNM y se abroga su Ley Orgánica, establece:
En toda época, el gobierno federal garantizará complementariamente el pago vitalicio de las pensiones otorgadas a los trabajadores jubilados y pensionados, de Ferrocarriles Nacionales de México, en el caso de que el fondo de jubilaciones sea insuficiente.
El riesgo de incumplimiento de esta obligación por la insuficiencia financiera del fondo del fideicomiso es un problema crítico que afectará en el corto plazo a los beneficios de cerca de 42 mil jubilados y pensionados que habrá hacia 2011.
Juicios laborales
Otro riesgo que enfrenta el fideicomiso es el relativo a juicios laborales emprendidos por 48 mil 790 demandantes. Al año 2007, el pasivo contingente por estos litigios ascendía a 23 mil 161 millones de pesos. De acuerdo a un análisis jurídico presentado por el Comité Técnico ante la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara, 3 mil 981 de estos actores representan un pasivo "con alto riesgo" de 2 mil 838 millones de pesos.
Actividades como representante titular
A partir de mi designación como representante titular de la Cámara de Diputados, ante el Comité Técnico, tuve acercamientos con las diversas organizaciones de jubilados ferrocarrileros, para el intercambio de información, a fin de cotejarla con la manejada oficialmente por el Comité Técnico.
El ocho de abril de 2009, participé en la vigésima quinta sesión ordinaria del Comité Técnico del fideicomiso 5012-6 Ferronalesjub. En la cual se trataron entre otros asuntos:
Solicitar al coordinador ejecutivo, para que a través del fideicomitente, se continúe gestionando la obtención de los recursos faltantes del fideicomiso, que con base en el estudio actuarial solicitado conforme al acuerdo número 190, del 5 de diciembre de 2008, se determinó que hasta el 31 de diciembre, la obligación pendiente por financiar del fideicomiso, asciende a 15 mil 699 millones 6 mil 300 pesos.
Se confirmó el acuerdo tomado en la vigésima cuarta sesión, para solicitar al gobierno federal la amortización del crédito por la cantidad de mil ciento quince millones de pesos para cumplir con los compromisos del fideicomiso durante el periodo abril-septiembre de 2009.
El 26 de mayo de 2009, tuve una reunión con el licenciado Alberto Lona Sánchez, encargado de la liquidación de FNM, donde se analizó el informe del estudio actuarial antes citado y se solicitó un informe puntual del avance de negociaciones para la obtención de recursos para el fideicomiso.
El 16 de junio de 2009, se solicitó al maestro Dionisio Pérez Jácome Friscione subsecretario de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público una reunión de trabajo, a fin de darle a conocer de manera directa la situación financiera actual y los resultados de la valuación actuarial del fideicomiso, para que se considere que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2010 la asignación de una partida presupuestal para el fideicomiso a fin de garantizar con suficiencia el cumplimiento de su objeto.
Esta reunión se realizó el 12 de agosto de 2009 en instalaciones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con funcionarios de la Comisión Intersecretarial de de Gasto Público, Financiamiento y Desincorporación para tratar el tema enunciado anteriormente. En la reunión participaron el licenciado Alberto Lona Sánchez, subdirector General y Encargado de la Delegación Fiduciaria Especial de la Liquidación de Ferrocarriles Nacionales de México (Ferronales), el licenciado Israel Martínez Lomelí, director general adjunto de Normatividad, como representante de la Unidad de Inversiones de la SHCP, la licenciada Lilia Pozos Vázquez, directora general adjunta de Programación y Presupuesto de Desarrollo Social, Trabajo, Economía y Comunicaciones, como representante de la Dirección General de Programación y Presupuesto B de la SHCP, el doctor Francisco de Rosenzweig Mendialdua, secretario ejecutivo de la Comisión Intersecretarial de Gasto Público, Financiamiento y Desincorporación y el licenciado Luis García Vallarta Zepeda, secretario ejecutivo adjunto de la Comisión Intersecretarial de de Gasto Público, Financiamiento y Desincorporación.
En la reunión se presentó una propuesta de asignaciones multianuales para reducir el pasivo contingente del fideicomiso y se acordó canalizar a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes la atención de esta petición toda vez que en la integración del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2010 del Ramo 09 Comunicaciones y Transportes.
El 13 de agosto de 2009 se solicitó al maestro Juan Francisco Molinar Horcasitas, secretario de Comunicaciones y Transportes y al subsecretario de Transportes, Humberto Treviño Landois, una reunión de trabajo con el propósito de lograr un acuerdo sobre un presupuesto multianual para reducir el pasivo contingente del fideicomiso, que ya fue presentada ante Hacienda.
Pendientes para la LXI Legislatura
2. La suficiencia financiera del fondo del fideicomiso Ferronalesjub 5012-6 enfrenta un riesgo en el corto plazo. En la discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2010, este tema debe ser prioritario, por lo que debe garantizarse que se otorguen recursos etiquetados en el Ramo 09 Comunicaciones y Transportes para este fin.
3. De ser favorable el fallo sobre los juicios laborales de las y los trabajadores sobre su incorporación al fideicomiso, se requerirá de un monto muy significativo que tiene que incorporarse en el presupuesto multianual.
4. Asegurar la transparencia en la venta de los activos de FNML para que de manera efectiva ingresen al fideicomiso y. que se otorgue información veraz sobre lo relacionado a la donación de los terrenos que son parte de los activos.
Diputada Rosario Ortiz Magallón (rúbrica)
Representante Titular ante el fideicomiso Ferronalesjub
5012-6