El que suscribe, Gerardo Priego Tapia, diputado federal de la LX Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 34, párrafo 1, inciso c), 42, párrafo 1, y 43, párrafos 2 y 3, de la Ley Orgánica del Congreso General, somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a los Congresos locales y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a armonizar sus legislaciones en materia de prevención y sanción de la desaparición forzada de personas, al tenor de las siguientes
Consideraciones
La suscripción de instrumentos del derecho internacional es parte de la política exterior del Estado mexicano de acuerdo con los principios que señala la Constitución. A lo largo de su historia, el país ha participado en los organismos multilaterales contribuyendo al diseño, discusión y elaboración de la codificación jurídica en distintos temas, como el de los derechos humanos.
México ha firmado tratados y convenciones en la materia, en forma permanente, desde que los derechos humanos comenzaron a protegerse, en la Sociedad de las Naciones y en el sistema de la Organización de las Naciones Unidas, que siguieron después de las guerras mundiales.
Actualmente, el país forma parte de casi todos los instrumentos internacionales de derechos humanos; por más de 20 años se ha actualizado el orden jurídico en la materia. Sin embargo, el país tiene un rezago en la armonización de su derecho interno, federal y local, con el contenido de los tratados y convenciones, sobre diversas materias, a pesar de que los instrumentos jurídicos internacionales tienen fuerza legal una vez que entran en vigor.
El artículo 133 de la Constitución establece que los tratados celebrados por el presidente de la república y con aprobación del Senado serán ley suprema. La Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que, en el orden jurídico, los tratados internacionales se encuentran en un segundo plano, inmediatamente debajo de la Constitución y por encima de las leyes federales y locales. Tal es el fundamento para demandar la aplicación de estos derechos ante todos los tribunales; sin embargo, en los hechos no siempre sucede por falta de armonización entre los elementos del orden jurídico.
Cuando se suscribió cada uno de los 106 instrumentos internacionales en derechos humanos, siguiendo el procedimiento legal para su entrada en vigor, el país se obligó a observarlo y, en consecuencia, a proteger y garantizar los derechos que él consagra. Pero para que esos instrumentos adquieran plena eficacia, el Estado debe expedir leyes nuevas o reformar las existentes; establecer políticas públicas para financiar las nuevas instituciones; y modificar las funciones y prácticas de sus aparatos administrativos y judiciales, en consonancia con lo pactado. Todo ello implica a veces un cambio en la cultura jurídica, en la que la eficacia del derecho no tiene un elevado valor.
La armonización jurídica es necesaria si el orden jurídico no considera los derechos que los instrumentos internacionales prevén o si su estándar de protección es menor de lo que establecen.
En materia de prevención y sanción de la desaparición forzada de personas, México suscribió la Declaración sobre la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, del 18 de diciembre de 1992, y la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, del 9 de junio de 1994.
Esos instrumentos consagran obligaciones importantes para el Estado mexicano; entre otras: no justificar la desaparición forzada de personas por circunstancias excepcionales como el estado de guerra o la inestabilidad política interna del país, y proporcionar educación y formación a los servidores públicos sobre el tema.
Desaparición forzada es un concepto jurídico que designa un tipo de delito que supone la violación de múltiples derechos humanos y que, en determinadas circunstancias, constituye también un crimen de lesa humanidad, como consideran el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (1998) y la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas.
Además, el Estatuto de Roma, ratificado por México y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7 de septiembre de 2005, señala: "Por desaparición forzada de personas se entenderá la aprehensión, la detención o el secuestro de personas por un Estado o una organización política, o con su autorización, apoyo o aquiescencia, seguido de la negativa a informar sobre la privación de libertad o dar información sobre la suerte o el paradero de esas personas, con la intención de dejarlas fuera del amparo de la ley por un periodo prolongado".
La Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas señala: "Los Estados parte se comprometen a adoptar (…) las medidas legislativas que fueren necesarias para tipificar como delito la desaparición forzada de personas, y a imponerle una pena apropiada que tenga en cuenta su extrema gravedad".
Según el estudio Armonización de la legislación de las entidades federativas respecto de los instrumentos internacionales de los derechos humanos, elaborado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en mayo del presente año, sólo Guerrero ha armonizado parcialmente su legislación en la materia.
Las cifras oficiales revelan un repunte de 9.1 por ciento en el número de plagios respecto al mismo periodo de 2007, y mayor incidencia de casos en Baja California, estado de México, Michoacán, Oaxaca, Veracruz, Guerrero y Distrito Federal, de los cuales sólo el Distrito Federal y el estado de México han armonizado parcialmente su legislación en la materia.
Más de 300 secuestros tuvieron lugar en México de enero a mayo de este año, según datos de la Procuraduría General de la República divulgados en la capital. Según la PGR, en México tienen lugar 2.1 plagios al día, lo que representa un repunte de la citada modalidad criminal.
La Secretaría de Seguridad Pública señaló que en 2008 se han registrado 314 secuestros en México, de los cuales la Policía Federal ha atendido 136.
Un estudio de la organización no gubernamental IKV Pax Christi señaló que México ocupa el primer lugar mundial en secuestros, seguido por Irak.
Por lo expuesto, someto a la consideración de esta honorable soberanía la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta a los Congresos locales y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a armonizar sus legislaciones en materia de prevención y sanción de la desaparición forzada de personas, de acuerdo con los tratados internacionales en la materia de los que México es parte.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de septiembre de 2008.
Diputado Gerardo Priego Tapia (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, SOBRE LA
RELACIÓN ENTRE LOS GOBIERNOS ESTATAL Y MUNICIPALES EN OAXACA, A
CARGO DEL DIPUTADO CARLOS ALTAMIRANO TOLEDO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL
PRD
El suscrito, diputado federal por el estado de Oaxaca e integrante del Grupo Parlamentario del PRD en la LX Legislatura, con fundamento los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta proposición con punto de acuerdo a partir de la siguientes consideraciones:
Esta honorable Cámara de Diputados y la opinión pública saben que en el estado de Oaxaca no hay respeto a la vida democrática ni a la legalidad.
Ahora se conocen nuevos hechos en los que, por motivos políticos, el gobierno de Ulises Ruiz regresa a las presiones y al uso faccioso de los recursos públicos, preparándose para imponer sus candidatos al pueblo oaxaqueño.
Lo que ocurre es muy grave.
El gobierno estatal actúa como un verdadero régimen de Estado en el que mezcla sus funciones con las del PRI. Juntos están hostigando, amenazando y promoviendo acciones contra los gobiernos municipales legalmente constituidos. Han llegado al extremo de condicionar políticamente y frenar el acceso de los municipios a los recursos aprobados por esta soberanía.
Además, están pervirtiendo las funciones de gobierno y con absoluta impunidad los funcionarios del gobierno, en vez de atender sus funciones están comisionados como delegados políticos del PRI.
Esa ofensiva política no tiene límite, ni hay forma de enfrentarla en el ámbito estatal, por lo cual es necesaria la intervención política de la Cámara de Diputados del honorable congreso de la Unión.
Los hechos tienen nombres y son precisos. El ex secretario de gobierno Jorge Franco Vargas, quien fuera operador de la represión gubernamental, ahora actúa como presidente estatal del PRI. No sólo está violando la equidad y la vida democrática, en términos generales, sino que promueve de forma precisa el desvío de recursos humanos y materiales del gobierno en beneficio de su partido. El mecanismo es la designación de altos funcionarios que están nombrados como delegados políticos del PRI en los 11 distritos del estado.
Peor aun, el Congreso del estado, con la única aprobación del PRI, acaba de establecer legalmente que los presidentes municipales ya no requieren de aprobación del Congreso para adquirir deuda, incluso comprometiendo sus finazas más allá del término de las actuales administraciones, dándole esa facultad al secretario de Finanzas del estado.
En el contexto de esta ofensiva política, esto no significa más que fortalecer el poder del gobierno para chantajear con una nueva facultad financiera a las autoridades municipales.
Los nombres y cargos de los funcionarios que están actuando de forma facciosa como delegados políticos del PRI son claramente identificables y son los siguientes.
Por lo que corresponde a los casos concretos de presidencias municipales, ganadas por la oposición y sujetas a la presión del gobierno de Ulises Ruiz, éstas son:
San Pedro Pochutla, Santiago Tepextla y Santa Maria Cortijos, cuyos presientes municipales han sido presionados para se incorporen al PRI.
De forma artificial, se ha promovido la desaparición de poderes en San Pedro Amuzgos, y Santa María Zacatepec.
Además hay hostigamiento y presiones en Silacapoyoan, Trinidad Zaachila, San Juan Guichicovi, San José Tenango, Tehuantepec y Huatla de Jiménez.
Independientemente de las acciones jurídicas que realicen los legisladores y presidentes municipales, es importante y necesario que la Cámara de diputados forme una comisión plural que se traslade al estado de Oaxaca, entable contacto con las autoridades municipales y compruebe la gravedad de los hechos que ahora se denuncian.
Los legisladores federales no debemos cerrar los ojos a la realidad política y el riesgo que representan las nuevas acciones facciosas del gobierno del estado de Oaxaca.
Por ello, en nombre de los diputados del PRD, presento esta denuncia pública, solicitando el respaldo de los demás grupos parlamentarios a efecto de integrar la comisión plural y demandar que el gobierno de Oaxaca deje de chantajear, respete a los gobiernos municipales que el pueblo de Oaxaca eligió y se abstenga de presionarlos por el sólo hecho de no ser del partido del gobierno.
Así, por la importancia y pertinencia que esta legislatura atienda la gravedad de estos hechos, presento ante esta soberanía proposición con el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados exhorta al gobierno de Oaxaca a abstenerse de presionar a los gobiernos municipales.
Segundo. La Cámara de Diputados formará una comisión plural que conocerá de la gravedad de esos hechos, cuya integración será acordada por la Junta de Coordinación Política.
Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, a 18 de septiembre de 2008.
Diputado Carlos Altamirano Toledo (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, RELATIVO
A LA PROMOCIÓN DE LOS RESULTADOS DE DIVERSOS PROGRAMAS SOCIALES
QUE EL EJECUTIVO FEDERAL HA ENVIADO A LOS BENEFICIARIOS EN EL CONTEXTO
DEL SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO, A CARGO DEL DIPUTADO LUIS ENRIQUE BENÍTEZ
OJEDA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
El suscrito, diputado Luis Enrique Benítez Ojeda, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, somete a consideración de esta honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, con base en las siguientes
Consideraciones
2. Los beneficiarios de diversos programas, como el Procampo, están recibiendo cartas personalizadas de la Presidencia de la República, con la supuesta finalidad de informar el número de apoyos entregados a la población y utilizando como pretexto el Segundo Informe de Gobierno.
3. Cabe señalar la amplia difusión que ha merecido la operación e instrumentación de los programas sociales a efecto de garantizar el total apoyo a los propósitos institucionales que los motivan, alejándolos al mismo tiempo de toda pretensión o sospecha para uso político o beneficio personal y partidario.
4. Este hecho, además de coincidir con los procesos electorales que se realizarán en 2009 en diversos estados de la república, resulta incoherente ante la postura que el actual gobierno sustenta, relativo a la austeridad en el manejo de los recursos económicos y sobre todo ante la denuncia que hizo en febrero de 2007 la entonces directora general del Servicio Postal Mexicano y recién nombrada Subsecretaria de Comunicaciones, licenciada Purificación Carpinteyro, acerca del supuesto abuso de la franquicia postal por parte de integrantes del Poder Judicial y Legislativo, que ni remotamente se sonroja ante el envío masivo de estas comunicaciones.
5. Cabe recordar el cuidado puesto a través de la reciente reforma electoral lo cual deja en evidencia los actos anticipados de campaña, la propaganda política contratada y la promoción personal, todo esto se ve contrariada por la difusión epistolar que aquí se denuncia.
6. Este tipo de acciones por parte del Ejecutivo, hacen claro un franco despliegue de recursos presupuestales, de cara a las elecciones de 2009.
Al respecto habría que cuestionar también la labor de los delegados estatales de las secretarías, en el sentido de la operación de los programas con miras a influir en el ánimo de la ciudadanía en torno a sus preferencias electorales, que es una situación discutida reiteradamente en este cuerpo colegiado.
7. Conviene insistir en que los programas sociales deben ser ajenos a cualquier partido político, y su uso debe ser exclusivamente para fines de desarrollo social, como establecen el artículo 28 de la Ley de Desarrollo Social y el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2008.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, propongo a esta honorable asamblea el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta al Poder Ejecutivo a conducirse con transparencia; asimismo, que informe por escrito a esta soberanía sobre el número, medios de envío y costo de las cartas que con motivo de promover los resultados de diversos programas sociales ha enviado a sus beneficiarios en el contexto del Segundo Informe de Gobierno, y que suspenda de inmediato su repartición.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de septiembre de 2008.
Diputado Luis Enrique Benítez Ojeda (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA A LA SEDENA Y A LA SCT A REABRIR PARA LA AVIACIÓN COMERCIAL
LA BASE MILITAR AÉREA NÚMERO 2, SITUADA EN CIUDAD IXTEPEC,
OAXACA, A CARGO DEL DIPUTADO JOSÉ LUIS VARELA LAGUNAS, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DE CONVERGENCIA
El suscrito, diputado José Luis Varela Lagunas, integrante del Grupo Parlamentario Convergencia de la LX Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo para exhortar a Secretaría de la Defensa Nacional y a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a fin de que la base militar aérea número 2, en el municipio de Ciudad Ixtepec, en Oaxaca, dé reapertura a la aviación comercial, al tenor de las siguientes
Consideraciones
La región del istmo de Tehuantepec, la segunda más importante para la actividad productiva de Oaxaca y alto efecto para la región del sur-sureste del país, está conformado por 41 municipios de los distritos de Juchitán y Tehuantepec.
La población de la región es de un poco más de 550 mil habitantes, y no cuenta actualmente con un aeropuerto comercial, restringiendo su acceso únicamente por vía carretera, con un tiempo de 6 horas entre la ciudad de Oaxaca y el istmo de Tehuantepec, y 3.54 horas entre Arriaga, Chiapas, y el istmo.
Compañías como Aeroméxico y Volaris han manifestado recientemente su interés por operar vuelos comerciales entre la Ciudad de México y la ciudad Ixtepec, con tarifas atractivas para los usuarios.
En la región existen importantes empresas, entre las que destacan Pemex Refinación, la cooperativa Cruz Azul, la administración portuaria integral y empresas de operación Eoloeléctrica, para las cuales resulta indispensable contar con accesos a la región por medio de transporte aéreo.
Estas empresas, principalmente Pemex, Cruz Azul y la administración portuaria integral, han manifestado la urgencia de contar con el aeropuerto en la región, pues ello limita sus operaciones y desarrollo de negocios con clientes actuales y potenciales.
Para la población de la región, las alternativas de transporte aéreo se encuentran en la ciudad de Oaxaca o Tuxtla Gutiérrez, en donde tienen que viajar entre 3 y 6 horas.
La competitividad de la zona y su capacidad para atraer nuevas inversiones productivas se ven limitadas por no contar con un aeropuerto comercial.
Historia de la aviación en el istmo
A principios de la década de los cuarenta, se inicia formalmente la historia de la aviación en la región, cuando en un pequeño campo de tierra suelta del poblado de San Jerónimo, hoy ciudad Ixtepec, aterrizaron pequeños aeroplanos de doble cabina, y aviones DC-3 para 20 pasajeros, de la compañía Mexicana de Aviación – hoy Mexicana – y los AT-6 del escuadrón de combate 207, de la Fuerza Aérea Mexicana.
Posteriormente, una vez que México inició su preparación para la Segunda Guerra Mundial, se constituyó la base militar aérea número 2, que albergó también al escuadrón 205 en 1948; sin embargo, a los pocos años, Mexicana de Aviación suspendió sus vuelos y el escuadrón fue transferido a Tapachula y el 207 a Acapulco, por lo que la base militar fue abandonada.
En 1957, ya con una pista de aterrizaje asfaltada de mil 80 metros de longitud, Mexicana de Aviación reanudó sus vuelos México-Oaxaca-ciudad Ixtepec-Tuxtla-Tapachula. Este vuelo fue suspendido en marzo de 1958.
El 7 de octubre de 1968, Aerolíneas del Istmo, empresa integrada por accionistas mexicanos, operó las rutas Oaxaca-ciudad Ixtepec y ciudad Ixtepec-Tuxtla-Tapachula, con un DC-6 para 70 pasajeros. En julio de 1969, Aeronaves de México –hoy Aeroméxico– compró Aerolíneas del Istmo y continuó operando sus vuelos.
En enero de 1970, inicia sus operaciones la pista aérea de Salina Cruz, aún sin pavimentar, con la ruta México-Orizaba-Salina Cruz-Oaxaca-Minatitlán.
En mayo de 1979, la aviación comercial se retira de ciudad Ixtepec y sólo operan vuelos en el puerto de Salina Cruz.
El aeropuerto de carácter militar, situado en el municipio de ciudad Ixtepec en la región del istmo de Tehuantepec en el estado de Oaxaca, representa una importante alternativa para el acceso a la región mediante el transporte aéreo.
Este aeropuerto cuenta con la infraestructura, instalaciones y capacidad para poder operar vuelos civiles. Prueba de ello es que en forma intermitente este aeropuerto ha operado vuelos comerciales, siendo el periodo 1998-2002 el último en que la compañía Aeromar operó un vuelo entre la Ciudad de México y ciudad Ixtepec.
En el país, y a nivel internacional, existen aeropuertos que operan tanto una zona militar como otra civil en forma eficiente y exitosa.
Es por ello que durante meses se ha gestionado la reapertura del aeropuerto militar de ciudad Ixtepec a la aviación comercial, en virtud de que, con fecha 4 de diciembre, el general Guillermo Galván Galván, secretario de la Defensa Nacional, manifestó su interés en apoyar dicha iniciativa e informó que estaba en espera de la respuesta de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para la reapertura del aeropuerto a la aviación comercial.
En caso de no reactivarse el aeropuerto a la aviación civil, el costo estimado de un nuevo aeropuerto sería de 120 millones de pesos.
El pasado 16 de enero, directivos de Aerovías de México se reunieron con el ingeniero Gilberto López Meyer, director general de Aeronáutica Civil, a fin de solicitar su valiosa intervención para apoyar la reapertura del aeropuerto, y así permitir una mejor conexión de la región del istmo de Tehuantepec, Oaxaca, con la Ciudad de México, que permita impulsar la actividad económica en la zona que se caracteriza por el alto potencial de recursos naturales y una población superior al medio millón de habitantes, además de permitir el incremento en la inversión en favor de los diferentes sectores productivos.
Este aeropuerto sería de gran beneficio para la comunidad de la región, debido a que en casos de desastres naturales, éste se puede tomar como punto de apoyo para el desplazamiento de habitantes y de recursos humanos.
En mérito a lo expuesto, con fundamento en las disposiciones legales citadas, someto a la consideración de esta soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
Artículo Único. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de la Defensa Nacional y a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a fin de que la base militar aérea número 2, en el municipio de Ciudad Ixtepec, Oaxaca, dé reapertura a la aviación comercial.
Se solicita al Pleno de la Cámara de Diputados que la presente proposición con punto de acuerdo se tramite de urgente resolucion, con fundamento en los artículos 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
Dado en el Palacio Legislativo, a 18 de septiembre de 2008.
Diputado José Luis Varela Lagunas (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA A LA COMISIÓN DE VIVIENDA, AL CONSEJO NACIONAL DE VIVIENDA
Y A LA COMISIÓN INTERSECRETARIAL DE VIVIENDA A OTORGAR FACILIDADES
A LAS PERSONAS CUYOS CRÉDITOS DE INTERÉS SOCIAL HAN SIDO
RECHAZADOS POR TENER REPORTES NEGATIVOS EN EL BURÓ DE CRÉDITO,
A CARGO DE LA DIPUTADA BEATRIZ MANRIQUE GUEVARA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PVEM
Beatriz Manrique Guevara, diputada a la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta la siguiente proposición con punto de acuerdo, con base en la siguiente
Exposición de Motivos
Las personas interesadas en adquirir una vivienda de interés social recurren, cuando tienen la posibilidad, al crédito que otorga el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit).
Ese instituto, a diferencia de otras instituciones y empresas hipotecarias, no considera dentro de sus requisitos el buen historial en buró de crédito. Esto se corroboró por medio del sistema de solicitudes de información. Con el documento de folio 20082686 se solicitó "la cifra o porcentaje de solicitantes de créditos del Infonavit que, en el último año o periodo, fueron rechazados por tener reporte negativo del buró de crédito".
La respuesta obtenida fue la siguiente:
El Infonavit no consulta el buró de crédito para otorgar un crédito, toda vez que el otorgamiento se basa en que el trabajador cumpla los requisitos de las Reglas de Otorgamiento de Créditos a los Trabajadores Derechohabientes del Infonavit.
También existen casos, cada vez más frecuentes, en que las personas no tienen acceso al crédito de Infonavit, o que el valor cubierto por el préstamo es insuficiente para completar el costo del inmueble de interés social que desean adquirir.
En estos casos, las personas recurren a créditos con inmobiliarias privadas o con las sociedades financieras de objeto limitado (Sofol).
Todas estas empresas señalan dentro de sus requisitos tener buen historial en el buró de crédito, es decir, ningún reporte negativo. Esto se puede corroborar en la página electrónica de las hipotecarias que funcionan como Sofol: SHF, Crédito y Casa, Banorte, entre otras.
El buró de crédito tiene registro de todos los préstamos adquiridos por personas y empresas en el país, por lo cual, sus reportes reflejan todos los compromisos pagados oportunamente y aquellos con retraso en su cumplimiento.
A pesar de que buró de crédito no considera que un reporte negativo implique "estar boletinado",1las personas que por cualquier razón obtienen un reporte negativo son rechazadas automáticamente cuando intentan solicitar cualquier otro préstamo.
La manera indiscriminada y masiva como se otorgan actualmente las tarjetas de crédito, ha provocado que muchos usuarios obtengan reportes negativos del buró de crédito, y eso dificulta su acceso a los créditos inmobiliarios, incluso para la compra de viviendas de interés social.
Por consiguiente, el endeudamiento de las familias mexicanas se ha convertido en un factor que limita el desarrollo del sector inmobiliario en nuestro país.
En los últimos dos años, numerosas familias se han visto afectadas por esta situación, y los directivos de las inmobiliarias también se encuentran preocupados por el lento crecimiento en el financiamiento a la vivienda.
La Comisión Nacional de Vivienda (Conavi), al opinar sobre la situación del buró de crédito, afirma que el endeudamiento de la gente, en primera instancia, sí limita el acceso a créditos hipotecarios; sin embargo, la demanda de vivienda sigue siendo muy grande, ya tener una casa es un tema de idiosincrasia y de anhelo patrimonial, por lo cual la cantidad de personas que desean una vivienda en México compensa al segmento que no puede acceder a un financiamiento.2
A pesar de que la Conavi expresa este punto de vista, sus objetivos institucionales señalan lo contrario:3
Impulsar la optimización y la eficiencia de los mecanismos de otorgamiento de créditos hipotecarios y administración de carteras de las instituciones de vivienda.
En consecuencia, la Conavi debe abordar urgentemente el tema de buró de crédito como parte de sus actividades para el cumplimiento integral del Programa Nacional de Vivienda.
Continuando con el marco legal de esta problemática, encontramos que la Ley de Vivienda señala:
II. Acordar inversiones y mecanismos de financiamiento y coordinación para ampliar la oferta habitacional; facilitar el crédito a toda la población; consolidar la producción social de vivienda y lograr una mayor transparencia y equidad en la asignación de los apoyos, estímulos y subsidios federales para la adquisición, construcción y mejoramiento de viviendas, particularmente los dirigidos a la población en situación de pobreza;
De manera que si la situación del Buró de crédito está afectando la transparencia y la equidad en la asignación de los créditos inmobiliarios, el asunto debe ser revisado por las secretarías, en el ámbito de su competencia.
Por su parte, el Consejo Nacional de Vivienda, de acuerdo con el artículo 28 de la Ley de Vivienda, "será la instancia de consulta y asesoría del Ejecutivo federal, que tendrá por objeto proponer medidas para la planeación, formulación, instrumentación, ejecución y seguimiento de la política nacional de vivienda". De esta manera, el consejo tiene la facultad de proponer medidas para el cumplimiento de la política nacional de vivienda, incluyendo el asunto del buró de crédito.
A partir del análisis de esta problemática, concluimos que es necesario otorgar mayores facilidades crediticias a las personas que desean adquirir vivienda de interés social.
Por otro lado, creemos necesario que el Infonavit promueva entre las empresas hipotecarias, la posibilidad de omitir la consulta al buró de crédito cuando el monto solicitado para vivienda de interés social sea igual o menor a 300 mil peso; lo anterior con la plena conciencia de que serán las hipotecarias quienes finalmente evaluarán esta sugerencia, y la ajustarán de acuerdo a las particularidades que cada caso requiera.
Estas medidas beneficiarán, por una parte, a las familias mexicanas que buscan un patrimonio propio; también permitirán un mayor crecimiento de la industria inmobiliaria nacional, y por último, favorecerán la transparencia y la equidad en la asignación de los créditos inmobiliarios, necesaria para cumplir con las funciones de la Comisión Intersecretarial de Vivienda y con el Plan Nacional de Vivienda.
En atención a lo anteriormente expuesto, la legisladora que suscribe, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en esta soberanía, somete a consideración de este honorable Pleno la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Primero. Se exhorta a la Comisión Nacional de Vivienda, al Consejo Nacional de Vivienda y a la Comisión Intersecretarial de Vivienda a buscar el otorgamiento de facilidades, en el ámbito de su competencia, para las personas cuyos créditos de interés social han sido rechazados por tener reportes negativos en el buró de crédito.
Segundo. Se exhorta al Infonavit a promover entre las empresas hipotecarias la posibilidad de omitir la consulta al Buró de crédito cuando el monto solicitado para un crédito de vivienda de interés social sea igual o menor a 300 mil pesos.
Notas
1. Página electrónica de buró de
crédito www.burodecredito.com.mx
2. Franco, Fernando. "Endeudamiento de familias limita
al sector inmobiliario". Periódico El Economista, 24 de marzo
de 2008. www.economista.com.mx/impreso/articulos/06256D5C00046629862574160000908C
3. Comisión Nacional de Vivienda. Información
institucional www.conafovi.gob.mx/que_es.html
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a 18 de septiembre de 2008.
Diputada Beatriz Manrique Guevara
CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE
QUE EN EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN DE
2009 SE CONSIDEREN RECURSOS PARA LA AGENCIA DE NOTICIAS DEL ESTADO MEXICANO,
A CARGO DE LA DIPUTADA ELSA DE GUADALUPE CONDE RODRÍGUEZ, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DE ALTERNATIVA
La suscrita, integrante del Grupo Parlamentario de Alternativa Socialdemócrata en la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Con fecha 2 de junio de 2006 fue promulgada la Ley que crea la Agencia de Noticias del Estado Mexicano (Notimex), como un organismo descentralizado de la administración pública federal, no sectorizado, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, así como de autonomía técnica y de gestión. Su objetivo es coadyuvar al ejercicio del derecho a la información mediante la prestación de servicios profesionales en materia de noticias al Estado mexicano y a cualquier otra persona, entidad u organismo público o privado, nacional o extranjero, con auténtica independencia editorial.
La creación de una agencia de noticias del Estado mexicano responde a la necesidad de materializar en una entidad específica el derecho a la información y el papel que debe llevar a cabo el Estado para garantizarlo. En tal sentido, debe ser tratada en justa concordancia con su papel como coadyuvante al ejercicio pleno de dicho derecho, constitucionalmente consagrado.
La tendencia respecto a la anterior Notimex fue otorgarle un presupuesto decreciente año con año a partir de 2000 y reducir su estructura y equipamiento. A partir del ejercicio de 2003, las transferencias del gobierno federal presentaron una tendencia descendiente de 30 por ciento en promedio por año.
En el periodo 2001-2005, los auditores externos señalaron que la entidad incurrió en pérdidas acumuladas que sobrepasaron su capital social por 467.4 millones de pesos, lo cual constituía una causal para disolver la sociedad. Dado ese contexto, las posibilidades que en la actualidad tiene la institución para cumplir sus objetivos y competir exitosamente con otras agencias son mínimas si no se propicia su fortalecimiento y se le otorgan recursos suficientes.
La agencia del Estado no es una continuación de la anterior Notimex. Por ello debe ser tratada en función de sus alcances como coadyuvante al ejercicio pleno del derecho a la información.
Parecería entonces un error pretender aplicar la misma fórmula a la agencia de Estado, ya que en los hechos sería condenarla de antemano al fracaso.
Conforme a lo anterior, para dar vida a la nueva entidad y estar en concordancia con el nuevo marco jurídico, es imperioso otorgarle el mayor número de recursos que le permitan cumplir con calidad y eficiencia su objetivo.
Con mayores recursos, Notimex busca convertirse en la primera agencia de noticias en Latinoamérica y el mercado hispano de Estados Unidos y una de las más importantes en el ámbito internacional.
De contar con suficientes recursos y con finanzas sanas podrá desarrollar nuevos productos y servicios informativos, y una nueva estructura organizativa y funcional. Además, estará en posibilidad de renovar su infraestructura tecnológica para no quedar fuera del mercado informativo caracterizado por los avances de la tecnología.
La inversión necesaria para llevar a cabo un proyecto que consolide la operación efectiva de la agencia es de alrededor de 470 millones de pesos: 300 millones para formar la nueva estructura organizativa y funcional, 100 millones para renovar la infraestructura tecnológica y 70 millones para adecuar las nuevas instalaciones de la agencia.
De otorgarse ese recurso, los planes de la entidad estarán encaminados a conseguir en el mediano plazo a generar recursos suficientes para que su subsistencia dependa cada vez menos del erario. Se habla en consecuencia de un proyecto que pretende ser sustentable, a fin de garantizar la permanencia de una agencia de Estado que coadyuve efectivamente a salvaguardar el derecho a la información.
Con todo ello, Notimex tendría potencial para generar un nuevo modelo de comunicación pública y ser herramienta fundamental para la consolidación de la democracia en el país.
Compañeros legisladores: Notimex es una agencia que durante 40 años ha sido emblemática del quehacer periodístico en el país, y hoy tiene la gran encomienda de coadyuvar a garantizar el derecho a la información de los ciudadanos y mejorar la imagen de México ante el mundo.
Por lo expuesto, y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a considerar en la propuesta de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2009 otorgar recursos por 470 millones de pesos a la Agencia de Noticias el Estado Mexicano, Notimex.
Ciudad de México, a 18 de septiembre de 2008.
Diputada Elsa de Guadalupe Conde Rodríguez (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA A LA SENER A COORDINAR LOS TRABAJOS PARA REALIZAR UN ACUERDO
REGIONAL ENTRE PEMEX, ORGANISMOS SUBSIDIARIOS DE ESA PARAESTATAL Y CONTRATISTAS
CON LOS ESTADOS Y LOS MUNICIPIOS QUE FORMAN LA CUENCA DE BURGOS, SUSCRITA
POR INTEGRANTES DE LA COMISIÓN ESPECIAL DE LA CUENCA DE BURGOS
Los integrantes de la Comisión Especial de la Cuenca de Burgos, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a la consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, al tenor de los siguientes
Antecedentes
La Comisión Especial de la Cuenca de Burgos realizó cuatro giras por los tres estados y los municipios que comprenden la cuenca de Burgos. Ha efectuado tres foros estatales Desarrollo de la región cuenca de Burgos, cuyos principales objetivos fueron
2. Colocar en la agenda legislativa los problemas, desafíos y soluciones que perciben los actores en las políticas en materia energética, en las políticas para el desarrollo de la cuenca de Burgos, además de generar vínculos con otros organismos, instituciones y ciudadanos interesados en intervenir en dichas políticas.
A partir de las consideraciones vertidas por los actores de los tres estados que comprende la cuenca de Burgos, los integrantes de la comisión nos dimos a la tarea de elaborar el presente punto de acuerdo, que pretende reflejar de la manera más precisa posible las aportaciones hechas en los foros mencionados.
Exposición de Motivos
El término desarrollo sugiere la capacidad que tienen las sociedades modernas para crecer en todos los sentidos. Desde el punto de vista social, desarrollo puede concebirse como el "proceso permanente de mejoría en los niveles de bienestar social, alcanzado a partir de una equitativa distribución del ingreso y la erradicación de la pobreza, observándose índices crecientes de mejoría en la alimentación, educación, salud, vivienda, ambiente y procuración de justicia en la población".
Si se hace hincapié en el aspecto regional, desarrollo puede entenderse como "el proceso de cambio sostenido, que tiene como finalidad el progreso permanente de la región, de la comunidad regional como un todo y de cada individuo residente en ella". Este concepto se considera en dos vertientes: a) subordinado al contexto nacional; y b) independiente de ese contexto.
En el primer caso, el desarrollo regional es un proceso de desarrollo nacional a escala regional (subnacional), que abarca las características económicas, sociales y físicas del cambio en una zona durante un determinado periodo, identificándose los siguientes objetivos en su consecución: a) un nivel adecuado y creciente de eficiencia basado en la incorporación orgánica de los recursos naturales y humanos, y en un manejo estratégico del espacio económico y social; b) una distribución territorial adecuada de los esfuerzos y beneficios del desarrollo, en busca de la eliminación de los contrastes regionales adversos; c) relaciones interregionales, orgánicas y justas; d) condiciones reales de desarrollo interior autosostenido y creciente; e) una ocupación y un desarrollo metódico para orientar y facilitar el desarrollo de los asentamientos humanos y de la vida en comunidad; y f) la incorporación sistematizada de la iniciativa y de la participación popular y local.
En la segunda vertiente, el desarrollo regional se concibe como a) un aumento del bienestar en la región expresado en indicadores como el ingreso por habitante, su distribución entre la población, la disponibilidad de servicios sociales y la adecuación de sus normas legales y administrativas; y b) procesos de transformación económica y social que comprenden crecimiento del producto per cápita, cambio de las estructuras productivas y modernización de la sociedad en su conjunto. Entre otras cosas, se manifiesta a través del equilibrio entre las regiones.
Recientemente, con la visión de que la generación de riqueza no es un fin en sí mismo, en las regiones también se trata de privilegiar el impulso del desarrollo sustentable, definido como el que satisface las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer la supervivencia de las futuras, como el desarrollo humano, el cual se concibe como el "proceso conducente a la ampliación de las opciones de las personas en todas las esferas".
Desde esta perspectiva, el desarrollo carece de sentido si repercute negativamente en el ambiente y los recursos naturales, y si no se refleja en las capacidades humanas y en su ampliación permanente, lo cual implica que las personas aumenten su productividad, participen en el proceso de generación de ingresos y en el empleo remunerado; que tengan acceso equitativo a las oportunidades para que puedan beneficiarse de ellas; protejan las oportunidades de vida de las generaciones futuras; y promuevan el respeto de los ecosistemas.
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en el artículo 25 que concierne al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable, y que fortalezca la soberanía de la nación y su régimen democrático. Asimismo, el artículo 27 establece que la nación tiene en todo tiempo el derecho a regular en beneficio social el aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiación, con objeto de hacer una distribución equitativa de la riqueza pública, cuidar de su conservación, lograr el desarrollo equilibrado del país y el mejoramiento de las condiciones de vida de la población rural y urbana, señalando este precepto constitucional que se dictarán las medidas necesarias para establecer adecuadas provisiones, usos, reservas y destinos de tierras, aguas y bosques, a efecto de ejecutar obras públicas y de planear y regular la fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población, para preservar y restaurar el equilibrio ecológico, entre otros aspectos.
Pemex es una empresa estatal cuyo propósito estriba en maximizar el valor económico de los hidrocarburos y sus derivados para contribuir al desarrollo sustentable del país.
Para efectos de manejo administrativo, la empresa considera como base la extensión de las zonas de exploración, por lo que divide el territorio nacional en cuatro regiones.
Cada región se subdivide a su vez en "activos", que corresponden a ciudades, municipios o regiones. Los activos no pueden ser definidos en la división política estatal ni por regiones naturales. Cada activo está formado por fracciones territoriales de uno o más estados, y obedece al conjunto de actividades de exploración y producción.
La región noreste es una pieza clave para el desarrollo socioeconómico de México.
En términos de sustentabilidad, lo deseable es el desarrollo de una política institucional que estimule la permanencia de condiciones económicas, ecológicas y sociales, de cuyo equilibrio se fomente la relación armónica entre los diferentes sectores sociales. De hecho, estas condiciones son necesarias no sólo en el ámbito nacional sino también en el internacional, tanto en los convenios comerciales como en los acuerdos suscritos al amparo de la Organización de las Naciones Unidas; un ejemplo de ello es el Tratado de Kyoto.
La necesidad de impulsar el desarrollo social deriva de las graves contradicciones socioeconómicas que enfrenta la población en materia de ingreso, vivienda, servicios públicos básicos, desarrollo urbano-rural y humano, fundamentalmente.
El proyecto Burgos representa una oportunidad de desarrollo regional para los estados que lo forman y un gran reto para la administración, por lo que es imperativo realizar diagnósticos socioeconómicos, ambientales y culturales de los municipios afectados por el proyecto, con la finalidad utilizar los resultados en el diseño de políticas públicas acertadas que generen desarrollo regional y, a su vez, disminuyan las repercusiones negativas actuales del área involucrada.
Al establecer el acuerdo marco se fomentarían esquemas de cooperación y colaboración en donde participen los estados y los municipios de la región de Burgos con Pemex, a fin de atender las situaciones que se han presentado por la dinámica de la región, además por las expresiones sociales inherentes a la operación de la paraestatal, por los requerimientos de infraestructura, por el desequilibrio ecológico, la carencia de equipamiento urbano y rural, y la falta de calidad en los servicios públicos proporcionados.
Se requiere que el mencionado acuerdo marco conjugue las necesidades de crecimiento y expansión de la industria petrolera en la cuenca de Burgos con las expectativas de desarrollo sustentable de toda región, protegiendo el ambiente.
El hecho de que Pemex y organismos subsidiarios reiteren su compromiso de establecer una relación institucional y productiva en la cuenca de Burgos a través del acuerdo marco derivaría en mejores condiciones de vida y de bienestar, seguridad y prosperidad, promoviendo y apoyando el desarrollo integral de toda la zona.
Debido a la importancia estratégica nacional que tiene Pemex respecto a sus trabajos de exploración, producción, transporte, distribución, almacenamiento, comercialización que realiza en la cuenca, requiere mantener un enlace directo con los gobiernos estatales y los municipios de la cuenca de Burgos, para cumplir sus objetivos y coadyuvar a fortalecer el desarrollo integral de la región.
Institucionalizar la relación de los estados y los municipios de la cuenca de Burgos con la paraestatal por medio de un acuerdo marco contribuiría a una mejor planeación estratégica entre los diferentes niveles de gobierno, donde se requiere solucionar los obstáculos del desarrollo integral, como el desconocimiento sobre la localización de las instalaciones de Pemex, las invasiones de particulares a los derechos de vía, la falta de comunicación por la paraestatal en el uso de vialidades, la falta de comunicación sobre inversiones y mano de obra por utilizar y sobre los montos de los insumos de materiales, mano de obra y equipo que se ejecutan por el organismo, los estudios de impacto ambiental, los requerimientos de agua y drenaje de sus instalaciones, el acceso a la información geológica y geofísica sobre la utilización de pozos para la obtención de agua, contar con la relación de proveedores y contratistas de Pemex, participar en labores contra incendios, las donaciones sobre tubería, casetas de vigilancia y materiales de desecho.
Por todo lo anterior, la Comisión Especial de la Cuenca de Burgos propone al Pleno de la Cámara de Diputados el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta a la Secretaría de Energía a coordinar los trabajos para la realización y firma de un acuerdo marco de carácter regional entre Pemex, organismos subsidiarios y contratistas con los estados y los municipios que comprenden la cuenca de Burgos a través del cual se implanten mecanismos tendentes a definir, integrar y ejecutar programas, obras y acciones en el corto y largo plazos en materia de
• Protección ambiental y restauración ecológica.
• Desarrollo social.
• Fomento de la inversión y del empleo.
• Desarrollo económico de la región.
• Atención de reclamaciones derivadas de afectaciones
sobre la actividad de Pemex.
• En procedimientos sobre la programación, ejecución,
seguimiento y evaluación en la operación de Pemex.
La Comisión Especial de la Cuenca de Burgos
Diputados: Miguel Ángel
González Salum (rúbrica), presidente; Rolando Rivero Rivero
(rúbrica), Pedro Landero López (rúbrica), Ana María
Ramírez Cerda (rúbrica), secretarios; Beatriz Collado Lara
(rúbrica), Jesús de León Tello, Raúl García
Vivián (rúbrica), José Martín López
Cisneros, Luis Alonso Mejía García, Sonia Nohelia Ibarra
Franquez (rúbrica), Odilón Romero Gutiérrez (rúbrica),
Miguel Ángel Solares Chávez (rúbrica), Gustavo Fernando
Caballero Camargo (rúbrica), Jericó Abramo Masso (rúbrica),
Robinson Uscanga Cruz (rúbrica).
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A INSTITUIR Y CELEBRAR EL DÍA NACIONAL
DEL NIÑO POR NACER, A CARGO DEL DIPUTADO LEONARDO MAGALLÓN
ARCEO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el suscrito diputado federal, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LX Legislatura, Leonardo Magallón Arceo, presenta ante esta honorable Cámara de Diputados el siguiente punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo y a la Secretaría de Gobernación a instituir y celebrar el Día Nacional del Niño por Nacer, con base en las siguientes:
Consideraciones
El tema que hoy presento es fundamental, porque es momento de refrendar nuestro compromiso por hacer respetar los derechos humanos de los niños aun los que están en el vientre materno y de reiterar nuestra disposición de colaborar en la celebración del "día del niño por nacer" es de primordial importancia, justicia y patriotismo el que todos nos sumemos a esta celebración, por el respeto por la vida como derecho humano fundamental, sin el cual es imposible exigir el respeto a todos los demás derechos humanos, el nacionalismo en razón de que todos los seres humanos somos contingentes y la nación a futuro requiere de nuevos mexicanos que le den viabilidad existencial a la patria y la salvaguarda de la soberanía que sin mexicanos o con una gran cantidad de ancianos , pocos jóvenes y niños, será presa fácil de los intereses de otros estados ya que no habrá ó habrá pocos compatriotas la mayoría ancianos, para su defensa; además de que todos los niños que en el país se les impide nacer, son mexicanos, y gozan de la protección constitucional de su derecho a la vida; sobre todo aquellos que se les priva de la vida por el simple gusto de imponer la ley del más fuerte, la ley de ese que siente que su poder, sus bienes o sus posiciones le pueden ser disputados por las inocentes y débiles criaturas que están por nacer; de esos modernos Herodes que violentando toda justicia y derecho, usan de su fuerza para matar a los más débiles.
Es por ello que, asumiendo la representación de los que no pueden hablar ni defenderse, por la etapa de vida en que se encuentran, es de sobrevivencia nacional, el que toda persona que se manifieste demócrata, respetuoso de la ley y de la pluralidad ideológica, se sume a esta celebración de los "niños por nacer", celebración que no es exclusiva de algún sector, partido o institución, es de todos aquellos preocupados por vivir en un mundo justo, y sobre todo, respetuoso de los derechos humanos.
Hay que tomar conciencia de lo que está pasando en los países europeos, que están siendo invadidos por poblaciones en crecimiento como son los pueblos árabes y musulmanes en general, los pueblos de Asia (del centro y sudeste asiáticos) y por comunidades de Latinoamérica; mientras que la población nativa de Europa se está avejentando y en un futuro no muy lejano los países europeos pueden desaparecer o quedar en manos de personas de origen extranjero y los pocos ancianos que queden, serían sus servidores, en un atentado real y verdadero contra la soberanía de esas naciones que quedarían a expensas de quienes pudieran hacerse del poder. Esto no lo queremos para nuestra patria, ni queremos poner en riesgo nuestra soberanía.
Por estas razones es importante celebrar al "niño por nacer", porque es necesario preservar nuestra comunidad y mantener una política poblacional sana, porque debemos estar trabajando para México y no para que el fruto de nuestros esfuerzos beneficie a otras naciones; cuando ya no haya mexicanos con el vigor necesario para defender el patrimonio nacional, para no hacerle el juego a los países poderosos que pugnan por controlar a los países en desarrollo y crecimiento, es a esas naciones a las que beneficia una política poblacional que aniquile a la población, quieren nuestros recursos y así los van a obtener.
Por ello resulta necesario celebrar dicho día, ya que implica reconocer a la etapa anterior al nacimiento como una vida humana en plenitud y en igualdad de derechos con el ser humano ya nacido. No es posible que esté penalizado el consumo de huevos de tortuga, reconociendo que en el huevo hay una tortuga y no otra cosa y no se reconozca a una vida humana en el vientre materno.
El "Día del niño por nacer" es fundamental por su valor simbólico, ya que, abrogarse el derecho de eliminar a un niño en el vientre materno, es sumamente arbitrario y deja un inmenso espacio para la violación de los derechos humanos y la alteración de la paz social y de conciencia, abre la puerta de la violencia sobre la persona y es preámbulo de dictadura.
Una de tantas labores que nos corresponde como legisladores es responder a los grandes desafíos de México. El mayor bien que puede gozar el hombre es una vida saludable y el Estado tiene precisamente como tarea primordial la tutela de la vida humana.
La Declaración Universal de los Derecho Humanos en su artículo 3 dice: "Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona".
Derechos que no respetamos al permitir el aborto, dando lugar a la matanza de seres humanos que en primer término depende de otro ser para poder formarse y alimentarse; en segundo término, al quitarle la seguridad de la que necesita, por ser un humano que aún no se vale por si mismo y que necesita de otro para su protección, pero primordialmente su libertad al no dejar que elija si desea o no vivir.
Por otra parte, la Convención sobre los Derechos de los Niños, proclama la necesidad de proporcionar al niño una protección especial enunciada en la Declaración de Ginebra de 1924 sobre los Derechos del Niño y en la Declaración de los Derechos del Niño adoptada por la Asamblea General y reconocida en el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y en los instrumentos pertinentes de los organismos especializados y de las organizaciones internacionales que se interesan en el bienestar del niño.
El niño en su etapa prenatal presenta un grado de fragilidad e indefensión de tal magnitud, que merece y debe ser especialmente protegido. Como bien se expone en la Convención, esto no es una cuestión de ideología, ni de religión, sino de la propia naturaleza humana.
El Senado de la República el 21 de septiembre de 1990, encolumnado detrás de este compromiso y en pleno cumplimiento de lo normado por la Constitución, se adhirió y ratificó la "Convención de los Derechos del Niño", y en atención a dicha convención, el 29 de mayo del 2000 entra en vigor la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
Dicha ley, en su artículo 5 establece: La federación, el Distrito Federal, los estados y los municipios, procurarán implantar los mecanismos necesarios para impulsar una cultura de protección de los derechos de la infancia, basada en el contenido de la Convención sobre los Derechos del Niño y tratados que sobre el tema apruebe el Senado de la República.
De igual manera la ley en comento, en su artículo 15 dispone lo siguiente: Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la vida. Se garantizará en la máxima medida posible su supervivencia y su desarrollo.
Asimismo, el artículo 6 de la Convención de los Derechos del Niño establece:
Los Estados Parte reconocen que todo niño tiene derecho intrínseco a la vida.
Los Estados Parte garantizarán en la máxima medida posible la supervivencia y el desarrollo del niño.
De la simple lectura de los artículos antes mencionados, claramente se desprende que tenemos que reconocer el derecho intrínseco a la vida de todo niño desde su concepción, es decir, del "Niño por Nacer". Impulsándonos así a la aprobación de la presente proposición, ya que se destaca al ser humano por nacer y, consecuentemente, el respeto que su vida merece.
A su vez, en el inciso 1 del artículo 3 de la convención, se deja establecido que: "En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño." Por lo tanto, como órgano legislativo, nos encontramos obligados a atender al interés superior del niño. Por ello, celebrar el Día del Niño por Nacer es congruente con ésta obligación. Continuando con esta línea expositiva, vemos que la Constitución en su artículo 4 en su segundo párrafo dispone la protección de la organización y el desarrollo de la familia. Una madre con un hijo en su seno es ya una familia que merece la protección integral dispuesta por nuestra norma fundamental. El niño por nacer es el fruto y efecto de la vida familiar que como legisladores tenemos la obligación de proteger.
También, en el artículo 1o. de la Constitución se establece en su primer párrafo:
"En los Estados Unidos Mexicanos todo individuo gozará de las garantías que otorga esta Constitución, las cuales no podrán restringirse ni suspenderse, sino en los casos y con las condiciones que ella misma establece." Como se puede apreciar el derecho a la vida se encuentra implícitamente reconocido dentro de lo dispuesto por este artículo, ya que sobre el descansan todos los demás derechos. Por lo tanto, debemos velar por la realización de dicho derecho desde la concepción de la vida misma, es decir, proteger los derechos del niño por nacer. Celebrar su día es una manera de protegerlos.
El reconocimiento y la garantía del ejercicio del derecho a la vida, son exigencias axiológicas del hombre que están por sobre cualquier régimen político, sin importar que orientación tenga. La vida es un don, un bien, una realidad concreta.
Hoy en día, países como Argentina, Chile, Cuba, Nicaragua, Uruguay, España, Paraguay, Perú Guatemala, El Salvador, República Dominicana, Ecuador, Filipinas, Costa Rica y Brasil han declarado el "Día del niño por nacer" y por congruencia y unidad con los pueblos iberoamericanos, se propone que la celebración sea el 25 de marzo, fecha en que lo celebran la mayoría de los países de América Latina.
Este homenaje que se hace a los niños no nacidos, nos invita a reflexionar sobre el importante papel que representa la mujer embarazada en el destino de la humanidad, y el valor de la vida humana que porta en su seno.
Por último, vale la pena recordar aquí, a la venerable oradora Gonxha Agnes que al recibir el premio Nobel de la Paz declaró y responsabilizó a las comunidades políticas acerca de que "El aborto mata la armonía del mundo, siendo así, el peor enemigo de la paz, porque si una madre es capaz de destruir a su propio hijo, ¿Qué nos impide matarnos entre nosotros?, Ya no queda ningún impedimento.
Por todo lo anteriormente vertido, y en el ámbito de la competencia del Ejecutivo federal y de la Secretaría de Gobernación, me permito presentar ante esta honorable la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Por el que la Cámara de Diputados exhorta al Ejecutivo federal a instituir y celebrar el Día del niño por nacer, el 25 de marzo de cada año. (Fecha en que lo celebran la mayoría de los países de América Latina)
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de septiembre de 2008.
Diputado Leonardo Magallón Arceo (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA AL GOBIERNO Y A LA PGJ DE OAXACA A INVESTIGAR LA AGRESIÓN
FÍSICA QUE SUFRIERON AUTORIDADES DE ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ
EL 30 DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO, A CARGO DEL DIPUTADO OTHÓN
CUEVAS CÓRDOVA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
El suscrito, diputado integrante del Grupo Parlamentario del PRD en la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
El sábado 30 de agosto del presente año, agentes de la Policía Federal Preventiva (PFP) y personal de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) se presentaron en una radiodifusora comercial que operaba sin permiso de las autoridades federales en la frecuencia modulada 102.5 en Zimatlán de Álvarez, Oaxaca, e interrumpieron la señal.
Ante ese hecho, un grupo de personas de la misma población, identificadas con el Partido Revolucionario Institucional (PRI), culpó a la autoridad municipal de haber llevado a cabo dicho acto en la radio. Ese razonamiento es totalmente infundado por ser el Ejecutivo federal el responsable de otorgar y suspender acciones de ese tipo.
Por el señalamiento que equivocadamente se hizo a la autoridad municipal, los inconformes formularon un llamado a la población a través de la frecuencia de la estación comercial La Triunfadora para detener la interrupción por agentes de la PFP y personal de la Cofetel.
Después de la operación realizada por autoridades federales en el local que ocupaba la radio, los simpatizantes del PRI se dirigieron al palacio municipal para encarar a la autoridad de la población.
En el inmueble que aloja a la autoridad local, concretamente en la sala de juntas, se realizaba una asamblea del Consejo Municipal de Desarrollo Sustentable, desde las 10:00 horas, con agentes municipales, presidentes de los comités de barrios, directores de escuelas y público en general, para la entrega, recepción y evaluación del Plan de Desarrollo Sustentable del municipio.
Aproximadamente a las 13:00 horas, el grupo de inconformes llegó a la sede municipal, ante lo cual el ingeniero Felipe Florean Méndez, presidente municipal, salió a recibirlos para escuchar sus reclamos y dialogar sobre lo acontecido, en compañía del síndico local.
Pero esas autoridades fueron recibidas por los inconformes con insultos, amenazas y golpes, resultando herido el presidente y el síndico municipal, además del secretario particular de este último, y algunos civiles que en ese momento se encontraban en el lugar. Ante la situación, empleados municipales lograron rescatar a los funcionarios. Por ello, los manifestantes procedieron a plantarse en la entrada del edificio, por lo cual mantuvieron retenidos y privados ilegalmente de la libertad a funcionarios, empleados y demás personas por espacio de dos horas.
Después de ese lapso, los manifestantes se retiraron, al momento que llegaban el delegado de Gobierno del estado, Érick Pérez Ruiz, y el subdelegado de Gobierno, Alberto Rebollar López, quienes cobijaron y encubrieron la huida de los agresores.
Tras la liberación del recinto por los inconformes, las autoridades municipales se trasladaron a la Procuraduría General de Justicia del Estado para declarar sobre los actos delictivos y levantar la denuncia correspondiente, la cual quedó asentada en la averiguación previa número 113/FM/2008.
Ante ese tipo de actos, que sólo provocan una espiral de violencia en las comunidades y dan muestra de la ingobernabilidad y de la incapacidad del gobierno del estado, en mi calidad de diputado federal –y por lo expuesto– someto a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al Poder Ejecutivo del estado de Oaxaca y, en particular, a la Procuraduría de Justicia de la entidad a investigar con celeridad y castigar a los responsables de la agresión física que sufrieron autoridades de Zimatlán de Álvarez, Oaxaca, el 30 de agosto del presente año por simpatizantes del Partido Revolucionario Institucional, lo cual consta en la averiguación previa número 113/FM/2008.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de septiembre de 2008.
Diputado Othón Cuevas Córdova (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A LIBERAR RECURSOS DEL FONDEN PARA ATENDER
A AHOME, SINALOA, AFECTADO POR LAS INTENSAS LLUVIAS, A CARGO DEL DIPUTADO
GERARDO VARGAS LANDEROS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 74, fracción IV, y 77, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el suscrito, diputado federal por el estado de Sinaloa, licenciado Gerardo Vargas Landeros, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, somete a consideración de esta honorable asamblea el presente punto de acuerdo por el que se exhorta al gobierno federal a instruir para que el Fondo de Desastres Naturales (Fonden) libere los recursos necesarios y atienda, con prontitud y eficiencia, las zonas afectadas por las lluvias en el municipio de Ahome, Sinaloa, previa la declaración de emergencia respectiva.
Consideraciones
En el estado de Sinaloa se han venido presentando precipitaciones pluviales intensas que han azotado a diversas zonas de la entidad, afectando de manera grave a muchos municipios, pero especialmente a Ahome, Sinaloa, donde el pasado jueves 11 de septiembre 2008 las lluvias torrenciales ocasionaron fuertes daños en viviendas, infraestructura carretera.
Sabemos que esta soberanía emitió la Ley General de Protección Civil, que prevé la conformación de un fondo para apoyar a quienes se han visto afectados por este tipo de desastres naturales.
A ese fondo, cada año esta soberanía le asigna en el Presupuesto de Egresos de la Federación una partida que tiene como finalidad precisamente ayudar a todos los habitantes de nuestro país que se han visto afectados por desastres naturales, como el que se refiere en el punto anterior, por lo cual solicitamos al gobierno federal, que administra el Fonden, la liberación inmediata de recursos para resolver los problemas que se derivaron del fenómeno meteorológico.
Las lluvias, según datos de protección civil y de la Comisión Nacional del Agua, llegaron hasta 307 milímetros, lo que representa una precipitación record en la zona.
Debido a la emergencia señalada, debido a ese desastre natural fueron evacuadas de la zona más de 3 mil personas, que han perdido gran parte de su patrimonio, conformado a lo largo de muchos años de esfuerzos. Se calcula que los daños sufridos sólo en el municipio de Ahome, que fue el más afectado, hacienden a 100 millones de pesos aproximadamente.
Por lo anteriormente expuesto y atendiendo a la obligación que tenemos todos quienes ostentamos un cargo de representación popular de responder de manera inmediata a las necesidades de nuestros representados, solicito al gobierno federal la declaración inmediata como zona de desastre del municipio de Ahome y la aplicación urgente de los recursos del Fondo de Desastres Naturales, por lo que someto a consideración de esta soberanía el presente
Punto de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados solicita al gobierno federal la declaración inmediata como zona de desastre del municipio de Ahome, Sinaloa.
Segundo. Se exhorta al gobierno federal a liberar los recursos necesarios del Fondo de Desastres Naturales y atender, de manera inmediata y con eficiencia, las zonas afectadas por las lluvias en el municipio de Ahome, Sinaloa.
Tercero. Se solicita a la Mesa Directiva de esta honorable Cámara de Diputados que el presente punto de acuerdo sea considerado de urgente y obvia resolución.
Dado en el salón de plenos del Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de septiembre de 2008.
Diputado Gerardo Vargas Landeros (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A REVISAR MEDIANTE LA SCT LA INOPERATIVIDAD
DE LA LÍNEA FÉRREA SÁNCHEZ-OAXACA Y A REVOCAR LA CONCESIÓN
DE FERROMEX, A CARGO DEL DIPUTADO JOSÉ LUIS VARELA LAGUNAS, DEL
GRUPO PARLAMENTARIO DE CONVERGENCIA
El suscrito, José Luis Varela Lagunas, diputado federal integrante del Grupo Parlamentario de Convergencia de la LX Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta honorable asamblea proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y al gobierno federal a revisar la inoperatividad de la línea férrea Sánchez-Oaxaca y, de esa forma, revocar la concesión otorgada a la empresa Ferromex, al tenor de las siguientes
Consideraciones
El diseño estratégico de la apertura a la inversión privada del sistema ferroviario nacional incluyó, por una parte, un esquema de segmentación regional con tres ferrocarriles: a) Ferrocarril del Noroeste, hoy Kansas City Southern México; b) Ferrocarril del Pacífico Norte, hoy Ferromex; y c) Ferrocarril del Sur, hoy Ferrosur. Por la otra, un conjunto de "líneas cortas", entre las que pueden citarse línea Coahuila-Durango, ferrocarril Chiapas-Mayab, ferrocarril Chihuahua-Pacífico, ferrocarril del Istmo de Tehuantepec y línea Sur-Oaxaca.
Por cada una de esas unidades de negocio, el gobierno federal otorgó los respectivos títulos de concesión. Para el caso de los tres ferrocarriles troncales, las concesiones son por 50 años, prorrogables por otro periodo igual. Las concesiones se otorgaron exclusivamente para el servicio público de carga. En el caso de las "líneas cortas", el esquema de concesión es de 30 años, prorrogable por un periodo igual. Algunas diferencias entre las "líneas cortas" se refieren a que en los casos del ferrocarril Chihuahua-Pacífico y de la línea Sur-Oaxaca, las respectivas concesiones incluyen tanto el servicio público de carga como el de pasajeros. Adicionalmente, para el caso del ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, la concesión fue para una empresa paraestatal del gobierno federal.
Las concesiones otorgadas se dieron a través de licitación pública internacional, que se fueron para los tres ferrocarriles troncales. Posteriormente, fueron saliendo los correspondientes a las "líneas cortas".
En el caso específico de la "línea corta" Sur-Oaxaca, esta unidad de negocios cubre rutas de los estados de México, Morelos, Oaxaca y Puebla, y conecta con la terminal ferroviaria del valle de México. Como se mencionó, este ferrocarril tiene concesión para brindar servicios de pasajeros y de carga. En la secuencia de concesiones, esta línea fue la última en obtener ese título de concesión. De hecho, la SCT realizó varios intentos, mediante procesos de licitación pública, pero no resultaron exitosos; incluso, al menos uno tuvo que ser declarado desierto.
No obstante, durante ese lapso, la SCT, conforme a lo establecido en la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario, impulsó modalidades de servicio, a fin de que se continuaran proporcionando servicios, incluso pagado, a manera de subsidio por dichos servicios. Ferrosur era la empresa que en la modalidad impuesta por esa secretearía brindaba servicios.
En 2004 se llevó a cabo otro proceso de licitación pública para concesionar esta línea. La empresa ganadora, sin embargo, no pudo cumplir los términos de su oferta, por lo que la SCT finalmente la otorgó a Ferrosur. Así, la concesionaria inició operaciones fundamentalmente dando el servicio público de carga. Es importante destacar que después de algunos años de desatención, en algunos tramos ya faltaban rieles y durmientes, producto de robos, y en otros, las condiciones mismas de la vía hacían necesarias labores de reparación y mantenimiento.
Al poco tiempo de que Ferrosur obtuvo la concesión de la línea Sur-Oaxaca, la empresa fue adquirida por Ferromex. Si bien este proceso de compra o fusión todavía presenta cuestionamientos legales por la Comisión Federal de Competencia, para todo efecto práctico, Ferrosur opera conforme a las directrices de Ferromex.
La situación operativa de la línea Sur-Oaxaca puede caracterizarse por lo siguiente: el concesionario sólo opera la línea parcialmente en algunos tramos, brindando el servicio de carga; no hay servicio de pasajeros; y la vía con destino a Oaxaca presenta mayores faltantes de rieles y durmientes.
Ante la situación, la SCT como autoridad reguladora ha buscado poner una solución y que el concesionario opere con respeto de lo establecido en el título de concesión. Sin embargo, no ha habido resultados positivos; de hecho, en fechas recientes el concesionario ha manifestado su intención a renunciar a la concesión. Frente a esta postura, la SCT inició conversaciones con el concesionario para concretar la revisión de la concesión. Empero, en estas circunstancias el concesionario ha modificado su postura, planteando a la autoridad quedarse con una parte de la concesión, la denominada "Sur", donde ha mantenido servicios de carga, y renunciar a la denominada "Oaxaca".
Conforme a información disponible, la postura de la SCT después de innumerables discusiones con el concesionario y de pronunciamientos del gobierno de Oaxaca e incluso de la Cámara de Diputados en el sentido de que el concesionario cumpla cabalmente lo establecido en el título de concesión y, por tanto, que reactive los servicios hacia esa entidad federativa, va en el sentido de cumplir todos los términos de la concesión o que se revierta la concesión en su totalidad.
En mérito de lo expuesto, con fundamento en las disposiciones legales citadas, someto a la consideración de esta soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y al gobierno federal a revisar la inoperatividad de la línea férrea Sánchez-Oaxaca y, de esa forma, revocar la concesión que se otorgó a la empresa Ferromex.
El cumplimiento de este punto de acuerdo será agradecido, con seguridad, por los oaxaqueños.
Se solicita al Pleno de la Cámara de Diputados que la presente proposición con punto de acuerdo se tramite de urgente resolución, con fundamento en los artículos 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
Dado en el Palacio Legislativo, a 18 de septiembre de 2008.
Diputado José Luis Varela Lagunas (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE
QUE EN EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN DE
2009 SE CONSIDEREN RECURSOS ADICIONALES PARA FOMENTAR EL PROGRAMA HIPOTECA
VERDE, A CARGO DE LA DIPUTADA BEATRIZ MANRIQUE GUEVARA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PVEM
Beatriz Manrique Guevara, diputada de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta la siguiente proposición con punto de acuerdo, con base en la siguiente:
Exposición de Motivos
Hipoteca Verde, es un tipo de crédito Infonavit, que cuenta con un monto adicional de hasta 16 mil pesos para la adquisición de vivienda ecológica. Los objetivos de este programa, de acuerdo con el Infonavit son:
• Probar mecanismos que estimulen a los diferentes agentes involucrados en este tema, especialmente a los desarrolladores y constructores y a los adquirientes para que las casas habitación contengan criterios de eficiencia energética.
• Determinar la viabilidad para certificar créditos de carbono como resultado del ahorro de energía eléctrica al ejecutar un programa a gran escala en este ámbito.
Los calentadores solares, sistemas refrigerantes, calefactores, dispositivos ahorradores de agua, lámparas fluorescentes, la arquitectura ecoeficiente y los equipamientos adicionales para estas viviendas ecológicas cuentan con aprobación del Instituto Nacional de Ecología (INE), Comisión Nacional del Agua (Conagua), Fideicomiso para el Ahorro de la Energía Eléctrica y la Comisión Nacional para el ahorro de Energía (Conae), quienes garantizan su calidad y durabilidad.
Con Hipoteca Verde se obtienen todos los beneficios de un Crédito Infonavit. Además, las viviendas ecológicas adquieren un mayor valor patrimonial en comparación con las viviendas tradicionales, ya que generan ahorros constantes en el consumo de los servicios básicos. Esto es especialmente importante durante la adquisición de la vivienda, ya que los ahorros mensuales, calculados en 546 pesos mensuales, facilitan el pago del crédito y favorecen la economía familiar. Cabe señalar que este crédito solamente es aplicable a viviendas ecológicas previamente registradas en el Infonavit, con un valor máximo de 559 mil 557.60 pesos, en cualquier parte de la república.
La vivienda es fuente de emisión de gases de efecto invernadero, lo cual ofrece oportunidades de mitigación de emisiones pero también de implementar medidas de adaptación al cambio climático. En consecuencia, Hipoteca Verde forma parte de la Estrategia Nacional contra el Cambio Climático, dentro del objetivo 10: Reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI). Se tiene calculado que con la aplicación de este programa, cada vivienda dejará de emitir entre 1.1 y 2.8 toneladas de CO2 anuales1.
En el año 2007 fue lanzado el proyecto piloto de Hipoteca Verde, involucrando a siete desarrolladores de vivienda en seis estados del país. Los resultados fueron exitosos y en marzo de 2008 se presentó formalmente el programa. A través del Sistema de Solicitudes de Información (Sisi), con el documento de folio 0063500040408 se solicitaron al Infonavit los avances, datos estadísticos y cumplimiento de metas del programa. La respuesta recibida se muestra más adelante en la tabla 1, la cual indica que a la fecha se han desarrollado mil 17 proyectos de vivienda ecológica, distribuidos en 10 entidades federativas y el Distrito Federal.
A pesar de estos avances, algunos obstáculos que aún enfrenta el programa, de acuerdo a los desarrolladores de vivienda, son la falta de estímulos para los registros de oferta en las instituciones de vivienda social y facilitación de los trámites con los municipios, para construir proyectos con estas características. Además, se requiere que Hipoteca Verde se dé a conocer en las otras 21 entidades federativas, para darle mayor difusión y que toda la gente conozca sus beneficios.
También es importante mencionar que, de acuerdo con el director general del Infonavit, Víctor Manuel Borrás, el instituto tiene la meta de que para el quinto año del sexenio, todos los créditos otorgados sean Hipotecas Verdes2. En consecuencia, para cumplir esta meta es urgente impulsar el programa por todos los medios, incluyendo una ampliación a los estados que aún no participan, así como una partida presupuestal adecuada.
En el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2008, encontramos que la gestión y fomento de Hipoteca Verde está contemplada en el Ramo 06 Hacienda y Crédito Público, en el Programa de Esquema de financiamiento y subsidio federal para vivienda, registrado con la clave S177, cuya unidad responsable es la Comisión Nacional de Vivienda.
Dicho programa presupuestal recibió la cantidad de 3 mil 42 millones 500 mil pesos en el PEF para 2008. Por tanto, estamos requiriendo que para el próximo ejercicio fiscal se dupliquen los recursos asignados, para que sean canalizados específicamente al fomento del programa Hipoteca Verde.
En atención a lo anteriormente expuesto, la legisladora que suscribe, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en esta soberanía, somete a consideración de este honorable Pleno la siguiente proposición con:
Punto de Acuerdo
Primero. Se exhorta a la Comisión de Vivienda de la Cámara de Diputados para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2009, en el ámbito de su competencia, destine un presupuesto de 6 mil 85 millones de pesos al Programa de esquema de financiamiento y subsidio federal para vivienda, dentro del Ramo 06 Hacienda y Crédito Público, para que los recursos adicionales sean canalizados al fomento del programa Hipoteca Verde.
Segundo. Se exhorta al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, así como a las entidades y dependencias del sector vivienda, para que, en el ámbito de su competencia, realicen la ampliación del programa Hipoteca Verde para que abarque las 32 entidades federativas de la república.
Notas
1. Datos del INE/Semarnat. 4 de marzo de 2008.
2. Notimex. 13 de diciembre de 2007.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a 18 de septiembre de 2008.
Diputada Beatriz Manrique Guevara (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE
QUE EN EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN DE
2009 SE CONSIDEREN RECURSOS PARA EL CULTIVO, EL CUIDADO Y LA PROMOCIÓN
DE LA LANGOSTA EN ROSARITO, BAJA CALIFORNIA, A CARGO DE LA DIPUTADA MIRNA
CECILIA RINCÓN VARGAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
La suscrita, diputada Mirna Cecilia Rincón Vargas, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, de la LX Legislatura, con fundamento en lo establecido en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable asamblea, el presente punto de acuerdo, bajo las siguientes
Consideraciones
"Dale un pescado a un hombre y comerá un día.
Enséñale a pescar y comerá toda su vida"
Proverbio chino
El municipio de Playas de Rosarito es uno de los principales municipios de Baja California, nace oficialmente el 29 de junio de 1995 por decreto del Congreso del estado.
El municipio actualmente cuenta con un total 67 mil 835 habitantes, teniendo una población económicamente activa de 20 mil 376 habitantes de los cuales el 53.72 por ciento del total de la población mayor de 12 años, la población económica mente inactiva asciende a 17 mil 295 los cuales representan el 45.60 por ciento de la población mayor de 12 años.
El municipio, tiene recursos naturales principalmente provenientes del mar, siendo una región que vive del turismo y de la pesca.
Por estas condiciones naturales, el municipio cuenta con lugares propios para el desarrollo turístico. Esta actividad se ha venido consolidando a lo largo de las últimas décadas. El turismo contribuye con el 34.4 por ciento aproximadamente de los ingresos que percibe el municipio.
El lugar también se caracteriza por el gran número de restaurantes que ofrecen una variedad de platillos de mariscos para deleitar todo paladar exigente, principalmente con el famoso platillo de langosta al estilo Puerto Nuevo, localizado a 18.5 kilómetros hacia el sur del centro de Rosarito a orillas de mar.
Éste no es un platillo cualquiera; acompañado con frijolitos recién hechos en casa y tortillas de harina bañadas en deliciosa mantequilla derretida y, claro con su langosta al sazón norteño que la acompaña, por sus características y sabor, se ha vuelto mundialmente reconocida y el sustento de gran cantidad de familias, las cuales obtienen sus ingresos por la venta de éstas.
Desafortunadamente, la pesca de la langosta esta siendo afectada, sobreexplotada y no están siendo respetadas las épocas de veda, lo cual ha alterado el equilibrio ecológico indispensable para su pleno desarrollo. Ha llegado a tal grado el problema que a los pescadores de la región les es cada vez mas difícil conseguir langostas de buen tamaño para su captura.
Esto, unido a la piratería, ha llevado a muchos dueños de restaurantes a importar del exterior langosta para su venta y, en el peor de los casos, cerrar sus negocios; muchos de los cuales han pasado de generación en generación y ahora se han visto desplazados por la necesidad de sobrevivir, y tener un sustento sólido, por el bienestar de la familia.
Los problemas de la ciudad de Playas de Rosarito se centran en dos partes:
2. En el proceso de la pesca existe la venta clandestina hacia compradores que incrementan la explotación de manera irracional.
La ruptura del equilibrio del ecosistema puede llevar a la desaparición de la langosta, y a su vez, a la pérdida de empleo de muchas familias de la región.
Además, debemos considerar que la vida de la langosta es muy precaria, y su supervivencia aún más. Una langosta madre pone alrededor de 10 mil huevos de los cuales sólo el 1 por ciento llega al estadio de prelarva, en su ciclo de vida. De aquí, viaja hacia el mar donde continua con su desarrollo y semanas más tarde será atraída por las olas marinas y la luz a un zona protegida de las corrientes de mar donde permanecerá al fondo hasta completar su madurez.
Justamente, en esta etapa es donde debido a la caza furtiva y sin regulación de la langosta, sufre un gran deterioro en su ciclo de vida, disminuyendo abrumadoramente la población.
Se ha llegado a creer que la tradicional langosta roja de Baja California no habita más en la zona de Puerto Nuevo y que su hábitat natural ha sido desplazado, truncando su ciclo de vida y dañando el ecosistema.
Sin embargo, es aquí donde la acuicultura toma su lugar con el propósito de apoyar y terminar con la explotación indiscriminada de los recursos naturales.
La acuicultura se define como la acción y rubro comercial productivo, en la crianza de recursos hidrobiológicos, en este caso la langosta, con el fin de reemplazar y mejorar las condiciones que estos organismos encuentran en ambientes normales.
Existen propuestas para la aplicación de la acuicultura en este problema, como lo es la captura y engorda de postlarvas de langosta. De esta forma interviniendo en el ciclo biológico de la langosta, pero sin interrumpirlo, con la finalidad de criar estas futuras langostas y llevarlas a su estadio adulto, donde podrán ser comercializadas debidamente sin afectar el ecosistema y además reintroducirlas a su medio natural y repoblar las costas con su tan distinguido habitante.
El objetivo es crear conciencia entre los pescadores de la zona para que lleven acabo la captura y engorda, así como la protección de la especie, generando fuentes de empleo y reactivando la economía de esta ciudad, para que no se pierda el platillo tradicional de Playas de Rosarito y mucho menos la belleza de este lugar y lograr, con sus recursos naturales debidamente protegidos, que la población sea beneficiada por igual, como un ejemplo de desarrollo regional nacional.
Por lo anterior, es indispensable generar proyectos que en primer lugar, mantengan y hagan crecer la langosta, por medio del cultivo o con diversas técnicas que permitan volver a tener el producto de manera ordenada.
Son estos proyectos, los que ponen la muestra y que los gobiernos en turno deben impulsar, como es el ejemplo del cultivo de la langosta, pero también es necesario generar un proyecto de desarrollo turístico integral que permita a los habitantes de esta zona el desarrollo económico y social que se merecen.
Por todo lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta honorable soberanía el siguiente:
Punto de Acuerdo
Primero. Se exhorta de manera respetuosa al gobierno de Baja California, para que considere dentro de su propuesta de presupuesto, una partida destinada al impulso, cultivo, cuidado y promoción de la langosta en el municipio de Playas de Rosarito.
Segundo. Se exhorta al gobierno federal, para que en coordinación con el gobierno de Baja California, trabajen en conjunto, con la finalidad de concretar un proyecto turístico acorde a la zona, que beneficie a la comunidad del municipio de Playas de Rosarito.
Palacio Legislativo, salón de sesiones, a 18 de septiembre de 2008.
Diputada Mirna Cecilia Rincón Vargas (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA AL GOBERNADOR DEL ESTADO DE MÉXICO A ATENDER LO ACORDADO
ENTRE SU ADMINISTRACIÓN Y EL AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS,
A CARGO DE LA DIPUTADA MARIBEL LUISA ALVA OLVERA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PRD
La suscrita, Maribel Luisa Alva Olvera, diputada federal en la LX Legislatura del Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 71, fracción II, y 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo para exhortar al gobernador del estado de México, Enrique Peña Nieto, a mantener un ambiente de diálogo responsable y contener a las fuerzas policiacas en la entidad, así como a atender y resolver las demandas acordadas entre su gobierno y el ayuntamiento de Ecatepec de Morelos.
Antecedentes
2. Para el ejercicio de 2007 aún falta cumplir la entrega de 36 mil 240 despensas. Para el de 2008 estaban programadas 54 mil 360, pero aún no se entregan.
3. En vista del retraso sistemático de la entrega de despensas, vitales para las familias más desprotegidas del municipio, los afectados decidieron acudir al palacio de gobierno, en Toluca, el 10 de septiembre del año en curso, en una manifestación pública y pacífica, para demandar al gobierno el cumplimiento de los acuerdos pactados.
Esta reacción desproporcionada del gobierno estatal no se justifica, toda vez que en esos momentos funcionarios del DIFEM, concretamente René Lugo, director de Enlace y Vinculación Regional, al mando de la directora, licenciada Laura Barrera Fortoul, y Azucena Cisneros Coss, directora del DIF municipal, acordaban plazos para la entrega de las despensas. La desproporción estriba no sólo en la incongruencia de dos acciones contradictorias sino en la utilización de más de 200 granaderos que arremetieron contra 200 manifestantes.
2. Ante la brutalidad de la acción represiva del gobernador se interpusieron las siguientes denuncias:
a) Ante la Comisión de Derechos Humanos, con el expediente número CDHEM/941/08;
b) Ante el Ministerio Público, con el expediente número TOL/ACO/I/1513/08; y
c) Ante la Mesa de Responsabilidades, con el expediente número TOL/DR/VII/1164/08.
3. No obstante lo anterior, el gobierno estatal desconoce sus acuerdos y manifiesta restringir la entrega de las despensas a la dotación de 2007 y eliminar las acordadas para 2008.
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta al gobernador del estado de México, Enrique Peña Nieto, a mantener un ambiente de diálogo responsable y contener a las fuerzas policiacas en la entidad, así como a atender y resolver las demandas acordadas previamente entre su gobierno y el ayuntamiento de Ecatepec de Morelos.
Dado en la sala de sesiones de la Cámara de Diputados, a 18 de septiembre de 2008.
Diputada Maribel Luisa Alva Olvera (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA A LA SEMARNAT A EJECUTAR LO ESTABLECIDO EN LA LEY GENERAL DEL
EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE, A CARGO
DEL DIPUTADO DIEGO COBO TERRAZAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PVEM
Diego Cobo Terrazas, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México a la Sexagésima Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a la consideración del Pleno, para su lectura y turno a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la siguiente proposición con punto de acuerdo.
El Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México somete a consideración del Pleno la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales a ejecutar lo establecido en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a 18 de septiembre de 2008.
Diputado Diego Cobo Terrazas (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A IMPLANTAR MEDIANTE LA STPS ACCIONES PARA
COMBATIR EL TRABAJO INFANTIL, A CARGO DE LA DIPUTADA HOLLY MATUS TOLEDO,
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
Holly Matus Toledo, integrante de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes
Consideraciones
La pobreza generada por el modelo económico ha orillado a millones de menores a incorporarse a actividades laborales para ayudar a sus familias. Sin embargo, no se puede tolerar ni aceptar que frente a situaciones de pobreza generada por la estructura política y socioeconómica del país, se utilice al trabajo infantil como remedio. Un gobierno que tolera y acepta tácitamente el trabajo infantil no vislumbra que éste no sólo perjudica la salud y bienestar de las y los niños, sino también impide y menoscaba cualquier posibilidad de desarrollo nacional.
En un comunicado conjunto del 12 de junio de 2008, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, señalaron que en el mundo 165 millones de niños de entre 5 y 14 años trabajan, y en América Latina la cifra es de 5.7 millones, la mitad de los cuales se encuentran en México. Así, el panorama mexicano es bastante desalentador.
Según cifras preliminares del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, obtenidas a través del Módulo de medición de trabajo infantil efectuado como parte de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, 2 de cada 100 niños y niñas de entre 5 y 9 años trabajan por necesidad económica, y 10 de cada 100 menores en el rango de 11 a 13 años. El primer lugar de las entidades con mayor número de niños, niñas y adolescentes que se emplean en diversas actividades económicas lo ocupa el estado de Veracruz con 340 mil 487 menores; seguido del estado de Chiapas, con 281 mil 11 y en último lugar se encuentra Baja California Sur con 9 mil 828.
Uno de los contextos en los que el trabajo infantil adquiere los matices más cruentos es el campo agrícola mexicano. Sin embargo, no existe información exacta ni fidedigna del número de niñas, niños y adolescentes que trabajan como jornaleros agrícolas. Según la Confederación Nacional Campesina, de los 6 millones de jornaleros agrícolas, el 27 por ciento son menores de entre 6 y 14 años los cuales trabajan en condiciones infrahumanas, se encuentran excluidos del sistema escolar oficial y al margen de cualquier protección laboral. Por su parte, la Secretaría de Educación Pública, a través del Programa Educación Preescolar y Primaria para Niñas y Niños Migrantes (PRONIM), ha evidenciado que alrededor de 500 mil niños de entre 3 y 14 años de edad laboran como jornaleros. Los principales estados de origen de estos migrantes son Guerrero, Oaxaca y Veracruz; y los principales estados de destino son Sinaloa, Baja California, Baja California Sur y Sonora. El 25% de los menores de 5 a 14 años hijos de jornaleros agrícolas migrantes nunca ha asistido a la escuela y la SEP considera que uno de los factores que propicia la inasistencia escolar es el trabajo infantil. Así también, en el informe Explotación laboral de las niñas, niños y adolescentes en México, la organización civil Thais Desarrollo Social indica que tres de cada seis menores de entre 6 y 11 años de las familias campesinas se suman al trabajo asalariado y alrededor de 600 mil en el rango de 6 a 14 años laboran jornadas hasta de 12 horas diarias, además de que la cuarta parte de los niños jornaleros nunca ha asistido a la escuela, 46% labora seis días a la semana y 35% no tiene descansos. Aun cuando los datos son divergentes, reflejan una situación sumamente preocupante respecto al trabajo de menores de 14 años de edad en el campo mexicano. Recientemente la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Nayarit, en su diagnóstico "Jornaleros agrícolas migrantes en Nayarit 2007", reveló que alrededor de 14 mil niños y niñas indígenas, hijos de jornaleros agrícolas, laboran en el cultivo y levantamiento de tabaco, café y caña, sufriendo explotación y malos tratos.
El relator especial de la Organización de Naciones Unidas para los Derechos de los Migrantes, Jorge Bustamante, ha denunciado que las leyes nacionales y convenios internacionales firmados por México contra el trabajo infantil son "letra muerta", como muestra el caso de David Salgado, un niño de nueve años de una comunidad mixteca de la zona de la Montaña de Guerrero que falleció el 9 de enero de 2007 arrollado por un tractor en Sinaloa, adonde se había desplazado con su familia de jornaleros agrícolas en la temporada alta de recolecta de tomate. Otros 12 niños guerrerenses fallecieron en campos agrícolas del país en el año 2006.
Los impactos que el trabajo infantil produce en la salud de los menores son muy graves. Dado la anatomía en desarrollo y la falta de madurez psicológica existe una vulnerabilidad biológica diferencial, en virtud de la cual se incrementan las probabilidades de presentar trastornos que afectan el desarrollo, educación, salud, además de que se frustra la realización de un proyecto de vida digna de los menores. Por la desnutrición, la talla pequeña y el cansancio, aumenta el número de accidentes de trabajo y la incidencia de enfermedades infecciosas o fracturas. La OIT señala que el trabajo infantil puede dañar irreversiblemente el desarrollo físico y mental de los niños, causando graves repercusiones en su vida adulta. Aunado a lo anterior, en el campo, niñas y niños están expuestos a muchos riesgos desde las inclemencias del tiempo, los accidentes por el uso de maquinaria, accidentes por vehículos de motor, jornadas laborales exhaustivas, ritmos de trabajo agotadores, carga de objetos pesados, hasta el grave peligro que representa la exposición sistemática a plaguicidas y agroquímicos cuyos efectos inmediatos o crónicos pueden minar su salud y terminar su vida, muchas investigaciones señalan la relación directa entre exposición y leucemias infantiles y otros cánceres.
Frente a esta situación se estima necesario que el Ejecutivo federal implante una serie de acciones que puedan darle eficacia y eficiencia a las normas constitucionales y legales que prohíben el trabajo de menores de 14 años y contribuyan a erradicarlo. Entre esas acciones se encuentran las siguientes:
El artículo 17 del reglamento en mención indica que: "Los inspectores, para practicar las visitas ordinarias correspondientes, lo harán previo citatorio que entreguen en los centros de trabajo por lo menos con veinticuatro horas de anticipación a la fecha en que se realizarán, en el que se especificará el nombre del patrón, domicilio el centro de trabajo, día y hora en que se practicará la diligencia, el tipo de inspección, el número y fecha de la orden de inspección correspondiente, acompañando un listado de documentos que deberá exhibir el patrón, los aspectos a revisar y las disposiciones legales en que se fundamenten."
Mientras que el artículo 16 constitucional establece que "nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento". Sin embargo, con la instauración de "visitas sorpresa" no se vulnera el citado precepto constitucional.
Así, de ninguna parte del artículo 16 constitucional se desprende ni puede interpretarse que se requiera citatorio alguno, pero lo que sí se exige es la existencia y presentación de la orden correspondiente. Por ello, en la realización de visitas sorpresivas a establecimientos en donde se tenga conocimiento de posibles violaciones a la legislación laboral sobre trabajo de menores se cumple el requisito exigido por el artículo 16 constitucional con la presentación de la respectiva orden escrita debidamente fundada y motivada, según tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación;1 y al mismo tiempo se le da cumplimiento al artículo 123 constitucional.
La posibilidad de realizar visitas de inspección de forma sorpresiva no vulnera la seguridad jurídica del patrón, ni su derecho a la intimidad o privacidad, ni tiende a perturbar la seguridad de su familia, sino que está fundada en un interés público sustentado en la obligación constitucional a cargo de proteger los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Si hay que ponderar los derechos y bienes constitucionales en juego, claramente priman los derechos de los niños, niñas y adolescentes y el interés público de erradicar el trabajo infantil. Así, el artículo 123 Apartado A fracción III de la Constitución de la República y el artículo 22 de la Ley Federal del Trabajo, al prohibir la contratación de menores de 14 años, están tutelando un bien mayor, que son los derechos de los menores.
En un estudio de derecho comparado, se observa que la Ley número 25.877 del Régimen Laboral de la Nación Argentina, en su artículo 32, faculta a los inspectores a entrar en los lugares sujetos a inspección, sin necesidad de notificación previa ni de orden judicial de allanamiento. Por lo que se infiere que es posible, por no decir necesario, la implantación de este tipo de disposiciones en los Estados constitucionales de derecho.
Actualmente el gobierno mexicano, a través Reglamento General para la Inspección y Aplicación de Sanciones por Violaciones a la Legislación Laboral, esta protegiendo los derechos de los patrones pero no los derechos de los niños, niñas y adolescentes mexicanos; así está violando tanto las disposiciones constitucionales como los compromisos internacionales contraídos por nuestro país en el ejercicio de su soberanía, entre los que se encuentran la Convención sobre los Derechos del Niños, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Convenio 182 de la OIT sobre la Prohibición de las Peores Formas de Trabajo Infantil y la Acción Inmediata para su Eliminación.
El Ejecutivo federal en el Plan Nacional de Desarrollo, PND, 2007-2012 reconoce en el eje 1, punto 1.7, que: "asegurar el respeto a los derechos humanos constituye una tarea que no solamente implica la restitución en el goce de tales derechos, sino desarrollar esquemas mediante los cuales sea posible prevenir su violación." Y enfatiza que "ello requiere, en consecuencia, tomar medidas contundentes para avanzar con celeridad hacia los estándares internacionales en la materia." La reforma al reglamento en mención constituiría una acción contundente y que permitiría avanzar hacia los estándares internacionales. Asimismo, el Ejecutivo en el eje 1, punto 1.7, objetivo 12, estrategia 12.3, del PND se compromete a "priorizar la atención de grupos vulnerables para prevenir la violación de sus derechos humanos". Lamentablemente, en el caso del trabajo infantil, esta intención no se ha materializado.
2) Para darle eficacia a las normas constitucionales y legales en materia de trabajo infantil, se estima pertinente que se celebren convenios de colaboración específicos para que autoridades federales junto con las locales puedan inspeccionar campos agrícolas de acuerdo con lo previsto por el artículo 123, apartado A, fracción XXXI, inciso b), punto 3, último párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y por los artículos 527 y 529 de la Ley Federal del Trabajo. Aunado a lo anterior, en el periodo 2000-2007 descendió en un 46 por ciento el número de inspecciones laborales al pasar de 35,879 a 19,214 según datos de la Dirección General de Inspección Federal del Trabajo. Por ello se estima necesaria la coadyuvancia de autoridades federales y locales en la inspección de campos agrícolas para lograr la eficacia de las normas que prohíben el trabajo de personas menores de 14 años; y en especial pueda erradicarse el trabajo de niñas, niños y adolescentes como jornaleros agrícolas.
Por las anteriores consideraciones presento ante esta soberanía la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Primero. Se exhorta al Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, a que modifique el artículo 14 y 17 del Reglamento General para la Inspección y Aplicación de Sanciones por Violaciones a la Ley Federal del Trabajo, a fin de que las visitas ordinarias y extraordinarias puedan realizarse por las autoridades de trabajo sin previo aviso, ni citatorio y efectuarse con cualquier persona, cuando se tenga conocimiento de posibles violaciones a la legislación laboral sobre trabajo de menores.
Segundo. Se exhorta al Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, a celebrar convenios de colaboración específicos con las entidades federativas para que inspectores federales coadyuven con los inspectores locales en la supervisión de campos agrícolas para detectar violaciones a las normas que prohíben trabajo de menores.
Nota
1. Véanse las tesis: Inspección Federal
del Trabajo. Inconstitucionalidad del artículo 17 del Reglamento
de. Semanario Judicial y su Gaceta, Octava Época, Tomo V, Primera
Parte, enero a junio de 1990, página 267, Cuarta Sala; e Inspecciones
de trabajo. Interpretación del artículo 17 del Reglamento
general para la Inspección y Aplicación de Sanciones por
Violaciones a la Legislación Laboral. Semanario Judicial y su Gaceta,
Novena Época, XIV, octubre de 2001, tesis I.7o.A.141ª, página
1132, Tribunales Colegiados de Circuito.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de septiembre de 2008.
Diputada Holly Matus Toledo (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE
QUE EN EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN DE
2009 SE CONSIDEREN RECURSOS PARA PLANES DE DIVERSOS MUNICIPIOS MICHOACANOS,
A CARGO DEL DIPUTADO PABLO TREJO PÉREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PRD
El suscrito, diputado a la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente:
Exposición de Motivos
Michoacán de Ocampo se encuentra entre las 10 entidades federativas con mayor índice de marginación, conforme a la última publicación del Conapo.
Varios de sus municipios que tienen a su vez niveles altos de marginación, requieren algunas obras públicas de alto impacto en el bienestar de la población. Entre éstos están los siguientes:
Los proyectos que permitirían elevar la calidad de vida de los habitantes de estos municipios, cuyas finanzas públicas no están en capacidad de ejecutar son:
Epitacio Huerta: construcción de hospital regional. Total de requerimientos: 12.8 millones de pesos.
Ciudad Hidalgo: reconstrucción de carretera a Maravatío y Senguio. Total de requerimientos: 20.6 millones de pesos.
Irimbo: construcción de 2 pozos de agua potable y de la biblioteca municipal. Total de requerimientos: 8 millones de pesos.
Tepalcatepec: continuación de la construcción del puente sobre el Río Los Otates (límite con el estado de Jalisco, en los municipios de Tecalitlán y Jilotlán de los Dolores).
Punto de Acuerdo
Único. Se solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública considere dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2009, recursos por la cantidad de 71 millones de pesos para proyectos de varios municipios de Michoacán con el fin de impulsar su desarrollo y reducir su nivel de marginación.
Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, a 18 de septiembre de 2008.
Diputado Pablo Trejo Pérez (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE
QUE EN EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN DE
2009 SE CONSIDEREN RECURSOS PARA CONSTRUIR Y MEJORAR LA ESCUELA TELESECUNDARIA
OFTV 0659, NEZAHUALCÓYOTL, EN VALLE DE CHALCO, MÉXICO, A
CARGO DE LA DIPUTADA ALMA LILIA LUNA MUNGUÍA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PRD
La que suscribe, Alma Lilia Luna Munguía, diputada federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LX Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, en razón de la siguiente
Exposición de Motivos
Otra vez, el país en los últimos lugares en cuanto a crecimiento y calidad educativa. La funesta política privatizadora que se aplica desde la década de los ochenta ha situado a México por debajo de países mucho más pequeños y pobres de la región. La UNESCO ha denunciado que el porcentaje de matriculados en enseñanza superior en México es más bajo que en países como Bolivia, Barbados o Granda. No sólo estamos profundamente mal en educación superior, como dijo la UNESCO: lo estamos en todos los niveles educativos.
Desde antes del sexenio pasado, un grupo de especialistas en educación denunciaba que anualmente más de 400 mil niños abandonan la primaria, que sumaban casi 3 millones los que no la concluían y que casi 300 mil egresados ya no se inscribían en secundaria. Que más de 5.5. millones de jóvenes de entre 13 y los 17 años (54 por ciento del grupo correspondiente) estaban excluidos y que las cifras del rezago educativo (quienes no están alfabetizados o no tienen educación básica completa) sumaban más de 36 millones de personas, mayores de 15 años, más de un tercio de la población total del país.
En cuanto a la educación superior en Latinoamérica y el Caribe de 2000 a 2005, la UNESCO señaló que México contaba con una matrícula de 2 millones de 322 mil 781 jóvenes, de una población total de 103.301 millones. Pero sólo 225 de cada 10 mil habitantes llegaban a la universidad. México desde entonces era superado por Argentina, Panamá, Chile, Costa Rica, Venezuela, Uruguay, Bolivia, Barbados, Cuba, República Dominicana, Granada, Perú, Antigua Barbuda y Colombia.
La batalla por una educación popular, democrática, laica y gratuita debe darse en las aulas, en las escuelas, en las calles. La educación en México ha sido denegada a un amplio porcentaje de la población, y a la que tiene acceso es de escasa calidad.
Los grupos más pobres o marginados se encuentran en la exclusión del desarrollo tecnológico aplicado a la educación. Más aún, suponiendo avances sustanciales en infraestructura informática, faltaría producir contenidos de calidad. Cifras como las de adquisición de computadoras o conexiones a Internet y número de usuarios caracterizan la marginación tecnológica. La comparación de México con los países desarrollados es muy desfavorable, incluso con algunos latinoamericanos. El cambio educativo y la superación de la marginación tecnológica como objetivos de desarrollo están estrechamente relacionados. No es posible alcanzar las metas educativas del nuevo siglo, como llevar la educación a poblaciones que no tienen acceso a ella, crear y mantener vigentes las nuevas competencias en tecnología, mantener la educación a lo largo de la vida, etcétera, sin recurrir a las tecnologías de información y comunicación. Y no es posible aprovecharlas para la educación sin que la población, los maestros y las personas que deseen superarse estén capacitados para utilizarlas.
Varios países, igual que México, aprovechan el uso de la televisión en el ámbito educativo, algunos de ellos fortalecieron su sistema, el cual sigue vigente; otros hacen uso de la televisión sólo como complemento en diferentes niveles, pero no de manera formal.
El objetivo original de las telesecundarias, que se mantiene a la fecha, es abatir el rezago educativo de la educación secundaria en comunidades rurales e indígenas que contaran con señal de televisión; zonas con menos de 2 mil 500 habitantes donde el número de alumnos egresados de la primaria, y las condiciones geográficas y económicas hacían inviable el establecimiento de planteles de secundaria generales o técnicas. Dicha problemática también se reflejaba en demanda educativa de zonas semiurbanas y urbanas marginales, caracterizadas por fenómenos sociales, geográficos, demográficos y económicos que no permitían un mejor desarrollo de los estudiantes para su beneficio personal y dentro de la comunidad.
Como estrategia, se consideraron el diseño y la aplicación de programas de televisión, para permitir a los estudiantes el acceso a los conocimientos. Se estableció un currículum especial que abordara el plan y los programas de estudio vigentes para secundaria, que ampliara y profundizara los contenidos dosificados, útiles y sistematizados pedagógicamente. El propósito fue sentar las bases de la vida productiva y preparar a los educandos para continuar los estudios del siguiente nivel.
Por otro lado, el desarrollo de la telesecundaria en la política educativa actual cuenta con una importante infraestructura de medios, donde el elemento central es la Red Satelital de Televisión Educativa, o Edusat, con el propósito de ofrecer nuevas propuestas de televisión.
La demanda educativa de la telesecundaria ha creado otras expectativas a escalas nacional e internacional. En 1998 se registró que en el ámbito nacional egresan anualmente alrededor de 200 mil alumnos, de los que 90 por ciento se rezaga para el siguiente nivel, lo que significa la necesidad de crear un telebachillerato, en su modalidad escolarizada, que permita asegurar la preparación en estudios superiores.
La telesecundaria se ha consolidado como una de las más eficaces en la ampliación de la cobertura y la búsqueda de equidad en el acceso a la educación de este nivel. Se caracteriza porque un solo maestro es responsable del proceso educativo en todas las asignaturas de grado, apoyándose en los materiales impresos y en los programas televisivos.
Pese a que en el ámbito nacional la telesecundaria contribuye en gran medida a atenuar el rezago de cobertura existente en este nivel, persisten en general algunos problemas, entre los cuales destacan la falta de acciones permanentes de actualización y capacitación para los maestros, instalaciones escolares inadecuadas, retraso en la entrega de materiales bibliográficos y audiovisuales o carencia de ellos, mal funcionamiento de la señal televisiva, déficit de personal docente para atender el servicio como está planteado, y falta de compromiso de algunos docentes respecto a las actividades educativas que se realizan con los alumnos y en las acciones de vinculación que se organizan con los padres de familia y los miembros de la comunidad.
La telesecundaria constituye uno de los pocos programas donde los jóvenes que viven en las poblaciones más desprotegidas tienen la oportunidad de recibir educación secundaria.
Aunque la realidad no ha sido así, ya que si bien el proyecto estaba dirigido a abatir el rezago educativo en las comunidades más alejadas, en el momento del diseño del modelo no se tomaron en cuenta las condiciones reales de las zonas rurales y rurales marginadas. La situación hasta la fecha prevalece en los distintos estados de la República Mexicana y en casos concretos en el estado de México, donde se crearon telesecundarias aun con el antecedente de que en dichas comunidades se carecía de energía eléctrica o señal televisiva y sobre todo de infraestructura, como es el caso de Valle de Chalco.
Valle de Chalco es un municipio de reciente creación; por tanto, muy joven. Tuvo que separarse de Chalco para iniciar su crecimiento en los proyectos de Solidaridad. Muestra un crecimiento poblacional acelerado: en menos de 30 años, la población ha aumentado de unos centenares de habitantes a cientos de miles.
Este crecimiento fue dado por la migración constante de la población rural que llegaba a la Ciudad de México y que era rechazada de la gran urbe. El crecimiento acelerado de la población implica demanda constante de servicios básicos, como agua, luz, drenaje, pavimentación y, sobre todo, educación y salud. Como cualquier ciudad en crecimiento, tiene necesidades básicas y muy importantes para su buen funcionamiento.
Las carencias de Valle de Chalco se han dado por todas las características físicas y geográficas de la zona donde nació el municipio. La gente más pobre del país, seres históricamente despojados, llegaron hasta este lugar en busca de un espacio en el cual asentarse y encontrar un modo de vida. Entre los inmigrantes se encuentran miembros de 44 de las 56 etnias del país. Por su composición, Valle de Chalco es una sociedad plural, multirracial y pluriétnica.
Por ese crecimiento desmedido podemos hacer notar la carencia de instancias educativas que favorezcan el desarrollo del municipio, ya que las escuelas existentes tienen grandes carencias y problemas de infraestructura, sobre todo las telesecundarias.
Por tanto, en Valle de Chalco se requiere una transición, de la autocrítica, que favorezca el desarrollo de las tecnología aplicada en la educación que, en el caso de la telesecundaria en México, pueda ser orientada al escenario deseable, donde los profesores desarrollen formas novedosas y creativas de enseñar y los alumnos descubran y construyan sus conocimientos.
En razón de lo expuesto y fundamentado, me permito someter a consideración de esta soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se solicita a las Comisiones de Educación Pública y Servicios Educativos; de Presupuesto y Cuenta Pública; y de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados que, en el marco del análisis, la discusión y la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2009, se consideren y se etiqueten 3 millones de pesos para la construcción y el mejoramiento de la escuela telesecundaria OFTV 0659 Nezahualcóyotl, en Valle de Chalco, México.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de septiembre de 2008.
Diputada Alma Lilia Luna Munguía (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA AL TITULAR DE LA SCT A RETIRAR O REUBICAR LA CASETA DE COBRO
DE CHALCO, EN LA AUTOPISTA MÉXICO-PUEBLA, A CARGO DE LA DIPUTADA
ALMA LILIA LUNA MUNGUÍA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
La suscrita, diputada federal a la LX Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática por el estado de México, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite presentar ante esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, a fin de exhortar al secretario de Comunicaciones y Transportes a considerar y efectuar la eliminación de la caseta de cobro número 71, situada en Chalco, de la autopista México-Puebla, a fin de que los habitantes de ese municipio y de Valle de Chalco e Ixtapaluca puedan recibir los beneficios que eso implicaría, para tal efecto, cito los siguientes
Antecedentes
En cuanto a Capufe
El 31 de julio de 1958 se creó, por decreto presidencial el organismo federal descentralizado del gobierno federal Caminos Federales de Ingresos, el cual estaba adscrito a la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas. Entre las funciones que se le asignaron estaban la administración de las autopistas México-Cuernavaca, Cuernavaca-Amacuzac, Amacuzac-Iguala y las obras en proyecto de la carretera México-Querétaro y del puente sobre el río Sinaloa.
En 1959 la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas se transformó en Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Se creó también la Secretaría de Obras Públicas, a la que fue asignado el organismo. Cuando Caminos Federales de Ingresos comenzó a operar el puente de cuota sobre el río Sinaloa, se modificó su denominación a través del decreto del 3 de junio de 1959 a Caminos y Puentes Federales de Ingresos.
En 1960 inició el servicio de transbordadores entre Zacatal y Ciudad del Carmen. El 23 de junio de 1963 se estableció el organismo conexo para alquilar maquinaria pesada para construcción, por lo que se tuvieron que modificar los objetivos del organismo y el 29 de junio de este año se publicó el decreto con el cual se cambio su denominación a Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (Capufe).
El 2 de agosto de 1985 Capufe reestructuró su organización y funcionamiento por un nuevo decreto presidencial, con el cual asimilaba nuevas responsabilidades encomendadas con la puesta en marcha del Programa Nacional de Autopistas Concesionadas. Se derogó por un nuevo decreto el 24 de noviembre de 1993, y el 14 de septiembre de 1995 se reformó para ajustarse el Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000.
El 14 de agosto de 1998, 23 autopistas concesionadas fueron rescatadas para su operación, conservación y mantenimiento.
En cuanto a la caseta de cobro número 71
En la LV Legislatura del estado de México, el diputado local Juan Manuel San Martín Hernández presentó un punto de acuerdo por el que se exhorto a las Secretarías de Comunicaciones y Transportes y de Hacienda y Crédito Público, a fin de que en el ámbito de sus facultades y atribuciones determinen la desaparición de la caseta de cobro número 71, denominada Chalco, así como la reubicación de la número 23, denominada San Cristóbal.
El cinco de abril de 2006, el diputado federal David Ferreira Martínez presento un punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a realizar mesas de discusión en torno a las casetas de cobro de Chalco, de la autopista México-Puebla, y de Ecatepec, de la autopista México-Pachuca.
El 23 de enero de 2008, el diputado federal Salvador Ruiz Sánchez presentó ante la LX Legislatura una proposición con punto de acuerdo para solicitar la eliminación de las casetas de cobro de Ecatepec, en la autopista México-Pachuca y de Chalco, en la autopista México-Puebla.
Por último, tenemos que señalar, con relación al presente punto de acuerdo; la proposición presentada por el diputado federal Miguel Ángel Peña Sánchez, por la que exhorta a los secretarios de Comunicaciones y Transportes, y de Hacienda y Crédito Público, así como al director general de Capufe, a efecto de que un porcentaje de las cuotas de peaje que actualmente se pagan en las autopistas de cuota del país se destinen a los estados y municipios en los que aquéllas se ubican.
Exposición de Motivos
Con base en los antecedentes antes señalados en cuanto al hecho de que diversos diputados, tanto en el ámbito local como del federal han tratado de resolver el problema de quitar o, por lo menos, reducir el costo del peaje en las casetas de Ecatepec en la autopista México-Pachuca y de Chalco, en la autopista México-Puebla, es que señaló que año con año la población del estado de México continúa incrementándose, al grado de convertirse en la entidad más poblada del país con más de 14 millones de habitantes; abarca municipios como los de Valle de Chalco Solidaridad y Ecatepec de Morelos, que a partir de la década de los ochentas crecieron de forma exponencial en cuanto a su número de habitantes hasta convertirse no sólo a nivel nacional sino en toda América Latina como los más poblados de esta región del mundo.
De conformidad con el último censo poblacional del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), la tasa de crecimiento media anual de la población nacional entre 2000 y 2005 fue del 1 por ciento, en tanto que la del estado de México fue de 1.2 por ciento.
Dentro de los primeros quince municipios más poblados del país, el estado de México, destaca con tres densamente poblados, situados de la siguiente forma: 1. Iztapalapa, Distrito Federal, 1.81 millones de habitantes: 2. Ecatepec de Morelos, México, 1.68 millones de habitantes; …; 10. Nezahualcóyotl, México, 1.14 millones de habitantes; …; 13. Naucalpan de Juárez, México 821 mil habitantes; … El censo del INEGI señala que Valle de Chalco es densamente poblado en razón de que cuenta con 6 mil 437 habitantes por kilómetro cuadrado, ocupando el séptimo lugar entre los municipios del país con mayor densidad de población.
En la actualidad la zona oriente del estado de México es una de las de más alta población, destacando el municipio de Valle de Chalco, con más de 350 mil habitantes; seguido de Ixtapaluca, con más de 300 mil habitantes; Chalco, con más de 260 mil; Amecameca, más de 50 mil; Juchitepec, más de 22 mil; Cocotitlan, más de 13 mil; Temamatla, más de 11 mil;, y Tenango del Aire, con más de 10 mil habitantes; esto sin contar otros municipios que se encuentran contemplados dentro de la zona Oriente del estado de México, lo cual representa poblacionalmente más de 1 millón y medio de habitantes.
Por otra parte, los niveles salariales de la población mexiquense, lo mismo que de la nacional, resultan insuficientes para poder solventar de manera desahogada sus necesidades de vestido, alimento, educación y transportación entre otras; lo cual se explica básicamente por la situación salarial en México a partir de 1977, año en que se adopta como política oficial los topes salariales, que traen como consecuencia la pérdida del poder adquisitivo, en los últimos treinta años, del 78 por ciento.
Esto afecta de manera importante en la mayor parte de la población trabajadora, de la cual un alto porcentaje de los municipios de Ecatepec de Morelos, Valle de Chalco Solidaridad, Chalco, Ixtapaluca, Temamatla, Cocotitlan, Juchitepec y Ameca Meca, entre otros, percibe salarios menores a cinco veces el mínimo.
El INEGI, establece que el 80 por ciento de los ocupados perciben salarios menores a cinco veces el mínimo, ello significa que sólo 20 por ciento de los ocupados se encuentran en la norma constitucional en materia de sueldos.
Dicha pérdida equivale a que durante los últimos 30 años, los asalariados hayan regalado 24 años de trabajo, es decir, 24 años de su vida laboral. En otras palabras, de haberse mantenido constante la capacidad de compra del salario al nivel que tenía en 1977, habría bastado con que los asalariados hubiesen laborado sólo seis años de 1977 a la fecha para mantener ese nivel de vida. El resto –los 24 años- fue un esfuerzo que no significó mejoría alguna en su bienestar.
Para apreciar la magnitud de esa caída, pensemos que si el salario mínimo legal iniciara a partir de ahora, su recuperación en términos reales a una tasa de 5 por ciento anual, serían necesarios 50 años para poder recuperar el nivel histórico que registró en 1977.
Por otra parte es cierto que la construcción de infraestructura carretera es importante para el desarrollo del país, por el hecho de que con esto se logra una mejoría en el traslado de las personas, así como tener un mejor y más rápido desarrollo comercial y turístico, el país cuenta con más de 48 mil 319 kilómetros de carreteras federales, de estas, 7 mil 558 kilómetros corresponden a autopistas de cuota, en sus distintas modalidades de dos y de cuatro o más carriles, y Capufe administra 4 mil 912 kilómetros, el resto de las autopistas son operadas por concesionarios particulares y estatales.
Sin embargo tal red carretera ha traído escasos beneficios a la mayoría de la población, en razón de que al no haber aumento en el salario de los trabajadores aunado a las largas distancias que deben recorrer para llegar a su destino, ha ocasionado que día con día, el costo de su transportación sea elevado, incluso a esto habría que agregar el factor de que este transporte es poco eficiente.
Un ejemplo es el caso de la autopista México-Puebla. En ella se encuentra la caseta de Chalco, que esta ubicada en el kilómetro quince, respecto al Distrito Federal, y se cobra una tarifa de peaje de 14 pesos por automóvil, 26 a autobús y 62 a camiones de carga de nueve ejes, en esta zona del estado de México el salario mínimo es de 49.50 pesos diarios, en tanto que el costo del pasaje sencillo por autobús es de alrededor mayor, esto es alrededor de nueve a doce pesos, por lo que un obrero que percibe sólo el salario mínimo gasta a la semana, al mes y al año una suma importante por concepto de transporte de ida y vuelta a la Ciudad de México, de manera que si esta caseta fuera eliminada o reubicada ayudaría mucho en su gasto por transportación a quienes menos tienen, los cuales son alrededor de 800 mil habitantes de la región.
Lo anterior independientemente de que tales personas ya no tendrían que pagar un peaje por salir y entrar a su hogar en un radio territorial tan mínimo. No se justifica que en trayectos tan cortos se establezcan casetas de cobro, que en su momento hace 20 años ésta caseta se encontraba a una distancia considerable de las zonas urbanas, pero el crecimiento de éstas coloco a la caseta en medio de las actuales zonas habitacionales.
Frente a este contexto resulta injustificable que se siga cobrando peaje a los habitantes de los municipios más cercanos a la caseta de Chalco, sin tomar en consideración la opinión e intereses legítimos de los afectados, por que es de llamar la atención de los legisladores que hasta el momento los parámetros que existen para determinar el establecimiento de las casetas en las autopistas de cuota, resultan inadecuados e insuficientes.
Es de señalar que del oficio DG/113/08, de fecha dieciséis de junio de dos mil ocho, emitido por el Ingeniero Tarcisio Rodríguez Martínez, director general de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, se me informa que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, esta facultada para otorgar concesiones para construir y operar caminos y puentes de cuota y de que actualmente Capufe tiene concesionados 3 caminos 30 puentes que constituyen la red propia; y que Fideicomiso de Apoyo para el Rescate de Autopistas Concesionadas está constituida por 39 caminos y 3 puentes concesionados a Banobras y 4 caminos y 2 puentes de otros concesionarios identificados como red contratada, y de que los únicos parámetros que se consideran en la construcción de autopistas de cuota son que tengan visibilidad, servicios de agua, drenaje, energía eléctrica, comunicación telefónica o radio, longitud y pendiente adecuadas de acceso a la plataforma de la caseta, entre otras, aspectos de los cuales en ningún momento se señala que se tome en cuenta la población más cercana a estas casetas y que por sus actividades cotidianas es necesario pasar por ellas.
Asimismo, se me informa que la plaza de cobro de Chalco está concesionada a Banobras y que la autorización de las tarifas corresponde al comité técnico integrado por las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, de Comunicaciones y Transportes, de la Función Pública y el concesionario, por lo que con cualquier reubicación, eliminación o reducción de peaje de esta plaza de cobro lo tendría que autorizar el comité técnico.
Por todo lo anteriormente citado, propongo el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero. Se exhorta al secretario de Comunicaciones y Transportes a evaluar y efectuar el retiro o reubicación de la caseta de cobro de Chalco, en la autopista México-Puebla, a efecto de que los habitantes de los municipios cercanos a esta caseta puedan recibir los beneficios de dicha eliminación.
Segundo. Acorde con el oficio antes descrito, se solicita que en las próximas reuniones de trabajo del comité técnico en que se trate el tema de las casetas de cobro, sea invitada la Comisión de Transportes de esta honorable Cámara de Diputados para estar en la posibilidad de tratar el tema que se describe en el presente punto de acuerdo y poder empezar ha regular el establecimiento de las casetas de cobro en el país.
Diputada Alma Lilia Luna Munguía (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A EXPEDIR EL REGLAMENTO DE LA LEY PARA
PREVENIR Y SANCIONAR LA TRATA DE PERSONAS, Y A ESTABLECER UNA COMISIÓN
INTERSECRETARIAL EN LA MATERIA, A CARGO DE LA DIPUTADA HOLLY MATUS TOLEDO,
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
La que suscribe, diputada Holly Matus Toledo, integrante a la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes
Consideraciones
En 2007 el honorable Congreso de la Unión aprobó el decreto que expide la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, que reforma y adiciona la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, que reforma y adiciona el Código Federal de Procedimientos Penales, y que reforma, adiciona y deroga el Código Penal Federal, el mismo fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de noviembre, y entró en vigor al día siguiente.
La ley menciona que comete el delito de trata quien promueva, solicite, ofrezca, facilite, consiga, traslade, entregue o reciba, para sí o para un tercero, a una persona, por medio de la violencia física o moral, engaño o el abuso de poder para someterla a explotación sexual, trabajos o servicios forzados, esclavitud o prácticas análogas a la esclavitud, servidumbre, o a la extirpación de un órgano, tejido o sus componentes.
El objeto de la ley es la prevención y sanción de la trata de personas, así como la protección, atención y asistencia a las víctimas de estas conductas con la finalidad de garantizar el respeto al libre desarrollo de la personalidad de las víctimas y posibles víctimas, residentes o trasladadas al territorio nacional, así como a las personas mexicanas en el exterior.
Aun cuando la emisión de la Ley de Trata es un paso significativo en el combate a este delito, no se traduce en acciones concretas debido a que la ley aun no cuenta con mecanismos operativos para su ejecución.
La ley en comento señala que las dependencias y entidades de la administración pública federal, así como de la Procuraduría General de la República, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, llevarán a cabo o colaborarán en la realización de programas permanentes para prevenir este delito, sin embrago estos aún no se producen debido a que no se ha emitido el Reglamento de la mencionada ley.
El segundo artículo transitorio de la Ley de Trata señala que el Ejecutivo federal debe expedir el reglamento en un término de 120 días hábiles. El plazo para la emisión de dicho reglamento venció en la última semana de mayo del presente, sin que hasta el momento haya sido publicado.
Respecto al contenido del artículo 10 de la Ley, aún no se ha designado a los integrantes de la Comisión Intersecretarial que coordinará las acciones de sus miembros en la materia, para elaborar y poner en práctica el Programa Nacional para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, el cual deberá incluir, cuando menos, las políticas públicas en materia de prevención y sanción de la trata de personas, así como la protección y atención a las víctimas del delito. El Ejecutivo federal también debe designar a quien presidirá dicha Comisión, la cual debe, asimismo, elaborar su reglamento interno y designar a su secretario técnico.
La importancia de esta Comisión Intersecretarial se encuentra en el artículo 12 de la Ley de Trata, el cual prevé sus obligaciones en materia de prevención y sanción del delito de trata de personas. Debido a estas omisiones, tampoco se ha puesto en marcha el Programa Nacional para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas; esto es, a casi un año de la emisión de la Ley, no ha habido avances en este rubro.
Las acciones gubernamentales respecto a este grave fenómeno después de la emisión de la ley, han sido casi nulas. El Segundo Informe de Gobierno de la actual administración presenta más cifras que resultados al respecto, ya que sólo reporta reuniones entre autoridades de México y Estados Unidos, y participación en foros y conferencias internacionales sobre el tema, que no se demeritan, pero es claro que no existen acciones concretas para el real cumplimiento de dicha ley en nuestro país.
Es urgente que se proceda a la operación de ley, pues según cifras de la Organización de las Naciones Unidas, la trata de personas es el tercer negocio más lucrativo para la delincuencia organizada a escala mundial –sólo superado por el tráfico de drogas y el de armas–, ya que produce ganancias anuales por unos 9 mil 500 millones de dólares; y al menos 27 millones de personas en todo el mundo han sido víctimas de explotación laboral, sexual o comercial en los últimos 25 años.1
A su vez, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) cuenta con reportes similares que refieren que en los años 2004, 2005 y 2006, del total estimado de personas reclutadas con fines de explotación laboral o económica (unos 2 millones 450 mil), 56% son mujeres y niñas, y el resto, hombres y niños. En el caso de las víctimas de explotación sexual, 98 por ciento son mujeres y niñas, según la organización.
Las estadísticas en México no son menos graves, ya que 16 mil personas menores de edad son objeto de explotación sexual cada año y 85 mil son usadas en actos de pornografía, mientras en 21 de las 32 entidades del país existe turismo sexual, según datos del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática y del Fondo Internacional para la Infancia.2 Las cifras no se pueden tomar como exactas, ya que es muy difícil que las víctimas inicien un proceso de denuncia contra las y los tratantes, porque aún no existen campañas gubernamentales de prevención, protección y atención a víctimas (previstas en el artículo 12, fracción II, de la Ley de referencia), y tampoco hay albergues creados para este fin (establecidos por el artículo 13, inciso d).
La trata de personas es la esclavitud del siglo XXI y se perpetra mediante el abuso, la tortura y la degradación de la condición humana, con el fin de hacer creer que un individuo vale menos que una mercancía. Este fenómeno es una amenaza constante al individuo y a la sociedad, porque implica la violación de todos los derechos humanos y además representa una de las formas más rentables del crimen organizado.
Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta al titular del Ejecutivo a emitir con la mayor brevedad el Reglamento de la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, a establecer la comisión intersecretarial en la materia, nombrar a su titular y elaborar, publicar, difundir y ejecutar el Programa Nacional para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas.
Notas
1. Fuente: "La trata de personas, entre los delitos más
rentables, documentan expertos". Coloquio Prevención y Erradicación
de la Trata de Personas en México. En La Jornada, viernes
8 de junio de 2007.
2. Ibídem.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de septiembre de 2008.
Diputada Holly Matus Toledo (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE
QUE EN EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN DE
2009 SE CONSIDEREN RECURSOS PARA LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS EN EL DISTRITO
FEDERAL, A CARGO DEL DIPUTADO PABLO TREJO PÉREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PRD
El suscrito, diputado federal a la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente
I. Exposición de Motivos
La educación es el principal instrumento para la movilidad social y una de las principales herramientas para incrementar la productividad de la mano de obra y en consecuencia, de los salarios reales. Además, las nuevas tecnologías y la innovación, que han sido los motores del crecimiento económico de la última década en los países desarrollados, son intensivas en educación.
La educación es también un medio para combatir la pobreza extrema, pues la adquisición de habilidades y conocimientos teórico-prácticos rompe el círculo vicioso en que se encuentra la población marginada, que se ve en la necesidad de buscar empleos de baja productividad y mal remunerados por no tener el nivel de preparación que exigen los empleos formales y especializados.
La ciudad tiene el enorme desafío no sólo de mantener la cobertura de la educación básica sino de elevar y homogeneizar su calidad. Especialmente, porque existe una importante brecha en materia de desarrollo educativo entre las delegaciones del Distrito Federal. Por ello y a fin de mejorar la calidad de la educación, la política educativa de la Ciudad requiere 961 millones de pesos para 2009. Los proyectos específicos que se impulsarán con estos recursos son:
A diferencia del resto de las entidades federativas, el esfuerzo presupuestal que realiza la ciudad no cuenta con una contraparte del gobierno federal. Los inmuebles educativos y los recursos para operarlos no se han transferido al Distrito Federal. Sin embargo, en un acto de responsabilidad se le han asignado recursos en los presupuestos para atender el deterioro de la infraestructura de las escuelas.
La infraestructura educativa básica en el Distrito Federal cuenta con 2 mil 781 inmuebles públicos que integran a 4 mil 555 escuelas o turnos, en los que se ofrece el servicio educativo a 1.4 millones de estudiantes de los tres niveles de educación básica.
La orografía y la actividad sísmica en el Distrito Federal exige ampliar los programas a corto, mediano y largo plazo para prevenir y mitigar riesgos en los inmuebles escolares, centrando la atención en los ubicados en los sitios de lomerío y barrancas que pueden verse afectados por sismos de magnitud moderada, y en los inmuebles deteriorados por los hundimientos y el paso del tiempo, de estos últimos especialmente aquéllos construidos con base en reglamentos de construcción anteriores al vigente.
El principal logro en esta etapa es el diseño del modelo innovador que contempla las siguientes características:
• Servicio de educación inicial de 0 a 3 años
asociado con la asistencia de algún familiar.
• Participación comunitaria basada en un modelo
pedagógico de educación democrática.
• Enseñanza y evaluación por competencias
con reconocimiento oficial.
• Sistema de trabajo con figuras docentes polivalentes.
• Sistema de apoyos referidos: útiles, uniformes,
libros, acervos culturales, bibliotecas.
• Proyectos constructivos para aquellos CTE que cuenten
con mayor población inscrita.
• Propuesta educativa intercultural y bilingüe.
• Desarrollo y vinculación con instituciones del
DF.
Como antecedente, una parte de la población que será atendida en los Centros de Transformación Educativa se encuentra ya trabajando en la conformación de las redes de centros comunitarios, distribuidas en las 16 delegaciones del Distrito Federal.
Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en el artículo 74, fracción IV, de la Constitución Política y 42 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, me permito solicitar al Pleno de esta Cámara de Diputados que se someta a consideración la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Se solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública que considere dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2009 recursos por la cantidad de 961 millones de pesos (novecientos sesenta y un millones de pesos 00/100 m.n.) para los programas de educación en el Distrito Federal, que permitan elevar su calidad e incrementar las oportunidades de progreso social de los habitantes.
Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, a 18 de septiembre de 2008.
Diputado Pablo Trejo Pérez (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE
QUE EN EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN DE
2009 SE CONSIDEREN RECURSOS PARA EL PROGRAMA DE OBRAS Y SERVICIOS DEL DISTRITO
FEDERAL, A CARGO DEL DIPUTADO PABLO TREJO PÉREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PRD
El suscrito, diputado federal a la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente
I. Exposición de Motivos
Conforme al artículo 122 de la Constitución Política, al Distrito Federal corresponde la prestación de diversos servicios públicos, como son la basura, el agua potable, el transporte público, la recolección de basura, entre otros. A fin de cumplir con sus responsabilidades constitucionales y legales, en los últimos 6 años, el gobierno local ha estado destinando un presupuesto significativo a inversión pública a fin de mantener y proveer los servicios públicos a los habitantes de la Ciudad de México.
De esa manera, en el Presupuesto de Egresos de la ciudad de este año se destinarán 26 mil 55.5 millones de pesos (mdp) a inversión pública, que representa el 26 por ciento de su gasto programable, porcentaje que contrasta con el 20 por ciento que destinará a inversión el gobierno federal en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2009 y con el 16 por ciento de los estados de la república.
A pesar del esfuerzo de la ciudad en materia de austeridad y racionalidad para destinar los ahorros y las economías a inversión pública, la realidad es que se requiere hacer un esfuerzo todavía mayor para continuar garantizando la provisión de los servicios públicos, de lo contrario, algunos servicios tan importantes como la recolección y disposición de la basura y la circulación del tránsito no podrán llevarse a cabo en el futuro.
El plan de obras y servicios del Distrito Federal para 2009 prevé un conjunto de proyectos que se han dividido en dos categorías:
El cierre próximo del Bordo Poniente implica un importante desafío para el Distrito Federal en materia de racionalización y aprovechamiento de la basura para evitar daños al medio ambiente.
2. Proyectos de obras públicas, que comprenden la construcción y terminación de distribuidores viales, puentes y deprimidos vehiculares a fin de incrementar la superficie de rodamiento; la rehabilitación del centro histórico; la modernización de los accesos carreteros, y diversas obras de rehabilitación urbana.
Las inversiones en obras y en servicios que se pretenden llevar a cabo durante 2009 implican una erogación de 2,600 mdp. Este monto es el mínimo necesario para llevar a cabo los siguientes proyectos específicos:
Proyectos de servicios urbanos
Construcción de la primera etapa y ejecución de varias obras complementarias donde se construirá el nuevo sitio de manejo integral de residuos sólidos que sustituirá al Bordo Poniente.
Adquisición de tractocamiones para el transporte de residuos sólidos al nuevo sitio donde se depositarán la basura y los residuos sólidos.
Construcción de una planta para la captación de biogás y generación de energía eléctrica.
Construcción de una red de captación, extracción y conducción del biogás que se genera en el sitio de disposición final clausurado en Santa Catarina.
Remodelación y adecuación de 3 plantas de
selección de desechos sólidos.
Construcción de nueva estación de transferencia
de basura en la delegación Cuajimalpa.
Remodelación, rehabilitación y acondicionamiento
de 13 estaciones de transferencia de basura.
Construcción de 5 plantas de composta para la
zona de recarga en la zona sur.
Adquisición de plantas portátiles para la
producción de composta.
Adquisición de camiones bicompartidos para recolección
de residuos sólidos.
Cajas de transferencia tipo piso vivo (residuos de la industria de la construcción).
Góndolas de transferencia (piedra, escombro, grava) con sistema de piso móvil con capacidad de 40 metros cúbicos.
Corredores ecológicos Ocho Barrios y Lázaro Cárdenas, y Rehabilitación del atrio de la iglesia del Santo Sepulcro en la delegación Iztapalapa.
Terminación de la construcción de una gasa de incorporación de avenida Gran Canal con el Anillo Periférico Norte.
Terminación de la construcción del distribuidor vial Chimalhuacán-Calle 7.
Construcción del puente vehicular Las Bombas-Eje
3 Oriente.
Construcción del puente vehicular Calzada del
Hueso-Eje 3 Oriente.
Mejoramiento y rehabilitación urbana de Gran Canal.
Deprimido vehicular avenida Constituyentes-José
María Velasco (Colegio de Arquitectos).
Deprimido vehicular avenida Constituyentes-Observatorio.
Vehicular carretera México-Toluca-Echánove.
Obras complementarias en el distribuidor vial Anillo Periférico
Arco Norte-Centenario.
Distribuidor vial Anillo Periférico Arco Norte-Centenario.
Rehabilitación y mantenimiento de accesos carreteros.
Punto de Acuerdo
Único. Se solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública que considere dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2009 recursos por la cantidad de 2 mil 600 millones de pesos (dos mil seiscientos millones de pesos 00/100 m.n) para el programa de obras y servicios del Distrito Federal a fin de que la Ciudad de México pueda cumplir con lo dispuesto en el artículo 122 de la Constitución Política en materia de servicios públicos.
Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados, a 18 de septiembre de 2008.
Diputado Pablo Trejo Pérez (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE
QUE EN EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN DE
2009 SE CONSIDEREN RECURSOS PARA LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DEL
DISTRITO FEDERAL, A CARGO DEL DIPUTADO PABLO TREJO PÉREZ, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PRD
El suscrito, diputado federal a la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta Asamblea proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente
I. Exposición de Motivos
El Distrito Federal siempre se ha caracterizado por su diversidad cultural y política. Asimismo, por sus políticas públicas en favor de los grupos vulnerables y la protección de las minorías y en pro de la igualdad y la protección de los derechos humanos y sociales.
En los últimos años, las políticas de desarrollo social de la ciudad se han enfocado en la instauración de servicios de atención, asesoría jurídica y tratamiento psicológico a las personas que son víctimas de la violencia familiar y comunitaria, especialmente, mujeres.
También se han implementado programas para aumentar la producción y facilitar la distribución y comercialización de productos rurales, que están en franca desaparición en el Distrito Federal.
Otros programas prioritarios han sido lo dirigidos a impulsar proyectos productivos de la población indígena y a proteger sus costumbres y tradiciones; a promover una mejor cultura condominal en unidades habitacionales; a fomentar las condiciones propicias para erradicar la discriminación, y a promover la igualdad de oportunidades entre los géneros.
A fin de dar continuidad a las políticas sociales durante 2009, la ciudad requiere un monto de mil 160 millones de pesos, a fin de dar suficiencia presupuestaria a los siguientes proyectos:
Igualdad de género
Este proyecto consiste en lo siguiente:
1. Realizar estudios sobre los tipos y modalidades de violencia y los servicios que se brindan al Gobierno del Distrito Federal.
2. Diseñar un manual actualizado en materia de atención de la violencia contra las mujeres para el funcionamiento del Distrito Federal.
3. Profesionalizar a los asesores de mujeres que son víctima de violencia, quienes se encargarán de dar seguimiento integral a cada caso, con objetivo de que sean encaminadas a su recuperación psicológica.
4. Realizar una investigación para el diseño de un modelo único de atención de la violencia contra las mujeres.
5. Realizar el acompañamiento jurídico de casos de mujeres víctimas de violencia sexual en cuatro estaciones del servicio de transporte colectivo Metro.
6. Realizar el programa de acompañamiento jurídico en los juicios de las mujeres en situación de violencia.
7. Realizar el análisis del marco jurídico del Distrito Federal y elaboración de la propuesta de reformas a los códigos sustantivos y adjetivos en materia y civil penal.
8. Elaborar el reglamento de la Ley de Acceso de la Mujeres a una Vida Libre de Violencia para Distrito Federal.
B) Proyecto: Acciones para construcción de una ciudad con equidad, a través de estrategias de capacitación, difusión y fortalecimiento institucional para prevenir y atender a mujeres en situaciones de violencia.
Acciones contra la violencia familiar
El programa considera en específico la sustitución de mobiliario y equipo para garantizar una atención de calidad y de alta vanguardia tecnológica. El Sistema de Atención de la Violencia Familiar en el Distrito Federal cuenta con 16 unidades de atención, una por demarcación política.
Para lo anterior es necesario realizar la inversión que permita garantizar que el mobiliario de estos espacios sea siempre de óptimas condiciones, ya que los albergues y refugios se convierten de manera temporal en los hogares de las mujeres víctimas de violencia y el de sus hijas e hijos.
Cultura condominal
Privatización de áreas y jardines.
Utilización de estos espacios para la ampliación
de vivienda o instalación de comercios.
Adaptación de andadores, pasillos o escaleras
para el tendido de ropa, para guardar objetos o poner plantas.
Invasión de áreas deportivas para transformarlas
en estacionamientos.
2) Falta de mantenimiento de las áreas y espacios comunes
Mal estado generalizado del equipamiento disponible.
Deterioro de las instalaciones hidráulicas (agua,
bombas, cisternas).
Carencia o deficiencia de iluminación.
3) Morosidad en el pago de cuotas de mantenimiento
Desconocimiento de esta obligación o el hacer caso
omiso de ella.
Ingresos menores de 4.5 veces el salario mínimo
de las familias.
Actitudes irresponsables y poco solidarias para cumplir
con sus compromisos
Los morosos tienen problemas económicos.
Desconfianza hacia los responsables de la administración.
El no pago y la falta de cultura condominal de condóminos
de mediano y alto ingreso.
Desconocimiento de que el administrador pueda recibir
una remuneración por su trabajo, si así lo plantea y aprueba
la asamblea general.
4) Desconocimiento del reglamento
Poco conocimiento de la Ley Condominal.
Poco cumplimiento de la Ley Condominal.
Poco conocimiento de un reglamento interno.
Poco cumplimiento de un reglamento interno.
Desconocimiento generalizado de los organismos e instrumentos con que, en materia de normatividad para la administración, cuentan los vecinos para regular las relaciones entre ellos y buscar instancias de organización cotidiana del espacio habitacional.
Poco conocimiento de la Prosoc.
Poca claridad en la intervención de instancias
oficiales que hagan valer la autoridad.
5) Forma de convivencia entre los vecinos
Evidente deterioro de las áreas comunes incluso
las mismas viviendas, generan deterioro de las relaciones vecinales.
El cambio en los usos para los que las áreas colectivas
fueron diseñadas y su progresiva apropiación despiertan malestar
y generalización de dichas prácticas.
La inseguridad y delincuencia.
Conflictos entre vecinos rompen el sentido de identidad
y de pertenencia en las unidades habitacionales.
Poca participación y preocupación de los
ocupantes por el mantenimiento general.
Casi inexistente relación de quienes viven en
los conjuntos con su barrio o colonia.
K) Proyecto: Programa de adquisición de activos para las actividades agropecuarias
El objetivo es renovar la asignación que se obtuvo en el marco del Programa Alianza para el Campo en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio del 2008. Anexo "Recursos federalizados por entidad federativa del Programa de Adquisición de Activos (Alianza para el Campo)".
M) Proyecto: Fortalecimiento de la parcela de la mujer. Programa de producción agroindustrial de la parcela de la mujer
La parcela de la mujer en los núcleos agrarios del Distrito Federal requiere de intervención institucional a fin de mejorar las condiciones de producción agroindustrial con el fin de mejorar el nivel de vida de las mujeres que cuentan con parcela de la mujer, desde instaurarla, hasta implementar mecanismos de productividad y modernidad de impacto económico y social en la comunidad donde se incide.
Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en el artículo 74, fracción IV, de la Constitución Política y 42 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, me permito solicitar al Pleno de esta Cámara de Diputados que se someta a consideración la siguiente proposición con:
Punto de Acuerdo
Único. Se solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública que considere dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2009, recursos por la cantidad de mil 160 millones de pesos (un mil ciento sesenta millones de pesos 00/100 m.n.) para dar continuidad y fortalecer los programas sociales de la Ciudad de México en beneficio de los grupos vulnerables y por una mayor equidad social.
Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, a 18 de septiembre del año 2008.
Diputado Pablo Trejo Pérez (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE
QUE EN EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN DE
2009 SE CONSIDEREN RECURSOS PARA LOS PROGRAMAS Y LOS PLANES DESTINADOS
AL CUIDADO DEL AMBIENTE EN EL DISTRITO FEDERAL, A CARGO DEL DIPUTADO PABLO
TREJO PÉREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
El suscrito, diputado federal a la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta asamblea proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente
I. Exposición de Motivos
El uso racional de los recursos naturales, renovables y no renovables, es una condición para el desarrollo económico. El cuidado y la preservación de los ecosistemas y de la flora y fauna garantizan que las futuras generaciones no tendrán que erogar ni distraer de su ahorro recursos para sanear ni limpiar el medio ambiente o en su caso, para encontrar o desarrollar sustitutos para los recursos naturales agotados.
El crecimiento económico es sustentable cuando no se obtiene a costa del dispendio del patrimonio natural de las futuras generaciones; si dicho crecimiento implica el consumo de recursos no renovables, entonces la sustentabilidad implica dejarles los medios para que encuentren o desarrollen sustitutos que les permita mantener el nivel de vida que se les hereda. Por ello, el Distrito Federal se ha propuesto la meta de convertirse en una ciudad sustentable. A este fin, se ha delineado un conjunto de programas y proyectos, mismos que requieren una asignación presupuestaria de 519 millones de pesos para el ejercicio de 2009. Con este monto, la ciudad se ha propuesto ejecutar los siguientes proyectos específicos:
Históricamente el Distrito Federal ha enfrentado una compleja y aguda problemática ambiental que pone en riesgo su viabilidad; el Gobierno de la Ciudad de México está trabajando en una nueva orientación para el desarrollo de la ciudad, modificando para ello los procesos sociales, económicos y culturales que han ocasionado el deterioro ambiental del territorio y de la calidad de vida de los habitantes de esta ciudad.
Los Centros de Educación Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente tiene dentro de sus principales objetivos el hacer conciencia en los ciudadanos, particularmente jóvenes y niños de la necesidad de cambiar los hábitos y formas de vida, adoptando el uso adecuado de los recursos naturales, de la energía eléctrica y de combustión con nuevos sistemas ambientalmente amigables.
Se estima que las fuentes de agua disponibles difícilmente podrán satisfacer la demanda de más de 8 millones de personas con los hábitos actuales de uso.
El Índice Metropolitano de la Calidad del Aire señala que el 70 por ciento de los días del año, el aire que se respira no es satisfactorio y hay un 8 por ciento que es de muy mala calidad, a consecuencia del uso excesivo de combustibles derivados del petróleo.
Anualmente en la Ciudad de México se produce 4.4 millones de toneladas de basura con un promedio diario de 12 mil toneladas (1.4kg/habitante), el 48 por ciento de estos residuos es generado en los hogares.
Por lo anterior se hace necesario que en los Centros de Educación Ambiental se muestren de manera objetiva diversa ecotecnias adecuadas y aplicables para los espacios habitables como son captación de agua de lluvia, reciclamiento de agua, dispositivos ahorradores de agua, sanitarios secos, sistemas de separación de residuos sólidos no solo en orgánicos e inorgánicos para la producción de composta, reciclado de desechos, manejo especial de pilas, baterías y aprovechamiento de la energía solar para el calentamiento del agua y uso de aparatos domésticos.
Este plan rector, establecerá por un lado, las reglas administrativas que aplicarán en las ANP en tanto se publiquen los Programas de Manejo correspondientes, lo que beneficiará normativamente a aquellas que no cuentan con uno. Asimismo, definirá las bases para el manejo y administración de cada una de las ANP. Se cuenta con documento Ejecutivo.
El plan rector, incorporará componentes temáticos de carácter físico, biológico, ecológico, social y económico, así como del marco legal, cuyo análisis e integración permitirá la generación de estrategias que hagan compatible el aprovechamiento, la conservación y la protección de los recursos. Estas estrategias fomentarán a su vez, el adecuado uso de las ANP y estarán orientadas a hacer posible la toma de decisiones eficiente y el establecimiento de prioridades y acciones en el corto, mediano y largo plazos, para la conservación y uso sustentable de las ANP.
Este programa permitirá compartir con la población en general, estudiantes y expertos, el acervo de información, conocimientos y recursos del Climate Institute y las instituciones participantes del Centro Nacional de Observación Climática Global de Gran Altitud.
De igual forma, el museo ampliará sus límites ligándolo a un continuo flujo con proyectos legítimos de investigación y vigilancia del entorno ambiental, con la participación de prestigiadas organizaciones nacionales e internacionales.
Para ello, se diseñará una sala de proyección esférica para la instalación de los diversos componentes tecnológicos, así como los espacios de soporte y áreas de trabajo. Se implantarán sistemas de cómputo y telecomunicaciones para brindar soporte al desarrollo del programa. Se desarrollarán los programas educativos, informativos y de investigación, enfocados a los visitantes, estudiantes y especialistas en el tema.
Como antecedente, este programa es el brazo informativo y educativo del Centro Nacional de Observación Climática Global y medio de extensión, enlace, capacitación y difusión, que integra las mejores herramientas de información ambiental.
El capítulo 28 de dicha agenda, titulado "Iniciativas de las autoridades locales en apoyo a la Agenda XXI, menciona que "en su carácter de autoridad más cercana al pueblo, las autoridades locales desempeñan un papel importantísimo en la educación y movilización social en pro del desarrollo sustentable".
A partir de 1992 y 10 años después, con la ratificación de la agenda XXI en la Conferencia Mundial Río + 10, Segunda Cumbre de la Tierra, cientos de autoridades locales en todo el mundo han ido desarrollando sus agendas.
Desde la primera Cumbre de la Tierra, se reconoció en la Agenda XXI, una herramienta de concienciación y organización, ya que en su construcción y ejecución, se busca la participación de los diversos sectores de la sociedad. Se destaca entonces, la importancia de que la sociedad participe en el proceso de consenso y apropiación. De esta forma, las agendas XXI ayudan a despertar el interés y dar elementos para la comprensión de los problemas ambientales en su vinculación con el desarrollo económico y social.
Es indispensable que la Ciudad de México, una de las conglomeraciones más grandes del mundo integre su Agenda XXI propia, como una contribución al mejoramiento del ambiente global. Como antecedente, en la Ciudad de México se avanzó en integración del documento Hacia la Agenda XXI de la Ciudad de México.
2) Sistema Web de gestión de Información con una interfaz semejante a la de Google Earth, se buscan las capas temáticas que se desean. Como resultado, la búsqueda arroja las capas contenidas en el repositorio ordenadas por su relevancia de acuerdo a los criterios de búsqueda.
3) Capacitación del personal de la secretaría en el área de Geoinformática.
O) Proyecto: Estrategia del Distrito Federal para la conservación y uso sustentable de la biodiversidad
En segundo lugar se elaborará, con base en la información anterior, la estrategia de conservación de la biodiversidad del DF, en donde se estableceré qué se tiene que hacer para proteger y aprovechar de forma sustentable la vida silvestre de la ciudad, de tal forma que la vida social, cultural y económica de la región pueda llevarse a cabo de manera cómoda y con el menor impacto en la naturaleza.
En tercer término y para finalizar, se elaborará un Plan de Acción, fundamentado en los dos documentos anteriores, en donde se estipule quién, en qué tiempo y forma llevará a cabo o debe llevar a cabo las acciones necesarias para la implementación de la Estrategia de Conservación.
Es necesario destinar recursos para Jornadas de reforestación de Suelo Urbano con el fin de que a través de la participación ciudadana se realicen acciones de apoyo en la mitigación del impacto de las obras viales, de infraestructura de transporte, entre otras, así como de reemplazar los árboles de avanzada edad y los que se han visto afectados por las lluvias.
Como antecedente para el caso del suelo de conservación, el 31 de enero del 2008 se publicaron en la Gaceta Oficial del Distrito Federal los Lineamientos del Programa de Fondos de Apoyo para la Conservación y Restauración de los Ecosistemas a través de la Participación Social (Proface) que se instrumenta en dos modalidades:
b) Apoyo para la participación social en acciones para la conservación y restauración de los ecosistemas, destinado al financiamiento de mano de obra en programas de trabajo para la conservación, protección y restauración de los ecosistemas del suelo de conservación. Estas acciones sustituyen a las que se realizaban mediante los programas integral de empleo productivo y sustentable y de fondos comunitarios para el desarrollo rural equitativo y sustentable.
Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en el artículo 74, fracción IV, de la Constitución Política y 42 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, me permito solicitar al Pleno de esta Cámara de Diputados se someta a consideración la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Se solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública que considere dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2009 recursos por la cantidad de 519 millones de pesos (quinientos diecinueve millones de pesos 00/100 m.n.) para los programas y proyectos dirigidos a la preservación del medio ambiente del Distrito Federal, a fin de asegurar que la Ciudad de México sea un lugar habitable para las generaciones presentes y especialmente para las futuras.
Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, a 18 de septiembre de 2008.
Diputado Pablo Trejo Pérez (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE
QUE EN EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN DE
2009 SE CONSIDEREN RECURSOS PARA EL PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DEL
REGISTRO CIVIL DEL DISTRITO FEDERAL, A CARGO DEL DIPUTADO PABLO TREJO PÉREZ,
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
El suscrito, diputado federal a la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta asamblea proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente
I. Exposición de Motivos
El Registro Civil es una institución de orden público dependiente de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales del Gobierno del Distrito Federal, cuyo objeto es de acuerdo con el artículo 35 del Código Civil vigente, autorizar los actos y hechos que tienen ver con el estado civil de las personas, así como expedir las copias certificadas relativas a nacimiento, reconocimiento de hijos, adopción, matrimonio, divorcio administrativo y muerte de los mexicanos y extranjeros en el Distrito Federal, así como inscribir las ejecutorias que declaren la ausencia, la presunción de muerte, el divorcio judicial, la tutela o que se ha perdido o limitado la capacidad legal para administrar bienes.
Actualmente la Dirección General del Registro Civil, funciona en una oficina central y en cada una de las 16 delegaciones políticas, a través de 51 juzgados.
El Registro Civil, es una Institución Jurídica que actúa de buena fe, a través de las disposiciones que le marcan principalmente el Código Civil del Distrito Federal, el cual es aplicable en conjunto con otras normas jurídicas relacionadas con las personas de otros estados y del extranjero. Sin embargo, la evolución tecnológica hace necesario su modernización. Con ese fin, se ha implantado el Programa de Modernización Integral del Registro Civil del Distrito Federal mediante el cual se ha establecido la meta de capturar electrónicamente al menos 1,250,000 registros de nacimientos o el resto de los actos registrales de su archivo histórico, que abarca el periodo comprendido entre 1930 y 2001; este esfuerzo requiere equiparlo con infraestructura informática que permita tener el respaldo de la base de datos y de las imágenes digitalizadas de las actas, así como equipar y automatizar al menos 10 juzgados e la interconectar al menos 5 juzgados con la Dirección General del Registro Civil.
La población a beneficiar es de al menos un millón 250 mil personas que acudan a solicitar una copia de un acta de nacimiento o algún otro acto registral. Este programa de modernización requiere de una asignación presupuestaria de 4 millones de pesos para 2009.
Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en el artículo 74, fracción IV de la Constitución Política y 42 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, me permito solicitar al Pleno de esta Cámara de Diputados que se someta a consideración la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Se solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública que considere dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2009, recursos por la cantidad de 4 millones de pesos (cuatro millones de pesos 00/100 m.n.) para el Programa de Modernización del Registro Civil del Distrito Federal a fin capturar y digitalizar todas las actas que se han acumulado por casi 70 años.
Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, a 18 de septiembre de 2008.
Diputado Pablo Trejo Pérez (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE
QUE EN EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN DE
2009 SE CONSIDEREN RECURSOS PARA REESTRUCTURAR Y MODERNIZAR EL CATASTRO
Y EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD DEL DISTRITO FEDERAL, A CARGO
DEL DIPUTADO PABLO TREJO PÉREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
El suscrito, diputado federal a la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta asamblea proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente
I. Exposición de Motivos
En el marco de la reforma hacendaria que aprobó el Congreso de la Unión en 2007, se hizo hincapié en la necesidad de fortalecer los ingresos propios de las entidades federativas, toda vez que cada día será más difícil que la federación pueda otorgarles más recursos federales.
Por ello, una de las reformas que se hicieron a la Ley de Coordinación Fiscal en 2007, que entraron en vigor el 1 de enero de este año, contempla otorgar más participaciones a las entidades federativas y a los municipios si elevan la recaudación del impuesto predial y los derechos de agua.
En el Distrito Federal se ha hecho un gran esfuerzo en los últimos años para elevar la recaudación del impuesto predial, al grado que actualmente, del total recaudado en el país, en la Ciudad de México se capta el 36.4 por ciento, el restante 63.6 por ciento se distribuye entre los poco más de 2 mil 500 municipios del país.
Sin embargo, el margen de maniobra para elevar la recaudación todavía es grande. A este fin, el principal desafío que tiene la Ciudad es contar con mejores herramientas para reducir la evasión y la elusión del pago de todos los impuestos a la propiedad.
Es así que se ha iniciado el proyecto "Actualización y Modernización del Catastro de la Ciudad de México" que tiene el objetivo modernizar los métodos de digitalización de la cartografía del Distrito Federal, además de la instauración de un modelo administrativo de vanguardia para responder eficazmente a las demandas de los usuarios del catastro.
Este proyecto que inició en 2007 y que se espera su culminación el próximo año, requiere una asignación de 230 millones de pesos. Con este monto, la Ciudad podrá tener una adecuada base de datos digital de todos los predios, que servirá para fiscalizar mejor el cobro de los impuestos a la propiedad, combatir la evasión y la elusión fiscales y, en el caso del impuesto predial, volverlo más progresivo.
De manera complementaria a la modernización catastral, es necesario reestructurar el registro público de la propiedad. El objetivo es actualizar esta institución de gran tradición en el país, a fin de ofrecer una mayor seguridad jurídica a todos aquellos actos que requieren satisfacer el requisito de inscripción en el registro público de la propiedad para surtir efecto frente a terceros así como mejorar la fiscalización de los impuestos por traslación de dominio y de adquisición de bienes inmuebles, lo cual se conseguirá a través de la adecuación al marco jurídico; de la reestructuración al Registro Público de la Propiedad del Distrito Federal para darle una mayor autonomía e independencia; de la definición, documentación y estandarización de los procesos organizativos, y del establecimiento de nuevos servicios registrales que requieren los usuarios.
Se contempla que la reestructuración del registro público tome un periodo de 3 años, para lo cual será necesario canalizar 30 millones de pesos.
Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en el artículo 74, fracción IV, de la Constitución Política y 42 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, me permito solicitar al Pleno de esta Cámara de Diputados que se someta a consideración la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Se solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública que considere dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2009 recursos por la cantidad de 260 millones de pesos (doscientos sesenta millones de pesos 00/100 m.n.) para la reestructuración y modernización del catastro y del Registro Público de la Propiedad del Distrito Federal, a fin de fortalecer las finanzas públicas de la Ciudad de México y mejorar la progresividad de los impuestos a la propiedad.
Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, a 18 de septiembre de 2008.
Diputado Pablo Trejo Pérez (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE
QUE EN EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN DE
2009 SE CONSIDEREN RECURSOS PARA EL PLAN DE RESCATE DE LA IMAGEN URBANA
DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS, A CARGO DEL DIPUTADO PABLO TREJO PÉREZ,
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
El suscrito, diputado federal a la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta asamblea proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
El inmueble que ocupa la Cámara de Diputados es también la sede del Congreso de la Unión se encuentra en la delegación Venustiano Carranza.
Debido a la alta concentración de servicios en la zona, así como al aforo vehicular y peatonal hacia el edificio de la Cámara de Diputados, es necesario realizar acciones de mantenimiento a banquetas, guarniciones, carpeta asfáltica y alumbrado, toda vez que por su ubicación, y colindancia, es paso obligado a centros de abasto como los mercados de La Merced, entre otros.
El proyecto de rescate de la zona circundante de la Cámara de Diputados consiste en otorgar estímulos a 800 elementos que integran dos unidades de protección ciudadana para realizar vigilancia y reforzar la seguridad en el marco del Programa de Mejoramiento Urbano, que también vigilarán los planteles educativos y espacios públicos de las colonias aledañas. Asimismo, en rehabilitar las instalaciones hidrosanitarias y cisternas de los mercados Merced nave mayor, Merced nave menor y Merced banquetón, pues con base en el estudio realizado en 2007 a los escurrimientos presentados en los muros de este mercado, se hace necesario realizar las acciones indicadas en él, y de esta forma solventar la problemática existente con el fin de proporcionar seguridad y funcionalidad a locatarios y público en general que hace uso de este espacio.
Adicionalmente, es necesario sustituir varios planteles escolares de la delegación, pues actualmente se encuentran con un alto grado de riesgo, debido a fallas en su estructura o por características geológicas del suelo en donde se encuentran desplantados lo que ha generado asentamientos vulnerables. Finalmente, el proyecto también contempla dar mantenimiento a carpeta asfáltica, banquetas, guarniciones y alumbrado de las colonias.
Este proyecto de rescate implica una erogación de 222 millones de pesos para el ejercicio de 2009.
Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en el artículo 74, fracción IV, de la Constitución Política y 42 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, me permito solicitar al Pleno de esta Cámara de Diputados que se someta a consideración la siguiente proposición con:
Punto de Acuerdo
Único. Se solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública que considere dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2009 recursos por la cantidad de 222 millones de pesos (doscientos veintidós millones de pesos 00/100 m.n.) para el proyecto de rescate de la imagen urbana de la Cámara de Diputados.
Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, a 18 de septiembre de 2008.
Diputado Pablo Trejo Pérez (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE
QUE EN EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN DE
2009 SE CONSIDEREN RECURSOS PARA EL PLAN CIUDAD DIGITAL DEL DISTRITO FEDERAL,
A CARGO DEL DIPUTADO PABLO TREJO PÉREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PRD
El suscrito, diputado federal a la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento por lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
Para que la Ciudad de México esté a la altura de las grandes ciudades modernas del mundo, requiere de dos insumos esenciales: tecnologías de la información y mayor infraestructura en telecomunicaciones.
Los servicios de información y telecomunicaciones constituyen una fuente importante de actividad económica y de empleos productivos para el país. Una infraestructura moderna contribuye de manera positiva en el desempeño de las actividades económicas, ya que apoya la integración de los mercados y las cadenas productivas, impulsa la competitividad de la industria, disminuye los costos de distribución y apoya a los sectores generadores de divisas.
Por su parte, el crecimiento económico de la última década, observado en la mayoría de los países desarrollados, se explica en buena parte por el uso de las nuevas tecnologías de la información que son el motor de lo que se denomina "economía del conocimiento". Mediante éstas, las empresas y las personas tienen acceso a información y a herramientas de planeación, control y evaluación de los procesos productivos en tiempo real (por ejemplo, el control total de calidad y el just in time). Por ello, el desafío más importante que la ciudad debe enfrentar, para estar en capacidad de alcanzar estándares similares a los que tienen las metrópolis más competitivas del mundo, es incrementar la disponibilidad de las telecomunicaciones (telefonía, banda ancha y cable), tanto para las pequeñas y medianas empresas como para las personas, a fin de que sus habitantes puedan hacer uso extensivo de las nuevas tecnologías de información.
De acuerdo con especialistas, por marginación digital se entiende la profunda diferencia en acceso a las tecnologías digitales y a los contenidos de la información digitalizada entre distintos países o, bien, entre distintos sectores al interior de sociedades determinadas.
Asimismo, con base en estudios realizados por la Asociación Mexicana de Internet, sólo en el Distrito Federal se conecta 28 por ciento de los 23.7 millones de usuarios de toda la República Mexicana. Este universo nacional es atendido a través de 6.5 millones de cuentas de acceso.
La disparidad entre el número de usuarios y el número de cuentas de acceso obedece a dos causas: la falta de un equipo de cómputo con posibilidad de acceso y la imposibilidad de la población a contratar cuentas propias. Corrobora lo anterior el hecho de que en 2007 el 35 por ciento de los usuarios accedían a Internet a través de los llamados café internet o cibercafés. De estos, 15 por ciento se conectan a internet diariamente.
Lo anterior refleja la irreversible necesidad de las personas a acceder de la manera que les sea posible a las ventajas que les ofrece el uso de Internet como columna vertebral de la sociedad de la información. Tal necesidad se convierte en una demanda de equidad e igualdad, así como de desarrollo y competitividad.
A fin de impulsar la competitividad de la Ciudad de México, por medio de un incremento en la infraestructura de telecomunicaciones y nuevas tecnologías de la información, se requiere hacer una inversión de 168 millones de pesos durante el ejercicio de 2009. Con este monto, la ciudad estaría en capacidad de ejecutar el siguiente proyecto:
Proyecto Ciudad México Digital (segunda etapa)
El proyecto Ciudad México Digital pretende brindar acceso a Internet inalámbrico gratuito desde cualquier punto de la geografía del DF, a fin de disminuir la marginación digital existente en nuestra sociedad.
Este proyecto se inscribe en el marco de los ejes rectores equidad y economía competitiva e incluyente del Programa General de Desarrollo del DF 2007-2012, y dentro del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012. En este último, se hace mención de la estrategia de promover la adhesión de actores en todos los niveles de gobierno y de la sociedad para el diseño y desarrollo de estrategias que faciliten el uso de las tecnologías de información y comunicación, y promover el desarrollo de infraestructura tecnológica de conectividad que permita alcanzar una penetración superior al 60 por ciento de la población, consolidando el uso de la tecnología de los servicios en cualquier lugar, desarrollando contenidos de interés y de alto efecto para la población.
Al término de la primera etapa, la entidad ha operado la red inalámbrica digital instalada en el centro histórico denominada Ciudad Digital, que desde su puesta en marcha registra un promedio de 3 mil 480 usuarios diarios, siendo más de 10 mil personas las que han iniciado sesión en Internet mediante este servicio de red. El periodo de ejecución de la segunda etapa es de 2009 a 2012.
Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en el artículo 74, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 42 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, me permito solicitar al Pleno de la Cámara de Diputados se someta a consideración la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Se solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública considere dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2009 recursos por 168 millones de pesos para el proyecto Ciudad Digital del Distrito Federal para reducir la brecha existente en materia de uso y cobertura de telecomunicaciones y nuevas tecnologías de información en la ciudad, lo cual permitirá elevar su productividad y competitividad.
Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, a 18 de septiembre de 2008.
Diputado Pablo Trejo Pérez (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE
QUE EN EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN DE
2009 SE CONSIDEREN RECURSOS PARA DIVERSOS PLANES RELACIONADOS CON EL HEROICO
CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO FEDERAL, A CARGO DEL DIPUTADO PABLO TREJO
PÉREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
El suscrito, diputado federal a la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente:
Exposición de Motivos
La Ciudad de México necesita hacer justicia a aquellos servidores públicos que en condiciones de adversidad y notables carencias, todos los días acuden al llamado de auxilio de los habitantes: el Heroico Cuerpo de Bomberos. No podemos aspirar a ser una urbe de primer mundo si quienes arriesgan su vida todos los días no disponen de los elementos indispensables para realizar su trabajo y para proteger y servir a las familias y a las empresas.
A fin de poner al día la infraestructura del Heroico Cuerpo de Bomberos, se requiere hacer una inversión de 301 millones de pesos durante el ejercicio de 2009. Con este monto, la ciudad estaría en capacidad de ejecutar los siguientes proyectos:
La construcción de la estación Iztapalapa en la zona de Cabeza de Juárez permitirá responder con mayor rapidez a los habitantes de la demarcación y sus alrededores.
En el caso específico del Heroico Cuerpo de Bomberos, éste requiere de 3 carros bomba, 4 minibombas con tanques de capacidad de 3,000 litros, 5 mini tanques y una escala grande. Actualmente se cuenta con vehículos con más de 25 años de antigüedad por lo que es necesaria su renovación y actualización por unidades con tecnología de vanguardia.
Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en el artículo 74, fracción IV de la Constitución Política y 42 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, me permito solicitar al Pleno de la Cámara de Diputados se someta a consideración la siguiente proposición con:
Punto de Acuerdo
Único. Se solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública considere dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2009, recursos por la cantidad de 301 millones de pesos para varios proyectos que permitan al Heroico Cuerpo de Bomberos incrementar su velocidad de respuesta y reducir el rezago de la infraestructura con que cuenta para proporcionar el servicio de apoyo y auxilio de la población del Distrito Federal.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de septiembre de 2008.
Diputado Pablo Trejo Pérez (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, RELATIVO
AL PRESUPUESTO CORRESPONDIENTE A LA DELEGACIÓN LA MAGDALENA CONTRERAS
PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2009, A CARGO DEL DIPUTADO PABLO TREJO PÉREZ,
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
El suscrito, diputado federal a la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta asamblea proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
La delegación La Magdalena Contreras ocupa el noveno lugar en extensión, con una superficie territorial de 7 mil 458.43 hectáreas, lo que representa 5.1 por ciento del territorio del Distrito Federal. De esa superficie, 82.05 por ciento (6 mil 119.46 hectáreas) es área de conservación ecológica, y el restante 17.95 por ciento (mil 338.97 hectáreas) es área urbana.
Esta delegación es una de las principales abastecedoras de agua del Distrito Federal; sin embargo, 70 por ciento de sus habitantes, es decir, unas 170 mil personas, recibe el líquido a través de tandeo, en horarios que van de las 4:00 a las 10:00 horas. El año pasado se reanudaron los trabajos para construir una planta potabilizadora y dos líneas de conducción de agua, que beneficiarían a siete colonias. Mientras tanto, la reorganización del bombeo de agua es la estrategia de las autoridades para el suministro del líquido; sin embargo, esto implica la reducción del horario de abasto en las comunidades, a fin de hacer más eficiente la distribución del recurso.
El principal problema de la demarcación radica en los asentamientos irregulares situados en aproximadamente 427 hectáreas de suelo de conservación, los cuales carecen de servicios urbanos y vigilancia.
Los problemas en materia de desarrollo urbano, como la conservación del entorno ambiental y el ordenamiento de los asentamientos irregulares, llegan a generar confrontaciones con vecinos, y autoridades delegacionales y de seguridad pública.
En La Magdalena Contreras hay 65 colonias, además de 5 localidades formadas por una sola vivienda, 16 más donde sólo habitan 247 personas y otras 2 constituidas por 434. En estas áreas, el perfil poblacional es de carácter rural, con población dedicada a actividades primarias.
Este territorio es uno de los menos poblados en el Distrito Federal, según el Conteo de Población y Vivienda de 2005, con un total de 228 mil 927 habitantes. Un poco más de la cuarta parte de esta población tiene entre 0 y 14 años de edad; es decir, es usuaria o potencialmente demandante de servicios educativos.
Asimismo, poco más de 40 por ciento de la población carece de los servicios de alguna institución de seguridad social y sus habitantes tampoco cuentan con servicios de transporte masivo de pasajeros como el Metro, trolebuses, Tren Ligero o Metrobús.
Los delitos en la delegación son de los más bajos registrados en la ciudad. Durante 2006 fueron detenidas 26 personas por robo de vehículo.
A diferencia de lo que sucede en otras demarcaciones, las capturadas por posesión de drogas fueron sólo 41 personas, lo que representa un número muy bajo respecto al total de detenidos por los delitos principales.
La Magdalena Contreras sobresale por sus áreas boscosas de gran atracción para los visitantes, pues aquí se practican campismo, caminatas, deportes extremos, actividades de ecoturismo y educación ambiental, sobre todo en áreas como El Valle de Monte Alegre, el parque ecoturístico Los Dínamos, el parque ecoturístico de San Bernabé Ocotepec y el parque ecoarqueológico Mazatepetl.
Por lo expuesto, y con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito solicitar al Pleno de la Cámara de Diputados que se someta a consideración la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Se solicita que se consideren en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2009 387 millones de pesos para la delegación La Magdalena Contreras, a fin de que se destinen 381 millones de pesos para infraestructura y 6 millones para el programa hidráulico.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de septiembre de 2008.
Diputado Pablo Trejo Pérez (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, RELATIVO
AL PRESUPUESTO CORRESPONDIENTE A LA DELEGACIÓN IZTACALCO PARA EL
EJERCICIO FISCAL DE 2009, A CARGO DEL DIPUTADO PABLO TREJO PÉREZ,
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
El suscrito, diputado federal a la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente:
Exposición de Motivos
La delegación Iztacalco se ubica al oriente del Distrito Federal. Colinda al norte con las delegaciones Venustiano Carranza y Cuauhtémoc; al poniente, con Benito Juárez; al sur y oriente, con Iztapalapa, y al oriente, con el municipio de Nezahualcóyotl, estado de México. Tiene una extensión territorial de 23.3 kilómetros cuadrados, representando el 1.6 por ciento del Distrito Federal.
Entre las localidades principales se encuentran las colonias Agrícola Pantitlán, Granjas México, Santa Anita, Agrícola Oriental, Ramos Millán y Reforma Iztaccíhuatl.
Las principales vías de comunicación son las avenidas Río Churubusco, Ferrocarril de Río Frío y Plutarco Elías Calles; las calzadas Apatlaco e Ignacio Zaragoza; los ejes viales 3 Sur, 4 Sur, 6 Sur, 2 Oriente y 3 Oriente, y el viaducto Miguel Alemán.
En la delegación habitan 411 mil 321 personas, (según censo del 2000), lo que representa el 4.77 por ciento de la población total del Distrito Federal. Su densidad de población es de 17 mil 884 habitantes por kilómetro cuadrado, índice superior en 365 veces al promedio nacional y 2.1 veces más alto que el del Distrito Federal.
Iztacalco ocupa el noveno lugar entre las delegaciones por cantidad de personas en condiciones de marginalidad: 132 mil 549 personas sufren algún grado de marginalidad, lo que corresponde al 32.2 por ciento de su población y al 4.6 por ciento del total de la población marginada del Distrito Federal. El número de hogares con este problema se eleva a 31 mil 335, los cuales están concentrados en 25 mil 592 viviendas.
De acuerdo con el grado de marginación, Iztacalco tiene una proporción de 0.8 por ciento de personas (mil 44) que viven en condiciones de muy alta marginalidad, y el 13.4 por ciento vive en condiciones de alta marginalidad, los porcentajes más bajos del Distrito Federal. En contraste, el 85.8 por ciento de la población marginada padece un grado medio de marginación, el más alto del Distrito Federal.
La delegación cuenta con equipamiento urbano recreativo como el Palacio de los Deportes y el Autódromo Hermanos Rodríguez; equipamiento educativo como la escuela Superior de Educación Física y la UPIICSA del IPN y destaca en equipamiento deportivo concentrado en la Magdalena Mixiuhca, pero hay un gran déficit de espacios abiertos a nivel de colonia y de locales de cultura y esparcimiento. El porcentaje de pavimentación en la delegación es de 90 por ciento.
La delegación es la segunda demarcación del Distrito Federal por número de establecimientos industriales.
Entre los problemas que presenta Iztacalco, están que derivado de que la mayor parte de su suelo pertenece a la mancha urbana de la Ciudad de México, la demarcación presenta una gran carestía de parques y jardines públicos, por lo que rescatar, preservar y habilitar áreas verdes suficientes dentro de la demarcación que coadyuven a amortiguar los procesos constantes de contaminación así como reforzar la conciencia ecológica en la ciudadanía para que participen en la preservación ambiental, es tarea fundamental de las autoridades de la delegación.
Así también, por su ubicación colindante con el municipio de Nezahualcóyotl, se presenta un punto conflictivo en materia de vialidad y transporte, por lo que es necesario construir mejores accesos viales y un puente vehicular que comunique a las calles y avenidas aledañas al paradero del Metro Pantitlán con la Calle 7 y la Av. Chimalhuacán, en virtud de que actualmente las calles que se utilizan para ello han resultado ser insuficientes y propician inseguridad y riesgo para las comunidades escolares y de unidades habitacionales que ahí se ubican.
Finalmente la sustitución de 20 kilómetros de atarjea, para la correcta operación hidráulica del drenaje y evitar hundimientos, contaminación del subsuelo y fallas en el pavimento existente, así como mejorar las condiciones actuales de operación y funcionamiento del suministro de agua domiciliaria a fin de evitar la oxidación y por ende fugas de agua en la delegación, son proyectos primordiales para el ejercicio presupuestal del próximo año fiscal
Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito solicitar al Pleno de esta Cámara de Diputados se someta a consideración la siguiente proposición con:
Punto de Acuerdo
Único. Se solicita sea considerado dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2009, recursos por la cantidad de 465 millones de pesos para la delegación Iztacalco, con el fin de que se destinen 310 millones de pesos a infraestructura; 140 millones de pesos al programa hidráulico y 15 millones de pesos al mejoramiento del medio ambiente.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro a 18 de septiembre de 2008.
Diputado Pablo Trejo Pérez (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, RELATIVO
AL PRESUPUESTO CORRESPONDIENTE A LA DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA
PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2009, A CARGO DEL DIPUTADO PABLO TREJO PÉREZ,
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
El suscrito, diputado federal a la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta asamblea proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
La delegación Venustiano Carranza se encuentra en la zona centro-oriente de la Ciudad de México. Colinda al norte con la demarcación Gustavo A. Madero, al poniente con la Cuauhtémoc, al sur con Iztacalco y al oriente con el estado de México. Cuenta con una superficie de 33.42 kilómetros cuadrados, lo que representa el 2.24 por ciento de la superficie total del Distrito Federal. La elevación máxima de esta entidad está representada por el Cerro Peñón de los Baños, que cuenta con una altura de 2 mil 290 metros sobre el nivel del mar.
La delegación cuenta con un total de 70 colonias, conformadas a su vez por 3 mil 220 manzanas. El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, así como la Alameda Oriente, son consideradas como colonias.
El total de la población que reside en la demarcación son 447 mil 459 habitantes.
Dentro de la infraestructura con que cuenta la delegación están 42 mercados públicos, entre los que destacan La Merced, Sonora y Jamaica. Existen en la demarcación 14 unidades médicas del Distrito Federal, entre las cuales destacan el Hospital General de Balbuena y el Pediátrico Moctezuma. Asimismo, hay 3 unidades médicas adicionales del IMSS y 3 más pertenecientes al ISSSTE.
La delegación se desataca por ser una zona concentradora de comercios, servicios y unidades habitacionales, por lo que el mejoramiento a la imagen urbana son tareas primordiales para el bienestar de los habitantes. El deterioro del pavimento, ocasionando por el tránsito intensivo de vehículos, los corrimientos de la carpeta asfáltica, y los baches sobre la superficie de rodamiento provocan un desplazamiento inadecuado de vehículos propiciando encharcamientos que provocan la alteración vial y contaminación.
Asimismo el mantenimiento a las áreas deportivas, por ejemplo, instalar techumbre en la alberca del deportivo Oceanía; la sustitución de los planteles escolares que se encuentran con un alto grado de riesgo, debido a fallas en su estructura o por características geológicas del suelo en donde se encuentran; y la reestructuración y mejoramiento de la imagen urbana de los mercados de La Merced en las naves mayor y menor, son acciones a implementar con carácter primordial para las autoridades de la delegación a fin de beneficiar a los usuarios de estos espacios.
Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito solicitar al Pleno de esta Cámara de Diputados que se someta a consideración la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Se solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública que considere dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2009, recursos por la cantidad de 230 millones de pesos (doscientos treinta millones de pesos 00/100 m.n.) para la Delegación Venustiano Carranza, con el fin de que se destinen 208 millones a infraestructura y 22 millones al mejoramiento de la imagen urbana.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de septiembre de 2008.
Diputado Pablo Trejo Pérez (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE
QUE EN EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN DE
2009 SE CONSIDEREN RECURSOS PARA PLANES DE DIVERSOS MUNICIPIOS POBLANOS,
A CARGO DEL DIPUTADO PABLO TREJO PÉREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PRD
El suscrito, diputado federal a la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta asamblea proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
El estado de Puebla ocupa el séptimo lugar con mayor índice de marginación en el país, conforme a la última publicación del Consejo Nacional del Población; está catalogado en la categoría de alta marginación.
Varios de sus municipios que tienen a su vez niveles altos de marginación, requieren algunas obras públicas de alto impacto en el bienestar de la población. Entre éstos están los siguientes:
Los proyectos que permitirían elevar la calidad de vida de los habitantes de estos municipios, cuyas finanzas públicas no están en capacidad de ejecutar son:
Total de requerimientos: 10.8 millones de pesos.
• Pahuatlán: construcción de línea de conducción de agua potable y saneamiento en las comunidades de Zoyatla de Guerrero, Atla, San Pablito y en el barrio Chipotla de la cabecera municipal, y pavimentación de la calle 2 de abril de la cabecera municipal y en la calle de Allende en la comunidad de San Pablito.
Total de requerimientos: 8.9 millones de pesos.
Punto de Acuerdo
Único. Se solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública que considere dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2009 recursos por 19.7 millones de pesos (diecinueve millones setecientos mil pesos 00/100 m.n.) para proyectos de municipios del estado de Puebla para impulsar su desarrollo y reducir su nivel de marginación.
Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, a 18 de septiembre de 2008.
Diputado Pablo Trejo Pérez (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE
QUE EN EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN DE
2009 SE CONSIDEREN RECURSOS PARA PLANES DE DIVERSOS MUNICIPIOS TLAXCALTECAS,
A CARGO DEL DIPUTADO PABLO TREJO PÉREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PRD
El suscrito, diputado federal a la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento por lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
San Pablo del Monte, Tlaxcala, es un municipio indígena localizado en el sur del estado. Colinda al norte con el municipio de Teolocholco; al sur y al oriente con el estado de Puebla; y al poniente con los municipios de Tenancingo, Mazatecochco y Acuamanala.
San Pablo del Monte cuenta con una población de 64 mil 107 habitantes, con base en el conteo de población de 2005. La población mayor de 5 años del municipio que habla alguna lengua indígena es alta. Cerca del 20 por ciento de la población de 5 años y más habla alguna lengua indígena, siendo la principal el náhuatl y otras no especificadas.
Por su parte, San Luis Teolocholco es un municipio semirrural, pues la cuarta parte de su población vive en localidades con menos de 5 mil habitantes. La población municipal total, según el conteo de población y vivienda de 2005, fue de 19 mil 435 habitantes.
Con base en el último índice de marginación publicado por el Conapo, las características sociodemográficas de ambos municipios son las siguientes:
San Pablo del Monte requiere de varios proyectos de infraestructura que permitan elevar el nivel de vida de sus habitantes y reducir el de marginación, entre los cuales están las siguientes obras:
• Una carretera denominada Arco Norte;
• Un módulo de atención canina;
• Una carretera a San Salvador Tepexco;
• Un centro de convenciones;
• Un puente 18 de Marzo (el canal); y
• Un puente La Concepción.
Punto de Acuerdo
Único. Se solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública considere, dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2009, recursos para varios proyectos en los municipios de San Pablo del Monte y de San Luis Teolocholco, ambos del estado de Tlaxcala, para impulsar su desarrollo y reducir su nivel de marginación.
Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, a 18 de septiembre de 2008.
Diputado Pablo Trejo Pérez (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE
QUE EN EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN DE
2009 SE CONSIDEREN RECURSOS DESTINADOS AL PLAN DE CONSTRUCCIÓN DEL
CENTRO DE CAPACITACIÓN Y VALIDACIÓN PARA LA TRANSFERENCIA
DE INNOVACIONES, EN HUAUTLA DE JIMÉNEZ, OAXACA, A CARGO DEL DIPUTADO
PABLO TREJO PÉREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
El suscrito, diputado federal a la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
Huautla de Jiménez, Oaxaca, es un municipio indígena localizado en la Sierra Mazateca del estado. Cuenta con una población de 31 mil 819 habitantes con base en el conteo de población del año 2005.
Con base en el último índice de marginación publicado por el Conapo, Huautla de Jiménez está en la categoría de muy alta marginación, cuyas características sociodemográficas se presentan a continuación:
Huautla tiene un fuerte rezago en el desarrollo de capacidades. La economía de la región se basa principalmente en la agricultura de subsistencia y autoconsumo. Además, las condiciones orográficas, de lluvia, diversidad de microclimas y elevada humedad no favorecen a las actividades productivas extensivas.
Por esta causa hace 10 años inició un proyecto de desarrollo que se denominó como "Centro de Capacitación y Validación para la Transferencia de Innovaciones" (Cecavati) a fin de apoyar y capacitar a la población estudiantil del bachillerato en manejo de suelos, producción de lombricomposta, producción de hongos comestibles y medicinales, producción pecuaria y manejo de frutales. Los resultados han sido significativos pero limitados pues se carece de los recursos que permitan lograr resultados de mayor trascendencia. A fin de consolidar este importante proyecto de desarrollo de la región de la Sierra Mazateca, el Cecavati requiere un apoyo de 8 millones de pesos para el ejercicio fiscal de 2009.
Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en el artículo 74, fracción IV de la Constitución Política y 42 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, me permito solicitar al Pleno de la Cámara de Diputados se someta a consideración la siguiente proposición con:
Punto de Acuerdo
Único. Se solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública considere dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2009, recursos por 8 millones de pesos para impulsar el proyecto Centro de Capacitación y Validación para la Transferencia de Innovaciones (Cecavati) en el municipio de Huautla de Jiménez, Oaxaca para impulsar el desarrollo y reducir el nivel de marginación de la región de la Sierra Mazateca.
Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, a 18 de septiembre de 2008.
Diputado Pablo Trejo Pérez (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LAS AUTORIDADES DE LOS GOBIERNOS MUNICIPAL, ESTATAL Y FEDERAL A TRABAJAR COORDINADAMENTE EN LA REUBICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA DE MORELIA, MICHOACÁN, CON EL OBJETIVO DE SALVAGUARDAR LA SEGURIDAD DE LA POBLACIÓN, A CARGO DE LOS DIPUTADOS JOSÉ LUIS ESPINOSA PIÑA, Y FELIPE DÍAZ GARIBAY, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
Los suscritos, diputados José Luis Espinosa Piña y Felipe Díaz Garibay, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, ante la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permiten someter a la alta consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:
Consideraciones
Desde el inicio de la era industrial el ferrocarril fue una de las herramientas fundamentales para la expansión de las economías y la ocupación de territorios. Pese a sus ventajas, este no ha estado exento de riesgos y accidentes; por ello los avances tecnológicos deben garantizar la seguridad de toda la sociedad especialmente en este tipo de maquinaria de transporte.
El pasado miércoles 10 de septiembre, un tren procedente de Lázaro Cárdenas, con destino a Monterrey, operando un total de 100 unidades sufrió un descarrilamiento en la población, denominada Tenencia Moleros, en el sur de la ciudad de Morelia, Michoacán, el cual transportaba –entre otros productos– nitrato de amonio (material considerado altamente peligroso, inflamable y que reacciona al entrar en contacto con el agua).
A pesar de que afortunadamente, el descarrilamiento no dejó pérdidas humanas, si ocasionó pérdidas materiales, dejando 11 familias sin hogar, 3 viviendas completamente afectadas y 43 personas en albergues.
No obstante, el principal problema radica en que al parecer, las medidas de seguridad no han sido las adecuadas. La ciudadanía, desde hace varios años, ya ha venido solicitando que el tren no pase por la mancha urbana de Morelia, ya que había la presunción de que se transportaba materiales radioactivos, tóxicos, contaminantes o peligrosos.
Se tiene conocimiento de que la empresa Kansas City Southern llega a realizar hasta cinco recorridos diarios por territorio michoacano, y en varias ocasiones con 100 furgones y algunos con doble estiba.
Sin embargo, lo verdaderamente preocupante es que transportan materiales altamente peligrosos y que al parecer no recibe un manejo especial este tipo de productos; además de que ninguna de las autoridades –especialmente las municipales y estatales– conoce a ciencia cierta el contenido de los vagones.
Si bien es cierto, ante el crecimiento del Puerto de Lázaro Cárdenas, las autoridades de los tres niveles de gobierno y la empresa Kansas City Southern, necesitan adaptar urgentemente las vías, y modernizarlas con el fin de que sean funcionales de acuerdo al peso que se transporta.
Según la Federal Railroad Administration, en el 2000 hubo en los Estados Unidos de América 16 mil 919 accidentes e incidentes de ferrocarril, de los cuales hubo 725 accidentes de trenes que transportaban materiales peligrosos.
Por su parte la Kansas City Southern, que es la compañía que pasa por Morelia, en su red de 4 mil 389 kilómetros en los Estados Unidos, tuvo 91 descarrilamientos durante 2005 y otros tantos en el 2004, según la Federal Railroad Administration. Se estima que en México tiene 4 mil 281 kilómetros de vías, las cuales no fueron calculadas para los pesos y volúmenes que se pretende transportar.
Diversas experiencias de tragedias ferroviarias cuyos vagones transportaban materiales peligrosos, han cobrado la vida de cientos de personas (Corea del Norte en 2004; Estados Unidos en 1947, 2002 y 2007; en Chernobyl, Ucrania en 1986; entre otros).
Cabe mencionar, que después del accidente del tren del Canadian Pacific Railway en Minot, North Dakota, en el que hubo un derrame de anhídrido de amonio, la National Transportation Safety Board encontró que más de la mitad de los 60 mil tanques que se utilizaban para transportar materiales peligrosos no cumplían con las normas de seguridad, por lo que muchos de estos carros tanque podrían ahora estar circulando en México
Por lo anterior expuesto, sometemos a la consideración de esta honorable asamblea, el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero. Se exhorta a los tres niveles de gobierno para que en el ámbito de sus competencias colaboren estrechamente para conseguir la reubicación del patio de maniobras y las vías férreas que cruzan por la ciudad de Morelia, Michoacán, con el objetivo de salvaguardar la seguridad de la población.
Segundo. Se exhorta respetuosamente al gobierno municipal para que en el ámbito de su competencia cancele el proyecto de puentes vehiculares sobre las vías del tren en Morelia, en tanto se establece una estrategia conjunta, entre los tres niveles de gobierno, a fin de responder a las demanda de la ciudadanía respecto a la potencial amenaza que representa la carga del tren que recorre dicho trayecto.
Tercero. Se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, para que supervise que la empresa Kansas City Southern reúna y en su caso cumpla con las condiciones técnicas, operativas y jurídicas en términos de las leyes, reglamentos y normas aplicables, que legitimen la seguridad de la ciudadanía.
Cuarto. Se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que reforme el Reglamento para el Transporte Terrestre de Materiales y Residuos Peligrosos, ya que permite –sin ninguna restricción– el paso de todo tipo de sustancias tóxicas, contaminantes o peligrosas, pues sólo prohíbe el transporte de ciertos explosivos, siendo que hay sustancias, de alto riesgo potencial, que pueden causar daños a la sociedad.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, en el primer periodo de sesiones del tercer año de ejercicio de la LX Legislatura, en la sede Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a 18 de septiembre de 2008.
Diputados: José Luis Espinosa Piña, Felipe Díaz Garibay (rúbricas).
Cada año, el 14 de septiembre los chiapanecos conmemoran con júbilo el momento más trascendente de su historia: la decisión tomada en la paz y la civilidad sobre el camino a seguir como entidad política. Ese destino se expresó en la voluntad de ser mexicanos.
Desde comienzos del siglo XIX se abrían para la antigua provincia colonial diferentes perspectivas de libertad. Dejaba entonces de pertenecer al imperio español y, en la nueva conformación geopolítica, Chiapas debió reflexionar sobre su situación definitiva que le garantizara el cumplimiento de sus aspiraciones.
Las reflexiones tuvieron como resultado la pertinencia de federarse a alguna de las entidades mayores, hermanas en historia y cultura, que conformaban su vecindad. Los chiapanecos se enfrentaron en 1824, tres años después del inicio del proceso independentista centroamericano, a la disyuntiva de decidir entre dos repúblicas federales, la mexicana y la centroamericana.
Esa disyuntiva llevó a la celebración de la consulta que, como proceso ejemplar, culminó con la integración a México, por voluntad mayoritaria de los chiapanecos, acatada por todos con alto espíritu democrático.
Chiapas signó así con orgullo su mexicanidad y su tránsito por una historia compartida; participa activamente en todos los momentos cruciales: la Reforma, la Revolución, el siglo XX. Enfrenta con decisión a todos los enemigos de la república. Colabora en la consecución de todos los afanes y empeños que buscan el progreso y desarrollo de la nación.
Hoy, a 184 años de aquel suceso, Chiapas refrenda con trabajo, pasión y compromiso su soberana decisión. Lo hace en la irrupción de la indianidad que busca la igualdad plena de derechos, lo hace en la construcción de una sociedad democrática integrada por ciudadanos, lo hace lo la generosidad de la aportación de sus recursos al desarrollo económico y social de todo el país.
En Chiapas late el corazón de México. Dice el poeta Enoch Cancino: "…y fue preciso que el caudal de los años se rompiera/sobre mi triste vida solitaria,/como espuma en flor, de roca en roca/para saber que Chiapas no era sólo río,/para saber que Chiapas no era sólo estrella,/brisa, luna, marimba y sortilegio…"
Diputada Martha Cecilia Díaz Gordillo (rúbrica)