La suscrita, Guillermina López Balbuena, diputada por el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de conformidad con lo previsto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo por el que la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados manifiesta su rechazo enérgico a la campaña publicitaria de la empresa Burger King en la cual hace mal uso de los símbolos patrios y denigra la imagen de los mexicanos, con base en la siguiente
Exposición de Motivos
El lunes 13 del presente mes, en varios canales televisivos de España se presentó una campaña publicitaria, auspiciada por la cadena de comida rápida Burger King, en la cual se denigran los símbolos patrios y la imagen de los mexicanos.
Por ello formulo un llamado respetuoso a la Junta de Coordinación Política y a la Mesa Directiva, como órganos supremos de la Cámara, a que de manera urgente e inmediata y a través de un punto de acuerdo manifiesten su enérgico rechazo a toda campaña publicitaria internacional que tenga como fin denigrar nuestros símbolos patrios y utilizar indebidamente la imagen del mexicano a través de estereotipos que nos ofenden.
Asimismo, se exhorte a los secretarios de Relaciones Exteriores, Patricia Espinosa, y de Gobernación, Fernando Gómez Mont, a exigir en el ámbito de sus facultades y por los canales diplomáticos apropiados el retiro inmediato de anuncios, carteles y cualquier otro instrumento utilizado en la campaña de publicidad. Además, que exijan una disculpa pública a todo el pueblo de México por la empresa Burger King y, en su caso, analicen si procede la aplicación de sanciones conforme al marco legal, nacional e internacional.
Por lo expresado, presento ante la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados manifiesta su rechazo enérgico a toda campaña de publicidad internacional que tenga como objeto denigrar los símbolos patrios y la imagen de los mexicanos.
Asimismo, respalda las acciones emprendidas por el embajador de México en España contra la compañía Burger King.
Segundo. Se exhorta a las Secretarías de Relaciones Exteriores, y de Gobernación a exigir en el ámbito de sus atribuciones y competencias una disculpa pública a todo el pueblo de México por la empresa Burger King, así como el retiro inmediato de la campaña de publicidad. De igual manera, que se analice la posibilidad de aplicar las sanciones correspondientes conforme a los marcos legales nacional e internacional.
Palacio Legislativo, a 16 de abril de 2009.
Diputada Guillermina López Balbuena (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A DEJAR SIN EFECTO, A TRAVÉS DE
LA SCT, EL ACUERDO QUE CREA EL PROGRAMA NACIONAL PARA EL REORDENAMIENTO
Y REGULARIZACIÓN DE VEHÍCULOS DESTINADOS AL AUTOTRANSPORTE
FEDERAL DE PASAJEROS Y TURISMO Y DE CONCESIONARIOS O PERMISIONARIOS ESTATALES
QUE TRANSITAN EN CAMINOS Y PUENTES DE JURISDICCIÓN FEDERAL EN TANTO
NO EMITA LA NOM CORRESPONDIENTE, A CARGO DEL DIPUTADO RAFAEL FRANCO MELGAREJO,
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
El suscrito, diputado federal en la LX Legislatura e integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo establecido en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía proposición con puntos de acuerdo, conforme a las siguientes
Consideraciones
Desde 2001, el Programa de Trabajo del Sector Comunicaciones y Transportes preveía la instauración de un programa de reordenamiento y regularización del autotransporte de pasajeros y turismo, concesionados y permisionados, estatales y federales, a fin de que en el país se contara con vehículos seguros y adecuados para transitar en la red carretera nacional.
En consecuencia, el 18 de diciembre de 2001 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Programa Nacional para el Reordenamiento y Regularización de Vehículos Destinados al Autotransporte Federal de Pasajeros y Turismo y de Concesionarios o Permisionarios Estatales que transitan en Caminos y Puentes de Jurisdicción Federal, con el objetivo expreso de reordenar y regularizar a los prestadores del servicio de autotransporte mencionado que requirieran sustituir los vehículos que tenían en operación por los que señala el mismo acuerdo.
En general, el acuerdo señala que los camiones o similares deben ser sustituidos por unidades tipo vagonetas van o midibuses.
Para ello, el acuerdo indica, en el artículo tercero: "Para los efectos del presente acuerdo se estará a las siguientes definiciones y las que indique la norma oficial mexicana correspondiente".
El artículo séptimo establece que los autotransportistas que hubieren presentado el contrato de adquisición del vehículo suscribirán con la secretaría el convenio de sustitución de unidades, y éste incluirá "la fecha de entrega del autobús, midibús o vagoneta que se adquiere; y para el caso de los prestadores del servicio de autotransporte federal de pasajeros, la longitud de carretera que deberá operar al cambiar su microbús, minibús, combi o equivalente, como sigue:
"b) Vagoneta, en tramos de carretera de jurisdicción federal tipo C o D no mayor de 30 kilómetros, con antigüedad máxima de 5 años al ingresar en el servicio."
La ausencia de la norma oficial mexicana ha impedido que se concrete la aplicación del programa de reordenamiento y regularización de vehículos y provoca a los autotransportistas problemas adicionales. Ejemplo de ello es la corrupción desatada por algunos policías federales y supervisores de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en más de mil 500 municipios. Evidentemente, para la concreción del programa resulta indispensable la existencia de la norma oficial mexicana.
Por ello urgimos a la secretaría a emitir dicha norma pero, al mismo tiempo, a que la aplicación del programa quede sin efecto en tanto no haya norma.
En virtud de lo señalado, propongo a esta soberanía los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados exhorta al Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a fin de que quede sin efecto el Acuerdo que crea Programa Nacional para el Reordenamiento y Regularización de Vehículos Destinados al Autotransporte Federal de Pasajeros y Turismo y de Concesionarios o Permisionarios Estatales que transitan en Caminos y Puentes de Jurisdicción Federal en tanto no emita la norma oficial mexicana correspondiente.
Segundo. Se exhorta al Ejecutivo federal a emitir a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes la norma oficial mexicana correspondiente.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de abril de 2009.
Diputados: Rubén Aguilar
Jiménez (rúbrica), Gustavo Fernando Caballero Camargo (rúbrica),
Rafael Franco Melgarejo (rúbrica), Juan Darío Lemarroy Martínez
(rúbrica), Santiago López Becerra (rúbrica), María
Mercedes Maciel Ortiz, Agustín Mollinedo Hernández, Marcos
Salas Contreras, Jesús Ramírez Stabros (rúbrica),
Jaime Espejel Lazcano (rúbrica).
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA A LA SEP A REALIZAR LO NECESARIO PARA QUE NINGÚN GRUPO
ACADÉMICO DE EDUCACIÓN BÁSICA SE EXCEDA DE 30 ALUMNOS
POR MAESTRO, A CARGO DEL DIPUTADO ENRIQUE RODRÍGUEZ URESTI, DEL
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
La educación es un factor primordial e insustituible para superar las grandes diferencias, tanto las económicas como las culturales, que se presentan en toda la sociedad, haciéndola el elemento más importante en el desarrollo.
Es una herramienta fundamental para el desarrollo, no sólo de las personas, sino también de los países; entre más se invierta en educación de calidad, se generarán mejores condiciones de vida para los ciudadanos.
La inserción de México en la economía mundial, caracterizada por un proceso acelerado de cambios tecnológicos y económicos, exige niveles superiores de educación y capacitación. No podemos aspirar al desarrollo integral del educando como establece el artículo 3o. constitucional sin hacer los cambios que requiere el sistema educativo nacional.
Sin embargo medir la calidad de la educación es una tarea complicada, debido a que no existen formas directas de hacerlo; ante esto, se usan indicadores que permiten tener una aproximación de ésta; uno de ellos es la relación de la cantidad de alumnos por personal docente, que junto con el salario del profesorado, el número de alumnos por clase y la cantidad de personal de apoyo disponible sirven para determinar los recursos financieros que un país dedica a la educación y el grado de atracción que puede ejercer la profesión docente.
Otro indicador relacionado es el "tamaño de la clase" que no depende sólo del número de alumnos y de profesores que haya en una escuela, sino del número de áreas o asignaturas que tienen los alumnos y también del número de horas de docencia que imparten los profesores.
La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura recomienda que el máximo de alumnos por clase no exceda los 40 alumnos por maestro, ya que a partir de ese número, la calidad de las clases impartidas se reduce de manera importante.
En la actualidad, los métodos tradicionales basados en el recurso de la exposición están siendo sustituidos por un aprendizaje más centrado en el descubrimiento, con resultados que van más allá de la mera memorización de hechos e informaciones; se requiere un aprendizaje mas interactivo y participativo que desarrolle competencias básicas en lectura, redacción, aritmética, aptitudes practicas para la vida cotidiana, valores y competencias creativas y afectivas.
El objetivo de mejorar el rendimiento educativo de los alumnos así como el de hacerlos más competitivos requiere, entre otros factores, que alumnos y profesores, durante la clase, expongan, analicen, ejerciten, polemicen y evalúen los contenidos en estudio. Que todos los integrantes del grupo participen y tengan la oportunidad de exponer sus ideas y conocimientos en una dinámica de enseñanza interactiva.
Los grupos numerosos implican hacinamiento, agresividad, estrés en alumnos y maestros (estudios de la Organización Internacional del Trabajo resaltan que en Europa el 40 por ciento de los profesores presentan indicadores clínicos de estrés grave; en América Latina y entre ellos México, la cifra llega a 50 por ciento), pérdida de tiempo al pasar lista, falta de atención de los educandos, reducida interacción maestro-alumno, incomodidad de espacios, relajamiento de aspectos como la higiene, orden y limpieza, reducción de la participación del alumno en clase y, en consecuencia, pérdida de la secuencia de la clase y bajo grado de aprendizaje.
Para el caso de México, y según datos proporcionados por la Secretaría de Educación Pública (SEP), la relación alumno-maestro promedio es de 26 alumnos, siendo el caso más alto el de Aguascalientes, con 30 alumnos por maestro. Sin embargo, existen algunos grupos en donde la relación alumno-maestro rebasa lo recomendado, por lo que la calidad de la educación impartida se ve comprometida.
Reducir la matrícula de estudiantes como se propone representa una ventaja académica, porque hay una mayor atención individualizada, se realiza más cantidad de trabajo en el aula, los alumnos tiene mayores oportunidades de participación y en general el grupo es más fácil de controlar. Las clases son más dinámicas y efectivas.
La proporción alumno-maestro es uno de los factores más importantes para la calidad educativa, representa un indicador aproximado del grado de atención que el maestro puede dar a los alumnos; a mayor número de alumnos por profesor, menores posibilidades de atención del maestro a las necesidades y capacidades de aprendizaje de los alumnos.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a consideración de esta soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. La honorable Cámara Diputados exhorta respetuosamente a la Secretaría de Educación Pública a realizar las acciones y tomar las medidas necesarias para que ningún grupo académico de educación básica sea de más de 30 alumnos por maestro.
Palacio Legislativo de San Lázaro, México, Distrito Federal, a 14 de abril de 2009.
Diputado Enrique Rodríguez Uresti (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE SOLICITA LA COMPARECENCIA DEL TITULAR DE LA STPS ANTE LAS COMISIONES
UNIDAS DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, DE SEGURIDAD SOCIAL, Y DE
POBLACIÓN, FRONTERAS Y ASUNTOS MIGRATORIOS A FIN DE QUE INFORME
SOBRE EL ACUERDO DE COOPERACIÓN LABORAL DE AMÉRICA DEL NORTE,
A CARGO DEL DIPUTADO JOSÉ ANTONIO ALMAZÁN GONZÁLEZ,
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
El suscrito, diputado José Antonio Almazán González, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta al Pleno de esta honorable Cámara de Diputados, con carácter de urgente y obvia resolución, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
El Acuerdo de Cooperación Laboral entre Canadá, México y Estados Unidos de América, es el primer acuerdo internacional sobre asuntos laborales ligado a un tratado internacional de libre comercio (TLCAN). Como sabemos se celebró el 14 de septiembre de 1993, entrando en vigor en la misma fecha en que lo hizo el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, es decir, el 1 de enero de 1994.
Este acuerdo tiene por objetivo: Crear nuevas oportunidades de empleo, mejorar las condiciones de trabajo y los niveles de vida en sus respectivos territorios, y proteger, ampliar y hacer efectivos los derechos básicos de los trabajadores.
Para hacer realidad este objetivo los Estados miembros se comprometen al cumplimiento de diversas obligaciones: a) El tomar medidas para que se aplique de manera efectiva la legislación laboral, destacando que las autoridades competentes deben otorgar la debida consideración, de conformidad con su legislación, a cualquier solicitud de los patrones, los trabajadores o sus representantes, así como de otras personas interesadas, para que se investigue cualquier presunta violación a la legislación laboral; b)Acceso de los particulares a los procedimientos, concretamente la legislación de cada una de las Partes garantizará que las personas tengan acceso a los procedimientos mediante los cuales se puedan hacer efectivos los derechos establecidos: en su legislación laboral, incluyendo la relativa a seguridad e higiene, condiciones de trabajo, relaciones obrero-patronales y trabajadores migratorios, y en los convenios colectivos; c) Garantías procesales, cada una de las partes garantizará que los procedimientos ante sus tribunales para la aplicación de su legislación laboral sean justos, equitativos y transparentes, de manera precisa, cada una de las partes garantizará que los tribunales que lleven a cabo dichos procedimientos, o los revisen, sean imparciales e independientes, y no tengan interés sustancial en el resultado de éstos; d) Cada una de las partes promoverá el conocimiento público de su legislación laboral, impulsará la educación de la población respecto de su legislación laboral.
El gobierno federal, y concretamente el secretario del Trabajo y Previsión Social, en su carácter de integrante del Consejo Ministerial, y luego de la Comisión para la Cooperación Laboral, ha incumplido de manera generalizada con sus obligaciones contraídas en el marco de este acuerdo, basta recordar casos como los de Pasta de Conchos, el conflicto minero, el respaldo que se ha dado a los conflictos colectivos de naturaleza económica promovidos por la patronal como medio de golpear el derecho a la contratación colectiva, la parcialidad absoluta a favor de los patrones que ha evidenciado tanto esta secretaría como a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, además que la justicia que imparte ésta violenta de manera flagrante a la garantía individual que ordena una justicia pronta y expedita.
Adicionalmente, la Secretaría del trabajo ha violentado de manera sistemática los principios que guían a este acuerdo: la libertad de asociación y la protección del derecho a organizarse, el derecho a la negociación colectiva, el derecho de huelga, restricción al trabajo de menores, eliminación de la discriminación en el trabajo, salario igual para trabajo igual, protección de los trabajadores migratorios, por citar algunos.
Llama la atención que a partir del año 2000 no se han realizado con la regularidad anual que exige el acuerdo en comento, las reuniones ordinarias del Consejo Ministerial; igualmente se destaca la pobreza de las actividades de cooperación que deben promoverse por este Consejo Ministerial, en materias tan importantes como: seguridad e higiene en el trabajo; trabajo de menores; trabajadores migratorios; relaciones obrero-patronales y procedimientos de negociación colectiva; condiciones de trabajo y su aplicación; legislación relativa a la formación y funcionamiento de los sindicatos, la negociación colectiva y la resolución de conflictos laborales, así como su aplicación; igualdad entre mujeres y hombres en el lugar de trabajo. Hay que agregar que el actual presidente de EUA licenciado Barak Obama, que el próximo 16 de abril visitará el país, ha planteado la necesidad de revisar el TLCAN en materia laboral. Por lo que con mayor razón urge que los representantes populares tengan todos los detalles, para incidir, en su caso, en este proceso, en el marco de sus atribuciones.
Con base en todo lo expuesto y fundado, someto a la consideración de esta soberanía, con el carácter de urgente y obvia resolución, la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Que el Pleno de la honorable Cámara de Diputados, respetuosamente, solicite la comparecencia con el carácter de urgente del secretario del Trabajo y Previsión Social, licenciado Javier Lozano Alarcón, ante las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social, Seguridad Social y Población, Frontera y Asuntos Migratorio, para que informe en detalle sobre el Acuerdo de Cooperación Laboral de América del Norte.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de abril de 2009.
Diputado José Antonio Almazán González
(rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A SOLICITAR AL PRESIDENTE DE ESTADOS UNIDOS
DE AMÉRICA, DURANTE LA VISITA DE ÉSTE A NUESTRO PAÍS,
SU INTERVENCIÓN PARA QUE LOS LEGISLADORES DE DICHA NACIÓN
REGULEN LA VENTA Y ADQUISICIÓN DE ARMAS A FIN DE QUE NO SEAN COMPRADAS
CON TANTA FACILIDAD Y QUE HAYA MAYOR CONTROL DEL TRÁFICO POR LAS
FRONTERAS, A CARGO DEL DIPUTADO HUMBERTO LÓPEZ LENA CRUZ
El suscrito, Humberto López Lena Cruz, diputado federal sin partido de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en el artículo 58 y 60 del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicita al Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados que formule un exhorto al presidente de México, licenciado Felipe Calderón Hinojosa, para que solicite al presidente de Estados Unidos de América, Barak Obama, en su visita a México, su intervención para que los legisladores de Estados Unidos regulen la venta y adquisición de armas para que no sean adquiridas con tanta facilidad, y que exista mayor control del tráfico de las mismas por nuestra frontera, con el objetivo de coadyuvar al combate de la delincuencia en México.
Consideraciones
El presidente de Estados Unidos de América, Barak Obama, realizará una visita de estado a México wl 16 y 17 de abril.
Los temas principales a tratar serán de interés bilateral, como seguridad, economía, medio ambiente, bienestar social y migración.
Pero no hay que excluir, dentro del relativo a la seguridad, un subtema estratégico para el combate a la delincuencia organizada: el tráfico de armas por nuestras fronteras.
Se estima que EU es el país con mayor número de armas en manos privadas, con cerca de 60 millones de personas que poseen un arsenal combinado de más de 200 millones de armas, pero no hay cifras oficiales que lo refrenden.
Un gran número de las armas que entran a nuestro país vienen de Estados Unidos, de acuerdo con la Agencia de Control de Armas de Estados Unidos en 2007 se descubrió que de 2 mil 400 armas decomisadas en México, mil 800 de habían sido vendidas en armerías de Texas, California, Arizona y Nuevo México.
Los principales puntos de entrada de armas a México son Matamoros, Nuevo Laredo y Reynosa, Tamaulipas; Ciudad Juárez, Chihuahua; Nogales, Naco y Agua Prieta, Sonora, así como Tijuana, Baja California.
El 23 de febrero de 2009, el funcionario estadounidense William D. Newell, de la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos, en Phoenix, Arizona alertó sobre posibles ataques del crimen organizado en México contra altos funcionarios, debido al incremento en la venta de armas de fuego capaces de traspasar vehículos blindados.
Este tema no es nuevo, ya fue tratado en una reunión el 2 de abril de este año, en Jiutepec, Morelos, donde participaron el titular de la Procuraduría General de la República, Eduardo Medina Mora, y los secretarios de Gobernación, Fernando Gómez Mont, y de Seguridad Pública, Genaro García Luna; por Estados Unidos, Janet Napolitano, secretaria de Seguridad Interior y el procurador Eric Holder.
Entre los acuerdos que se alcanzaron están perfeccionar los mecanismos de cooperación, recopilación de información de armas decomisadas, compartir los datos con autoridades de aquel país para conocer su origen y crear una base de huellas balísticas con la finalidad de conocer si las armas han sido utilizadas en hechos delictivos. Así como aplicar un mecanismo de revisión a los vehículos que entran a México provenientes de Estados Unidos.
La secretaria de Seguridad de los Estados Unidos, Janet Napolitano, en su visita al presidente Felipe Calderón, el 3 de abril de 2009, hizo un reconocimiento a la lucha emprendida por el gobierno mexicano contra el crimen organizado, y señaló que a Estados Unidos le toca analizar la forma en que pondrá en marcha acciones que contribuyan a disminuir el tráfico de armas y de dinero de su territorio hacia México.
Es un hecho que parte de la solución al problema del tráfico de armas pasa por la legislación de Estados Unidos, es decir la facilidad con la que sus habitantes pueden tener acceso a dichas armas, debido a que los requisitos legales son mínimos; y no existe una base de datos real de las armas que se venden.
Por lo que se exhorta para que los legisladores norteamericanos aprueben reformas en materia de posesión y compra de armas, pues eso ha contribuido al tráfico de las mismas hacia México, al incremento de la violencia y a que los cárteles de la droga tengan más capacidad de acceso a estos instrumentos.
Por lo anterior, el presente escrito tiene como finalidad exhortar respetuosamente al presidente Felipe Calderón Hinojosa para que solicite al presidente de Estados Unidos, Barak Obama, en su visita a México, su intervención para que los legisladores de EU regulen la venta y adquisición de armas para que no sean adquiridas con tanta facilidad y que exista mayor control del tráfico de las mismas por nuestra frontera, esto con el propósito de coadyuvar al combate de la delincuencia.
Lo anterior, con fundamento en los artículos 89, fracciones X y XX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por lo antes expuesto, me permito someter a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente
Exhorto
Único. Se exhorta respetuosamente al presidente de México, licenciado Felipe Calderón Hinojosa, que solicite al presidente de Estados Unidos de América, Barak Obama, en su visita a México, su intervención para que los legisladores de EU regulen la venta y adquisición de armas para que no sean adquiridas con tanta facilidad y que exista mayor control del tráfico de las mismas por nuestra frontera, con el propósito de coadyuvar al combate de la delincuencia en México.
Diputado Humberto López Lena Cruz (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA A LOS CONGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A PROMOVER LEYES
PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRIMINACIÓN, SUSCRITA POR DIPUTADOS
DE LA COMISIÓN ESPECIAL SOBRE NO DISCRIMINACIÓN, NUEVOS SUJETOS
Y NUEVOS DERECHOS
Quienes suscribimos, diputado Delio Hernández Valadés, en carácter de presidente; y las diputadas María Esther Jiménez Ramos y Guillermina López Balbuena, en carácter de secretarias de la mesa directiva de la Comisión Especial sobre no discriminación, nuevos sujetos y nuevos derechos, en nombre de ésta, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de conformidad con las disposiciones contenidas en los artículos 55, 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometamos a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo con base en lo siguiente:
La discriminación, desde un aspecto social y jurídico, es la distinción, exclusión y restricción con motivo de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión, posición económica o cualquier otra condición social que tenga como finalidad anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad de los derechos humanos y libertades fundamentales de todas las personas.
En este sentido, la trascendencia del principio de igualdad en el marco de la teoría de los derechos humanos, se expresa, tanto en diversos instrumentos internacionales, como en nuestra propia Carta Magna. En él ésta implícita la aplicación de la ley de formas idénticas, esto significa que las autoridades encargadas de aplicarla deben dar el mismo trato a las personas, es decir, ante la ley no deben establecerse diferencias no razonables. Aunado a esto, el principio de igualdad implica el ejercicio efectivo de todos los derechos, que se den las mismas oportunidades que permitan conseguir igualdad de resultados.
En tanto el derecho a la no discriminación deriva de la aplicación del principio de igualdad, prohibiendo tratos diferenciados que produzcan efectos de desigualdad entre las personas. Aunque también es importante resaltar que la discriminación puede ser consecuencia de la intención de llevarla a cabo, o bien de una acción que en principio no haya sido encaminada hacia ese fin.
En México es común observar que se discrimina y se excluye por temor a las diferencias y por el miedo a afrontarse a las diversas identidades de los grupos sociales que conforman la estructura de la diversidad que compone a la sociedad mexicana. Estas diferencias que día con día, y en el cotidiano desempeño de las actividades de la sociedad, amenazan la propia identidad de los grupos vulnerables, al grado de no comprender que esta diversidad en que está inmerso México es la que lo enriquece.
No olvidando que en nuestro país, concretamente en las zonas de alta pobreza, es frecuente que se discrimine a las personas por el miedo que provoca lo desconocido y lo diferente a las costumbres, tradiciones, ideología, formas de pensar y de sentir de un grupo social, así como, por los prejuicios, estereotipos y estigmas que se han aprendido y reproducido a la largo de la vida, por costumbre o por tradición.
En el México de hoy se ha vuelto habitual que en las escuelas, los bancos, centros recreativos o comerciales, u otros establecimientos sean escenarios de un gran número de actos discriminatorios por razones de pobreza, sexo, edad, salud, nacionalidad y pertenencia ética, entre otras.
Tanto el gobierno federal como los congresos de cada una de las entidades federativas tienen la obligación de impulsar, promover y fomentar el respeto al derecho de la igualdad y la no discriminación, asegurando que todas las personas sean iguales ante la ley, prevenir y evitar acciones discriminatorias tomando las medidas inmediatamente en contra de cualquier acción u omisión que implique discriminación, estableciendo los mecanismos de protección apropiados para la defensa de los derechos humanos y fundamentales de cada individuo. Asimismo, tener como tarea fundamental difundir el conocimiento sobre los derechos humanos y su protección, con la finalidad de contribuir a la construcción de una cultura basada en el respeto de tales derechos.
Las autoridades de los tres niveles de gobierno tenemos el compromiso y responsabilidad ante la sociedad mexicana de garantizar el irrestricto respeto de los derechos inalienables de cada persona, legislando en favor de la igualdad y en contra de la discriminación, implementando políticas y programas específicos para combatir la discriminación y las desigualdades.
De acuerdo con datos del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, las entidades federativas que actualmente cuentan una ley específica para prevenir y eliminar la discriminación, son: Baja California Sur (publicada el 31 de diciembre de 2006), Campeche (publicada el 4 de julio de 2007), Chihuahua (publicada 7 de julio de 2007), Coahuila (publicada el 24 de agosto de 2007), Colima (publicada el 14 de junio de 2008), Distrito Federal (publicada 19 de junio de 2006), Estado de México (publicada 17 de enero de 2007), Guerrero (aprobada 13 de junio de 2007, pendiente de publicación), Hidalgo (publicada el 10 de marzo de 2008), Nayarit (publicada el 10 de diciembre de 2005), Tamaulipas (publicada el 29 de diciembre de 2004), y Zacatecas (publicada el 7 de julio de 2006).
En tanto en las entidades federativas: Durango, Michoacán, Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Tabasco y Yucatán, la ley en referencia está en proceso de emitir el dictamen por las comisiones respectivas de cada Congreso estatal. Mientras que las entidades federativas de Chiapas, Guanajuato, Morelos, Nuevo León, Quintana Roo, Tlaxcala y Veracruz, no cuenta con una ley específica, sin embargo, en su constitución local se hace referencia a la prohibición de cualquier forma de discriminación.
En Aguascalientes y Jalisco, la propuesta de expedir la ley para prevenir y eliminar la discriminación fue desechada. Y en Baja California y Sonora aún no se tienen ni siquiera una propuesta para expedirla.
En nuestro país el arraigo cultural de la discriminación envuelve a todas las estructuras administrativas, de procuración y administración de justicia, en los congresos estatales, en las autoridades municipales, lo cual se refleja en el actuar de la sociedad. Asimismo, aún persiste en algunas leyes, reglamentos, y procedimientos implícitamente la discriminación hacia las personas. La discriminación es estructural y no incidental, la falta de visión estratégica ha generado espacios de desprotección e incongruencias que deben ser remediadas.
Compañeros, tenemos la posibilidad de evitar que se continúen reproduciendo actos de discriminación. Es oportuno sensibilizar a la sociedad mexicana sobre la discriminación con el objetivo de erradicar los prejuicios, estereotipos y estigmas.
Todos sabemos que los grupos mayormente discriminados son las niñas, niños, jóvenes, mujeres, personas que viven con VIH-Sida, con discapacidad, con problemas de salud mental, con orientación sexual e identidad de género, adultos mayores, en situación de calle, migrantes, pueblos indígenas y en general todos aquellos que sufren algún tipo de discriminación como consecuencia de las transformaciones sociales, culturales y económicas que se viven día a día en el país. Luchemos por defender sus derechos plasmados en nuestra Carta Magna.
Por lo anteriormente expresado, presentamos ante esta Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero. Se exhorta a la Secretaría de Gobernación y al Consejo Nacional para Prevenir y Eliminar la Discriminación, para que establezcan lazos de cooperación y coordinación con las autoridades de los tres niveles de gobierno de las entidades federativas para que establezcan las medidas, acciones, instrumentos y mecanismos, correspondientes al ámbito de sus competencias, para impulsar, fomentar y promover el derecho a la igualdad y a la no discriminación.
Segundo. En pleno respeto al principio de soberanía de las entidades federativas, se exhorta a los presidentes de los Congresos estatales que en sus estados ya cuentan con un marco jurídico específico para prevenir y eliminar la discriminación, a difundir, fomentar y promover sus principios. En aquellos que en sus constituciones locales expresamente prohíbe todo acto discriminatorio, a expedir de manera pronta y expedita una ley secundaria que regule lo postulado en sus constituciones.
Mientras tanto, en los Congresos estatales donde se encuentra en proceso el dictamen a la ley para prevenir y eliminar la discriminación, que emitan su dictamen a la brevedad y lo presenten al pleno de sus asambleas para su aprobación. Y en aquellos casos en que aún no se presenta la propuesta, que se conforme una mesa de trabajo para elaborar el proyecto de iniciativa; asimismo en donde fueron rechazadas las propuestas.
Tercero. En pleno respeto al principio de soberanía de las entidades federativas, se solicita a los titulares de los Ejecutivos estatales que conformen mesas de trabajo con los presidentes de los Congresos para que establezcan las medidas correspondientes para impulsar, fomentar y promover el derecho a la igualdad y a la no discriminación.
Diputados: Delio Hernández Valadés,
María Esther Jiménez Ramos, Guillermina López Balbuena
(rúbricas).
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA A LA PGR A ATRAER LAS INVESTIGACIONES DEL HOMICIDIO DE BEATRIZ
LÓPEZ LEYVA, DIRIGENTE DEL PRD EN LA REGIÓN DE LA COSTA DE
OAXACA, SUSCRITA POR LOS DIPUTADOS OTHÓN CUEVAS CÓRDOVA Y
CARLOS MARTÍNEZ MARTÍNEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
Los suscritos, Othón Cuevas Córdova y Carlos Roberto Martínez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, diputados a la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permiten someter a la alta consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución, para exhortar a la Procuraduría General de la República a atraer el caso del homicidio de Beatriz López Leyva, dirigente perredista en la región de la costa del estado de Oaxaca, al tenor de las siguientes:
Consideraciones
Una vez más, en Oaxaca, el fantasma de la impunidad recorre el estado con el asesinato de Beatriz López Leyva, dirigente del Partido de la Revolución Democrática (PRD), en la región de la costa, en el municipio de San Pedro Jicayán.
Beatriz López Leyva fue una luchadora social que encabezaba el procedimiento de revocación de mandato del munícipe de esa comunidad costeña; organizaba a un grupo de pobladores en contra de la instalación de una gasolinera que como empresa privada pretendían construirla en terrenos comunales y era promotora del movimiento nacional liderado por el licenciado Andrés Manuel López Obrador.
Tal situación le provocó un sinnúmero de amenazas que, desafortunadamente, el pasado lunes 6 de abril fueron cumplidas, cegándole la vida. Por su activismo político y las consecuentes amenazas recibidas, la investigación hacia sus adversarios políticos debe ser la principal línea.
Adicionalmente, este crimen representa también la misoginia que priva en la entidad, especialmente en el ambiente político contra las mujeres que se involucran en asuntos de interés público. Tal es el caso de Guadalupe Ávila Salinas, asesinada el 27 de septiembre de 2006, cuando era candidata a la presidencia municipal de San José Estancia Grande, siendo responsable de este hecho el presidente municipal priísta de esa comunidad, Cándido Palacios Noyola, hoy prófugo de la justicia.
El año pasado, el 7 de abril, en inmediaciones de Llano Juárez, en el municipio de Santiago Juxtlahuaca, en la Mixteca oaxaqueña, fueron asesinadas en una emboscada las indígenas triquis, Felícitas Martínez Sánchez, de 20 años de edad, y Teresa Bautista Merino, de 24, locutoras de la radio comunitaria La Voz que Rompe el Silencio, del ayuntamiento popular de San Juan Copala. En esa misma región, dos indígenas triquis, las hermanas Virginia y Daniela Ortiz fueron desaparecidas, sin que hasta la fecha se sepa de su paradero.
Lamentablemente, este artero crimen, el de Beatriz López Leyva, viene a sumarse a otros, como el del profesor Serafín García Contreras, llevado cabo a manos de seguidores priístas en 2004, plenamente identificados a través de fotografías aparecidas en la plana principal del diario Reforma, sin que a la fecha haya un solo detenido.
En los años 2006 y 2007 hubo más de 20 muertes como resultado de la represión política en contra el movimiento social suscitado en Oaxaca, encabezado por la sección 22 de la CNTE y la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), sin que a la fecha la justicia oaxaqueña deslinde responsabilidad alguna para los autores materiales e intelectuales. De estos hechos el país y el mundo entero dieron cuenta.
El 21 de mayo de 2007 fue asesinado de manera artera el Profesor Félix Cruz Barrita, en el municipio de Ejutla de Crespo, Oaxaca, quien durante julio de 2006 se desempeño como coordinador de campaña para diputado federal y para presidente de la república de la coalición Por el Bien de Todos, sin que a la fecha la justicia oaxaqueña entregue resultados para aclarar este crimen político.
Por todo ello, nuevamente afirmamos que el estado de Oaxaca es recorrido en todos sus rincones por el fantasma de la impunidad, donde coincidentemente las víctimas se han caracterizado por oponerse al actual gobierno, tanto local como nacional.
Por ello, desde esta alta tribuna del país, indignados por la nula respuesta de la justicia oaxaqueña para esclarecer los crímenes de opositores políticos, y por lo expuesto, sometemos a esta soberanía la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta a la Procuraduría General de la República a atraer las investigaciones del homicidio, perpetrado el lunes 6 de abril de 2009, de Beatriz López Leyva, dirigente del Partido de la Revolución Democrática en la región de la costa oaxaqueña, ante los nulos resultados en investigaciones anteriores por parte de las autoridades locales encargadas de impartir justicia.
Dado en la Ciudad de México, Distrito Federal, a 16 de abril del 2009.
Diputados: Othón Cuevas Córdova,
Carlos Roberto Martínez Martínez (rúbricas)