El suscrito, Carlos Armando Reyes López, diputado federal de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a la consideración de esta honorable asamblea proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública a considerar en la discusión del Presupuesto de 2009 un incremento sustancial en el presupuesto del Sistema Nacional de Institutos Tecnológicos, al tenor de los siguientes
Considerandos
Hoy día, los institutos tecnológicos reciben la menor asignación presupuestal con relación al costo anual promedio por estudiante, registrando el monto más bajo de todo el espectro de instituciones de educación superior, con poco más de 23 mil pesos, en comparación con los 40 mil pesos de las universidades estatales y hasta más de 80 mil pesos en las federales.
El rezago presupuestal se percibe claramente en las limitaciones de inversión en el acondicionamiento de espacios educativos, en laboratorios, en espacios culturales y áreas deportivas y, lo que es más preocupante, en el mantenimiento mismo de las instalaciones en general. La política en materia de atención de los institutos tecnológicos se percibe relegada por otras prioridades en las últimas décadas.
En materia de competitividad de las naciones, se considera que hay una relación directa entre el grado de educación tecnológica de un país y su posición internacional en la materia.
Sin necesidad de abundar en el tema, se concluye que el éxito de una nación ya no recae en el número de estudiantes que tienen acceso a la educación tecnológica; el verdadero éxito se fundamenta en la calidad de la educación que reciben y en el reconocimiento de los estudiantes cuando se comparan con el resto del mundo.
La competitividad, entendida como el indicador más importante que mueve al mundo, implica un proceso de mejora continua y la búsqueda permanente de la excelencia. De lo anterior se desprenden innumerables ejemplos internacionales que, con una política vanguardista, visualizaron en la educación tecnológica una plataforma para transformar toda una nación.
En este ejercicio, permítanme exponer la experiencia y el éxito alcanzado por India en este rubro.
India, un país con escasos recursos naturales si la comparamos con México, apostó en serio por la educación tecnológica de calidad. En la actualidad egresan anualmente 500 mil ingenieros de alto nivel. Tiene 9 veces más ingenieros que China y su prestigio es mucho más importante que los egresados de los tecnológicos de Estados Unidos. Cuenta con más de 3 millones de graduados en tecnologías de la información y 1 millón de doctorados en ciencias.
Sus exportaciones de software crecen año con año, incorporando a su economía cerca de 14 mil millones de dólares anuales. La biotecnología le reporta ingresos por más de 3 mil millones de dólares anuales.
Los últimos informes señalan que para 2015 las empresas europeas trasladarán más de 1 millón de empleos a India. Para ese año, India tendrá 18.5 millones de graduados en ciencia y tecnología.
En conclusión, desde 1991 India ha ido superando sus niveles de pobreza y actualmente consolida una poderosa clase media. No obstante, a partir de la velocidad con que crece su economía, se pronostica que en cuatro décadas ese país de pobreza extrema a finales de los ochenta será la tercera economía del mundo, sólo detrás de Estados Unidos y China.
El ejemplo es claro; y las cifras, aún más contundentes. México debe apostar por la modernización del sistema de institutos tecnológicos, aprovechando su capacidad probada y su infraestructura actual, más que en crear modelos de instituciones, hacia donde se dirigen los recursos para impartir este tipo de educación.
Por ello es razonablemente importante realizar una revisión profunda del tema para determinar si es mejor fortalecer dicho sistema o crear otros, con la consiguiente demanda de recursos, lo cual nos lleve a finalmente no consolidar a ninguno.
Debemos concebir la educación tecnológica fundamentalmente como un ente flexible y dinámico, transparente en su operatividad y en la aplicación de recursos y con características propias que permitan elevar con rapidez la calidad de los estudiantes.
Elevar el presupuesto de los institutos tecnológicos es dar la oportunidad de consolidar en el menor tiempo la calidad educativa tecnológica que merece el país.
Todo lo anterior, con un solo objetivo: que los institutos tecnológicos sean cimiento firme para el desarrollo de México.
De esa manera, someto a este Pleno el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se hace un exhorto a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados para que en la discusión del Presupuesto de 2009 se considere un incremento sustancial en el presupuesto del sistema nacional de institutos tecnológicos.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 30 de septiembre de 2008.
Diputado Carlos Armando Reyes López (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A FOMENTAR A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA
DE SALUD LA SEMANA NACIONAL DE VACUNACIÓN CONTRA EL NEUMOCOCO, A
CARGO DEL DIPUTADO ODILÓN ROMERO GUTIÉRREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PRD
El que suscribe, diputado federal, Odilón Romero Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, integrante de la LX Legislatura honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete ante el Pleno de esta soberanía el siguiente punto de acuerdo.
Consideraciones
El neumococo es una bacteria que puede provocar infecciones, como la meningitis, infecciones en la sangre, sinusitis, neumonía y en casos graves hasta la muerte, esta bacteria afecta principalmente en los niños menores de 2 años y ancianos.
En el país es la primera causa de muerte en menores de 2 años y se encuentra provocando casi la mitad de las infecciones del oído medio además de la sinusitis, y esta presente en forma importante en las neumonías. Esta bacteria puede ser tan agresiva que es capaz de provocar la muerte en tan sólo algunas horas.
Se calcula que en México qué hay 30 mil muertes relacionadas con neumonía y de estas ocurren 8 mil en niños menores de 2 años sin tomar en cuenta decesos por meningitis que son alrededor de 2 mil muertes lo que hace una cifra alrededor de 10 mil niños que mueren cada año.
El riesgo de contagio es alto ya que se puede contagiar a través de pequeñas gotas de saliva (al toser estornudar hablar o besar).
Sin embargo a pesar de conocer los riesgos para los infantes y de que actualmente ya esta incluida en la cartilla nacional de vacunación la aplicación de esta vacuna es escasa y no se encuentra reglamentada como las demás vacunas incluidas en la cartilla de vacunación , por lo que al acudir al sector salud no cuentan con dicha vacuna.
En los hospitales privados su costo es alrededor de los mil 200 pesos y mil 600 pesos por vacuna lo cual hace que las madres con bajos recursos no puedan proteger a sus hijos de dicha enfermedad.
El sector salud tiene conocimiento de esta enfermedad sin embargo los esfuerzos por erradicarla han sido insuficientes; lo cual resulta criminal poner en riesgo a la población infantil menores de 2 años que no han sido vacunados.
Por ello es necesario exhortar al Ejecutivo para que a través de la Secretaría de Salud establezca una campaña nacional de vacunación neumococo para evitar la mortalidad de mas niños qué se encuentran en zonas marginadas y son más vulnerables ante esta enfermedad donde las condiciones climáticas propician el desarrollo y expansión de esta bacteria y pone en riesgo la vida de infantes de 0 a 2 años y ancianos.
Punto de Acuerdo
Único. Exhorta al Ejecutivo federal para que a través de la Secretaría de Salud fomente la Semana Nacional de Vacunación contra el Neumococo.
Dado en el Palacio Legislativo, a 30 de septiembre de 2008.
Diputado Odilón Romero Gutiérrez (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA A LA SCT A LEVANTAR TOPES Y COLOCAR LAS SEÑALES PREVENTIVAS
REGLAMENTARIAS EN EL TRAMO CARRETERO FEDERAL SAN CRISTÓBAL DE LAS
CASAS-TEOPISCA-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, EN CHIAPAS, A CARGO
DEL DIPUTADO ARNULFO ELÍAS CORDERO ALFONZO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PRI
El suscrito, diputado federal Arnulfo Elías Cordero Alfonzo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, por medio del cual se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) a realizar el levantamiento de topes en el tramo y se coloquen las señales preventivas reglamentarias en el tramo carretero federal San Cristóbal de las Casas-Teopisca-Comitán de Domínguez en Chiapas, y se cumpla con las condiciones de seguridad para los conductores con base en los reglamentos y normas vigentes.
Exposición de Motivos
Las carreteras del país deben ser seguras y transitables, tanto las federales como las estatales, pues por ellas transitamos de alguna u otra manera, siendo para el ser humano, una de las actividades más importantes, pero a la vez más peligrosa. Es por ello que este tema debe ser tomado en cuenta de manera prioritaria dentro de la agenda nacional en los rubros de comunicaciones y transportes.
Por lo anterior, es importante señalar que en la actualidad existe una gran cantidad de irregularidades normativas en la mayoría de las carreteras de nuestro país, lo anterior se debe a varios factores, siendo uno de las principales los asentamientos humanos que por factores sociales se han establecido en las orillas de las carreteras, generando pequeñas comunidades rurales, las cuales cuentan con todos los servicios públicos necesarios para su buen vivir.
Sin embargo, dichos asentamientos han generado que las reglas y normas en términos de carreteras federales se infrinjan, ya que por lo general en los tramos carreteros en los que se encuentran las comunidades, se ha creado en los últimos años la cultura del "tope".
Es importante señalar que la reciente cultura del tope, se creó con el objetivo de reducir la velocidad de los vehículos que transitaban en lugares de mucho tránsito peatonal, como lo son escuelas, centros comerciales, parques, entre otros. No obstante, es importante señalar que ante la falta de cultura vial de los mexicanos, dicha acción ha generado efectos negativos en la sociedad en general.
Para ejemplificar dicho caso, está la situación que hoy se vive en el tramo carretero de San Cristóbal de las Casas-Teopisca-Comitán de Domínguez, en Chiapas. En el cual actualmente existe un total de 79 topes, sin señalización, en un total de 88 kilómetros, por lo que se recorren 898 metros por cada tope instalado.
Ante el escenario anterior, dicho tramo ha sido causal de numerosos asaltos a mano armada, debido a que en la necesidad de bajar la velocidad para pasar un tope, los maleantes aprovechan para llevar a cabo su acción. Estos acontecimientos han causado mucha molestia entre los pobladores de la región, ya que no solo afectan a la población regional, si no que ha venido teniendo efectos en el turismo, área en la cual hay venido en decremento significativo por el miedo de viajar en transporte público, especialmente en el transcurso de la noche.
Además, se suma a los hechos anteriores, a que en dicho tramo, no existe una señalización reglamentaria de la naturaleza de la carretera, y que en las laterales del pavimento, los campesinos asentados tienen a sus animales pastando ya sea bovino, ovino o porcino a orilla de carretera, haciendo aún más peligroso dicho tramo.
La necesidad imperiosa de levantar los topes del tramo antes mencionado, no solamente ayudaría a mejorar la calidad del tramo carretero, si no que ayudaría a reducir de manera significativa los asaltos y el tiempo de traslado, ya que comparando el tiempo real de traslado de 88 kilómetros con lo que actualmente se hace, tenemos una diferencia de más de 30 minutos de tiempo aproximadamente.
Ante todo lo anterior, es sumamente necesario que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, tome medidas drásticas de manera urgente, con respecto al tramo carretero San Cristóbal de las Casas-Teopisca-Comitán de Domínguez, ya que no solamente existe una cantidad exagerada de topes, si no que empieza a generarse una externalidad negativa para la sociedad en general, la cual ésta afectando el ingreso de divisas a la región, además del bienestar y tranquilidad de los chiapanecos.
Por tal virtud, someto a consideración del pleno el siguiente:
Exhorto
Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a realizar el levantamiento de topes en el tramo y se coloquen las señales preventivas reglamentarias en el tramo carretero federal San Cristóbal de las Casas-Teopisca-Comitán de Domínguez en Chiapas, y se cumpla con las condiciones de seguridad para los conductores con base en los reglamentos y normas vigentes.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 30 de septiembre de 2008.
Diputado Arnulfo Elías Cordero Alfonzo (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA A LA SHCP, A LA SEDESOL Y A LA SAGARPA A IMPLANTAR PROGRAMAS
EN APOYO DE LAS COMUNIDADES PESQUERAS EN ÉPOCAS DE VEDA, Y A CONSIDERAR
RECURSOS PARA DICHOS PROGRAMAS EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN
DE 2009, A CARGO DEL DIPUTADO CARLOS EDUARDO FELTON GONZÁLEZ, DEL
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
El suscrito, diputado federal por Sinaloa, Carlos Eduardo Felton González, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LX Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presento a esta honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, una proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes
Consideraciones
México, siendo un país de poco más de 11 mil kilómetros de costas y en diversidad de productos marinos, es privilegiado al poder contar con sector considerablemente amplio dedicado a la pesca. Actividad económica de gran importancia tanto económica, como alimentaria; importante a nivel nacional por lo que representa en su diversidad proveyendo de productos al país y por tratarse de una actividad que se realiza en muchas entidades federativas; actividad importante a nivel internacional, por ser uno de los países de basta exportación.
No obstante, el sector que se dedica a esta actividad es históricamente un sector que ha sufrido diversos cambios administrativos al paso de los diferentes sexenios, motivo por el cual el desarrollo de este campo no ha sido el mejor.
En el compromiso de la pasada legislatura, como en la presente, han surgido diferentes acciones en el ámbito reglamentario que han contribuido a la mejora de este sector, como lo es la nueva Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentable.
En estos momentos, nos encontramos en el periodo de transición para que surja un buen efecto de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, durante este tiempo, encontramos serias deficiencias en el desarrollo económico, social y cultural de las comunidades que se dedican a esta actividad, y que representa un promedio de 40 por ciento del total poblacional de dichas localidades.
Debido a que esta actividad se desarrolla bajo la explotación de los recursos naturales, es una actividad que debe estar debidamente vigilada y con sus respectivas limitantes, tal como lo marca el artículo 8 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, al fijar responsabilidad de contar con un periodo, zonas de veda, así como la especificación de veda para ciertas especies en ciertos lugares del país.
Es un hecho indudablemente positivo que en la actualidad se cuente con el Fondo Mexicano para el Desarrollo Pesquero y Acuícola, propuesto en la ley, cuya finalidad es promover la creación y operación de esquemas de financiamiento para la conservación, incremento y aprovechamiento sustentable de recursos de tipo marino. Sin embargo, es de primordial importancia la atención y consideración de las personas que se dedican a esta actividad, es importante brindar atención a la problemática que viven los pescadores y sus familias durante los períodos de veda, lo que ocasiona que estas comunidades durante una amplia temporada vivan en situaciones de pobreza y marginación, así como de síntomas comunes de las sociedades con un bajo nivel de desarrollo humano y problemas sociales como criminalidad, alcoholismo, familias disfuncionales, migración, deserción escolar, entre otras.
Durante el ejercicio fiscal de este año que está por concluir, en el Presupuesto de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2007, en su artículo 33 encontramos que todos los programas de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación fueron apoyados. No obstante es indispensable, según la experiencia en el sector, que existan recursos dedicados exclusivamente a la atención del desarrollo de las comunidades que dependen de esta actividad.
A principios de esta LX Legislatura, nuestra colegisladora, la Cámara de Senadores emitió un dictamen cuya intención oscilaba en torno al presente.
Compañeros diputados, no olvidemos el compromiso que tenemos ante la sociedad y ante las comunidades que representamos. Si bien es cierto que es importante impulsar el sector implementando medidas para modernizarlo, más importante es tener siempre presente a las comunidades que hacen posible dicha actividad y que sufren en varios meses del año, de una escasees de recursos para ellos y sus familias.
El artículo 2o. de la Ley de Planeación, indica que ha de buscarse consolidar la democracia como sistema de vida, fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo. Por esto y analizando la situación de las comunidades pesqueras, es necesario que cuenten con la coordinación del Gobierno Federal, con la intención de que existan programas específicos que puedan atender a sus necesidades económicas, educacionales y de desarrollo social, que permitan mejorar la calidad de vida de la población vinculada con esta actividad.
En virtud de de lo antes expuesto, se somete a la consideración de esta asamblea el siguiente:
Punto de Acuerdo
Primero. Se exhorta a las Secretarías de Hacienda y Crédito Público; de Desarrollo Social y a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a fin de que se implanten programas que destinen apoyos exclusivamente a comunidades pesqueras del país en épocas de veda.
Segundo. Exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de esta honorable Cámara de Diputados, con la finalidad de que etiqueten recursos para dicho fin.
Palacio Legislativo, a 30 de septiembre de 2008.
Diputado Carlos Eduardo Felton González (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE
QUE EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN DE 2009 SE CONSIDEREN
RECURSOS PARA QUE SE IMPLANTE EL PROGRAMA DE ATENCIÓN A PERSONAS
CON DISCAPACIDAD EN ZONAS RURALES, A CARGO DEL DIPUTADO MARIO VALLEJO ESTÉVEZ,
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
El suscrito, Mario Vallejo Estévez, diputado federal en la LX Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, del Congreso de la Unión, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de los posteriores:
Antecedentes
El artículo 2, fracción XI de la Ley General de las Personas con Discapacidad establece que "persona con discapacidad es toda persona que presenta una deficiencia física, mental o sensorial, ya sea de naturaleza permanente o temporal, que limita la capacidad de ejercer una o más actividades esenciales de la vida diaria, que puede ser causada o agravada por el entorno económico y social". También este ordenamiento señala que su objeto es establecer las bases que permitan la plena inclusión de las personas con discapacidad, dentro de un marco de igualdad en todos los ámbitos de la vida.
Consideraciones
En México el 1.8 por ciento de la población total presenta una discapacidad, porcentaje que equivale a la presencia de 1 millón 957 mil 194 personas con discapacidad, de las cuales 52.6 por ciento son hombres y 47.4 por ciento son mujeres. Este sector de la población habita en 1 millón 561 mil 993 hogares, que representa el 7 por ciento de los reportados en el país.
El número de personas que habitan con alguna persona con discapacidad es de 7 millones 136 mil 285 personas que de manera directa o indirecta reciben algún impacto por ello, ya sea en el ámbito económico, emocional o físico. Aunado a ello, destaca y llama la atención 100 mil 483 personas con discapacidad viven en hogares unipersonales es decir solos.
En el país, el origen de la discapacidad señalado es el siguiente: enfermedad 31.6 por ciento, edad avanzada 22.7 por ciento, nacimiento 19.4 por ciento y por accidente 17.7 por ciento. El tipo de la discapacidad más frecuente en México es la motriz con un 45.3 por ciento, la visual 26 por ciento, la mental 16.1 por ciento, la auditiva 15.7 por ciento y la del lenguaje 4.9 por ciento.
En términos porcentuales, el 72.6 por ciento de la población con discapacidad vive en localidades urbanas, sin embargo, la prevalencia de la discapacidad es un poco mayor en localidades rurales 2.7 por ciento contra el 2.2 por ciento. Por entidad federativa, el estado de México cuenta con la mayor concentración porcentual, seguido del DF y Jalisco, estados que concentran el 27.1 por ciento de la población con discapacidad, mientras que por tasa de prevalencia, Yucatán reporta la más alta: 2.9 por cada 100 habitantes, seguido de Colima y Zacatecas, con el 5.2 por ciento del total nacional.1
La propuesta para crear un programa de apoyo económico a las personas con discapacidad ya cuenta con dos antecedentes: en el Distrito Federal y en Nuevo León.
De acuerdo con el Segundo Informe de Gobierno 2007-2008 el gobierno del Distrito Federal respalda los proyectos de vida de 70 mil 688 personas con discapacidad, con la entrega mensual de un apoyo económico de medio salario mínimo, lo que implica un presupuesto anual de 642.6 millones de pesos.2
El Programa de Apoyo a Personas con Discapacidad del etado de Nuevo León beneficia a 14 mil 921 personas, con una inversión de 90 millones de pesos en 2008.3
A nivel federal, ya existe un precedente de programa de apoyo económico a un sector de la población, este es el Programa de Atención a los Adultos Mayores de 70 años y Más en Zonas Rurales. El programa tiene un presupuesto asignado para el ejercicio fiscal 2008 de 9 mil 916 millones 437 mil 363 pesos y al bimestre enero-febrero del 2008 cuenta con un padrón de 1 millón 201 mil 808 beneficiarios que habitan en localidades hasta de 10 mil habitantes.4
De acuerdo con el Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEG) en el XII Censo General de Población y Vivienda 2000, en México 506 mil 23 personas con discapacidad tienen 70 y más años.5
De manera similar existen antecedentes de las personas con discapacidad en el presupuesto federal. En el artículo vigésimo cuarto transitorio del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2008 que señala: "El gobierno federal promoverá el desarrollo de las personas con discapacidad a fin de alcanzar una verdadera igualdad de oportunidades, a través del fortalecimiento de la perspectiva hacia las personas con discapacidad en la implantación de toda política pública, en particular, en aquellas instancias estatales y municipales, dedicadas al impulso del avance de su desarrollo social".
"El Poder Ejecutivo impulsará que en el ejercicio de los recursos públicos que realiza a través de las Secretarías, se incorpore la perspectiva hacia las personas con discapacidad".6
La propuesta de crear un Programa de Atención a Personas con Discapacidad, surge del análisis de un dato contundente; según cifras de la Organización Internacional del Trabajo muchas de las personas con discapacidad que pueden y quieren trabajar están desempleadas, en una proporción que llega a superar el 80 por ciento en algunos países. 7 Lo anterior nos lleva a la siguiente reflexión; ¿de qué viven las personas con discapacidad?
Cabe precisar que el Estado mexicano suscribió el 3 de mayo de 2008 la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que en su artículo 28, numeral 1 establece que "los Estados Parte reconocen el derecho de las personas con discapacidad a un nivel de vida adecuado para ellas y sus familias, lo cual incluye alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a la mejora continua de sus condiciones de vida, y adoptarán las medidas pertinentes para salvaguardar y promover el ejercicio de este derecho sin discriminación por motivos de discapacidad."8
De manera que el Estado mexicano esta comprometido y obligado a generar mejores condiciones de vida para todas las personas con discapacidad a través de políticas públicas orientadas hacía la erradicación de la desigualdad que dicha condición genera.
De acuerdo con estimaciones del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas el número de personas con discapacidad, que viven en poblaciones de hasta 20 mil habitantes en zonas rurales, asciende a 796 mil 705 y estima que el costo de otorgarles un apoyo económico de 500 pesos mensuales suma un total de 4 mil 819. 4 millones de pesos anuales.
Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en el artículo 74, fracción IV, de la Constitución Política y 42 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, solicito al Pleno de esta Cámara de Diputados someta a su consideración proposición con el siguiente:
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para que considere en el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación una disposición específica para el Ramo 20 en los siguientes términos:
En el Ejercicio Fiscal de 2009 se incorporarán al Programa de Atención con discapacidad en zonas rurales, hasta 800 mil personas con discapacidad que habitan en localidades menores a 20 mil habitantes, los cuales recibirán una transferencia económica mensual de 500 pesos.
Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, a 30 de septiembre de 2008.
Diputado Mario Vallejo Estévez (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA A LA CONAGUA, A LA SEMARNAT Y A LA COMISIÓN NACIONAL
DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS A REALIZAR ESTUDIOS DE RESCATE Y CONSERVACIÓN
DE LAS AGUAS DEL PARQUE NACIONAL LAGOS DE MONTEBELLO; Y A CREAR LA INFRAESTRUCTURA
NECESARIA PARA LA CONSERVACIÓN AMBIENTAL Y FORESTAL DEL PARQUE SITUADO
EN LA TRINITARIA Y LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, A CARGO DEL DIPUTADO ARNULFO
ELÍAS CORDERO ALFONZO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
El suscrito, diputado federal Arnulfo Elías Cordero Alfonzo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, por medio del cual se exhorta a la Comisión Nacional del Agua (CNA), a la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), a llevar a cabo los estudios de diagnóstico situacional para el saneamiento, rescate y conservación de las aguas del parque nacional "Lagos de Montebello", así como también crear la infraestructura necesaria para la conservación ambiental y forestal del parque, ubicado en los municipios de La Trinitaria y La Independencia, Chiapas.
Exposición de Motivos
El Parque Nacional Lagunas de Montebello fue creado en 1959, y es formado por más de 59 lagunas, el parque cuenta con una superficie de 6 mil 22 hectáreas, y cuenta con una amplia gama de ecosistemas como lo son bosques de encino, bosques de pinares y selva que comparten su espacio con una gran variedad de orquídeas, helechos y diversidad de fauna; lográndose de esta forma un lugar de conservación ambiental y forestal.
Los Lagos de Montebello, se caracterizan principalmente como una de las principales área de conservación de flora y fauna en el país, por otra parte es importante mencionar que los Lagos de Montebello son considerado como sitio Ramsar (Convención sobre los Humedales, firmada en Ramsar, Irán, en 1971, es un tratado intergubernamental que sirve de marco para la acción nacional y la cooperación internacional en pro de la conservación y uso racional de los humedales y sus recursos. Hay actualmente 158 Partes Contratantes en la Convención y 1755 humedales, con una superficie total de 161 millones de hectáreas, designados para ser incluidos en la Lista de Humedales de Importancia Internacional de Ramsar)1, también área de importancia para la Conabio (Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad), asimismo como una área de refugio temporal para aves migratorias, entre otras.
Sin embargo, es importante destacar que en los últimos años los diversos lagos del parque han presentado una seria contaminación en sus aguas, lo cual ha venido generando graves situaciones ambientales, y por ende el color de las aguas han cambiando drásticamente, principalmente por la descarga de aguas negras en los ríos y lagunas de la región.
La contaminación de las aguas, la creciente deforestación y el uso descontrolado de plaguicidas y fertilizantes químicos, han sido los principales causantes de delicada situación.
Se suman a lo anterior, tres situaciones negativas que han ampliado aún más la contaminación de las aguas y el detrimento del valor turístico de los Lagos de Montebello:
2. Recursos Naturales. Falta de casetas de vigilancia en el parque nacional, ya que existe saqueo de recursos naturales, como la tala inmoderada de árboles y contrabando de fauna silvestre, así como también la preocupante contaminación del agua en los subsuelos debido al alto uso de plaguicidas y a la desembocadura de aguas negras en los ríos y lagunas de los municipios de la región.
3. Prestación de servicios turísticos. Existe actualmente una desorganización social en la prestación de servicios turísticos en la región, ya que no existe control alguno sobre los vendedores de alimentos, las rentas de lancha, y no hay señalamientos, ni lugares donde depositar la basura, ni sanciones por lo mismo.
Para finalizar, es sumamente importante que la Comisión Nacional del Agua, genere un plan estratégico para que en los municipios que convergen en dicha región, se implanten plantas de tratamiento de aguas residuales, el cual debe ser integrado para el Presupuesto de Egresos de 2009, ya que no solo ayudará a evitar la contaminación de las aguas de los Lagos de Montebello, si no que generaría una mejora incalculable en la salud pública de los ciudadanos, además de permitir un desarrollo sustentable en la región, mejorando la calidad de vida de los chiapanecos.
Por tal virtud, someto a consideración del pleno el siguiente:
Exhorto
Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa a la Comisión Nacional del Agua (CNA), a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), a llevar a cabo los estudios de diagnóstico situacional para el saneamiento, rescate y conservación de las aguas del parque nacional Lagos de Montebello.
Segundo. Crear la infraestructura necesaria para la conservación ambiental y forestal del parque nacional Lagos de Montebello.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 30 de septiembre de 2008.
Diputado Arnulfo Elías Cordero Alfonzo (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE
QUE EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN DE 2009 SE DESTINEN
RECURSOS AL INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN
Y EL EQUIPAMIENTO DEL CENTRO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y ATENCIÓN
DE QUEMADOS, A CARGO DE LA DIPUTADA SILVIA EMILIA DEGANTE ROMERO, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PAN
La suscrita, diputada Silvia Emilia Degante Romero, del Grupo Parlamentario de Partido Acción Nacional, de la LX Legislatura, con fundamento por lo establecido en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable asamblea el presente punto de acuerdo, bajo las siguientes
Consideraciones
El Presupuesto para el ejercicio fiscal de 2008, en el anexo 26 del decreto publicado el 13 de diciembre del mismo año, asigno 90 millones de pesos al Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) para la creación del centro nacional de atención e investigación de quemados.
El Instituto Nacional de Rehabilitación convocó y firmó acuerdo con la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional Autónoma de México para la elaboración del proyecto arquitectónico del centro.
El INR, desde enero pasado, realizó las acciones necesarias que formaron un comité técnico y el comité social para la creación del centro de nacional de investigación y atención a quemados. Dicho comité técnico ha logrado convocar a profesionales, expertos y especialistas en atención de quemados, asimismo a instituciones gubernamentales que, en más de 18 reuniones de trabajo desde el 8 de mayo del 2007 y hasta el 18 de junio de 2008, vertieron sus experiencias y sabios oficios en la atención de este tipo de pacientes, sin dejar de observar la institucionalidad de estos profesionales de instituciones públicas y privadas.
Instituciones públicas
Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad, Instituto Nacional de Rehabilitación, hospital general Doctor Manuel Gea González, hospital de traumatología Doctor Victorio de la Fuente Narváez del IMSS, Hospital Balbuena, hospital Ruben Leñero, Secretaría de Salud del Gobierno del Distrito Federal, hospital Pemex de Concentración de Alta Especialidad (Picacho sur) Cirugia Plastica., centro médico nacional 20 de Noviembre del ISSSTE, hospital de traumatología Magdalena de Las Salinas, Unidad de Quemados del IMSS, hospital Lomas Verdes del IMSS, hospital materno pediátrico Xochimilco, Centro Médico Naval, hospital Trinidad, Hospital Central Militar, hospital general de Toluca Doctor Nicolás San Juan, Instituto de Salud del estado de México, Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán, Consejo de Cirugía Plástica Estética y Reconstructiva, hospital Ángeles de México, Dirección de Normatividad de Obras y Proyectos de la Secretaría de Salud, Facultad de Arquitectura de la UNAM, Escuela Nacional de Enfermería de la UNAM, Dirección General de Hospitales de Referencia, Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios de la Secretaría de Salud.
Instituciones privadas
Asociación Mexicana de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva, Fundación Educativa Ejercicio Particular y hospital Ángeles Mocel, Colegio de Cirujanos Plásticos del Valle de México, Asociación Mexicana de Quemaduras.
Por lo anterior, y como se argumentó en noviembre pasado, México y los mexicanos nos merecemos un centro nacional de investigación y atención de quemados a nivel de otros países del mundo como el de Galveston, en Estados Unidos de América, si porque con el talento de los especialistas mexicanos lo podemos lograr, para la atención a quemados en México y no en otros países.
Como representantes populares no debemos de olvidar los acontecimientos dolorosos de San Juanico y Tultepec, en el estado de México, y el mercado Morelos, en Veracruz, entre otros siniestros que, incluso, dejaron secuelas, no sólo en los propios accidentados sino también en la sociedad, por falta de prevención e investigación para atención de este tipo de pacientes. Por ello, esta legislatura no debe de dejar pasar la oportunidad de promover instituciones y políticas públicas que prevengan accidentes.
Como se puede observar en el proyecto de Presupuesto para el ejercicio fiscal de 2009, en el Ramo autónomo 12 se desprende el Instituto Nacional de Rehabilitación, del cual, dentro de los programas y proyectos de inversión registrados sin asignación de recursos, se contempla el proyecto para la construcción y equipamiento del centro nacional de investigación y atención de quemados del Instituto Nacional de Rehabilitación por la cantidad de 234 millones 918 mil 60 pesos.
Por lo anterior, es necesario que, dentro del Presupuesto de Egresos, se asigne los recursos, ya que de no ser así la obra y los contratos que pudieran derivar de ésta no contarían con la continuidad que para la mejor aplicación de los recursos. No obstante, en estos momentos, la propia Secretaría de Hacienda y Crédito Público no ha aprobado un contrato multianual que permita el mejor ejercicios de los recursos por 90 millones de pesos y que esta soberanía aprobó en noviembre pasado para el centro nacional.
Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en el artículo 74, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, me permito solicitar al Pleno de esta Cámara de Diputados que se someta a consideración la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Primero. Se solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública que considere, dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal correspondiente a 2009, recursos por la cantidad de 234 millones 918 mil 60 pesos al Instituto Nacional de Rehabilitación para la construcción y equipamiento del Centro Nacional de Investigación y Atención de Quemados.
Segundo. Se solicita respetuosamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en el marco de sus atribuciones y competencias, tome las medidas necesarias y, en su caso, promueva la firma de un contrato multianual para la construcción del Centro Nacional de Investigación y Atención de Quemados del Instituto Nacional de Rehabilitación, con los recursos contemplados en el ejercicio fiscal de 2008.
Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, a 30 de septiembre de 2008.
Diputadas: Silvia Emilia Degante Romero, Martha
Margarita García Müller, María Victoria Gutiérrez
Lagunes, María Esther Jiménez Ramos (rúbricas).
CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE
QUE EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN DE 2009 SE CONSIDEREN
MONTOS ADICIONALES PARA FINANCIERA RURAL Y EL FIDEICOMISO DE FOMENTO MINERO,
SUSCRITA POR LOS DIPUTADOS MODESTO BRITO GONZÁLEZ Y CARLOS ERNESTO
NAVARRO LÓPEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
Los que suscribimos, diputados Modesto Brito González y Carlos Ernesto Navarro López, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en el articulo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración de esta honorable asamblea la posterior proposición, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Primera. Que la Financiera Rural es un organismo descentralizado de la administración pública federal, sectorizado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con personalidad jurídica y patrimonio propio. Y que tiene como función substantiva la de coadyuvar a realizar la tarea del Estado de impulsar el desarrollo de las actividades agropecuarias, forestales, pesqueras y las demás actividades vinculadas al medio rural, con el fin de elevar la productividad, así como mejorar el nivel de vida de su población y que para el cumplimiento de este objetivo, otorgará crédito de manera sustentable a los productores e intermediarios financieros rurales procurando sus organización y su mejora continua.
Segunda. Que la Ley Orgánica de la Financiera Rural establecerá puntualmente que esta institución ejecutará los programas que en materia de financiamiento rural se determinen en el Presupuesto de Egresos de la Federación. Así como para el desarrollo de su objeto y con el fin de fomentar el desarrollo integral del sector rural, la financiera coadyuvará al mejoramiento del sector financiero del país. Y que para la realización de su objeto utiliza las operaciones siguientes:
Otorgar préstamos o créditos a los Productores; expedir cartas de crédito previa recepción de su importe, hacer efectivos créditos y realizar pagos por cuenta y orden de clientes. Ejecutar los programas específicos que en materia de financiamiento rural se determinen en el Presupuesto de Egresos de la Federación, en los que se podrán incluir programas de tasas preferenciales, así como coordinarse con instancias que aporten capital de riesgo para el apoyo de diversos proyectos vinculados con el objeto de la Financiera. Que la Financiera Rural no posee actualmente un sistema o esquemas de financiamiento, que incluya en sus acciones y objetivos concretos, la aplicación, ejercicio y colocación de capital de riesgo, para apoyar de manera inmediata y eficiente, en base a la obtención de metas y sustente el inicio o sostengan el esfuerzo de pequeñas y medianas empresas de diferentes giros que operan en el área rural. Que en este orden de ideas, es preciso establecer y etiquetar en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2009, de la Financiera Rural, mecanismos de financiamiento de capital de riesgo para construir opciones y esquemas que contengan de manera diferenciada, el apoyo por la vía de recursos monetarios, o en especie a las diversas y variadas actividades licitas, del área rural que necesitan solvencia para el inicio de actividades o fortalecimiento.
Tercera. Que la transición mexicana en el campo, se ha estado realizando durante los últimos lustros y en muchas ocasiones con sobresaltos y que el Estado mexicano ha establecido de manera general los elementos fundamentales de las acciones políticas para el desarrollo rural contenidos en el cuerpo de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable determinado las acciones siguientes para transformarlo: Considerando "de interés público el desarrollo rural sustentable que incluye la planeación y organización de la producción agropecuaria, su industrialización y comercialización, y de los demás bienes y servicios, y todas aquellas acciones tendientes a la elevación de la calidad de vida de la población rural", según lo previsto en el artículo 26 de la Constitución, definiendo "las actividades económicas de la sociedad rural como, las actividades agropecuarias y otras actividades productivas, industriales, comerciales y de servicios", que tienen como objetivo "la promoción, el bienestar social y económico de los productores, de sus comunidades, de los trabajadores del campo y, en general, de los agentes de la sociedad rural, mediante la diversificación y la generación de empleo, incluyendo el no agropecuario en el medio rural, así como el incremento del ingreso".
Determinando "La corrección de disparidades de desarrollo regional a través de la atención diferenciada a las regiones de mayor rezago, mediante una acción integral del Estado que impulse su transformación y la reconversión productiva y económica, con un enfoque productivo de desarrollo rural sustentable… Fomentando la conservación de la biodiversidad y el mejoramiento de la calidad de los recursos naturales, mediante su aprovechamiento sustentable… Valorando las diversas funciones económicas, ambientales, sociales y culturales de las diferentes manifestaciones de la agricultura nacional"
Sin embargo, en la política de Estado en la ley se establece que "para impulsar el desarrollo rural sustentable, (se) promoverá la capitalización del sector mediante obras de infraestructura básica y productiva, y de servicios a la producción, así como a través de apoyos directos a los productores, que les permitan realizar las inversiones necesarias para incrementar la eficiencia de sus unidades de producción, mejorar sus ingresos y fortalecer su competitividad. Fomentando la inversión en infraestructura a fin de alcanzar los siguientes objetivos: Promover la eficiencia económica de las unidades de producción y del sector rural en su conjunto, mejorar las condiciones de los productores y demás agentes de la sociedad rural para enfrentar los retos comerciales y aprovechar las oportunidades de crecimiento derivadas de los acuerdos y tratados sobre la materia, incrementar, diversificar y reconvertir la producción para atender la demanda nacional, fortalecer y ampliar el mercado interno, así como mejorar los términos de intercambio comercial con el exterior. Aumentar la capacidad productiva para fortalecer la economía campesina, el auto abasto y el desarrollo de mercados regionales que mejoren el acceso de la población rural a la alimentación y los términos de intercambio; fomentar el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales productivos, que permitan aumentar y diversificar las fuentes de empleo e ingreso y mejorar la cantidad y la calidad de los servicios a la población". Así se establece en la ley.
Por otro lado, el citado cuerpo normativo, determina otro mandato imperativo del Estado mexicano y en consecuencia de quienes temporalmente ocupan sus mandos de dirección y administración en la atención para las disparidades existentes, producto entre otras cosas, de las desigualdades regionales "Las acciones de desarrollo rural sustentable que efectúe el Estado, atenderán de manera diferenciada y prioritaria a las regiones y zonas con mayor rezago social y económico, mediante el impulso a las actividades del medio rural, el incremento a la inversión productiva, el fomento a la diversificación de oportunidades de empleo e ingreso y la promoción de vínculos entre los ámbitos rural y urbano, para facilitar a los agentes de la sociedad rural el acceso a los apoyos que requiere su actividad productiva, así como a los servicios para su bienestar" inclusive establece con rigor el método para el logro de lo enunciado". "El Estado promoverá lo necesario para formular y llevar a cabo programas de atención especial, con la concurrencia de los instrumentos de política de desarrollo social y de población a cargo de las dependencias y entidades de la administración pública federal competentes, de las entidades federativas, y los municipios".
Determinado la elaboración de acciones concretas, que contendrán "los programas y acciones para el desarrollo rural sustentable que ejecute el gobierno federal, así como los convenidos entre éste y los gobiernos de las entidades federativas y municipales, especificarán y reconocerán la heterogeneidad socioeconómica y cultural de los sujetos de esta ley, por lo que su estrategia de orientación, impulso y atención deberá considerar tanto los aspectos de disponibilidad y calidad de los recursos naturales y productivos como los de carácter social, económico, cultural y ambiental.
Dicha estrategia tomará en cuenta, asimismo los distintos tipos de productores, en razón del tamaño de sus unidades de producción o bienes productivos, así como de la capacidad de producción para excedentes comercializables o para el autoconsumo," asimismo, "para impulsar la productividad rural, los apoyos a los productores se orientarán a complementar sus capacidades económicas a fin de realizar inversiones para la tecnificación del riego y la reparación y adquisición de equipos e implementos, así como la adquisición de material vegetativo mejorado para su utilización en la producción; la implantación de agricultura bajo condiciones controladas; el desarrollo de plantaciones; la implantación de normas sanitarias y de inocuidad y técnicas de control biológico; el impulso a la ganadería; la adopción de prácticas ecológicamente pertinentes y la conservación de los recursos naturales; así como la contratación de servicios de asistencia técnica y las demás que resulten necesarias para fomentar el desarrollo rural sustentable". La ley citada determina que "para impulsar la productividad de la ganadería, los apoyos, complementarán la capacidad económica, de los productores para realizar inversiones que permitan incrementar la disponibilidad de alimento para el ganado, mediante la rehabilitación y el establecimiento de pastizales y praderas, conservación de forrajes; la construcción, rehabilitación y modernización de infraestructura pecuaria; el mejoramiento genético del ganado; la conservación y elevación de la salud animal; la reparación y adquisición de equipos pecuarios; el equipamiento para la producción lechera; la tecnificación de sistemas de reproducción; la contratación de servicios y asistencia técnica; la tecnificación de las unidades productivas mediante la construcción de infraestructura para el manejo del ganado y del agua; y las demás que resulten necesarias para fomentar el desarrollo pecuario."
Por otro lado, y abordando el tema de las empresas rurales la ley establece "la formación y consolidación de empresas rurales, los apoyos complementarán la capacidad económica de los productores para realizar inversiones destinadas a la organización de estos y su constitución en figuras jurídicas, planeación estratégica, capacitación técnica y administrativa, formación y desarrollo empresarial, así como la compra de equipos y maquinaria, el mejoramiento continuo, la incorporación de criterios de calidad y la implantación de sistemas informáticos, entre otras." Y se apoyará "la comercialización agropecuaria y demás bienes y servicios que se realicen en el ámbito de las regiones rurales, mediante esquemas que permitan coordinar los esfuerzos de las diversas dependencias y entidades públicas, de los agentes de la sociedad rural y sus organizaciones económicas, con el fin de lograr una mejor integración de la producción primaria con los procesos de comercialización, acreditando la condición sanitaria, de calidad e inocuidad, el carácter orgánico o sustentable de los productos y procesos productivos y elevando la competitividad de las cadenas productivas, así como impulsar la formación y consolidación de las empresas comercializadoras y de los mercados que a su vez permitan asegurar el abasto interno y aumentar la competitividad del sector, en concordancia con las normas y tratados internacionales aplicables en la materia".
Cuarta. Que la ley de desarrollo rural sustentable determina como política de estado para el financiamiento, los mandatos y criterios siguientes: "La política de financiamiento para el desarrollo rural sustentable se orientará a establecer un sistema financiero múltiple en sus modalidades, instrumentos, instituciones y agentes, que permita a los productores de todos los estratos y a sus organizaciones económicas y empresas sociales disponer de recursos financieros adaptados, suficientes, oportunos y accesibles para desarrollar exitosamente sus actividades económicas. Tendrán preferencia los pequeños productores y agentes económicos con bajos ingresos, las zonas del país con menor desarrollo económico y social, los proyectos productivos rentables o los que sean altamente generadores de empleo, así como la integración y fortalecimiento de la banca social."
Asimismo, construirá la organización económica y los sistemas producto, "promoviendo y fomentando el desarrollo del capital social en el medio rural a partir del impulso a la asociación y la organización económica y social de los productores y demás agentes de la sociedad rural, quienes tendrán el derecho de asociarse libre, voluntaria y democráticamente, procurando la promoción y articulación de las cadenas de producción-consumo para lograr una vinculación eficiente y equitativa entre los agentes del desarrollo rural sustentable. Lo anterior, dando prioridad a los sectores de población más débiles económica y socialmente y a sus organizaciones".
La ley determina que la acción del Estado por medio del gobierno, a través de "los programas del Gobierno Federal, impulsarán una adecuada integración de los factores del bienestar social como son la salud, la seguridad social, la educación, la alimentación, la vivienda, la equidad de género, la atención a los jóvenes, personas de la tercera edad, grupos vulnerables, jornaleros agrícolas y migrantes, los derechos de los pueblos indígenas, la cultura y la recreación; mismos que deberán aplicarse con criterios de equidad." Todo ello debe ir acompañado de la sustentabilidad de la producción rural que será el criterio " rector en el fomento a las actividades productivas a fin de lograr el uso racional de los recursos naturales, su preservación y mejoramiento, al igual que la viabilidad económica de la producción mediante procesos productivos socialmente aceptable".
Asimismo, la ley aquí citada, determina que los apoyos económicos que proporcionen los tres órdenes de gobierno estarán sujetos a los criterios de generalidad, temporalidad y protección de las finanzas públicas, a que se refiere el artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para el otorgamiento de subsidios, así como a los compromisos contraídos por el Gobierno Mexicano en la suscripción de convenios y tratados internacionales", los programas por medio de los cuales el Estado aplicará el ejercicio de la ley a través de los gobiernos, "definirán esquemas de apoyos, transferencias y estímulos para el fomento de las actividades agropecuarias y no agropecuarias, cuyos objetivos serán fortalecer la producción interna y la balanza comercial de alimentos, materias primas, productos manufacturados y servicios diversos que se realicen en las zonas rurales; promover las adecuaciones estructurales a las cadenas productivas y reducir las condiciones de desigualdad de los productores agropecuarios, forestales y de pesca." Siendo el objetivo del uso y aplicación de los recursos públicos "impulsarán la productividad y el desarrollo de actividades agropecuarias y la creación y consolidación de empresas rurales, a fin de fortalecer el ingreso de los productores, la generación de empleos y la competitividad del sector." Sujetándose, entre otros criterios, a compensar los desequilibrios regionales e internacionales, derivados de la relaciones asimétricas en las estructuras productivas o de los mercados, cuando la producción nacional sea afectada por la competencia desigual, derivada de los acuerdos comerciales con el exterior o por políticas internas" así como la " responsabilidad de los productores y de las instituciones respecto a la utilización de los apoyos, conforme al destino de los mismos y a las reglas para su otorgamiento.
Quinta. Que una de las actividades hacia las cuales se dirigen los objetivos del Fideicomiso de Fomento Minero, se realiza esencialmente el las áreas rurales de México, impactando directamente en éstas; propiciando directa e indirectamente la actividad económica de éstas. Sin embargo, esta organización de la administración pública federal, destinada para el apoyo de la pequeña y mediana empresa minera, en sus múltiples ramas en teoría, requiere una transformación para la sustentación de estas pequeñas y medianas empresas, que supere los engorrosos y dilatorios trámites para la anuencia y otorgamiento de recursos económicos y técnicos para la realización de trabajos de exploración y explotación de minas.
Asimismo, otra de las actividades del Fifomi, es la de fomentar la exploración para encontrar recursos mineros en la nación. Tal como lo establece uno de sus objetivos al "desarrollar esquemas para la cuantificación y certificación de reservas de mineral en zonas del país con potencial geológico, que pueden culminar en el desarrollo de proyectos productivos" y determinando que es "una entidad paraestatal que se constituye como un instrumento de la Secretaría de Economía, a través de la Coordinación General de Minería; que en coordinación con los gobiernos estatales y municipales promueve el fortalecimiento e integración del sector minero y sus cadenas productivas."
Deduciendo que mucha de esta actividad se desenvuelve en áreas rurales, es indispensable la creación y operación de un fondo de capital de riesgo para aplicarlo en exploración y proyectos de apoyo a la micro, medina y pequeña empresa minera, que al carecer de solvencia económica no pueden hoy acceder a créditos imposibles de utilizar. En este sentido es indispensable apuntalar a estos sectores productivos, que se encuentran en las amplias y diversas zonas de la geografía nacional. Por tanto, este fideicomiso creado para el apoyo de la pequeña y mediana empresa, y pueda cumplir plenamente con uno de sus objetivos substantivos, que es el de reactivar los distritos mineros y financiar proyectos por el orden de los 9 mil millones de pesos, necesita de manera extraordinaria contar con recursos para realizar trabajos de exploración y facilitar liquidez a empresas mineras pequeñas y medianas.
Sexta. Que muchas empresas rurales no poseen el capital que exigen las instituciones públicas y privadas, para iniciar sus actividades o continuarlas, pues el acceso al crédito es demasiado caro y en muchas ocasiones leonino. Y que la función de la banca comercial no es el de detonar la actividad económica de las regiones y de la denominada superación de la pobreza. Que las políticas de ajuste económico aplicadas en el país, durante los últimos 25 años han hipertrofiado como una consecuencia de su aplicación, entre otras cosas, la actividad del Estado convirtiéndo a este en inhibidor de las actividades económicas de las pequeñas y medianas empresa atrasando y propiciando con ello, como un efecto indirecto la aparición de fuentes emergentes de pobreza y en otras agudizándola, propiciando la desigualdad regional y económica y el surgimiento de un proletariado migrante y la ampliación de éste, generando con ello, entre otras causas, la ruptura del tejido social, de las bases de las relaciones personales y la descomposición de la convivencia cívica. La abdicación del Estado a sus obligaciones elementales, que se señalen aquí no significa la solicitud del regreso al Estado filantrópico que describe claramente Octavio Paz y al mantenimiento perverso en materia económica del Estado nacional del siglo XVII, trasladado a nuestro país para que opere en el siglo XXI o a una vulgar, torpe e improvisada interpretación de los teóricos del neoliberalismo Friedrich Freiherr von Wieser, Ludwig Heinrich Edler von Mises y su alumno Friedrich August von Haye.
En tal sentido, el papel del Estado debe transformarse y convertirse en un facilitador de la actividad económica, en impulsor del mercado apoyándolo con la libre competencia y no en el protector de monopolios disfrazados con la simulación de actividades semi-libres.
Séptima. Que de conformidad con los que dispone la ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría, que establece en su Art. 18 que "A toda propuesta de aumento o creación de gasto del proyecto de Presupuesto de Egresos, deberá agregarse la correspondiente iniciativa de ingreso distinta al financiamiento o compensarse con reducciones en otras previsiones de gasto" y "las comisiones ordinarias correspondientes del Congreso de la Unión, al elaborar los dictámenes respectivos, realizarán una valoración del impacto presupuestario de las iniciativas de ley o decreto, con el apoyo del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, y podrán solicitar opinión a la Secretaría sobre el proyecto de dictamen correspondiente" y que la política del Estado mexicano pretende evaluar el costo beneficio de cada programa existente. Y que la ley de Responsabilidad Hacendaría en el artículo 34, establece de manera imperativa, que los programas en cartera de inversión en su conjunto pretenden maximizar, el impacto que puedan tener para incrementar el beneficio social, observando principalmente los criterios siguientes:
a) Rentabilidad socioeconómica b) Reducción de la pobreza extrema c) Desarrollo Regional. Concurrencia con otros programas y proyectos de inversión.
Que esta ley estable en el artículo 42 que para el "el caso del Presupuesto de Egresos (facultad exclusiva de la Cámara de Diputados, en su discusión y aprobación), la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados deberá establecer mecanismos de participación de las Comisiones Ordinarias en el examen y discusión del presupuesto por sectores. Los legisladores de dichas Comisiones deberán tomar en cuenta en sus consideraciones y propuestas la disponibilidad de recursos, así como la evaluación de los programas y proyectos y las medidas que podrán impulsar el logro de los objetivos y metas anuales."
Asimismo, que dentro del plan nacional de desarrollo de la actual administración federal, en el apartado de economía competitiva y generadora de empleos, propone la inversión en capital físico, con el apoyo a la pequeña y mediana empresa, en todos los sectores planteando "la superación de los desequilibrios regionales aprovechando las ventajas competitivas de cada región en colaboración con actores políticos económicos y sociales al interior de cada región, determinado el fomento, de todas la regiones con un énfasis particular en las regiones mas desfavorecidas, las pequeñas y medianas empresas y en sectores con alto impacto regional como el agropecuario y el turismo."
Octava. Que el Estado como organización política, ha tenido transformaciones substantivas, en su rol histórico y que ha adquirido nuevas tareas en nuestro país después de las denominadas políticas de ajuste de los últimos 30 años, como lo afirma la investigadora María Estela Dillares Cisneros en su ensayo "México en la perspectiva global del cambio estructural: Estado moderno y gestión estratégica" citando a Núñez del Prado, Arturo y Martín P. en Gestión estratégica, planificación y presupuesto. Revista de la Ceppal. En el que concluyen que "el enfoque de la gestión estratégica sugiere una acción participativa del Estado en rubros claves como la mayor austeridad pública y privada orientada a promover el ahorro y la inversión, la promoción de proyectos en el campo de transporte, de las comunicaciones y de las otras obras de infraestructura requeridas para lograr una competitividad sistemática, la política de absorción, adaptación y creación tecnológica, la inversión en recursos humanos y capacitación de la fuerza de trabajo, la creación y fortalecimiento financiero de pequeñas y medianas empresas y la preservación del capital natural y la integridad de la biosfera".
En este sentido, el Estado mexicano debería impulsar de manera decisiva el gasto público orientado a la competitividad y promoviendo la creación y consolidación de pequeñas y medianas empresas en el área del desarrollo rural, abarcando todas las variadas y múltiples gamas que este contiene.
Novena. Que las afirmaciones del secretario de Hacienda Agustín Carstens, publicada el 14 de agosto en el periódico "El Universal" en nota de José Manuel Arteaga, al reunirse con la Comisión de Presupuesto y Cuenta publican en Jalisco; "en su presentación, el secretario dijo que en los primeros seis meses del año, el gobierno de México tuvo 154 mil millones de pesos más para gastar que en el mismo periodo de 2007. El gasto programable ejercido durante la primera mitad del año es el más alto de la historia, y es 154 mil millones de pesos mayor al del primer semestre de 2007". Adicionalmente el mismo funcionario reconoció la existencia de subjercicios en las Secretarías de Comunicaciones y Transportes, en Educación Publica, entre otras. Cabe realizar la pregunta ¿dónde está el dinero que se tiene que ejercer?
Por otro lado, en la Secretaría de la Reforma Agraria se dio a conocer el 28 de Julio del año en curso, por el periódico "El Universal" una red de corrupción al operar el "programa joven emprendedor rural y fondo de tierras" (que para este año tiene un monto aprobado por esta soberanía por orden de los 487.1 millones de pesos y publicado en el presupuesto de egresos de la federación el día 13 de diciembre del 2007 en el anexo 7 del programa especial concurrente para el desarrollo rural sustentable, en la vertiente de competitividad en el Ramo 15 de Reforma Agraria, por un monto de 500 millones.)
Recursos que por obvias y reveladoras razones, se pone en duda, su aplicación íntegra y transparente, hasta que terminen las investigaciones (si las hubiera) de su aplicación en objetivos, metas, o desvió de los mismos y que en consecuencia no podrán ser aprobados por esta Soberanía en la misma proporción para el próximo año fiscal, para este mencionado programa, y en todo caso, sólo puede ocurrir, la reducción o desaparición de este programa y los recursos que pudiesen estar programados para el presupuesto de egresos 2009, tendrá que trasferirse a otro sector del desarrollo rural como es la financiera rural, para el apoyo de medianas y pequeñas empresas.
Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, someto a esta honorable asamblea la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Primero. Se conmina respetuosamente a la Comisión de Desarrollo Rural de la Cámara de Diputados para que contemple en el análisis, discusión y modificación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2009 y, en su caso, aprobación de los montos adicionales o complementarios para la Financiera Rural y al Fideicomiso de Fomento Minero por medio de un fondo especial de capital de riesgo, para el apoyo de empresas pequeñas y medianas rurales que empiecen su actividad económica o la continúen; para la primera, en la amplia gama de las actividades del desarrollo rural y para la segunda para el apoyo de micro, pequeñas y medianas empresas mineras.
Segundo. Se conmina respetuosamente al Ejecutivo federal que de aprobarse la solicitud mencionada, en el entendido que el Legislativo realiza la función de control, las reglas de operación para estos fondos y sus programas, deberán ser claras y facilitarán el acceso a los recursos públicos, sin requisitos que destruyan el objetivo primario de estas acciones en tanto que son programas especiales de detonación económica y generación de empleo.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 30 de septiembre de 2008.
Diputados: Modesto Brito González (rúbrica),
Carlos Ernesto Navarro López.
CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE
QUE EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN DE 2009 SE CONSIDEREN
RECURSOS PARA DIVERSOS MUNICIPIOS DE HIDALGO, A TRAVÉS DEL PROGRAMA
HÁBITAT, A CARGO DEL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL PEÑA SÁNCHEZ,
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
El suscrito, diputado federal de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta asamblea proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
El propósito de la política social es compensar las desigualdades económicas y sociales entre individuos. Significa asegurar a todos los integrantes de la sociedad, particularmente a los más vulnerables, niveles y oportunidades mínimos de bienestar, reflejados en una adecuada alimentación; acceso a la salud, educación, etcétera, donde un espacio para habitar constituye uno de los requerimientos básicos a fin de impulsar las capacidades de la población.
En el actual contexto nacional, es necesario no sólo que se posicione la política social en el centro de la agenda nacional sino, también, que se creen y fortalezcan las instituciones para que la población acceda verdaderamente al desarrollo y al bienestar. Es importante que todos los actores involucrados participen en el proceso de generación y ejecución de la política social, donde se plasmen claramente sus derechos y obligaciones y se fortalezca al mismo tiempo su participación y la construcción de ciudadanía.
Lo anterior implica una vasta comprensión del desarrollo social y sus determinantes; es decir, un conocimiento extenso de las regiones, los estados y los municipios con menores niveles de desarrollo y una identificación de los obstáculos que enfrentan para mejorarlo (lo que puede constituir el núcleo de una estrategia efectiva), así como la selección de las acciones públicas que tengan el mayor efecto en el desarrollo social, donde los programas del sector sean un componente importante del programa, pero igualmente importantes sean las acciones para promover el desarrollo económico, donde la provisión de infraestructura en general y particularmente social desempeñe un papel prioritario para el logro de los objetivos y metas. Es esencial que la política social y económica sea incluyente y se oriente al desarrollo de servicios e infraestructuras sociales, con lo que se garantiza la existencia de mecanismos capaces de atender las necesidades de los grupos más vulnerables. Es un asunto público romper el círculo pernicioso de la desigualdad, la pobreza y la exclusión, y su efecto en el grado de civilidad y gobernabilidad de la sociedad y las instituciones democráticas.
En esta perspectiva, Hidalgo alberga a una población de 2 millones 345 mil 514 habitantes, de acuerdo con el II Conteo de Población y Vivienda realizado en 2005, distribuidos en 84 municipios. Las condiciones socioeconómicas prevalecientes en dicha entidad evidencian la existencia de un rezago importante en el desarrollo urbano de algunos municipios. Tal es el caso de Tepeapulco, Tizayuca, Pachuca, Tulancingo, Ixmiquilpan y Huejutla. Uno de los factores que comparten dichos municipios es su condición urbana con vasta concentración de hogares en situación de pobreza patrimonial, lo que los ha postrado en una marginación creciente, comprometiendo de manera importante el desarrollo de los municipios y sus habitantes.
Es importante que la asignación de los recursos públicos sea dirigida hacia las necesidades apremiantes que se presentan en la realidad nacional. Por esta causa, la Secretaría de Desarrollo Social, a través de su Programa Hábitat, inscrito en el Ramo 20, "Desarrollo Social", destina recursos para las ciudades y las zonas metropolitanas con poblaciones mayores de 15 mil habitantes y que concentren grandes cantidades de población en pobreza patrimonial.
Es fundamental la integración de los municipios señalados en la asignación de los recursos del Programa Hábitat, a fin de contribuir e impulsar su desarrollo desde una vertiente económica y humana, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2009, que tiene a bien aprobar esta soberanía anualmente.
La población está sujeta a un aumento constante de la desigualdad que se expresa en el terreno de la propiedad, del consumo, del poder, del conocimiento y de las posibilidades culturales, entre otros aspectos. De esa manera, la progresivamente desigual distribución del ingreso plantea un horizonte adverso para acceder a una sociedad menos desigual. Ante este escenario, una verdadera política social se torna absolutamente necesaria.
Por ello me permito solicitar al Pleno de la Cámara de Diputados que se someta a consideración la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a destinar recursos a Tepeapulco, Tizayuca, Pachuca, Tulancingo, Ixmiquilpan y Huejutla, Hidalgo, a través del Programa Hábitat, a fin de coadyuvar al desarrollo económico y humano, y contribuir a reducir el nivel de marginación y exclusión prevaleciente ahí.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 30 de septiembre de 2008.
Diputado Miguel Ángel Peña Sánchez
(rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE
QUE EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN DE 2009 SE CONSIDEREN
RECURSOS PARA LA INTEGRACIÓN DE CADENAS PRODUCTIVAS EN HIDALGO,
A CARGO DEL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL PEÑA SÁNCHEZ, DEL
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
El suscrito, Miguel Ángel Peña Sánchez, diputado federal e integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente:
Exposición de Motivos
El país se encuentra inmerso en una crisis social, donde la crisis alimentaria constituye un elemento central. Los factores externos asociados a la crisis alimentaria global, han tenido una influencia determinante, en virtud de que el gobierno federal se ha negado sistemáticamente a poner en marcha una política que fortalezca el aparato productivo rural.
La política hacia el campo mexicano debe de tener una visión de largo plazo, que equilibre el desarrollo de las distintas regiones del país, a partir del fortalecimiento de las bases materiales para la producción, del impulso a la educación y la capacitación y de manera especial a la organización para la producción y su comercialización.
Desde esta perspectiva, es necesario que la aplicación de los recursos públicos para el fomento del desarrollo rural se haga teniendo en cuenta una visión integradora de los procesos productivos, de tal manera que la generación de valor agregado vaya permitiendo la capitalización de los productores, para que logren su autosufiencia productiva y financiera.
De acuerdo con estas consideraciones, es necesario priorizar el destino de los fondos presupuestales, que la Cámara de Diputados habrá de autorizar dentro del decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2009.
Los criterios para priorizar el destino de los recursos, deben de atender los niveles relativos de desarrollo de las distintas entidades federativas. De acuerdo con los datos más recientes del Consejo Nacional de Población, el estado de Hidalgo se encuentra entre los cinco con mayor grado de marginación en el país.
No obstante esa circunstancia, Hidalgo tiene potenciales productivos que necesitan ser detonados. La intervención del Estado a través del presupuesto, expresado de manera integral en financiamiento, asesoría, capacitación, crédito, apoyo para la adquisición de insumos estratégicos, etcétera, es fundamental porque las condicione actuales de atraso rural son una restricción a su desarrollo.
Ejemplo de lo anterior son los municipios de Almoloya, Apan, Cuautepec de Hinojosa, Emiliano Zapata, Epazoyucan, Santiago Tulantepec de Lugo Guerrero, Singuilucan, Tepeapulco, Villa de Tezontepec, Tizayuca, Tlanalapa, Tolcayuca, Zapotlan de Juárez, Zempoala, donde las distintas actividades agropecuarias tienen un nivel de desarrollo dispar; sin embargo, son susceptibles de ampliarse y consolidarse mediante los apoyos oficiales señalados.
La cebada, el nopal, la avicultura, los bovinos de carne y de leche, los ovinos, son actividades agropecuarias que han sobrevivido, en este conjunto de municipios, sin embargo, los estudios de mercado y las potencialidades productivas identificaran las actividades a ser impulsadas.
En virtud de lo anterior, es necesario que se integren los diversos eslabones de estas cadenas productivas; en este sentido, la agroindustrialización juega un papel central para la capitalización de los productores.
Por lo anteriormente expuesto, con fundamento en los elementos antes mencionados, someto a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Primero. Se solicita a las Comisiones de Agricultura y Ganadería, de Desarrollo Rural, y de Presupuesto y Cuenta Pública de esta honorable Cámara de Diputados que incluyan en el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2009 las partidas presupuestales necesarias a fin de apoyar la integración de las cadenas productivas señaladas en la exposición de motivos, en los municipios mencionados; asimismo, para que se realicen los estudios necesarios de identificación de áreas de oportunidad en esas demarcaciones.
Segundo. Se solicita a las comisiones citadas que incluyan partidas presupuestales para el diseño, construcción y operación de las plantas agroindustriales que cada sistema producto requiera para la integración productiva.
Tercero. En cuanto a las obras de infraestructura hidráulica, se solicita la inclusión de los municipios ubicados de zonas semidesérticas en los presupuestos tanto de la Comisión Nacional del Agua como la Comisión Nacional de Zonas Áridas.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 30 de septiembre de 2008.
Diputado Miguel Ángel Peña Sánchez
(rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA QUE
EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN DE 2009 SE INCLUYA
EL PROGRAMA CIUDADES RURALES SUSTENTABLES, A CARGO DEL DIPUTADO MARTÍN
RAMOS CASTELLANOS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
Antecedentes
Chiapas es un estado donde el bienestar social sigue siendo la única aspiración de sus habitantes que históricamente han sido relegados del desarrollo en su marginación y pobreza. Chiapanecos que conviven con sus diferencias étnicas y religiosas, y que, a pesar de ser víctimas de los antagonismos económicos existentes, no pierden la esperanza de ser invitados al desarrollo socioeconómico de Chiapas y del país.
Con una población cercana a los 4.5 millones de habitantes, Chiapas se sitúa como la octava entidad más poblada del país, con una tasa media anual de crecimiento poblacional de 2.04 por ciento, por lo que, en términos absolutos, anualmente se incorporan alrededor de 80 mil nuevos habitantes.
La falta de visión a futuro ha generado un proceso de crecimiento poblacional marcado por la ausencia de una estrategia de ordenamiento territorial, como en todo el país. Esto ha provocado, entre otras cosas, una constante degradación de los recursos forestales y un elevado deterioro ambiental. De las 19 mil 386 localidades que actualmente existen en el estado, 60 por ciento han surgido en los últimos 20 años.
Derivado de lo anterior, Chiapas presenta un patrón poblacional caracterizado por una enorme dualidad. Por un lado, la atomizada dispersión rural, y, por otro, la concentración urbana. En este sentido, cifras oficiales apuntan que 6.6 por ciento de la población vive en las 14 mil 496 localidades (74 por ciento del total) con menos de 100 habitantes. En contraste, 19.7 por ciento de la población de Chiapas vive en los 3 municipios con más de 100 mil habitantes. Si agregamos a este patrón la accidentada orografía del estado, el panorama es más complejo, ya que el acceso a las localidades es difícil y, más aún, ha propiciado que las comunidades carezcan de servicios básicos, como electricidad y agua potable, así como de servicios educativos y de salud.
De este modo, y con base en cifras del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, se tiene que la pobreza extrema en Chiapas es aproximadamente 3 veces la media nacional (75 por ciento); asimismo, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo reportó en su último informe que Chiapas ocupa el último lugar en materia de desarrollo humano en México, mientras que el grado de marginación correspondiente a la entidad es catalogado como muy alto.
Consideraciones
Chiapas se encuentra en la etapa tardía de la transición demográfica, caracterizada por elevados niveles de fecundidad y mortalidad infantil. A la gravedad de estos problemas, hay que sumar el bajo nivel de ingreso promedio de la población, y el creciente fenómeno de la migración, que debe interpretarse como la pérdida, a veces irrecuperable, del capital humano en la región, que será un factor determinante del desarrollo en éste y los próximos años.
Lo anterior evidencia la necesidad de que tanto la federación como los diputados federales presten atención especial a la situación de Chiapas, a efecto de impulsar estrategias para abatir los rezagos en materia de educación, salud e infraestructura social, entre otros.
Por esta razón, el gobierno estatal ha diseñado el programa Ciudades Rurales Sustentables, como una política en contra de la dispersión poblacional, generando ciudades que sean polos de atracción y que ayuden a mejorar radicalmente la calidad de vida de los habitantes de comunidades rurales aisladas, como una estrategia que complementa las políticas para la superación de la marginación, la pobreza y los bajos índices de desarrollo humano, teniendo como ejes y componentes fundamentales el ambiental, social, económico, productivo, urbano y de infraestructura.
Planear un centro de población bajo el esquema de ciudad rural, obliga a consideraciones sobre la armonía de la comunidad con su entorno. Desde un inicio, se considera la conformación de áreas de conservación, el saneamiento del agua residual, la construcción de rellenos sanitarios y un conjunto de servicios que fortalecen el nivel de vida de la comunidad de forma integral.
En la propuesta que se hace, existe una profunda voluntad de brindar opciones para un futuro más justo, más que un afán de recriminar los errores cometidos. De igual forma busca focalizar y maximizar el impacto del gasto social, los proyectos productivos y de infraestructura.
Con este nuevo programa, se generarán condiciones para que los chiapanecos tengan la oportunidad de desarrollar sus proyectos de vida con calidad.
Cada ciudad rural contará con servicios y equipamiento urbano, vivienda digna, empleo, servicios de gobierno, educación y capacitación, salud, nutrición, seguridad alimentaria, comunicación, conectividad, comercio, servicios financieros, espacios públicos, sustentabilidad ambiental, desarrollo institucional municipal y social.
Debemos estar conscientes que un esfuerzo de esta magnitud requiere de la participación concertada y comprometida de todos los órdenes de gobierno. Sólo de esa forma, podremos ofrecerle a la población, las condiciones suficientes para una forma digna de vida.
Hacer llegar estos servicios en las comunidades propuestas en su sitio actual tendría un costo estimado de 8 mil millones de pesos y 17 años de ejecución. Con las ciudades rurales y el proceso de reordenamiento territorial y productivo asociado al programa se tendría un costo promedio de 750 millones de pesos por ciudad y dos años de ejecución.
Para este año, el gobierno estatal con el apoyo del gobierno federal, ha invertido mil 706.4 millones de pesos para el desarrollo de las primeras dos ciudades rurales: Nuevo Juan del Grijalva e Ixhuatán.
Para 2009, se plantea la construcción de 6 ciudades rurales en Jaltenango, Berriozábal, La Concordia, Frontera Comalapa, La Trinitaria y Salto de Agua.
En resumen, Ciudades Rurales Sustentables no debe ser visto como una iniciativa de construcción de infraestructura sino como un modelo que acerque al estado al cumplimiento de la Agenda Hábitat de Naciones Unidas y al alcance de las medias nacionales en marginación, nutrición, educación básica y mortalidad materna infantil.
A través de este modelo de atención integral, se plantea la disminución de la dispersión poblacional, la generación de empleos, elevar la productividad del campo, generar esquemas de planeación territorial y ambiental y sustentables, y un modelo de administración pública que permita optimizar el gasto, incrementar la participación ciudadana y acercar el gobierno a la sociedad, mejorando la calidad de vida de sus habitantes.
En este sentido, a nombre de la Comisión Sur-Sureste, hago una atenta solicitud a está soberanía, a efecto de que se incluya en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2009 el tema de Ciudades Rurales Sustentables, programa en el que se plantea un requerimiento inicial de 3 mil 500 millones de pesos.
Punto de Acuerdo
Único. Se solicita respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública incluir el programa Ciudades Rurales Sustentables en el PEF de 2009 y siguientes, con un requerimiento inicial de 3 mil 500 millones de pesos, que garantice la disminución de la dispersión poblacional, la generación de empleos, elevar la productividad del campo, generar esquemas de planeación territorial y ambiental sustentables, y un modelo de administración pública que permita optimizar el gasto, incrementar la participación ciudadana, y acercar el gobierno a la sociedad, mejorando la calidad de vida de sus habitantes.
Palacio legislativo, a 30 de septiembre de 2008.
Diputado Martín Ramos Castellanos (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A ESTABLECER LOS MECANISMOS NECESARIOS
PARA SALVAGUARDAR LA CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN PERSONAL
DE LOS USUARIOS DE LOS SERVICIOS DE TELEFONÍA, A CARGO DE LA DIPUTADA
DOLORES MARÍA DEL CARMEN PARRA JIMÉNEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PAN
La suscrita, diputada a la LX Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta ante esta asamblea punto de acuerdo por el que se exhorta al Poder Ejecutivo federal a establecer a través de las Secretarías de Comunicaciones y Transportes, y de Economía los mecanismos necesarios para salvaguardar la confidencialidad de la información personal de los usuarios de los servicios de telefonía básica y móvil en los Estados Unidos Mexicanos, con base en la siguiente
Exposición de Motivos
La telefonía en México ha tenido un crecimiento muy importante en los últimos años, ya que el número de líneas telefónicas se han incrementado considerablemente en la telefonía móvil. En 2006, la cifra era de 57 millones de líneas telefónicas, y para 2007 éstas ascendieron a 68.2 millones; eso significó un incremento de 19.6 por ciento.
En tráfico de llamadas en minutos, la telefonía móvil muestra un crecimiento importante de 48.6% para el mismo lapso (fuente: Primer y Segundo Informes de Gobierno, 2007 y 2008. Presidencia de la República).
El crecimiento que ha mostrado la telefonía móvil significa que los usuarios han adquirido líneas telefónicas como también han intensificado el número de llamadas, por lo que las compañías de este sector tienen el compromiso de tener cuidado con el manejo de la información confidencial de los usuarios.
La problemática que se identifica es que al contratar una línea telefónica los usuarios, ya sea fija o móvil, las compañías usan y distribuyen los datos personales de los suscriptores con terceros, con el propósito de enviarles información con fines publicitarios o mercadotécnicos.
Algunas compañías de telefonía en los contratos que manejan con los usuarios asientan cláusulas de confidencialidad que no cumplen, dado que sin previa autorización de los usuarios los proporcionan a terceros para que les envíen información publicitaria o mercadotécnica.
Una de las grandes preocupaciones para los usuarios es el fin que se da a su información personal, por lo que constituye una tarea esencial del Poder Ejecutivo protegerla, ya que si llegase a caer en manos de la delincuencia, se estaría generando un problema de seguridad nacional.
El Ejecutivo federal, por medio de la Profeco, creó el Registro Público de Consumidores, el cual funciona como un mecanismo de protección para facilitar el ejercicio del derecho de los consumidores a no ser molestados con publicidad no deseada, y a que su información no sea utilizada con fines mercadotécnicos o publicitarios. Por ello se requiere hacer una revisión integral, si ha cumplido su finalidad, y si éste ha tenido alcance suficiente para solucionar el problema.
Por último, se requiere una participación coordinada tanto de la SCT como de la Secretaría de Economía, para que ambas intervengan e instauren los mecanismos necesarios para reglamentar con más efectividad la protección de la información personal de los usuarios del servicio de telefonía fija y móvil.
Por lo expuesto, someto a la consideración de esta soberanía la aprobación de los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. Se hace un atento exhorto al Poder Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Economía, para que realice una evaluación integral del alcance que ha tenido el Registro Público de Consumidores, y si éste ha cumplido el objetivo por el que fue creado. Asimismo, entregue un informe detallado a esta soberanía en un lapso de 60 días.
Segundo. Se hace un atento exhorto al Poder Ejecutivo federal, a través de las Secretarías de Comunicaciones y Transportes, y de Economía, para que establezcan los mecanismos necesarios para salvaguardar la confidencialidad de la información personal de los usuarios de los servicios de telefonía básica y móvil en los Estados Unidos Mexicanos.
Tercero. Se hace un atento exhorto al Poder Ejecutivo federal, a través de las Secretarías de Comunicaciones y Transportes, y de Economía, para que entregue un informe detallado sobre la evaluación integral solicitada en un plazo no mayor de 60 días naturales.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 30 de septiembre de 2008.
Diputada Dolores María del Carmen Parra Jiménez
(rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, SOBRE EL
ILEGAL BLOQUEO ECONÓMICO, COMERCIAL Y FINANCIERO IMPUESTO POR ESTADOS
UNIDOS DE AMÉRICA CONTRA EL PUEBLO DE CUBA, SUSCRITA POR DIPUTADOS
DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS DEL PRD, DE CONVERGENCIA Y DEL PT
Los suscritos, diputados federales de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración del Pleno de la Cámara de Diputados la siguiente proposición con punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución, al tenor de las siguientes
Consideraciones
1. A partir del 6 de abril de 1960, el gobierno de los Estados Unidos de América impuso a Cuba un injustificado, ilegal y brutal bloqueo económico, comercial y financiero. Según un informe del Departamento de Estado, desclasificado en 1991, el objetivo del citado bloqueo fue el de aniquilar a la Revolución Cubana y a su pueblo entero; cito textualmente: "a través del desencanto y el desaliento basados en la insatisfacción y las dificultades económicas (…) negarle dinero para disminuir los salarios reales y monetarios, a fin de causar hambre, desesperación y el derrocamiento del gobierno" fin de la cita.
2. En la Conferencia Naval de Londres de 1909, quedó plenamente establecido que los bloqueos son actos de guerra y que su implantación sólo se aplica entre los Estados beligerantes. En ningún instrumento jurídico internacional se plantea la posibilidad de imponer bloqueos en tiempos de paz.
3. Por otra parte, el bloqueo que desde hace 48 años viene aplicando el gobierno estadounidense en contra del pueblo de Cuba constituye un verdadero acto de genocidio a la luz de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio al señalarse, en el Artículo II, que se entiende por genocidio cualquiera acto, perpetrado con la intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso, como tal y, en el inciso C) del mismo artículo, textualmente se establece: "Sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial."
4. Por otra parte, año con año, desde 1992, la Asamblea General de las Naciones Unidas ha venido adoptando sendas resoluciones mediante las cuales se expresa la "necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba" ya que, además de ser inhumano, violenta la libertad de comercio y navegación internacionales.
5. El bloqueo contra Cuba llega a situaciones absurdas e inhumana que afectan, incluso, a algunas empresas norteamericanas:
• Se prohíbe que empresas de terceros países exporten a EUA productos de origen cubano o productos que en su elaboración contengan algún componente de ese origen.
• Se prohíbe que empresas de terceros países vendan bienes o servicios a Cuba, cuya tecnología contenga más de un 10 por ciento de componentes estadounidenses, aunque sus propietarios sean nacionales de esos países.
• Se prohíbe que entren a puertos estadounidenses buques que transporten productos desde o hacia Cuba, con independencia del país de matrícula.
• Se prohíbe que bancos de terceros países abran cuentas en dólares norteamericanos a personas jurídicas o naturales cubanas o lleven a cabo transacciones financieras en dicha moneda con entidades o personas cubanas.
7. Aunado a esta absurda e inhumana política norteamericana, la República de Cuba vive hoy momentos extremadamente difíciles al haber sido golpeada por los huracanes Ike y Gustav, dejando un saldo de siete muertos y decenas de heridos. Un informe oficial situó las pérdidas que dejaron los dos huracanes, de manera preliminar, en 5 mil millones de dólares, miles de hectáreas de cultivos arrasadas, casi medio millón de viviendas destruidas total o parcialmente e infraestructuras vitales del país seriamente dañadas.
8. Todos estos daños, van a ejercer una presión adicional al gasto del gobierno cubano y a sus finanzas públicas. Según datos oficiales de junio pasado, Cuba erogó el año pasado mil 470 millones de dólares en comprar 3.4 millones de toneladas de alimentos, que a los precios internacionales actuales exigirán unos mil millones de dólares más. A la vez, el consumo diario de 158 mil barriles de petróleo cuesta 11.6 millones de dólares cada día, 32 por ciento más.
9. Distinguidas legisladoras y legisladores: Hoy más que nunca la República de Cuba requiere de la solidaridad internacional y del cese inmediato del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos de América. Este soberano poder no puede ser indiferente ante las actuales circunstancias de devastación producida por fenómenos naturales por las que atraviesa la nación caribeña. Es necesario alzar la voz para garantizar equidad económica entre los países al margen de la posición política absurda e insostenible del gobierno norteamericano. Con ello, esta honorable Cámara de Diputados, como representante del pueblo mexicano, pondría muy en alto la solidaridad y hermandad que nos identifica y nos une con el pueblo cubano y su gobierno.
Por lo antes expuesto, sometemos a la consideración del Pleno de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados del ho0norable Congreso de la Unión hace un respetuoso exhorto al gobierno de Estados Unidos de América para que cese de manera inmediata e incondicional el bloqueo económico, comercial y financiero impuesto a la República de Cuba durante casi 50 años.
Segundo. A raíz de la devastación sufrida por el paso de los huracanes Ike y Gustav, exhorta al Ejecutivo federal y a todo el pueblo mexicano a redoblar sus acciones de solidaridad con el hermano pueblo de Cuba.
Dado en el Salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a los treinta días del mes de septiembre de 2008.
Diputados: Javier González Garza, Juan Guerra
Ochoa (rúbrica), Alejandro Chanona Burguete, Ricardo Cantú
Garza.
CON PUNTO DE ACUERDO, RELATIVO
A LA ACTUALIZACIÓN Y AL MEJORAMIENTO DE LAS TARIFAS ELÉCTRICAS
EN APOYO DE LOS GRUPOS DE MENORES INGRESOS, A CARGO DEL DIPUTADO PEDRO
MONTALVO GÓMEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
El suscrito, diputado federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LX Legislatura, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta ante esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo para exhortar a los poderes Ejecutivo y Legislativo a autorizar la reclasificación de las tarifas eléctricas en todo el país, en apoyo a los grupos de menores ingresos, al tenor de la siguiente:
Exposición de Motivos
En la presente LX Legislatura de la Cámara de Diputados, los grupos parlamentarios han expuesto reiteradamente su preocupación por la reclasificación de las tarifas eléctricas a nivel nacional y específicamente en algunos estados de la república, que no se han atendido en la mayoría de los casos, sin presentar ninguna argumentación, solo el silencio o la congeladora.
La razón principal de tales propuestas residen en un problema social y económico de gran magnitud, que afecta a los sectores más desfavorecidos, grupos sociales que muchas veces tienen que elegir entre sus alimentos o los gastos escolares de sus hijos, o bien, pagar el recibo de la luz. Verdaderamente es un clamor de la ciudadanía la exigencia de reclasificar las tarifas para bajar el costo del kilowatt en todo el país.
Ciertamente, en algunas regiones el reclamo es más intenso que en otros, debido a las altas temperaturas, sobre todo en los meses del verano, como en Veracruz, Tabasco, Guerrero, Chiapas, Baja California, Durango y Sonora, entre otros.
Los legisladores, que palpamos la realidad social cotidianamente en cada una de las comunidades, tenemos muy claro que la revisión de los cargos por las tarifas eléctricas no puede seguir esperando; se ha manifestado por los diversos grupos sociales, apoyados por todos los partidos y por estudiosos de los temas sociales y de energía, que no atender esta petición se constituye en un impedimento del desarrollo económico regional y en un callejón sin salida para la población más vulnerable.
Así lo establecen las múltiples denuncias de los diferentes usuarios del servicio de energía eléctrica, preocupaciones que en otros momentos ya se han expuesto por un gran número de puntos de acuerdo e iniciativas de ley presentadas por los legisladores de los diversos grupos parlamentarios, como consta en los archivos legislativos y en las comisiones de esta Cámara.
Particular mención merecen las clases sociales con escasos ingresos económicos, las cuales constituyen loses sector más amplios en nuestro país y que en materia eléctrica, en las últimas dos administraciones federales han sido abandonadas a su suerte, al reducírseles el subsidio para los usuarios domésticos, lo que representa una elevación en la facturación eléctrica, que erosiona la economía familiar de la mayoría de la población, con mayor severidad para los habitantes de climas extremosos. A ello sumemos el alza en las gasolinas, en el transporte, en los productos básicos y constataremos la situación de angustia que padecen muchos mexicanos y que se agrava rápidamente.
Por lo tanto, ante la falta de planeación acertada, entre otros aspectos por la forma de producir la energía eléctrica, que para el caso de México mayoritariamente se realiza por medio del gas natural, que da como resultado incrementos en los costos del servicio que se transfiere al usuario del servicio de electricidad, es preciso que Poder Ejecutivo federal haga uso de sus facultades para reclasificar las tarifas y revisar los subsidios que disminuyan la carga económica de los más pobres. Asimismo, también es necesario que la Cámara de Diputados someta a análisis y dictamen las diversas iniciativas presentadas por los grupos parlamentarios sobre este tema fundamental para el país.
En atención a lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta soberanía, con carácter de urgente y obvia resolución, la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Primero. Se exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a instruir a las Secretarías de Energía, y de Hacienda y Crédito Público, a la Comisión Federal de Electricidad y a la Compañía de Luz y Fuerza del Centro para que revisen, actualicen y mejoren las tarifas eléctricas en beneficio de la población de menores ingresos, previendo subsidios que atenúen su impacto en la economía familiar.
Segundo. Se exhorta a las Comisiones del Congreso de la Unión a dictaminar urgentemente las diversas iniciativas que, en materia de reclasificación de tarifas eléctricas, han presentado los diversos grupos parlamentarios.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 30 de septiembre de 2008.
Diputado Pedro Montalvo Gómez (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A PUBLICAR EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN
EL DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 60 BIS 2 A LA LEY
GENERAL DE VIDA SILVESTRE, A CARGO DEL DIPUTADO DIEGO COBO TERRAZAS, DEL
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PVEM
Diego Cobo Terrazas, integrante de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, del Grupo Parlamentario del Partido Verde, con fundamento en los artículos 58, 60, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta la siguiente proposición con punto de acuerdo, con base en la siguiente
Exposición de Motivos
El pasado 26 de abril de 2007, la Cámara de Diputados aprobó con 300 votos a favor y 2 abstenciones, el dictamen de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 60 Bis 2 a la Ley General de Vida Silvestre, con el objeto de prohibir la importación, exportación y reexportación de cualquier ave correspondiente a la familia de los Psittacidae o Psitácido, cuya distribución natural sea dentro del territorio nacional.
La minuta correspondiente fue remitida al Senado de la República, que actuando como Cámara revisora, la aprobó sin modificación el 22 de abril del presente año, por 66 votos a favor y 1 abstención, remitiendo el decreto al Ejecutivo federal para los efectos constitucionales correspondientes, en este sentido cabe señalar que ya se reputa aprobado conforme lo establece el Apartado B del artículo 72 de la Carta Magna.
Cabe señalar la importancia de la reforma aprobada por este Congreso y que a la letra dice:
Artículo 60 Bis 2. Ningún ejemplar de ave correspondiente a la familia Psittacidae o psitácido, cuya distribución natural sea dentro del territorio nacional, podrá ser sujeto de aprovechamiento extractivo con fines de subsistencia o comerciales.
La secretaría sólo podrá otorgar autorizaciones de aprovechamiento extractivo con fines de conservación o investigación científica. Únicamente se otorgarán autorizaciones para investigación científica a instituciones académicas acreditadas.
Queda prohibida la importación, exportación y reexportación de cualquier ejemplar de ave correspondiente a la familia Psittacidae o psitácido, cuya distribución natural sea dentro del territorio nacional.
Las especies de psitácidos no comprendidas en el presente artículo quedan sujetas a las disposiciones previstas en las demás leyes y tratados internacionales de los cuáles México sea parte.
Esta reforma resulta relevante en virtud de que en nuestro país habitan poco más del 10 por ciento de las aproximadamente 10 mil especies de aves que se conocen en el mundo. Entre ellas se encuentran 22 especies y 4 subespecies de la familia Psittacidae, dentro de la cual se encuentran los loros, guacamayos, cacatúas, papagayos, pericos y periquillos. Cabe señalar que la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2001 clasifica a 22 de estas especies dentro de la categoría de riesgo (6 en peligro de extinción, 12 amenazadas y 4 bajo protección especial).
No obstante lo anterior, estudios realizados por diversas organizaciones de la sociedad civil, señalan que en México se capturan entre 65 mil y 78 mil 500 ejemplares de psitácidos por año, de los cuales el 77 por ciento no llega a la fase final de comercialización debido a que mueren por estrés, malos manejos, asfixia o deshidratación durante las fases previas.
Cabe señalar, que si bien el número de especies de psitácidos que las autoridades administrativas han autorizado para su aprovechamiento extractivo han disminuido a través de los años (de 17 especies en 1982 a 0 especies en el periodo 2003-2005), las poblaciones de estas aves continúan disminuyendo debido, principalmente, a su captura ilegal.
En este sentido, el artículo 60 Bis 2 que se propone adicionar a la Ley General de Vida Silvestre, tiene por objeto prohibir que las aves de estas familias, cuya distribución natural sea dentro del territorio nacional, pueda ser sujeto de aprovechamiento extractivo con fines de subsistencia o comerciales.
Aunado a esto, es importante señalar que México ha firmado y ratificado diversos instrumentos internacionales, entre los que se encuentran: El Convenio sobre Diversidad Biológica, la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (Cites) y el Convenio para la Protección de la Flora, de la Fauna y de las Bellezas Escénicas Naturales de los Países de América, por virtud de los cuales se ha comprometido a adoptar medidas que garanticen la subsistencia de las diversidad biológica nacional.
Finalmente, es importante mencionar que el término previsto en el artículo 72 inciso A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ha vencido. Desde luego que el Poder Ejecutivo federal tiene la opción de vetar las reformas que ha aprobado el Congreso de la Unión. No obstante, el peor de todos los vetos es el veto de cajón o de bolsillo, es decir, aquel en el que únicamente se guardan las reformas aprobadas por la Cámara de Diputados y la de Senadores, y simplemente pasa el tiempo y no se publica para evadir su entrada en vigor, no obstante y respetuosos de las facultades que asisten al Ejecutivo federal, consideramos solicitarle respetuosamente lo publique inmediatamente en el Diario Oficial de la Federación conforme al precitado artículo constitucional, valorando para tales efectos, el amplio consenso con el que esta adición fue aprobada por las diferentes fuerzas políticas representadas en ambas Cámaras del honorable Congreso de la Unión.
Por lo expuesto, y con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con:
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal, para que publique inmediatamente en el Diario Oficial de la Federación, en los términos previstos en el inciso A del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el decreto por el que se adiciona el artículo 60 Bis 2 a la Ley General de Vida Silvestre, debido a la importancia que éste tiene para la protección y conservación de la biodiversidad de nuestro país.
Dado en la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, a los treinta días del mes de septiembre de 2008.
Diputado Diego Cobo Terrazas (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA A LA SEMARNAT Y A LA PROFEPA A FORTALECER CON LA SEDENA Y LA
PFP LAS OPERACIONES E INSPECCIONES EN LA RESERVA DE LA BIOSFERA MARIPOSA
MONARCA, A CARGO DE LA DIPUTADA BLANCA LUNA BECERRIL, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DE NUEVA ALIANZA
Blanca Luna Becerril, diputada federal integrante del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza en la LX Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, con base en las siguientes
Consideraciones
Los árboles solían ser uno de los recursos naturales más abundantes en el planeta, y uno de los más necesarios para la sobrevivencia del hombre. Históricamente nos han provisto de la madera necesaria para cocinar y construir habitación, nos han brindado sus frutos y semillas, y han sido resguardo del sol y el hábitat para un ilimitado número de animales y plantas.
Además, almacenan agua para posteriormente liberarla hacia la atmósfera, en un ciclo que es parte importante del ecosistema, debido a que muchas plantas y animales dependen de este líquido vital que los árboles almacenan.
Sin embargo, la creciente necesidad del hombre por obtener alimentos, combustibles y la apertura de nuevas áreas para la urbanización y las carreteras, ha creado un grave problema de deforestación, entendido este, como el proceso de desaparición de los bosques o masas forestales.
Sus principales consecuencias son:
• Alteraciones climáticas,
• Reducción de la biodiversidad y
• Calentamiento global de la tierra, porque al estar deforestados los bosques, no pueden eliminar el exceso de dióxido de carbono en la atmósfera.
En México la primera causa de deforestación es el desmonte agropecuario, seguido por la tala ilegal y los incendios forestales. Además, intervienen en este problema otros como la construcción de más espacios urbanos y rurales, las plagas y las enfermedades de los árboles.
La Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente establece, en su artículo 46, que se consideran áreas naturales protegidas las siguientes: reservas de la biosfera, parques nacionales, monumentos naturales, áreas de protección de recursos naturales, áreas de protección de flora y fauna, santuarios, parques y reservas estatales, así como las demás categorías que establezcan las legislaciones locales y las Zonas de preservación ecológica de los centros de población.
Sin embargo, a pesar del intento de las autoridades por proteger estos espacios, habitantes de comunidades perjudicadas han externado su preocupación e impotencia, pues señalan que los grupos responsables de la depredación de bosques actúan con impunidad y, en muchos casos, al amparo de las policías municipales.
Un caso alarmante es Michoacán, donde se ubica la Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca, que comprende una extensión total de 56 mil 259 hectáreas; desde 1980 fue decretada como zona de reserva y refugio de fauna silvestre ya que la mariposa hiberna y se reproduce allí.
No obstante de las medidas tomadas por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales; el Fondo Mundial para la Conservación de la Naturaleza señaló que en 2006 sufrieron deforestación 243 hectáreas, elevándose a 259 entre 2007 y lo que va de este año.
Las zonas más afectadas son Crescencio Morales Norte, Crescencio Morales Sur, Francisco Serrato, Nicolás Romero y la propiedad federal, con una pérdida promedio de 35.5 hectáreas de bosque entre 2003 y 2005.
En el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza nos preocupa la situación que se vive en esta zona protegida del país; por ello, exhortamos a las autoridades referidas para que fortalezcan los operativos e inspecciones en la Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca y evitar la tala ilegal de madera con la finalidad de lograr un manejo y conservación de la reserva.
Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
De urgente y obvia resolución.
Único. Se exhorta a la Semarnat y a la Profepa a fortalecer, en conjunto con la Sedena y la PFP, los operativos e inspecciones en la Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a 30 de septiembre de 2008.
Diputada Blanca Luna Becerril (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA A LA TITULAR DE LA SEP A ACTUALIZAR EL REGLAMENTO DE COOPERATIVAS
ESCOLARES, A CARGO DE LA DIPUTADA HOLLY MATUS TOLEDO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PRD
La que suscribe, Holly Matus Toledo, diputada federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LX Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, con fundamento en los artículos 58, 59, 60 y demás relativos y aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo para exhortar al Secretario de Educación Pública a actualizar el Reglamento de Cooperativas Escolares, al tenor de las siguientes
Consideraciones
El Estado reconoce en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos el derecho a la salud, por tanto, el Estado mexicano está obligado a garantizar por la salud de todos y cada una de las mexicanas y los mexicanos a través de políticas de salud pública, como una acción colectiva organizada, igualitaria y equitativa. Por ello, la seguridad social se establece como mecanismo del Estado para asegurar que todas las personas tengan acceso a los servicios de salud.
Así, el derecho a la salud es uno de los derechos sociales establecidos en el párrafo tercero del artículo 4, y la fracción XVI del artículo 73 constitucional, que genera la obligación del Estado de desarrollar políticas públicas para garantizar su ejercicio.
La salud, como uno de los bienes jurídicos tutelados por el derecho, se entiende de acuerdo con una definición de la Organización Mundial de la Salud como un estado de bienestar físico, psíquico y social, tanto del individuo como de la colectividad. La protección de la salud y el desarrollo de políticas públicas es una de las tareas fundamentales de los Estados democráticos sociales contemporáneos, lo que representa el fundamento del estado de bienestar.
El derecho a la salud se encuentra previsto en diversos pactos internacionales de derechos humanos, entre los cuales se encuentra la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948), que, en su artículo 25, dispone que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar y, en especial, la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios.
El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1966), en su artículo 12, establece que "1. Los Estados parte en el presente pacto reconocen el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental".
El sobrepeso y la obesidad son fenómenos epidemiológicos que se presentan en diversos países, a consecuencia de los cambios sociales profundos que se han derivado de lo que se le ha llamado la revolución del conocimiento, que consiste en cambios en la población de la sociedad que inciden en su vida social, como son la incursión de la mujer en el mercado laboral, la introducción de la tecnología a los hogares y oficinas, y el reemplazo de la actividad física por la actividad intelectual en las empresas, entre otros.
Por otro lado, y en la actualidad, el ambiente, también llamado contexto social o nicho ecológico, se le puede calificar de obesogénico, por la suma de influencias que rodean al escolar que generan condiciones en su vida que provocan un aumento en su peso, como son una serie de factores directos e indirectos de carácter económico (costo de los alimentos, ingreso familiar), político (leyes y políticas públicas informales), sociocultural (valores, influencia de amigos, familiares) y físicos (disponibilidad de alimentos en la casa y en la escuela), en los que se desenvuelven los menores, los cuales tienen poderosas influencias sobre su conducta.
Todas estas transformaciones sociales han generado nuevas dinámicas en el núcleo familiar, como la reducción del tiempo compartido entre los miembros de la familia y, a su vez, han creado nuevas necesidades como la de disponer de alimentos de preparación rápida o ya preparados de adquisición inmediata para comer en casa o fuera de ellas, pasando a un segundo plano, la preparación y consumo de alimentos como punto de reunión familiar.1
En fecha reciente, el secretario de Salud, al encabezar la presentación de los resultados del proyecto Factores Asociados a Sobrepeso y Obesidad en el Ambiente Escolar, precisó que la obesidad infantil, sobre todo entre los cinco y once años, afecta a 1.4 millones de escolares, y el 26 por ciento del total tiene ya sobrepeso u obesidad, lo cual es preocupante debido a que en un alto porcentaje este problema persiste hasta la edad adulta.2
Recordemos que la obesidad es el resultado de un desequilibrio entre la ingestión y el gasto energético. Este desequilibrio es consecuencia de la ingestión de dietas con alta densidad energética y bajas en fibra y de bebidas azucaradas en combinación con una escasa actividad física. Esta última se ha asociado a la urbanización, al crecimiento económico y a los cambios en la tecnología para la producción de bienes y servicios, así como a los estilos de vida y de recreación.
En México, la información más reciente acerca del estado de nutrición de la población en la Encuesta Nacional de Nutrición 19933 informó que en niños escolares se encontró una prevalencia combinada de sobrepeso y de obesidad de 19.5 por ciento.
Pero el problema de obesidad infantil en nuestro país es aún más grave, toda vez que ocupamos el segundo lugar en el mundo, al igual que en el consumo de refrescos. También tenemos el mayor índice de crecimiento de obesidad a escala global. Sólo en los últimos siete años, el sobrepeso y la obesidad en niños de 5 a 11 años aumentó 40 por ciento, y esto ocurre cuando las niñas y los niños entran a la escuela (13 por ciento de los menores de cinco años tienen sobrepeso y 5 por ciento obesidad. Esta cifra aumenta conforme pasa el tiempo y, al llegar a los once años, 21 por ciento tiene sobrepeso y 11 por ciento obesidad).
Ahora bien, las niñas y los niños en su ambiente escolar, durante su estancia en la escuela, disponen de periodos de descanso o de recreo para ingerir algún alimento que, en la mayoría de las ocasiones, es adquirido en las denominadas cooperativas escolares, pudiéndose advertir que en éstas se expenden productos con muy poco contenido y valor nutricional, como frituras de harina, dulces, refrescos, etcétera, situación que no favorece en nada a una alimentación nutritiva y balanceada para los menores escolares. De tal suerte que las cooperativas escolares no cumplen con esa parte de labor educativa que se refiere a los hábitos alimenticios. Es por ello que se considerada que el tiempo que los alumnos permanecen en la escuela forma parte de uno de los factores de influencia de obesidad.
Actualmente, el Reglamento de Cooperativas Escolares, expedido el 16 de abril de 1982 por el entonces presidente José López Portillo, presenta un gran retraso, dado los avances sociales en la materia que hoy nos ocupa, específicamente por lo establecido en el artículo 12, en relación con las cooperativas escolares, al señalar que son de dos tipos: de consumo y de producción.
Por su parte, el artículo 13 del reglamento señala qué se debe de entender por cooperativas de consumo, precisando que son aquéllas que se organizan para la adquisición y venta de materiales didácticos, útiles escolares, vestuario y alimentos, pero no precisa las características ni el valor nutricional que deberán de tener los alimentos que se ofertan en las escuelas que integran el sistema educativo nacional.
Por lo anterior, sería recomendable incluir los siguientes capítulos en el reglamento de referencia y, atendiendo a lo establecido en la Norma Oficial Mexicana NOM-043-SSA2-2005, "Servicios básicos de salud. Promoción y educación para la salud en materia alimentaria. Criterios para brindar orientación", publicada en el Diario Oficial de la Federación en fecha 23 de enero de 2006, para que desde el ámbito escolar se pudieran modificar los patrones de consumo de los anteriores, que son los siguientes:
Es menester señalar que la Norma Oficial Mexicana NOM-043-SSA2-2005, "Servicios básicos de salud. Promoción y educación para la salud en materia alimentaria. Criterios para brindar orientación", publicada en el Diario Oficial de la Federación en fecha 23 de enero de 2006, establece criterios generales para la integración de una alimentación correcta que pueda adecuarse a las necesidades y posibilidades de la población, por lo que la orientación alimentaria es prioritaria, tanto para el público en general y, en especial, para los menores de edad que cursan la educación básica obligatoria. De igual manera, incluye contenidos relacionados con la nutrición y la alimentación, con especial énfasis en los grupos de riesgo, así como información sobre la prevención de las enfermedades relacionadas con la alimentación a través de la dieta y la actividad física.
Recordemos que la salud es un derecho social fundamental, obligación del Estado, que lo garantizará como parte del derecho a la vida y, para ello, promoverá y desarrollará políticas orientadas a elevar la calidad de vida, el bienestar colectivo y el acceso a los servicios a todo gobernado para proteger su salud, quienes a su vez participarán activamente en su promoción y defensa, así como el de cumplir con aquellas medidas sanitarias y de saneamiento que establezca la ley, de conformidad con los tratados y convenios internacionales suscritos y ratificados por Estado mexicano.
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta al Secretario de Educación Pública a actualizar y realizar todas aquéllas reformas al Reglamento de Cooperativas Escolares, para que se incorporen criterios de orientación para la promoción y educación para la salud en materia alimentaria, tomando como base la Norma Oficial Mexicana NOM-043-SSA2-2005, "Servicios básicos de salud", a fin de coadyuvar en el problema de sobrepeso y de obesidad que se presenta en los escolares desde su ámbito escolar.
Notas
1. Fundación Mexicana para la Salud, AC. Factores
asociados a sobrepeso y obesidad en el ambiente escolar. México,
2008.
2. Comunicado de prensa (número 052) del 21 de
febrero de 2008.
3. Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2006.
Instituto Nacional de Salud Pública. Secretaría de Salud.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 30 de septiembre de 2008.
Diputada Holly Matus Toledo (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA A LA SEGOB A EMITIR LA DECLARATORIA DE DESASTRE RESPECTO A DIVERSOS
MUNICIPIOS DE OAXACA AFECTADOS POR LAS ONDAS TROPICALES NÚMEROS
31 Y 32, A CARGO DEL DIPUTADO JORGE TOLEDO LUIS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PRI
El que suscribe, diputado Jorge Toledo Luis, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía la proposición con punto de acuerdo con base en la siguiente
Exposición de Motivos
Las actuales precipitaciones pluviales que enfrente nuestro país, principalmente en el sureste, han vuelto a causar estragos en el estado de Oaxaca.
El Istmo de Tehuantepec, al igual que otras regiones de Oaxaca, resultaron con graves afectaciones de caminos, primordialmente de terrecerías, que comunican a los municipios y sus agencias, que son de alta y muy alta marginación; de la misma forma, debido a las fuertes lluvias 15 puentes que permiten el paso de los pobladores a las cabeceras municipales fueron severamente dañados, por tanto, se cuentan con poblaciones incomunicadas, puentes como el de Paso Guayabo-Matías Romero y el de Los Ángeles a La Victoria, también municipio de Matías Romero, por mencionar algunos.
El Campo es un tema de vital importancia y primordial para la vida y el sustento de los pobladores del Istmo de Tehuantepec, por lo cual la perdida de cultivos como sorgo, guayaba y principalmente maíz, merma el sustento diarios de las familias.
Si bien es cierto que las precipitaciones pluviales que se presentaron en los municipios de Matías Romero, El Barrio de la Soledad, San Miguel Chimalapa, Santa Maria Chimalapa, Santo Domingo Petapa, Santa Maria Petapa y San Juan Guichicovi, no fueron de magnitudes mayores, como se dieron en otras regiones, es necesario y pertinente tomar en cuenta que las inundaciones y las afectaciones que se presentaron fueron derivados del Escurrimiento de la parte alta Mixe del estado de Oaxaca.
Considero necesario hacer la precisión de la ubicación geográfica de los siete municipios antes mencionados: Oaxaca, esta compuesta por siete regiones; la región de la Sierra Alta, que colinda con la parte de la zona húmeda del istmo de Tehuantepec, que es donde se encuentran los municipios antes mencionados.
La región de la Sierra Alta (Mixe Alto) adoleció de lluvias torrenciales con el paso de las ondas tropicales 31 y 32 y esto derivó en un escurrimiento hacia el caudal del río Uspanapa, que es la que atraviesa los 7 municipios que resultaron afectados, por lo cual, se desbordaron los diversos arroyos que se encuentran en las poblaciones.
Es necesario y urgente, como lo enmarca la Ley de Protección Civil, en su artículo 30, que la federación brinde un apoyo pronto y eficiente a fin de que estas comunidades recobren a la brevedad posible sus vías de comunicación, sus modos de producción y subsistencia y la certeza de la tranquilidad vuelva a sus hogares.
Asimismo, nos sumamos y apoyamos como oaxaqueños a todas las comunidades que han resultado afectadas primordialmente de los estados de Veracruz y Tabasco al dolor que causan estos fenómenos meteorológicos en las familias, pero sobre todo a los que menos tienen.
Por lo anterior presento a esta honorable soberanía el siguiente:
Punto de Acuerdo
Único: La Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Gobernación a emitir la declaratoria de desastre a favor de los municipios Matías Romero, El Barrio de la Soledad, San Miguel Chimalapa, Santa Maria Chimalapa, Santo Domingo Petapa, Santa María Petapa y San Juan Guichicovi, del estado de Oaxaca, que resultaron afectados por el escurrimiento derivado de las ondas tropicales numero 31 y 32 que afectan la zona sur-sureste del país.
Dado en el Palacio Legislativo, a 30 de septiembre de 2008.
Diputado Jorge Toledo Luis (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE SOLICITA AL EJECUTIVO FEDERAL QUE ELEVE DE "COMPONENTE" A "EJE" EL ESTATUS
ACTUAL DEL PROGRAMA NACIONAL INTEGRAL DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA,
A FIN DE QUE EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN SE LE DESTINEN
MAYORES RECURSOS, A CARGO DE LA DIPUTADA IRMA PIÑEYRO ARIAS, DEL
GRUPO PARLAMENTARIO DE NUEVA ALIANZA
Irma Piñeyro Arias, diputada federal integrante del Grupo Parlamentario Nueva Alianza de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo previsto en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
El artículo 53 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable establece que "los gobiernos federal y estatales estimularán la reconversión, en términos de estructura productiva sustentable, incorporación de cambios tecnológicos, y de procesos que contribuyan a la productividad y competitividad del sector agropecuario, a la seguridad y soberanía alimentarias, al óptimo uso de las tierras mediante apoyos e inversiones complementarias".
La crisis de alimentos en el mundo nos obliga a tomar medidas para la seguridad alimentaria de México, no sólo en términos económicos, sociales y políticos, sino también ambientales. Esta coyuntura nos compromete a aprovechar las ventajas competitivas que en diversidad de especies posee nuestro territorio.
Las políticas públicas del sector agropecuario requieren de una planeación que considere la heterogeneidad ambiental del país, en lugar de aplicar políticas homogeneizadoras que ignoran la diversidad de condiciones agroecológicas que caracterizan a México; así como la promoción de la reconversión productiva agropecuaria.
Hoy día es urgente un programa nacional de reconversión productiva; que fomente la introducción de cultivos alternativos para las diferentes regiones de nuestro país y que revierta los efectos de la crisis alimentaria y del cambio climático.
Hoy es necesario e impostergable elevar a programa eje la reconversión productiva, que permita al campo mexicano alcanzar una producción capaz de competir en la defensa del mercado local e incursionar en los mercados internacionales.
El alza acelerada de los precios en productos agrícolas y alimentos, que se registran en la actualidad, son sin lugar a dudas de consideración seria y por lo tanto un asunto que como legisladores nos debe ocupar. El gobierno federal debe instrumentar, fortalecer y ejecutar acciones en materia de cultivos alternativos, como un mecanismo eficaz para el fortalecimiento del sector agrícola en nuestro país.
Por lo anterior, someto a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Que el Ejecutivo federal eleve el estatus actual de componente a eje del Programa Nacional Integral de Reconversión Productiva, a fin de garantizar la asignación de un mayor presupuesto, que permita cumplir lo dispuesto en el artículo 53 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 30 de septiembre de 2008.
Diputada Irma Piñeyro Arias (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE CREA UNA SUBCOMISIÓN DE TRABAJO ENCARGADA DE DAR SEGUIMIENTO
A LAS ACCIONES, AL CUMPLIMIENTO DE METAS Y OBJETIVOS, Y A LOS RECURSOS
FEDERALES EMPLEADOS EN EL PLAN HÍDRICO INTEGRAL DE TABASCO, A CARGO
DE LA DIPUTADA MÓNICA FERNÁNDEZ BALBOA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PRD
La suscrita, diputada Mónica Fernández Balboa, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos somete a consideración de la honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, con carácter de urgente y obvia resolución, al tenor de los siguientes antecedentes y hechos:
Antecedentes
1. Bajo un escenario de precipitación pluvial como el que vivimos ahora, a finales de octubre del año 2007 se desencadenaron las inundaciones más graves en la historia reciente del estado de Tabasco. El desastre fue de tal magnitud que conmocionó al conjunto de la sociedad mexicana. El saldo de la tragedia fue de 383 mil damnificados y, de acuerdo con un estudio elaborado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe se estima que los daños materiales por la tragedia ascendieron a 35 mil millones de pesos, lo que representa poco más del 30 por ciento del producto estatal anual.
2. Como nueva respuesta al desastre ocurrido y como estrategia para prevenir subsecuentes inundaciones en abril de 2008 comenzó a implementarse el Plan Hídrico Integral de Tabasco (Phit) bajo responsabilidad de los gobiernos federal y de Tabasco, contemplando el siguiente número de acciones y plazos:
4. Durante el segundo periodo de sesiones del segundo año de esta legislatura los diputados Antonio Ortega y esta servidora presentamos proposición con punto de acuerdo para que la Auditoría Superior de la Federación incluya en su programa anual de auditorias, visitas e inspecciones para la Revisión y Fiscalización de la Cuenta Pública 2007, la verificación de las obras y acciones de los recursos de la partida 0316B000146, "Proyecto para protección de centros de población y áreas productivas en la cuenca del río Grijalva", que esta soberanía aprobó para el ejercicio fiscal de 2007 en el Presupuesto de Egresos de la Federación.
5. El pasado 13 de agosto de 2008 tuvo lugar en la ciudad de Villahermosa, Tabasco, la reunión extraordinaria de la Comisión de Recursos Hidráulicos del Senado de la República, con presencia de diputados y funcionarios federales y estatales, en la que se evaluó el alcance del Phit, y se acordó unir esfuerzos para que las Cámaras del Congreso contaran con grupos de trabajo que dieran seguimiento al cumplimiento de los objetivos y metas del programa.
Hechos
1. La tragedia ocurrida en Tabasco hace once meses se está reeditando, los niveles de avenidas de los ríos Grijalva, Carrizal, Samaria, Teapa, Pichucalco, Mezcalapa Oxolotán, Puxcatán, Puyacatengo y La Sierra nos hacen temer que estamos ante la configuración de de una nueva tragedia.
2. Ni el gobierno federal ni el gobierno del estado de Tabasco dieron respuesta al exhorto formulado por los legisladores de la Comisión Permanente. La formalidad de una respuesta puede dispensarse lo que no puede admitirse es que se subestimen acciones y medidas preventivas ante el grado de vulnerabilidad que padece la entidad ante la intensificación de los fenómenos hidrometeorológicos derivados del cambio climático.
3. En la citada reunión extraordinaria de la Comisión de Recursos Hidráulicos del Senado de la República en Villahermosa se discutió y demostró que las 134 acciones de corto plazo contempladas en el Phit no habían sido concluidas en su totalidad y algunas de ellas ni siquiera habían sido ejecutadas a pesar de haber sido previstas al inicio del Plan, entre ellas destacan las acciones de reubicación de la viviendas así como la necesidad de reforzar las estructuras físicas de control de avenidas de agua y el delinear y clarificar la fuente y destino de los recursos fiscales y del fondo de reconstrucción hasta ahora empleados.
4. Lo mismo que actualmente sucede con el Phit, ocurrió en su momento con el Plan Hidráulico de Tabasco, implantado a raíz de la inundación de 1999, y con el Programa Integral Contra Inundaciones, establecido desde abril de 2003, al cual se destinaron poco más de mil 800 millones de pesos y en cuyos objetivos se contemplaba, "ante todo, brindar protección integral contra lluvias extraordinarias y sus efectos en los niveles de los ríos Samaria, Carrizal, La Sierra y Grijalva, confinando las corrientes, conduciendo los excedentes lejos de los centros urbanos para evitar daños a la población y a la actividad productiva, acelerando en lo posible la salida de los escurrimientos hacia el mar y disminuyendo significativamente el riesgo de una inundación catastrófica", que jamás se cumplieron.
Además del incumplimiento de los objetivos del Plan, de igual modo, jamás se acredito puntualmente el gasto de los 780 millones de pesos del Presupuesto federal, que se canalizaron a través del Programa de Infraestructura para la Protección de Áreas Productivas y Centros de Población; ni mucho menos de los recursos estatales y de diversos donativos empleados.
6. Por su parte, al Phit se debieron destinar en este año –según el Phit– poco mas de 2 mil 17 millones de pesos, de los cuales mil 85 millones deberán ser erogados a través del Fondo de Desastres Naturales y los restantes 933 millones a través de la Comisión Nacional del Agua.
Además el Phit incluye la participación de fundaciones como Cemex, Habitat y Unidos por Ellos, que involucran acciones de construcción de viviendas para reubicación de población y cuyo destino y ejercicio de recursos tampoco ha sido clarificado y comprobado.
7. Las acciones desde abril se han limitado a las simple elevación y "enchapopotamiento" de bordas, así como a la transferencia de caudales (inundando la zona de la Chontalpa) con la construcción del la Cortina Permeable del Río Carrizal.
5. A la fecha no existe una instancia que dé seguimiento y emita recomendaciones para asegurar el cumplimiento de las metas y objetivos de los programas que, para remediar y atender que el problema de las inundaciones se han implementado en Tabasco desde hace poco menos de 10 años, por ello se puede explicar que, a pesar del constante y cuantioso flujo de recursos, las metas y objetivos no se cumplimenten.
6. Ante el recurrente estado de emergencia, es importante la conjunción de esfuerzos y garantizar que los recursos se ejerzan oportuna y eficazmente.
Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados, a través de su Comisión de Recursos Hidráulicos, acuerda crear una subcomisión de trabajo encargada de dar seguimiento a las acciones, cumplimiento de metas y objetivos así como los recursos federales empleados en el Plan Hídrico Integral de Tabasco.
Segundo. La subcomisión de trabajo mencionada en el resolutivo anterior deberá presentar un informe al Pleno con objeto de que la Cámara de Diputados determine, en el ámbito de sus atribuciones, las medidas pertinentes en materia de fiscalización y de fincamiento de responsabilidades.
Tercero. La Cámara de Diputados, a través de la Junta de Coordinación Política, acuerda crear un grupo de trabajo formado por una comisión plural de diputados que se integre a los trabajos de seguimiento del Phit que realice el Senado de la República.
Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a 30 de septiembre de 2009.
Diputada Mónica Fernández Balboa (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A RECONSIDERAR LA POLÍTICA PARI
PASSU DEL FONDEN, TOMANDO EN CUENTA LA OPINIÓN DE LOS GOBIERNOS
LOCALES, A EFECTO DE MEJORAR LA ATENCIÓN DE CONTINGENCIAS AMBIENTALES,
A CARGO DEL DIPUTADO ADOLFO MOTA HERNÁNDEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PRI
El suscrito, diputado federal de la LX Legislatura, Adolfo Mota Hernández, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo estipulado en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía el siguiente punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, con base en los siguientes
Antecedentes
Una vez más, la fuerza devastadora de la naturaleza ha golpeado diversas regiones del estado de Veracruz, que es la entidad federativa con mayor longitud costera del país y, por tanto, la de mayor exposición a este tipo de contingencias.
El estado de Veracruz en los últimos tres años y en lo que va del presente ha sufrido un poco mas de 20 declaratorias de desastre natural que han provocado daños estimados por aproximadamente 6 mil 232.6 millones de pesos.
Esta situación afecta los programas de inversiones establecidos para incrementar la infraestructura del estado, ya que los recursos destinados a este fin se tienen que distraer para cumplir con la contraparte establecida en las reglas de operación de Fondo de Desastres Naturales (Fonden).
El gobierno del estado tiene necesidad de hacer frente, cada año, durante la temporada de huracanes, a diversas erogaciones para preservar la integridad física y patrimonial de la población afectada, que espera respuesta inmediata por parte de los tres órdenes de gobierno. Tan sólo en el primer semestre del presente año se han generado tres declaratorias de desastre natural, donde al Estado le corresponde aportar 416 millones de pesos de contraparte estatal al Fonden.
Durante esta temporada no existe día en que, en alguna parte de Veracruz, no se reporten daños ocasionados por las inclemencias climatológicas. Tan sólo durante el fin de semana recién terminado, en la región sur del estado, el corte de carreteras, los miles de damnificados y viviendas dañadas, los albergues habilitados, los municipios y localidades inundadas han sido noticia de primera plana en la entidad, así como de nuestros vecinos del estado de Tabasco.
Estos desastres naturales han afectado zonas productivas, agrícolas y ganaderas de gran potencial económico, así como a la población que depende de estas actividades en las zonas rurales, mientras que en las zonas urbanas, de igual manera se vieron afectados el comercio, los servicios básicos y la población afrontó riesgos de salud por la contaminación generada por las inundaciones.
Estos desastres naturales han afectado zonas productivas, agrícolas y ganaderas de gran potencial económico, así como a la población que depende de estas actividades en las zonas rurales, mientras que en las zonas urbanas, de igual manera se vieron afectados el comercio, los servicios básicos y la población afrontó riesgos de salud por la contaminación generada por las inundaciones.
Tan sólo en los eventos de la última semana, los daños en los sectores de comunicaciones, vivienda, salud, agropecuario y forestal, son considerables, toda vez que la emergencia aún no termina y no ha permitido cuantificar los daños en los más de 68 municipios afectados con mas de 400 mil damnificados, ubicados en las regiones que mayor producto generan a la economía del estado.
Es importante resaltar que la temporada de emergencia climatológica por huracanes se encuentra en su etapa final y más devastadora, por lo que el impacto en las finanzas de las entidades federativas mayormente expuestas, se verá afectada considerablemente.
Bajo este esquema, el gobierno del estado resuelve de inmediato las necesidades más apremiantes de la población directamente afectada, lo que representa destinar de manera emergente recurso de su programación anual para la atención inmediata de las demandas de los damnificados en materia de instalación de albergues, alimentación, salud, y restituir las comunicaciones a las comunidades aisladas.
Aunado a ello, el gobierno del estado ha recurrido a la obtención de préstamos del gobierno federal, con objeto de contar con los recursos necesarios para cubrir los pari passu del Fonden que permitan iniciar programas de reconstrucción de las contingencias climatológicas ocurridas. extraordinaria.
Ante esta perspectiva, se requiere que el Presupuesto de Egresos para el próximo año 2009 considere un fondo específico extraordinario para apoyar las aportaciones que diversas entidades tengan que hacer al Fonden.
No debemos olvidar que el año pasado, ante este pleno, cuando se discutía el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio 2008, realicé una petición similar ante esta soberanía.
Toda vez que se tienen antecedentes que en los decretos de Presupuesto de Egresos de la Federación de ejercicios fiscales anteriores, se han autorizado recursos extraordinarias a diversas entidades federativas para cubrir las aportaciones a cargo de las entidades federativas al Fonden, y para reponer la infraestructura de servicios y realizar obras y acciones para mitigar desastres naturales previsibles y afectaciones ecológicas, como resultado de eventos catastróficos, me permito presentar ante este Pleno, con carácter de urgente y obvia resolución el siguiente
Punto de Acuerdo
Único: Se exhorta al titular del Ejecutivo Federal a reconsiderar la política del pari passu, tomando en cuenta la opinión de los gobiernos locales a fin de que con ello se pueda lograr una mejor atención de las contingencias ambientales, procurando que los recursos se apliquen de manera justa y oportuna.
Diputado Adolfo Mota Hernández (rúbrica)