4 de marzo de 2009
Honorable Asamblea
Con fundamento en el artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 86 y 89 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el Senado de la República remitió la minuta proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 5o. del Código Fiscal de la Federación.
Esta Comisión resulta competente para dictaminar la minuta turnada por la Cámara de Senadores de conformidad con el Artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con lo dispuesto por los artículos 39, 44 y 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. Asimismo, se abocó al análisis de la Minuta antes señalada y conforme a las deliberaciones y el análisis que de la misma realizaron los miembros de esta Comisión de Hacienda y Crédito Público reunidos en Pleno, presenta a esta Honorable Asamblea el siguiente:
Dictamen
Antecedentes
2. El 4 de diciembre de 2008, en sesión ordinaria de la Cámara de Senadores, se presentó el dictamen, el cual fue aprobado por 77 votos y turnada a la Cámara de Diputados.
3. Por acuerdo de la Mesa Directiva de esta H. Cámara, el 5 de diciembre de 2008 se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, la Minuta en comento para su estudio y dictamen.
La minuta propone reformar el artículo 5o. del Código Fiscal de la Federación, a efecto de confirmar que todas las disposiciones fiscales, sin excepción, pueden ser interpretadas mediante la utilización de cualquier método interpretativo y, por otro lado, que sólo las normas referidas al objeto, base, tasa o tarifa y las relativas a las infracciones y sanciones deben ser aplicadas estrictamente.
Menciona la minuta que la interpretación en materia fiscal es una actividad delicada de la que depende en gran medida que no se grave a los ciudadanos con tributos o cargas excesivas ni que se prive al Estado de los recursos que legítimamente tiene derecho a percibir en beneficio del interés colectivo. Es decir, tiene la finalidad de buscar un equilibrio en la relación jurídico-tributaria cuyo propósito es sufragar el gasto público de manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes.
Por ello, la minuta señala que es pertinente delimitar el alcance de la propuesta en análisis toda vez que da cabida al método de interpretación por analogía, lo cual indudablemente rompería el equilibrio mencionado, pues se dejaría a su arbitrio la imposición de cargas excesivas y de sanciones injustificadas, que pudiera prestarse a un abuso del poder público y por consiguiente violatorio de la Constitución y a su vez, de los particulares, teniéndose además el riesgo de que el Estado no recaude lo que a su derecho corresponde.
Señala la minuta que dentro del cúmulo de las obligaciones de los ciudadanos sobresalen las tributarias, su debido cumplimiento es condición indispensable para que el Estado obtenga los recursos necesarios para satisfacer las necesidades de la sociedad, principal razón de su existencia.
La minuta en comento señala que la creciente dinámica social y, sobre todo, la relacionada con los fenómenos contemplados por las disposiciones fiscales, ha dado como resultado que cada vez más sujetos deban interpretar las disposiciones fiscales, por lo que debe evitarse la confusión que la actual redacción del artículo 5o. del Código Fiscal de la Federación provoca.
Subraya la minuta que al hacer un recorrido por las diferentes tesis, resoluciones y documentos, que tanto autoridades como particulares han producido sobre este tema, se advierte que, errónea pero frecuentemente, se dice, por un lado, que existe un método de interpretación estricta y por el otro, que la aplicación que se hace de la norma interpretada es estricta, lo que ha dado lugar a que se hagan interpretaciones rigoristas con resultados indeseables, que han llegado al extremo de asimilar la aplicación estricta con la restrictiva.
Agrega la minuta que proveer los elementos para lograrlo, también es objetivo del quehacer legislativo, cuyo resultado se traduce en textos que deben ser interpretados tanto por contribuyentes, como por autoridades fiscales, jueces, académicos, entre otros, por lo que resulta fundamental que las reglas sobre su interpretación sean claras, a efecto de uniformar su utilización por todos los interesados y, con ello, favorecer resultados lo más consistentes posible, sin desconocer que por su naturaleza toda norma puede admitir diferentes interpretaciones.
Por lo anterior, la colegisladora considera que es de importancia la reforma al artículo 5º del Código Fiscal de la Federación, con el fin de fortalecer la protección de los usuarios para no dañar sus derechos patrimoniales.
Consideraciones de la comisión
Esta dictaminadora considera que es de aprobarse la minuta sobre la reforma al artículo 5o. del Código Fiscal de la Federación a fin de confirmar que todas las disposiciones fiscales, sin excepción, deben ser interpretadas mediante la utilización de cualquier método interpretativo y, por otro lado, que sólo las normas referidas al objeto, base, tasa o tarifa y las relativas a las infracciones y sanciones deben ser aplicadas estrictamente, previa su interpretación por cualquier método aportado por la ciencia jurídica.
De lo anterior, esta comisión que dictamina estima conveniente que con esta nueva redacción quedará claro que no existe un método de interpretación estricta, sino que la norma interpretada conforme a cualquier método, deberá ser aplicada en forma estricta, únicamente cuando se trate de las relativas al objeto, sujeto, base, tasa o tarifa, así como las que contienen las infracciones y sanciones, sin ampliar ni restringir las hipótesis de causación así como sus excepciones.
La comisión que dictamina está de acuerdo que la propuesta contenida en la Minuta procura alcanzar los objetivos de establecer reglas claras de interpretación, con el propósito de fortalecer la certidumbre jurídica que debe emanar de esta H. Soberanía, siguiendo para ello las reglas sobre interpretación en materia fiscal que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido a través de su jurisprudencia y ajustando en consecuencia la redacción que pretende apegarse a la esencia de dichas jurisprudencias, que autoriza la aplicación de cualquier método aportado por la ciencia jurídica.
En el mismo sentido, la que dictamina considera que también aclara y precisa, el objetivo que persigue la reforma, en cuanto a la posibilidad de que tanto el destinatario, el intérprete, como cualquier aplicador de la norma tributaria, pueda adoptar cualquier método para su exégesis jurídica, a efecto de asegurar el debido cumplimiento de los objetivos buscados por el legislador al crear esas normas, a excepción de aquéllos cuya utilización pretendiera implicar la aplicación analógica o por mayoría de razón de las hipótesis de causación o de sus excepciones, en virtud de lo dispuesto en el primer párrafo del actual artículo 5, el cual permanece intocado y prescribe la aplicación estricta de las disposiciones fiscales que establecen cargas a los particulares y las que señalan excepciones a las mismas.
La que dictamina coincide en que con esta reforma se dotará de mayor claridad al artículo 5o. mencionado, en beneficio del marco jurídico tributario, a efecto de que las normas jurídicas en la materia se interpreten con mejor método y técnica interpretativas, y que las normas interpretadas que se refieran al sujeto, objeto, base, tasa o tarifa, así como las relacionadas con las infracciones y sanciones, se continúen aplicando en todos los casos en forma estricta, ajustándose al texto de la norma tributaria sustantiva.
Esta comisión estima conveniente que se coadyuve a que las reglas de interpretación de las normas fiscales sean claras, pues sólo de esta forma contribuirán a su cabal cumplimiento. De Igual forma, se considera que es puntual y precisa, toda vez que aclara e incorpora a la Ley principios del Derecho Fiscal respecto a los métodos de interpretación aceptados, con lo cual se dejará en claro lo que ya ha definido hoy la propia jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es decir que todas las disposiciones fiscales se interpretan aplicando cualquier método de interpretación jurídica, quedando desde luego prohibida la aplicación por analogía y la mayoría de razón.
Al respecto debe citarse la siguiente tesis de jurisprudencia firme de la Segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que señala lo siguiente:
Contradicción de tesis 181/2005-SS. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Cuarto y Tercero, ambos del Décimo Quinto Circuito. 17 de febrero de 2006. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos; en su ausencia hizo suyo el asunto Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretarios: Fernando Silva García y Paula María García Villegas. Tesis de jurisprudencia 26/2006. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del primero de marzo de dos mil seis."
En efecto, se ha reconocido que cuando se tenga la necesidad de interpretar la norma, primeramente se debe desentrañar su alcance y posteriormente tiene que aplicarse única y exclusivamente a las hipótesis jurídicas o de hecho que coincidan con el desentrañamiento de su sentido, interpretado a partir de su texto y sin que procedan aplicaciones analógicas o por mayoría de razón.
Con lo anterior, se estima que el uso de los métodos de interpretación jurídica al interpretar y aplicar la norma, no puede generar supuestos de causación o imposición alguna, diversos a los que estrictamente establecen las disposiciones fiscales, misma conclusión que aplica para los supuestos de excepciones, infracciones y sanciones.
Por lo anteriormente expuesto, la Comisión estima necesaria la aprobación de la minuta con proyecto de decreto que reforma el artículo 5o.del Código Fiscal de la Federación para dotar de mayor claridad al artículo mencionado, en beneficio de los contribuyentes, a efecto de que las normas jurídicas en la materia, se interpreten con mejor técnica, a través de cualquier método y que las normas interpretadas que se refieran al sujeto, objeto, base, tasa o tarifa y las relacionadas con las infracciones y sanciones, se continúen aplicando en forma estricta, como ya ahora lo dispone el Código Fiscal de la Federación, por lo que somete a consideración del pleno de esta honorable asamblea el siguiente:
Decreto por el que se reforma el artículo 5o. del Código Fiscal de la Federación
Artículo Único. Se reforma el artículo 5o. del Código Fiscal de la Federación, para quedar como sigue:
Artículo 5o. Las disposiciones fiscales que establezcan cargas a los particulares y las que señalan excepciones a las mismas, así como las que fijan las infracciones y sanciones, son de aplicación estricta. Se considera que establecen cargas a los particulares las normas que se refieren al sujeto, objeto, base, tasa o tarifa.
La interpretación de las disposiciones fiscales se efectuará a partir de su texto, mediante cualquiera de los métodos de interpretación jurídica. Tratándose de las disposiciones a que se refiere el primer párrafo de este precepto, deberá partirse en todo caso del texto de la norma, quedando prohibida la interpretación por analogía o mayoría de razón. A falta de norma fiscal expresa, se aplicarán supletoriamente las disposiciones del derecho federal común cuando su aplicación no sea contraria a la naturaleza propia del derecho fiscal.
Transitorio
Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Sala de Comisiones de la H. Cámara de Diputados a 4 de marzo de 2009.
Por la Comisión de Hacienda y Crédito Público
Diputados: Charbel Jorge Estefan
Chidiac (rúbrica), presidente; Emilio Ramón Ramiro Flores
Domínguez (rúbrica), Ricardo Rodríguez Jiménez,
Carlos Alberto García González (rúbrica), Hugo Eduardo
Martínez Padilla, José Antonio Saavedra Coronel, Antonio
Soto Sánchez (rúbrica), Ismael Ordaz Jiménez (rúbrica),
Horacio Garza Garza (rúbrica), Carlos Alberto Puente Salas, Juan
Ignacio Samperio Montaño, Joaquín Humberto Vela González,
Manuel Cárdenas Fonseca (rúbrica), Aída Marina Arvizu
Rivas (rúbrica), secretarios; José Alejandro Aguilar López,
Samuel Aguilar Solís, José Rosas Aispuro Torres (rúbrica),
María del Consuelo Argüelles Arellano (rúbrica), Valentina
Valia Batres Guadarrama, Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla (rúbrica),
Francisco Javier Calzada Vázquez, Ramón Ceja Romero, José
de la Torre Sánchez (rúbrica), Javier Guerrero García
(rúbrica), Mariano González Zarur (rúbrica), Juan
Nicasio Guerra Ochoa (rúbrica), José Martín López
Cisneros (rúbrica), Lorenzo Daniel Ludlow Kuri (rúbrica),
Luis Xavier Maawad Robert (rúbrica), Octavio Martínez Vargas,
José Murat, Dolores María del Carmen Parra Jiménez,
Mario Alberto Salazar Madera (rúbrica), Jorge Alejandro Salum del
Palacio (rúbrica), Pablo Trejo Pérez (rúbrica).
DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, CON PROYECTO DE DECRETO QUE CONCEDE PERMISO AL CIUDADANO MARCOS SHEMARÍA ZLOTORYNSKI PARA DESEMPEÑAR EL CARGO DE CÓNSUL HONORARIO DEL ESTADO DE ISRAEL EN GUADALAJARA, CON CIRCUNSCRIPCIÓN CONSULAR EN JALISCO
Honorable Asamblea:
En oficio fechado el 6 de marzo del año en curso, la Secretaría de Gobernación solicitó permiso constitucional para que el ciudadano Marcos Shemaria Zlotorynski pueda aceptar y desempeñar el cargo de cónsul honorario del Estado de Israel en la ciudad de Guadalajara, con circunscripción consular en Jalisco.
En sesión celebrada por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión el día 19 de marzo, se turnó a la suscrita comisión, para su estudio y dictamen, el expediente relativo.
Considerando
b) Que los servicios que el propio interesado prestará en el Consulado de Israel en la ciudad de Guadalajara, serán de carácter estrictamente consular, con circunscripción en el estado de Jalisco, y
c) Que la solicitud se ajusta a lo establecido en la fracción IV del Apartado C) del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Decreto
Artículo Único. Se concede permiso al ciudadano Marcos Shemaria Zlotorynski, para desempeñar el cargo de cónsul honorario del Estado de Israel en la ciudad de Guadalajara, con circunscripción consular en Jalisco.
Sala de comisiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.- México, DF, a 20 de marzo de 2009.
Por la Comisión de Gobernación
Diputados: Diódoro
Carrasco Altamirano (rúbrica), presidente; Juan Enrique Barrios
Rodríguez (rúbrica), Cristián Castaño Contreras
(rúbrica), Valentina Valia Batres Guadarrama, Alberto Amador Leal
(rúbrica), Alfonso Rolando Izquierdo Bustamante, Antonio Xavier
López Adame, Layda Elena Sansores San Román, Ricardo Cantú
Garza (rúbrica), secretarios; Carlos Armando Biebrich Torres, César
Octavio Camacho Quiroz, Ariel Castillo Nájera, Jesús de León
Tello (rúbrica), María del Carmen Fernández Ugarte
(rúbrica), Javier Hernández Manzanares (rúbrica),
Juan Darío Lemarroy Martínez, Miguel Ángel Monraz
Ibarra (rúbrica), Mario Eduardo Moreno Álvarez, Adolfo Mota
Hernández (rúbrica), María del Pilar Ortega Martínez
(rúbrica), Luis Gustavo Parra Noriega (rúbrica), Raciel Pérez
Cruz, Gerardo Priego Tapia (rúbrica), José Jesús Reyna
García (rúbrica), Salvador Ruiz Sánchez (rúbrica),
Francisco Javier Santos Arreola, Rosa Elva Soriano Sánchez, Alberto
Vázquez Martínez, Gerardo Villanueva Albarrán, Javier
Martín Zambrano Elizondo (rúbrica).
DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, CON PROYECTO DE DECRETO QUE CONCEDE PERMISO A LOS CIUDADANOS ENRIQUE DAU FLORES Y VÍCTOR SARQUÍS SADE PARA ACEPTAR Y USAR LA CONDECORACIÓN ORDEN DEL CEDRO NACIONAL, QUE LES OTORGA EL GOBIERNO DE LÍBANO
Honorable asamblea
A la Comisión de Gobernación que suscribe, le fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con la minuta proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos Enrique Dau Flores y Víctor Sarquis Sade, para que puedan aceptar y usar la condecoración La Orden del Cedro Nacional, que les confiere el gobierno del Líbano.
La comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado, y en tal virtud, de conformidad con lo que establece la fracción III del apartado C) del artículo 37 constitucional, y el segundo párrafo del artículo 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite someter a la consideración de la honorable asamblea, el siguiente
Proyecto de Decreto
Primero. Se concede permiso para que el ciudadano Enrique Dau Flores pueda aceptar y usar la condecoración La Orden del Cedro Nacional, que le confiere el gobierno del Líbano.
Segundo. Se concede permiso para que el ciudadano Víctor Sarquis Sade pueda aceptar y usar la condecoración La Orden del Cedro Nacional, que le confiere el gobierno del Líbano.
Sala de comisiones de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión. México DF, a 20 de marzo de 2009.
La Comisión de Gobernación
Diputados: Diódoro
Carrasco Altamirano (rúbrica), presidente; Juan Enrique Barrios
Rodríguez (rúbrica), Cristian Castaño Contreras (rúbrica),
Valentina Valia Batres Guadarrama, Narciso Alberto Amador Leal (rúbrica),
Alfonso Rolando Izquierdo Bustamante, Antonio Xavier López Adame,
Layda Elena Sansores San Román, Ricardo Cantú Garza (rúbrica),
secretarios; Carlos Armando Biebrich Torres, César Octavio Camacho
Quiroz, Ariel Castillo Nájera, Jesús de León Tello
(rúbrica), María del Carmen Fernández Ugarte (rúbrica),
Javier Hernández Manzanares (rúbrica), Juan Darío
Lemarroy Martínez, Miguel Ángel Monraz Ibarra (rúbrica),
Mario Eduardo Moreno Álvarez, Adolfo Mota Hernández (rúbrica),
María del Pilar Ortega Martínez (rúbrica), Luis Gustavo
Parra Noriega (rúbrica), Raciel Pérez Cruz, Gerardo Priego
Tapia (rúbrica), José Jesús Reyna García (rúbrica),
Salvador Ruiz Sánchez (rúbrica), Francisco Javier Santos
Arreola, Rosa Elva Soriano Sánchez, Alberto Vázquez Martínez,
Gerardo Villanueva Albarrán, Javier Martín Zambrano Elizondo.
DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, CON PROYECTO DE DECRETO QUE CONCEDE PERMISO A LOS CIUDADANOS GUILLERMO GALVÁN GALVÁN, MANUEL VÍCTOR ESTRADA RICÁRDEZ, EDUARDO IBARROLA NICOLÍN, LEONARDO AYALA TORRES, JORGE CALVILLO ORDÓÑEZ Y PATRICIA ESPINOSA CANTELLANO PARA ACEPTAR Y USAR CONDECORACIONES QUE LES CONFIEREN EN DIVERSOS GRADOS EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA; LA FUERZA AÉREA DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA; Y LOS GOBIERNOS DE LAS REPÚBLICAS DE HONDURAS, DE PERÚ Y DE EL SALVADOR
Honorable Asamblea:
A la Comisión de Gobernación que suscribe, el 19 de marzo de 2009, fue turnado para estudio y dictamen, los expedientes con las minutas con proyecto de decreto por los que concede permiso a los ciudadanos Guillermo Galván Galván, Manuel Víctor Estrada Ricardez, Eduardo Ibarrola Nicolín, Leonardo Ayala Torres, Jorge Calvillo Ordoñez y Patricia Espinosa Cante Llano, para que puedan aceptar y usar las condecoraciones Cruz de la Fuerza Aérea; Cruz de la Fuerza Aérea Guatemalteca; José Cecilio del Valle, en grado de oficial; Cruz Peruana al Mérito Militar, en grado de Gran Cruz; y de la Orden Nacional "Doctor José Matías Delgado", en grado de Gran Cruz Placa de Plata, que les otorgan los gobiernos de las Repúblicas de Guatemala, de Honduras, de Perú y de El Salvador, respectivamente.
La comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado y en tal virtud, de conformidad con lo establecido en la fracción III, del Apartado C, del artículo 37 constitucional y el artículo 60, segundo párrafo, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite someter a consideración de la honorable asamblea el siguiente proyecto de
Decreto
Artículo Primero. Se concede permiso al ciudadano Guillermo Galván Galván para que pueda aceptar y usar la condecoración Cruz de la Fuerza Aérea, que le otorga el gobierno de la República de Guatemala.
Artículo Segundo. Se concede permiso al ciudadano Manuel Víctor Estrada Ricardez para que pueda aceptar y usar la condecoración Cruz de la Fuerza Aérea, que le otorga el gobierno de la República de Guatemala.
Artículo Tercero. Se concede permiso al ciudadano Eduardo Ibarrola Nicolín para aceptar y usar la condecoración Cruz de la Fuerza Aérea Guatemalteca, que le otorga la Fuerza Aérea de la República de Guatemala.
Artículo Cuarto. Se concede permiso al ciudadano Leonardo Ayala Torres para que pueda aceptar y usar la condecoración José Cecilio del Valle, en grado de oficial, que le otorga el gobierno de la República de Honduras.
Artículo Quinto. Se concede permiso al ciudadano Jorge Calvillo Ordoñez para que pueda aceptar y usar la condecoración Cruz Peruana al Mérito Militar, en grado de Gran Cruz, que le otorga el gobierno de la República de Perú.
Artículo Sexto. Se concede permiso para que la ciudadana Patricia Espinosa Cantellano pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden Nacional "Doctor José Matías Delgado", en grado de Gran Cruz Placa de Plata, que le otorga el gobierno de la República de El Salvador.
Sala de Comisiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.- México, DF, a 20 de marzo de 2009.
La Comisión de Gobernación
Diputados: Diódoro
Humberto Carrasco Altamirano (rúbrica), presidente; Juan Enrique
Barrios Rodríguez (rúbrica), Cristián Castaño
Contreras (rúbrica), Valentina Valia Batres Guadarrama, Narciso
Alberto Amador Leal (rúbrica), Alfonso Rolando Izquierdo Bustamante,
Layda Elena Sansores San Román, Antonio Xavier López Adame,
Ricardo Cantú Garza (rúbrica), secretarios; Carlos Armando
Biebrich Torres, César Octavio Camacho Quiroz, Ariel Castillo Nájera,
Jesús de León Tello (rúbrica), María del Carmen
Fernández Ugarte (rúbrica), Javier Hernández Manzanares
(rúbrica), Juan Darío Lemarroy Martínez, Miguel Ángel
Monraz Ibarra (rúbrica), Mario Eduardo Moreno Álvarez, Adolfo
Mota Hernández (rúbrica), María del Pilar Ortega Martínez
(rúbrica), Luis Gustavo Parra Noriega (rúbrica), Raciel Pérez
Cruz, Gerardo Priego Tapia (rúbrica), José Jesús Reyna
García (rúbrica), Salvador Ruiz Sánchez (rúbrica),
Francisco Javier Santos Arreola, Rosa Elva Soriano Sánchez, Alberto
Vázquez Martínez, Gerardo Villanueva Albarrán, Javier
Martín Zambrano Elizondo (rúbrica).
DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, CON PROYECTO DE DECRETO QUE CONCEDE PERMISO A LOS CIUDADANOS JAIME FONT Y GUTIÉRREZ SOLANA, SIOSHIN MURAKAMI TERAUCHI, KAZUSHIGE SEKIGUCHI HOSHINO, ALEJANDRO SANTANA ALCARAZ, PATRICIA ROMO AGUIRRE Y LUZ MARÍA DALILA ALDANA ARANDA PARA ACEPTAR Y USAR CONDECORACIONES QUE LES CONFIEREN EN DIFERENTES GRADOS LOS GOBIERNOS DEL REINO DE ESPAÑA, DE JAPÓN Y DE LA REPÚBLICA FRANCESA
Honorable asamblea
A la Comisión de Gobernación que suscribe le fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con las minutas proyecto de decreto que conceden permiso a los ciudadanos Jaime Font y Gutiérrez Solana, Sioshin Murakami Terauchi, Kazushige Sekiguchi Hoshino, Alejandro Santana Alcaraz, Patricia Romo Aguirre y Luz María Dalila Aldana Aranda, para que puedan aceptar y usar las condecoraciones que en diferentes grados les otorgan los gobiernos del Reino de España, de Japón y de la República Francesa.
La comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado y, en tal virtud, de conformidad con lo que establece la fracción III del apartado C) del artículo 37 constitucional, y al segundo párrafo del artículo 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite someter a la consideración de la honorable asamblea el siguiente proyecto de
Decreto
Primero. Se concede permiso al ciudadano Jaime Font y Gutiérrez Solana para que pueda aceptar y usar la condecoración Cruz de oficial de la Orden de Isabel la Católica, que le otorga el gobierno del Reino de España.
Segundo. Se concede permiso al ciudadano Sioshin Murakami Terauchi para que pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden del Sol Naciente con Rayos de Oro y Plata, que le otorga el Gobierno de Japón.
Tercero. Se concede permiso al ciudadano Kazushige Sekiguchi Hoishino para que pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden del Sol Naciente con Rayos de Plata, que le otorga el gobierno de Japón.
Cuarto. Se concede permiso al ciudadano Alejandro Santana Alcaraz para que pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden de las Palmas Académicas, en grado de Caballero, que le otorga el gobierno de la República Francesa.
Quinto. Se concede permiso a la ciudadana Patricia Romo Aguirre para que pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden de las Palmas Académicas, en grado de Caballero, que le otorga el gobierno de la República Francesa.
Sexto. Se concede permiso para que la ciudadana Luz María Dalila Aldana Aranda pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden de las Palmas Académicas, en grado de Caballero, que le otorga el gobierno de la República Francesa.
Sala de Comisiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión. México, DF, a 20 de marzo de 2009.
La Comisión de Gobernación
Diputados: Diódoro
Carrasco Altamirano (rúbrica), presidente; Juan Enrique Barrios
Rodríguez (rúbrica), Cristian Castaño Contreras (rúbrica),
Valentina Valia Batres Guadarrama, Narciso Alberto Amador Leal (rúbrica),
Alfonso Rolando Izquierdo Bustamante, Antonio Xavier López Adame,
Layda Elena Sansores San Román, Ricardo Cantú Garza (rúbrica),
secretarios; Carlos Armando Biebrich Torres, César Octavio Camacho
Quiroz, Ariel Castillo Nájera, Jesús de León Tello
(rúbrica), María del Carmen Fernández Ugarte (rúbrica),
Javier Hernández Manzanares (rúbrica), Juan Darío
Lemarroy Martínez, Miguel Ángel Monraz Ibarra (rúbrica),
Mario Eduardo Moreno Álvarez, Adolfo Mota Hernández (rúbrica),
María del Pilar Ortega Martínez (rúbrica), Luis Gustavo
Parra Noriega (rúbrica), Raciel Pérez Cruz, Gerardo Priego
Tapia (rúbrica), José Jesús Reyna García (rúbrica),
Salvador Ruiz Sánchez (rúbrica), Francisco Javier Santos
Arreola, Rosa Elva Soriano Sánchez, Alberto Vázquez Martínez,
Gerardo Villanueva Albarrán, Javier Martín Zambrano Elizondo
(rúbrica).
DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, CON PROYECTO DE DECRETO QUE CONCEDE PERMISO A LOS CIUDADANOS RODRIGO GERMÁN ESPINO GONZÁLEZ, MAURICIO LEONARDO LÓPEZ BURGOS Y JUAN IGNACIO SOLANO TERRAZAS PARA PRESTAR SERVICIOS EN LA EMBAJADA DE ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA EN MÉXICO Y EN SU CONSULADO EN CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA
Honorable Asamblea:
En oficio de fecha 9 de marzo de 2009, la Secretaría de Gobernación solicita el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos Rodrigo Germán Espino González, Mauricio Leonardo López Burgos y Juan Ignacio Solano Terrazas puedan prestar servicios de carácter administrativo en la Embajada de Estados Unidos de América en México y en su Consulado en Ciudad Juárez, Chihuahua.
En sesión celebrada por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión el 19 de marzo del año en curso se turnó a la suscrita comisión, para estudio y dictamen, el expediente relativo.
Considerando
b) Que los servicios que los interesados prestarán en la Embajada de Estados Unidos de América en México y en su Consulado en Ciudad Juárez, Chihuahua, serán de carácter administrativo; y
c) Que las solicitudes se ajustan a lo establecido en la fracción II del Apartado C del artículo 37 constitucional y al segundo párrafo del artículo 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
Decreto
Artículo Primero. Se concede permiso al ciudadano Rodrigo Germán Espino González para prestar servicios como visa clerk en la Embajada de Estados Unidos de América en México.
Artículo Segundo. Se concede permiso al ciudadano Mauricio Leonardo López Burgos para prestar servicios de mantenimiento mecánico (electricista) en la Embajada de Estados Unidos de América en México.
Artículo Tercero. Se concede permiso al ciudadano Juan Ignacio Solano Terrazas para prestar servicios como jardinero en el Consulado de Estados Unidos de América en Ciudad Juárez, Chihuahua.
Sala de comisiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.- México, DF, a 20 de marzo de 2009.
La Comisión de Gobernación
Diputados: Diódoro
Carrasco Altamirano (rúbrica), presidente; Juan Enrique Barrios
Rodríguez (rúbrica), Cristián Castaño Contreras
(rúbrica), Valentina Valia Batres Guadarrama, Narciso Alberto Amador
Leal (rúbrica), Alfonso Rolando Izquierdo Bustamante, Antonio Xavier
López Adame, Layda Elena Sansores San Román, Ricardo Cantú
Garza (rúbrica), secretarios; Carlos Armando Biebrich Torres, César
Octavio Camacho Quiroz, Ariel Castillo Nájera, Jesús de León
Tello (rúbrica), María del Carmen Fernández Ugarte
(rúbrica), Javier Hernández Manzanares (rúbrica),
Juan Darío Lemarroy Martínez, Miguel Ángel Monraz
Ibarra (rúbrica), Mario Eduardo Moreno Álvarez, Adolfo Mota
Hernández (rúbrica), María del Pilar Ortega Martínez
(rúbrica), Luis Gustavo Parra Noriega (rúbrica), Raciel Pérez
Cruz, Gerardo Priego Tapia (rúbrica), José Jesús Reyna
García (rúbrica), Salvador Ruiz Sánchez (rúbrica),
Francisco Javier Santos Arreola, Rosa Elva Soriano Sánchez, Alberto
Vázquez Martínez, Gerardo Villanueva Albarrán, Javier
Martín Zambrano Elizondo (rúbrica).
DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, CON PROYECTO DE DECRETO QUE CONCEDE PERMISO A LOS CIUDADANOS MARÍA DEL CARMEN VALENZUELA STAATS, JULIETA PACHECO GÓMEZ Y ERNESTO DE LA CRUZ JIMÉNEZ PARA PRESTAR SERVICIOS EN LA EMBAJADA DE ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA EN MÉXICO Y EN SU CONSULADO EN HERMOSILLO, SONORA
Honorable Asamblea:
En oficio de fecha 17 de marzo de 2009, la Secretaría de Gobernación solicitó el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos María del Carmen Valenzuela Staats, Julieta Pacheco Gómez y Ernesto de la Cruz Jiménez puedan prestar servicios de carácter administrativo en la Embajada de Estados Unidos de América en México y en su Consulado en Hermosillo, Sonora.
En sesión celebrada por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión el 26 de marzo del año en curso se turnó a la suscrita comisión, para su estudio y dictamen, el expediente relativo.
Considerando
b) Que los servicios que los propios interesados prestarán en la Embajada de Estados Unidos de América en México y en su Consulado en Hermosillo, Sonora, serán de carácter administrativo, y
c) Que las solicitudes se ajustan a lo establecido en la fracción II del apartado C) del artículo 37 constitucional y en el segundo párrafo del artículo 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
Proyecto de Decreto
Artículo Primero. Se concede permiso a la ciudadana María del Carmen Valenzuela Staats para prestar servicios como ayudante de visas en la Embajada de los Estados Unidos de América en México.
Artículo Segundo. Se concede permiso a la ciudadana Julieta Pacheco Gómez para prestar servicios como investigadora en el Consulado de Estados Unidos de América en Hermosillo, Sonora.
Artículo Tercero. Se concede permiso al ciudadano Ernesto de la Cruz Jiménez para prestar servicios como asistente de seguridad en el Consulado de los Estados Unidos de América en Hermosillo, Sonora.
Sala de comisiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.- México, Distrito Federal, a 27 de marzo de 2009.
Por la Comisión de Gobernación
Diputados: Diódoro
Carrasco Altamirano (rúbrica), presidente; Juan Enrique Barrios
Rodríguez (rúbrica), Cristián Castaño Contreras,
Valentina Valia Batres Guadarrama, Alberto Amador Leal, Alfonso Rolando
Izquierdo Bustamante, Antonio Xavier López Adame, Layda Elena Sansores
San Román (rúbrica), Ricardo Cantú Garza (rúbrica),
secretarios; Carlos Armando Biebrich Torres, César Octavio Camacho
Quiroz (rúbrica), Ariel Castillo Nájera (rúbrica),
Jesús de León Tello (rúbrica), María del Carmen
Fernández Ugarte (rúbrica), Javier Hernández Manzanares
(rúbrica), Juan Darío Lemarroy Martínez, Miguel Ángel
Monraz Ibarra (rúbrica), Mario Eduardo Moreno Álvarez (rúbrica),
Adolfo Mota Hernández (rúbrica), María del Pilar Ortega
Martínez (rúbrica), Luis Gustavo Parra Noriega, Raciel Pérez
Cruz, Gerardo Priego Tapia (rúbrica), José Jesús Reyna
García (rúbrica), Salvador Ruiz Sánchez (rúbrica),
Francisco Javier Santos Arreola (rúbrica), Rosa Elva Soriano Sánchez,
Alberto Vázquez Martínez (rúbrica), Javier Martín
Zambrano Elizondo (rúbrica).
DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, CON PROYECTO DE DECRETO QUE CONCEDE PERMISO AL CIUDADANO SERGIO ROMERO ESCALANTE PARA PRESTAR SERVICIOS EN LA EMBAJADA DE LA REPÚBLICA FEDERAL DE ALEMANIA EN MÉXICO
Honorable Asamblea:
En oficio fechado 19 de marzo del año en curso, la Secretaría de Gobernación solicita el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Sergio Romero Escalante pueda prestar servicios como chofer en la Embajada de la República Federal de Alemania en México.
En sesión celebrada por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión el 26 de marzo se turnó a la suscrita comisión, para estudio y dictamen, el expediente relativo.
Considerando
b) Que los servicios que el interesado prestará en la Embajada de la República Federal de Alemania en México serán como chofer; y
c) Que la solicitud se ajusta a lo establecido en la fracción II del Apartado C del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Decreto
Artículo Único. Se concede permiso al ciudadano Sergio Romero Escalante para prestar servicios como chofer en la Embajada de la República Federal de Alemania en México.
Sala de comisiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.- México, DF, a 27 de marzo de 2009.
La Comisión de Gobernación
Diputados: Diódoro
Carrasco Altamirano (rúbrica), presidente; Juan Enrique Barrios
Rodríguez (rúbrica), Cristián Castaño Contreras,
Valentina Valia Batres Guadarrama, Narciso Alberto Amador Leal, Alfonso
Rolando Izquierdo Bustamante, Antonio Xavier López Adame, Layda
Elena Sansores San Román (rúbrica), Antonio Xavier López
Adame, Ricardo Cantú Garza (rúbrica), secretarios; Carlos
Armando Biebrich Torres, César Octavio Camacho Quiroz (rúbrica),
Ariel Castillo Nájera (rúbrica), Jesús de León
Tello (rúbrica), María del Carmen Fernández Ugarte
(rúbrica), Javier Hernández Manzanares (rúbrica),
Juan Darío Lemarroy Martínez, Miguel Ángel Monraz
Ibarra (rúbrica), Mario Eduardo Moreno Álvarez (rúbrica),
Adolfo Mota Hernández (rúbrica), María del Pilar Ortega
Martínez (rúbrica), Luis Gustavo Parra Noriega, Raciel Pérez
Cruz, Gerardo Priego Tapia (rúbrica), José Jesús Reyna
García (rúbrica), Salvador Ruiz Sánchez (rúbrica),
Francisco Javier Santos Arreola (rúbrica), Rosa Elva Soriano Sánchez,
Alberto Vázquez Martínez (rúbrica), Javier Martín
Zambrano Elizondo (rúbrica).
DE LA COMISIÓN DE ECONOMÍA, CON PUNTO DE ACUERDO RELATIVO AL ALZA DE LA FRANQUICIA DE LAS MERCANCÍAS QUE INGRESAN EN EL PAÍS POR VÍA AÉREA, TERRESTRE O MARÍTIMA
Honorable Asamblea:
A la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión correspondiente a la LX Legislatura fue turnada, para su estudio y análisis, la proposición con punto de acuerdo por el quese exhorta al Ejecutivo federal a incrementar el monto de la franquicia de las mercancías que ingresan en el país al amparo del programa Paisano.
Esta comisión, con fundamento en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos d), e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 58, 60, 87, 88 y 94 del Reglamento Interior para el Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable asamblea el presente dictamen, con base en los siguientes
Antecedentes
Primero. Que en sesión celebrada en la Cámara de Diputados el 13 de diciembre de 2007, los ciudadanos Secretarios de ésta dieron cuenta al Pleno de la proposición que presentó el diputado Edmundo Ramírez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para someter a la consideración del honorable Congreso de la Unión.
Segundo. El ciudadano Presidente de la Mesa Directiva acordó dar el siguiente trámite: "Túrnese a la Comisión de Economía".
Tercero. El legislador propone lo siguiente:
Primera. Que con base en los antecedentes indicados, la Comisión de Economía, con las atribuciones antes señaladas, se abocó a dictaminar la proposición con punto de acuerdo de referencia.
Segunda. Que la franquicia es el permiso que el gobierno mexicano concede a una persona, ya sea nacional o extranjera, para no pagar derechos e impuestos por una determinada cantidad de mercancías que introduce al país.
Tercera. Que la primera resolución de modificaciones a las Reglas de Carácter General en Materia de Comercio Exterior para 2008, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de abril de 2008, se reformó la Regla 2.7.2., último párrafo, estableciéndose que
"Durante los periodos comprendidos del 27 de junio al 31 de agosto de 2008 y del 24 de noviembre de 2008 al 9 de enero de 2009, los pasajeros de nacionalidad mexicana provenientes del extranjero que ingresen al país por vía terrestre, con excepción de las personas residentes en la franja o región fronteriza, podrán importar al amparo de su franquicia mercancía hasta por 300 dólares o su equivalente en moneda nacional; asimismo, los pasajeros procedentes de la franja o región fronteriza al interior del país podrán importar, al amparo de su franquicia, mercancía hasta por 300 dólares o su equivalente en moneda nacional."
Cuarta. Que cuando se ingresa a territorio nacional por vía marítima o aérea su franquicia será de hasta 300 dólares o su equivalente en moneda nacional o extranjera, en uno o varios artículos, excepto tratándose de cervezas, bebidas alcohólicas y tabacos labrados.
Quinta. Que cuando se ingresa al país por vía terrestre su franquicia cubre hasta 75 dólares o su equivalente en moneda nacional o extranjera, en uno o varios artículos, excepto tratándose de cervezas, bebidas alcohólicas, tabacos labrados y gasolina, salvo la contenida en el tanque de gasolina del vehículo de acuerdo con las especificaciones del fabricante. Durante el periodo del 24 de noviembre de 2008 al 9 de enero de 2009 se incrementó el monto franquicia de 75 a 300 dólares.
Sexta. Que las cantidades pueden acumularse por el padre, la madre y los hijos, considerando inclusive a los menores de edad, cuando el arribo a territorio nacional sea simultáneo y en el mismo medio de transporte.
La franquicia para pasajeros de nacionalidad mexicana provenientes del extranjero que ingresen al país por vía terrestre, siempre que no se trate de personas residentes en la franja o región fronteriza, se incrementara de 75 dólares hasta por 300 dólares durante el periodo comprendido del 24 de noviembre de 2008 al 9 de enero de 2009.
Los pasajeros procedentes de la franja o región fronteriza al interior del país, podrán importar al amparo de su franquicia mercancía hasta por 300 dólares o su equivalente en moneda nacional.
Séptima. Que en el caso de rebasar la franquicia, pero no por más de 3 mil dólares o su equivalente en moneda nacional o extranjera, es necesario el pago de contribuciones al comercio exterior, mediante un formulario, calculando 15 por ciento del valor de las mercancías, el cual será el impuesto a pagar.
Si el valor de las mercancías es mayor a 3 mil dólares o su equivalente en moneda nacional o extranjera, es necesario contratar los servicios de un agente aduanal, quien calculará el impuesto y realizará los trámites de importación.
Octava. Que como pasajero se pueden introducir las mercancías afines al equipaje personal y a la duración del viaje, en los términos de la regulación aplicable como lo es la fitozoosanitaria para el caso de mascotas.
Es importante destacar que dicha franquicia no ampara la introducción de bebidas alcohólicas, tabaco labrado ni combustible automotriz, salvo el que se contenga en el tanque del vehículo en el que está viajando.
Es importante recordar que en México está penado por las leyes federales portar o poseer armas de fuego o municiones, y en caso de que se trate de armas o municiones reservadas para el uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacional, su penalidad es mayor.
En caso de pertenecer a una asociación de cazadores, al ingresar a México se debe registrar el arma con identificación que acredite como miembro de dicha asociación ante la Secretaría de la Defensa Nacional.
Novena. Que al pasar por la aduana se debe declarar si se viaja con más de 10 mil dólares o su equivalente en moneda nacional o extranjera ya sea en efectivo, en documentos o en una combinación de ambos. Esta declaración no genera impuesto alguno, mercancías distintas al equipaje, animales.
Décima. Que en la aduana se deberá pasar a activar el mecanismo de selección automatizado o semáforo fiscal, el cual indicará de manera aleatoria, es decir que funciona sin la intervención de persona alguna, si el personal de la aduana revisará o no las pertenencias, en el que la luz roja indica que se realizará la revisión del equipaje y la declaración de aduana, y a su vez la luz verde indica que se puede pasar sin revisión.
Décima Primera. Que independientemente del resultado del mecanismo de selección automatizado o semáforo fiscal, la autoridad aduanera puede emitir una orden de verificación de mercancía para comprobar lo manifestado.
Si se arriba por avión o barco, se deberá entregar la declaración de aduana al personal de ésta y posteriormente se activará el mecanismo de selección automática o semáforo fiscal, el cual indicará si se revisará el equipaje o no.
Si se arriba por vía terrestre, se selecciona el carril por el que se internará a México; existen dos:
• Carril de nada que declarar, por el que los pasajeros residentes en el extranjero que ingresen a México en vehículos terrestres, embarcaciones que sean lanchas, yates o veleros, deberán realizar el trámite de importación temporal de su medio de transporte.
Gestiona y encamina un trato digno y de acuerdo con la ley para los mexicanos que ingresan, transitan o salen de nuestro país, a través de la información y difusión de los derechos, la protección de la integridad física, y patrimonial, sensibiliza y capacita a servidores públicos y sociedad. Atiende y da seguimiento a quejas y denuncias.
Paisano es un programa permanente, que opera bajo la figura de comisión intersecretarial, cuenta con un Comité técnico, una coordinación nacional, dos representaciones en Estados Unidos y 29 comités estatales en el ámbito nacional.
Décima Tercera. Que el pasado 28 de enero de 2009 la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhortó al Ejecutivo Federal para que a través de sus dependencias competentes realicen las acciones coordinadas necesarias para fortalecer y mejorar los servicios a los mexicanos que ingresen a territorio nacional.
Décima Cuarta. Que los ciudadanos diputados integrantes de la Comisión de Economía que dictamina, reconocen y concluyen que es importante lograr que todas las acciones de las dependencias, entidades e instituciones, se concreten en instrumentos orientados a garantizar a los connacionales que su ingreso, transito y salida del país, sea con garantía de sus derechos, la seguridad en sus bienes y personas y el pleno conocimiento de sus obligaciones.
Por lo expuesto, la Comisión de Economía somete a consideración del Pleno de esta Cámara de Diputados, para su análisis, discusión y en su caso aprobación, el siguiente
Acuerdo
Único. Se exhorta al Ejecutivo Federal a instruir, en el ámbito de sus atribuciones y facultades, a los titulares de las Secretarías de Gobernación, y de Hacienda y Crédito Público a fin de que se examine la posibilidad de realizar un incremento en el monto de las mercancías adicionales al equipaje personal, cuando el ingreso sea por vía aérea, terrestre o marítima.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 26 días del mes de marzo de 2009.
La Comisión de Economía
Diputados: Adriana Rodríguez
Vizcarra Velázquez (rúbrica), presidenta; Carlos Armando
Reyes López (rúbrica), Jorge Alejandro Salum del Palacio
(rúbrica), Fausto Fluvio Mendoza Maldonado (rúbrica), Arnulfo
Elías Cordero Alfonzo (rúbrica), Enrique Serrano Escobar
(rúbrica), Jorge Godoy Cárdenas (rúbrica), secretarios;
Jericó Abramo Masso (rúbrica), Narcizo Alberto Amador Leal
(rúbrica), Antonio Berber Martínez (rúbrica), Carlos
Alberto García González (rúbrica), Miguel Ángel
González Salum (rúbrica), Jesús Sesma Suárez,
Luis Xavier Maawad Robert (rúbrica), Martín Malagón
Ríos (rúbrica), Marco Heriberto Orozco Ruiz Velazco (rúbrica),
Octavio Martínez Vargas, Susana Monreal Ávila, Alicia Rodríguez
Martínez (rúbrica), Mauricio Ortiz Proal (rúbrica),
Eduardo Ortiz Hernández (rúbrica), Miguel Ángel Peña
Sánchez (rúbrica), Raúl Ríos Gamboa, Ricardo
Rodríguez Jiménez (rúbrica), Salvador Ruiz Sánchez
(rúbrica), Ernesto Ruiz Velasco de Lira, Alejandro Sánchez
Camacho, Víctor Gabriel Varela López (rúbrica), Joaquín
Humberto Vela González (rúbrica), Javier Martín Zambrano
Elizondo (rúbrica).
DE LA COMISIÓN DE ECONOMÍA, CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA A REDISEÑAR POLÍTICAS PÚBLICAS URGENTES PARA REACTIVAR LA PRODUCCIÓN Y LA INVERSIÓN EN LA EXPLOTACIÓN DE CAOLÍN EN VERACRUZ
Honorable Asamblea:
A la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, correspondiente a la LX Legislatura, fue turnada, para estudio y análisis, proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Economía a rediseñar políticas públicas para reactivar la producción y la inversión en la explotación del caolín en Veracruz.
La comisión, con fundamento en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos d), e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 58, 60, 87, 88 y 94 del Reglamento Interior para el Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable asamblea el presente dictamen con base en los siguientes
Antecedentes
Primero. Que en sesión celebrada en la Cámara de Diputados el 23 de diciembre de 2008, los Secretarios de ésta dieron cuenta al Pleno de la proposición que presentaron los diputados María del Carmen Pinete Vargas y Carlos Rojas Gutiérrez, ambos del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para someter a consideración del honorable Congreso de la Unión.
Segundo. El Presidente de la Mesa Directiva acordó dar el siguiente trámite: "Túrnese a la Comisión de Economía".
Tercero. Los legisladores proponen lo siguiente:
Primera. Que con base en los antecedentes antes indicados y con los medios de información disponibles, la Comisión de Economía, con las atribuciones señaladas, se abocó a dictaminar la proposición con punto de acuerdo de referencia.
Segunda. Que la minería es la obtención selectiva de los minerales y otros materiales a partir de la corteza terrestre. Esto también corresponde a la actividad económica primaria relacionada con la extracción de elementos y es del cual se puede obtener un beneficio económico. Dependiendo del tipo de material a extraer y beneficiar, la minería se divide en metálica y no metálica.
Tercera. Que la minería se ha convertido en un motor para el desarrollo de la economía nacional. En cuanto a empleos se refiere, el sector minero contribuyó a la conservación y generación de más de 290 mil empleos en el año pasado, tan sólo en el primer mes de 2008 se reportó la creación de más de 5 mil 600 empleos.
El potencial geológico del subsuelo de México cuenta con un escenario favorable, actualmente somos el país con mayor potencial minero del mundo, destacando la extracción de plata, cobre y oro.
Cuarta. Que el nombre del caolín o caolinita viene del chino kao (alta) y ling (colina), que indicaba, en la provincia de Kiangsi, cerca de Jauchu Fa, el lugar donde los chinos encontraron por primera vez este tipo de arcilla al natural.
El caolín es un silicato de aluminio hidratado, producto de la descomposición de rocas feldespáticas, principalmente. El término caolín se refiere a arcillas en las que predomina el mineral caolinita. Sus principales características son, peso específico, 2.6; dureza, 2; color blanco (aunque puede tener diversos colores debido a las impurezas); brillo, generalmente terroso mate; higroscópico (absorbe agua); y plasticidad de baja a moderada.
Quinta. Que entre otras propiedades importantes del caolín se puede mencionar su blancura, su inercia ante agentes químicos, es inodoro, aislante eléctrico, moldeable y de fácil extrusión; resiste altas temperaturas, no es tóxico ni abrasivo y tiene elevada refractariedad y facilidad de dispersión. Es compacto, suave al tacto y difícilmente fusible. Tiene gran poder cubriente y absorbente y baja viscosidad en altos porcentajes de sólidos.
Los caolines de alta calidad son caracterizados por bajos niveles de impurezas como hierro, titanio y minerales de tierras alcalinas. Su blandura es importante en muchas aplicaciones al reducir la abrasión de los equipos de procesos.
Sexta. Que la balanza comercial del caolín es deficitaria debido a que nuestras exportaciones apenas sumaron 262 mil dólares en 2006, mientras que importamos 221 veces más: 58 millones de dólares. En el marco de los tratados comerciales en vigor, el mineral del caolín, cuya fracción es 25070001, se encuentra totalmente desgravado.
Con base a las cifras del Mineral Commodity Summaries, la producción mundial de caolín en 2006 se estimó en 11.8 millones de toneladas. Los principales países productores son Estados Unidos de América, Brasil y Reino Unido.
Su principal mercado en orden de importancia es el siguiente: la industria del cemento, pintura, papel y algunas cerámicas.
Séptima. Que en la industria de las pinturas, el caolín contribuye dando brillo u opacidad a la pintura, por tanto, los caolines usados en pinturas deben tener buen brillo y bajos niveles de impurezas. Otros requerimientos adicionales para caolines utilizados en pinturas es que deben deflocular fácilmente y tener bajos niveles de sales solubles. La distribución del tamaño de las partículas tiende a ser de 70 a 80 por ciento menor de 2 micrones. Los caolines calcinados son utilizados en pinturas porque imparten alto poder de cubrimiento en seco a la pintura y también producen una película de pintura más durable.
Octava. Que entre los principales estados productores de caolín en México están Michoacán, Guanajuato, Veracruz y Chihuahua, los cuales comprenden 99.36 por ciento de la producción nacional.
En los depósitos de Guanajuato existe más variedad de calidades, entre éstas, caolines ligeramente silicosos. Debido a las diversas calidades, los caolines de esta entidad se canalizan a las industrias del cemento, cerámica, papel, pintura, hule, agroquímicos, talco, tabiques refractarios y forraje (molido entre 60 y 80 mallas).
En los yacimientos de Huayacocotla, Veracruz, es posible encontrar lentes de material de buena calidad pero en extensiones muy pequeñas, esta región, en su mayoría, tiene yacimientos con alto contenido de sílice, por lo que no todo el material es susceptible de beneficiarse y cumplir con los requerimientos exigidos a los caolines de importación y sustituirlos. La región de Huayacocotla está formada por ejidos los estados de de Veracruz e Hidalgo.
Novena. Que los procesos productivos básicamente se clasifican en 2 procesos, de acuerdo a la calidad del caolín: seco y húmedo. El primero es utilizado en caolines con un mayor contenido de sílice y el segundo en caolines con contenidos superiores de alúmina. En el seco sólo se remueve la arena, se clasifica el caolín por tamaño y se seca; en el húmedo se realizan además otros pasos que involucran agua para realizar el lavado, obteniendo un producto más fino y de mayor calidad y pureza; este último se usa sólo para el caolín papelero. Además se presenta un proceso con tecnología reciente: tecnología estándar.
Décima. Que de acuerdo a datos de la Secretaría de Economía el gobierno federal, ha apoyado más de 9 mil empresas del sector minero y su cadena productiva, tan sólo en 2007, los apoyos consistieron en financiamiento, capacitación y asistencia técnica, lo que contribuye al desarrollo integral de las Pyme del sector. En cuanto a inversiones, la minería se ha convertido en un factor importante para la inversión debido a que se tienen identificados más de 20 mil millones de dólares para el periodo 2007-2012.
Undécima. Que los integrantes de la Comisión de Economía, que dictamina, reconocen y concluyen que es importante brindar continuar promoviendo las políticas públicas tendentes a brindar apoyo a la industria minera nacional y a su cadena productiva, principalmente a las micro, pequeñas y medianas empresas.
Por lo expuesto, la Comisión de Economía somete al Pleno de la Cámara de Diputados, para análisis, discusión y, en su caso, aprobación, el siguiente
Acuerdo
Único. Se exhorta a la Secretaría de Economía a instrumentar el rediseño de políticas públicas urgentes, a fin de reactivar la producción y la inversión en la explotación del caolín en Veracruz.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de marzo de 2009.
La Comisión de Economía
Diputados: Adriana Rodríguez
Vizcarra Velázquez (rúbrica), presidenta; Carlos Armando
Reyes López (rúbrica), Jorge Alejandro Salum del Palacio
(rúbrica), Fausto Fluvio Mendoza Maldonado (rúbrica), Arnulfo
Elías Cordero Alfonzo (rúbrica), Enrique Serrano Escobar
(rúbrica), Jorge Godoy Cárdenas (rúbrica), secretarios;
Jericó Abramo Masso (rúbrica), Narciso Alberto Amador Leal
(rúbrica), Antonio Berber Martínez (rúbrica), Carlos
Alberto García González (rúbrica), Miguel Ángel
González Salum (rúbrica), Jesús Sesma Suárez,
Luis Xavier Maawad Robert (rúbrica), Martín Malagón
Ríos (rúbrica), Marco Heriberto Orozco Ruiz Velazco (rúbrica),
Octavio Martínez Vargas, Susana Monreal Ávila, Alicia Rodríguez
Martínez (rúbrica), Mauricio Ortiz Proal (rúbrica),
Eduardo Ortiz Hernández (rúbrica), Miguel Ángel Peña
Sánchez (rúbrica), Raúl Ríos Gamboa, Ricardo
Rodríguez Jiménez (rúbrica), Salvador Ruiz Sánchez
(rúbrica), Ernesto Ruiz Velasco de Lira, Alejandro Sánchez
Camacho, Alberto Amaro Corona (rúbrica), Joaquín Humberto
Vela González (rúbrica), Javier Martín Zambrano Elizondo
(rúbrica).
DE LA COMISIÓN DE ECONOMÍA, CON PUNTOS DE ACUERDO POR LOS QUE SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A CONTENER LAS ALZAS DE LOS PRODUCTOS BÁSICOS Y DE LOS SERVICIOS CUYO SUMINISTRO DERIVE DE ENERGÉTICOS
Honorable Asamblea:
A la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión correspondiente a la LX Legislatura fue turnada, para su estudio y análisis, la proposición con punto de acuerdo por la que se exhorta al secretario de Economía y al procurador federal del Consumidor a controlar y detener el alza injustificada de precios de la canasta básica, así como de los servicios cuyo suministro derive de energéticos.
Esta comisión, con fundamento en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos d), e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 58, 60, 87, 88 y 94, del Reglamento Interior para el Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta honorable asamblea el presente Dictamen, con base en los siguientes
Antecedentes
Primero. Que en sesión celebrada en la Cámara de Diputados, el día 22 de noviembre de 2007, los ciudadanos secretarios de ésta dieron cuenta al Pleno de la proposición que presentó la diputada María del Carmen Salvatori Bronca, del Grupo Parlamentario de Convergencia, para someter la propuesta a consideración del honorable Congreso de la Unión.
Segundo. El ciudadano Presidente de la Mesa Directiva acordó dar el siguiente trámite: "Túrnese a la Comisión de Economía".
Tercero. La legisladora propone lo siguiente
Primera. Que con base en los antecedentes indicados la Comisión de Economía, con las atribuciones antes señaladas se abocó a dictaminar la proposición con punto de acuerdo de referencia.
Segunda. Que el índice nacional de precios al consumidor (INPC) es un indicador económico diseñado específicamente para medir el cambio promedio de los precios en el tiempo, mediante una canasta ponderada de bienes y servicios representativa del consumo de las familias urbanas de México. Es de publicación quincenal.
Tercera. Que la cobertura del INPC se encuentra representada por 46 ciudades del país, que integran al índice, agrupadas en siete regiones geográficas y clasificadas en tres tamaños de localidad (pequeña, mediana y grande) y cada estado del país está representado por al menos una ciudad.
Cuarta. Que de acuerdo con la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) la canasta básica es el conjunto de bienes y servicios indispensables para que una persona o una familia pueda cubrir sus necesidades básicas a partir de su ingreso; en otras palabras, una canasta básica es aquella que tiene todos los productos necesarios para poder tener una vida sana, tanto física como mentalmente.
Quinta. Que la Ley Federal de Protección al Consumidor tiene por objeto promover y proteger los derechos y cultura del consumidor, así como procurar la equidad, certeza y seguridad jurídica en las relaciones entre proveedores y consumidores; de igual forma, corresponde a la Profeco aplicar y ejecutar la referida ley, como un organismo público con el carácter de una autoridad administrativa.
Sexta. Que la Profeco es la encargada de verificar que se respeten los precios máximos establecidos en términos de la Ley Federal de Competencia Económica (LFCE) así como los precios y tarifas que conforme a lo dispuesto por otras disposiciones legales sean determinados por las autoridades competentes.
Séptima. Que la LFCE contempla un procedimiento para que el Estado controle precios, en congruencia con el artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, protegiendo y promoviendo el proceso de libre competencia y libre concurrencia, dicho procedimiento es utilizado como un mecanismo aplicable sólo para mercados cuya estructura no permite el funcionamiento pleno de la competencia.
Octava. Que los ciudadanos diputados integrantes de la Comisión de Economía que dictamina reconocen y concluyen que controlar los precios debe seguir un procedimiento legal aplicable únicamente a los mercados cuya estructura no permite el funcionamiento pleno de la competencia, aún los de los productos básicos de consumo generalizado, atendiendo a una serie de elementos técnico económicos, y sin embargo, se comparte la loable preocupación de la legisladora promovente de velar por la economía familiar.
Por lo anteriormente expuesto, la Comisión de Economía somete al Pleno de esta Cámara de Diputados para su análisis, discusión y en su caso aprobación, el siguiente
Acuerdo
Primero. Se exhorta al titular del Ejecutivo federal a implantar a través de las dependencias competentes las medidas legalmente oportunas y aplicables con la finalidad de que se contengan los aumentos en los precios de los productos básicos de consumo generalizado, así como los servicios cuyo suministro derive de energéticos.
Segundo. Se exhorta al titular del Ejecutivo federal a verificar a través de la Procuraduría Federal del Consumidor que los proveedores de bienes y servicios respeten los precios máximos establecidos.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de marzo de 2009.
La Comisión de Economía
Diputados: Adriana Rodríguez
Vizcarra Velázquez (rúbrica), presidenta; Carlos Armando
Reyes López (rúbrica), Jorge Alejandro Salum del Palacio
(rúbrica), Fausto Fluvio Mendoza Maldonado (rúbrica), Arnulfo
Elías Cordero Alfonzo (rúbrica), Enrique Serrano Escobar
(rúbrica), Jorge Godoy Cárdenas (rúbrica), secretarios;
Jericó Abramo Masso (rúbrica), Narcizo Alberto Amador Leal
(rúbrica), Antonio Berber Martínez (rúbrica), Carlos
Alberto García González (rúbrica), Miguel Ángel
González Salum (rúbrica), Jesús Sesma Suárez,
Luis Xavier Maawad Robert (rúbrica), Martín Malagón
Ríos (rúbrica), Marco Heriberto Orozco Ruiz Velazco (rúbrica),
Octavio Martínez Vargas, Susana Monreal Ávila, Alicia Rodríguez
Martínez (rúbrica), Mauricio Ortiz Proal (rúbrica),
Eduardo Ortiz Hernández (rúbrica), Miguel Ángel Peña
Sánchez (rúbrica), Raúl Ríos Gamboa, Ricardo
Rodríguez Jiménez (rúbrica), Salvador Ruiz Sánchez
(rúbrica), Ernesto Ruiz Velasco de Lira, Alejandro Sánchez
Camacho, Alberto Amaro Corona (rúbrica), Joaquín Humberto
Vela González (rúbrica), Javier Martín Zambrano Elizondo
(rúbrica).
DE LA COMISIÓN DE ECONOMÍA, CON PUNTOS DE ACUERDO POR LOS QUE SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A CONTINUAR IMPLANTANDO LAS ACCIONES PERTINENTES DEL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO, A DAR MAYOR DIFUSIÓN AL PORTAL DEL EMPLEO EN INTERNET Y A DIFUNDIR AMPLIAMENTE A TRAVÉS DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL EL PROGRAMA PRIMER EMPLEO
Honorable Asamblea:
A la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, correspondiente a la LX Legislatura, le fue turnada para su estudio y análisis la proposición con punto de acuerdo, relativo a exhortar al Ejecutivo federal a cumplir las promesas de generar empleos.
Esta comisión, con fundamento en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos d), e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 58, 60, 87, 88 y 94, del Reglamento Interior para el Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta honorable asamblea el presente dictamen, con base en los siguientes:
Antecedentes
Primero. Que en sesión celebrada en la Cámara de Diputados, el 13 de septiembre de 2007, los secretarios de la misma dieron cuenta al Pleno de la proposición que presentó la diputada Rosa Elva Soriano Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para someter a la consideración del honorable Congreso de la Unión.
Segundo. El Presidente de la Mesa Directiva acordó dar el siguiente trámite: Túrnese a la Comisión de Economía.
Tercero. La legisladora propone:
Primera. Que con base en los antecedentes indicados, la Comisión de Economía, con las atribuciones antes señaladas, se abocó a dictaminar la proposición con punto de acuerdo de referencia.
Segunda. Que de acuerdo a los resultados de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, muestran que, durante el tercer trimestre de 2008 la población económicamente activa (PEA) del país se ubicó en 45.5 millones de personas, que representan el 58.8 por ciento de la población de 14 años y más. De ellas, el 95.8 por ciento estaba ocupado y el 4 por ciento restante desocupado.
Tercera. Que durante el tercer trimestre del 2008 la población de 14 años y más disponible para producir bienes y servicios en el país se incrementó en 868 mil personas, como consecuencia tanto del crecimiento demográfico, como de las expectativas que tiene la población de participar, o no, en la actividad económica. Mientras que 79 de cada 100 hombres en estas edades son económicamente activos, en el caso de las mujeres, 41 de cada 100 están en esta situación.
Cuarta. Que al interior de la PEA es posible identificar a la población que estuvo participando en la generación de algún bien económico o en la prestación de un servicio, denominada como población ocupada; la cual, en el tercer trimestre de 2008 alcanzó 43.6 millones de personas (27.4 millones hombres y 16.2 millones mujeres), superior en 709 mil a la del mismo trimestre de 2007, cuando se ubicó en 42.9 millones de personas.
Más de la mitad de la población ocupada (53 por ciento) se concentra en las ciudades más grandes del país (de 100 mil y más habitantes); le siguen las localidades rurales (menores de 2 mil 500 habitantes) donde se agrupa 19.4 por ciento de la población ocupada total; los asentamientos que tienen entre 15 mil y menos de 100 mil habitantes (urbano medio) albergan 14.5 por ciento y, finalmente, el resto de los ocupados (13.1 por ciento) residen en localidades de 2 mil 500 a menos de 15 mil habitantes (urbano bajo).
Quinta. Que la población ocupada, con relación al sector económico en el que labora, se tiene que 5.9 millones de personas (13.5 por ciento del total) trabajan en el sector primario, 10.9 millones (25 por ciento) en el secundario o industrial y 26.5 millones (60.7 por ciento) están en el terciario o de los servicios.
Asimismo, casi dos terceras partes del total, 28.7 millones (65.7 por ciento), son trabajadores subordinados y remunerados; 9.8 millones (22.5 por ciento) trabajan por su cuenta, sin emplear personal pagado; 3 millones (7 por ciento) son trabajadores que no reciben remuneración, y 2.1 millones (4.8 por ciento) son propietarios de los bienes de producción, con trabajadores a su cargo.
Sexta. Que a la fecha de la encuesta, 17.9 millones de personas (48.5 por ciento) estaban ocupadas en micronegocios; 6.6 millones (17.8 por ciento) en establecimientos pequeños; 4.4 millones (11.8 por ciento) en medianos; 3.8 millones (10.3 por ciento) en establecimientos grandes, y 4.2 millones (11.6 por ciento) se ocuparon en otro tipo de unidades económicas.
Cabe destacar que entre el lapso julio-septiembre de 2007 y el mismo periodo de 2008, fueron los micronegocios los que generaron el mayor número de empleos, con un incremento de 381 mil personas ocupadas, los establecimientos pequeños con 180 mil y los medianos con 55 mil; mientras que los grandes presentaron una reducción de 52 mil.
Séptima. Que la población sub ocupada, que es cuando la población ocupada tiene la necesidad de trabajar más tiempo, lo que se traduce en la búsqueda de una ocupación complementaria o de un nuevo trabajo con mayor horario, durante julio-septiembre de 2008 fue de 2.9 millones de personas, lo que significa una reducción en 27 mil personas con relación al total cuantificado en el mismo periodo de un año antes. La presencia de la subocupación es en siete de cada 100 personas ocupadas.
Octava. Que la población que labora dentro del sector informal de la economía es de 11.8 millones de personas, que representan al 27.1 por ciento de la población ocupada, la cual aumentó en 305 mil personas respecto al dato de un año atrás.
Novena. Que la ocupación presenta distintos grados de intensidad según sea la perspectiva desde la cual se le observa. Una de éstas es la población desocupada, la cual no trabajó siquiera una hora durante la semana de referencia de la encuesta, pero manifestó su disposición por hacerlo e hizo alguna actividad por obtenerlo.
En el tercer trimestre de 2008, la población desocupada en el país fue de 1.9 millones de personas y la tasa de desocupación equivalente es de 4.2 por ciento; este porcentaje de la PEA es superior al de 3.9 por ciento alcanzado en igual trimestre de 2007. Al estar condicionada a la búsqueda de empleo, la tasa de desocupación es más alta en las localidades grandes, en donde está más organizado el mercado de trabajo; es así que en las zonas más urbanizadas, con 100 mil y más habitantes, la tasa llegó a 5 por ciento, mientras que en las que tienen de 15 mil a menos de 100 mil habitantes fue de 3.9 por ciento, en las de 2 mil 500 a menos de 15 mil se ubicó en 3.3 por ciento y en las rurales de menos de 2 mil 500 habitantes se estableció en 2.6 por ciento.
Décima. Que la población no económicamente activa agrupa a las personas que no participan en la actividad económica ni como ocupados ni como desocupados. Durante julio-septiembre de 2008, 31.9 millones de personas, el 41.2 por ciento del total de la población de 14 años y más, integraba este sector; del cual 26.7 millones se declararon no estar disponibles para trabajar debido a que tienen que atender otras obligaciones, o tenían interés pero se encuentran en un contexto que les impide poder hacerlo (tiene impedimentos físicos, obligaciones familiares o están en otras condiciones). Por su parte, 5.2 millones se declararon disponibles para trabajar, pero no llevaron a cabo acciones al respecto, por lo que se constituyen en el sector que eventualmente puede participar en el mercado como desocupado u ocupado.
Decimoprimera. Que el número total de asegurados en el Instituto Mexicano del Seguro Social durante los primeros 11 meses de 2008 fue de 14 millones 458 mil 981 personas, en comparación con el 2007, que en el mismo lapso fue de 12 millones 960 mil 600, esto representa un incremento de 11 por ciento de un año a otro.
Decimosegunda. Que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social coordina el Servicio Nacional de Empleo, la institución pública a nivel nacional que se ocupa de atender de manera gratuita y personalizada los problemas de desempleo y subempleo en el país; presta los servicios de información, vinculación y orientación ocupacional, brinda apoyos económicos y capacitación, y apoyos a la movilidad laboral interna y externa.
Cabe mencionar que en 2008, a través de los servicios de vinculación, ha atendido a 2.66 millones de personas y colocado a 549 mil; a través del Programa de Apoyo al Empleo ha atendido a 452.5 mil personas y colocado a 255.6 mil; y a través del Programa para el Desarrollo Local ha atendido a 6 mil personas y colocado a 3 mil. Esto nos da un total global de 3.12 millones de personas atendidas y 807 mil 300 colocados a través del Servicio Nacional de Empleo.
Decimotercera. Que para contribuir a la generación de empleos permanentes y la formalización de las empresas, el gobierno federal creó el Programa Primer Empleo, a través del cual apoya a las personas físicas o morales para generar nuevos empleos permanentes, por medio de un subsidio aplicado a la parte de las cuotas obrero-patronales que les corresponde pagar a los empleadores al dar de alta a los trabajadores ante el Instituto Mexicano del Seguro Social.
De esta forma, este programa contribuye a generar mayores oportunidades en el país para formalizar los empleos, expandir la cobertura de la seguridad social, facilitar el acceso al mercado formal de trabajo a grupos de la población sin participación previa en el mismo, como los jóvenes y las mujeres, no solamente de menor experiencia laboral, sino de aquellos que tienen dificultades para lograr un mayor nivel de permanencia en sus puestos de trabajo; y estimular un desarrollo económico y social más ordenado, justo y equitativo.
Decimocuarta. Que los integrantes de la Comisión de Economía que dictamina, reconocen los esfuerzos del gobierno por proporcionar estímulos a la economía, que se traduzcan en mayores empleos, así como las acciones específicas para apoyar a la población a obtener empleo y a las empresas para contratar empleados en mejores condiciones; sin embargo, hacen suyos los motivos expresados por la diputada promovente porque el gobierno federal continúe impulsando la actual política económica que estimule fuertemente la generación de empleos y sea la punta de lanza del crecimiento del país para la construcción de un México moderno con más oportunidades para todos.
Por lo anterior, la Comisión de Economía somete al Pleno de esta Cámara de Diputados para su análisis, discusión y en su caso aprobación, el siguiente:
Acuerdo
Primero. Se exhorta al titular del Ejecutivo federal para que, a través de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, continúe implementando las acciones pertinentes del Servicio Nacional de Empleo y le dé mayor difusión al Portal del empleo en internet para que exista un mayor y más efectivo vínculo entre la oferta y la demanda laboral del país, que permita a quienes buscan trabajo enterarse con más rapidez y facilidad de las ofertas laborales de las empresas que buscan personal. Asimismo, a que difunda mayormente los programas de capacitación para la colocación de miles de nuevos trabajadores.
Segundo. Se exhorta al titular del Ejecutivo federal para que, a través del Instituto Mexicano del Seguro Social, dé una mayor difusión al Programa Primer Empleo y continúe facilitando los apoyos en cuanto a los subsidios destinados a cubrir las cuotas obrero-patronales y reducir el costo laboral, que contribuyan directamente a una mayor generación de empleos.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 días de marzo de 2009.
La Comisión de Economía
Diputados: Adriana Rodríguez
Vizcarra Velázquez (rúbrica), presidenta; Carlos Armando
Reyes López (rúbrica), Jorge Alejandro Salum del Palacio
(rúbrica), Fausto Fluvio Mendoza Maldonado (rúbrica), Arnulfo
Elías Cordero Alfonzo (rúbrica),Enrique Serrano Escobar (rúbrica),
Jorge Godoy Cárdenas (rúbrica), secretarios; Jericó
Abrhamo Masso (rúbrica), Narciso Alberto Amador Leal (rúbrica),
Antonio Berber Martínez (rúbrica), Carlos Alberto García
González (rúbrica), Miguel Ángel González Salum
(rúbrica), Jesús Sesma Suárez, Luis Xavier Maawad
Robert (rúbrica), Martín Malagón Ríos (rúbrica),
Marco Heriberto Orozco Ruiz Velazco (rúbrica),Octavio Martínez
Vargas, Susana Monreal Ávila, Alicia Rodríguez Martínez
(rúbrica), Mauricio Ortiz Proal (rúbrica), Eduardo Ortiz
Hernández (rúbrica), Miguel Ángel Peña Sánchez
(rúbrica), Raúl Ríos Gamboa, Ricardo Rodríguez
Jiménez (rúbrica), Salvador Ruiz Sánchez (rúbrica),
Ernesto Ruiz Velasco de Lira, Alejandro Sánchez Camacho, Alberto
Amaro Corona, Joaquín Humberto Vela González (rúbrica),
Javier Martín Zambrano Elizondo (rúbrica).
DE LA COMISIÓN DE VIVIENDA, CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL CONSEJO NACIONAL DE VIVIENDA Y A LA COMISIÓN INTERSECRETARIAL DE VIVIENDA A OTORGAR FACILIDADES A LAS PERSONAS CUYOS CRÉDITOS DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL HAN SIDO RECHAZADOS POR TENER INJUSTAMENTE REPORTES NEGATIVOS EN EL BURÓ DE CRÉDITO
Honorable Asamblea:
A la Comisión de Vivienda fue turnada, para estudio, análisis y dictamen, la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión Nacional de Vivienda, al Consejo Nacional de Vivienda y a la Comisión Intersecretarial de Vivienda a otorgar, en el ámbito de sus respectivas competencias, facilidades a las personas cuyos créditos de vivienda de interés social han sido rechazados por tener reportes negativos en el buró de crédito, presentada por la diputada Beatriz Manrique Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México y perteneciente a la LX Legislatura de la Cámara de Diputados.
La Comisión de Vivienda, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39, fracción XL, y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como 56, 58, 60, 87, 93 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a la honorable asamblea el siguiente dictamen:
Antecedentes
1. Con fecha 18 de septiembre de 2008, la diputada Beatriz Manrique Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, perteneciente a la LX Legislatura de la Cámara de Diputados, presentó al Pleno de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión una proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión Nacional de Vivienda, al Consejo Nacional de Vivienda y a la Comisión Intersecretarial de Vivienda a otorgar, en el ámbito de sus respectivas competencias, facilidades a las personas cuyos créditos de vivienda de interés social han sido rechazados por tener reportes negativos en el buró de crédito.
2. Con fecha 7 de octubre de 2008, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión turnó el citado asunto a la Comisión de Vivienda, para estudio, análisis y dictaminación, mediante el oficio número DGPL 60-II-5-1988.
De acuerdo con los antecedentes mencionados, los integrantes de la Comisión de Vivienda de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados exponemos las siguientes
Consideraciones
Primera. El desmesurado aumento de la población y la situación de inestabilidad económica que vive el país han traído como consecuencia que en el último trimestre del año, se imposibilite cubrir la oferta para el financiamiento de créditos de vivienda otorgadas por las instituciones bancarias, entidades financieras y empresas hipotecarias, principalmente la destinada a la población con vulnerabilidad, en extrema pobreza y carente de una fuente de trabajo formal para la adquisición de un crédito para vivienda de interés social.
La política nacional de vivienda implantada por el gobierno federal ha fijado metas y propuestas con programas de crédito a la vivienda, dirigida principalmente a los trabajadores activos y asalariados comprendidos en los Apartados A y B del artículo 123 constitucional, a través del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) y del Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Fovissste), que materializan el derecho del trabajador a obtener por una sola vez crédito barato y suficiente para adquirir, construir, reparar, ampliar o mejorar su vivienda o para el pago del enganche y gastos de escrituración, en condiciones que le permitan incrementar su bienestar y seguridad patrimonial, sin importar su condición crediticia reportada en el buró de crédito.
Segunda. Uno de los problemas que aquejan a gran número de mexicanos es el de tener un historial negativo en el buró de crédito, que trae como consecuencia que las instituciones bancarias, entidades financieras y empresas hipotecarias no otorguen a la persona que lo solicita el crédito para la adquisición de una vivienda.
Desde el inicio de sus operaciones, el buró de crédito ha sido sumamente controversial, ya que ha sido el principal inhibidor en el otorgamiento de financiamiento a empresas y particulares, debido a que es una empresa privada formada como sociedad de información crediticia, orientada a integrar y proporcionar información previa para el otorgamiento de crédito. Es decir, funciona con base en reportes de las empresas que otorgan un crédito, no es un ente que califica a los deudores o a las personas; simplemente es una empresa que recoge los reportes y pone dicha información a disposición de cualquier entidad financiera o comercial que la solicite.
Sin embargo, en muchos de los casos, los datos contenidos en el buró de crédito es información errónea, debido a que hay personas que son afectadas por ser señaladas como morosas en créditos que nunca contrataron o que quizá ya terminaron de pagar hace mucho tiempo y que siguen reportadas.
En otros casos, las personas físicas o las morales que se llegan a atrasar un solo día en el pago en sus obligaciones contraídas con las instituciones bancarias o crediticias sufren un trato injusto por el buró de crédito, al ser reportadas y boletinadas de manera negativa, como personas que no pueden ser sujetas a adquirir cualquier tipo de crédito.
Tercera. Que las instancias y organismos de la administración pública que integran el sistema nacional de vivienda o las tengan a su cargo la instauración de la política nacional de vivienda, en sus ámbitos de competencia, respectivamente coordinen y concierten con el sector financiero privado acciones, instrumentos, procesos y apoyos a fin de facilitar que las personas físicas que buscan adquirir un crédito de vivienda de interés social y que están reportadas de manera injusta en el buró de crédito lo obtengan, así como incorporar estrategias que fomenten la concurrencia de los sectores público, social y privado para promover oportunidades de acceso a la vivienda para la población en situación de pobreza, marginación o vulnerabilidad, en sus diferentes tipos y modalidades a través del Programa Nacional de Vivienda, de los programas especiales y regionales, programas institucionales de las entidades de la administración pública federal en materia de vivienda, programas de la comisión y de las dependencias y demás entidades de la administración pública federal, y los programas de las entidades federativas y municipios.
Por lo anterior, la Comisión de Vivienda somete a consideración del Pleno de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión el siguiente
Acuerdo
Único. Se exhorta a la Comisión Nacional de Vivienda, al Consejo Nacional de Vivienda y a la Comisión Intersecretarial de Vivienda a otorgar, en el ámbito de sus respectivas competencias, facilidades a las personas cuyos créditos de vivienda de interés social han sido rechazados por tener reportes negativos de manera injusta en el buró de crédito.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, Distrito Federal, a 27 de marzo de 2009.
La Comisión de Vivienda
Diputados: Diego Aguilar (rúbrica),
Aracely Escalante Jasso (rúbrica), Martha Margarita García
Müller, Raúl García Vivián (rúbrica),
Eduardo Ortiz Hernández (rúbrica), Claudia Sánchez
Juárez (rúbrica), María Elena Torres Baltazar (rúbrica),
Martín Zepeda Hernández (rúbrica), Joel Arellano Arellano,
Susana Sarahí Carrasco Cárdenas (rúbrica), Rosa Elena
Galván Valles (rúbrica), Óscar González Morán
(rúbrica), José Luis Murillo Torres (rúbrica), Alejandro
Sánchez Domínguez (rúbrica), Luis Gerardo Serrato
Castell, Marisol Mora Cuevas, Alberto López Rojas (rúbrica),
Mario Vallejo Estévez (rúbrica), María Soledad López
Torres, David Mendoza Arellano, Juan Manuel San Martín Hernández,
Gerardo Villanueva Albarrán, Tomás Gloria Requena, Élmar
Darinel Díaz Solórzano, Alfredo Barba Hernández, Lourdes
Quiñones Canales (rúbrica), Jesús Ricardo Canavati
Tafich (rúbrica), Beatriz Manrique Guevara (rúbrica), Robinson
Uscanga Cruz (rúbrica), Jaime Cervantes Rivera.
DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, CON PUNTOS DE ACUERDO POR LOS QUE SE SOLICITA A LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO Y A LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA QUE INFORMEN RESPECTO A LAS ACCIONES DE CAPITALIZACIÓN EFECTUADAS POR LAS INSTITUCIONES DE BANCA MÚLTIPLE QUE OPERAN EN EL PAÍS Y A SUS REPERCUSIONES JURÍDICAS
Honorable Asamblea:
Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción I, y 72, inciso h), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el diputado Manuel Cárdenas Fonseca, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, presentó la proposición con punto de acuerdo por la que se solicita a los titulares de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de la Procuraduría General de la República que informen a esta soberanía respecto a la capitalización que han efectuado diversos bancos y a las correspondientes repercusiones jurídicas.
Los integrantes de esta Comisión, con base en las facultades que nos confieren los artículos 39, 45 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 60, 65, 87, 88 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente dictamen:
Antecedentes
1. En la sesión del 26 de marzo de 2009 el diputado Manuel Cárdenas Fonseca, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, presentó la proposición con punto de acuerdo por la que se solicita a los titulares de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de la Procuraduría General de la República que informen a esta soberanía respecto a la capitalización que han efectuado diversos bancos y a las correspondientes repercusiones jurídicas.
2. En sesión del 1 abril de 2009, por acuerdo de la Mesa Directiva de esta honorable Cámara la proposición fue turnada a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para su estudio y dictamen.
Consideraciones
El capital de un banco provee una red de seguridad para absorber un cierto nivel de pérdidas inesperadas sin afectar negativamente los intereses de los depositantes, a través de las siguientes dos formas: i) en el caso de situaciones adversas al banco, el capital tiene capacidad para absorber las pérdidas; por ejemplo, a través del no pago de dividendos a los accionistas o cupones de instrumentos híbridos; y ii) en el caso de liquidación de una entidad financiera el capital tiene menor grado de prelación que los depositantes.
El capital regulatorio es denominado "capital neto" por las normas mexicanas, y está formado por una parte básica y otra complementaria. Dentro del capital básico se admiten "los instrumentos de capitalización bancaria con flujos no acumulativos, es decir, en los que el emisor tenga la opción de que estos devenguen rendimientos. El monto computable como capital básico tendrá un límite de 15 por ciento de la parte básica, sin incluir tales instrumentos" (Secretaría de Hacienda y Crédito Público).
Para que dichos instrumentos híbridos, denominados instrumentos de capitalización bancaria con flujos no acumulativos, computen en la proporción básica del capital, deben contar con autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la opinión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y el Banco de México. Asimismo, deben tener, como características, un plazo mínimo de 10 años en el caso que no sean de conversión obligatoria en certificados de aporte patrimonial (plazo que puede ser extendido por la secretaría); una prelación inferior a la deuda subordinada; valor nominal pagadero al vencimiento; y no tener garantías específicas por parte del emisor. El monto total de las emisiones de los instrumentos de capitalización bancaria no convertibles computará como capital con excepción del segundo año inmediato anterior y el año inmediato anterior al vencimiento, en los cuales únicamente se considerará el 50 por ciento y el 20 por ciento, respectivamente, del saldo correspondiente.
En lo referido a la parte complementaria, se establece que se integrará por:
b) Las obligaciones subordinadas no convertibles o de conversión voluntaria a capital hasta por un monto que no exceda del cincuenta por ciento de la parte básica.
No obstante, de acuerdo con las reglas de carácter general a que se refiere el artículo 134 Bis de la Ley Instituciones de Crédito, mejor conocida como acciones correctivas tempranas, los 43 bancos que actualmente integran el sistema financiero mexicano registran un Icap superior al 10 por ciento exigido, por lo que se sitúan en la categoría I.
El índice de capitalización, que mide la relación entre el capital neto y los activos sujetos a riesgo, es una medición de la solvencia de un banco. La recomendación del Banco de Pagos Internacionales, entidad que agrupa a bancos centrales y reguladores de todo el mundo, es que el índice de capitalización no sea menor a 8 por ciento.
Según la CNBV, el índice de capitalización promedio del sistema bancario se situó en febrero, en todos los casos, arriba del nivel mínimo recomendado internacionalmente. En BBVA Bancomer fue de 16.06 por ciento; en Banamex, de 16.26; y en Santander, de 13.03 por ciento, por citar a los bancos más grandes que operan en el país.
Aun con esta solidez financiera, el crecimiento del crédito, en especial dada la estrategia actual de la banca en México de canalizar más financiamiento a estratos de ingreso entre 3 mil y 5 mil pesos al mes y sin experiencia en el manejo de crédito, ha puesto la atención de analistas en la evolución de la morosidad.
Standard and Poor’s, la principal firma de calificación de valores en el mundo, comentó que a lo largo del último año el sistema bancario en México registró un aumento de los activos con problema, especialmente entre el tercer y cuarto trimestre, cuando el incremento en este rubro fue de 8 por ciento.
La Secretaría de Hacienda detectó que en las últimas semanas bancos establecidos en México trasladaron liquidez a sus matrices en el extranjero, a fin de hacer frente a la crisis que afecta los sectores financieros del mundo, sostuvo el jefe de la Unidad de Banca, Valores y Ahorro de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en el marco del décimo Seminario internacional de prevención de lavado de dinero y financiamiento al narcotráfico. Ahí explicó que el modelo de la banca en México se compone por instituciones subsidiarias de los bancos extranjeros’ y en coyunturas difíciles como la actual, trasladan liquidez para solventar sus crisis.
Ya sean créditos o intercambios, o sea cual sea la forma en que se documenten las transferencias, la ley mexicana prevé que no se podrán hacer ese tipo de operaciones de liquidez por montos superiores a 50 por ciento del capital neto de las instituciones.
En febrero pasado entró en vigor una modificación a la legislación para evitar que se extralimiten las transferencias de recursos y de esa manera se garantiza la capitalización permanente de la banca en México.
Adicionalmente, muchas instituciones bancarias que tienen su matriz en el extranjero, aún cuando están operando en nuestro país como instituciones mexicanas, recibieron en los últimos meses aportaciones a su capital y rescate con recursos provenientes de gobiernos extranjeros.
Por lo expuesto, la Comisión de Hacienda y Crédito Público pone a consideración del Pleno el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados de la LX Legislatura del Congreso de la Unión solicita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Procuraduría General de la República que expliquen, fundada y motivadamente, las acciones de capitalización que han efectuado las instituciones de banca múltiple que operan en el país.
Segundo. Que señalen con precisión bajo qué criterios y preceptos legales fueron autorizadas dichas capitalizaciones, sus montos y las instituciones de crédito que las realizaron.
Tercero. Que expliquen quiénes autorizaron dichas transferencias de liquidez a sus matrices en el extranjero, así como los motivos para determinar a unos bancos sobre otros.
Cuarto. Que estas autoridades –Secretaría de Hacienda y Crédito Público–, en su carácter de coordinadora sectorial y encargada de normar la operación bancaria, y la Procuraduría General de la República, en su carácter de abogado de la nación, nos informen fundando en derecho su respuesta, si la capitalización de los bancos con matriz en el extranjero que recibieron aportaciones de capital convertibles a acciones y, en su caso, toma de asiento y decisiones en los consejos de administración, violan o no las disposiciones jurídicas del derecho positivo mexicano.
Sala de Comisiones de la Cámara de Diputados, a 2 de abril de 2009.
La Comisión de Hacienda y Crédito Público
Diputados: Charbel Jorge Estefan
Chidiac (rúbrica), presidente; Emilio Ramón Ramiro Flores
Domínguez (rúbrica), Ricardo Rodríguez Jiménez,
Carlos Alberto García González (rúbrica), Hugo Eduardo
Martínez Padilla, José Antonio Saavedra Coronel (rúbrica),
Antonio Soto Sánchez, Ismael Ordaz Jiménez (rúbrica),
Horacio Garza Garza (rúbrica), Carlos Alberto Puente Salas (rúbrica),
Juan Ignacio Samperio Montaño, Joaquín Humberto Vela González,
Manuel Cárdenas Fonseca (rúbrica), Aída Marina Arvizu
Rivas (rúbrica), secretarios; Samuel Aguilar Solís, José
Rosas Aispuro Torres, María del Consuelo Argüelles Arellano
(rúbrica), Valentina Valia Batres Guadarrama, Itzcóatl Tonatiuh
Bravo Padilla (rúbrica), Francisco Javier Calzada Vázquez,
Ramón Ceja Romero (rúbrica), José de la Torre Sánchez
(rúbrica), Javier Guerrero García, Mariano González
Zarur, Juan Nicasio Guerra Ochoa (rúbrica), José Martín
López Cisneros, Lorenzo Daniel Ludlow Kuri (rúbrica), Luis
Xavier Maawad Robert (rúbrica), Octavio Martínez Vargas (rúbrica),
José Murat, Dolores María del Carmen Parra Jiménez
(rúbrica), María Guadalupe Salazar Anaya (rúbrica),
Mario Alberto Salazar Madera (rúbrica), Jorge Alejandro Salum del
Palacio (rúbrica), Pablo Trejo Pérez (rúbrica).
DE LA COMISIÓN DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, CON PUNTOS DE ACUERDO POR LOS QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, A LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, A LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y A LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN A INVESTIGAR Y FINCAR RESPONSABILIDADES RESPECTO AL MANEJO IRREGULAR DE RECURSOS DESTINADOS A VIVIENDA PARA LA POBLACIÓN DEVASTADA POR EL DESASTRE OCURRIDO EN TABASCO DESDE OCTUBRE DE 2007
Honorable Asamblea:
La Comisión de la Función Pública de esta Cámara de Diputados, con base en lo dispuesto en los artículos 39, numerales 1 y 2, fracción XVIII, 45, numeral 6, incisos e) y f), y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a su consideración el siguiente: dictamen sobre la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de la Función Pública, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a la Procuraduría General de la República y a la Auditoría Superior de la Federación a investigar y, en su caso, fincar responsabilidades respecto al manejo irregular de recursos destinados a vivienda para la población devastada por el desastre ocurrido en Tabasco desde octubre de 2007.
Antecedentes
II. En esa misma fecha la Presidencia de la Mesa Directiva la turnó, para su estudio y dictamen, a la Comisión de la Función Pública.
III. Recibida en la Comisión de la Función Pública, se sometió a estudio y análisis, preparándose un proyecto de dictamen en sentido positivo, el cual fue sometido a la consideración y discusión de los integrantes de la comisión, quienes lo aprobaron en la sesión celebrada el día 24 de marzo del 2009, por 16 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Establecen los diputados proponentes que, con motivo del desastre iniciado en el estado de Tabasco, hace un año se autorizaron recursos del Fondo de Desastres Naturales, con cargo al Ramo 23, y que para el Fondo de Reconstrucción de Tabasco se asignaron 7 mil millones de pesos.
Que al fondo revolvente del Fondo de Desastres Naturales le fueron otorgados recursos adicionales para diversos requerimientos de los estados de Tabasco, Chiapas, Veracruz, Hidalgo y Quintana Roo por un total de 5 mil 710 millones de pesos, sin precisar lo correspondiente a cada entidad federativa.
Que continua pendiente que se informe de manera pormenorizada acerca del destino real de estos montos millonarios, por rubro y por municipio.
Que en su segundo Informe de Gobierno de 2008 la Secretaría de Desarrollo Social del estado reportó un total de 89 mil 671 viviendas dañadas por dichas inundaciones, y que el 14 de diciembre de 2007 el gobierno del estado y la Comisión Nacional de Vivienda suscribieron un convenio de colaboración mediante el cual se asignaron 350 millones de pesos para adquirir y urbanizar suelo apto y edificar 2 mil 500 viviendas para beneficiar a algunas familias afectadas por las inundaciones de octubre y noviembre de ese año.
Que existen evidencias de que el gobierno de Tabasco benefició en diversas operaciones inmobiliarias a Sociedad Suministros del Carmen, persona moral que obtuvo ganancias superiores a 143 millones de pesos, dado que adquirió predios por 102 millones de pesos. Los proponentes presumen que dicha compraventa involucra al secretario de Finanzas del estado, José Sáinz Pineda; al secretario de Asentamientos Humanos y Obras, Héctor López Peralta; al ex director del Instituto de Vivienda de Tabasco, Ariel Cetina; al Contralor, Roger Pérez Evoli; y al ex director general de la Comisión Nacional de Vivienda, Carlos Javier Gutiérrez.
Que el 22 de octubre de 2008, legisladores estatales y federales del Estado de Tabasco presentaron una denuncia ante la Procuraduría General de la República, argumentando que, entre otros delitos, los funcionarios aludidos cometieron fraude, ejercicio abusivo de funciones, lavado de dinero, evasión fiscal y tráfico de influencias.
Que el 23 de octubre del 2008, el gobierno estatal afirmó que adquirió, entre febrero y julio de 2008, cinco predios con una superficie total de 169.4 hectáreas en la zona del corredor urbano Parrilla-Playas del Rosario, en el municipio de Centro, con un valor de 239.4 millones de pesos, donde se edificarán 9 mil viviendas, reiterando que la operación se hizo "legal, transparente y con apego a los lineamientos respectivos, con el aval del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos"; al mismo tiempo, aseveró que la parte vendedora cumplió todos los requerimientos en cuanto a derechos de propiedad y el valor comercial del suelo.
Que los funcionarios estatales omiten informar a la opinión pública que la empresa Sociedad Suministros del Carmen disponía de información exacta acerca de la localización de los inmuebles objeto de las operaciones irregulares denunciadas, tampoco informan acerca de los recursos que permitieron a dicha empresa adquirir los cinco predios, ni se aclara lo relacionado con el diferencial entre los precios de compra y de venta.
Consideraciones
Primera. Una vez que ha sido analizada la propuesta de referencia, esta comisión especifica que son servidores públicos del estado de Tabasco los que se encuentran involucrados en las presuntas irregularidades que denuncian los proponentes.
Respecto a esta cuestión, ha sido criterio constante de la comisión que suscribe no tener injerencia en los asuntos en que están involucrados servidores públicos de las entidades federativas.
Segunda. Sin embargo, toda vez que los proponentes manifiestan que son recursos federales provenientes del Fondo de Desastres Naturales los que han sido desviados por estos sujetos, esta comisión se avocará a conocer de la presente proposición por la naturaleza de los recursos que se encuentran involucrados.
Tercera. Por lo tanto, en atención a los hechos que exponen los diputados que suscriben la proposición que se dictamina y a fin de satisfacer sus inquietudes, esta comisión dictaminadora estima procedente aprobarla con las siguientes modificaciones.
Cuarta. A la Procuraduría General de la República sólo se le solicitará que informe, en caso de ser posible, sobre la denuncia de hechos que le fue presentada el 22 de octubre de 2008 por legisladores locales y federales del Estado de Tabasco, más no que finque y aplique las sanciones que procedan por el manejo irregular de recursos destinados a la vivienda, pues en todo caso un juez penal (de distrito) será el que imponga las sanciones a los sujetos a los que previamente se les haya demostrado su culpabilidad.
Quinta. Por lo que respecta al segundo resolutivo, no es procedente solicitar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que coadyuve con las investigaciones necesarias para reportar puntual y detalladamente las irregularidades que los proponentes expresan, ello en virtud de que esto no es parte de sus atribuciones, pues en todo caso la autoridad que está llevando a cabo las investigaciones sobre este asunto es la que será la que determine en su momento si solicita el auxilio de otras autoridades.
Sin embargo, es procedente solicitar a la Secretaría de la Función Pública que inicie una investigación sobre este asunto e informe en su momento sobre el resultado de la misma.
Sexta. Asimismo, se estima procedente solicitar a la Auditoria Superior de la Federación que analice los recursos ejercidos correspondientes al Fondo de Desastres Naturales por el gobierno del Estado de Tabasco
Séptima. Esta soberanía estará atenta al cabal cumplimiento que las autoridades señaladas den a los resolutivos contenidos en el presente.
Con base en lo anterior, la Comisión de la Función Pública presenta al Pleno de la Cámara de Diputados, para su aprobación, el siguiente:
Acuerdo
Primero. Se exhorta respetuosamente a la Procuraduría General de la República a informar a esta soberanía sobre el estado que guarda la denuncia penal interpuesta por legisladores locales y federales del estado de Tabasco por el desvío de los recursos del Fondo de Desastres Naturales que fueron asignados al gobierno del estado de Tabasco.
Segundo. Se exhorta de manera respetuosa a la Secretaría de la Función Pública para que inicie una investigación por las probables irregularidades en el manejo de los recursos públicos provenientes del Fondo de Desastres Naturales, destinados para la reconstrucción de viviendas en el estado de Tabasco, e informe a esta soberanía de los resultados.
Tercero. Se solicita respetuosamente a la Auditoría Superior de la Federación que haga una revisión a los recursos del Fondo de Desastres Naturales que fueron asignados al gobierno del estado de Tabasco.
La Comisión de la Función Pública
Diputados: Benjamín
González Roaro (rúbrica), presidente; Enrique Cárdenas
del Avellano (rúbrica), Lariza Montiel Luis (rúbrica), Jesús
Ricardo Morales Manzo, José Guillermo Velázquez Gutiérrez
(rúbrica), secretarios; Jesús Sergio Alcántara Núñez,
Alma Edwviges Alcaraz Hernández (rúbrica), Carlos Altamirano
Toledo, Jesús Arredondo Velázquez, Carlos Armando Biebrich
Torres (rúbrica), María Eugenia Campos Galván (rúbrica),
Andrés Carballo Bustamante, José de la Torre Sánchez
(rúbrica), Joaquín Conrado de los Santos Molina (rúbrica),
Mario Enrique del Toro, Adriana Díaz Contreras (rúbrica),
Arturo Flores Grande, María del Carmen Fernández Ugarte,
Apolonio Méndez Meneses (rúbrica), Carlos Orsoe Morales Vázquez,
Alan Notholt Guerrero (rúbrica), Sagrario María del Rosario
Ortiz Montoro (rúbrica), Marcos Salas Contreras (rúbrica),
Ramón Valdés Chávez (rúbrica), Héctor
Padilla Gutiérrez, Rafael Plácido Ramos Becerril (rúbrica),
Víctor Gabriel López Varela.
DE LA COMISIÓN DE ECONOMÍA, CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA A CONSIDERAR LA MODIFICACIÓN DE LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL FONDO NACIONAL DE APOYOS PARA EMPRESAS EN SOLIDARIDAD
Honorable Asamblea:
A la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión correspondiente a la LX Legislatura fue turnada, para su estudio y dictamen, la proposición con punto de acuerdo citada al rubro del presente.
Esta comisión, con fundamento en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos d), e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 56, 60, 87, 88 y 94 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se abocó al estudio, análisis y dictamen de la proposición con punto de acuerdo referida, al tenor de los siguientes
Antecedentes
Primero. Que en sesión celebrada en la honorable Cámara de Diputados, el 30 de octubre de 2008 los ciudadanos secretarios de ésta dieron cuenta al Pleno de la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Economía a revisar y, en su caso, modificar las Reglas de Operación del Fondo Nacional de Apoyos para Empresas en Solidaridad, que presentó la diputada Silvia Emilia Degante Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, en ejercicio del derecho que le otorga la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Segundo. La Presidencia de la Mesa Directiva acordó dar el siguiente trámite: "túrnese a la Comisión de Economía".
Tercero. La legisladora propone:
Primera. Que el Fondo Nacional de Apoyos para Empresas en Solidaridad (Fonaes) es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Economía, creado por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 4 de diciembre de 1991.
Segunda. Que mediante Decreto del Ejecutivo federal publicado en el DOF el 30 de noviembre de 2000 se reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, destacando la adición de una fracción X Bis al artículo 34, situación que le confirió coordinar y llevar a cabo la política nacional para el fomento de empresas que asocien a grupos de escasos recursos.
Tercera. Que en términos del artículo 48 del Reglamento Interior de la Secretaría de Economía, publicado en el DOF el día 22 de noviembre de 2002, la Coordinación General del Programa Nacional de Apoyo para las Empresas de Solidaridad tiene, entre otras, la atribución de elaborar y desarrollar el Fonaes, en términos de sus reglas de operación (RO), que se publican anualmente.
Cuarta. Que la población objetivo del Fonaes, conforme a lo que indica en el numeral 8.1 de sus propias RO, se define como "la población rural, campesinos, indígenas y urbana de escasos recursos, que demuestren su capacidad organizativa, productiva, empresarial para abrir o ampliar un negocio".
Quinta. Que el pasado 29 de diciembre de 2008 se publicó en el DOF el acuerdo por el que se dan a conocer las Reglas de Operación del Fondo Nacional de Apoyos para Empresas en Solidaridad operativas para el ejercicio fiscal 2009, y comparándolas con las del año anterior, se puede observar que se han modificado con el objeto de hacerlas más accesibles al público, al que va dirigido el programa.
Sexta. Que México, como integrante la Organización de las Naciones Unidas, está obligado a cumplir con las líneas temáticas de acción que se definieron en la Cumbre del Milenio realizada el año 2000 y que consisten en: 1) erradicar la pobreza extrema y el hambre, 2) lograr la enseñanza primaria universal, 3) promover la igualdad de género y la autonomía de la mujer, 4) reducir la mortalidad infantil, 5) mejorar la salud materna, 6) combatir el VIH/sida, el paludismo y otras enfermedades, 7) garantizar la sustentabilidad del medio ambiente, 8) fomentar una asociación mundial para el desarrollo.
Séptima. Que el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) colabora con los gobiernos federal, estatal y municipal, así como el sector privado y la sociedad civil, brindándoles información técnica, asesorías y recomendaciones para la generación de políticas públicas y en proyectos orientados al desarrollo.
Octava. Que en el año 2006 el PNUD dio a conocer el informe de avance que ha tenido México respecto a los Objetivos del Desarrollo del Milenio, en el cual se explica en términos generales que el combate a la pobreza es lento y resulta necesario proteger los programas sociales contra su uso político-electoral y por tanto una de las medidas consiste en hacerlos más accesibles a la población objetivo evitando intermediarios.
Novena. Que conforme a la Ley General de Desarrollo Social, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) es un organismo público descentralizado que tiene por objeto normar y coordinar la evaluación de las políticas y programas de desarrollo social que ejecuten las dependencias públicas y establecer los lineamientos y criterios para la definición, identificación y medición de la pobreza.
Décima. Que en el documento denominado "Seguimiento a aspectos susceptibles de mejora derivados de las evaluaciones externas 2007", de fecha 16 de diciembre de 2008 del Coneval, se identifican tres aspectos susceptibles de mejora para el Fonaes, como es: no contar con un diagnóstico en el cual se identifique la magnitud del problema, no contar con un método explícito en el que se determine y cuantifique la población potencial u objetivo y no contar con un plan estratégico de corto, mediano y largo plazo.
Décima Primera. Que el 29 de diciembre de 2008 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo por el que se dan a conocer las Reglas de Operación del Fondo Nacional de Apoyos para Empresas en Solidaridad, vigentes para el año 2009; asimismo, en el boletín electrónico número 18 del Fonaes, se indica que dichas reglas de operación se han simplificado, resaltando la simplificación de los criterios de elegibilidad, de cinco a dos: escasez de recursos y que la actividad del solicitante se encuentre en el catalogo del Fonaes; además se extienden los apoyos para quienes no habitan en una de las 263 microrregiones de marginación en el país, se amplía la gama de apoyos y se otorgan más recursos a mujeres y personas con discapacidad de hasta un 80 y 90 por ciento del total del proyecto .
Décima Segunda. Que en la reunión de evaluación 2009 de los representantes federales del Fonaes se destacaron los siguientes resultados positivos: en 2006 se apoyó a 2 mil 500 proyectos; en 2007, 3 mil 200; y para 2008, después de más de 16 mil visitas de evaluación, se apoyó a más de 5 mil empresas, además ya se incubaron mil 300 proyectos que reciben recursos en el ejercicio 2009. En el caso de las personas con discapacidad entre 2004 y 2007 se apoyó a 115 empresas encabezadas por alguna persona con discapacidad y para el año 2008 tienen registro de apoyo 102 empresas de esas características.
Décima Tercera. Que los ciudadanos diputados integrantes de la Comisión de Economía que dictaminan consideran que aun cuando se han modificado de manera concreta las Reglas de Operación del Fonaes para el ejercicio fiscal 2009, en atención a las recomendaciones del PNUD; a las estrategias temáticas definidas por Naciones Unidas para alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio, al Acuerdo Nacional en Favor de la Economía Familiar y el Empleo, y que los resultados del programa son significativamente positivos, es necesario seguir la evaluación constante de las reglas de operación y los resultados obtenidos.
Décima Cuarta. Que con fundamento en las observaciones y consideraciones antes expuestas los diputados concluyen que es de aprobarse la proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Economía a considerar, en virtud de los resultados obtenidos, la simplificación en la siguiente publicación las Reglas de Operación del Fonaes, y con ello hacerlo más accesible a su población objetivo, al mismo tiempo que se evita el uso político-electoral del programa, toda vez que no son necesarios ningún tipo de intermediarios entre la población objetivo y los encargados del programa.
Por lo anteriormente expuesto, la Comisión de Economía somete a consideración de esta honorable asamblea el siguiente
Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Economía a revisar y, en su caso, considerar la modificación de las Reglas de Operación del Fondo Nacional de Apoyos para Empresas en Solidaridad, con el fin de hacerlo más accesible a su población objetivo.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de abril de 2009.
La Comisión de Economía
Diputados: Adriana Rodríguez
Vizcarra Velázquez (rúbrica), presidenta; Carlos Armando
Reyes López (rúbrica), Jorge Alejandro Salum del Palacio
(rúbrica), Fausto Fluvio Mendoza Maldonado (rúbrica), Arnulfo
Elías Cordero Alfonzo (rúbrica), Enrique Serrano Escobar
(rúbrica), Jorge Godoy Cárdenas (rúbrica), secretarios;
Jericó Abramo Masso (rúbrica), Narcizo Alberto Amador Leal,
Antonio Berber Martínez (rúbrica), Carlos Alberto García
González (rúbrica), Miguel Ángel González Salum
(rúbrica), Jesús Sesma Suárez (rúbrica), Luis
Xavier Maawad Robert (rúbrica), Martín Malagón Ríos
(rúbrica), Marco Heriberto Orozco Ruiz Velazco (rúbrica),
Octavio Martínez Vargas (rúbrica), Susana Monreal Ávila,
Alicia Rodríguez Martínez (rúbrica), Mauricio Ortiz
Proal, Eduardo Ortiz Hernández, Miguel Ángel Peña
Sánchez (rúbrica), Raúl Ríos Gamboa, Ricardo
Rodríguez Jiménez, Salvador Ruiz Sánchez (rúbrica),
Ernesto Ruiz Velasco de Lira, Alejandro Sánchez Camacho (rúbrica),
Alberto Amaro Corona (rúbrica), Joaquín Humberto Vela González
(rúbrica), Javier Martín Zambrano Elizondo (rúbrica).
DE LA COMISIÓN DE ECONOMÍA, CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA A REALIZAR A TRAVÉS DEL PROGRAMA PARA LA AGENDA DE COMPETITIVIDAD EN LOGÍSTICA Y CENTRALES DE ABASTO UN ESTUDIO DESTINADO A DETERMINAR LA FACTIBILIDAD DE INSTALAR UNA CENTRAL DE ABASTO EN MATAMOROS, TAMAULIPAS
Honorable Asamblea:
A la Comisión de Economía de la honorable Cámara de Diputados, correspondiente a la LX Legislatura, le fue turnada para su estudio y dictamen la proposición con punto de acuerdo presentada por el diputado Carlos Alberto García González del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, el 21 de enero del 2009.
Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45 numeral 6 incisos e), f) y g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 58, 60, 65, 66, 87 y 88 del Reglamento Para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a esta comisión corresponde dictaminar la presente proposición con punto de acuerdo a partir de los siguientes
Antecedentes
Primero. En sesión celebrada en la Cámara de Diputados, el día 21 de enero del 2009, los ciudadanos secretarios dieron cuenta al Pleno de la proposición con punto de acuerdo antes mencionada, suscrita por el diputado Carlos Alberto García González del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, en ejercicio del derecho conferido por el artículo 58 del Reglamento Interior para el Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
Segundo. La Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión acordó dar el siguiente trámite "Túrnese a la Comisión de Economía".
Tercero. El legislador propone lo siguiente:
Consideraciones
Primera. Que en este mundo de alta competitividad y exigencia por parte de los consumidores, el gobierno federal en coordinación con los estatales y municipales debe buscar formular nuevos proyectos, mecanismos e instrumentos que tengan como objetivo primario mejorar el desempeño económico de la nación, lo que reflejara un grado de bienestar, desarrollo, transformación y nivel de vida mejor en la población.
Segunda. Que para lograr lo anterior, se deberá sin limitaciones estimular, facilitar y apoyar a la formación de una infraestructura más completa, adecuada y moderna que cubra las necesidades que la misma sociedad demanda.
Tercera. Que debido a la inminente desaceleración de la economía mundial, es imperante apoyar y fortalecer nuestro mercado interno y para lograrlo las instituciones de gobierno deben llevar a cabo una serie de acciones que tengan como objetivo coadyuvar al buen desempeño de la economía y fortalecimiento de nuestro mercado interno.
Por eso estimular, facilitar y apoyar a la inversión, a la regionalización y competitividad, a la creación de empleos de valor agregado, al consumo inteligente, al libre mercado, al acceso al financiamiento, a la producción y desarrollo tecnológico, es una tarea inminente.
Cuarta. Que de acuerdo al entorno mundial, el presidente constitucional Felipe Calderón Hinojosa, expresó la importancia de la logística en el Programa Nacional de Infraestructura 2007-2012, señalando como objetivo primario "convertir a México en una de las principales plataformas logísticas del mundo, aprovechando nuestra posición geográfica y nuestra red de tratados internacionales". Por su parte, las centrales de abasto son un eslabón importante en la cadena agroalimentaria porque a través de ellas se comercializa alrededor del 70 por ciento de la producción agrícola nacional de frutas y hortalizas; sin embargo su competitividad se ha visto reducida de manera drástica impactando entre otros canales de distribución al menudeo, los cuales se abastecen de dichas centrales.
Así entonces es que la dinámica de crecimiento demográfico y heterogéneo nivel de desarrollo económico y social han propiciado que el sistema de abasto alimentario no sea funcional ni suficiente, además de que la red de mercados públicos se ha visto obsoleta y con problemas operativos, pero sobre todo afectados por la competencia desleal del comercio ambulante que ha crecido desmedidamente.
Quinta. Que como resultado de lo anterior desde el año 2007 se han atendido y conformado propuestas en materia legislativa y presupuestal, teniendo como principal objetivo la remodelación y restructuración de los centros de abasto y redes de mercados, propiciando la detonación de una actividad económica más controlada y que brinde mejor servicio a la población, fundándose en la importancia de las centrales de abasto vistas como centros logísticos que permitan una comercialización al mayoreo y que impacten favorablemente la cadena de valor de los productos agroalimentarios y faciliten su abasto en las mejores condiciones a la población con la participación de comerciantes mayoristas, distribuidores, transportistas, gobiernos estatales, municipales y el gobierno Federal, llegando así a tener un nuevo y más eficiente sistema nacional para el abasto. Asimismo en el ramo Agricultura se etiquetó en el Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal de 2008, un monto por 600 millones de pesos para equipamiento de agroindustria y centrales de comercialización de productores agropecuarios, lo que impacta directamente en el sector del abasto del país.
Sexta. Que el Programa de Competitividad en Logística y Centrales de Abasto (Prologyca), esta orientado a potenciar las capacidades con que cuenta el país para ofrecer servicios logísticos de clase mundial, incidir en la competitividad de las empresas productoras, comerciales y de servicios instaladas en el país y contribuir a que México se convierta en un hub logístico internacional, lo anterior mediante subsidios a proyectos que fomenten la creación, mejora, eficiencia, disminución de costos, competitividad y sustentabilidad en las empresas instaladas en el país, en lo que respecta a la logística y el abasto y fomentar la incorporación de mejores prácticas de logística.
Séptima. De conformidad con lo anterior podemos considerar que las centrales de abasto resultan ser un sector estratégico y prioritario en materia económica por lo que se deben respaldar las propuestas que busquen conformar y fortalecer a éste, ya que por ese conducto se logra detonar el desarrollo económico de una región, obteniendo con ello una comercialización al mayoreo que impacte favorablemente en los precios y calidad de los productos agroalimentarios, facilitando su abasto y brindando una proveeduría óptima a la población, lo que de igual manera vemos como un efecto cascada que beneficia directa e indirectamente diferentes sectores de la economía, desde el sector productivo agrícola, hasta el comercial al menudeo y al mismo consumidor final, reflejando un bienestar en la economía no solo a nivel macro sino también en propia economía familiar.
Octava. Que de acuerdo a los argumentos vertidos en las consideraciones anteriores es que los ciudadanos diputados que integran la comisión que dictamina, reconocen la necesidad y urgencia de fortalecer la economía nacional para contribuir a la mejora en la calidad de vida de los mexicanos; en pleno conocimiento de que el sector abasto alimentario representa a más de 50 mil unidades de negocio, cerca de 1 millón 500 mil empleos directos y más de 3 millones de empleos indirectos y que el 70 por ciento de los alimentos que se consumen en México pasan por las centrales de abasto y no obstante ello, este sector no cubre por mucho la demanda y necesidades de la población siendo necesario realizar las acciones necesarias para que este sector crezca y fortalezca.
Por las consideraciones anteriormente expuestas la que dictamina somete a consideración del Pleno el siguiente:
Acuerdo
Único. Se exhorta al Ejecutivo federal, por conducto de la Secretaría de Economía, a través del Programa para la Agenda de Competitividad en Logística y Centrales de Abasto, a realizar un estudio para determinar la factibilidad de instalar una central de abasto en Matamoros, Tamaulipas.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 2 días del mes de abril de 2009.
La Comisión de Economía
Diputados: Adriana Rodríguez
Vizcarra Velásquez (rúbrica), presidenta; Carlos Armando
Reyes López (rúbrica), Jorge Alejandro Salum del Palacio
(rúbrica), Fausto Fluvio Mendoza Maldonado (rúbrica), Arnulfo
Elías Cordero Alfonzo (rúbrica), Enrique Serrano Escobar
(rúbrica), Jorge Godoy Cárdenas (rúbrica), secretarios;
Jericó Abramo Masso (rúbrica), Narcizo Alberto Amador Leal,
Antonio Berber Martínez (rúbrica), Carlos Alberto García
González (rúbrica), Miguel Ángel González Salum
(rúbrica), Jesús Sesma Suárez (rúbrica), Luis
Xavier Maawad Robert (rúbrica), Martín Malagón Ríos
(rúbrica), Octavio Martínez Vargas (rúbrica), Susana
Monreal Ávila, Alicia Rodríguez Martínez (rúbrica),
Mauricio Ortiz Proal, Eduardo Ortiz Hernández, Miguel Ángel
Peña Sánchez (rúbrica), Raúl Ríos Gamboa,
Ricardo Rodríguez Jiménez, Salvador Ruiz Sánchez (rúbrica),
Ernesto Ruiz Velasco de Lira, Alejandro Sánchez Camacho (rúbrica
en abstención), Alberto Amaro Corona (rúbrica), Joaquín
Humberto Vela González (rúbrica), Javier Martín Zambrano
Elizondo (rúbrica).