• De las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Trabajo y Previsión Social, con puntos de acuerdo a fin de exhortar a los titulares de la SHCP y de la STPS a pagar a los trabajadores y ex trabajadores de Pemex por las aportaciones para el seguro de vida contratado con Seguros La República en el periodo 1970-1992.

• De la Comisión de Recursos Hidráulicos, con punto de acuerdo a fin de exhortar al director general de la Comisión Nacional del Agua a modificar el cuadro de porcentajes de aportación federal previsto en el numeral 10.4.2. de las Reglas de Operación para los Programas de Infraestructura Hidroagrícola y de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento aplicables a partir de 2008.

• De la Comisión de Desarrollo Social, con punto de acuerdo para exhortar a los congresos estatales a dar prioridad y supervisar que, en la aprobación de sus presupuestos, los recursos excedentes por el impuesto federal a la gasolina y el diesel se apliquen de manera puntual, solidaria, responsable y transparente por los Ejecutivos locales.

• De la Comisión de Justicia, con punto de acuerdo para exhortar a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Sinaloa a informar sobre los homicidios de los señores Ricardo Murillo Monje y Óscar Rivera Inzunza.

• De la Comisión de Marina, con punto de acuerdo para exhortar al procurador general de la República a concluir las investigaciones sobre la denuncia contra Blue Marine Group y su filial Arrendadora Ocean Mexicana.

• De la Comisión de Equidad y Género, con puntos de acuerdo relativos al efecto del Tratado de Libre Comercio de América del Norte en las mexicanas, y a fin de solicitar la comparecencia de la titular del Instituto Nacional de las Mujeres.

• De la Comisión de Equidad y Género, con punto de acuerdo para exhortar a los actores políticos y sociales del país a conducirse con respeto hacia las mujeres en sus declaraciones.

• De la Comisión de Equidad y Género, con punto de acuerdo relativo a la conciliación laboral y familiar en México.

• De la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con punto de acuerdo a fin de exhortar al titular del Ejecutivo federal a implantar las recomendaciones de adecuación relativas a la aplicación de lo dispuesto en el artículo 29 del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2008.

• De la Comisión de Turismo, con puntos de acuerdo a fin de exhortar al Ejecutivo federal a iniciar mediante el Fifonafe el procedimiento establecido en el Reglamento de la Ley Agraria en materia de Reordenamiento de la Propiedad Rural para que ejercite la acción de revisión parcial del decreto presidencial expropiatorio de fecha 28 de mayo de 1984 en Santa María Huatulco, Oaxaca, ante el Tribunal Agrario.

• De la Comisión de Turismo, con puntos de acuerdo para exhortar al Consejo de Promoción Turística de México a revisar el gasto dirigido al fomento del país en el extranjero, centrando sus acciones en Europa, Asia y Oceanía.

• De la Comisión de Transportes, con punto de acuerdo a fin de exhortar al gobierno de Tamaulipas a llevar a cabo los trabajos necesarios para construir el circuito interior de Reynosa.

• De la Comisión de Transportes, con punto de acuerdo por el que se solicita a la SCT que instale sistemas de aterrizaje por instrumentos en aeropuertos de Tamaulipas.

• De la Comisión de Transportes, con punto de acuerdo para exhortar al gobierno del estado de México a informar respecto a los avances de las obras del paradero del Metro Ciudad Azteca, así como a las medidas implantadas a fin de agilizar el tránsito vehicular en la zona.

• De la Comisión de Transportes, con punto de acuerdo a fin de exhortar al titular de la SCT a implantar con la mayor brevedad las medidas preventivas necesarias para evitar accidentes en la carretera Guadalajara-Ameca y agilizar cuanto antes la entrega de la obra correspondiente.

• De la Comisión de Transportes, con punto de acuerdo para exhortar al titular de la SCT a efecto de que los permisionarios del servicio público federal de carga cuyos vehículos hayan sido legalizados validen únicamente su documentación en el primer trámite de obtención de placas y tarjeta de circulación.

• De la Comisión de Transportes, con punto de acuerdo a fin de exhortar al titular de la SCT a promover las acciones conducentes a realizar las obras públicas para ampliar la cobertura y mejorar el sistema de transporte colectivo de las ciudades y de las zonas metropolitanas del país.

• De la Comisión de Transportes, con punto de acuerdo a fin de exhortar al titular de la SCT a constituir en aeropuerto internacional el nacional El Tajín; y a informar a esta soberanía, por la Comisión de Transportes, sobre el procedimiento y la aplicación de los recursos de todos los proyectos para el fortalecimiento y la reestructuración de la infraestructura aeroportuaria del país.

• De la Comisión de Transportes, con punto de acuerdo a fin de exhortar al titular de la SCT a analizar con el gobierno de Chihuahua la posibilidad de que la carretera panamericana número 45, Chihuahua-Juárez, sea concesionada a ese estado y que la citada dependencia garantice la suficiencia presupuestal para su conservación y mantenimiento.

• De la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, con puntos de acuerdo para exhortar a las Secretarías de Gobernación, de Relaciones Exteriores, y de Desarrollo Social a implantar un programa de apoyo a la población adulta mayor que vive en Estados Unidos de América.

• De la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, con puntos de acuerdo a fin de exhortar a las Secretarías de Salud, de Educación Pública, y del Trabajo y Previsión Social a realizar acciones para la integración de las personas zurdas.

• De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con punto de acuerdo para exhortar a la Semarnat a iniciar los trámites del expediente de expropiación del predio Cañón de Ballesteros, perteneciente al parque nacional Cumbres de Monterrey, en Nuevo León.

• De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con punto de acuerdo a fin de exhortar a la Semarnat y a la Profepa a aplicar las medidas pertinentes para proteger, restaurar y conservar los manglares mexicanos, así como a vigilar que las obras y actividades de aprovechamiento no extractivo en ese ecosistema se lleven a cabo con estricto arreglo a la legislación vigente en la materia.

• De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con puntos de acuerdo a fin de exhortar a la Semarnat a realizar los estudios necesarios para conocer científicamente el estado de conservación que presenta en vida silvestre el cocodrilo del pantano.

• De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con puntos de acuerdo a fin de exhortar a la Semarnat y a la Sagarpa a informar de la situación actual y apoyar la creación del área de protección de flora y fauna Sistema Arrecifal Lobos Tuxpan, frente a Tamiahua y Tuxpan, en Veracruz.

• De la Comisión de Asuntos Indígenas, con punto de acuerdo a fin de exhortar a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas a informar sobre el resultado de las actividades realizadas en la elaboración de la propuesta de programa especial de atención a pueblos y comunidades que viven en el bosque.

• De la Comisión de Asuntos Indígenas, con punto de acuerdo para exhortar a los congresos estatales y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a legislar en materia indígena, en busca de armonizar los ordenamientos locales con lo que establecen el artículo 2o. constitucional, la Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, el Convenio 169 de la OIT y demás instrumentos jurídicos.

• De la Comisión de Asuntos Indígenas, con punto de acuerdo a fin de exhortar al titular del Poder Ejecutivo federal a efecto de que la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas implante acciones que garanticen a los pueblos indígenas que habitan en zonas urbanas el acceso equitativo a los programas que se manejan.

• De la Comisión de Asuntos Indígenas, con punto de acuerdo a fin de exhortar a los congresos estatales a promover reformas en materia electoral para garantizar los derechos de las indígenas, consagrados en la Constitución federal y en los instrumentos internacionales aplicables.

• De la Comisión de Asuntos Indígenas, con punto de acuerdo a fin de exhortar al Ejecutivo federal a efecto de que, por medio de la SHCP y del INEGI, corrija la información y considere zonas indígenas las comunidades de Chavajeval, Las Delicias y Álvaro Obregón, en Chiapas.

• De la Comisión del Distrito Federal, con punto de acuerdo a fin de solicitar al jefe del gobierno local que instruya a la Consejería Jurídica y de Servicios Legales para revisar y, en su caso, actualizar conforme a la normatividad aplicable las remuneraciones que reciben los defensores de oficio.

• De la Comisión del Distrito Federal, con punto de acuerdo a fin de exhortar al gobierno local a realizar a través de la Secretaría del Medio Ambiente las acciones necesarias para declarar y administrar como área verde con valor ambiental el bosque de Nativitas, en Xochimilco.

• De la Comisión del Distrito Federal, con punto de acuerdo relativo al comercio informal y al ambulantaje en el Sistema de Transporte Colectivo-Metro.

Honorable Asamblea:

A las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión de la LX Legislatura les fue turnada, para su estudio y dictamen la proposición con punto de acuerdo

Antecedentes

1. Aduce el proponente que los trabajadores y ex trabajadores de Pemex que laboraron en el periodo comprendido entre 1970 y 1992, con gran esfuerzo realizaron aportaciones para un seguro de vida, contratado con Seguros La República, hoy llamada Interacciones, SA de CV, a través del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana.

Expresa también que dicha empresa se dio financieramente por quebrada, quedando en reserva el fondo generado y acrecentado por intereses y manejos de mercados de dinero, bajo el fideicomiso bancario 56342/FID/III/06, el cual ascendió a ochocientos veintiocho millones quinientos cuarenta y siete mil ciento noventa y ocho pesos.

Afirma igualmente el autor de la proposición que desde 1994, con el anuncio de la quiebra, la Coalición Petrolera Independiente promovió la demanda en todas las secciones petroleras del sistema de Petróleos Mexicanos, sobre la que, se afirma, se obtuvo condena al reembolso de la reserva matemática depositada legalmente ante la instancia hacendaria del gobierno federal, mediante la sentencia a su favor del 3 de octubre de 2005; agrega que dicha sentencia benefició a todos los que laboraron entre 1970 y 1992 y que se vieron afectados, y que entre trabajadores y ex trabajadores ascienden a un total de 80 mil, de los que 10 mil pertenecen al Consejo de Defensa de Minatitlán, AC.

Menciona asimismo que, una vez que se decretó la resolución final, los trabajadores, a través de la Coalición Petrolera Independiente, comenzaron con los trámites para reclamar lo que se les había descontado en el periodo comprendido entre 1970 y 1992, que se realizaría a través de una institución bancaria.

Que la pasada administración federal tuvo conocimiento de este caso desde finales de septiembre de 2006, y cuyo expediente turnaron al subsecretario de Gobierno el 14 de noviembre de 2006, mediante el volante número UCG/007147/2006, con folio 009013; tomando también conocimiento la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, mediante copia de la petición para que esos trabajadores fueran incluidos en el reembolso de la reserva matemática que se acumuló del seguro La República, hoy denominada Seguros Interacciones, SA de CV.

Finaliza citando que los trabajadores y ex trabajadores del Consejo de Defensa de Minatitlán, AC, hicieron del conocimiento de la Cámara de Diputados la carta dirigida al entonces presidente, Vicente Fox, el 13 de noviembre de 2006.

2. Las comisiones dictaminadoras reconocen la importancia de velar por los intereses de la clase trabajadora de este país, especialmente tratándose de uno de los sectores económicos prioritarios, como es el caso del ramo petrolero.

Es así como estas dictaminadoras comparten la inquietud del proponente, a efecto de revisar y dar seguimiento a los procesos de liquidación de derechos devengados por los trabajadores de la citada dependencia paraestatal, con objeto de velar por el cabal respeto de sus garantías laborales.

Los cuerpos técnicos de estas comisiones que dictaminan han encontrado en diversas notas periodísticas que la problemática planteada por el proponente se encuentra aún pendiente de resolver, esto es, que una vez declarada la quiebra de la empresa Seguros La República, la cual fue incorporada al Grupo Interacciones, SA de CV, se conformó un fondo de reserva, celebrándose al respecto también el fideicomiso bancario número 56342/FID/III/06, el cual presuntamente ascendió a la cantidad de ochocientos veintiocho millones, quinientos cuarenta y siete mil ciento noventa y ocho pesos.

De igual forma, los integrantes de estas comisiones que suscriben atienden la resolución que alude el proponente, en virtud de la cual presuntamente se condenó al reembolso de la reserva matemática, depositada legalmente ante la instancia hacendaria del gobierno federal.

Tomando en cuenta también la referencia del proponente en el sentido de que diversas instancias oficiales se encuentran al tanto de dicho problema, estas dictaminadoras, luego del estudio jurídico efectuado sobre el particular, ponderan oportuno y menester invocar el contenido de los artículos 31, fracción VIII, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, así como lo previsto por el artículo 11 de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, específicamente por cuanto hace a sus fracciones I a III, que a la letra señalan:

Asimismo, estas comisiones dictaminadoras consideran necesario solicitar paralelamente al titular de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros que informe a esta soberanía sobre las medidas implantadas o las que esté previendo implantar, conforme al artículo 11 de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, con objeto de propiciar la solución del conflicto relativo al pago del seguro de vida descrito en el párrafo anterior.

En mérito de lo expuesto, las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Trabajo y Previsión Social, se permiten someter a la consideración del Pleno de la Cámara de Diputados el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. Se solicita al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en el ámbito de colaboración entre poderes, y en los términos del artículo 93 constitucional, que informe a esta soberanía sobre el conocimiento y las medidas que haya adoptado, en su caso, sobre la constitución, administración y aplicación de los fondos del fideicomiso bancario 56342/FID/III/06, relativo al fondo de reserva de la empresa de seguros La República, actualmente Interacciones, SA de CV, para efecto de afrontar sus obligaciones patrimoniales, especialmente la contraída respecto del pago del seguro de vida de diversos trabajadores y ex trabajadores de Petróleos Mexicanos contratado durante el periodo de 1970 a 1992.

Segundo. Se solicita al titular de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros que informe a esta soberanía sobre el conocimiento y las medidas implantadas o las que esté previendo implantar, conforme al artículo 11 de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, con objeto de propiciar la solución del conflicto relativo al pago del seguro de vida descrito en el resolutivo anterior.

Los informes solicitados en el presente punto de acuerdo serán remitidos a esta soberanía en el término de treinta días naturales siguientes.

Sala de comisiones de la honorable Cámara de Diputados, a 23 de abril de 2008.

La Comisión de Hacienda y Crédito Público

Diputados: Charbel Jorge Estefan Chidiac (rúbrica), presidente; David Figueroa Ortega (rúbrica), Emilio Ramón Ramiro Flores Domínguez (rúbrica), Camerino Eleazar Márquez Madrid (rúbrica), José Antonio Saavedra Coronel, Antonio Soto Sánchez, Ismael Ordaz Jiménez, Miguel Ángel González Salum (rúbrica), Carlos Alberto Puente Salas, Juan Ignacio Samperio Montaño, Joaquín Humberto Vela González, Manuel Cárdenas Fonseca (rúbrica), Aída Marina Arvizu Rivas, secretarios; José Alejandro Aguilar López (rúbrica), Samuel Aguilar Solís, José Rosas Aispuro Torres (rúbrica), Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla (rúbrica), Francisco Javier Calzada Vázquez, Ramón Ceja Romero (rúbrica), Carlos Chaurand Arzate (rúbrica), Carlos Alberto García González (rúbrica), Juan Nicasio Guerra Ochoa, Javier Guerrero García (rúbrica), José Martín López Cisneros (rúbrica), Lorenzo Daniel Ludlow Kuri (rúbrica), Luis Xavier Maawad Robert (rúbrica), María de Jesús Martínez Díaz (rúbrica), José Murat, Miguel Ángel Navarro Quintero, Raúl Alejandro Padilla Orozco (rúbrica), Dolores María del Carmen Parra Jiménez (rúbrica), Jorge Alejandro Salum del Palacio, Faustino Soto Ramos, Pablo Trejo Pérez (rúbrica).

La Comisión de Trabajo y Previsión Social

Diputados: Tomás del Toro del Villar (rúbrica), presidente; Juan Manuel Sandoval Murguía (rúbrica), Carlos René Sánchez Gil (rúbrica), Juan Carlos Velasco Pérez (rúbrica), José Antonio Almazán González, Humberto Dávila Esquivel (rúbrica), secretarios; Ramón Almonte Borja, Luis Ricardo Aldana Prieto, Francisco Antonio Fraile García (rúbrica), Omar Antonio Borboa Becerra (rúbrica), Carlos Armando Reyes López (rúbrica), Alfonso Othón Bello Pérez (rúbrica), Antonio Berber Martínez (rúbrica), Rolando Rivero Rivero (rúbrica), José Antonio Arévalo González (rúbrica), Gustavo Ramírez Villarreal (rúbrica), Demetrio Román Isidoro (rúbrica), Beatriz Collado Lara (rúbrica), Patricio Flores Sandoval (rúbrica), Ramón Félix Pacheco Llanes (rúbrica), Ricardo Cantú Garza, Ana Yurixi Leyva Piñón, Rogelio Muñoz Serna (rúbrica), Alfredo Barba Hernández (rúbrica), Adrián Pedrozo Castillo (rúbrica), Sonia Noelia Ibarra Franquez, Rosario Ignacia Ortiz Magallón (rúbrica), José Luis Gutiérrez Calzadilla (rúbrica), Diego Aguilar Acuña (rúbrica), Jesús Ramírez Stabros.
 
 

DE LA COMISIÓN DE RECURSOS HIDRÁULICOS, CON PUNTO DE ACUERDO A FIN DE EXHORTAR AL DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA A MODIFICAR EL CUADRO DE PORCENTAJES DE APORTACIÓN FEDERAL PREVISTO EN EL NUMERAL 10.4.2. DE LAS REGLAS DE OPERACIÓN PARA LOS PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA Y DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO APLICABLES A PARTIR DE 2008

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Recursos Hidráulicos de la Cámara de Diputados, le fue turnada para su análisis y dictamen la proposición con punto de acuerdo por el que se solicita al director general de la Comisión Nacional del Agua, Conagua, que modifique la Regla IV.4.4. relativa a los componentes generales de apoyo para la construcción y rehabilitación de sistemas de agua potable y saneamiento en zonas rurales, presentada por la diputada Yari del Carmen Gerbhardt Garduza.

Esta comisión dictaminadora, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6 incisos e), f) y g) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 60, 87, 88, 93 y 94 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esa honorable asamblea el presente dictamen, al tenor de los siguientes:

Antecedentes

Contenido de la proposición

La proponente señala que las Reglas de Operación para los Programas de Infraestructura Hidroagrícola, y de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento, las cuales se publicaron el Diario Oficial de la Federación, el 7 de abril de 2003, y modificadas y publicadas el 24 de diciembre de 2003, tuvieron por objeto enfrentar los retos que en materia hidráulica existían en el país, los cuales fueron considerados en el Plan Nacional de Desarrollo y el Programa Nacional Hidráulico 2001-2006.

Advierte que el numeral IV.4.4 de dichas Reglas de Operación, se refiere al Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales, orientado a responder a las necesidades de la población rural de México con el propósito de incrementar la cobertura de los servicios de agua potable y saneamiento mediante la construcción de infraestructura, con la participación comunitaria organizada, sin discriminación y a efecto de inducir la sostenibilidad de los servicios.

Indica que la Regla IV.4.4., denominada "Componentes Generales de Apoyo", se refiere a los montos de los recursos federales que se destinarán al financiamiento de los tres componentes del programa, en los cuales, entre otros, destacan:

Con base en los motivos expuestos, la proponente plantea la reforma de la regla IV.4.4., para establecer que el apoyo federal en lo general sea de hasta el 70 por ciento de la inversión convenida con los gobiernos de las entidades federativas de mayor marginación, y que, en los casos de localidades de alta y muy alta marginación, dicho apoyo pueda incrementarse hasta 90 por ciento del costo; asimismo, establecer que en los casos que la Conagua determine como problema para la salud de lo habitantes por tracoma o por contaminación asociada con altos contenidos de arsénico, sean 100 los municipios con menor índice de desarrollo humano los que reciban apoyo federal de hasta el 100 por ciento del costo.

Finalmente, la proponente plantea el siguiente:

Punto de Acuerdo

Primero. Exhortar al director general de la Comisión Nacional del Agua para que modifique la Regla IV.4.4. relativa a los Componentes Generales de Apoyo, por lo que compete al Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales, en los términos contenidos en este punto de acuerdo.

Segundo. Exhortar al director general de la Comisión Nacional del Agua para que informe a la Cámara de Diputados de su opinión sobre el tema materia de este punto de acuerdo.

Una vez analizada la proposición que nos ocupa, la Comisión de Recursos Hidráulicos expone las siguientes:

Consideraciones

Coincidimos con la proposición planteada por la diputada Yari del Carmen Gerbhardt Garduza, en cuanto a la necesidad de incrementar el monto máximo del apoyo federal en el financiamiento de los componentes del Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales, en lo relativo a las inversiones convenidas con los gobiernos de las entidades federativas de mayor marginación, así como el porcentaje del apoyo federal para localidades de alta y muy alta marginación.

Coincidimos, también, en incrementar a 100, el número de municipios con menor índice de desarrollo humano, beneficiarios de apoyos federales hasta por el 100 por ciento del costo, en los casos que la Conagua determine como problemas para la salud de los habitantes, por tracoma o por contaminación asociada a altos contenidos de arsénico.

No obstante, es pertinente observar que el planteamiento de la proponente está referido en relación con las disposiciones establecidas en las Reglas de Operación para los programas de infraestructura hidroagrícola, y de agua potable, alcantarillado y saneamiento, a cargo de la Comisión Nacional del Agua para el periodo 2001-2006, las cuales fueron modificadas para su aplicación a partir del año 2007, según su publicación en el Diario Oficial de la Federación del 18 de junio de 2007, las cuales a su vez, fueron sustituidas con las Reglas de Operación aplicables a partir del año 2008.

En estas últimas, el Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales, se encuentra reglamentado en el artículo 10, cuyo numeral 10.4., esta referido a las características de los apoyos, estableciendo en el numeral 10.4.1., los tipos de apoyo federal destinados a apoyar los componentes: Desarrollo Institucional; Atención Social y Participación Comunitaria, e Infraestructura, definidos en sus fracciones I, II y III.

Asimismo, el numeral 10.4.2., del propio artículo 10 de las Reglas de Operación vigentes, relativo a los montos máximos y mínimos, establece los porcentajes de aportación del gobierno federal para el financiamiento de dichos componentes, definiendo, entre otros:

Con base en estas consideraciones, estimamos necesario modificar el punto de acuerdo planteado por la proponente, para adecuarlo a las disposiciones de las Reglas de Operación aplicables a partir de 2008, y establecer el exhorto al director general de la Conagua para que modifique los porcentajes de aportación federal señalados en el cuadro correspondiente al numeral 10.4.2., relativo a los montos máximos y mínimos, incrementando el porcentaje máximo de aportación federal para localidades de alta y muy alta marginación para establecerlo hasta en un 90 por ciento.

Por lo anterior expuesto y fundado, la Comisión de Recursos Hidráulicos, somete a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente:

Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta al director general de la Comisión Nacional del Agua para que modifique el cuadro de porcentajes de aportación federal previsto en el numeral 10.4.2., de las Reglas de Operación para los Programas de Infraestructura Hidroagrícola, y de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento, a cargo de la Comisión Nacional del Agua, aplicables a partir del año 2008, incrementando el monto máximo de aportación federal para las localidades de alta y muy alta marginación, hasta el 90 por ciento; y…

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de mayo de 2008.

La Comisión de Recursos Hidráulicos

Diputados: Jesús Manuel Patrón Montalvo (rúbrica), presidente; Antonio Medellín Varela (rúbrica), Lourdes Alonso Flores (rúbrica), Víctor Manuel Torres Herrera, Apolonio Méndez Meneses, Cuitláhuac Condado Escamilla (rubrica), José Rubén Escajeda Jiménez (rubrica), Gustavo Ildefonso Mendivil Amparán (rúbrica) secretarios; Pedro Armendáriz García (rúbrica), Edmundo Javier Bolaños Aguilar (rúbrica), Modesto Brito González (rúbrica), Aurora Cervantes Rodríguez (rúbrica), Diego Cobo Terrazas, Felipe González Ruiz, David Lara Compeán (rúbrica), Alma Lilia Luna Munguía, Fausto Fluvio Mendoza Maldonado (rúbrica), Irineo Mendoza Mendoza, Pedro Montalvo Gómez (rúbrica), Héctor Hugo Olivares Ventura, Antonio Ortega Martínez (rúbrica), José Inés Palafox Núñez, Francisco Javier Paredes Rodríguez, Santiago Gustavo Pedro Cortés (rúbrica), Héctor Manuel Ramos Covarrubias (rúbrica), Ramón Salas López (rúbrica), Martín Stefanonni Mazzocco, Gerardo Octavio Vargas Landeros (rúbrica), Cuauhtémoc Velasco Oliva (rúbrica), César Augusto Verástegui Ostos.
 
 

DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, CON PUNTO DE ACUERDO PARA EXHORTAR A LOS CONGRESOS ESTATALES A DAR PRIORIDAD Y SUPERVISAR QUE, EN LA APROBACIÓN DE SUS PRESUPUESTOS, LOS RECURSOS EXCEDENTES POR EL IMPUESTO FEDERAL A LA GASOLINA Y EL DIESEL SE APLIQUEN DE MANERA PUNTUAL, SOLIDARIA, RESPONSABLE Y TRANSPARENTE POR LOS EJECUTIVOS LOCALES

Honorable Asamblea:

La Comisión de Desarrollo Social, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 56, 60, 87, 88 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta honorable asamblea el presente dictamen, al tenor de los siguientes

Antecedentes

El 13 de diciembre de 2007, los diputados César Duarte Jáquez e Ismael Ordaz Jiménez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentaron una proposición con punto de acuerdo a fin de que la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorte a los Congresos estatales a dar prioridad al destino de los recursos excedentes por concepto de gasolina a los municipios más rezagados de sus estados a efecto de resolver las necesidades más apremiantes en materia de infraestructura hidráulica, electricidad, vivienda, drenaje, pavimentación, pobreza y marginación.

En esa fecha, la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Diputados turnó la proposición con punto de acuerdo a la Comisión de Desarrollo Social, que fue entregada el 15 de enero de 2008, para análisis y dictamen correspondiente.

Contenido

Los diputados proponentes se refieren a la aprobación de la reforma fiscal que llevó a cabo el Congreso de la Unión el 13 y 14 de septiembre de 2007, cuyo propósito está encaminado a impulsar un sistema más justo y equitativo, buscando un fortalecimiento de las haciendas públicas estatales con nuevos ingresos.

Entre las reformas se encuentran las que tienen que ver con diversas modificaciones de la Ley de Coordinación Fiscal, referente a las formaciones de las recaudaciones federales participables, a la recaudación sobre la aplicación de cuotas del impuesto especial sobre producción y servicios, el establecimiento de dos nuevos fondos de compensación que buscan promover en desarrollo más balanceado entre los estados, expresados en el Fondo de Extracción de Hidrocarburos, para los estados donde se extrae petróleo, así como en el Fondo de Compensación para las entidades con menor producto interno bruto per cápita no minero y no petrolero, al cual se asignarán recursos del nuevo impuesto a la gasolina.

La distribución de este impuesto será en casi 80 por ciento, con base en el consumo de los estados, y el resto será canalizado a un fondo de compensación para los menos desarrollados.

Consideraciones

Si bien se han logrado avances en el combate de la pobreza y la marginación, la desigualdad regional sigue siendo un problema imperante que requiere acciones inmediatas por los tres órdenes de gobierno.

El Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 establece que la naturaleza y formación del pacto fiscal, en un sistema federalista, constituye piedra angular para alcanzar estabilidad macroeconómica y crecimiento equilibrado que se traduzca en una mejor calidad de vida y en la disminución de la pobreza y la marginación.

La reforma fiscal de 2007 tuvo como uno de sus propósitos centrales la búsqueda responsable de recursos y la fiscalización de éstos para destinarlos fundamentalmente a satisfacer las necesidades de las zonas más pobres del país.

Dentro de la coordinación que hay entre los poderes federales con los locales para la atención y solución de la diversa problemática social del país, son necesarias la colaboración y participación de los dos órdenes coextensos, a efecto de llevar a cabo el estricto cumplimiento de las reformas de la Ley de Coordinación Fiscal recientemente aprobadas por el Congreso de la Unión.

En este marco, y después de haber analizado la proposición con punto de acuerdo suscrita por los diputados César Duarte Jáquez e Ismael Ordaz Jiménez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, los integrantes de la Comisión de Desarrollo Social consideran que es de aprobarse.

Por las consideraciones expuestas, la Comisión de Desarrollo Social, con fundamento en los artículos 39 y 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los Congresos estatales a que durante la aprobación de sus respectivos presupuestos den prioridad y supervisen que los recursos excedentes por el impuesto federal a la gasolina y el diesel se apliquen de manera puntual, solidaria, responsable y transparente por los Ejecutivos locales a la solución de las necesidades indudablemente apremiantes de los municipios más pobres, relativas a infraestructura hidráulica, drenaje, electricidad, calles alumbradas y pavimentadas, vivienda y caminos rurales, entre otros.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de marzo de 2008.

La Comisión de Desarrollo Social

Diputados: Héctor Hugo Olivares Ventura, presidente; Rubí Laura López Silva, Silvio Gómez Leyva, Miguel Ángel Peña Sánchez, Víctor Gabriel Varela López, Ana Yurixi Leyva Piñón, Pablo Leopoldo Arreola Ortega, Mayra Gisela Peñuelas Acuña, secretarios; Liliana Carbajal Méndez, Beatriz Collado Lara, José Luis Contreras Coeto, Humberto Dávila Esquivel, Nemesio Domínguez Domínguez, Charbel Jorge Estefan Chidiac, Raúl García Vivián, Martín Óscar González Morán, Sergio Hernández Hernández, María Esther Jiménez Ramos, Marcos Matías Alonso, Nabor Ochoa López, Ismael Ordaz Jiménez, Mario Heriberto Orozco Ruiz, Gerardo Priego Tapia, Jorge Quintero Bello, Sara Latife Ruiz Chávez, Carlos Sánchez Barrios, Rafael Elías Sánchez Cabrales, Alejandro Sánchez Camacho, Jorge Toledo Luis, Verónica Velasco Rodríguez (rúbricas).
 
 

DE LA COMISIÓN DE JUSTICIA, CON PUNTO DE ACUERDO PARA EXHORTAR A LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE SINALOA A INFORMAR SOBRE LOS HOMICIDIOS DE LOS SEÑORES RICARDO MURILLO MONJE Y ÓSCAR RIVERA INZUNZA

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Justicia, de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de la LX Legislatura, le fue turnada para su estudio y dictamen la siguiente proposición con punto de acuerdo:

Por el que se exhorta a los gobiernos federal y de Sinaloa a contribuir al esclarecimiento de los asesinatos de los señores Ricardo Murillo Monge y Óscar Rivera Inzunza.

Antecedentes

En sesión celebrada por la Cámara de Diputados en fecha jueves 22 de noviembre del 2007, fue presentada la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a los gobiernos federal y de Sinaloa a contribuir al esclarecimiento de los asesinatos de los señores Ricardo Murillo Monge y Óscar Rivera Inzunza, a cargo del diputado Eduardo Ortiz Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

En esa fecha la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó dicha proposición a la Comisión de Justicia para su estudio y dictamen correspondiente.

Contenido del punto de acuerdo

El proponente plantea que el pasado miércoles 5 de septiembre del 2007, en Culiacán, Sinaloa, sucedieron dos lamentables asesinatos de los señores Ricardo Murillo Monge, un luchador social y defensor de los derechos humanos en Sinaloa y Óscar Rivera Inzunza, periodista y vocero en materia de seguridad pública, de igual manera plantea que el esclarecimiento de estos homicidios deben ser una prioridad tanto para las autoridades estatales como para las federales.

Plantea que la seguridad pública es un servicio que corresponde en forma exclusiva al Estado y tiene por objeto mantener el orden público, proteger la integridad física de las personas y sus bienes, prevenir la comisión de delitos y colaborar en la investigación y persecución de los delitos, entre otros objetivos y obligaciones del Estado, por eso es preciso que esta soberanía, gire una recomendación tanto al gobierno federal como al gobierno de Sinaloa, para que ambos de manera coordinada y eficaz, extremen las medidas necesarias para garantizar la integridad y seguridad de las familias de las personas fallecidas antes mencionadas, así como de otros defensores de derechos humanos, y de otros periodistas en Sinaloa; se lleven a cabo de manera pronta, exhausta y profesional las investigaciones de estos casos, preservando las evidencias que de estos reprobables acontecimientos hubiere; y de manera pronta, esclarezcan los asesinatos de Ricardo Murillo Monge y Óscar Rivera Inzunza y mantengan informada a esta soberanía dentro del marco de la ley, los avances sobre las investigaciones de estos lamentables hechos

Consideraciones

La comisión dictaminadora realizó el estudio y análisis del planteamiento contenido en la proposición con punto de acuerdo, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente dictamen.

La Comisión de Justicia considera que no tiene los datos necesarios para emitir un dictamen positivo en los términos aquí planteados, toda vez que no podemos solicitar al gobierno federal que intervenga en el caso, ya que los homicidios son delitos del fuero común y las autoridades locales son las encargadas de la investigación y sanción de dicho delito; la Procuraduría General de la República tiene una Fiscalía Especial para los Delitos cometidos contra Periodistas, por lo que esta comisión necesitaría de mayores elementos para poder solicitar la intervención de dicha fiscalía. Con respecto del señor Ricardo Murillo Monge, se plantea que era un luchador social y un defensor de los derechos humanos, por lo que para poder solicitar la intervención de la Procuraduría General de la República, tendríamos que tener los datos de si era un servidor público federal en ejercicio de sus funciones o cual es la situación específica de esta persona, ya que la proposición no aporta mayor información.

Por esto, la Comisión de Justicia considera necesario solicitar a la Procuraduría del estado de Sinaloa informe a la honorable Cámara de Diputados la situación de estos dos homicidios, para poder tener mayor elementos y estar así en posibilidad de, en su caso, solicitar la intervención del gobierno federal.

En mérito de lo expuesto, la Comisión de Justicia, se permite someter a la consideración del Pleno de la Cámara de Diputados el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Que la Cámara de Diputados exhorte a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Sinaloa a que informe sobre el caso de los homicidios de los señores Ricardo Murillo Monge y Óscar Rivera Inzunza, perpetrados el 5 de septiembre del 2007, en Culiacán, Sinaloa.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de abril de 2008.

La Comisión de Justicia

Diputados: César Camacho Quiroz (rúbrica), presidente; Felipe Borrego Estrada, Violeta del Pilar Lagunes Viveros (rúbrica), Carlos Alberto Navarro Sugich (rúbrica), Miguel Ángel Arellano Pulido, Jorge Mario Lescieur Talavera (rúbrica), Faustino Javier Estrada González, Fernando Quetzalcóatl Moctezuma Pereda, secretarios; Mónica Arriola, Alliet Mariana Bautista Bravo, Luis Enrique Benítez Ojeda (rúbrica), Liliana Carbajal Méndez (rúbrica), Rogelio Carbajal Tejada (rúbrica), Raúl Cervantes Andrade (rúbrica), Jesús de León Tello (rúbrica), José Manuel del Río Virgen, Antonio de Jesús Díaz Athié (rúbrica), Rutilio Cruz Escandón Cadenas, Arturo Flores Grande, Silvano Garay Ulloa, María del Pilar Ortega Martínez (rúbrica), Omeheira López Reyna (rúbrica), Andrés Lozano Lozano (rúbrica), Victorio Rubén Montalvo Rojas, Silvia Oliva Fragoso (rúbrica), Mario Eduardo Moreno Álvarez (rúbrica), Luis Gustavo Parra Noriega (rúbrica), Alfredo Adolfo Ríos Camarena, Yadhira Yvette Tamayo Herrera (rúbrica).
 
 

DE LA COMISIÓN DE MARINA, CON PUNTO DE ACUERDO PARA EXHORTAR AL PROCURADOR GENERAL DE LA REPÚBLICA A CONCLUIR LAS INVESTIGACIONES SOBRE LA DENUNCIA CONTRA BLUE MARINE GROUP Y SU FILIAL ARRENDADORA OCEAN MEXICANA

A la Comisión de de Marina de esta LX Legislatura le fue turnada, para su estudio y dictamen, la proposición con punto de acuerdo para exhortar al titular de la Procuraduría General de la República a concluir las investigaciones sobre la denuncia en contra de Blue Marine Group y sus filiales: Arrendadora Ocean Mexicana, Blue Marine y Subtec; y a Petróleos Mexicanos a eliminarlos de las licitaciones que realice mientras la Procuraduría General de la República no concluya estas investigaciones judiciales.

Esta Comisión de Marina, en uso de las facultades que les otorgan los artículos 39, numerales 1 y 2, fracción XXII, 45, numeral 6, inciso f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 62 y 63 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, procedió a realizar un estudio y análisis de la proposición con punto de acuerdo enviada para su estudio y dictamen, con base en los siguientes antecedentes y considerandos:

Antecedentes

1. En sesión celebrada en fecha 8 de abril de 2008, el diputado José Manuel del Río Virgen, del Grupo Parlamentario de Convergencia, con el aval de 186 legisladores de diversos grupos parlamentarios, presentó proposición con punto de acuerdo para exhortar al titular de la Procuraduría General de la República a concluir las investigaciones sobre la denuncia en contra de Blue Marine Group y sus filiales: Arrendadora Ocean Mexicana, Blue Marine y Subtec; y a Petróleos Mexicanos a eliminarlos de las licitaciones que realice mientras la Procuraduría General de la República no concluya estas investigaciones judiciales.

2. Mediante oficio número D.G.P.L. 60-II-2-1465 la Mesa Directiva de la LIX Legislatura turnó la proposición con punto de acuerdo de referencia a esta Comisión de Marina, para su estudio y dictamen, el cual ahora se emite con base a los siguientes

Considerandos

Primero. El 6 de diciembre de 2007 la Auditoría Superior de la Federación presentó ante la Procuraduría General de la República una denuncia contra funcionarios de Pemex Refinación por otorgar en marzo de 2005 los contratos 4500155808, 4500171600 y 4500176478 a la empresa Arrendadora Ocean Mexicana por el arrendamiento del buque-tanque Torm Asia con un sobreprecio de más de 66 millones de pesos, lo que generó un perjuicio al patrimonio de la Hacienda Pública Federal y violó lo establecido en los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 40 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Segundo. Que en base a la denuncia presentada por la auditoría Superior de la Federación, la Procuraduría General de la Republica abrió la averiguación previa número 109/UEIDCSPCAJ/2007 radicada en la mesa XXVI de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delitos Federales, Unidad Especializada en Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos y Contra la Administración de Justicia.

Tercero. Que se tiene conocimiento de que existe una investigación abierta en la Secretaría de la Función Pública en contra de Blue Marine Group y sus filiales arrendadoras Ocean Mexicana, Blue Marine y Subtec en relación a contratos diversos otorgados por la paraestatal Pemex.

Cuarto. Que por ética y la defensa y protección del patrimonio nacional, así como por el cumplimiento de la ley y la Constitución General de la República, esta soberanía considera que toda empresa física o moral que tenga nexos comerciales con instituciones del gobierno federal deberá estar libre de cualquier investigación de carácter judicial o jurisdiccional que afecte su nombre, más aun cuando es señalada por el órgano técnico de la Cámara de Diputados que es la Auditoría Superior de la Federación.

Con base en lo expuesto fundado y motivado los integrantes de la Comisión de Marina acuerdan:

Único. Se exhorta respetuosamente a la Procuraduría General de la República a que concluya las investigaciones sobre la averiguación previa número 109/UEIDCSPCAJ/2007, radicada en la mesa XXVI de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delitos Federales, Unidad Especializada en Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos y Contra la Administración de Justicia y se exhorta a Petróleos Mexicanos y sus filiales a que, mientras la Procuraduría General de la República no concluya estas investigaciones judiciales se abstenga de invitar y/o participar a las empresas involucradas en las licitaciones que convoquen.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a nueve de abril de dos mil ocho.

La Comisión de Marina

Diputados: José Manuel del Río Virgen (rúbrica), presidente; Ángel Rafael Deschamps Falcón, Marco Antonio Peyrot Solís (rúbrica), Maribel Luisa Alva Olvera (rúbrica), José Luis Blanco Pajón (rúbrica), secretarios; Efraín Arizmendi Uribe, Gerardo Buganza Salmerón, Adrián Fernández Cabrera, Leonardo Magallón Arceo, Luis Alonso Mejía García (rúbrica), Nabor Ochoa López, Pedro Pulido Pecero (rúbrica), Víctor Manuel Torres Herrera, Juan Victoria Alva (rúbrica), Luis Ricardo Aldana Prieto (rúbrica), Carlos Chaurand Arzate (rúbrica), Sergio González García, Mariano González Zarur (rúbrica), Arturo Martínez Rocha (rúbrica), Jorge Toledo Luis (rúbrica), Faustino Javier Estrada González, Félix Castellanos Hernández (rúbrica), Higinio Chávez García (rúbrica), Cuitláhuac Condado Escamilla, Claudia Lilia Cruz Santiago (rúbrica), Carlos Ernesto Navarro López (rúbrica), Odilón Romero Gutiérrez.
 
 

DE LA COMISIÓN DE EQUIDAD Y GÉNERO, CON PUNTOS DE ACUERDO RELATIVOS AL EFECTO DEL TRATADO DE LIBRE COMERCIO DE AMÉRICA DEL NORTE EN LAS MEXICANAS, Y A FIN DE SOLICITAR LA COMPARECENCIA DE LA TITULAR DEL INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Equidad y Género de la Cámara de Diputados le fue turnada, para sus estudio y posterior dictamen, la proposición con punto de acuerdo relativo al efecto que tiene el Tratado de Libre Comercio con América del Norte (TLCAN) en las mujeres mexicanas, y solicitar la comparecencia de la titular del Instituto Nacional de las Mujeres, presentada por la diputada Lourdes Quiñones Canales, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

La Comisión de Equidad y Género, con fundamento en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e), f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como 88 y 93 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, emite dictamen, el cual se realiza de acuerdo con la siguiente

Metodología

Esta comisión dictaminadora desarrolló su trabajo conforme al siguiente procedimiento:

Mediante comunicación de la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, por la que informa del turno que corresponde a cada iniciativa o proposición registradas en el orden del día de la sesión del miércoles 30 de abril de 2008, publicada en la Gaceta Parlamentaria el 15 de mayo de 2008, se turnó a la Comisión de Equidad y Género la proposición con punto de acuerdo relativo al impacto que tiene el Tratado de Libre Comercio con América del Norte en las mujeres mexicanas y solicitar la comparecencia de la titular del Instituto Nacional de las Mujeres, presentada por la diputada Lourdes Quiñones Canales, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

II. Contenido del punto de acuerdo

El punto de acuerdo hace referencia al efecto diferenciado del TLCAN en la población por sexo, toda vez que las medidas que se han seguido para establecer el libre comercio parecen neutrales en relación a la población a la que van a afectar, sin embargo, al aplicarse en una sociedad como la nuestra, la cual muestra grandes diferencias entre los sexos, tienen un impacto diferenciado hacia las mujeres y los hombres.

Se menciona que la economía mexicana empezó a vivir un proceso de cierre de empresas, disminución de actividades agrícolas y demérito generalizado de la economía informal y de las ocupaciones sin estabilidad, sin contratos ni prestaciones entre las trabajadoras y los trabajadores.

Refiere la promovente que en una investigación realizada por el Unifem se registró una mayor incorporación de las mujeres al trabajo, en actividades de la agricultura de exportación, de la industria textil y de maquila, y que también se crearon las condiciones desfavorables, ya que en general reciben remuneraciones bajas, trabajan en condiciones laborales precarias y no presentan una mejora en sus condiciones de vida.

Menciona también que algunos estudios revelan que a partir de 1994 a la fecha existe mayor ausencia de cobertura de servicios médicos, guarderías y pensiones, es decir, una notable disminución de mujeres que cuentan con seguridad social.

Finalmente, la proposición contiene los siguientes resolutivos:

Las integrantes y los integrantes de la Comisión de Equidad y Género comparten las preocupaciones manifestadas por la promovente del punto de acuerdo en análisis.

Asimismo, señalan que con cifras proporcionadas por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, en México, desde 1994 que tiene vigencia el TLCAN, las exportaciones e inversión extranjera se han triplicado en ese periodo, por lo que se han desplazado casi dos millones de personas que laboran en el campo, mientras que en la industria maquiladora de exportación sólo ha aumentado y la migración a Estados Unidos de América se duplicó, pasando de cuatro a ocho millones de personas.

Por su parte, el Fondo de Naciones Unidas para la Alimentación (FAO) ha reconocido que las campesinas son responsables de la mitad de la producción mundial de alimentos y producen entre el 60 y el 80 por ciento de los alimentos en la mayoría de los países en desarrollo, y contribuyen con sus conocimientos a la seguridad alimentaria; no obstante, han quedado desdibujadas de las estrategias de desarrollo. Consideradas las principales productoras de arroz, trigo y maíz, y son ellas quienes siembran, aplican los fertilizantes y plaguicidas y recolectan las cosechas, pero también quienes producen cultivos secundarios como legumbres y hortalizas.

En el sector pecuario, las mujeres son responsables de dar de comer y ordeñar a los animales de gran tamaño, crían aves de corral y animales pequeños como ovejas, cabras y conejos y son quienes aportan, dice la FAO, la mayor parte de la mano de obra para la poscosecha: almacenan, elaboran y comercializan las reservas.

No obstante, ha señalado este organismo de Naciones Unidas en reiteradas ocasiones, si bien las mujeres son consideradas un pilar fundamental del sector agrario, la mano de obra agrícola y los sistemas alimentarios para la subsistencia diaria de la familia, han sido las últimas en beneficiarse de los procesos de desarrollo y el crecimiento económico en curso y, en algunos casos, se han visto incluso negativamente afectadas por ellos.

Bajo estas consideraciones, para esta dictaminadora se hace necesario contar con la información necesaria, a efecto de que se pueda medir el efecto que ocasiona el TLCAN sobre las mujeres mexicanas y, máxime, cuando éstas participan de manera activa en la economía nacional y en los rubros en los que entran en dicho tratado.

Lo anterior, tomando en cuenta que las mujeres que se integran al trabajo asalariado lo hacen cada vez más en empresas donde no hay un pleno respeto a sus derechos y las condiciones laborales no son las más adecuadas, además de los siguientes factores:

Respecto a la comparecencia de la titular del Instituto Nacional de las Mujeres, la comisión estima oportuno exhortarle a que proporcione la información con la que cuenta respecto al efecto del TLCAN en las mujeres mexicanas y de las acciones que estuviere llevando a cabo sobre la materia; lo anterior, ya que no sólo es una facultad de dicho instituto contar con los datos aquí señalados sino que tiene que llevar a cabo un trabajo de coordinación e intercambio de información con las dependencias que tienen en el ámbito de su competencia y darle seguimiento a la aplicación de referido tratado.

Además, se considera preciso tomar en cuenta que con la información que remitan las dependencias señaladas y el propio instituto, la dictaminadora podrá analizar la programación de reuniones de trabajo con las funcionarias y los funcionarios respectivos, a efecto de ampliar o aclarar lo que remitan a esta soberanía.

Por lo antes expuesto, la Comisión de Equidad y Género somete a la consideración del Pleno de la Cámara de Diputados el siguiente

Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a los titulares de las Secretarías de Economía; Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, y Desarrollo Social, a efecto de que remitan a esta soberanía, en un plazo de 30 días hábiles, un diagnóstico sobre el efecto que el TLCAN tiene respecto a la situación económica y social de las mujeres mexicanas, de acuerdo al ámbito de competencia de sus respectivos ramos, y un análisis de las repercusiones de dicho tratado sobre los programas dirigidos a las mujeres que están a cargo de su dependencia.

Segundo. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al Instituto Nacional de las Mujeres a remitir a esta soberanía, en un plazo de 30 días hábiles, la información con la que cuenta respecto al efecto del TLCAN en las mujeres mexicanas, y de las acciones que está llevando a cabo sobre la materia.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de agosto de 2008.

La Comisión de Equidad y Género

Diputados: Maricela Contreras Julián (rúbrica), presidenta; Nelly Asunción Hurtado Pérez (rúbrica), Mirna Cecilia Rincón Vargas (rúbrica), Guadalupe Socorro Flores Salazar (rúbrica), Bertha Yolanda Rodríguez Ramírez (rúbrica), Ana María Ramírez Cerda (rúbrica), Martha Angélica Tagle Martínez (rúbrica), secretarias; María Mercedes Corral Aguilar, Beatriz Eugenia García Reyes, María Hilda Medina Macías, Martha Margarita García Müller, Lizbeth Evelia Medina Rodríguez, María Esperanza Morelos Borja, Rocío del Carmen Morgan Franco (rúbrica), María Soledad Limas Frescas (rúbrica), Gerardo Priego Tapia (rúbrica), Laura Angélica Rojas Hernández (rúbrica), Maribel Luisa Alva Olvera (rúbrica), Irene Aragón Castillo (rúbrica), Aurora Cervantes Rodríguez (rúbrica), Claudia Lilia Cruz Santiago (rúbrica), Holly Matus Toledo, David Sánchez Camacho (rúbrica), Aracely Escalante Jasso, Elda Gómez Lugo, Lilia Guadalupe Merodio Reza, Mayra Gisela Peñuelas Acuña, María Oralia Vega Ortiz, Blanca Luna Becerril.
 
 

DE LA COMISIÓN DE EQUIDAD Y GÉNERO, CON PUNTO DE ACUERDO PARA EXHORTAR A LOS ACTORES POLÍTICOS Y SOCIALES DEL PAÍS A CONDUCIRSE CON RESPETO HACIA LAS MUJERES EN SUS DECLARACIONES

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Equidad y Género de la Cámara de Diputados le fue turnada, para su estudio y dictamen, la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a esta soberanía que realice un llamado enérgico a los actores políticos del país a dirigirse con respeto a las mujeres que participan en la política, presentada por la diputada Laura Angélica Rojas Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

La Comisión de Equidad y Género, con fundamento en el artículo 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable asamblea, el presente dictamen, el cual se realiza de acuerdo con la siguiente:

Metodología

Esta Comisión dictaminadora desarrolló su trabajo conforme al siguiente procedimiento:

En sesión ordinaria de la Cámara de Diputados, celebrada el 4 de marzo de 2008, la Presidencia de la Mesa Directiva turnó a la Comisión de Equidad y Género la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a esta soberanía que realice un llamado enérgico a los actores políticos del país a dirigirse con respeto a las mujeres que participan en la política, presentada por la diputada Laura Angélica Rojas Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

II. Contenido del punto de acuerdo

La proponente señala en esencia que las mujeres sufren embates que denuestan su trabajo y participación en los diversos ámbitos de la vida nacional, particularmente en el terreno político.

Señala también que, con la participación activa y corresponsable de las mujeres, nuestro país ha enfrentado los retos de su desarrollo y transformación; además, precisa que las mujeres no están ajenas a los grandes problemas nacionales y que siempre han estado presentes aportando lo que les corresponde para lograr una sociedad más justa y democrática.

La diputada proponente menciona que, desde la tribuna de la Cámara de Diputados, diversas legisladoras se han manifestado en contra toda forma de discriminación o desigualdad de oportunidades por razones de sexo o de cualquier otro tipo.

Finalmente, el punto de acuerdo contiene el siguiente resolutivo:

Las y los integrantes de la Comisión de Equidad y Género coinciden con los planteamientos de la legisladora promovente sobre la importancia de la participación de las mujeres en todos los ámbitos de la vida del país, particularmente en el ámbito político.

A su vez, esta dictaminadora refrenda su compromiso de trabajar a favor del respeto y reconocimiento de los derechos de las mujeres, por lo que en congruencia con este postulado, estima viable la propuesta contenida en el punto de acuerdo en estudio, ya que contribuye al logro de este propósito.

En ese sentido, la Comisión de Equidad y Género señala que la participación de las mujeres en los diversos ámbitos de desarrollo de nuestro país, particularmente en el ámbito político, no debe ser objeto de ningún tipo de discriminación, ya que sólo en condiciones de igualdad y respeto a los derechos que se tienen como mexicanas y mexicanos, se puede llegar a la construcción de un país justo y democrático.

Por lo antes expuesto, las y los integrantes de la Comisión de Equidad y Género estiman procedente el planteamiento objeto del presente dictamen y someten a la consideración del Pleno de la Cámara de Diputados, el siguiente

Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta a los diversos actores políticos y sociales del país para que, en sus declaraciones, se conduzcan con respeto hacia las mujeres en este país, particularmente de quienes participan en la vida política.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de agosto de 2008.

La Comisión de Equidad y Género

Diputados: Maricela Contreras Julián (rúbrica), presidenta; Nelly Asunción Hurtado Pérez (rúbrica), Mirna Cecilia Rincón Vargas (rúbrica), Guadalupe Socorro Flores Salazar (rúbrica), Bertha Yolanda Rodríguez Ramírez (rúbrica), Ana María Ramírez Cerda (rúbrica), Martha Angélica Tagle Martínez (rúbrica), secretarias; María Mercedes Corral Aguilar, Beatriz Eugenia García Reyes, María Hilda Medina Macías, García Müller Martha Margarita, Lizbeth Evelia Medina Rodríguez, María Esperanza Morelos Borja, Rocío del Carmen Morgan Franco (rúbrica), María Soledad Limas Frescas (rúbrica), Gerardo Priego Tapia (rúbrica), Laura Angélica Rojas Hernández (rúbrica), Maribel Luisa Alva Olvera (rúbrica), Irene Aragón Castillo (rúbrica), Aurora Cervantes Rodríguez (rúbrica), Claudia Lilia Cruz Santiago (rúbrica), Holly Matus Toledo (rúbrica), David Sánchez Camacho (rúbrica), Aracely Escalante Jasso, Elda Gómez Lugo, Lilia Guadalupe Merodio Reza, Mayra Gisela Peñuelas Acuña, María Oralia Vega Ortiz, Blanca Luna Becerril.
 
 

DE LA COMISIÓN DE EQUIDAD Y GÉNERO, CON PUNTO DE ACUERDO RELATIVO A LA CONCILIACIÓN LABORAL Y FAMILIAR EN MÉXICO

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Equidad y Género de la Cámara de Diputados le fue turnada para su estudio y dictamen la Proposición con Punto de Acuerdo relativo a la conciliación laboral y familiar en México, presentada por la diputada Bertha Yolanda Rodríguez Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

La Comisión de Equidad y Género, con fundamento en el artículo 45 numeral 6 incisos e) y f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta Honorable Asamblea, el presente Dictamen el cual se realiza de acuerdo con la siguiente:

Metodología

Esta comisión dictaminadora desarrolló su trabajo conforme al siguiente procedimiento:

Mediante el acuerdo de la Cámara de Diputados, por el que se determina dar trámite a las proposiciones con punto de acuerdo registradas en el orden del día del 13 de diciembre de 2007, publicado en Gaceta Parlamentaria del 14 de enero de 2008, se turnó a la a la Comisión de Equidad y Género para su estudio y posterior dictamen, la proposición con punto de acuerdo presentada por la diputada Bertha Yolanda Rodríguez Ramírez, relativo a la conciliación laboral y familiar en México.

II. Contenido del punto de acuerdo

De la lectura de la proposición se desprenden los siguientes elementos:

La incorporación masiva de las mujeres a la fuerza de trabajo es un fenómeno que se ha generalizado en el contexto mundial.

La necesidad de mejores condiciones de vida implica el incremento de las jornadas laborales, lo que trae como consecuencia la incompatibilidad de la vida laboral y la vida familiar.

La realidad del trabajo de la mujer hace necesario configurar nuevos sistemas que contemplen nuevas relaciones sociales y un nuevo modelo de cooperación y compromiso entre géneros, que permita un reparto equilibrado de responsabilidades en la vida profesional y en la privada.

Según la Encuesta Nacional sobre Uso del tiempo (INEGI-INMUJERES, 2002) los hogares mexicanos destinan 68 horas a la semana al trabajo doméstico. Las mujeres aportan 85 por ciento del tiempo total de trabajo doméstico y los hombres un 15 por ciento. Las mujeres destinan en promedio 14 horas a la semana exclusivamente al cuidado de los niños y otros miembros del hogar, mientras que los varones contribuyen con 7.6 horas.

La necesidad de conciliar las actividades laborales y el contexto familiar, en virtud de que no es problema privado, sino que se trata de un tema social.

Dicha conciliación requiere medidas de toma de conciencia y sensibilización, a demás de destinar recursos, mediante la participación del gobierno y la sociedad, con la creación de convenios de colaboración, programas, recomendaciones, medidas y directrices que permitan a mujeres y hombres conciliar sus obligaciones familiares y profesionales.

Finalmente, el punto de acuerdo contiene el siguiente resolutivo:

Las y los integrantes de la Comisión de Equidad y Género coinciden con los planteamientos expuestos por la promovente y destacan los siguientes datos:

La necesidad de conciliación del trabajo y la familia ha sido ya planteada a nivel internacional, que plantea una compleja y difícil problemática que debe abordarse, no sólo con reformas legislativas, como lo expone la promovente, sino con la necesidad de promover adicionalmente servicios de atención a las personas.

En este sentido, en la IV Conferencia mundial sobre las mujeres, celebrada en Beijing 1995, se adopto el compromiso de los Estados para Fomentar la armonización de las responsabilidades de las mujeres y los hombres en lo que respecta al trabajo y la familia.

De igual forma, en el XXIII periodo de sesiones de la Asamblea de las Naciones Unidas, se plantearon nuevas acciones respecto a la Plataforma de Acción de Beijing; en materia de empleo destacan las siguientes:

Esta dictaminadora destaca el Proyecto EQUAL "Madrid una Ciudad para la Conciliación", que es encabezado por el Ayuntamiento de Madrid que pretende mejores condiciones para la conciliación de la vida laboral y familiar de los ciudadanos de Madrid, bajo tres ejes:

A pesar de que nuestro país está avanzando en el reconocimiento de los derechos de las mujeres, es necesario que se conjunten esfuerzos y diseñen mecanismos para hacer compatibles las responsabilidades de la vida laboral con la vida privada y eliminar los rolles y estereotipos que de manera tradicional se han asignado a mujeres y hombres.

Por lo antes expuesto, las y los integrantes de la Comisión de Equidad y Género estiman procedente el planteamiento objeto del presente dictamen y someten a la consideración del Pleno de la Cámara de Diputados, el siguiente:

Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a los Poderes de la Unión, a los gobernadores, al jefe del Gobierno del Distrito Federal para que, a través de las instancias y dependencias de la administración pública competentes, y de manera conjunta con esta soberanía, se implanten acciones y convenios de colaboración a nivel nacional para crear conciencia y sensibilizar a la población, sobre la conciliación en la vida laboral, familiar y personal de las familias mexicanas, logrando un reparto equilibrado de responsabilidades entre mujeres y hombres trabajadores. Además de la aplicación de medidas concretas que lleven a la realización de este objetivo.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de agosto de 2008.

La Comisión de Equidad y Género

Diputados: Maricela Contreras Julián (rúbrica), presidenta; Nelly Asunción Hurtado Pérez (rúbrica), Mirna Cecilia Rincón Vargas (rúbrica), Guadalupe Socorro Flores Salazar (rúbrica), Bertha Yolanda Rodríguez Ramírez (rúbrica), Ana María Ramírez Cerda (rúbrica), Martha Angélica Tagle Martínez (rúbrica), secretarias; María Mercedes Corral Aguilar, Beatriz Eugenia García Reyes, María Hilda Medina Macías, Martha Margarita García Müller, Lizbeth Evelia Medina Rodríguez, María Esperanza Morelos Borja, Rocío del Carmen Morgan Franco (rúbrica), María Soledad Limas Frescas (rúbrica), Gerardo Priego Tapia (rúbrica), Laura Angélica Rojas Hernández (rúbrica), Aracely Escalante Jasso, Elda Gómez Lugo, Lilia Guadalupe Merodio Reza, Mayra Gisela Peñuelas Acuña, María Oralia Vega Ortiz Blanca Luna Becerril, Maribel Luisa Alva Olvera (rúbrica), Irene Aragón Castillo (rúbrica), Aurora Cervantes Rodríguez (rúbrica), Claudia Lilia Cruz Santiago (rúbrica), Holly Matus Toledo, David Sánchez Camacho (rúbrica).
 
 

DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, CON PUNTO DE ACUERDO A FIN DE EXHORTAR AL TITULAR DEL EJECUTIVO FEDERAL A IMPLANTAR LAS RECOMENDACIONES DE ADECUACIÓN RELATIVAS A LA APLICACIÓN DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 29 DEL DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2008

Honorable Asamblea:

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción I, y 72, inciso h) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Pleno del H. Congreso de la Unión turnó a esta Comisión de Hacienda y Crédito Público la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Ejecutivo federal, para que a través de las dependencias competentes se implementen las recomendaciones de adecuación para la aplicación de lo dispuesto por el artículo 29 del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2008, por diputados integrantes de la Comisión de Economía, para su estudio, análisis y dictamen.

Los integrantes de esta Comisión con base en las facultades que nos confieren los artículos 39, 45 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 60, 65, 87, 88 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente:

Dictamen

Antecedentes

En sesión del martes 27 de noviembre de 2007, se presentó la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Ejecutivo federal, para que a través de las dependencias competentes se implementen las recomendaciones de adecuación para la aplicación de lo dispuesto por el artículo 29 del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2008; por los diputados Adriana Rodríguez Vizcarra Velázquez del Grupo Parlamentario del PAN, Arnulfo Elías Cordero Alfonso del Grupo Parlamentario del PRI, Jorge Godoy Cárdenas del Grupo Parlamentario de Convergencia, Fausto Fluvio Mendoza Maldonado del Grupo Parlamentario del PRD, Carlos Armando Reyes López del Grupo Parlamentario del PAN, Enrique Serrano Escobar del Grupo Parlamentario del PRI, Jericó Abramo Masso del Grupo Parlamentario del PRI, Martín Malagón Ríos del Grupo Parlamentario del PAN, Sergio Augusto López Ramírez del Grupo Parlamentario del PVEM, Marco Heriberto Orozco Ruiz Velazco del Grupo Parlamentario del PAN, Octavio Martínez Vargas del Grupo Parlamentario del PRD, Susana Monreal Ávila del Grupo Parlamentario del PRD, Mauricio Ortiz Proal del Grupo Parlamentario del PRI, Eduardo Ortiz Hernández del Grupo Parlamentario del PAN, Raúl Ríos Gamboa del Grupo Parlamentario del PRD, Ricardo Rodríguez Jiménez del Grupo Parlamentario del PAN, Salvador Ruiz Sánchez del Grupo Parlamentario del PRD, Ernesto Ruiz Velasco de Lira del Grupo Parlamentario del PAN, Alejandro Sánchez Camacho del Grupo Parlamentario del PRD, Víctor Gabriel Varela López del Grupo Parlamentario del PRD, todos integrantes de la Comisión de Economía.

En sesión del jueves 13 de diciembre de 2007, la Mesa Directiva de esta Cámara, turnó el referido punto de acuerdo a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para su estudio y dictamen.

Consideraciones

El artículo 29 del decreto aprobado en fecha 12 de noviembre de 2007 establece lo siguiente:

El Fondo Pyme es el principal instrumento del Gobierno Federal para apoyar a las empresas, en particular a las de menor tamaño así como a los emprendedores, con el objetivo de promover el desarrollo económico competitivo nacional, mediante apoyos de carácter temporal a programas y proyectos que fomenten la creación, desarrollo, fortalecimiento, consolidación, viabilidad, productividad, competitividad y sustentabilidad de las micro, pequeñas y medianas empresas.

La Secretaría de Economía, como cabeza de sector, es la encargada de diseñar, formular y conducir las políticas generales de apoyo a las micro, pequeñas y medianas empresas, tal y como lo dispone el artículo 34 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Por su parte, el Reglamento interior de la Secretaría y sobre todo, en la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, se establece que la Secretaría de Economía tendrá como atribuciones: diseñar, promover, fomentar y apoyar la constitución de mecanismos y esquemas que faciliten el acceso al financiamiento a las micro, pequeñas y medianas empresas de México, en sus diferentes modalidades como son crédito, programas de garantías, capital de riesgo y cualquier otro tipo de acceso al financiamiento, a través de organismos financieros bancarios y no bancarios, de la banca comercial y de desarrollo, así como con organismos de cooperación estatal, nacional e internacional.

Basado en las facultades señaladas, ha sido la Secretaría de Economía la responsable de instrumentar el Sistema Nacional de Garantías en coordinación con la Banca de Desarrollo. Es importante tener en consideración la evidente necesidad de dar continuidad y certidumbre a estos programas tan exitosos, generadores de empleos, puesto que en instrumentos de garantías se cuenta con un monto acumulado de más de mil millones de pesos, al cual se le está dando revolvencia; por lo que no se requieren montos altos para destinarlos a este propósito, lo único que se requiere es cubrir los excedentes, sobre todo en impulso a programas estratégicos, implementados por la Secretaría de Economía con base al nuevo esquema de trabajo de los cinco segmentos del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, los cuales son emprendedores, microempresas tradicionales, pequeñas y medianas empresas, empresas gacela y empresas tractoras, los cuales no deberán verse mermados por la eventual canalización de recursos del Fondo Pyme a Nafin y Bancomext.

Con la aplicación del mencionado artículo 29, se estaría dando total libertad a Nacional Financiera (Nafin) para que asigne discrecionalmente los recursos destinados al acceso al financiamiento a la MIPYME, siendo que la Secretaría de Economía es la facultada legalmente para decidirlo y asignar los porcentajes a los programas de garantías, de capital de riesgo y cualquier otro esquema que promueva el acceso al financiamiento y no una institución de Banca de Desarrollo.

El artículo 29 del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2008, presenta ambigüedad en su contenido, en virtud de que no especifica a qué Fideicomiso de Nafin se transferirán los recursos que ese precepto indica.

El Fideicomiso es un contrato por virtud del cual una persona física o moral denominada fideicomitente, transmite y destina determinado patrimonio (bienes o derechos) a una institución fiduciaria encomendándole la realización de fines determinados y lícitos en beneficio de una tercera persona o en su propio beneficio.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación dijo, sobre la naturaleza del fideicomiso (Amparo Directo No. 5567/74, resuelto el 15 de junio de 1979), que es un negocio jurídico "por medio del cual el fideicomitente constituye un patrimonio fiduciario autónomo, cuya titularidad se concede a la institución fiduciaria para la realización de un fin determinado; pero al expresarse que es un patrimonio fiduciario autónomo, con ello se señala particularmente que es diverso de los patrimonios propios de las partes que intervienen en el fideicomiso, o sea, es distinto de los patrimonios del fideicomitente, del fiduciario y del fideicomisario...patrimonio autónomo, afectado a un cierto fin, bajo la titularidad y ejecución del fiduciario, quien se haya provisto de todos los provechos y acciones conducentes al cumplimiento del fideicomiso, naturalmente de acuerdo con sus reglas constitutivas y normativas. Los bienes entregados en fideicomiso salen, por tanto, del patrimonio del fideicomitente para quedar como patrimonio autónomo o separado de afectación, bajo la titularidad del fiduciario, en la medida necesaria para la cumplimentación de los fines de la susodicha afectación; fines de acuerdo con los cuales (y de conformidad con lo pactado) podrá presentarse dicho titular, a juicio como actor, o demandado, así como vender, alquilar, ceder, etc."

Las partes que intervienen en el contrato de fideicomiso son a) Fideicomitente: Es la persona que destina bienes o derechos para constituir el fideicomiso; b) Fideicomisario: Es la persona que recibe el beneficio derivado del fideicomiso, puede ser el mismo fideicomitente; y c) Fiduciario: Institución con autorización para llevar a cabo operaciones fiduciarias y quien recibe los bienes del cliente Patrimonio para realizar los fines lícitos determinados por el fideicomitente.

La figura del fideicomiso en la administración pública federal, es regulada por disposiciones guardadas en diversos ordenamientos jurídicos, la justificación para el empleo de estos en la colaboración de las funciones del estado se encuentra señalada en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (artículo 47).

Los fideicomisos públicos considerados como entidades de la administración pública paraestatal, son aquellos que el gobierno federal o alguna de la entidades paraestatales constituyen con el propósito de auxiliar al Ejecutivo federal en las atribuciones del Estado para impulsar las áreas prioritarias del desarrollo, que cuenten con una estructura orgánica análoga a las otras entidades y que tengan comités técnicos. En los fideicomisos constituidos por el gobierno federal, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público fungirá como fideicomitente único de la Administración Pública centralizada.

Al determinar la creación de un Fideicomiso en Nafin, SNC, que sea presidido por la Secretaría de Economía y asimismo, esta tenga mayoría de votos en éste, se estará dando certidumbre a la continuidad de los programas de financiamiento a las micro, pequeñas y medianas empresas. De la misma forma, se estará logrando una eficiente asignación de recursos que redundará en utilizar la revolvencia de recursos existente actualmente para los programas de financiamiento a la MiPYME, y de esta forma destinar recursos a otro rubros de importancia para el desarrollo de las MiPYMES de nuestro país, como son capacitación, innovación tecnológica, emprendedores, esquemas de asociación, etcétera.

Por lo anteriormente expuesto, con base en las facultades que nos confieren los artículos 39, 45 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 60, 65, 87, 88 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente:

Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Ejecutivo federal, para que a través de las dependencias competentes se implementen las recomendaciones de adecuación para la aplicación de lo dispuesto por el artículo 29 del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2008.

Primero. Que se constituya un nuevo fideicomiso en Nacional Financiera, SNC, con el objeto de asignar y transferir los recursos previstos en el referido artículo 29. Dicho fideicomiso deberá ser presidido por la Secretaría de Economía, teniendo ésta mayoría de votos en su Comité Técnico.

Segundo. Que la Subsecretaría para la Pequeña y Mediana Empresa de la Secretaría de Economía, es la responsable del diseño, planeación, aplicación y evaluación de la política pública en materia de desarrollo empresarial.

Tercero. Que en congruencia a lo señalado en el numeral anterior, el Fondo PyME es uno de los instrumentos que contribuye a dar cumplimiento a lo establecido en la Ley de Planeación, en la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, ordenamientos jurídicos aprobados por el H. Congreso de la Unión y el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012.

Cuarto. Que se promueva la revolvencia de los recursos de los programas de financiamiento a las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas.

Sala de Comisiones de la H. Cámara de Diputados a 23 de abril de 2008.

La Comisión de Hacienda y Crédito Público

Diputados: Charbel Jorge Estefan Chidiac (rúbrica), presidente; David Figueroa Ortega (rúbrica), Emilio Ramón Ramiro Flores Domínguez (rúbrica), Ricardo Rodríguez Jiménez (rúbrica), Camerino Eleazar Márquez Madrid (rúbrica), José Antonio Saavedra Coronel (rúbrica), Antonio Soto Sánchez, Ismael Ordaz Jiménez, Miguel Ángel González Salum (rúbrica), Carlos Alberto Puente Salas, Juan Ignacio Samperio Montaño, Joaquín Humberto Vela González, Manuel Cárdenas Fonseca (rúbrica), Aída Marina Arvizu Rivas, secretarios; José Alejandro Aguilar López (rúbrica), Samuel Aguilar Solís, José Rosas Aispuro Torres (rúbrica), Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla (rúbrica), Francisco Javier Calzada Vázquez, Ramón Ceja Romero (rúbrica), Carlos Chaurand Arzate (rúbrica), Carlos Alberto García González (rúbrica), Juan Nicasio Guerra Ochoa, Javier Guerrero García (rúbrica), José Martín López Cisneros (rúbrica), Lorenzo Daniel Ludlow Kuri (rúbrica), Luis Xavier Maawad Robert (rúbrica), María de Jesús Martínez Díaz (rúbrica), José Murat, Miguel Ángel Navarro Quintero, Raúl Alejandro Padilla Orozco (rúbrica), Dolores María del Carmen Parra Jiménez (rúbrica), Jorge Alejandro Salum del Palacio, Faustino Soto Ramos, Pablo Trejo Pérez (rúbrica).
 
 

DE LA COMISIÓN DE TURISMO, CON PUNTOS DE ACUERDO A FIN DE EXHORTAR AL EJECUTIVO FEDERAL A INICIAR MEDIANTE EL FIFONAFE EL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL REGLAMENTO DE LA LEY AGRARIA EN MATERIA DE REORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD RURAL PARA QUE EJERCITE LA ACCIÓN DE REVISIÓN PARCIAL DEL DECRETO PRESIDENCIAL EXPROPIATORIO DE FECHA 28 DE MAYO DE 1984 EN SANTA MARÍA HUATULCO, OAXACA, ANTE EL TRIBUNAL AGRARIO

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Turismo de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión fue turnada para su estudio y dictamen la proposición con punto de acuerdo presentada por el diputado Carlos Altamirano Toledo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal para que a través del Fifonafe inicie el procedimiento establecido en el Reglamento de la Ley Agraria en materia de Reordenamiento de la Propiedad Rural a efecto de que ejercite la acción de revisión parcial del decreto presidencial expropiatorio de fecha 28 de mayo de 1984 en Santa María Huatulco, Oaxaca, ante el tribunal agrario competente.

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39, numeral 1, y 45, numerales 6, incisos e) y f), y 7, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58, 60, 87, 88 y 93 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración de esta honorable asamblea el presente dictamen, que se realiza conforme a lo siguiente:

Antecedentes

Primero. En sesión ordinaria celebrada por el Pleno de la Cámara de Diputados el 26 abril de 2007, el diputado Carlos Altamirano Toledo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal para que a través del Fifonafe inicie el procedimiento establecido en el Reglamento de la Ley Agraria en materia de Reordenamiento de la Propiedad Rural, a efecto de que ejercite la acción de reversión parcial del decreto presidencial expropiatorio de fecha 28 de mayo de 1984 en Santa María Huatulco, Oaxaca, ante el tribunal agrario competente.

Segundo. En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, mediante el oficio número DGPL 60-II-5-814, acordó que se turnara la propuesta citada a la Comisión de Turismo, para su estudio y dictamen correspondiente.

Contenido de la proposición

Primera. El diputado menciona que el 24 de julio de 1998, promovido por la Semarnap, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se declara área natural protegida, con carácter de parque nacional, la región conocida como "Huatulco", que define una poligonal de 11 mil 890 hectáreas, de las cuales 6 mil 374 son terrestres propiedad del Fonatur, en la zona conocida como "Bajos del Arenal", y el resto, 5 mil 516 hectáreas, es marino.

Efectivamente, el decreto (viernes 24 de julio de 1998), en el artículo sexto, señala que los propietarios y poseedores de inmuebles o titulares de otros derechos sobre tierras, aguas y bosques que se encuentren en la superficie del parque nacional Huatulco estarán obligados a la conservación del área, conforme a las disposiciones que al efecto emita la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca de conformidad con lo dispuesto en el decreto mismo y las disposiciones jurídicas aplicables.

Tercera. Esta dictaminadora considera que queda claro que lo anterior señala dos posibles hipótesis por las que se ejerce la acción de reversión: por una parte, si en el transcurso de cinco años no se logró el fin de utilidad pública, y por otra parte menciona que si las tierras expropiadas se han dedicado a un fin distinto de la misma utilidad pública.

En nuestro caso, utilizaremos la hipótesis de un fin distinto de lo señalado en el decreto expropiatorio de 1984, ya que a la fecha es considerado un parque nacional y no un centro turístico notable.

Cuarta. Si bien es cierto que la Ley General de Bienes Nacionales señala en el artículo 54 que "los propietarios o quien tenga derecho a demandar la reversión de los bienes expropiados tendrán un plazo de dos años para ejercer sus derechos, contados a partir de la fecha en que aquélla sea exigible".

Quinta. La comisión que dictamina considera que una expropiación no sólo debe cumplir la finalidad de utilidad pública durante sus primeros cinco años sino que es para siempre, por lo que no observamos algún carácter de prescripción ante la reversión. Lo anterior va de la mano con la siguiente tesis aislada:

En mérito de lo expuesto, la Comisión de Turismo se permite someter a la consideración del Pleno de la Cámara de Diputados el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal, en el ámbito de colaboración entre poderes, para a través del Fifonafe y en los términos de los artículos 90 a 94 del Reglamento en materia de Ordenamiento de la Propiedad Rural, investigue el cumplimiento del decreto presidencial expropiatorio de fecha 28 de mayo de 1984 en Santa María Huatulco para que, con estos elementos, el fideicomiso actúe conforme a derecho.

Segundo. Se solicita a los titulares de las mencionadas dependencias que se sirvan informar a esta soberanía, dentro de los 60 días naturales, de las medidas que hayan adoptado para dar cumplimiento a lo señalado en el plazo anterior.

La Comisión de Turismo

Diputados: Octavio Martínez Vargas (rúbrica), presidente; Martha Angélica Romo Jiménez (rúbrica), Francisco Dávila García, Yolanda Mercedes Garmendia Hernández (rúbrica), Amador Campos Aburto (rúbrica), Rosa Elva Soriano Sánchez, Sara Latife Ruiz Chávez, José Luis Varela Lagunas (rúbrica), Armando García Méndez (rúbrica), secretarios; Carlos Eduardo Felton González (rúbrica), Francisco Javier Gudiño Ortiz (rúbrica), Addy Cecilia Joaquín Coldwell, Lorenzo Daniel Ludlow Kuri (rúbrica), Héctor Manuel Ramos Covarrubias (rúbrica), Adriana Rodríguez Vizcarra Velázquez (rúbrica), Adriana Rebeca Vieyra Olivares (rúbrica), Rafael Franco Melgarejo, Sara Shej Guzmán (rúbrica), María Soledad López Torres, Juan Adolfo Orcí Martínez, Joel Guerrero Juárez, Eduardo Elías Espinosa Abuxapqui (rúbrica), José Ascensión Orihuela Bárcenas (rúbrica), Bertha Yolanda Rodríguez Ramírez (rúbrica), Gilberto Ojeda Camacho, Juana Leticia Herrera Ale, Antonio Xavier López Adame, Armando Enríquez Flores, Benjamín Hernández Silva, Francisco Márquez Tinoco (rúbrica).
 
 

DE LA COMISIÓN DE TURISMO, CON PUNTOS DE ACUERDO PARA EXHORTAR AL CONSEJO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DE MÉXICO A REVISAR EL GASTO DIRIGIDO AL FOMENTO DEL PAÍS EN EL EXTRANJERO, CENTRANDO SUS ACCIONES EN EUROPA, ASIA Y OCEANÍA

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Turismo de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión le fue turnada, para su estudio y dictamen la proposición con punto de acuerdo presentada por el diputado Carlos Felton González, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, por el que se exhorta al Consejo de Promoción Turística a realizar una urgente revisión del gasto dirigido a la difusión de México en el extranjero y dirigir sus acciones hacia Europa para propiciar el crecimiento en nuestro país.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39, numeral 1, y 45, numerales 6, incisos e) y f), y 7, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 58, 60, 87, 88 y 93 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración de esta honorable asamblea el presente dictamen, con base en lo siguiente:

Antecedentes

Primero. En sesión ordinaria celebrada por el Pleno de la Cámara de Diputados el 30 de abril de 2008, el diputado Carlos Eduardo Felton González, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Consejo de Promoción Turística a realizar una urgente revisión del gasto dirigido a la difusión de México en el extranjero y dirigir sus acciones hacia Europa para propiciar el crecimiento en nuestro país.

Segundo. En esta misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, mediante el oficio número DGPL 60-II-4-1451, acordó que se turnara la propuesta citada a la Comisión de Turismo, para su estudio y dictamen correspondiente.

Contenido de la proposición

Primera. El turismo es una actividad que, por su naturaleza, cambia, se reestructura y se define continuamente; las certezas en este sector son cada vez más frágiles ante hechos como la desaceleración y declinación de la economía mundial, los conflictos geopolíticos nacionales e internacionales, la implantación de políticas migratorias restrictivas y la adopción de fuertes y estrictas medidas de seguridad en los principales países turísticos del mundo, pudiendo confluir en la reconfiguración del turismo en diversos órdenes, y a consolidar tendencias emergentes de las situaciones que se produzcan.

Segunda. Por muchos años el desarrollo turístico de México ha presentado una alta dependencia de la demanda de Estados Unidos: de acuerdo con datos del Banco de México, el 88.21 por ciento de los turistas que se internaron en el país más allá de la zona fronteriza provinieron de ese país vecino; estos viajeros realizaron el 85.02 por ciento del gasto total de los turistas de internación. En un muy distante segundo lugar, como mercado emisor hacia México, se encuentra Europa, con 4.85 por ciento de las llegadas y el 7.35 por ciento de las divisas.

Tercera. La comisión que dictamina considera necesario explorar nuevos mercados, en los que se pueda desarrollar y promover productos turísticos elaborados para la atracción de los turistas, a los cuales se pueda ofrecer productos turísticos no tradicionales y diferentes o colaterales al de sol y playa, con los cuales cuenta México. Asimismo, nuestro país ofrece segmentos de lunamieleros, de viajes de incentivo en los negocios, de características de cultura, naturaleza, aventura y rural, de los que se necesita fomentar su venta en diversos mercados.

Cuarta. La que dictamina considera también que el turismo mexicano debe mantener una vigilancia permanentemente del entorno, con la finalidad de ajustar estrategias a nuevas condiciones, tanto nacionales como internacionales para lograr una mayor competitividad como destino.

Quinta. La Comisión de Turismo que dictamina, desde el comienzo de la legislatura, ha manifestado un gran compromiso a favor de una de las actividades más importantes para el Estado Mexicano, la cual es el turismo; en este tenor, tras un serio estudio, se aprueba la viabilidad de esta proposición la cual coadyuva a la diversificación no sólo de la oferta, sino también del mercado a través de intensificar la promoción turística México en Europa.

Sexta. El continente europeo es no sólo la principal región receptora sino también emisora de turismo mundial, el cual se caracteriza por un perfil de turistas interesados en la riqueza y tradición cultural, ecoturismo, turismo de aventura, combinado con sitios tradicionales de sol y playa, situación que debe ser aprovechada por nuestro país.

Séptima. Esta dictaminadora, con la aprobación de este punto de acuerdo, coadyuvaría a intensificar las acciones que tienen las cinco oficinas de representación en Europa del Consejo de Promoción Turística de México, realizando un exhorto a esta empresa de participación estatal mayoritaria para que el gasto dirigido a dichas representaciones, atienda a cubrir con cabalidad los objetivos para los que fueron creadas, de los cuales podemos mencionar los siguientes: contribuir a potenciar y multiplicar la presencia de los atractivos y servicios turísticos de nuestro país en el ámbito internacional, mediante la supervisión de campañas de publicidad institucional, cooperativa, relaciones públicas, mercadeo directo y telemercadeo, así como la participación en ferias, congresos y convenciones entre otros.

Octava. Finalmente, y con fundamento en la Ley Federal de Turismo, artículo 25, fracción I, en donde se menciona que el Consejo de Promoción Turística, tendrá como uno de sus objetivos: coadyuvar en el diseño de los planes, programas, estrategias y prioridades en materia de promoción turística, se dictamina a favor de la viabilidad de esta proposición.

En mérito de lo antes expuesto, la Comisión de Turismo se permite someter a consideración del Pleno de la honorable Cámara de Diputados el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorta al Consejo de Promoción Turística de México a realizar una urgente revisión del gasto dirigido a la difusión de México en el extranjero y dirigir e intensificar sus acciones hacia Europa, Asia y Oceanía para propiciar el crecimiento y desarrollo en nuestro país.

Segundo. Se solicita al titular de la dependencia antes mencionada que se sirva a informar a esta soberanía, dentro de 30 días naturales, sobre las medidas que haya adoptado para dar cumplimiento a lo aprobado en el punto anterior.

La Comisión de Turismo

Diputados: Octavio Martínez Vargas (rúbrica), Francisco Dávila García (rúbrica), Yolanda Mercedes Garmendia Hernández (rúbrica), Martha Angélica Romo Jiménez (rúbrica), Amador Campos Aburto (rúbrica), Rosa Elva Soriano Sánchez, Sara Latife Ruiz Chávez (rúbrica), José Luis Varela Lagunas (rúbrica), Armando García Méndez (rúbrica), Ana María Ramírez Cerda (rúbrica), Armando Enríquez Flores, Eduardo Elías Espinosa Abuxapqui, Carlos Eduardo Felton González (rúbrica), Rafael Franco Melgarejo, Francisco Javier Gudiño Ortiz (rúbrica), Joel Guerrero Juárez, Benjamín Hernández Silva, Juana Leticia Herrera Ale, Addy Cecilia Joaquín Coldwell, Lorenzo Daniel Ludlow Kuri (rúbrica), María Soledad López Torres, Francisco Márquez Tinoco (rúbrica), Gilberto Ojeda Camacho, Juan Adolfo Orci Martínez, José Ascensión Orihuela Bárcenas (rúbrica), Héctor Manuel Ramos Covarrubias (rúbrica), Bertha Yolanda Rodríguez Ramírez (rúbrica), Adriana Rodríguez Vizcarra Velázquez, Sara Shej Guzmán (rúbrica), Adriana Rebeca Vieyra Olivares.
 
 

DE LA COMISIÓN DE TRANSPORTES, CON PUNTO DE ACUERDO A FIN DE EXHORTAR AL GOBIERNO DE TAMAULIPAS A LLEVAR A CABO LOS TRABAJOS NECESARIOS PARA CONSTRUIR EL CIRCUITO INTERIOR DE REYNOSA

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Transportes de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de la LX Legislatura le fue turnada, para su estudio y dictamen, la proposición con punto de acuerdo por el que se solicita al gobierno de Tamaulipas que lleve a cabo los trabajos necesarios para construir el circuito interior de Reynosa.

Presentada por el diputado Carlos Alberto García González, del Grupo Parlamentario del PAN; turnada a la Comisión de Transportes, publicada en la Gaceta Parlamentaria número 2212-III y presentada al pleno el 13 de marzo de 2007.

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39, 44 y 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58, 60, 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión de Transportes somete a consideración de esta honorable asamblea el dictamen relativo al punto de acuerdo antes mencionado, el cual se realiza bajo los siguientes

Antecedentes

Consideraciones

La comisión dictaminadora realizó el estudio y análisis de los planteamientos contenidos en la proposición con punto de acuerdo, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente dictamen.

Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorta al Gobierno de Tamaulipas a llevar a cabo los trabajos necesarios para analizar la factibilidad de construir el circuito interior de Reynosa.

Segundo. Archívense el presente expediente como asunto total y definitivamente concluido.

Palacio Legislativo, a los 25 días del mes de marzo de 2008.

La Comisión de Transportes

Diputado: Rubén Aguilar Jiménez (rúbrica), presidente; Alejandro Enrique Delgado Oscoy (rúbrica), Enrique Iragorri Durán, Marcos Salas Contreras (rúbrica), Juan Darío Lemarroy Martínez (rúbrica), Gustavo Fernando Caballero Camargo (rúbrica), Jesús Ramírez Stabros (rúbrica), Santiago López Becerra (rúbrica), secretarios; Jesús Sergio Alcántara Núñez, Gerardo Amezola Fonceca, Ramón Barajas López, Francisco Dávila García, Tomás Del Toro del Villar, Antonio del Valle Toca (rúbrica), Rafael Franco Melgarejo (rúbrica), Felipe González Ruiz (rúbrica), Víctor Manuel Lizárraga Peraza (rúbrica), Erick López Barriga, Martín Malagón Ríos (rúbrica), Alma Lilia Luna Munguía (rúbrica), Agustín Mollinedo Hernández (rúbrica), Fabián Fernando Montes Sánchez (rúbrica), Rogelio Muñoz Serna (rúbrica), Francisco Javier Paredes Rodríguez (rúbrica), Gloria Rasgado Corsi, Rosa Elia Romero Guzmán (rúbrica), Rafael Elías Sánchez Cabrales, Jorge Toledo Luis (rúbrica), Robinson Uscanga Cruz (rúbrica), Juan Carlos Velasco Pérez.
 
 

DE LA COMISIÓN DE TRANSPORTES, CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA A LA SCT QUE INSTALE SISTEMAS DE ATERRIZAJE POR INSTRUMENTOS EN AEROPUERTOS DE TAMAULIPAS

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Transportes de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de la LX Legislatura, le fue turnada para su estudio y dictamen la siguiente proposición con punto de acuerdo:

Antecedentes

La comisión dictaminadora, por conducto de la Subcomisión de Transporte Aéreo, realizó el estudio y análisis de los planteamientos contenidos en la proposición con punto de acuerdo mencionada, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente dictamen, entre los que destacan:

En mérito de lo expuesto, la Comisión de Transportes, durante su reunión plenaria del 28 de febrero de 2008, acordó someter a la consideración del Pleno de la Cámara de Diputados el siguiente:

Punto de Acuerdo

Primero. Se solicita a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes que instruya al Grupo Aeroportuario del Centro-Norte a que realice inversiones para equipar con un sistema de aterrizaje por instrumentos al Aeropuerto General Lucio Blanco de la ciudad de Reynosa, Tamaulipas.

Segundo. Se solicita a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes que a través de Aeropuertos y Servicios Auxiliares, instale en los aeropuertos Quetzalcóatl, de Nuevo Laredo, y General Servando Canales, de Matamoros, ambos de Tamaulipas, sistemas de aterrizaje por instrumentos.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de febrero de 2008.

La Comisión de Transportes

Diputados: Rubén Aguilar Jiménez (rúbrica), presidente; Alejandro Enrique Delgado Oscoy (rúbrica), Enrique Iragorri Durán, Marcos Salas Contreras (rúbrica), Juan Darío Lemarroy Martínez (rúbrica), Gustavo Fernando Caballero Camargo (rúbrica), Jesús Ramírez Stabros (rúbrica), Santiago López Becerra (rúbrica), secretarios; Jesús Sergio Alcántara Núñez, Gerardo Amezola Fonseca, Ramón Barajas López, Francisco Dávila García, Tomás del Toro del Villar, Antonio del Valle Toca, Rafael Franco Melgarejo (rúbrica), Felipe González Ruiz, Víctor Manuel Lizárraga Peraza (rúbrica), Érick López Barriga (rúbrica), Martín Malagón Ríos, Alma Lilia Luna Munguía, Agustín Mollinedo Hernández (rúbrica), Fabián Fernando Montes Sánchez, Rogelio Muñoz Serna (rúbrica), Francisco Javier Paredes Rodríguez (rúbrica), Gloria Rasgado Corsi, Rosa Elia Romero Guzmán (rúbrica), Rafael Elías Sánchez Cabrales, Jorge Toledo Luis (rúbrica), Robinson Uscanga Cruz (rúbrica), Juan Carlos Velasco Pérez.
 
 

DE LA COMISIÓN DE TRANSPORTES, CON PUNTO DE ACUERDO PARA EXHORTAR AL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO A INFORMAR RESPECTO A LOS AVANCES DE LAS OBRAS DEL PARADERO DEL METRO CIUDAD AZTECA, ASÍ COMO A LAS MEDIDAS IMPLANTADAS A FIN DE AGILIZAR EL TRÁNSITO VEHICULAR EN LA ZONA

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Transportes de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de la LX Legislatura, le fue turnada para su estudio y dictamen la siguiente proposición con punto de acuerdo:

"Por el que se exhorta al gobierno del estado de México a informar sobre las condiciones de las obras del paradero del Metro Ciudad Azteca que fueron concesionadas". Presentada por el diputado Silvio Gómez Leyva, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Publicada en la Gaceta Parlamentaria el 13 de marzo de 2007, número 2212-III, martes 13 de marzo de 2007 y turnada a la Comisión de Transportes el 26 de abril del mismo año.

En particular:

Antecedentes

La comisión dictaminadora, por conducto de la Subcomisión de Transporte Ferroviario, realizó el estudio, análisis y predictamen de los planteamientos contenidos en la proposición con punto de acuerdo mencionada, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente dictamen, entre los que destacan:

La zona metropolitana del Valle de México cuenta con una población que rebasa los 20 millones de habitantes, de los cuales el 50 por ciento viven en el DF y el 50 por ciento en los 28 municipios conurbados del estado de México. En ella se realizan más de 30 millones de tramos de viajes-persona al día que hoy se atienden principalmente en Combis y Minibuses (60.9 por ciento), lo que es inadecuado e inseguro.

Estudios preliminares indicaban un crecimiento poblacional del 2.8 por ciento anual y actualmente dicho crecimiento registra el 4 por ciento anual. Asimismo, el crecimiento de motorización es todavía más crítico, ya que pasó de un crecimiento del 4 por ciento anual a uno del 6 por ciento, lo que supera ampliamente las expectativas y muestra el agudo congestionamiento vehicular.

Las velocidades de recorrido vehicular promedio tenían un nivel de 25 kilómetros por hora. Actualmente, se registran velocidades muy inferiores que corresponden a 15 kilómetros por hora, lo que significa un deterioro de la velocidad del tránsito vehicular del 40 por ciento.

El Metro ha operado como una alternativa de transporte frente a los vehículos motorizados. En este sentido, la línea B del Sistema de Transporte Colectivo Metro cuenta con 21 estaciones: Buenavista, Guerrero, Garibaldi, Lagunilla, Tepito, Morelos, San Lázaro, Flores Magón, Romero Rubio, Oceanía, Deportivo Oceanía, Bosque de Aragón, Villa de Aragón, Nezahualcóyotl, Impulsora, Río de los Remedios, Múzquiz, Tecnológico, Olímpica, Plaza Aragón y Ciudad Azteca.

Tiene una longitud de 23 kilómetros, donde seis estaciones son subterráneas, 11 superficiales y cuatro elevadas. Fue inaugurada el 15 de diciembre de 1999 y ampliada hasta Ciudad Azteca el 30 de noviembre del 2000.

La demanda actual de usuarios es de 350 mil a 380 mil por día y, con un aumento de 50 por ciento de trenes, podría ser utilizado por 750 mil usuarios diariamente.

Sin embargo, hasta el segundo semestre de 2007 la terminal de Ciudad Azteca registraba un retraso, para iniciar su construcción, de 6 años. Esta obra no había podido realizarse debido a que el predio en donde se instalará el paradero se encontraba en litigio entre el ayuntamiento de Ecatepec y Luz y Fuerza del Centro.

La empresa Construcción, Conservación y Mantenimiento Urbano, SA de CV, fue la ganadora para construir y operar la concesión de la terminal por los próximos 30 años. De acuerdo con la propuesta, la empresa construirá un "Centro de Transferencia Modal" que contará con instalaciones modernas de transporte público, el cual se integrará además de cajones y pasillos con capacidad para movilizar eficientemente a los usuarios. Además, construirán locales que podrán ser empleados para uso gubernamental y comercial.

Para lo anterior, se estima una inversión privada de más de 500 millones de pesos. Durante el tiempo de concesión el gobierno del estado de México recibirá como contraprestación 20 millones de dólares y al término de ésta, los bienes y servicios correspondientes se revertirán a título gratuito a favor del gobierno del estado de México.

La primera inversión que realizará la empresa será de 40 millones de pesos, los cuales se requieren para la compra del predio, el cual es propiedad de Luz y Fuerza del Centro.

En este sentido, Raúl Río Valle, director de Desarrollo Urbano municipal, informó, en julio de 2007, que la empresa ya cuenta con autorización de uso de suelo y está por concluir trámites con el gobierno estatal. Sin embargo, el paradero no ha comenzado sus operaciones.

El pleno de la Comisión de Transportes, durante su reunión plenaria del 24 de enero de 2008, respetuosa de los principios y preceptos constitucionales antes invocados, estima que en el caso procede remitir el presente asunto al gobernador del estado de México, para su conocimiento y efectos legales, en el ámbito de su jurisdicción y competencia, exhortándole atentamente a que impulse y promueva, en su caso, si es procedente, la construcción del paradero de Ciudad Azteca y se sirva informar del particular a esta soberanía.

En mérito de lo expuesto, la Comisión de Transportes somete a la consideración del Pleno de la Cámara de Diputados el siguiente:

Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorta respetuosamente al gobierno del estado de México para que informe a este Pleno respecto de los avances de las obras del paradero del Metro Ciudad Azteca, así como de las medidas implantadas para agilizar el tránsito vehicular en la zona.

Segundo. Archívese el expediente relativo como asunto total y definitivamente concluidos.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 24 de enero de 2008.

La Comisión de Transportes

Diputados: Rubén Aguilar Jiménez (rúbrica), presidente; Alejandro Enrique Delgado Oscoy (rúbrica), Enrique Iragorri Durán, Marcos Salas Contreras (rúbrica), Juan Darío Lemarroy Martínez (rúbrica), Gustavo Fernando Caballero Camargo (rúbrica), Jesús Ramírez Stabros (rúbrica), Santiago López Becerra (rúbrica), secretarios; Jesús Sergio Alcántara Núñez, Gerardo Amezola Fonseca, Ramón Barajas López, Francisco Dávila García, Tomás del Toro del Villar, Antonio del Valle Toca (rúbrica), Rafael Franco Melgarejo (rúbrica), Felipe González Ruiz (rúbrica), Víctor Manuel Lizárraga Peraza (rúbrica), Érick López Barriga, Martín Malagón Ríos (rúbrica), Alma Lilia Luna Munguía (rúbrica), Agustín Mollinedo Hernández (rúbrica), Fabián Fernando Montes Sánchez (rúbrica), Rogelio Muñoz Serna (rúbrica), Francisco Javier Paredes Rodríguez (rúbrica), Gloria Rasgado Corsi, Rosa Elia Romero Guzmán (rúbrica), Rafael Elías Sánchez Cabrales, Jorge Toledo Luis (rúbrica), Robinson Uscanga Cruz (rúbrica), Juan Carlos Velasco Pérez.
 
 

DE LA COMISIÓN DE TRANSPORTES, CON PUNTO DE ACUERDO A FIN DE EXHORTAR AL TITULAR DE LA SCT A IMPLANTAR CON LA MAYOR BREVEDAD LAS MEDIDAS PREVENTIVAS NECESARIAS PARA EVITAR ACCIDENTES EN LA CARRETERA GUADALAJARA-AMECA Y AGILIZAR CUANTO ANTES LA ENTREGA DE LA OBRA CORRESPONDIENTE

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Transportes de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de la LX Legislatura le fue turnada, para su estudio y dictamen, la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del centro SCT-Jalisco a implantar las acciones necesarias para evitar accidentes en la carretera Guadalajara-Ameca, presentada por los diputados Gustavo Macías Zambrano, Miguel Ángel Monraz Ibarra y Omar Antonio Borboa Becerra, integrantes del Grupo Parlamentario del PAN. Turnada a la Comisión de Transportes. Publicada en la Gaceta Parlamentaria número 2231-I, el 12 de abril de 2007.

Con fundamento por lo dispuesto en los artículos 39, 44 y 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58, 60, 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión de Transportes somete a la consideración de esta honorable asamblea el dictamen relativo a la proposición con punto de acuerdo antes mencionada, el cual se realiza bajo los siguientes

Antecedentes

La proposición con punto de acuerdo en comento fue presentada por el diputado que se menciona en éste y publicada en la Gaceta Parlamentaria que igualmente se cita.

La proposición mencionada fue turnada a la Comisión de Transportes para efectos de su análisis y elaboración del dictamen previsto en el artículo 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos.

Consecuente con lo anterior, tiene por turno la Comisión de Transportes, con carácter de comisión única, y le corresponde en exclusiva rendir el dictamen relativo.

Consideraciones

La comisión dictaminadora realizó el estudio y el análisis de los planteamientos contenidos en la proposición con punto de acuerdo, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente dictamen. En relación a la proposición con punto de acuerdo, los diputados consideraron que

En la reunión plenaria de la Comisión de Transportes, el 24 de enero, los integrantes aceptaron y aprobaron la propuesta de dictamen en sentido positivo al acuerdo propuesto por la Subcomisión de Infraestructura Carretera.

En mérito de lo expuesto, la Comisión de Transportes se permite someter a la consideración del Pleno de la Cámara de Diputados el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorta al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que implante a la brevedad las medidas preventivas necesarias para evitar accidentes en la carretera Guadalajara-Ameca, y se agilice, cuanto antes, la entrega de dicha obra.

Segundo. Archívense el presente expediente como asunto total y definitivamente concluido

Palacio Legislativo, a 24 de enero de 2008.

La Comisión de Transportes

Diputados: Rubén Aguilar Jiménez (rúbrica), presidente; Alejandro Enrique Delgado Oscoy (rúbrica), Enrique Iragorri Durán, Marcos Salas Contreras (rúbrica), Juan Darío Lemarroy Martínez (rúbrica), Gustavo Fernando Caballero Camargo (rúbrica), Jesús Ramírez Stabros (rúbrica), Santiago López Becerra (rúbrica), secretario; Jesús Sergio Alcántara Núñez, Gerardo Amezola Fonceca, Ramón Barajas López, Francisco Dávila García, Tomás del Toro del Villar, Antonio del Valle Toca (rúbrica), Rafael Franco Melgarejo (rúbrica), Felipe González Ruiz (rúbrica), Víctor Manuel Lizárraga Peraza, Erick López Barriga, Martín Malagón Ríos (rúbrica), Alma Lilia Luna Munguía (rúbrica), Agustín Mollinedo Hernández (rúbrica), Fabián Fernando Montes Sánchez (rúbrica), Rogelio Muñoz Serna (rúbrica), Francisco Javier Paredes Rodríguez (rúbrica), Gloria Rasgado Corsi, Rosa Elia Romero Guzmán (rúbrica), Rafael Elías Sánchez Cabrales, Jorge Toledo Luis (rúbrica), Robinson Uscanga Cruz (rúbrica), Juan Carlos Velasco Pérez.
 
 

DE LA COMISIÓN DE TRANSPORTES, CON PUNTO DE ACUERDO PARA EXHORTAR AL TITULAR DE LA SCT A EFECTO DE QUE LOS PERMISIONARIOS DEL SERVICIO PÚBLICO FEDERAL DE CARGA CUYOS VEHÍCULOS HAYAN SIDO LEGALIZADOS VALIDEN ÚNICAMENTE SU DOCUMENTACIÓN EN EL PRIMER TRÁMITE DE OBTENCIÓN DE PLACAS Y TARJETA DE CIRCULACIÓN

Honorable Asamblea:

La Comisión de Transportes perteneciente a la LX Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en las facultades que le confieren los artículos 39, numerales 1 y 2, fracción XXXVIII, y 45 numeral 6, incisos e), f) y g) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 60 párrafo primero, 85, 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta asamblea el presente dictamen elaborado con base en los siguientes antecedentes y consideraciones:

Antecedentes

1. A la Comisión de Transportes le fue turnado para su estudio, análisis y elaboración del dictamen correspondiente, el expediente que contiene la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a otorgar, a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, certeza jurídica a la documentación de los permisionarios del servicio público federal de carga, la cual fue presentada por la diputada federal Marcela Cuen Garibi, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, el veinticuatro de abril de dos mil siete.

2. La proposición se sustenta, en síntesis, en lo siguiente:

I. A efecto de poder dilucidar la propuesta planteada, resulta necesario establecer, en primer término, el marco de atribuciones con el que se encuentra investida la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en esta materia. Así, tenemos que por disposición del artículo 36, fracciones I, IX y XXVII, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, corresponde a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, entre otros asuntos, los relativos a la formulación y conducción de las políticas y programas para el desarrollo del transporte y de las comunicaciones de acuerdo a las necesidades del país; el de otorgar concesiones y permisos para la explotación de servicios de autotransporte en las carreteras federales y vigilar técnicamente su funcionamiento y operación, así como el cumplimiento de las disposiciones legales respectivas y las demás que expresamente le fijen las leyes y reglamentos. Por su parte, la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, señala en sus artículos 1, 5, fracciones I, IV y VI, que es de jurisdicción federal, entre otras cuestiones, todo lo relacionado con el tránsito y servicios de autotransporte federal, que corresponde a la mencionada Secretaría, planear, formular y conducir las políticas y programas; así como el de vigilar, verificar e inspeccionar que los servicios de autotransporte, cumplan con los aspectos técnicos y normativos correspondientes; y expedir las normas oficiales mexicanas de vehículos de autotransporte y sus servicios auxiliares.

Por su parte, los artículos 1, 3, 4 y 9 del Reglamento de Autotransporte Federal y Servicios Auxiliares, establecen que compete a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes regular la operación y explotación de los servicios autotransporte federal de pasajeros, turismo, carga y servicios auxiliares, y que los vehículos para la prestación de los mencionados servicios estarán dotados de placas metálicas de identificación, calcomanías y tarjetas de circulación, las cuales deberán sujetarse al procedimiento de expedición, reposición, revalidación y modificación correspondientes; y que para la obtención del permiso para la prestación del servicio de autotransporte federal de carga, los solicitantes deberán acreditar, entre otros, la propiedad o legal posesión del vehículo con factura, carta factura, contrato de arrendamiento o documento del Registro Nacional de Vehículos. Finalmente, el Reglamento de Tránsito en Carreteras Federales, especifica que la citada secretaría llevará un registro de los vehículos de servicio público federal de autotransporte que hayan sido matriculados: 1. Por el número de matrícula asignada al vehículo; 2. Por el número de fábrica y marca del vehículo; 3. Por el nombre del propietario, en orden alfabético, y 4. Por cualquier otro índice que estime conveniente.

II. Del marco normativo de referencia se extrae que a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes le corresponde establecer las políticas para el otorgamiento de concesiones y permisos para la explotación de servicios de autotransporte en las carreteras federales y que los vehículos destinados para tal fin estarán dotados de placas metálicas de identificación, calcomanías y tarjetas de circulación para lo cual se deberá acreditar, entre otros requisitos, la propiedad o legal posesión del vehículo y que además deberá llevar un registro de éstos.

En este sentido, resulta innecesario que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes este validando, en cada trámite que se le solicite, la documentación que ampara la propiedad o legal posesión de los vehículos destinados al autotransporte federal de pasajeros, turismo o de carga, ya que si cuentan con placas metálicas de identificación y la correspondiente tarjeta de circulación es inconcuso que ya fue revisada y autentificada por la propia secretaría, debiendo además, por disposición legal, llevar un registro de dichos vehículos de autotransporte, de ahí que esta Comisión de Transportes, considere atinente realizar el presente exhorto. No sobra señalar, que el autotransporte juega un papel estratégico en los procesos de producción, distribución y comercialización de los bienes, si tomamos en cuenta que el 85 por ciento de las mercancías que se mueven en el país, se realiza a través del autotransporte de carga.

Por lo anteriormente expuesto, los integrantes de la Comisión de Transportes de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, de conformidad con las consideraciones vertidas en el cuerpo del presente dictamen, de manera conjunta convenimos en proponer a la consideración de la honorable asamblea, el siguiente:

Acuerdo

Primero. Se exhorta al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que los permisionarios del servicio público federal de carga, cuyos vehículos hayan sido legalizados, validen, únicamente, su documentación en el primer trámite de obtención de placas y tarjeta de circulación.

Segundo. Archívese el expediente relativo como asunto total y definitivamente concluidos.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 24 de enero de 2008.

La Comisión de Transportes

Diputados: Rubén Aguilar Jiménez (rúbrica), presidente; Alejandro Enrique Delgado Oscoy (rúbrica), Enrique Iragorri Durán, Marcos Salas Contreras (rúbrica), Juan Darío Lemarroy Martínez (rúbrica), Gustavo Fernando Caballero Camargo (rúbrica), Jesús Ramírez Stabros (rúbrica), Santiago López Becerra (rúbrica), secretarios; Jesús Sergio Alcántara Núñez, Gerardo Amezola Fonseca, Ramón Barajas López, Francisco Dávila García, Tomás del Toro del Villar, Antonio del Valle Toca (rúbrica), Rafael Franco Melgarejo (rúbrica), Felipe González Ruiz (rúbrica), Víctor Manuel Lizárraga Peraza (rúbrica), Érick López Barriga, Martín Malagón Ríos (rúbrica), Alma Lilia Luna Munguía (rúbrica), Agustín Mollinedo Hernández (rúbrica), Fabián Fernando Montes Sánchez (rúbrica), Rogelio Muñoz Serna (rúbrica), Francisco Javier Paredes Rodríguez (rúbrica), Gloria Rasgado Corsi, Rosa Elia Romero Guzmán (rúbrica), Rafael Elías Sánchez Cabrales, Jorge Toledo Luis (rúbrica), Robinson Uscanga Cruz (rúbrica), Juan Carlos Velasco Pérez.
 
 

DE LA COMISIÓN DE TRANSPORTES, CON PUNTO DE ACUERDO A FIN DE EXHORTAR AL TITULAR DE LA SCT A PROMOVER LAS ACCIONES CONDUCENTES A REALIZAR LAS OBRAS PÚBLICAS PARA AMPLIAR LA COBERTURA Y MEJORAR EL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO DE LAS CIUDADES Y DE LAS ZONAS METROPOLITANAS DEL PAÍS

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Transportes de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de la LX Legislatura le fue turnada, para su estudio y dictamen, la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Ejecutivo federal a realizar las gestiones necesarias para financiar las obras públicas de ampliación del Sistema de Transporte Colectivo Metro, en el DF y el estado de México, presentada por el diputado Mario Enrique del Toro, del Grupo Parlamentario del PRD. Publicada en la Gaceta Parlamentaria el 13 de septiembre de 2007, número 2340, año X y presentada el 4 de octubre.

Antecedentes

1. La proposición con punto de acuerdo mencionada en el proemio de este dictamen fue presentada en la fecha y por el diputado que se menciona y publicada en la Gaceta Parlamentaria que se cita.

La comisión dictaminadora, por conducto de la Subcomisión de Transporte Ferroviario, realizó el estudio, análisis y predictamen de los planteamientos contenidos en la proposición con punto de acuerdo mencionada, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente dictamen, entre los que destacan los siguientes:

Durante la última etapa, en diciembre de 1997, el gobierno del Distrito Federal recibió 178 kilómetros de red de Metro en operación y en proceso de construcción la línea B, de Buenavista a Ecatepec, con un avance global de 49 por ciento.

La línea B, de Buenavista a Ciudad Azteca, tiene 23.7 kilómetros de longitud, con 13.5 kilómetros en el Distrito Federal, cruzando por las delegaciones Cuauhtémoc, Venustiano Carranza y Gustavo A. Madero, y 10.2 kilómetros en el territorio del estado de México, en los municipios de Nezahualcóyotl y Ecatepec; con 21 estaciones, 13 en la capital y ocho en el estado de México.

Al entrar en operación la línea B, la red en su conjunto se incrementó 13 por ciento para alcanzar 201.7 kilómetros. De manera adicional, forman parte del proyecto diversas obras de vialidad que contribuyen a la integración y reestructuración de los otros medios de transporte: 16 puentes vehiculares (seis en el Distrito Federal y 10 en el estado de México); cuatro paraderos de autobuses (tres en la capital y 1 en el estado de México); 51 puentes peatonales (21 en el Distrito Federal y 30 en el estado de México); y la reforestación de 313 mil metros cuadrados de áreas verdes.²

Destaca el esfuerzo de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) para promover sistemas de transporte público alternativo a los automotores, como el tren suburbano Buenavista-Cuautitlán que, de acuerdo con información de la SCT, aportará los siguientes beneficios:

Sin embargo, la comisión dictaminadora estima indispensable subrayar que los esfuerzos mencionados no han sido suficientes para solucionar la problemática de transporte de pasajeros. Además, este reto no es exclusivo de la ZMVM. Destacan casos similares como el de Monterrey, Nuevo León; Ciudad Juárez, Chihuahua; Guadalajara, Jalisco; entre otros.

En Monterrey, Nuevo León, el Ejecutivo estatal ha destacado que en los escenarios a corto y mediano plazo, la urgencia más grande que enfrenta el área metropolitana de Monterrey se presenta en materia de vialidad y transporte (movilidad). De continuar las tendencias de los últimos años en cuanto a crecimiento del parque vehicular y rezago de la infraestructura vial, en general y en particular, para el transporte público se prevé a corto plazo un colapso en las horas más transitadas (horas pico) en la red de avenidas principales, debido a la congestión vial; esto provocaría la parálisis en zonas estratégicas del área metropolitana.³

Para solucionar este problema, el Ejecutivo estatal propuso, entre diversas acciones, "definir la red de Metro como la columna vertebral del sistema de transporte conectando sistemas alimentadores y locales a base de autobuses".⁴

En el caso de Ciudad Juárez, Chihuahua, las encuestas más recientes de movilidad urbana, aplicadas por el Instituto Municipal de Investigación y Planeación (IMIP), captaron que hay un porcentaje muy alto de ciudadanos que circulan en automóvil con intención de cambiar la forma de trasladarse, debido a la cada vez mayor congestión vehicular en vialidades.

El problema de la movilidad en la zona metropolitana de Guadalajara (ZMG) no es distinta a las precedentes. El gobierno estatal considera que los aspectos críticos del transporte público que atiende esta zona destacan una estructura ineficaz del sistema de transporte público de la ZMG, la competencia excesiva, crecimiento desordenado del transporte público, excesivo número de paradas, administración deficiente del sistema de transporte público, falta de integración de los sistemas, marco institucional débil y escasez de información al usuario.

Frente a esta problemática nacional, la Comisión de Transportes somete a la consideración del Pleno de la Cámara de Diputados el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. La Comisión de Transportes exhorta al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a promover las acciones requeridas para la realización de las obras públicas necesarias para ampliar la cobertura y mejorar el sistema de transporte colectivo de las ciudades y zonas metropolitanas del país.

Segundo. Archívese el expediente relativo como asunto total y definitivamente concluido.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 24 de enero de 2008.

Notas
1. Sistema de transporte colectivo Metro, portal de internet. http://www.metro.df.gob.mx/organismo/construccion5.html 23 de enero de 2008.
2. Ibid. http://www.metro.df.gob.mx/organismo/construccion6.html 23 de enero de 2008.
3. Portal del gobierno del estado de Nuevo León: http://preportal.nl.gob.mx/?P=sistema_transporte_colectivo, 24 de enero de 2008.
4. Ibid, 24 de enero de 2008.

La Comisión de Transportes:

Diputados: Rubén Aguilar Jiménez (rúbrica), presidente; Alejandro Enrique Delgado Oscoy (rúbrica), Enrique Iragorri Durán, Marcos Salas Contreras (rúbrica), Juan Darío Lemarroy Martínez (rúbrica), Gustavo Fernando Caballero Camargo (rúbrica), Jesús Ramírez Stabros (rúbrica), Santiago López Becerra (rúbrica), secretarios; Jesús Sergio Alcántara Núñez, Gerardo Amezola Fonceca, Ramón Barajas López, Francisco Dávila García, Tomás del Toro del Villar, Antonio del Valle Toca (rúbrica), Rafael Franco Melgarejo (rúbrica), Felipe González Ruiz (rúbrica), Víctor Manuel Lizárraga Peraza, Erick López Barriga, Martín Malagón Ríos, Alma Lilia Luna Munguía (rúbrica), Agustín Mollinedo Hernández (rúbrica), Fabián Fernando Montes Sánchez (rúbrica), Rogelio Muñoz Serna (rúbrica), Francisco Javier Paredes Rodríguez, Gloria Rasgado Corsi, Rosa Elia Romero Guzmán (rúbrica), Rafael Elías Sánchez Cabrales, Jorge Toledo Luis (rúbrica), Robinson Uscanga Cruz (rúbrica), Juan Carlos Velasco Pérez.
 
 

DE LA COMISIÓN DE TRANSPORTES, CON PUNTO DE ACUERDO A FIN DE EXHORTAR AL TITULAR DE LA SCT A CONSTITUIR EN AEROPUERTO INTERNACIONAL EL NACIONAL EL TAJÍN; Y A INFORMAR A ESTA SOBERANÍA, POR LA COMISIÓN DE TRANSPORTES, SOBRE EL PROCEDIMIENTO Y LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DE TODOS LOS PROYECTOS PARA EL FORTALECIMIENTO Y LA REESTRUCTURACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA DEL PAÍS

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Transportes de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión de la LX Legislatura fue turnada para estudio y dictamen la siguiente proposición con punto de acuerdo:

Antecedentes

La comisión dictaminadora, por conducto de la Subcomisión de Transporte Aéreo, realizó el estudio y análisis de los planteamientos contenidos en la proposición con punto de acuerdo mencionada, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente dictamen, entre los que destacan:

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a constituir en aeródromo internacional el aeropuerto nacional El Tajín, así como a informar a esta soberanía a través de la Comisión de Transportes sobre el mismo procedimiento, y la aplicación de los recursos de todos los proyectos para el fortalecimiento y la reestructuración de la infraestructura aeroportuaria del país.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de febrero de 2008.

La Comisión de Transportes

Diputados: Rubén Aguilar Jiménez (rúbrica), presidente; Alejandro Enrique Delgado Oscoy (rúbrica), Enrique Iragorri Durán, Marcos Salas Contreras (rúbrica), Juan Darío Lemarroy Martínez (rúbrica), Gustavo Fernando Caballero Camargo (rúbrica), Jesús Ramírez Stabros (rúbrica), secretarios; Jesús Sergio Alcántara Núñez, Gerardo Amezola Fonceca, Ramón Barajas López, Francisco Dávila García, Tomás del Toro del Villar, Antonio del Valle Toca (rúbrica), Rafael Franco Melgarejo, Felipe González Ruiz (rúbrica), Víctor Manuel Lizárraga Peraza (rúbrica), Érick López Barriga, Santiago López Becerra (rúbrica), Alma Lilia Luna Munguía (rúbrica), Martín Malagón Ríos, Agustín Mollinedo Hernández, Fabián Fernando Montes Sánchez, Rogelio Muñoz Serna (rúbrica), Francisco Javier Paredes Rodríguez, Gloria Rasgado Corsi, Rosa Elia Romero Guzmán (rúbrica), Rafael Elías Sánchez Cabrales, Jorge Toledo Luis (rúbrica), Robinson Uscanga Cruz (rúbrica), Juan Carlos Velasco Pérez.
 
 

DE LA COMISIÓN DE TRANSPORTES, CON PUNTO DE ACUERDO A FIN DE EXHORTAR AL TITULAR DE LA SCT A ANALIZAR CON EL GOBIERNO DE CHIHUAHUA LA POSIBILIDAD DE QUE LA CARRETERA PANAMERICANA NÚMERO 45, CHIHUAHUA-JUÁREZ, SEA CONCESIONADA A ESE ESTADO Y QUE LA CITADA DEPENDENCIA GARANTICE LA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA SU CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

Honorable Asamblea:

La Comisión de Transportes perteneciente a la LX Legislatura de la Cámara de diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en las facultades que le confieren los artículos 39, numerales 1 y 2, fracción XXXVIII, y 45, numeral 6, incisos e), f) y g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 60, párrafo primero, 85, 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta asamblea el presente dictamen, elaborado con base en los siguientes antecedentes y consideraciones:

Antecedentes

1. A la Comisión de Transportes le fue turnado, para su estudio, análisis y elaboración del dictamen correspondiente, el expediente que contiene la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a analizar la posibilidad de que la carretera Panamericana 45, Chihuahua-Juárez, sea concesionada en su totalidad al gobierno de ese estado; la cual fue presentada por el diputado federal Enrique Serrano Escobar, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, el 4 de diciembre de dos mil siete.

2. La proposición se sustenta, en síntesis, en lo siguiente:

I. Según el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, el estado de Chihuahua representa en 12.6 por ciento de la superficie total del territorio mexicano y cuenta con una infraestructura carretera con una longitud de 12 mil 672.6 kilómetros, de los cuales pavimentados federales son 509.7 kilómetros, y estatales 4 mil 719.0 kilómetros; de terracerías se tienen mil 36.8 kilómetros, mientras que revestidas son 6 mil 407.1 kilómetros.

Ahora bien, la carretera federal número 45 atraviesa la entidad federativa de norte a sur y, por ende, es la más importante, de ahí que el mantenimiento y la conservación de dicho tramo carretero sea una prioridad, para así poder garantizar a la ciudadanía la movilidad de las personas y de mercancías mediante caminos que cuenten con las condiciones técnicas adecuadas, que avalen la seguridad de los vehículos de transporte de pasajeros y de carga, además permitan disminuir los tiempos de recorrido, los costos de operación y la frecuencia de accidentes carreteros.

Con lo anterior, se eleva la competitividad económica y el aseguramiento de un desarrollo incluyente, además de la promoción del desarrollo regional equilibrado, con lo cual se busca crear las condiciones para un desarrollo sustentable; resaltando con esto, que los caminos y los puentes de comunicación en esta entidad federativa, requieren de una especial atención y seguridad debido a la característica especial que tiene el estado de Chihuahua, al ser éste uno de los estados colindantes con la frontera de Estados Unidos de América.

II. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el primer párrafo de su artículo 25, establece que será el Estado a quien corresponda la rectoría del desarrollo nacional garantizando que éste sea integral y sustentable; y siendo el estado de Chihuahua parte de la Federación en los términos dispuestos por los artículos 42 y 43 de la Carta Magna; es la entidad soberana, representada en los Poderes de la Unión, los organismos competentes que tomen las medidas necesarias para contribuir a garantizar el desarrollo regional en aquella parte de nuestra república.

De igual manera, el artículo 36 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal establece las atribuciones en el despacho de los asuntos que son competencia de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes; y como se desprende de sus fracciones I, XXI y XXII; es éste órgano de Estado al que corresponde realizar la formulación y conducción de las políticas y programas para el desarrollo del transporte y de las comunicaciones, de acuerdo con las necesidades del país, además de la construcción y conservación de los caminos y puentes federales, ya sea por sí mismo o en cooperación con los gobiernos de las entidades federativas, los municipios y los particulares.

En el entendido de que las atribuciones de planear, formular y conducir las políticas y programas para el desarrollo de los caminos, puentes, servicios de autotransporte federal y sus servicios auxiliares; en conjunto con la de construir y conservar directamente caminos y puentes o a través del otorgamiento de concesiones y permisos; corresponde al Poder Ejecutivo de la Unión, a través de su Secretaría de Comunicaciones y Transportes, tal y como se desprende del contenido de las fracciones I, II y III del artículo 5 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, que en concordancia con el Titulo Segundo, Capitulo Único, en sus artículos 22 y 30 de la misma ley citada con antelación, la construcción, conservación y mantenimiento de los caminos y puentes son de utilidad pública y la Secretaría podrá otorgar concesiones para construir, mantener, conservar y explotar caminos y puentes a los particulares, estados o municipios.

Del marco normativo en comento se desprende que la Secretaria de Comunicaciones y Transportes se encuentra dotada de las facultades necesarias para instrumentar el presente exhorto, que se somete a consideración de esta honorable asamblea, coadyuvando con ello a la integración de las distintas regiones que conforman nuestra nación, mediante la modernización de la red carretera federal, proporcionando mayor seguridad en el transporte de personas y bienes, se abaten los costos de operación y se contribuye al bienestar y al crecimiento económico del estado de Chihuahua y del país.

Por lo anteriormente expuesto, los integrantes de esta Comisión de Transportes de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, de conformidad con las consideraciones vertidas en el cuerpo del presente dictamen, de manera conjunta, convenimos en proponer a la consideración de la honorable asamblea, el siguiente

Acuerdo

Primero. La Comisión de Transportes exhorta al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que en coordinación con el gobierno del estado de Chihuahua analicen la posibilidad de que la carretera Panamericana número 45, Chihuahua-Juárez, sea concesionada a ese estado y que la citada secretaría garantice la suficiencia presupuestal para su conservación y mantenimiento.

Segundo. Archívese el expediente relativo como asunto total y definitivamente concluidos.

Palacio Legislativo a 24 de enero de 2008.

La Comisión de Transportes

Diputados: Rubén Aguilar Jiménez (rúbrica), presidente; Alejandro Enrique Delgado Oscoy (rúbrica), Enrique Iragorri Durán, Marcos Salas Contreras (rúbrica), Juan Darío Lemarroy Martínez (rúbrica), Gustavo Fernando Caballero Camargo (rúbrica), Jesús Ramírez Stabros (rúbrica), Santiago López Becerra (rúbrica), secretarios; Jesús Sergio Alcántara Núñez, Gerardo Amezola Fonceca, Ramón Barajas López, Francisco Dávila García, Tomás del Toro del Villar, Antonio del Valle Toca (rúbrica), Rafael Franco Melgarejo (rúbrica), Felipe González Ruiz, Víctor Manuel Lizárraga Peraza (rúbrica), Érick López Barriga, Martín Malagón Ríos, Alma Lilia Luna Munguía (rúbrica), Agustín Mollinedo Hernández (rúbrica), Fabián Fernando Montes Sánchez (rúbrica), Rogelio Muñoz Serna (rúbrica), Francisco Javier Paredes Rodríguez (rúbrica), Gloria Rasgado Corsi, Rosa Elia Romero Guzmán (rúbrica), Rafael Elías Sánchez Cabrales, Jorge Toledo Luis (rúbrica), Robinson Uscanga Cruz (rúbrica), Juan Carlos Velasco Pérez.
 
 

DE LA COMISIÓN DE ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES, CON PUNTOS DE ACUERDO PARA EXHORTAR A LAS SECRETARÍAS DE GOBERNACIÓN, DE RELACIONES EXTERIORES, Y DE DESARROLLO SOCIAL A IMPLANTAR UN PROGRAMA DE APOYO A LA POBLACIÓN ADULTA MAYOR QUE VIVE EN ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de la LX Legislatura le fue turnada, para su estudio y dictamen, la siguiente proposición con punto de acuerdo:

Antecedentes

Punto de Acuerdo

Primero. Esta honorable asamblea exhorta a las Secretarías de Gobernación, de Relaciones Exteriores, y de Desarrollo Social a diseñar, implantar y coordinar un programa de atención a personas adultas mayores en los consulados mexicanos que se encuentran en Estados Unidos, a efecto de que reciban orientación jurídica, atención sanitaria y educativa, así como una oferta básica de actividades recreativas y culturales que fortalezca su identidad como mexicanos.

Segundo. Se solicita que las acciones tomadas se informen por escrito a esta soberanía y que los recursos necesarios se obtengan de la transferencia entre ramos y partidas, en los términos que la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria faculta al Ejecutivo, integrándose también una propuesta específica en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación en el año 2009.

Conste
Dado en la sala de juntas de la comisión, a 18 de junio de 2008.

La Comisión de Atención a Grupos Vulnerables

Diputados: María Esperanza Morelos Borja (rúbrica), Marcela Cuen Garibi (rúbrica), Laura Angélica Rojas Hernández (rúbrica), David Sánchez Camacho (rúbrica), Eduardo Elías Espinosa Abuxapqui (rúbrica), Irene Aragón Castillo (rúbrica), Carlos Augusto Bracho González (rúbrica), Arnulfo Elías Cordero Alfonzo (rúbrica), Silvia Emilia Degante Romero (rúbrica), María Victoria Gutiérrez Lagunes (rúbrica), Juana Leticia Herrera Ale, María Esther Jiménez Ramos (rúbrica), Rubí Laura López Silva (rúbrica), Marisol Mora Cuevas (rúbrica), María del Carmen Pinete Vargas, Jorge Quintero Bello (rúbrica), Mirna Cecilia Rincón Vargas (rúbrica), Adriana Rodríguez Vizcarra Velázquez (rúbrica), José Antonio Saavedra Coronel (rúbrica), Martha Angélica Tagle Martínez, Mario Vallejo Estévez (rúbrica), Martín Zepeda Hernández (rúbrica).
 
 

DE LA COMISIÓN DE ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES, CON PUNTOS DE ACUERDO A FIN DE EXHORTAR A LAS SECRETARÍAS DE SALUD, DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Y DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL A REALIZAR ACCIONES PARA LA INTEGRACIÓN DE LAS PERSONAS ZURDAS

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión de la LX Legislatura fue turnada, para estudio y dictamen, la siguiente proposición con punto de acuerdo:

Antecedentes

1. Con fecha 30 de abril de 2008, la diputada Violeta del Pilar Lagunes Viveros, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó punto de acuerdo por el que se exhorta a las Secretarías de Salud, de Educación Pública, y del Trabajo y Previsión social a efecto de que se realicen acciones de investigación, implantando actividades de atención a las personas zurdas en sus ámbitos de competencia; y al Instituto Nacional de Geografía, Estadística e Informática a efecto de que, en los censos que realiza, implante acciones para conocer el número y las condiciones de las personas zurdas que hay en el país.

2. Con la misma fecha, la proposición con punto de acuerdo fue turnada a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, para efectos de análisis y elaboración del dictamen previsto en el artículo 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Consideraciones

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados exhorta a los secretarios de Salud, de Educación Pública, y del Trabajo y Previsión Social a efecto de que se realicen acciones de investigación, implantando actividades de atención a las personas zurdas en sus ámbitos de competencia.

Segundo. La Cámara de Diputados exhorta al titular del Instituto Nacional de Estadística y Geografía a efecto de que, en los censos que realiza, implante acciones para conocer el número y las condiciones de las personas zurdas que hay en el país.

Conste.

Dado en la sala de juntas de la comisión, a 18 de junio de 2008.

La Comisión de Atención a Grupos Vulnerables

Diputados: María Esperanza Morelos Borja (rúbrica), Marcela Cuen Garibi (rúbrica), Laura Angélica Rojas Hernández (rúbrica), David Sánchez Camacho (rúbrica), Eduardo Elías Espinosa Abuxapqui (rúbrica), Irene Aragón Castillo (rúbrica), Carlos Augusto Bracho González (rúbrica), Arnulfo Elías Cordero Alfonzo (rúbrica), Silvia Emilia Degante Romero (rúbrica), María Victoria Gutiérrez Lagunes (rúbrica), Juana Leticia Herrera Ale, María Esther Jiménez Ramos (rúbrica), Rubí Laura López Silvia (rúbrica), Marisol Mora Cuevas (rúbrica), María del Carmen Pinete Vargas, Jorge Quintero Bello (rúbrica), Mirna Cecilia Rincón Vargas (rúbrica), Adriana Rodríguez Vizcarra (rúbrica), José Antonio Saavedra Coronel (rúbrica), Martha Angélica Tagle Martínez, Mario Vallejo Estévez (rúbrica), Martín Zepeda Hernández (rúbrica).
 
 

DE LA COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, CON PUNTO DE ACUERDO PARA EXHORTAR A LA SEMARNAT A INICIAR LOS TRÁMITES DEL EXPEDIENTE DE EXPROPIACIÓN DEL PREDIO CAÑÓN DE BALLESTEROS, PERTENECIENTE AL PARQUE NACIONAL CUMBRES DE MONTERREY, EN NUEVO LEÓN

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, le fue turnado para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente, el expediente No. 3585, que contiene la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, al Gobierno del estado de Nuevo León y al H. Congreso de dicha entidad, atiendan la solicitud presentada por el municipio de Santa Catarina, respecto a la expropiación del área conocida como Cañón de Ballesteros.

En virtud del análisis y estudio del punto de acuerdo que se dictamina, los integrantes de esta comisión ordinaria, con base en las facultades que nos confieren los artículos 39 numerales 1 y 2 fracción XXIV, y 45 numeral 6, incisos e) y f), y numeral 7 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 60, 65, 87, 88, 93 y 94 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite someter a consideración de los integrantes de esta honorable Asamblea, el presente dictamen, de conformidad con los siguientes:

Antecedentes

1. En sesión celebrada el día 3 de abril de 2008, por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, el diputado Juan Manuel Villanueva Arjona, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, al Gobierno del estado de Nuevo León y al H. Congreso de dicha entidad, atiendan la solicitud presentada por el municipio de Santa Catarina, respecto a la expropiación del área conocida como Cañón de Ballesteros.

2. En dicha sesión, la proposición con punto de acuerdo en comento, bajo el expediente No. 3585 fue turnada a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para su estudio, análisis y elaboración del dictamen correspondiente de conformidad con las siguientes:

Consideraciones

La preservación de la diversidad biológica, es factor esencial para la evolución y el mantenimiento del ambiente y los ecosistemas que lo integran. Debido a la política económica de muchos países, en los últimos años esta diversidad se ha visto gravemente amenazada a consecuencia de las actividades productivas y los aprovechamientos excesivos de los elementos naturales y la biodiversidad.

Es evidente que los efectos del sistema económico mundial han provocado una considerablemente reducción de la diversidad biológica del planeta, resulta preocupante que año con año sea mayor el número de especies que se extinguen o se encuentran al borde de la extinción. Sin embargo, la comunidad internacional ha adoptado disposiciones especiales para revertir la perdida de la diversidad biológica.

Resulta alentador que exista una creciente preocupación en la comunidad mundial por tratar de establecer mecanismos de cooperación internacional que permitan preservar la riqueza biológica y diversidad de la tierra. Un importante referente en la historia de este debate internacional, fue la llamada "Cumbre de la Tierra" (sobre el medio ambiente y el desarrollo sostenible), celebrada en 1992 en la ciudad de Río de Janeiro, Brasil.

Es plausible que los principales resultados de esta Cumbre hayan sido:

Debido a que México alberga aproximadamente 200 mil especies de flora y fauna descubiertas hasta el día de hoy (entre el 10 y el 12% del total mundial), se ha posicionado como el cuarto a nivel mundial con mayor diversidad biológica, por lo que no podía estar ajeno a la suscripción del CDB, signándolo el día 13 de junio de 1992. El artículo 8 inciso A) de este Convenio, señala que cada parte contratante deberá establecer "un sistema de áreas protegidas" o áreas donde haya que tomar medidas especiales para conservar la diversidad biológica.

Como país signante de este Convenio, México adquirió el firme compromiso de fortalecer el sistema jurídico ambiental, en lo referente a las áreas naturales protegidas (ANP’s), mecanismo que si bien, ya venía operando desde varias décadas atrás, debía ser perfeccionado y consolidado. Como resultado podemos apreciar que la vigente Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, incorpora la figura de las ANP´s como uno de los principales mecanismos de conservación de los ecosistemas con un alto valor ecológico. Así el artículo 44 de este ordenamiento determina a las ANP´s como: "las zonas del territorio nacional y aquellas sobre las que la nación ejerce su soberanía y jurisdicción, en las que los ambientes originales no han sido significativamente alterados por la actividad del ser humano, o que requieren ser preservados y restaurados..."

Nuestra legislación identifica diversos tipos de áreas naturales protegidas, dicha clasificación obedece primordialmente a las características especificas de cada ecosistema, dentro de ésta podemos señalar a las reservas de la biosfera, parques nacionales; monumentos naturales, áreas de protección de recursos naturales, áreas de protección de flora y fauna, santuarios; parques y reservas estatales y, zonas de preservación ecológica de los centros de población.

Actualmente, nuestro país cuenta con 164 áreas naturales protegidas de carácter federal, las cuales cubren una superficie de 23, 048, 994¹ hectáreas. El ANP objeto de los asuntos en estudio corresponde al Parque Nacional Cumbres de Monterrey, que se localiza en las inmediaciones del área urbana de la ciudad de Monterrey, en el estado de Nuevo León.

Cumbres de Monterrey, fue declarado como área natural protegida el día 24 de noviembre de 1939, durante la administración del Presidente Lázaro Cárdenas del Río, quien desde entonces, ya reconocía la importancia que representaba la conservación de esta región. Posteriormente, con el objeto de proteger las regiones más importantes de dicho parque, así como adecuarlo a las disposiciones jurídicas imperantes y que en su momento aún no existían, su poligonal fue redelimitada, por lo cual el día viernes 17 de noviembre del año 2000, fue publicado en la primera sección del Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se declara área natural protegida, con el carácter de parque nacional, la región conocida con el nombre de Cumbres de Monterrey, ubicada en los municipios de Allende, García, Montemorelos, Monterrey, Rayones, Santa Catarina, Santiago y San Pedro Garza García, Estado de Nuevo León.

Esta área natural protegida cuenta con una extensión de 177,395.95 hectáreas, se localiza en la zona oeste-centro del Estado de Nuevo León, colindando con el estado de Coahuila, en la Sierra Madre Oriental. Es un área de importante valor para la población neoleonesa, ya que además de constituir la principal área verde contigua a la ciudad de Monterrey, presta una gran cantidad de servicios ambientales a la ciudad, entre los que podríamos mencionar: la regulación del clima y la captación de agua.

En esta ANP convergen una gran variedad de ecosistemas, que van desde zonas áridas con especies propias de las regiones desérticas, pasando por matorrales con diversos tipos de vegetación y asociaciones, hasta bosques principalmente de pinos y encinos en las partes más altas, así como pastizales, y diversas composiciones florísticas a lo largo de los ríos y cañadas.

En cuanto a la diversidad biológica de la zona se han reportado un total de 1,368 especies de flora y fauna silvestres, de las cuales 73 se encuentran consideradas dentro de alguna categoría de protección especial por parte de la norma oficial mexicana NOM-059-SEMARNAT-2001 Protección Ambiental-Especies nativas de México de Flora y Fauna Silvestres-Categorías de riesgo y especificaciones para su inclusión, exclusión o cambio-lista de especies en riesgo. Además esta región tiene un alto valor de conservación y presencia de microendemismos, ya que es un área de especiación de cactáceas y agaváceas.

Por si lo anterior no fuese suficiente, el Parque Nacional, ha sido incluido en la Red Mundial del Programa del Hombre y la Biosfera de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), además de ser considerado como región terrestre prioritaria para la conservación de la naturaleza por la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad.

Desafortunadamente, el alto estado de conservación y la enorme belleza escénica del Parque Nacional, lo han convertido en un blanco perfecto, para las empresas inmobiliarias, las cuales con el objeto de establecer desarrollos de una alta plusvalía, han adquirido grandes extensiones de terreno dentro de la poligonal del ANP, provocando una especulación inmobiliaria, pese a que existen restricciones preexistentes sobre el uso del suelo en la zona. Con el objeto de hacer más laxas las restricciones aplicables al uso y aprovechamiento de los predios, los especuladores inmobiliarios han presionando a autoridades de los tres ordenes de gobierno para que permitan la urbanización del ANP.

En lo que a la Federación corresponde, cuando la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas realizó la redelimitacion del Parque, estableció de manera expresa una serie de condicionantes y prohibiciones en el decreto, de entre las que destacan: la prohibición para construir infraestructura y campos de golf. Este hecho provocó un profundo descontento entre los empresarios resultando en la interposición de amparos en contra del decreto. Como ejemplo, la empresa inmobiliaria Dos Carlos SA de CV solicitó el amparo de la justicia federal determinando como actos reclamados la orden de publicación, promulgación y aplicación del decreto por parte de varias autoridades, como el titular del Poder Ejecutivo Federal, la Semarnat, la Profepa, la CONANP, el INE, la Sagarpa y el H. Congreso del estado de Nuevo León, entre otros.

Las garantías que se estimaron como violadas en forma directa fueron las contenidas dentro de los artículos 1, 13, 14, 16, 25, 26 y 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la violación indirecta de los Artículos 5, 7, 46, 50, 57, 58, 60 y 61 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y al Protección al Ambiente.

Dicho amparo fue declarado como procedente por el tribunal federal al argumentar en su resolución que las disposiciones contenidas en el decreto violentan el patrimonio de la quejosa, al impedirle expresamente la realización de un proyecto inmobiliario y por lo tanto el primer acto de aplicación deriva de la publicación del decreto, siendo este el momento cuando se le causó el perjuicio al promovente, causándole un agravio directo y jurídico que violo las garantías antes señaladas.

De manera general los conceptos de violación se sustentan en la transgresión a la garantía de audiencia, la no notificación personal a la quejosa de la publicación de decreto y el no acceso a los estudios previos justificativos, argumentándose tal redelimitación como una ley privativa, ya que no recae sobre la totalidad de los predios que originalmente se ubicaban en el primer decreto.

No obstante lo anterior, estas empresas inmobiliarias, aún cuentan con diversos impedimentos jurídicos para la urbanización de los predios que integran la poligonal del ANP, principalmente en lo que al ordenamiento ecológico del territorio y los planes de desarrollo urbano respecta, convirtiéndose éstos, en un instrumento jurídico de toral importancia para preservación del área.

Es pertinente establecer que una importante extensión de la poligonal del Parque Nacional Cumbres de Monterrey, se encuentra dentro de los límites territoriales de municipio de Santa Catarina, por lo que es a este ayuntamiento a quien le compete la expedición de programas de desarrollo urbano y ordenamientos ecológicos del territorio.

Así las cosas, el pasado día sábado 28 de octubre de 2006 las autoridades del H. Ayuntamiento de Santa Catarina, en sesión extraordinaria de Cabildo, aprobaron el proyecto del "Plan Aprovechamiento Sustentable de La Huasteca 2006-2030". Inexplicablemente, la implementación de dicho plan traería consigo el desarrollo urbano en una superficie de 2,481.20 hectáreas en el Cañón de Ballesteros, además de una superficie adyacente de 1,846.49 hectáreas en el Cañón de La Huasteca, todos dentro del área natural protegida de "Cumbres de Monterrey". Este hecho provocó un enorme descontento por parte de la sociedad civil, grupos ambientalistas, así como de los grupos parlamentarios del Congreso local y del Congreso de la Unión, ya que las irregularidades en la aprobación de dicho plan eran más que manifiestas, e incluso en algunos casos, violatorias al procedimiento que para dicho caso se encuentra legalmente establecido en la Ley de Ordenamiento Territorial de los Asentamientos Humanos y de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León.

Afortunadamente y pese a que dicho programa fue aprobado, nunca se publicó en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo León y consecuentemente tampoco se inscribió en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, por lo cual no causó efectos jurídicos.

En razón de que el "Plan Aprovechamiento Sustentable de La Huasteca 2006-2030" fue aprobado los últimos días de una administración municipal, la nueva administración recopiló el asunto haciendo un análisis intensivo de los procesos que fueron seguidos por sus antecesores para determinar su conformidad. Derivando ello, en que durante la sesión del pleno del Cabildo de Santa Catarina, llevada a cabo el día 15 de febrero del 2007, se aprobara un punto de acuerdo proveniente de la Comisión de Desarrollo Urbano del H. Ayuntamiento de Santa Catarina, por el cual se decreta la revocación total del Acuerdo del "Plan de Desarrollo y Aprovechamiento Sustentable de la Huasteca 2006-2030".

Desafortunadamente, pese a que el Ayuntamiento de Santa Catarina ha fijado una postura proteccionista del ANP en total respeto a la legalidad, la especulación inmobiliaria sobre los predios de la zona y la presión política han ido en aumento. Con el firme objetivo de apoyar la postura adoptada por el Ayuntamiento, varios legisladores federales han expuesto en tribuna esta problemática. Tan solo en esta Legislatura se han presentado un total de 3 proposiciones con punto de acuerdo sobre el tema, y todas ellas fueron dictaminadas y aprobadas por el pleno. Cada una de estas proposiciones tenía un objetivo específico.

La proposición con punto de acuerdo que se dictamina, establece que el pasado día 12 de febrero de 2008, el Cabildo del municipio de Santa Catarina, Nuevo León, acordó en sesión ordinaria, solicitar a las autoridades federales y estatales la expropiación del predio conocido como Cañón de Ballesteros, con el objeto de conservar su belleza panorámica y evitar la destrucción del entorno. Así también el diputado Ricardo Vázquez Silva presentó ante el Congreso local una iniciativa de decreto orientada a la expropiación del mismo predio, aludiendo causas similares a las planteadas por el municipio de Santa Catarina.

Atendiendo a la particularidad de este caso, la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, debe establecer que las características naturales y la función ecológica del predio en conflicto, son suficientes para considerar su preservación como de interés público, ya que se debe dar un valor predominante a la conservación y uso sustentable de la tierra. Este valor estriba en reconocer que la tierra no sólo tiene un uso material, sino también atribuciones naturales, las cuales se encuentran íntimamente relacionadas con los servicios ambientales que estos predios prestan a la ciudad de Monterrey y la nación.

La Constitución de nuestro país concibe al derecho de propiedad como un derecho civil (desde el punto de vista privado). Sin embargo, de conformidad con lo establecido por el artículo 27, esta propiedad también se encuentra en un estado de subordinación a un interés público lo cual se puede traducir en una función social. Así la nación se encuentra facultada para imponer a la propiedad las modalidades que dicte el interés público, e incluso cuando se considere necesario llevar a cabo la expropiación de aquella propiedad privada que, de conformidad con este interés deba pasar a la nación.

Lo anteriormente establecido viene a robustecerse por la Ley de Expropiación, ya que las fracciones IV, VII y X del artículo 1 consideran de utilidad pública la conservación de los elementos naturales susceptibles de apropiación, los lugares de belleza panorámica, y evitar la destrucción y daño a los recursos naturales. De conformidad con las disposiciones establecidas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley de Expropiación, la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, y los argumentos aquí descritos, esta Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, considera pertinente aprobar la presente proposición con punto de acuerdo.

Por lo anteriormente expuesto, los diputados que integramos la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales del Honorable Congreso de la Unión, sometemos a consideración de la honorable Asamblea, el siguiente:

Acuerdo

Único. Esta LX Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a que en el pleno ejercicio de sus facultades legales, inicie los trámites del expediente de expropiación del predio conocido como el Cañón de Ballesteros, perteneciente al Parque Nacional Cumbres de Monterrey, en el estado de Nuevo León.

Nota:
1. Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, http://www.conanp.gob.mx/, página consultada el día 11 de abril de 2008.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro de la honorable Cámara de Diputados, a los 22 días del mes de mayo de 2008.

La Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales

Diputados: Diego Cobo Terrazas (rúbrica), presidente; Jesús de León Tello (rúbrica), José Luis Espinosa Piña (rúbrica), Lucía Susana Mendoza Morales (rúbrica), Benjamín Hernández Silva (rúbrica), María Mercedes Colín Guadarrama (rúbrica), secretarios; Edmundo Javier Bolaños Aguilar (rúbrica), Adriana Dávila Fernández (rúbrica), José Antonio Díaz García, Emilio Ramón Ramiro Flores Domínguez (rúbrica), José Guillermo Fuentes Ortiz (rúbrica), Jorge Rubén Nordhausen González (rúbrica), Christian Martín Lujano Nicolás (rúbrica), Martha Angélica Romo Jiménez (rúbrica), Víctor Manuel Torres Herrera (rúbrica), Aleida Alavez Ruiz (rúbrica), María Soledad López Torres (rúbrica), Rafael Villicaña García (rúbrica), Juan Hugo de la Rosa García, Carlos Roberto Martínez Martínez (rúbrica), Armando Barreiro Pérez (rúbrica), Roberto Mendoza Flores (rúbrica), Martha Hilda González Calderón, Fernando Quetzalcóatl Moctezuma Pereda (rúbrica), Carlos Ernesto Zatarain González, Beatriz Manrique Guevara (rúbrica), Humberto López Lena Cruz (rúbrica) José Ascención Orihuela Bárcenas, Víctor Manuel Méndez Lanz.
 
 

DE LA COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, CON PUNTO DE ACUERDO A FIN DE EXHORTAR A LA SEMARNAT Y A LA PROFEPA A APLICAR LAS MEDIDAS PERTINENTES PARA PROTEGER, RESTAURAR Y CONSERVAR LOS MANGLARES MEXICANOS, ASÍ COMO A VIGILAR QUE LAS OBRAS Y ACTIVIDADES DE APROVECHAMIENTO NO EXTRACTIVO EN ESE ECOSISTEMA SE LLEVEN A CABO CON ESTRICTO ARREGLO A LA LEGISLACIÓN VIGENTE EN LA MATERIA

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, le fue turnado para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente, el expediente No. 3194, que contiene la propuesta con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, apliquen las medidas pertinentes para la restauración, conservación y manejo sustentable de los manglares, en base a la legislación vigente en la materia, presentado por la diputada Silvia Luna Rodríguez, integrante del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.

En virtud del análisis y estudio del punto de acuerdo que se dictamina, esta comisión ordinaria, con base en las facultades que le confieren los artículos 39, numerales 1 y 2 fracción XXIV; y 45 numeral 6, incisos e) y f), y numeral 7 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 60, 65, 87, 88, 93 y 94 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de los integrantes de esta honorable Asamblea, el presente dictamen, de acuerdo con los siguientes:

Antecedentes

Primero. El 13 de diciembre de 2007, la diputada Silvia Luna Rodríguez, integrante del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, presentó una propuesta con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, apliquen las medidas pertinentes para la restauración, conservación y manejo sustentable de los manglares, en base a la legislación vigente en la materia.

Segundo. En esa misma fecha, el expediente No. 3194 que contiene dicha propuesta con punto de acuerdo fue turnada a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, para su análisis y elaboración del dictamen correspondiente, de conformidad con las siguientes:

Consideraciones

Las zonas costeras albergan uno de los ecosistemas más productivos del planeta: los humedales costeros, dentro de los que se encuentra el bosque de manglar. Los humedales costeros, son definidos como: "Ecosistemas costeros de transición entre aguas continentales y marinas, cuya vegetación se caracteriza por ser halófita e hidrófila, estacional o permanente, y que dependen de la circulación continua del agua salobre y marina. Asimismo, se incluyen las regiones marinas de no más de 6 m de profundidad en relación al nivel medio de la marea baja."¹

México no sólo ostenta el quinto lugar a nivel continental, sino que también, junto con Australia, Brasil, Indonesia y Nigeria, alberga la mitad de la superficie mundial de bosque de manglar. Sin embargo se trata de uno de los ecosistemas más vulnerables y frágiles del globo. México cuenta con seis especies de mangle.² No obstante que de acuerdo con datos de la Semarnat en el año 2000 se contaba con una superficie de 890,000 hectáreas de manglar, actualmente cubren una superficie aproximada de 655,667 hectáreas, lo que da una idea de la acelerada pérdida de estos ecosistemas y de la enorme responsabilidad que tenemos para conservarlos.³

La promovente destaca algunas de las funciones biológicas, hidrológicas y químicas que brindan los humedales costeros, a saber:

Aunado a lo anterior, dicha Comisión Nacional alerta que:"no se cuenta con estimaciones confiables de la velocidad a la que está cambiando estos ecosistemas ni se ha evaluado a escala nacional cuáles son los factores que están provocando estos cambios."⁶ Ello explica por qué la promovente refiere que: "tan sólo en Cancún se espera la desaparición de 100 hectáreas de mangle en la tercera fase de un plan de desarrollo turístico, mientras en isla Cancún se ha perdido el ciento por ciento"⁷ del manglar.

Esta Comisión dictaminadora considera pertinente recordar que en aras de propiciar la conservación de nuestros recursos naturales, que son de interés público, en completa congruencia con lo que establece el Eje 4. "Sustentabilidad Ambiental" del Plan Nacional de Desarrollo y la sección "Agenda Azul: Gestión Integral de los Recursos Hídricos" del Plan Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales 2007-2012, los diputados a la LIX legislatura aprobaron en diciembre de 2006 la minuta que reformó dos artículos de la Ley General de Vida Silvestre en materia de humedales costeros. Esta reforma fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1° de febrero de 2007 y presentada por el Ejecutivo federal un día después como uno de los logros del país en materia de humedales ante la Convención Relativa a los Humedales de Importancia Internacional Especialmente como Hábitat de Aves Acuáticas, mejor conocida como Convención de Ramsar.

No obstante lo anterior, la Comisión que dictamina reitera que los manglares mexicanos continúan amenazados. Como ejemplo, esta comisión ordinaria recuerda algunos casos recientes en los que el desarrollo "mal entendido", promovió la remisión de manglar: en noviembre de 2007, en el desarrollo "Costa Turquesa", en playa del Carmen, Quintana Roo se talaron 4 hectáreas de manglar y a principios de año en la laguna del Carpintero, Tamaulipas, fueron derribadas 1.3 hectáreas de manglar para construir un desarrollo comercial. Por si ello no fuese suficiente, la contaminación de cuerpos de agua, como es el caso del municipio de Alvarado en el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, está afectando 14 mil hectáreas de manglar.⁸

El resolutivo propuesto por la promovente exhorta: "a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente a aplicar las medidas pertinentes para la restauración, conservación y manejo sustentable de los manglares con base en la legislación vigente en la materia."

Al respecto, esta Comisión ordinaria considera que el exhorto propuesto es de la mayor pertinencia. Sin embargo se permite modificarlo en estricto apego a la ley vigente, conservando enteramente su espíritu, a fin de evitar que intereses particulares, ajenos a la protección de este único e irremplazable ecosistema, que es de interés público, tergiversen su sentido. La redacción propuesta es la siguiente:

Por lo anteriormente expuesto, los integrantes de la Comisión que suscribe el presente dictamen se permiten someter a la consideración de esta honorable Asamblea el siguiente:

Acuerdo

Único. La H. Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, a aplicar las medidas pertinentes para proteger, restaurar y conservar los manglares mexicanos; así como para vigilar que las obras y actividades de aprovechamiento no extractivo que se lleven a cabo en ese ecosistema se realicen en estricto apego a la legislación vigente en la materia.

Notas:
1. Semarnat. "Norma Oficial Mexicana NOM-022-SEMARNAT-2003, que establece las especificaciones para la preservación, conservación, aprovechamiento sustentable y restauración de los humedales costeros en zonas de manglar". Diario Oficial de la Federación. México, jueves 10 de abril de 2003.
2. mangle negro (Avicennia germinans y A. bicolor), mangle botoncillo (Conocarpus erectus), mangle blanco (Laguncularia racemosa) y mangle rojo (Rhizophora mangle y R. harrisonii) . Asimismo, se ha registrado una variedad de mangle botoncillo en las costas del estado de Yucatán (Concocarpus erectus var. sericeus).
3. Independientemente de las metodologías utilizadas para estimar la superficie cubierta por manglar en el país en diferentes periodos, lo que puede arrojar datos que no se presten para ser comparados, es innegable que la superficie nacional que cubre este valioso ecosistema se está perdiendo. Ver CONABIO. 2008. "Manglares de México". En: http://www.conabio.gob.mx/conocimiento/manglares/doctos/manglares.html. Página consultada el 22 de febrero de 2008.
4. Red Internacional para la Defensa de los Ecosistemas Marino-Costeros y la Vida Comunitaria. 2008. "Ecosistema Manglar". Ecosistemas. En: http://www.redmanglar.org. Página consultada el día 22 de febrero de 2008.
5. CONABIO. 2008. Op. Cit.
6. CONABIO. 2008. Idem.
7. La diputada promovente cita a Enciso A. et.al. "Sigue la depredación del manglar; en 24 años desapareción el 75% de ese ecosistema". La Jornada. Sección sociedad y Justicia. 12 de noviembre de 2007. En: http://www.jornada.unam.mx/2007/11/12/index.php?section=sociedad&article=053n1soc. Página consultada el 22 de febrero de 2008.
8. Talan manglar sin castigo". Noticaribe, 11 de noviembre de 2007. En: http://www.noticaribe.com.mx/rivieramaya/2007/12/talan_manglar_sin_castigo.html. Página consultada el 21 de febrero de 2008. "Castigarán tala de mangle" Yo opino Tampico. Milenio, 21 de febrero de 2008. En: http://www.milenio.com/index.php?s=laguna+del+carpintero. Página consultada el 22 de febrero de 2008; "Afectan ríos contaminados al mangle" Excelsior. Sábado 9 de febrero de 2008. En: http://www.planetaazul.com.mx/www/2008/02/09/peligran-por-la-tala-32-de-manglares/. Página consultada el 21 de febrero de 2008.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro de la honorable Cámara de Diputados, a los 22 días del mes de mayo de 2008.

La Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales

Diputados: Diego Cobo Terrazas (rúbrica), presidente; Jesús de León Tello (rúbrica), José Luis Espinosa Piña (rúbrica), Lucía Susana Mendoza Morales (rúbrica), Benjamín Hernández Silva (rúbrica), María Mercedes Colín Guadarrama (rúbrica), secretarios; Edmundo Javier Bolaños Aguilar (rúbrica), Adriana Dávila Fernández (rúbrica), José Antonio Díaz García, Emilio Ramón Ramiro Flores Domínguez (rúbrica), José Guillermo Fuentes Ortiz (rúbrica), Jorge Rubén Nordhausen González (rúbrica), Christian Martín Lujano Nicolás (rúbrica), Martha Angélica Romo Jiménez (rúbrica), Víctor Manuel Torres Herrera (rúbrica), Aleida Alavez Ruiz (rúbrica), María Soledad López Torres (rúbrica), Rafael Villicaña García (rúbrica), Juan Hugo de la Rosa García, Carlos Roberto Martínez Martínez (rúbrica), Armando Barreiro Pérez (rúbrica), Roberto Mendoza Flores (rúbrica), Martha Hilda González Calderón, Fernando Quetzalcóatl Moctezuma Pereda (rúbrica), Carlos Ernesto Zatarain González (rúbrica), Beatriz Manrique Guevara (rúbrica), Humberto López Lena Cruz (rúbrica) José Ascención Orihuela Bárcenas, Víctor Manuel Méndez Lanz.
 
 

DE LA COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, CON PUNTOS DE ACUERDO A FIN DE EXHORTAR A LA SEMARNAT A REALIZAR LOS ESTUDIOS NECESARIOS PARA CONOCER CIENTÍFICAMENTE EL ESTADO DE CONSERVACIÓN QUE PRESENTA EN VIDA SILVESTRE EL COCODRILO DEL PANTANO

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, le fue turnado para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente, el expediente No. 3086, que contiene la propuesta con punto de acuerdo para exhortar a la Semarnat, realice estudios necesarios que permitan conocer científicamente el estado de conservación que presenta en vida silvestre el cocodrilo de pantano, presentado por el diputado Gerardo Priego Tapia, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

En virtud del análisis y estudio del punto de acuerdo que se dictamina, esta comisión ordinaria, con base en las facultades que le confieren los artículos 39, numerales 1 y 2 fracción XXIV; y 45 numeral 6, incisos e) y f), y numeral 7 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 60, 65, 87, 88, 93 y 94 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de los integrantes de esta honorable Asamblea, el presente dictamen, de acuerdo con los siguientes:

Antecedentes

Primero. El 13 de diciembre de 2007, el diputado Gerardo Priego Tapia, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó una propuesta con punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, realice estudios necesarios que permitan conocer científicamente el estado de conservación que presenta en vida silvestre el cocodrilo de pantano.

Segundo. En esa misma fecha, el expediente No. 3086 que contiene la propuesta con punto de acuerdo fue turnada a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, para su análisis y elaboración del dictamen correspondiente, de conformidad con las siguientes:

Consideraciones

El cocodrilo de pantano (Crocodylus moreletii)¹, es un reptil carnívoro que habita de forma natural, a lo largo de la vertiente del Golfo de México y en zonas bajas de algunos Estados que aunque no tienen costa, tienen vertiente hacia esta zona. También se le encuentra en Belice y el Norte de Guatemala.²

Su hábitat acuático se localiza en pantanos, ciénegas, humedales, lagunas e incluso ríos; mientras que el hábitat terrestre se localiza en zonas forestales ribereñas. Esta especie silvestre se caracteriza por tener un hocico redondeado y poco afilado en comparación al de otros cocodrilos. Dado que sus fosas nasales, ojos y oídos se encuentran en un mismo plano, tienen la habilidad de ver, escuchar y olfatear aún cuando parte de su cuerpo se encuentra debajo del agua.

Su color es café grisáceo con manchas y franjas más obscuras en el cuerpo y la cola, pero los ejemplares jóvenes suelen tener un color amarillo con franjas negras, mientras que la superficie ventral es de color amarillo sin marcas. Sus extremidades son fuertes y sus patas tienen una forma palmeada con garras. Aunque su tamaño adulto promedio es de tres metros, se han reportado ejemplares de hasta casi cinco metros de largo.³

Los cocodrilos de pantano se alimentan de aves, mamíferos, anfibios, insectos, moluscos, crustáceos e incluso de otros reptiles.⁴ La temporada de reproducción va de abril a agosto y el sexo de los reptiles es determinado por la temperatura de los huevos al ser incubados.⁵ Por lo general se logran entre veinte y cuarenta crías, pero no todas corresponden a la misma hembra.

El cocodrilo de pantano, al igual que muchas especies de fauna silvestre proporciona servicios ambientales de gran relevancia: "desempeñan un papel de suma importancia en el equilibrio de los humedales; como depredadores intervienen en el control de las poblaciones de otros animales e incorporan nutrientes al medio acuático a través de las heces producidas por la digestión de su alimento, ya que ayudan a mantener abierto los canales que comunican a los cuerpos de agua entre sí. Además, en las zonas pantanosas construyen fosas circulares que constituyen el único refugio de la fauna acuática durante la época de sequía."⁶

El cocodrilo de pantano (Crocodylus moreletii) no está exento de amenazas a su supervivencia. En el siglo pasado, concretamente en el periodo 1940-1950 esta especie fue puesta al borde de la extinción como consecuencia de la caza furtiva para aprovechar su piel⁷, no obstante que ésta ha disminuido, como resultado de la aplicación de diferentes programas, aún es motivo de preocupación, tal como apunta el promovente.

A lo anterior se suma otro tipo de amenazas tales como: la pérdida de hábitat, consecuencia del desarrollo de actividades agropecuarias, turísticas, pesqueras, así como de la exploración y perforación de pozos petroleros. Por si esto no fuese suficiente, los efectos adversos del cambio climático sobre esta especie son considerables, particularmente la sequía, toda vez que los niveles de agua de su hábitat podrían llegar a reducirse drásticamente, poniendo en peligro la viabilidad de los ejemplares.

Esta Comisión dictaminadora considera pertinente recordar que con objeto de recuperar tanto a la especie en comento como a otras especies de lagartos que hay en el país, las autoridades competentes han aplicado diferentes medidas, entre las que destacan: el decreto de veda total permanente en todo el país de 1970; el establecimiento de criaderos intensivos y Unidades de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre; su inclusión en la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2001 como especie sujeta a protección especial.⁸

A nivel internacional también se han adoptado ciertas medidas para proteger al cocodrilo de pantano. Al respecto esta Comisión ordinaria destaca que la especie se encuentra en el Apéndice I de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre (CITES). La pertenencia al Apéndice I corresponde a las especies: "sobre las que se cierne el mayor grado de peligro entre las especies de fauna y de flora incluidas en los Apéndices de la CITES... Estas especies están en peligro de extinción y la CITES prohíbe el comercio internacional de especímenes de esas especies, salvo cuando la importación se realiza con fines no comerciales...por ejemplo, para la investigación científica. En estos casos excepcionales, puede realizarse la transacción comercial siempre y cuando se autorice mediante la concesión de un permiso de importación y un permiso de exportación (o certificado de reexportación)."⁹

De igual forma el cocodrilo de pantano (Crocodylus moreletii), se encuentra en la Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN). L UICN clasificó al taxón en el año de 1994 como en riesgo menor bajo la subcategoría "depende de actividades efectivas de conservación". Cabe aclarar que ello implica que de cesar las actividades efectivas de conservación, el taxón podría ser incluido en alguna de las categorías de especies amenazadas de la UICN en un periodo de cinco años.¹⁰ Adicionalmente se debe tener en cuenta que el hecho de que la especie se encuentre en esta categoría a nivel mundial, no necesariamente significa que a nivel local se encuentre fuera de peligro.

Con objeto de contar con mayor información sobre el estado de conservación del cocodrilo de pantano en vida silvestre, el cuerpo técnico de esta Comisión dictaminadora consultó a las autoridades ambientales competentes: Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. Al respecto, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas informó sobre la existencia de algunos estudios llevados a cabo por el Subcomité Técnico Consultivo para la Conservación, Manejo y Aprovechamiento Sustentable de los Crocodylia en México, mismos que fueron publicados en el año 2002. Asimismo se recomendó consultar el informe final intitulado Determinación del Estado de las Poblaciones Silvestres del Cocodrilo de Pantano (Crocodylus moreletii) en México y la Evaluación de su Estatus en la CITES.

El informe antes aludido concluye entre otras cosas que las poblaciones no sólo se encuentran en su rango de distribución histórica sino también en cuarenta nuevas localidades: "Después de 155 años de que fue descrita la especie se ha podido confirmar que actualmente se le encuentra dentro de su distribución histórica a lo largo de la vertiente del Golfo de México. Además se ha podido ampliar su rango de distribución hacia el Norte en la Laguna Madre en Tamaulipas, hacia el Oeste en el extremo sureste de Nuevo León, y se identificaron 40 nuevas localidades no reportadas, ni conocidas para la especie, junto con 2 nuevos estados con presencia: Querétaro y Nuevo León."¹¹

De igual forma, el estudio concluye que:"se calcula que la población adulta o clase IV Mexicana de cocodrilos de pantano silvestre oscila alrededor de los 15,147 individuos."¹² Y añade que: "Se han estimado índices de abundancia relativa para los 3 años de muestreo, dando un promedio de 5.76 cocodrilos por Km. Asimismo se ha generado un índice más conservador a partir de los datos de 2004 obtenidos en dos fases coincidiendo con la temporada de lluvias y de secas el cual resultó en 3.16 cocodrilos por Km."¹³

No obstante, el informe reconoce que de las 135 localidades donde se registró la presencia del cocodrilo de pantano, sólo se realizaron 4 muestreos en 63 localidades de 10 Estados de la República y que éstas localidades representan sólo el 17% de las localidades históricas. De hecho el informe reconoce que los resultados "han servido para bosquejar de una manera general el conocimiento del estado actual de esta especie para dar continuidad con la formulación de estrategias específicas de monitoreo que garanticen una mayor información y un esquema más fino de las poblaciones silvestres."¹⁴

Con base en lo anterior y tomando en cuenta que los resultados del estudio antes aludido corresponden a datos recavados durante el periodo 2002-2004, cuando todavía no se habían registrado eventos como: la remoción de varios ejemplares de cocodrilo de pantano de la laguna del Carpintero, en Tamaulipas; o la trágica inundación en el Estado de Tabasco, que sin duda afectó a esta especie de cocodrilo; los legisladores integrantes de la Comisión dictaminadora coinciden con el promovente en la necesidad de conocer el estado actual de la conservación en vida silvestre de la especie.

Por lo anteriormente expuesto, los legisladores que suscriben se permiten someter a la consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente:

Acuerdo

Primero. La H. Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para que de acuerdo con sus atribuciones, realice y publique los estudios técnicos y científicos actualizados necesarios que den cuenta del estado de conservación que presenta en vida silvestre el cocodrilo de pantano.

Segundo. La H. Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para que por conducto de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, se realicen un mayor número de actividades de inspección para verificar que las condiciones de aprovechamiento y comercialización del cocodrilo de pantano se den en condiciones de sustentabilidad y protección para la especie.

Notas:
1. El nombre obedece al naturalista francés P.M.A. Morelet, quien descubrió la especie en México en el año de 1850. Ver. "Crocodylus moreletii". Crocodylian Species List. Crocodilians: Natural History and Conservation. Crocodile Specialist Group. En: http://www.flmnh.ufl.edu/cnhc/csp_cmor.htm. Página consultada el 26 de febrero de 2008.
2. SEMARNAP-INE. 1999. "Descripción y Distribución de las Especies Mexicanas" Proyecto para la Conservación, Manejo y Aprovechamiento de los Crocodylia en México", México, p. 93.
3. Idem. p. 94.
4. "Crocodylus moreletii". Crocodylian Species List. Crocodilians: Natural History and Conservation. Crocodile Specialist Group. En: http://www.flmnh.ufl.edu/cnhc/csp_cmor.htm. Página consultada el 26 de febrero de 2008.
5. "Species accounts" Crocodile Status Survey and Conservation Action Plan. Second Edition. Crocodilians: Natural History and Conservation. Crocodile Specialist Group. En: http://www.flmnh.ufl.edu/natsci/herpetology/act-plan/cmore.htm. Página consultada el 26 de febrero de 2008; SEMARNAP-INE. 1999. "Descripción y Distribución de las Especies Mexicanas" Proyecto para la Conservación, Manejo y Aprovechamiento de los Crocodylia en México", México, p. 94.
6. Margaleft, Ramón, investigador de la División Académica de Ciencias Biológicas citado en: "Inicia en la UJAT la segunda semana del cocodrilo" Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, 2 de julio 2007. En: http://www.ujat.mx/al_dia/2007/julio_07/02_segunda_semana_cocodrilo.html. Página consultada el 26 de febrero de 2008.
7. "Species accounts" Crocodile Status Survey and Conservation Action Plan. Second Edition. Crocodilians: Natural History and Conservation. Crocodile Specialist Group. En: http://www.flmnh.ufl.edu/natsci/herpetology/act-plan/cmore.htm. Página consultada el 26 de febrero de 2008.
8. SEMARNAP-INE. 1999. "1. Antecedentes" Proyecto para la Conservación, Manejo y Aprovechamiento de los Crocodylia en México", México, p. 93.
9. "Apéndices I, II y III de la CITES" En: http://www.cites.org/esp/app/index.shtml. Página consultada el 26 de febreo de 2008.
10. "Crocodylus moreletii" 1994 Categories and Criteria version 2.3. The IUCN Red List of Threatened Species. En: http://www.iucnredlist.org/info/categories_criteria1994#categories. Página consultada el 26 de febrero de 2008.
Domínguez Laso, Jerónimo. 2005. "Informe Final del Proyecto CS009 Determinación del Estado de las Poblaciones silvestres del cocodrilo de Pantano (Crocodylus moreletii) en México y evaluación de su estatus en la CITES." México, p. 41. En: www.conabio.gob.mx/institucion/proyectos/resultados/InfCS009.pdf. Página consultada el 26 de febrero de 2008.
11. Idem.
12. Idem.
13. Idem. Las negrillas son de la Comisión dictaminadora.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro de la honorable Cámara de Diputados, a los 22 días del mes de mayo de 2008.

La Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales

Diputados: Diego Cobo Terrazas (rúbrica), presidente; Jesús de León Tello (rúbrica), José Luis Espinosa Piña (rúbrica), Lucía Susana Mendoza Morales (rúbrica), Benjamín Hernández Silva (rúbrica), María Mercedes Colín Guadarrama (rúbrica), secretarios; Edmundo Javier Bolaños Aguilar (rúbrica), Adriana Dávila Fernández (rúbrica), José Antonio Díaz García, Emilio Ramón Ramiro Flores Domínguez (rúbrica), José Guillermo Fuentes Ortiz (rúbrica), Jorge Rubén Nordhausen González (rúbrica), Christian Martín Lujano Nicolás (rúbrica), Martha Angélica Romo Jiménez (rúbrica), Víctor Manuel Torres Herrera (rúbrica), Aleida Alavez Ruiz (rúbrica), María Soledad López Torres (rúbrica), Rafael Villicaña García (rúbrica), Juan Hugo de la Rosa García, Carlos Roberto Martínez Martínez (rúbrica), Armando Barreiro Pérez (rúbrica), Roberto Mendoza Flores (rúbrica), Martha Hilda González Calderón, Fernando Quetzalcóatl Moctezuma Pereda (rúbrica), Carlos Ernesto Zatarain González (rúbrica), Beatriz Manrique Guevara (rúbrica), Humberto López Lena Cruz (rúbrica) José Ascención Orihuela Bárcenas, Víctor Manuel Méndez Lanz.
 
 

DE LA COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, CON PUNTOS DE ACUERDO A FIN DE EXHORTAR A LA SEMARNAT Y A LA SAGARPA A INFORMAR DE LA SITUACIÓN ACTUAL Y APOYAR LA CREACIÓN DEL ÁREA DE PROTECCIÓN DE FLORA Y FAUNA SISTEMA ARRECIFAL LOBOS TUXPAN, FRENTE A TAMIAHUA Y TUXPAN, EN VERACRUZ

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, le fue turnado para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente, el expediente No. 3156, que contiene la propuesta con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, a informar la situación actual y apoyar la creación del área de protección de flora y fauna Sistema Arrecifal Lobos Tuxpan, frente a los municipios de Tamiahua y Tuxpan, en el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, presentado por el diputado Iñigo Antonio Laviada Hernández, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

En virtud del análisis y estudio del punto de acuerdo que se dictamina, esta comisión ordinaria, con base en las facultades que le confieren los artículos 39, numerales 1 y 2 fracción XXIV; y 45 numeral 6, incisos e) y f), y numeral 7 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 60, 65, 87, 88, 93 y 94 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de los integrantes de esta honorable Asamblea, el presente dictamen, de acuerdo con los siguientes:

Antecedentes

Primero. El 13 de diciembre de 2007, el diputado Iñigo Antonio Laviada Hernández, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó una propuesta con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, a informar la situación actual y apoyar la creación del área de protección de flora y fauna Sistema Arrecifal Lobos Tuxpan, frente a los municipios Tamiahua y Tuxpan en el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

Segundo. En esa misma fecha, el expediente No. 3156 que contiene la propuesta con punto de acuerdo fue turnada a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, para su análisis y elaboración del dictamen correspondiente, de conformidad con las siguientes:

Consideraciones

El Sistema Arrecifal Isla Lobos-Tuxpan se localiza frente a las costas de los municipios de Tamiahua y Tuxpan en el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y forma parte del Sistema Arrecifal Norveracruzano, entre los paralelos de 20º 45’ y 21º 18’, y entre los meridianos 97º 11’ y 97º 17’. Este sistema arrecifal de plataforma¹ pertenece a la Provincia Arrecifal Indo-Occidental del Caribe, dentro de la Región Arrecifal Atlántica y se divide en dos grupos conformados por tres arrecifes cada uno, a saber: "El grupo Tuxpan incluye a los arrecifes Tuxpan, En medio y Tanhuijo. El [grupo Lobos] incluye al arrecife Lobos, Medio y Blanquilla."² Se debe mencionar que esta zona de arrecifes es la más grande del norte de México.

La profundidad de la llanura del sistema arrecifal de Lobos-Tuxpan no es mayor a un metro y su longitud va de los 500 metros a los 3 kilómetros. La base del sistema Lobos-Tuxpan está constituida por corales pétreos, mientras que la zona de talud está dominada por corales de las familias Faviidae y Siderastreidae. En las zonas donde la profundidad no es mayor a los 15 metros se encuentran las especies Montastrea annularis, Colpophyllia natans, Diploria clivosa y D. strigosa; mientras que en las zonas con una profundidad mayor a los 15 metros sobresalen C. natans, Siderastrea siderea y Stephanocoenia intercepta.someras.³

Esta Comisión dictaminadora considera prudente señalar que la diversidad biológica del arrecife Lobos-Tuxpan es significativa, no en vano se encuentra localizado dentro de la Región Marina Prioritaria No. 47 "Pueblo Viejo-Tamiahua" de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad. Más aún, de acuerdo con el estudio técnico justificativo de la Universidad Veracruzana para decretar como área natural protegida a este sistema arrecifal: "Entre la fauna asociada al coral cabe mencionar a Davidaster rubiginosa, y las estrellas Linckia guildinguii, Copidaster liman, los erizos Diadema antillarum, Astropyga magnfica y los abundantes Echinometra viridis y E. lucunter, en los parches de arena se encuentran pepinos de mar. También están presentes las esponjas Spheciospongia vesparium, Ircinia strobilina, Ectyopliasia ferox y Aplysina fulva, siendo Cliona delitrix una de las esponjas más comunes. En los cabezos de coral también se encuentran poliquetos serpúlidos de la especie Spirobranchius giganteus."⁴

En el sistema se ha registrado la presencia de 25 especies de moluscos, entre los que destacan los caracoles Xancus angulatus, Strombus pugilis, Cipraea cebra y Cassis flamea, también es común encontrar a la especie de pulpo Octopus vulgaris. Un molusco raro es el Casco gigante Cassis madagascarensis.⁵ Por lo que se refiere a los crustáceos destaca la presencia Mitrax forceps, Stenopus hispidus, Stenorhynchus seticornis, Periclimenes americanus, Alpheus formosus. Por su parte las algas registran más de cien especies, entre las que se encuentran Halimeda opuntia, Penicillus pyriformis Dyctyota, Caulerpa racemosa, C. cupressoides, Ventricaria ventricosa, Microdictyon sp, Galaxaura sp. y Sargassum fluitans, que es más abundante en el verano.⁶

En cuanto a la ictiofauna, las familias mejor representadas en el sistema arrecifal, aunque no las únicas son: Serranidae, Labridae, Carangidae, Gobidae, Pomacentridae y Scaridae; siendo las especies más frecuentes: Bodianus rufus, Thalassoma bifasciatum, Halichoeres sp, Stegastes dorsopunicans y Chromis multilineata.⁷

Aunado a las especies antes enunciadas, el sistema arrecifal en comento alberga otras que se encuentran en alguna categoría de riesgo de acuerdo a la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2001. Protección ambiental- Especies nativas de México de flora y fauna silvestres- Categorías de riesgo y especificaciones para su inclusión, exclusión o cambio- Lista de especies en riesgo. Estas especies son: coral cuerno de alce (Acropora palmata), especie sujeta a protección especial y coral cuerno de ciervo (Acropora cervicornis), también sujeta a protección especial.

También se encuentran las siguientes especies incluidas en la Lista Roja de la Unión Mundial para la Conservación de la Naturaleza (UICN): Aetobatus narinari, casi amenazada; Cherna criolla (Epinephelus striatus), en peligro; Mycteroperca rubra, especie para la que no hay datos suficientes; Lutjanus anales, vulnerable; Lutjanus cyanopterus, vulnerable; Lachnolaimus maximus, vulnerable; Scarus guacamaia, vulnerable; Balistes vetula, vulnerable.⁸

Los servicios ambientales que el sistema arrecifal Lobos-Tuxpan provee son muy importantes, ya que resguarda a la zona costera de los daños que pueden ocasionar las tormentas tropicales y los huracanes. Asimismo, evita la erosión del suelo y las inundaciones, toda vez que entre la zona que separa el arrecife de la costa se encuentra un importante desarrollo de pastos marinos que además de retener los sedimentos, disminuye la fuerza del oleaje. No es fortuito que los estudios que sobre este ecosistema se han realizado estimen que a nivel mundial los servicios ambientales que éste brinda están valuados en 375 mil millones de dólares anuales.⁹

El sistema arrecifal de Lobos-Tuxpan, al igual que los otros, es sitio idóneo para la alimentación, la reproducción y la crianza de especies comerciales de peces. Para las comunidades de Tamiahua y Tuxpan, el arrecife representa una fuente importante de ingresos debido a que un importante número de pobladores se dedica a la pesca o a actividades turísticas. Como ejemplo esta Comisión dictaminadora se permite mencionar que: "los peces de importancia comercial que se capturan en el arrecife Lobos están representados por 64 especies pertenecientes a 40 géneros y 26 familias. De éstas 27 especies, 18 géneros y 11 familias son capturadas con fines alimenticios..."¹⁰

La presión que las actividades humanas ejercen en este tipo de ecosistema es de tal magnitud que hoy en día, de acuerdo al Grupo de Monitoreo Global de Arrecifes de Coral (Global Coral Reef Monitoring Network), el 27% de los arrecifes del mundo se encuentran severamente dañados. Entre estas actividades figuran los desarrollos costeros, la deforestación de zonas costeras y la agricultura. Dichas actividades han puesto en peligro al 60% de los arrecifes del mundo, entre ellos al Sistema Arrecifal Lobos-Tuxpan.

De acuerdo al Plan Sectorial de Medio Ambiente 2007-2012, una de las prioridades en la materia es el cuidado y conservación de nuestra riqueza biológica. Entre la que sin duda figura el sistema arrecifal Lobos - Tuxpan. Más aún, el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 reconoce que entre: "Los mecanismos más efectivos para la conservación de la biodiversidad son el establecimiento de áreas naturales protegidas y los esquemas de manejo sustentable que permiten integrar la conservación de la riqueza natural con el bienestar social y el desarrollo económico."¹¹

Esta Comisión dictaminadora recuerda que la figura de las áreas naturales protegidas se estableció a nivel legal con objeto de preservar la rica y variada diversidad biológica del país. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 44 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente éstas son: "las zonas del territorio nacional y aquellas sobre las que la Nación ejerce su soberanía y jurisdicción, en las que los ambientes originales no han sido significativamente alterados por la actividad del ser humano, o que requieren ser preservados y restaurados..."

Tal como señala el promovente, el 5 de junio de 2003 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el aviso por el que se informó al público en general que estaban a disposición los estudios para justificar la expedición del decreto para declarar al Sistema Arrecifal Lobos-Tuxpan, Área Natural Protegida (ANP) bajo la categoría de Área de Protección de Flora y Fauna.¹² Nueve meses después de publicado el aviso y dada la importancia del ecosistema en comento, esta soberanía aprobó un exhorto para agilizar los trámites necesarios para declarar al sistema arrecifal como área natural protegida, así como a suspender las autorizaciones y el otorgamiento de permisos de construcción de infraestructura comercial o turística en tanto no se decretara el ANP.¹³

A más de cuatro años y medio de la publicación del aviso para la propuesta de declaratoria, el decreto de creación no ha sido expedido por el Ejecutivo federal, por lo que esta Comisión dictaminadora se permitió consultar a las autoridades de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas sobre el estado que guarda el proceso para expedir el decreto de ANP. Sobre el particular, la CONANP informó que ya se habían elaborando las correcciones y ampliaciones para la segunda revisión de la manifestación de impacto regulatorio, por lo que habría que esperar a principios del mes de marzo para que la Comisión Federal de Mejora Regulatoria emitiera el dictamen final y así continuar con el proceso de decreto, es decir, enviar el anteproyecto a la Unidad Coordinadora Jurídica de la Presidencia de la República para que a su vez ésta la revise y publique en el Diario Oficial de la Federación.

Tomando en cuenta lo anterior, esta Comisión dictaminadora considera pertinente modificar el primer punto resolutivo del acuerdo que se dictamina y que a la letra dice: "Primero. Se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a presentar a esta soberanía un informe del estado actual de los trámites para la creación del área de protección de flora y fauna sistema arrecifal Lobos-Tuxpan, frente a los municipios de Tamiahua y Tuxpan, Veracruz y a agilizar las acciones para concretar su decreto." La redacción propuesta es la siguiente: "La H. Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a agilizar las acciones pertinentes para la expedición del Decreto de creación del Área Natural Protegida con el carácter de Área de Protección de Flora y Fauna "Sistema Arrecifal Lobos-Tuxpan", ubicado frente a los municipios de Tamiahua y Tuxpan, en el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave."

Los legisladores integrantes de la Comisión que dictamina coinciden con el promovente en que el Sistema Arrecifal Norveracruzano es un ecosistema que merecer ser protegido no sólo por los servicios ambientales y socio-económicos que provee, sino porque es urgente regular las actividades antropogénicas que tienen verificativo en la zona y que contribuyen significativamente a degradarlo. En ese sentido y tomando en consideración lo antes expuesto se permiten someter a la consideración de esta honorable Asamblea el siguiente:

Acuerdo

Primero. La H. Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a agilizar las acciones pertinentes para la expedición del decreto de creación del Área Natural Protegida con el carácter de Área de Protección de Flora y Fauna "Sistema Arrecifal Lobos-Tuxpan", ubicado frente a los municipios de Tamiahua y Tuxpan, en el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

Segundo. Se exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a apoyar decididamente la creación del Área Natural Protegida con el carácter de Área de Protección de Flora y Fauna "Sistema Arrecifal Lobos-Tuxpan", ubicado frente a los municipios de Tamiahua y Tuxpan, en el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, debido a la importancia que estos ecosistemas representan para la actividad de la pesquera en la región.

Notas:
1. Un arrecife de plataforma es aquel que posee una amplia llanura arrecifal o terraza de poca profundidad rodeada por un talud arrecifal. Tomado de: Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias. Universidad Veracruzana. "El Sistema Arrecifal Norveracruzano" En: http://www.uv.mx/bio_agro/Ecobuceo/sisarre_norver.htm. Página consultada el 22 de febrero de 2008.
2. Los corchetes son de la Comisión dictaminadora. Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias. Universidad Veracruzana. "El Sistema Arrecifal Norveracruzano" En: http://www.uv.mx/bio_agro/Ecobuceo/sisarre_norver.htm. Página consultada el 22 de febrero de 2008.
3. Universidad Veracruzana. 2003. "Propuesta para considerar como Área Natural Protegida en el Sistema Arrecifal Lobos-Tuxpam". En: http://209.85.173.104/search?q=cache:ZVKxCpL3VTkJ:www.conanp.gob.mx/anp/estudios_justificativos/tuxpam.doc+estudio+t%C3%A9cnico+justificativo+isla+Lobos-Tuxpan+%C3%A1rea+natural&hl=es&ct=clnk&cd=1&gl=mx. Página consultada el 25 de febrero de 2008.
4. Idem.
5. Idem.
6. Idem.
7. Idem.
8. Idem.
9. Ver. Costanza, R. et.al. 1997. "The value of the world’s ecosystem services and natural capital". Nature No. 387, pp. 253-260.
10. "Pesca en los arrecifes del Norte de Veracruz". Anexo Pesca. Documentos de Apoyo. Formulario MIR Moratoria para el anteproyecto: Decreto por el que se pretende declarar área natural protegida, con el carácter de Área de Protección de Flora y Fauna, la región conocida como Sistema Arrecifal Lobos- Tuxpan, con una superficie de 31,898-85-54.93 Hectáreas (TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTAS NOVENTA Y OCHO HECTÁREAS, OCHENTA Y CINCO ÁREAS Y CINCUENTA Y CUATRO PUNTO NOVENTA Y TRES CENTIÁREAS), localizada frente a las costas de los municipios de Tamiahua y Tuxpan, en el Estado de Veracruz, En: http://www.cofemermir.gob.mx/crLecAnte.asp?seccionid=F55&formId=55&submitid=10587. Página consultada el 25 de febrero de 2008.
11. Presidencia de la República. 2007. "Objetivo 4. Conservar los ecosistemas y la biodiversidad del país." Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012. México, p. 250.
12. Es importante recordar que de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 54 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, las áreas de protección de la flora y la fauna:" se constituirán de conformidad con las disposiciones de esta Ley, de la Ley General de Vida Silvestre, la Ley de Pesca y demás aplicables, en los lugares que contienen los hábitat de cuyo equilibrio y preservación dependen la existencia, transformación y desarrollo de las especies de flora y fauna silvestres. En dichas áreas podrá permitirse la realización de actividades relacionadas con la preservación, repoblación, propagación, aclimatación, refugio, investigación y aprovechamiento sustentable de las especies mencionadas, así como las relativas a educación y difusión en la materia.
Asimismo, podrá autorizarse el aprovechamiento de los recursos naturales a las comunidades que ahí habiten en el momento de la expedición de la declaratoria respectiva, o que resulte posible según los estudios que se realicen, el que deberá sujetarse a las normas oficiales mexicanas y usos del suelo que al efecto se establezcan en la propia declaratoria."
13. Anexo Exhorto. Documentos de Apoyo. Formulario MIR Moratoria para el anteproyecto: Decreto por el que se pretende declarar área natural protegida, con el carácter de Área de Protección de Flora y Fauna, la región conocida como Sistema Arrecifal Lobos- Tuxpan, con una superficie de 31,898-85-54.93 Hectáreas (TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTAS NOVENTA Y OCHO HECTÁREAS, OCHENTA Y CINCO ÁREAS Y CINCUENTA Y CUATRO PUNTO NOVENTA Y TRES CENTIÁREAS), localizada frente a las costas de los municipios de Tamiahua y Tuxpan, en el Estado de Veracruz, En: http://www.cofemermir.gob.mx/crLecAnte.asp?seccionid=F55&formId=55&submitid=10587. Página consultada el 25 de febrero de 2008.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro de la honorable Cámara de Diputados, a los 22 días del mes de mayo de 2008.

La Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales

Diputados: Diego Cobo Terrazas (rúbrica), presidente; Jesús de León Tello (rúbrica), José Luis Espinosa Piña (rúbrica), Lucía Susana Mendoza Morales (rúbrica), Benjamín Hernández Silva (rúbrica), María Mercedes Colín Guadarrama (rúbrica), secretarios; Edmundo Javier Bolaños Aguilar (rúbrica), Adriana Dávila Fernández (rúbrica), José Antonio Díaz García, Emilio Ramón Ramiro Flores Domínguez (rúbrica), José Guillermo Fuentes Ortiz (rúbrica), Jorge Rubén Nordhausen González (rúbrica), Christian Martín Lujano Nicolás (rúbrica), Martha Angélica Romo Jiménez (rúbrica), Víctor Manuel Torres Herrera (rúbrica), Aleida Alavez Ruiz (rúbrica), María Soledad López Torres (rúbrica), Rafael Villicaña García (rúbrica), Juan Hugo de la Rosa García, Carlos Roberto Martínez Martínez (rúbrica), Armando Barreiro Pérez (rúbrica), Roberto Mendoza Flores (rúbrica), Martha Hilda González Calderón, Fernando Quetzalcóatl Moctezuma Pereda (rúbrica), Carlos Ernesto Zatarain González, Beatriz Manrique Guevara (rúbrica), Humberto López Lena Cruz (rúbrica) José Ascención Orihuela Bárcenas, Víctor Manuel Méndez Lanz.
 
 

DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS INDÍGENAS, CON PUNTO DE ACUERDO A FIN DE EXHORTAR A LA COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS A INFORMAR SOBRE EL RESULTADO DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA DE PROGRAMA ESPECIAL DE ATENCIÓN A PUEBLOS Y COMUNIDADES QUE VIVEN EN EL BOSQUE

Honorable Asamblea:

La diputada Oralia Vega Ortiz, a nombre de los diputados integrantes de la mesa directiva de la Comisión Especial de Atención a Pueblos que Viven en el Bosque, en uso de las facultades que le confieren los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentó ante el pleno de esta soberanía una proposición con punto de acuerdo "por el que se exhorta a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas informe el resultado de las actividades realizadas para definir la pertinencia de elaborar un Programa Especial de atención a Pueblos y Comunidades que Viven en el Bosque. En los términos previstos por los artículos 39, numerales 1 y 3, y 45 numeral 6 inciso F, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, habiendo estudiado la proposición con punto de acuerdo de referencia, la Comisión que suscribe presenta a la consideración de esta H. Asamblea los siguientes:

I. Antecedentes

El 7 de mayo de 2008, la diputada Oralia Vega Ortiz, presentó ante el Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a nombre de los integrantes de la mesa directiva de la Comisión Especial de atención a Pueblos y Comunidades que Viven en el Bosque, la proposición con punto de acuerdo de referencia.

A dicha proposición, la Presidencia de la Mesa de la Comisión Permanente dictó el siguiente trámite: "se turnó a la Comisión de Asuntos Indígenas de la Cámara de Diputados".

El 8 de mayo 2008, se recibió en la Comisión de Asuntos Indígenas la proposición con punto de acuerdo, y en fecha 13 de mayo, se turnó a los diputados integrantes de la comisión para su conocimiento y efectos de dictamen.

II. Exposición de Motivos

La proposición de referencia expresa que la misión de la Comisión Especial de Atención a Pueblos que Viven en el Bosque, es coadyuvar con las autoridades federales, estatales y municipales, organizaciones civiles para incrementar los niveles de bienestar y desarrollo sustentable.

Asimismo señala que, el pasado 12 de abril de 2007, el diputado Joel Guerrero Juárez, presentó punto de acuerdo para solicitar a las diversas dependencias del Ejecutivo federal informaran a esta Cámara de Diputados, sobre programas y acciones concretas emprendidas para el desarrollo de los pueblos que viven en el bosque.

El 16 de mayo de ese mismo año, la Cámara de Diputados, recibió respuesta del Ejecutivo federal a lo que planteaba el punto de acuerdo anteriormente señalado. De esa manera la Comisión Nacional Forestal (Conafor) informó de las acciones y programas emprendidos para el desarrollo de los pueblos y comunidades que viven en el bosque.

Por su parte, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa); de Reforma Agraria (SRA) y de Desarrollo Social (Sedesol), de igual manera informaron que sí tenían programas que incluían como beneficiarios a algunos productores de los pueblos y comunidades que viven en el bosque, pero que no tenían un programa exclusivo, como lo plantea el punto de acuerdo del 12 de abril de 2007.

Finalmente, el 27 de julio de 2007, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados hizo llegar a la Comisión Especial de Atención a Pueblos que Viven en el Bosque, copia de oficios de la CDI en la que se convoca a las anteriores dependencias federales a participar en una reunión de trabajo a fin de determinar la pertinencia de poner en marcha un programa especial de atención a pueblos y comunidades que viven en el bosque.

III. Consideraciones

Respecto a su formulación, la proposición con punto de acuerdo cumple los términos previstos en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

La ciudadana diputada quien presenta la proposición, hace referencia a un asunto del cual le corresponde conocer en su carácter de representante de la nación de conformidad con lo dispuesto en el artículo 51 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pero al mismo tiempo presenta la proposición en nombre de los diputados integrantes de la mesa directiva de la Comisión Especial de referencia, visto que los autores de la proposición firman el citado punto de acuerdo motivo de este dictamen, esta Comisión considera que dicha proposición cumple con los términos previstos en el artículo 43 de la Ley Orgánica y del artículo 78 del Reglamento para el Gobierno Interior, ambos del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Para el desahogo del punto de acuerdo turnado a esta Comisión, se tomaron las opiniones de la propia mesa directiva de la Comisión Especial que presenta la proposición de referencia. En copias de documentos entregados a esta Comisión de Asuntos Indígenas por la mesa directiva de la Comisión Especial de referencia, se da cuenta de dos minutas de reuniones sostenidas entre servidores públicos de diferentes dependencias federales y representante de la Comisión Especial de referencia.

La primera de ellas realizada el día 2 de agosto del 2007, en la que participaron servidores públicos de la Secretaría de Gobernación (Segob), Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), de la Reforma Agraria (SRA), Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (Conadepi) y representante de la Comisión Especial de Atención a Pueblos que Viven en el Bosque, con el objeto de atender el punto de acuerdo aprobado por el pleno de la Cámara de Diputados el 12 de abril de 2007.

De esta primera minuta, se desprenden tres acuerdos principales:

Es de notarse que en esta reunión ya no estuvo presente el representante de la Comisión Especial de referencia, debido a que los representantes de las dependencias les manifestaron que no sería necesaria su presencia, motivo por el cual ya no acudió a ninguna otra reunión de esta naturaleza.

En esta segunda minuta, encontramos ocho acuerdos.

De las minutas obtenidas por esta Comisión de Asuntos Indígenas, resulta que el Ejecutivo federal ha atendido al punto de acuerdo aprobado por el pleno de la Cámara de Diputados, en la que, entre otras cosas, se exhorta al Ejecutivo federal se elabore un Programa Especial de atención a Pueblos y comunidades que viven en el bosque.

Sin embargo, también es de considerarse que, en el desarrollo de las actividades de las dependencias y entidades federales para atender este punto de acuerdo, en la minuta del 16 de agosto, se observa en el acuerdo tercero referente a que la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas será la encargada de informar al Legislativo de los acuerdos y acciones que se realicen para la atención del punto de acuerdo que dio origen a esas reuniones.

Por su parte la Comisión Especial para la Atención de Pueblos y Comunidades que Viven en el Bosque llaman la atención en su exposición de motivos sobre este asunto en particular, cuando dicen que con la finalidad de conocer los resultados de las reuniones posteriores, así como otras actividades de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, el pasado 20 de febrero del año en curso, la mesa directiva de esta Comisión concertó una audiencia con el titular de la Unidad de Coordinación y Enlace. Sin embargo, en la fecha y hora concertada se nos informó que el titular no nos atendería.

Más adelante señalan que a la fecha no han recibido ninguna información relativa a los resultados finales de estas reuniones.

Las y los integrantes de esta Comisión de Asuntos Indígenas consideran, que muchos de los pueblos indígenas del país se asientan en territorios boscosos, (se calculan que alrededor de 5 millones son campesinos e indígenas) y que la falta de infraestructura básica en esas zonas o atención de la salud adecuada, los convierte en la población más vulnerable para padecer enfermedades; además la falta de empleos dignos y bien remunerados los convierte en fácil presa de la delincuencia organizada que se aprovecha de sus circunstancias para obligarlos a la producción de productos ilícitos, por lo que un programa especial para la atención de estas comunidades sería necesario elaborarlo y llevarlo a cabo.

Por otra parte, para el cumplimiento de lo que establece el artículo 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, es menester contar con el apoyo y la disposición de las dependencias federales como en este caso. Sin embargo, tal como lo señala la Comisión Especial de referencia, no ha encontrado plena disposición de una de las dependencias, en este caso de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, que se encargaría de informar al Legislativo de los acuerdos y acciones para la atención del punto de acuerdo.

En términos del segundo párrafo del artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esta soberanía tiene la facultad para llamar al titular de la Conadepi a informar de los asuntos en comento. Sin embargo, esta Comisión de Asuntos Indígenas considera que dado que se han llevado a cabo reuniones para atender el punto de acuerdo del pleno de la Cámara de Diputados de fecha 12 de abril de 2007, es necesario que se informe al Legislativo del avance de estas reuniones a través de la dependencia en quien recayó dicha responsabilidad, tal como se observan en las minutas de dichas reuniones referidas párrafos arriba.

En este orden de ideas, se considera de procedente lo expuesto en el punto de acuerdo de referencia; existe la necesidad de que se elabore un Programa Especial de Atención a Pueblos y Comunidades que Viven en el Bosque. Que dicho programa se elabore cuanto antes, para que esta soberanía esté en condiciones de atender las necesidades presupuestales que se deriven de él y que se formulen las reglas de operación con las que vaya a operar.

Ahora bien, conforme a las facultades ya referidas, en el ámbito del respeto a las funciones de los Poderes de la Unión; se deberá exhortar al Ejecutivo federal, a través de sus dependencias federales, a que en el ámbito de su competencia instrumente las acciones contenidas en la proposición con punto de acuerdo que nos ocupa.

Por lo anterior, esta Comisión de Asuntos Indígenas:

Conforme a las facultades que le confieren los artículos 39, 45 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos:

IV. Resuelve

Único: Se exhorta a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas informe a esta soberanía el resultado de las actividades realizadas en la elaboración de la propuesta del Programa Especial de atención a Pueblos y comunidades que viven en el bosque, en el cual se incluyan: la de protección y cuidado del bosque, el empleo, la vivienda, la educación, la salud y el desarrollo sustentable en el marco de las leyes en la materia.

Así se acordó y votó en sesión plenaria de la Comisión de Asuntos indígenas, realizada en fecha. Con fundamento en el artículo 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se emite el sentido de la votación.

Diputados: Marcos Matías Alonso (rúbrica), presidente; Martha Cecilia Díaz Gordillo (rúbrica), Humberto Wilfrido Alonso Razo (rúbrica), José Guadalupe Rivera Rivera (rúbrica), Wenceslao Herrera Coyac (rúbrica), secretarios; Víctor Aguirre Alcaide, Lourdes Alonso Flores (rúbrica), Higinio Chávez García, Othón Cuevas Córdova (rúbrica), Rafael Franco Melgarejo, Carlos Roberto Martínez Martínez, Elmar Darinel Díaz Solórzano, Yary del Carmen Gebhardt Garduza (rúbrica), Elda Gómez Lugo (rúbrica), Guillermina López Balbuena (rúbrica), Gustavo Ildefonso Mendívil Amparán (rúbrica), Ismael Ordaz Jiménez (rúbrica), Pascual Bellizzia Rosique (rúbrica), Anuario Luis Herrera Solís, Tomás José Luis Varela Lagunas (rúbrica), Silvio Gómez Leyva, Felipe Díaz Garibay (rúbrica), Joaquín Jesús Díaz Mena, Francisco Antonio Fraile García, Ma. Dolores González Sánchez, Ramón Landeros González (rúbrica), Gustavo Macías Zambrano, Jorge Alejandro Salum del Palacio (rúbrica), María Gloria Guadalupe Valenzuela García, Alberto Vázquez Martínez.
 
 

DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS INDÍGENAS, CON PUNTO DE ACUERDO PARA EXHORTAR A LOS CONGRESOS ESTATALES Y A LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL A LEGISLAR EN MATERIA INDÍGENA, EN BUSCA DE ARMONIZAR LOS ORDENAMIENTOS LOCALES CON LO QUE ESTABLECEN EL ARTÍCULO 2o. CONSTITUCIONAL, LA DECLARACIÓN DE NACIONES UNIDAS SOBRE DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS, EL CONVENIO 169 DE LA OIT Y DEMÁS INSTRUMENTOS JURÍDICOS

Honorable Asamblea:

El diputado Carlos Augusto Bracho González, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, en uso de las facultades que le confieren los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentó ante el pleno de esta soberanía una proposición con punto de acuerdo "por el que se exhorta a los Congresos de los estados, así como a la ALDF, legislen en materia indígena".

En los términos previstos por los artículos 39, numerales 1 y 3, y 45 numeral 6 inciso F, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, habiendo estudiado la proposición con punto de acuerdo de referencia, la comisión que suscribe presenta a la consideración de esta H. Asamblea los siguientes:

I. Antecedentes

El 13 de diciembre de 2007, el diputado Carlos Augusto Bracho González, presentó ante el pleno de esta Cámara de Diputados la proposición con punto de acuerdo de referencia.

A dicha proposición, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados dictó el siguiente trámite: "túrnese a la Comisión de Asuntos Indígenas".

El 14 de enero de 2008, se recibió en la Comisión de Asuntos Indígenas la proposición con punto de acuerdo, y en fecha 16 de enero, se turnó a los diputados integrantes de la comisión para su conocimiento y efectos de dictamen.

II. Exposición de Motivos

La proposición de referencia expresa que como un reconocimiento a la autonomía, libre determinación, usos y costumbres, a la igualdad de derechos de hombres y mujeres indígenas, al respeto a sus derechos humanos, así como el derecho a la explotación de sus territorios y recursos naturales por parte de las etnias, falta mucho por hacer.

En relación a lo anterior, señala con preocupación que sólo cinco Legislaturas estatales se han ocupado de legislar en esta materia. Aún cuando, en efecto, el artículo segundo de la Constitución Federal remite a las constituciones y leyes de las entidades federativas el reconocimiento de los pueblos y comunidades indígenas.

Señala también la proposición de referencia, como una preocupación más, que existen Congresos en las entidades federativas que no tienen Comisión de Asuntos Indígenas en su respectiva legislatura.

III. Consideraciones

Respecto a su formulación, la proposición con punto de acuerdo cumple los términos previstos en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

El ciudadano diputado autor de la proposición, hace referencia a un asunto del cual le corresponde conocer en su carácter de representante de la nación de conformidad con lo dispuesto en el artículo 51 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

A efecto de fundamentar la proposición, el documento en análisis expresa que de las 32 Legislaturas estatales en nuestro país la mayoría de ellas sólo han adecuado su marco constitucional local al de las reformas del artículo 1° y 2° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pero además a la mayoría de ellas les hace falta emitir su propia ley reglamentaria en materia indígena, indispensable para hacer efectiva la aplicación y exigibilidad de sus derechos por parte de pueblos y comunidades indígenas.

Si bien en varias legislaciones estatales se reconoce la existencia de los pueblos y comunidades indígenas y algunas de ellas tienen un alcance mayor a lo que establece la Constitución Política de los EUM, la mayoría de ellas se circunscriben a lo que establecieron las reformas constitucionales del año 2001, misma que tuvo el rechazo de la mayoría de los pueblos indígenas. Debido a varias razones, entre otras, a que el artículo segundo constitucional deja en manos de las Legislaturas locales el reconocimiento de quiénes deben ser los sujetos del derecho, es decir, quiénes son pueblos indígenas en sus entidades federativas. Además de no reconocer plenamente el derecho de los pueblos indígenas a la posesión, utilización y aprovechamiento de sus tierras, territorios y recursos naturales, como bien lo señala el diputado autor de la proposición.

Lo anterior ha llevado a que incluso, en algunas entidades federativas se caigan en contradicciones. Por ejemplo, de las constituciones estatales que contienen disposiciones en materia de reconocimiento de derechos indígenas, sólo seis actualizaron sus disposiciones con respecto a las reformas del año 2001, pero todas trasladan a su cuerpo normativo los contenidos de la Constitución Federal. Como señala el investigador Francisco López Bárcenas, en el texto del CEDRSSA sobre Legislación y derechos indígenas en México "Lo precedente, muestra un problema en doble sentido: por un lado no se hace uso de las facultades constitucionales reservadas a las entidades federativas, y por el otro se incluyen en las leyes estatales materias reservadas para su regulación a la Federación, con lo cual se invaden facultades de aquella, con lo cual se convierten en normas inválidas".

El reconocimiento de los derechos de los Pueblos Indígenas en nuestro país, sigue siendo pues una deuda pendiente de la sociedad mexicana con nuestros pueblos originarios. Sin embargo, esta Comisión considera importante lo que promueve el ciudadano diputado, pues recordamos aquí, que la LX Legislatura de la Cámara Federal de Diputados, aprobó, por unanimidad, un punto de acuerdo, en el que se reconoce la importancia de armonizar la legislación nacional con lo que establece la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, aprobado por la Asamblea General de la ONU en el año 2007, en la que el gobierno mexicano jugó un papel importante para lograr la aprobación de este instrumento jurídico internacional.

El caso del documento de análisis atiende precisamente en este sentido y, las y los integrantes de esta Comisión de Asuntos Indígenas consideran imperativo que de igual manera las legislaturas estatales, no sólo actualicen sus disposiciones constitucionales y leyes en materia de derechos de los pueblos indígenas con lo establecido en los artículos 1° y 2° constitucionales, sino que hagan uso de las facultades constitucionales reservadas a las entidades federativas y, puedan ir más allá, en el sentido de armonizar sus disposiciones constitucionales y leyes reglamentarias con lo que establece la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, el Convenio 169 de la OIT, ratificado por el Senado de la República, así como otros instrumentos del derecho internacional, como por ejemplo, la Convención de Diversidad Biológica, la Convención de Diversidad Cultural, entre otros.

En este orden de ideas, se considera de importancia lo expuesto en el punto de acuerdo de referencia; existe una necesidad real de legislar en materia de derechos plenos de los pueblos y comunidades indígenas.

Ahora bien, conforme a las facultades ya referidas, se desprende que esta Comisión legislativa, de conformidad con el mandato constitucional de respeto a los poderes de los estados (artículos 40, 71, 115, entre otros), estima conveniente y necesario exhortar a los Congresos de los estados y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a que en el ámbito de su competencia instrumenten las acciones contenidas en la proposición con punto de acuerdo que nos ocupa.

Por lo anterior, esta Comisión de Asuntos Indígenas:

Conforme a las facultades que le confieren los artículos 39, 45 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos:

IV. Resuelve

Único: Se exhorta a los Congresos de los estados de la Federación, así como a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, para que, haciendo uso de las facultades constitucionales reservadas a las entidades federativas, legislen en materia indígena, buscando armonizar la legislación estatal con lo que establecen el artículo 2º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, el Convenio 169 de la OIT y demás instrumentos jurídicos en que se reconocen los derechos de los Pueblos Indígenas.

Así se acordó y votó en sesión plenaria de la Comisión de Asuntos Indígenas, realizada en fecha. Con fundamento en el artículo 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se emite el sentido de la votación:

Diputados: Marcos Matías Alonso (rúbrica), presidente; Martha Cecilia Díaz Gordillo (rúbrica), Humberto Wilfrido Alonso Razo (rúbrica), José Guadalupe Rivera Rivera (rúbrica), Wenceslao Herrera Coyac (rúbrica), secretarios; Víctor Aguirre Alcaide, Lourdes Alonso Flores (rúbrica), Higinio Chávez García, Othón Cuevas Córdova (rúbrica), Rafael Franco Melgarejo, Carlos Roberto Martínez Martínez, Elmar Darinel Díaz Solórzano, Yary del Carmen Gebhardt Garduza (rúbrica), Elda Gómez Lugo (rúbrica), Guillermina López Balbuena (rúbrica), Gustavo Ildefonso Mendívil Amparán (rúbrica), Ismael Ordaz Jiménez (rúbrica), Pascual Bellizzia Rosique (rúbrica), Anuario Luis Herrera Solís, Tomás José Luis Varela Lagunas (rúbrica), Silvio Gómez Leyva, Felipe Díaz Garibay (rúbrica), Joaquín Jesús Díaz Mena (rúbrica), Francisco Antonio Fraile García, Ma. Dolores González Sánchez, Ramón Landeros González (rúbrica), Gustavo Macías Zambrano, Jorge Alejandro Salum del Palacio, María Gloria Guadalupe Valenzuela García, Alberto Vázquez Martínez.
 
 

DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS INDÍGENAS, CON PUNTO DE ACUERDO A FIN DE EXHORTAR AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL A EFECTO DE QUE LA COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS IMPLANTE ACCIONES QUE GARANTICEN A LOS PUEBLOS INDÍGENAS QUE HABITAN EN ZONAS URBANAS EL ACCESO EQUITATIVO A LOS PROGRAMAS QUE SE MANEJAN

I. Antecedentes

Con fecha 6 de diciembre del 2007, la diputada federal María Soledad Limas Frescas, integrante del Grupo Parlamentario del PAN, en uso de las facultades que le confieren los artículos 58 y 59 del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentó al pleno de la Asamblea de la Cámara de Diputados, la proposición con punto de acuerdo para hacer un atento exhorto al Ejecutivo federal, a efecto de que la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, implemente de manera oportuna acciones tendientes a garantizar a los integrantes de pueblos indígenas que habitan en zonas urbanas, el acceso equitativo y urgente de los programas que maneja.

El 13 de diciembre del 2007, esta Comisión, recibió la proposición con punto de acuerdo, para su dictamen correspondiente.

II. Exposición de Motivos

La proposición en referencia expresa que:

Como señala la proposición, la presencia indígena en México se había concentrado históricamente en sitios más o menos acotados, entre ellos antiguas demarcaciones y espacios comunitarios tradicionales. En las últimas cinco décadas, dentro del proceso de urbanización del país, la población indígena ha emprendido desplazamientos sostenidos en volúmenes significativos a zonas metropolitanas como México, Guadalajara, Monterrey y Puebla, así como conurbaciones y ciudades, las cuales se han convertido en nuevas áreas de atracción.

Datos del Consejo Nacional de Población, señalan que, "...en el conjunto del sistema urbano nacional habitan 4.2 millones de indígenas, quienes representan uno de cada tres indígenas del país: 2.6 millones en las zonas metropolitanas, 311 mil en las conurbaciones y 1.3 millones en otro tipo de ciudades. La presencia étnica significa una proporción relativamente pequeña con respecto al total de la población en las zonas metropolitanas (5.9%), conurbaciones (5.6%) y otras ciudades (8.0%); no obstante, que su presencia sea importante en términos absolutos...".

Por otra parte el apartado "B" de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que "La Federación, los estados y los municipios, para promover la igualdad de oportunidades de los indígenas y eliminar cualquier practica discriminatoria, establecerán las instituciones y determinaran las políticas necesarias para garantizar la vigencia de los derechos de los indígenas y el desarrollo integral de sus pueblos y comunidades, las cuales deberán ser diseñadas y operadas conjuntamente con ellos".

Conforme a la Ley que crea la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas –CDI– tiene como objeto "...orientar, coordinar, promover, apoyar, fomentar, dar seguimiento y evaluar los programas, proyectos, estrategias y acciones públicas para el desarrollo integral y sustentable de los pueblos y comunidades indígenas de conformidad con el artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos...".

Sin embargo, desde la creación de la CDI, no se han ajustado los programas de esta institución, a la nueva realidad del país señalada, en donde uno de cada tres indígenas residen en el ciudades del país, operando programas que fueron diseñados por su antecesor, el Instituto Nacional Indigenista, centrados en las comunidades de origen de los integrantes de los pueblos indígenas (albergues escolares indígenas, infraestructura básica para la atención de los pueblos indígenas, fomento y desarrollo de las culturas indígenas, fondos regionales indígenas, organización productiva para mujeres indígenas, promoción de convenios en materia de justicia, turismo alternativo en zonas indígenas, apoyo a la producción Procapi, sistema de radiodifusoras culturales indigenistas).

Si bien, esta institución ha considerado acciones para la atención indígena en ciudades, están han sido, extensión de los programas señalados, que no considera las circunstancias propias de los indígenas que residen en las ciudades.

Por lo anterior, esta Comisión de Asuntos Indígenas, conforme a las facultades que le confieren los artículos 39, 45 y demás relativos a la Ley Orgánica del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, resuelve:

Primero: Se solicita al Ejecutivo federal para que la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) informe de las acciones que hasta ahora ha puesto en marcha para la atención a la población indígena habitante en zonas urbanas.

Segundo: Se exhorta al Ejecutivo federal para que la CDI dé cumplimiento a las atribuciones que le confiere el artículo segundo de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos así como a la Ley que la crea para: 1) implementar acciones específicas para atender a los integrantes de los pueblos indígenas que habitan en zonas urbanas del país; 2) diseñar e implementar programas y acciones acordes con las circunstancias y necesidades básicas de esta población: agua, salud, vivienda y educación; 3) considerar en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el año 2009, recursos suficientes para la implementaciones de dichos programas y acciones.

Así se acordó y votó en sesión plenaria de la Comisión de Asuntos Indígenas, realizada el día cuatro de junio de dos mil ocho. Con fundamento en el artículo 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Diputados: Marcos Matías Alonso (rúbrica), presidente; Martha Cecilia Díaz Gordillo (rúbrica), Humberto Wilfrido Alonso Razo (rúbrica), José Guadalupe Rivera Rivera (rúbrica), Wenceslao Herrera Coyac (rúbrica), secretarios; Víctor Aguirre Alcaide, Lourdes Alonso Flores (rúbrica), Higinio Chávez García, Othón Cuevas Córdova (rúbrica), Rafael Franco Melgarejo, Carlos Roberto Martínez Martínez, Elmar Darinel Díaz Solórzano, Yary del Carmen Gebhardt Garduza (rúbrica), Elda Gómez Lugo (rúbrica), Guillermina López Balbuena (rúbrica), Gustavo Ildefonso Mendívil Amparán (rúbrica), Ismael Ordaz Jiménez (rúbrica), Pascual Bellizzia Rosique (rúbrica), Anuario Luis Herrera Solís, Tomás José Luis Varela Lagunas (rúbrica), Silvio Gómez Leyva, Felipe Díaz Garibay (rúbrica), Joaquín Jesús Díaz Mena, Francisco Antonio Fraile García, Ma. Dolores González Sánchez, Ramón Landeros González (rúbrica), Gustavo Macías Zambrano, Jorge Alejandro Salum del Palacio (rúbrica), María Gloria Guadalupe Valenzuela García, Alberto Vázquez Martínez.
 
 

DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS INDÍGENAS, CON PUNTO DE ACUERDO A FIN DE EXHORTAR A LOS CONGRESOS ESTATALES A PROMOVER REFORMAS EN MATERIA ELECTORAL PARA GARANTIZAR LOS DERECHOS DE LAS INDÍGENAS, CONSAGRADOS EN LA CONSTITUCIÓN FEDERAL Y EN LOS INSTRUMENTOS INTERNACIONALES APLICABLES

Honorable Asamblea:

La diputada federal Irma Piñeyro Arias, del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza, en uso de las facultades que le confieren los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentó ante el pleno de esta soberanía una proposición con punto de acuerdo "por el que se exhorta a los Congresos de los estados de la Federación, con población étnica regida por el sistema de usos y costumbres, a promover reformas en sus leyes electorales que garanticen a la mujer indígena sus derechos dispuestos en los artículos 2°, 4° y 35 constitucionales".

En los términos previstos por los artículos 39, numerales 1 y 3, y 45 numeral 6 inciso F, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, habiendo estudiado la proposición con punto de acuerdo de referencia, la comisión que suscribe presenta a la consideración de esta H. Asamblea los siguientes:

I. Antecedentes

El 4 de marzo de 2008, la diputada Irma Piñeyro Arias, presentó ante el pleno de esta Cámara de Diputados la proposición con punto de acuerdo de referencia.

A dicha proposición, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados dictó el siguiente trámite: "túrnese a la Comisión de Asuntos Indígenas".

El5 de marzo de 2008, se recibió en la Comisión de Asuntos Indígenas la proposición con punto de acuerdo, y en fecha 11 de marzo, se turnó a los diputados integrantes de la comisión para su conocimiento y efectos de dictamen.

II. Exposición de Motivos

La proposición de referencia expresa que la población indígena en México asciende a 13 millones de personas y representan el 12 por ciento de la población mexicana y se identifica entre estos grupos a 62 pueblos indígenas.

Que en algunas entidades se reconoce la elección de autoridades a través del sistema de "usos y costumbres".

El artículo 2° constitucional reconoce, entre otras cosas, el derecho de los pueblos y las comunidades indígenas a "elegir de acuerdo con sus normas, procedimientos y prácticas tradicionales, a las autoridades o representantes para el ejercicio de sus formas propias de gobierno interno, garantizando la participación de las mujeres en condiciones de equidad frente a los varones...".

Lo anterior justifica plenamente que, en procesos de elección de autoridades en sistemas tradicionales, se respete el derecho de la mujer a votar y ser votada, tal como lo establece también el artículo 4° constitucional.

Es importante señalar que el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos establece que "Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a garantizar a hombres y mujeres la igualdad en el goce de todos los derechos civiles y políticos enunciados en el presente Pacto". Los artículos 25 y 26 del mismo Pacto precisan estos derechos para ser votados y elegidos y no ser motivos de discriminación.

En función de lo anterior, las y los integrantes de esta Comisión de Asuntos Indígenas valoran el interés y el contenido de la proposición, bajo las siguientes:

III. Consideraciones

Respecto a su formulación, la proposición con punto de acuerdo cumple los términos previstos en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

La ciudadana diputada, autora de la proposición, hace referencia a un asunto del cual le corresponde conocer en su carácter de representante de la nación de conformidad con lo dispuesto en el artículo 51 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

A efecto de fundamentar la proposición, el documento en análisis expresa que la población indígena en México asciende a 13 millones de personas y representan el 12 por ciento de la población mexicana y se identifica entre estos grupos a 62 pueblos indígenas.

Que vivimos en un país con una población multicultural, multiétnica y multilingüistica, que mantiene sistemas normativos basados en tradiciones ancestrales transmitidas oralmente por generaciones. En estas comunidades y municipios indígenas, existe tradición de que en ese espacio interno, la elección de autoridades es un privilegio de los hombres, que lo justifican en el marco de los usos y costumbres.

Si bien en varias legislaciones estatales se reconoce la existencia de los pueblos y comunidades indígenas y algunas de ellas tienen un alcance mayor a la constitución, la mayoría de ellas se circunscriben a lo que establecieron las reformas constitucionales del año 2001, misma que tuvo el rechazo de la mayoría de los pueblos indígenas. Más aún, en los casos de los derechos de las mujeres indígenas, éstos se encuentran poco reconocidos.

El reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas en nuestro país, sigue siendo una deuda pendiente de la sociedad mexicana con nuestros pueblos originarios. Sin embargo, esta comisión considera importante lo que promueve la ciudadana diputada, pues la legislación nacional en materia de derechos indígenas, aún con sus deficiencias y el rechazo de que fue objeto por parte de la mayoría de los pueblos indígenas, la consideramos un instrumento actual para promover la defensa de casos específicos.

El caso del documento de análisis es precisamente uno de ellos, y, las y los integrantes de esta comisión consideran imperativo impulsar la participación activa de las mujeres, en todos los ámbitos de toma de decisiones.

En este orden de ideas, se considera de importancia lo expuesto en el punto de acuerdo de referencia; existe una necesidad real de atender la problemática de la participación de las mujeres particularmente en el caso de los sistemas de usos y costumbres donde exista legislación en esta materia.

Ahora bien, conforme a las facultades ya referidas, se desprende que esta comisión legislativa no tiene atribuciones para instruir a los Congresos de los estados para que realicen una determinada acción respecto del presente asunto, ello en el ámbito de respeto a las funciones de los Poderes de la Unión; sin embargo, se deberá en todo caso exhortar a los Congresos de los estados a que en el ámbito de su competencia instrumenten las acciones contenidas en la proposición con punto de acuerdo que nos ocupa.

Por lo anterior, esta Comisión de Asuntos Indígenas:

Conforme a las facultades que le confieren los artículos 39, 45 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos:

IV. Resuelve

Único: Se exhorta a los Congresos de los estados de la Federación, con base a lo establecido en el artículo 2º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a promover reformas en materia electoral a fin de que se garanticen los derechos de las mujeres indígenas, consagrados en la Constitución Federal y demás instrumentos internacionales.

Así se acordó y votó en sesión plenaria de la Comisión de Asuntos Indígenas, realizada en fecha. Con fundamento en el artículo 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se emite el sentido de la votación:

Diputados: Marcos Matías Alonso (rúbrica), presidente; Martha Cecilia Díaz Gordillo (rúbrica), Humberto Wilfrido Alonso Razo (rúbrica), José Guadalupe Rivera Rivera (rúbrica), Wenceslao Herrera Coyac (rúbrica), secretarios; Víctor Aguirre Alcaide, Lourdes Alonso Flores (rúbrica), Higinio Chávez García, Othón Cuevas Córdova (rúbrica), Rafael Franco Melgarejo, Carlos Roberto Martínez Martínez, Elmar Darinel Díaz Solórzano, Yary del Carmen Gebhardt Garduza (rúbrica), Elda Gómez Lugo (rúbrica), Guillermina López Balbuena, Gustavo Ildefonso Mendívil Amparán (rúbrica), Ismael Ordaz Jiménez (rúbrica), Pascual Bellizzia Rosique (rúbrica), Anuario Luis Herrera Solís, Tomás José Luis Varela Lagunas (rúbrica), Silvio Gómez Leyva, Felipe Díaz Garibay (rúbrica), Joaquín Jesús Díaz Mena, Francisco Antonio Fraile García, Ma. Dolores González Sánchez, Ramón Landeros González (rúbrica), Gustavo Macías Zambrano, Jorge Alejandro Salum del Palacio (rúbrica), María Gloria Guadalupe Valenzuela García, Alberto Vázquez Martínez.
 
 

DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS INDÍGENAS, CON PUNTO DE ACUERDO A FIN DE EXHORTAR AL EJECUTIVO FEDERAL A EFECTO DE QUE, POR MEDIO DE LA SHCP Y DEL INEGI, CORRIJA LA INFORMACIÓN Y CONSIDERE ZONAS INDÍGENAS LAS COMUNIDADES DE CHAVAJEVAL, LAS DELICIAS Y ÁLVARO OBREGÓN, EN CHIAPAS

Honorable Asamblea:

El diputado Víctor Ortiz del Carpio del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en uso de las facultades que le confiere el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentó ante el pleno de esta soberanía una proposición con punto de acuerdo "por el que se exhorta al Ejecutivo federal, para que por medio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a través del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, corrija la información y considere zonas indígenas las comunidades de Chavajeval, Las Delicias, y Álvaro Obregón en el estado de Chiapas.

En los términos previstos por los artículos 39, numerales 1 y 3, y 45 numeral 6 inciso F, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, habiendo estudiado la proposición con punto de acuerdo de referencia, la comisión que suscribe presenta a la consideración de esta H. Asamblea los siguientes:

I. Antecedentes

El 20 de febrero de 2008, el diputado Víctor Ortiz del Carpio del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó ante el pleno de esta Cámara de Diputados la proposición con punto de acuerdo de referencia.

A dicha proposición, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados dictó el siguiente trámite: "túrnese a la Comisión de Asuntos Indígenas".

El 8 de abril de 2008, se recibió en la Comisión de Asuntos Indígenas la proposición con punto de acuerdo, y en fecha 9 de abril del 2008, se turnó a los diputados integrantes de la comisión para su conocimiento y efectos de dictamen.

II. Exposición de Motivos

El diputado ponente en la proposición de referencia manifiesta que estas comunidades han sido víctimas de la burocracia, y han sido discriminadas por la Comisión Nacional Para el Desarrollo de los pueblos Indígenas, al no ser considerados en el ejercicio del presupuesto en sus diferentes programas.

Asimismo, manifiesta su preocupación de que estas comunidades tienen problemas ideológicos con las comunidades colindantes, por estos pertenecer a un municipio autónomo. Asimismo que muchas de estas comunidades posterior al movimiento del 94 determinaron convertirse en municipios autónomos, no permitiendo la ejecución de acciones del trabajo a los gobiernos federal, estatal y municipal.

III. Consideraciones

Respecto a su formulación, la proposición con punto de acuerdo cumple los términos previstos en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Que efectivamente después de los movimientos armados en el estado de Chiapas, muchas comunidades indígenas al declararse municipios autónomos, no permitieron los trabajos de los gobiernos, federal, estatal y municipal.

Considerando que el levantamiento de información que desarrolló el propio INEGI, tiene problemas técnico-operativos: uno de los más preocupantes que el INEGI considera como indígenas únicamente a los hablantes de lengua indígena, criterio que contradice el párrafo segundo el artículo 2º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que establece que "la conciencia de su identidad indígena deberá ser criterio fundamental para determinar a quiénes se aplican las disposiciones sobre pueblos indígenas".

De la misma manera y tomando en cuenta que una vez emitidas las reglas de operación de la CDI el día 20 de diciembre del 2007 en ella se establecen los criterios de elegibilidad para la población objetivo:

En los casos en que se publiquen nuevos indicadores y datos por las dependencias y organismos mencionados, que oficialmente sustituyan a los aquí señalados, éstos se considerarán para los efectos del Programa."

Es de observarse que en las reglas de operación de la CDI, no se consideran los mecanismos por los que localidades en cuestión pudieran ser atendidas.

Por lo anterior, esta Comisión de Asuntos Indígenas:

Conforme a las facultades que le confieren los artículos 39, 45 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos:

IV. Resuelve

Primero: Se exhorta al Ejecutivo federal, para que por medio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través del Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática (INEGI) corrija la información y busque los mecanismos necesarios para considerar como zonas indígenas las comunidades de Chavajeval, Las Delicias y Álvaro Obregón en el estado de Chiapas.

Segundo: Se exhorta al Ejecutivo federal, para que a través de la Secretaría de Desarrollo Social, a través del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social incorpore a dichas comunidades en los programas sociales que desarrolla en el estado de Chiapas.

Tercero: Se exhorta al Ejecutivo federal, para que a través de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas considere como zonas de atención prioritaria, ya que en 2007 no fueron objeto de ningún programa de atención.

Así se acordó y votó en sesión plenaria de la Comisión de Asuntos indígenas, realizada en fecha cuatro de junio de dos mil ocho. Con fundamento en el artículo 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se emite el sentido de la votación:

Diputados: Marcos Matías Alonso (rúbrica), presidente; Martha Cecilia Díaz Gordillo (rúbrica), Humberto Wilfrido Alonso Razo (rúbrica), José Guadalupe Rivera Rivera (rúbrica), Wenceslao Herrera Coyac (rúbrica), secretarios; Víctor Aguirre Alcaide, Lourdes Alonso Flores (rúbrica), Higinio Chávez García, Othón Cuevas Córdova (rúbrica), Rafael Franco Melgarejo, Carlos Roberto Martínez Martínez, Elmar Darinel Díaz Solórzano, Yary del Carmen Gebhardt Garduza (rúbrica), Elda Gómez Lugo (rúbrica), Guillermina López Balbuena (rúbrica), Gustavo Ildefonso Mendívil Amparán (rúbrica), Ismael Ordaz Jiménez (rúbrica), Pascual Bellizzia Rosique (rúbrica), Anuario Luis Herrera Solís, Tomás José Luis Varela Lagunas (rúbrica), Silvio Gómez Leyva, Felipe Díaz Garibay (rúbrica), Joaquín Jesús Díaz Mena (rúbrica), Francisco Antonio Fraile García, Ma. Dolores González Sánchez, Ramón Landeros González (rúbrica), Gustavo Macías Zambrano, Jorge Alejandro Salum del Palacio (rúbrica), María Gloria Guadalupe Valenzuela García, Alberto Vázquez Martínez.
 
 

DE LA COMISIÓN DEL DISTRITO FEDERAL, CON PUNTO DE ACUERDO A FIN DE SOLICITAR AL JEFE DEL GOBIERNO LOCAL QUE INSTRUYA A LA CONSEJERÍA JURÍDICA Y DE SERVICIOS LEGALES PARA REVISAR Y, EN SU CASO, ACTUALIZAR CONFORME A LA NORMATIVIDAD APLICABLE LAS REMUNERACIONES QUE RECIBEN LOS DEFENSORES DE OFICIO

Honorable Asamblea:

Con fundamento en los artículos 39, numeral 1, 40, numeral 3, y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como 60, 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los integrantes de la Comisión del Distrito Federal sometemos a consideración de esta honorable asamblea el presente dictamen, de conformidad con los siguientes

I. Antecedentes

1. Con fecha 11 de abril del 2007, la diputada María Gabriela González Martínez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó ante el Pleno de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión una proposición con punto de acuerdo para solicitar al jefe del Gobierno del Distrito Federal que instruya a la Consejería Jurídica y de Servicios Legales para que revise y, en su caso, actualice conforme a la normatividad aplicable, las remuneraciones que reciben los defensores de oficio de la entidad.

2. Ese mismo día la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó dicha proposición a la Comisión del Distrito Federal.

3. La proposición con punto de acuerdo objeto del presente dictamen plantea como único resolutivo que "se solicite respetuosamente al jefe del Gobierno del Distrito Federal, en el ámbito de sus facultades, que instruya a la Consejería Jurídica y de Servicios Legales de la entidad para que revise y, en su caso, actualice, conforme a la normatividad aplicable, las remuneraciones que reciben los defensores de oficio en el Distrito Federal".

4. La Proposición objeto del presente dictamen se sustenta en los siguientes argumentos:

Primera. De acuerdo con la información proporcionada por el Gobierno del Distrito Federal, las remuneraciones de los defensores de oficio en el Distrito Federal son superiores a las que perciben los agentes del Ministerio Público, en cumplimiento del artículo 15, tercer párrafo, de la Ley de Defensoría de Oficio para el Distrito Federal. En consecuencia, es improcedente "solicitar" al jefe del Gobierno del Distrito Federal que "revise y, en su caso, actualice, conforme a la normatividad aplicable, las remuneraciones de los defensores de oficio" en el Distrito Federal.

Segundo. No obstante, el problema histórico de la defensoría de oficio ha sido la deficiente remuneración de los defensores, lo cual origina un mal servicio y ayuda a justificar el pernicioso cobro de un servicio de naturaleza gratuita. La procuración e impartición de justicia es un servicio público cuya función social consiste en solucionar, con equidad y justicia, las controversias suscitadas en el seno de la sociedad.

En sus orígenes, la abogacía, fue un servicio gratuito, puesto que cumplía con los principios de caridad y solidaridad humana, pero al complicarse el sistema legislativo y los procesos judiciales, la preparación del abogado se hizo compleja y tuvo que convertirse en una profesión remunerada. Obviamente, existió legislación para frenar abusos y se establecieron aranceles buscando que las retribuciones de los abogados fueran justas y retributivas.

La fracción IX del Apartado A del artículo 20 de la Constitución General de la República establece como garantía del inculpado contar con defensa jurídica y que, en caso de que no quiera o no pueda, después de haber sido requerido, "el juez le designará un defensor de oficio". El objetivo de este derecho fundamental es hacer accesible la justicia a todos, sobre todo a quienes carecen de los recursos necesarios para contratar a un abogado particular.

Por las consideraciones expuestas, los integrantes de la Comisión del Distrito Federal nos permitimos poner a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se recomienda respetuosamente al Gobierno del Distrito Federal que continúe la política de mejora de las condiciones salariales de los funcionarios dedicados a la administración de justicia, incluidos los defensores de oficio, considerando que deben brindar un servicio íntegro y eficiente a quienes, fundamentalmente por razones económicas, lo necesitan.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 24 de junio de 2008.

Diputados: Rosaura Virginia Denegre Vaught Ramírez (rúbrica), Adrián Fernández Cabrera (rúbrica), José Alfonso Suárez del Real y Aguilera (rúbrica), Dora Alicia Martínez Valero (rúbrica), Alberto Esteva Salinas (rúbrica), María Elena Torres Baltazar (rúbrica), Guadalupe Socorro Flores Salazar (rúbrica), Armando Barreiro Pérez (rúbrica), María Gabriela González Martínez (rúbrica), Gerardo Villanueva Albarrán (rúbrica), Victorio Rubén Montalvo Rojas (rúbrica), Mauricio Ortiz Proal (rúbrica), Valentina Valia Batres Guadarrama (rúbrica), Claudia Lilia Cruz Santiago (rúbrica), Lourdes Quiñones Canales (rúbrica), Raúl Cervantes Andrade (rúbrica).
 
 

DE LA COMISIÓN DEL DISTRITO FEDERAL, CON PUNTO DE ACUERDO A FIN DE EXHORTAR AL GOBIERNO LOCAL A REALIZAR A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE LAS ACCIONES NECESARIAS PARA DECLARAR Y ADMINISTRAR COMO ÁREA VERDE CON VALOR AMBIENTAL EL BOSQUE DE NATIVITAS, EN XOCHIMILCO

Honorable Asamblea:

Con fundamento en los artículos 39 párrafo 1, 40 numeral 3 y 45 numeral 6 incisos e) y f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como 60, 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los integrantes de la Comisión de Distrito Federal sometemos a consideración de esta H. Asamblea el presente dictamen, de conformidad con los siguientes:

I. Antecedentes

Primera. La Comisión del Distrito Federal considera pertinente preservar la importancia ambiental, social y cultural que el bosque de Nativitas tiene para los habitantes de Xochimilco y en general de la Ciudad de México.

Segunda. Las y los diputados de esta comisión consideran de absoluta relevancia velar por la conservación y aprovechamiento sustentable de todas las áreas boscosas de nuestro país, por la importancia que en sí mismas entrañan respecto de la propia subsistencia del ser humano en el planeta.

Tercera. Es recomendable que a la catalogación que el Bosque de Nativitas ya tiene como "área verde de valor ambiental" tanto en el Programa Delegacional de Desarrollo Urbano para la Delegación Xochimilco, como en el Programa Parcial de Desarrollo Urbano de Santa María Nativitas, se sume la promulgación del decreto para el establecimiento de "área verde con valor ambiental", ya que supone la administración, manejo y vigilancia del área verde de manera específica, lo que coadyuvaría a la protección efectiva del bosque de Nativitas.

Con base en los antecedentes y consideraciones señaladas, las y los legisladores integrantes de la Comisión del Distrito Federal nos permitimos poner a consideración de esta honorable asamblea el siguiente

Acuerdo

Único. Se exhorta respetuosamente al Gobierno del Distrito Federal para que a través de su Secretaría del Medio Ambiente, emita decreto para el establecimiento de área verde con valor ambiental al bosque de Nativitas, en la delegación Xochimilco, con el fin de que le sean aplicables las disposiciones sobre administración, manejo y vigilancia establecidas por la Ley Ambiental del Distrito Federal para áreas naturales protegidas.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro el 24 de junio de 2008.

Diputados: José Alfonso Suárez del Real y Aguilera (rúbrica), Claudia Lilia Cruz Santiago (rúbrica), Valentina Valia Batres Guadarrama (rúbrica), Mauricio Ortiz Proal (rúbrica), Victorio Rubén Montalvo Rojas (rúbrica), María Gabriela González Martínez (rúbrica), Armando Barreiro Pérez (rúbrica), Guadalupe Socorro Flores Salazar (rúbrica), María Elena Torres Baltazar (rúbrica), Alberto Esteva Salinas (rúbrica), Dora Alicia Martínez Valero (rúbrica), Adrián Fernández Cabrera (rúbrica), Rosaura Virginia Denegre Vaught Ramírez (rúbrica), Lourdes Quiñones Canales (rúbrica), Raúl Cervantes Andrade (rúbrica), Gerardo Villanueva Albarrán (rúbrica).
 
 

DE LA COMISIÓN DEL DISTRITO FEDERAL, CON PUNTO DE ACUERDO RELATIVO AL COMERCIO INFORMAL Y AL AMBULANTAJE EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO-METRO

Honorable Asamblea:

Con fundamento en los artículos 39, numeral 1, 40, numeral 3, y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 60, 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los integrantes de la Comisión del Distrito Federal sometemos a consideración de esta asamblea el presente dictamen, de conformidad con los siguientes

I. Antecedentes

1. Con fecha 21 de febrero del 2006, el diputado Emiliano Vladimir Ramos Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó ante el Pleno de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión una proposición con punto de acuerdo relativo al comercio informal y ambulantaje en el Sistema de Transporte Colectivo-Metro.

2. Ese día, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó dicha proposición con punto de acuerdo a la Comisión del Distrito Federal.

3. En la proposición, el diputado Emiliano Vladimir Ramos Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, señala:

Primera. Esta comisión reconoce las condiciones sociales, económicas y políticas que producen pobreza, desigualdad e injusticia como generadoras de la recurrencia de millones de mexicanos a actividades de la economía informal como medio de subsistencia.

Segunda. La proposición menciona un caso específico de abuso que afecta a una persona, de la cual el autor de la propuesta no precisa mayores datos, como nombre completo o fecha en que ocurrieron los hechos. No señala si ella fue remitida ante el juez cívico correspondiente o si fue agredida a tal grado que se le ocasionara algún daño o lesión graves. No detalla cómo se dieron el "uso desmedido de la fuerza" y la "vejación de sus derechos humanos y constitucionales". Tampoco menciona si se atacó a otros comerciantes o si se trató de dar un ejemplo para explicar un problema general, constante o relativo. Afirma que la detención se hizo con base en la Ley de Cultura Cívica del Distrito Federal, pero no señala los artículos o apartados en que presuntamente se basó la autoridad para sancionar a la señora.

Tercera. Dadas las aseveraciones planteadas por el proponente, y en razón de lo señalado en las consideraciones que anteceden en el sentido de que presuntamente existen violaciones de los derechos humanos, es de considerarse que no se menciona que se hubiera presentado alguna denuncia o queja por quienes se sientan o sean agraviados por las labores del personal de seguridad tanto del Sistema de Transporte Colectivo-Metro como de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, es decir, si se acudió a las instancias contraloras o jurisdiccionales y, en su caso, si se presentó formal queja ante la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal.

Cuarta. Esta comisión no puede recomendar o exhortar a la autoridad local para que aplique una solución que contravenga normas jurídicas como es el Reglamento de la Ley de Transporte del Distrito Federal, que en el artículo 13, fracción XIV, señala:

Sexta. No obstante las anteriores consideraciones, en virtud de la importancia del respeto que deben guardar las autoridades a los derechos humanos, esta comisión considera prudente requerir información al Sistema de Transporte Colectivo-Metro respecto a la aplicación de normas y medidas que no afecten la dignidad de las personas retiradas por ejercer el comercio de manera irregular en sus instalaciones.

Con base en los antecedentes y las consideraciones señalados, los integrantes de la Comisión del Distrito Federal nos permitimos poner a consideración de esta honorable asamblea el siguiente

Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados solicita al Sistema de Transporte Colectivo-Metro que proporcione la información correspondiente a la aplicación de normas y medidas que no afecten la dignidad de las personas retiradas por ejercer el comercio de manera irregular en sus instalaciones, según consta en la consideración sexta del presente dictamen.

Segundo. Asimismo, solicita a la Secretaría de Gobierno del Distrito Federal información sobre la existencia de programas integrales que atiendan la problemática del comercio informal tanto en el interior como en el exterior de las instalaciones del Sistema de Transporte Colectivo-Metro.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 24 de junio de 2008.

La Comisión del Distrito Federal

Diputados: José Alfonso Suárez del Real y Aguilera, Guadalupe Socorro Flores Salazar, María Elena Torres Baltazar, Alberto Esteva Salinas, Adrián Fernández Cabrera, Dora Alicia Martínez Valero, Rosaura Denegre Vaught Ramírez, Armando Barreiro Pérez, María Gabriela González Martínez, Victorio Rubén Montalvo Rojas, Mauricio Ortiz Proal, Claudia Lilia Cruz Santiago, Valentina Valia Batres Guadarrama, Lourdes Quiñones Canales, Raúl Cervantes Andrade, Gerardo Villanueva Albarrán (rúbricas).