Gaceta Parlamentaria, Cámara de Diputados, número 2746-IV, martes 28 de abril de 2009.


Dictámenes a discusión
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Dictámenes
DE LA COMISIÓN DE RÉGIMEN, REGLAMENTOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS, CON PROYECTO DE DECRETO PARA INSCRIBIR CON LETRAS DE ORO EN EL MURO DE HONOR DEL PALACIO LEGISLATIVO DE SAN LÁZARO LA LEYENDA "A LOS MAESTROS DE MÉXICO"

Honorable Asamblea:

La Mesa Directiva de la Cámara de Diputados tuvo a bien turnar a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona y reforma el artículo 46 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para su estudio, análisis y dictamen correspondiente.

Esta comisión, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 70, 71, 72 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 39, 40, numeral 2, inciso b), y 45, numeral 6, incisos f) y g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, 56, 60 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, habiendo analizado su contenido, somete a consideración de esta soberanía el presente dictamen, conforme a los siguientes

Antecedentes

Primero. En la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados realizada el 15 de abril de 2009, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados dio cuenta de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se inscribe con letras de oro en el Muro de Honor del recinto legislativo de la Cámara de Diputados la leyenda "A los maestros de México", presentada por el diputado Jacinto Gómez Pasillas, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, en nombre de diputados de diversos grupos parlamentarios pertenecientes a la LX Legislatura.

Segundo. En la misma sesión, el diputado Presidente de la Mesa Directiva determinó que se turnara a esta Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias. En consecuencia, mediante el oficio número DGPL 60-II-52705, de fecha 15 de abril de 2009, las Secretarias de la Mesa Directiva, las diputadas Rosa Elia Romero Guzmán y Margarita Arenas Guzmán, remitieron a esta comisión la iniciativa en comento.

Tercero. Esta iniciativa, registrada con el número 131/LIX en los expedientes de la comisión, fue publicada en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados número 2737-XII, de fecha 15 de abril de 2009.

Contenido y descripción de la iniciativa

Los legisladores proponen que se inscriba con letras de oro en el Muro de Honor del recinto legislativo de la Cámara de Diputados la leyenda "A los maestros de México", ya que para los proponentes "significa revalorar una vocación, considerar a los maestros verdaderos actores en la historia de México y la construcción de nuestra identidad. Es retribuirles nuestro agradecimiento por lo mucho que nos han brindado".

En la exposición de motivos expresan:

La sociedad espera y ha exigido a los maestros que entreguen sus conocimientos, su talento, su inteligencia, su energía y su generosidad. En estos días difíciles para el país y la educación, debemos remarcar la importancia de esta tarea y apoyar a nuestros maestros. Debemos considerarlos y respetarlos, y devolver el valor a la función que realizan.

Por otra parte, los diputados proponentes señalan:

La realidad educativa nos demuestra que las habilidades y capacidades de los docentes determinan, en gran medida, la calidad del sistema educativo. La formación del maestro debe ser continua y su actualización permanente. La escuela y sus maestros son los portadores del proyecto nacional, la vía expedita para la integración cultural y política, y el factor privilegiado de la movilidad social ascendente. Ése es el papel que debemos recuperar. "La enseñanza tiene que dejar de ser solamente una función, una especialización, una profesión, y volver a convertirse en una tarea de salvación pública, en una misión". La unión de esfuerzos de maestros, autoridades y padres de familia, el empleo de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, el ejercicio de los valores humanos, la cultura de la evaluación permanente que nos aporte elementos para la mejora continua y la universalización del lenguaje son necesarios para modernizar la educación y establecer bases sólidas para el desarrollo y el progreso de la sociedad.

Derivado de lo anterior, expuestos los respectivos antecedentes y contenido de la iniciativa, los miembros de la comisión dictaminadora exponen las siguientes

Consideraciones de la comisión

Primera. Se considera que la iniciativa por dictaminar contiene argumentos válidos, y los miembros de la comisión coinciden con ellos, ya que la educación es un pilar básico para el desarrollo nacional, y los maestros representan el apostolado educativo. Sin la fuerza y la importante labor de los maestros, el México de hoy no sería posible. La historia da cuenta de la importancia de los maestros a partir no sólo de una revolución de carácter social, sino también aunado a la revolución educativa para definir el proyecto de nación.

Segunda. La labor educativa de los maestros es insoslayable; merecen todo reconocimiento presente y futuro porque de ellos emanan las generaciones de mujeres y de hombres de México que pretenden transformar sus condiciones políticas, sociales y económicas y llevarlo a un estadio de mayor grandeza y desarrollo.

Tercera. Aunado a lo anterior, la iniciativa en cuestión es respaldada por 110 legisladores de distintos grupos parlamentarios, incluyendo coordinadores de los mismos, lo que refleja una propuesta plural y concordante con los principios educativos que pretende enarbolar la Cámara de Diputados; con ello se llega a un consenso que esta comisión valora, aplaude y acepta como válida para dictaminar la iniciativa en comento.

Por lo expuesto y fundado, la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias presenta a consideración de la honorable asamblea el siguiente proyecto de

Decreto

Artículo Único. Inscríbase con letras de oro en el Muro de Honor del Palacio Legislativo de San Lázaro la leyenda "A los maestros de México".

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. La Mesa Directiva de la Cámara de Diputados definirá la fecha, el orden del día y el protocolo de la sesión solemne que debe llevarse a cabo para cumplir lo señalado en el artículo único de este decreto.

Así lo resolvieron los diputados integrantes de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el 16 de abril de 2009.

La Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias

Diputados: Jorge Mario Lescieur Talavera (rúbrica), presidente; María Elena Álvarez Bernal (rúbrica), Jaime Espejel Lazcano (rúbrica), secretarios; Elías Cárdenas Márquez (rúbrica), Jorge Luis de la Garza Treviño (rúbrica), Alejandro Enrique Delgado Oscoy (rúbrica), Rutilio Escandón Cadenas (rúbrica), Jesús Vicente Flores Morfín (rúbrica), Silvano Garay Ulloa (rúbrica), Armando García Méndez (rúbrica), Ma. de los Ángeles Jiménez del Castillo, Antonio Xavier López Adame (rúbrica), Víctor Samuel Palma César (rúbrica), Martha Rocío Partida Guzmán, Ana Elisa Pérez Bolaños (rúbrica), Juan José Rodríguez Prats, José Guillermo Velázquez Gutiérrez (rúbrica).
 
 
 

DE LA COMISIÓN DE RÉGIMEN, REGLAMENTOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS, CON PROYECTO DE DECRETO PARA INSCRIBIR CON LETRAS DE ORO EN EL MURO DE HONOR DEL PALACIO LEGISLATIVO DE SAN LÁZARO LA LEYENDA "JUNTA DE ZITÁCUARO"

Honorable Asamblea:

Con fecha 25 de septiembre la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, tuvo a bien turnar a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, la iniciativa con proyecto de decreto por el que se inscribe con letras de oro en el Muro de Honor del Salón de Sesiones de la Cámara de Diputados "Suprema Junta Nacional Americana de Zitácuaro", para su estudio, análisis y dictamen correspondiente.

Esta Comisión, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 70, 71, 72 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 39, 40 numeral 2, inciso b), 45 numeral 6 incisos f) y g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, 56, 60 y 88, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, habiendo analizado su contenido, somete a la consideración de esta soberanía el proyecto de dictamen en sentido positivo conforme a los siguientes:

I. Antecedentes

1. En la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados, realizada el 25 de septiembre de 2008, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados dio cuenta de la iniciativa con proyecto de decreto, para inscribir con letras de oro en el Muro de Honor del Palacio Legislativo de San Lázaro la leyenda "Suprema Junta Nacional Americana de Zitácuaro", presentada por el diputado Mario Vallejo Estévez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática y suscrita por la diputada Rosa Elva Soriano Sánchez y por los diputados Fausto Fluvio Mendoza Maldonado, Rafael Villicaña García, Adrián Pedrozo Castillo, Antonio Soto Sánchez, José Jacques y Medina, Mario Enrique del Toro, Francisco Márquez Tinoco, Miguel Ángel Arellano Pulido, Raúl Ríos Gamboa, Javier González Garza, Concepción Ojeda Hernández, Irineo Mendoza Mendoza, Erick López Barriga, Humberto Wifredo Alonso Razo, Felipe Díaz Garibay, Jaime Espejel Lazcano, Daniel Chávez García, Juan Carlos Velasco Pérez. Asimismo determinó que se turnara a esta Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.

2. Esta iniciativa registrada con el número 98/LX en los expedientes de la comisión, fue publicada en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados, número 2599-II del jueves 25 de septiembre de 2008.

3. El 2 de diciembre de 2008 se recibió en la comisión el oficio MVE/403/08, del diputado Mario Vallejo Estévez, autor de la iniciativa por medio del cual solicitó al entonces Presidente de la comisión Carlos Chaurand Arzate, incluirla para su discusión y análisis de la reunión ordinaria de la comisión efectuada el 3 de diciembre de 2008.

II. Contenido de la iniciativa

1. La propuesta legislativa propone dar el reconocimiento al primer gobierno de México y ampliar el homenaje nacional a los caudillos de la Independencia a través de la inscripción en letras de oro en el Muro de Honor del Palacio Legislativo la leyenda "Suprema Junta Nacional Americana de Zitácuaro".

2. Los argumentos vertidos en la exposición de motivos expresan que los caudillos independentistas deciden organizar, en nombre de la Nación en guerra, un gobierno que diera sentido y dirección al movimiento de independencia. Así la Suprema Junta Nacional Americana erigida el 19 de agosto de 1811, en la entonces Villa de San Juan Zitácuaro se afirmó como el esbozo y el origen de nuestra soberanía nacional.

3. La Suprema Junta nacional Americana como fruto de su legitimidad expide patentes de grado para miembros del ejército nacional destacados; dicta medidas de aliento económico basadas en el proyecto de reformas fiscales elaborado por el capitán Bernardo de Miramón; nombra como embajador extraordinario y plenipotenciario al coronel Francisco Antonio Peredo con la encomienda de negociar la compra de pertrechos militares buscando inclinar la balanza a favor de los independentistas.

4. Los Elementos Constitucionales, es el texto fundacional de derecho y del estado mexicano. En esta obra quedan asentados los conceptos de soberanía e independencia. En los Elementos Constitucionales se inscriben, por primera vez la inviolabilidad del domicilio, la abolición de castas y de gremios y la libertad de prensa y de reunión.

III. Consideraciones y análisis

1. La iniciativa presentada que en este dictamen se analizan cumple con los requisitos formales que exige la práctica parlamentaria: Se formuló por escrito y se presentó con un título por quienes están facultados para iniciar el proceso legislativo, con sus nombres y firmas; contiene un apartado expositivo de los motivos que la animan; presenta el texto legal que proponen; señala la vigencia del decreto; establece la fecha de presentación ante el Pleno, y fue difundida con oportunidad.

2. Como bien lo señala la iniciativa que se dictamina, la instalación de la Suprema Junta Nacional Americana a convocatoria de Ignacio López Rayón, fue la respuesta de los caudillos independentistas cuya finalidad era organizar en nombre de la nación en guerra un gobierno que diera sentido y dirección al movimiento independentista. Después de que en 1811 Hidalgo y los demás jefes insurgentes cayeron en prisión y posteriormente fueron fusilados por la traición de un antiguo jefe realista, Ignacio Elizondo, el movimiento quedó acéfalo. Al enterarse Rayón se trasladó a Zacatecas e intentó formar una junta para reorganizar el movimiento insurgente presentando un proyecto de arreglo con la autoridad virreinal. Sin lograr la unificación en torno a la Junta Zacatecana y temiendo un ataque realista, Rayón decide marchar a Michoacán tomando el camino del sur y después de escapar pasando por los pueblos del rincón, San Pedro, Piedra Gorda, se refugia en la Piedad hasta finales de mayo y finalmente se traslada a Zitácuaro. En la región Zitácuaro, los insurgentes eran encabezados por don Benedicto López Tejada, vecino de Pátambaro, municipio de Tuxpan. El gobierno virreinal preocupado por los éxitos de los guerrilleros ordenó al capitán realista Juan Bautista de la Torre que atacara a los insurgentes de esta región, pero éste fue derrotado.

3. Después de esta lucha en la villa de Zitácuaro se decidió crear un organismo que diera orden al movimiento emancipador y que legitimara la lucha insurgente, organizara los ejércitos, coordinar las acciones militares y diera dirección a la ideología independentista; para ello convocó a los jefes insurgentes a asistir a la villa de Zitácuaro, acudieron al llamado, José María Liceaga, don Ignacio Martínez, don Benedicto López, don José Rubio Huidobro, don Tomás Ortiz, don Manuel Manzo, don Miguel Serrano, don Juan Albarrán, don Ignacio Ponce de León, don José Izquierdo, así como los representantes de José María Morelos y José Antonio Torres y otros oficiales y jefes insurgentes. Así, el día 19 de Agosto de 1811 se instaló la Suprema Junta Nacional Americana y aunque sólo tuvo vigencia por dos años la ideología plasmada en los Elementos Constitucionales permitió que se propiciara a la postre la conformación del Congreso de Chilpancingo y dar origen a la Constitución de Apatzingán.

4. Los Elementos Constitucionales, fue el estatuto jurídico integrado por una breve exposición de motivos y 38 artículos en el que Rayón contempló varios aspectos fundamentales: la cuestión de la soberanía, la organización del gobierno y las garantías del individuo fundamentadas en el derecho natural y de gentes. Se declaró por medio de este importante documento, la independencia de América de España reconociendo que el gobierno estaría formado mediante un Consejo Nacional Americano, un Consejo de Estado y una Junta Auxiliar del Supremo Consejo; habría además un Protector Nacional, un representante de cada Ayuntamiento de provincia y cada corporación se compondría de las personas más honradas.

5. La Suprema Junta Nacional Americana se integró por cinco miembros: Ignacio López Rayón, José María Liceaga, José Sixto Verduzco, José María Cos y José María Morelos y Pavón. La Junta, organizó los ejércitos y se convirtió en el centro de las operaciones que liberarían a la nación mexicana de la opresión de España, tuvo también a su cargo la organización del gobierno político y económico de los pueblos a través del nombramiento de autoridades, de los administradores de rentas, el manejo de las contribuciones, la asignación de los curatos y vicarías y de las operaciones militares, para esto se instaló un consejo de guerra regido por un despacho de gracia y justicia, de guerra y hacienda encargada de expedir los títulos y nombramientos de los insurgentes. Asimismo, la Junta había determinado un plan de operaciones para toda la América Septentrional y emprendió los trabajos diplomáticos necesarios con Estados Unidos y Haití para obtener el reconocimiento del gobierno independiente de otras naciones americanas.

6. La Junta de Zitácuaro fue retomada por Simón Bolívar en la Carta de Jamaica, dicha carta dirigida al ciudadano inglés Henry Cullen expuso las cusas y razones de la independencia en los distintos países de América que estaban sometidos por la corona española haciendo referencia a la situación que prevalecía en México, por ello, vale la pena citar el texto:

"Los sucesos de México han sido demasiado varios, complicados, rápidos y desgraciados para que se puedan seguir en el curso de la revolución. Carecemos, además, de documentos bastante instructivos, que nos hagan capaces de juzgarlos. Los independientes de México, por lo que sabemos, dieron principio a su insurrección en septiembre de 1810, y un año después, ya tenían centralizado su gobierno en Zitácuaro, instalado allí una junta nacional bajo los auspicios de Fernando VII, en cuyo nombre se ejercían las funciones gubernativas. Por los acontecimientos de la guerra, esta junta se trasladó a diferentes lugares, y es verosímil que se haya conservado hasta estos últimos momentos, con las modificaciones que los sucesos hayan exigido. Se dice que ha creado un generalísimo o dictador que lo es e l ilustre general Morelos; otros hablan del célebre general Rayón; lo cierto es que uno de estos dos grandes hombres o ambos separadamente ejercen la autoridad suprema en aquel país; y recientemente ha aparecido una constitución para el régimen del Estado. En marzo de 1812 el gobierno residente en Zultepec, presentó un plan de paz y guerra al virrey de México concebido con la más profunda sabiduría. En él se reclamó el derecho de gentes estableciendo principios de una exactitud incontestable. Propuso la junta que la guerra se hiciese como entre hermanos y conciudadanos; pues que no debía ser más cruel que entre naciones extranjeras; que los derechos de gentes y de guerra, inviolables para los mismos infieles y bárbaros, debían serlo más para cristianos, sujetos a un soberano y a unas mismas leyes; que los prisioneros no fuesen tratados como reos de lesa majestad, ni se degollasen los que rendían las armas, sino que se mantuviesen en rehenes para canjearlos; que no se entrase a sangre y fuego en las poblaciones pacíficas, no las diezmasen ni quitasen para sacrificarlas y, concluye, que en caso de no admitirse este plan, se observarían rigurosamente las represalias. Esta negociación se trató con el más alto desprecio; no se dio respuesta a la junta nacional; las comunicaciones originales se quemaron públicamente en la plaza de México, por mano del verdugo; y la guerra de exterminio continuó por parte de los españoles con su furor acostumbrado, mientras que los mexicanos y las otras naciones americanas no la hacían, ni aun a muerte con los prisioneros de guerra que fuesen españoles. Aquí se observa que por causas de conveniencia se conservó la apariencia de sumisión al rey y aun a la constitución de la monarquía. Parece que la junta nacional es absoluta en el ejercicio de las funciones legislativa, ejecutiva y judicial, y el número de sus miembros muy limitado." 7. Algunos historiadores coinciden en que la instalación de la Suprema Junta Nacional Americana fue el primer ensayo de gobierno independiente en el que la soberanía es tutelada por el pueblo y depositada en los miembros de la Junta.

8. Inscribir con letras de oro en el Salón de Sesiones la leyenda "Junta de Zitácuaro" representaría un homenaje a quienes configuraron el primer antecedente histórico del constitucionalismo mexicano y brindaríamos el reconocimiento a quienes contribuyeron a la instauración e independencia del Poder Legislativo mexicano.

IV. Conclusiones y modificaciones

En razón de lo antes expuesto, toda vez que la propuesta pretende realizar un reconocimiento a profundas virtudes y valores asentados en hechos históricos que testimonian el devenir de esta patria y que resultan atendibles por la vía legislativa; los argumentos vertidos son válidos, y representaría un acto de justicia cumplir con la solicitud hecha, la Comisión que dictamina considera que la iniciativa es de aprobarse. Sin embargo, como es muy extenso el nombre y debido a que el espacio físico que se dispone para la inscripción es reducido, se propone modificar la iniciativa optando por la leyenda "Junta de Zitácuaro", denominación que ha sido también aceptada por los textos históricos, sin que por ello, se desconozca el nombre que está registrado en los documentos originales de la época. En consecuencia, los integrantes de la Comisión ponen a consideración de esta soberanía el siguiente:

Proyecto de Decreto

Artículo Único. Inscríbase con letras de oro en el Muro de Honor del Palacio Legislativo de San Lázaro la leyenda "Junta de Zitácuaro".

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. La Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, definirán la fecha, el orden del día y el protocolo de la sesión solemne que debe llevarse a cabo para cumplir con lo señalado en el artículo único de este decreto.

Así lo acordaron los integrantes de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias el dieciocho de marzo del año dos mil nueve.

La Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias

Diputados: Jorge Mario Lescieur Talavera (rúbrica), presidente; María Elena Álvarez Bernal, Jaime Espejel Lazcano (rúbrica), secretarios; Elías Cárdenas Márquez (rúbrica), Jorge Luis de la Garza Treviño (rúbrica), Alejandro Enrique Delgado Oscoy (rúbrica), Rutilio Escandón Cadenas (rúbrica), Jesús Vicente Flores Morfín, Silvano Garay Ulloa (rúbrica), Armando García Méndez (rúbrica), Ma. de los Ángeles Jiménez del Castillo, Antonio Xavier López Adame (rúbrica), Víctor Samuel Palma César (rúbrica), Marta Rocío Partida Guzmán (rúbrica), Ana Elisa Pérez Bolaños (rúbrica), Juan José Rodríguez Prats, José Guillermo Velázquez Gutiérrez.
 
 
 

DE LA COMISIÓN DE RÉGIMEN, REGLAMENTOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS, CON PROYECTO DE DECRETO PARA INSCRIBIR CON LETRAS DE ORO EN EL MURO DE HONOR DEL PALACIO LEGISLATIVO DE SAN LÁZARO EL NOMBRE DE SALVADOR ALVARADO

Honorable Asamblea:

La Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, tuvo a bien turnar a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, las iniciativas con proyecto de decreto por el que se inscribe con letras de oro en el Muro de Honor del Salón de Sesiones de la Cámara de Diputados el nombre del general Salvador Alvarado, para su estudio, análisis y dictamen correspondiente.

Esta Comisión, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 70, 71, 72 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 39, 40 numeral 2 inciso b), 45 numeral 6 incisos f) y g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, 56, 60 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, habiendo analizado su contenido, somete a la consideración de esta soberanía el proyecto de dictamen en sentido positivo, conforme a los siguientes:

Antecedentes

Primero. En sesión celebrada por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión en fecha 9 de abril de 2002, el diputado Fernando Díaz de la Vega, a nombre de diputados integrantes de los Grupos Parlamentarios de los Partidos Revolucionario Institucional, Acción Nacional, de la Revolución Democrática, del Trabajo, Alianza Social y de Convergencia por la Democracia Partido Político Nacional e Independiente, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se inscribe con letras de oro en el Muro de Honor del Salón de Sesiones de la Cámara de Diputados el nombre del general Salvador Alvarado. Con la misma fecha la Mesa Directiva de esta honorable asamblea, turnó a ésta Comisión el asunto antes mencionada para su respectivo, estudio, análisis y dictaminación.

Con fecha 5 de septiembre de 2006, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, emitió acuerdo relativo a los dictámenes de proyectos de ley o de decreto y puntos de acuerdo que quedaron pendientes de conocerse por el Pleno de la Cámara de Diputados de la LIX Legislatura, en consecuencia se turnó el asunto a la Comisión para los trámites correspondientes.

Segundo. En sesión celebrada por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión en fecha 4 de marzo de 2008, el diputado Gilberto Ojeda Camacho del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Institucional, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se inscribe con letras de oro en el Muro de Honor del Salón de Sesiones de la Cámara de Diputados, el nombre del general Salvador Alvarado. Con la misma fecha la Mesa Directiva de esta honorable asamblea, turnó a esta Comisión el asunto antes mencionada para su respectivo, estudio, análisis y dictaminación.

Contenido

1. Los autores de las iniciativas destacan que el general Salvador Alvarado, fue un mexicano valioso y comprometido con la causa de la Revolución Mexicana, hombre de firmes principios morales, disciplinado en el trabajo y entregado por su cuenta a la lectura y al estudio. Originario de la ciudad de Culiacán, Sinaloa, vivió en Sonora en donde se educó y desarrollo políticamente.

2. El general Salvador Alvarado es recordado con admiración y respeto, ya que en apenas un periodo de dos años, realizó una enorme cantidad de obras y acciones legales de beneficio social, además de haber creado instituciones avanzadas que han sido referente para el México moderno.

3. Durante el periodo de gobierno del General Salvador Alvarado, en Yucatán fue revisado a profundidad el marco legislativo del estado, e implemento acciones tales como:

a) En materia social, convirtió a 60 mil siervos en ciudadanos libres, anuló las deudas de los campesinos mayas con los hacendados, prohibió la opresión, los azotes, la tutela, la retención de los hijos y el confinamiento de los campesinos, construyó sanatorios para los obreros, generó las condiciones para la apertura de 300 bibliotecas y más de un millar de escuelas, fundó la Escuela Libre de Derecho así como una Escuela Normal de Profesores.

b) En materia laboral, reglamentó el trabajo doméstico, expidió una Ley del Trabajo, implemento las Juntas de Conciliación y Arbitraje y fundó la Casa del Obrero Mundial.

c) En lo económico, fundó la primera flota mercante yucateca, creó una Comisión encargada de importar y vender a precio de costo artículos de primera necesidad, financió las primeras explotaciones petroleras en el sureste mexicano, rescató de la quiebra y amplio ferrocarriles y modernizó la industria cordelera.

Esta Comisión, somete a consideración del pleno de esta honorable asamblea, el presente dictamen, de acuerdo con las siguientes:

Consideraciones

I. La Comisión considera que la trayectoria de vida y obra del general Salvador Alvarado destacó sin duda, ya que fue un mexicano valioso y comprometido con la causa de la Revolución Mexicana, hombre de firmes principios morales nacido en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, en el céntrico barrio «El Coloso» el 16 de septiembre de 1880; que desde niño, a los ocho años, se trasladó junto con su familia a Sonora. En ese estado norteño terminaría por formarse como hombre de firmes principios morales, disciplinado en el trabajo y entregado por su cuenta a la lectura y al estudio.

En 1906, Salvador Alvarado es nombrado elector en los comicios del estado de Sonora, y al entrar en relaciones con mineros inconformes con el régimen se adhiere al Partido Liberal Mexicano, iniciándose de ese modo en actividades antiporfiristas y convirtiéndose en propagador clandestino del ideario político de Ricardo Flores Magón.

En 1910, al promoverse la candidatura a la presidencia de la República de don Francisco I. Madero en Sonora, fue uno de los primeros que se afilian al Partido Antirreleccionista, que era coordinado por el sinaloense Benjamín Hill.

II. El primero de marzo de 1913, Salvador Alvarado ascendió a teniente coronel y luego el 5 de marzo se le otorga el rango de coronel y el nombramiento de jefe de la zona militar del centro de Sonora. En julio de 1914, ya con el grado de general brigadier concedido por Venustiano Carranza, se le dio el mando de las tropas del Cuerpo del Ejército Constitucionalista del Noroeste que mantuvieron el sitio del puerto de Guaymas.

En febrero de 1915, Venustiano Carranza lo nombró gobernador y comandante militar de Yucatán. Se traslada por vía marítima y desembarca en Campeche. En tres batallas derrota a los federales, entra a Mérida y toma posesión de su cargo. Una de sus primeras acciones fue liberar a los campesinos mayas de la servidumbre al anular las deudas de éstos con los hacendados y prohibir otras formas de opresión, como los azotes, la tutela, la retención de los hijos y el confinamiento, entre otras.

III. Reglamentó el trabajo doméstico y patrocinó la realización del primer Congreso Feminista. Organizó además el Primer Congreso Pedagógico, donde se trazaron reformas y acordaron propuestas que fructificaron con la apertura de 300 bibliotecas y más de un millar de escuelas, impulsando la educación en todos los niveles, ya que fundó una escuela normal de profesores, una normal mixta, una escuela de agricultura, una escuela de artes y oficios, un conservatorio de música, así como escuelas nocturnas para artesanos. Y como parte de su política social, cerró cantinas y prostíbulos.

Que en materia laboral, sobresale la apertura en Mérida de la Casa del Obrero Mundial, la expedición de una Ley del Trabajo y la creación de juntas de conciliación y un tribunal de arbitraje. En la región del sureste a Salvador Alvarado se le recuerda con admiración, pues se distinguió como el gobernante revolucionario que en menos tiempo, alrededor de dos años, realizó el mayor número de obras benéficas que haya efectuado una administración gubernamental.

IV. Que en la Revolución Constitucionalista, trasladada por él a Yucatán, desde su arribo transformó las bases en que estaba sustentada la economía regional, pues con sus reformas trascendentales, el general Salvador Alvarado introdujo cambios al sistema del liberalismo dominante, generando una normatividad situada entre los extremos del interés privado y el estatal. Lo que importaba era aumentar la productividad de las haciendas sobre bases sólidas y con justicia social para dar sustento financiero a la revolución constitucionalista.

El gran triunfo de Salvador Alvarado constituyó haber plantado la semilla del nuevo Estado Nacional en la península de Yucatán, pues, marcó el origen del Estado Social de Derecho al fundar una política de concertación entre gobierno, empresarios y trabajadores. Igualmente, pretendió poner fin a la política caciquil de compadrazgos y favoritismos, y que en su lugar se impusiera una serie de prácticas basadas en el ahorro del esfuerzo, en la línea de menor resistencia, en una palabra: en la eficiencia administrativa.

V. Que con las medidas económicas, políticas y jurídicas que dictó en ese estado de la República se anticipó en varias décadas a la legislación agraria y laboral de México, instrumentó reformas legislativas que luego fueron incorporadas a la Constitución de 1917; pues cabe mencionar que la diputación yucateca al Congreso Constituyente de 1916 a 1917 fue portadora de esas iniciativas radicales inspiradas en el pensamiento visionario de Salvador Alvarado.

Que para consolidar lo rescatable del viejo liberalismo de corte individualista en Yucatán, el general Alvarado rápidamente incorporó alto contenido social a sus medidas políticas, porque no encontró otra forma de superar el debate frente a los conservadores y demás críticos, asimismo frente a los incrédulos y poderosos hacendados de la «casta divina», además, tenía que ser congruente con uno de sus postulados fundamentales: seguir alentando el cambio social, por sobre todas las concertaciones con los hacendados y caciques.

VI. Entregó el poder el primero de enero de 1918, después de efectuarse elecciones convocadas ya de acuerdo al texto constitucional de 1917, después el presidente Venustiano Carranza lo designó comandante militar del Istmo, Oaxaca y Veracruz. Sin embargo, como hombre de firmes principios democráticos solicitó licencia como general del ejército por oponerse a la imposición de la candidatura a la presidencia de la República de Ignacio Bonillas. La licencia le fue negada y como consecuencia fue aprehendido. Al no comprobársele algún delito viaja al destierro voluntario y se dirige a los Estados Unidos.

En 1919, regresa a nuestro país y funda el diario capitalino El Heraldo de México, además publica en ese año el libro La Reconstrucción de México. Un mensaje a los pueblos de América y en 1916, había escrito su Carta al pueblo.

VII. En 1920, se adhirió al triunfante Plan de Agua Prieta, alcanzando el grado de general de división. Y con el arribo de los sonorenses al poder y siendo presidente interino Adolfo de la Huerta es designado secretario de Hacienda y Crédito Público.

En diciembre de 1923, se unió a la frustrada rebelión De la Huertista como jefe de la infantería. Defiende la plaza de Ocotlán, Jalisco, por once días; es derrotado y abandona el país por el puerto de Manzanillo, desembarcando en San Francisco, California, luego se dirige a Nueva York. Regresa a México al año siguiente, por invitación de su amigo Adolfo de la Huerta y se hace cargo del movimiento insurrecto en el sureste durante el mes de marzo. Pero las operaciones militares de los rebeldes fracasan y viendo la causa perdida se dirige con un pequeño grupo de seguidores al territorio de Guatemala. Es interceptado por fuerzas obregonistas cerca del rancho «El Hormiguero», entre Tenosique, Tabasco y Palenque, Chiapas.

Salvador Alvarado muere fusilado en dicho lugar el 10 de junio de 1924, sin habérsele formado causa. Las órdenes de su ejecución fueron cumplidas por su captor el teniente coronel Diego Zubiaur, subordinado del general obregonista Federico Aparicio.

VIII. Salvador Alvarado fue un hombre autodidacta, empedernido lector de libros sobre temas económicos, políticos y sociales; poseedor de amplia cultura y escritor prolífico; un visionario del México moderno; además, un representante genuino del liberalismo mexicano y un militar revolucionario incorruptible y generoso que debe ser ejemplo e inspiración para las nuevas generaciones de mexicanos y sinaloenses.

Su preocupación por abrevar en el conocimiento científico y saber popular no disminuyó con los años intensos vividos al calor de la Revolución Mexicana y pese a los múltiples problemas políticos y militares a que se enfrentó con valentía y decisión.

IX. Es así que, en septiembre de 1980, con el propósito de conmemorar el centenario del natalicio del general Salvador Alvarado, Yucatán lo declaró Benemérito del Estado, igualmente su nombre quedó inscrito en letras de oro en el salón de sesiones del Congreso del estado de Yucatán a fin de perpetuar la memoria de tan esclarecido militar y estadista.

Diez años después, el Congreso del estado de Sinaloa, a través de su LIII Legislatura, le rindió tributo a su memoria y también decretó se inscribiera su nombre con letras de oro en el Muro de Honor del Salón de Sesiones del Palacio Legislativo, según decreto número 23, publicado en el Periódico Oficial El Estado de Sinaloa, número 23 de 21 de febrero de 1990.

Por las consideraciones vertidas y basadas en la historia de la evolución de nuestro país, así como acciones de la vida y obra del general Salvador Alvarado, de las cuales se han ocupado biógrafos, ensayistas e historiadores que nos han legado amplitud de referentes, la comisión manifiesta el siguiente proyecto de

Decreto

Artículo Primero. Inscríbase con letras de oro en el Muro de Honor del Palacio Legislativo de San Lázaro el nombre de Salvador Alvarado.

Artículo Segundo. Se instruye a la Mesa Directiva de esta Cámara para que, en coordinación con la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, organice la ceremonia en la que se dé cumplimiento a este decreto.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Así lo resolvieron los diputados integrantes de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, el día 18 de marzo de 2009.

La Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias

Diputados: Jorge Mario Lescieur Talavera (rúbrica), presidente; María Elena Álvarez Bernal, Jaime Espejel Lazcano (rúbrica), secretarios; Elías Cárdenas Márquez (rúbrica), Jorge Luis de la Garza Treviño (rúbrica), Alejandro Enrique Delgado Oscoy, Rutilio Escandón Cadenas (rúbrica), Jesús Vicente Flores Morfín, Silvano Garay Ulloa (rúbrica), Armando García Méndez (rúbrica), Ma. de los Ángeles Jiménez del Castillo, Antonio Xavier López Adame (rúbrica), Víctor Samuel Palma César (rúbrica), Marta Rocío Partida Guzmán (rúbrica), Ana Elisa Pérez Bolaños (rúbrica), Juan José Rodríguez Prats, José Guillermo Velázquez Gutiérrez.
 
 
 

DE LA COMISIÓN DE ECONOMÍA, CON PUNTOS DE ACUERDO POR LOS QUE SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A IMPLANTAR UNA POLÍTICA DE DISEÑO INTEGRAL A EFECTO DE IMPULSAR LA COMPETITIVIDAD DE LAS EMPRESAS Y LA GENERACIÓN DE EMPLEOS

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, correspondiente a la LX Legislatura, fue turnada para su estudio y posterior dictaminen la proposición con punto de acuerdo citada al rubro.

Esta comisión con fundamento en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos d), e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 56, 60, 87, 88 y 94 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de ésta honorable asamblea, el presente dictamen basándose en los siguientes

Antecedentes

Primero. En sesión celebrada en la Cámara de Diputados el miércoles 1 de abril de 2009, los Secretarios dieron cuenta al Pleno de la proposición con proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a implantar una política de diseño integral, a efecto de impulsar la competitividad de las empresas y la generación de empleo, para someter a consideración del honorable Congreso de la Unión.

Segundo. Que el ciudadano Presidente de la Mesa Directiva acordó dar el siguiente trámite: "Túrnese a la Comisión de Economía".

Tercero. El legislador propone lo siguiente:

• Exhortar al Ejecutivo federal a implantar programas y actividades tendentes a impulsar una política de diseño integral, en la cual se establezcan los principios, objetivos y estrategias que permitan impulsar la competitividad de las empresas y la generación de empleos a partir de políticas y lineamientos que contemplen la aplicación de diseño a través de aspectos tecnológicos, económicos, ambientales, culturales y de promoción que contribuyan a reforzar el desarrollo sustentable del país.

• Exhortar al Ejecutivo federal a revisar el funcionamiento del organismo público denominado Centro Promotor de Diseño México, con el propósito de valorar sus resultados y analizar la efectividad de sus procesos internos.

• Exhortar al Ejecutivo federal a revisar si las funciones y atribuciones del Centro Promotor de Diseño México, están alineados a centros similares establecidos en países de vanguardia, haciendo frente a los nuevos retos de la globalización y verificar que cumpla a cabalidad con los requerimientos y necesidades de apoyo al sector productivo del país.

• Exhortar a Ejecutivo federal a que el Centro Promotor de Diseño México, presente a esta soberanía un informe actualizado del apoyo que ha brindado a las empresas del país.

Consideraciones

Primera. Que con base a los antecedentes indicados la Comisión de Economía, con las atribuciones antes señaladas se abocó a dictaminar la proposición con punto de acuerdo de referencia.

Segunda. Que debido a la globalización que hoy vivimos, un gran número de países está afrontando nuevas condiciones para su desarrollo, por lo que sus empresas e instituciones deben revalorar sus ventajas competitivas a fin de generar productos con un alto valor agregado, es decir, productos y servicios bien diseñados, innovadores y competitivos.

Tercera. Que para alcanzar este objetivo, diversos gobiernos han implementado políticas o programas de diseño, en los que el diseño es considerado una herramienta estratégica que propicia la competitividad de las empresas y el mejoramiento de la calidad de vida de la población.

Cuarta. Que la firma de acuerdos comerciales por parte de diversos países permite a sus empresas llegar a nuevos mercados, pero sus mercados también se han vuelto los de otros, por lo que competir con precio y calidad ya no es suficiente. Las empresas deben buscar nuevas formas de ser competitivas, deben por lo tanto ser creativas e innovadoras, pues la globalización afecta a cualquier empresa, sin importar su tamaño o el sector productivo en que se desenvuelva.

Quinta. Que la experiencia internacional, ha demostrado que las políticas o programas de diseño permiten incrementar el uso del diseño para beneficio de su sociedad.

Sexta. Que cabe mencionar que así como Inglaterra y Japón lideran las iniciativas de políticas de diseño en Europa y Asia, Canadá hace lo mismo en el continente americano: en 1961 su gobierno aprobó un acta constitutiva que apoyaba la creación del Consejo Nacional del Diseño y el organismo "Diseño Canadá".

Séptima. Que en Europa continental, las naciones escandinavas se han abocado a implantar políticas nacionales de diseño, siendo Dinamarca y Finlandia los países más avanzados. El primero de ellos estableció su primera política de diseño en 1997 y otra en el 2005, mientras que Finlandia lo hizo en el año 2000. Actualmente en Asia, Japón y Corea han replanteado sus políticas, mientras que Taiwán, Indonesia y Tailandia han implantado diversos planes e iniciativas en las cuales a través del diseño se busca alcanzar un mayor desempeño macroeconómico, una continua difusión cultural y un mayor bienestar para sus habitantes.

Octava. Que en cuanto a los países latinoamericanos, Argentina, Brasil, Colombia, y Chile han establecido programas o políticas de diseño. Cabe destacar que Brasil ha sido el más adelantado en usar el diseño estratégicamente ya que cuenta con una industria manufacturera pujante que lo mismo le demanda diseñar zapatos, aviones o automóviles, entre otros productos, y para asegurar su desarrollo productivo y su competitividad internacional, el gobierno brasileño estableció en 1995 el "Programa Brasileño de Diseño", iniciativa que desde entonces lo ha perfilado como el país líder en uso y aplicación del diseño en Latinoamérica.

Novena. Que aunque las políticas de diseño varían de un país a otro en referencia a sus políticas macroeconómicas y sociales, todas ellas tienen el objetivo común de promover el diseño como un elemento estratégico de desarrollo.

Décima. Que en nuestro país existe un Centro Promotor de Diseño, el cual es un fideicomiso constituido por instituciones públicas y de la iniciativa privada como Nacional Financiera, Banco Nacional de Comercio Exterior, la Secretaría de Economía, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, IBM y Mexinox, cuya misión es generar ventajas competitivas, como innovación y valor agregado a los productos y servicios, incrementando la competitividad con especialistas que conforman un grupo interdisciplinario. Sin embargo, y ante la embestida de países asiáticos como China, se hace necesario replantear la estrategia a seguir para hacer frente a la competencia e impulsar la productividad y la competitividad de las empresas mexicanas.

Décima Primera. Que la finalidad de una política o programa de gobierno es establecer los principios, objetivos y estrategias que permitan alcanzar un beneficio determinado dentro de la sociedad; por lo tanto, al diseñar la Política de Diseño, México impulsará la competitividad de las empresas y la generación de empleos a partir de políticas y lineamientos que contemplen la aplicación del diseño a través de aspectos tecnológicos, económicos, ambientales, culturales y de promoción, que contribuyan a reforzar el desarrollo sustentable del país, con objetivos alcanzables en el corto, mediano y largo plazo y sentará las bases para un mejor México a través del diseño.

Por lo anteriormente expuesto, la Comisión de Economía somete al Pleno de esta soberanía, los siguientes

Acuerdos

Primero. Se exhorta al Ejecutivo federal a implementar programas y actividades tendentes a impulsar una política de diseño integral, en la cual se establezcan los principios, objetivos y estrategias que permitan impulsar la competitividad de las empresas y la generación de empleos a partir de políticas y lineamientos que contemplen la aplicación de diseño a través de aspectos tecnológicos, económicos, ambientales, culturales y de promoción que contribuyan a reforzar el desarrollo sustentable del país.

Segundo. Se exhorta al Ejecutivo federal a revisar el funcionamiento del organismo público denominado Centro Promotor de Diseño México, con el propósito de valorar sus resultados y analizar la efectividad de sus procesos internos.

Tercero. Se exhorta al Ejecutivo federal a revisar si las funciones y atribuciones del Centro Promotor de Diseño México, están alineados a centros similares establecidos en países de vanguardia, haciendo frente a los nuevos retos de la globalización y verificar que cumpla a cabalidad con los requerimientos y necesidades de apoyo al sector productivo del país.

Cuarto. Se exhorta al Ejecutivo federal a que el Centro Promotor de Diseño México, presente a esta soberanía un informe actualizado del trabajo realizado y del apoyo que ha brindado a las empresas del país.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 15 días del mes de abril de 2009.

La Comisión de Economía

Diputados: Adriana Rodríguez Vizcarra Velásquez (rúbrica), presidenta; Carlos Armando Reyes López (rúbrica), Jorge Alejandro Salum del Palacio (rúbrica), Fausto Fluvio Mendoza Maldonado (rúbrica), Arnulfo Elías Cordero Alfonzo (rúbrica), Enrique Serrano Escobar (rúbrica), Jorge Godoy Cárdenas (rúbrica), secretarios; Jericó Abramo Masso (rúbrica), Narcizo Alberto Amador Leal (rúbrica), Antonio Berber Martínez (rúbrica), Carlos Alberto García González (rúbrica), Miguel Ángel González Salum (rúbrica), Jesús Sesma Suárez, Luis Xavier Maawad Robert (rúbrica), Martín Malagón Ríos (rúbrica), Marco Heriberto Orozco Ruiz Velazco (rúbrica), Octavio Martínez Vargas, Susana Monreal Ávila (rúbrica), Alicia Rodríguez Martínez (rúbrica), Mauricio Ortiz Proal, Eduardo Ortiz Hernández (rúbrica), Miguel Ángel Peña Sánchez, Raúl Ríos Gamboa, Ricardo Rodríguez Jiménez (rúbrica), Salvador Ruiz Sánchez (rúbrica), Ernesto Ruiz Velasco de Lira (rúbrica), Alejandro Sánchez Camacho, Alberto Amaro Corona (rúbrica), Joaquín Humberto Vela González (rúbrica), Javier Martín Zambrano Elizondo (rúbrica).
 
 
 

DE LA COMISIÓN DE ECONOMÍA, CON PUNTOS DE ACUERDO POR LOS QUE SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A ESTABLECER A TRAVÉS DE LAS DEPENDENCIAS COMPETENTES LAS MEDIDAS QUE CONTRIBUYAN A EVITAR AUMENTOS EN LOS PRECIOS DE LOS PRODUCTOS BÁSICOS DE CONSUMO GENERALIZADO

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, correspondiente a la LX Legislatura, fue turnada para estudio y análisis la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Economía para que aplique de manera inmediata control de precios a los artículos de consumo popular, de conformidad con lo establecido en los párrafos segundo y tercero del artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Esta comisión, con fundamento en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos d), e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 58, 60, 87, 88 y 94 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable asamblea el presente dictamen, con base en los siguientes

Antecedentes

Primero. Que en sesión celebrada en la Cámara de Diputados el jueves 11 de diciembre de 2008, sus Secretarios dieron cuenta al Pleno de la proposición que presentó el diputado José Antonio Almazán González, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para someter a consideración del honorable Congreso de la Unión.

Segundo. El ciudadano Presidente de la Mesa Directiva acordó dar el siguiente trámite: "Túrnese a la Comisión de Economía".

Tercero. El legislador propone lo siguiente:

• "Exhortar al titular de la Secretaría de Economía, para que aplique de manera inmediata control de precios a los artículos de consumo popular, de conformidad con el artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."

• "Que la Secretaría de Economía y la Procuraduría Federal del Consumidor vigilen eficientemente a los vendedores o proveedores de bienes y servicios, a efecto de que respeten el hipotético control de precios y no especulen con la venta de estos productos."

Consideraciones

Primera. Que con base en los antecedentes antes indicados y con los elementos de información disponibles, la Comisión de Economía, con las atribuciones antes señaladas, se abocó a dictaminar la proposición con punto de acuerdo de referencia.

Segunda. Que el control de precios es la intervención oficial en el mercado para fijar valores determinados a las mercancías. Esto también corresponde a la fijación de un precio máximo a una mercancía.

Tercera. Que el control de precios se establece por lo general para evitar la inflación o la carestía de la vida, en un intento por abaratar el consumo de los sectores populares. Tales medidas asumen implícitamente que los altos precios se deben a la especulación, y que es posible controlarlos y estabilizarlos más allá del poder regulador del mercado.

Cuarta. Que en la práctica, los controles de precios distorsionan la asignación de recursos, pueden generar inflación y, en muchas ocasiones, dan origen al racionamiento y al mercado negro de bienes y servicios, tal como ocurría en las naciones que siguieron el modelo de planificación central. Como es el caso de "Venezuela, a diferencia de la inmensa mayoría de los países civilizados, cada vez que la inflación aumenta las autoridades económicas han recurrido a dos medidas, que no resuelven el problema, pero dan la sensación de que se puede detener el alza de los precios. Esas medidas son los controles de precios y de cambio. Este caso se repite en los países de Nicaragua y Bolivia."

Quinta. Que es importante enfatizar que cuando se reduce artificialmente el precio de un producto aumenta el número de gente que quiere hacerse de él, lo cual provoca una expansión de la demanda. El hecho de que aumente la demanda no significa que las estanterías se llenen del producto en cuestión; todo lo contrario, tienden a escasear porque aumenta el número de demandantes. Cuando el precio baja por disposición gubernamental, aquellos productores que apenas alcanzan a cubrir los costos desaparecen del mercado como consecuencia natural de la competencia. Así pues, se contrae la oferta.

Sexta. Que el producto controlado arrojará márgenes operativos menores, mientras que otros bienes y servicios depararán, artificialmente, ganancias mayores. Esto desplaza recursos a las áreas menos solicitadas, con lo que hay un desperdicio de capital, lo cual hace que disminuyan los salarios y los ingresos en términos reales, ya que éstos dependen de las inversiones existentes.

Séptima. Que un control de precios que no atienda a los elementos contemplados en el articulo 28 constitucional pudieran generar errores y desequilibrios que provoquen la aparición de mercados negros y contrabando. En éstos el precio es muy superior, ya que quienes operan en ellos deben cubrir el riesgo que corren.

Octava. Que la Ley Federal de Competencia Económica en su articulo 7o. –en armonía con el artículo 28 constitucional– expresa que para llevar a cabo un control de precios es necesario que el Ejecutivo federal determine mediante Decreto los bienes y servicios que podrán sujetarse a precios, siempre y cuando no haya condiciones de competencia efectiva en el mercado relevante de que se trate.

Sin perjuicio de las atribuciones que correspondan a otras dependencias y previa opinión, se fijarán los precios que correspondan a los bienes y servicios determinados conforme a lo anterior, con base en criterios que eviten la insuficiencia en el abasto.

La Secretaría de Economía puede concertar y coordinar con los productores o distribuidores las acciones o modalidades que sean necesarias, procurando minimizar los efectos sobre la competencia y la libre concurrencia cuando existan componentes que induzcan a la necesidad de decretar un control de precios.

La Procuraduría Federal del Consumidor, bajo la coordinación de la Secretaría de Economía, es la responsable de la inspección, vigilancia y sanción respecto de los precios que se determinen conforme al artículo 7o. de la Ley Federal de Competencia Económica, de acuerdo con lo que dispone la Ley Federal de Protección al Consumidor.

Novena. Que el Banco de México (Banxico), según la Ley del Banco de México, en su artículo 2o. tiene como finalidad el proveer a la economía del país de moneda nacional. En la consecución de esta finalidad tendrá como objetivo prioritario procurar la estabilidad del poder adquisitivo de dicha moneda. Son también finalidades del Banxico promover el sano desarrollo del sistema financiero y propiciar el buen funcionamiento de los sistemas de pagos, por lo tanto el velar por el poder adquisitivo, no es facultad de la Secretaría de Economía.

Décima. Que los diputados de la Comisión de Economía que dictamina, reconocen y concluyen que el procedimiento para controlar precios debe atender elementos técnicos y económicos que mantenga la armonía con el artículo 28 constitucional respetando el proceso de competencia y concurrencia. Sin embargo, comparten la preocupación del diputado promovente por velar por la economía familiar para que dichas familias puedan cubrir sus necesidades básicas.

Por lo anteriormente expuesto, la Comisión de Economía somete al Pleno de la Cámara de Diputados para su análisis, discusión y, en su caso, aprobación los siguientes

Acuerdos

Primero. Se exhorta el titular del Ejecutivo federal para que a través de las dependencias competentes se implanten las medidas pertinentes que contribuyan a evitar aumentos en los precios de los productos básicos de consumo generalizado.

Segundo. Se exhorta al titular del Ejecutivo federal para que a través de la Procuraduría Federal del Consumidor se continúe verificando que los proveedores de bienes y servicios respeten los precios máximos, legalmente establecidos.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 15 días del mes de abril de 2009.

La Comisión de Economía

Diputados: Adriana Rodríguez Vizcarra Velásquez (rúbrica), presidenta; Carlos Armando Reyes López (rúbrica), Jorge Alejandro Salum del Palacio (rúbrica), Fausto Fluvio Mendoza Maldonado (rúbrica), Arnulfo Elías Cordero Alfonzo (rúbrica), Enrique Serrano Escobar (rúbrica), Jorge Godoy Cárdenas (rúbrica), secretarios; Jericó Abramo Masso (rúbrica), Narcizo Alberto Amador Leal (rúbrica), Antonio Berber Martínez (rúbrica), Carlos Alberto García González (rúbrica), Miguel Ángel González Salum (rúbrica), Jesús Sesma Suárez, Luis Xavier Maawad Robert (rúbrica), Martín Malagón Ríos (rúbrica), Marco Heriberto Orozco Ruiz Velazco (rúbrica), Octavio Martínez Vargas, Susana Monreal Ávila (rúbrica), Alicia Rodríguez Martínez (rúbrica), Mauricio Ortiz Proal, Eduardo Ortiz Hernández (rúbrica), Miguel Ángel Peña Sánchez, Raúl Ríos Gamboa, Ricardo Rodríguez Jiménez (rúbrica), Salvador Ruiz Sánchez (rúbrica), Ernesto Ruiz Velasco de Lira (rúbrica), Alejandro Sánchez Camacho, Alberto Amaro Corona (rúbrica), Joaquín Humberto Vela González (rúbrica), Javier Martín Zambrano Elizondo (rúbrica).
 
 
 

DE LAS COMISIONES UNIDAS DE ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES, Y DE JUVENTUD Y DEPORTE, CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL CONSEJO NACIONAL PARA PREVENIR LA DISCRIMINACIÓN A ESTABLECER ACCIONES PARA ABATIR ACTOS DISCRIMINATORIOS CONTRA GRUPOS DE JÓVENES, COMO LOS DENOMINADOS "EMO"

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de la LX Legislatura fue turnado, para estudio y dictamen, la siguiente proposición con punto de acuerdo:

Único. Por el que se exhorta respetuosamente al Consejo Nacional para prevenir la Discriminación a establecer acciones para abatir actos discriminatorios en contra de grupos jóvenes como los denominados "emo". Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39, 44 y 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, 56, 60, 65, 66, 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables somete a consideración de esta honorable asamblea el dictamen relativo al punto de acuerdo mencionado, el cual se realiza con base en los siguientes

Antecedentes

1. El diputado Óscar González Morán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó punto de acuerdo por el que se exhorta al Consejo Nacional para prevenir la Discriminación a establecer acciones para abatir actos discriminatorios en contra de grupos jóvenes como los denominados "emo".

2. Con esa misma fecha, la proposición con punto de acuerdo fue turnada a esta Comisión de Atención a Grupos Vulnerables con opinión de la Comisión de Juventud y Deporte para efectos de análisis y elaboración del dictamen, previsto en el artículo 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos.

Consideraciones

I. Esta comisión realizó el estudio y análisis de los planteamientos contenidos en la proposición con punto de acuerdo, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente dictamen.

II. La sociedad joven mexicana se encuentra en constante movimiento y evolución, expuesta al rechazo y discriminación, al ser víctima de otros grupos de jóvenes que no coinciden en preferencias, ideales, actitud, vestimenta y costumbres.

III. Es así que recientemente hubo una cruzada contra jóvenes emo, que los lastimó física y emocionalmente y causó la muerte de algunos miembros.

IV. La comisión considera que los jóvenes denominados emo deben gozar de garantías como cualquier individuo que se encuentre en territorio mexicano, toda vez que en los Estados Unidos Mexicanos, por mandato constitucional, queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.

En mérito de lo expuesto, la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables considera que la propuesta es viable, por lo que somete a la consideración del Pleno de la Cámara de Diputados el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Por el que se exhorta respetuosamente al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación a establecer acciones para abatir actos discriminatorios en contra de grupos jóvenes como los denominados "emo".

Dado en la sala de juntas de la comisión, mayo de 2008.

La Comisión de Atención a Grupos Vulnerables

Diputados: Laura Angélica Rojas Hernández (rúbrica), presidenta; Marcela Cuen Garibi (rúbrica), María Victoria Gutiérrez Lagunes (rúbrica), David Sánchez Camacho, Eduardo Elías Espinosa Abuxapqui (rúbrica), secretarios; Irene Aragón Castillo, Carlos Augusto Bracho González (rúbrica), Arnulfo Elías Cordero Alfonso (rúbrica), Silvia Emilia Degante Romero (rúbrica), Martha Margarita García Müller (rúbrica), Juana Leticia Herrera Ale, María Esther Jiménez Ramos (rúbrica), Rubí Laura López Silvia (rúbrica), Marisol Mora Cuevas (rúbrica), Diana Carolina Pérez de Tejada Romero, Jorge Quintero Bello (rúbrica), Mirna Cecilia Rincón Vargas, Martha Angélica Tagle Martínez, Mario Vallejo Estévez, Martín Zepeda Hernández (rúbrica), Alicia Rodríguez Martínez (rúbrica), Miguel Rivero Acosta (rúbrica).

La Comisión de Juventud y Deporte

Diputados: Elizabeth Morales García (rúbrica), presidenta; Alma Hilda Medina Macías (rúbrica), Daisy Selene Hernández Gaytán (rúbrica), José Luis Aguilera Rico (rúbrica), Francisco Sánchez Ramos, Gerardo Lagunes Gallina (rúbrica), Gregorio Barradas Miravete, Francisco Elizondo Garrido (rúbrica), José Inés Palafox Núñez (rúbrica), secretarios; Miguel Ángel Monraz Ibarra (rúbrica), Ana Yurixi Leyva Piñón (rúbrica), Lilia Guadalupe Merodio Reza (rúbrica), Concepción Ojeda Hernández (rúbrica), Alma Xóchil Cardona Benavídez (rúbrica), Carlos Alberto Torres Torres, Celso David Pulido Santiago (rúbrica), Francisco Javier Plascencia Alonso (rúbrica), Gustavo Fernando Caballero Camargo (rúbrica), Fidel Antuña Batista (rúbrica), José de Jesús Solano Muñoz (rúbrica), Martín Ramos Castellanos (rúbrica), Miguel Ángel Gutiérrez Aguilar, Pedro Montalvo Gómez (rúbrica), Rafael García Villicaña (rúbrica), Ricardo Franco Cázarez (rúbrica), Salvador Barajas del Toro, Carlos Alberto Navarro Sugich (rúbrica), Jorge Luis de la Garza Treviño, Emilio Ulloa Pérez.
 
 
 

DE LA COMISIÓN DE SALUD, CON PUNTOS DE ACUERDO RELATIVOS A LA ARTRITIS REUMATOIDE

Honorable Asamblea

A la Comisión de Salud de la LX Legislatura le fueron turnadas para su estudio y dictamen las siguientes proposiciones con punto de acuerdo:

• Para incorporar la artritis reumatoide juvenil al conjunto de intervenciones del Seguro Médico para una Nueva Generación.

• Por el que se exhorta a la Secretaría de Salud a elaborar un programa de atención integral para la artritis reumatoide.

Ambas proposiciones fueron presentadas por los diputados Éctor Jaime Ramírez Barba, José Antonio Muñoz Serrano, Adriana Rebeca Vieyra Olivares, Efraín Arizmendi Uribe, María Mercedes Corral Aguilar, Jorge Quintero Bello, Beatriz Eugenia García Reyes, Ángel Humberto García Reyes, Yolanda Mercedes Garmendia Hernández, José Ignacio Alberto Rubio Chávez y María Gloria Guadalupe Valenzuela García, todos del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

La Comisión de Salud, con fundamento en las atribuciones que le otorgan los artículos 73, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 39, numerales 1 y 3; 43, 44, 45 numeral 6, inciso e) y f), y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, 56, 60, 87, 88, 89 y 93 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta honorable asamblea, el presente dictamen con base en la siguiente metodología:

I. Antecedentes

El 12 de noviembre de 2008 se presentaron ante el Pleno de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, las proposiciones con punto de acuerdo:

• Para incorporar la artritis reumatoide juvenil al conjunto de intervenciones del Seguro Médico para una Nueva Generación.

• Por el que se exhorta a la Secretaría de Salud a elaborar un programa de atención integral para la artritis reumatoide.

Ambas proposiciones fueron presentadas por los diputados Éctor Jaime Ramírez Barba, José Antonio Muñoz Serrano, Adriana Rebeca Vieyra Olivares, Efraín Arizmendi Uribe, María Mercedes Corral Aguilar, Jorge Quintero Bello, Beatriz Eugenia García Reyes, Ángel Humberto García Reyes, Yolanda Mercedes Garmendia Hernández, José Ignacio Alberto Rubio Chávez y María Gloria Guadalupe Valenzuela García, todos del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

El 9 de diciembre de 2008 la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó las mencionadas proposiciones a la Comisión de Salud, para su estudio y posterior dictamen.

II. Contenido

La proposición con punto de acuerdo para incorporar la artritis reumatoide juvenil al conjunto de intervenciones del Seguro Médico para una Nueva Generación, contiene los siguientes resolutivos:

Primero. Se exhorta al Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Salud para la inclusión de la artritis reumatoide juvenil en las reglas de operación 2009 del Seguro Médico para una Nueva Generación.

Segundo. Se exhorta al Consejo de Salubridad General a que incorpore la atención de la artritis reumatoide juvenil dentro de las intervenciones del Seguro Médico para una Nueva Generación.

Tercero. Se instruya a la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, para que los niños que padezcan artritis reumatoide juvenil y se encuentren afiliados al Seguro Médico para una Nueva Generación, tengan en todo momento garantizado los medicamentos correspondientes para una atención integral.

Cuarto. Se exhorta a la comisión a definir tratamientos y medicamentos que ocasionan gastos catastróficos a que incorpore tratamientos biológicos para el tratamiento de la artritis reumatoide juvenil, para que el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos considere el financiamiento a todos los niños candidatos a estas terapias que se encuentren afiliados al Sistema de Protección Social en Salud.

La proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud para elaborar un programa de atención integral para la artritis reumatoide, contiene los siguientes resolutivos:

Primero. Se exhorta a la Secretaría de Salud a que presente los avances del programa especial para la atención a la artritis reumatoide.

Segundo. Se solicita a la Secretaría de Salud que programe y dé a conocer entre otras medidas de prevención y promoción de salud las acciones de: capacitación a personal médico y profesionales de la salud respecto a la detección oportuna de las enfermedades reumáticas; medidas de referencia y contra referencia para canalizar a tratamiento con especialista los pacientes con artritis reumatoide.

Tercero. Se exhorta a la Comisión Nacional de Protección en Salud a que evalúe las medidas para facilitar la implementación del programa específico para la atención integral de la artritis reumatoide.

III. Consideraciones

Primera. Esta comisión dictaminadora coincide con los siguientes argumentos de englobados en la exposición de motivos de ambas proposiciones:

La artritis reumatoide tradicionalmente se asocia a personal adultas; sin embargo recientemente se ha presentado de manera cada vez más frecuente en niños, en la enfermedad conocida como artritis reumatoide juvenil o artritis idiopática juvenil.

Esta enfermedad afecta a uno de cada mil niños, y si no se trata oportunamente, puede afectar el desarrollo de los huesos de la persona. Actualmente ya existen las terapias y medicamentos que previenen la destrucción ósea y de las articulaciones, evitando así la discapacidad permanente del niño afectado.

Un gran avance en la atención médica es que ahora los menores afiliados al Seguro Médico para una Nueva Generación tienen garantizado el derecho a la atención de primer nivel y especializada. Sin embargo, es necesario seguir promoviendo mejoras en la atención de este padecimiento, incorporando la artritis reumatoide juvenil dentro del catálogo de enfermedades que ocasionan gastos catastróficos en la niñez.

En los foros sobre artritis reumatoide, organizados por la LX Legislatura de la Cámara de Diputados se concluyó que es necesario solicitar a la Secretaría de Salud, los avances del programa de atención a la artritis reumatoide, el cual es necesario para fortalecer la infraestructura, capacitación de recursos humanos, mejorar el diagnóstico, contar con un registro de pacientes, revisar y actualizar los tratamientos de esta enfermedad.

Segunda. El Programa Nacional de Salud 2007-2012 señala que la osteo-artritis es responsable de un 2.3 por ciento de años de vida saludable perdidos en la población femenina, colocándose en la sexta mayor causa de años de vida saludable perdidos. En la población masculina, la artritis no se encuentra dentro de las 10 mayores causas de años de vida saludable perdidos.

A pesar de los datos anteriores, aún no existe en nuestro país un programa gubernamental específico para la atención de la artritis. Los programas especializados en este padecimiento son impulsados principalmente por organizaciones civiles y empresas farmacéuticas.

Mientras tanto, otros países sí cuentan con programas gubernamentales para atención de la artritis. Por ejemplo, en Estados Unidos, el gobierno ha creado Centros para la Atención de Enfermedades Crónicas y Promoción de la Salud; estos centros manejan un programa específico sobre artritis.

Como otro ejemplo, en Brasil la Declaración SAS/MS número 865, del 5 de noviembre de 2002 del Ministerio de Salud, establece el Protocolo Clínico y Directrices Terapéuticas para la Artritis Reumatoide.

En este sentido, es evidente que en nuestro país se necesitan mayores medidas y acciones gubernamentales para atención de la artritis.

Tercera. La Comisión Nacional de Protección Social en Salud analizó las proposiciones que se estudian en el presente dictamen. El 14 de enero de 2009, las observaciones de la comisión fueron enviadas a la Dirección de Vinculación y Participación Social de la Secretaría de Salud, la cual a su vez, envió una copia a esta comisión dicataminadora. El contenido de dichos documentos señala lo siguiente:

Con respecto al primer punto de acuerdo, en lo relativo a medicamentos, se menciona que la intervención 118 del Catálogo Universal de Servicios de Salud, denominado "Diagnóstico y tratamiento de artritis reumatoide", incluye diversos medicamentos para tratamiento de primera y segunda línea de la enfermedad.

Las Reglas de Operación 2009 del Programa Seguro Médico para una Nueva Generación, indican que los menores afiliados al seguro tendrán derecho a atención médica, medicamentos e insumos de salud para los padecimientos que afectan a menores de 5 años, de acuerdo a la lista de intervenciones cubiertas por el seguro descritas en el anexo I de las reglas de operación en mención. Cuando las intervenciones no estén consideradas en el anexo I, la comisión estará facultada para determinar si son elegibles de cubrirse con el seguro y el monto de la tarifa a cubrir por cada uno de los eventos.

Las intervenciones, tratamientos, medicamentos y materiales asociados a las enfermedades cubiertas por el seguro serán responsabilidad exclusiva de esta comisión en lo que a su competencia se circunscribe, con independencia de lo establecido en las disposiciones jurídicas aplicables.

En virtud de lo anterior, cuando la atención de los enfermos requiera medicamentos asociados a la intervención 118 del Causes, ésta deberá financiarse a través de los recursos transferidos para tal efecto. Si por el contrario, el manejo necesita medicamentos modificadores de la enfermedad o biológicos, y éstos están incluidos en el cuadro básico de insumos del sector salud, podrán ser cubiertos con recursos del programa Seguro Médico para una Nueva Generación, dando cumplimiento a las Reglas de Operación.

Con respecto al Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos, el Consejo de Salubridad General ha aprobado el Manual para la priorización de enfermedades e intervenciones que ocasionan gastos catastróficos, por lo que la inclusión de tratamientos biológicos para niños no beneficiarios del programa Seguro Médico para una Nueva Generación con artritis reumatoide juvenil, para ser financiados a través del fondo, deberá realizarse aplicando los procedimientos contenidos en el referido manual.

Por último, con respecto al segundo punto de acuerdo, la Comisión Nacional de Protección Social en Salud señala que el Causes 2008 ya contempla la intervención número 80 "Diagnóstico y tratamiento de la osteoartritis" y la número 118 "Diagnóstico y tratamiento de artritis reumatoide"; ambas incluyen los exámenes de laboratorio y medicamentos necesarios para su manejo.

Sin embargo, es importante señalar que de acuerdo a la redacción actual de dichas intervenciones deja fuera a varios tipos de artritis, entre ellas la artritis reumatoide juvenil, por lo que se establecerán las acciones correspondientes para efectuar el estudio de costeo necesario y definir la factibilidad de ampliar la cobertura de intervenciones del Causes.

Cuarta. En atención a las observaciones emitidas por la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, consideramos que es importante modificar la redacción de las proposiciones estudiadas, para hacer las precisiones necesarias y eliminar los asuntos que ya están atendidos, como la garantía de existencia de medicamentos para tratamiento de la artritis reumatoide.

Así pues, las proposiciones deben resumirse a dos resolutivos. Uno referente a la inclusión de la artritis reumatoide juvenil en el Causes y el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos; y otro referente al programa especial para la atención de la artritis reumatoide.

Por las consideraciones anteriormente expuestas, los integrantes de la Comisión de Salud ponemos a consideración de la asamblea el siguiente:

Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorta a la Comisión Nacional de Protección Social en Salud a estudiar la factibilidad de incorporar la artritis reumatoide juvenil dentro del Catálogo Universal de Servicios de Salud, así como en el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos, aplicando los procedimientos del Manual para la priorización de enfermedades, de dicho fondo.

Segundo. Se exhorta a la Secretaría de Salud a presentar a la brevedad los avances del programa especial para la atención de la artritis reumatoide, incluyendo las medidas para fortalecer la infraestructura, capacitación de recursos humanos, mejorar el diagnóstico, contar con un registro de pacientes, revisar y actualizar los tratamientos de esta enfermedad.

La Comisión de Salud

Diputados: Ector Jaime Ramírez Barba (rúbrica), José Antonio Muñoz Serrano (rúbrica), Adriana Rebeca Vieyra Olivares (rúbrica), Fernando Enrique Mayans Canabal, Efraín Morales Sánchez, Lorena Martínez Rodríguez (rúbrica), Juan Abad de Jesús (rúbrica), Beatriz Manrique Guevara, Efraín Arizmendi Uribe (rúbrica), Maricela Contreras Julián, María Mercedes Corral Aguilar (rúbrica), Joaquín Conrado de los Santos Molina, Daniel Dehesa Mora (rúbrica), Nemesio Domínguez Domínguez, Leticia Díaz de León Torres, Ángel Humberto García Reyes (rúbrica), Beatriz Eugenia García Reyes (rúbrica),Yolanda Mercedes Garmendia Hernández (rúbrica), Tomás Gloria Requena (rúbrica), Daniel Gurrión Matías, María Mercedes Maciel Ortiz, Holly Matus Toledo, Roberto Mendoza Flores, Elizabeth Morales García (rúbrica), Miguel Ángel Navarro Quintero, Gilberto Ojeda Camacho, Jorge Quintero Bello (rúbrica), José Ignacio Alberto Rubio Chávez (rúbrica), María Gloria Guadalupe Valenzuela García (rúbrica).
 
 
 

DE LA COMISIÓN DE ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES, CON PUNTOS DE ACUERDO POR LOS QUE SE EXHORTA A LOS CONGRESOS ESTATALES Y A LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL A PROMOVER UNA AGENCIA PARA LA INTEGRACIÓN LABORAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD, ADULTAS MAYORES Y QUE VIVEN CON VIH-SIDA

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de la LX Legislatura fue turnado, para su estudio y dictamen, la siguiente proposición con punto de acuerdo:

Primero. Se exhorta respetuosamente a los 31 Congresos estatales y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a llevar a cabo las acciones necesarias para crear dentro de sus instalaciones una Agencia de Integración Laboral para Personas con Discapacidad, Adultos Mayores y Personas que Viven con VIH Sida.

Segundo. Se solicita a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables que realice las gestiones necesarias, ante las instancias correspondientes, para impulsar la creación, dentro de esta Cámara de Diputados, de una Agencia de Integración Laboral para Personas con Discapacidad, Adultos Mayores y Personas que Viven con VIH Sida.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39, 44 y 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, 56, 60, 65, 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables somete a consideración de esta honorable asamblea, el dictamen relativo al punto de acuerdo referido, el cual se realiza conforme a los siguientes

Antecedentes

1. Con fecha 9 de diciembre de 2008, la diputada María Victoria Gutiérrez Lagunes, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó ante el pleno punto de acuerdo para exhortar a los Congresos estatales y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal para promover la creación de una agencia que permita la integración laboral de personas con discapacidad, adultas mayores o que vivan con VIH/sida; y a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables para realizar las gestiones necesarias, ante las instancias correspondientes, con el fin de impulsar la creación de una Agencia de Integración Laboral para Personas con Discapacidad, Adultos Mayores y Personas que Viven con VIH Sida dentro de esta Cámara de Diputados.

2. Con la misma fecha, la proposición con punto de acuerdo fue turnada a esta Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, para efectos de su análisis y elaboración del dictamen previsto en el artículo 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos.

Consideraciones

I. Esta comisión realizó el estudio y análisis de los planteamientos vertidos en la proposición con punto de acuerdo, a fin de valorar su contenido y deliberar e integrar el presente dictamen. El punto de acuerdo que se pretende dictaminar surge por la necesidad de integrar laboralmente a las personas más desprotegidas de nuestra sociedad, como son los grupos vulnerables: personas con discapacidad, adultos mayores y personas infectadas con VIH/sida, básicamente, ya que el acceso al empleo es un elemento determinante para su plena integración en la vida productiva del país. Para ello, la diputada propone la promoción de agencias de integración laboral en los 31 Congresos estatales y en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.

II. Partiendo del hecho que nuestra Constitución es el resultado de la decisión política, clave, de un pueblo soberano como lo es el mexicano, donde el pacto social, democráticamente consensado, está encaminado para un proyecto nacional, estableciendo claramente que el fin último de la vida en sociedad, es buscar el bien común. De ahí que, la ley es la expresión de la voluntad del pueblo para su beneficio.

III. Toda ley debe interpretarse como mandato popular para el proyecto nacional, de ahí que el verdadero legislador es el pueblo. Asimismo, el contexto actual reclama una coordinación y colaboración que con respeto a las competencias y jurisdicciones de cada entidad federativa y congreso, propicien una acción articulada y eficaz para encarar exitosamente la problemática social, ofreciendo resultados a la sociedad, e imprimiendo un rostro humano a la acción pública.

IV. Es innegable el hecho de que en México la situación de los grupos vulnerables está llena de grandes prejuicios y de mucha discriminación, sobre todo, en lo que se refiere al tema de la inserción laboral de dichas personas, ya que lamentablemente no existe una cultura ni la sensibilidad suficiente para reconocer en los grupos vulnerables las habilidades, aptitudes, espíritu de lucha y la potencialidad, característica que, al no tener la posibilidad de ejercerla, queda inexplorada lo cual va en detrimento de un mayor crecimiento económico.

V. Como señala la diputada, en nuestro país se vienen dando una serie de acciones y avances a favor de un desarrollo en materia laboral de los grupos vulnerables; sin embargo, éstos no han sido suficientes, persistiendo el rechazo, la intolerancia y la desigualdad de oportunidades, a pesar de que en nuestra Constitución, la Ley General de las Personas con Discapacidad, La Ley General del Trabajo, La Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, expresan de forma contundente el derecho que tienen al trabajo las personas con discapacidad, adultas mayores o que viven con VIH/sida.

VI. Existen en México instituciones como el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), mismo que ha creado agencias laborales para integrar a las personas con discapacidad a la vida productiva. Asimismo, la Secretaría del Trabajo cuenta con una red de agencias para la integración laboral de los adultos mayores, personas con discapacidad y que vivan con VIH/sida; se trata, entonces, de sumar esfuerzos, apoyándose en las instituciones que cuenten con agencias laborales como el tipo que se proponen, para impulsar el fortalecimiento de estas agencias donde ya existen y se creen donde no se cuenten con ellas. Debido a la población creciente de personas con estas características, y que sus demandas de empleo no son atendidas eficientemente; se hace necesaria la implementación de una política pública, como la que aquí se propone, que responda a dichas necesidades.

VII. No cabe duda que nuestro país atraviesa, al igual que el mundo, por una crisis económica caracterizada principalmente por el desempleo, ocasionando un contexto de incertidumbre y reducción de oportunidades sobre todo en el ámbito laboral, disminuyendo aún más las posibilidades reales de los grupos vulnerables para obtener un empleo en el que se les reconozcan sus capacidades. Por ello, en estos momentos difíciles de crisis económica la creación de 32 agencias laborales ex profeso para conseguir empleo a los grupos vulnerables, es una propuesta que pone a México a la altura del primer mundo, sobre todo, porque se les vería desde un enfoque que no está precisamente vinculado con el concepto de asistencia pasiva, sino con los conceptos de integración y de participación activa en la vida económica y social. De ahí que con la propuesta, se pretende demostrar lo productivos que son estas personas si se les brindan las oportunidades de participar en el campo laboral preponderando un verdadero proyecto de nación incluyente.

VIII. Además, con la propuesta de creación de las mencionadas agencias se da oportunidad de incorporarse a la vida productiva del país a las personas con discapacidad, adultos mayores y que viven con VIH/sida, apoyándoles en todos los sentidos, ya que serían retribuidos con el trabajo desempeñado a través de becas, para capacitarlos en un arte u oficio deseado. La creación de estas agencias laborales la implementarán las autoridades en la esfera de sus facultades y atribuciones.

IX. De igual manera, la diputada proponente recomienda que sea la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables la que haga las gestiones necesarias, ante las autoridades correspondientes, para impulsar la creación de una agencia de integración laboral de grupos vulnerables que ofrezca la posibilidad de desarrollarse dentro de las instalaciones de la honorable Cámara de Diputados; ya que entre los objetivos de la comisión está el de mejorar el nivel de vida de los grupos vulnerables, siendo la comisión un paradigma a seguir.

Por lo expuesto, esta Comisión de Atención a Grupos Vulnerables considera que la propuesta es viable, por lo que somete al Pleno de la Cámara de Diputados la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorta respetuosamente a los 31 Congresos estatales y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas facultades y atribuciones, a llevar a cabo las acciones necesarias para la creación de una agencia de integración laboral, en cada una de las Entidades Federativas y del Distrito Federal, que ofrezca empleo para personas con discapacidad, adultos mayores y personas infectadas con VIH sida.

Segundo. Se solicita a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables de esta honorable Cámara de Diputados que realice las gestiones necesarias, ante las instancias correspondientes, para impulsar la creación de una Agencia de Integración Laboral para Personas con Discapacidad, Adultos Mayores y Personas que viven con VIH Sida.

Dado en Palacio Legislativo de San Lázaro, a los ____ días del mes de abril de 2009.

La Comisión de Atención a Grupos Vulnerables

Diputados: Laura Angélica Rojas Hernández (rúbrica), presidenta; Marcela Cuen Garibi (rúbrica), María Victoria Gutiérrez Lagunes (rúbrica), David Sánchez Camacho, Eduardo Elías Espinosa Abuxapqui (rúbrica), secretarios; Irene Aragón Castillo, Carlos Augusto Bracho González (rúbrica), Arnulfo Elías Cordero Alfonzo, Silvia Emilia Degante Romero (rúbrica), Martha Margarita García Müller, Juana Leticia Herrera Ale, Martha Rocío Partida Guzmán, María Esther Jiménez Ramos (rúbrica), Rubí Laura López Silvia, Marisol Mora Cuevas (rúbrica), Diana Carolina Pérez de Tejada Romero (rúbrica), Jorge Quintero Bello (rúbrica), Mirna Cecilia Rincón Vargas, Martha Angélica Tagle Martínez, Mario Vallejo Estévez (rúbrica), Martín Zepeda Hernández (rúbrica), Alicia Rodríguez Martínez (rúbrica), Miguel Rivero Acosta (rúbrica), Miguel Ángel Macedo Escartín, José Antonio Saavedra Coronel.
 
 
 

DE LA COMISIÓN DE ECONOMÍA, CON PUNTOS DE ACUERDO POR LOS QUE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A EVALUAR A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA LA POSIBILIDAD DE REALIZAR LOS AJUSTES NECESARIOS A LA POLÍTICA ARANCELARIA EN MATERIA DE PRODUCTOS SIDERÚRGICOS IMPORTADOS, CON OBJETO DE PROTEGER LA INDUSTRIA NACIONAL

A la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, correspondiente a la LX Legislatura, fue turnada para su estudio y posterior dictaminen la proposición con punto de acuerdo citada al rubro.

Esta comisión con fundamento en los artículos 39 y 45, numeral 6 incisos d), e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 56, 60, 87, 88 y 94 del Reglamento Interior para el Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de ésta honorable asamblea, el presente dictamen basándose en los siguientes

Antecedentes

Primero. En sesión celebrada en la Cámara de Diputados, el miércoles 1 de abril de 2009, los ciudadanos Secretarios, dieron cuenta al Pleno de la proposición con punto de acuerdo de referencia, presentada por el diputado Rolando Rivero Rivero del Grupo Parlamentario del PAN, para someter a la consideración del honorable Congreso de la Unión.

Segundo. Que el ciudadano Presidente de la Mesa Directiva acordó dar el siguiente trámite: "Túrnese a la Comisión de Economía".

Tercero. El legislador propone lo siguiente:

• Exhortar al Ejecutivo federal a través de la Secretaría de Economía, a evaluar la posibilidad de realizar los ajustes necesarios a la política arancelaria en materia de productos siderúrgicos importados, con el objeto de proteger la industria siderúrgica nacional.

• Exhortar a la Secretaría de Economía para que entregue a esta soberanía, un reporte sobre la viabilidad de esta propuesta, en un plazo no mayor a 30 días hábiles.

Consideraciones

Primera. Que con base a los antecedentes indicados la Comisión de Economía, con las atribuciones antes señaladas se abocó a dictaminar la Proposición con Punto de Acuerdo de referencia.

Segunda. Que se denomina siderurgia a la técnica del tratamiento del mineral de hierro para obtener diferentes tipos de éste o de sus aleaciones. El proceso de transformación del mineral de hierro comienza desde su extracción en las minas. El hierro se encuentra presente en la naturaleza en forma de óxidos, hidróxidos, carbonatos, silicatos y sulfuros. Los más utilizados por la siderurgia son los óxidos, hidróxidos y carbonatos.

Tercera. Que durante la década de los ochenta la apertura comercial en nuestro país constituyó una de las principales banderas del recurso renovador de la economía, estas medidas comerciales se inscribieron dentro de un contexto de ajuste estructural en la economía que finalmente se formalizarían con la suscripción del Acuerdo General de Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT, por sus siglas en inglés).

Cuarta. Que los aranceles son las cuotas o tasas que se establecen en forma de porcentajes o en términos específicos que determinarán el pago de los impuestos al comercio exterior a pagar, aplicándose a un valor o precio de un bien que les sirve de base y de donde resulta el impuesto a la importación o exportación.

Quinta. Que la zona libre de de comercio se conforma cuando hay eliminación de los restricciones comerciales entre ellos, pero cada Estado miembro mantiene una política comercial y un arancel propio frente a terceros países no miembros; esto es la eliminación de barreras comerciales es sólo al interior de la zona.

Sexta. Que el caso de la industria siderúrgica nacional es muy significativo para entender el contexto en el que se dio la apertura comercial en nuestro país, ya que hasta los noventas buena parte de la producción siderúrgica (poco menos del 60 por ciento) lo aportaban las plantas paraestatales, siendo que a pesar de la restructuración administrativa, laboral y tecnológica era por demás esperar a que éstas fueran competitivas a nivel internacional.

Séptima. Que varias situaciones provocaron que la mayor parte de los países recurrieran a medidas proteccionistas para proteger su industria o bien que el comercio mundial se diera en situaciones de competencia desleal, lo que contribuyó que el comercio mundial de productos siderúrgicos se viera obstaculizado y de esta manera disminuyera la producción internacional, a contrario sensu la industria siderúrgica nacional se enfrentaba a una serie de situaciones propias de una apertura comercial indiscriminada como la carencia de tecnología e infraestructura para hacer frente a las nuevas condiciones del mercado.

Octava. Que el comportamiento de la industria siderúrgica nacional ha sido en los últimos años en términos generales inestable, provocado por la situación económica del país, siendo que si bien es cierto, el sector tiene mayor participación en el mercado internacional, hay mayores volúmenes de producción y se ha incrementado la demanda interna.

Novena. Que hasta la fecha, las prácticas desleales de comercio persisten, lo que ha disminuido los argumentos de una economía más regulada y con menores obstáculos al comercio. Por ser la industria siderúrgica nacional una de las ramas económicas más importantes, es necesario recuperar la dinámica en la formación de las cadenas productivas y que finalmente todos los aspectos positivos se reflejen en proteger la industria siderúrgica nacional.

Por lo anteriormente expuesto, la Comisión de Economía somete al Pleno de esta honorable asamblea los siguientes

Acuerdo

Primero. Se exhorta al Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Economía, a evaluar la posibilidad de realizar los ajustes necesarios a la política arancelaria en materia de productos siderúrgicos importados, con el objeto de proteger la industria siderúrgica nacional.

Segundo. Se exhorta a la Secretaría de Economía para que entregue a esta soberanía un reporte sobre la viabilidad de esta propuesta, en un plazo no mayor a 90 días hábiles.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de abril de 2009.

La Comisión de Economía

Diputados: Adriana Rodríguez Vizcarra Velásquez (rúbrica), presidenta; Carlos Armando Reyes López (rúbrica), Jorge Alejandro Salum del Palacio (rúbrica), Fausto Fluvio Mendoza Maldonado (rúbrica), Arnulfo Elías Cordero Alfonzo, Enrique Serrano Escobar (rúbrica), Jorge Godoy Cárdenas (rúbrica), secretarios; Jericó Abramo Masso, Narcizo Alberto Amador Leal, Antonio Berber Martínez (rúbrica), Carlos Alberto García González (rúbrica), Miguel Ángel González Salum, Jesús Sesma Suárez (rúbrica), Luis Xavier Maawad Robert, Martín Malagón Ríos (rúbrica), Marco Heriberto Orozco Ruiz Velazco (rúbrica), Octavio Martínez Vargas (rúbrica), Susana Monreal Ávila (rúbrica), Alicia Rodríguez Martínez (rúbrica), Mauricio Ortiz Proal, Eduardo Ortiz Hernández (rúbrica), Miguel Ángel Peña Sánchez (rúbrica), Raúl Ríos Gamboa, Ricardo Rodríguez Jiménez (rúbrica), Salvador Ruiz Sánchez (rúbrica), Ernesto Ruiz Velasco de Lira (rúbrica), Alejandro Sánchez Camacho (rúbrica), Alberto Amaro Corona, Joaquín Humberto Vela González, Javier Martín Zambrano Elizondo (rúbrica).
 
 
 

DE LA COMISIÓN DE CULTURA, CON PUNTOS DE ACUERDO POR LOS QUE SE EXHORTA AL TITULAR DEL INSTITUTO NACIONAL DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA A TOMAR MEDIDAS PREVENTIVAS PARA PRESERVAR EL PATRIMONIO CULTURAL DE MAZAPIL, ZACATECAS

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Cultura de la LX Legislatura fue turnada la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Instituto Nacional de Antropología e Historia a preservar el patrimonio arquitectónico y cultural del municipio de Mazapil, estado de Zacatecas, suscrita por la diputada Aurora Cervantes Rodríguez y el diputado Felipe Borrego Estrada, de los Grupos Parlamentarios del Partido de la Revolución Democrática y del Partido Acción Nacional, respectivamente.

Los ciudadanos legisladores integrantes de la Comisión de Cultura realizaron el estudio y análisis de los planteamientos del punto de acuerdo, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente dictamen.

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), y numeral 7, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 58, 60, 65, 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y demás relativos y aplicables, los miembros de la Comisión de Cultura que suscriben someten a la consideración de esta honorable asamblea el presente dictamen.

Antecedentes

La proposición con punto de acuerdo que se cita en el proemio fue presentada en sesión celebrada el día 13 de diciembre de 2007 ante la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión y turnada a la Comisión de Cultura mediante oficio número D.G.P.L. 60-II-1-1190, suscrito por la secretaria y el secretario de la Mesa Directiva de la LX Legislatura, para su estudio y dictamen correspondiente.

Consideraciones

En el capítulo de consideraciones los proponentes expresan sustancialmente, que el municipio de Mazapil cuenta con lugares dignos de preservación y cuidado; tal es el caso del templo de San Gregorio Magno, el palacio municipal, los templos de Cedros, San Juan Bautista de Gruñidora, San Rafael, el museo de Mazapil, el cual está situado en la casa del Marqués de Aguayo, que cuenta con seis salas de exposiciones, con documentos del siglo XVII, actas de ventas de esclavos, padrones, fotografías del siglo pasado, entre otros objetos de valor histórico y diversos cascos de hacienda.

El patrimonio cultural indicado, se encuentra en franca amenaza debido a la inadecuada atención para preservarlo, ante el arribo de mil 200 nuevos habitantes, quienes han llegado a trabajar a Mazapil, contratados por la Compañía Minera Peñasquito, sin contar el aludido municipio con una infraestructura urbana y de servicios, lo que ha provocado un crecimiento urbano acelerado y desordenado, lo cual ha impactado al patrimonio arquitectónico.

La Comisión de Cultura realizó el estudio y análisis de la propuesta que se dictamina, y con la finalidad de atender la preocupación de los proponentes, consistente en que se tomen medidas para la conservación y preservación del patrimonio cultural del municipio de Mazapil, estado de Zacatecas, además de que en términos de lo dispuesto por la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, el Instituto Nacional de Antropología e Historia es el encargado de proteger las zonas y monumentos, es procedente exhortar al aludido Instituto para que en el ámbito de su competencia y atribuciones legales, se tomen medidas preventivas para proteger dicho patrimonio.

Por otra parte, del análisis efectuado a la proposición con punto de acuerdo que se ha mencionado, los proponentes describen la problemática suscitada con motivo de la explotación de la mina a cargo de la compañía minera Peñasquito al considerar que existe un impacto ambiental negativo; solicitan que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público destine un diez por ciento de los ingresos que percibe la federación por concepto de derechos derivados de la explotación minera destinados al Ramo 33 a los municipios que realicen la actividad minera para aplicarlos en infraestructura y preservar el medio ambientes; y que la Secretaría de Economía verifique, en el marco de la Ley Minera, que las empresas concesionarias cumplan con sus derechos y obligaciones, aunado a que deben proponer planes de desarrollo urbano, esta Comisión no tiene facultades para resolver en materias tales como la ambiental, financiera-presupuestal y minera.

En esta tesitura, del análisis que las y los integrantes de la Comisión de Cultura han llevado a cabo se concluye que los resolutivos segundo, tercero y cuarto, contenidos en el punto de acuerdo planteado por los promoventes, no es de su competencia.

En mérito de lo antes expuesto, las y los integrantes de la Comisión de Cultura, someten a la consideración del Pleno de la Cámara de Diputados, el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorta al titular del Instituto Nacional de Antropología e Historia a aplicar, en el ámbito de competencia y facultades que concede la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, medidas preventivas para preservar el patrimonio cultural del municipio de Mazapil, estado de Zacatecas.

Se solicita a la autoridad citada que remita un informe a esta soberanía, por conducto de la Comisión de Cultura, respecto de las acciones implementadas en función del presente punto de acuerdo.

Segundo. Los resolutivos segundo, tercero y cuarto contenidos en la proposición con punto de acuerdo objeto del presente dictamen se desechan, debido a que la Comisión de Cultura no tiene competencia para resolver lo relativo a materias ambiental, financiera-presupuestal y minera.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de abril de 2009.

Por la Comisión de Cultura

Diputados: José Alfonso Suárez del Real y Aguilera (rúbrica), presidente; Ramón Ignacio Lemus Muñoz Ledo (rúbrica), María Elena de las Nieves Noriega Blanco Vigil (rúbrica), María Beatriz Pagés Llergo Rebollar (rúbrica), Aurora Cervantes Rodríguez (rúbrica), Blanca Luna Becerril (rúbrica), secretarios; Víctor Aguirre Alcaide, María Mercedes Corral Aguilar (rúbrica), Marcela Cuen Garibi, Yolanda Mercedes Garmendia Hernández, María Gabriela González Martínez (rúbrica), Alejandro Landero Gutiérrez (rúbrica), Pedro Landero López (rúbrica), Ramón Landeros González, Francisco Martínez Martínez (rúbrica), José Francisco Melo Velázquez (rúbrica), José Luis Murillo Torres, Concepción Ojeda Hernández (rúbrica), Héctor Hugo Olivares Ventura, Víctor Ortiz del Carpio, Ana Elisa Pérez Bolaños (rúbrica), María Isabel Reyes García (rúbrica), Alejandro Rodríguez Luis (rúbrica), Víctor Gabriel Varela López, Jaime Verdín Saldaña, Juan Manuel Villanueva Arjona (rúbrica), Víctor Manuel Virgen Carrera (rúbrica), Sergio Rojas Carmona (rúbrica).
 
 
 

DE LA COMISIÓN DE CULTURA, CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DEL CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES A RENDIR UN INFORME DE GESTIÓN DE BIENES DONADOS EN POSESIÓN DE FERROCARRILES NACIONALES DE MÉXICO, EN LIQUIDACIÓN

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Cultura de la LX Legislatura fue turnada proposición con punto de acuerdo por el que se solicita exhortar a Ferrocarriles Nacionales en Liquidación y al Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, a través del Centro Nacional para la Preservación del Patrimonio Ferrocarrilero, el patrimonio ferrocarrilero en el estado de Aguascalientes, suscrita por el diputado Santiago López Becerra, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Los integrantes de la Comisión de Cultura realizaron estudio y análisis de los planteamientos del punto de acuerdo, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente dictamen.

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), y numeral 7, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 58, 60, 65, 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y demás relativos y aplicables, los miembros de la Comisión de Cultura, que suscriben, someten a consideración de esta honorable asamblea el presente dictamen.

Antecedentes

La proposición con punto de acuerdo que se cita en el proemio fue presentada en sesión celebrada el 30 de abril de 2008 ante la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión y turnada a la Comisión de Cultura, mediante oficio número D.G.P.L. 60-II-1-1689, suscrito por las Secretarias de la Mesa Directiva de la LX Legislatura para estudio y dictamen correspondiente.

Consideraciones

En el capítulo de "Consideraciones", el proponente expresa sustancialmente que el gobierno del estado de Aguascalientes dio a conocer las listas del taller de construcción de locomotoras que se situó en dicha entidad, ahora en resguardo del patrimonio cultural ferrocarrilero que se encuentra en Ferrocarriles Nacionales en liquidación y la posibilidad de que dicho patrimonio se done para que forme parte del acervo del pueblo de Aguascalientes.

La Comisión de Cultura realizó el estudio y el análisis de la propuesta que se dictamina, y con la finalidad de atender la petición del proponente, consistente en que se tomen medidas para la conservación y preservación del patrimonio cultural, es procedente exhortar a la titular del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes a rendir un informe de gestión de bienes donados en posesión de Ferrocarriles Nacionales en liquidación, como una medida preventiva para proteger dicho patrimonio.

En mérito de lo antes expuesto, los integrantes de la Comisión de Cultura someten a consideración del Pleno de la Cámara de Diputados el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la titular del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes a rendir a esta soberanía, por conducto de la Comisión de Cultura, un informe de gestión de bienes donados en posesión de Ferrocarriles Nacionales en liquidación, como medida preventiva para proteger el patrimonio ferrocarrilero.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de abril de 2009.

La Comisión de Cultura

Diputados: José Alfonso Suárez del Real y Aguilera (rúbrica), presidente; Ramón Ignacio Lemus Muñoz Ledo (rúbrica), María Elena de las Nieves Noriega Blanco Vigil (rúbrica), María Beatriz Pagés Llergo Rebollar (rúbrica), Aurora Cervantes Rodríguez (rúbrica), Blanca Luna Becerril (rúbrica), secretarios; Víctor Aguirre Alcaide, María Mercedes Corral Aguilar (rúbrica), Marcela Cuen Garibi, Yolanda Mercedes Garmendia Hernández, María Gabriela González Martínez (rúbrica), Alejandro Landero Gutiérrez, Pedro Landero López (rúbrica), Ramón Landeros González, Francisco Martínez Martínez (rúbrica), José Francisco Melo Velázquez (rúbrica), José Luis Murillo Torres, Concepción Ojeda Hernández (rúbrica), Héctor Hugo Olivares Ventura, Víctor Ortiz del Carpio, Ana Elisa Pérez Bolaños (rúbrica), María Isabel Reyes García (rúbrica), Alejandro Rodríguez Luis (rúbrica), Víctor Gabriel Varela López, Jaime Verdín Saldaña, Juan Manuel Villanueva Arjona (rúbrica), Víctor Manuel Virgen Carrera (rúbrica), Sergio Rojas Carmona (rúbrica).
 
 
 

DE LA COMISIÓN DE REFORMA AGRARIA, CON PUNTOS DE ACUERDO POR LOS QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE LA REFORMA AGRARIA A PROSEGUIR CON EL GOBIERNO DE CHIAPAS LAS ACCIONES NECESARIAS PARA DAR SOLUCIÓN A LOS CONFLICTOS AGRARIOS EN LOS EJIDOS DE TOQUIAN CHIQUITO, LA PATRIA, ALIANZA PARA LA PRODUCCIÓN Y EL ZAPOTE

A la Comisión de Reforma Agraria de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, correspondiente a esta LX Legislatura, le fue turnada para su estudio y dictamen la proposición con punto de acuerdo citada al rubro del presente dictamen.

Esta comisión dictamina con fundamento en los artículos 39, numeral 1, fracción XXXII; y 45, numeral 6, incisos d), e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 58, 60, 87, 88 y 94, del Reglamento Interior para el Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y somete a la consideración de esta asamblea el presente dictamen con base en los siguientes

Antecedentes

Primero. En sesión celebrada el 11 de diciembre de 2008, la Mesa Directiva recibió del diputado Fernel Arturo Gálvez Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática y, en ejercicio del derecho conferido por el artículo 58 del Reglamento Interior para el Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, recibió la propuesta con punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de la Reforma Agraria a que lleve a cabo acciones para dar solución a los conflictos agrarios que se registran en varios ejidos de Chiapas.

Segundo. En esa misma fecha la Presidencia de la Mesa Directiva acordó dar el siguiente trámite: Túrnese a la Comisión de Reforma Agraria; que nos fue comunicado mediante oficio número D.G.P.L. 60-II-4-1883.

Tercero. Mediante oficio Of/CRA/059/09 del 24 de febrero de 2009, se dio cuenta de esta proposición a los integrantes de la Comisión de Reforma Agraria, para conocimiento, opiniones y propuestas.

Cuarto. Asimismo, mediante oficio Of/CRA/060/2009 del 24 de febrero de 2009, la presidencia de la Comisión de Reforma Agraria, con fundamento en lo establecido en el artículo 45, numeral 1, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicitó al titular de la Secretaría de la Reforma Agraria que emitiera opinión respecto al presente punto de acuerdo.

Quinto. El legislador, en su proposición con punto de acuerdo, solicita:

• Se exhorte a la Secretaría de la Reforma Agraria para que, en el ámbito de colaboración entre poderes, lleve a cabo las acciones convenientes para dar debida solución a los conflictos agrarios que se registran en los ejidos Toquian Chiquito, La Patria, Alianza para la producción y El Zapote (Tres de Mayo), Chiapas. Consideraciones

Primera. La Secretaría de la Reforma Agraria tiene dentro de sus funciones atender y encontrar soluciones a los conflictos agrarios que se presentan en la propiedad social, privilegiando el diálogo, la conciliación y el consenso entre las partes involucradas en los conflictos agrarios.

Segunda. De la información aportada por los funcionarios de la Secretaría de la Reforma Agraria que, con este propósito, fueron invitados a la reunión de la comisión de esta fecha, y de la que aportaron tanto el diputado Gálvez Rodríguez como otros diputados, principalmente de Chiapas, se deduce que los representantes estatales del sector agrario en Chiapas (Secretaría de la Reforma Agraria, Registro Agrario Nacional y Procuraduría Agraria), en coordinación con el gobierno del estado, han realizado una serie de actividades y reuniones de trabajo para atender la problemática que se presenta en los ejidos de Toquian Chiquito y La Patria, municipio de Tapachula; Alianza para la producción, municipio de Huehuetán y El Zapote (Tres de Mayo) municipio de Escuintla; todos de Chiapas, a fin de encontrar alternativas de solución a la problemática planteada por cada uno de ellos.

Tercera. Los problemas se vinculan con las demandas de reposición de predios por tierras que les fueron dotadas y que se localizan en áreas naturales protegidas, o bien, no son aptas para el cultivo, razón por la cual solicitaron tierras cultivables.

Cuarta. En la discusión, diversas intervenciones y propuestas de los diputados fueron en el sentido de analizar, con la Secretaría de la Reforma Agraria, la disponibilidad presupuestal del programa de atención a conflictos agrarios, para determinar las posibilidades de atender las necesidades planteadas.

Por expuesto y en virtud de que la Secretaría de la Reforma Agraria ha estado atendiendo el asunto, no obstante lo cual es necesario implementar alternativas específicas de solución, se acordó convocar a la instalación de una mesa de trabajo en el Palacio Legislativo de San Lázaro; con la participación del sector agrario, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, el gobierno del estado y los gobiernos municipales de los municipios en que se ubican los ejidos de referencia; la Comisión de Reforma Agraria, somete a consideración de la honorable asamblea, el presente:

Acuerdo

Primero. Se aprueba, modificada, la proposición con punto de acuerdo presentada el 11 de diciembre de 2008 por el diputado Fernel Arturo Gálvez Rodríguez; por lo que;

Segundo. Se exhorta a la Secretaría de la Reforma Agraria para que, en coordinación con el gobierno de Chiapas se sigan llevando a cabo las acciones necesarias para dar solución a los conflictos agrarios que se presentan en los ejidos de Toquian Chiquito, La Patria, Alianza para la producción, y El Zapote.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de abril de 2009

La Comisión de Reforma Agraria

Diputados: Ramón Ceja Romero (rúbrica), presidente; Leticia Díaz de León Torres (rúbrica), Lizbeth Evelia Medina Rodríguez (rúbrica), Víctor Aguirre Alcaide (rúbrica), Ramón Salas López (rúbrica), secretarios; Gerardo Aranda Orozco (rúbrica), Gregorio Barradas Miravete, Leobaldo Curiel Preciado (rúbrica), Isidro Pedraza Chávez (rúbrica), Odilón Romero Gutiérrez, Fernel Arturo Gálvez Rodríguez (rúbrica), Carlos Roberto Martínez Martínez, Héctor Narcia Álvarez (rúbrica), Arely Madrid Tovilla (rúbrica), Víctor Ortiz del Carpio (rúbrica), Martha Cecilia Díaz Gordillo (rúbrica), Ricardo Franco Cazarez (rúbrica), José Guadalupe Rivera Rivera (rúbrica), José Ignacio Rubio Chávez (rúbrica), Claudia Sánchez Juárez, Juan Victoria Alva (rúbrica), Pedro Landero López, Alejandro Martínez Hernández (rúbrica), Alfredo Adolfo Ríos Camarena, José Luis Blanco Pajón (rúbrica, tomando en cuenta las tres modificaciones acordadas en la sesión), Tomás Gloria Requena, Pablo Leopoldo Arreola Ortega, Félix Castellanos Hernández (rúbrica).
 
 
 

DE LA COMISIÓN DE REFORMA AGRARIA, CON PUNTOS DE ACUERDO POR LOS QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE LA REFORMA AGRARIA A CONTINUAR ATENDIENDO EL CONFLICTO AGRARIO ENTRE CHENALHÓ Y CHALCHICHUITÁN, EN CHIAPAS, PRIVILEGIANDO EL DIÁLOGO Y LA CONCILIACIÓN

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Reforma Agraria de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión correspondiente a la LX Legislatura fue turnada, para estudio y dictamen, la proposición con punto de acuerdo citada al rubro del presente dictamen.

La comisión dictamina con fundamento en los artículos 39, numeral 1, fracción XXXII, y 45, numeral 6, incisos d), e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58, 60, 87, 88 y 94 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y somete a consideración de esta asamblea el presente dictamen, con base en los siguientes

Antecedentes

Primero. En sesión celebrada en la Cámara de Diputados el 30 de abril de 2008, sus Secretarios dieron cuenta al Pleno de la proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de la Reforma Agraria a atender el conflicto agrario que se presenta en los municipios de Chenalhó y Chalchihuitán, Chiapas, proposición que fue presentada por el diputado Víctor Ortiz del Carpio, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en ejercicio del derecho conferido en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Segundo. En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva acordó dar el siguiente trámite: "Túrnese a la Comisión de Reforma Agraria", que nos fue comunicado mediante el oficio número DGPL 60-II-2-1610.

Tercero. Mediante el oficio número CRA/303/08, de fecha 17 de junio de 2008, la presidencia de la Comisión de Reforma Agraria, con fundamento en el artículo 45, numeral 1, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicitó del titular de la Secretaría de la Reforma Agraria un informe sobre las acciones realizadas y la situación actual de la problemática planteada en el punto de acuerdo que nos ocupa.

Cuarto. El legislador, en la proposición con punto de acuerdo solicita lo siguiente:

• Que la Cámara de Diputados exhorte a la Secretaría de la Reforma Agraria a dar atención al conflicto agrario que presentan los municipios de Chenalhó y Chalchihuitán, Chiapas, dando una solución conciliatoria. Consideraciones

Primera. Mediante el oficio número 1.101.A.078/2008, de fecha 1 de agosto de 2008, el secretario de la Reforma Agraria, Abelardo Escobar Prieto, nos hace llegar, con documentación anexa, un informe amplio sobre el seguimiento y la atención que se han dado por parte de la secretaría a este conflicto, y de su situación actual. Esta información fue complementada y, en su caso, aclarada por los representantes de la Secretaría de la Reforma Agraria, que fueron invitados para tal efecto en la sesión de la comisión.

Segunda. De la información que se tiene y del análisis que se realizó se desprende que por resolución presidencial de reconocimiento y titulación de bienes comunales de fecha 26 de mayo de 1975, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 29 de agosto de 1975, se tituló San Pablo Chalchihuitán, municipio del mismo nombre, estado de Chiapas, una superficie de 17 948-24-16 hectáreas, para beneficiar a mil 787 comuneros, habiéndose ejecutado dicha resolución el 1 de diciembre de 1980, por la misma superficie. Asimismo, en acción complementaria, a los bienes comunales de San Pablo Chalchihuitán se titulan 252-00-00 hectáreas, mediante resolución publicada en el Diario Oficial de la Federación el 29 de agosto de 1975, que fue ejecutada el 19 de octubre de 1981.

Tercera. Por resolución presidencial de reconocimiento y titulación de bienes comunales de fecha 4 de septiembre de 1975, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de octubre de 1975, se tituló a San Pedro Chenalhó, municipio del mismo nombre, estado de Chiapas, una superficie de 15 625-22-11 hectáreas, para beneficiar a mil 681 comuneros, habiendo sido ejecutada el 20 de octubre de 1976, con una superficie de 14 438-00-00 hectáreas. Asimismo, con fecha 13 de octubre de 1994, se expropia a los bienes comunales de San Pedro Chenalhó una superficie de 00-60-92 hectáreas por causa de utilidad pública.

Cuarta. Posteriormente, San Pablo Chalchihuitán demandó la restitución de 58-25-00 hectáreas a San Pedro Chenalhó ante el Tribunal Unitario Agrario del Tercer Distrito, juicio que fue radicado en el expediente 955/2000, resuelto el 6 de junio de 2003, en el sentido de negar la acción ejercitada, resolución en la que asimismo se declara parcialmente nula el acta de ejecución de su resolución presidencial, ordenando a la Secretaría de la Reforma Agraria realizar los trabajos de ejecución correspondientes, tomando en consideración el convenio suscrito en 1974 por ambas comunidades que refiere el respeto de los límites entre ellas.

Quinta. Con fecha 6 de mayo de 2005, el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito concede amparo a San Pablo Chalchihuitán, dejando sin efectos la sentencia reclamada de fecha 6 de junio de 2003, que resolvió el Tribunal Unitario Agrario del Tercer Distrito, y ordenando reponer el procedimiento a partir del acuerdo del 24 de febrero de 2003, a efecto de que el tribunal del conocimiento determine sobre la ejecución del decreto presidencial del 26 de mayo de 1975, que reconoció y tituló a San Pablo Chalchihuitán.

En cumplimiento de la ejecutoria del Tribunal Superior Agrario, el 2 de febrero de 2006 se realizó la reposición del procedimiento a partir de la audiencia de ley.

Sexta. San Pedro Chenalhó demanda la nulidad de la ejecución de San Pablo Chalchihuitán, radicándose el juicio número 781/05, de los del índice del Tribunal Unitario Agrario del Tercer Distrito, desahogándose la audiencia de ley el 18 de enero de 2007, estando pendiente que se dicte la sentencia respectiva. Es importante mencionar que el conflicto actual versa sobre la posesión de una superficie aproximada de 800-00-00 hectáreas.

Séptima. Que, asimismo, los gobiernos federal y estatal de manera permanente han brindado atención prioritaria a este conflicto, destacándose que la Secretaría de la Reforma Agraria, en el ámbito de su competencia, ha instaurado una serie de estrategias que contribuyen al ordenamiento de la propiedad rural y a dar solución definitiva a los conflictos agrarios, entre los que destacan el Programa de Atención a Conflictos Sociales en el Medio Rural, cuyo objetivo es implantar mecanismos de prevención de conflictos, privilegiando la conciliación de intereses, y la concertación de acuerdos en amigable composición, como vía preferente para su solución, a través de un convenio finiquito que permita preservar la paz social en el campo mexicano.

Octava. Finalmente, el presente asunto es atendido también dentro del programa institucional a cargo de la Secretaría de la Reforma Agraria denominado Cosomer (Conflictos Sociales en el Medio Rural), en el marco del convenio de coordinación para atender problemática agraria en el estado de Chiapas suscrito por el titular de la Secretaría de la Reforma Agraria y el gobierno de Chiapas de fecha 20 de febrero de 2008.

Por lo expuesto y en virtud de que se está atendiendo el conflicto, en lo que compete a la Secretaría de la Reforma Agraria, pero que, no obstante, es necesario reforzar la atención y prioridad que tiene, la Comisión de Reforma Agraria somete a consideración de la honorable asamblea los presentes

Acuerdos

Primero. Se aprueba, con modificación, la proposición con punto de acuerdo presentada el 30 de abril de 2008 por el diputado Víctor Ortiz del Carpio, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, por lo que

Segundo. Se exhorta a la Secretaría de la Reforma Agraria a continuar dando atención al conflicto agrario que se presenta entre los municipios de Chenalhó y Chalchihuitán, en Chiapas, privilegiando el diálogo y la conciliación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de marzo de 2009.

La Comisión de Reforma Agraria

Diputados: Ramón Ceja Romero (rúbrica), presidente; Leticia Díaz de León Torres (rúbrica), Lizbeth Evelia Medina Rodríguez (rúbrica), Víctor Aguirre Alcaide (rúbrica), Ramón Salas López (rúbrica), secretarios; Gerardo Aranda Orozco (rúbrica), Gregorio Barradas Miravete, Leobardo Curiel Preciado (rúbrica), Martha Cecilia Díaz Gordillo (rúbrica), Ricardo Franco Cazarez (rúbrica), José Guadalupe Rivera Rivera (rúbrica), José Ignacio Alberto Rubio Chávez (rúbrica), Claudia Sánchez Juárez, Juan Victoria Alva (rúbrica), Pedro Landero López, Alejandro Martínez Hernández (rúbrica), Isidro Pedraza Chávez (rúbrica con la modificación acordada), Odilón Romero Gutiérrez, Fernel Arturo Gálvez Rodríguez, Carlos Roberto Martínez Martínez (rúbrica), Héctor Narcia Álvarez, Arely Madrid Tovilla (rúbrica), Víctor Ortiz del Carpio (rúbrica), Alfredo Adolfo Ríos Camarena, José Luis Blanco Pajón (rúbrica a favor con las modificaciones aprobadas en la sesión ordinaria del 3 de marzo de 2009), Tomás Gloria Requena, Pablo Leopoldo Arreola Ortega, Félix Castellanos Hernández (rúbrica).