Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el suscrito, diputado federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LX Legislatura, Íñigo Antonio Laviada Hernández, presenta ante esta soberanía proposición con punto de acuerdo que tiene como finalidad exhortar al gobierno y a la Secretaría de Comunicaciones de Veracruz a informar por qué no se han concluido o iniciado diversas obras afectadas por las lluvias torrenciales de 2006 y, del mismo modo, concluirlas; a la Secretaría de la Función Pública, al Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz y a la Auditoria Superior de la Federación, a indagar e informar sobre el destino que se dio a los recursos asignados por el Fondo de Desastres Naturales (Fonden) y que hasta hoy no han sido utilizados para su objetivo. Lo anterior, basado en la siguiente
Exposición de Motivos
El 2006 fue un año intenso en lluvias para el estado de Veracruz, lo que afectó gran parte de la zona norte del estado. Respecta a Temapache, puedo señalar que las comunidades de Las Cañas, Granadilla, Piedra Encontrada, Sierra de San Miguel y Paso del Real y otras vecinas del municipio de Álamo, sufrieron severos daños en hogares, vías de comunicación, plantíos y cosechas.
Las lluvias torrenciales ocurridas del 19 al 24 de octubre ocasionaron que el Fonden destinara importantes recursos para reconstruir los daños de estas comunidades, siendo que a la fecha muchas no se han concluido, y otras ni siquiera se han comenzado a construir.
Ha pasado año y medio desde este lamentable acontecimiento y aún no se han reconstruido obras de infraestructura muy importantes para la región que de no estar concluidas para el inicio de las lluvias en junio dejaran incomunicada la mayor parte del municipio.
Detallo las siguientes obras inconclusas:
La construcción del puente Cabellal que se encuentra en el ejido Paso Real, tramo Paso Real-El Suchil.
Entre las comunidades Las Cañas-Piedra Encontrada, tramo la Granadilla-Piedra Encontrada hay una obra inconclusa que incluye estudio, proyecto y construcción de un puente, siendo que se le asignó un valor de 4 millones de pesos.
En el ejido Las Cañas-Piedra Encontrada, tramo La Granadilla-Piedra Encontrada, se asignaron 4 millones de pesos para un estudio, proyecto y construcción de un puente, y al día de hoy la obra está inconclusa.
En el ejido Las Cañas-Piedra Encontrada, tramo La Granadilla-Piedra Encontrada, hay inconcluso un puente vado por reconstruir, siendo que se le asignó 1 millón de pesos.
Respecto a las comunidades Las Cañas-Piedra Encontrada, tramo La Granadilla-Santa Martha, están inconclusos el estudio, el proyecto y la construcción de un puente, proyecto al que también se destinaron 4 millones de pesos.
Entre las comunidades Sierra de San Miguel-Piedra Encontrada, hay tres construcciones de alcantarilla inconclusas, aun cuando se asignaron 120 mil a una, y 900 mil pesos a las otras dos.
En ese tramo no se ha iniciado la construcción de un recargue y conformación de revestimiento, al cual se asignaron 1 millón 200 mil pesos.
En el mismo trayecto no se ha iniciado la reconstrucción de dos terraplenes, a cada uno de los cuales se asignaron 60 mil pesos.
Por todo lo anterior someto a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Primero. Exhortar al gobierno y a la Secretaría de Comunicaciones de Veracruz a informar por qué no se han concluido o iniciado las obras señaladas, y del mismo modo a concluirlas.
Segundo. Exhortar a la Secretaría de la Función Pública, al Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz y a la Auditoría Superior de la Federación a informar sobre el destino que se dio a los recursos asignados por el Fonden y que hasta hoy no han sido utilizados para su objetivo y, en caso de haber algún desvío de recursos, actúen en consecuencia.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a 2 de septiembre de 2008.
Diputado Íñigo Antonio Laviada Hernández
(rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA AL TITULAR DEL EJECUTIVO FEDERAL A SUSPENDER DE INMEDIATO LOS
CATEOS DOMICILIARIOS QUE REALIZAN LA SEDENA Y AUTORIDADES CIVILES FEDERALES
EN CULIACÁN, SINALOA, SUSCRITA POR LOS DIPUTADOS SONIA NOHELIA IBARRA
FRANQUEZ, ALLIET MARIANA BAUTISTA BRAVO Y JUAN NICASIO GUERRA OCHOA, DEL
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
Los suscritos diputados federales a la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta Asamblea, proposición con punto de acuerdo, al tenor de los siguientes:
Consideraciones
El 21 de mayo pasado se anunció la Operación Conjunta Culiacán-Navolato, que tiene como marco de referencia legal la campaña permanente contra el narcotráfico, la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos que justifica el accionar macro del Ejército Mexicano, pero no así las acciones inconstitucionales que se comentan en las siguientes consideraciones;
Para llevar a cabo esta Operación Culiacán-Navolato, se movilizaron 3 mil efectivos militares, mientras que 1,200 efectivos adicionales se incorporaron posteriormente. Al momento que se inició el operativo, en Sinaloa había en promedio 2.5 ejecuciones en promedio al día mientras que en los últimos dos meses éstas han ascendido a 4.5 diarias, un escandaloso incremento de 80 por ciento, que curiosamente se da en plena instrumentación de la operación conjunta.
La presencia del Ejército no ha contenido la violencia, tampoco hay detenciones relevantes de miembros de la delincuencia organizada, lo que sí es claro es que la ciudadanía resiente dos fuegos: la violencia derivada del crimen organizado, que sin duda es la causa de la causa, pero también a la implícita violencia estatal ya que la población honorable del estado, que es la inmensa mayoría o casi la totalidad de los sinaloenses, está siendo sometida a un activismo irracional del Ejército Mexicano. De acuerdo a declaraciones de la Comandancia de la Novena Zona Regional, responsable de la comunicación social del operativo, tan sólo en una semana se realizaron 12 mil cateos domiciliarios y se revisaron a 9 mil personas.
Dado el tamaño de la ciudad de Culiacán, de 870 mil habitantes, este número de cateos y revisiones equivaldrían a 120 mil cateos en la Ciudad de México y a la revisión de 90 mil personas, cosa que jamás sucedería, pues la presencia de los medios y de la sociedad civil la impediría, sin embargo, en Culiacán se ha impedido a los medios de comunicación que den un testimonio gráfico de estos cateos, los cuales han sido denunciados como actos más parecidos al vandalismo que a la lucha contra las drogas. Queremos destacar el hecho de que han sido agredidos, directamente por el Ejército Mexicano, los siguientes periodistas: Marcos Millán de la Jornada, Leonardo Espinosa y Abel Avilés del periódico El Debate y Jorge Inzunza del Sol de Culiacán.
Afirmamos categóricamente que estos cateos domiciliarios son inconstitucionales, pues el artículo 16 de nuestra Ley superior textualmente dice:
"Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento."
El Ejército Mexicano afirma que los ciudadanos acceden voluntariamente a la revisión de sus domicilios, lo cual es falso, como lo afirma el elocuente y difundido caso del operativo relativo al domicilio donde habita la señora Leticia Carrillo de Clouthier, viuda de quien fuera candidato a la Presidencia de la República Manuel J. Clouthier del Rincón, quien tuvo que acceder "voluntariamente" al cateo de su domicilio. Mencionamos este caso porque es ilustrativo del nivel al cual han llegado los operativos, pero existen miles que se narran en la prensa local, ahí se describe el abuso de poder del Ejército y PFP.
Los sinaloenses aún tienen en la memoria operaciones del pasado y saben que esto hay que pararlo, pues con la operación crece la violencia, crece el luto y el dolor, hay más temores y dudas en la sociedad. Más homicidios que el año pasado.
Pero quizá lo peor de la situación de este virtual estado de sitio de la ciudad de Culiacán está en lo fútil de los resultados de la operación conjunta, ya que la delincuencia o sabe de los cateos o bien tiene su domicilio en otras localidades, la ineficiencia del operativo es tan elocuente, que su resultado nacional de mayor difusión fue anunciado de la siguiente manera:
A las 14:30 horas del día 15 de agosto de 2008, personal perteneciente al 16/o. Regimiento de Caballería Motorizado al efectuar patrullamientos a pie en la calle del Cuarzo, en el fraccionamiento Lomas del Pedregal, Culiacán, Sinaloa, un individuo al percatarse de la presencia del personal militar arrojó una pistola corta y salió corriendo, dejando la puerta abierta del inmueble por lo que se procedió a su inspección encontrando en su interior lo siguiente:
Numerario
Estamos marcando el mejor resultado del operativo Culiacán-Navolato, donde la autoridad militar se ve obligada a dejar claro que el perseguido dejó la puerta abierta, y se ve obligada porque ha revisado miles de domicilios sin resultado alguno, sin embargo, el resultado más relevante se da por la persecución de un sospechoso, no por el operativo de cateos. Que ironía, el mejor resultado se da por una casualidad, lo que nos habla del bajo nivel de la inteligencia e investigación de las Instituciones y agencias participantes.
En este contexto, la sociedad civil de la ciudad de Culiacán, Sinaloa, se ha pronunciado en masa contra los cateos domiciliarios, pero el Ejército Mexicano y la AFI no obedecen a nadie, incluso, cuando una Comisión de Diputados federales de la LX Legislatura Federal: Sonia Ibarra, Juan N. Guerra y Alliet Bautista se trasladó a Culiacán para solicitar una entrevista directa con el responsable del operativo mencionado, nos encontramos que el general Arturo Oliver, subjefe operativo de la Sedena quien dirige las autoridades militares y civiles del operativo no está residiendo o asumiendo el mando directamente desde Sinaloa, sino desde la Ciudad de México, lo cual no es extraño en un país como el nuestro, donde el centralismo abusivo se refleja hasta en estas cuestiones tan delicadas, lo cual coloca a Sinaloa en un virtual estado de coloniaje, al más puro estilo imperial.
En función de lo anterior, se propone a esta honorable Comisión Permanente del Congreso de la Unión, la siguiente proposición de punto de acuerdo de obvia y urgente resolución:
Punto de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta al Ejecutivo para que en su carácter de Jefe de las Fuerzas Armadas y Comandante en Jefe, ordene al Ejército Mexicano y autoridades civiles federales involucradas, la suspensión inmediata de los cateos domiciliarios en el estado de Sinaloa, en virtud de lo establecido en el artículo 16 constitucional cuya letra suprema se reitera: Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento.
Salón de Sesiones de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, 2 de septiembre de 2008.
Diputados: Sonia Nohelia Ibarra Franquez, Alliet
Mariana Bautista Bravo, Juan Nicasio Guerra Ochoa (rúbrica).
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA AL DELEGADO FEDERAL DEL TRABAJO EN QUINTANA ROO A VERIFICAR
LAS CONDICIONES LABORALES DE LOS OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
TURÍSTICA EN BENITO JUÁREZ Y SOLIDARIDAD, A CARGO DE LA DIPUTADA
YARY DEL CARMEN GEBHARDT GARDUZA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
La suscrita, diputada federal del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de la LX Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, en nombre de las diputadas de este grupo parlamentario, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de la asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:
Consideraciones
Nuestra nación se distingue en el concierto de las naciones, por haber sido uno de los primeros países en contar con un documento constitucional con un eminente carácter social y de protección a las clases más desfavorecidas como lo representa el sector obrero; de ahí que a la carta fundamental de 1917 se le considere la primera Constitución política-social del orbe y como la más avanzada de su momento.
Es en nuestro documento supremo en donde descansan una serie de derechos y garantías a favor de las clases trabajadoras del país, prestaciones de índole social que no deben de ser socavadas por nadie, sino por el contrario deben de ser respetadas por todos los patrones y contratistas competiéndole a los funcionarios públicos la vigilancia del irrestricto respeto y cumplimiento de tales normas fundamentales.
No obstante lo anterior, en los municipios de Benito Juárez y Solidaridad en el estado de Quintana Roo; urbes en las cuales se desarrollan y edifican complejos para atender la demanda turística, los derechos laborales de miles de trabajadores que emigran a éstos para trabajar en la construcción de lo que serán lujosos hoteles, muchas veces engañados por contratistas sin escrúpulos quienes les ofrecen mejores condiciones salariales y de vida de las que enfrentan en su lugar de origen, son objeto de las más lamentables vejaciones, por lo que no debemos dejarlas pasar por alto.
Son alrededor de noventa mil los trabajadores de la construcción que viven en condiciones de hacinamiento en refugios construidos con láminas de cartón y madera, los cuales descansan en hamacas o cartones sobre la tierra, sin que cuenten con luz eléctrica, agua potable y ventilación al margen de que los servicios sanitarios se encuentran en condiciones deplorables.*
La mayoría de estos trabajadores no cuentan con ningún tipo de prestación laboral ni con servicios de salud, enfrentando constantemente abusos, discriminación y explotación por parte de sus empleadores quienes únicamente ven en ellos a un simple instrumento de trabajo y no a seres humanos que sufren con las pésimas condiciones laborales que se les ofrece.
De acuerdo con un estudio sobre las condiciones de los migrantes chiapanecos realizado por la Consultaría Redes-Turismo se presentan cifras escalofriantes sobre la situación de estos trabajadores que es la siguiente: 74 por ciento de los chiapanecos que acuden a trabajar como albañiles son jornaleros agrícolas, entre 25 por ciento y 30 por ciento de los migrantes no hablan español; el 94 por ciento dejan familiares directos en sus comunidades; el 20 por ciento arriban a la zona con parte de la familia; el 20 por ciento duerme en los campamentos y el resto rentan cuartos donde viven cinco personas en promedio; trabajan entre 10 y 11 horas diarias; el 50 por ciento perciben de 4 mil a 6 mil pesos mensuales, de los cuáles gastan en promedio 2 mil 250 pesos en vivienda, alimentación y transporte además de que el 50 por ciento carecen de prestaciones. Entre los principales problemas detectados se encuentran: el alcoholismo, la extorsión por parte de elementos policíacos, el maltrato y la discriminación.
Por su parte el Sindicato Independiente de Trabajadores y Empleados de la Construcción (SITEC) ofrece también datos por demás alarmantes: se tiene registro de 280 defunciones originadas en gran medida por la falta de capacitación para los obreros en el desempeño de sus funciones además de que no se les brinda equipo de protección, cada semana se presentan alrededor de 80 accidentes laborales, alrededor del 50 por ciento de los trabajadores son menores de edad, considerando que alrededor del 100 por ciento de los albañiles son alcohólicos y el 50 por ciento tienen enfermedades venéreas.
Asimismo, trabajadores de estas obras señalan que existen sindicatos que obtienen una ganancia de alrededor de 25 y 30 mil pesos mensuales a cambio de poner una placa de que los obreros están sindicalizados pero sin que hayan verificado las condiciones laborales de los obreros.
Queda claro, que esta situación ya no debe de seguir ocurriendo, por lo que es urgente levantar la voz, a favor de quién más lo necesita.
Por lo anterior, propongo a esta soberanía la siguiente proposición:
Punto de Acuerdo
Único. Se hace un llamado enérgico al delegado federal el Trabajo en el estado de Quintana Roo, con el objeto de que verifique las condiciones laborales de los obreros que trabajan en la construcción de infraestructura turística en los municipios de Benito Juárez y Solidaridad, y en su caso realice las acciones conducentes, en aras de proteger sus derechos laborales individuales y colectivos.
Nota
*http://www.la-verdad.com.mx/principal/index.php?option=com_content&task=view&id=5667
&Itemid=168
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de septiembre de 2008.
Diputada Yary del Carmen Gebhardt Garduza (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA AL TITULAR DE LA SEGOB A INSTALAR UNA MESA DE NEGOCIACIÓN
DONDE PARTICIPEN DIVERSAS AUTORIDADES A EFECTO DE RESOLVER LOS CONFLICTOS
MINEROS DE SONORA, ZACATECAS Y GUERRERO, A CARGO DEL DIPUTADO ALBERTO ESTEVA
SALINAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE CONVERGENCIA
El suscrito, Alberto Esteva Salinas, diputado de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, comparece ante esta soberanía con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para presentar proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, al tenor de los siguientes:
Antecedentes
1. El pasado 9 de julio de 2008, presenté por primera vez, ante el Pleno de la Comisión Permanente, la proposición con punto de acuerdo por la que se exhortaba a la Secretaría de Gobernación a que instalara una mesa de negociación donde participaran autoridades de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, una representación de las secciones mineras que están en huelga, representantes de Grupo México y legisladores, a fin de que se pudiera resolver el conflicto minero de Cananea, Sonora, San Martín Sombrerete, Zacatecas, y Taxco.
2. La comisión dictaminadora decidió acumularla junto con la proposición con punto de acuerdo del 25 de junio de 2008 presentado por el senador Graco Ramírez Garrido Abreu; argumentando que el tema del conflicto minero entre el Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana y la empresa Industrial Minera México, SA de CV, unidades Taxco, Guerrero, San Martín, Zacatecas y Cananea, Sonora, estaba "atendido", por tal motivo, al momento de emitir el dictamen tomo en cuenta la proposición planteada por el senador Graco Ramírez Garrido.
3. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, aprobó el 2 de julio de 2008 el dictamen cuyos resolutivos son los siguientes:
Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, con sustento en lo dispuesto en el artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, invita al titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, a una reunión de trabajo con los integrantes de la Tercera Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente, a efecto de que informe sobre el estado que guardan los procedimientos de huelga de las unidades Taxco, San Martín y Cananea de la empresa Industrial Minera México, y la forma en que han proveído el cumplimiento de las disposiciones legales aplicables y la correcta ejecución de sus atribuciones que derivan de ellas.
La Tercera Comisión de Trabajo realizará los actos preparatorios para dicha reunión de trabajo, establecerá el formato y con la intervención del Presidente de la Comisión Permanente, determinará la fecha y hará la invitación correspondiente para la realización de ésta.
Segundo. Se reitera la solicitud de información al titular de la Secretaría de Economía, conforme al Punto de Acuerdo aprobado por la Comisión Permanente, el pasado 21 de mayo de 2008, solicitando del titular de dicha dependencia se sirva considerar en su informe a las unidades de Taxco y de San Martín, de la empresa Industrial Minera México, S.A. de C.V., ampliando para este efecto el plazo a 30 días naturales.
…
5. Por tal motivo me permito presentar este punto de acuerdo de urgente y obvia resolución para que esta soberanía sea participe en la búsqueda de una solución a este problema que embarga al gremio minero y a la sociedad en general.
Por los anteriores, fundamento mi proposición en las siguientes
Consideraciones
El conflicto laboral que hoy afecta a los mineros en el país, no es nuevo ni desconocido, sin embargo, en estos dos últimos años, se ha agudizado de forma tal, que ha dejado ver que los principios por los cuales miles de mexicanos dieron su vida para consagrar el estado mexicano, están siendo olvidados.
La Constitución en su articulo quinto manifiesta: "El Estado no puede permitir que se lleve a efecto ningún contrato, pacto o convenio que tenga por objeto el menoscabo, la pérdida o el irrevocable sacrificio de la libertad de la persona por cualquier causa..."
Dicho principio debe de prevalecer a toda costa en las políticas laborales aplicadas en el país. Por ningún motivo, las autoridades deben apartarse de los principios contenidos en el artículo 123 de la Carta Magna y, mucho menos, convertirse en rehenes de prácticas que tienen como objetivo retorcer las leyes en favor de grupos de poder.
Actualmente, el amplio sector minero ha sido afectado por la mala aplicación de las políticas laborales públicas. Es lamentable oír de propia voz de las autoridades que se prefiere pisotear los derechos laborales y sindicales con el objeto de acallar voces y crear una falsa realidad que todo en México se encuentra de maravilla para no asustar a los inversionistas privados.
El conflicto minero se debe principalmente a tres factores: el abandono de las autoridades de la clase minera; la abusiva actuación demostrada por los inversionistas, entre ellos Grupo México y; la constante voluntad del gobierno de querer inmiscuirse en la vida interna de los sindicatos.
No hay que olvidar, que sobre la Secretaría del Trabajo y sus autoridades, existe la sombra del lamentable episodio de Pasta de Conchos, donde la negligencia de la empresa Grupo México y la insensibilidad de las autoridades federales cobraron la vida de 65 trabajadores.
El límite entre el gobierno y Grupo México se ha convertido en una línea muy borrosa; ejemplo de lo anterior, podemos citar el uso continuo de fuerzas policiales para romper huelgas en las minas de Grupo México, las continuas violaciones flagrantes de los derechos de los miembros del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana (SNTMMSRM) mediante ataques, tortura, intimidaciones, arrestos arbitrarios; violaciones de los derechos laborales consagrados en la Constitución mediante encubrimiento y manipulación de hechos, de la propia ley y con la complicidad de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social.
El 20 de abril de 2006, el gobierno federal y el gobierno del estado de Michoacán intentaron desalojar a los trabajadores huelguistas de la Sección 271 de la empresa Siderúrgica Lázaro Cárdenas Las Truchas, con el apoyo de la policía federal preventiva y la policía judicial estatal. En el enfrentamiento mueren dos trabajadores por disparo de arma de fuego y se contabilizan 41 lesionados.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos declaró que fueron responsabilidad del gobierno federal las muertes y los hechos violentos de la siderúrgica.
Los señalamientos anteriores han sido mencionados de igual forma en la esfera internacional, pues el movimiento sindical internacional ha instado en múltiples ocasiones al gobierno mexicano a que suspenda sus ataques a los derechos fundamentales de los miembros del SNTMMSRM y de los trabajadores mexicanos; a que respete los principios de libertad y autonomía sindical y actué en concordancia con la legislación mexicana y las normas y pactos internacionales.
El movimiento minero en México ha estado respaldado por la Federación Internacional de Trabajadores Metalúrgicos que tienen un padrón de 25 millones de afiliados, también se ha sumado el apoyo de los Steelworkers de los Estados Unidos de América y Canadá.
Actualmente subsisten desde julio del 2007, las huelgas de las secciones 17, 65 y 201 del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana, en Cananea, Sonora, San Martín Sombrerete, Zacatecas y Taxco, Guerrero.
La empresa concesionaria Industrial Minera México (IMMSA), así como Grupo México, ha apostado por el desgaste económico de los mineros para intentar derrotarlos y al no existir aun arreglo alguno, los pueblos donde se encuentran dichas minas, han empezado a recibir los efectos de la paralización económica.
Ejemplo de lo anterior, podemos citar el cierre de comercios y la pérdida de puestos de trabajo. Los créditos adquiridos por personas de la región, se han declarado incobrables y existe una desintegración familiar ante la emigración para conseguir empleo y poder llevar alimento y sustento.
También podemos citar que durante año de huelga, se ha incrementado la delincuencia en las poblaciones aledañas a dichas minas y priva un estado permanente de inseguridad en las calles ante una pobre respuesta de las autoridades municipales.
Hasta la fecha, no ha existido voluntad de querer dar solución al conflicto. Estas huelgas deben ser atendidas con equidad y prontitud y debe cesar el autoritarismo y complicidad que afecta a los mineros y sus familias.
A los mineros les asiste la razón, no hay que olvidar que la Constitución otorga el derecho de huelga a los trabajadores como medio para alcanzar sus pretensiones laborales. El que no se haya llegado a una solución, nos preocupa, por tal motivo, hemos insistido en mas de una ocasión, que ésta debe de estar apegada a derecho y respectando la autonomía y libertad sindical, así como privilegiar el derecho de huelga consagrado en la Carta Magna.
Actualmente las negociaciones están suspendidas por no llegar a acuerdo alguno tras las reuniones que miembros de esa organización gremial sostuvieron con la empresa Grupo México.
Por su parte, el titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Javier Lozano Alarcón, en reiteradas ocasiones ha demostrado no poder erigirse en el árbitro de este conflicto, pues como los propios mineros lo han manifestado, su notoria incondicionalidad hacia los grandes empresarios como Germán Larrea Mora Velasco, propietario del Grupo México lo ha convertido en un interlocutor inviable para negociar.
El sindicato minero, que alberga a mas de 270 mil trabajadores, ha reiterado su posición respecto de la legalidad constitucional de las huelgas y ha instado al secretario del Trabajo a "definir claramente si va a tutelar los intereses de los obreros o si está comprometido con las empresas".
Un hecho cierto e innegable, es que el conflicto minero se precipitó por la ilegal intervención del gobierno federal en la vida interna del gremio, con la campaña de desconocimiento y persecución que la administración de Vicente Fox emprendió contra la dirigencia encabezada por Napoleón Gómez Urrutia y el intento de imposición de un líder espurio.
En febrero de 2006, el gobierno en interacción con la empresa minera más poderosa del país, Grupo México, desencadenó contra el gremio minero y su dirección sindical un ataque como nunca antes habíamos visto.
El gobierno mexicano destituyó arbitrariamente al secretario general y al Comité Ejecutivo del sindicato, designando una nueva dirección ajena a esa organización.
Al igual que mando confiscar todas las cuentas del sindicato, presentó cargos falsos contra su dirigente y sus líderes apoyándose en documentos falsificados y una grave manipulación de la ley.
Todo lo anterior ha puesto en evidencia un reprobable contubernio entre la autoridad federal y el Grupo México, al amparo de una pretendida defensa de los derechos de los trabajadores. Peor aún, en este sexenio, ha continuado esta persecución.
Las autoridades federales, empezando por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, deben cumplir con su obligación constitucional de garantizar condiciones laborales dignas para los trabajadores del sector minero y desistir de sus tendencias parciales e injerencistas.
Además, hay que mencionar que las minas en manos de la empresa Grupo México, han sido objeto de incontables denuncias por las circunstancias deplorables en las que se desempeñan los trabajadores de esa industria, así como de no contar con las mínimas garantías de seguridad e higiene.
Hay que recordar que pesa la sombra del lamentable suceso en Pasta de Conchos, donde perdieron la vida de 65 mineros, suceso que aún no ha sido castigado. En diciembre de 2006, esta LX Legislatura creó la Comisión Especial para investigar las responsabilidades y origen de la tragedia de la mina Pasta de Conchos.
La cual, pudo determinar que la mina no estaba suficientemente ventilada, que en materia de polveo de la mina, no se adquirió en cantidad suficiente para polvear todo el avance de la mina –53 por ciento no tenía polveo– además de llegar a la conclusión que en su momento (junio 2004), la Secretaría del Trabajo realizaron una visita de inspección y se consignaron 48 irregularidades, sin embargo el delegado federal emplazó al patrón para subsanar las irregularidades mas de un año después.
De igual forma, se ha acreditó que la secretaría del Trabajo no cumplió con su deber jurídico de hacer las inspecciones y de tomar las medidas necesarias para garantizar la seguridad de los trabajadores. Lo sucedido en Pasta de Conchos es catalogado como un homicidio debido a que se pudo haber sido evitado, sin embargo por causa de negligencia y omisión por parte del patrón y servidores públicos de carácter federal, se condujo a la muerte a 65 mineros.
No podemos permitir que este tipo de empresas sigan utilizando su poder económico y sus relaciones para evadir sus responsabilidades y pongan en peligro la vida de miles de mineros en el País. Repudiamos y señalamos que las instancias federales encargadas de revertir esta situación evadan su responsabilidad con argumentos tan inverosímiles como la presunta invalidez de la huelga minera.
Javier Lozano Alarcón, titular de la Secretaria de Trabajo, ha sido desconocido por los mineros como autoridad interlocutora; por este motivo, queremos solicitar a la Secretaría de Gobernación que sea ésta quien funja como intermediaria para lograr llegar a una solución que ponga fin a estas huelgas que existen en Cananea, Sombrerete y Taxco.
Por lo anteriormente expuesto, y en virtud de que este tema no ha sido debidamente atendido y resuelto, sometemos a la consideración de esta honorable Cámara de Diputados, con carácter de urgente y obvia resolución, el siguiente:
Punto de Acuerdo
Único. Que esta honorable Cámara de Diputados exhorte a la Secretaría de Gobernación a que instale una mesa de negociación donde participen autoridades de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, una representación de las secciones mineras que están en huelga, representantes de Grupo México y Legisladores, a fin que se pueda resolver conforme a derecho y respetando la autonomía y libertad sindical, el conflicto de huelga de Cananea, Sonora; San Martín Sombrerete, Zacatecas y; Taxco, Guerrero.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de septiembre de 2008.
Diputado Alberto Esteva Salinas (rubrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA EXHORTAR
AL TITULAR DE LA SEMARNAT A INICIAR ANTE LA UNESCO LA GESTIÓN A
FIN DE QUE LA RESERVA DE LA BIOSFERA DE LOS PETENES SEA CONSIDERADA PATRIMONIO
NATURAL DE LA HUMANIDAD, A CARGO DEL DIPUTADO JORGE RUBÉN NORDHAUSEN
GONZÁLEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
El que suscribe, diputado federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LX Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite poner a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, conforme a las siguientes
Consideraciones
Primera. La reserva de la biosfera Los Petenes cuenta con una superficie total de 282 mil 858 hectáreas, y fue establecida el 4 de junio de 1996, con la categoría de zona de protección especial de flora y fauna. Sin embargo, atendiendo a la relevancia natural de la zona, y para efectos de compatibilizar el manejo del área protegida con las categorías jurídicamente reconocidas en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, a partir de 1999 fue decretada por el Ejecutivo federal como reserva de la biosfera.
Segunda. La reserva de la biosfera Los Petenes protege en su polígono una amplia diversidad tanto de plantas y animales como de ecosistemas, entre los cuales se encuentran los petenes, la selva baja inundable, la selva mediana y los manglares. De éstos destacan los llamados "petenes", islas de vegetación arbórea asociada a manantiales y que constituyen un hábitat que sólo se encuentra en esta zona de la península de Yucatán, Florida y la isla de Cuba. Esta reducida representatividad hace que los petenes sean considerados ecosistemas de gran fragilidad.
Tercera. La reserva de la biosfera Los Petenes representa una importante zona de alimentación y reproducción de diversas aves, entre las cuales se han registrado 65 especies que se encuentran consideradas en alguna de las categorías de riesgo previstas en la Ley General de Vida Silvestre y en la Norma Oficial Mexicana NOM-059-ECOL-2001. Por otro lado, entre los mamíferos que se encuentran en esta área protegida destaca el jaguar, el cual se incluye en la categoría de protección en la norma oficial mexicana citada.
Cuarta. Otro aspecto relevante de esta área protegida lo constituyen los servicios ambientales que presta, lo que hace necesario prevenir los efectos ambientales negativos que algunas actividades humanas conllevan. La calidad del agua, el mantenimiento del material genético, la protección del paisaje, y la oportunidad de disfrutar y apreciar la herencia natural dependen tanto de la conservación del área como de la regulación adecuada de las actividades que pudieran incidir en ella.
Quinta. Que es indispensable que en las áreas naturales protegidas se apliquen esquemas alternativos, donde sean las propias comunidades quienes participen activamente en el manejo y la conservación de sus recursos naturales.
Sexta. Que el programa El Hombre y la Biosfera de la UNESCO desarrolla la base, en las ciencias naturales y sociales, para el uso sustentable y la conservación de la diversidad biológica, y para mejorar la relación entre la sociedad y el ambiente del planeta.
Séptima. Que además de la protección federal y estatal de esta región, es necesario que sea reconocida internacionalmente en el marco del programa El Hombre y la Biosfera de la UNESCO, como parte de la Red Mundial de Reservas de la Biosfera, lo que en el largo plazo permitirá incrementar los estímulos fiscales y económicos que reciben otras formas de protección y manejo sustentable de los recursos naturales.
Por todo lo anterior, el que suscribe, diputado federal de la LX Legislatura, se permite poner a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Se propone al Pleno de la Cámara de Diputados que acuerde exhortar al secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales a realizar las gestiones necesarias que permitan que la reserva de la biosfera Los Petenes se incorpore a la Red Mundial de Reservas de la Biosfera del Programa MAB, de la Organización de las Naciones Unidas para Ciencia, la Educación y la Cultura.
Diputado Jorge Rubén Nordhausen González
(rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL SE
EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A INSTITUIR A PARTIR DE 2009, A TRAVÉS
DE LA SECRETARÍA DE SALUD, LA SEMANA NACIONAL RELATIVA AL DÍA
MUNDIAL SIN TABACO, A CARGO DEL DIPUTADO EFRAÍN MORALES SÁNCHEZ,
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
El que suscribe, diputado Efraín Morales Sánchez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta soberanía, con carácter de urgente resolución, la siguiente propuesta con punto de acuerdo, por el que la Cámara de Diputados exhorta al Ejecutivo federal a través de la Secretaría de Salud, instituya la celebración, a partir del año 2009, de la "Semana Nacional del Día Mundial sin Tabaco", bajo las siguientes:
Consideraciones
De la vasta producción, técnica, intelectual y de programas referidos y dirigidos a y en contra del tabaquismo; generados y emitidos por diversos especialistas e instituciones, tanto públicas como privadas; en esta ocasión, de manera general e ilustrativa referiré del Instituto Nacional de Salud Pública y de la Secretaría de Salud algunos datos para los fines de esta propuesta:
Así pues, la Organización Mundial de la Salud ha señalado que: del total de la población mundial el 30% de adultos es fumador, de éstos 5 millones fallecen al año, lo que equivale a cerca de 13 mil defunciones diarias. Y que si los patrones de consumo actuales de tabaco se mantienen, la cifra de muertes, por esta adicción, se duplicará antes del 2020.
Se mencionan también que: en México hay más de 17 millones de fumadores, que aproximadamente 60 mil personas mueren al año por enfermedades relacionadas con el tabaquismo; esto implica alrededor de 165 defunciones diarias, de las cuales 38% resulta de enfermedad isquémica del corazón; 29% de enfisema, bronquitis crónica y enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC); 23% de enfermedad cerebrovascular y 10% de cáncer de pulmón, bronquios y tráquea.
De igual forma señalan que, en el 2002, la Encuesta Nacional de Adicciones concluyó que 23.5% de la población entre los 12 y 65 años de edad era fumadora y que el 25.6% era fumador pasivo, es decir alrededor de 18 millones de personas.
Asimismo que, el 1.4 por ciento de la población se identificó como fumador dependiente, lo que representa más de un millón de personas que requiere atención especializada.
Y que, dato verdaderamente preocupante, durante el último decenio, la edad de inicio de consumo de tabaco disminuyó a los 11 y 12 años de edad o incluso menos.
En este mismo orden de ideas, investigadores e institutos nacionales han concluido que pese a todos los esfuerzos, en ocasiones organizados y sistémicos y en muchos aún desvinculados y fraccionados; y en ambos casos, además, enfrentándose o sorteando los intereses de la industria tabacalera y de otras instancias del colectivo, éstos no han sido suficientes.
Por lo que el costo, que este problema de salud pública tiene para nuestra sociedad, se refleja en las muertes prematuras, en la invalidez de población productiva y en un grave deterioro de la calidad de vida de los mexicanos. Además, de que la atención a los padecimientos agudos y crónicos causados por el tabaquismo afectan severamente el presupuesto del sistema y servicios de atención a la salud.
Delicada y penosa circunstancia ésa, por la que, a nivel global, la propia Organización Mundial de la Salud ha declarado que pese a los progresos en la lucha contra el tabaco, ningún gobierno ha podido aplicar en su totalidad las recomendaciones de dicha Organización. Por lo que indiscutiblemente el consumo de tabaco, prevalece a nivel mundial, como una de las principales causas de muertes evitables y de discapacidad.
También, habrá que reconocer que trágica y paradójicamente, como ya lo habíamos señalado en otra de nuestras iniciativas; desde que se trata de abatir el consumo de tabaco y minimizar el daño en la población, hay más consumidores (las estadísticas dan testimonio con estimaciones y proporciones, con registros de morbimortalidad y tendencias de la vigilancia epidemiológica); desde que se trabaja con clínicas para disuadir la adicción, aparecen nuevas barreras y la negación sistemática para aceptar que se trata de una enfermedad, apreciación que se torna en resistencia al tratamiento; desde que se sabe más sobre el daño, hay más cuestionamientos para creerlo; desde que se lucha para abatir el daño del tabaco, se dan más altercados y discusiones entre los que sí y los que no. Hay conflictos entre personas, en los momentos y sitios menos esperados.
Lo que nos indica, que hace falta saber más sobre la intimidad del proceso causante de estas manifestaciones y la conducta del individuo en sociedad. Dado que todo, gira en torno a una relación dialéctica y simultánea en el que uno y los muchos son uno.
Por ello, siguiendo a los investigadores que antes referí, conviene hacer caso a algo que lamentablemente, en la mayoría de las ocasiones ha sido soslayado hasta hoy. Me refiero al fuerte componente de enfermedad social que el tabaquismo tiene. Ya que el tabaquismo es una enfermedad grave que requiere cuidados individuales y comunitarios.
Pues, a medida que avanza el conocimiento para disminuir el consumo de tabaco y la adicción, el saber se trasforma y sufre cambios con el tiempo. El proceso va pasando por fases de maduración social. Así de apreciarse como hábito, pasa a vicio, después a causa de enfermedades, de modo que ahora se le percibe como adicción ligada a una constelación de daños en el individuo y perjuicios para la población.
Por ello, desde ahora, subrayo que es menester individual y colectivo disminuir la disponibilidad y acceso al tabaco; por lo cual es necesario encaminar todos los esfuerzos, para abatir lo más pronto posible la disponibilidad. Ya que, sin duda, esto es el auténtico problema; por tanto, hay que esforzarse en reconocerlo y actuar en consecuencia. Por tanto, disminuir la disponibilidad y acceso al tabaco, debe ser nuestro punto de partida y conclusión para todas las acciones y propuestas por venir, y no otorgar ni otorgarnos la más mínima concesión.
Por otra parte, sin omitir y reconocer los esfuerzos de la Secretaría de Salud a través del Consejo Nacional, de los Consejos Estatales y los Comités Municipales contra las Adicciones; así como las acciones de diversas instituciones del sector salud y de otras instancias, tanto privadas como sociales, que participan en la prevención y control de tabaquismo en el país; mismas que han invertido voluntad, recursos materiales, financieros y humanos; y han obtenido, sin duda, valiosos resultados. Lamentablemente, estos últimos, no han sido capaces de emparejar a la evolución y perniciosas estrategias de las tabacaleras; como tampoco han podido vencer la desvinculación y parcialización de las acciones y los esfuerzos implementados, hasta hoy por no haber sido planteados de una forma integral y ampliamente socializados.
En consecuencia, es necesario de forma inmediata y permanente, continuar atendiendo y consolidando la legislación respectiva, consumando las actividades en los servicios para la prevención del tabaquismo en el sector salud, en el sector educativo y alentando la participación comunitaria. Promoviendo y consolidando los servicios para el tratamiento de la rehabilitación de los fumadores. El control de la producción y manufactura, de la publicidad, del consumo de tabaco en lugares públicos, del consumo en los lugares de trabajo. La aplicación de la Norma Oficial Mexicana y especialmente de la recién aprobada Ley General para el Control del Tabaco.
Por otra parte, reconociendo que la institucionalización de las celebraciones del Día Mundial Sin Tabaco y, ahora, la Semana Nacional con relación a ése, en nuestro país. Pueden centrar la atención en general sobre este importante problema de salud, y a la vez propiciar actuaciones que aparecen como puntuales y que deben llegar a consolidarse e integrarse en el conjunto de estrategias para la efectiva prevención y control del tabaquismo. Permitiendo así, una visión global de las numerosas facetas y de la responsabilidad individual y social que representa el consumo de tabaco.
Por tanto, la Semana Nacional del Día Mundial sin Tabaco que en esta ocasión propongo; así denominada, en virtud de que considero relevante, además de las acciones y actividades permanentes de las que ya di cuenta, capturar y mantener la atención nacional, consecutivamente, a lo largo de toda una semana de acciones en rededor de este problema; y de esta forma, con mayor vigor, incidir en la sensibilización, educación y acciones colectivas permanentes en contra de esta pandemia, siendo, por lo demás, consecuentes con los objetivos de la celebración del Día Mundial sin Tabaco. Más, en nuestro caso, insisto, para que toda esa Semana Nacional a través de las acciones concretas y efectivas de todas las instancias públicas, privadas y sociales avocadas a ese propósito, se logren conjuntar y alinear sus esfuerzos y estrategias, para obtener la más rentable capitalización de los recursos; y los resultados más categóricos y permanentes para las instituciones, las organizaciones y la salud nacional.
De esta forma, tal como he venido insistiendo, con la absoluta rectoría de la Secretaría de Salud y la participación alineada de todas las instancias que ya operan contra el tabaquismo. Así como, atentos al simbolismo, el marco normativo y de objetivos de la celebración del Día Mundial sin Tabaco; propongo se lleve a cabo y se instituya a partir del año 2009 en nuestro país la Semana Nacional del Día Mundial sin Tabaco. Misma que deberá desarrollarse en rededor de la fecha del día oficial de la celebración mundial, en el 2009 y los sucesivos.
Debo reiterar, que la Semana Nacional deberá sumar todos los recursos, las actividades y las acciones de cada una de las instancias públicas, privadas y sociales del país que ya antes señale y aquellas que haya podido omitir.
Para el éxito de esta propuesta es fundamental, que las acciones, y más acciones que se suscriban con motivo de la misma: logren detecciones, sensibilización, educación y cultura para la salud en general; y de forma particular, obviamente, con respecto del tabaquismo. Siendo la meta más ambiciosa, crear una conciencia que logre consenso y que integre los ámbitos familiar, escolar, laboral, de convivencia, de los líderes sociales y de opinión; así como, los institucional, municipal, estatal, nacional, regional y mundial, es decir de la sociedad toda.
Y propiciar una cultura, sin satanizar, prohibir o perseguir. Dado, que es mejor alentar la percepción individual y colectiva, basada en la verdad y la razón, que esté por encima de las presiones de quienes promueven la adicción del consumidor y recurren al engaño y la publicidad.
Con lo anteriormente expuesto y considerado, someto a la consideración de esta honorable Asamblea, la siguiente propuesta con
Punto de Acuerdo
de urgente resolución
Único. La Cámara de Diputados exhorta al Ejecutivo federal a través de la Secretaría de Salud, instituya, a partir del año de 2009, la celebración en nuestro país de la "Semana Nacional del Día Mundial Sin Tabaco"
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 2 días del mes de septiembre de 2008.
Diputado Efraín Morales Sánchez (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA AL TITULAR DE LA SEGOB Y A LA COMISIONADA DEL INSTITUTO NACIONAL
DE MIGRACIÓN A INCLUIR EN LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE POLÍTICA
MIGRATORIA PARA LA FRONTERA SUR, UN PUNTO DE VISTA INTEGRAL EN MATERIA
DE PROTECCIÓN Y RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS, A CARGO DE LA DIPUTADA
YARY DEL CARMEN GEBHARDT GARDUZA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
La suscrita, diputada federal del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LX Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, a nombre de las diputadas de este grupo parlamentario, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de la asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:
Consideraciones
La frontera sur de México comprende una extensión aproximada de mil 140 kilómetros, de los cuáles 658.5 los comparten Chiapas y Guatemala; de los 21 municipios de límite sur de México con otros países, 19 pertenecen a la entidad chiapaneca y ésta es, por excelencia, el paso natural desde Centroamérica.
Desde su constitución definitiva en 1882, hasta la fecha, nuestra frontera sur ha albergado a numerosos grupos de migrantes provenientes de América Central. Los límites de Tabasco y Chiapas con Guatemala cuentan con la mayor población de inmigrantes centroamericanos de nuestra franja fronteriza. La presencia más notable de extranjeros la han constituido los guatemaltecos; sin embargo, también debe considerarse la frontera con Belice, la cual ha sido destino o tránsito de migrantes transcontinentales de África, Asia, el Caribe, Centroamérica y Sudamérica.
La frontera sur es sumamente heterogénea, en cuanto a la diversidad de grupos humanos asentados ahí. La variedad étnico-cultural es imponente, pues conviven tzotziles, tzeltales, choles, zoques, nahuas, chinantecos, kánjobales, quichés, mames, ixiles, chujes y mestizos.
Centroamericanos y sudamericanos que residen en la zona, o de manera temporal, se desplazan por el borde internacional, dotando a la zona de una especial complejidad para su control migratorio en un territorio escasamente poblado con innumerables brechas y caminos de extravío.
Actualmente, la frontera sur juega los tres papeles de la migración: es región de tránsito, destino y origen de migrantes. Además de división política y espacio geográfico, esta zona fronteriza es un espacio cultural, social y económico, con enormes posibilidades de desarrollo tanto para el país como para las entidades federativas que comparten la frontera con Guatemala y Belice.
No obstante lo anterior, son diversos los problemas que vive la región fronteriza del sur de México: trasiego de drogas, contrabando de mercancías, comercio de seres humanos, delincuencia organizada, prostitución, y por supuesto violación a los derechos humanos de migrantes.
La violencia sexual es común en esta frontera y son las autoridades quienes muchas veces incurren en la comisión de este tipo de delitos en contra de las migrantes, siendo víctimas de estas aberrantes conductas ilícitas muchas menores de entre 12 y 15 años.1
El tráfico de personas es el segundo negocio más rentable del mundo, sólo superado por el narcotráfico y seguido de la prostitución, pornografía y tráfico de armas. En este tráfico de humanos, los menores y las mujeres son los más expuestos al riesgo; son las principales víctimas de las migraciones forzosas, algunas de ellas iniciadas por el secuestro.
Los delitos más comunes son el abuso de autoridad, el robo con violencia, el asalto, la estafa, la violación sexual y el secuestro, además de citar que fueron individuos que en el mayor de los casos no son identificados los que más actos delictivos cometieron contra migrantes, seguidos de policías de los diversos órganos de gobierno y agentes del Instituto Nacional de Migración (INM). Todos los factores negativos antes mencionados hacen que esta región se distinga por el alto de grado de riesgo que presenta para los que intentan atravesarla.
Resulta evidente que desde que salen los migrantes de sus lugares de origen hay quienes los buscan para sacarles alguna ventaja. Las violaciones cometidas por las autoridades incluyen el cohecho y las detenciones que dan lugar a abusos de los derechos humanos por las condiciones en que son encerrados los migrantes; esto es, en lugares antihigiénicos, sin agua potable o comida, donde son expuestos al abuso verbal, físico y psicológico.
Es importante mencionar que de manera regular varias agresiones pueden ocurrir en un mismo momento; un robo puede llevar a una violación sexual, por ejemplo. También existen violaciones de derechos humanos que causan lesiones y terminan en la muerte.
La situación de los migrantes en la frontera sur es similar a la que sufren nuestros compatriotas en la frontera norte, sólo que en el sur la indiferencia y minimización del problema por parte de las Autoridades le ha dado otra connotación.
Es innegable que se hace necesaria una política de atención integral, que no sólo se fije en los problemas de la región, sino que también permita estrechar los lazos históricos y culturales existentes con los países centroamericanos.
La migración no es un problema, es un fenómeno histórico que se ha convertido en un elemento complejo de las sociedades contemporáneas. Sus implicaciones le dan una complejidad, por lo que únicamente puede entenderse y atenderse desde una visión integral que pasa consecuentemente por el respeto a los derechos humanos.
Factor decisivo para la acentuación de los problemas en la frontera sur fue la inadecuada conducción o el vacío de políticas y acciones gubernamentales que correspondieran con la dimensión y complejidad de esta zona limítrofe.
Asimismo, no existen políticas dirigidas a las comunidades indígenas que convergen en ambos lados de la frontera y que para Chiapas representan un alto porcentaje de la población fronteriza, lo que ha acentuando su marginación, desintegrando su organización social, y por ende provocando la pérdida de sus valores culturales.
Las políticas y acciones del gobierno federal hacia la frontera sur de México han carecido de una planeación integral para el desarrollo social y económico de los estados fronterizos, limitando su visión a la explotación de los recursos, hecho que ha tenido efectos negativos sobre la población.
La también llamada "última frontera" requiere de una política migratoria que comprenda obligatoriamente los siguientes aspectos: protección de los derechos civiles y humanos de los emigrantes desde su arribo a territorio nacional y durante el tránsito por este; apoyo, protección y asesoramiento a los emigrantes para que sus necesidades y derechos sean atendidos y respetados; asimismo, se requiere impulsar proyectos que contribuyan al desarrollo de los migrantes, de sus familias y de sus comunidades de origen en colaboración con instancias públicas, privadas, nacionales e internacionales.
El fenómeno migratorio no debe ser tratado como un manejo simple de cifras frías que, aunque describen la magnitud del problema, no reflejan que cada número es una historia personal. Día a día muchas personas de los países vecinos y de nuestra misma nación dejan a sus pueblos natales en busca de una vida mejor, para ellos y para sus familias. Salen cargados de sueños y esperanzas, que varias veces, debido a los abusos que en contra de los inmigrantes cometen las diversas autoridades así como de la delincuencia, las pierden.
Queda claro, que está situación ya no debe seguir ocurriendo, por lo que es urgente que en el seno del Estado mexicano se creen y estructuren políticas migratorias en perfecta coherencia de lo que implica el debido desarrollo del individuo, independientemente de que se encuentre o no en su país de origen.
Por lo anterior, se propone a esta soberanía la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Gobernación y a la comisionada del Instituto Nacional de Migración para que, dentro de los programas y proyectos que elaboren y ejecuten en materia de política migratoria para la frontera sur, los realicen con una visión integral en materia de protección y respeto de los derechos humanos de los migrantes, como son el derecho a la vida, el derecho a la no discriminación, el derecho a la integridad física y psíquica, el derecho a un debido proceso legal, y el pleno respeto de sus derechos económicos y sociales.
Nota
1. http://www.cimacnoticias.com/noticias/03jun/s03062403.html.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de septiembre de 2008.
Diputada Yary del Carmen Gebhardt Garduza (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA A LA ASF, AL SAT Y A LA PGR A CUMPLIR LOS PROCEDIMIENTOS LEGALES
RELATIVOS AL DESVÍO DE RECURSOS POR EL GOBIERNO DE OAXACA Y AL ORIGEN
DEL CAPITAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL SEDNA SITUADO EN EL
DISTRITO FEDERAL, A CARGO DEL DIPUTADO JOSÉ LUIS VARELA LAGUNAS,
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE CONVERGENCIA
El suscrito, diputado federal José Luis Varela Lagunas, integrante del Grupo Parlamentario Convergencia de la LX Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Auditoría Superior de la Federación, al Servicio de Administración Tributaria y a la Procuraduría General de la República a que se cumplan los procedimientos de ley que permitan la aplicación de las responsabilidades que en su caso procedan, referentes a los resultados de la investigación del desvío de recursos por parte del gobierno del estado de Oaxaca y el origen del capital para la construcción del Sedna Hospital situado en Periférico Sur 5246, colonia Pedregal de Carrasco, código postal 04700, México, DF, al tenor de las siguientes
Consideraciones
El gobierno de Oaxaca ha sido criticado por el abandono en que tiene al sector salud, así como por el desvío de 329 millones de pesos del presupuesto estatal hacia "cuentas no autorizadas" durante los ejercicios fiscales de 2006 y 2007.
Hace más de un año, en marzo de 2007, al mandatario oaxaqueño le surgieron una serie de acusaciones, presentadas por la Secretaría de la Función Pública (SFP) ante la Procuraduría General de la República (PGR), por el desvío de 329 millones de pesos del presupuesto destinado a la salud que fueron canalizados a "cuentas no autorizadas". (Milenio Diario, 10 de julio de 2008).
El periódico Milenio Diario publicó la nota "Malversaron funcionarios del gobierno de Oaxaca 329 mdp", el pasado 10 de julio, en la que según la Secretaría de la Función Pública (SFP) hizo una denuncia penal en la PGR por la existencia de una red de corrupción en el estado de Oaxaca. Esta red es la responsable del cuantioso desvío de recursos hacia cuentas bancarias no autorizadas, de recursos federales destinados en los años fiscales de 2006 y 2007 al acondicionamiento de hospitales, a la prevención y al control del sida y a programas de atención médica infantil.
La información mencionada en la nota proviene de 15 auditorías practicadas a 20 funcionarios y ex funcionarios del gobierno oaxaqueño, del 15 de enero de 2007 a la fecha. Los implicados, según esa información, son el ex secretario de Salud estatal; el director de Desarrollo; el secretario técnico y el secretario particular del mismo.
El pasado 27 de abril, la revista El Correo de Oaxaca, en su edición 53, informó sobre las irregularidades del actual secretario técnico de Salud en la entidad, el cual tiene parentesco por afinidad conyugal con la esposa del Ejecutivo estatal.
Esta no ha sido la única denuncia que recae en el actual gobierno de la entidad. Se ha solicitado que se aclare el capital con el que fue adquirido el ya tan famoso Hospital para la Mujer Sedna, pues los propietarios son personas que no se han distinguido por la cuantía de sus recursos, pero si por si cercanía familiar con el titular del Ejecutivo estatal.
De acuerdo con estimaciones de expertos en bienes raíces y en equipo médico consultados por el semanario Proceso, el inmueble está valuado en mil 500 millones de pesos, cifra que representa casi el 75 por ciento de los 2 mil millones de pesos que el gobierno federal asignó a Oaxaca para este año.
Esta nueva adquisición, resulta contrastante con la precariedad de la atención médica en Oaxaca, a la que el gobierno estatal canaliza sólo 80 millones de pesos (equivalentes a 4 por ciento de los 2 mil millones de pesos destinados por la federación a este rubro durante 2008), de acuerdo con las cifras proporcionadas por el presidente de la Comisión de Salud de la LX Legislatura estatal, el diputado Gerardo García Henestrosa.
Mientras la cónyuge del gobernador es propietaria de este Sedna Hospital, Oaxaca es el estado que registra el mayor índice de pobreza extrema en el país y ni siquiera cuenta con una clínica para la mujer; además la entidad oaxaqueña tiene el mayor índice de mortalidad femenina a nivel nacional. Según la Secretaría de Salud de la entidad, en los últimos cinco años murieron por lo menos 312 mujeres debido a complicaciones durante el embarazo, el parto y el puerperio.
Por lo anteriormente expuesto es que presento ante esta honorable asamblea el siguiente
Punto de Acuerdo
Artículo Único. Se exhorta a la Auditoría Superior de la Federación, al Servicio de Administración Tributaria y a la Procuraduría General de la República a que se cumplan los procedimientos de ley que permitan la aplicación de las responsabilidades que en su caso procedan, referentes a los resultados de la investigación del desvío de recursos por parte del gobierno del estado de Oaxaca y el origen del capital para la construcción del Sedna Hospital situado en Periférico Sur 5246, colonia Pedregal de Carrasco, código postal 04700, México, DF.
Dado en el Palacio Legislativo, a 2 de septiembre de 2008.
Diputado José Luis Varela Lagunas (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA EXHORTAR
AL EJECUTIVO FEDERAL A REFORZAR LA VIGILANCIA EN LAS ADUANAS Y FORTALECER
LOS PROGRAMAS DE PROTECCIÓN DEL MIGRANTE, A CARGO DEL DIPUTADO ANDRÉS
BERMÚDEZ VIRAMONTES, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
Andrés Bermúdez Viramontes, diputado federal a la LX Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 58, 60 y demás relativos y aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes
Consideraciones
Con motivo de las próximas fechas decembrinas y las redadas que están realizando las autoridades estadounidenses en contra de migrantes indocumentados, grupos de mexicanos regresan día con día al país.
La mayoría de ellos cuentan con herramientas de trabajo que al importarlas no deberán pagar ni un centavo por ellas, ya que son su medio para subsistir y les permiten ejercer su oficio para iniciar un negocio propio e inclusive para generar fuentes de trabajo, al retornar a sus lugares de origen.
Es injusto que estos grupos de migrantes sigan siendo víctimas de abusos, al retornar al país, por parte de algunos funcionarios públicos, quienes aprovechándose de la situación les cobran por importar las herramientas referidas y por lo poco obtenido como resultado de grandes esfuerzos, lo cual es a todas luces ilícito, en virtud de que la Ley Aduanera, en su artículo 61, exenta estas mercancías del pago de impuestos y el Código Penal Federal tipifica como delito estas conductas.
No obstante aún cuando jurídicamente el migrante pudiera estar protegido, la realidad es otra, pues existen miles de testimonios de quienes han sido y son victimados por funcionarios corruptos e inescrupulosos año con año, situación que no debe ser tolerada ni solapada por esta LX Legislatura.
Por lo que, como un acto de solidaridad con nuestros hermanos migrantes, solicito su apoyo para que con carácter de obvia y urgente resolución aprobemos la siguiente proposición con punto de acuerdo que someto a su consideración.
Punto se Acuerdo
Único. Se exhorta al Ejecutivo federal a reforzar la vigilancia en la aduanas y fortalecer los programas de protección al migrante, poniendo especial cuidado en informarles las características de las mercancías que se encuentran exentas del pago de impuesto.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de septiembre de 2008.
Diputado Andrés Bermúdez Viramontes (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL CUAL
SE EXHORTA A LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA A CREAR UN
GRUPO DE TRABAJO RELACIONADO CON LA ALIANZA POR LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN,
SUSCRITA POR LOS DIPUTADOS ADRIÁN PEDROZO CASTILLO Y ALEJANDRO SÁNCHEZ
CAMACHO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
Los suscritos, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos presentamos ante esta soberanía, proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
El 30 de julio de 2008, legisladores de los grupos parlamentarios del PRD y PRI presentaron, ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, proposición con punto de acuerdo por el que se instruye a las Juntas de Coordinación Política de las Cámaras de Diputados y de Senadores, para que procedan a la conformación de grupos de trabajo para dar seguimiento al proceso de diseño e implementación de los acuerdos de la Alianza por la Calidad de la Educación, signada el pasado 15 de mayo por el Ejecutivo federal y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).
En la exposición de motivos, del citado punto de acuerdo, se reflexiona respecto a los esfuerzos que ha realizado el Estado Mexicano y que no se ven reflejados en el abatimiento de los rezagos, ni en el mejoramiento de la calidad de la enseñanza. Dichas reflexiones deben ser vinculadas a la presente Proposición, así como con otros eventos históricos como son:
2) Durante el gobierno de Vicente Fox, también, se firmó con el SNTE el denominado Compromiso Social por la Calidad de la Educación, el cual se repone ahora con la Alianza por la Calidad de la Educación. En el evento de suscripción de este último documento, celebrado el 15 de mayo del 2008, Elba Esther Gordillo juzga los alcances del compromiso signado en el gobierno de Fox, expresando: "el Sistema Educativo Nacional de México se encuentra en una severa crisis y tenemos que asumir todos la responsabilidad de ver que la educación es tarea de todos.
En otro ámbito y como lo informaron diversos medios de comunicación, el pasado 18 de agosto, Elba Esther Gordillo hizo una sola petición a Calderón: desaparecer el normalismo público, dijo: "Queremos que las normales sean instituciones para técnicos en turismo, técnicos en actividades productivas... se debe evitar que haya tantos docentes como manejadores de carro y servidores de mesa.". Esto no se puede justificar en ningún sentido pues si se reconocen los difíciles problemas de educación, entonces, porque atentar en contra de su mayor activo, los maestros de México. Se trata, por el contrario, de encontrar verdaderas políticas que fortalezcan la estructura magisterial.
Otros asuntos, deben ser revisados como serían la participación del SNTE en el desarrollo de obras de infraestructura educativa, su sustento jurídico y la posible invasión de facultades como serían las otorgadas al Poder Legislativo, el carácter del Concurso Nacional Público de Oposición y su congruencia con los postulados de los artículos 3º y 123 constitucional y demás leyes secundarias, así como otras preocupaciones que han externado maestros en diversas entidades de la república, todo ello y más debe ser objeto del conocimiento de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, para que en términos de sus atribuciones coadyuve al mejor destino del sector de la educación de nuestro país.
Es por ello, legisladoras y legisladores, y en atención a su sensibilidad sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente:
Punto de Acuerdo
Primero. Se exhorta a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados para que convenga la conformación de un grupo de trabajo para dar seguimiento al proceso de diseño e implementación de los acuerdos de la Alianza por la Calidad de la Educación signada el pasado 15 de mayo por el Poder Ejecutivo Federal y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, en los términos dispuestos en los numerales segundo, tercero y cuatro del Punto de Acuerdo presentado, el 30 de julio de 2008, ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.
Segundo. En el marco de la aprobación del numeral anterior, se exhorta al Grupo de Trabajo creado al interior de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos de la Cámara de Diputados para que, en el marco de colaboración entre poderes, cite a comparecer a la licenciada Josefina Vázquez Mota, secretaria de Educación Publica, a fin de exponer las bases jurídicas, alcances y repercusiones que resultan de la firma de la Alianza por la Calidad de la Educación, así como de los propósitos de desaparecer a las normales rurales.
Diputados: Adrián Pedrozo Castillo (rúbrica),
Alejandro Sánchez Camacho (rúbrica).
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA AL TITULAR DE LA SSP A IMPLANTAR PROGRAMAS DE PREVENCIÓN
DEL DELITO Y DE COMBATE DE LA DELINCUENCIA MEDIENTE EL FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN
CIUDADANA, A CARGO DE LA DIPUTADA YARY DEL CARMEN GEBHARDT GARDUZA, DEL
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
La suscrita, diputada federal del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LX Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, en nombre de las diputadas del mismo grupo parlamentario, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de la asamblea proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
La cultura de la prevención del delito es uno de los pendientes del Estado mexicano en su conjunto, lo que ha impedido la consolidación de la democracia que todos estamos deseando y para lo cual diversos actores sociales del país poco o nada aportan a este rubro de la seguridad nacional.
Hoy, el estado de derecho se enfrenta con fuertes desafíos y retos que ponen en la balanza la actuación de las instituciones que se encargan de combatir y castigar las conductas delictivas.
Un estado de derecho contemporáneo debe tener programas de prevención del delito que le permitan actuar con eficiencia contra aquellos sujetos que violenten o alteren la convivencia de sus gobernados. La prevención es una tarea de corresponsabilidad entre sociedad y gobierno para erradicar los delitos y poder vivir en paz social.
La realidad social nos demuestra que para hacer frente a la delincuencia se requiere de un trabajo constante y estrategias eficientes, que le permitan al gobierno de México emprender las acciones concurrentes con sus instituciones firmes y unidas en la prevención de los hechos ilícitos. En esta tarea se hace necesario construir los esfuerzos conjuntos a favor de una política pública para combatir con éxito al crimen.
Cualquier acción que se emprenda para prevenir la delincuencia y combatir el delito, no tendrá éxito si no se toma en cuenta la participación de la ciudadanía como lo representa la formación de comités de participación ciudadana en las colonias, barrios y unidades habitacionales, estructurándose al mismo tiempo por parte de los municipios un cuerpo policiaco con funciones preventivas la cual se coordine con las policías de los tres niveles de gobierno. Es por ello que la formulación de programas y la realización de acciones para el combate de la delincuencia deben establecerse con la participación de la sociedad mexicana.
Los modelos preventivos permiten orientar los esfuerzos en las causas que originan las diversas conductas delictivas. Sin embargo, es necesario afrontarlo conjuntamente con la sociedad, para revertir esta situación e ir devolviendo a la comunidad lo que le corresponde. A través de una política de prevención se crea un binomio gobierno-sociedad.
Los actuales retos en materia del crimen en el seno de México, requieren de políticas públicas de prevención del delito que enseñen y formen valores en la ciudadanía, que incluyan las instituciones de educación y se consoliden en las múltiples relaciones sociales. Es urgente fomentar los valores de la justicia y el derecho, haciendo de la ética, la responsabilidad, la honestidad y la cultura de la denuncia, valores que se practiquen a diario.
La consolidación de las democracias modernas exigen que se consulte a la ciudadanía, que se cuente con su intervención en la toma de decisiones que tienen que ver con la seguridad pública y la prevención del delito. Porque cuando tenemos una participación activa de los ciudadanos, es más fácil hacer frente a los fenómenos delincuenciales o de inseguridad.
La presencia de los ciudadanos en la acción como lo es el de la prevención del delito puede enmarcarse dentro de lo que implica una concepción más avanzada de la participación ciudadana: la democracia participativa.
La participación ciudadana en la prevención del delito parte de la idea de construir una coalición entre ciudadanos e instituciones del Estado, que permita generar los mecanismos de diagnóstico, investigación y tratamiento de los problemas de seguridad.
Por ello, es necesario que los programas que la Secretaría de Seguridad Pública federal implante en materia de prevención del delito, contemple como base fundamental de su ejecución la participación de la ciudadanía, pues involucrando a la sociedad en cuestiones de prevención del delito se habrán sentado las bases primeras de una cultura de la legalidad.
Por lo anterior, propongo a esta soberanía la siguiente proposición con:
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta al secretario de Seguridad Pública federal para que implante programas de prevención del delito y combate a la delincuencia en los que se fomente la participación ciudadana.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 22 de mayo del año 2008.
Diputada Yary del Carmen Gebhardt Garduza (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA AL GOBIERNO DE OAXACA Y A LA PROCURADURÍA GENERAL DE
JUSTICIA DE ESA ENTIDAD A GARANTIZAR LA SEGURIDAD, HACER EFICIENTE EL SISTEMA
JUDICIAL Y AJUSTARSE AL ESTADO DE DERECHO EN LA PROCURACIÓN Y ADMINISTRACIÓN
DE JUSTICIA, A CARGO DEL DIPUTADO JOSÉ LUIS VARELA LAGUNAS, DEL
GRUPO PARLAMENTARIO DE CONVERGENCIA
El suscrito, diputado federal José Luis Varela Lagunas, integrante del Grupo Parlamentario de Convergencia de la LX Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobierno y a la Procuraduría General de Justicia de Oaxaca a garantizar la seguridad de la entidad, a hacer eficiente el sistema de judicial y la aplicación del estado de derecho en la procuración y administración de justicia, al tenor de las siguientes
Consideraciones
El tema de la seguridad o la inseguridad, en Oaxaca se ha convertido en prioridad y en preocupación. En los últimos meses nuestro estado ha sido plagado por una ola de delincuencia imparable.
Pero eso no es lo que más nos preocupa a los oaxaqueños. Lo que resulta ser más alarmante es la impunidad que se vive ante cualquier tipo de delito que se comete en la entidad.
Hemos visto que aumentar el número de policías, incrementar el gasto para su equipamiento, aumentar las penas o contratar asesores externos no han servido para disminuir los altos índices de inseguridad y de violencia que padecemos.
La percepción de la población a la respuesta de la autoridad ante la denuncia de delitos del fuero común se ha deteriorado a través del tiempo. La no denuncia ocurre principalmente por la baja eficacia que percibe la población del sistema de justicia.
Todo esto se refleja en el incremento de los niveles de impunidad y de inseguridad, así como en la disminución de los niveles de confianza del ciudadano, que ante un delito que afecte a su integridad, asume que el responsable no será sancionado por la autoridad.
El sistema de justicia del estado, debe verse sometido a una profunda reestructuración con la finalidad de adecuarse a las actuales exigencias y expectativas que la sociedad tiene de él, de no lograr aplicar las modificaciones necesarias, se podría generar un clima de ingobernabilidad y de caos social, situación que no está muy lejos de la realidad en Oaxaca .
No podemos permitir que el secuestro, el homicidio, asaltos, robos y todos los delitos en general, se vuelvan parte de nuestra vida cotidiana, porque entonces estaremos aceptando vivir con miedo y como rehenes permanentemente.
El sistema de justicia en Oaxaca sufre de un problema de fondo; que si dicho problema no logra resolverse en el corto plazo, simplemente resultará que, como hasta ahora, las políticas, programas y leyes generados para combatir la delincuencia y garantizar la seguridad de los ciudadanos, fracasarán en un mar de corrupción, impunidad, malos manejos y ausencia de metas.
Con base en datos del Instituto Ciudadano de Estudios sobre la Inseguridad (ICESI), Oaxaca forma parte de la lista de las 13 ciudades del país con mayores índices de inseguridad a la par con Cancún, Juárez, Distrito Federal, Mexicali, Acapulco, Guadalajara y Tijuana. Nuestro estado aparece en esa lista como uno de los lugares donde se cometen más delitos del fuero común como son asaltos, robos, lesiones y despojos.
La percepción ciudadana acerca de la inseguridad en Oaxaca es alarmante. La ciudadanía oaxaqueña demanda el respeto al estado de derecho en la entidad y exigen que la ley se aplique para todos.
Los oaxaqueños estamos cansados de que el costo de combatir el crimen organizado sea únicamente los muertos con cargo a las familias oaxaqueñas y ninguno del crimen organizado y peor aún, ninguno de los criminales preso.
El estado de derecho se restablecerá a partir de que se cumplan los objetivos reales por los que fueron creadas las policías: prevenir el delito, respetar a la ciudadanía y combatir eficazmente a la delincuencia.
Por lo anteriormente expuesto es que presento ante esta honorable asamblea el siguiente
Punto de Acuerdo
Artículo Único. Por el que se exhorta al gobierno del estado y a la Procuraduría General de Justicia de Oaxaca a garantizar la seguridad de la entidad, a hacer eficiente el sistema de judicial y la aplicación del estado de derecho en la procuración y administración de justicia.
Dado en el Palacio Legislativo, a 2 de septiembre de 2008.
Diputado José Luis Varela Lagunas (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE SOLICITA A LA SHCP QUE ELIMINE EL SUBSIDIO DEL DIESEL PARA BUQUES MERCANTES
EXTRANJEROS, SUSCRITA POR LOS DIPUTADOS MARCO ANTONIO PEYROT SOLÍS
Y GERARDO BUGANZA SALMERÓN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
Los que suscriben, Marco Antonio Peyrot Solís y Gerardo Buganza Salmerón, diputados federales pertenecientes al Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 61 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 11 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentamos ante esta soberanía ,con carácter de urgente resolución, proposición con punto de acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que elimine el subsidio al diesel que adquieren en nuestro país los buques mercantes de bandera extranjera.
Consideraciones
Primera. Los subsidios son asignaciones que el gobierno federal otorga para el desarrollo de actividades prioritarias y de interés general a través de las dependencias y entidades a los diferentes sectores de la sociedad, con el propósito de apoyar sus operaciones, mantener los niveles en los precios, apoyar el consumo, la distribución y comercialización de bienes, motivar la inversión, cubrir impactos financieros, o para fomentar las actividades agropecuarias, industriales o de servicios. Los subsidios se otorgan mediante la asignación directa de recursos o a través de estímulos fiscales
En términos generales el subsidio es la diferencia entre el precio real de un bien o servicio y el precio que se cobra al consumidor de ese bien o servicio, a través de ese beneficio económico se reduce lo que paga el usuario o consumidor, por debajo del costo del bien o servicio.
La aplicación de subsidios específicos al consumo o a la producción de un producto cualquiera tiene su origen en la intención del Estado por alcanzar metas sociales, o bien favorecer a determinadas personas, actividades o zonas del país.
Se estima necesario y urgente reenfocar la política de subsidios generalizados que ha implementado el gobierno federal, dirigir y reforzar los subsidios temporales en sectores de población específicos, revisar los mecanismos de aplicación para hacerlos más eficientes y desmantelar gradualmente los subsidios generalizados
Segunda. En el año de 2006 el subsidio a los combustibles fue del orden de los 40 mil millones de pesos, para 2007 ascendió a 50 mil millones de pesos y según datos emitidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para el presente año el subsidio alcanzará los 200 mil millones de pesos.
Especialistas en la materia señalan que el subsidio a la gasolina es irracional toda vez que no beneficia a quienes esta dirigido ese beneficio económico, y en virtud de que los pronósticos de precios internacionales no contemplan una baja en el mediano plazo y no se cuenta con una infraestructura suficiente para refinar el petróleo, esté subsidio tarde que temprano será insostenible.
Tercera. Si bien es cierto que el subsidio a la gasolina ha provocado que las finanzas del gobierno federal se vean presionadas, lo cual en el mediano plazo podría llegar a influir directamente en la capacidad de gasto público o en el rumbo de la inflación, también lo es que el mismo ha evitado que el incremento de los precios internacionales del combustible llegaran de golpe al consumidor final, con consecuencias sumamente desafortunadas para la economía nacional.
Estimaciones del Banco de México señalan que la eliminación del subsidio llevaría la inflación a niveles del 6.42 por ciento aproximadamente.
Cuarta. Durante el primer trimestre del presente año el subsidio a las gasolinas fue por aproximadamente 113 mil millones de pesos, lo cual contrasta con los 12 mil millones que se registraron durante el mismo periodo del año pasado.
Ante la necesidad de eliminar paulatinamente dicho subsidio, el gobierno federal ha implantado un incremento gradual al precio de la gasolina.
Según datos emitidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, México se ubica como el país que vende más barato la gasolina, siendo los precios internacionales del galón de gasolina, los siguientes
Quinta. En el año de 2004 el precio del diesel era prácticamente el mismo en México y en Estados Unidos, el costo promedio era de 5.30 pesos por litro, sin embargo a partir de esa fecha en el país vecino se ha incrementado el costo de ese combustible en más del 150 por ciento, en tanto que en nuestro país el incremento ha sido del orden del 20 por ciento, lo que ha provocado que en los últimos dos años México haya triplicado la exportación de diesel hacia Estados Unidos.
Datos de la Secretaría de Economía indican que durante el primer trimestre del presente año la exportación de diesel fue de 68 millones de dólares al mes en promedio.
En nuestro país operan diversas compañías que compran diesel a bajo costo el cual mediante un permiso oficial exportan principalmente a los Estados Unidos, estimándose que por esa venta obtienen una ganancia mensual de aproximadamente 250 millones de pesos.
Lo grave del problema es que el diesel que se vende a los Estados Unidos es subsidiado con el dinero de los contribuyentes nacionales y el beneficio económico es para personas y empresarios extranjeros.
Sexta. Otro caso más del beneficio económico que obtienen personas y empresas extranjeras por el subsidio que otorga el gobierno federal a los combustibles y en especial al diesel, es el de los buques de bandera extranjera que se abastecen en nuestro país.
En efecto, diariamente buques mercantes de bandera extranjera se abastecen con grandes cantidades de diesel a un precio mucho menor al costo internacional promedio debido al subsidio que el gobierno federal aplica a dicho combustible, lo cual además es en perjuicio de nuestra escasa marina mercante, toda vez que al adquirir ese energético barato les permite reducir costos de operación que aunados a los incentivos fiscales que generalmente les otorga su país de origen o las escasas o nulas contribuciones fiscales que tienen, trae como consecuencia que las embarcaciones de bandera mexicana no sean competitivas en costo de fletes.
Es bien sabido que la marina mercante mexicana es prácticamente inexistente, aproximadamente el 99por ciento del comercio que se realiza por vía marítima nuestro país es transportado en barcos de bandera extranjera.
Por lo anterior, sometemos a la consideración del Pleno de esta Comisión Permanente, con carácter de urgente resolución, el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se solicita al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que elimine el subsidio al diesel que adquieren en nuestro país los buques de bandera extranjera.
Palacio Legislativo, a 6 de agosto de 2008.
Diputados: Marco Antonio Peyrot Solís, Gerardo
Buganza Salmerón (rúbricas).
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A EMITIR, A TRAVÉS DE LA COMISIÓN
INTERSECRETARIAL DE BIOSEGURIDAD DE ORGANISMOS GENÉTICAMENTE MODIFICADOS,
UN INFORME DE LOS COMENTARIOS QUE RECABÓ DE LA COMISIÓN FEDERAL
DE MEJORA REGULATORIA, A CARGO DE LA DIPUTADA ADRIANA DÍAZ CONTRERAS,
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
La que suscribe, diputada federal a la LX Legislatura, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, de la honorable Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo con base en las siguientes
Consideraciones
En la pasada asamblea del Consejo Nacional Agropecuario, Felipe Calderón declaró que estaba "decidido a proteger el maíz criollo ante la presencia de materiales transgénicos…"
Pareciera que existe una coincidencia con los legisladores que discutieron la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados, a fines de 2004.
En ese entonces existía un acuerdo generalizado entre los diputados sobre la relevancia que tiene el hecho de que México, sea identificado como centro de origen y diversificación de especies.
Por ello, se propuso el establecimiento de un régimen de protección para los cultivos de los cuales México es centro de origen, en especial del maíz.
El segundo artículo de la Ley de Bioseguridad es claro en cuanto a la tarea de determinar los cultivos de los somos centros de origen y establecer un régimen de protección especial. Sobretodo en torno al principal producto agrícola tanto por su nivel de producción, como por ser la base de nuestra alimentación.
Hoy debemos reconocer que, frente a la crisis alimentaria que vivimos en el planeta, la calidad de reservorio genético de una especie de tal relevancia como es el maíz debe protegerse. La riqueza que significa ser el lugar de origen y de diversificación de una especie es enorme, no sólo en términos económicos, sino por la trascendencia que tendría como un "banco vivo" de material genético frente a un eventual desastre ambiental. Esta calidad no puede guardarse en refrigeradores de manera aislada, pues esta ligada a la gente que la crea, reproduce y mejora; y a las especiales condiciones geográficas del país. Mucho se ha escrito al respecto.
Jurídicamente, los regimenes establecen condiciones muy particulares, en especial conocemos en la legislación fiscal los regímenes especiales de tributación.
En este orden de ideas, es posible contener una regulación particular para una situación muy específica, en un marco legal que se declara de orden público e interés social.
Y les pregunto, señoras y señores legisladores ¿qué puede ser de mayor interés social y orden público que el principal alimento de los mexicanos y de un buen número de habitantes del planeta?
El maíz, un cereal que más allá de la relevancia cultural y económica que tiene en el país, es un insumo esencial en la industria, fundamental para la ganadería; y ahora elemento base para la producción de combustible y con miras a convertirlo en bioreactor para producir fármacos y moléculas precursoras de plásticos.
Reiteradamente se ha señalado que el régimen es un instrumento de bioseguridad que debe establecer los principios de protección del maíz; que incluya elementos jurídicos que eviten la apropiación privada del germoplasma o bien medidas para preservar la agrobiodiversidad del maíz. El mismo Calderón lo señaló.
El pasado 4 de abril se puso a consulta en la página de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (Cofemer) un anteproyecto que, lejos de proteger a nuestro maíz, confunde y se superpone al marco jurídico actual. El documento es jurídicamente inviable puesto que su contenido duplica y distorsiona disposiciones establecidas en la ley y el reglamento.
En la consulta se presentaron más de 6 mil 500 comentarios, muchos de ellos provenientes de destacados académicos, de organizaciones y de productores. Más del 90 por ciento, señalan el peligro que conlleva la introducción de transgénicos al país.
La Cofemer emitió el pasado 21 de mayo el dictamen total sobre el anteproyecto con observaciones contundentes que deberán tomarse en cuenta.
Entre otros puntos, señala que "…sería conveniente que la Sagarpa señale si mediante la expedición del anteproyecto se disminuye el riesgo de perder esa diversidad de variedades mejoradas tradicionales de maíz." Otro punto relevante es la solicitud a Sagarpa de "…analizar, de manera puntual y precisa los argumentos vertidos en los comentarios recibidos por Cofemer."
Como legisladores estamos obligados a escuchar las demandas de los ciudadanos y consideramos que este ejercicio de democracia debe prevalecer en cualquiera de las instancias de gobierno.
Por lo anterior, someto a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Primero. Se solicita al Poder Ejecutivo, representado por la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados (Cibiogem) emita un informe detallado de los comentarios recabados por la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (Cofemer), así como, la forma en que serán considerados.
Segundo. Asimismo, se dé respuesta puntual a los puntos planteados en el dictamen elaborado por la Cofemer.
Tercero. Por último, se exhorta a las instituciones que integran la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados (Cibiogem) a que acaten el mandato de la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados que en su artículo 19 señala como objeto "formular y coordinar las políticas de la administración pública federal relativas a la bioseguridad de los organismos genéticamente modificados".
Dado en el Palacio Legislativo, a 2 de septiembre de 2008.
Diputada Adriana Díaz Contreras (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A EMITIR A TRAVÉS DE LA SAGARPA
EL REGLAMENTO DE LA LEY DE PRODUCTOS ORGÁNICOS, A CARGO DEL DIPUTADO
FABIÁN FERNANDO MONTES SÁNCHEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL
PAN
El suscrito, Fabián Fernando Montes Sánchez, diputado del Partido Acción Nacional de la LX Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presento a su consideración la siguiente proposición con Punto de Acuerdo, en cumplimiento con el artículo tercero transitorio de la Ley de Productos Orgánicos, para exhortar al Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a emitir el Reglamento de la Ley referida, bajo las siguientes:
Consideraciones
La agricultura orgánica nace en Europa en la década de los 50 del siglo XX, en México la producción orgánica inicia en 1963 con la producción de café orgánico en la costa de Chiapas. Para 1982 este sistema de producción adquiere auge al ser adoptado por miles de pequeños productores de café del estado de Oaxaca.
El sistema de producción orgánico se caracteriza por la producción de alimentos sin la aplicación de agroquímicos de síntesis artificial, promoviendo la conservación de los recursos naturales como suelo, agua, la biodiversidad de flora y fauna. Este tipo de producción ha tenido buena aceptación por muchos agricultores y consumidores en países europeos, Estados Unidos de América, Canadá y Japón, principalmente, preocupados por consumir productos con alto contenido nutricional y de buena calidad.
Actualmente en el mundo se cultivan más de 33 millones de hectáreas de forma orgánica (datos de 2005 provistos por la consultoría Nielsen), el 70 por ciento de esta superficie se concentra en siete países: Australia, Argentina, Italia, Estados Unidos de América, Gran Bretaña, Uruguay y Alemania; asimismo de las hectáreas descritas se obtienen alrededor de 75 mil productos diferentes, tales como hortalizas, cereales, café, frutas, fibras, jugos, vinos, cerveza, cosméticos y, recientemente, diversos productos pecuarios.
En términos generales, los productos orgánicos han aumentado su participación en el mercado porque representan una opción viable para todos los agentes económicos que intervienen desde su proceso de producción hasta su distribución al consumidor final. Al respecto, este tipo de productos se correlaciona positivamente con cuestiones de salud de la población, al garantizar la inocuidad y trazabilidad de los alimentos, brindando certidumbre al consumidor sobre la no transmisión de nuevas enfermedades relacionadas con el consumo de alimentos, con temas de desarrollo sustentable al garantizar un desarrollo armónico con el medio ambiente, con solidaridad a grupos sociales desfavorecidos y, con provisión de nuevas oportunidades de negocio.
De acuerdo con datos de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) entre 1996 y 2006 en México la agricultura orgánica ha crecido significativamente; al respecto durante el período el número de productores orgánicos presentó una tasa de crecimiento media anual superior al 25 por ciento, la de la superficie cultivada una del 33 por ciento y las divisas una del 27 por ciento, cifras que se traducen en 100 mil productores, 300 mil hectáreas certificadas y 300 mil dólares de divisas, respectivamente, durante 2006.
Los estados de la República Mexicana con una mayor superficie dedicada al cultivo de estos productos son Chiapas, Oaxaca y Querétaro, al concentrar cerca del 58 por ciento del total de superficie sembrada entre 2004 y 2005, porcentaje equivalente a 170 mil hectáreas.
En este contexto, la creciente demanda de productos orgánicos, principalmente de alimentos, por parte de los consumidores, ha inducido el incremento de productores, procesadores y comercializadores de este tipo de productos. Para dar certeza al consumidor del proceso productivo de los productos en cuestión, a partir de 1991 se hizo obligatoria la certificación de una tercera parte independiente de los productores. De esta forma se oficializan los procesos de inspección y certificación de productos orgánicos, mismos que regulan las autoridades competentes de los principales países consumidores de éstos, entre ellos los europeos, Estados Unidos de América y Japón.
En el mismo sentido, para brindar certidumbre a las autoridades competentes del desempeño de los agentes de certificación de productos orgánicos, en 1998 se hizo obligatoria en Europa la acreditación de estos organismos por conducto de una instancia de acreditación reconocida como el International Acreditation Forum (FIA), que se encarga de vigilar permanentemente el desempeño de los organismos de certificación que "certifican" productos orgánicos producidos o importados por países europeos.
En México la importancia relativa de los sistemas de producción, comercialización, distribución y certificación de productos orgánicos se reconoce mediante el desarrollo de programas y proyectos sectoriales específicos ejecutados por diversas instancias y entidades del sector público como la Sagarpa, a través de Alianza Contigo 2005, Bancomext, la Secretaría de Economía, vía el Fondo Nacional de Apoyo a las Empresas de Solidaridad (FONAES), los Fideicomisos Instituidos en Relación a la Agricultura (FIRA) y , la Financiera Rural.
En el mismo sentido, el reconocimiento formal de la producción de orgánicos se materializa el 7 de febrero de 2006 con la publicación de la Ley de Productos Orgánicos en el Diario Oficial de la Federación, la cual considera entre sus principales objetivos las funciones de promoción y regulación de parámetros y criterios de reconversión; producción, procesamiento, elaboración, preparación, acondicionamiento, identificación, empaque, etiquetado, distribución, transporte, comercialización, verificación; y certificación de productos producidos orgánicamente.
Aunadas a las funciones descritas, a través de la ley en cuestión se busca dar cauce al establecimiento de prácticas a las que deberán sujetarse las materias primas y demás productos intermedios que se obtengan del medio ambiente cumpliendo con criterios de sustentabilidad; y verificar que en los métodos de producción orgánica se incorporen elementos que contribuyan a que el sector involucrado se desarrolle conforme a principios de justicia social, poniendo énfasis en aquellas regiones donde las condiciones ambientales y socioeconómicas favorezcan la reconversión productiva.
Otro de los objetivos a alcanzar al expedir la Ley es la instauración de estándares aceptables de verificación y certificación orgánica para establecer un Sistema de control, que coadyuve a facilitar la producción, distribución y comercialización en los mercados internos como en los externos de productos orgánicos. Para consolidar los objetivos previstos, se creará un organismo de apoyo y asesoría para la Sagarpa donde confluya la participación de los sectores de la cadena productiva orgánica e instituciones gubernamentales competentes en la materia.
La aprobación y emisión de la ley anteriormente descrita constituye un avance relevante para los productores nacionales dedicados a esta actividad, ya que les brinda un marco que delimita los objetivos y estrategias necesarias para producir, comercializar, distribuir estos productos bajo un estricto proceso de certidumbre para el consumidor; sin embargo se requiere la instauración del Consejo asesor en la materia y la definición de las líneas estratégicas y operativas a través de las cuales se coordinarán los agentes involucrados en los procesos descritos.
Al respecto, la Ley de Productos Orgánicos en su artículo tercero transitorio prevé que: "El Ejecutivo Federal expedirá el Reglamento y demás disposiciones complementarias correlativas a esta Ley dentro de los seis meses posteriores a su entrada en vigor".
En este tenor, se requiere publicar el Reglamento de la Ley de Productos Orgánicos. Con la emisión de este instrumento se busca brindar a los productores de productos orgánicos un marco de planeación operativa para su actividad, impulsando y fortaleciendo los esquemas de producción a través de los procesos de verificación y certificación de los mismos.
Es por lo anteriormente expuesto que pongo a la consideración de esta honorable soberanía, como de obvia y urgente resolución, el siguiente:
Punto de Acuerdo
Único. Esta soberanía, en el ámbito de la colaboración entre poderes, exhorta al poder Ejecutivo federal a que, en el marco de sus atribuciones, a través de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación dé cumplimiento a lo establecido en el artículo tercero transitorio de la Ley de Productos Orgánicos, y expida, a la brevedad posible, el Reglamento de la Ley de Productos Orgánicos.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro el 01 de septiembre de 2008.
Diputado Fabián Fernando Montes Sánchez
(rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A FACILITAR A TRAVÉS DE LA SAGARPA
LA APLICACIÓN NACIONAL DEL PROGRAMA DE USO SUSTENTABLE DE LOS RECURSOS
NATURALES PARA LA PRODUCCIÓN PRIMARIA EN EL DISTRITO FEDERAL, A
CARGO DEL DIPUTADO CARLOS ERNESTO NAVARRO LÓPEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PRD
Carlos Ernesto Navarro López, diputado federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, solicitando se considere de urgente y obvia resolución.
Antecedentes
Esta soberanía aprobó dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), correspondiente al ejercicio fiscal de 2008, y específicamente en el Programa Especial Concurrente (PEC), recursos para el Distrito Federal por un monto de 227 millones de pesos. De estos, 77 millones corresponden al Programa de Adquisición de Activos Productivos (Alianza para el Campo) mismos que se consignan en el anexo 7A del presupuesto. Los 150 millones restantes, están comprendidos en el anexo 7, Ramo 08 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; dentro del concepto Conservación y Uso Sustentable de Suelo y Agua, que tiene destinado un monto total de 806 millones, con una nota especial que dice " incluye 150 millones para el Distrito Federal".
La referida asignación de una partida por 150 millones de pesos, no existía en el proyecto de presupuesto propuesto por el Ejecutivo federal, sino que, fue resultado de una decisión de esta H. Cámara, en respuesta a gestiones del Gobierno de la Ciudad de México, preocupado por la enorme importancia que tiene la preservación del medio ambiente en el área rural del Distrito Federal, para el equilibrio ecológico del Valle de México.
Hechos
En el Convenio de Coordinación para el Desarrollo Rural Sustentable, que celebraron entre el Poder Ejecutivo federal a través de la Sagarpa, y el gobierno del Distrito Federal; se establece que los 150 millones de pesos consignados en el anexo 7 Ramo 8, se ejercerán a través del Programa de Uso Sustentable de Recursos Naturales para la Producción Primaria.
Las reglas de operación del Programa de Uso Sustentable de los Recursos Naturales para la Producción Primaria, contemplan que los medios financieros asignados al programa, se puedan ejercer tanto de manera centralizada por la Sagarpa, como de manera federalizada a través de las entidades; en este caso, el Distrito Federal, al igual que los demás programas de apoyo al campo. A este respecto, al firmarse el Convenio de Coordinación para el Desarrollo Rural Sustentable, el titular de la Sagarpa hizo un compromiso verbal con la representación del gobierno del Distrito Federal, en el sentido de ejercer el programa de manera federalizada.
No obstante lo señalado en el párrafo precedente, la Sagarpa ha intentado llevar adelante la operación del programa por si misma, sin tomar en cuenta la participación del gobierno del Distrito Federal, a cuya propuesta y gestión se debe la asignación presupuestal.
Considerando
Que la asignación de los recursos se encuentra de inicio etiquetada para los programas rurales del Distrito Federal, y su operación se ajusta a lo estipulado en los párrafos primero y segundo del artículo 84 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, por lo que deben ser ejercidos en su totalidad y en forma directa por el Distrito Federal, como cualquier otra entidad federativa, sin otra condicionante que el cumplimiento de las reglas de operación correspondientes.
Que las reglas de operación del programa correspondiente prevén el uso y la operación los recursos a través de la modalidad 1, que implica recursos convenidos con las entidades federativas, para lo cual habrá mezcla de los mismos (pari passu), estableciendo como obligatorio que la administración de esta mezcla de recursos se realice a través del Fofae ( Fideicomiso Fondo de Fomento Agropecuario) establecido en cada entidad federativa, cuyo comité técnico está integrado por funcionarios de la entidad respectiva y de la Sagarpa.
Que en el segundo punto de los acuerdos logrados con la Sagarpa a través de la Conago (Conferencia Nacional de Gobernadores), el 22 de mayo del 2008, se establece que la aportación porcentual estatal deberá ser al menos la de la Alianza para el Campo en 2007, que para el caso del Distrito Federal alcanza el 23.54%, misma que con las aportaciones ya comprometidas queda cubierta. Y
Que la actitud mostrada por las autoridades de la Sagarpa, es contraria al espíritu de impulso al federalismo que el gobierno está comprometido a promover.
Por lo anterior expuesto someto a la consideración de esta soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
de urgente y obvia resolución
Único. Se exhorta al Ejecutivo federal, para que a través de la Sagarpa, se proceda sin más demora a la implementación de lo necesario, a fin de que los recursos por 150 millones de pesos destinados al Programa de Uso Sustentable de los Recursos Naturales para la Producción Primaria en el Distrito Federal, se ejerzan a través de las instancias del gobierno de la entidad.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de septiembre de 2008
Diputado Carlos Ernesto Navarro López (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
EXHORTA A LA CORETT Y A FERRONALES A AGILIZAR EL TRÁMITE DE REGULARIZACIÓN
DE LA TENENCIA DE LA TIERRA EN ASENTAMIENTOS HUMANOS IRREGULARES DE TIJUANA,
BAJA CALIFORNIA, A CARGO DEL DIPUTADO RICARDO FRANCO CAZAREZ, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PAN
El suscrito, diputado de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos somete a la consideración de este honorable Pleno punto de acuerdo, en virtud de las siguientes
Consideraciones
El rezago y las carencias a que son susceptibles los grupos sociales con mayor grado de marginación requieren necesariamente políticas públicas sanas, eficientes y sólidas, cimentadas en ejes fundamentales como la equidad y el bienestar social.
Por ello resulta prioritario atender las demandas de tenencia y propiedad de la tierra mediante la celebración del convenio establecido entre la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra (Corett) y Ferrocarriles Nacionales de México (Ferronales) a fin de que las familias que carezcan de seguridad jurídica por no contar con un documento legal que las acredite como propietarias de las tierras en que actualmente se encuentran sólo en posesión; esto es, a fin de que los posesionarios se conviertan en legítimos propietarios.
En dicho contrato, celebrado el 24 de septiembre de 2007, la Corett declaró que es objeto suyo "regularizar de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables la tenencia de la tierra donde haya asentamientos humanos irregulares de propiedad federal", así como en coordinación ambas partes declaran en el punto III.1 que "es su interés otorgar certeza jurídica sobre la tenencia de la tierra a nivel nacional sobre los inmuebles propiedad de Ferronales", a través de la consolidación de su patrimonio inmobiliario, regularizando los asentamientos humanos irregulares o, en su caso, constituyendo reservas territoriales para el desarrollo urbano o la vivienda.
Con base en lo anterior, el 21 de enero de 2008 la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), por conducto de la Dirección General de Desarrollo Urbano y Ordenación del Territorio, así como por la Dirección General Adjunta de Planeación de la Subsecretaría de Prospectiva, Planeación y Evaluación, en reunión realizada en las oficinas centrales de la Corett, expusieron el Programa de Medición de la Irregularidad a efecto de actualizar la información existente, estableciendo como un plan piloto diversas ciudades del país, específicamente en Baja California, donde se seleccionó Tijuana dado que, según el Instituto Municipal de Planeación de Tijuana, en un informe emitido a medios de comunicación locales, el porcentaje de irregularidad en el municipio es de aproximadamente 60 por ciento, por lo que la Corett se manifestó en disponibilidad de auxiliar en este programa.
Por lo expuesto, someto a consideración de esta soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, en el ámbito de colaboración de poderes, hace un respetuoso exhorto a la Comisión para la Regulación de la Tenencia de la Tierra y a Ferrocarriles Nacionales de México, en liquidación, a concretar el convenio y llevar a cabo acuerdos necesarios para agilizar el trámite de la regulación de la tenencia de la tierra, en asentamientos irregulares en Tijuana, de Baja California.
Diputado Ricardo Franco Cazarez (rúbrica)