México, DF, a 26 de agosto de 2008.
Secretarios de la Comisión Permanente del Honorable
Congreso de la Unión
Presentes
Para los efectos constitucionales y por instrucciones del presidente de la república, con el presente envío a ustedes la iniciativa de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas Mexicanas, documento que el titular del Ejecutivo federal propone por el digno conducto de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.
Sin otro particular, reciban un cordial saludo.
Atentamente
Cuauhtémoc Cardona Benavides (rúbrica)
Subsecretario de Enlace Legislativo
Presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara
de Diputados del Honorable Congreso de la Unión
Presente
Desde el inicio de mi administración he subrayado que es de elemental justicia mejorar los ingresos de los miembros de las Fuerzas Armadas que consagran su vida al servicio de la patria, ya que su lealtad y compromiso con la seguridad y el bienestar de los mexicanos deben ser valorados y recompensados.
En este orden de ideas, una de las asignaturas pendientes del Estado mexicano, frente a sus soldados y marinos, es la revisión del sistema de seguridad social que les es aplicable, ya que a través de éste se colma un conjunto de necesidades fundamentales, no sólo para los militares sino para sus familias, mediante el otorgamiento de prestaciones tan importantes como la atención médica, los haberes de retiro, las pensiones y la vivienda, por citar algunos ejemplos.
El Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, organismo encargado de operar ese sistema, no escapa a la crisis de los sistemas de pensiones y de seguridad social que enfrenta México, lo que no sólo impide mejorar las condiciones de vida de los militares sino que pone en riesgo el otorgamiento eficaz y eficiente de las diversas prestaciones que opera el instituto, por lo que es necesario fortalecerlo a través de una revisión integral de su estructura financiera que le otorgue viabilidad y solvencia económicas.
La nueva Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas fue expedida en 2003. Si bien es cierto que esta reforma representó un avance importante en la actualización del ordenamiento, también lo es que resulta necesaria su revisión para lograr el objetivo de mejorar las condiciones de vida de los militares, y aprovechar la coyuntura para perfeccionar algunas de sus normas, respecto de las cuales se han detectado problemas de aplicación. Por ello, en cumplimiento con mi compromiso de trabajar de la mano con el Congreso de la Unión en la búsqueda constante de soluciones que atiendan la situación del personal militar, someto a la consideración de esa soberanía, la presente iniciativa de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas.
En términos generales, la presente iniciativa propone reformar el contenido de diversos artículos con lo que se pretende la inclusión de varios conceptos y disposiciones; la adecuación de la redacción de algunas normas, a fin de precisar los supuestos relacionados con la obtención de los beneficios; la precisión de las facultades normativas y operativas algunos órganos del instituto; la corrección en la referencia del articulado y de otras leyes; y la eliminación de preceptos que resultan inoperantes y, en su caso, onerosos.
Ahora bien, en específico, la iniciativa propone incrementar de 11 por ciento a 15 por ciento el monto de las aportaciones del gobierno federal sobre los haberes, haberes de retiro y pensiones de los miembros de las Fuerzas Armadas Mexicanas y de sus familiares, con objeto de otorgar viabilidad y solvencia económica al instituto, y fortalecer la estabilidad de los fondos para garantizar el otorgamiento de las prestaciones.
Otro aspecto sensible que se trata de atender con esta reforma, es la elevación del nivel de vida del personal retirado dado que actualmente, en su mayoría, subsisten con un haber de retiro o pensión exiguos que sólo cubren sus necesidades básicas, sin alcanzar los niveles de vida digna y decorosa que les deberían corresponder después de haber entregado su vida a servir al país.
En este sentido, se propone incrementar el porcentaje de 70 por ciento a 80 por ciento que se aplica al haber que sirve de base para calcular el haber de retiro y la compensación, a fin de obtener un beneficio real y directo para el personal que se encuentra o es colocado en situación de retiro, considerando además que el poder adquisitivo del militar retirado se ve afectado ya que al calcular el monto del beneficio al que tendrán derecho al pasar a dicha situación, no se toma en cuenta el total de las percepciones en el servicio activo.
La situación descrita ha dado lugar a impugnaciones ante los tribunales federales, los cuales, en la mayoría de los casos, se han pronunciado a favor de los militares que acuden a dilucidar su controversia, de tal suerte que resulta necesario reconocer e incorporar en este ordenamiento tales criterios jurisdiccionales, en aras de salvaguardar el principio de igualdad ante la ley.
En otro orden de ideas, se propone el incremento de 60 por ciento a 80 por ciento para integrar las pensiones, a fin de proporcionar un beneficio adicional a los pensionistas.
Ahora bien, como un reconocimiento a la permanencia en el servicio de los militares con 30 o más años de servicio, se establece un factor para calcular el monto del haber de retiro, considerando que, al causar baja del activo, es difícil que el militar que presta dicho tiempo de servicio se reincorpore a la vida productiva. Por ello, en aras de abonar a la justicia social, debe establecerse un beneficio adicional a favor de dicho personal, el cual les permita mantener una vida decorosa y digna, acorde a su jerarquía militar, y que represente un reconocimiento a su dedicación y entrega.
Por otro lado, el seguro colectivo de retiro presenta un déficit que es cubierto con cargo a las aportaciones que realiza el gobierno federal para el servicio médico y otras prestaciones que no tienen cuota específica, así como con recursos del propio instituto. Por ende, es necesario que el gobierno federal aporte una cantidad igual a la que realizan los militares en activo, lo cual representa un incremento de 0.5 por ciento a 3.0 por ciento, del haber y del sobrehaber mínimo vigente del personal de las Fuerzas Armadas, haciendo así más participativa e igualitaria la citada aportación y manteniendo la viabilidad financiera de dicho fondo para garantizar el otorgamiento de la prestación.
Aunado a lo anterior, y dada la situación deficitaria que ha presentado el fondo del seguro colectivo de retiro, se considera conveniente dejar abierta la posibilidad para que pueda recibir aportaciones extraordinarias de cualquier fuente externa, y no limitarlo únicamente a las del gobierno federal.
Por otra parte, se propone reformar el artículo 121, en el que se establecen las funciones de supervisión y regulación del fondo de la vivienda militar por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, dado que el Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas Mexicanas no se encuentra comprendido entre los organismos que supervisa la comisión, toda vez que su actividad preponderante no es financiera y, por otro lado, se propone que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público vigile que los programas con recursos de dicho fondo no excedan los ingresos y los financiamientos institucionales.
En otro ámbito, el crecimiento de la esperanza de vida y la transformación del perfil epidemiológico de los pensionistas son factores que ponen de manifiesto que los recursos asignados para las prestaciones médicas son insuficientes para proporcionar un servicio eficiente y oportuno, que permita preservar la calidad de vida de los militares retirados, derechohabientes y pensionistas, quienes en un porcentaje significativo se encuentran por arriba de los 65 años de edad, situación que los hace proclives a una constante atención médica.
Asimismo, se debe considerar el incremento en la población con derecho al servicio médico integral, con motivo de las reformas al artículo 142 de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, de 2003 y 2006, en las que se consideró el derecho a esta prestación a los hijos de los militares en activo y retirados, hasta los 30 años de edad, siempre y cuando estén estudiando, y sin límite de edad a los discapacitados o incapacitados para trabajar en forma temporal, así como a los padres del militar y el cónyuge o concubinario de la mujer militar sin límite de edad. Debe recordarse que, antes de las reformas, sólo se comprendía a los mayores de edad o imposibilitados total y permanentemente para trabajar, lo que trajo como consecuencia un aumento en el número de derechohabientes de aproximadamente 120 mil personas.
El derecho a la prestación en comento se ve aún más afectado después de la reforma al artículo 38 de la ley del instituto, en la que se consideró el derecho a la pensión a los hijos varones hasta los 25 años, ya que antes era hasta los 18, y al cónyuge o concubinario de la mujer militar, quienes antes de la reforma de 2003 no eran considerados sujetos del derecho. Lo anterior, sin tomar en consideración las reformas al artículo 153 de la citada ley, en el que se dispuso el otorgamiento de la prestación del servicio médico en forma gratuita a los pensionistas, a diferencia de la cuota de recuperación de 5 por ciento sobre el monto de su pensión, que debía cubrirse obligatoriamente.
En este sentido, es de reconocer que las reformas mencionadas han tenido un impacto favorable en los beneficiarios del sistema de seguridad social. No obstante, dicha mejoría ha aumentado la cantidad de los recursos necesarios para la prestación del servicio médico, los cuales, hoy día, resultan insuficientes para otorgarlo en forma satisfactoria.
Al respecto, cabe resaltar que los recursos que proporciona el gobierno federal no se destinan exclusivamente al servicio médico, ya que con éstos se cubren otras prestaciones que no tienen asignada cuota específica, dentro de los cuales se comprenden casas hogar para militares retirados; centros de bienestar infantil; becas y créditos de capacitación científica y tecnológica; centros de capacitación, desarrollo y superación para derechohabientes; centros deportivos y de recreo; orientación social y farmacias económicas; prestaciones que, hasta la fecha, no se proporcionan en forma adecuada por falta de recursos.
Finalmente, reitero que la administración a mi cargo está comprometida con el respeto a los derechos fundamentales de las personas, por lo que asume la responsabilidad de adoptar todas las acciones necesarias para salvaguardarlos. Por tal motivo, saludo las resoluciones pronunciadas a principios de marzo de 2007 por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relacionadas con el trato discriminatorio a los militares que estén infectados con el virus de inmunodeficiencia humana (VI H-sida) y, por ende, someto a la consideración del Poder Legislativo las reformas respectivas para remediar tal situación.
Por lo anterior se propone, en específico, la derogación del numeral 45 de la segunda categoría de padecimientos establecidos en el artículo 226, adicionándose esta enfermedad a la lista de padecimientos que pueden ameritar cambio de arma o servicio, a fin de estar en posibilidad de proporcionar el servicio, control y tratamiento médico correspondientes.
Reafirmado el compromiso de respetar los derechos humanos, además de dar cumplimiento a las resoluciones de nuestro máximo tribunal, se propone en este proyecto atender al estado actual de la ciencia médica y los medicamentos existentes en el mercado que permiten, en la inmensa mayoría de los casos, que una persona que ha presentado sintomatología del VIH-sida pueda revertir, aunque sea de manera temporal, las manifestaciones clínicas, y presentar posteriormente una fase o etapa asintomática. Por ello, con el ánimo de atender a esta realidad, se propone la reforma al numeral 83 de la primera categoría de padecimientos del artículo 226, para establecer como causa de retiro el padecer el síndrome de inmunodeficiencia adquirida en etapa terminal por más de seis meses.
Por otro lado, en un afán de brindar mayor apoyo al personal de las Fuerzas Armadas y otorgar un beneficio a las familias del personal militar, se proponer adicionar un supuesto al artículo 149, con el único propósito de extender el servicio materno infantil a las hijas menores de edad dependientes económicas de los militares que no hayan contraído matrimonio o establecido una relación de concubinato.
Con ello se brinda un servicio similar al aplicable a la derechohabiencia del ámbito civil y se establecen condiciones favorables a las hijas menores de edad dependientes económicas de los militares, en congruencia con las políticas de equidad de género de la presente administración y con los principios de igualdad jurídica, no discriminación y respeto a la dignidad de las mujeres.
Por último, a lo largo de todo el ordenamiento se propone sustituir los términos de "inutilización" o "inutilizado" por "incapacidad" o "incapacitado". No obstante que los primeros son de carácter castrense, se considera oportuno utilizar en la ley una terminología más acorde con la técnica jurídica y con el respeto a la dignidad de los militares y a sus derechos fundamentales.
Por las razones expuestas anteriormente, el Ejecutivo federal a mi cargo, en ejercicio de la facultad que le confiere el artículo 71, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por conducto de esa soberanía, somete a la consideración del honorable Congreso de la Unión la siguiente iniciativa de
Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas Mexicanas
Único. Se reforman los artículos 30, fracción IV; 40, fracciones IX, XIII y XIV; 12, fracciones VII y XIV; 18, fracciones XXII y XXIII; 21, último párrafo; 22, fracciones III y V; 24, fracciones II, III, IV y VI; 30; 31; 33, párrafo primero, y las fracciones I, II, III y IV; 34; 35; 36, fracciones II y V; 38, fracciones I y VI; 39; 40; 54; 55; 56; 57, párrafos segundo y tercero; 60; 63, fracciones I, inciso b), y III; 64; 65; 66; 80, fracción IV; 81; 82; 87, fracciones III y V; 89, párrafos tercero y cuarto; 90, fracciones I a V; 91, fracción I, incisos e) y g); 95; 103, fracciones I y II; III, párrafo segundo; 121, párrafo primero; 142, párrafo primero, y fracciones III, IV y V; 148, 149; 160; 167, fracción II; 168; 171; 172; 173, párrafos primero y segundo; 174; 181; 183; 186, párrafo primero; 189; 190; 192, párrafos primero y segundo; 193, párrafo primero; 194; 195; 196, párrafos primero y tercero; 197; 198, párrafo primero; 209, fracción III; 221, párrafo primero; y 226, párrafo primero, numeral 83 de la primera categoría, y numeral 14 de la lista de padecimientos que por producir trastornos funcionales de menos del 20 por ciento ameritan cambio de arma o servicio a petición de un consejo médico; se adicionan las fracciones XV, XVI y XVII al artículo 40; la fracción XXIV al artículo 18; el párrafo segundo al artículo 19; la fracción V al artículo 52, recorriéndose las actuales V y VI para quedar como VI y VII, respectivamente; el párrafo segundo al artículo 56; los párrafos cuarto, quinto y sexto al artículo 111; la fracción VI al artículo 142; el artículo 149 Bis; y el numeral 19 a la lista de padecimientos que por producir trastornos funcionales de menos del 20 por ciento ameritan cambio de arma o servicio a petición de un consejo médico del artículo 226, recorriéndose el actual numeral 19 para quedar como 20; y se derogan el párrafo cuarto del artículo 21; las fracciones V y VI del artículo 33; las fracciones I y II del artículo 35; las fracciones I y II, y los párrafos segundo y tercero del artículo 121; el último párrafo de la primera, segunda y tercera categorías, el último párrafo de la lista de padecimientos que por producir trastornos funcionales de menos del 20 por ciento ameritan cambio de arma o servicio a petición de un consejo médico, y el numeral 45 de la segunda categoría del artículo 226; todos de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas para quedar como sigue:
Artículo 3o. ...
IV. Una cantidad anual a cargo del gobierno federal equivalente a un 15 por ciento de los haberes, haberes de retiro y de las pensiones de los miembros de las Fuerzas Armadas Mexicanas y de sus familiares, según corresponda; para las demás prestaciones que, conforme a esta ley, deba otorgar el instituto;
V. y VI. ...
IX. Declaración de procedencia de retiro. El documento que le expide al militar la secretaría de origen, para trámite de retiro, a fin de que la Junta Directiva determine sobre la procedencia, naturaleza y monto del beneficio, el cual es provisional al inicio del trámite administrativo y definitivo a su término;
X. a XII. …
XIII. Asignación de técnico especial. La percepción que cubre a los militares del activo de los grados de coronel a general de división y sus equivalentes en la Armada;
XIV. Asignación de vuelo y de salto. Las remuneraciones que cubren a los miembros del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, que habitualmente desempeñan este tipo de actividades;
XV. Sobrehaber. Remuneración adicional que cubre al personal militar en activo en atención al incremento en el costo de la vida o insalubridad del lugar donde preste sus servicios;
XVI. Sobrehaber mínimo vigente. Es el sobrehaber más bajo que cubre al personal militar en activo en la República Mexicana; y
XVII. Sueldo base de servidor público. El que se señala en el tabulador para servidores públicos superiores, mandos medios y, en su caso, enlaces, correspondientes a las Secretarías de la Defensa Nacional, y de Marina, autorizados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
VII. Aprobar y poner en vigor el reglamento interno y expedir los manuales, normas y procedimientos que se hagan necesarios para el adecuado funcionamiento del instituto;
VIII. a XIII. ...
XIV. Proponer al Ejecutivo federal la expedición del reglamento de la ley, y las reformas a ambos ordenamientos jurídicos;
XV. y XVI. …
XXII. Servicio médico integral;
XXIII. Farmacias económicas; y
XXIV. Vivienda.
Es facultad del militar afiliar a sus derechohabientes y designar a sus beneficiarios, y su obligación mantener actualizada dicha afiliación y designación.
Artículo 21. ...
…
…
Derogado.
…
Compensación es la prestación económica a que tienen derecho los militares y sus familiares, en una sola exhibición, en los términos y condiciones que fije esta ley.
Artículo 22. ...
III. Los miembros de los Cuerpos de Defensas Rurales incapacitados en actos del servicio o a consecuencia de ellos y los familiares de los que mueran en las mismas circunstancias. Fuera de estos casos, los miembros de los Cuerpos de Defensas Rurales sólo tendrán derecho a las retribuciones, prestaciones o estímulos que se establezcan en los términos del artículo 121 de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos;
IV. ...
V. El personal de la milicia auxiliar que haya sido separado del activo por órdenes expresas de la secretaría de origen, por no ser necesarios sus servicios o al término de su contrato.
II. Quedar incapacitado en acción de armas o como consecuencia de las lesiones recibidas en ella;
III. Quedar incapacitado en otros actos del servicio o como consecuencia de ellos; incluyendo la incapacidad que se produzca al trasladarse el militar directamente de su domicilio al lugar donde preste sus servicios, y el retorno directo de éste a su domicilio particular;
IV. Quedar incapacitado en actos fuera del servicio;
V. ...
VI. Solicitarlo después de haber prestado por lo menos veinte años de servicios.
II. Cuando las necesidades de la nación lo exijan, requiriéndose para ello acuerdo suscrito por el presidente de la república. Al desaparecer esta necesidad, los militares volverán a la situación de retiro sin necesidad de que sobrevenga una nueva causa de retiro.
En los casos anteriores, se observarán las reglas siguientes:
a) Siempre que por cualquier motivo el militar retirado vuelva al activo, le corresponderá el último grado que ostentó en su primera estancia en tal situación, no pudiendo conservar el grado que le fue conferido para efectos de retiro;
b) La vuelta al activo dejará insubsistente la compensación o haber de retiro correspondiente al primer retiro, salvo cuando la vuelta al activo sea por acuerdo presidencial, en tal caso si se estuviere cubriendo haber de retiro se suspenderá el pago por el tiempo que el militar permanezca en activo;
c) Si se hubiere concedido compensación en el primer retiro, el importe cobrado deberá ser reintegrado totalmente por el militar mediante descuentos quincenales de un 25 por ciento en los haberes del activo;
d) Si el importe de la compensación no fue reintegrado totalmente, se deducirá lo que corresponda de la nueva compensación o, en su caso, se harán descuentos quincenales de un 25 por ciento en sus haberes de retiro hasta la total reintegración; y
e) Cuando la vuelta al activo sea con motivo de la curación definitiva del militar, sólo se declarará insubsistente el haber de retiro sin que exista la obligación de reintegrar las cantidades cobradas.
Si el militar reingresa al activo por situaciones distintas a las señaladas en las fracciones I y II del presente artículo, tendrá la obligación de reintegrar el importe de la compensación que se hubiere cobrado, y el reintegro se hará en los términos que señalan los incisos c) y d) anteriores.
Artículo 31. Para integrar el monto total de
II. La compensación por tiempo de servicios o por fallecimiento, se integrará con los conceptos señalados en la fracción 1, tomando como base el haber del grado que haya ostentado el militar en servicio activo;
III. A los militares que pasan a situación de retiro con 30 o más años de servicios efectivos, se les fijará el haber de retiro como se indicó en la fracción I, aumentando los porcentajes que se indican en la tabla siguiente:
IV. Para la integración de la pensión por fallecimiento del militar fuera de actos del servicio, se tomará como base el porcentaje del haber del grado que le hubiere correspondido al militar en caso de retiro y se adicionará a éste el 80 por ciento de dicho haber, más las primas complementarias por condecoraciones de perseverancia ya otorgadas, así como las asignaciones de técnico, de vuelo, de salto o técnico especial y aquellas otras asignaciones de técnico y que estuviere percibiendo el militar a la fecha del fallecimiento;
V. La pensión por el fallecimiento del militar en situación de retiro con haber de retiro, se integrará con el porcentaje del haber del grado que se reconoció al militar para efectos de retiro, más el 80 por ciento de dicho haber y las primas de perseverancia y asignaciones que se le hubieren reconocido en su haber de retiro; y
VI. Para los efectos de los párrafos anteriores, el haber de retiro, pensión o compensación serán calculados con base en el haber fijado en los tabuladores autorizados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público o en el Presupuesto de Egresos de la Federación vigente, en la fecha en que el militar cause alta en situación de retiro o en la reserva o baja por fallecimiento.
II. Los militares que tuviesen las asignaciones de técnico, de vuelo, de salto o técnico especial, que se incapaciten en actos propios de su servicio;
III. Los militares incapacitados en otros actos del servicio o a consecuencia de éstos, siempre que su incapacitados se clasifique en la primera categoría, de conformidad con las tablas del artículo 226 de esta ley. También tienen derecho al mismo beneficio los comprendidos en la segunda categoría de incapacidad, si tienen 14 o más años de servicio; y
IV. Los militares que hayan cumplido 30 ó más años de servicios.
V. Derogada.
VI. Derogada.
…
Artículo 35. Los militares que hayan llegado a la edad límite que fija el artículo 25 de esta ley, los que se hayan incapacitado fuera de actos del servicio, los imposibilitados para el desempeño de las obligaciones militares a causa de enfermedad que dure más de seis meses, y los que soliciten su retiro voluntariamente, siempre que en todos los casos anteriores se les computen cuando menos 20 años de servicios, tienen derecho a un haber de retiro, en cuya cuota se tomarán en cuenta los años de servicios en la forma siguiente:
…
Los militares con padecimientos catalogados en la tercera categoría o con trastornos funcionales de menos del 20 por ciento que ameriten cambio de arma, cuerpo o servicio podrán ser cambiados del que pertenezcan, a juicio de la Secretaría de la Defensa Nacional o de Marina, de acuerdo a lo dispuesto en la ley orgánica correspondiente.
I. Derogada.
II. Derogada.
Cuando se trate de padecimientos señalados en la tercera categoría, contraídos en actos del servicio o como consecuencia de ellos, y la secretaría correspondiente opte por retirar del activo al militar, el cálculo de su haber de retiro se hará con base en lo dispuesto para los de segunda categoría de incapacidad.
Artículo 36. ...
II. Haberse incapacitado en actos fuera de servicio;
III. ...
IV. ...
V. El personal de la milicia auxiliar que haya sido separado del activo por órdenes expresas de la secretaría de origen por no ser necesarios sus servicios o al término de su contrato.
Los hijos mayores de edad incapacitados o imposibilitados para trabajar en forma total y permanente, siempre que el padecimiento o enfermedad que lo coloque en dicha situación, sea de origen congénito o se haya contraído dentro del periodo de la vigencia de sus derechos;
II. a V. ...
VI. Los hermanos menores de edad que dependan económicamente del militar hasta los 25 años de edad siempre y cuando acrediten los requisitos que se establecen para los hijos en la fracción I del presente artículo; así como los hermanos incapacitados e imposibilitados para trabajar, en forma total y permanente, que dependan económicamente del militar, siempre que la enfermedad o el padecimiento sea de origen congénito o se haya contraído dentro del periodo de vigencia de sus derechos.
Artículo 40. Los familiares del militar muerto en el activo en actos del servicio o como consecuencia de ellos, tienen derecho a una pensión equivalente al 100 por ciento del haber del grado que le hubiera correspondido para efectos de retiro y el 100 por ciento del sobrehaber, de las primas complementarias por condecoración de perseverancia y de las asignaciones de técnico que estuviere percibiendo el militar al ocurrir el fallecimiento. En caso de que haya fallecido fuera de actos del servicio, los familiares tendrán derecho a una pensión o compensación integrada como lo señala el artículo 31 de esta ley.
Se considerará como consecuencia de actos del servicio, el fallecimiento del militar durante el traslado de su domicilio al lugar donde prestaba sus servicios o viceversa.
Artículo 52. ...
V. Tener descendencia la cónyuge o concubina, después de los trescientos días siguientes al fallecimiento del militar; y en cualquier momento después del deceso, el cónyuge o concubinario. Las hijas, los hijos, los hermanos y las hermanas, en cualquier momento;
VI. Dejar de percibir una pensión o una compensación ya otorgada y sancionada sin hacer gestión de cobro en un lapso de tres años; y
VII. Por no hacer trámite alguno de gestión de beneficio durante los cinco años siguientes a la muerte del militar.
Artículo 55. En caso de fallecimiento de un militar, el familiar que acredite mediante factura original haber realizado los gastos de sepelio tendrá derecho a que se les cubra, por concepto de pagas de defunción, el equivalente a cuatro meses del haber y del sobrehaber, más cuatro meses de asignaciones cuando las estuviere percibiendo en la fecha del deceso, o cuatro meses del haber de retiro, en su caso, para atender los gastos de sepelio.
Esta prestación será cubierta, en caso de militares en activo por la unidad ejecutora de pago correspondiente o por el instituto, en caso de militares retirados que a la fecha del deceso estuvieren percibiendo haber de retiro.
Artículo 56. Cuando los familiares del militar fallecido no acudieren a atender la inhumación, la autoridad militar o naval correspondiente tendrá la obligación de encargarse del sepelio. Los gastos originados por el mismo se cubrirán por la unidad ejecutora de pago en el caso de los militares en activo y por el Instituto si se trata de militares en situación de retiro, de acuerdo con su comprobación y nunca podrán ser mayores de la cantidad equivalente señalada en el artículo anterior.
En caso que la autoridad militar o naval no se encargara del sepelio y los gastos hayan sido cubiertos por otra persona que no sea familiar, ésta tendrá derecho a que se le cubra el beneficio en los términos del presente artículo.
Artículo 57. ...
En el caso de padres que tengan varios hijos militares, la ayuda para gastos de sepelio se le cubrirá al hijo que los haya efectuado, situación que se acreditará con la factura original.
Esta prestación será cubierta, en el caso de militares en activo por la unidad ejecutora de pago correspondiente o por el instituto, en caso de militares retirados que a la fecha del deceso estuvieren percibiendo haber de retiro.
Artículo 60. Seguro de vida militar es la prestación que tiene por objeto proporcionar un beneficio económico a los beneficiarios o familiares de los militares por el fallecimiento de éstos, cualquiera que sea la causa de la muerte, así como a los militares que hayan causado baja del activo y alta en situación de retiro por incapacidad clasificada en primera o segunda categorías, de conformidad con las tablas contenidas en el artículo 226 de esta ley, contraída en actos del servicio o como consecuencia de ellos.
Artículo 63. ...
a) ...
b) Por causar baja del activo y alta en situación de retiro por incapacidad clasificada en la primera o segunda categorías, de conformidad con las tablas contenidas en el artículo 226 de esta ley, contraída en actos del servicio o como consecuencia de ellos, siendo entregado el importe respectivo al militar asegurado o a su representante legal, en su caso.
II. ...
III. En caso de fallecimiento o incapacidad en primera o en segunda categoría, de conformidad con las tablas contenidas en el artículo 226 de esta ley, contraída en actos del servicio o como consecuencia de ellos, el instituto pagará por concepto de suma asegurada el equivalente a cuarenta meses de haberes y sobrehaber mínimo vigente para las Fuerzas Armadas que corresponda a los siguientes miembros:
a) y b)...
IV. ...
Artículo 65. El pago de la suma asegurada por incapacidad excluye el pago de la suma asegurada por fallecimiento.
Artículo 66. El importe de la prima correspondiente al seguro de vida de los militares en servicio estará a cargo del gobierno federal y será del 2.0 por ciento (dos punto cero por ciento) de los haberes y el sobrehaber que disfrute el militar en la República Mexicana o del sueldo base de servidor público autorizado conforme a las percepciones correspondientes.
Artículo 80. ...
IV. Para el pago de la suma asegurada por incapacidad clasificada en primera o segunda categoría en actos del servicio o como consecuencia de ellos de los militares en activo, de conformidad con las tablas contenidas en el artículo 226 de esta ley, y que causen alta en situación de retiro con derecho a percibir haber de retiro:
a) a d)...
Artículo 81. Todas las acciones de cobro del beneficio del seguro de vida militar que se deriven de lo estipulado en el presente capítulo, prescribirán en dos años para los beneficiarios designados por el asegurado y en tres años para los familiares señalados en el artículo 77 de esta ley; tratándose de fallecimiento, dicho término se computará a partir del suceso; en caso de incapacidad o desaparición, el término de dos años empezará a computarse desde el día en que la secretaría correspondiente gire la orden de baja del servicio activo por dichos supuestos.
Artículo 87. ...
III. A los militares incapacitados en actos dentro del servicio o como consecuencia de ellos en primera o segunda categoría, de conformidad con las tablas contenidas en el artículo 226 de esta ley, sin tomar en cuenta los años de servicios efectivos prestados; en su caso, dicha suma asegurada será pagada a la persona legalmente acreditada por el militar;
IV. ...
V. A los militares incapacitados en actos fuera del servicio en primera o segunda categoría, de conformidad con las tablas contenidas en el artículo 226 de esta ley, y que hayan cumplido 20 o más años de servicios efectivos prestados; en su caso, dicha suma asegurada será pagada a la persona legalmente acreditada por el militar; y
VI. ...
Artículo 89. ...
…
A los militares que se incapaciten en actos del servicio o como consecuencia de ellos en primera o segunda categoría, de conformidad con las tablas contenidas en el artículo 226 de esta ley; así como a los beneficiarios de los militares que fallezcan en actos del servicio o como consecuencia de ellos, se les cubrirá como suma asegurada el equivalente a 50 meses del haber y sobrehaber mínimo vigente de su grado para las Fuerzas Armadas, independientemente de sus años de servicios efectivos prestados.
A los militares que cuenten con menos de 20 años de servicios, que se incapaciten en actos del servicio o como consecuencia de ellos, en tercera categoría, de conformidad con las tablas contenidas en el artículo 226 de esta Ley, se les cubrirá como suma asegurada el equivalente a 16 meses del haber y sobrehaber mínimo vigente de su grado para las Fuerzas Armadas, independientemente de sus años de servicios efectivos prestados.
Artículo 90. ...
II. El 3.0 por ciento (tres punto cero por ciento) del total de los haberes y sobrehaber mínimo vigente mensual de todos los militares en activo, de acuerdo a su jerarquía;
III. El 3.0 por ciento (tres punto cero por ciento) a que se refiere la fracción 1, será cubierto con cargo al presupuesto de las Secretarías de la Defensa Nacional, y de Marina, de acuerdo con el número de integrantes en servicio activo de cada secretaría.
Para integrar la parte de la prima mensual a que se refiere la fracción II, cada militar deberá aportar el 3.0 por ciento (el tres punto cero por ciento) del haber y sobrehaber mínimo vigente mensual, el cual será retenido por dichas secretarías;
IV. Sólo en caso de que el personal de procesados o sentenciados que se mantengan en servicio activo aporten al Instituto la prima a que se refiere la fracción II de este artículo, la secretaría correspondiente aportará el 3.0 por ciento (tres punto cero por ciento) a que se refiere la fracción I, el cual será cubierto con cargo al presupuesto de la secretaría correspondiente. Las aportaciones de la prima mensual hechas por estos militares, les otorgarán el derecho de que el tiempo en que estén en dichas situaciones les sea considerado como tiempo de servicios efectivos prestados, únicamente para efectos de este seguro;
V. En los casos de licencia ilimitada durante el tiempo que la normatividad del Ejército y Fuerza Aérea o de la Armada, les concede para solicitar su reingreso, así como en los casos de licencia especial, los militares podrán aportar directamente al Instituto las primas a que se refieren las fracciones I y II de este artículo, siempre y cuando lo manifiesten por escrito dentro de los 30 días siguientes a la fecha en que se les conceda la licencia, las aportaciones de la prima mensual hecha por estos militares durante la citada licencia, les otorgará el derecho de que el tiempo en que estén en dicha situación les sea considerado como tiempo de servicios prestados, únicamente para efectos de este seguro; y
VI. ...
a) a d)...
e) A los militares que se incapaciten en actos fuera del servicio, en primera o segunda categoría, de conformidad con las tablas contenidas en el artículo 226 de esta ley y que no hayan cumplido 20 años de servicios efectivos prestados;
f)...
g) A los militares que causen baja del activo por haberse incapacitado en tercera categoría en actos fuera del servicio y que no hayan cumplido 20 ó más años de servicios efectivos prestados.
II. a IV. …
En caso de presentar un déficit, éste se cubrirá con cargo al patrimonio del Instituto proveniente de las aportaciones que anualmente realiza el gobierno federal de acuerdo a lo establecido en esta ley, o de cualquier otra aportación extraordinaria que contribuya a la solvencia del mismo.
Artículo 103. ...
II. Durante la vigencia del crédito, se continuará aplicando el total de la aportación gubernamental al pago de los abonos subsecuentes que debe hacer dicho miembro de las instituciones armadas;
III. a V. ...
Por incapacidad total y permanente se entiende, la imposibilidad física y/o mental que constituya causal de retiro, clasificada en la primera o segunda categoría, conforme a las tablas contenidas en el artículo 226 de esta ley, siempre y cuando la incapacidad se produzca durante actos del servicio o como consecuencia de ellos y con fecha posterior a la formalización del crédito, debiendo acreditar dicho padecimiento con el certificado médico de incapacidad expedido por dos médicos militares o navales de las Secretaría de la Defensa Nacional o de Marina, según corresponda, así como la declaración de procedencia de retiro emitida por la dependencia correspondiente.
…
El seguro se aplicará a petición del militar o, en su caso, de los derechohabientes o herederos, dentro de un término no mayor de dos años a partir de la fecha en la que el militar cause baja del servicio activo por incapacidad dentro de actos del servicio en primera o segunda categoría o de la fecha del fallecimiento; transcurrido dicho término, se tendrá por prescrito el derecho para la aplicación del seguro.
La aplicación del seguro no exime al militar, derechohabientes, o herederos a cubrir el adeudo que se registre antes del fallecimiento o de que se reciba en el Instituto la solicitud del militar.
Para acreditar el derecho a la aplicación del seguro, el militar deberá presentar copia certificada de la declaración definitiva de procedencia de retiro y del dictamen pericial que sirvió de base para declarar la causal de retiro; en su caso, los derechohabientes o herederos deberán presentar acta de defunción, oficio de baja por defunción y el documento que acredite su carácter de derechohabiente o heredero.
Artículo 121. A fin de que los recursos del fondo se inviertan de conformidad con lo que dispone la presente ley, el gobierno federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, tendrá la facultad de vigilar que los programas financieros anuales con recursos del fondo, no excedan a los presupuestos de ingresos corrientes y de los financiamientos que reciba el Instituto. Dichos financiamientos deberán ser aprobados por la propia secretaría.
II. Derogada.
Derogado.
Artículo 142. La atención médica quirúrgica es el sistema por el cual se trata de conservar y preservar la salud de las personas, entendiéndose por este concepto no sólo el bienestar físico y mental, sino también la ausencia de enfermedad.
…
…
…
III. Los hijos mayores de edad que no hayan contraído matrimonio o establecido una relación de concubinato sin descendencia, que se encuentren estudiando en instituciones oficiales o con reconocimiento de validez oficial, con límite hasta de 25 años de edad; excepcionalmente y a juicio del instituto, podrá extenderse este beneficio hasta los 30 años de edad, si además de cubrir los requisitos mencionados, están realizando estudios a nivel licenciatura o superiores y demuestran su dependencia económica con el militar. Para ello se deberán presentar los siguientes documentos, mismos que serán actualizados anualmente por el interesado:
a) Información testimonial de dependencia económica;
b) Constancia de inexistencia de registro de matrimonio expedida por el Registro Civil; y
c) Certificado o constancia de estudios;
IV. Los hijos incapacitados o imposibilitados para trabajar en forma total y permanente, siempre que la enfermedad o padecimiento sea de origen congénito o se haya contraído dentro del periodo de la vigencia de sus derechos;
V. El padre y la madre; y
VI. Al fallecimiento del militar retirado o en activo, sus familiares tendrán derecho a la prestación del servicio médico gratuito, siempre que la Junta Directiva les reconozca el carácter de pensionistas.
Artículo 149. El servicio materno infantil se otorgará a los sujetos siguientes:
II. Esposa del militar;
III. Concubina del militar; e
IV. Hijas menores de edad, dependientes económicas del militar, que no hayan contraído matrimonio o establecido una relación de concubinato.
Artículo 149 Bis. El derecho al servicio materno infantil para la cónyuge, la concubina y las hijas menores de edad dependientes económicas, se perderá al fallecimiento del militar, salvo cuando acrediten que el nacimiento fue dentro del término de 300 días a partir del deceso del militar.
Artículo 160. La relación de concubinato será acreditada necesariamente, y en todo caso, con la designación que el militar haya hecho de la persona interesada, como concubina o concubinario, ante el instituto o la Secretaría de la Defensa Nacional, o de Marina, sin que sea admisible otro medio de prueba. La designación posterior anula la anterior, siempre que se haya formulado dentro del plazo establecido en el artículo 143 de esta ley y acreditado las circunstancias de los incisos a) y b) de la fracción II del artículo 38 de esta ley, se acreditarán con los medios de prueba establecidos por el Código Federal de Procedimientos Civiles.
Artículo 167. ...
II. Con el certificado de autopsia y dictamen médico de relación de causalidad;
III. a V. ...
Artículo 171. La incapacidad por lesiones recibidas en acción de armas u otros actos de servicio, será probada
En los casos en que la incapacidad o la muerte del militar ocurra antes de transcurridos tres años de acaecidos los hechos que se pretende ocasionaron la incapacidad o la muerte por enfermedad contraída en actos del servicio, se presume la relación de causalidad entre los mismos y la enfermedad y entre ésta, y la incapacidad o la muerte, salvo prueba en contrario.
…
Artículo 174. La incapacidad por causas extrañas al servicio se acreditará únicamente con los certificados que deben expedir los médicos militares o navales especialistas que designen las Secretarías de la Defensa Nacional, o de Marina.
Artículo 181. El tiempo de servicios comprende tanto el de los efectivos como el de los abonos y será computado en la forma establecida en la Ley para la Comprobación, Ajuste y Cómputo de Servicios aplicable a cada una de las secretarías, según corresponda.
La fracción que exceda de seis meses será computada como un año completo, únicamente para efectos del cálculo del haber de retiro, pensión o compensación.
Artículo 183. En todos los casos en que se requiera la presentación de certificados y dictámenes médicos, éstos deberán estar suscritos, cuando menos por dos médicos militares o navales especialistas en el padecimiento que presenta el militar.
Artículo 186. En los casos de retiro forzoso, las dependencias encargadas del manejo del personal militar en las Secretarías de la Defensa Nacional, o de Marina, informarán a la dirección encargada de tramitar administrativamente los retiros que corresponda los casos en que se estime comprobada una causa de retiro proporcionando la documentación comprobatoria. Cuando no se proceda de oficio, los interesados podrán solicitar su retiro en la forma antes establecida para el retiro voluntario.
…
Artículo 189. Si la dirección encargada de tramitar administrativamente los retiros de la secretaría respectiva estimare la procedencia del retiro, pero el presidente de la república o la propia secretaría considere necesarios los servicios del militar conforme a lo establecido en esta ley, podrán ejercitar su derecho de retención en el activo, girando las órdenes conducentes.
Este derecho de retención podrá ser ejercido en tanto no se giren las órdenes de baja en el activo y alta en situación de retiro.
Declarada la retención, se interrumpirá el trámite de retiro, dándose aviso al instituto y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que den por concluidos los trámites que se hubieren realizado y, en su caso, dejen sin efecto las resoluciones de otorgamiento de beneficio y su aprobación.
Artículo 190. En caso de retiro voluntario, el militar podrá desistirse de su solicitud desde la declaración de procedencia de retiro que formule la dirección encargada de tramitar administrativamente los retiros de la Secretaría respectiva, hasta antes de que le sea comunicada por el instituto la aprobación del beneficio de retiro emitida por la Junta Directiva. El desistimiento sólo será denegado si aparece comprobada alguna causa de retiro forzoso.
Artículo 192. Los familiares de militares que se consideren con derecho a beneficio, solicitarán el otorgamiento de compensación o pensión directamente al Instituto, acompañando la documentación comprobatoria necesaria y éste, en un término que no exceda de cinco días hábiles, turnará el escrito petitorio y sus anexos a la Dirección encargada de tramitar administrativamente los retiros de la Secretaría de la Defensa Nacional, o de Marina, en su caso, que dentro de los siguientes sesenta días hábiles resolverá lo concerniente, previo estudio del expediente militar y de las pruebas aportadas por los interesados, determinen la personalidad militar, la jerarquía y la situación en que quedaba como miembro de las Fuerzas Armadas, en el momento de su muerte, la persona de quien deriven sus derechos los peticionarios. Éstos podrán, después de presentada la solicitud, aportar directamente a la secretaría correspondiente de que se trate las pruebas que estimen pertinentes.
Reunidos los elementos de convicción necesarios, la dirección encargada de tramitar administrativamente los retiros, declarará la existencia o inexistencia de la personalidad militar de la persona señalada por los interesados y en su caso, si al morir se encontraba en el activo o en situación de retiro. Esta declaración y el cómputo de servicios militares, si los hubiere prestado la persona aludida, se notificarán a los peticionarios para los efectos de su manifestación de conformidad o de inconformidad, y en este último caso, para que ofrezcan y rindan pruebas, en la misma forma y términos mencionados en esta ley.
…
Artículo 193. En los casos en que los militares y los familiares de éstos hubieran formulado objeciones a las declaraciones pronunciadas por la dirección encargada de tramitar administrativamente los retiros de la Secretaría que corresponda, o a los cómputos de servicios, dicha dirección formulará dentro de los 45 días hábiles siguientes, su declaración definitiva en la cual resolverá las objeciones aceptándolas o rechazándolas, y haciendo pormenorizada valorización de las pruebas y cuestiones alegadas. También será notificada a los interesados esta declaración.
…
Artículo 194. Cuando en las declaraciones de la dirección encargada de tramitar administrativamente los retiros de las Secretarías de la Defensa Nacional, o de Marina, respectivamente, se reconociere la procedencia del retiro del militar interesado, o se tuviere por probada la personalidad militar de la persona de que hacen derivar sus derechos los peticionarios, y el hecho de que su muerte haya ocurrido en el activo o en situación de retiro, se remitirá el incidente de retiro y el expediente militar al Instituto. En los casos en que la declaración fuere adversa, se notificará ésta a los interesados, dando aviso al instituto y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Artículo 195. Cuando estando concluido el trámite conforme al procedimiento establecido en esta ley, existan pruebas supervenientes con las que se acredite que la incapacidad o fallecimiento fue consecuencia de los actos a que se refiere el artículo 168 de esta ley, las secretarías de origen por conducto de sus direcciones encargadas de tramitar administrativamente los retiros respectivamente, tendrán la obligación de rectificar la resolución definitiva que se haya emitido para el trámite inicial para efectos de que se le otorgue el beneficio económico que le corresponda con apego a la presente ley.
Artículo 196. Al recibir el instituto la documentación proveniente de la dirección encargada de tramitar administrativamente los retiros de la Secretaría de que se trate, realizará el estudio de los antecedentes y formulará un dictamen, dentro de los 45 días hábiles siguientes, sobre la procedencia del beneficio, su naturaleza y su monto, pudiendo solicitar los datos aclaratorios necesarios a la dirección remitente, a la autoridad que corresponda o al militar o familiares peticionarios. En caso de que el instituto advierta que la dirección remitente ha omitido formalidades de procedimiento que le corresponda y que pudieran dar lugar a reclamaciones ante los tribunales, devolverá la documentación del caso a dicha dirección para que se proceda legalmente.
…
La junta del instituto, en sus resoluciones, acatará las declaraciones definitivas de la Dirección de la Defensa Nacional, o de Marina, en cuanto reconozcan personalidad militar, determinen jerarquías en el activo o para efectos de retiro, precisen específicamente la causa o causas del retiro acreditadas y fijen situaciones dentro del activo o de retiro. También se sujetará a los cómputos de servicios formulados en dichas direcciones.
…
Artículo 197. En tanto se llevan a cabo los trámites a que se refiere el artículo 196 de la ley, el instituto cubrirá con cargo al erario federal el 50 por ciento del haber o haber de retiro que percibía el militar fallecido a los familiares a quienes se les haya otorgado el beneficio por resolución de la Junta Directiva.
Al efectuarse la liquidación correspondiente, de la cantidad que debe percibirse, se descontará la cantidad que les ha sido cubierta.
Artículo 198. Al notificarse la resolución anterior, que tendrá carácter de provisional, los interesados podrán ejercitar dentro de un plazo de quince días el recurso de reconsideración, contando con quince días para la presentación de pruebas si las ofrecieran precisamente en el escrito con que interpusieron el recurso. El recurso de reconsideración a que se refiere este artículo, se rechazará de plano en lo que se refiere a lo ya resuelto por la Dirección encargada de tramitar administrativamente los retiros respectivamente, de las Secretarías de la Defensa Nacional, o de Marina, en su caso.
…
Artículo 209. ...
III. Los miembros de los Cuerpos de Defensas Rurales que se incapaciten o fallezcan en actos del servicio o a consecuencia de ellos, como soldados.
Primera Categoría
83. La seropositividad a los anticuerpos contra los virus de la inmunodeficiencia humana, confirmada con pruebas suplementarias más infecciones por gérmenes oportunistas y/o neoplasias malignas, en etapa terminal por más de seis meses.
84. a 122. ...
Segunda Categoría
45. Derogado.
Tercera Categoría
Lista de padecimientos que por producir trastornos funcionales de menos del 20 por ciento ameritan cambio de arma o servicio a petición de un consejo médico.
14. La diabetes mellitus tipo 2 sin complicación crónica.
15. a 18. ...
19. La seropositividad a los anticuerpos contra los virus de la inmunodeficiencia humana confirmada con pruebas suplementarias, que limite la actividad funcional militar por requerir de control y tratamiento médico.
20. Las alteraciones permanentes, anatómicas o funcionales, de los diversos aparatos y sistemas, que disminuyen la capacidad funcional del individuo entre el 10 por ciento y el 20 por ciento y que no han quedado comprendidas en esta categoría.
Transitorios
Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, salvo las disposiciones que impliquen impacto económico, las cuales se aplicarán en los siguientes términos:
Para efectos del párrafo anterior, el porcentaje aumentará del 70 por ciento al 75 por ciento en 2008 y, a partir del año 2009, se alcanzará el porcentaje del 80 por ciento.
b) Los militares que pasen a situación de retiro y los que se encuentren en dicha situación con 30 o más años de servicios efectivos, a partir de enero de 2012 percibirán su haber de retiro con el total del porcentaje adicional que se establece en la fracción III del artículo 31; para dicho efecto, a partir de enero de 2008 se aplicará al monto del haber de retiro integrado con la suma de los conceptos a los que se refiere la fracción I del citado numeral; el porcentaje para cada año se indica en la tabla siguiente:
Los porcentajes que se señalan para los militares con 45 o más años de servicios efectivos, sustituirán al porcentaje adicional del 10 por ciento que se les viene cubriendo.
c) La aportación del gobierno federal a la que se refiere el artículo 66 del presente decreto, para constituir a favor de los militares el fondo del seguro de vida militar, se realizará a partir de enero de 2010 a razón del 1.9 por ciento, y al 2.0 por ciento a partir de enero de 2011.
d) La aportación del 3.0 por ciento que se cubre con cargo al presupuesto de las Secretarías de la Defensa Nacional, y de Marina, para integrar el importe de la prima mensual del seguro colectivo de retiro conforme a lo dispuesto en la fracción I del artículo 90 del presente decreto, se realizará a partir de enero de 2008 a razón del 1.75 por ciento, y al 3.0 por ciento a partir de enero de 2009.
e) La aportación del 15 por ciento que el gobierno federal realice en términos del artículo 221 del presente decreto sobre los haberes, haberes de retiro y pensiones, se empezará a cubrir a partir de enero de 2008 conforme a la tabla siguiente, a fin de que a partir de enero de 2012, la aportación del gobierno federal sea equivalente al 15 por ciento de los conceptos que señala la norma:
Tercero. Se derogan las disposiciones que se opongan al presente ordenamiento, quedando a salvo los derechos y beneficios que se vengan ejerciendo y disfrutando en términos de las Leyes del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas de 1976 y 2003.
Reitero a usted, ciudadana presidenta de la Cámara de Diputados, la seguridad de mi consideración más atenta y distinguida.
Palacio Nacional, a 26 de agosto de 2008.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Felipe de Jesús Calderón Hinojosa (rúbrica)
Presidente de los Estados Unidos Mexicanos
(Remitido a las Comisiones Unidas de Seguridad Social,
de Defensa Nacional, y de Marina. Agosto 27 de 2008.)
DE LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN, CON EL QUE REMITE EL INFORME SOBRE LA VISITA DE ESTADO DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, LICENCIADO FELIPE CALDERÓN HINOJOSA, REALIZADA AL REINO DE ESPAÑA DEL 11 AL 14 DE JUNIO DE 2008
México, DF, a 15 de agosto de 2008.
Secretarios de la Comisión Permanente del Honorable
Congreso de la Unión
Presentes
Por este conducto hago de su conocimiento que mediante oficio número DEP-1611-08, Betina C. Chávez Soriano, directora general de Coordinación Política de la Secretaría de Relaciones Exteriores remite el informe sobre las actividades y los resultados de la visita de Estado del presidente de la república, licenciado Felipe Calderón Hinojosa, al Reino de España, del 11 al 14 de junio último.
Por lo anterior y con fundamento en lo dispuesto por la fracción XIV del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, le acompaño para los fines procedentes, original del oficio al que me he referido y de su anexo.
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.
Atentamente
Cuauhtémoc Cardona Benavides (rúbrica)
Subsecretario de Enlace Legislativo
México, DF, a 13 de agosto de 2008.
Licenciado Cuauhtémoc Cardona Benavides
Subsecretario de Enlace Legislativo
Secretaría de Gobernación
Presente
Por instrucciones de la Secretaria de Relaciones Exteriores, embajadora Patricia Espinosa Cantellano, y con fundamento en el artículo 16, fracciones I y III, del Reglamento Interior de la Secretaría de Relaciones Exteriores, me permito solicitar a usted que sea el amable conducto a fin de remitir el informe adjunto al senador Santiago Creel Miranda, Presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.
Lo anterior, en seguimiento a la visita de Estado al Reino de España que el presidente Felipe Calderón Hinojosa realizó del 11 al 14 de junio del año en curso y que fue aprobada por el Pleno de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para reiterarle la seguridad de mi más alta estima y consideración.
Atentamente
Betina C. Chávez Soriano (rúbrica)
Directora General de Coordinación Política
México, DF, a 13 de agosto de 2008.
Senador Santiago Creel Miranda
Presidente de la Mesa Directiva
Comisión Permanente del Honorable Congreso
de la Unión
Presente
Distinguido senador Presidente:
Por este conducto hago referencia a la visita de Estado al Reino de España que el presidente Felipe Calderón Hinojosa realizó del 11 al 14 de junio del año en curso, que fue aprobada por el Pleno de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.
Al respecto, y en estricto seguimiento del compromiso de la Secretaría de Relaciones Exteriores por mantener informado al Congreso Mexicano sobre los compromisos que adquiere el Ejecutivo federal en materia de política exterior; me permito remitir a usted el informe sobre las actividades y los resultados de la visita en comento.
Sin otro particular, me despido enviándole un cordial saludo y reiterándole la seguridad de mi más alta estima y consideración.
Atentamente
Betina C. Chávez Soriano (rúbrica)
Directora General de Coordinación Política
Visita de Estado del presidente Felipe Calderón al Reino de España (11-14 de junio de 2008)
Objetivos
Del 11 al 14 de junio del 2008, el presidente Felipe Calderón realizó una visita de Estado al Reino de España con objeto de avanzar en la consolidación de la asociación estratégica entre México y España y así dar cumplimiento a los compromisos plasmados en la Declaración para Profundizar la Asociación Estratégica entre los Estados Unidos Mexicanos y el Reino de España, suscrita por los presidentes de México y de España el 16 de julio de 2007, que establece las grandes líneas de acción que regirán todos los capítulos de la relación para los próximos años. Otro de los objetivos de la visita de Estado fue suscribir el Memorando de Entendimiento sobre el Desarrollo de Experiencias Piloto en Materia de Gestión de Ofertas de Empleo en México, instrumento jurídico que busca establecer un programa de trabajadores temporales mexicanos en España con pleno respeto a sus derechos humanos y laborales.
De igual manera, con la visita de Estado se buscó promover mayor comercio bilateral, buscando corregir el déficit que registra México en sus transacciones con España. Para ello, el presidente Calderón tuvo encuentros con los presidentes y directivos de las principales empresas españolas para destacar las oportunidades de negocios e inversión que ofrece México, buscando aprovechar el marco preferencial que brinda el Tratado de Libre Comercio México-Unión Europea (TLCUEM).
Un objetivo más de la visita de Estado fue participar en el acto inaugural de la Exposición Internacional Zaragoza 2008 y presidir la ceremonia conmemorativa del "Día de México" en dicha exposición universal, confirmando el apoyo de México a esta importante iniciativa española para crear conciencia sobre la importancia del agua para el ser humano. Por último, tuvo lugar una visita oficial a la Comunidad Autónoma de Cataluña para promover mayores vínculos de cooperación y de negocios con. Esa dinámica región española.
Diálogo político
El presidente Felipe Calderón sostuvo sendos encuentros con los reyes de España, los príncipes de Asturias, y el presidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, que se caracterizaron por un cálido ambiente y una excelente interlocución política.
En los encuentros del mandatario mexicano, tanto con el rey Juan Carlos, como con el presidente José Luis Rodríguez Zapatero, se reconoció el carácter "estratégico" de las relaciones entre México y España al ser ésta vasta, privilegiada y dinámica. Estas características se complementan con la capacidad de interlocución de ambos países en sus respectivas regiones.
En la reunión entre los presidentes de México y de España se revisaron los principales temas de la agenda bilateral, hubo coincidencia en la importancia de la relación económica entre ambos países y en la necesidad de promover mayor comercio e inversión. De igual manera, fueron evaluadas nuevas iniciativas de cooperación, principalmente en el ámbito educativo-cultural. Asimismo, se constató la convergencia de posiciones de ambos gobiernos en materia de cooperación iberoamericana, diálogo América Latina-Unión Europea, asociación estratégica México-Unión Europea, y temas de la agenda global.
Los presidentes de México y de España atestiguaron la firma del Memorando de Entendimiento entre el Ministerio de Trabajo e Inmigración del Reino de España, la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social de los Estados Unidos Mexicanos sobre el Desarrollo de Experiencias Piloto en Materia de Gestión de Ofertas de Empleo en México, instrumento jurídico que establece el primer programa de trabajadores migratorios entre nuestro país y un país europeo.
Especial relevancia tuvo el acto institucional en la sede del Congreso de los Diputados, en el que el presidente Felipe Calderón se dirigió al pleno del poder legislativo español para presentarles el proyecto de México moderno que se ha propuesto construir, subrayar el papel de liderazgo que nuestro país tiene en el escenario internacional y confirmar el interés de fortalecer las relaciones entre México y España. Paralelamente, el mandatario mexicano estableció contacto institucional con todos los grupos parlamentarios del espectro político español. En este sentido, el presidente de México también se reunió con el líder del Partido Popular, Mariano Rajoy, y representantes de otros partidos políticos, con el fin de fomentar el diálogo con todas las asociaciones políticas de España.
Por otra parte, el presidente Calderón sostuvo un encuentro privado con el secretario general iberoamericano, Enrique Iglesias, a quien refrendó el compromiso de México para fortalecer, institucionalizar y proyectar la Comunidad Iberoamericana internacionalmente. Asimismo, ambas personalidades intercambiaron opiniones sobre los preparativos de la XVIII Cumbre Iberoamericana que tendrá lugar en San Salvador del 29 al 31 de octubre próximo.
Como una de las actividades centrales de la visita de Estado, y a invitación del rey Juan Carlos de Borbón y Borbón, el presidente Calderón participó en la inauguración de la Exposición Internacional Zaragoza 2008, cuyo tema central fue el de "agua y desarrollo sostenible". De igual manera, el Ejecutivo mexicano acompañado por la vicepresidenta primera del gobierno de España, María Teresa Fernández de la Vega, y el comisario general de la Expo Zaragoza, Emilio Fernández-Castaño, encabezó la ceremonia conmemorativa del Día de México. Durante su intervención, el presidente Calderón inauguró la Tribuna del Agua, el cual es un espacio de análisis sobre los retos que supone el aprovechamiento de este recurso imprescindible para la sostenibilidad global.
Encuentros paralelos
En forma paralela a la reunión de los presidentes, la secretaria Patricia Espinosa sostuvo una reunión de trabajo con el ministro español de Asuntos Exteriores y Cooperación, Miguel Ángel Moratinos, en el que se intercambiaron opiniones sobre los temas prioritarios de la agenda bilateral, regional y multilateral.
Ambos cancilleres destacaron su deseo de profundizar la relación bilateral, de conformidad con las líneas de acción establecidas en la Declaración para Profundizar la Asociación Estratégica entre México y España. La canciller mexicana reiteró su apoyo a la lucha del Gobierno español frente a ETA y el canciller español expresó su disposición de asistir a México en su lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado.
El ministro Moratinos reiteró a la secretaria Espinosa la voluntad de España de colaborar con México y la Fundación Gates en la lucha contra la malaria en la región mesoamericana.
Cooperación económica
La visita de Estado tuvo un importante contenido económico. Durante su estancia en Madrid, el presidente Felipe Calderón presidió un encuentro organizado por el Consejo Superior de Cámaras de Comercio, Industria y Navegación de España, que aglutinó a los más destacados hombres de negocios de España. Esta actividad contó con la presencia del ministro español de Industria, Turismo y Comercio, Miguel Sebastián. Al respecto, el presidente Calderón destacó las ventajas que ofrece México como destino para la inversión productiva y los alcances del Plan Nacional de Infraestructura. El mandatario mexicano también sostuvo encuentros bilaterales con representantes de los sectores bancario, aeroespacial y de comunicaciones, con quienes se sentaron las bases para futuras inversiones. En este mismo tenor, el presidente Calderón asistió a un almuerzo organizado por el Foro Nueva Economía, en el que promovió a México como un país moderno y con instituciones sólidas, y con gran potencial a futuro.
Antes de concluir su estancia en España, el presidente Calderón realizó una breve visita a Barcelona, donde se reunió con el presidente de la Comunidad Autónoma de Cataluña, y con el alcalde de esa ciudad, frente a quienes refrendó el interés mexicano por imprimir un mayor impulso a los intercambios comerciales y de inversión con esta región española.
Durante los encuentros con la cúpula empresarial española, se acordó realizar esfuerzos para aumentar el nivel de comercio e inversión entre México y España. Los empresarios españoles manifestaron su interés en invertir en México en los rubros de infraestructura y turismo, así como en el sector aeroespacial.
Resultados concretos y temas para dar seguimiento
La visita de Estado del presidente mexicano al Reino de España confirmó el compromiso entre ambas naciones de fortalecer aún más los vínculos bilaterales y, en ese sentido, seguir dando cumplimiento a lo estipulado en la Declaración para Profundizar la Asociación Estratégica entre México y España.
El presidente Felipe Calderón extendió una invitación a los príncipes de Asturias para efectuar una visita oficial a México. En particular, el mandatario mexicano expuso el interés de contar con la presencia de sus altezas reales en el primer Congreso Iberoamericano de Cultura, dedicado a la industria del cine en Iberoamérica, que se celebrará en la Ciudad de México del 1 al 5 de octubre de 2008.
En la reunión entre los presidentes de México y de España se abordó la problemática de rechazo de turistas mexicanos en los aeropuertos españoles (Barcelona y Madrid), y la preocupación que esta situación genera en México. Si bien las detenciones de nacionales mexicanos han disminuido en los últimos meses, ambos reconocieron la necesidad de trabajar conjuntamente y de manera constructiva sobre este tema. Por su parte, el canciller Miguel Ángel Moratinos garantizó a la secretaria Patricia Espinosa que los Ministerios españoles de Asuntos Exteriores y de Interior seguirán aplicando las medidas migratorias con respeto a los ciudadanos mexicanos.
En cuanto a temas regionales, ambos presidentes coincidieron en fortalecer los mecanismos iberoamericanos, con énfasis en la cooperación regional. En este sentido, confirmaron su apoyo a El Salvador para asegurar el éxito de la próxima Cumbre Iberoamericana (San Salvador, 29-31 octubre 2008). Igualmente, México y España reiteraron su compromiso para fortalecer el diálogo y la cooperación entre América Latina y el Caribe y la Unión Europea (UE). En este marco, el presidente Calderón hizo un reconocimiento al decidido apoyo que España ha brindado a nuestro país para obtener el estatus de "socio estratégico" de la UE.
Por lo que respecta a asuntos multilaterales, los presidentes de México y de España se comprometieron a promover iniciativas conjuntas que coadyuven a solucionar los principales problemas globales, tales como: el cambio climático, el combate a la pobreza, y la lucha contra el crimen organizado, el narcotráfico y el terrorismo internacional. En este sentido, el mandatario mexicano ratificó su apoyo a los esfuerzos del Gobierno español en su lucha contra ETA.
El presidente Calderón manifestó su apoyo a la iniciativa sobre la abolición de la pena de muerte que fue presentada por el presidente Rodríguez Zapatero durante un discurso sobre su política exterior, auspiciado por el Real Instituto Elcano y acompañado por el ex secretario general de la ONU Kofi Annan (16 junio 2008). Asimismo, señaló la necesidad de mantener una comunicación permanente que permita la colaboración y el acercamiento de posiciones en los principales foros y en los temas de mayor relevancia.
La secretaria Patricia Espinosa solicitó el apoyo de España para la iniciativa mexicana de crear un fondo mundial sobre el cambio climático (fondo verde), que trascienda esquemas de ayuda al desarrollo y que amplíe la escala de recursos disponibles para los Estados dispuestos a comprometerse para enfrentar este fenómeno. Dicha petición fue recibida con interés por parte del ministro Moratinos, quien se comprometió a estudiar la propuesta de conformidad con el compromiso del gobierno español para apoyar aquellos proyectos que contribuyan a frenar los efectos del cambio climático.
Por su parte, el presidente de la Generalitat de Cataluña, José Montilla comentó al presidente Calderón su intención de visitar México para asistir a la inauguración de la trigésima sexta edición del Festival Internacional Cervantino (8-26 de octubre de 2008), el cual tendrá como invitados de honor a Cataluña y Campeche.
En el marco de la visita de Estado fueron firmados los siguientes instrumentos jurídicos:
2. Memorando de Entendimiento entre la Secretaría de Relaciones Exteriores de los Estados Unidos Mexicanos y el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación del Reino de España para Permitir el Uso de las Instalaciones e Infraestructura de la Embajada de España en Abuja (República Federal de Nigeria) por un Diplomático Mexicano, suscrito por la secretaria de Relaciones Exteriores, Patricia Espinosa, y el ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación de España, Miguel Ángel Moratinos (Madrid, 12 de junio de 2008).
La visita de Estado a España del presidente Felipe Calderón ha sido una muestra ejemplar del extraordinario nivel que tienen en este momento las relaciones entre México y España. Se distinguió al ser la primera visita de Estado que recibió la actual legislatura española surgida de las elecciones generales de marzo último, lo que confirmó el interés y aprecio del Estado español hacia México. En este contexto, el presidente Calderón reiteró el alto valor que México concede a su relación privilegiada con el gobierno español.
Los contactos al más alto nivel permitieron profundizar aún más el privilegiado nivel del diálogo político, ampliar el horizonte de la cooperación e identificar nuevas fórmulas para impulsar el comercio, la inversión y la promoción económica de México en España. En este sentido, el presidente Calderón y el Gobierno español refrendaron el objetivo compartido de seguir avanzando en la consolidación de la "asociación estratégica" entre México y España.
Uno de los aspectos más relevantes de la visita de Estado fue el acto institucional en el Congreso de los Diputados, donde el presidente Felipe Calderón recibió una reiterada ovación por parte de los legisladores españoles. Fue la primera vez en tres décadas de democracia española y desde el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre ambos países, que un presidente de México se dirige al pleno del Congreso de los Diputados y la Mesa Directiva del Senado en la sede del Congreso de los Diputados.
Igualmente, los encuentros sostenidos con los principales actores políticos y líderes de opinión españoles fortalecieron el diálogo con todos los sectores de España y dar a conocer los avances democráticos en nuestro país.
Tras meses de intensas negociaciones, en el marco de la visita se firmó el Memorando de Entendimiento sobre el Desarrollo de Experiencias Piloto en Materia de Gestión de Ofertas de Empleo entre México y España, que establece el primer programa de trabajadores temporales mexicanos en un país europeo. Este instrumento también pretende demostrar que con voluntad política y compromiso dos países pueden desarrollar una política migratoria responsable en beneficio mutuo.
En el ámbito económico, el presidente Calderón destacó el lugar que México ocupa a nivel mundial, el potencial y dinamismo de su economía, y las amplias oportunidades de negocios para los inversionistas españoles, buscando aprovechar al máximo el marco preferencial que nos brinda el Tratado de Libre Comercio suscrito entre México y la UE (TLCUEM). En especial, la reunión con el Consejo Superior de Cámaras de Comercio, Industrial y Navegación de España, así como el almuerzo organizado por el Foro Nueva Economía, fueron espacios idóneos para promover a nuestro país. En el mismo sentido, se fortalecieron los vínculos económicos y de inversión con las autoridades de Cataluña, considerando la importancia política y económica de esta región en el contexto español y europeo.
La participación del mandatario mexicano en la inauguración de la Exposición Internacional Zaragoza 2008, con el tema central "Agua y Desarrollo Sostenible", así como en la ceremonia conmemorativa del Día de México, demostró el apoyo de México a los esfuerzos para crear una nueva cultura universal sobre la importancia del agua para la vida, corroborando el compromiso de nuestro país para respaldar acciones tendientes a enfrentar los retos globales.
Finalmente, cabe destacar que la amplia cobertura informativa
de la visita de Estado del presidente Felipe Calderón tuvo un impacto
muy importante y positivo entre la sociedad española. Se logró
mostrar el extraordinario nivel de las relaciones entre México y
España, así como reforzar la presencia e imagen de México.
DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
México, DF, a 19 de agosto de 2008.
Diputada Ruth Zavaleta Salgado
Presidenta de la Mesa Directiva de la Honorable Cámara
de Diputados
Presente
En cumplimiento por lo dispuesto en el artículo 145, penúltimo párrafo, de la Ley Aduanera, por este conducto me permito hacer de su conocimiento que el Servicio de Administración Tributaria, por conducto de las autoridades aduaneras locales competentes, en julio de 2008, únicamente, dieron destino de mercancía perecedera, de fácil descomposición o deterioro, y de aquella que no es transferible, al Servicio y Enajenación de Bienes.
Los bienes reportados como destinados por dichas autoridades aduaneras se informan en relación anexa.
Atentamente.
Licenciado Fernando Garcidueñas Torres (rúbrica)
Administrador Central de Destino de Bienes
(Turnado a la Comisión de Economía. Agosto
27 de 2008.)
DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
México, DF, a 9 de agosto de 2008.
Senador Santiago Creel Miranda
Presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República
Presente
Conforme a lo dispuesto en el tercer párrafo del artículo 286-C de la Ley del Seguro Social, el Consejo Técnico del instituto, en el punto 7 de la Norma de Inversiones Financieras, aprobada en el acuerdo número 128.R. (DF), del 28 de marzo de 2007, establece los dispositivos de información para que, en forma periódica, oportuna y asequible, se den a conocer la composición y la situación financiera de la inversión de las reservas financieras y el fondo laboral, a través de informes trimestrales que se remitan a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, al Banco de México, al Congreso de la Unión y a la Secretaría de la Función Pública, y que contengan la posición en inversión, evolución, estructura, rendimientos, cumplimiento de metas, medición y control de los riesgos financieros, entre otros.
De acuerdo con lo anterior, envío a usted un ejemplar del informe correspondiente al segundo trimestre de 2008, que fue revisado y aprobado por la Comisión de Inversiones Financieras del Instituto Mexicano del Seguro Social en la sesión número 375, del 6 de agosto del presente año.
Atentamente
Juan Francisco Molinar Horcasitas (rúbrica)
Director General
México, DF, a 8 de agosto de 2008.
Diputada Ruth Zavaleta Salgado
Presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara
de Diputados
Presente
Conforme a lo dispuesto en el tercer párrafo del artículo 286-C de la Ley del Seguro Social, el Consejo Técnico del instituto, en el punto 7 de la Norma de Inversiones Financieras, aprobada en el acuerdo número 128.R. (DF), del 28 de marzo de 2007, establece los dispositivos de información para que, en forma periódica, oportuna y asequible, se den a conocer la composición y la situación financiera de la inversión de las reservas financieras y el fondo laboral, a través de informes trimestrales que se remitan a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, al Banco de México, al Congreso de la Unión y a la Secretaría de la Función Pública, y que contengan la posición en inversión, evolución, estructura, rendimientos, cumplimiento de metas, medición y control de los riesgos financieros, entre otros.
De acuerdo con lo anterior, envío a usted un ejemplar del informe correspondiente al segundo trimestre de 2008, que fue revisado y aprobado por la Comisión de Inversiones Financieras del Instituto Mexicano del Seguro Social en la sesión número 375, del 6 de agosto del presente año.
Atentamente
Juan Francisco Molinar Horcasitas (rúbrica)
Director General
(Remitido a las Comisiones de Hacienda y Crédito
Público, y de Seguridad Social. Agosto 27 de 2008.)
DE LA COMISIÓN NACIONAL DE INVERSIONES EXTRANJERAS, CON EL QUE REMITE EL INFORME ESTADÍSTICO SOBRE EL COMPORTAMIENTO DE LA INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA EN MÉXICO CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO-JUNIO DE 2008
México, DF, a 21 de agosto de 2008.
Senador Santiago Creel Miranda
Presidente de la Mesa Directiva del Honorable Senado
de la República
Presente
En uso de las atribuciones conferidas a la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras, de conformidad con lo dispuesto en la fracción IV del artículo 27 de la Ley de Inversión Extranjera, me permito enviarle el informe estadístico sobre el comportamiento de la inversión extranjera directa en México correspondiente al periodo enero-junio de 2008.
Sin otro particular, me pongo a sus órdenes para cualquier aclaración sobre este asunto.
Atentamente
Licenciado Carlos Francisco Arce Macías (rúbrica)
Secretario de la Comisión Nacional de Inversiones
Extranjeras
Comisión Nacional de Inversiones Extrajeras
1. Metodología para la elaboración de las cifras sobre los flujos de IED
1.1. Nota metodológica
La metodología para medir y dar a conocer los montos de IED en México fue elaborada de manera conjunta por la Secretaría de Economía y el Banco de México, siguiendo las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional1 y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).2 La Secretaría de Economía (SE) da a conocer de manera trimestral los flujos de IED acumulados en el periodo de referencia. Las cifras sobre IED se elaboran con datos de dos fuentes de información:3
b) Un monto estimado del valor de los movimientos de inversión de empresas con IED, que se sabe fueron realizados durante el periodo de referencia, pero que aún no han sido notificados al RNIE.
a) El valor de los movimientos de inversión realizados por empresas con IED y notificados al RNIE consiste en movimientos de inversión notificados por
I. Personas físicas o morales extranjeras que realizan actos de comercio en México y sucursales de inversionistas extranjeros establecidos en el país;4
II. Sociedades mexicanas con participación extranjera;
III. Instituciones fiduciarias que participan en fideicomisos de bienes inmuebles de los que se derivan derechos en favor de inversionistas extranjeros.
Introducción
En uso de las atribuciones conferidas a la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras, de conformidad con lo dispuesto en la fracción IV del artículo 27 de la Ley de Inversión Extranjera, se hace del conocimiento del honorable Congreso de la Unión el presente informe estadístico sobre el comportamiento de la inversión extranjera directa en México correspondiente al periodo enero-junio de 2008.
En la primera parte del informe se presenta una nota metodológica sobre la cobertura y la recopilación de las fuentes de información requeridas para elaborar las estadísticas sobre IED en México; en la segunda parte, se describe el comportamiento de IED durante el periodo enero-junio de 2008, destacando el sector económico al que se destinan las inversiones y el país de origen del cual provienen.
De manera adicional, el informe incluye un apéndice estadístico con cifras sobre fuentes de información de IED, destino económico, geográfico y país de origen.
Estas cifras corresponden a
– Nuevas inversiones, reinversión de utilidades6 y cuentas entre compañías7 de sociedades ya establecidas;
– Monto de inversión involucrado en las transmisiones de acciones por parte de inversionistas mexicanos a inversionistas extranjeros, a través de las cuales la IED adquiere total o parcialmente sociedades mexicanas ya establecidas.8
– Monto de la contraprestación en los fideicomisos de bienes inmuebles.
Cabe señalar que esta primera fuente de información (el valor de los movimientos de inversión realizados por empresas con IED y notificados al RNIE) tiene la característica de proporcionar cifras muy preliminares, debido a que las notificaciones al RNIE de dichos movimientos por parte de las empresas con IED tienden a darse con un importante rezago respecto con las fechas en las que se realizaron las inversiones, debido, entre otras razones, al periodo de tiempo que se requiere para formalizar el acta de asamblea en la cual se asienta la inversión realizada (los movimiento de inversión –cambios en el capital social– deben por ley ser protocolarizados ante un fedatario).
Este rezago se traduce en que los montos de IED reportados al RNIE en un periodo determinado corresponden en su mayoría a inversiones realizadas varios meses antes, y en menor cuantía a las inversiones realizadas en el periodo en cuestión. Por ende, la cifra reportada como IED realizada en un periodo determinado no es definitiva, ya que ésta aumenta posteriormente en la medida en que el RNIE recibe las notificaciones del resto de las inversiones realizadas en dicho periodo. Debido a ello, en la generación de cifras sobre el monto total de IED se incluye una estimación de los montos de IED ya realizados pero que aún no han sido notificados al RNIE.
b) Un monto estimado del valor de los movimientos de inversión de empresas con IED, que se sabe fueron realizados durante el periodo de referencia, pero que aún no han sido notificados al RNIE. Esta estimación se elabora tomando en cuenta el comportamiento mostrado por el rezago mencionado durante los últimos años, y con la información de diversos indicadores obtenidos por el Banco de México (información obtenida de diversas áreas del propio banco, de las empresas, y de medios especializados de información).9 Este monto es estimado conjuntamente por la Secretaría de Economía y por Banxico, y se debe señalar que no se dispone de desagregaciones por país, sector y estado, solamente se estima un monto global.
1.2. Información sectorial y regional sobre la IED
Se dispone de información desagregada por sector económico, entidad federativa y país de origen, únicamente respecto de los montos realizados y notificados al RNIE.
La información geográfica de la IED se refiere a la entidad federativa donde se sitúa el domicilio del representante legal o de la oficina administrativa de cada empresa (único dato que proporcionan los inversionistas extranjeros cuando notifican al RNIE sus movimientos de inversión), y no necesariamente a la entidad federativa donde se realizan las inversiones.
1.3. Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras
Finalmente, los montos de IED involucrados en los proyectos autorizados por la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras de conformidad con lo establecido en los artículos 8o., 9o. y noveno transitorio de la Ley de Inversión Extranjera, representan un importante indicador de las inversiones por realizarse en el corto plazo. Estas inversiones se incluyen en las estadísticas sobre IED, únicamente a partir de que se realizan y se notifican al RNIE.
2. Comportamiento de la IED en enero-junio de 2008
A continuación se presentan las cifras que reflejan la evolución de la IED en el periodo enero-junio de 2008, recopiladas hasta el 30 de junio de ese año, de acuerdo a la metodología descrita en la sección anterior.
El monto de la IED total reportada en el periodo enero-junio de 2008 asciende a 10 mil 536.7 millones de dólares, cantidad 20.4 por ciento menor a la reportada en igual periodo de 2007 (13 mil 244.2 millones de dólares). Los 10 mil 536.7 millones de dólares se integraron con
b) Monto estimado del valor de los movimientos de inversión de empresas con IED, que se sabe fueron realizados durante el periodo de referencia, pero que aún no han sido notificados al RNIE. Se estima que de enero a junio de 2008, las empresas con IED realizaron nuevas inversiones por 992.1 millones de dólares que aún no han sido notificadas al RNIE.
Los montos de IED, correspondientes al periodo enero-junio de 2008, fueron realizados por 2 mil 620 sociedades mexicanas con inversión extranjera directa en su capital social.
2.1. Distribución sectorial y por país de origen de la IED notificada al RNIE
Los 9 mil 544.6 millones de dólares de IED, realizada y notificada en el periodo enero-junio de 2008, se canalizaron principalmente a la industria manufacturera, que recibió el 41.7 por ciento; al comercio fue el 14.6 por ciento; a servicios, el 20.0 por ciento; al sector extractivo, el 12.6 por ciento; a transportes y comunicaciones, el 7.1 por ciento; ya otros sectores, el 4.0 por ciento.
Asimismo, de enero a junio de 2008, la IED provino principalmente de Estados Unidos que participó con el 52.2 por ciento; España aportó 20.8 por ciento; Canadá, 8.2 por ciento; Alemania, 3.7 por ciento; Holanda, 3.4 por ciento; Islas Vírgenes, 2.7 por ciento; Corea, 2.2 por ciento; Luxemburgo, 1.9 por ciento; y otros países, 4.9 por ciento.
2.2. Proyectos autorizados por la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras
De enero a junio de 2008, la CNIE autorizó 3 proyectos de inversión por un total de 239.9 millones de dólares. Los proyectos autorizados en 2008 se espera se realicen en dicho año y en 2009. Los 3 proyectos se sitúan en el sector de servicios.
Apéndice Estadístico
Notas
1. Capítulo XVIII del Manual de balanza de
pagos, editado en 1993 por el Fondo Monetario Internacional, quinta
edición.
2. Benchmark Definition of Foreign Direct Investment.
Benchmark
Definition, editado en 1996 por la Organización para la Cooperación
y el Desarrollo Económicos, tercera edición.
3. El 1 de noviembre de 2006 se publicó el decreto
para el fomento de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios
de Exportación (IMMEX), con el cual se integraron en un sólo
programa los correspondientes al fomento y operación de la industria
maquiladora de exportación y el de importación temporal para
producir artículos de exportación, denominado PITEX. Como
resultado de lo anterior, en la estadística de inversión
extranjera ya no se distinguirá a las empresas maquiladoras del
resto de las empresas, por lo que para fines comparativos. la IED reportada
en el rubro importaciones de activo fijo realizadas por empresas maquiladoras
con inversión extranjera se ha integrado en el rubro Cuentas entre
compañías.
4. Se refiere a los establecimientos que para la prestación
de servicios abren en México personas morales extranjeras, sin que
para ello constituyan una sociedad mexicana.
5. Incluye inversiones en activo fijo y capital de trabajo
para la realización de actos de comercio en México. Este
tipo de inversiones se refiere a las realizadas por personas físicas
o morales extranjeras a quienes el Código de Comercio reconoce personalidad
jurídica y la Ley de Inversión Extranjera posibilita a efectuar
actividades económicas en México, sin constituirse como una
sociedad mexicana.
6. Es la parte de las utilidades que no se distribuye
como dividendos y que. por representar un aumento de los recursos de capital
propiedad del inversionista extranjero, es parte de la IED. En la contabilidad
de la balanza de pagos, en congruencia con lo dispuesto en la quinta edición
del Manual de balanza de pagos del FMI, la contrapartida a la reinversión
de utilidades de la IED (que se registra en la cuenta de capital como entrada
virtual) es una erogación (también virtual) en los pagos
factoriales de la cuenta corriente.
7. Se refiere a las transacciones originadas por deudas
entre empresas asociadas. Así, incluye tanto préstamos de
las matrices residentes en el exterior a sus filiales en México
como préstamos o adelantos de pagos de las filiales a sus matrices;
estas transacciones son consideradas como IED debido a que significan un
ingreso proveniente del exterior financiado directamente por el inversionista
extranjero a su filial en México.
8. Estos movimientos se consideran IED debido a que tienen
la finalidad de obtener un interés de largo plazo en empresas mexicanas,
lo cual es congruente con la definición de IED de la Organización
para
la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Benchmark Definition
of Foreign Direct Investment, página 7, tercera edición,
1996), que señala lo siguiente: La inversión extranjera directa
refleja el objetivo de obtener un interés duradero por parte de
una entidad residente en una economía (inversionista directo), en
una entidad residente en otra economía diferente a la del inversionista
(empresa de inversión directa). El interés duradero implica
la existencia de una relación de largo plazo entre el inversionista
directo y la empresa, así como un grado significativo de influencia
en el manejo de la empresa.
9. Debido a la existencia de este rezago, se debe tener
cuidado en la comparación de los flujos de IED correspondientes
a dos periodos, pues las inversiones realizadas durante el periodo menos
reciente han tenido más tiempo para haber sido notificadas ante
el RNIE. Por ejemplo, sí sería válido comparar las
cifras de IED correspondientes al periodo enero-junio de 2008 que se tienen
registradas hasta el 30 de junio de 2008, con la información que
se tenía registrada al 30 de junio de 2007, relativa al periodo
enero-junio de 2007.
(Turnado a la Comisión de Economía. Agosto
27 de 2008.)
Quienes suscriben, legisladoras y legisladores federales integrantes de los grupos parlamentarios del Partido de la Revolución Democrática, de Convergencia y Partido del Trabajo a la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, 73, fracción X, y 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y observando estrictamente lo dispuesto en los artículos 25, 26, 27, 28 y 134 de la Ley Fundamental, sometemos a la consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto que crea, adiciona, modifica y deroga diversas disposiciones en materia del sector energético nacional, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
I. Contexto de la propuesta
En el debate nacional sobre el sector energético, originado por la presentación de las iniciativas de la administración federal al Senado de la República, cuyos contenidos se limitan a la reestructuración de Petróleos Mexicanos y modificaciones de algunas participaciones de distintos órganos de la administración pública en el ramo petrolero, ha quedado clara la necesidad d definir un programa de desarrollo de la industria petrolera dentro de un programa nacional de energía, derivado a su vez de una política energética de Estado, cuyo objetivo fundamental sea la seguridad energética de la nación, parte consustancial de la seguridad nacional.
Además, las iniciativas, carentes de este marco indispensable, han sido presentadas por la administración federal con un discurso contrario a lo que su propuesta de reforma contiene.
Dice que no cambia la Constitución, pero su propuesta la transgredí; dice que fortalece a Pemex, pero su propuesta lo hace renunciar a su capacidad operativa y a su crecimiento; dice que no lo privatiza, pero su propuesta cede a la iniciativa privada participaciones, instalaciones y mercados, condenándonos a la abstinencia de la ciencia y la tecnología; dice que busca transparencia y combate a la corrupción, pero su propuesta plantea procedimientos laxos, inciertos, confidenciales, opacos y discrecionales; dice que no hay contratos de riesgo, pero propone contratos incentivados sin acotamiento alguno; dice que los hidrocarburos son y seguirán siendo sólo de los mexicanos, pero abre la puerta para compartirlos. En suma la administración federal: tergiversa, miente, engaña.
Por su parte, un grupo de legisladores del PRI ha presentado su propuesta de reforma, que es en esencia la enviada por el Ejecutivo con algunas modificaciones, que si bien atiende ciertas inquietudes expresadas en múltiples foros, sobre temas delicados como el respeto irrestricto a la Constitución y la oposición a la entrega a la iniciativa privada de ductos y refinerías, establecen mecanismos de arrendamiento para estas actividades y su posible desincorporación, favorecen la desintegración de Pemex con las filiales, mantienen ambigüedades que es necesario aclarar, como las relativas a los "contratos de riesgo", que dicen rechazar pero delinean en la exposición de motivos y consuman en el texto de las iniciativas y que han sido criticadas incluso por algunos de sus correligionario apoyan formas discutibles para los cuerpos de dirección de Pemex y facultades inaceptables para contratar sin licitación en casos que no justifican esa liberalidad; contiene propuestas que deben precisarse, como la ilegal, inexplicada e inexplicable proliferación de organismos filiales a crear y desincorporar discrecional y extralegalmente por el Consejo de Administración y adolece también de importantes omisiones que es imperioso superar. Se plantea igualmente en el vacío de una política de Estado.
Sin duda, hay un gran consenso en el sentido de que urge una radical transformación de Petróleos Mexicanos; sin embargo, las visiones son, como ha quedado demostrado en los debates, distintas.
Se requiere sí, un Pemex fuerte, pero pleno en el ejercicio de sus facultades constitucionales, sin ceder a la iniciativa privada sus áreas de exclusividad; autónomo en el manejo de sus recursos y de sus acciones, con un régimen fiscal no confiscatorio, equitativo y justo para el buen desempeño de sus funciones, pero con los controles ciudadanos que garanticen transparencia y honestidad; eficiente, pero a partir de las capacidades y los talentos nacionales de que disponemos; ágil, pero sin relajar las normas al límite de la discrecionalidad de sus funcionarios.
Un Pemex de todos los mexicanos, sin ingerencias de extranjeros ni manipulaciones de nacionales; dirigido por funcionarios capaces y honorables, libres de conflictos de interés y ajenos a intereses en conflicto.
Un Pemex con ductos y refinerías, propiedad todo de la nación; sin contratos de riesgo ni de servicios múltiples, ni abiertos ni disfrazados; con una estructura integrada, con capacidades de gestión y con recursos suficientes para su actualización permanente y para su crecimiento, con mecanismos de supervisión y control internos y externos adecuados y con un sindicato democrático, digno de la calidad de los trabajadores petroleros, que atienda las funciones esenciales de la organización sindical que hoy, más que velar por los legítimos derechos de los trabajadores, por conveniencia de y por connivencia con la administración federal en turno, cuida sus parcelas de poder político y económico, lo que estimula la corrupción y la ineficiencia.
Un Pemex que promueva la ingeniería mexicana, la industria del país y el desarrollo científico y tecnológico nacionales y que apoye el desarrollo de la nación. Un Pemex vinculado con todas las formas disponibles de energía y corresponsable de la seguridad y la soberanía energéticas de la nación.
En suma, un Pemex nuestro, no por un nacionalismo trasnochado ni por chovinismo, sino por la conciencia de la importancia del petróleo en el contexto geopolítico mundial, por nuestra vecindad geográfica, por el tránsito ampliamente documentado de nuestra historia, por la trascendencia de nuestra seguridad energética como elemento sustantivo de seguridad nacional y por ende, de nuestra soberanía.
Ese es el Pemex que quiere la mayoría de los mexicanos y estas manifestaciones que podrían considerarse sólo una larga serie de buenos deseos, son expresión de situaciones perfectamente asequibles si la conciencia política de quienes tienen la responsabilidad de las grandes decisiones nacionales, nuestros congresistas, se pone en armonía con los derechos y las necesidades de los mexicanos, pues contamos con los recursos económicos y los talentos necesarios para todas las áreas de la industria petrolera, tanto en el organismo público descentralizado como en el sector académico, en las jubilaciones prematuras y en empresas privadas a donde los ha llevado la inconsistencia de las políticas públicas, que conocen la verdad de todos los pasos de la industria, de las condiciones de nuestras reservas, las formas de optimizar la producción, los tiempos y formas para la búsqueda de nuevos yacimientos, para la adquisición de las tecnologías necesarias y para la formación del personal requerido, en suma, capaces de atender las necesidades de nuestra industria fundamental, sin compartir una sola molécula de nuestros hidrocarburos, ni entregar parte de los beneficios de la industria a la participación privada.
Pemex no sólo puede cumplir cabal y ampliamente con esta tarea fundamental, como se ha demostrado en ocasiones múltiples, sino que debe hacerlo por el mandato irrenunciable que deriva de la Constitución.
Se discute un tema particularmente delicado, que debe analizarse, no aisladamente, como se pretende, sino en el marco más amplio de una política energética del Estado mexicano, pendiente en la agenda nacional y cuyo objetivo esencial es su soberanía y su seguridad energética.
La seguridad energética del país requiere una política de Estado definida en función de los intereses nacionales, que considere la transición energética y al petróleo como un recurso no renovable de amplio uso económico. Por ello, en las condiciones del país, una política energética de Estado es inseparable de la construcción de un nuevo paradigma de desarrollo económico, energético y ecológico. Una propuesta que sólo busca reformar Pemex es notoriamente insuficiente e inadecuada. Más aún, cuando persigue instaurar las condiciones para que capitales privados constituyan corporaciones que se beneficien del transporte y almacenamiento de hidrocarburos y derivados, de la refinación del crudo y de las labores de exploración y extracción de hidrocarburos, en especial en algunas zonas del país y, sobre todo, del Golfo de México.
Tanto esas iniciativas, como las presentadas posteriormente por el PRI, implican la sobreexplotación del recurso, el sostenimiento de una cuantiosa plataforma exportadora de crudo, el creciente desmantelamiento de Pemex, la participación abierta o encubierta de transnacionales y el uso de la mayor parte de los ingresos por exportación de crudo para financiar el gasto corriente del sector público.
La soberanía energética es en la actualidad asunto estratégico de seguridad nacional. Es inimaginable una sociedad moderna sin una satisfacción de todas sus necesidades de energía, en un marco de eficiencia creciente. Por tanto, es imprescindible contar con una política de largo plazo que asegure la autosuficiencia y considere en conjunto petróleo, gas, energía eléctrica y fuentes alternas, sobre todo renovables.
II. Política energética de Estado
Desde hace varios lustros los gobiernos en turno decidieron incrementar la extracción de petróleo para su exportación. La extracción de crudo creció desde 1996 hasta 2004, cuando alcanzó su máximo a 3.38 millones de barriles diarios. Las exportaciones de crudo crecieron desde el año de 1997 hasta 2004, cuando se alcanzó la cifra de 1.82 millones de barriles diarios. El crecimiento en el volumen de las exportaciones se da principalmente hacia Estados Unidos, al punto que en años recientes representa el 80 por ciento o más. El incremento en la extracción de petróleo se acompaña de una baja tasa de restitución de reservas y agotamiento acelerado de los yacimientos actuales. Los recursos financieros de Pemex se han concentrado en cerca del 80 por ciento en explotar los yacimientos, en descuido incluso de las tareas de exploración. Esto es parte de la política energética que los gobiernos practican desde hace años.
Además, crece notablemente la participación de los ingresos provenientes de la industria petrolera en los ingresos del sector público. En años recientes por cada peso que ingresa al erario 40 centavos provienen del petróleo, sin contar los excedentes. Hay una petrolización de las finanzas públicas, sin que los recursos se destinen a la inversión, menos aún a la inversión en la industria petrolera. Existe un crecimiento del consumo de hidrocarburos sustentado en las importaciones y un aumento de emisiones de gases de efecto invernadero y otras manifestaciones de deterioro ambiental, todo ello en condiciones de un bajo ritmo de crecimiento de la economía. Se mantiene a por lo menos 3 millones de mexicanos sin acceso a la cobertura eléctrica y se acepta un patrón de crecimiento en la generación de energía eléctrica basado en la importación de gas natural. Se promueve y se pondera como positivo el debilitamiento de las entidades públicas del sector energético y cada vez mayor participación de las industrias energéticas transnacionales en actividades reservadas por la Constitución al Estado. Estos son rasgos notables de la política energética practicada desde la segunda parte de los años ochenta, que entrañan un debilitamiento de la seguridad nacional y de las condiciones económicas que impulsan el crecimiento.
Contrario a este debilitamiento de la seguridad energética nacional y de las leyes que nos rigen, una política energética de Estado debe tener una clara conciencia de nuestra historia y de nuestra identidad nacional y garantizar el respeto del pacto social fundamental expresado en la Constitución Política. El objetivo es convertir a México en una nación con capacidad económica propia dentro de la economía global, bajo un paradigma social, ambiental y laboral sustentable, que considere a las futuras generaciones y el desarrollo de capacidades científicas, tecnológicas, empresariales y comerciales, primordialmente de las empresas e instituciones nacionales.
Una política energética de Estado debe convertir a Pemex en una palanca del crecimiento general de la economía, incluido su papel como auxiliar de la hacienda pública. En estos momentos de altos precios del petróleo, la riqueza petrolera puede generar recursos tanto para la hacienda pública, como para la inversión de la propia industria petrolera. Tan sólo los excedentes petroleros de este año alcanzarán cerca de 200 mil millones de pesos a pesar de la reducción de la producción. Ello sin contar el superávit primario que Hacienda le impone a Pemex además de los derechos establecidos, que para 2008 posiblemente serán de 134 mil millones de pesos. En el mediano plazo, una política energética de Estado implica la necesidad de una reforma tributaria que otorgue recursos suficientes a las entidades públicas del sector energético y grave en forma progresiva a las grandes empresas privadas.
Una política energética de Estado debe reconocer al petróleo como un recurso no renovable y de amplio uso económico, de tal forma que el incremento en su producción, no puede ni debe ser un indicador de productividad como en otras ramas de la economía. Por el contrario, el incremento acelerado de la explotación de petróleo, lo único que muestra es un uso irracional del recurso y mayores impactos ambientales negativos. Hecho más grave cuando la mayor parte se exporta.
En esta perspectiva, una política energética de Estado debe considerar como elementos estratégicos: la soberanía y seguridad energéticas, la disminución de la proporción del ingreso petrolero en la recaudación federal, la mejora de la productividad energética, los menores impactos ambientales de la producción y del consumo de la energía, la mayor participación de las energías renovables, una adecuada tasa de restitución de reservas de hidrocarburos, la satisfacción de las necesidades energéticas básicas de la población, el fortalecimiento de las entidades públicas del sector energético y el apoyo a la investigación y el desarrollo tecnológico nacionales.
La soberanía y seguridad energética implican que el país desarrolle un programa energético de largo plazo que incluya todas las fuentes de energía y la eficiencia energética y que reconozca a la energía como un medio para alcanzar mejores niveles de vida para la población. Ello implica garantizar el suministro a largo plazo de combustibles, materias primas industriales y productos petroquímicos, a través de recursos propios y, por lo tanto, la reducción sistemática de las importaciones.
La disminución de la proporción del ingreso petrolero en la recaudación federal implica reconocer al petróleo como un recurso no renovable de enorme valor para el desarrollo económico nacional y no como un medio para proveer de recursos líquidos al gobierno en turno. El fisco se ha financiado en gran medida a partir de los ingresos generados por la explotación del petróleo, a fin de no instrumentar una reforma tributaria que grave al gran capital. El costo de no tener una verdadera reforma tributaria ha sido la descapitalización de la industria petrolera, reduciendo el superávit generado y afectando negativamente el crecimiento económico nacional. Por ello, las exportaciones de crudo deben ir disminuyendo a un nivel adecuado en función de las necesidades financieras del país y su contribución al presupuesto público nacional, sustituidas por ingresos provenientes del gravamen real a las grandes empresas privadas y las personas en las que se concentra una elevada proporción del ingreso nacional.
Mejora de la productividad energética. La intensidad energética mide el consumo de energía por unidad de producto interno bruto. Una menor intensidad energética significa que la productividad y eficiencia energética del país van aumentando. En las últimas décadas, la intensidad energética nacional ha tenido un comportamiento errático. Solamente un programa energético de largo plazo que oriente el consumo de energía a una mayor eficiencia estructural y tecnológica, que incluya el sector transporte que es el de mayor crecimiento, logrará mejoras de largo plazo en la productividad energética nacional.
Menores impactos ambientales de la producción y consumo de la energía. La producción y consumo de hidrocarburos representan importantes impactos ambientales en agua, suelo y atmósfera. Una política energética de Estado debe considerar al ambiente como un elemento sustantivo del desarrollo, tanto a nivel local, como en el plano global como el cambio climático. Esto implica la incorporación de tecnologías de menores impactos ambientales, la producción de combustibles más limpios, el uso de energías renovables y un programa nacional de ahorro y uso eficiente de la energía.
Mayor participación de las energías renovables. A pesar del potencial del país en energías renovables, éstas representan el 12 por ciento del consumo primario; 6 por ciento de bagazo de caña y leña para el sector rural y 6 por ciento de hidroeléctricas, eólicas y geotermia. El recurso solar, hidráulico, eólico y geotérmico están disponibles en el país y la tecnología también, sin embargo, la política energética nacional se ha sustentado en la importación de gas natural para la generación eléctrica, sin considerar otras opciones y el desarrollo de las fuentes renovables.
Adecuada tasa de restitución de reservas de hidrocarburos. Como reflejo de la decisión de aumentar la exportación de petróleo en la última década, las reservas probadas cayeron en 27 por ciento de 2003 a 2007. La razón, no es la carencia de petróleo en el subsuelo mexicano. Ello se debe a que no se han efectuado las inversiones necesarias en exploración. Es imprescindible cambiar esta política. Debe aumentar la inversión pública en exploración y al mismo tiempo, establecer una tasa de extracción que tienda a ser inferior a la incorporación de reservas probadas, inclusive para el establecimiento de una reserva estratégica de hidrocarburos.
Satisfacción de las necesidades energéticas básicas de la población. En el año 2006, el 3 por ciento de la población del país aun no contaba con electricidad, lo cual significan cerca de 3 millones de personas. En Guerrero, el 10 por ciento de la población aún no cuenta con el servicio eléctrico. Una política energética de Estado debe contemplar la electrificación en todo el país y el acceso a los servicios energéticos básicos de calidad para toda la población. Para alcanzar este objetivo y cubrir las necesidades de la población en zonas de difícil acceso deben valorarse las ventajas de la provisión descentralizada de energía.
Fortalecimiento de las entidades públicas del sector energético. Una política energética de Estado debe contemplar el fortalecimiento de Pemex, de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y de Luz y Fuerza del Centro (LFC). De acuerdo con la Constitución, la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo de Petróleo y su propia Ley Orgánica, Pemex es la entidad encargada del aprovechamiento de los hidrocarburos, ya que en esta materia no pueden darse concesiones.
Ello implica el otorgamiento de recursos suficientes a las entidades energéticas, que existen en el país por la riqueza generada por ellas mismas, el fortalecimiento de Pemex como una entidad integrada con 70 años de experiencia, el fortalecimiento de las áreas estratégicas de la industria petrolera basadas en el desarrollo de la ingeniería nacional y una mayor sinergia entre Pemex, CFE y LFC.
Fortalecimiento de la investigación y el desarrollo tecnológico nacional. Una política energética de Estado debe estar sustentada en potenciar la ingeniería y la ciencia mexicanas. El Instituto Mexicano del Petróleo debe volver a jugar un papel importante en la investigación y desarrollo de tecnología, como institución rectora en la investigación y desarrollo en hidrocarburos, generando concordancias con otras instituciones. El IMP, el IIE, el ININ, la UNAM, el IPN y otras instituciones públicas de educación e investigación, deben fortalecerse si quiere fortalecer al sector energético nacional.
III. Programa para el fortalecimiento y desarrollo de Pemex
1. Recursos suficientes para Pemex
De acuerdo con la Constitución, la Ley Orgánica de Pemex y la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo de Petróleo, Pemex es el organismo público descentralizado encargado del aprovechamiento de los hidrocarburos, ya que en esta materia no pueden darse concesiones.
La riqueza petrolera, y en particular su renta, debe ser utilizada para la inversión pública, incluida aquella que permita cumplir con los derechos sociales universales consagrados en la Constitución, como salud y educación; pero también como potenciadora del desarrollo económico nacional, a través del propio fortalecimiento y desarrollo de Pemex y de la sinergias que pueda generar con la industria nacional. Por ello, es necesario:
Dotar a Pemex de recursos financieros suficientes para atender las inversiones que reclama su operación, mantenimiento y desarrollo.
Revisar la aplicación de los excedentes petroleros y evitar la discrecionalidad en su distribución, lo que permitiría destinar más recursos a la inversión y aumentar las participaciones a los estados. Por tanto es necesario utilizar parte de los excedentes petroleros para atender los rezagos en refinación, ductos, recuperación de reservas y desarrollo tecnológico.
Otorgar a Pemex autonomía presupuestal y establecer un nuevo régimen fiscal que lo libere a del rapaz control que sobre la renta y los ingresos petroleros ejerce la Secretaría de Hacienda.
Basar la contribución fiscal de Pemex fundamentalmente en impuestos indirectos.
Que el gobierno absorba gradualmente la deuda de los Pidiregas para permitir a Pemex, cuando sea necesario, obtener recursos en mejores condiciones para financiar sus inversiones y saldar la deuda asumida. En lo inmediato, debe eliminarse la absurda exigencia de mantener un amplio superávit primario que ha congelado cuantiosos recursos en los últimos años.
La decisión tomada en 1992 de convertir a Pemex en una entidad con subsidiarias y filiales ha aumentado de manera innecesaria los gastos de administración y complicado sin resultados positivos su operación. Por ejemplo, en petroquímica después de 11 años de haber creado filiales, se optó por volver a fusionarlas, sin lograr modificar hasta el momento los resultados económicos devastadores. La organización de Pemex con filiales ha evitado una política de planeación integral en materia petrolera y ha limitado la inversión en refinación, petroquímica, almacenamiento y distribución; dañando severamente a Pemex.
Reestablecer a Pemex como una industria plenamente integrada permitirá aprovechar las economías de escala, el poder de negociación, la eficiencia en la operación, el control, la seguridad industrial y evitará la multiplicación de funciones. Las empresas petroleras en otras latitudes tienden a la integración vertical.
En esta perspectiva debe reconocerse a todas las actividades de la industria petrolera como estratégicas y por lo tanto la exclusividad de Pemex en la propiedad, control y operación de las mismas.
Ello implica también reconocer la preponderancia de las actividades de un alto valor agregado: las industrias de refinación y petroquímica nacionales para satisfacer la demanda nacional y reducir los costos de los productos a partir de hidrocarburos, especialmente los combustibles y las materias primas industriales.
3. Inversión en exploración y restitución de la producción de petróleo a niveles sustentables
La disponibilidad de recursos para Pemex permitiría invertir en proyectos urgentes, sobre todo para mantener la producción de crudo en campos existentes y recuperar reservas. Este esfuerzo es factible dirigirlo principalmente a las aguas someras y tierra, en donde existen cuando menos 45 mil millones de barriles de reservas probadas, probables y posibles.
Para garantizar la reposición de las reservas probadas, es necesario: 1) modular gradualmente la plataforma de producción de crudo, ajustándola a las necesidades de consumo del país; 2) intensificar la actividad exploratoria en la totalidad del territorio nacional, principalmente en las cuencas de Veracruz, del Sureste y en aguas someras; 3) aplicar procedimientos de recuperación secundaria y mejorada para acelerar la conversión en reservas probadas de las probables y posibles.
Un esfuerzo sostenido en estos campos, así como la investigación y desarrollo en nuevas áreas, a lo largo de varios años, permitiría acumular la capacidad tecnológica y la capacidad de negociación en la compra o renta de la tecnología necesaria para emprender, en su momento, la exploración y producción en aguas profundas.
4. Redefinición de la política de precios entre las diversas actividades de Pemex
Diseñar un nuevo sistema de precios de transferencia dentro del sector energético, que permita maximizar los resultados de una industria petrolera integrada y favorezca la generación eficiente de energía eléctrica, al tiempo que sea transparente y sujeto a una regulación adecuada. En la actualidad, Pemex-Exploración y Producción vende el crudo, los condensados y el gas tanto a Pemex-Refinación como a Pemex-Petroquímica, a los denominados precios internacionales y, los precios de los productos de uso final, se fijan en la Secretaría de Hacienda. Para que la refinación y la petroquímica sean actividades económicamente viables para Pemex y reactivar toda la cadena productiva, deben adecuarse los precios de transferencia del crudo, los condensados y el gas para el procesamiento que realiza el propio Pemex.
5. Autosuficiencia en gas natural a través del uso de derivados de petróleo con nuevas tecnologías y fuentes renovables, y el uso eficiente de este gas
El crecimiento de la generación eléctrica del país ha estado sustentado en empresas privadas con centrales de generación de ciclo combinado que utilizan gas natural. De los 946 millones de pies cúbicos diarios de gas natural que se importaron en el 2006, el 85 por ciento se destinó a la producción privada de energía eléctrica. Para el año 2015, la Secretaría de Energía contempla importar 132 por ciento más (2,198 millones de pies cúbicos diarios), de los cuales, el 65 por ciento se destinará a la producción privada de electricidad.
Son necesarios el ahorro y uso eficiente del gas natural en el sector petrolero mismo. En particular, es urgente eliminar la quema de gas natural. Es preciso fortalecer la exploración y la explotación de gas natural, por Pemex y con los medios con que en el pasado ha contado Pemex para hacerlo. También es necesaria la instalación de nuevas plantas de procesamiento de gas natural.
Esta política ha generado pérdida de seguridad energética por sustentarse en combustibles importados. Frente a ello es imperioso elevar a su mayor capacidad la operación de las plantas eléctricas de la CFE que no dependen de gas natural. En especial es urgente la reparación y el mantenimiento sostenido del sistema hidráulico del río Grijalva. También deben producirse en las refinerías los combustibles que se han usado o pueden usarse para sustituir el gas natural. Debe reorientarse la política de fuentes de generación de electricidad hacia su diversificación. Para ello, debe sustentarse parte del crecimiento de la generación eléctrica en el uso de combustibles con base en petróleo, utilizando tecnologías que disminuyen los impactos ambientales. Esto permitiría reducir el costo de la electricidad y las importaciones de gas. El incremento en la generación eléctrica debe sustentarse también, en otras fuentes de energía, como las renovables. El objetivo es lograr en el menor tiempo posible la autosuficiencia en gas natural que es una condición de la seguridad energética.
6. Autosuficiencia en gasolinas y diesel a través del aumento en la capacidad instalada de refinación y medidas de eficiencia, ahorro y sustitución de combustibles para transporte
Debido a que no ha habido inversión en nuevas refinerías, esto ha provocado crecimiento en las importaciones de petrolíferos, de tal forma que en el año 1996 se importaba 15 por ciento del consumo de gasolinas y 4 por ciento del diesel y hoy se importan 40 por ciento y 9 por ciento respectivamente. Cabe mencionar, que el crecimiento de la importación de gasolinas es notable, para lo cual debe también establecerse una política - de eficiencia energética y sustitución de combustibles en el sector transporte. Por ejemplo, es posible establecer un programa para que las flotillas de transportes del sector público sean convertidas al uso de combustibles alternativos como diesel y etanol a partir de la caña de azúcar.
Se debe alentar el uso de motores híbridos, que reducen hasta a la mitad el consumo de gasolina. Se deben revisar las normas de rendimiento mínimo de combustible para los automóviles que se venden en el país e ir retirando de la circulación, gradualmente, los vehículos que consumen demasiado combustible, como ya se hizo hace años con los motores de 8 cilindros en los coches. Se debe promover a nivel nacional el uso del transporte público privilegiando el desarrollo de su infraestructura.
Debe aprovecharse al máximo la capacidad instalada de refinación, operando las plantas instaladas al máximo posible. Además, la construcción de nuevos trenes de refinación debe orientarse tanto al suministro de gasolinas y diesel, como a la producción de combustibles para generación de electricidad y a la producción de materias primas para la petroquímica. Esto es factible hacerlo a través de una planeación clara de los recursos y las tecnologías disponibles y de las necesidades futuras del país.
7. Modernización y ampliación de la red de ductos
Para la modernización y ampliación de la red de ductos y almacenamiento se requieren inversiones planeadas que atiendan tanto al mantenimiento como a la nueva infraestructura. Para ello es necesario:
Diseñar una estructura organizacional a nivel central que realice la planeación y programación de los proyectos, obras y como consecuencia de los recursos anuales y plurianuales para proporcionar los servicios de mantenimiento preventivo, predictivo y correctivo, así como el presupuesto de operación.
Las actividades de mantenimiento pueden ser realizadas por personal de Petróleos Mexicanos. En el caso particular de las actividades de mantenimiento correctivo, dependiendo de su grado de complejidad y magnitud, podrán ser ejecutadas por contratistas nacionales a través de contratos de obra pública específicos, debidamente licitados.
Con los cambios a las leyes orientadas a la petroquímica de 1995, se buscaba supuestamente, que la industria química y Petroquímica se expandiera. No sucedió tal cosa, al contrario, se deprimió a tal grado que se cerraron plantas y líneas de producción y las importaciones crecieron sustancialmente.
Pemex Petroquímica en los últimos 8 años de administración ha dejado de facturar más de 14 mil 500 millones de dólares por tener plantas fuera de operación. En contraparte, en el diagnóstico se reporta que actualmente se importan 16 mil millones de dólares: precisamente el mercado que se ha abandonado.
El rescate de la industria petroquímica es sustantivo para México. La petroquímica surte de materia prima a gran parte de la industria nacional y representa la actividad de mayor valor agregado de la industria petrolera. Es urgente operar las plantas actuales a las capacidades máximas y obligar a Pemex a informar con estudios técnico-económicos detallados las causas de su no operación u operación a capacidad reducida.
Como el etileno es uno de los productos estratégicosde gran valor en la petroquímica, del que se derivan múltiples petroquímicos secundarios; que además es un hidrocarburo o, en el lenguaje del párrafo respectivo del artículo 27 de la Constitución un carburo de hidrógeno, corresponde a la nación su dominio directo, con el objetivo de impulsar el desarrollo de la petroquímica nacional. El gobierno de Fox intentó privatizar la producción del etileno mediante el Proyecto Fénix, y fracasó. Ahora, se pretende realizar lo mismo mediante el proyecto Etileno XXI, lo cual es inadmisible. La iniciativa privada puede y debe hacer la transformación secundaria de este carburo de hidrógeno.
El amoniaco es la materia prima de los fertilizantes nitrogenados, los de mayor uso. Es necesario que se considere el precio del gas a su costo de producción para la elaboración este petroquímico. Pemex petroquímica ha desmantelado y vendido varias de sus plantas productoras de amoniaco a la iniciativa privada, sin embargo no se cubren las necesidades del país.
Con esto se garantiza la producción del amoniaco por el Estado a bajo costo y se asegura la materia prima económica para la producción del fertilizante, donde las empresas privadas realizarían esta transformación. Además, sería un paso importante para rehabilitar a la agricultura y actividades ligadas a ella.
En suma, el cambio en el método para establecer los precios al interior de Pemex, el destino de parte del gas natural que se quema en la sonda de Campeche para la petroquímica y el financiamiento que se destine a Pemex, permitirán restituir la capacidad de producción de la petroquímica nacional.
9. Inversión en investigación y desarrollo
Es necesario aumentar el desarrollo de capacidades nacionales en el área energética, a través del apoyo a la investigación y desarrollo y la formación de técnicos y científicos que impulsen la investigación en el área, tanto para desarrollar aportaciones originales, como para adaptaciones tecnológicas y negociaciones sobre transferencia o adquisición de tecnologías existentes. Para ello es imprescindible:
La integración de un fondo para el desarrollo científico y tecnológico para la transición energética, que apoye los esfuerzos hacia energías renovables y limpias de los institutos nacionales y los centros de investigación de las instituciones públicas de educación superior.
El apoyo a las instituciones públicas de educación superior para la formación de personal técnico y científico para el sector energético.
No pueden quedar impunes, una vez más, la corrupción y el tráfico de influencias que han caracterizado a la administración de Pemex. Por ello no deben permanecer en el vacío los resultados presentados por la Auditoría Superior de la Federación. Además, es necesario realizar auditorías integrales e independientes a Pemex, CFE y Comisión Reguladora de Energía acerca del otorgamiento y uso de Pideregas, permisos y contratos a generadores privados de energía eléctrica, contratos de servicios múltiples, contratos para la adquisición de gas natural y destino de las plantas de proceso en petroquímica que han sido desmanteladas y vendidas a compañías privadas. La transparencia y el freno a la corrupción deben considerar controles institucionales internos y externos y vigilancia ciudadana que garanticen transparencia, pertinencia y eficiencia y eviten la corrupción.
Se propone que además de los actuales mecanismos de auditoría de Pemex, como su propia contraloría y la Auditoría Superior de la Federación, como parte del Consejo de Administración de Pemex, se forme un comité de fiscalización y transparencia.
Este comité debe integrarse con ciudadanos mexicanos con los antecedentes profesionales y éticos suficientes que les den plena independencia de criterio de Pemex y del Ejecutivo. En su nombramiento debe intervenir el Congreso y formalizarse a través de un riguroso proceso de selección.
11. Mayor agilidad a la operación de Pemex y contratación con empresas privadas
La contratación de empresas transnacionales para la ingeniería y ejecución de proyectos que viene realizando Pemex, junto con los contratos de servicios múltiples, actividades que las iniciativas del PRI y del PAN pretenden ampliar, han ido disminuyendo las capacidades operativas y tecnológicas de Pemex, vulnerando su eficacia. Por ello, deben establecerse acciones de fortalecimiento de las capacidades sustantivas de Pemex, basadas en el desarrollo de la ingeniería nacional. Eliminar la contratación sistemática con empresas extranjeras e incentivar el desarrollo de empresas de mayoría de capital nacional, así como revitalizar las firmas nacionales de ingeniería, las empresas y cooperativas de trabajadores, así como consultores y proveedores nacionales. Para avanzar en esta dirección es necesario
Las inversiones realizadas en el sector de la energía deben ser parte de un proyecto para promover empresas de capital nacional bajo una estrategia clara de política industrial. Establecer un Programa Sectorial de Política Industrial con visión a los próximos 15 años, basado en el desarrollo y escalamiento de las capacidades de dichas empresas. Asimismo, exceptuar a Pemex, CFE y otras instituciones públicas del sector energético de todos los tratados de libre comercio en los que se han comprometido las compras del sector de energía gubernamental. Establecer el desarrollo de empresas de capital nacional y de tecnologías y patentes nacionales como responsabilidad de las dependencias de la administración pública federal relacionadas con el sector de la energía.
En materia de contratos es imprescindible eliminar los denominados "de llave en mano". Es necesario acudir preferentemente a los contratos por administración. Ello permite utilizar las capacidades técnicas de Pemex, crea condiciones para involucrar a proveedores del país, como a firmas de ingeniería nacionales.
12. Yacimientos transfronterizos
Con la participación de una comisión plural del Senado de la República, la Secretaría de Relaciones Exteriores debe de inmediato iniciar negociaciones para ampliar la moratoria relativa a la explotación de los yacimientos comprendidos en el llamado Polígono Occidental, delimitado en la negociación del tratado de límites marítimos con Estados Unidos. También es conveniente iniciar acciones diplomáticas orientadas a definir los criterios aplicables a la eventual explotación de los yacimientos transfronterizos, tanto con Estados Unidos, como con Cuba, Belice y Guatemala.
Se acompaña a la presente iniciativa, como anexo, un documento de observaciones a las iniciativas presentadas al congreso de la unión por la administración federal denominadas "reforma energética" y a la "iniciativa con proyecto de decreto que presentan senadores y diputados del Partido Revolucionario Institucional para reformar diversas disposiciones y expedir nuevas leyes en materia energética.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se somete a la consideración de esta soberanía, la presente iniciativa con proyecto de
Decreto que crea, adiciona, modifica y deroga diversas disposiciones en materia del sector energético nacional, conforme al siguiente proyecto de
…
Artículo Séptimo. Se reforman los artículos 254, fracciones II y III, párrafos sexto, séptimo, octavo y noveno; 254 Bis, párrafos primero, tercero y quinto; 254 Ter, párrafo primero; 255, fracción VI y párrafo cuarto; 256, párrafos primero, segundo y sexto; 257, párrafo primero, y 258, fracción III. Se adicionan los artículos 254, con una fracción IX al párrafo segundo y un párrafo décimo con los incisos a), b) y c); y 257, con un párrafo segundo, recorriéndose los subsecuentes, todos de la Ley Federal de Derechos, para quedar como sigue:
Capítulo XII
Hidrocarburos
Artículo 254. Petróleos Mexicanos estará obligado al pago anual del derecho ordinario sobre hidrocarburos, aplicando la tasa de 71.5% a la diferencia que resulte entre el valor anual del petróleo crudo y gas extraído en el años y las deducciones permitidas en este artículo, mediante declaración anual que se presentará a más tardar el último día hábil del mes de marzo del siguiente año correspondiente al ejercicio de que se trate.
Para la determinación de la base de este derecho, serán deducibles los siguientes conceptos:
II. El 100% del monto original de las inversiones realizadas para el desarrollo y explotación de yacimientos de petróleo crudo o gas natural, en cada ejercicio;
III. El 100% del monto original de las inversiones realizadas en ductos, terminales transporte o almacenamiento, en cada ejercicio;
IV. a VIII. ...
IX. Tratándose de proyectos de baja rentabilidad, intensa inversión en desarrollo y explotación de yacimientos, así como en ductos, terminales, transporte y almacenamiento necesarios para la producción de hidrocarburos se establecerá un monto adicional al previsto en el párrafo sexto de este artículo por cada barril de petróleo crudo equivalente. Dichos proyectos y la deducción adicional serán propuestos por Petróleos Mexicanos y aprobados por el Congreso de la Unión en los términos de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
…
…
…
En ningún caso serán deducibles los intereses de cualquier tipo a cargo de Petróleos Mexicanos, la reserva de exploración, los gastos de venta y los pagos por pensiones que se hagan con cargo a la reserva laboral. En el caso de que la reserva laboral tenga remanentes en el ejercicio, dicho remanente se reducirá de las deducciones realizadas en el mismo ejercicio.
Petróleos Mexicanos establecerá un registro de los costos y gastos de la exploración y explotación por cada campo de extracción de petróleo crudo y gas natural no asociado, así como de los tipos específicos de petróleo que se obtengan, y deberá enviar a la Cámara de Diputados la información periódica que se incorpore en dicho registro, poniendo a disposición de ese órgano legislativo los datos, estudios, reportes, prospectivas y demás fuentes de información en que se sustente la información incorporada al registro, con objeto de que puedan llevarse a cabo por el órgano fiscalizador de esa Soberanía, las auditorías que se consideren pertinentes.
El monto de la deducción por concepto de los costos, gastos e inversiones deducibles, relacionados con el petróleo crudo y gas asociado extraído, sin considerar los señalados en las fracciones V, VI, VII y IX de este artículo, no excederá el valor de 6.50 dólares de los Estados Unidos de América por barril de petróleo crudo equivalente del volumen total del mismo en el año de que se trate.
El monto de la deducción por concepto de los costos, gastos e inversiones deducibles relacionados con el gas natural no asociado extraído, sin considerar los señalados en las fracciones V, VI, VII, VIII y IX de este artículo, no excederá el valor de 2.70 dólares de Estados Unidos de América por cada millar de pies cúbicos de gas natural no asociado del volumen neto de gas natural en el año de que se trate.
Para efectos de determinar el límite de las deducciones a que se refieren el tercer y cuarto párrafos de este artículo, se considerará la suma de:
a) El producto de la extracción de crudo y gas asociado multiplicado por el valor de 6.50 dólares de los Estados Unidos de América por barril de petróleo crudo equivalente, más
b) El producto de la extracción de gas natural no asociado multiplicado por el valor de 2.70 dólares de los Estados Unidos de América por cada millar pies cúbicos.
c) El resultado de la suma anterior se comparará con las deducciones que señalan las fracciones I, II, III y IV de este artículo. La deducción a aplicar en el periodo de que se trate corresponderá al monto mayor.
…
El pago provisional se calculará aplicando al valor del petróleo crudo y gas natural extraídos desde el principio del ejercicio y hasta el último día del trimestre al que corresponda el pago, la tasa de 1 por ciento. Al pago provisional así determinado, se le restarán los pagos provisionales efectivamente pagados de este derecho, realizados en los trimestres anteriores correspondientes a dicho ejercicio, siendo la diferencia el pago provisional a enterar.
…
El 2 por ciento de la recaudación anual que genere la aplicación del derecho a que se refiere este artículo, se destinará a la Comisión Nacional de Ahorro de Energía. El resto se entregará en partes iguales al Instituto Mexicano del Petróleo y al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de acuerdo con lo que establezca el Presupuesto de Egresos de la Federación del ejercicio fiscal de que se trate. El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología destinará el monto que le corresponda a financiar proyectos de investigación en materia energética de instituciones públicas de investigación y educación superior. Las ministraciones a que se refiere este párrafo se entregarán trimestralmente a sus receptores.
Artículo 254 Ter. Petróleos Mexicanos estará obligado al pago anual del derecho para la fiscalización petrolera, aplicando la tasa de 0.003 por ciento al valor anual del petróleo crudo y gas natural extraídos en el año. El valor anual de estos productos se calculará de acuerdo con lo establecido en el artículo 258 de esta ley.
…
…
…
…
Artículo 255. …
II. La parte proporcional del monto deducible de la inversión, que se efectuará en el por ciento que represente el número de meses completos en los que el bien o bienes objeto de la inversión hayan sido utilizados por Petróleos Mexicanos respecto de doce meses, en la proporción que el número de meses comprendidos desde el inicio del ejercicio y hasta el último día del mes del periodo al que corresponda el pago, representen en el total de meses comprendidos en el año;
III. a V. ...
VI. La deducción a que se refieren las fracciones VIII y IX del artículo 254.
…
…
Cuando en la declaración de pago provisional o en la declaración anual resulte saldo a favor, Petróleos Mexicanos podrá compensar dicho saldo a favor contra el derecho sobre hidrocarburos para el fondo de estabilización o contra el derecho extraordinario sobre la exportación de petróleo crudo. De subsistir saldo a favor, o en el supuesto de no haber sido compensado contra los mencionados derechos, se podrá compensar contra pagos posteriores del propio derecho o en los términos de la autorización que expida el Servicio de Administración Tributaria. Dicha compensación deberá realizarse conforme a lo previsto en el artículo 17-A del Código Fiscal de la Federación, considerándose el periodo comprendido desde el mes en el que se obtenga el saldo a favor, hasta el mes en el que la compensación se realice.
Artículo 256. Petróleos Mexicanos estará obligado al pago anual del derecho sobre hidrocarburos para el fondo de estabilización, cuando en el año el precio promedio ponderado del barril de petróleo crudo exportado exceda de 22.00 dólares de los Estados Unidos de América, conforme a la siguiente tabla:
…
…
…
Cuando en la declaración de pago resulte saldo a favor, Petróleos Mexicanos podrá compensar dicho saldo a favor contra el derecho extraordinario sobre la exportación de petróleo crudo, o contra el derecho ordinario sobre hidrocarburos. De subsistir saldo a favor, o en el supuesto de no haber sido compensado contra los mencionados derechos, se podrá compensar contra pagos posteriores del propio derecho o en los términos de la autorización que expida el Servicio de Administración Tributaria. Dicha compensación deberá realizarse conforme a lo previsto en el artículo 17-A del Código Fiscal de la Federación, considerándose el periodo comprendido desde el mes en el que se obtenga el saldo a favor, hasta el mes en el que la compensación se realice.
…
Artículo 257. Petróleos Mexicanos estará obligado al pago anual del derecho extraordinario sobre la exportación de petróleo crudo conforme a lo siguiente:
La valuación de las ventas de exportación en pesos mexicanos se hará conforme al tipo de cambio que el Banco de México establece para operaciones oficiales al día que corresponda y se publica por el Diario Oficial de la Federación.
…
…
…
…
…
…
…
Artículo 258...
III. Como efectivamente pagado la suma de los montos que Petróleos Mexicanos aplicó para la extinción de su obligación fiscal disminuidos por
I. a II. ...
III. Como efectivamente pagado la suma de los montos que Petróleos Mexicanos aplicó para la extinción de su obligación fiscal disminuidos por los saldos a favor que hayan sido compensados contra otras contribuciones.
Para los efectos de este capítulo, se entenderá como gas natural producido, al gas natural extraído menos el gas utilizado para bombeo neumático; menos el gas usado en operación; menos el gas de quema permitido, en su caso.
Transitorios
Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. En tanto el monto acumulado en el Fondo de Estabilización de los Ingresos Petroleros se mantenga en el límite establecido por el artículo 19 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, los recursos correspondientes al derecho que señala el artículo 256 de esta ley, se destinarán a proyectos de infraestructura de Petróleos Mexicanos.
Tercero. Los límites a las deducciones de costos dejarán de aplicarse en el año 2010.
Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a 25 de agosto de 2008.
Senadores: Carlos Navarrete
Ruiz (rúbrica), Alberto Anaya Gutiérrez (rúbrica),
Dante Delgado Rannauro (rúbrica), René Arce Islas, Silvano
Aureoles Conejo (rúbrica), Héctor Miguel Bautista López
(rúbrica), Francisco Castellón Fonseca (rúbrica),
Claudia Sofía Corichi García, José Luis Máximo
García Zalvidea (rúbrica), Jesús Garibay García
(rúbrica), Pablo Gómez Álvarez (rúbrica), José
Guadarrama Márquez (rúbrica), Minerva Hernández Ramos
(rúbrica), Arturo Hérviz Reyes (rúbrica), Salomón
Jara Cruz, David Jiménez Rumbo, Rosalinda López Hernández,
Lázaro Mazón Alonso (rúbrica), Antonio Mejía
Haro, Ricardo Monreal Ávila, Carlos Navarrete Ruiz (rúbrica),
Arturo Núñez Jiménez, Yeidckol Polevnsky Gurwitz (rúbrica),
Graco Ramírez Garrido Abreu (rúbrica), María Rojo
e Inchaustegui, Alfonso Abraham Sánchez Anaya, Carlos Sotelo García,
Tomás Torres Mercado, Rubén Fernando Velázquez López,
Francisco Xavier Berganza Escorza, Gabino Cue Monteagudo (rúbrica),
José Luis Lobato Campos, Josefina Cota Cota, Alejandro González
Yáñez, Francisco Javier Obregón Espinoza, Rosario
Ybarra de la Garza.
Fe de erratas
Ciudadano Presidente de la Mesa Directiva de la Comisión
Permanente del Honorable Congreso de la Unión
Presente
Por medio de la presente, me permito hacerle llegar por este conducto una fe de erratas de la iniciativa con proyecto de decreto que crea, adiciona, modifica y deroga diversas disposiciones en materia del sector energético nacional, para modificar el artículo 254, del Capítulo XII, Hidrocarburos, el primer párrafo.
En el documento que fue entregado el día de ayer, lunes 25 de agosto de 2008, en nombre de los Grupos Parlamentarios del Partido de la Revolución Democrática, de Convergencia y del Partido del Trabajo dice en este artículo:
Capítulo XII
Hidrocarburos
Artículo 254. Petróleos Mexicanos estará obligado al pago anual del derecho ordinario sobre hidrocarburos, aplicando la tasa de 71.5% a la diferencia que resulte entre el valor anual del petróleo crudo y gas extraído en el año’ y las deducciones permitidas en este artículo, mediante declaración anual que se presentará a más tardar el último día hábil del mes de marzo del siguiente año correspondiente al ejercicio de que se trate.
Y debe de decir:
Capítulo XII
Hidrocarburos
Artículo 254. Petróleos Mexicanos estará obligado al pago anual del derecho ordinario sobre hidrocarburos, aplicando la tasa de 65% a la diferencia que resulte entre el valor anual del petróleo crudo y gas extraído en el año y las deducciones permitidas en este artículo, mediante declaración anual que se presentará a más tardar el último día hábil del mes de marzo del siguiente año correspondiente al ejercicio de que se trate.
Sin más por el momento, y agradeciéndole la atención que le dispense a la presente fe de erratas, quedo de usted.
Atentamente
Diputado Javier González Garza (rúbrica)
Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la
Revolución Democrática
(Turnados, el artículo séptimo del proyecto
de decreto y la fe de erratas, a la Comisión de Hacienda y Crédito
Público. Agosto 27 de 2008.)
QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSOS
ARTÍCULOS DE LAS LEYES FEDERALES DE DERECHOS, Y DE PRESUPUESTO Y
RESPONSABILIDAD HACENDARIA, A FIN DE CREAR UN PROGRAMA DE ACCIÓN
INMEDIATA PARA EL FORTALECIMIENTO DE PEMEX EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS
DE LA FEDERACIÓN CORRESPONDIENTE A 2009, RECIBIDA DE LEGISLADORES
DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS DEL PRD, DE CONVERGENCIA Y DEL PT EN LA SESIÓN
DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL MIÉRCOLES 27 DE AGOSTO DE 2008
Exposición de Motivos
Esta incitativa busca resolver problemas urgentes en Pemex que no pueden posponerse, en virtud de que las propuestas realizadas por los distintos partidos políticos entrañan cambios radicales en materia organizativa, administrativa y jurídica que tardarán tiempo en asentarse y sobretodo en producir resultados en términos perentorios.
En consecuencia, se justifica instaurar un programa de acción inmediata.
Esta propuesta está enmarcada en la discusión que en los últimos meses se ha dado en torno a la industria petrolera en México y en el mundo, en la que quedó de manifiesto la importancia geopolítica y económica de este energético.
Más aún, durante el desarrollo de las mesas de discusión en el Senado de la República, quedó en claro que el país todavía cuenta con una cantidad muy importante de petróleo en su territorio, incluido el mar patrimonial y la zona económica exclusiva.
Las ventas anuales de Pemex superan el billón de pesos, alrededor del 12 por ciento del producto interno bruto.
Por lo tanto, el problema de Pemex tiene su origen fundamentalmente, en el tratamiento fiscal y presupuestario que se le ha dado a la entidad, como en las decisiones adoptadas en la industria petrolera y en la corrupción que se ha visto potenciada con la participación irregular de empresas privadas en el sector, en especial las extranjeras.
En materia fiscal, por ejemplo, de acuerdo con datos de Pemex, se observa que desde el año 2000 a la fecha, mientras que esta empresa ha registrado ventas acumuladas por 6 billones 422 mil millones de pesos, ha entregado ingresos a las arcas nacionales por 4 billones 867 mil millones de pesos, cifra que significa 75.8 por ciento de sus ventas.
Contrariamente, si revisamos los recursos presupuestarios que para el mismo periodo se han destinado a la inversión pública directa en Pemex (sin incluir los proyectos de infraestructura diferidos en el registro del gasto, Pidiregas), éstos ascienden aproximadamente a 162 mil millones de pesos, cifra que representa, apenas el 2.5 por ciento de sus ventas totales.
Por lo que se refiere al destino de las inversiones que se realizan de manera directa o a través de Pidiregas, los datos muestran que se ha privilegiado la producción de petróleo en detrimento de la refinación, la producción de petroquímicos y, lo que es peor, la restitución de reservas.
Estos tres factores: el tratamiento fiscal y presupuestario, las ineficientes decisiones en materia de inversión y la corrupción generada como resultado de los procesos en los que han participado las empresas extranjeras, han tenido como resultado una baja dramática de las reservas probadas de hidrocarburos, una creciente importación de gas natural, petroquímicos y refinados, la descapitalización de Pemex, y la consecuente disminución en su capacidad de crecimiento.
Por ello, la iniciativa de decreto que reforma y adiciona diversos artículos de la Ley Federal de Derechos y de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, que contiene una proposición para la expedición de un decreto de creación de un programa de acción inmediata para el fortalecimiento de Petróleos Mexicanos, establecen medidas que en el corto plazo corrigen estas deficiencias, en tanto se diseñan, respetando lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en sus leyes reglamentarias, las reformas más profundas, que permitan el desarrollo de una política energética de Estado.
Somos conscientes de que no compete al legislador federal iniciar la creación o modificación del Presupuesto de Egresos, sin embargo, a esta iniciativa se acompaña el proyecto de decreto de creación del Programa de acción inmediata, como una proposición para ser valorada durante los trabajos de dictamen de la correspondiente iniciativa de decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio de 2009, que remitirá al legislativo federal el titular de la administración federal.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración de esta soberanía, la presente iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversos artículos de las Leyes Federales de Derechos, y de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, conforme al siguiente proyecto de
Decreto
Artículo Primero. Se reforma el artículo 254, en sus párrafos primero, segundo, fracciones I, II, III, octavo y noveno, y se adiciona el mismo artículo con un párrafo décimo, de la Ley Federal de Derechos, para quedar como sigue:
Artículo 254. Pemex estará obligado al pago anual del derecho ordinario sobre hidrocarburos, aplicando la tasa de 65 por ciento a la diferencia que resulte entre el valor anual del petróleo crudo y gas natural extraídos en el año y las deducciones permitidas en este artículo, mediante declaración anual que se presentará a más tardar el último día hábil de marzo del siguiente año correspondiente al ejercicio de que se trate.
Para la determinación de la base de este derecho, serán deducibles los siguientes conceptos:
II. El 100 por ciento del monto original de las inversiones realizadas con recursos propios para la exploración y el desarrollo y explotación de yacimientos de petróleo crudo o gas natural, en cada ejercicio;
III. El 100 por ciento del monto original de las inversiones realizadas con recursos propios en ductos, terminales, transporte o plantas de almacenamiento, así como la inversión en conservación y mantenimiento capitalizable de infraestructura que se realice en cada ejercicio fiscal.
IV. a la VIII. ...
El monto de la deducción por concepto de los costos, gastos e inversiones deducibles, relacionados con el gas natural no asociado extraído, sin considerar los señalados en las fracciones V, VI, VII y VIII de este artículo, se armonizarán con lo dispuesto por la Ley del Impuesto sobre la Renta.
El excedente a favor del organismo como resultado de la menor aportación fiscal que genera este derecho en relación con el del régimen de la ley anterior, deberá ser entregado como un derecho especial durante el ejercicio fiscal de 2009, al Fondo para el Fortalecimiento del Sector Energético a fin de que sea utilizado para proyectos estratégicos de inversión de este organismo.
Artículo Segundo. Se reforman el artículo 19, en su fracción IV, incisos a), b), c) y d), y en su párrafo segundo. Y se adiciona el artículo 91 Bis, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, para quedar como sigue:
Articulo 19. ...
IV. Los ingresos excedentes a que se refiere el último párrafo de la fracción I de este artículo una vez realizadas, en su caso, las compensaciones entre rubros de ingresos a que se refiere el artículo 21 fracción I de esta ley, se destinarán a lo siguiente:
a) En un 20 por ciento al Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas;
b) En un 60 por ciento al Fondo de Estabilización para la Inversión en Infraestructura de Petróleos Mexicanos;
c) En un 10 por ciento al Fondo de Estabilización de los Ingresos Petroleros.
d) En un 10 por ciento a programas y proyectos de inversión en infraestructura y equipamiento de los municipios con mayor grado de marginación en el territorio nacional.
Artículo 91 Bis. Para el caso de las obligaciones laborales relativas a planes de retiro de los organismos descentralizados del sector energético con relaciones de trabajo sujetas al apartado A del artículo 123 constitucional, estos organismos llevarán a cabo la cuantificación de pasivos y costos, tomando en cuenta sólo al personal jubilado o pensionado, o sea con beneficios adquiridos al momento del estudio actuarial respectivo.
La secretaría establecerá los parámetros financieros empleados en los estudios actuariales para la determinación de los pasivos laborales y costos, de manera que sean uniformes para los organismos descentralizados del sector energético.
Con fundamento en los dispuesto por el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta Soberanía la siguiente proposición con proyecto de
Decreto
Único. Se incluye en el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2009, un anexo del tenor siguiente:
Programa de Acción Inmediata para el Fortalecimiento de Petróleos Mexicanos
1. Creación del Fondo para el Fortalecimiento del Sector Energético que financiará el Programa de Acciones Inmediatas. El Fondo se constituye a partir de los siguientes recursos:
b) El 60 por ciento de los excedentes petroleros que se generen en el ejercicio fiscal de 2009, para lo cual se propone modificar el artículo 19 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH).
c) Los recursos derivados de la reducción de 74 por ciento a 65 por ciento, de la tasa que por el derecho ordinario de hidrocarburos pagará la paraestatal en 2009. Asimismo se propone armonizar las deducciones de Pemex con aquellas permitidas en la Ley del Impuesto sobre la Renta.
d) Cualquier otro recurso propio, excedente o de financiamiento que se genere por la operación de Pemex durante el ejercicio fiscal de 2009.
Invertir en proyectos de exploración y extracción de crudo y gas natural. Este esfuerzo es necesario dirigirlo principalmente a las aguas someras y tierra, en donde tenemos cuando menos 45 mil millones de barriles de reservas probadas, probables y posibles.
Para garantizar la reposición de las reservas probadas, es necesario: 1) Modular la plataforma de producción crudo para satisfacer las necesidades del país. 2) Intensificar la actividad exploratoria en todas las cuencas petroleras del territorio nacional principalmente en el sureste, Veracruz yaguas someras. 3) Aplicar procedimientos de recuperación secundaria y mejorada.
Un esfuerzo sostenido en estos campos, así como la investigación y desarrollo daría eventualmente la capacidad tecnológica y de negociación en la compra o renta de la tecnología necesaria para emprender, en su momento, la exploración y producción en aguas profundas.
3. Aumentar y mejorar la capacidad de refinación.
Utilizar las capacidades ociosas de refinación e iniciar los trabajos para la construcción de nuevos trenes de refinación y disminuir la importación de petrolíferos, petroquímicos y gas natural; realizando parte de la generación eléctrica con derivados líquidos del petróleo y tecnologías de menor impacto ambiental.
4. Aumentar la producción de petroquímicos.
Utilizar las capacidades ociosas de los complejos petroquímicos existentes, en particular el amoniaco y construir los trenes necesarios para disminuir la importación de petroquímicos, dando prioridad al etileno y cloruro de vinilo.
5. Mejorar y ampliar la red de ductos, transporte y almacenamiento.
6. Realizar las inversiones necesarias para disminuir la quema de gas natural en la atmósfera.
7. Aumentar los recursos para investigación y desarrollo tecnológico de hidrocarburos y fuentes alternas de energía en las instituciones públicas de investigación.
8. Invertir en mantenimiento capitalizable en todas las cadenas de la industria petrolera
9. Asumir los intereses de la deuda de Pidiregas por parte del gobierno federal y suprimir la contratación de financiamiento por esta vía.
10. Fortalecer y profesionalizar las áreas de planeación y de proyectos de Pemex.
11. Modificar el sistema de precios interorganismos de Pemex con el objeto de optimizar las cadenas productivas de la industria petrolera.
12. Elaboración de un programa de ahorro y uso eficiente de gasolinas que disminuya la tasa de crecimiento del consumo de este hidrocarburo.
13. Renegociar la moratoria sobre yacimientos transfronterizos.
Con la participación de una comisión plural del Senado de la República, la Secretaría de Relaciones Exteriores debe de inmediato iniciar negociaciones para ampliar la moratoria relativa a la explotación de los yacimientos comprendidos en el llamado Polígono Occidental, delimitado en la negociación del tratado de límites marítimos con Estados Unidos de América. También es conveniente iniciar acciones diplomáticas orientadas a definir los criterios aplicables a la eventual explotación de los yacimientos transfronterizos, tanto con Estados Unidos de América, como con Cuba, Belice y Guatemala.
14. Modificar las formas de contratación de Pemex.
No deberán celebrarse contratos de servicios, incentivados, múltiples o cualquier otra de sus modalidades y reorientar los contratos llave en mano hacia los contratos por administración (cost-plus).
15. El Congreso de la Unión ordenará la realización de una auditoría integral a Petróleos Mexicanos, administrativa, contable, financiera, de legalidad y de desempeño, que dé cuenta de los siguientes conceptos:
b) De la deliberación y fundamentación de las decisiones adoptadas en materia de:
i) Inversiones realizadas
ii) Adquisiciones, arrendamientos y obras
iii) Contratos asignados y firmados por Petróleos
Mexicanos y sus subsidiarias y filiales
iv) Evaluación de los Contratos de Servicios Múltiples
v) Constitución de Fideicomisos.
17. La Cámara de Diputados aprobará la creación de una Comisión Especial que revisará y entregará al Pleno un informe sobre relaciones contractuales entre el Sindicato y el Organismo, así como un informe sobre la Situación que guarda el régimen de Pensiones y Jubilaciones de Petróleos Mexicanos.
18. En el presupuesto de egresos de la federación deberá estar incluido de manera explicita y transparente el subsidio a las gasolinas, tal como se hace en el caso de la compañía de Luz y Fuerza del Centro.
Transitorio
Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Salón de sesiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, a 27 de agosto de 2008.
Diputados: Víctor Aguirre
Alcalde, José Antonio Almazán González, Aleida Alavez
Ruiz (rúbrica), Ramón Almonte Borja, Lourdes Alonso Flores,
Humberto Wilfrido Alonso Razo, Carlos Altamirano Toledo, Maribel Luisa
Alva Olvera, Silbestre Álvarez Ramón, Alberto Amaro Corona,
Irene Aragón Castillo, Miguel Ángel Arellano Pulido, Juan
Darío Arreola Calderón (rúbrica), Armando Barreiro
Pérez, Valentina Valia Batres Guadarrama, Alliet Mariana Bautista
Bravo, Itzcóatl T onatiuh Bravo Padilla, Modesto Brito González,
Francisco Javier Calzada Vázquez, Amador Campos Aburto, Raymundo
Cárdenas Hernández (rúbrica), Aurora Cervantes Rodríguez,
Higinio Chávez García, Cuitláhuac Condado Escamilla,
Maricela Contreras Julián, Claudia Lilia Cruz Santiago, Othón
Cuevas Córdova, Joaquín Conrado de Los Santos Molina, Moisés
Félix Dagdug Lutzow, Juan Hugo de La Rosa García (rúbrica),
Daniel Dehesa Mora, Enrique del Toro Mario, Adriana Díaz Contreras
(rúbrica), Rutilio Cruz Escandón Cadenas, Jaime Espejel Lazcano,
Mónica Fernández Balboa, César Flores Maldonado, Guadalupe
Socorro Flores Salazar, Rafael Franco Melgarejo, Fernel Arturo Gálvez
Rodríguez, Víctor Hugo García Rodríguez, Neftalí
Garzón Contreras, Javier González Garza (rúbrica),
Juan Nicasio Guerra Ochoa (rúbrica), José Luis Gutiérrez
Calzadilla, Daisy Selene Hernández Gaytán, Sergio Hernández
Hernández (rúbrica), Javier Hernández Manzanarez,
Sonia Nohelia Ibarra Franquez (rúbrica), Benjamín Hernández
Silva, José Jacques y Medina, María Eugenia Jiménez
Valenzuela, Pedro Landero López, Juan Dario Lemarroy Martínez,
Ana Yurixi Leyva Piñón (rúbrica), Víctor Manuel
Lizarraga Peraza, Érick López Barriga, Santiago López
Becerra, Alberto López Rojas, María Soledad López
Torres, Andrés Lozano Lozano, Alma Lilia Luna Munguía, Camerino
Eleazar Márquez Madrid (rúbrica), Francisco Márquez
Tinaco, Alejandro Martínez Hernández, Carlos Roberto Martínez
Martínez, Marcos Matías Alonso, Francisco Martínez
Martínez (rúbrica), Eduardo Martínez Padilla Hugo,
Octavio Martínez Vargas (rúbrica), Holly Matus Toledo, Fernando
Enrique Mayans Canabal, David Mendoza Arellano, Irineo Mendoza Mendoza,
Roberto Mendoza Flores, Fausto Fluvio Mendoza Maldonado (rúbrica),
Susana Monreal Ávila (rúbrica), Victorio Rubén Montalvo
Rojas, Efraín Morales Sánchez, Carlos Orsoe Morales Vázquez,
Héctor Narcía Álvarez, Carlos Ernesto Navarro López
(rúbrica), Miguel Ángel Navarro Quintero, Concepción
Ojeda Hernández, Silvia Oliva Fragoso, Juan Adolfo Orci Martínez,
Antonio Ortega Martínez, Rosario Ignacia Ortíz Magallón,
Ramón Félix Pacheco Llanes, Isidro Pedraza Chávez
(rúbrica), Adrián Pedrozo Castillo, Miguel Ángel Peña
Sánchez (rúbrica), Raciel Pérez Cruz, Celso David
Pulido Santiago (rúbrica), Rafael Plácido Ramos Becerril,
Martín Ramos Castellanos (rúbrica), Gloria Rasgado Corsi,
Raúl Ríos Gamboa (rúbrica), Odilón Romero Gutiérrez,
Salvador Ruiz Sánchez, José Antonio Saavedra Coronel, Juan
Manuel San Martín Hernández, Carlos Sánchez Barrios,
Rafael Elías Sánchez Cabrales, Alejandro Sánchez Camacho,
David Sánchez Camacho, Venancio Luis Sánchez Jiménez
(rúbrica), Francisco Sánchez Ramos, Cuauhtémoc Sandoval
Ramírez (rúbrica), Francisco Javier Santos Arreola, Miguel
Ángel Solares Chávez, Rosa Elva Soriano Sánchez (rúbrica),
Faustino Soto Ramos, Antonio Soto Sánchez, José Alfonso Suárez
del Real y Aguilera, María Elena Torres Baltazar, Daniel Torres
García, Pablo Trejo Pérez, Emilio Ulloa Pérez, Mario
Vallejo Estevéz, Víctor Gabriel Varela López, Jesús
Evodío Velázquez Aguirre, Gerardo Villanueva Albarrán,
Rafael Villicaña García, Ruth Zavaleta Salgado, Jesús
Humberto Zazueta Aguilar, Martín Zepeda Hernández, Juan Abad
de Jesús, José Luis Aguilera Rico, Félix Castellanos
Hernández, Patricia Obdulia de Jesús Castillo Romero, Elías
Cárdenas Márquez, Alejandro Chanona Burguete (rúbrica),
José Manuel del Río Virgen, Alberto Esteva Salinas, Jorge
Godoy Cárdenas, Cruz Humberto López Lena Cruz, María
del Carmen Salvatori Bronca, Juan Ignacio Samperio Montaño, Layda
Elena Sansores San Román, Martha Angélica Tagle Martínez
(rúbrica), Robinson Uscanga Cruz, Ramón Valdés Chávez,
José Luis Varela Lagunas, Cuauhtémoc Velasco Oliva, Rubén
Aguilar Jiménez, Pablo Leopoldo Arreola Ortega, Ricardo Cantú
Garza (rúbrica), Jaime Cervantes Rivera, Silvano Garay Ulloa (rúbrica),
Anuario Luis Herrera Solís, María Mercedes Maciel Ortiz,
Abundio Peregrino García, Rosa Elia Romero Guzmán, Rodolfo
Solís Parga, Joaquín Humberto Vela González.
QUE REFORMA Y ADICIONA EL ARTÍCULO
86 BIS A LA LEY FEDERAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO, REGLAMENTARIA
DEL APARTADO B DEL ARTÍCULO 123 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA
DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RECIBIDA DE LA DIPUTADA BEATRIZ COLLADO
LARA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN, EN LA SESIÓN DE LA COMISIÓN
PERMANENTE DEL MIÉRCOLES 27 DE AGOSTO DE 2008
La suscrita, Beatriz Collado Lara, diputada federal de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del Pleno de la honorable asamblea la presente iniciativa, que reforma y adiciona el artículo 86 Bis a la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B del Artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con base en la siguiente
Exposición de Motivos
En los últimos años, el movimiento sindical, como todas las instituciones del país, ha estado en un proceso de transformación, donde la inclusión de los sindicatos a la vida democrática del país es indispensable y fundamental.
El universo sindical se encuentra no sólo en la esfera empresarial o corporativa sino, también, en la administración pública federal que, como en sus orígenes, busca que los trabajadores tengan condiciones laborales que le permitan desempeñar su actividad como servidores públicos.
En los últimos años, la participación de la administración pública en el campo de la transparencia y de la información ha permitido tener avances sustanciales en un campo donde es indispensable quitar todas las condiciones que han permitido la corrupción, la cual ha dañado a nuestro país en lo económico y en lo social.
Uno de los temas que se considera indispensable es el de la transparencia y la generación de mecanismos de participación en las actividades del sindicato. Se han realizado diversos esfuerzos en pro de estos mecanismos de acceso a la información en el marco sindical. Tal es el caso del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI), que resuelve recursos de ciudadanos a quienes se denegaba información sobre el contenido de contratos colectivos depositados en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA), e información sindical en poder de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).
En 2006, la STPS y la JFCA asumieron la decisión de abrir sus archivos y permitir el acceso público a la información que ordenaba el IFAI.
Otro ejemplo sería el caso del Distrito Federal, donde dicha disyuntiva se ha pretendido subsanar mediante una reforma integral de las disposiciones de acceso a la información pública (Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, 2008), obligando a sindicatos, a organizaciones no gubernamentales y a toda persona moral que reciba recursos públicos a proporcionar información respecto a los ingresos públicos que reciben:
Los expertos en la materia indican que, conforme al artículo 6o. constitucional, los sindicatos surgidos de su relación con la administración pública y por recibir recursos públicos deberían presentar informes al instituto de acceso a la información en turno.
Ese tipo de iniciativas, sin duda, ha generado posiciones encontradas: mientras que algunos lo consideran un agravio a la autonomía de los sindicatos, a la privacidad que merece su información y el cuidado de ésta porque –opinan– puede ser ocupada para otros fines, otros creen que es la muestra más palpable del cambio que se genera en los sindicatos, considerando que es su pase de entrada en la vida democrática del país.
El cuidado que merece la vida interna de los sindicatos es importante, pero por la magnitud del poder que tienen, resulta primordial establecer bases que permitan que su actuar público lleve implícita una exigencia de ordenar su actuar, volviendo visible y transparente el ejercicio de su vida sindical, pero cuidando la información especial e importante, como sería para cualquier institución.
La presente iniciativa busca brindar un mecanismo de participación interna de los trabajadores, por lo que se propone una reforma que adiciona el artículo 86 Bis a la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B del Artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, donde se precisa la obligación de reportar una vez al año a la asamblea sobre el manejo del sindicato y brindarlo por escrito a cada trabajador.
Se propone que los sindicatos surgidos de su relación con entidades públicas y precisamente por recibir recursos y apoyos de una entidad de gobierno, además de rendirlo a la asamblea, presenten en informe al instituto de acceso a la información en turno, por el manejo de los recursos, teniendo como razón el origen; es decir, recursos federales.
Sin duda, la colaboración de los sindicatos en el tema de la transparencia, reportando sus logros y haciendo asequible la información a sus trabajadores, será fundamental en la apertura de caminos en pro de la democracia y en beneficio de un México más grande para todos y, en especial, para los trabajadores.
Por las consideraciones expuestas y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de la honorable Cámara de Diputados la presente
Iniciativa que reforma y adiciona el artículo 86 Bis a la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B del Artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Artículo Único. Se reforma y adiciona el artículo 86 Bis a la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B del Artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
Artículo 86. Las remuneraciones que se paguen a los directivos y a los empleados de los sindicatos y, en general, los gastos que origine el funcionamiento de éstos serán a cargo de su presupuesto, cubierto en todo caso por los miembros del sindicato de que se trate.
Artículo 86 Bis. La directiva de los sindicatos debe rendir a la asamblea, por lo menos una vez al año y por escrito a cada uno de sus agremiados cuenta completa y detallada de la administración del patrimonio sindical. Además, presentará a las dependencias, a los institutos y a los organismos de que reciban recursos públicos por cualquier concepto, exceptuando las cuotas sindicales, la información relativa al uso, al destino y a las actividades que realicen con tales recursos.
Para el caso del incumplimiento de alguna de estas obligaciones, el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje podrá determinar la cancelación del registro de la directiva del sindicato
Transitorio
Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Diputada Beatriz Collado Lara (rúbrica)
(Turnada a la Comisión de Trabajo y Previsión
Social. Agosto 27 de 2008.)
QUE REFORMA EL ARTÍCULO
136-BIS DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, PRESENTADA POR EL DIPUTADO
PABLO TREJO PÉREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD, EN LA SESIÓN
DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL MIÉRCOLES 27 DE AGOSTO DE 2008
El suscrito, diputado Pablo Trejo Pérez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Mexicanos; y 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de la Comisión Permanente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 136-Bis de la Ley del Impuesto sobre la Renta (LISR), al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
A raíz del decreto por el que se reforman, adicionan, derogan y abrogan diversas disposiciones fiscales para fortalecer el federalismo fiscal, del 21 de diciembre de 2007, se modificó, entre otras, la Ley de Coordinación Fiscal (LCF).
En su dictamen se estableció que los componentes del Fondo de Fiscalización (Fofie) "constituirán incentivos efectivos para que las entidades federativas mejoren los actos de fiscalización [e] incrementen los niveles de recaudación". Asimismo, se introdujo la recaudación "para el régimen de pequeños contribuyentes y régimen de intermedios, a fin de reconocer los esfuerzos estatales de las entidades federativas en relación con este tipo de contribuyentes".
Así, a partir del presente ejercicio fiscal, 30 por ciento del Fofie se distribuye según la recaudación del ISR al régimen intermedio que hayan tenido tanto las entidades federativas como el SAT: 25 por ciento de acuerdo con el crecimiento de la recaudación y 5 por ciento conforme a su nivel.
La recaudación del régimen de intermedios que se considera para el Fofie se integra por los montos recaudados por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), así como por los obtenidos por las entidades federativas. De esa forma, la recaudación de este régimen es compartida con el SAT.
Sin embargo, el comportamiento de la recaudación de este régimen es muy heterogéneo entre las entidades federativas y el SAT, como se muestra en los siguientes cuadros:
Hasta 2007, únicamente cuatro entidades federativas no administraron la parte correspondiente del ISR de intermedios.
Un tercio de la recaudación de este régimen para el ejercicio fiscal 2007 es atribuible a la captación realizada por las entidades federativas.
La recaudación del ISR del régimen de intermedios por parte de las entidades federativas presenta las siguientes particularidades:
Con estos propósitos, el CCAMFF indica que las entidades recibirán por las anteriores actividades de administración 100 por ciento de los pagos del impuesto.
Sin embargo, la LISR (la legislación federal aplicable) establece que los pagos que se efectuarán a las entidades federativas por el régimen de intermedios será el resultado de aplicar 5 por ciento sobre el procedimiento descrito en el artículo 136-Bis de la misma ley.
Es decir, 30 por ciento del Fofie se distribuye a entidades federativas que no han realizado esfuerzo alguno en materia de recaudación y de control de obligaciones; o bien, a entidades federativas que por sus esfuerzos han logrado una dinámica de recaudación mayor que la de sus locales del SAT.
Por tanto, consideramos que, a diferencia de los otros componentes del Fofie, el régimen de intermedios no está debidamente alineado con el espíritu y propósito del fondo.
En virtud de lo expuesto, se considera necesario que sea transferida en el corto plazo a las entidades federativas la administración de 100 por ciento de la recaudación que genere el régimen de intermedios (y no sólo la totalidad de 5 por ciento que se aplica al procedimiento descrito en el artículo 136-Bis de la LISR).
Con lo anterior se generarán los incentivos adecuados en materia de recaudación y control de obligaciones para este régimen de contribuyentes.
De esa manera, las variables que determinan el Fofie quedarían completamente alineadas con los objetivos para los cuales fue creado dicho fondo.
Como resultado de esta propuesta, las entidades federativas recaudarían adicionalmente, como mínimo, lo que en la actualidad obtiene el SAT.
En virtud de lo expuesto, el suscrito somete a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de
Decreto que reforma el artículo 136-Bis de la Ley del Impuesto sobre la Renta
Articulo Único. Se reforma el artículo 136-Bis de la Ley del Impuesto sobre la Renta, para quedar de la siguiente manera:
Artículo 136-Bis. Las entidades federativas con que se celebre convenio de coordinación para la administración del impuesto establecido en esta sección deberán cobrar el impuesto respectivo mediante el cobro de los pagos provisionales y el del impuesto del ejercicio. Las entidades federativas recibirán como incentivo cien por ciento de la recaudación que obtengan.
Para los efectos de este artículo, cuando los contribuyentes tengan establecimientos, sucursales o agencias en dos o más entidades federativas, efectuarán los pagos provisionales y el del impuesto del ejercicio a que se refiere este artículo a cada entidad federativa en la proporción que representen los ingresos de dicha entidad federativa respecto del total de sus ingresos.
Transitorio
Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, a 27 de agosto de 2008.
Diputado Pablo Trejo Pérez (rúbrica)
(Turnada a la Comisión de Hacienda y Crédito
Público. Agosto 27 de 2008.)
QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS
DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN Y DEL CÓDIGO
FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES, PRESENTADA POR EL
DIPUTADO ARIEL CASTILLO NÁJERA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE NUEVA
ALIANZA, EN LA SESIÓN DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL MIÉRCOLES
27 DE AGOSTO DE 2008
El suscrito, Ariel Castillo Nájera, diputado a la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario Nueva Alianza, con fundamento en los artículos 71, fracción II, 72 y 78, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 122 y 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 55, fracción II, 56, 60, 63, 64, 176 y 179 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un cuarto párrafo al artículo 25, pasando el actual a ser el quinto; se reforma la fracción X y se adiciona una fracción XII, pasando la actual a ser la XIII, del artículo 75 de la Ley General de Educación; y se adiciona un nuevo inciso s) al artículo 38, pasando el actual a ser el inciso t), el t) pasa a ser u), y el actual u) queda como inciso v); y se adiciona un numeral 2 al artículo 136 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
El artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece los lineamientos que debe tener la educación que imparte el Estado. El criterio que orientará dicha educación se basará en los resultados del progreso científico, será nacional en cuanto a la defensa de nuestra independencia política, y democrático considerando a la democracia no solamente como una estructura jurídica, y un régimen político sino como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo.
La Declaración de los Derechos del Niño, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, establece en su artículo 2 que el niño gozará de una protección especial y dispondrá de oportunidades y servicios para que pueda desarrollarse física, mental, moral, espiritual y socialmente en forma saludable y normal, así como en condiciones de libertad y dignidad; asimismo, el artículo 7 señala que los niños y niñas tienen derecho a una educación que favorezca su cultura y les permita, en condiciones de igualdad de oportunidades, desarrollar sus aptitudes, su juicio individual y su sentido de responsabilidad moral y social, para que puedan llegar a ser individuos útiles para la sociedad.
Esto es, la educación es una función estatal de la más grande importancia para la nación, una cuestión estratégica de la cual, en buena medida, depende la viabilidad de un desarrollo integral, sustentable, incluyente y democrático para el México del siglo XXI. Por ello, es primordial generar las mejores condiciones para el desarrollo de una educación con calidad y equidad que nos lleve por ese camino.
Un aspecto indispensable sin el cual no es posible darle a la educación la trascendencia antes mencionada, consiste en preservarla de cualquier tipo de identificación o dependencia política, ideológica o electora1.
En este sentido, es necesario que, por disposición legal, se prohíba que los centros escolares sean sede u objeto de propaganda político-electoral; incluso la propaganda subliminal o disfrazada que consiste en pintar los inmuebles destinados a actividades educativas con los colores que claramente identifican a algún partido político o a un gobierno, sea municipal, estatal o federal.
La escuela es, por un lado, el espacio donde se lleva a cabo el proceso de socialización para desarrollar las capacidades físicas, intelectuales, habilidades y destrezas de los niños y niñas, y por otro, es el lugar donde se construyen y transmiten los conocimientos, valores y tradiciones, que permitirán a niños y niñas el formarse juicios y razonar sus decisiones a partir de una visión del mundo basado en una educación que promueva la reflexión, la tolerancia, la crítica y la responsabilidad del individuo ante una sociedad plural.
Los niños y niñas requieren de un ambiente propicio para desarrollarse, así como de una educación que sea factor fundamental en su formación como seres humanos, capaces de integrarse en la sociedad de manera armónica y participativa.
Consideramos que es obligación del Estado observar su papel rector de las políticas educativas, garantizando el cumplimiento de la Ley General de Educación en los términos establecidos en el párrafo segundo y tercero de su artículo 2o., que establecen:
"La educación es medio fundamental para adquirir, transmitir y acrecentar la cultura; es proceso permanente que contribuye al desarrollo del individuo y a la transformación de la sociedad, y es factor determinante para la adquisición de conocimientos y para formar al hombre de manera que tenga sentido de solidaridad social.
En el proceso educativo deberá asegurarse la participación activa del educando, estimulando su iniciativa y su sentido de responsabilidad social para alcanzar los fines a que se refiere el artículo 7."
En este sentido, es inadmisible que el gobierno federal, los estatales y los municipales pretendan y busquen favorecer a los partidos o corrientes ideológicas que los identifican, y con recursos públicos destinados al mantenimiento y mejoramiento de la infraestructura educativa, promuevan su imagen e intenten asociarla con un servicio público obligatorio, colocando propaganda en escuelas o dando mantenimiento con colores que las identifiquen con partidos o servidores públicos en el gobierno.
Con estas prácticas se contraviene lo establecido en el artículo 7 de la Ley General de Educación, que dice, textualmente: "tendrá, además de los fines establecidos en el segundo párrafo del artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los siguientes:
II. Favorecer el desarrollo de facultades para adquirir conocimientos, así como la capacidad de observación, análisis y reflexión críticos;
III. Fortalecer la conciencia de la nacionalidad y de la soberanía, el aprecio por la historia, los símbolos patrios y las instituciones nacionales, así como la valoración de las tradiciones y particularidades culturales de las diversas regiones del país;"
Consideramos que los fines del gobierno relativos a garantizar la educación, nunca deben estar orientados por intereses proselitistas o promoción de servidores públicos, pues con ello se violan diversos ordenamientos jurídicos y la misma Constitución, donde se prohíben y sancionan estas prácticas, a partir del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de noviembre de 2007, en el cual entre otros, se reformaron los artículos 41 y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, estableciéndose en este último, en sus párrafos finales, que la propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que difundan como tales los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social, que en ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público, y que las leyes, en sus respectivos ámbitos de aplicación, garantizarán el estricto cumplimiento de lo previsto en los dos párrafos anteriores, incluyendo el régimen de sanciones a que haya lugar.
De lo dispuesto en el artículo 134 constitucional se infiere como deber jurídico para todo servidor público de la federación, de los estados, de los municipios, del Distrito Federal y de los órganos autónomos, administrar y ejercer, en todo momento, con eficiencia, eficacia, honradez e imparcialidad, los recursos públicos, por lo que no podrán hacer uso de la propaganda gubernamental para influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos o para promover intereses personales de carácter político.
Por lo anterior, y con el propósito de fortalecer las citadas normas, se propone a esta soberanía una reforma a la Ley General de Educación para que de manera explícita se establezcan los lineamientos que obliguen al gobierno federal, a los gobiernos de los estados y a los gobiernos municipales a abstenerse, en la construcción, remodelación o rehabilitación de inmuebles educativos, de utilizar colores, símbolos o emblemas claramente asociados con partidos políticos o con gobiernos o gobernantes específicos; y que, preferentemente, se utilice el color blanco, que históricamente ha sido relacionado con la sabiduría, la libertad, la paz y el conocimiento.
En este sentido, no es permisible que los principios, valores y conocimientos que los niños y niñas adquieren en las escuelas, se distorsionen o pretendan orientar hacia intereses de partidos o gobiernos. La finalidad de la educación es y debe ser, dotar a los estudiantes de las herramientas necesarias para insertarse en la sociedad con las mismas oportunidades y conviviendo en un ambiente de pluralidad y tolerancia. Tal como lo establece la Ley General de Educación.
Con la presente iniciativa con proyecto de decreto se plasma la prohibición de utilizar el presupuesto destinado al financiamiento de la educación pública y de los servicios educativos con fines de propaganda política o electoral. Asimismo, se establece la prohibición a los partidos políticos del uso de los espacios educativos para fines de propaganda política o electoral.
En virtud de lo anterior, el Grupo Parlamentario Nueva Alianza, convencido de que es obligación de esta Cámara de Diputados generar el marco jurídico que propicie en toda la república una educación libre de prejuicios, laica, crítica y plural que promueva la tolerancia, la reflexión y la convivencia armónica, propone a esta soberanía el siguiente:
Decreto por el que se adiciona un cuarto párrafo al artículo 25, pasando el actual a ser el quinto; se reforma la fracción X y se adiciona una fracción XII, pasando la actual a ser la XIII, del artículo 75 de la Ley General de Educación; y se adiciona un nuevo inciso s) al artículo 38, pasando el actual a ser el inciso t), el t) pasa a ser u), y el actual u) queda como inciso v); y se adiciona un numeral 2 al artículo 136 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales
Primero. Se adiciona un cuarto párrafo al artículo 25, pasando el actual a ser el quinto; se reforma la fracción X y se adiciona una fracción XII, pasando la actual a ser la XIII del artículo 75, de la Ley General de Educación
Artículo 25. ...
...
...
En ningún caso, el presupuesto destinado al sector educativo para la construcción, mantenimiento, mejoramiento, rehabilitación o remodelación, interior o exterior de inmuebles educativos, será utilizado de forma tal que promueva partidos, ideologías, servidores públicos, que pudieran influir u orientar las preferencias electorales o simpatías políticas de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes.
...
Artículo 75. Son infracciones de quienes prestan servicios educativos:
XI. Oponerse a las actividades de evaluación, inspección y vigilancia, así como no proporcionar información veraz y oportuna,
XII. Permitir que los institutos políticos y servidores públicos de los tres órdenes de gobierno, así como cualquier persona física o moral, efectúen propaganda política o electoral en las instituciones educativas a través de diseños, pintura o acondicionamientos de sus inmuebles que se basen en la utilización de colores, emblemas o distintivos que identifican a los diversos partidos y fuerzas políticas.
No se sancionará a quienes den aviso inmediato a la autoridad superior jerárquica educativa del rechazo a consentir dichas actividades. Esta autoridad hará las gestiones necesarias con las juntas locales ejecutivas del Instituto Federal Electoral competentes, para que se dejen de realizar o en su caso se restablezcan las condiciones que se tenían antes de la acción protestada.
XIII. Incumplir cualquiera de los demás preceptos de esta Ley, así como las disposiciones expedidas con fundamento en ella.
...
De las obligaciones de los partidos políticos
Artículo 38
1. Son obligaciones de los partidos políticos nacionales:
s) Abstenerse, de utilizar los inmuebles de las instituciones educativas para fines de propaganda política o electoral.
1. ...
Transitorios
Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. El Ejecutivo federal contará con 60 días hábiles a partir de la publicación en el Diario Oficial de la Federación de este decreto para hacer las adecuaciones correspondientes a la normatividad reglamentaria respectiva.
Dado en el Senado de la República, sede de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a los 27 días del mes de agosto de 2008.
Diputado Ariel Castillo Nájera (rúbrica)
(Turnada a la Comisión de Educación Pública
y Servicios Educativos. Agosto 27 de 2008.)
QUE REFORMA Y ADICIONA UN PÁRRAFO
AL ARTÍCULO 4o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RECIBIDA DE LA DIPUTADA BEATRIZ COLLADO LARA,
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN, EN LA SESIÓN DE LA COMISIÓN
PERMANENTE DEL MIÉRCOLES 27 DE AGOSTO DE 2008
La suscrita, diputada federal Beatriz Collado Lara, de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 55, fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del Pleno de la honorable asamblea la presente iniciativa que reforma y adiciona un párrafo al artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, bajo la siguiente
Exposición de Motivos
La riqueza de un pueblo radica en sus hombres y mujeres, pero el destino de una nación depende de su juventud, que es, sin duda, la etapa plena del ser humano. En sus manos tienen la realización de sus sueños, la vivencia de sus ideales. Son ellos constructores de esperanza.
El Consejo Nacional de Población (Conapo), con motivo del Día Internacional de la Juventud, indica que los jóvenes son un poco más de 20.2 millones en el año 2008.1
El Conapo expone que los jóvenes de 15 a 24 años representan el 19.8 por ciento de la población económicamente activa (9.1 millones), considerando que ésta es de 45.9 millones.
La fuerza laboral joven está formada por varones que representan el 64.7 por ciento (5.9 millones) y las mujeres son 35.3 por ciento (3.2 millones).
El 31.5 por ciento de la población juvenil además de laborar tiene alguna otra actividad, por ejemplo estudia o realiza quehaceres domésticos.
El 15.9 por ciento de los jóvenes sólo trabaja, 34.3 por ciento sólo estudia y 18.3 por ciento se dedica a quehaceres domésticos o alguna otra actividad. La escolaridad de los jóvenes de 15 a 24 años es la siguiente: sólo el 6.3 por ciento no ha concluido la primaria y uno de cada tres declaró no haber terminado la secundaria.
Otra referencia importante nos la brinda el Instituto Nacional de la Juventud, que nos indica que actualmente son casi 34 millones los jóvenes en el país cuya edad de referencia está entre 12 y 29 años, el 43.7 por ciento estudia, el 28.8 sólo trabaja, el 5.3 por ciento estudia y trabaja, el 22.1 por ciento no estudia ni trabaja, siendo la edad promedio en que se abandona los estudios la de 16.7 años.
De estos jóvenes que dejaron de estudiar, el 44.5 por ciento expreso que tuvo que ponerse a trabajar para afrontar las necesidades de la familia. El sueldo promedio que perciben en su primer trabajo es de mil 900 pesos mensuales.
En el ámbito de la salud, respecto de aquellos que trabajan, sólo el 70 por ciento tiene seguridad social, pero no sólo se enfrenta a este tipo de situaciones. Actualmente, la edad en que inician su actividad sexual es entre los 16 y 17 años, respectivamente, siendo a los 19 años, en promedio, cuando las mujeres quedan embarazadas, y ellos a la edad de 21 años cuando dejaron embarazada a alguien.
En el ámbito de lo familiar, este amplio número de jóvenes tiene confianza en su familia, así lo externaron en una escala de 0 a 9, dándole el número 9, siendo para ellos el primer lugar. Pero lo que resulta interesante es que en esta misma escala los jóvenes le dan un 7 a la confianza que tienen en los mexicanos en general.
Los jóvenes tienen como rasgo característico la unidad y el compañerismo, ya que el 40 por ciento prefiere reunirse con sus amigos para convivir y divertirse. El 38 por ciento participa en una asociación deportiva, el 13 por ciento en asociaciones religiosas y estudiantiles y el 7 en asociaciones culturales, siendo entre los 15 y 19 años en promedio cuando inician su participación en estos ámbitos. Como un punto de reflexión, sólo el 1.5 por ciento de estos jóvenes participa en política.
Pero si esto no fuera suficiente, el 44.9 por ciento de estos jóvenes mexicanos externaron que no les interesa la política, el 38 por ciento expreso que un poco, y tan solo el 13 por ciento dijo que mucho.
Si a todo lo anterior le sumamos el problema que enfrentan cuando una vez que salieron de sus carreras se encuentran con la dificultad de no ejercerla, de tener la frustración de tantos años invertidos en el estudio, para que su actividad laboral sea tan diferente a lo que implica su profesión.
Pero también existe un ámbito en donde nuestros jóvenes se han estancado, donde las drogas, cobran día a día más victimas y donde los jóvenes, desgraciadamente, se refugian de sus frustraciones y desesperanzas.
Es importante destacar que el gobierno federal ha impulsado diversas acciones en atención a los jóvenes, como el Programa Nacional de Juventud, que cuenta con seis objetivos estratégicos para la población juvenil, que son:
Ciudadanía y participación social, donde se reconoce a las y los jóvenes como actores sociales y sujetos de derecho, por tanto, de su capacidad de participación en los asuntos que les afectan.
Acceso efectivo a la justicia, tiene por objeto impulsar una política para la prevención del delito entre y hacia la población juvenil.
Acceso y permanencia en la educación: con este objetivo se está dotando a las y los jóvenes de una educación que les permita desarrollar sus capacidades, competencias y conocimientos.
Trabajo decente, punto que tiene por objeto salvaguardar el derecho de las y los jóvenes al trabajo, mediante su integración laboral en condiciones de trabajo decente y una vinculación estrecha e incorporación de la juventud al mercado laboral y empleos bien remunerados.
Fomento de la salud: con este objetivo se pretende dotar a los jóvenes de una educación integral para el cuidado de la salud y prevención de enfermedades.
Vivienda adecuada: con este objetivo se impulsará el acceso de las y los jóvenes a una vivienda adecuada, a través de la promoción de sus necesidades en las políticas y programas de vivienda.
Compañeros legisladores: los jóvenes ocupan un lugar de gran importancia para este país, tienen voz e ideas, quieren opinar y trabajar. Debemos dejar de pensar en ellos, como un número más en las encuestas.
Basta de verlos como entes para votar y que por lo mismo, son atractivos para los partidos políticos. Sin duda, necesitamos impulsar políticas de orden transversal que nos permitan, brindarles a estos jóvenes, todos aquellas condiciones para salir adelante y se conviertan en constructores activos de este país.
La presente iniciativa, busca que, desde el marco constitucional, los jóvenes tengan todas aquellas condiciones que les permita el ejercicio pleno de sus derechos y puedan lograr sus metas. Que sea el Estado el impulsor de todas aquellas acciones que permitan a las y los jóvenes, las oportunidades que necesitan para salir adelante.
Sin duda, los jóvenes de esta generación y de las venideras serán hombres y mujeres, que harán de nuestra nación la casa grande de todos los mexicanos, porque son ellos los constructores de la esperanza y es en ella, porque creemos en un mejor mañana para todos.
Por las consideraciones antes expuestas y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de la honorable Cámara de Diputados la presente iniciativa
Que reforma y adiciona un párrafo al artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
Artículo Único. Se reforma y Adiciona un párrafo al artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
Artículo 4o. El varón y la mujer son iguales ante la ley, ésta protegerá la organización y el desarrollo de la familia.
...
...
...
...
...
...
...
El Estado deberá adoptar las medidas y realizar las acciones necesarias que permitan el pleno ejercicio de los derechos de las y los jóvenes.
Transitorio
Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Nota
1. Secretaría de Gobernación, Consejo Nacional
de Población, 12 de agosto Día Internacional de la Juventud,
comunicado de prensa 23/08, México, 2008.
Sede de la Comisión Permanente, salón de sesiones del Senado de la República, a 27 de agosto de 2008.
Diputada Federal Beatriz Collado Lara (rúbrica)
(Turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales.
Agosto 27 de 2008.)
QUE REFORMA Y ADICIONA EL ARTÍCULO
47 DE LA LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS,
PRESENTADA POR LA DIPUTADA ANA YURIXI LEYVA PIÑÓN, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PRD, EN LA SESIÓN DE LA COMISIÓN PERMANENTE
DEL MIÉRCOLES 27 DE AGOSTO DE 2008
Ana Yurixi Leyva Piñón, diputada federal a la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión por el Partido de la Revolución Democrática, con fundamento por lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 55, fracción II, y 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 47 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, conforme a la siguiente
Exposición de Motivos
Como apuntaba en la iniciativa con proyecto de decreto que antecede a la presente, en la que se propuso modificar los artículos 64 y 93, presentada ante la Comisión Permanente durante el presente segundo receso del segundo año de esta LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, y en la iniciativa presentada también durante el segundo receso pero del primer año de ejercicio de la presente legislatura, y que reforma el artículo 93 de la Constitución, cuyas esencias están contenidas en el más reciente decreto publicado el pasado 15 de agosto en el Diario Oficial de la Federación, por el que se reformaron los artículos 69 y 93 de la Constitución.
Es conveniente recordar que la transparencia y la rendición de cuentas son instrumentos importantes para evitar la discrecionalidad y el abuso del poder. En un régimen democrático con un sistema de autentica división de poderes, la representación nacional tiene la potestad de llamar a comparecer a funcionarios del Ejecutivo federal, y de otros órganos federales del Estado, en un ejercicio de rendición de cuentas, a fin de conocer el desempeño de los servidores públicos federales, el ejercicio de la función pública y la ejecución de programas, así como el ejercicio del gasto público. A más de ello, en un esquema de cooperación de poderes y órganos del Estado, puede citar a comparecer a los servidores públicos de la federación para investigar el funcionamiento de diversas dependencias y órganos autónomos, así como para conocer la posición de los diversos titulares, tanto del Poder Ejecutivo como de los órganos autónomos del Estado respecto de asuntos que incidirían sobre los temas que les atañen. Pero una rendición de cuentas efectiva requiere de veracidad en la presentación de los servidores públicos ante el Congreso, y de consecuencias para quien se conduzca con falsedad.
Hoy la Constitución consigna que aquellos que comparezcan ante cualquiera de las cámaras del honorable Congreso de la Unión lo hagan bajo protesta de decir verdad; sin embargo, si faltasen a esta obligación aún no se ha previsto en la legislación secundaria que corresponde. Por ese motivo, considero pertinente adicionar el artículo 47 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos con una nueva fracción XXIV, recorriendo la actual para venir a quedar como una nueva fracción XXV, de suerte que quedaría como una de las obligaciones de los servidores públicos proporcionar de manera oportuna y veraz la información que se les requiera durante sus comparecencias ante los Plenos de alguna de la Cámaras del Congreso de la Unión, o ante cualquiera de sus comisiones. De suerte que si los comparecientes faltasen a la verdad o mintiesen abiertamente frente a los legisladores federales, quedarían sujetos a las disposiciones de la ley y de las sanciones previstas en ésta.
Por lo anteriormente expuesto, se somete a su consideración la presente iniciativa con proyecto de
Decreto por la que se reforma y adiciona el artículo 47 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos
Artículo Único. Se reforma y adiciona el artículo 47 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, para quedar como sigue:
Artículo 47. Todo servidor público tendrá las siguientes obligaciones para salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deben ser observadas en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, y cuyo incumplimiento dará lugar al procedimiento y a las sanciones que correspondan, sin perjuicio de sus derechos laborales, así como de las normas específicas que al respecto rijan en el servicio de las fuerzas armadas:
XXIV. Proporcionar de manera oportuna, y bajo protesta de decir verdad, toda la información y los datos que se les soliciten de forma verbal durante las comparecencias ante cualquiera de las Cámaras del honorable Congreso de la Unión o de sus respectivas comisiones; o mediante pregunta por escrito que deberá ser respondida en los términos y los tiempos que marca la Constitución.
XXV. Las demás que le impongan las leyes y los reglamentos.
Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Dado en la sede de la Comisión Permanente el 27 de agosto de 2008.
Diputada Ana Yurixi Piñón (rúbrica)
(Turnada a la Comisión de la Función Pública.
Agosto 27 de 2008.)
QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSOS
ARTÍCULOS DE LA LEY GENERAL DE SALUD, RECIBIDA DE LOS DIPUTADOS
JUAN ABAD DE JESÚS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE CONVERGENCIA; Y ECTOR
JAIME RAMÍREZ BARBA Y BEATRIZ EUGENIA GARCÍA REYES, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PAN, EN LA SESIÓN DE LA COMISIÓN PERMANENTE
DEL MIÉRCOLES 27 DE AGOSTO DE 2008
Juan Abad de Jesús, Beatriz Eugenia García Reyes y Ector Jaime Ramírez Barba diputados a la LX Legislatura del Congreso de la Unión, de los Grupos Parlamentarios del Partido Convergencia y Partido Acción Nacional; con fundamento en lo dispuesto en la fracción II del artículo 71, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en la fracción II, del artículo 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración del Pleno de la Cámara de Diputados la presente iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversos artículos de la Ley General de Salud, de acuerdo con la siguiente
Exposición de Motivos
I. Servicios auxiliares de diagnóstico y tratamiento. Como actividades técnicas y auxiliares para la salud se encuentra la prestación de servicios de los laboratorios clínicos y los gabinetes.
A los primeros se les caracteriza por ser un servicio prestado en un establecimiento público, social o privado, independiente o ligado a algún servicio médico que tiene como fin realizar análisis clínicos, es decir, análisis de bioquímica clínica y microbiológicos en materiales derivados del cuerpo humano.
En tanto, el gabinete es un establecimiento público, social o privado, independiente o ligado a algún servicio médico que tiene como fin obtener imágenes y trazos del cuerpo humano como pueden ser las ecografías, tomografías, radiografías, electrocardiogramas, entre otras; así como la interpretación de dichas imágenes y trazos por un médico especialista.
Desde la década los años 90, la Secretaría de Salud se ha empeñado en implantar políticas para mejorar la equidad y calidad de la atención médica en el sistema nacional de salud; y considerando que el laboratorio clínico es un apoyo básico para el diagnóstico y pronóstico de enfermedades, así como para la vigilancia del tratamiento médico, se emitió entre los años 1993-1995 el Programa operacional de mejoría de los laboratorios clínicos.
Siguiendo estándares internacionales, se publicó en 1997 la Norma Oficial Mexicana 166-SSA1-1997 con el fin de regular la organización y funcionamiento de los laboratorios clínicos; en la cual se previene una serie de especificaciones técnicas y obligaciones a cargo de estos.
Por ejemplo, la NOM estableció cuestiones relacionadas con requisitos que se deben acatar en materia de: responsable sanitario; registro cronológico de los análisis; informes de resultados de los análisis deberán tener impresos los valores de referencia conforme a las técnicas empleada; procedimientos para la obtención de licencia sanitaria o aviso de funcionamiento; manual de organización; manual de procedimientos administrativos; manual de todos los métodos analíticos; bitácora de mantenimiento y calibración de equipo.
Igualmente previó lineamientos acerca de la toma, identificación, manejo, conservación y transporte de muestras; del manual de manejo de equipo; manual de seguridad e higiene ocupacional y, en su caso, de seguridad radiológica; manual de procedimientos para el manejo de desechos peligrosos; programa de mantenimiento preventivo de instrumentos de medición y equipo utilizado en el establecimiento; programa de desinfección y desinfestación del establecimiento; entre otros aspectos.
La NOM también contempla reglas técnicas en relación a los recursos humanos materiales y tecnológicos de que disponga el laboratorio, así como diversos principios científicos y éticos con relación a la bioseguridad, publicidad y los contratos de referencia con la pretensión de contrarrestar el problema de la "dicotomía".
Aunque la NOM abarca los aspectos más sensibles de los laboratorios, no deja de ser una normatividad laxa para los laboratorios, los cuales requieren de mayores controles internos y externos, públicos y privados, para darles confiabilidad.
Aunado a que actualmente no se requiere licencia para instalar un laboratorio, sino que basta un aviso, el órgano encargado de vigilar y aplicar la citada NOM –la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris)– carece de los medios humanos y materiales para ejercer cabalmente esta función.
En este vacío y laxitud jurídica se ha presentado el fenómeno de la anárquica proliferación de laboratorios que carecen de las condiciones mínimas de higiene y seguridad; muchos de los cuales recurren a la evasión fiscal, ya que la autoridad hacendaria no es enterada del ingreso percibido por las empresas que operan fuera de la norma.
Desde el punto de vista profesional, estos laboratorios contratan personal que no reúne los más básicos requisitos de certificación, amén de que actúan fuera del régimen laboral y de seguridad social que exigen las leyes mexicanas.
La falta de supervisión del cumplimiento de la NOM ha propiciado la propagación de laboratorios clínicos que operan por debajo de los estándares de calidad requeridos para este tipo de establecimientos, y lo hacen, constituyéndose como una sociedad sin fines de lucro y especulación comercial, esto es, se registran con una razón social diferente a la de un establecimiento mercantil para evitar la fiscalización de otras entidades como el fisco.
En el país, a falta de una estadística oficial, se presume que existen más de 10 mil laboratorios clínicos según datos de la Asociación Mexicana de Bioquímica Clínica A.C. De este universo, se estima que sólo el 10 por ciento cumple con la NOM-166-SSA1-1997.
Los que no lo hacen, ponen en peligro no sólo la salud y bienestar de los pacientes y usuarios por diagnósticos erróneos, sino que también generan riesgos de bioseguridad y en general de salud pública, así como a los trabajadores de este sector.
En cuanto a su regulación de los gabinetes, se tiene la Norma Oficial Mexicana 229-SSA1-2002, la cual se creó con el fin de regular la organización y funcionamiento de los gabinetes e indica en el rubro: "Requisitos técnicos para las instalaciones, responsabilidades sanitarias, especificaciones técnicas para los equipos y protección radiológica en establecimientos de diagnóstico médico con rayos X".
Esta NOM establece los criterios de diseño, construcción y conservación de las instalaciones fijas y móviles, los requisitos técnicos para la adquisición y vigilancia del funcionamiento de los equipos de diagnóstico médico con rayos X, los requisitos sanitarios, criterios y requisitos de protección radiológica que deben cumplir los titulares, responsables, asesores especializados en seguridad radiológica en establecimientos para diagnóstico médico que utilicen equipos generadores de radiación ionizante para su aplicación en seres humanos, con el fin de garantizar la protección a pacientes, personal ocupacionalmente expuesto (POE) y público en general.
Entre otros rubros, regula cuestiones relativas a responsabilidades sanitarias; elementos del programa de garantía de calidad; especificaciones generales para la adquisición e identificación del equipo de rayos X; requisitos de funcionamiento para equipos de radiografía convencional, de fluoroscopia, de tomografía computarizada, de mamografía y panorámica dental; requisitos de funcionamiento relativos a equipos de proceso de revelado, luz de seguridad, negatoscopios y monitores de observación de imagen; entre otros.
Ahora bien, debido a que los requerimientos tecnológicos, inversión financiera y especialización de los recursos humanos necesarios para el funcionamiento de un gabinete son muy altos, sólo existen 500 de estos establecimientos en el país, lo cual ha facilitado a la autoridad la vigilancia y supervisión del cumplimiento de estas normas.
Sin embargo, al igual que en el caso de los laboratorios clínicos, las reglas para la constitución y operación de los gabinetes, así como la forma que tienen que adoptar no se encuentra definida en la Ley General de Salud ni en la NOM que regula técnicamente su operación.
De igual forma, no existen facultades suficientes para que la Cofepris pueda vigilar el cumplimiento de las disposiciones técnicas y sujetar la constitución y operación de los laboratorios y gabinetes al cumplimiento previo de éstos requerimientos técnicos.
Como se puede observar en la somera exposición precedente, el problema de los laboratorios clínicos y gabinetes es sumamente complejo, y queda expuesto el hecho de que México requiere una regulación más estricta, ya que están en juego valores fundamentales como son la salud y la vida de los usuarios de los servicios de laboratorio clínico y de los gabinetes. Se trata de un área que debe adaptarse a los progresos científicos y tecnológicos, pero también a estándares bioéticos más exigentes.
Para tal fin, la presente iniciativa propone adicionar una fracción VII al artículo 198, y un segundo párrafo al artículo 202 de la Ley General de Salud, con el objeto de que se requiera autorización sanitaria a los servicios auxiliares de diagnóstico y tratamiento.
Para que el Estado y los ciudadanos tengan la certeza que detrás de las instituciones de salud –entre ellas los laboratorios y gabinetes– existe un profesional debidamente preparado y certificado, se dispone que la designación y sustitución del o los responsables sanitarios de los establecimientos a que se refiere el artículo 198, con relación al artículo 200 fracción I de la Ley General de Salud, deberá comunicarse a la autoridad en un plazo no mayor de 10 días hábiles a partir de la fecha en que se hubiese realizado, informando la causa de ésta.
En el marco del Título Décimo Segundo de la Ley en comento, intitulado "Control Sanitario de Productos y Servicios" se adiciona un Capítulo II Bis, relativo a los Servicios Auxiliares de Diagnóstico y Tratamiento.
Primeramente se estipula que se consideran servicios auxiliares de diagnóstico y tratamiento, los que tengan como fin coadyuvar en el estudio, prevención, diagnóstico, pronóstico, resolución y tratamiento los problemas de salud, así como de vigilancia del tratamiento médico; y que son proporcionados en los establecimientos públicos, sociales o privados, independientes o ligados a algún servicio de atención médica.
Seguidamente se distingue entre laboratorios y gabinetes. Los primeros podrán comprender los servicios en las ramas de patología clínica, anatomía patológica, histopatología y citología exfoliativa. A cargo de de los establecimientos denominados gabinetes, podrán ofrecerse los de radiología y tomografía axial computarizada; medicina nuclear; ultrasonografía, y; radioterapia.
De suyo importante es la disposición que se propone para que estos servicios auxiliares de diagnóstico y tratamiento se presten mediante autorización bajo la forma de licencia sanitaria de acuerdo con los artículos 198 y 373 de la Ley General de Salud, la cual tendrá una vigencia de dos años y podrá prorrogarse por periodos similares, previa verificación del cumplimiento de las disposiciones establecidas en esta ley, así como de las normas reglamentarias y de carácter técnico que dicte la autoridad sanitaria en congruencia con la presente.
Se puntualiza además que los laboratorios clínicos y los gabinetes, deberán contar asimismo con un responsable sanitario de acuerdo a los requisitos profesionales que fije la Secretaría, y –con el fin de que se ajusten a las leyes laborales y fiscales– se dispone que deberán constituirse bajo la forma de sociedad mercantil, en los términos de la legislación aplicable.
El otorgamiento, la prórroga y, en su caso, la revocación de la autorización sanitaria que se conceda a los servicios auxiliares de diagnóstico y tratamiento será competencia exclusiva de la Secretaría de Salud, por conducto de la Cofepris, pero considerando que es insuficiente el personal y los recursos económicos para acometer esta compleja tarea, se autoriza que la autoridad se auxilie de los servicios de terceros autorizados en los términos del artículo 391 Bis de esta ley.
Finalmente, y para que los laboratorios clínicos y los gabinetes se ajusten a las exigencias mundiales y nacionales en la materia, se dispone que deberán contar con sistemas de gestión de la calidad de las fases preanalítica, analítica y postanalítica, así como condiciones de bioseguridad para su personal, los usuarios, las instalaciones y el entorno, de acuerdo con lo previsto en esta ley, su reglamento y las normas o lineamientos que expidan las autoridades sanitarias o ambientales en el ámbito de su respectiva competencia.
Regulación de los Servicios de Referencia. Desde tiempos remotos, el conocimiento ha ido saliendo de los conceptos enciclopedistas o absolutos, para transitar hacia la multidisciplinariedad y la interdisciplinariedad; contexto del que no escapan –por supuesto– las ciencias de la salud.
El desarrollo de las distintas disciplinas, la división de los campos científicos, el desarrollo científico-técnico y la especialización de los conocimientos, requieren de modelos de intervención de otras áreas del saber.
Fomentar el trabajo profesional cooperativo entre diversas asignaturas, ha sido una tarea que las instituciones educativas, los investigadores y el propio gobierno vienen implantando en muchos de sus programas académicos o de desarrollo científico.
Al salir de la esfera del propio conocimiento, experiencia o especialidad, es valido que un profesionista recomiende a un colega para que resuelva un problema determinado.
En las áreas de la salud se tiene que la cobertura del seguro tiene que ver con si los pacientes acuden al especialista o no. Algunos estudios han encontrado que es menos probable que los pacientes den seguimiento a la remisión y que es más probable que su plan de salud les niegue la cobertura, si falta un proceso de recomendación personalizada hacia otro especialista.*
También se ha demostrado que es más probable que los pacientes acudan al especialista si su médico -de atención primaria- pide la cita. Por ello, se ha llegado a considerar que es perfectamente legítimo recomendar a uno o varios colegas determinados para resolver los problemas de salud de un paciente.
Todo lo anteriormente dicho, así como el derecho de los profesionales de la salud a cobrar por sus servicios y su ciencia, es totalmente defendible desde el punto de vista del libre ejercicio de las profesiones o de la libertad de comercio que se establece como garantía constitucional en el artículo 5o. de la Constitución:
Es normal que exista una vinculación empresarial de los profesionales de la salud, pero siempre y cuando exista transparencia hacia el paciente. Lo que no admite la sociedad ni los códigos de ética profesional es la deformación de esos acuerdos entre el paciente y su médico, los cuales vulneran la dignidad de ambos, pues mientras el primero tiene la expectativa de restablecer su salud dañada, al segundo sólo le interesa recibir una comisión mercantil –generalmente oculta– a cambio de referir a otro colega o de recomendar un fármaco o servicio subsidiario en específico.
Este fenómeno –conocido como dicotomía– ha sido perfectamente explicado en diversas iniciativas que se han presentado en esta Cámara de Diputados desde el año 2005, con las cuales coincidimos, pues no se puede permitir que se mercantilicen las actividades de la salud y que, en la búsqueda del lucro, impongan la especulación.
Al crearse necesidades superfluas o encarecerse los productos farmacéuticos, las prótesis, los laboratorios clínicos o los gabinetes, por intermediaciones comerciales innecesarias, se produce un deleznable escenario que amenaza la moral, la salud y los recursos de las personas utilizadas con ese fin.
Tenemos la certeza de que existe un amplio sector de profesionales y prestadores de servicios sanitarios que se apegan estrictamente a prácticas y códigos de ética, y que rechazan hacer publicidad o pagar o recibir cualquier honorario u otro emolumento con el sólo propósito de obtener un paciente, el recetar o enviar a un paciente a un establecimiento.
Sin embargo, y adheridos a las propuestas que demandan un marco jurídico claro contra la dicotomía y un esquema efectivo de coerción contra esta práctica en el país, la presente iniciativa aspira a crear nuevas alternativas normativas que clarifiquen el papel de las autoridades sanitarias y los derechos de los usuarios de los servicios médicos.
Con tal fin, proponemos la adición de un artículo 83 Bis 1, para prever que será sancionado cualquier acto o contrato que realice un profesional, técnico o auxiliar para la salud, independiente o que labore en una institución pública, social o privada, con el fin de referir servicios o productos de salud, cuando la referencia implique subrogaciones excesivas, indicaciones superfluas, exceso de prescripciones o la elevación innecesaria de honorarios, a cambio de una contraprestación en numerario o en especie.
A efecto de establecer precisiones jurídicas, proponemos que la ley disponga que por referencia se entiende el acto de recomendar, inducir, turnar, aconsejar, sugerir, subrogar, recetar o prescribir a uno o varios pacientes, usuarios, derechohabientes, sus familiares o representantes, determinado servicio médico, laboratorio clínico, gabinete, farmacia, botica, óptica, marca específica de medicamentos, aparatos ortopédicos, prótesis o similares, servicios funerarios, o demás relacionados con la salud.
Sabedores de que existen algunas dificultades para acreditar la conducta punible, creemos pertinente precisar que se presumirán subrogaciones excesivas, indicaciones superfluas, exceso de prescripciones o elevación innecesaria de honorarios, cuando no existan constancias de que el referente (médico, especialista u otro profesional de la salud) omita informar u ofrecer al paciente, usuario o derechohabiente, o en su defecto a su familiar o representante legal, cuando menos tres opciones de servicios o productos.
El referente debe conceder a la paciente o sus familiares el derecho al "consentimiento informado", u obtener constancias de que no se condicionó la prestación de sus servicios profesionales, a la presentación de los resultados de un servicio o producto determinado exclusivamente, salvo que se tratare de emergencias o especialidades que no permitan otra alternativa.
La práctica enseña de que no sólo se realiza la dicotomía por médicos o profesionales de la salud, sino que existen otros agentes que degradan los servicios sanitarios.
En consecuencia, proponemos que también sea sancionado todo acto de pago, promesa, ofrecimiento o atención efectuada por cualquier profesional, técnico o auxiliar para la salud, al personal administrativo para obtener o retribuir la derivación de pacientes.
A fin de establecer certeza jurídica en el ámbito punitivo, precisamos que –en perjuicio de las penas que correspondan en los ámbitos penal, civil o administrativo– al o los responsables de estas conductas se les impondrá suspensión en el ejercicio de su profesión u oficio hasta por cuatro años.
Mediante la introducción de un articulo 83 Bis 2, extendemos la sanción de la dicotomía al ramo profesional, disponiendo que cuando un profesional, técnico o auxiliar para la salud independiente o que labore en una institución pública, social o privada, refiera servicios ante otros colegas o prestadores de servicios médicos en el país o en el extranjero, deberá cerciorarse que cuenta con los registros, certificaciones o recertificaciones a que se refiere la presente ley y sus reglamentos.
Proyecto de decreto que reforma y adiciona diversos artículos de la Ley General de Salud.
Artículo Primero. Se adicionan los artículos artículo 83 Bis 1 y 83 Bis 2; se adiciona una fracción VII al artículo 198, y un segundo párrafo al artículo 202 de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:
Artículo 83 Bis 1. Será sancionado cualquier acto o contrato que realice un profesional, técnico o auxiliar para la salud, independiente o que labore en una institución pública, social o privada, con el fin de referir servicios o productos de salud, cuando la referencia implique subrogaciones cuando no existan constancias escritas o fehacientes; indicaciones que omitan informar u ofrecer al paciente, usuario o derechohabiente, o en su defecto a su familiar o representante legal, acerca de cuando menos tres opciones o de que no se condicionó la prestación de sus servicios profesionales, a la presentación de los resultados de un servicio o producto determinado exclusivamente; salvo que se tratare de casos de emergencia o existan menos prestadores del servicio de salud disponibles en la localidad o debidamente capacitados en la especialidad requerida; exceso de prescripciones o la elevación de honorarios, a cambio de una contraprestación en numerario o en especie.
Por referencia se entiende el acto de recomendar, inducir, turnar, aconsejar, sugerir, subrogar, recetar o prescribir a uno o varios pacientes, usuarios, derechohabientes, sus familiares o representantes, determinado servicio médico, laboratorio clínico, gabinete, farmacia, botica, óptica, marca específica de medicamentos, aparatos ortopédicos, prótesis o similares, servicios funerarios o demás relacionados con la salud.
Sin perjuicio de las penas que correspondan en los ámbitos penal, civil o administrativo, al o los responsables de las conductas a que se refiere el presente artículo se impondrá suspensión en el ejercicio de su profesión u oficio hasta por cuatro años.
Articulo 83 Bis 2. Cuando un profesional, técnico o auxiliar para la salud independiente o que labore en una institución pública, social o privada, refiera al usuario, paciente o derechohabiente ante otro profesional, técnico o auxiliar para la salud en el país o en el extranjero, deberá cerciorarse que cuenta con los registros, certificaciones, recertificaciones o acreditaciones a que se refiere la presente Ley y sus Reglamentos.
Toda conducta de derivación o recomendación a que se refiere el párrafo anterior que implique dolo o mala fe, será sancionada administrativamente en términos del Capítulo II del Título Décimo Octavo de esta Ley, sin perjuicio de las consecuencias que correspondan conforme a la legislación sobre profesiones o penal aplicables.
Artículo 198. Únicamente requieren autorización sanitaria los establecimientos dedicados a:
VII. Los servicios auxiliares de diagnóstico y tratamiento.
Cuando así ...
Artículo 202. Todo cambio de ...
La designación o sustitución del o los responsables sanitarios de los establecimientos a que se refiere el artículo 198, con relación al artículo 200 fracción I de esta ley, deberá comunicarse a la autoridad en un plazo no mayor de 10 días hábiles a partir de la fecha en que se hubiese realizado, informando la causa de ésta.
Artículo Segundo. Se adiciona un Capítulo II Bis al Título Décimo Segundo de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:
Titulo Duodécimo
Control Sanitario de Productos y Servicios de su importación
y exportación
Capítulo II
De los Servicios Auxiliares de Diagnóstico
y Tratamiento
Artículo 214 Bis 1. Para los efectos de esta ley, se consideran servicios auxiliares de diagnóstico y tratamiento, los que tengan como fin coadyuvar en el estudio, prevención, diagnóstico, resolución y tratamiento de los problemas de salud; y que son proporcionados en los establecimientos públicos, sociales o privados, independientes o ligados a algún servicio de atención médica, ya sea como laboratorios clínicos o como gabinetes.
Artículo 214 Bis 2. Los servicios auxiliares de diagnóstico y tratamiento a cargo de los establecimientos denominados laboratorios clínicos, podrán comprender los de patología clínica, anatomía patológica, histopatología y citología exfoliativa.
Los laboratorios clínicos podrán contar con áreas de recepción y toma de muestras independientes, para lo cual será necesario que celebren los contratos de servicios de referencia que sean necesarios, de conformidad con las normas que al efecto se emitan. Estas áreas independientes de recepción y toma de muestras no requerirán de licencia sanitaria para su funcionamiento.
Artículo 214 Bis 3. Los servicios auxiliares de diagnóstico y tratamiento a cargo de los establecimientos denominados gabinetes, podrán comprender los de radiología y tomografía axial computarizada, medicina nuclear, ultrasonografía y radioterapia.
Artículo 214 Bis 4. Los servicios auxiliares de diagnóstico y tratamiento deberán obtener, autorización bajo la forma de licencia sanitaria de acuerdo con los artículos 198 y 373 de la ley, la cual tendrá una vigencia de dos años y podrá prorrogarse por periodos similares, previa verificación del cumplimiento de las disposiciones establecidas en esta ley, así como de las normas reglamentarias y de carácter técnico que dicte la autoridad sanitaria en congruencia con la presente. La violación de este precepto dará lugar a la clausura definitiva del establecimiento conforme a lo dispuesto por el artículo 425 fracción I de la ley, así como a la aplicación de sanciones administrativas de conformidad con lo que se establece en el artículo 421.
Los laboratorios clínicos y los gabinetes, deberán contar asimismo con un responsable sanitario de acuerdo a los requisitos profesionales que fije la Secretaría, y deberán constituirse bajo la forma de una sociedad mercantil en los términos de la legislación aplicable.
La licencia y el nombre del responsable sanitario, deberán ser visibles para los usuarios del establecimiento, de acuerdo con las disposiciones reglamentarias o normas que emita la autoridad competente.
Artículo 214 Bis 4. El otorgamiento, la prórroga y, en su caso, la revocación de la autorización sanitaria que se conceda a los servicios auxiliares de diagnóstico y tratamiento será competencia exclusiva de la Secretaría de Salud, por conducto de su órgano desconcentrado Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, en los términos de la fracción IV del artículo 17 Bis de esta ley.
Para el efecto, la autoridad sanitaria podrá auxiliarse de los servicios de terceros autorizados en los términos del artículo 391 Bis de esta ley.
Artículo 214 Bis 5. Los laboratorios clínicos y los gabinetes deberán contar con sistemas de gestión de la calidad de las fases preanalítica, analítica y postanalítica; deberán someterse a los procedimientos de acreditación que exija la autoridad sanitaria o los organismos autorizados; así como apegarse a condiciones de bioseguridad para su personal, los usuarios, las instalaciones y el entorno, de acuerdo con lo previsto en esta ley, su Reglamento y las normas o lineamientos que expidan las autoridades sanitarias o ambientales en el ámbito de su respectiva competencia, de acuerdo con el artículo 117 del presente ordenamiento.
Transitorios
Primero. El presente decreto entrará en vigor 30 días después de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. En tanto no se expidan las disposiciones reglamentarias y los lineamientos que provean en la esfera administrativa el presente decreto, continuarán en vigor aquellas normas que no se le opongan.
Tercero. Los prestadores de servicios auxiliares de diagnóstico denominados laboratorios clínicos y gabinetes deberán ajustarse a lo previsto por el presente decreto en un plazo no mayor a los 6 meses posteriores a su entrada en vigor.
Nota
* Fuentes: Christopher B. Forrest, M.D., Ph.D., department
of pediatrics, Children’s Hospital of Philadelphia, University of Pennsylvania
School of Medicine, Philadelphia; Albert Wu, M.D., professor, health policy
and management, Johns Hopkins University Bloomberg School of Public Health,
Baltimore; July/August 2007, Annals of Family Medicine.
Dado en la sesión de la Comisión Permanente, a 27 de agosto de 2008.
Diputados: Juan Abad de Jesús, Beatriz Eugenia García Reyes, Ector Jaime Ramírez Barba (rúbricas)
(Turnada a la Comisión de Salud. Agosto 27 de 2008).
Los suscritos, diputados Claudia Lilia Cruz Santiago y Alfonso Suárez del Real y Aguilera, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LX Legislatura, con fundamento en los artículos 78 fracción III de la Constitución Política Mexicana, 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentan a esta honorable soberanía, en calidad de urgente resolución, la siguiente proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorte a la Secretaría de Gobernación, en respeto al derecho de libertad de expresión, para que en aras de los principios de equidad, no discriminación y justicia, difundan los argumentos que defienden la constitucionalidad de la interrupción legal del embarazo, en ejercicio al derecho de réplica. Asimismo, para que dicha secretaría informe bajo que criterios se le otorgó a la Asociación Religiosa denominada Iglesia Católica Mexicana (Conferencia del Episcopado Mexicano, CEM), el tiempo utilizado para la difusión de su mensaje televisivo efectuado el domingo 24 de agosto del 2008, al tenor de las siguientes:
Consideraciones
Las audiencias públicas celebradas durante el periodo de abril a junio del presente año, ante el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con motivo de las acciones de inconstitucionalidad 146/2007 y su acumulada 147/2007, permitió que en aras de los principios de equidad, libertad de expresión y justicia, las ministras y los ministros de este órgano de justicia, tuvieran la oportunidad de conocer los diversos argumentos que la sociedad ha considerado, respecto a la constitucionalidad, legalidad y vigencia de los derechos humanos que el presente tema posee, no sólo de las mujeres sino de la sociedad en general.
Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación dio una clara muestra de respeto a la pluralidad de criterios que el presente tema posee, cumpliendo con ello a los principios constitucionales correspondientes a la libertad de expresión y de equidad, cuya realización muestra claramente que los demás Poderes del Estado estamos obligados a realizar.
Ahora bien, el día 24 de agosto de 2008 por la noche, la Asociación Religiosa denominada Iglesia Católica Mexicana (Conferencia del Episcopado Mexicano CEM) a través de un mensaje televisivo, difundió la postura de la Iglesia católica en contra de la interrupción legal del embarazo realizada en el Distrito Federal y por ende, a favor de la inconstitucionalidad de la ley y consecuentemente, de los actos que ha realizado la autoridad al respecto.
Luego entonces, si bien es cierto esta asociación religiosa, en uso de su derecho a la libertad de expresión, ocupó un tiempo del espectro radioeléctrico concesionado por el Estado a una persona moral privada, no menos importante es que las personas e instituciones que han defendido la constitucionalidad y legalidad de la interrupción del embarazo, deben tener la posibilidad de ejercer el mismo derecho, de conformidad con los principios que consagra nuestra Constitución y que las autoridades de gobierno, debemos propiciar, permitir y facilitar su ejercicio, tal y como lo realizo la Suprema Corte de Justicia de laNación.
Un Estado que se precie de ser democrático debe respetar la libertad y autonomía de las personas dentro de un ambiente de tolerancia, en el que se defiendan el derecho a pensar diferente, respetando y admitiéndose todas las orientaciones políticas e ideológicas. Luego entonces, todas las instancias del Estado debemos respetar y priorizar la difusión de estas ideas.
Sumado a lo anterior, no olvidemos que también existe la necesidad que tiene la sociedad para acceder a la información que le permita fijar su postura ante temas que son de sumo interés nacional, razón por la que la Secretaría de Gobernación, debe difundir los argumentos de defensa que tanto organizaciones de la sociedad civil, instancias y órganos de gobierno (Asamblea Legislativa, Comisión de Derechos Humanos y gobierno local, del Distrito Federal) personas físicas, han realizado para defender la constitucionalidad y legalidad de la interrupción legal del embarazo, para que en uso de los tiempos oficiales, conozca la sociedad tales argumentos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6o. de la Constitución mexicana, en el mismo modo, tiempo y horario en que fue realizada la difusión referida en las empresas televisoras.
De hecho, el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Genaro Góngora Pimentel expresó durante el debate sobre la constitucionalidad de la Ley de Medios, una serie de definiciones fundamentales:
Por otro lado, el país signó y ratificó la Convención Americana de Derechos Humanos, cuyo artículo 133 regula las libertades de pensamiento y de que todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión.
Existen otros instrumentos regionales de protección de los derechos humanos, el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales y la Carta Africana sobre Derechos Humanos y de los Pueblos también tutelan la libertad de expresión.
La importancia de la libertad de la expresión –dentro de la que se encuentra incluido el derecho a la información– como un derecho humano ha sido extensamente reconocida, tanto por su propio mérito como bajo la consideración de que constituye un apuntalamiento esencial de la democracia y un medio de salvaguardar otros derechos humanos.
En su primera sesión en 1946, la Asamblea General de Naciones Unidas declaró:
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos al emitir la opinión consultiva OC-5/85, sentó los dos aspectos básicos del derecho a la libertad de expresión y a la información: el aspecto individual y el aspecto social. En su dimensión individual, la libertad de expresión no se agota en el reconocimiento teórico del derecho a hablar o escribir, sino que comprende además, inseparablemente, el derecho a utilizar cualquier medio apropiado para difundir el pensamiento y hacerlo llegar al mayor número de destinatarios.
Asimismo, no omito mencionarle que en apoyo a lo anterior, citamos la siguiente tesis jurisprudencia, en la cual se señala que el Estado debe garantizar la igualdad de oportunidades para la participación de la ciudadanía en la vida pública.
ACCESO A LA INFORMACIÓN. SU NATURALEZA COMO GARANTÍAS INDIVIDUAL Y SOCIAL.El acceso a la información se distingue de otros derechos intangibles por su doble carácter: como un derecho en sí mismo y como un medio o instrumento para el ejercicio de otros derechos. En efecto, además de un valor propio, la información tiene uno instrumental que sirve como presupuesto del ejercicio de otros derechos y como base para que los gobernados ejerzan un control respecto del funcionamiento institucional de los poderes públicos, por lo que se perfila como un límite a la exclusividad estatal en el manejo de la información y, por ende, como una exigencia social de todo Estado de Derecho. Así, el acceso a la información como garantía individual tiene por objeto maximizar el campo de la autonomía personal, posibilitando el ejercicio de la libertad de expresión en un contexto de mayor diversidad de datos, voces y opiniones; incluso algunos instrumentos internacionales lo asocian a la libertad de pensamiento y expresión, a las cuales describen como el derecho que comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole. Por otro lado, el acceso a la información como derecho colectivo o garantía social cobra un marcado carácter público en tanto que funcionalmente tiende a revelar el empleo instrumental de la información no sólo como factor de autorrealización personal, sino como mecanismo de control institucional, pues se trata de un derecho fundado en una de las características principales del gobierno republicano, que es el de la publicidad de los actos de gobierno y la transparencia de la administración. Por tanto, este derecho resulta ser una consecuencia directa del principio administrativo de transparencia de la información pública gubernamental y, a la vez, se vincula con el derecho de participación de los ciudadanos en la vida pública, protegido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
- Controversia constitucional 61/2005. Municipio de Torreón, estado de Coahuila. 24 de enero de 2008. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Ramón Cossío Díaz. Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Secretaria: Carmina Cortés Rodríguez.
* El Tribunal Pleno, el doce de mayo en curso, aprobó, con el número 54/2008, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a doce de mayo de dos mil ocho.
Por todo lo expuesto y fundado sometemos a la consideración de esta h. soberanía con el carácter de urgente resolución, la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, solicita a la Secretaría de Gobernación, otorgue los espacios y tiempo necesario para que las instancias de gobierno como la Asamblea Legislativa, la Comisión de Derechos Humanos y el Gobierno del Distrito Federal,; así como las organizaciones de la sociedad civil, en ejercicio de su derecho de réplica, dispongan del tiempo, modo y horario similar al ejercido por la Asociación Religiosa denominada Iglesia Católica Mexicana (Conferencia del Episcopado Mexicano, CEM), para expresar a la sociedad, los argumentos que refieran la constitucionalidad, legalidad y legitimidad que implican los derechos de las mujeres así como la interrupción legal del embarazo.
Para ello, se solicita a la Secretaría de Gobernación promueva ante los concesionarios, la difusión de tales argumentos a fin de que las partes que están a favor de las reformas efectuadas al Código Penal y a la Ley de Salud, ambos del Distrito Federal, ejerzan su derecho de réplica.
En caso de que los concesionarios no otorgarán el espacio de difusión correspondiente, se exhorta a la Secretaría de Gobernación para que pueda realizar dicha difusión a través de los tiempos oficiales del Estado.
Segundo. Esta honorable soberanía solicita a la Secretaría de Gobernación, informe bajo que criterios se le otorgó a la Asociación Religiosa denominada Iglesia Católica Mexicana (Conferencia del Episcopado Mexicano, CEM), el tiempo utilizado para la difusión de su mensaje televisivo efectuado el domingo 24 de agosto del 2008. Y en su caso, si la difusión se realizó dentro del marco legal, le solicitamos atentamente que acompañe a la respuesta que emita a esta honorable soberanía, la documentación soporte que permitió dicha transmisión.
Salón de sesiones de la Comisión Permanente, a 27 de agosto de 2008.
Diputados: Claudia Lilia Cruz Santiago, José Alfonso Suárez del Real y Aguilera, Bertha Yolanda Rodríguez Ramírez (rúbricas)
(Turnada a la Comisión de Gobernación. Agosto
27 de 2008.)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA A DIVERSAS DEPENDENCIAS A COORDINARSE A FIN DE ELABORAR UN DIAGNÓSTICO
RELATIVO A LOS VEHÍCULOS IMPORTADOS DE ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
Y DE CANADÁ PARA CERCIORARSE DE QUE ÉSTOS CUMPLAN LA NOM-041-SEMARNAT-2007,
PRESENTADA POR EL DIPUTADO JOSÉ LUIS ESPINOSA PIÑA, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PAN, EN LA SESIÓN DE LA COMISIÓN PERMANENTE
DEL MIÉRCOLES 27 DE AGOSTO DE 2008
El suscrito, José Luis Espinosa Piña, diputado federal del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional ante la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite someter a la alta consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Ante el evidente perjuicio ambiental y económico que ha ocasionado la importación de vehículos usados, el gobierno federal decidió tomar cartas en el asunto, con objeto de disminuir el efecto negativo. El 1 de febrero de 2008 emitió un decreto modificatorio del de fecha de agosto de 2005 para eliminar el subsidio de 70 por ciento que se aplicaba en el cobro del impuesto al valor agregado (IVA), lo cual resultaba contradictorio para un gobierno que impulsó la reforma fiscal y para limitar la antigüedad de los vehículos importados a 10 años exclusivamente, disminuyendo así la entrada de unidades casi al final de su vida útil, pues el decreto original permitía la importación de automotores con antigüedad de entre 10 y 15 años.
Pese a los beneficios que estas medidas han traído consigo, disminuyendo la tasa mensual de importaciones en comparación con el bienio precedente, su efecto está limitado al 31 de diciembre del presente año, toda vez que en 2009 entrará en vigor el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) en materia de vehículos automotores usados. El tratado considera la importación libre de aranceles de vehículos usados de más de 10 años. Esto significa que se reabrirá la frontera para unidades que son o muy pronto serán chatarra inservible.
El decreto modificatorio del presidente Calderón ha disminuido 48 por ciento las importaciones durante el segundo trimestre de 2008 en comparación con el mismo periodo de 2007; sin embargo, la medida estará vigente sólo hasta el 31 de diciembre. El 1 de enero de 2009 inicia la vigencia del TLCAN, y es muy probable que de nuevo se importen vehículos con más de 10 años de antigüedad. Por ello es necesario tomar medidas para verificar condiciones contaminantes y mecánicas, "única barrera permitida en el TLCAN".
Intrínsecamente, una de las soluciones optimas es exigir como requisito previo a la importación de vehículos usados la aplicación de la NOM-041-SEMARNAT-2007, que establece los límites máximos permisibles de emisión de gases contaminantes provenientes del escape de los vehículos automotores en circulación que usan gasolina como combustible, para lo cual es necesario que se establezcan los centros de verificación, considerados por la propia norma como las instalaciones o local establecido por las autoridades competentes o facultadas por éstas en el que se lleve a cabo la medición de las emisiones o contaminantes provenientes de los vehículos automotores en circulación.
Debe realizarse una inspección técnica vehicular, de tal manera "que los autos importados contengan un convertidor catalítico", el cual tiene como función disminuir los elementos contaminantes contenidos en los gases de escape de un vehículo mediante la técnica de la catálisis.1
Establecer el cumplimiento satisfactorio de esta inspección como requisito previo a la importación permitirá no nada más cuidar el ambiente, sino sancionar el comercio informal de vehículos automotores, evasor de impuestos y propiciatorio de fraudes al consumidor.
Éstas son acciones –a menos de cinco meses que llegue 2009– que deben llevarse a cabo y que, sin evadir los compromisos pactados en el TLCAN, permitirían disminuir el efecto negativo de la importación de vehículos usados.
Aunado a un problema del incremento de los precios de la gasolina y su inherente subsidio, un mayor nivel de emisiones contaminantes es consecuencia de condiciones deficientes de operación de los motores de los vehículos, lo cual ocasiona mayor consumo de gasolina. De acuerdo con la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores, AC (AMDA), un vehículo promedio importado consume 115 por ciento más que un vehículo nuevo promedio. Este cálculo toma en cuenta la ponderación de los diferentes segmentos de vehículos.
En ese contexto, 75 por ciento aproximadamente de los vehículos importados corresponden a los segmentos de usos múltiples y camiones ligeros, mientras que el restante 25 por ciento es subcompacto y compacto.
No obstante, de acuerdo con la AMDA, de los impuestos se destinan 4 mil 200 pesos para subsidiar el consumo excedente de gasolina de un auto usado importado en comparación con un vehículo subcompacto comprado en México. Explicado con mayor claridad: se canalizarán este año más de 13 mil millones de pesos para subsidiar sólo el excedente del consumo de gasolina de los 3.1 millones vehículos importados a partir de 2005; desde entonces hasta el primer cuatrimestre de 2008, el consumo de gasolina es de 19 por ciento.
México presenta un atraso en materia de rendimiento de combustible en vehículos automotores, ya que produce una cantidad mayor de gases de efecto invernadero, que provocan el cambio climático, y es uno de los dos países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico que no ha fijado ni aplica estándares de eficiencia y emisión de gases para autos.
Referentemente, se deduce que estamos importando vehículos que en Estados Unidos tienen prohibido circular porque no cumplen las normas en materia de emisiones contaminantes y de seguridad; esto es, prohíben que esos vehículos contaminan allá, pero permiten e incluso promueven su exportación a México, sin considerar que las emisiones contaminantes no requieren visa para pasar de un país a otro.
La circulación de esos vehículos en México provoca una afectación global. Adicionalmente, el nuevo orden jurídico internacional ha señalado que sólo con el cumplimiento de sus postulados podrán los Estados alcanzar un claro desarrollo compartido, evitando desventajas y posiciones de privilegio que llegan a alcanzar algunas naciones, en perjuicio directo de otras.2
De acuerdo con Rendimiento de combustibles vehiculares en México, estudio realizado por científicos del Centro Mario Molina y del International Council on Clean Transportation, México "es sumamente vulnerable al cambio climático, y es muy factible que después de 2012 tenga que adoptar medidas obligatorias para disminuir sus emisiones de bióxido de carbono".
Se estima que para 2012, China, Europa y Japón tendrán una eficiencia energética 25 a 75 por ciento superior que México. Y prevén aumentar el rendimiento de sus automóviles a través de nuevas normas de eficiencia energética, lo que colocará la producción automotriz mexicana entre 25 y 75 por ciento por debajo, haciéndola menos competitiva a escala mundial.
La tenencia (pago de impuesto por poseer y usar un vehículo) en esos países se basa en la eficiencia energética. En México se paga por el precio del vehículo, y cuanto más nuevo y, en teoría, más moderno y con mejor tecnología, mayor tenencia se paga.
Sin la aplicación de políticas de gestión ambiental será difícil que los ciudadanos opten por adquirir vehículos con tecnología más eficiente en términos energéticos.
Por lo expuesto, someto a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. Se exhorta respetuosamente a las Secretarías de Economía; de Hacienda y Crédito Público; y de Medio Ambiente y Recursos Naturales a coordinarse, en el ámbito de sus competencias, a fin de elaborar un diagnóstico de los vehículos importados de Estados Unidos y Canadá para cerciorarse de que éstos cumplan la NOM-041-SEMARNAT-2007, pues pueden incurrir en un agravio de no contar con convertidor catalítico. De ser así, se exhorta a dichas dependencias a tomar las medidas pertinentes.
Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión solicita a las autoridades señaladas que informen a esta soberanía de las acciones que habrán de realizarse en el marco del primer resolutivo del presente punto de acuerdo.
Tercero. Se exhorta a las mencionadas secretarías a tomar las medidas pertinentes en caso de haber comprobado que tales vehículos importados incurren en las faltas a que se hizo referencia, así como a brindar la información pertinente y suficiente a la población que desee adquirir ese tipo de vehículos.
Cuarto. Se exhorta a los gobiernos de los estados y de los municipios fronterizos del país a implantar programas de verificación vehicular para impedir que los autos usados provenientes de Estados Unidos y de Canadá circulen libremente en el territorio nacional sin ajustarse a lo establecido en las normas ambientales mexicanas y sin contar con convertidor catalítico.
Quinto. Se exhorta a los estados y a los municipios del país que no cuenten con programas de verificación vehicular a realizar esfuerzos por establecerlos, con objeto de mejorar la calidad del aire, mediante el monitoreo y la vigilancia de los niveles de emisión de gases derivados de la combustión de hidrocarburos de los autos nacionales e importados.
Notas
1. Se trata de un dispositivo instalado en el tubo de
escape, cerca del motor, ya que ahí los gases mantienen temperatura
elevada. Esta energía calorífica pasa al catalizador y eleva
su propia temperatura, circunstancia indispensable para que el dispositivo
tenga un óptimo rendimiento, que se alcanza entre los 400 y 700
grados Celsius. Exteriormente, el catalizador es un recipiente de acero
inoxidable, con frecuencia provisto de una carcasa-pantalla metálica
antitérmica, también inoxidable, que protege los bajos del
vehículo de las altas temperaturas alcanzadas. En su interior contiene
un soporte cerámico o monolito, de forma oval o cilíndrica,
con una estructura de múltiples celdillas en forma de panal, con
una densidad de éstas de aproximadamente 450 celdillas por cada
pulgada cuadrada (unas 70 por centímetro cuadrado). Su superficie
se encuentra impregnada con una resina que contiene elementos nobles metálicos,
como platino y paladio, que permiten la función de oxidación,
y rodio, que interviene en la reducción. Estos metales preciosos
actúan como elementos activos catalizadores; es decir, inician y
aceleran las reacciones químicas entre otras sustancias con las
cuales entran en contacto, sin participar ellos mismos en las reacciones.
Los gases de escape contaminantes generados por el motor, al entrar en
contacto con la superficie activa del catalizador, son transformados de
manera parcial en elementos inocuos no contaminantes.
2. Los principios del derecho internacional más
importantes aplicables al comercio exterior incluyen los siguientes:
• De igualdad soberana. Todos los Estados deberán
ser respetados igualmente en sus tratos internacionales, teniendo los mismos
derechos y obligaciones.
• De no intervención. Las obligaciones más
importantes entre Estados incluyen la actitud que debe adoptar cada uno
de los Estados frente a los otros para no intervenir en sus asuntos internos.
• De solución pacífica de controversias.
Esto significa que los Estados no deben hacer uso de la fuerza o violencia
para disminuir sus conflictos, los cuales deben resolverse por procedimientos
reconocidos en el derecho internacional.
• De cumplimiento de buena fe de compromisos y de obligaciones.
Los Estados que celebren acuerdos o tratados, o entren en negociaciones
internacionales, se encuentran obligados a cumplir los compromisos contraídos.
Tal cumplimiento deberá ser de buena fe.
Diputado José Luis Espinosa Piña (rúbrica)
(Turnada a las Comisiones de Economía; de Hacienda
y Crédito Público; y de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
Agosto 27 de 2008.)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA A DIVERSAS AUTORIDADES A ANALIZAR, DEBIDO A LA INSEGURIDAD PÚBLICA,
SI PROCEDE LA IMPLANTACIÓN DE MÉTODOS MÁS ESTRICTOS
DE INCORPORACIÓN DE ELEMENTOS A LOS CUERPOS DE SEGURIDAD, PRESENTADA
POR LA DIPUTADA LILIANA CARBAJAL MÉNDEZ, EN NOMBRE PROPIO Y DE LOS
DIPUTADOS LUIS GERARDO SERRATO CASTELL Y MARIO ALBERTO SALAZAR MADERA,
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN, EN LA SESIÓN DE LA COMISIÓN
PERMANENTE DEL MIÉRCOLES 27 DE AGOSTO DE 2008
Los que suscriben, diputados Liliana Carbajal Méndez, Luis Gerardo Serrato Castell y Mario Alberto Salazar Madera, integrantes de esta LX Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los incisos b) y d) del artículo 67 de la Ley Orgánica del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos y en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, nos permitimos presentar a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, mediante el cual se exhorta respetuosamente al procurador general de la República, al secretario de Seguridad Publica federal, a las secretarias de Seguridad Publica estatales y del Distrito Federal, respecto a la situación de inseguridad publica prevaleciente en el territorio nacional, a efecto de que analice la procedencia en la implantación de mecanismos mas estrictos de incorporación de elementos a los cuerpos de seguridad en todos sus niveles, tendiente a garantizar la legalidad e integridad de las instituciones y corporaciones de seguridad pública.
Exposición de Motivos
Hoy día es un problema muy evidente la intromisión de la delincuencia organizada en todos los niveles de las instituciones de seguridad publica, ya sea del fuero federal como del fuero local, por lo que resulta de suma importancia dentro de la lucha que encabeza el ejecutivo federal contra la delincuencia, el que pueda contar en su totalidad con elementos de probada buena reputación, con altos niveles de honestidad, sin vínculos de cualquier tipo con las organizaciones criminales, para realizar un combate frontal en contra de los secuestros y asesinatos que a ultimas fechas han crecido exponencialmente.
Que tomando en cuenta las condiciones de inseguridad que se presentan en algunas entidades federativas y el Distrito Federal, resulta prioritario dar un seguimiento adecuado a la actuación de las autoridades que intervienen en la persecución de los delitos y su vinculación con el Poder Judicial.
No obstante el fortalecimiento de las políticas, programas y acciones en materia de seguridad publica, los resultados no son los que la sociedad nacional merece y demanda.
Hoy día, uno de los grandes problemas que enfrenta la ciudadanía es la total desconfianza en las instituciones encargadas de garantizar la seguridad pública, ya que éstas se encuentran secuestradas en sus diferentes niveles por la delincuencia organizada, lo anterior resulta de suma relevancia, mas si entendemos que no es sólo el trafico de influencias o las facilidades que tienen algunos líderes de estas bandas delictivas para burlar la ley y actuar bajo el amparo de mandos policíacos coludidos que deploran terriblemente la imagen de la policía en su totalidad, sino también y, aún mas grave, que la delincuencia organizada se encuentre conformada por las mismas personas encargadas de darnos seguridad, es decir que las bandas delictivas se conforman por agentes y elementos policíacos con acceso a información clasificada, vehículos, armamento, uniformes, etcétera, lo cual los pone en una situación muy ventajosa, ya que es equiparable a que el gobierno federal y los gobiernos locales apertrechen al crimen al que tienen que combatir.
Desde hace ya varios años la ciudadanía reclama más seguridad pública, para acabar con la ola de asesinatos y secuestros, por lo que este tema encabeza la agenda política nacional. El alto índice delictivo, principalmente de los relacionados con el crimen organizado, ha obligado al Ejecutivo federal y las diversas esferas de gobierno a realizar diversas acciones de coordinación para combatirlo frontalmente.
La problemática relacionada con la inseguridad pública en el país se ha visto incrementada en algunos estados de la República, debido a la presencia de organizaciones delictivas, cuya actuación da lugar a estimar preocupantes los múltiples y atroces actos de violencia y mas en los que con cada ves más frecuencia se ven coludidos agentes o policías de los cuerpos de seguridad.
En efecto, el índice de inseguridad a que nos enfrentamos como sociedad ha llegado a convertirse en el principal tema de debate en cualquier ambiente social, político o económico, cuestionando en primer plano la función de los órganos de seguridad pública, lo que lo hace figurar como uno de los sectores más desacreditados en el ámbito de la función gubernamental.
En estas diversas acciones se ha invertido una gran cantidad de recursos materiales, técnicos, operativos y humanos; pero resultan innegables las carencias de control de quien conforma esos cuerpos de seguridad. La reiterada intromisión de la delincuencia organizada dentro de los cuerpos policíacos obliga al Ejecutivo a redefinir el esquema y perfil de las fuerzas de seguridad, a fin de contar en lo sucesivo con una policía honesta, cabal, con principios y valores, así como profesional.
Se busca que las instituciones policíacas cuenten con los más altos estándares de calidad y con los mejores elementos para combatir el crimen; que las personas que se integren a las fuerzas de la policías en todos sus niveles sean elementos y mandos con identidad histórica, con elevada preparación, con buena reputación comprobada, con principios, con valores y con vocación de servicio, oficiales que estén a la vanguardia en la técnica, la ciencia y la tecnología, con sentido estratégico, capacidad de liderazgo y visión de futuro; con valores del honor, de justicia, de lealtad, de honradez y de servicio a la patria.
El Ejecutivo federal ha sostenido que las instituciones de seguridad pública sólo se fortalecen con la probidad de sus miembros, con el respeto permanente a su ética y a sus valores, con el orgullo de dar lo mejor de sí mismos en beneficio de la comunidad. Sin embargo ha reconocido que tener una policía preparada, patriota y honesta no es solo importante, sino indispensable para ganar la batalla a la delincuencia, pero no es suficiente, puesto que se requieren controles más estrictos sobre los candidatos que pretenden incorporarse a los cuerpos de seguridad para evitar la intromisión de la delincuencia organizada.
Resulta en extremo reprobable que, de manera continua, se identifiquen vínculos de elementos de la policía con organizaciones criminales y, en muchos casos, que los policías sean los sujetos activos del delito.
El crecimiento de los índices delictivos y la violencia demuestra que existe un grave deterioro dentro de las instituciones competentes en materia de seguridad pública, así como de procuración y administración de justicia, es terriblemente reprobable que los hechos de violencia e incremento de los índices delictivos se empiecen a volver normales y cotidianos, que la sociedad empiece a perder la capacidad de asombro.
En razón de lo anterior, es urgente tomar medidas inmediatas, en el ámbito institucional para detener, en principio el incremento de los índices delictivos y avanzar hacia el mejoramiento de las condiciones de seguridad publica que la sociedad demanda y merece.
La coordinación interinstitucional de los cuerpos de seguridad de los tres niveles de gobierno será fundamental para prevenir y atacar los problemas de inseguridad, no sólo del ámbito federal, sino también del local, necesarias para alcanzar los objetivos de depuración, pues recordemos que la seguridad pública es responsabilidad de las autoridades de los tres ámbitos de gobierno y con base en ello pueden coordinarse para implementar los mecanismos idóneos para garantizar la seguridad y tranquilidad pública.
Por lo tanto se propone que se reestructure inmediatamente, a partir de una evaluación objetiva y profunda donde participen senadores, diputados, especialistas de instituciones académicas y de la sociedad civil, de las instituciones de seguridad tanto federal como local.
Se propone crear un centro de evaluación y control a los cuerpos de seguridad para evaluar y mantener en constante preparación y capacitación a los cuerpos de seguridad federal y local, el cual estará bajo la vigilancia y control de diferentes actores políticos y sociales.
La evaluación inmediata de todos los policías, mandos medios, altos y bajos, especialistas, técnicos y personal que labora en dichas instituciones de seguridad tanto del fuero federal como del fuero local.
De una primera revisión a dichas instituciones se deberá destituir de manera inmediata todos y cada uno de aquellos elementos que se encuentren ligados con la delincuencia organizada de manera directa o indirectamente, y se deberán perseguir sus delitos a través de procesos en donde no existan los amiguismos.
La sustitución de funcionarios, a partir de una evaluación objetiva y responsable pero inmediata, de los resultados o limitaciones en sus funciones y en el caso de irregularidades su inmediata destitución y procesamiento ante los órganos jurisdiccionales competentes.
Por otra parte, y de manera paralela, es necesario recompensar a los buenos elementos de las diferentes instituciones de seguridad pública con el mejoramiento en su calidad de vida, a través de un salario decoroso, estabilidad laboral y opciones de desarrollo profesional, mejorando las condiciones de seguridad social de los policías y agentes, en beneficio de éstos y de sus familiares derechohabientes, a fin de garantizarles que su familia no quedará desamparada en caso de que ellos sufrieran un daño grave en su persona o perdieran la vida en el cumplimiento del deber.
Por lo tanto, se exhorta a las entidades federativas y al Distrito Federal a que, en el ámbito de su competencia, consideren la posibilidad de analizar la procedencia en la implantación de mecanismos tendientes a mejorar la seguridad social de los policías en activo; así como de dotar de mejores apoyos a las familias de aquellos que han fallecido en el ejercicio o con motivo de sus funciones, como el modelo implantado por el Ejecutivo federal, a fin de hacer efectiva la garantía de seguridad social de los servidores de seguridad pública y de sus familias.
Por ello, consideramos necesario presentar a esta soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero. Se exhorta al procurador general de la República, al secretario de Seguridad Pública federal, a las Secretarías de Seguridad Publica estatales y del Distrito Federal, respecto a la situación de inseguridad publica prevaleciente en el territorio nacional, a efecto de que analice la procedencia en la implantación de mecanismos mas estrictos de incorporación de elementos a los cuerpos de seguridad en todos sus niveles.
Segundo. En su momento, que se informe a esta soberanía los acuerdos logrados al efecto.
Palacio Legislativo de San Lázaro, 27 de agosto de 2008.
Diputados: Liliana Carbajal Méndez, Luis Gerardo Serrato Castell, Mario Alberto Salazar Madera, Nelly Asunción Hurtado Pérez, Felipe Díaz Garibay, Ma. de los Ángeles Jiménez del Castillo, Emilio Ramón Ramiro Flores Domínguez (rúbricas).
(Turnada a la Comisión de Seguridad Pública.
Agosto 27 de 2008.)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA A DIVERSAS AUTORIDADES A REALIZAR LAS GESTIONES NECESARIAS PARA
FORMAR O FORTALECER UNIDADES ESPECIALIZADAS EN COMBATE DEL SECUESTRO, PRESENTADA
POR LA DIPUTADA LILIANA CARBAJAL MÉNDEZ, EN NOMBRE PROPIO Y DE LOS
DIPUTADOS ÉDGAR ARMANDO OLVERA HIGUERA Y NELLY ASUNCIÓN HURTADO
PÉREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN, EN LA SESIÓN DE LA
COMISIÓN PERMANENTE DEL MIÉRCOLES 27 DE AGOSTO DE 2008
Con fundamento en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior, los suscritos, diputados federales Edgar Armando Olvera Higuera, Liliana Carbajal Méndez y Nelly Hurtado Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, someten a la consideración del Pleno de esta honorable Cámara de Diputados, la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a los titulares de las Procuradurías y de las Secretarías de Seguridad Pública estatales, a efecto de que a la brevedad realicen las gestiones necesarias para la conformación, desarrollo o fortalecimiento de la unidades especializadas en combate al secuestro; así como la depuración y fortalecimiento de los cuerpos policíacos de su dependencia.
De igual forma, se exhorta a las legislaturas de los estados que aún no lo han hecho que, dentro del margen de su competencia, realicen las adecuaciones correspondientes a las normas sustantivas penales, a efecto de armonizar y estandarizar en todo el país la política de proporcionalidad de las penas en relación con los bienes jurídicos lesionados con motivo del delito de secuestro, principalmente cuando sea cometido por servidores o ex servidores públicos, cuando se prive de la vida a la víctima o se lesione su integridad física; cuando la víctima se encuentre en especial estado de vulnerabilidad por ser mujer; menor de edad, incapaz o mayor de sesenta años.
Consideraciones
En fechas recientes tuvo lugar un suceso fatal que hizo despertar la conciencia de México. En efecto, aunque el secuestro no es un tema desconocido ni está fuera de la preocupación de las autoridades en los diversos órdenes de gobierno, no fue sino hasta que ocurrió el conocido secuestro y asesinato de un menor de edad, pese a que se había pagado su rescate, en que el asunto fue nuevamente puesto sobre la mesa de discusión.
Ese lamentable acontecimiento despertó la indignación de la sociedad mexicana y exige a las autoridades de los distintos órdenes de gobierno que se satisfaga su necesidad de justicia y seguridad pública. Y no es para menos, vivimos en un clima de inseguridad y alarma social, en el que los índices de criminalidad rebasan constantemente los programas y previsiones estatales; la asociación civil México Unido contra la Delincuencia, en reciente encuesta realizada, señaló que el 56 por ciento de la población califica como alto el temor a un secuestro.
El secuestro es un problema grave dentro de la sociedad. México es sólo uno de los países donde ha proliferado esta dañina situación. Poco a poco, ha dejado de ser privativo de los sectores adinerados y se extiende hasta la clase media. Hoy ni comerciantes ni empleados están a salvo de este delito.
Se ha analizado la situación del secuestro en varios países de América Latina y, respecto de México, han dicho que el fortalecimiento de la criminalidad asociada al narcotráfico ha tenido incidencia en el secuestro en este país, cuyas víctimas principalmente son empresarios y la clase media acomodada, que ocurren entre tres y cuatro secuestros cada día, lo que lo lleva a ocupar el deshonroso primer lugar.
Quedó evidenciada también, una vez más, la desconfianza que los ciudadanos muestran hacia las autoridades, principalmente hacia las corporaciones policíacas, porque desafortunadamente es frecuente la participación de sus miembros o ex miembros en la comisión de los hechos delictuosos; también se percibe desconfianza hacia las autoridades de procuración e impartición de justicia.
Esta situación ha traído consigo el hecho de que los diversos Poderes de los diferentes órdenes de gobierno y organismos no gubernamentales se pronuncien en torno al problema de la inseguridad en México, particularmente en cuanto al delito de secuestro.
En efecto, el presidente de la república encabezó estas acciones presentando ante el Congreso de la Unión la iniciativa que propone la posibilidad de imponer pena vitalicia a los secuestradores que priven de la vida a la víctima, o cuando ésta sea menor de edad, entre otros casos.
Además, se firmó el Acuerdo Nacional por la Legalidad y la Seguridad, en el que participaron todos poderes de la Unión y los tres niveles de gobierno, entre otros compromisos adquiridos destaca:
Estrategias contra el plagio y el lavado de dinero.
Crear una cédula de identidad personal.
El Poder Legislativo, por su parte, se comprometió a dictaminar en el próximo periodo ordinario de sesiones una ley antisecuestros.
El Poder Judicial asumirá seis compromisos, entre los que destacan el nombramiento de jueces y magistrados especializados, con salarios y protección acorde al riesgo, además de una rotación permanente de los impartidores de justicia.
Por lo anterior, se hace un llamado a los procuradores y a los secretarios de Seguridad Pública estatales, a efecto de que con la mayor brevedad realicen las gestiones necesarias para la conformación, desarrollo o fortalecimiento de la unidades especializadas en combate al secuestro; así como la depuración y fortalecimiento de los cuerpos policíacos, en virtud de que es el dominio público que en un alto porcentaje servidores o ex servidores públicos, principalmente del ámbito policial se encuentran involucrados en la comisión de estos ilícitos.
De igual forma se exhorta a las legislaturas de los estados, que aún no lo han hecho, para que dentro del margen de su competencia realicen las adecuaciones correspondientes a las normas sustantivas penales, a efecto de armonizar y estandarizar en todo el país la política de penas proporcionales a los bienes jurídicos lesionados, como en el caso del secuestro, principalmente cuando sea cometido por servidores o ex servidores públicos, cuando se prive de la vida a la víctima o se lesione su integridad física; cuando la víctima se encuentre en especial estado de vulnerabilidad por ser mujer; menor de edad, incapaz o mayor de sesenta años.
Lo anterior con el objetivo de hacer proporcional la pena con la gravedad de la conducta delictiva en correlación con el riesgo social y la necesidad de preservar el orden jurídico. En virtud de que con el delito de secuestro, además de dañarse la libertad deambulatoria de las personas, en muchos casos se lesionan otros bienes jurídicos como la vida, la integridad física o emocional de las personas, o el debido funcionamiento de la administración pública o dañan la confianza en las instituciones.
Destacando que, si bien dentro del pacto de seguridad firmado recientemente se establecieron plazos para la obtención de los resultados, cierto es también que ello no es obstáculo para instar a los órganos involucrados a que realicen o pongan en marcha, lo más pronto posible tales acciones.
Por ello, considero necesario presentar a esta soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero. Se exhorta a los titulares de las Procuradurías y de las Secretarías de Seguridad Pública estatales, a efecto de que con la mayor brevedad realicen las gestiones necesarias para la conformación, desarrollo o fortalecimiento de la unidades especializadas en combate al secuestro; así como la depuración y fortalecimiento de los cuerpos policíacos, de su dependencia, de conformidad con los compromisos adquiridos en el Pacto de Seguridad firmado recientemente.
Segundo. Se exhorta a las Legislaturas de los Estados, que aún no lo han hecho, para que dentro del margen de su competencia realicen las adecuaciones correspondientes a las normas sustantivas penales a efecto de armonizar y estandarizar en todo el país, la política de proporcionalidad de las penas en relación con los bienes jurídicos lesionados con motivo del delito de secuestro, principalmente cuando sea cometido por servidores o ex servidores públicos, cuando se prive de la vida a la víctima o se lesione su integridad física; cuando la víctima se encuentre en especial estado de vulnerabilidad por ser mujer; menor de edad, incapaz o mayor de sesenta años.
Tercero. En su momento, se informe a esta soberanía sobre las acciones realizadas al efecto.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de agosto de 2008.
Diputados: Édgar Armando Olvera Higuera, Liliana Carbajal Méndez, Nelly Asunción Hurtado Pérez.
(Turnada a la Comisión de Seguridad Pública.
Agosto 27 de 2008.)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE SOLICITA LA INTERVENCIÓN DE DIVERSAS DEPENDENCIAS RESPECTO A
LA SIEMBRA Y COMERCIALIZACIÓN DEL NOPAL Y DEL MAGUEY, RECIBIDA DEL
DIPUTADO JUAN HUGO DE LA ROSA GARCÍA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL
PRD, EN LA SESIÓN DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL MIÉRCOLES
27 DE AGOSTO DE 2008
El suscrito Juan Hugo de la Rosa García, diputado federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LX Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78 fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
De acuerdo con información de diversos medios nacionales, un grupo de personas de origen chino y japonés intentan apoderarse de la siembra y comercialización del nopal y del maguey, en prejuicio de nuestros productores nacionales. Por lo que en Bruselas, Bélgica, llevan acabo los trámites para su patente y así convertirse en productores de origen de alguno de los dos productos.
Las acciones acapararían la siembra y comercialización en perjuicio de más de 400 mil familias mexicanas que se dedican a su producción. No es viable que mediante la globalización económica, en su expresión más nítida del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, México pierda su identidad nacional.
Su estrategia consiste en la cosecha de cinco mil hectáreas de cactácea que tienen sembradas bajo un sistema de invernadero, donde se imitan el clima y las condiciones mexicanas para su producción, para posteriormente enviarlas a México, ya procesadas en tres áreas importantes de mercado, como son la textil, la alimenticia y la médica, e introducirlas al mercado estadounidense, mediante una triangulación comercial que desplazará a los productores del país.
Con está usurpación chino-japonesa no sólo se tendrá que pagar por producir nopal y maguey; sino que también subirán los costos de estos productos para el consumo mexicano. Sus derivados, como la tuna y el mezcal, tendrán un costo mayor, afectando la economía nacional. En este sentido, no hay por que pagar a un extranjero, cuando el o ellos lo han sacado ilegalmente del país para producirlo en China o Japón.
Estas acciones determinan un deplorable trabajo realizado por nuestras aduanas que no han puesto atención en este soez saqueo, al permitir que salgan impunemente metros cúbicos de tierra y plantas para cultivar ambos productos.
El nopal y el maguey son parte de nuestra identidad nacional. Es una prioridad patentarlos y que se les retribuya económicamente a los productores mexicanos por su uso comercial o de cualquier otra índole.
Es responsabilidad de las autoridades federales llevar a cabo los procedimientos correspondientes para obtener su certificación de origen, tenemos que salvaguardar nuestros símbolos nacionales.
No hay que olvidar que ya se han perdido las patentes del Himno y de Nuestra Bandera Nacional, de la virgen de Guadalupe y de la flor de nochebuena, entre otros, no permitamos que se sigan apoderando de nuestra identidad nacional.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión acuerda solicitar respetuosamente al titular del gobierno federal que, a través de las Secretarías de Relaciones Exteriores; de Economía; de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, y del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, lleven acabo las acciones pertinentes a efecto de que se obtenga de manera expedita la certificación de origen del nopal y del maguey y se informe de su resultado a esta soberanía.
Segundo. Se acuerda solicitar a los titulares de las Secretarías de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, y de Relaciones Exteriores y del director general de Aduanas, que rindan un informe pormenorizado del caso y fundamenten las acciones que se han tomado para frenar estas acciones e informe a esta soberanía de sus resultados.
Tercero. Se acuerda solicitar a las Secretarías de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, y de Economía que realicen gestiones ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a fin de obtener recursos suficientes para impulsar el cultivo y producción del nopal y del maguey que produce de origen nuestro país, mediante una mejor comercialización, con mayor propaganda y cobertura nacional e internacional.
Salón de sesiones de la Comisión Permanente, a 27 de agosto de 2008.
Diputado Juan Hugo de la Rosa García (rúbrica)
(Turnada a la Comisión de Economía. Agosto
28 de 2008.)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA AL GOBIERNO FEDERAL A CANCELAR LA CONCESIÓN DE FERROSUR,
SA DE CV, Y A DONAR LOS TRAMOS DE VÍA EN DESUSO O ABANDONADA DEL
SEGMENTO SAN ANTONIO NANAHUATIPAN-OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA, RECIBIDA
DEL DIPUTADO OTHÓN CUEVAS CÓRDOVA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PRD, EN LA SESIÓN DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL MIÉRCOLES
27 DE AGOSTO DE 2008
El suscrito, Othón Cuevas Córdova, diputado del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite someter a la alta consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo para exhortar al gobierno federal a cancelar la concesión de la empresa Ferrosur, SA de CV, y a donar los tramos de vía en desuso o abandonada del tramo comprendido de la comunidad de San Antonio Nanahuatipan a la ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, a fin de que las comunidades y los municipios comercialicen los remanentes del tramo mencionado y los ingresos se destinen a la construcción de un camino rural intermunicipal y obras en beneficio de los habitantes de esos municipios, conforme a las siguientes
Consideraciones
El 4 de junio de 2001 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el decreto de liquidación de Ferrocarriles Nacionales de México (Ferronales), como parte del proceso de desincorporación de bienes públicos del Estado que no se supo utilizar en beneficio de la nación. Ese hecho se sumó a una estrategia que sólo fue vista en el discurso supuestamente con la finalidad de hacer más eficiente el sistema ferroviario nacional de carga y de pasajeros.
Derivado de ello, el 9 de noviembre de 2004 la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) publicó la convocatoria y las bases correspondientes a la licitación para concesionar la operación y explotación de las vías cortas Oaxaca y sur, así como la prestación del servicio público de transporte ferroviario de carga y pasajeros.
Por ello, después del proceso mencionado, la SCT otorgó el título de concesión el 11 de octubre de 2005 en favor de Ferrosur, SA de CV, con vigencia de 30 años.
Los tramos licitados y adjudicados a Ferrosur, SA de CV, tuvieron origen en la estación de Buenavista, Distrito Federal, y pasaban por Calpulalpan, Tlaxcala, San Martín Texmelucan y Tehuacán, Puebla, y por una docena de pueblos y comunidades de Oaxaca, teniendo como destino final la misma ciudad de Oaxaca de Juárez, capital del estado. Con eso se intentaba reactivar el servicio de carga y de pasajeros por esos lugares, que fue cancelado a partir de la publicación del decreto de liquidación de Ferrocarriles Nacionales de México.
Ante esa situación y la irresponsabilidad de la empresa por brindar el servicio, existen grupos que han intentando comercializar las vías y el material sin ningún tipo de autorización o acuerdo y en beneficio propio, afectando el interés no sólo de la empresa concesionaria sino de los jubilados ex ferrocarrileros y de las comunidades donde se encuentran los tramos.
El propio decreto de liquidación menciona en el artículo 2o., párrafo cuarto, que la SCT tramitará los activos que han estado en posesión de los jubilados para una posible donación a los estados, a los municipios y a los organismos que no persigan fines de lucro.
Ese escenario de indefiniciones ha provocado; primero, que la empresa no se haga responsable de la prestación del servicio, pese a que la obliga el título de concesión; segundo, que el gobierno federal tampoco tome cartas en el asunto por el incumplimiento de la empresa concesionaria; tercero, que diversos grupos ajenos a los intereses de los jubilados y las comunidades quieran beneficiarse de los tramos en desuso y comercializar las vías; cuarto, que derivado de ello, se hayan registrado confrontaciones entre las comunidades y los grupos que pretenden robar el material, lo que puede provocar un hecho de sangre; y quinto, que los más afectados por la falta de trasporte y oportunidades de desarrollo sean los habitantes de esos pueblos, que gastan los pocos pesos de sus ingresos en transporte caro y deficiente, por cuestiones básicas como es el derecho a la salud y a la alimentación, por ejemplo.
Por ello, nuevamente el pueblo, obligado por la necesidad de supervivencia, ha firmado un acuerdo de colaboración intermunicipal con el objetivo de invertir esos recursos en la construcción de un camino rural sobre la vía en desuso, el cual servirá para tener intercomunicación y desarrollar una política de desarrollo regional. Asimismo, se prevé la venta de los desechos ferroviarios para realizar obras en beneficio de los habitantes de los municipios y de su actividad productiva.
El acuerdo fue firmado el 15 de mayo del año en curso en la comunidad de San Francisco Telixtlahuaca, con la participación de nueve municipios del distrito de Etla, en Oaxaca.
Ese camino será el detonante de la regeneración de la actividad económica, del intercambio comercial de los productos de la región hacia la ciudad de Oaxaca y de Tehuacán, Puebla, y ayudará mucho en los traslados que hacen los habitantes por cuestiones de salud. Con el camino se evitarían los elevados costos de traslado y el riesgo de accidentes por los caminos rurales actuales.
Por ello, conforme a lo descrito se pide a esta soberanía:
Único. Se solicita la donación de los tramos de vía en desuso y abandonada de ferrocarril, del tramo comprendido a partir de la comunidad de San Antonio Nanahuatipan a la ciudad de Oaxaca de Juárez, en Oaxaca, a fin de que las comunidades y los municipios comercialicen los remanentes del tramo mencionado y los ingresos se destinen a la construcción de un camino rural intermunicipal y de obras en beneficio de los habitantes.
Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, a 27 de agosto de 2008.
Diputado Othón Cuevas Córdova (rúbrica)
(Turnada a la Comisión de Transportes. Agosto 27
de 2008.)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA FEDERAL
A EMITIR EL REGLAMENTO DE LAS COOPERATIVAS ESCOLARES PARA PRIVILEGIAR LA
SALUD, LA NUTRICIÓN Y LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES DE LOS
NIÑOS Y LOS ADOLESCENTES QUE CONCURREN A LOS CENTROS EDUCATIVOS,
RECIBIDA DE LA DIPUTADA ALEIDA ALAVEZ RUIZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL
PRD, EN LA SESIÓN DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL MIÉRCOLES
27 DE AGOSTO DE 2008
La suscrita, diputada integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LX Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, con fundamento por lo dispuesto en los artículos 78, fracción III, del la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, pone a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Que el párrafo tercero del artículo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que toda persona tiene derecho a la protección de la salud y, por tanto, las autoridades deben tomar las medidas necesarias para dar cumplimiento a esta garantía, principalmente cuando se afectan derechos de los menores.
Que es una obligación del Estado proteger a los menores del consumo de alimentos que tiendan a producirles enfermedades, como es el caso de los que se comercializan en los centros educativos.
Que el modelo económico actual tiene una gran responsabilidad sobre los efectos a la salud, principalmente de los menores, ya que se privilegian las fuerzas del mercado y la generación de franquicias alimentarias, con productos que han hecho a la sociedad más consumista y caracterizada por la obesidad de sus ciudadanos.
Que los centros educativos a lo largo del país se han convertido en centros de negocios para la comercialización principalmente de los productos de las grandes franquicias nacionales e internacionales, y productos chatarra con alto contenido en grasas y azúcares, mientras que el nivel educativo de los alumnos va cada vez más en descenso, al grado tal que carecen de rumbo hacia el conocimiento científico.
Que las escuelas están tendiendo a convertirse en generadoras de obesos, de ahí la necesidad de legislar para proteger a los menores ante prácticas que promueven alimentos y dietas no saludables.
Que es lamentable que la dependencia, principal encargada de la educación de este país, vea el tema del consumo de alimentos dentro de las escuelas como algo ajeno a su función y privilegie el libre mercado, es decir, le preocupa más el efecto que pueda causarles a los negocios que las afectaciones a la salud de los niños por el consumo de alimentos no saludables.
Que resulta impostergable que tal dependencia asuma su responsabilidad y reglamente las cooperativas escolares, ya que son éstas las que han actuado en la impunidad, generando corrupción y beneficios a unos cuantos, sin que se registren las ganancias a favor de la educación de los alumnos, ya que van a parar a los bolsillos de directivos y maestros que lo permiten.
En consecuencia, se somete a la consideración del Pleno la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta a la Secretaría de Educación Pública federal para que proceda de inmediato a emitir el reglamento de las cooperativas escolares, en la cual se privilegie la salud, la nutrición y la prevención de enfermedades de los niños, niñas y adolescentes que concurren a los centros educativos del país.
Diputada Aleida Alavez Ruiz (rúbrica)
(Turnada a la Comisión de
Educación Pública y Servicios Educativos. Agosto 27 de 2008.)
CON PUNTO DE ACUERDO, EN RECONOCIMIENTO
DEL PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA REPÚBLICA
DE CHILE, JUAN BUSTOS RAMÍREZ, FALLECIDO EL 7 DE AGOSTO DE 2008,
RECIBIDA DEL DIPUTADO JAIME VERDÍN SALDAÑA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PAN, EN LA SESIÓN DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL MIÉRCOLES
27 DE AGOSTO DE 2008
El que suscribe, diputado Jaime Verdín Saldaña, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía proposición de punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución, a fin de enviar a la Cámara de Diputados de la República de Chile condolencias por el fallecimiento del presidente de dicho cuerpo legislativo, Juan Bustos Ramírez, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
Los congresistas de México lamentamos profundamente la muerte de Juan Bustos Ramírez, Presidente de la Cámara de Diputados y muy destacado miembro del Partido Socialista de Chile, quien se distinguió por su espíritu democrático y su meritoria defensa de los derechos humanos, que fue un actor congruente con su tiempo al enfrentar con valentía los poderes fácticos de la dictadura, y el acuerdo civilizado y razonable una vez recuperada la democracia, lo que se observa en su discurso de toma de posesión al frente de la Cámara: "Los acuerdos son parte inherente de todo sistema democrático porque los otros no son enemigos, etapa oscura de nuestra historia que hemos superado, sino sólo contrincantes políticos".
Recordamos del jurista Juan Bustos, entre otros hechos memorables, su trabajo para que se condenara a los asesinos del ex canciller de la República de Chile Orlando Letelier, en Washington, DC, en septiembre de 1976, donde se había exiliado luego del golpe terrible dado a la democracia en ese país hermano y a su otrora presidente constitucional, el doctor Salvador Allende, a quien recordamos también hoy como un gran amigo de México y de toda Latinoamérica.
Sabemos que Juan Bustos fue un destacado abogado penalista, que lo mismo defendió los derechos humanos en los juzgados que impartió una brillante cátedra en el ámbito universitario y tuvo aportaciones muy importantes para los abogados de su especialidad, destacadamente con la traducción de Derecho penal alemán, obra de Hanz Welzel.
Queremos recordar una frase del abogado y legislador Juan Bustos Ramírez, impregnada con su esperanza, con la nuestra y con la de quienes trabajamos por un mundo mejor: "Más tarde o más temprano, el destino se cumple y la justicia se impone, aunque los criminales se hayan imaginado lo contrario… Ha llegado la hora de que la justicia se imponga…"
Punto de Acuerdo
En razón de lo anterior, y en reconocimiento de las valiosas aportaciones de Juan Bustos Ramírez a la vida política de su país, que en su momento enriquecieron también la vida política latinoamericana, se turnen nuestras condolencias a la Cámara de Diputados de la República de Chile por tan sensible fallecimiento.
Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.- México, Distrito Federal, a 27 de agosto de 2008.
Diputado Jaime Verdín Saldaña (rúbrica)
(Turnada a la Comisión de Relaciones Exteriores.
Agosto 27 de 2008.)
Introducción
La Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos dispone en el artículo 39 la integración de las comisiones ordinarias, y enuncia en la fracción VIII la de Derechos Humanos.
El artículo 45, numeral sexto, inciso a), de la misma ley establece el deber de las comisiones ordinarias de elaborar un programa anual de trabajo. En tal virtud, este órgano legislativo cumple dicho imperativo legal con el tercer programa anual de trabajo, pero sobre todo ordena, programa y sistematiza sus tareas legislativas durante el año comprendido.
En ese tenor se presenta el programa de trabajo por el periodo septiembre de 2008-31 de agosto de 2009.
La comisión ejerce la atribución de dictamen legislativo de los asuntos que le son turnados por la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados,* en los términos de los programas legislativos acordados por la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, así como de los que se desprendan de los ordenamientos jurídicos específicos, como la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y demás ordenamientos, en aras de lograr un pleno respeto de los derechos humanos.
Vista la atribución del Presidente de la Cámara de Diputados de dar curso y determinar los trámites de los asuntos en razón de la competencia de la Comisión de Derechos Humanos, el trabajo de ésta será vinculante en cualquier materia en la que se cuestione el pleno respeto de los derechos humanos y de las garantías individuales, así como la determinación de medios para lograr el mejor cumplimiento, eliminando prácticas injustas que presuman violaciones de derechos humanos.
En varias ocasiones, la competencia de la comisión se comparte con alguna otra o se solicita su opinión para algunas reformas relacionadas directamente con la materia de derechos humanos.
Lo anterior, en virtud de que el buen funcionamiento del Estado exige que el poder sea limitado y controlado, haciendo posible la libertad de las personas y garantizando el pleno respeto de los derechos intrínsecos de cada una.
La labor de los integrantes de la comisión es fortalecer y asegurar el respeto de las facultades, prerrogativas y libertades inherentes a las personas. El carácter universal, inalienable e incondicional de los derechos humanos invita a compartir la responsabilidad con los gobiernos de todas las naciones a fin de instaurar las medidas óptimas y precisas para alcanzar el reconocimiento pleno de esos derechos. Asimismo, obliga a continuar la armonización de tratados internacionales y la adecuación en la legislación local.
Se coordinarán esfuerzos con otras comisiones legislativas, en un esquema de responsabilidad compartida, con ánimo de contribuir al debate y enriquecer las propuestas. Asimismo, se emprenderán esfuerzos conjuntos a efecto de mejorar el sistema de justicia penal para generar un nuevo panorama en seguridad pública.
También se buscará adecuar al marco jurídico mexicano una nueva realidad de pleno respeto y garantía de los derechos humanos, en armonización con lo previsto en los tratados internacionales suscritos por el país.
Se formularán iniciativas que reflejen cambios para alcanzar la plena realización de los principios de respeto de los derechos individuales de los gobernados.
Por último, se depondrán las posiciones partidistas y se buscarán puntos de encuentro para generar reformas que fortalezcan el respeto de los derechos humanos en una responsabilidad compartida.
Objetivos
Fortalecer la prevención, protección, asistencia y erradicación del maltrato infantil. Promover el desarrollo integral de los niños. Buscar los mecanismos legales para combatir y erradicar el abuso infantil, en toda su extensión, así como la implantación de medidas eficaces que definan una nueva cultura de pleno respeto de los derechos humanos de los niños.
A continuación se desarrollan las primeras propuestas relativas al periodo comprendido en el presente programa, al tenor de lo siguiente:
II. Realización de un foro de derechos humanos para las personas con discapacidad, con relación a la convención internacional en la materia, suscrita por México.
III. Difusión técnica de material en los rubros específicos citados, así como capacitación al respecto.
En específico
a) Con fundamento en el convenio celebrado el 10 de agosto de 2007 entre la Cámara de Diputados y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, se impartirá el Diplomado en derechos humanos especializado en los derechos de la mujer, del 23 de septiembre al 10 de diciembre del presente año, con el objetivo de que los participantes obtengan formación especializada en la materia que comprenda los elementos teórico-conceptuales, los mecanismos prácticos y las herramientas metodológicas que favorezcan un proceso de formación sólido, académico y especializado, a través del planteamiento de nuevos enfoques y del análisis multidisciplinario del tema, a fin de proponer soluciones en la materia.
IV. La continuación y el fortalecimiento de los grupos de trabajo para sistematizar el estudio de problemas coyunturales que afectan la realidad nacional, determinantes en cuanto a los derechos humanos, que cumplirán lo consensuado en el acuerdo que suscriba al efecto la mesa directiva. Los grupos de trabajo abarcarán en un principio lo siguiente:
a) Violaciones de derechos humanos que presuntamente involucren
al Ejército;
b) Visitas a centros penitenciarios;
c) Seguimiento de casos ante la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos; y
d) Situación de las fronteras sur y norte.
Nota
* En términos del primer transitorio de la reforma
de los artículos 39 y 43 de la Ley Orgánica del Congreso
General de los Estados Unidos Mexicanos.
Por la Comisión de Derechos Humanos
Diputados: Omeheira López Reyna (rúbrica),
presidenta; Arturo Flores Grande, Alliet Mariana Bautista Bravo (rúbrica),
Rosa Elia Romero Guzmán (rúbrica), María Dolores González
Sánchez (rúbrica), Yary del Carmen Gebhardt Garduza, secretarios.
A las 9:30 horas del jueves 14 de diciembre de 2006, en la sala de juntas de la comisión, situada en el cuarto piso del edificio F del Palacio Legislativo de San Lázaro, se reunieron las diputadas y los diputados de la mesa directiva con la finalidad de celebrar la octava sesión, contando con la asistencia de los siguientes diputados: Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla, presidente; Constantino Acosta Dávila, Delber Medina Rodríguez, Adrián Pedrozo Castillo, Sergio Sandoval Paredes, Abundio Peregrino García, Víctor Manuel Lizárraga Peraza, Odilón Romero Gutiérrez, Leobardo Curiel Preciado, Enrique Rodríguez Uresti, Ariel Castillo Nájera, secretarios.
La presidencia se encontró a cargo del diputado Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla y la secretaría a cargo del diputado Leobardo Curiel Preciado.
Para el desahogo de los asuntos indicados en el orden del día, la secretaría técnica hizo entrega de una carpeta que contenía los documentos específicos que fueron sometidos a análisis, discusión y, en su caso, aprobación.
El presidente comentó que llevó a cabo una reunión de trabajo con la titular de la Secretaría de Educación Pública, licenciada Josefina Vázquez Mota, y que en dicha reunión se acordó mantener una relación cercana con la comisión.
I. Lista de presentes y declaración de quórum
La presidencia solicitó al secretario que se procediera a verificar la asistencia, y éste informó que se encontraban presentes 11 diputados (quórum reglamentario), por lo que se instaló formalmente la sesión.
Lectura y, en su caso, aprobación del orden del día
Por instrucciones de la presidencia, el secretario dio lectura al orden del día de la sesión.
II. Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión anterior.
III. Presentación del análisis del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2007, correspondiente a los ramos de educación.
IV. Propuesta de criterios para la reasignación de recursos en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2007, relativo a los ramos de educación.
V. Instalación de las subcomisiones de trabajo.
VI. Desahogo de los dictámenes por los que se resuelven las proposiciones con punto de acuerdo de la LIX Legislatura.
VII. Asuntos generales.
II. Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión anterior
La presidencia sometió a consideración el acta de la reunión anterior. Se dispensó la lectura de ésta y se aprobó.
III. Presentación del análisis del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2007, correspondiente a los ramos de educación
En uso de la palabra, y con apoyo de una presentación de diapositivas, el presidente realizó la exposición del Presupuesto federal, en materia de educación, y señaló de qué trataban y cómo se integraban los ramos relacionados con la educación dentro del Presupuesto, como eran los Ramos 11, 38, 25, 36, 33.
Asimismo, señaló que se tenían agregados tres ramos que tenían que ver con la educación: los de las Secretarías de la Defensa Nacional, de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, y de Marina, que son el 7, 8 y 13; en razón de que contaban con colegios y universidades, respectivamente, de los cuales comentó cómo se integraban.
Hizo referencia a diversos temas, como el punto de acuerdo aprobado por el que la Cámara se comprometía a no disminuir el gasto aplicado a educación.
Comentó que la comisión tenía que entregar las propuestas de reasignación el siguiente lunes a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
Respecto al gasto de Ciencia y Tecnología, el presidente comentó que le correspondía parcialmente a la comisión abordar el tema, y que hablaría con la presidenta de la Comisión de Ciencia y Tecnología para saber cómo lo iba a presentar esa comisión.
En el caso de las universidades públicas estatales, comentó que el irreductible había aumentado en mil 163 millones, por lo que crecía en términos reales 4.4 por ciento respecto al presupuesto anterior, pero las federales –como la UNAM, el IPN y la UAM– disminuían su presupuesto.
Del mismo modo, mencionó las aproximaciones y los datos de cuánto era lo que estaban solicitando los rectores de las universidades, asunto por el cual los Grupos Parlamentarios del PRI y PRD habían manifestado su apoyo, mientras que el del PAN se encontraba revisando las propuestas.
Hizo mención de la circular que se había aprobado, relacionada con la forma en que debían presentarse las propuestas de las comisiones a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
Para concluir con el tema, señaló que, en virtud de los tiempos, la presidencia trabajaría el siguiente día y, de ser necesario, el sábado y el domingo. Comentó que para el lunes se estaría convocando a la mesa directiva.
IV. Propuesta de criterios para la reasignación de recursos en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2007, relativa a los ramos de educación
Respecto a los criterios que se debían trabajar para la propuesta de reasignación, la presidencia mencionó que consideraba correcto que se valorara el monto de entre 9 y 15 mil millones de pesos para la educación superior, en razón de que era la propuesta consensuada por los rectores y la que conocía el Ejecutivo federal.
Señaló que la presidencia trabajaría, de aprobarlo la comisión, en dos direcciones: la primera, de los puntos de acuerdo aprobados el martes pasado, atendería cuál sería su efecto, en qué incremento se materializarían y en dónde se aplicarían, en el que se trataría de ajustar cifras con el propósito de que no bajara. La otra dirección era en atención del eventual crecimiento que pudiera tener el gasto educativo y, en un momento determinado, las reasignaciones que pudieran tener.
Para concluir, señaló que los gobernadores y los secretarios de educación de varias entidades federativas, le habían expresado que con el programa Enciclomedia había incrementado el costo de la electricidad para todos los planteles, y que en otros casos no había podido funcionar porque se encontraba en escuelas muy marginales que con trabajos tenían las instalaciones para recibirlos; por lo que sugirió que la Secretaría de Educación Pública realizara una evaluación de dicho programa, de los resultados, dificultades y aportaciones, para saber qué tanto se iba a invertir en ese rubro.
Invitó a los diputados a la reunión que se llevaría a cabo ese día, a las cinco de la tarde, con los funcionarios de la Secretarías de Hacienda y Crédito Público, y de Educación Pública, para desahogar todas las dudas que se tuvieran para normar los criterios de propuesta, y señaló que para el siguiente día se recibiría cualquier propuesta de parte de los diputados. Comentó que el lunes, si permitían a la mesa directiva, se podría suscribir la propuesta para entregarla antes de las ocho de la noche a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, en virtud de que era el plazo límite para la entrega de las propuestas de reasignación. La presidencia puso a consideración la propuesta.
El diputado Ariel Castillo Nájera comentó que se checaría el alcance del 8 por ciento del PIB y el comparativo 2006-2007, y lo que se requería para lograr ese objetivo, en razón de que había dos décimas de punto que no cuadraban; al respecto, la presidencia dio una explicación sobre el tema y concordó que se debía revisar.
El diputado José Luis Varela Lagunas manifestó su asentimiento acerca de los criterios de asignación o reasignación a los diferentes rubros, y comentó que, en efecto, coincidía con lo expresado por la presidencia en el sentido de que los que estaban abajo se elevaran; lo anterior, aplicable a todos los niveles: educación básica, media superior, superior y posgrado.
El diputado Víctor Manuel Lizárraga Peraza señaló que, en la exposición de motivos del proyecto de presupuesto, en el apartado correspondiente a educación, llamó la atención que se indicara la contratación de nuevos docentes para educación preescolar, especial, secundaria y el resto de sus sistemas, y que se había omitido la educación primaria; al respecto, comentó que si se revisaba el comportamiento del crecimiento poblacional, los programas de control natal tenían efecto en la educación básica, por lo que no se debía desatender las ciudades emergentes donde se concentraban alumnos de preescolar, de primaria y de secundaria.
Sugirió que se llevaría a cabo una evaluación del programa Enciclomedia, en razón de que si bien era cierto que ofrecía bondades, éste complicaba la vida en las aulas a los maestros, por lo que no respondía al crecimiento que se planteaba; lo anterior, a efecto de que se pudieran asignar recursos para atender otro tipo de problemas y necesidades.
VI. Desahogo de los dictámenes por los que se resuelven las proposiciones con punto de acuerdo de la LIX Legislatura
El presidente comentó que la mesa directiva había dictaminado las proposiciones con punto de acuerdo en el sentido que indicaron los integrantes, por lo que eran dictámenes sujetos a votación en los términos que cada uno de los proponentes habían realizado en las reuniones pasadas; sobre el tema, solicitó que, a partir del siguiente día o del lunes, se pudieran recabar las firmas, ya que fueron objeto de votación en lo económico en las sesiones pasadas.
No habiendo más asuntos que tratar, el presidente dio por terminada la octava reunión de mesa directiva a las 11:30 horas, e invitó a la reunión que se llevaría a cabo a las cinco de la tarde de ese día.
La mesa directiva de la comisión
Diputados: Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla
(rúbrica), presidente; Constantino Acosta Dávila (rúbrica),
Leobardo Curiel Preciado, Delber Medina Rodríguez, Enrique Rodríguez
Uresti, Víctor Manuel Lizárraga Peraza (rúbrica),
Odilón Romero Gutiérrez (rúbrica), Adrián Pedrozo
Castillo (rúbrica), Sergio Sandoval Paredes (rúbrica), Abundio
Peregrino García (rúbrica), Ariel Castillo Nájera
(rúbrica), secretarios.
A la trigésima tercera reunión de mesa directiva, la cual se llevará a cabo el lunes 1 de septiembre, a las 10:00 horas, en las oficinas del órgano legislativo convocante (edificio D, cuarto piso).
Atentamente
Diputado Marcos Matías Alonso
Presidente
DE LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA
A la vigésima sesión plenaria, que se llevará a cabo el lunes 1 de septiembre, a las 13:00 horas, en los salones C y D del edificio G, primer piso.
Atentamente
Diputado Alejandro Padilla Orozco
Presidente
DE LA COMISIÓN DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
A la reunión plenaria que se verificará el martes 2 de septiembre, a las 10:30 horas, en el salón E del edificio G, primer piso.
Atentamente
Diputado Benjamín González Roaro
Presidente
DE LA COMISIÓN DE SALUD
A la vigésima tercera reunión de mesa directiva, que se realizará el martes 2 de septiembre, a las 14:00 horas, en la sala de juntas del órgano legislativo convocante (edificio F, segundo piso).
Orden del Día
DE LA COMISIÓN DE EQUIDAD Y GÉNERO
A la reunión con la directora del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva, doctora Patricia Uribe Zúñiga, que se llevará a cabo el martes 2 de septiembre, a las 17:00 horas, en la zona C del edificio G.
Atentamente
Diputada Maricela Contreras Julián
Presidenta
DE LA COMISIÓN ESPECIAL DE LA CUENCA DE BURGOS
A la decimoquinta reunión plenaria, que se llevará a cabo el martes 2 de septiembre, a las 17:00 horas, en el salón E del edificio G.
Orden del Día
DE LA COMISIÓN DE VIGILANCIA DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN
A la decimoséptima reunión de mesa directiva, que se llevará a cabo el miércoles 3 de septiembre, a las 9:00 horas, en las oficinas de la convocante.
Orden del Día
4. Análisis del proyecto de presupuesto de egresos
de 2009 de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y
propuesta para el Programa de Fiscalización del Gasto Federalizado.
5. Análisis del anteproyecto de presupuesto de
egresos de 2009 de la Unidad de Evaluación y Control.
6. Análisis y discusión a la propuesta
de solventación de 88 observaciones realizadas a la ASF, resultado
de 10 revisiones de los ejercicios fiscales de 2003 a 2006.
7. Aprobación del documento "Conclusiones y recomendaciones
a la Auditoría Superior de la Federación", derivado del análisis
sobre el Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización
Superior de la Cuenta Pública de 2006.
8. Opinión sobre la propuesta de manual de registro
contable para las administraciones públicas municipales, elaborado
por la ASF.
9. Asuntos generales:
a) Encuentro de Comisiones Unidas de Presupuesto y Cuenta
Pública, y de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación;
b) Comentarios respecto a la iniciativa con proyecto
de decreto por el que se expide la Ley de Fiscalización y Rendición
de Cuentas de la Federación, presentada por diputados del Grupo
Parlamentario del PRI, a efecto de emitir una opinión como comisión;
y
c) Seguimiento de acuerdos de la mesa directiva.
DEL GRUPO DE AMISTAD MÉXICO-COSTA RICA
A la reunión por efectuarse el miércoles 3 de septiembre, a las 9:00 horas, en el basamento A 5, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, situado en el edificio A, planta baja.
Atentamente
Diputada Margarita Arenas Guzmán
Presidenta
DEL COMITÉ DEL CENTRO DE ESTUDIOS PARA EL DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE Y LA SOBERANÍA ALIMENTARIA
A la reunión de mesa directiva que se llevará a cabo el miércoles 3 de septiembre, a las 9:30 horas, en las oficinas del órgano legislativo convocante, situadas en el edificio I, planta baja.
Atentamente
Diputado Alejandro Martínez Hernández
Presidente
DE LA COMISIÓN DE REFORMA AGRARIA
A la reunión que se realizará el miércoles 3 de septiembre, a las 10:00 horas, en el vestíbulo del edificio E.
Atentamente
Diputado Ramón Ceja Romero
Presidente
DEL CONSEJO EDITORIAL
A la reunión ordinaria que se llevará a cabo el miércoles 3 de septiembre, a las 10:30 horas, en el salón B del edificio G.
Atentamente
Diputada María Nieves Noriega Blanco Vigil
Presidenta
DE LA COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES
A la decimotercera reunión plenaria, por celebrarse el miércoles 3 de septiembre, a las 11:00 horas, en la sala de juntas del órgano legislativo convocante (edificio D, tercer piso)
Orden del Día
3. Dictamen con proyecto de decreto por el que se reforma
el título y el artículo 40 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, para que el nombre oficial del país
sea "México".
4. Dictamen con proyecto de decreto por el que se reforman
y adicionan los artículos 26, 35, 73, 116, 122 y 135 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de referéndum
y plebiscito.
5. Dictamen con proyecto de decreto que adiciona las fracciones
XXIX-Ñ al artículo 73 y VIII al 116 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de registros
públicos.
6. Dictamen con proyecto de decreto que reforma los artículos
75, 115, 123 y 127 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, en materia de regulación de salarios correspondientes
a servidores públicos.
7. Dictamen con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de asuntos indígenas.
DE LA COMISIÓN DE EQUIDAD Y GÉNERO
A la segunda reunión de trabajo, en el marco de la Mesa Interinstitucional de Presupuesto hacia la Igualdad de Género, que se llevará a cabo el miércoles 3 de septiembre, a las 12:00 horas, en el salón de usos múltiples 3 del edificio I.
Atentamente
Diputada Maricela Contreras Julián
Presidenta
DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA
A la reunión con el secretario de Seguridad Pública, ingeniero Genaro García Luna, que se llevará a cabo el miércoles 3 de septiembre, a las 12:00 horas, en el salón Legisladores de la República, situado en el segundo piso del edificio A.
Atentamente
Diputado Juan Francisco Rivera Bedoya
Presidente
DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL
A la reunión ordinaria que se llevará a cabo el miércoles 3 de septiembre, a las 12:00 horas, en el salón de protocolo del edificio A.
Orden del Día
DE LA COMISIÓN DE JUSTICIA
A la decimocuarta reunión, que se efectuará el miércoles 3 de septiembre, a las 13:00 horas, en el salón E del edificio G.
Atentamente
Diputado César Camacho Quiroz
Presidente
DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS INDÍGENAS
A la undécima reunión plenaria, que se realizará el miércoles 3 de septiembre, a las 15:00 horas, en el salón B del edificio G.
Atentamente
Diputado Marcos Matías Alonso
Presidente
DE LA COMISIÓN DEL DISTRITO FEDERAL
A la reunión de mesa directiva que se realizará el jueves 4 de septiembre, a las 10:00 horas, en la sala de juntas del órgano legislativo convocante (edificio D, cuarto piso).
Orden del Día
3. Dictámenes para próxima discusión plenaria:
a) Respecto a la proposición con punto de acuerdo
por el que se exhorta al jefe del Gobierno del Distrito Federal a instaurar
un sistema completo de gestión integral de los residuos sólidos,
presentada por la diputada Norma Patricia Saucedo Moreno, del Grupo Parlamentario
del Partido Acción Nacional (turnada a la comisión el 20
de julio de 2005);
b) Respecto a la proposición con punto de acuerdo
por el que esta soberanía exhorta al Gobierno del Distrito Federal
a instaurar con la mayor brevedad las partidas destinadas al mejoramiento
y mantenimiento urbano y seguridad pública en las zonas aledañas
a la Cámara de Diputados, establecidas en el Presupuesto de Egresos
del Distrito Federal para el Ejercicio Fiscal de 2007, presentada por la
diputada Ruth Zavaleta Salgado, del Grupo Parlamentario de Partido de la
Revolución Democrática (turnada a la comisión el 17
de enero de 2007);
c) Respecto a la proposición con punto de acuerdo
por el que se solicita al jefe del Gobierno del Distrito Federal que coadyuve
a que las delegaciones de la entidad suscriban convenios con las autoridades
encargadas de fomentar la cultura de la no discriminación en la
capital del país, presentada por la diputada María Gabriela
González Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción
Nacional (turnada a la comisión el 11 de abril de 2008);
d) Respecto a la proposición con punto de acuerdo
por el que se exhorta al Gobierno del Distrito Federal a suspender todas
las obras o actividades que pongan en riesgo la preservación del
bosque de Tlalpan, presentada por el diputado Antonio Xavier López
Adame, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México
(turnada a la comisión el 4 de marzo de 2008);
e) Respecto a la proposición con punto de acuerdo
por el que se exhorta al Gobierno del Distrito Federal a implantar mecanismos
de control que eviten que servidores públicos de su adscripción
realicen actividades proselitistas y desvíen recursos materiales
y humanos con fines electorales, presentada por el diputado David Mendoza
Arellano, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática
(turnada a la comisión el 30 de abril de 2008);
f) Respecto a la proposición con punto de acuerdo
por el que se solicita a la Secretaría del Medio Ambiente del Distrito
Federal y al jefe delegacional de Cuajimalpa de Morelos que rindan un informe
sobre las acciones llevadas a cabo en la barranca La Diferencia, presentada
por el diputado Christian Martín Lujano Nicolás, del Grupo
Parlamentario del Partido Acción Nacional (turnada a la comisión
el 30 de abril de 2008); y
g) Respecto a la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobierno del Distrito Federal a rendir un informe detallado respecto a los abortos practicados legalmente en la capital del país, presentada por la diputada Violeta del Pilar Lagunes Viveros, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (turnada a la Comisión el 30 de abril de 2008).
4. Presentación del temario propuesto para el diplomado
previsto en el programa de trabajo de la comisión correspondiente
a 2008.
5. Asuntos generales.
DE LA COMISIÓN DE EQUIDAD Y GÉNERO
A la reunión de mesa directiva que se efectuará el jueves 4 de septiembre, a las 10:00 horas, en las oficinas de la convocante, situadas en el edificio D, segundo piso.
Atentamente
Diputada Maricela Contreras Julián
Presidenta
DE LA COMISIÓN DE EQUIDAD Y GÉNERO
A la reunión plenaria que se realizará el jueves 4 de septiembre, a las 16:00 horas, en la zona C del edificio G.
Atentamente
Diputada Maricela Contreras Julián
Presidenta
DE LA COMISIÓN DEL DISTRITO FEDERAL
A la reunión plenaria que se llevará a cabo el martes 9 de septiembre, a las 10:00 horas, en el salón B del edificio G, primer piso.
Orden del Día
3. Dictámenes para próxima discusión plenaria:
a) Respecto a la proposición con punto de acuerdo
por el que se exhorta al jefe del Gobierno del Distrito Federal a instaurar
un sistema completo de gestión integral de los residuos sólidos,
presentada por la diputada Norma Patricia Saucedo Moreno, del Grupo Parlamentario
del Partido Acción Nacional (turnada a la comisión el 20
de julio de 2005);
b) Respecto a la proposición con punto de acuerdo
por el que esta soberanía exhorta al Gobierno del Distrito Federal
a instaurar con la mayor brevedad las partidas destinadas al mejoramiento
y mantenimiento urbano y seguridad pública en las zonas aledañas
a la Cámara de Diputados, establecidas en el Presupuesto de Egresos
del Distrito Federal para el Ejercicio Fiscal de 2007, presentada por la
diputada Ruth Zavaleta Salgado, del Grupo Parlamentario de Partido de la
Revolución Democrática (turnada a la comisión el 17
de enero de 2007);
c) Respecto a la proposición con punto de acuerdo
por el que se solicita al jefe del Gobierno del Distrito Federal que coadyuve
a que las delegaciones de la entidad suscriban convenios con las autoridades
encargadas de fomentar la cultura de la no discriminación en la
capital del país, presentada por la diputada María Gabriela
González Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción
Nacional (turnada a la comisión el 11 de abril de 2008);
d) Respecto a la proposición con punto de acuerdo
por el que se exhorta al Gobierno del Distrito Federal a suspender todas
las obras o actividades que pongan en riesgo la preservación del
bosque de Tlalpan, presentada por el diputado Antonio Xavier López
Adame, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México
(turnada a la comisión el 4 de marzo de 2008);
e) Respecto a la proposición con punto de acuerdo
por el que se exhorta al Gobierno del Distrito Federal a implantar mecanismos
de control que eviten que servidores públicos de su adscripción
realicen actividades proselitistas y desvíen recursos materiales
y humanos con fines electorales, presentada por el diputado David Mendoza
Arellano, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática
(turnada a la comisión el 30 de abril de 2008);
f) Respecto a la proposición con punto de acuerdo
por el que se solicita a la Secretaría del Medio Ambiente del Distrito
Federal y al jefe delegacional de Cuajimalpa de Morelos que rindan un informe
sobre las acciones llevadas a cabo en la barranca La Diferencia, presentada
por el diputado Christian Martín Lujano Nicolás, del Grupo
Parlamentario del Partido Acción Nacional (turnada a la comisión
el 30 de abril de 2008); y
g) Respecto a la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobierno del Distrito Federal a rendir un informe detallado respecto a los abortos practicados legalmente en la capital del país, presentada por la diputada Violeta del Pilar Lagunes Viveros, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (turnada a la Comisión el 30 de abril de 2008).
4. Presentación del temario propuesto para el diplomado
previsto en el programa de trabajo de la comisión correspondiente
a 2008.
5. Asuntos generales.
DE LA COMISIÓN DE SALUD
A la vigésima tercera reunión plenaria, que se llevará a cabo el martes 9 de septiembre, a las 16:00 horas, en el salón B del edificio G, mezzannine.
Orden del Día
DE LA COMISIÓN DE VIGILANCIA DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN
A la duodécima reunión ordinaria, que se realizará el miércoles 10 de septiembre, a las 9:00 horas, en el vestíbulo del edificio E.
Orden del Día
4. Presentación del proyecto de presupuesto de
egresos correspondiente a 2009 de la Auditoría Superior de la Federación
(ASF), a efectos del artículo 67, fracción VI, de la Ley
de Fiscalización Superior de la Federación.
5. Presentación del proyecto de presupuesto de
egresos correspondiente a 2009 de la Unidad de Evaluación y Control
(UEC), a efectos de los artículos 67, fracción IX, y 96,
primer párrafo, de la Ley de Fiscalización Superior de la
Federación; y 7, fracción II, del Reglamento Interior de
la UEC.
6. Análisis y aprobación, en su caso, del acuerdo para solventar 88 observaciones realizadas a la ASF, como resultado de 10 revisiones de los ejercicios fiscales de 2003 a 2006.
7. Aprobación de Conclusiones y recomendaciones
a la Auditoría Superior de la Federación, documento derivado
del análisis sobre el Informe del Resultado de la Revisión
y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de 2006.
8. Comentarios sobre la iniciativa con proyecto de decreto
por el que se expide la Ley de Fiscalización y Rendición
de Cuentas de la Federación, presentada por diputados del Grupo
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, a efecto de emitir
una opinión como comisión.
9. Asuntos generales.
DE LA COMISIÓN DE REFORMA AGRARIA
A la reunión ordinaria que tendrá verificativo el miércoles 10 de septiembre, a las 10:00 horas, en el salón E del edificio G.
Atentamente
Diputado Ramón Ceja Romero
Presidente
DE LA COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES
A la reunión con una delegación de diputados de la República Checa que se llevará a cabo el miércoles 10 de septiembre, a las 11:00 horas, en la sala de juntas de la comisión.
Atentamente
Diputado Gerardo Buganza Salmerón
Presidente
DEL COMITÉ DE COMPETITIVIDAD
A la reunión por realizarse el miércoles 10 de septiembre, a las 12:00 horas, en el salón B del edificio G.
Atentamente
Diputado Mariano González Zarur
Presidente
DE LA COMISIÓN DE TURISMO
A la vigésima quinta reunión de mesa directiva, que tendrá lugar el miércoles 17 de septiembre, a las 11:00 horas, en el salón F del edificio G.
Orden del Día
4. Aprobación de la presentación de los siguientes temas:
a) Procedimiento de la distribución del impuesto
de los cruceros por la Subsecretaría de Ingresos, del Instituto
Nacional de Migración y de la Secretaría de Turismo federal.
b) Proyecto del centro de convenciones y exposiciones
denominado Mazatlán Internacional Center, por el director general
del despacho asesor Dafi, SC, licenciado Martín B. Pacheco Ibarra,
propuesto por el diputado Carlos Eduardo Felton González.
5. Presentación de la propuesta de las bases para
el concurso de fotografía propuesto por el diputado Francisco Dávila
García.
6. Propuesta metodológica para la presentación
de los proyectos turísticos de los secretarios de Turismo de las
entidades federativas, por la diputada Yolanda Garmendia Hernández.
7. Asuntos generales.
DE LA COMISIÓN DE TURISMO
A la vigésima séptima reunión plenaria, que tendrá lugar el miércoles 17 de septiembre, a las 13:30 horas, en el salón de usos múltiples número 3 del edificio I.
Orden del Día
4. Aprobación de la presentación de los siguientes temas:
a) Procedimiento de la distribución del impuesto
de los cruceros por la Subsecretaría de Ingresos, del Instituto
Nacional de Migración y de la Secretaría de Turismo federal.
b) Proyecto del centro de convenciones y exposiciones
denominado Mazatlán Internacional Center, por el director general
del despacho asesor Dafi, SC, licenciado Martín B. Pacheco Ibarra,
propuesto por el diputado Carlos Eduardo Felton González.
5. Asuntos generales.
Al diplomado Gestión, evaluación y liderazgo para la reforma del Estado, que –con la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, División de Educación Continua y Vinculación, de la Universidad Nacional Autónoma de México– se llevará a cabo hasta el 20 de octubre, los lunes, miércoles y viernes, comprendidos de las 8:00 a las 10:00 horas, en el auditorio norte.
El diplomado está dirigido a legisladores, asesores parlamentarios, estudiantes e investigadores (de ciencia política, administración pública, derecho, sociología, economía, relaciones internacionales o antropología), servidores públicos de los tres ámbitos, académicos y personas relacionadas con la investigación, el servicio público, la organización y el liderazgo político y partidista, la participación ciudadana y el impulso de las pautas para la transformación del Estado mexicano, en cualquiera de sus ámbitos, que deseen ampliar conocimientos y desarrollar habilidades en la gestión del cambio político, en el contexto de la reforma del Estado.
Informes e inscripciones hasta el 23 de mayo de 2008, de las 10:00 a las 15:00 horas, en los teléfonos 5628 1300 y 5420 1760, extensiones 1248 y 5089, 55 3666 5185, 55 3225 1261; en la dirección de correo electrónico conocimientoglobal@yahoo.com; y en el módulo instalado en la plaza principal del Palacio Legislativo de San Lázaro, frente al edificio G.
Cupo limitado.
Se otorgará constancia con valor curricular.
Objetivo general
Evaluar los conceptos fundamentales y las propuestas de los modelos de reforma del Estado en México.
Metodología
Se desarrollarán 6 módulos, con 60 sesiones de trabajo los lunes, miércoles y viernes, de las 8 a las 10 de la mañana, en el auditorio norte del Palacio Legislativo de San Lázaro.
La dinámica de trabajo del diplomado contará de seis módulos de trabajo.
En el diplomado participarán como ponentes investigadores, profesores de educación superior, funcionarios públicos y responsables de organismos no gubernamentales, con la idea de generar una discusión multidisciplinaria sobre los temas descritos y de establecer metodologías que permitan evaluar objetivamente dicho proceso y construir herramientas metodológicas de evaluación y desarrollo de líderes de cambio político.
Evaluación: 80 por ciento de asistencia como mínimo y las evaluaciones aplicadas en cada módulo.
Programa
Módulo IV: La reforma del federalismo
3 de septiembre
5 de septiembre
Informes: 55-3666-5185
Correo electrónico: conocimientoglobal@yahoo.com
Atentamente
Diputado Marco Antonio Bernal Gutiérrez
Presidente
DE LA COMISIÓN DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA
A la Jornada sobre la investigación y desarrollo en computación en México, a cincuenta años de la instalación de la primera computadora en el país, que tendrá lugar el miércoles 3 de septiembre, de las 9:00 a las 16:00 horas, en el salón de protocolo del edificio C.
Atentamente
Diputada Silvia Luna Rodríguez
Presidenta
DE LA DIPUTADA MARINA ARVIZU RIVAS
Al seminario Análisis de género de los impuestos en México, que se realizará el miércoles 3 septiembre, a las 10:00 horas, en la zona C del edificio G.
Justificación
Como parte de un proyecto pionero en su tipo, que se denomina "Género e impuestos: Para mejorar la generación de ingresos y la protección social de países en desarrollo", en el que participan los siguientes países: Argentina, Ghana, India, Inglaterra, Marruecos, México, Uganda y Sudáfrica, se diseñó una metodología de análisis de género de la incidencia de los impuestos indirectos, así como herramientas para estudiar los impuestos directos.
Dentro del proyecto se realizó un análisis comparativo entre países y al mismo tiempo se llevó a cabo un estudio de caso para cada país. Recientemente se concluyeron los resultados para México, con la coordinación de la maestra Lucía Pérez Fragoso, coordinadora del Área de Presupuestos Públicos de Equidad de Género: Ciudadanía, Trabajo y Familia, AC.
Para el Grupo Parlamentario Alternativa es prioritario agregar nuevos elementos sobre los impuestos al debate actual. La exposición de los resultados de la investigación sobre género e incidencia fiscal, constituye una oportunidad idónea para enriquecer la discusión, razón por la cual hoy decidimos abrir la Cámara de Diputados para la presentación de los resultados del proyecto internacional antes expuesto. Con ello no sólo se aportan elementos importantes al debate, sino que además se refrenda uno de los principales compromisos que hemos suscrito desde los orígenes de nuestro instituto político y que ha estado presente en nuestro actuar cotidiano durante la LX Legislatura.
Objetivo
Enriquecer el debate legislativo de la ley de Ingresos de la Federación con la presentación de los resultados del análisis de género de los impuestos.
Programa
10:05 a 10:10 horas. Palabras de la diputada Maricela Contreras Julián, presidenta de la Comisión de Equidad y Género.
10:l0 a 10:25 horas. Introducción al tema "género e impuestos", por la doctora Caren Grown, coordinadora General, del proyecto Género e impuestos: Para mejorar la generación de ingresos y la protección social de países en desarrollo.
10:25 a 11:10 horas. Presentación de los resultados del estudio para México, maestra Lucía Pérez Fragoso.
11:20 a 11:30 horas. Diputado Jorge Estefan Chidiac, presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
11:30 a 11:40 horas. Doctor Héctor Juan Villarreal Páez, director del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas.
11:40 a 11:50 horas. Doctor Fausto Hernández Trillo, Centro de Investigación y Docencia Económicas, AC.
11:50 a 12:05 horas. Comentarios y opiniones del público.
12:05 a 12:15 horas. Clausura, por la diputada Elsa Conde Rodríguez, vicecoordinadora del Grupo Parlamentario de Alternativa.
DEL CENTRO DE ESTUDIOS SOCIALES Y DE OPINIÓN PÚBLICA
Al seminario internacional Comunicación para el Poder Legislativo: la opinión pública, los medios y la coyuntura de crisis que, en coordinación con The George Washington University, se llevará a cabo el 4, 5 y 11 de septiembre, de las 10:00 a las 19:00 horas, en los salones 1 y 2 del edificio I (de los centros de estudios).
Objetivo
Proporcionar a diputados federales, personal técnico legislativo y público interesado conocimientos suficientes para evaluar y analizar la opinión pública en los siguientes rubros:
• Su efecto como factor para la comunicación de
partidos y líderes políticos.
• Su efecto en los procesos de información que
pueden derivar en crisis de comunicación o en oportunidades de posicionamiento
positivo para el legislador.
Segunda sesión: Entrenamiento mediático para legisladores
Jueves 4 de septiembre
Jueves 11 de septiembre
15:15 a 17:00 horas. Rafael Reyes Arce, GWU, y Jorge Rojas, UIA: Elaboración de tablero de riesgos.
17:15 a 19:00 horas. Roberto Izurieta, GWU: Manejo de crisis: casos de éxito y recomendaciones prácticas.
Atentamente
Licenciado Arturo Maldonado Tapia
Encargado de la Dirección General
DE LA COMISIÓN DE CULTURA
A la exposición Manos elocuentes, que permanecerá del lunes 8 al viernes 12 de septiembre en el vestíbulo principal donde se inaugurará el martes 9, a las 12:00 horas.
Atentamente
Diputado Emilio Ulloa Pérez
Presidente
DE LA COMISIÓN ESPECIAL DE CITRICULTURA
Al foro Retos y perspectivas para la industria de jugos en México y el mundo, que se llevará a cabo el miércoles 10 de septiembre, a partir de las 9:00 horas, en el auditorio E.
Objetivos
Dar a conocer la importancia de los jugos de fruta desde las perspectivas de salud (nutricional) y de desarrollo agrícola y económico. Asimismo, abordar el aspecto regulatorio en el ámbito internacional.
Patrocinadores
Universidad Nacional Autónoma de México
Sociedad Mexicana de Salud Pública
Fundación Mídete
Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria
Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas
y Pecuarias
Congreso Citrícola Mexicano
9:00-9:30 horas
Registro de participantes.
9:30-10:00 horas
Inauguración.
10:00-11:15 horas
Mesa 1. "La producción de jugos y el mercado nacional
e internacional de fruta".
11:15-11:30 horas
Receso.
11:30-13:00 horas
Mesa 2. "Los jugos como parte de una dieta saludable".
13:00-14:45 horas
Mesa 3. "Regulación en materia de jugos: experiencia
internacional y perspectivas de normatividad en México".
Atentamente
Diputado Pedro Montalvo Gómez
Presidente
DE LA COMISIÓN DE TURISMO
Al foro Valuación y transparencia en los créditos garantizados, que se realizará el miércoles 10 de septiembre, a las 11:00 horas, en el salón Legisladores de la República, situado en el segundo piso del edificio A.
El foro comprende tres mesas:
Mesa II. Importancia de la cédula profesional de
posgrado y certificación.
2.1. Deficiencias de la Ley Federal de Transparencia
y Fomento a la Competencia en el Crédito Garantizado.
2.2. Prácticas de la valuación en México.
Mesa III. Propuestas legislativas.
DE LA COMISIÓN DE CULTURA
A la exposición Visión regia, que permanecerá del lunes 22 al viernes 26 de septiembre en el vestíbulo principal, donde se inaugurará el martes 23, a las 12:00 horas.
Atentamente
Diputado Emilio Ulloa Pérez
Presidente
DE LA COMISIÓN DE CULTURA
A la Semana Palestina en México, que permanecerá del lunes 22 al viernes 26 de septiembre en el vestíbulo principal, donde se inaugurará el martes 23, a las 13:00 horas.
Atentamente
Diputado Emilio Ulloa Pérez
Presidente
DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS
Al Diplomado de derechos humanos especializado en los derechos de la mujer, que –en colaboración con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y con la participación del Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género– se llevará a cabo los martes y miércoles comprendidos del 23 de septiembre al 10 de diciembre, de las 16:00 a las 20:00 horas, en el auditorio norte (edificio A, segundo piso).
Programa de actividades
23 y 24 de septiembre. Primer módulo: Evolución
histórica, concepto y fundamentación de los derechos humanos.
1 y 2 de octubre. Segundo módulo: Los derechos
humanos en el sistema jurídico mexicano.
7 y 8 de octubre. Tercer módulo: La protección
no jurisdiccional de los derechos humanos.
14 y 15 de octubre. Cuarto módulo: La protección
jurisdiccional de los derechos humanos.
21 y 22 de octubre. Quinto módulo: Protección
internacional y regional de los derechos humanos.
28 y 29 de octubre. Sexto módulo: Grupos en situación
de vulnerabilidad.
4 y 5 de noviembre. Séptimo módulo: Hombres
y mujeres, equidad y nuevos roles de género.
11 y 12 de noviembre. Octavo módulo: Educación
con equidad y perspectiva de género.
18 y 19 de noviembre. Noveno módulo: Violencia
familiar y derechos humanos; contra la violencia, eduquemos con equidad.
25 y 26 de noviembre. Décimo módulo: Mujeres
migrantes y sus derechos humanos.
2 y 3 de diciembre. Undécimo módulo: Discriminación
y derechos humanos, mujeres trabajadoras, feminización de la pobreza.
9 de diciembre. Duodécimo módulo: Legislar
con perspectiva de género.
10 de diciembre. Presentación de Nuestros derechos, disco compacto elaborado por la CNDH. Clausura.
Licenciado Jesús Naimé Libién, doctor Rigoberto Ortiz Treviño, doctor Armando Hernández Cruz, doctor Rafael Torres Hinojosa, doctor Rogelio Omar Chávez Moreno, doctor Ricardo Ruiz Carbonel, licenciada María José Franco Rodríguez, licenciada Guadalupe Vega Ramírez, licenciada Julia Ley Rojas, maestra Consuelo Olvera Treviño, licenciada María Eugenia Ávila López, Lourdes Pacheco Ladrón de Guevara, licenciado Jorge Elliot Rodríguez, maestra Nuria Gabriela Hernández, maestra María de los Ángeles Corte Ríos.
Requisitos
Oficina de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, avenida Congreso de la Unión 66, colonia El Parque, delegación Venustiano Carranza, México, DF, edificio A, segundo piso, de las 10:00 a las 17:00 horas. Teléfono 5628 1300, extensión 8204. Correo electrónico: diplomadomujer2008@hotmail.com
Atentamente
Diputada Omeheira López Reyna
Presidenta
DE LA COMISIÓN ESPECIAL DE ESTUDIOS DE LAS POLÍTICAS PARA LA MIGRACIÓN INTERNA
Al diplomado Construyendo un nuevo federalismo: transformación e integración del desarrollo regional que, en coordinación con la Escuela de Graduados en Administración y Política Pública del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, se llevará a cabo hasta el sábado 24 de enero, en el Palacio Legislativo de San Lázaro.
El diplomado se llevará a cabo en colaboración con la Federación Nacional de Municipios de México, AC; la Asociación de Municipios de México, AC; y la Asociación de Autoridades Locales de México, AC; y está dirigido a legisladores, asesores parlamentarios, estudiantes e investigadores (de ciencias políticas, administración pública, derecho, sociología, economía y antropología), funcionarios públicos, académicos y personas relacionadas con los temas de diseño, gestión y administración de los fenómenos de la migración, el desarrollo urbano, el gobierno metropolitano, el desarrollo regional y el desarrollo social.
Informes
En los teléfonos 5628 1300, extensiones 3856, 3836, 58215, 58216 y 58217; 01 800 718 4291, 04455 3666 5185, 04455 3225 1261; y en las direcciones de correo electrónico conocimientoglobal@yahoo.com y comisionespecial.migracioninterna@congreso.gob.mx, así como en la Comisión Especial de estudios de las políticas para la migración interna, edificio F, planta baja, Palacio Legislativo de San Lázaro.
Se otorgará constancia con valor curricular.
Metodología
Se realizarán cinco módulos con 20 sesiones de trabajo, los viernes de 15:00 a 20:00 horas, y los sábados de 9:00 a 14:00 horas.
Módulo I. Los procesos de urbanización
y metropolización
Fechas: 29 y 30 de agosto, y 12 y 13 de septiembre.
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