Juan Manuel Parás González, diputado por el XII distrito de Nuevo León, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presenta a consideración de esta honorable asamblea, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
La infraestructura carretera nacional representa uno de los motores del desarrollo económico y social del país. Contar con una red de caminos eficiente, segura y adecuada propicia, entre muchas otras cosas, el impulso del desarrollo regional y del comercio, facilita la comunicación entre las comunidades que integran cada estado, y reduce la brecha de iniquidad entre las zonas urbanas y las regiones rurales.
Nuevo León es un estado con gran aportación a la economía nacional. Su industria, su campo, su gente contribuyen día tras día al crecimiento del país.
Una de las demandas más constantes de la sociedad son las vías de comunicación y acceso a los lugares de trabajo, a las escuelas, a los hospitales, a los hogares, etcétera. Los municipios rurales de Nuevo León no son la excepción. Actualmente hay una demanda que requiere atención inmediata, la prolongación de la avenida Eloy Cavazos, en Juárez, Nuevo León, la cual queda trunca en la carretera San Roque hasta la carretera San Mateo, del mismo municipio.
La carretera consta de 5.4 kilómetros, y su construcción tiene un costo de 50 millones de pesos, de los cuales las autoridades municipales y los vecinos se han dado a la tarea de juntar 50 por ciento, pero les falta el resto.
El municipio ya cuenta con el proyecto ejecutivo definitivo para realizar la obra.
Por lo expuesto, solicito que, en el marco de la formulación y discusión del Presupuesto de Egresos de 2009, se asignen recursos fiscales por 25 millones de pesos para construir el tramo carretero referido.
Los recursos federales canalizados a infraestructura y obra pública son redituables, garantizan la atención de una demanda social y generan expansión económica y bienestar a la población.
Por lo expuesto y fundado, me permito someter a su consideración la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal a destinar una partida por 25 millones de pesos en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2009 para construir la prolongación de la avenida Eloy Cavazos, en Juárez, Nuevo León, la cual queda trunca en la carretera San Roque hasta la carretera San Mateo.
Segundo. Que la Cámara de Diputados, en el proceso de discusión del Presupuesto de Egresos de 2009, destine recursos suficientes para la obra descrita.
Cámara de Diputados, a 28 de octubre de 2008.
Diputado Juan Manuel Parás González (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE
QUE EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN DE 2009 SE CONSIDEREN
RECURSOS PARA APOYAR EL PROYECTO DEL PARQUE TRICENTENARIO CHIHUAHUA TRES
PRESAS, A CARGO DEL DIPUTADO CARLOS ARMANDO REYES LÓPEZ, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PAN
El suscrito, Carlos Armando Reyes López, diputado federal de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de esta Cámara de Diputados, para que en la discusión del Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del 2009, se considere una partida especial para apoyar las festividades con motivo del tricentenario de la fundación de la ciudad de Chihuahua, al tenor de los siguientes:
Considerandos
En el umbral de la celebración de los 300 años de fundación de la ciudad de Chihuahua, el gobierno del estado y las autoridades del municipio han realizado importantes obras urbanas, eventos culturales, sociales y deportivos en conmemoración de una fecha trascendental para la sociedad chihuahuense.
Las características geográficas de la región y principalmente por la confluencia de los ríos Chuvíscar y Sacramento, fueron determinante para que el gobernador y capitán general de la Nueva Vizcaya, don Antonio Deza y Ulloa, tomara la decisión de fundar el 12 de octubre de 1709, la ciudad de Chihuahua, bajo el nombre de Real de Minas de San Francisco de Cuéllar.
En apenas 299 años de vida, Chihuahua ha sido escenario de grandes acontecimientos en los anales de nuestra historia. En los inicios de la guerra de independencia, la capital del estado más grande de México, albergó las últimas reflexiones del padre de la patria antes de que fuera fusilado en lo que hoy es el patio del ayuntamiento de la ciudad.
En 1864 y durante el periodo que comprendió la intervención francesa, el presidente Benito Juárez y sus ministros Sebastián Lerdo de Tejada, José María Iglesias y Miguel Negrete, encontraron en la capital Chihuahuense el recinto idóneo para la defensa de las instituciones republicanas y de la soberanía nacional frente a la imposición de un gobierno extranjero.
Durante la Revolución Mexicana de 1910, Francisco Villa se convirtió en icono del movimiento insurgente y alcanzó sus máximos éxitos militares al mando de la División del Norte; la ciudad de Chihuahua fue escenario fundamental en la lucha armada.
Chihuahua arribará al tricentenario de la mano de los festejos de los 200 años del inicio de la Independencia y del centenario de la Revolución Mexicana, fechas históricas consideradas ejes fundamentales de la reflexión ideológica y como horizonte simbólico para fortalecer nuestra identidad cultural y encausar nuestro esfuerzo en la redefinición de la nación que todos deseamos.
Festejar a Chihuahua, implica sumar esfuerzos y trabajar en conjunto para posicionarla a los ojos del mundo, como una ciudad moderna y como un modelo sustentable, en donde se conjuga el equilibrio entre el desarrollo urbano, ambiental, social y económico.
Con motivo de la celebración de los primeros tres siglos de vida de la ciudad, se tiene contemplada una obra monumental, que por sus dimensiones y alcances será el mejor regalo para la sociedad chihuahuense y me refiero al proyecto del parque Tricentenario de Chihuahua tres presas.
Este proyecto contempla un polígono de casi tres mil hectáreas que tendrá la finalidad de posicionar a Chihuahua como importante polo de atracción ecoturístico regional, diversificando así el turismo de negocios y ampliando exponencialmente la densidad de los espacios públicos. Este polígono incluye vitales cuerpos de agua de la zona metropolitana, como lo son las presas Chuviscar, El Rejón y Chihuahua, así como el río Chuvíscar.
Debe subrayarse que el diseño del proyecto se visualiza como el entorno donde convivirán en armonía el desarrollo urbano con el medio ambiente, ya que se contempla la conectividad de la mancha urbana con importantes destinos de recreación y esparcimiento.
Para hacer posible este proyecto se está desarrollando un plan parcial y tres planes maestros, bajo el sustento legal de área natural protegida, con un costo aproximado a los mil 200 millones de pesos.
Por otra parte y en conmemoración de los 100 años de la Revolución, los 200 del inicio de la Independencia y los 300 años de la fundación de la ciudad, se construirá la plaza tricentenario y se contemplan obras adicionales como el parque de las Cascadas, el centro cultural educativo familiar, una área recreativa y de campamento y una franja para la práctica de los deportes extremos.
Dentro de este perímetro se incluye la construcción de la plaza cielo de Chihuahua como espacio para el desarrollo cultural y recreativo; cuenta con un teatro al aire libre y se tiene contemplado fortalecer la infraestructura para potenciar el festival de los globos aerostáticos, que cada año toma más fuerza y relevancia en el norte del país.
Debo destacar que se acondicionaran importantes áreas para la convivencia de la sociedad tarahumara, así como áreas especiales destinadas a la actividad lechera y venta de productos regionales, por citar algunos de los proyectos y atractivos que ofrecerá esta obra al esparcimiento de la sociedad en general.
Por lo anterior, y dadas las bondades que presenta el proyecto, solicito al Pleno de esta Cámara de Diputados el apoyo para impulsar el proyecto del parque tricentenario y dejar así un gran legado al pueblo de Chihuahua, en temas tan necesarios como la convivencia familiar, recreación; deporte; cultura y sustentabilidad ecológica.
Por lo anterior, someto a este Pleno el siguiente:
Punto de acuerdo
Único. Se hace un exhorto a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de esta Cámara de Diputados, para que en la discusión del Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del 2009, se considere una partida especial de mil 200 millones de pesos, para apoyar el proyecto del parque Tricentenario Chihuahua-Tres presas, en el marco de los 300 años de fundación de la ciudad capital.
Dado en Palacio legislativo de San Lázaro, a 30 de octubre del 2008.
Diputado Carlos Armando Reyes López (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE
QUE EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN DE 2009 SE CONSIDEREN
MAYORES RECURSOS PARA GARANTIZAR LA EDUCACIÓN BÁSICA BILINGÜE
EN LOS PUEBLOS INDÍGENAS DE CHIAPAS; Y DE QUE SE SOLICITE EL CUMPLIMIENTO
DEL PRECEPTO CONSTITUCIONAL DE ESTABLECER UN SISTEMA DE BECAS DESTINADAS
A INDÍGENAS EN EDUCACIÓN BÁSICA, A CARGO DEL DIPUTADO
JUAN NICASIO GUERRA OCHOA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
El suscrito, diputado federal a la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento por lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta asamblea la proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
En 1994, el Estado mexicano se comprometió con los pueblos indígenas chiapanecos a elaborar un conjunto de políticas públicas que resarcieran el abandono centenario y el reconocimiento de sus derechos originales. En 1996, el Poder Ejecutivo federal, mediante los acuerdos de San Andrés, reiteró su compromiso de atender a los pueblos indígenas de su abandono. Debe afirmarse que en San Andrés se pactó la presencia del Estado mexicano en las políticas públicas, fundamentalmente las políticas sociales.
En 2001, la reforma constitucional al artículo 2o. constitucional pactó las condiciones entre las obligaciones del Estado mexicano y los pueblos indígenas, particularmente las comunidades indígenas del estado de Chiapas. Ahí se definieron las obligaciones de equidad y justicia, más allá de lo establecido en el artículo tercero para todos los mexicanos, tales como
…
Apartado A
IV. Preservar y enriquecer sus lenguas, conocimientos y todos los elementos que constituyan su cultura e identidad.
Apartado B
…
"Garantizar e incrementar los niveles de escolaridad, favoreciendo la educación bilingüe e intercultural, la alfabetización, la conclusión de la educación básica, la capacitación productiva y la educación media superior y superior. Establecer un sistema de becas para los estudiantes indígenas en todos los niveles. Definir y desarrollar programas educativos de contenido regional que reconozcan la herencia cultural de sus pueblos, de acuerdo con las leyes de la materia y en consulta con las comunidades indígenas. Impulsar el respeto y conocimiento de las diversas culturas de la nación."
Desde 1994, y hasta la fecha, uno de los puntos más exitosos y de la mayor importancia fue la atención en materia de educación básica y bilingüe a los pueblos indígenas del Estado. Así, ese año se instituyó el Proyecto Educador Comunitario Indígena, que imparte educación bilingüe en español y tzotzil, tojolabal, tzeltal y mame, en 7 regiones y 80 municipios.
El éxito de este proyecto puede evaluarse, sin dar lugar a ninguna duda, pues se ha avanzado en la alfabetización y al conocimiento de las ciencias básicas, en la preservación de la cultura de los pueblos beneficiados por el mencionado proyecto.
No se exagera si se afirma que pocos son los proyectos que se unen de manera tan lineal a los propósitos, al sentido federalista, al de pacto social y al espíritu de nuestra constitución política para pugnar por la libertad, la justicia y la equidad que los mexicanos nos debemos, con acento en la mayor de nuestras deudas sociales que es con los pueblos indígenas.
En contraparte, debe mencionarse algunas de las fallas imperdonables ante la gravedad que significa el derrotar el estado de atraso y analfabetismo de los pueblos indígenas chiapanecos, a saber de las condiciones con que opera el Proyecto Educador Comunitario Indígena:
• Se le regatea el presupuesto año con año.
• La totalidad de los maestros carece de basificación (mil 200 maestros), a pesar de los 10 laudos donde las autoridades laborales han ordenado su basificación y de que están por salir otros 150 en el mismo sentido. El resto de los maestros no han demandado ante la amenaza real de que se suspendan sus oportunidades, pues las autoridades no han comprendido la importancia de la labor de los maestros bilingües.
• Aún cuando el artículo 2, en su inciso B, fracción II, se precisa con toda claridad que se debe establecer un sistema de becas para los estudiantes indígenas, este precepto no se ha cumplido, más aún a los maestros se les paga con la figura de "becas", cuando cumplen funciones laborales, el gobierno del estado otorga "becas" no salarios.
• En este contexto, y a pesar del dramatismo que todos sabemos que existen, se menciona las pésimas condiciones de las aulas de clase y de las escuelas indígenas.
En el caso que nos ocupa, la lista instituciones que no han cumplido se integra por jefatura del Poder Ejecutivo, Secretaría de Educación Pública, Poder Ejecutivo del estado de Chiapas, Secretaría Educación de Chiapas y los partidos políticos que apoyamos la reforma.
En función de lo anterior, se propone a la honorable Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero. Se solicita a la Comisión de Educación y Servicios Educativos de la honorable Cámara de Diputados que se integre un presupuesto extraordinario de 150 millones de pesos para basificar a los trabajadores del Proyecto Educador Comunitario Indígena;
Segundo. Que el monto del recurso mencionado se precise en un artículo transitorio del dictamen de la comisión, a fin de que su integración al Fondo de Educación Básica y Normal o, en su caso, Fondo de Aportaciones Múltiples, según considere la Comisión de Educación y Servicios Educativos, sugerir a la Comisión Dictaminadora de Presupuesto y Cuenta Pública, garantice la aplicación con el espíritu del artículo segundo constitucional para beneficio directo de los pueblos indígenas de Chiapas;
Tercero. Se cumpla con el programa de becas a los estudiantes de los pueblos indígenas que participan en el Proyecto Educador Comunitario Indígena, en la misma cantidad y condiciones de acceso que la Secretaría de Educación Pública provee a otros estudiantes de educación básica.
Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, a 28 de octubre de 2008.
Diputado Juan Nicasio Guerra Ochoa (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE
QUE EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN DE 2009 SE INCLUYA
LA MODIFICACIÓN PROPUESTA SOBRE LA FRACCIÓN XII DE SU ARTÍCULO
38, A CARGO DEL DIPUTADO TOMÁS GLORIA REQUENA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PRI
El que suscribe, diputado Tomás Gloria Requena, del Grupo Parlamentario del PRI en la LX Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo con base en las siguientes
Consideraciones
Se plantea la presente propuesta en virtud de que se ha hecho un uso inadecuado en la identidad visual para las aplicaciones graficas y campañas de difusión del Sistema de Protección Social en Salud, donde se violan notablemente las reglas de neutralidad y no se limita en el uso de logotipos y el tamaño de éstos, aparecen en primer termino el del gobierno federal y los programas de Salud y casi se omite la participación del gobierno estatal.
Estas aplicaciones graficas se utilizan indiscriminadamente en papelería, material para exposición pública, publicaciones, aplicaciones en prensa, folletos, rotulación de vehículos, vestimenta del personal, etcétera. Así como se muestra en el Manual de Identidad Visual para las aplicaciones gráficas y campañas de difusión del Sistema de Protección Social en Salud.
Por lo anteriormente expuesto propongo esta modificación integral al texto del artículo 38 en la fracción XII del proyecto de decreto que expide el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio 2009.
Para quedar como sigue:
Dice:
Fracciones I. a XI. (…)
Fracción XII. La Secretaría de Salud, a través de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, deberá emitir los lineamientos de información y difusión institucional que regirán el material relativo al Sistema de Protección Social en Salud que desarrolle por cualquiera de los niveles de gobierno;
Fracciones I. a XI. (…)
Fracción XII. La Secretaria de Salud, a través del Consejo Nacional de Salud, órgano colegiado integrado por los titulares de los servicios estatales de salud de las entidades federativas, deberá emitir los lineamientos de información y difusión institucional que regirán el material relativo al Sistema de Protección Social en Salud qué desarrolle por cualquiera de los niveles de gobierno;
Por lo anteriormente expuesto, solicito que se turne esta propuesta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, para que, en el ámbito de su competencia, se incluya esta modificación en el decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2009, conforme a la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Se solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Publica de la Cámara de Diputados que en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2009 se incluya la modificación propuesta a la fracción XII del artículo 38 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio 2009.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de octubre de 2008.
Diputado Tomás Gloria Requena (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE
QUE EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN DE 2009 SE CONSIDEREN
MAYORES RECURSOS PARA LA UNIVERSIDAD JUÁREZ DE DURANGO, SUSCRITA
POR DIPUTADOS DE DIVERSOS GRUPOS PARLAMENTARIOS
Los que suscriben, diputados por el estado de Durango de la LX Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentan ante esta honorable Cámara de Diputados proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
En fecha reciente los senadores y diputados federales todos por el estado de Durango enviamos una misiva al diputado Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla, presidente de la Comisión de Educación y Servicios Educativos, mediante la cual le solicitamos de manera respetuosa que se atiendan las solicitudes del rector de la Universidad Juárez del estado de Durango, contador público Rubén Calderón Luján.
En dicho escrito exponemos la difícil situación financiera en que se encuentra esta universidad, al igual que la mayoría de las instituciones de educación superior públicas del país.
La de Durango ha recibido históricamente un trato desigual en relación al resto de las universidades públicas estatales, a pesar de que sus indicadores son parecidos e incluso superiores en comparación a estas universidades.
De acuerdo con el análisis presentado por la Universidad Juárez del Estado de Durango, se señala que ante la presión social de ampliar la cobertura y diversificar la oferta educativa, desde la década pasada creo nuevas licenciaturas, maestrías y doctorados, cumpliendo con toda la normatividad federal y estatal, así como las que establece la propia Institución.
Esta oferta educativa, aún no ha sida reconocida financieramente por ninguna de las instancias federales y estatales, debido a que el gobierno del estado de Durango no realizó los trámites correspondientes ante las instancias federales para que le presupuestaran mayores recursos federales.
Todo ello, ha significado para esta universidad, hasta diciembre de 2007, una erogación de más de 374.5 millones de pesos, situación que ha desequilibrado seriamente sus finanzas, sin que esto se traduzca en una disminución de su calidad educativa en beneficio de la sociedad duranguense.
En este sentido y no obstante esta situación, la Universidad Juárez del Estado de Durango se ha esforzado en mejorar sus indicadores de desempeño, cuenta con más del 90 por ciento de su matrícula en programas de buena calidad, y el 77 por ciento de sus programas educativos con esa misma calidad
Por si fuera poco, durante los últimos años, la universidad ha visto mermado el concepto de su gasto "irreductible" en relación con el subsidio que recibe, disminución que se ha pretendido compensar con partidas extraordinarias, pero que se reciben de manera "etiquetadas". Estas cantidades solo alcanzan para cubrir la diferencia en dicho gasto irreductible, porque el incremento real se aplica al pago de sueldos y prestaciones sobre la plantilla reconocida por la Secretaría de Educación Pública.
Es por ello que los diputados federales firmantes, todos por el estado de Durango, reiteramos nuestro apoyo a la Universidad Juárez del estado de Durango, para que no solamente siga cumpliendo en forma destacada en su labor educativa con la sociedad duranguense, si no que continué en el camino de la mejora continúa de su calidad y excelencia.
Por todo lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta a la Comisión de Educación y Servicios Educativos, así como a la Comisión Presupuesto y Cuenta Pública de esta Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión a impulsar la aprobación de mayores recursos para la Universidad Juárez del estado de Durango en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2009, a fin de que pueda cubrir su déficit presupuestal, que es de 374.5 millones de pesos. Asimismo, que el pleno de esta soberanía respalde ese apoyo con una aprobación unánime de los recursos que necesita esta universidad.
Palacio Legislativo, a 28 de octubre de 2009.
Diputados: Gustavo Pedro Cortés (rúbrica),
Leticia Herrera Ale (rúbrica), Lourdes Quiñones Canales (rúbrica),
Rubén Escajeda Jiménez (rúbrica), Luis Enrique Benítez
Ojeda (rúbrica), José Rosas Aispuro Torres (rúbrica),
Samuel Aguilar Solís (rúbrica), Jorge Salum del Palacio.
CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE
QUE EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN DE 2009 SE CONSIDEREN
RECURSOS PARA EL PROYECTO MUSEO DE HISTORIA DE SAN PEDRO EL CENTENARIO,
SUSCRITA POR DIPUTADOS DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 77, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; los suscritos, diputados federales del Partido Acción Nacional por el estado de Nuevo León, someten a la consideración de esta soberanía el presente punto de acuerdo, de conformidad con las siguientes
Consideraciones
Hace más de 25 años un grupo de emprendedores sampetrinos encabezados por don Francisco Zertuche, tuvo la visión de crear una institución cultural para celebrar el centésimo aniversario de San Pedro Garza García como ayuntamiento. En 1982, se decidió formar un espacio museístico que tomara como base la vida de los sampetrinos de principios de siglo, para lo cual se adaptó una casa de sillar al estilo norestense de finales del siglo XIX, la cual es considerada patrimonio histórico por el Instituto Nacional de Antropología e Historia.
El Museo del Centenario pertenece a la Dirección de Educación y Cultura de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano del municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, actualmente está en proceso de cambio adaptándose a las nuevas necesidades de los sampetrinos población a la que se debe este recinto cultural.
En los últimos años el proceso de crecimiento de esta institución museística se ha centrado en la captación de nuevos públicos, la educación de éstos por medio de programas de acercamiento al arte, la cultura e historia y en generar sus propias exposiciones con proyectos curatoriales de relevancia nacional, que apoyen conceptos históricos de nuestra ciudad.
La transformación, nuestra institución ha sido apoyada por muchas empresas y personas interesadas en el desarrollo cultural de Nuevo León, consientes de que solo la sinergia entre interesados en el qué hacer cultural da paso a proyectos importantes y de impacto hacia la comunidad.
El presente proyecto integral consiste en la creación de un tipo de museo, basado en los sentidos y la memoria revivida, en su área conceptual. La ampliación de espacios expositivos temporales, renovación del área de colección permanente, realización de espacios para talleres de arte. Adecuación de las salas para personas con capacidades diferentes e integración de nuevas áreas de servicio. El desarrollo museístico de nuestra ciudad aunado con las necesidades actuales de la comunidad que rodea la entidad cultural es el primer impulso de este proyecto. Esta ampliación detonará una empresa cultural de primer nivel que hará sinergia con las entidades culturales de su entorno.
Crear un nuevo tipo de museo basado en la experiencia sensorial y la memoria revivida. El visitante al llegar tendrá una experiencia basada en sus sentidos, no por la interactividad o manipulación de sus colecciones, pero si con el juego de sentimientos que tendrá al entrar en este entorno histórico. Esto se logrará a base de sonidos, olores y colores en el diseño expositivo.
Comunidad de San Pedro Garza García, haciendo eco en el área metropolitana de Monterrey
Resumen financiero
Intervención arquitectónica
$5 144 700.00
(Presupuesto paramétrico)
Museografía (Presupuesto paramétrico) $500
000.00
Equipamiento oficinas
$100 000.00
Costo total del proyecto $5 744 700.00
El museo trabajando con el grupo social o población objetivo del proyecto Como toda institución, el museo es percibido, por el público en general, como portador de ciertas "funciones", como ámbitos que desempeñan roles específicos dentro de la sociedad. Dichos roles, que pueden ser compartidos con otras instituciones sociales, son los que le dan una marca original, y condiciona la relación que se establecerá entre el museo y los actores sociales. El Centenario consientes de que la población es el objetivo primordial de nuestra institución hace actividades tomando en cuenta las necesidades de su población objetivo, siendo esta el casco antiguo de Garza García. Recientemente se han creado actividades que impactan directamente a la población del centro de San Pedro –tanto niños como adultos– a través de talleres de sensibilización artística, que pretenden acercar a la población a nuestra institución y que perciban al museo desde un punto de vista didáctico, es decir como parte de su educación no formal. La zona de la colonia del Valle es de suma importancia para nuestro proyecto expositivo, por lo cual también se toma en cuenta sus necesidades por medio de actividades sociales encaminadas a la creación de futuros amigos del Museo. San Pedro oriente fue sensibilizada con el programa "arte en tu cuadra" el cual impacto a las colonias lejanas a nuestro primer círculo.
La población del área metropolitana de Monterrey visita este museo por el calor que se imprime en su colección permanente. Anualmente se reciben en promedio de 20 mil visitantes, número alto para una institución cultural que no se encuentra enclavada en algún sector turístico de nuestra ciudad.
Asistencia social, participación ciudadana, desarrollo comunitario, promoción cultural, artística, educación, investigación para el desarrollo del arte y la cultura.
El atender las necesidades culturales de la población, sensibilizándolos con las manifestaciones artísticas, estéticas, sociales y culturales de nuestra comunidad. Ser parte de la educación no formal de los estudiantes sampetrinos, así como ser un referente importante dentro de la conservación de la historia, las artes y el patrimonio tangible e intangible.
Ser un referente para el desarrollo de la cultura, las artes y la transmisión de la historia de nuestro municipio y de la región. Aumentando las áreas de servicio y expositivas para beneficio de la comunidad y de la población artística nacional.
Por lo tanto, los diputados federales del Partido Acción Nacional por Nuevo León, consideramos se incremente la asignación de recursos públicos, para que la autoridad competente cuente con los recursos suficientes para poder atender las necesidades de los ciudadanos.
Por lo anteriormente expuesto, los suscritos diputados solicitamos el respaldo y sometemos a consideración de esta honorable asamblea el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero. Se exhorta a las Comisiones de Cultura, y de Presupuesto y Cuenta Pública, para que dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2009, se destinen recursos por 5 millones 744 mil 700de pesos al proyecto denominado Museo de Historia de San Pedro el Centenario.
Segundo. Túrnese el presente punto de acuerdo a las Comisiones de Cultura, y de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento y dictamen.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de octubre de 2008.
Diputados: José Martín López
Cisneros, Juan Enrique Barrios Rodríguez, Marco Heriberto Orozco
Ruiz-Velasco, Cristián Castaño Contreras, Martha Margarita
García Müller, José Luis Murillo Torres, Gustavo Ramírez
Villareal, Juan Manuel Villanueva Arjona, Javier Martín Zambrano
Elizondo (rúbricas).
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE SOLICITA LA COMPARECENCIA DEL DIRECTOR GENERAL DEL ISSFAM, SUSCRITA
POR LOS DIPUTADOS MIGUEL ÁNGEL NAVARRO QUINTERO, ROSARIO ORTIZ MAGALLÓN
Y JOSÉ ALFONSO SUÁREZ DEL REAL Y AGUILERA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PRD, Y CARLOS ROJAS GUTIÉRREZ, DEL PRI
Con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, diputados de diversos grupos parlamentarios, integrantes de las Comisiones de Seguridad Social, y de Defensa Nacional, suscriben la presente proposición con punto de acuerdo, a fin de solicitar la comparecencia del director general del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, conforme a las siguientes
Consideraciones
Las Fuerzas Armadas del país se han constituido como baluarte fundamental del Estado mexicano. La lucha frontal en que se les ha involucrado deriva, en las condiciones actuales, en el aumento del nivel de riesgo laboral que, inmanente a sus actividades, ya poseían por las características propias de las instituciones armadas a que pertenecen sus efectivos.
Por ello, el resguardo de las condiciones mínimas de seguridad social para los miembros de las Fuerzas Armadas es y debe ser preocupación de los legisladores, como ha quedado patente en la reciente y unánime aprobación de reformas de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, encaminadas al mejoramiento de las condiciones de vida de los militares en activo y en retiro.
No podemos soslayar, no obstante, que las condiciones de rezago para los militares en retiro y sus familias, en materia de haberes de retiro, atención médica especializada y dotación de medicamentos geriátricos y prótesis, resultan en ocasiones incoherentes e inhumanas para aquellos a quienes la patria debe la defensa de su soberanía.
Por lo anterior, y derivado de múltiples reuniones con organizaciones de militares en retiro, los que suscriben consideran necesaria e ingente la comparecencia del director general del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, a fin de establecer mecanismos de colaboración orientados a garantizar a este sector de militares las condiciones indispensables que les permitan un nivel de vida digno durante la vejez.
Por lo expuesto y fundado, sometemos a consideración de esta honorable soberanía, como de urgente y obvia resolución, la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Solicitamos al director general del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas su comparecencia frente a las Comisiones Unidas de Seguridad Social, y de Defensa Nacional, con objeto de que informe en relación con los siguientes temas:
2. Atención médica especializada para los militares en retiro y sus familias.
3. Dotación de medicamentos geriátricos especializados y prótesis para los militares en retiro y sus familias.
Diputados: Miguel Ángel Navarro Quintero,
Rosario Ignacia Ortiz Magallón, Carlos Rojas Gutiérrez, José
Alfonso Suárez del Real y Aguilera (rúbricas).
CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE
QUE EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN DE 2009 SE CONSIDEREN
RECURSOS PARA EL EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS Y TALLERES EN LA UNIVERSIDAD
AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO, SUSCRITA POR LOS DIPUTADOS
MARTHA HILDA GONZÁLEZ CALDERÓN Y CONSTANTINO ACOSTA DÁVILA,
DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS DEL PRI Y DEL PAN, RESPECTIVAMENTE
Los que suscriben, diputados Martha Hilda González Calderón, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, y Constantino Acosta Dávila, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, ambos a la LX Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículo 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a la consideración de esta honorable asamblea la proposición con punto de acuerdo sobre asignación de recursos del Presupuesto de Egresos de la Federación 2009, para el equipamiento de áreas de laboratorio y talleres de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM), misma que se desarrolla con base en los siguientes:
Antecedentes
La universidad pública en México tiene una importancia meridiana en razón de su contribución a la solución de los grandes problemas nacionales. Su papel como instancia de interpretación de la realidad del país y foro natural para el análisis de la problemática social, económica y política de nuestro entorno, le da a la universidad pública un protagonismo indiscutible en la consolidación del desarrollo y la democracia que todos esperamos.
La universidad pública es uno de los ejemplos más nítidos de lo que significa la suma de esfuerzos entre el gobierno y sociedad, para atender las más sentidas demandas de educación superior en amplios sectores de la población, lo cual, a su vez, no es sino un medio para coadyuvar en la ingente tarea de construir una realidad más justa para todos los mexicanos.
Es precisamente en un afán de justicia y equidad que se presenta la presente proposición con punto de acuerdo, en atención a un apoyo presupuestario que es actualmente necesario para la Universidad Autónoma del Estado de México, por lo cual es menester señalar algunos de los antecedentes más significativos alrededor de la importante labor desarrollada por esta institución en la entidad más poblada del país.
De esta forma destacamos que la UAEM está integrada por 21 facultades, 8 preparatorias y 13 centros universitarios a lo largo y ancho del territorio estatal; actualmente atiende a 85 mil 769 alumnos: 51 mil 592 de ellos en su sistema dependiente y 34 ,mil 177 a través del sistema incorporado.
La oferta educativa de la Universidad Autónoma del Estado de México también es considerable, ya que contempla actualmente 132 licenciaturas, 38 especialidades, 35 maestrías y 13 doctorados. De esta forma, la calidad académica de los programas ofrecidos, su estructura de funcionamiento y la responsabilidad social que ha honrado la UAEM en su operación, le han llevado en los últimos años a consolidar un sitio destacado en el espectro de la universidades públicas del país, lo que se aprecia a través de las siguientes distinciones y logros:
-Cuarto lugar nacional por 31 programas de posgrado reconocidos por el Programa nacional de posgrados de calidad SEP-Conacyt.
-Quinto lugar nacional y trigésimo primero en Latinoamérica por su producción y visibilidad académica en internet, según el laboratorio Webometrics de España.
-Pertenece al Consorcio de Universidades Mexicanas (Cumex) con los indicadores de calidad más consolidados.
-La Red de revistas científicas de América Latina y el Caribe, América Latina y Portugal, desarrollada por la UAEM en el año 2002, se ha constituido en la hemeroteca científica electrónica más importante de Iberoamérica.
-La UAEM ha creado el Centro de investigación en química sustentable en coordinación con la Universidad Nacional Autónoma de México, uno de los más importantes en el país, el cual favorecerá la vinculación con el aparato productivo estatal y nacional.
-Asimismo, la Universidad Autónoma del Estado de México ha propiciado el establecimiento de un total de ocho incubadoras de empresas y alta tecnología geoespacial, que han apoyado desde el 2002, a más de mil empresas, y otorgado más de once mil asesorías y consultorías.
Complementando lo anterior, resaltamos que la UAEM recibió menos recursos que otras universidades públicas estatales de menor tamaño y posicionamiento académico.
Adicionalmente, y en razón de que la Universidad Autónoma del Estado de México, junto con otras catorce universidades más, se encuentra por debajo de la media nacional en subsidio por alumno, señalamos una situación preocupante que ha afectado de manera importante a la UAEM, esto es: por una falla en el cálculo relacionado con el indicador de la media nacional en cuestión, la universidad fue colocada por arriba del señalado promedio nacional del subsidio por alumno; esta desafortunada circunstancia trajo como consecuencia no haber recibido, por parte del gobierno federal para el 2007, la cantidad de 46.1 millones de pesos correspondientes. Si bien esta situación fue corregida para el presente año fiscal, aún prevalece la afectación a diversos programas en razón de la falta de recursos que se diera en el 2007.
Con base en lo anterior, derivamos las siguientes
Consideraciones
Primero. La compleja circunstancia social y económica que prevalece en el país y que se aprecia preocupante en lo futuro, obliga al Estado mexicano y a la sociedad en general, a adoptar medidas que permitan fortalecer los beneficios que se atribuyen a la educación como medio eficaz de enfrentar a la adversidad y los retos por venir.
Segundo. Que en esta tesitura, las universidades públicas tienen una responsabilidad social ineludible en cuanto atienden, en la medida de sus capacidades y recursos, a la gran mayoría de la población de jóvenes de este país, y que por tanto merecen apoyo decidido desde todos los órganos y ámbitos del poder público.
Tercero. Que la Universidad Autónoma del Estado de México a pesar de tener numerosos logros académicos y sociales importantes, así como necesidades apremiantes de recursos, ha sido desfavorecida en la distribución de éstos desde el ámbito federal, por cuanto a las iniquidades que antes se han descrito.
Cuarto. Que trascendiendo un afán resarcitorio, por lo que hace a los recursos no recibidos en el año 2007, sino más bien en el ánimo y con un sentido estricto de equidad y justicia, la Universidad Autónoma del Estado de México requiere un apoyo inmediato en términos de los recursos asignables del Presupuesto de Egresos de la Federación para el año fiscal 2009.
Por lo antes expuesto, y con fundamento en el artículo 74, fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y en el artículo 42 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, se somete a la consideración de esta soberanía proposición con:
Punto de Acuerdo
Único. Se solicita, muy atentamente, a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública , así como a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, de esta honorable Cámara de Diputados, que consideren y destinen dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del 2009, la cantidad de 289,900,000.00 (doscientos ochenta y nueve millones, novecientos mil pesos) adicionales, dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación para el año próximo, para ser aplicados en el equipamiento de 128 áreas de laboratorio y talleres de la Universidad Autónoma del Estado de México, para beneficio de 51 mil 592 alumnos de esta institución .
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, Distrito Federal, a 28 de octubre de 2008.
Diputados: Martha Hilda González Calderón,
Constantino Acosta Dávila (rúbricas)
CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE
QUE EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN DE 2009 SE CONSIDERE
LA MODIFICACIÓN DEL PRO-ÁRBOL Y SE DÉ PRIORIDAD AL
MANEJO FORESTAL SUSTENTABLE, A CARGO DE LA DIPUTADA ELSA DE GUADALUPE CONDE
RODRÍGUEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE ALTERNATIVA
La suscrita, del Grupo Parlamentario de Alternativa Socialdemócrata en la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Desde la creación de la Comisión Nacional Forestal (Conafor), en 2001, se ha incrementado notablemente el presupuesto destinado al sector forestal (de 265 a 5 mil 540 millones de pesos). Sin embargo, el incremento se ha dirigido sobre todo a los programas que promueven las plantaciones forestales comerciales y la reforestación. Muestra de esto es que durante 2008, Pro-Árbol destinó 50 por ciento de sus recursos a los programas que promueven estas dos actividades.
Desde el punto de vista productivo o de conservación, la reforestación es una actividad importante, pero es sólo una parte del manejo silvícola.
Ni las plantaciones forestales ni la reforestación por sí mismas pueden revertir la grave crisis que enfrentan actualmente los bosques. México presenta la quinta mayor tasa de deforestación del planeta, ya que cada año pierde 600 mil hectáreas de estos ecosistemas.
De acuerdo con la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, anualmente se producen entre 5 y 7 millones de metros cúbicos de madera ilegal. Además, en 2007 el déficit comercial de productos forestales alcanzó 4 mil 449 millones de dólares. Más grave aún: la mayor parte de los 12 millones de personas que viven en y de los bosques se encuentra en condiciones de pobreza extrema.
Las campañas de reforestación llevadas a cabo por Pro-Árbol no contribuyen a alcanzar los objetivos de éste, "combatir la pobreza, incrementar la superficie forestal y aumentar la productividad", ya que las zonas reforestadas no dan como resultado un bosque. En el mejor de los casos, lo que se obtiene es un terreno con arbolitos plantados, que de ninguna manera brinda los beneficios que ofrecen los ecosistemas forestales (agua y biodiversidad, entre otros) y que no contribuyen a mitigar el cambio climático ni sus efectos.
No hay que plantar árboles en zonas bien conservadas porque su costo es mayor y no hay un beneficio. Es más inteligente manejar bien los recursos naturales más que depredarlos y luego tratar de reforestar el país.
Si a esto sumamos que, de acuerdo con investigaciones de campo hechas por Greenpeace entre febrero y junio de este año en ocho predios reforestados por la Conafor durante 2007 en distintos estados de la república, a 10 meses de haber sido plantados sólo había sobrevivido 26 por ciento de los árboles y sólo 7.6 por ciento se encontraba en buen estado. Aunque esta investigación no pretende ser exhaustiva, es un claro indicativo de que el Pro-Árbol está fracasando rotundamente. Además, conforme a datos de la Conafor, 56 por ciento de las plantas utilizadas en estas campañas correspondió a nopales, agaves y magueyes, y 1.4 por ciento a especies exóticas.
Si a esto sumamos que en 2003 México ocupó el undécimo lugar en recursos forestales y el 26 en producción forestal y que en 2000 sólo se suplió 58 por ciento de la demanda nacional, quedando un déficit de 5 mil 700 x 106 de dólares, 48 por ciento del déficit comercial, no tenemos un buen manejo forestal.
El manejo forestal, sobre todo la conservación y el aprovechamiento adecuado, es una actividad productiva que puede generar un amplio bienestar e ingresos. Además, es congruente con altos niveles de conservación de la integridad de los ecosistemas.
La restauración genera costos, pero es útil y necesario si el ecosistema y el bienestar social lo requieren. La restauración en el manejo forestal es un proceso en el que intencionalmente se modifica un sitio para establecer un ecosistema definido, indígena e histórico, con el fin de emular la estructura, función, diversidad y dinámica el ecosistema específico (Society of Ecological Restoration 1991, en Primack 2002).
Para llevar a cabo una verdadera restauración hay que identificar los procesos que generan la degradación del ecosistema original. Hay que generar métodos capaces de detener o inhibir dichos procesos; determinar metas realistas para reestablecer las especies y las funciones del ecosistema que se pretende establecer; contar con parámetros concretos y observables de éxito y desarrollar técnicas prácticas para implantar las metas establecidas, además de documentar e informar a la sociedad.
En el caso del Pro-Árbol, no hay metas concretas para medir sus logros ni su éxito; no tiene un enfoque ecosistémico. Simplemente está basado en plantaciones, no en una verdadera restauración, lo que ocasiona ausencia de investigación encaminada a evaluar las necesidades de restauración en cada lugar.
Por ello es necesario tener un buen manejo forestal, que incluya la conservación, el aprovechamiento y la restauración, además de impulsar la forestería comunitaria, ya que no hay que olvidar que 80 por ciento de los terrenos forestales está en manos de ejidos y comunidades indígenas. Cuando el recurso depende de la gente, el manejo ha sido ejemplar, incluso conforme a estándares internacionales. Además, con este sistema se incorporan la investigación, la conservación, el aprovechamiento y la restauración sólo cuando son necesarios.
Ante esa grave situación consideramos, con Greenpeace, que es un grave error que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2009 se pretenda destinar una vez más 57 por ciento de los recursos del Pro-Árbol a los programas de reforestación y plantaciones.
El proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2009 entregado por el Poder Ejecutivo en septiembre pasado considera otorgar 5 mil 424 millones de pesos a la Conafor, de los cuales 4 mil 930 millones de pesos se destinarían a los distintos programas que constituyen el Pro-Árbol. Sin embargo, la mayor parte de los recursos (57 por ciento) se dirige a sólo a tres programas: mil 53 millones de pesos al Programa de Conservación y Restauración de Ecosistemas Forestales, 844 millones de pesos al Programa de Plantaciones Forestales Comerciales y 700 millones al Programa de Manejo Germoplasma, Producción de Planta y Proyectos Especiales de Reforestación.
La política actual del gobierno con el Pro-Árbol está perturbando los ecosistemas y alterando el uso del suelo. Por ello, antes de "recuperar" la cobertura forestal como se argumenta que se hace con la reforestación, es urgente detener la deforestación y el deterioro de los bosques.
Comunidades forestales, académicos, organizaciones forestales y organizaciones ambientalistas han coincidido en que la mejor opción para conservar los recursos forestales y combatir la pobreza es incrementar la superficie conforme al manejo forestal sustentable por comunidades y ejidos. Sin embargo, debido al poco apoyo que destina el Pro-Árbol a los programas que promueven estas actividades (sólo 17.5 por ciento en el PEF de 2009), sólo 6.7 millones de los 56 millones de hectáreas de bosques que hay en el país se encuentran con manejo forestal sustentable.
La reforestación debe dejar de ser la bandera y prioridad del Pro-Árbol, por lo que, recuperando la propuesta de Greenpeace, proponemos modificar el proyecto de Presupuestos de Egresos de la Federación de 2009 del sector forestal de la siguiente manera:
Por lo expuesto, y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Por el que se exhorta a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y de Desarrollo Rural a modificar el programa Pro-Árbol del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2009 y a dar prioridad al manejo forestal sustentable.
Ciudad de México, a 28 de octubre de 2008.
Diputada Elsa de Guadalupe Conde Rodríguez (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE
QUE EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN DE 2009 SE CONSIDEREN
MAYORES RECURSOS PARA LAS UNIVERSIDADES INTERCULTURALES BILINGÜES,
SUSCRITA POR DIPUTADOS DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
Los suscritos, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LX Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración del Pleno de esta honorable asamblea, con carácter de urgente y obvia resolución, proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Desde su surgimiento, en 2002, las universidades interculturales bilingües se han constituido como el único proyecto estratégico de educación superior, orientado a atender y explorar modalidades culturalmente pertinentes para jóvenes indígenas y de diferentes sectores sociales, interesados en impulsar el desarrollo de los pueblos indígenas y de las zonas rurales escasamente atendidas.
Las universidades interculturales son instituciones públicas integradas y reconocidas por la Subsecretaría de Educación Superior como organismos descentralizados de los gobiernos de los estados que, además, han impulsado políticas públicas de mayor avance en la oferta de oportunidades de desarrollo educativo, abriendo perspectivas de formación profesional con respeto de la identidad cultural de los pueblos de México y, con ello, influir en el desarrollo regional.
En la actualidad, nueve universidades interculturales, situadas en Chiapas, Tabasco, Puebla, Veracruz, Michoacán, Guerrero, Sinaloa, Quintana Roo y estado de México, atienden a cerca de 4 mil 500 estudiantes de más de 40 pueblos indígenas, en su gran mayoría originarios de sus comunidades. Tienen como característica que las mujeres superan en 10 por ciento su participación de acceso frente a los varones, cuyas oportunidades de desarrollo no podrían haber alcanzado de no existir estas instituciones en espacios cercanos a sus lugares de origen.
Las universidades interculturales bilingües enfrentan el reto de lograr que los estudiantes accedan a un espacio formativo de calidad y con pertinencia cultural, es decir, a un modelo educativo adecuado a las condiciones y a los requerimientos de la población indígena del país.
Las universidades interculturales bilingües llevan a cabo importantes acciones de docencia, investigación, difusión de la cultura, y proyectos de desarrollo encaminados a hacer llegar los beneficios de la formación en este nivel de estudios y de la investigación científica a las comunidades de su entorno, a través de la valoración de las identidades propias de los pueblos indígenas y las regiones en donde se hallan.
Un rasgo distintivo del avance de este proyecto en cuanto a la búsqueda de mayor equidad es haber logrado que la presencia y la participación de las universidades interculturales en diversas esferas de acción, que involucran prioritariamente las actividades económicas de comunidades rurales e indígenas, fortalezcan sus posibilidades de desarrollo a través de la preservación de más de 32 lenguas en sus diversas variantes regionales y los rasgos culturales de los pueblos de la región.
De las universidades interculturales egresan más de 2 mil 300 alumnos, lo cual refrenda como un acierto su creación. Pero para lograr sus funciones sustanciales requieren recursos económicos suficientes y adecuados para la contratación de docentes y contar con infraestructura y equipamiento, y así poder avanzar en la consolidación de su desarrollo, frenado por los exiguos presupuestos que se asignan.
En sus inicios, las universidades interculturales bilingües fueron dotadas de recursos modestos para sus acciones preoperativas (organización académico-administrativa, integración de planta docente inicial, elaboración de planes y programas de estudio, e inicio de actividades, entre otras).
No obstante, el presupuesto que el gobierno federal les ha asignado en años posteriores ha considerado exclusivamente el "irreductible", calculado sobre la cantidad inicial recibida, pese a que han hecho esfuerzos significativos para incrementar la matrícula, crear programas de calidad de docencia e investigación, y actividades de extensión universitaria.
Por tanto, la situación de su financiamiento es crítica, ya que la contraparte del financiamiento estatal sólo atiende al reducido monto asignado por la federación. Gracias a gestiones de la Subsecretaria de Educación Superior, en 2008 algunas de estas universidades recibieron apoyos adicionales a través de fondos extraordinarios, con la presentación de proyectos especiales que permitieron atender algunas de estas necesidades. Adicionalmente, los montos de fondos extraordinarios no se estabilizan en los ejercicios posteriores, lo que genera mayor incertidumbre para la atención de las nuevas generaciones de estudiantes.
Sin embargo, por ser las universidades interculturales instituciones nuevas o muy jóvenes se ven impedidas de acceder a la mayoría de los fondos financieros extraordinarios, que exigen trayectorias históricas de desarrollo. Por eso también es necesario que las reglas de operación para los programas y los fondos extraordinarios consideren criterios adecuados para dichas universidades.
Su misión debe ser fortalecida y nutrida con recursos suficientes para que puedan cumplir sus propósitos con un nivel de calidad inobjetable. Esto sólo será posible si se establecen los criterios de financiamiento adecuados a su quehacer, considerando su misión como un importante aporte al cumplimiento de una función social con la que las instituciones de educación superior mexicanas deben comprometerse; esta es, la formación de profesionales que impulsen la generación de conocimientos pertinentes a la diversidad cultural del país.
Punto de Acuerdo
Único. El Pleno de la Cámara de Diputados solicita a las Comisiones de Educación Pública y Servicios Educativos, de Asuntos Indígenas, y de Presupuesto y Cuenta Pública incrementen de manera sustancial los recursos de las universidades interculturales bilingües en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2009, toda vez que desde su creación, en 2002, las asignaciones presupuestales de dichas instituciones educativas y de la Coordinación de Educación Intercultural Bilingüe han sido disminuidas de manera inexplicable e inaceptable, poniendo en riesgo su desarrollo e incluso su supervivencia.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de octubre de 2008.
Diputados: Humberto Wilfrido Alonso Razo, Othón
Cuevas Córdova, Carlos Roberto Martínez Martínez,
Holly Matus Toledo, Víctor Aguirre Alcaide (rúbricas).
CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE
QUE EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN DE 2009 SE CONSIDEREN
RECURSOS PARA ATENDER EL SECTOR SOCIAL DE LA PESCA, A CARGO DEL DIPUTADO
GILBERTO OJEDA CAMACHO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
El suscrito, Gilberto Ojeda Camacho, integrante de la Comisión de Pesca, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a esta soberanía proposición con punto de acuerdo con el propósito de que se etiqueten en el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2009 recursos suficientes para atender al sector social de la pesca, al tenor de las siguientes
Consideraciones
En Sinaloa dependen de la actividad pesquera más de 300 mil habitantes distribuidos en 154 comunidades pesqueras, y que, una vez implantado el periodo de veda a una de las principales especies pesqueras como es el camarón, quedan inmersos en una situación de franca vulnerabilidad económica.
En toda la entidad, y particularmente en Mazatlán, un promedio de mil 300 pescadores, quienes maquilan aproximadamente mil 500 toneladas de producción pesquera anualmente, se ven seriamente afectados en su economía familiar cada temporada de veda, que abarca de mayo a septiembre.
Las familias de los pescadores que tienen como único sustento la producción pesquera se ven seriamente limitadas en su capacidad adquisitiva de los productos más elementales, por lo que requieren desesperadamente del apoyo de los distintos niveles de gobierno, lo cual les permita subsistir decorosamente durante los meses que comprende el periodo de veda.
Como una manera de paliar esta situación que viven las familias de pescadores, sabemos que los distintos niveles de gobierno han otorgado despensas, becas, empleo temporal y otros apoyos, aunque a veces no con la celeridad que se requiere, además de que son insuficientes y limitados estos apoyos.
Sin duda, es incongruente que Sinaloa ocupe los primeros lugares en producción pesquera a nivel nacional mientras que, por otro lado, los pescadores y sus familias se sumergen cíclicamente en una desesperante crisis que los sume cada vez más en una mayor marginación y pobreza, cuya única alternativa es la de emigrar de su lugar de origen ante la falta de opciones productivas.
Esta situación propicia también el recrudecimiento de problemas como el ocio, el alcoholismo, la drogadicción y las conductas antisociales, que contribuyen a la desintegración familiar y a la inseguridad; por lo cual, las madres de familia claman desesperadamente el apoyo gubernamental para hacer frente a esta situación, pues están agobiadas de ver cómo sus hijos lentamente se autodestruyen a causa de los vicios.
Además, el periodo normal de pesca ya no garantiza a los pescadores un mejoramiento en su ingreso y nivel de vida, pues las capturas han ido disminuyendo conforme se incrementa el esfuerzo pesquero.
Derivado de lo anterior, el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la Quincuagésima Novena Legislatura del Congreso de Sinaloa, por conducto de la diputada Irma Leticia Tirado Sandoval, solicita nuestro apoyo en favor de pescadores y trabajadores del sector social de la pesca de todo Sinaloa y particularmente de Mazatlán.
Por lo anteriormente expuesto, elevo a la consideración de esta asamblea la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Primero. Que esta soberanía exhorte a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión a etiquetar, en el dictamen de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2009, recursos suficientes para la creación de programas que apoyen al sector social de la pesca y a los trabajadores de las maquiladoras de camarón, previéndose también programas especiales y apoyos que atenúen la situación de precariedad socioeconómica que viven los trabajadores de este sector y sus familias, que, en el caso de Sinaloa, es sumamente crítica.
Segundo. Que esta soberanía exhorte respetuosamente a las dependencias competentes del gobierno federal a instrumentar las medidas necesarias para que durante el periodo de veda se provea de despensas, becas y otros apoyos a las familias que viven de la actividad pesquera, y que además implanten programas sociales y acciones encaminadas a combatir problemas como el desempleo, el alcoholismo, la drogadicción y la desintegración familiar.
México, DF, a 28 de octubre de 2008.
Diputado Gilberto Ojeda Camacho (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE
QUE EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN DE 2009 SE CONSIDEREN
MAYORES RECURSOS PARA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR, A CARGO
DE LA DIPUTADA ELSA DE GUADALUPE CONDE RODRÍGUEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DE ALTERNATIVA
La suscrita, del Grupo Parlamentario de Alternativa Socialdemócrata, de la LX Legislatura del honorable Congreso de ia Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes
Consideraciones
México requiere urgentemente aumentar la cobertura y calidad de la educación pública en el nivel superior, ya que durante los últimos años, el crecimiento ha sido muy modesto.
México muestra condiciones deficitarias si sólo se compara con lo que sucede en otras naciones que tienen condiciones semejantes o incluso inferiores.
En el mundo actual, en la así llamada sociedad del conocimiento, la inversión que se haga a favor de la educación superior, la ciencia y el desarrollo tecnológico, resultan fundamentales. La verdadera soberanía de un país ahora la dictan las fronteras y los principios pero también el saber y el saber hacer.
Bajo estos parámetros el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para 2009, prevé destinar a educación superior y posgrado 71 mil 696.2 millones de pesos, lo cual representa un decremento real del 4.2 por ciento respecto del gasto ejercido en lo que va del año, por lo que para atender las necesidades "mínimas" del sector se requeriría un incremento de por lo menos 12 mil 350 millones de pesos.
El presupuesto de la Secretaría de Educación Pública solamente tiene un incremento del 2 por ciento, muy inferior al otorgado a otras Secretarías de Estado. Se observa una atención insuficiente al presupuesto en educación ante las prioridades que se otorgan a otros ramos como los relacionados con la seguridad pública y el desarrollo social.
La seguridad y la estabilidad social del país requieren del fortalecimiento de la inversión en educación. Con el gasto adicional de 6 millones de pesos para infraestructura educativa que considera las modificaciones al PEF de 2009 enviada por el Ejecutivo a la Cámara de Diputados el pasado 8 de octubre, el presupuesto de la Secretaría de Educación Pública observará una variación real del 5 por ciento respecto al presupuesto aprobado para 2008.
De continuar con esta tendencia a la baja en los presupuestos universitarios, especialistas en educación, abogados laborales y sindicalistas han alertado, de que "no sólo quedará pendiente la meta de cobertura y calidad en las instituciones de educación superior, sino además se abrirá un proceso de creciente deterioro de la educación pública universitaria".
Rafael López Castañares, secretario general de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), reconoció que es "preocupante" la propuesta del gobierno de Calderón en el PEF de 2009.
Ante esta situación dicha asociación realizó un análisis del proyecto presupuestal en el que se destaca que tanto las universidades federales como estatales, así como los fondos para el fortalecimiento de la infraestructura, matrícula y docencia, entre otros, "van a la baja lo que representa una tendencia muy alarmante".
Se menciona que fondos destinados al fortalecimiento de las universidades públicas, "simplemente aparecen en ceros o con reducciones de hasta 90 por ciento". Es el caso de los Fondos para la Consolidación de las Universidad Públicas Estatales (Upes) y Universidades Públicas Apoyo Solidario (Upeas), que en 2007 y 2008 contaron con 1 mil millones de pesos y para 2009 sólo se les asignan 100 millones de pesos.
El Fondo para el Incremento de la Matricula en Educación Superior de las Upes y Upeas, también tiene una reducción de 90 por ciento de sus recursos, al sumar sólo 100 millones de pesos, mientras que en los dos años anteriores se otorgaron mil millones.
En el caso del Fondo de Apoyo para el Saneamiento Financiero de la Upes, que está por debajo de la media nacional en el subsidio por alumno, "no se le asigna ningún recurso, pese a que este año contó con mil millones de pesos", destacó el especialista.
El Fondo para el Reconocimiento de Plantillas de las Upes, que este año tiene 600 millones de pesos, pero para 2009 sólo se le otorgan 100 millones, a lo que se suma que el Fondo de Apoyo para las Reformas Estructurales de las Upes (pensiones) pasó de mil 200 millones a cero pesos.
El modelo de asignación adicional al subsidio federal ordinario también pasó de 1 mil 150 millones de pesos a cero pesos, mientras que al Fondo para la Calidad de los Institutos Tecnológicos, que contó con 100 millones en 2008, no se le asignó ningún recurso.
En el rubro del Programa de Fortalecimiento de las Escuelas Normales, para 2009 también se queda sin recursos, pese a que este año contó con 300 millones de pesos. Lo mismo ocurre con el Programa de Carrera Docente, que pasó de 250 millones a cero pesos.
Adicionalmente, en el proyecto no se consideran recursos para la ampliación de la oferta educativa en educación superior ya que para el 2008 la Cámara de Diputados aprobó constituir un fondo por 900 millones de pesos destinados a la ampliación de matrícula en Instituciones de Educación Superior existentes y la ampliación de la oferta educativa por medio de la creación de nuevas instituciones. Por ello para el 2008 se crearon 32 nuevas instituciones públicas de educación superior en diversos estados de la república. Por lo que resulta contradictorio que el Ejecutivo no considere los recursos necesarios para cumplir la meta de cobertura de 30 por ciento planteada en el Programa Sectorial Educativo 2007-2012.
En el caso de la Universidad Nacional Autónoma de México, su matrícula no ha dejado de crecer durante los últimos años, su oferta creció en más del 22 por ciento en ocho años, ya que de una población de 245 mil alumnos en el año 2000, pasó a cerca de 300 mil en el 2008. La UNAM opera diferentes programas de Becas que benefician a más de 83 mil alumnos porcentaje que requiere ser incrementado para evitar la deserción de los alumnos por causas económicas. La universidad está a punto de cumplir 100 años y se han programado foros, conferencias, congresos y seminarios para la conmemoración del centenario de nuestra máxima casa de estudios. Además sus instalaciones, en específico las del Colegio de Ciencias y Humanidades y de las Facultades de Estudios Superiores, que atiende a más de 126 mil alumnos, necesitan importantes trabajos de mantenimiento para evitar el deterioro. La realización da estos proyectos comprende acciones adicionales a la operación regular de la UNAM, por lo que se requiere de un apoyo adicional de 950 millones de pesos.
En este tenor académicos, líderes sindicales y representantes de organizaciones de educación superior aseguraron que la propuesta de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2009 "no considera el fortalecimiento de la educación pública; por el contrario, mantiene una tendencia privatizadora impulsada por organismos internacionales como el Banco Mundial y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE)".
Hugo Casanova Cardiel, catedrático del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación de la Universidad Nacional Autónoma de México, afirmó que la elaboración del proyecto presupuestal "no es un asunto técnico, sino de política, porque al priorizar la inversión un gobierno establece sus prioridades dentro de la política pública y envía un mensaje muy claro de que a la actual administración no le interesa la educación".
Rafael Garza, secretario de Pensiones y Jubilaciones del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Autónoma de Nuevo León, quien afirmó que con una política pública que favorece los "recortes presupuestales a la educación, ya no hay espacio en las instituciones públicas de educación superior para que cualquier persona estudie y con ello se está dejando a más jóvenes a la deriva".
El señor Enrique Lara, del Sindicato de Académicos de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, quien afirmó que las reducciones presupuestales "golpean en particular a las instituciones con menos recursos y mayores rezagos, lo que genera que en entidades como Oaxaca se éste fortaleciendo la privatización de la educación".
El rector de la Universidad Autónoma Metropolitana, José Lema Labadie, aseguró que la propuesta de presupuesto para 2009, enviada por Felipe Calderón a la Cámara de Diputados, coloca "en situación complicada" a todo el proyecto nacional de educación superior, ya que en términos reales plantea un retroceso presupuestal para ese nivel educativo.
"Existe un aumento mínimo que nos pone atrás no un año, sino al menos año y medio en comparación con universidades de otros países. El resto del mundo no se va a parar por nosotros. La brecha en el desarrollo en ciencia y tecnología se profundiza en el país debido a un presupuesto como éste y nos pone a la zaga. Ésa es la preocupación: no sólo no avanzamos, sino que retrocedemos en un mundo que es globalizado, en el que las universidades mexicanas son evaluadas por los mismos estándares y criterios que las de otras naciones que sí reciben apoyo para desarrollarse de forma adecuada".
Ante estas consideraciones podemos afirmar que desde que se distribuyen los recursos en los distintos rubros, hay una "intencionalidad, y desde la propuesta del PEF de 2009 podemos advertir que la educación y la ciencia no son una prioridad, como ha sucedido en los pasados 15 años, lo que indica una clara tendencia a continuar y profundizar un modelo donde el Estado abandona cada vez más su responsabilidad de financiar tareas sustantivas, como la educación, e impulsa un proceso privatizador".
Al respecto, el informe Panorama de la Educación 2008, de la OCDE, afirma que la tendencia mundial es favorecer una mayor participación del financiamiento privado en la educación universitaria, y advierte que, a pesar de que 86 por ciento del gasto en educación aún procede de fuentes públicas, de 1995 a 2005 el gasto privado aumentó más rápidamente que la inversión estatal en todos los niveles educativos, en particular el universitario, en casi todos los países miembros de este organismo.
Destaca que en algunas naciones la proporción del financiamiento privado en las instituciones universitarias es lo "suficientemente elevada como para poner en tela de juicio el criterio de que la educación universitaria es primordialmente una responsabilidad del Estado".
En el caso de México, de 2000 a 2005, señala el informe, el gasto privado se incrementó en todos los niveles educativos en más de 5 puntos porcentuales, es decir, las fuentes de financiamiento privado están por encima de la media del gasto en educación, en comparación con otras naciones de la OCDE.
Conclusión
Conforme a lo anterior podemos destacar que los montos que se proponen harían retroceder la inversión federal en educación superior y posgrado como proporción del PIB:
• Del 0.59 por ciento en 2008 al 0.57 por ciento 2009 (con valores del PIe ajustados a la baja en octubre mas recursos para inversión en Institutos Tecnológicos).
• Preocupa que varios fondos relacionados con la ampliación de la matrícula, con la consolidación institucional y con el desarrollo de proyectos estratégicos e innovadores, se vean severamente afectados para 2009. Ya que esto dificultará el cumplimiento de las metas establecidas en los programas de desarrollo de las Institutos de Estudios Superiores y en el Programa Sectorial de Educación 2007-2012.
• El proyecto de presupuesto para educación superior requiere de ser ampliado, a fin de continuar con las acciones de mejoramiento de la calidad y crecimiento de la cobertura con equidad emprendidas por las universidades e instituciones tecnológicas públicas.
• El presupuesto deberá obedecer a las estrategias del propio Programa Sectorial de Educación 2007-2012, que señala como líneas de acción:
"Incrementar el financiamiento federal a las instituciones de educación superior públicas..., con miras a aumentar la cobertura con equidad y mejorar la calidad de la educación superior", así como
"Avanzar hacia la formulación e instrumentación de una política de Estado para el financiamiento de la educación superior que dé certeza al quehacer de esas instituciones públicas y reconozca su diversidad y heterogeneidad".
Solicitud de Ampliación de Recursos
Conforme a lo anterior las solicitudes de ampliación son
1. Instituciones de educación superior federales son:
2. Universidades públicas estatales de apoyo solidario (Upeas) y universidades públicas estatales (Upes):
Se solicitan 2 mil 691 millones de pesos de manera tal que en el irreductible de las Upes y Upeas se regularicen los recursos asignados por resarcimiento del subsidio ordinario para Upes y Upeas de 2008, en los términos aprobados por la Cámara de Diputados, y se cuenten con los recursos necesarios para cubrir todas las necesidades presupuestales.
3. Fondo para la Modernización de la Educación Superior (Fomes) y Fondo de Concurso bajo el ex Programa Integral del Fortalecimiento Institucional ( Fiupea):
A fin de fortalecer los programas de mejoramiento y aseguramiento de la calidad en las universidades, se solicita una ampliación de 309 millones de pesos.
4. Ampliación de la oferta educativa de nivel superior:
Con el propósito de continuar con los programas de ampliación de la cobertura en educación superior, tanto en las instituciones existentes como en las de nueva creación, se solicitan 1 mil 200 millones de pesos.
5. Fondo para la consolidación de las universidades públicas estatales y con apoyo solidario (Irreductible):
Los recursos otorgados en 2007 y 2008 por medio de este fondo (1 mil millones en cada año) constituyeron un apoyo complementario para el desarrollo institucional de las universidades. Ante la fuerte disminución de recursos propuesta para 2009, y en atención a los requerimientos de los programas integrales de fortalecimiento institucional, se solicita incrementar el fondo con 1 mil 500 millones de pesos adicionales.
6. Fondo para Incremento de Matrícula en Educación Superior de las Universidades Públicas Estatales y con Apoyo Solidario (Irreductible):
Con los recursos otorgados por el fondo en 2007 y 2008 las universidades públicas estatales han desarrollado proyectos de ampliación y diversificación de su oferta educativa. A fin de avanzar de manera más acelerada en la cobertura, y habida cuenta de que el proyecto presupuestar disminuye severamente los recursos de este Fondo, se solicita una ampliación por 1 mil 500 millones de pesos.
7. Modelo de asignación adicional al subsidio federal ordinario, universidades públicas estatales (distribución por la fórmula del Consejo de Universidades Públicas e Instituciones Afines con participación de la SEP y ANUIES):
A fin de que ninguna universidad que haya mejorado sus indicadores de calidad disminuya los recursos asignados por este fondo, se solicitan 250 millones de pesos adicionales a los considerados en el proyecto.
8. Fondo de Apoyo para Reformas Estructurales de las Universidades Públicas Estatales (fondo de concurso para apoyar las reformas de las Upes para abatir pasivos contingentes derivados de pensiones y jubilaciones):
El proyecto para 2009 considera 1 mil 200 millones, cantidad otorgada en 2008. Ante el impacto favorable que las reformas de los regímenes de pensiones y jubilaciones de las universidades han tenido en la disminución de sus pasivos financieros, y ante la previsión de que otras instituciones se sumen a este proceso, se hace necesario canalizar mayores recursos para fortalecer los fondos de pensiones y dar viabilidad a los sistemas reformados. Para ello se solicitan 200 millones de pesos adicionales.
9. Fondo para el Reconocimiento de Plantilla de las Universidades Públicas Estatales e Impulso a la Carrera Administrativa (fondo de concurso):
Con los recursos otorgados en 2007 y 2008 se ha logrado regularizar una proporción importante de la plantilla no reconocida por la SEP y la SHCP. Sin embargo, aún se requieren de recursos para continuar con este proceso. Adicionalmente se propone constituir, con recursos de este fondo, un programa de carrera administrativa, a fin de reconocer el desempeño de los trabajadores administrativos de las universidades. Para ello se solicita una ampliación de 650 millones de pesos.
10. Programa de Carrera Docente (UPES:)
Considerando que el perfil de los profesores de tiempo completo de las universidades públicas estatales ha mejorado de manera notoria en los últimos años, y a fin de ampliar la base de profesores que puede acceder a este estímulo, se requiere continuar con la ampliación de los recursos del programa iniciada en 2008, para lo cual se solicitan 250 millones de pesos adicionales.
11. Universidades Tecnológicas:
Si bien en el PPEF 2009 los recursos asignados a la Coordinación General de Universidades Tecnológicas presentan un aumento real del 7 por ciento, los recursos adicionales resultan del todo insuficientes para atender las necesidades de expansión y consolidación de estas universidades. A fin de fortalecer al subsistema se solicita una ampliación de 150 millones de pesos.
12. Institutos Tecnológicos:
El proyecto de presupuesto a cargo de la Dirección General de Educación Superior Tecnológica observa una disminución real del 4 por ciento respecto al presupuesto aprobado en 2008. En el proyecto no se consideran recursos para el apoyo a la calidad, que este año tuvo $100 millones. Por lo que se presentan las siguientes solicitudes: Fondo de Apoyo para la Calidad de los Institutos Tecnológicos (Fondo de concurso por proyectos para impulso de la calidad que pueden incluir equipamiento): 600 millones de pesos.
Ampliación de la oferta educativa de los Institutos Tecnológicos (equipamiento e infraestructura y gasto corriente): 182 millones de pesos.
13. Programa de Apoyo a la Formación Profesional, Proyecto de Fundación Educación Superior-Empresa y Sistema Nacional de Educación a Distancia (ANUIES):
En el PEF para 2008 se aprobaron 100 millones de pesos para el Programa de Apoyo a la Formación Profesional y el Proyecto de Fundación Educación Superior-Empresa (ANUIES), y 70 millones de pesos para el Sistema Nacional de Educación a Distancia.
El proyecto presupuestal para 2009 no considera recursos para estos programas, por lo, que se solicita la siguiente ampliación presupuestal, a fin de fortalecer las acciones iniciadas:
Programa de Apoyo a la Formación Profesional y Proyecto de Fundación Educación Superior-Empresa (ANUIES): 120 millones de pesos.
Sistema Nacional de Educación a Distancia (ANUIES): 90 millones de pesos.
14. Apoyo a la Infraestructura de los Centros Públicos de Investigación (posgrado):
Los Centros Públicos de Investigación Conacyt, además de realizar investigaciones científicas, contribuyen de manera muy importante en la formación de recursos humanos de alto nivel.
Por ello, es necesario el acceso a fondos extraordinarios para el fortalecimiento de la infraestructura con que operan los programas de posgrado, para lo cual se solicitan 150 millones de pesos.
Conforme a lo anterior, atentamente solicitamos la ampliación de 12 mil 250 millones de pesos para la educación media y superior en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el 2009.
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a otorgar una ampliación de 12 mil 250 millones de pesos para educación media superior y superior conforme a los rubros específicos en este punto de acuerdo.
Palacio Legislativo de San Lázaro, Ciudad de México, a 28 de octubre de 2008.
Diputada Elsa Guadalupe Conde Rodríguez
(rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE
QUE EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN DE 2009 SE CONSIDEREN
RECURSOS PARA DESARROLLAR TRES PROYECTOS EDUCATIVOS, A CARGO DEL DIPUTADO
ODILÓN ROMERO GUTIÉRREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
El que suscribe, diputado Odilón Romero Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del Pleno de esta soberanía el presente punto de acuerdo, con fundamento en la siguiente
Exposición de Motivos
La marginación se expresa, por un lado, en la dificultad para propagar el progreso técnico en el conjunto de la estructura productiva y en las regiones del país, y por el otro, en la exclusión de grupos sociales del proceso de desarrollo y del disfrute de sus beneficios.
Este fenómeno estructural se puede corregir brindando mejores oportunidades de salud, empleo, vivienda, educación, y retribuciones salariales que les permitan a los individuos aspirar a mejores condiciones de vida.
Sin embargo debemos tener presente la asimetría que existe en las diferentes entidades federativas de nuestro país donde existe una brecha de desigualdad que separa dentro del mismo país a los estados de la república.
Ante este problema no podemos de tratar de manera igualitaria sus necesidades, sino de manera equitativa, ya que algunos estados enfrentan mayores necesidades de gasto educativo de salud de vivienda derivado sus condiciones de pobreza y altos índices de marginación.
Los índices de marginación son calculados en base a los resultados del II Censo General de Población y vivienda 2005 y la Encuesta nacional de Ocupación, donde se muestran los indicadores de marginación de cada una de las entidades, por ejemplo:
• Viviendas sin drenaje ni servicio sanitario.
• Viviendas sin energía eléctrica.
• Viviendas sin agua entubada.
• Viviendas sin algún nivel de hacinamiento.
• Viviendas con piso de tierra.
• Localidades con menos de 5 mil habitantes.
• Población con Ingresos inferiores a los dos salarios mínimos.
Los estados con menor marginación son Coahuila con -1.1370; Baja California, con -1.2531; Nuevo León, con -1.3261, y el Distrito Federal, con -1.5048.
Guerrero contiene los municipios con índice de desarrollo humano más bajo en el país los cuales se localizan en las regiones de la Montaña y la Costa Chica y la Costa Grande, que por la dispersión geográfica y difícil accesos presentan rezagos históricos.
Los municipios que presentan un alto nivel de marginación son Xochistlahuaca, Atlixtac, Alcozauca, Acatepec,Copanatoyac, Tlacoachistlahuaca, Xalpatlahuac,Metlátonoc, Chochoapa el Grande.
En materia educativa Guerrero enfrenta problemas como lo son la dispersión geográfica, desercion escolar y rezago.
Guerrero, con más de 20 años de rezago educativo, la infraestructura requiere rehabilitación, mantenimiento y sustitución por término de vida útil.
Actualmente existen el 33 por ciento de la infraestructura educativa en condiciones regulares y el 67 por ciento en malas condiciones.
Las necesidades de infraestructura educativa, ascienden a más de 2 mil millones de pesos, por lo que con recursos adicionales se reducirá el rezago de construcción y rehabilitación de espacios.
Por ello se solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública la asignación de recursos que se trasferirán del Fondo para el Mejoramiento de Tecnologías Educativas, ya que es prioritario atender las necesidades más urgentes en zonas con mayor índice de rezago.
Punto de Acuerdo
Único. Se solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública que se destinen 230 millones de pesos para desarrollar tres proyectos en materia educativa, los cuales se transferirán, del Fondo para el Mejoramiento de Tecnologías Educativas.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de octubre de 2008.
Diputado Odilón Romero Gutiérrez (rúbrica)
Contrucción y rehabilitación de espacios educativos
Descripción:
Financiar el desarrollo en infraestructura educativa, con la finalidad de mejorar la calidad de la educación.
Objetivo:
Abatir el rezago en materia de infraestructura educativa en 12 municipios con índice de desarrollo humano más bajo y 14 municipios de la Costa Sierra. Con la finalidad de remodelar y construir espacios educativos que contribuyan al desarrollo de alumnos docentes y directivos en el trabajo pedagógico.
Se solicita el apoyo para la gestión de recursos del Presupuesto de Egresos de la Federación 2009 por un monto de 140 millones de pesos.
Esquema de financiamiento
Federal
140,000,000 140,000,000.
Total
140,000,000 140,000,000
Descripción
Financiar e integrar un frente común para disminuir el analfabetismo y abatir el rezago educativo en primaria y secundaria de 14 municipios de la zona Sierra del estado de Guerrero con la puesta en marcha del proyecto de unidades móviles Ignacio Altamirano.
Justificación
Este proyecto estará en operación con unidades móviles podrán llegar a los centros más dispersos y lejanos del estado de Guerrero a través de este medio a la población más pobre y marginada.
Se solicita el apoyo para la gestión de recursos del Presupuesto de Egresos de la Federación por un monto de 50 millones de pesos.
Esquema de financiamiento
Federal
50,000,000 50,000,000
Total
50,000,000 50,000,000
Descripción
Resarcir el déficit en mobiliario escolar toda vez que hace más de 21 años no se realiza inversión considerable ni programada para la adquisición de los muebles.
Justificación
Este proyecto brindara a los alumnos condiciones adecuadas para el desarrollo por una revolución educativa que demanda una infraestructura digna, acorde a las necesidades pedagógicas y una estricta racionalización de los recursos presupuestales.
Equipar con mobiliario escolar a los municipios con mayor índice de rezago en la zona Sierra de Guerrero.
Planteamiento
Se solicita el apoyo para la gestión de recursos del Presupuesto de Egresos de la Federación por un monto de 40 millones de pesos.
Esquema de financiamiento
Federal
40,000,000 40,000,000
Total
40,000,000 40,000,000
El que suscribe, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de conformidad con lo previsto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable asamblea la proposición con punto de acuerdo con base en la siguiente
Exposición de Motivos
Esta Cámara ha apoyado al gobierno de la república para generar un programa carretero que resuelva finalmente el atraso en la infraestructura de las regiones del país, y que, para los 4 años que restan a esta administración, deberá haber modernizado y construido cerca de 17 mil 500 kilómetros de vías de comunicación, con un alcance presupuestal de casi 300 mil millones de pesos, que constituye una inversión histórica, de la cual puede sentirse orgulloso el Poder Legislativo.
En dicho programa, el sureste mexicano es una de las regiones más favorecidas por la inocultable desigualdad con el resto del país, en materia de infraestructura. Reconocemos que, asimismo, Veracruz es uno de los estados que han recibido mayor atención de estos programas, por el efecto social y económico que favorece el crecimiento de regiones, hasta hace varios años prácticamente inaccesibles, y que no se puede admitir que estén condenadas a la pobreza perpetua.
Dentro del programa nacional de infraestructura, con la finalidad de concluir el eje del altiplano, el 20 de diciembre de 2007 se llevó a cabo la licitación para la concesión y construcción de la autopista Perote–Banderilla–libramiento de Xalapa, resultando ganador el consorcio Isolux Corsán Concesiones, SA; Isolux de México, SA de CV; Mota-Engil Concessoes de Transportes SGPS, SA; y Esconcesoes SGPS, SA, con una propuesta de contraprestación de 3 mil 300 millones de pesos adicionales a la aportación de 2 mil 800 millones de pesos para la misma construcción de la autopista de dos carriles. Dicha contraprestación ya fue depositada en la Tesorería de la Federación.
Debido a que esta contraprestación fue mayor al costo de dicha obra, y a que esta aportación a la federación se sustenta en los pagos futuros del peaje que los veracruzanos y los usuarios realizarán al transitar por este estado, es sumamente importante que los recursos de esta contraprestación se utilicen en esta misma obra para que se construya a cuatro carriles desde su inicio.
Lo anterior obedece a que los estudios correspondientes señalan que el tránsito previsto en la autopista saturará en un corto plazo los dos carriles considerados actualmente en su proyecto, por lo que en un breve lapso se presentaría la necesidad de ampliarla a cuatro carriles, siendo más económico, oportuno y transparente construir la autopista con cuatro carriles desde su inicio.
Los diputados veracruzanos locales y federales apoyamos el Programa Nacional de Infraestructura y su estrategia ante la crisis económica mundial, que sustenta que será, a través de la realización de grandes obras de infraestructura, la manera de retomar el crecimiento económico del país. Tales obras deben ser pertinentes y oportunas, pero también previsoras, a efecto de que anticipen el nivel de la demanda en el mediano y largo plazos, sin que constituyan cuellos de botella para las finanzas públicas.
Por ello, el tramo carretero que justifica este punto de acuerdo debe iniciar desde los cuatro carriles señalados, y esta forma de anticiparse a los acontecimientos del crecimiento y del desarrollo debiera ser la nota predominante en todas las obras nacionales que el Estado planea y construye para el futuro de México.
Por lo anteriormente expuesto, presento a la asamblea la proposición conforme al siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta al Poder Ejecutivo, por conducto de la Secretaría de Comunicación y Transportes, a construir la autopista Perote–Banderilla– libramiento de Xalapa con cuatro carriles y no con los dos originalmente proyectada, en virtud de que la estimación de la demanda podría superarla en un corto plazo. La respuesta a la propuesta permitiría refrendar el sentido de oportunidad, previsión, eficiencia y eficacia que deben normar las grandes obras de infraestructura del Estado mexicano.
Palacio Legislativo, a 28 de octubre de 2008.
Diputados: Nemesio Domínguez Domínguez,
María del Carmen Pinete Vargas, Gerardo Lagunes Gallina, Luis Ricardo
Aldana Prieto, Pedro Montalvo Gómez, Roberto Badillo Martínez,
Elizabeth Morales García, Daniel Pérez Valdés, Adolfo
Mota Hernández (rúbrica).
CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE
QUE EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN DE 2009 SE CONSIDEREN
RECURSOS PARA CONSTRUIR E INSTALAR PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
EN COATZACOALCOS, VERACRUZ, A CARGO DE LA DIPUTADA GLORIA RASGADO CORSI,
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
Quien suscribe, Gloria Rasgado Corsi, diputada federal de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite someter a la alta consideración de esta soberanía la proposición con punto de acuerdo, en calidad de urgente resolución, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Ostentar la categoría de municipio limpio es más que un objetivo político; un compromiso con la sociedad para garantizarle niveles de bienestar, un ambiente sano, procurar la salud de los ciudadanos y preservar el entorno ecológico.
En ese tenor, es imperativo realizar un ejercicio de reflexión sobre las condiciones en que operan los sistemas de agua y saneamiento en las regiones que con mayor crudeza han sufrido los embates de los eventos meteorológicos en las últimas semanas y que, de por sí, habían venido presentando serias deficiencias en el tratamiento de sus aguas residuales, las llamadas descargas sanitarias.
Uno de esos municipios es Coatzacoalcos, situado en la parte sur del estado de Veracruz, y que desde la década de los ochenta ha tenido un crecimiento poblacional desorbitado; ha sufrido un atropellado avance urbano; carece de múltiples servicios públicos; padece altibajos en su planta laboral, que provoca prolongados períodos de desempleo, y por la desatención en el renglón sanitario sus playas, ríos, lagunas y pantanos reciben millones de litros de agua de drenaje, lo que incide en elevados niveles de contaminación bacteriológica, sin descartar la de tipo industrial que generan los complejos petroquímicos asentados en su territorio.
Actualmente, Coatzacoalcos cuenta con una planta de tratamiento de aguas residuales, operada por la Comisión Municipal de Agua y Saneamiento. Sin embargo, por negligencia oficial, por no aplicar programas de mantenimiento preventivo y correctivo, por abandonar a su suerte los equipos, por no adquirir los reactivos químicos necesarios para el tratamiento de las descargas sanitarias, dicha planta presenta un grave deterioro. Por un tiempo operó al 30 por ciento de su capacidad y en algunos lapsos simplemente no operó.
Consecuencia de todo ello, fue haber derramado millones de litros de aguas residuales diariamente a los cuerpos de agua. La contaminación por bacterias coliformes alcanza 1.5 kilómetros mar adentro; el río Coatzacoalcos, lagunas y pantanos también presentan serios niveles de contaminación. La laguna del Ostión, su principal laguna, poco a poco muere y la producción de ostión y otras especies representan un riesgo para el consumo de productos de consumo humano.
Coatzacoalcos no es un municipio más en la geografía veracruzana. Habitan 425 mil ciudadanos que exigen un nivel de vida decoroso. Su salud se encuentra en peligro por la falta de tratamiento de sus descargas sanitarias.
Históricamente, Coatzacoalcos tiene un lugar preponderante en la vida de México y es el tercer municipio en importancia en Veracruz, con el segundo mayor presupuesto de la entidad.
Coatzacoalcos es un puerto en el estado de Veracruz. El municipio de Coatzacoalcos, situado al norte del istmo de Tehuantepec, limita con los municipios de Chinameca, Moloacán, Oteapan, Minatitlán, Cosoleacaque, Las Choapas, Agua Dulce, Nanchital, e Ixhuatlán del sureste, y alberga a los ejidos de 5 de Mayo, Francisco Villa, La Esperanza, Lázaro Cárdenas, Manuel Almanza, Paso a Desnivel y fraccionamiento Gavilán de Allende (Rabón Grande); la Villa de Allende; las congregaciones de Colorado, Guillermo Prieto, Las Barrillas y Mundo Nuevo; a la cabecera municipal, ciudad de Coatzacoalcos.
Coatzacoalcos proviene del náhuatl coatl, culebra; tzacualli, "donde se guarda o se esconde algo"; y co sufijo de lugar: "En el escondite de la culebra". El término Coatzacoalcos está ligado a la leyenda de Quetzalcóatl, según la cual un grupo de toltecas y su caudillo emigraron de la decadente ciudad de Tula, capital de su imperio, hacia Centro o Sudamérica, pasando por Coatzacoalcos a fines del siglo XII. En popolucasu nombre es Niwasnas, "tierra de niguas", o Puertu, del antiguo nombre de la ciudad, Puerto México.
Dentro del área geográfica y cultural olmeca, se consideró a Coatzacoalcos como capital de la provincia. Al final del gobierno de Axayácatl, la población local rechazó a las huestes del imperio mexica en Cuilonimiquiztlan (Cuilonia, municipio de Soteapan). Durante la conquista española (principios de 1520), Diego de Ordaz exploró y sondeó el río Coatzacoalcos en busca de oro. Por instrucciones de Cortés, Gonzalo de Sandoval y varios capitanes conquistaron la ciudad de Coatzacoalcos y fundaron la Villa del Espíritu Santo, en junio de 1522, río arriba, y sobre la margen derecha, cerca de Barragantitlan o Paso Nuevo, actualmente jurisdicción del municipio de Ixhuatlán del sureste.
La fundación de Coatzacoalcos se pierde en las brumas de la historia y su asentamiento se sitúa en territorio metropolitano de los Olmecas. Después de la toma de Tenochtitlán, Hernán Cortés ordena poblar esta región, fundando en 1522 la Villa del Espíritu Santo, en la margen derecha del río Coatzacoalcos.
La importancia del río Coatzacoalcos se debió a que, en 1520, Hernán Cortés lo señala en su correspondencia oficial al emperador Carlos V, como el mejor puerto que existe en la costa del golfo de México para realizar ahí actividades comerciales y marítimas.
Fue por ese motivo que Cortés envió al capitán Gonzalo de Sandoval a fundar en las riberas del río Guacacualco —nombre con que pronunciaban los españoles el náhuatl Coatzacoalco. La población fue fundada el domingo 8 de junio de 1522 con el nombre de Villa del Espíritu Santo, ya que ese día se celebraba la festividad católica de Pentecostés o de la Pascua del Espíritu Santo.
Durante la época de la colonia se estableció el obispado de Coatzacoalcos, un astillero real y un fuerte para su defensa. En esta misma época, Coatzacoalcos es nombrada provincia con capital en Acayucan, y su área de influencia incluye a los territorios de San Pedro Xoteapan, Mecayapan, Soconusco, Oluta, Texistepec, Sayula, Benatitlán, Chinameca, Mazapa, Oteapan, Jáltipan de Morelos, Cosoleacaque, Moloacán, Ixhuatlán, Himanguillo, barra de Coatzacoalcos y la Villa del Espíritu Santo.
A finales de 1771 se inicia la exploración del istmo y se proyecta un canal que una los dos océanos.
Por decreto número 118, del 22 de diciembre de 1881, se creó el municipio de Coatzacoalcos, con la localidad de este nombre como cabecera, y la congregación de Tonalá, segregada del municipio de Minatitlán.
Por decreto número 10, del 3 julio de 1900, el pueblo de Coatzacoalcos fue elevado a la categoría de villa con el nombre de Puerto México. En 1906 funcionó el club liberal Valentín Gómez Farías, de filiación magonista.
Por decreto número 14, del 1 de junio de 1911, Puerto México obtuvo el título de ciudad; y por decreto número 34, del 8 de diciembre de 1936, se le restituyó su primitivo nombre de Coatzacoalcos.
En la actualidad es una de las poblaciones más importantes del estado. Su desarrollo se debe en gran parte a la industria petrolera y a la actividad mercante de su puerto de altura y cabotaje. Se le considera, además, como la puerta del sureste. Registra gran afluencia turística. A pocos kilómetros del centro del poblado se localiza Pajaritos, uno de los más grandes complejos petroquímicos del país y de América Latina. Esta industria ha propiciado un significativo auge en la localidad y el crecimiento de la población. La ciudad dispone de todos los servicios urbanos. Anualmente se celebran una feria regional, durante la Semana Santa, y el torneo de pesca del Sábalo, en julio.
Hoy, Coatzacoalcos se distingue por ser un centro regional de trascendencia industrial, comercial y de servicio, que muestra una extensa y variada región de gran importancia económica y constituye el paso obligado hacia el sureste del país; de ahí que se le conozca también como llave del sureste.
Su vocación económica preponderante industrial y de servicio ha propiciado un crecimiento poblacional de más de 425 mil habitantes, favorecido, entre otros factores, por situarse en la región cerca los complejos petroquímicos Pajaritos, Cangrejera y Morelos que, con el complejo de Cosoleacaque, produjeron en el último año 13 millones100 toneladas de productos químicos.
Es imperativo, pues, que se consideren los recursos del programa componente plantas de tratamiento, a fin de preservar los cuerpos de agua libres de contaminación y garantizar un municipio sano para los habitantes de Coatzacoalcos.
Por todo lo anteriormente expuesto, y con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito solicitar al Pleno de esta Cámara de Diputados se someta a la consideración la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Se solicita que sean considerados, dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2009, recursos por 120 millones de pesos para el municipio de Coatzacoalcos, Veracruz, a fin de que se destinen a la construcción e instalación las plantas de tratamiento de aguas residuales.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de octubre de 2008.
Diputada Gloria Rasgado Corsi (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE
QUE EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN DE 2009 SE CONSIDEREN
RECURSOS PARA CONSTRUIR UN PLANTEL DEL COLEGIO DE BACHILLERES DE LA SIERRA
DE SANTA CATARINA, EN IZTAPALAPA, DISTRITO FEDERAL, A CARGO DE LA DIPUTADA
SILVIA OLIVA FRAGOSO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
La que suscribe, diputada Silvia Oliva Fragoso, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LX Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicita que la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública destine, con base en sus atribuciones, recursos económicos en coordinación con las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y Educación Pública para la construcción de un Colegio de Bachilleres de la Sierra de Santa Catarina, en el predio ubicado en Equipamiento número 31, calle de Orquídea, Veracruz y Nogal, colonia San Miguel Teotongo en la delegación Iztapalapa, conforme a las siguientes
Consideraciones
Los recursos económicos que recibe el sector educativo no son suficientes frente a los requerimientos cada día más apremiantes para optimizar la enseñanza, entre ellos la remodelación de escuelas, construcción de nuevos planteles educativos, tanto a nivel básico como medio superior y superior, y para la implantación de programas de apoyo a la formación educativa de los alumnos, tales como desayunos escolares y libros gratuitos.
Por ello, el aumento del gasto público en educación siempre es prioritario para mejorar las condiciones de vida de la sociedad, al proporcionar y fomentar el conocimiento que permita el crecimiento integral de la juventud e incentive el desarrollo de las capacidades intelectuales de la población escolar.
Contar con nuevos centros de enseñanza, en cualquier parte del país, es sin lugar a dudas un avance fundamental para la sociedad y demuestra la madurez de quienes consideran a la educación como un pilar central en el progreso de la comunidad.
Desafortunadamente en México los indicadores educativos no son muy alentadores, según datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE)*, la población con secundaria de los países pertenecientes a ese organismo del segmento de 25 a 64 años, tiene una cobertura del 67 por ciento con respecto al total de esa población; mientras que en México solamente se cubre el 21 por ciento, siendo inferior en 46 puntos porcentuales a la media de esos países.
Por otro lado, el promedio de escolaridad del total de la población en países integrantes de la OCDE es de 12 años, México ocupa, en ese rubro, el penúltimo lugar con una media de escolaridad de 9 años, inferior en tres años al promedio de los integrantes de ese organismo.
En cuanto a gasto promedio por estudiante en países de la OCDE, fue de 7 mil dólares, mientras que en México fue únicamente de 2 mil 128 dólares para el año 2007, monto significativamente menor al promedio de los asociados.
Según José Narro Robles, rector de la UNAM, de los 35 millones de jóvenes en México el 22 por ciento carece de educación y trabajo; siendo que la población comprendida entre los 12 y 29 años de edad representa una tercera parte del total.
Frente a los numerosos desafíos, dado el actual contexto de depresión y crisis de la economía mundial, la educación constituye un instrumento indispensable para el desarrollo y el bienestar de la juventud y de la sociedad. Asimismo, las necesidades de contar con mayores recursos aumentan para no paralizar el desarrollo del país en rubros sociales, principalmente en educación. En particular nos mueve la necesidad de apoyar la creación de escuelas de nivel medio superior como parte inherente del proyecto educativo del Estado mexicano, por lo que es indispensable continuar con la edificación de centros de enseñanza para superar el rezago educativo y solucionar la demanda que cada año aumenta al contar con una población joven en edad de estudiar.
En el caso de la delegación Iztapalapa, según datos del Inegi, es la más poblada del Distrito Federal, con una población de 1 millón 774 mil habitantes, con una tendencia de incremento constante de su población joven, por tanto, una de las principales demandas de la ciudadanía es el acceso a la educación en el nivel medio superior, principalmente en zonas con mayor grado de marginalidad como la Sierra de Santa Catarina que tiene una escolaridad promedio de 9 años, inferior a la media de los países integrantes de la OCDE, además, sólo el 17 por ciento de su población total, tiene la oportunidad de acceder a ese nivel y al superior.
En aras de contrarrestar esta situación solicitamos se destinen recursos presupuestales para la construcción de un Colegio de Bachilleres de la Sierra de Santa Catarina en el predio ubicado en Equipamiento número 31 en la calle de Orquídea, Veracruz y Nogal, colonia San Miguel Teotongo, el cual es reconocido como área de servicio público, con una superficie de 20 mil metros cuadrados, que esta destinado a equipamiento urbano.
Creemos que es momento de realizar esta obra de suma importancia para los habitantes de esa zona, ya que sólo se cuenta con un Centro de Estudios Tecnológico Industrial y de Servicio, con una población de alrededor de 1 mil 500 estudiantes y la preparatoria de la Ciudad de México, con una población aproximada de 800 estudiantes.
La Constitución establece que la educación básica es obligatoria comprendiendo la preescolar, primaria y secundaria; sin embargo la educación media superior también es imprescindible para el mejoramiento de la calidad de vida de los mexicanos. Por ello, solicitamos que las autoridades educativas emprendan la construcción del colegio y así cumplir un derecho legítimo que tiene la juventud que habita en la delegación Iztapalapa, de contar con servicios educativos que le permitan continuar superándose y tener elementos que le ayuden a prepararse mejor frente a los retos que afrontarán a lo largo de su vida.
Por lo anteriormente expuesto someto, ante esta honorable soberanía, y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Que la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública destine, con base en sus atribuciones, recursos económicos en coordinación con las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, y de Educación Pública para la construcción de un plantel del Colegio de Bachilleres de la Sierra de Santa Catarina, en el predio ubicado en Equipamiento número 31, calle de Orquídea, Veracruz y Nogal, colonia San Miguel Teotongo, delegación Iztapalapa.
Nota
* Los países que la integran son: Alemania,
Austria, Bélgica, Canadá, Dinamarca, España, Estados
Unidos, Francia, Grecia, Irlanda, Islandia, Italia, Luxemburgo, Noruega,
Países Bajos, Portugal,Reino Unido, Suecia, Suiza, Japón,
Finlandia, Australia, Nueva Zelanda, México, República Checa,
Corea del Sur, Hungría, Polonia, Eslovaquia y Turquía.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de octubre de 2008.
Diputada Silvia Oliva Fragoso (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE
QUE EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN DE 2009 SE CONSIDEREN
MAYORES RECURSOS PARA LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO DE LOS INSTITUTOS
TECNOLÓGICOS FEDERALES, A CARGO DEL DIPUTADO SERGIO HERNÁNDEZ
HERNÁNDEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
El que suscribe, diputado Sergio Hernández Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta honorable asamblea proposición con punto de acuerdo, a efecto de solicitarle a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, y de Educación Pública y Servicios Educativos, incluyan en el Presupuesto de Egresos de 2009, la asignación de mayores recursos para la infraestructura y el equipamiento de los institutos tecnológicos federales y para el Instituto Tecnológico de Pachuca, en Hidalgo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Los institutos tecnológicos son piezas esenciales en el Sistema Educativo Mexicano, pues contribuyen a formar profesionistas técnicos altamente capacitados que responden esencialmente a las necesidades de sus regiones, desarrollando y aplicando programas de investigación para el aprovechamiento de los recursos existentes en sus localidades, lo que les permite incidir de manera directa en el mejoramiento de las economías regionales y por lo tanto de las condiciones de vida de la población.
Por esta razón, el apoyo permanente para el fortalecimiento de los Institutos Tecnológicos en el país es indispensable en la consolidación de nuestro sistema de educación superior, pues al contribuir éstos con investigaciones y respuestas a las demandas sociales y productivas de sus regiones, indudablemente se logrará el desarrollo de México.
En este sentido, llama la atención que a pesar de su gran contribución a la formación de los jóvenes y a la sociedad, es precisamente esta área educativa en la que menos recursos públicos se invierten, pues según el último informe del Sistema Nacional de Educación Superior Tecnológica 2000-2006, son los institutos tecnológicos los que reciben el monto promedio anual más bajo por estudiante en el rubro de educación superior, pues únicamente destinan por alumno al un promedio de 23 mil pesos, mientras que las universidades estatales destinan aproximadamente 40 mil pesos por alumno al año y las universidades federales 80 mil pesos.
A pesar de los escasos recursos que se destinan a este rubro, la matrícula educativa continúa en aumento de manera permanente, pasando de 258 mil 834 estudiantes en 2001 a 332 mil 103 en el 2006. Como consecuencia de lo anterior, el número de institutos tecnológicos en el país se ha visto obligado a crecer, y en 40 años pasó de 17 a 77 planteles, registrando su mayor incremento en la década de los sesenta, al abrir 31 instituciones tecnológicas.
Sin embargo, a pesar del incremento exponencial en planteles, se deja de lado la importancia del equipamiento de los mismos, pues para que los institutos tecnológicos puedan cumplir sus objetivos, necesariamente requieren contar con equipos modernos que integren las más altas tecnologías, que les permita a los estudiantes, adquirir conocimientos de vanguardia para ofrecer soluciones eficientes a su entorno social y a su vez, ser competitivos a nivel nacional e internacional.
Cabe señalar que en materia presupuestal, se puede ver que en el 2008 se le destinaron a los institutos tecnológicos 7 mil 424 millones 140 mil 890 pesos, mientras que en el proyecto de Presupuesto de Egresos para el 2009 se le destinan 7 mil 784 millones 258 mil 618 pesos, con un incremento insignificante de 360 millones 117 mil 769 pesos, equivalentes al .5 por ciento con respecto al presupuesto del año anterior, correspondiéndole únicamente el 1.2 por ciento del presupuesto total asignado a la educación superior, que asciende a 64 mil 990 millones de pesos, que a su vez representan únicamente el 15.5 por ciento del presupuesto por niveles educativos. Dicho de otro modo, el presupuesto destinado a la educación está distribuido de manera inequitativa y discrecional, castigando severamente al rubro de educación superior al asignarle recursos insuficientes y absurdos para satisfacer la creciente demanda, dentro del cual los Institutos Tecnológicos ocupan el último lugar en asignaciones presupuestales, condenándolos así al rezago permanente en todos sus ámbitos.
Por estas razones, estoy convencido de que es indispensable destinar mayores recursos para fortalecer y modernizar en su infraestructura y equipamiento a las instituciones tecnológicas Federales, para beneficiar a la población al contar con personal altamente calificado de acuerdo a las necesidades de cada región del país y así potenciar el desarrollo de México.
En éste tenor, me permito proponer a esta honorable Cámara de Diputados la proposición con el siguiente:
Punto de Acuerdo
Primero. Solicite a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública y de Educación Pública y Servicios Educativos, incluyan en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2009, la asignación de mayores recursos para la infraestructura y el equipamiento de los institutos tecnológicos federales del país.
Segundo. Solicite a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública y de Educación Pública y Servicios Educativos, incluyan en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2009, la asignación de mayores recursos para la infraestructura y el equipamiento del Instituto Tecnológico de Pachuca.
Dado en el Palacio Legislativo, a los 28 de octubre de 2008.
Diputado Sergio Hernández Hernández (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE
QUE EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN DE 2009 SE CONSIDEREN
MAYORES RECURSOS PARA EL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
A CARGO DE LA DIPUTADA MARÍA ELENA TORRES BALTAZAR, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PRD
La que suscribe, María Elena Torres Baltazar, diputada de la LX Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta asamblea proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
Es obligación del Estado atender la problemática del agua padecida por vastos sectores de la población nacional, la cual se ha agudizado progresivamente, ya que la disponibilidad de agua media per cápita en el país ha disminuido de 18 mil 35 metros cúbicos por habitante por año en 1950 a tan sólo 4 mil 312 en 2007. De no atenderse, esta crítica situación puede derivar en graves conflictos sociales, sobre todo para la población mayormente excluida y marginada por el modelo económico hoy en crisis, implicando riesgos para la ya de por sí precaria gobernabilidad.
En el Distrito Federal se ha registrado en los últimos años una nueva etapa de crecimiento urbano y demográfico. En los últimos años, la ciudad se ha extendido en zonas donde anteriormente no había viviendas, entre otros factores por la construcción de grandes conjuntos habitacionales, en un proceso caracterizado por la desatención de las necesidades principales de los habitantes, además de incrementarse problemas ya existentes, como está ocurriendo en la delegación Gustavo A. Madero.
Lo anterior remite a la falta de una política pública de ordenamiento territorial y de desarrollo urbano sustentable, lo que afecta el bienestar de la población; el problema más grave es la escasez de agua, con diversas causas: el incremento de la demanda, el acaparamiento y la irracionalidad en su consumo, la falta de planeación hidráulica, la reducción de las fuentes de abastecimiento y, más recientemente, el cambio climático, que incide en la menor disponibilidad de agua.
La cuenca del valle de México, donde se asienta la segunda zona metropolitana más grande del mundo, tiene una disponibilidad natural media total de 3 mil 8 millones de metros cúbicos por año, la más baja respecto al resto de las 12 regiones hidrológicas existentes en el país. Paradójicamente, es la región donde hay gran concentración poblacional, con un total de 21.09 millones de personas a diciembre de 2007 y la cuarta precipitación pluvial más baja del territorio nacional, con un promedio mensual de 630.2 mililitros, cuya variación dependerá del mes del año; en marzo se registra la menor precipitación en el país.
Por otra parte, esta cuenca presenta escasez en el abastecimiento de agua, ya que su disponibilidad natural media anual per cápita asciende a sólo 143 metros cúbicos por habitante por año, la disponibilidad más baja en toda la República Mexicana, en 2007. Lo anterior ha obligado a las autoridades encargadas del suministro de agua a generar estrategias de control, lo que implica la restricción del abastecimiento en varias zonas de la metrópoli en determinadas horas del día, y sólo en algunos días de la semana, lo cual compromete el desarrollo, en condiciones saludables, de la población.
La paradoja respecto al problema del agua en el Distrito Federal radica en que, pese a ser la capital del país, concentrar 8.44 por ciento de la población nacional y generar 21.52 por ciento del producto interno bruto nacional, la ciudad presenta una profunda problemática relacionada con la escasez del vital líquido.
El Distrito Federal presenta una cobertura de agua potable para la población urbana de 97.8 por ciento, mientras que la población rural únicamente reporta una cobertura de 41.7 por ciento. Esto representa un foco rojo porque miles de familias aún no tienen derecho al agua, con implicaciones diversas respecto a la calidad de vida. En esta entidad federativa se concentran más de 2.2 millones de viviendas (equivalentes a poco menos de 10 por ciento de las viviendas a escala nacional), de las cuales 1.9 millones se encuentran conectados a la red de agua potable en su propia vivienda. Las restantes 300 mil viviendas deben valerse de otros medios para obtener el líquido.
La red hidráulica presenta una serie de deficiencias, como las fugas, razón por la cual se pierden importantes volúmenes de agua potable, aproximadamente 40 por ciento.
Pese a que actualmente se llevan a cabo obras para mejorar el abastecimiento de agua potable en las distintas zonas como parte de los compromisos contraídos por el gobierno de la Ciudad de México, sobre todo en las consideradas de mayor marginalidad, el efecto de dichas obras no ha sido equitativo para las diversas delegaciones políticas, tal es el caso de la Gustavo A. Madero, la segunda más poblada del DF, con una población cercana a 1.2 millones de habitantes, distribuidos en más de 304 mil viviendas habitadas, de las que 293 mil cuentan con servicio de agua entubada de la red pública, el resto debe procurar la obtención del recursos desde otras fuentes.
En la zona de Aragón, localizada al oriente de esta delegación, hay problemas para un abastecimiento suficiente, pues los pozos que aportan agua a la zona carecen de la capacidad para ello, entre otros factores por su lejana localización, generando así un abasto parcial durante algunas horas lo que, aunado a las condiciones de marginalidad prevalecientes, da lugar a diversos problemas, por ejemplo, la baja disponibilidad de agua para el consumo humano y la proliferación de focos de infección. Por lo mismo, es importante incrementar la infraestructura para el abasto del agua que contribuya a mejorar la distribución del líquido en Gustavo A. Madero.
Las empresas desarrolladoras que edifican casas habitación actúan irregularmente porque no atienden lo concerniente a la dotación de servicios en las viviendas construidas, centran su interés en la recuperación de sus inversiones y la obtención de ganancias millonarias, con lo que violan todos los preceptos legales y reglamentarios que obligan a dotar de servicios las viviendas construidas.
Actualmente se llevan a cabo trabajos en distintas partes de la ciudad, pero es necesario dotar de obras de infraestructura hidráulica esta zona, que requiere mayores recursos para tal efecto.
Así pues, se propone la construcción de una planta potabilizadora en el bosque de San Juan de Aragón para abastecer de agua a más de 86 mil 400 habitantes de las colonias mencionadas, así como la perforación de tres pozos en distintas zonas de la delegación, con la finalidad de distribuir el líquido y abastecer a miles de familias, lo que ayudaría a evitar la proliferación de enfermedades, así como el abastecimiento suficiente y continuo en las colonias señaladas.
Se requerirán cerca de 600 metros cuadrados para la construcción total de los pozos (200 metros cuadrados cada uno):
• Atorón número 1. En Avenidas 508 y 608, con una superficie requerida de 200 metros cuadrados para su construcción y una liberación de agua de 40 litros por segundo.
• Atorón número 5. En el bosque de San Juan de Aragón, con un área requerida de 200 metros cuadrados y una liberación de agua de 40 litros por segundo.
• Atorón número 6. En avenidas Loreto Fabela y 508, con superficie requerida de 200 metros cuadrados para la construcción y liberación de agua de 40 litros por segundo.
Punto de Acuerdo
Único. Incluir en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2009 165 millones de pesos para el Sistema de Aguas de la Ciudad de México, a fin que se destinen mayores recursos para atender las zonas que comprenden las colonias Unidad Habitacional San Juan de Aragón, en sus siete secciones, Providencia, Ampliación Providencia, La Pradera, Casas Alemán, Campestre Aragón y San Felipe de Jesús, en Gustavo A. Madero, Distrito Federal, a fin de dar respuesta a las necesidades de abastecimiento de agua potable de miles de familias.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de octubre de 2008.
Diputada María Elena Torres Baltazar (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE
QUE EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN DE 2009 SE CONSIDEREN
RECURSOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD PÚBLICA DE PLAYAS
DE ROSARITO, BAJA CALIFORNIA, A CARGO DE LA DIPUTADA MIRNA CECILIA RINCÓN
VARGAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
La suscrita, diputada de la LX Legislatura, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo establecido por los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable asamblea el siguiente punto de acuerdo, bajo las siguientes
Consideraciones
A la seguridad pública se le ha otorgado la más alta prioridad por parte del gobierno federal, puesto que representa una de las principales demandas de la ciudadanía.
De acuerdo con el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la seguridad pública es una función que corresponde a la federación, al Distrito Federal, a los estados y a los municipios en las respectivas competencias que la propia Constitución prevé.
Por ello, en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2008, los diputados destinamos un presupuesto de 3 mil 589 millones, 400 mil pesos dentro del Ramo 36 etiquetados en el rubro denominado "Subsidios para la Seguridad Pública Municipal (Subsemun)".
Dichos recursos fueron destinados para el equipamiento y profesionalización de los cuerpos policiales en los municipios y para mejorar la infraestructura de las corporaciones policíacas y responden al Programa Sectorial de la Secretaría de Seguridad Pública 2007-2012, implementada por el Gobierno Federal.
Adicionalmente, el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2009 que envió el Ejecutivo federal a la Cámara, contempla un incremento de 50 por ciento para la Secretaría de Seguridad Pública; un incremento del 29 por ciento para la Procuraduría General de la República; 20 por ciento para la Secretaría de la Defensa y un incremento para la Secretaría de Marina de 14 por ciento.
El municipio de Playas de Rosarito del Estado de Baja California no ha estado exento del elevado índice de criminalidad que afecta a nuestro país. En el municipio de Rosarito operan las mismas bandas y grupos del crimen organizado que en Tijuana; ciudad colindante que se encuentra a 30 minutos de distancia. El crimen organizado ha incrementado su actividad delictiva debido a la lucha por el control territorial. Tan sólo en los primeros 20 días de octubre se registraron 14 asesinatos en la región.
Desafortunadamente, desde que se implantó el Subsemun, el municipio de Playas de Rosarito no fue incluido debido a que no alcanzó el número de habitantes de acuerdo al censo de población y vivienda 2005, elaborado por el Inegi.
Como es de conocimiento público, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 10, del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado para 2008 en el que se autorizaron 3 mil 589 millones 400 mil pesos para apoyar a los municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal con el mayor índice de criminalidad compuesto (ICC), la selección de los beneficiarios del subsidio que se realizó en los primeros días de enero con base en el mayor ICC, benefició a 135 municipios seleccionados y 15 demarcaciones territoriales del Distrito Federal; en total 150 localidades beneficiadas.
A Baja California le fue asignado un presupuesto de 287 millones 200 mil pesos de pesos a repartir entre cuatro municipios: Tijuana, 104 millones 100 mil pesos, a Ensenada 70 millones, a Mexicali 104 millones 100 mil pesos y a Tecate 9 millones.
Dichos recursos asignados a través del Subsemun –y del cual, el municipio de Playas de Rosarito está exento– han contribuido en la conformación de un nuevo modelo de actuación policial, cuya base radica en la prevención del delito mediante la investigación, el análisis de la información, la operación por objetivos y la participación activa de la sociedad, a fin de combatir la delincuencia y desarticular las estructuras criminales.
Playas de Rosarito, es un municipio con vocación eminentemente turística. Esto obliga a las autoridades municipales a mantener estándares mínimos de delincuencia para sostener la principal actividad económica, sin embargo, la inseguridad ha dañado sistemáticamente la principal fuente de empleo para la población.
En días pasados, las autoridades municipales de Playas de Rosarito, encabezadas por el presidente municipal, contador público Hugo Eduardo Torres Chabert, entregaron a esta representación una relación detallada de equipo para seguridad pública que necesita el municipio y que en conjunto suma la cantidad de 16 millones 50 mil 783 pesos y que incluye equipamiento básico de las corporaciones policiales, el cual comprende armamento, uniformes, equipo de protección personal y vehículos. Dicha relación es la que a continuación se describe:
De inscribir a Playas de Rosarito dentro del Subsemun, se estaría en condiciones de cumplir con los fines del Programa Sectorial de Seguridad Pública, el cual contempla también la profesionalización de los elementos policiales, la implantación del servicio profesional de carrera policial y la inversión en infraestructura, que consiste en la adquisición, adecuación y modernización del equipo necesario para la interconexión a Plataforma México, así como la instalación de un sistema de información municipal que deberá alimentar diariamente la base de datos del Sistema Único de Información Criminal.
Por último cabe mencionar que, los recursos del Subsemun son complementarios a los que se destinan para los estados y municipios a través del Ramo 33 (Fondo de Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios) y del Ramo 23 (Provisiones Salariales y Económicas), y que son destinados a fortalecer el desempeño de las funciones municipales en materia de seguridad pública, los cuales, en ningún caso sustituyen a los recursos regulares dirigidos a estos fines.
Por la motivación y fundamentación expuestas, someto a esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo con carácter de urgente y obvia resolución
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, a destinar en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2009 16 millones 50 mil 783 pesos del Subsidio para la Seguridad Pública Municipal para Playas de Rosarito de Baja California.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 30 de octubre de 2008.
Diputada Mirna Cecilia Rincón Vargas (rúbrica).
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA AL TITULAR DEL EJECUTIVO FEDERAL A REALIZAR LAS APORTACIONES
PENDIENTES A LOS PROGRAMAS RELACIONADOS CON EL USO EFICIENTE DEL AGUA,
ENERGÍA ELÉCTRICA E INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA
EN ZACATECAS, A CARGO DEL DIPUTADO FRANCISCO JAVIER CALZADA VÁZQUEZ,
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
El suscrito, diputado Francisco Javier Calzada Vázquez, del Grupo Parlamentario del PRD, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes
Consideraciones
Los programas de infraestructura hidroagrícola que el gobierno federal aplica a través de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) tienen como objetivo general aumentar la eficacia del recurso agua para las actividades del campo.
El Programa de Uso Eficiente del Agua y la Energía Eléctrica tiene el objetivo de apoyar a los productores usuarios del riego por bombeo eléctrico y lograr el uso eficiente y sustentable del recurso agua en la agricultura de riego con la rehabilitación de plantas de bombeo, pozos y equipo de bombeo para riego agrícola.
Los proyectos financiados con el programa son definidos con base en la demanda de los propios productores y para coordinar los esfuerzos y los recursos de los órdenes federal y estatal, se crearon los Fideicomisos Fondo de Fomento Agropecuario Estatal, a los cuales se transfieren los recursos de ambos órdenes de gobierno.
Los recursos que los usuarios reciben por concepto de este programa se utilizan en la rehabilitación de pozos de distintos tipos, sistemas de rebombeo, plantas de rebombeo, reposiciones de pozos, adquisición de equipos para la conservación y mantenimiento de pozos, entre otros.
Las aportaciones a este programa son un 50 por ciento de la federación, un 25 por ciento del gobierno federal y un 25 por ciento de los usuarios.
El Programa Uso Pleno de la Infraestructura Hidroagrícola es complementario del anterior y tiene el objetivo de apoyar a los usuarios del riego de aguas superficiales a fin de hacer más eficiente la infraestructura hidroagrícola de captación, conducción y distribución del agua en las unidades de riego mediante su construcción, rehabilitación, complementación, ampliación y modernización.
Actualmente, en muchas regiones del país contamos con infraestructura hidroagrícola que no se está utilizando de la mejor manera o simplemente no están en funcionamiento debido a que la falta de algunos elementos lo impide. La idea de este programa es que con inversiones relativamente pequeña se pueda dar un uso pleno a esta infraestructura ya existente y que requirió de alguna medida de inversión pública que no está siendo aprovechada.
Conagua aporta el 50 por ciento de los recursos para las obras a realizar o modernizar en las unidades de riego con un monto máximo de 20 mil pesos por hectárea. En el caso de la agricultura controlada de bajo consumo de agua la aportación puede ser mayor.
Para la adquisición de maquinaria y equipo ligero aportan hasta el 50 por ciento del total de la inversión por un monto máximo de 2 millones de pesos.
El gobierno del estado apoya normalmente con otro 25 por ciento de la inversión en el caso de las obras.
La aplicación de los dos programas requiere que se haya suscrito un convenio o acuerdo de colaboración entre el gobierno federal y el gobierno estatal para conjuntar acciones para impulsar el federalismo y descentralización de los programas hidráulicos.
Para seleccionar a los beneficiarios se utilizan criterios que toman en cuenta el grado de marginación social de la región y la situación económica de los solicitantes, por lo que tienen un impacto positivo en las comunidades con mayores necesidades.
El programa establece entre sus requisitos que los usuarios beneficiarios renuncien a favor de la Conagua a sus títulos de concesión de los volúmenes de agua que se ahorren como consecuencia de las acciones realizadas con este programa en una proporción igual a la inversión que realice Conagua en la unidad de riego beneficiada.
En el caso de Zacatecas, se trata de una región semidesértica en la que resulta estratégico todo recurso que se invierta para hacer más eficiente el uso del recurso agua y la infraestructura asociada.
Sin embargo, durante el ejercicio fiscal 2008 el gobierno federal no ha realizado el total de las aportaciones que le corresponden según las reglas de operación de ambos programas. En el caso del Programa de Uso Pleno de Infraestructura Hidroagrícola debió entregar aportaciones de 8 millones de pesos, pero sólo entregó 5 millones de pesos, mientras que el gobierno de Zacatecas si entregó íntegra la parte que le correspondía.
En el caso del Programa de Uso Eficiente del Agua y la Energía Eléctrica, el gobierno federal debió entregar aportaciones por 6.9 millones de pesos pero únicamente entregó 4.9 millones. Es decir, faltan 2 millones de pesos.
Este incumplimiento de lo que establecen las propias reglas de operación de ambos programas y de los compromisos contraídos han ocasionado severos problemas a los usuarios que ya contaban con estos recursos y obras para sus actividades productivas.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional del Agua para que realice de inmediato las aportaciones que le corresponde realizar a Zacatecas por concepto de los programas Uso Pleno de Infraestructura Hidráulica y Uso Eficiente del Agua y la Energía Eléctrica para el Ejercicio Fiscal de 2008 y que ascienden a un total de 5 millones de pesos pendientes de aportar.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 30 de octubre de 2008.
Diputado Francisco Javier Calzada Vázquez (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE
QUE EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN DE 2009 SE CONSIDEREN
RECURSOS DEL FONDO METROPOLITANO PARA LA ZONA METROPOLITANA DE PACHUCA,
HIDALGO, SUSCRITA POR LOS DIPUTADOS MARÍA ORALIA VEGA ORTIZ Y FERNANDO
QUETZALCÓATL MOCTEZUMA PEREDA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
Los que suscriben, Fernando Quetzalcóatl Moctezuma Pereda y María Oralia Vega Ortiz, diputados del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Con motivo de la presentación, el análisis y la discusión del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) de 2009, por la Cámara de Diputados se han presentado proyectos y programas de los gobiernos federal, estatales y municipales, así como de los órganos autónomos. El tema del desarrollo metropolitano no está ausente.
Desde su creación, el Fondo Metropolitano ha tenido la intención de impulsar el desarrollo de áreas urbanas con procesos de conurbación en las que diversos gobiernos estatales o municipales deben juntar esfuerzos para armonizar políticas públicas comunes que son necesarias para atender a una población común.
En el PEF de 2006, esta Cámara tuvo a bien asignar mil millones de pesos (mdp) en el Fondo Metropolitano, recursos que en su totalidad se destinaron a la zona metropolitana del valle de México. En el PEF de 2007, autorizado por la Cámara de Diputados, el Fondo Metropolitano contó con 4 mil 647.3 mdp, de los cuales una parte fue canalizada a las zonas metropolitanas de las ciudades de Guadalajara y Monterrey. Para 2008, esta soberanía aprobó recursos para siete zonas metropolitanas, que abarcan nueve entidades federativas, por 5 mil 550 mdp.
En el proyecto de PEF de 2009 enviado por el Ejecutivo se incluyen, además de las ya aprobadas, las zonas metropolitanas de Acapulco, Aguascalientes, Cancún, Mérida, Oaxaca, Tijuana, Tuxtla Gutiérrez, Veracruz y Villahermosa y las dota de recursos por un total de 5 mil 710 millones de pesos, distribuidos de la siguiente manera:
ZM de Monterrey: 150 mdp.
ZM de León: 300 mdp.
ZM de Puebla: 150 mdp.
ZM de Querétaro: 100 mdp.
ZM de la Laguna: 250 mdp.
ZM de Acapulco: 40 mdp.
ZM de Aguascalientes: 40 mdp.
ZM de Cancún: 40 mdp.
ZM de Mérida: 40 mdp.
ZM de Oaxaca: 40 mdp.
ZM de Tijuana: 40 mdp.
ZM de Tuxtla Gutiérrez: 40 mdp.
ZM de Veracruz: 40 mdp.
En Delimitación de las zonas metropolitanas de México 2005, estudio realizado por la Secretaría de Desarrollo Social, el Consejo Nacional de Población y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, se identificaron 56 zonas metropolitanas, cuya población en 2005 ascendió a 57.9 millones de personas, que representan 56.0 por ciento de la población del país.
Ese estudio clarifica que la zona metropolitana alberga a 438 mil 692 habitantes, en una superficie mil 202 kilómetros cuadrados, con una tasa de crecimiento anual de 2.8 por ciento y que involucra los municipios de Epazoyucan, Mineral del Monte, Pachuca de Soto, Mineral de la Reforma, San Agustín Tlaxiaca, Zapotlán de Juárez y Zempoala.
La lógica que sustenta la asignación de recursos a las zonas metropolitanas es incentivar la coordinación entre las autoridades de gobierno. Esta problemática no es privativa de las megalópolis de varios millones de habitantes, sino que tenemos ciudades de tamaño medio que también deben afrontar complejos problemas de conurbación.
Durante más de dos años, los ocho presidentes municipales de la zona metropolitana trabajan coordinadamente, han formalizado la creación del Consejo Metropolitano de Alcaldes, el cual tiene una agenda temática definida, y se ha avanzado en diversas iniciativas de alcance metropolitano.
Considero justo incluir en los fondos de desarrollo metropolitano la zona metropolitana de Pachuca.
Por lo expuesto y fundado, someto a consideración de esta soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta respetuosamente a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, y de Desarrollo Metropolitano a incluir la zona metropolitana de Pachuca en los fondos de desarrollo metropolitano, con un presupuesto de 50 millones de pesos.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 30 de octubre de 2008.
Diputados: María Oralia Vega Ortiz, Fernando
Quetzalcóatl Moctezuma Pereda (rúbricas).
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A EMITIR LA NORMA REGLAMENTARIA DEL SISTEMA
DE PENSIONES CONTENIDO EN EL ARTÍCULO DÉCIMO TRANSITORIO
DE LA LEY DEL ISSSTE, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN
EL 31 DE MARZO DE 2007, SUSCRITA POR DIPUTADOS DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DE NUEVA ALIANZA
Diputados federales, integrantes del Grupo Parlamentario Nueva Alianza en la LX Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo previsto en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicitan que se ponga a discusión y aprobación del pleno de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
2. Que el artículo quinto transitorio del decreto por el que se expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, prevé que los trabajadores tienen derecho a optar por el régimen que se establece en el artículo décimo transitorio de dicho decreto o por la acreditación de bonos de pensión del ISSSTE en sus respectivas cuentas individuales.
3. Que el artículo décimo transitorio del decreto señalado en el numeral anterior establece el régimen de los trabajadores que no opten por la acreditación de bonos de pensión del ISSSTE.
4. Que el artículo decimosegundo transitorio del decreto antes mencionado establece que el gobierno federal estará a cargo de las pensiones que se otorguen a los trabajadores que opten por el esquema establecido en el artículo décimo transitorio, así como el costo de su administración.
5. Que el gobierno federal cumplirá lo previsto en el párrafo anterior mediante los mecanismos de pago que determine a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, lo que en ningún caso podrán afectar a los trabajadores.
6. Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece en el artículo 89 fracción I, que es facultad del Ejecutivo federal, promulgar y ejecutar las leyes que expida el Congreso de la Unión, proveyendo en la esfera administrativa a su exacta observancia.
7. Que uno de los fines de la facultad reglamentaria del Ejecutivo federal es desarrollar y detallar una ley en sentido formal y material, que garantice su aplicabilidad, funcionamiento práctico y debido cumplimiento.
8. Que desde el 31 de marzo de 2007, fecha en que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, mismo que entró en vigor a partir del 1 de abril de 2007, han pasado 19 meses en los cuales el Ejecutivo federal ha incurrido en una omisión del acto legislativo, respecto de la reglamentación al artículo décimo transitorio de esta ley.
9. Que resulta impostergable y necesaria la emisión de la norma reglamentaria correspondiente al artículo décimo transitorio del decreto antes mencionado, en la que se establezcan los procedimientos para regular la aplicación del sistema de pensiones y se determinen los mecanismos de pago a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal a que en el ámbito de sus atribuciones a emitir la norma reglamentaria del sistema de pensiones contenido en el artículo décimo transitorio del decreto por el que se expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado publicada en el Diario Oficial de la Federación el 31 de marzo de 2007.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 30 de octubre de 2008.
Diputados: Silvia Luna Rodríguez (rúbrica),
Mónica Arriola Gordillo, Manuel Cárdenas Fonseca, Ariel Castillo
Nájera, Humberto Dávila Esquivel, Jacinto Gómez Pasillas,
Miguel Jiménez Godínez, Blanca Luna Becerril, Irma Piñeyro
Arias (rúbricas)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA A REVISAR Y, EN SU
CASO, MODIFICAR LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL FONDO NACIONAL DE APOYO
PARA EMPRESAS EN SOLIDARIDAD, A CARGO DE LA DIPUTADA SILVIA EMILIA DEGANTE
ROMERO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
La suscrita, diputada Silvia Emilia Degante Romero, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, de la LX Legislatura, con fundamento en lo establecido en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable asamblea, el presente punto de acuerdo, bajo las siguientes:
Consideraciones
El presente punto de acuerdo tiene como principal objetivo que se revisen y, en su caso, modifiquen las Reglas de Operación del Fondo Nacional de Apoyos para Empresas en Solidaridad.
Si la coordinación general del Programa Nacional de Apoyo para las Empresas de Solidaridad fue creada como órgano desconcentrado, mediante decreto presidencial publicado en el Diario Oficial de la Federación el 4 de diciembre de 1991, con la responsabilidad de ejecutar el Programa Nacional de Apoyo para las Empresas de Solidaridad y el Fondo de Apoyo para las Empresas de Solidaridad. Desde el 30 de noviembre del 2000 este órgano desconcentrado está sectorizado en la Secretaría de Economía.
El principal objetivo es impulsar la generación de empleos, mediante el apoyo a la creación, el desarrollo y la consolidación de proyectos productivos, comerciales o de servicios de personas, empresas sociales o grupos sociales de la población rural, campesina, indígena y grupos urbanos del sector social, con escasez de recursos para la implementación de sus proyectos, en términos de las presentes reglas de operación.
Reglas que contienen más de 16 pasos a seguir, y que representan un verdadero vía crucis para aquellos que menos oportunidades tienes y que requieren más, incluso para el otorgamiento de financiamiento de proyectos productivos, como pude ser la venta de tamales y atole.
Así de engorrosas pueden ser las reglas, en un afán de ser transparentes, pero a la vez con tales trámites que en ocasiones no se pueden entender y ni siquiera leer por los grupos sociales a los que va dirigidos dichos recursos.
No cabe duda que las intenciones son las mejores y las reglas son las más complicadas, por ejemplo más de XXXVIII definiciones como:
Sin duda, la población objetivo se encuentra perfectamente identificada, y requiere programas específicos que promuevan el autoempleo, buscando su desarrollo y potencialidad, que logren alcanzar la plana integración en la sociedad. Sin embargo, las reglas de operación actuales desestimulan el acercamiento de la población objetivo al concurso de los recursos, es uno de los argumentos de los propios beneficiarios, que ya cuentan con los apoyos por los que concursaron.
No debo omitir que el listado de trámites por el que pasan para acceder a los fondos es de 17 puntos, de acuerdo a la página 21 de las regla de operación publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 30 de diciembre de 2007, que muestra la mecánica operativa para los instrumentos de apoyo al desarrollo y consolidación de la banca social.
Con estos trámites lo que provocamos es que sólo los profesionistas que dedican su actividad a desarrollar proyectos salgan beneficiados, ya que los sectores sociales marginados y que desconocen los procedimientos para elaborar un proyecto productivo son quienes acuden a sus servicios. Ahora, realmente a qué grupo social está dirigido este programa.
Es decir, si queremos que las personas a quien está dirigido este programa no obtengan los beneficios para lo que fueron creados, continuemos con las actuales y engorrosa reglas de operación, pero si en verdad queremos la generación de empleos de aquellas personas que la vida les truncó oportunidades, reorientemos el programa mediante la mejorar y disminución de los tramites de dichas reglas de operación.
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta honorable soberanía la siguiente proposición
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Economía, a efecto de que se revisen y, en su caso, modifiquen las reglas de operación del Fondo Nacional de Apoyos para Empresas en Solidaridad.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 30 de octubre de 2008.
Diputada Silvia Emilia Degante Romero (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE
QUE ESTA SOBERANÍA ADECUE LA FÓRMULA DE DISTRIBUCIÓN
DE LOS RECURSOS DEL PROFIS ENTRE LA FEDERACIÓN Y LAS ENTIDADES FEDERATIVAS;
Y DE QUE LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN MODIFIQUE
LAS REGLAS DE OPERACIÓN DE ESE PROGRAMA PARA EL EJERCICIO FISCAL
DE 2009, SUSCRITA POR LOS DIPUTADOS NEMESIO DOMÍNGUEZ DOMÍNGUEZ
Y ADOLFO MOTA HERNÁNDEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI, Y JOSÉ
MANUEL DEL RÍO VIRGEN, DE CONVERGENCIA
Los suscritos, diputados federales Nemesio Domínguez Domínguez, Adolfo Mota Hernández y José Manuel del Río Virgen, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicitan que se someta a consideración del Pleno de la Cámara de Diputados la presente proposición con punto de acuerdo, con sustento en los siguientes
Antecedentes
Una de las funciones más importantes de los Congresos en México y el mundo es la fiscalización del gasto público. Este instrumento permite a los representados vigilar a sus gobernantes para que los impuestos se asignen eficiente y transparentemente.
Con la fiscalización, los Congresos evalúan y vigilan el ejercicio del gasto público, atenúan la corrupción y la mala administración existente en las instituciones gubernamentales. Con este instrumento, el gasto se hace más eficiente, coadyuva para que los bienes y servicios provistos por el Estado sean de mayor calidad, se produzcan con costos más bajos y se amplíe la cobertura.
La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión ha avanzado de manera significativa en prácticamente todos los rubros de la fiscalización. Sin embargo, ha sido débil en lo referente al gasto federalizado (recursos que la federación asigna a los estados, a los municipios y a las demarcaciones territoriales del Distrito Federal).
Para fortalecer la fiscalización del gasto federalizado, el Congreso de la Unión reformó el artículo 79 constitucional, con lo que otorgó facultades a la Cámara de Diputados para que fiscalice el gasto que se asigna a los estados, a los municipios y a las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, con excepción de las participaciones federales.
Para que la Cámara de Diputados, las legislaturas locales y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal fiscalicen el gasto descentralizado, se creó el Programa para la Fiscalización del Gasto Federalizado (Profis).
El objetivo del Profis es fortalecer el alcance, la profundidad, la calidad y el seguimiento de las revisiones de las aportaciones federales, así como a los recursos federales que se transfieren a las entidades federativas y, por conducto de éstas, a los municipios y a las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, correspondientes a subsidios y a los convenios de coordinación en materia de descentralización o reasignación del gasto.
Los recursos del Profis han fortalecido las entidades de fiscalización superior locales en los siguientes aspectos: se han incrementado la revisión y fiscalización de los recursos federales; se ha profesionalizado el personal de las entidades de fiscalización superior locales, al asignarle 10 por ciento de los recursos de este programa para capacitación; se han elaborado manuales y procedimientos de fiscalización; se han coordinado los trabajos de fiscalización de las entidades de fiscalización superior locales con la Auditoría Superior de la Federación; y se han incrementado el equipo y la tecnología en las entidades de fiscalización superior locales.
Para el ejercicio fiscal de 2007, los recursos federales del Profis se distribuyeron con el siguiente criterio: una cantidad igual para cada entidad de fiscalización superior local y una variable determinada en función de la asignación para cada entidad federativa de las aportaciones federales.
Para el ejercicio fiscal de 2008, la distribución de los recursos del Profis tuvo un cambio trascendental: del total del fondo, 60 por ciento se asigna a la Auditoría Superior de la Federación; y 40 por ciento, a las entidades de fiscalización superior locales.
Los efectos en las entidades de fiscalización superior locales por el cambio de asignación de los recursos del Profis son los siguientes:
• Redujeron el alcance de revisiones de los programas
federales;
• Redujeron la capacitación y profesionalización
del personal; y
• El equipamiento y tecnología avanzó más
lentamente.
Punto de Acuerdo
Primero. Que la Cámara de Diputados distribuya los recursos del Profis como lo hizo en el ejercicio fiscal de 2006-2007: una cantidad igual para cada entidad de fiscalización superior local y una variable determinada en función de la asignación para cada entidad federativa de las aportaciones federales.
Segundo. Que la Auditoría Superior de la Federación reforme las Reglas de Operación del Profis para incorporar los siguientes aspectos:
b) Etiquetar un porcentaje de los recursos del Profis para que las entidades de fiscalización superior locales adquieran o arrienden inmuebles.
c) Etiquetar 10 por ciento de los recursos del Profis para que las entidades de fiscalización superior locales capaciten a su personal y puedan flexibilizar los programas de capacitación, dando prioridad a diplomados y posgrados.
d) Descentralizar los recursos del Profis hacia las entidades de fiscalización superior locales, para que éstas tengan autonomía financiera plena derivada de sus propias necesidades.
e) Dar incentivos económicos a los funcionarios de las entidades de fiscalización superior locales que contribuyan en la ejecución y supervisión de los trabajos de fiscalización de los recursos federales transferidos.
Diputados: Nemesio Domínguez Domínguez,
Adolfo Mota Hernández, José Manuel del Río Virgen,
Roberto Badillo Martínez, Pedro Montalvo Gómez (rúbricas).
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA FORTALECER
LAS ENTIDADES FEDERATIVAS CON LOS FONDOS PYME Y PROSOFT, Y CON EL PROGRAMA
DE COMPETITIVIDAD EN LOGÍSTICA Y CENTRALES DE ABASTO, A CARGO DEL
DIPUTADO ALBERTO AMADOR LEAL, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
El suscrito, Alberto Amador Leal, diputado del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en la fracción I de los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía la siguiente propuesta con punto de acuerdo, para fortalecer las entidades federativas con los Fondos Pyme, Prosoft y Prologyca.
Exposición de Motivos
En días pasados, la Asociación Mexicana de Secretarios de Desarrollo Económico, AC, entregó al suscrito una solicitud de apoyo para que se considere en el Presupuesto de 2009 el fortalecimiento del Fondo Pyme.
1. Situación actual
En estos momentos de dificultad que presenta la economía mundial es importante fortalecer el mercado interno, como se ha venido realizado de manera inmediata en otros países. En este caso, se puede lograr a través del apoyo de las micro, pequeñas y medianas empresas mexicanas, pilares fundamentales de la economía mexicana y que, con el estímulo adecuado, podrán generar uno a uno los empleos que México requiere en estos momentos.
De ahí la importancia de que las entidades federativas cuenten con el apoyo de los fondos, uno de los principales instrumentos para la política pública y, en este sentido, apoyar el sector económico.
Por lo anterior, someto a consideración de esta soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero. Que las Comisiones de Hacienda y Crédito Público, y de Presupuesto y Cuenta Pública consideren una partida de 7 mil millones de pesos para los Fondos Pyme, 850 millones de pesos para el Programa Prosoft, 300 millones para el Programa de Competitividad en Logística y Centrales de Abasto, y 5 mil millones de pesos para el Fondo de Proyectos Estratégicos para la Atracción de Inversión Extranjera.
Segundo. Que de los fondos asignados a las Pyme se etiquete 30 por ciento para los fondos estatales de manera directa.
Palacio Legislativo, a 30 de octubre de 2008.
Diputado Alberto Amador Leal (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE
QUE EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO
FISCAL DE 2009 SE CONSIDEREN RECURSOS PARA LA AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN
DEL LIBRAMIENTO SUR LUIS CARVAJAL Y DE LA CUEVA, DEL MUNICIPIO DE CERRALVO,
NUEVO LEÓN, A CARGO DEL DIPUTADO JUAN MANUEL PARÁS GONZÁLEZ,
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
El suscrito diputado, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía el presente punto de acuerdo, de conformidad con las siguientes
Consideraciones
Compañeras y compañeros legisladores: manifiesto mi preocupación por las necesidades y carencias debido a la falta de infraestructura carretera que prevalece en Cerralvo, Nuevo León, correspondiente a la zona rural de gran importancia para el desarrollo y crecimiento de la entidad. Por tal razón considero de suma relevancia plantear las siguientes consideraciones al respecto.
La construcción y rehabilitación de vías de comunicación de las zonas rurales han sido un reclamo constante de las autoridades municipales, pero sobre todo de las comunidades rurales, ya que su construcción les trae como consecuencia el impulso del comercio y, por ende, del desarrollo de la entidad.
Nuevo León se encuentra en la región norte del país y, debido a su posición estratégica con el sur de Estados Unidos, es una importante zona de paso comercial y un valioso bastión turístico e industrial. No menos importante es el hecho de que sus municipios rurales, como el que nos ocupa, tienen una participación destacada en la producción agrícola estatal y nacional.
Por todo lo anterior solicito que en el análisis y la discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2009 se consideren recursos suficientes para llevar a cabo la inversión que permita ampliar y remodelar el libramiento sur Luis Carvajal y de la Cueva, perteneciente a Cerralvo, Nuevo León, el cual permitirá conectar Cerralvo con diversos municipios de la entidad, como Monterrey, capital del estado, y con la carretera federal número 54, que permite la comunicación con Tamaulipas.
La realización y culminación de esta importante vía permitirá un incremento en el desarrollo del municipio y en la comercialización de sus productos, lo cual derivará en una mejor calidad de vida para sus habitantes y las regiones vecinas, teniendo la oportunidad de contar con mejores accesos a hospitales, escuelas y centros de trabajo.
Por lo expuesto, someto a consideración de esta soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Para solicitar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública que en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2009 se asignen recursos para la ampliación y remodelación del libramiento sur Luis Carvajal y de la Cueva, de Cerralvo, Nuevo León, el cual conectaría con la carretera federal número 54.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 30 de octubre de 2008.
Diputado Juan Manuel Parás González (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA A PEMEX Y A LA SENER A EMPRENDER LAS ACCIONES NECESARIAS PARA
LA CONSTRUCCIÓN DE UNA REFINERÍA EN TUXPAN, VERACRUZ, A CARGO
DEL DIPUTADO ÍÑIGO LAVIADA HERNÁNDEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PAN
El suscrito, Íñigo Antonio Laviada Hernández, diputado a la LX Legislatura por el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete ante esta honorable asamblea proposición con punto de acuerdo a fin de exhortar a Petróleos Mexicanos (Pemex) y a la Secretaría de Energía del gobierno federal a tomar las decisiones necesarias para que se construya una refinería en Tuxpan, Veracruz.
Consideraciones
El miércoles 8 de octubre de 2008, el presidente Felipe Calderón anunció las medidas contracíclicas para contrarrestar la crisis financiera internacional. Entre estas medidas está construir una refinería con recursos del Fondo de Estabilización del Precio del Petróleo.
Pemex ha hecho estudios de factibilidad para construir una refinería en Tuxpan, Veracruz, lo cual sería factible por las siguientes razones:
La mayor parte de las gasolinas que se importan se entran por vía marítima, por Tuxpan, debido a lo cual ya hay infraestructura de almacenamiento y transporte mediante ductos al centro del país.
Que en la región Pemex tiene el proyecto Aceite Terciario del Golfo, que representa 39 por ciento de la reserva total de hidrocarburos del país, es decir, 17.7 miles de millones de barriles de petróleo crudo equivalente. Este proyecto producirá entre 550 mil y 600 mil barriles diarios hacia 2021.
El 1 de septiembre de 2008, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del gobierno federal otorgó al de Veracruz la concesión para construir en Tuxpan un puerto de gran calado.
Esa refinería podría procesar el crudo proveniente del proyecto Aceite Terciario del Golfo o de otros yacimientos que pudieran llegar por vía marítima a través del nuevo puerto.
La derrama económica que dejaría en la región el proyecto de Aceite Terciario del Golfo, aunada al puerto y la refinería, convertirá a Tuxpan en un polo de desarrollo regional que mejoraría el nivel de vida de los ciudadanos del norte de Veracruz.
Punto de Acuerdo
Único. Exhortar a Petróleos Mexicanos y a la Secretaría de Energía del gobierno federal a tomar las decisiones necesarias para que se construya una refinería en Tuxpan, Veracruz.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de octubre de 2008.
Diputado Íñigo Antonio Laviada Hernández
(rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA AL TITULAR DEL EJECUTIVO DE VERACRUZ A GARANTIZAR EL RESPETO
DE LOS DERECHOS DE CAMPESINOS E INDÍGENAS Y DEL GREMIO DE TAXISTAS,
A CARGO DE LA DIPUTADA GLORIA RASGADO CORSI, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL
PRD
Quien suscribe, Gloria Rasgado Corsi, diputada federal de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite someter a la alta consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, en calidad de urgente resolución, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Ramiro Guillén Tapia no fue un personaje común. Sin ser campesino, dejó todo y se fue al campo. Convivió con indígenas y los habitantes de la sierra de Soteapan, en el sur de Veracruz, y murió por ellos, por su causa, por la defensa de su tierra.
El pasado 30 de septiembre, tras la enésima evasiva oficial, tras serle cancelada la audiencia en que se les pagaría la tierra que venían demandando en tribunales agrarios, tomó una decisión trágica: se prendió fuego frente al palacio de gobierno de Veracruz y horas después murió a causa de las quemaduras y del daño a sus vías respiratorias.
Ramiro Guillén no murió inútilmente. Su muerte puso los ojos del mundo en el gobierno de Veracruz. Hizo evidente la negligencia de un gobierno que abandona las demandas sociales; que ignora los reclamos de sus representados; que cierra canales de negociación política; que lucra con la esperanza de los pobres.
Hacía cuatro años luchaba porque se reconociera a los campesinos el derecho a ocupar un predio en Ocozotepec, en el municipio de San Pedro Soteapan. Acudió a los tribunales agrarios y se les negó la razón jurídica. Negociaron una y decenas de veces con el gobierno estatal, al que recurrieron para evitar un desalojo violento.
Cuando la resolución del Tribunal Agrario les fue desfavorable, el gobierno de Veracruz los insertó en un programa de la Secretaría de la Reforma Agraria para aportarles recursos económicos y lograr que migraran a otras tierras. Pero la indolencia oficial los llevó al límite de la desesperación.
Con miles de sacrificios, Ramiro Guillén lograba llevar a los campesinos e indígenas de Ocozotepec a Jalapa, la capital veracruzana. A duras penas reunía el dinero de los pasajes y emprendían el viaje. A veces lo que llevaban si acaso les alcanzaba para comer; otras veces, ni eso. Y a menudo se topaban con la cruda indiferencia de los funcionarios de la Subsecretaría de Gobierno estatal, que sin más ni más les cancelaban la audiencia.
Así ocurrió en 107 ocasiones. Así, con su angustia a cuestas, con la frustración en el alma, retornaban a su tierra, a la tierra de la que finalmente terminaron siendo despojados.
La muerte de Ramiro Guillén Tapia evidenció también la actitud perversa de los funcionarios que tuvieron en sus manos una salida justa para el conflicto de los campesinos e indígenas de Soteapan.
Ese 30 de septiembre, recién inmolado, su cuerpo aquejado por la acción de las llamas, aún en camino al hospital en que finalmente habría de morir, era acusado públicamente por funcionarios menores del gobierno de Veracruz de mentirle a sus representados; de incurrir en un "afán protagónico y de hacer creer que son sufridos, cuando ocupan un predio que no es de ellos, ocupan tierras irregularmente"; de saber que el día de la supuesta audiencia no habría solución porque el convenio final tendría que ser ratificado ante el Tribunal Unitario Agrario, y la peor expresión, a cargo del secretario de gobierno, Reynaldo Escobar Pérez, al señalar que Ramiro Guillén Tapia asumió una decisión muy personal, a la cual era ajena el gobierno de Veracruz.
La Subsecretaría de Gobierno del Ejecutivo de estatal ha sido en innumerables ocasiones señalada de realizar un manejo torpe de los conflictos veracruzanos. Desatiende los reclamos sociales; ignora los llamados de alerta; actúa con prepotencia, soberbia y pasividad.
Cuando Ramiro Guillén Tapia murió, el titular de esa dependencia era Ricardo Landa Cano, un político de escasos alcances, sumamente limitado, negligente en exceso y que solía menospreciar a los ciudadanos de niveles sociales deprimidos.
Ricardo Landa y su equipo de trabajo actuaron en consecuencia. En más de cien ocasiones cancelaron la audiencia a los campesinos e indígenas de Soteapan, y en esas más de cien ocasiones los campesinos e indígenas de Soteapan se manifestaron frente al palacio de gobierno de Veracruz.
Para deslindarse de su responsabilidad en la muerte de Ramiro Guillén Tapia, Ricardo Landa Cano y el mismo gobernador Fidel Herrera Beltrán han negado públicamente que tal número de ocasiones se les hubiera cancelado la audiencia. Pero su protesta reiterada —sus mítines, sus arengas, sus reclamos— fue documentada mediante videos y notas periodísticas en diversos medios de comunicación a lo largo de cuatro años.
Finalmente, la negligencia oficial rindió sus frutos. El 30 de septiembre pasado, Ramiro Guillén Tapia se inmoló frente al palacio de gobierno.
Un hombre que entregó su vida por la causa campesina, como fue Ramiro Guillén, logró evidenciar cómo se ignoran las demandas sociales en Veracruz.
Existen, sin embargo, otros conflictos en Veracruz que avanzan hacia situaciones de violencia por la indiferencia del gobierno estatal o por actuar con parcialidad política, falta de compromiso social e incumplimiento de la ley.
He aquí algunos ejemplos:
Ocho heridos en Álamo por la lucha por el poder entre alcaldesa y diputado local.
Álamo es tierra de caciques, de conflictos agrarios y de una cruenta lucha por el poder político. Zona de grandes contrastes, conviven la abundancia y la pobreza. Y es que si bien es el mayor productor de cítricos del país, padece también los mayores rezagos y un lacerante olvido.
A principio de este año se incubó un conflicto agrario que culminó con hechos de violencia, despojo, manipulación política y atropello a los derechos humanos de un grupo de campesinos de esa región.
Los protagonistas fueron el Movimiento Nacional de los 400 Pueblos, un grupo que se escindió de esa organización y se afilió la Confederación Nacional Campesina (CNC), la alcaldesa Blanca Arminda Batalla Herbert y el diputado local Balfrén González Montalvo, ambos del Partido Revolucionario Institucional.
Ante una serie de diferencias surgidas en el seno del Movimiento Nacional de los 400 Pueblos, el 14 de febrero pasado 72 familias fueron echadas del predio El Guayabo, en el municipio de Álamo, a punta de pistola por el simple hecho de haber decidido abandonar la agrupación y adherirse al Comité Regional Campesino, eminentemente priísta. El saldo fue de cinco heridos, algunas chozas y vehículos incendiados y sus cosechas de cítricos robadas.
En respuesta, los cenecistas realizaron una labor de volanteo en las calles de Álamo. La intención era sensibilizar a la población del despojo de que habían sido víctimas y provocar el repudio hacia el Movimiento de los 400 Pueblos y a su principal promotora, la alcaldesa Blanca Batalla. El 5 de marzo se apostaron frente a la alcaldía, realizaron un mitin de protesta y trascendió que habrían de tomar la sede del ayuntamiento.
Blanca Batalla, quien se encontraba en esos momentos en la capital del estado de Veracruz, Jalapa, ante el temor de que fuera los campesinos cenecistas se apoderaran del palacio municipal, ordenó a su hijo, Juan Gómez Batalla, presidente del DIF municipal y a quien piensa heredarle el cargo, que los integrantes de los 400 Pueblos se concentraran para enfrentar a sus adversarios.
El choque entre ambos grupos de campesinos fue de cuatro heridos por arma de fuego y otros cuatro presentaban heridas provocadas por machetazos. La zozobra se apoderó de la población. Fueron suspendidas las clases en las escuelas y varios establecimientos comerciales del centro de la ciudad cerraron sus puertas ante el riesgo de nuevos enfrentamientos.
La calma retornó a Álamo cuando el 11 de marzo hizo acto de presencia el Ejército Mexicano. Ese día, los integrantes del Movimiento Nacional de los 400 Pueblos se retiraron de la cabecera municipal y se concentraron en las zonas rurales.
Sin embargo, la inclinación del gobierno de Veracruz a favor de la alcaldesa Blanca Batalla ha sido el elemento clave para atizar el fuego y un evidente acto de encubrimiento político con una buena dosis de complicidad. El entonces subsecretario de gobierno, Ricardo Landa Cano, la dejó operar a su antojo. Desoyó las voces que alertaban que la vinculación de la edil con los 400 Pueblos terminaría auspiciando acciones violentas, pues los miembros de esta organización se sintieron impunes.
Ricardo Landa, el mismo funcionario al que ahora se responsabiliza de cancelar en 107 ocasiones la audiencia a los campesinos e indígenas de Soteapan y que el 30 de septiembre pasado propició que su representante, Ramiro Guillén Tapia, se prendiera fuego frente al palacio de gobierno y luego muriera, expresó públicamente su respaldo a la alcaldesa.
El conflicto por el control de las tierras y la violencia que se derivó, fue el inicio de una serie de acusaciones entre la alcaldesa Blanca Batalla y el diputado local Balfrén González Montalvo.
Blanca Batalla es acusada de financiar al Movimiento Nacional de los 400 Pueblos para sostenerse en el Ayuntamiento de Álamo y enfrentar a sus enemigos, a quienes incumplió diversos acuerdos políticos y a los que les negó posiciones en su administración municipal. Los señalamientos se los ha hecho públicamente el legislador González Montalvo, quien le imputa que haya generado las condiciones para que Álamo cayera en la ingobernabilidad.
González Montalvo incluso ha lanzado señalamientos contra el gobierno de Veracruz, al que le reclama haberle dado largas al conflicto y no aportar una solución de fondo.
A su vez, Blanca Batalla acusa al diputado González Montalvo de ser el artífice del conflicto. Públicamente, también, ha expresado que el legislador provocó que 72 familias abandonaran el Movimiento Nacional de los 400 Pueblos y de ahí se generaran los hechos de violencia.
El origen del conflicto es indudablemente político. Hace un año, Blanca Batalla, quien era diputada local panista, le robó la postulación a González Montalvo para contender por la alcaldía de Álamo. Blanca Batalla traicionó al PAN y se pasó a las filas del PRI. Ricardo Landa Cano, quien entonces era presidente estatal del PRI, fue el encargado de entregarle la candidatura a la hoy presidenta municipal.
Pero el problema es mayor aún. Blanca Batalla se ha propuesto heredarle el cargo a su hijo, Juan Gómez Batalla, lo que dejaría al diputado Balfrén González Montalvo nuevamente fuera de toda posibilidad de acceder a la presidencia municipal.
En Álamo la sola posibilidad de que Juan Gómez Batalla pudiera llegar a la alcaldía, provoca temor. Junto con su hermano, Enrique Gómez Batalla, son acusados de diversas tropelías, de enriquecerse impunemente, de derrochar el dinero del erario y de ejercer el poder sin respeto a la ley.
La última tropelía corrió a cargo de Juan Gómez Batalla. Sin investidura alguna y en un evidente atropello a la Ley Orgánica del Municipio Libre "destituyó" al síndico Armando Solís Guzmán; obligó a su personal a abandonar la oficina que ocupaban en el Ayuntamiento; a entregar una computadora con información confidencial, y se apoderó del vehículo asignado para sus tareas edilicias en el que sospechosamente luego apareció droga.
Esa arbitrariedad viene a agravar la de por sí conflictiva situación política de Álamo.
Apenas el 23 de febrero, el delegado de la Procuraduría Agraria, Fernando Santamaría Prieto, había revelado la existencia de ocho conflictos agrarios en el estado de Veracruz y riesgo de violencia. Nadie lo escuchó.
Campesinos de Pánuco denuncian que les ocultan 800 mil pesos; representante del gobierno de Veracruz se desentiende del caso
El pasado 7 de abril, doce campesinos del municipio de Pánuco denunciaron el desvío de recursos por parte de funcionarios del gobierno de Veracruz, quienes desde el 18 de diciembre de 2007 se negaron a pagar la cantidad de 800 mil pesos, producto del estímulo a trabajadores del campo en el Programa de Apoyo a los Proyectos de Inversión Rural (PAPIR), de corte federal pero operado por los gobiernos estatales.
Reseñas periodísticas aparecidas en medios de comunicación de Pánuco señalan que el caso fue puesto en manos del secretario ejecutivo del Instituto de Desarrollo Regional, Román Brito Gómez, y se cursó oficios al gobernador Fidel Herrera Beltrán; al diputado panuquense Patricio Chirinos del Ángel; a la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso de Veracruz, Carolina Gudiño, y al auditor general del estado, Mauricio Audirac.
Sin embargo, seis meses después, el conflicto continúa sin resolverse. Los campesinos deben los 800 mil pesos a quienes les vendieron el ganado adquirido para sus labores del campo. Ese recurso lo utilizarían para saldar su deuda.
Durante meses han cursado oficios a funcionarios del gobierno de Veracruz; han realizado gestiones ante el Congreso del estado, y han expuesto su denuncia ante la opinión pública. El secretario ejecutivo del Instituto Veracruzano para el Desarrollo Rural, Román Brito Gómez, se ha desentendido del caso, pese a los riesgos de una protesta violenta.
Los campesinos son víctimas de la corrupción, el desinterés, el engaño, la deshonestidad y la falta de transparencia. Son presa fácil, en consecuencia, de la desesperación.
Frente a tanta indolencia, los campesinos de Pánuco amenazan con adoptar medidas radicales a fin de que el gobierno de Veracruz intervenga para liberar los recursos del PAPIR a que tienen derecho.
Campesinos de Tatahuicapan amenazan tomar indefinidamente la presa que abastece de agua a Coatzacoalcos, Minatitlán y Cosoleacaque
En octubre de 2006, cientos de habitantes del municipio de Tatahuicapan, enclavado en la sierra de Soteapan, al sur de Veracruz, tomaron las instalaciones del sistema de agua Yurivia, bloquearon la presa de almacenamiento y dejaron tres días sin agua potable de manera total a Coatzacoalcos, y parcialmente a Minatitlán y Cosoleacaque.
La presa Yurivia y los nacimientos de agua se encuentran en el municipio de Tatahuicapan y por años únicamente habían abastecido a poblados serranos. Cuando el gobierno de Veracruz decidió resolver, en 1984, el grave problema del suministro de agua a Coatzacoalcos, cuyos manantiales se hallaban a punto del agotamiento, Tatahuicapan fue la solución y a cambio, se les ofrecieron diversas obras públicas y ser considerados en los proyectos de desarrollo. Nada de esto, sin embargo, ocurrió.
El 20 de octubre de 2006, dos personas vecinas del lugar fallecieron cuando a bordo de su camioneta al intentar cruzar un arroyo mientras se desataba una tromba. La corriente los arrastró y murieron ahogados dentro del vehículo. Esos campesinos murieron por la negligencia oficial.
Fue ese el detonante de una gran protesta que cimbró a la región, sacudió los cimientos del gobierno de Veracruz y generó una aguda crisis en el suministro de agua en esos tres municipios del sur de Veracruz.
Con justa razón, los pobladores de Tatahuicapan exigieron hacer efectivo y válido el convenio suscrito en 1984 con el gobierno de Veracruz para que a cambio de facilitar las obras del sistema de agua Yurivia, les fueran construidos caminos, se reforestara la zona cercana al manantial ya que la tala de árboles habría provocado el agotamiento del venero de agua, y que les crearan centros educativos.
Las obras se realizaron parcial y lentamente. Eso sí, la propaganda oficial anunciaba a diario los grandes beneficios que recibían los habitantes de Tatahuicapan.
En contraste, los pobladores del lugar, campesinos e indígenas en su mayoría, habían venido acusando al gobierno del estado de Veracruz de jugar con una mentira, de faltar a la verdad, de simular un compromiso social que no asumía y de usar la demagogia como instrumento de poder.
Como ya es costumbre en el gobierno de Fidel Herrera Beltrán, la falta de cumplimiento a sus promesas lo ha llevado al punto de partida del conflicto en Tatahuicapan.
Los campesinos, encabezados por sus autoridades ejidales y municipales, han emplazado a la autoridad a hacer efectivo los convenios. Pero esta vez van más allá. Amenazan con tomar de manera indefinida la presa del Yurivia y no entregarla hasta que las obras carreteras, la reforestación de la zona del manantial y los centros educativos hayan sido concluidos.
Ante ello, pende sobre los habitantes de Tatahuicapan la advertencia de que por tratarse de un recurso del subsuelo, por el impacto que tendría la carencia de agua en tres poblaciones, las más importantes del sur de Veracruz, se solicitaría la intervención del Ejército y se consignaría a los responsables.
El conflicto amenaza con provocar un estallido social de efectos alarmantes. Toda una población ejerce presión sobre sus autoridades municipales y ejidales para llevar a cabo acciones radicales. Están dispuestos a llegar hasta donde el gobierno de Veracruz los orille. Y por si algo faltara, se pretende enfrentar al Ejército con los campesinos e indígenas.
Han sido 24 años de faltar a la palabra comprometida y de burlar la buena fe de los campesinos e indígenas de Tatahuicapan.
El estallido social se advierte en el horizonte.
Taxistas toman todas las delegaciones Tránsito del estado de Veracruz
El 11 de marzo pasado, el gremio de los taxistas realizó una protesta masiva en todo el estado de Veracruz. Al conocerse el otorgamiento de nuevas concesiones para el servicio de taxis, las diversas agrupaciones tomaron las instalaciones de las delegaciones de Tránsito y obligaron al gobierno estatal a suspender sus acciones.
Pese a ser organizaciones eminentemente priístas, afiliadas a las centrales CTM, CNOP, CROM y CROC, recriminaron al gobierno estatal que se realice un nuevo otorgamiento de placas de taxi cuando aún no se expiden los títulos de concesión a quienes generaron ese derecho desde finales del gobierno de Miguel Alemán Velasco, hace cuatro años.
La base de su reclamo se estableció también en el hecho de que el otorgamiento de juegos de placas para taxi favorezca a ciudadanos desvinculados del gremio taxista, es decir, personas que las adquirieron por el sólo hecho de contar con recursos económicos, pero sin ninguna experiencia en ese servicio público.
Se trató de un hecho inédito. Nunca en la historia de Veracruz miles de taxistas en pleno habían protestado de manera simultánea y se habían decidido a apoderarse por varias horas de todas las delegaciones de Tránsito del estado.
Por lo antes expuesto, someto a consideración de esta soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorte al titular del Ejecutivo de Veracruz a atender las demandas sociales; a hacer efectivo el respeto a los derechos de los campesinos e indígenas en materia agraria; a garantizar el acceso a programas de apoyo económico para impulsar la producción en el campo; a cumplir los acuerdos con las organizaciones campesinas y ayuntamientos para evitar colapsos en materia de suministro de agua potable, y a tomar medidas que garanticen el respeto a los derechos del gremio de los taxistas.
Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados. Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de octubre de 2008.
Diputada Gloria Rasgado Corsi (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A EMPRENDER ACCIONES EMERGENTES PARA LA
RESTAURACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA CUENCA LERMA-CHAPALA-SANTIAGO,
A CARGO DE LA DIPUTADA MARÍA MERCEDES COLÍN GUADARRAMA, DEL
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
La que suscribe, diputada federal de la LX Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del PRI, con fundamento en los artículos 58, 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del Pleno el siguiente punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, al tenor de los siguientes
Motivos
Desde hace varias décadas la cuenca Lerma-Chapala ha sido el motor que ha dado impulso al rápido crecimiento poblacional y económico de esa región de nuestro país.
Hablar de lo que representa el lago de Chapala, es referirnos a un regulador natural del sistema climático y ambiental en la zona; es encontrarnos con una amplia diversidad de especies animales y vegetales.
El lago de Chapala se encuentra en la mesa central de la altiplanicie mexicana. Tiene una longitud de 82.18 kilómetros, una anchura promedio de 18.8 kilómetros y una extensión aproximada de mil 740.08 kilómetros cuadrados; es el lago más grande de la República Mexicana, el tercero en tamaño y segundo en altura en América Latina, siendo el río Lerma su principal abastecedor, el cual vierte un promedio anual de 32.8 metros cúbicos por segundo; es decir, aporta más del 50 por ciento de la capacidad del lago.
En torno a este último viven once millones de personas, aproximadamente 10 por ciento de la población total de México, lo cual hace que cada día las dificultades para cubrir la demanda de agua de los habitantes sean mayores.
El lago de Chapala tiene una capacidad total aproximada de 8 mil millones de metros cúbicos, y es la principal fuente de abastecimiento de agua potable de la zona conurbada de Guadalajara, ya que aporta el 60 por ciento del agua que llega a la ciudad. El lago de Chapala actualmente tiene una superficie total de 114 mil 659 hectáreas, de las cuales a Jalisco corresponde el 86 por ciento y el 14 por ciento a Michoacán.
Lamentablemente, hoy día vemos con preocupación creciente cómo la falta de una política ambiental y de preservación del lago ha provocado la depredación de los recursos naturales, lo cual ha dejado al borde del colapso a este importante corredor hídrico del país, sin ninguna perspectiva que garantice en el futuro su viabilidad.
Si bien actualmente el Lago ha presentado un aumento importante en lo que se refiere al vaso lacustre, el cual alcanzó niveles superiores a los registrados desde hace 28 años, logrando recuperar 2.08 metros de su nivel, que representan más del 80 por ciento de su capacidad total de almacenamiento, no podemos dejar pasar por alto que este importante acontecimiento, derivado de una situación meramente casual, no es debido a las acciones de las autoridades encargadas de su preservación, sino por el contrario, gracias a dicho suceso se ha puesto en evidencia la mala administración y la falta de atención por parte de las mismas al encontrar que con el nivel actual del lago se han inundado fincas y restaurantes que se construyeron de manera irregular, lo cual no sólo prende los focos rojos, sino que es muestra clara de que los problemas que enfrenta el lago no han quedado resueltos con el incremento del vaso registrado a últimas fechas, por lo que es importante que se tomen cartas en el asunto de manera urgente.
Cabe señalar que entre los principales problemas que aquejan al lago podemos encontrar la desecación por evaporación y deforestación; la extracción de agua, ya sea permitida o clandestina; la contaminación por utilización de pesticidas; las descargas de drenaje público; descargas de aguas porcícolas; así como de hidrocarburos y metales pesados por parte de las industrias que se encuentran alrededor.
No podemos dejar de mencionar que en último decenio se ha incrementado y agudizado dicha problemática debido a la negligencia de las autoridades responsables.
Derivado de lo anterior, vemos con tristeza como el lago de Chapala se encuentra en un grave riesgo de desaparecer en los próximos años debido a la sobreexplotación de las reservas acuíferas, la contaminación y la ocupación ilegal de las zonas desecadas, lo cual resulta realmente alarmante y por lo que no podemos quedarnos de brazos cruzados.
La falta de acciones encaminadas a resolver los principales problemas que enfrenta el Lago, es muestra del poco interés que han mostrado las autoridades encargadas de preservar el ambiente, lo cual pone en tela de juicio la capacidad de éstas para resarcir los graves daños que han provocado un enorme desequilibrio ecológico en esta cuenca.
Es necesario tomar medidas para que Chapala conserve un mínimo de aproximadamente 5 mil 700 a 6 mil millones de metros cúbicos, que representa el 70 por ciento de su capacidad total, para que con ello, logremos su subsistencia de por vida.
Para la dirigencia nacional del PRI y para nuestro grupo parlamentario es necesario implantar y desarrollar políticas públicas para un desarrollo sustentable que satisfaga las necesidades del presente sin comprometer las capacidades de las futuras generaciones de satisfacer sus propias necesidades.
Por ello que asumimos el compromiso de impulsar leyes federales y estatales, políticas públicas y programas de gobierno que orienten el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales.
Como legisladores, es de vital importancia impulsar programas en el ámbito nacional e internacional de los distintos órdenes de gobierno y los organismos internacionales para llevar a cabo acciones que preserven el medio ambiente y permitan responder con oportunidad a los efectos del cambio climático.
La planeación y rescate del lago de Chapala requiere de todo el esfuerzo tecnológico, de la organización social y de las instituciones de los tres órdenes de gobierno.
Hoy por hoy, tenemos un gran compromiso con la madre tierra; el calentamiento global, el cambio climático, los desastres naturales, todo ha sido resultado de la contaminación y de la mala previsión ambiental que hemos tenido.
Finalmente, desde esta tribuna hago un llamado a todas la fuerzas políticas del país y a la sociedad civil para que juntos nos comprometamos a defender el medio ambiente. La Cuenca Lerma-Chapala requiere urgentemente de nuestra ayuda, hay que tenderle la mano, hay que poner nuestro mayor y mejor esfuerzo.
Por lo anteriormente expuesto, pongo a consideración de este Pleno la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo federal a instaurar, en el ámbito de sus atribuciones, una política ambiental sustentable que tenga como finalidad la restauración y conservación óptima de la cuenca Lerma-Chapala-Santiago.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de octubre de 2008.
Diputada María Mercedes Colín Guadarrama
(rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA AL TITULAR DEL EJECUTIVO DE VERACRUZ A INFORMAR SOBRE EL DESTINO
DE LA RESERVA TERRITORIAL DE COATZACOALCOS, EL DAÑO AMBIENTAL DEL
SAQUEO DE ARENA POR EMPRESAS INMOBILIARIAS Y LA DISPOSICIÓN PARA
QUE BANORTE REALICE EN FORMA EXCLUSIVA EL FINANCIAMIENTO DEL DESARROLLO
HABITACIONAL EN DICHO MUNICIPIO, A CARGO DE LA DIPUTADA GLORIA RASGADO
CORSI, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
Quien suscribe, Gloria Rasgado Corsi, diputada federal a la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite someter a la alta consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, en calidad de urgente resolución, al tenor de los siguientes
Consideraciones
A principio de los años 80 el gobierno federal anunció la creación del Puerto Industrial del Ostión, en los municipios de Coatzacoalcos y Pajapan, en el sur del estado de Veracruz, que sería el puntal del desarrollo de diversas actividades económicas, que permitirían la generación de empleos y un flujo de recursos financieros para alcanzar niveles de progreso y bienestar para la población. La meta sería la formación de 10 mil industrias entre micro, pequeña, mediana y la de grandes dimensiones.
Sin embargo, el proyecto del régimen lopezportillista no pasó de ser un sueño faraónico. Salvo los primeros trabajos de acondicionamiento de suelos y el habilitamiento de algunas dársenas que no llegaron a concluirse, no se realizó construcción alguna. Las inversiones simplemente no llegaron. El Puerto Industrial del Ostión pasó a ser un proyecto irrealizable. Y finalmente, se canceló.
Empero, para disponer del espacio para realizar aquel proyecto federal el gobierno expropió cerca de 30 mil hectáreas de terreno; 20 mil de ellas correspondían a tierras comunales en el municipio de Pajapan y casi 10 mil hectáreas pertenecientes a pequeños propietarios en Coatzacoalcos.
Al cabo de cinco años de haberse decretado la expropiación y sin concretarse el proyecto industrial, los comuneros de Pajapan reclamaron sus tierras y mediante juicios de amparo lograron recuperarlas.
No ocurrió así con las más de 9 mil hectáreas de Coatzacoalcos, que la empresa paraestatal Desarrollo Urbano del Puerto del Ostión trasladó al gobierno del estado de Veracruz para que se constituyera en reserva territorial del municipio.
A partir de entonces, se han generado grandes conflictos entre quienes se dicen propietarios de esos terrenos y el gobierno de Veracruz, que ha menudo han desembocado en acusaciones penales y prolongados juicios inmobiliarios.
Las invasiones de predios y las asignaciones que de manera discrecional ha realizado el gobierno de Veracruz han mermado la gran extensión que constituía la reserva territorial. De manera obligada se fundaron colonias populares a las que se les otorgan servicios públicos deficientes o de plano carecen de ellos. Como consecuencia de esa anarquía tolerada, e incluso auspiciada, por el gobierno estatal, se ha afectado el entorno ecológico y se han transgredido diversas disposiciones contenidas en las leyes ambientales.
A fines del gobierno estatal que encabezó Miguel Alemán Velasco se inició un proyecto para impulsar la industria de la vivienda, bajo el señuelo de dar solución a las demandas de miles de ciudadanos que demandan un espacio para construir un hogar.
El 13 de abril de 2004 el gobierno alemanista logró la autorización del Congreso de Veracruz para iniciar la licitación de 45 hectáreas en la reserva territorial de Coatzacoalcos, así como en otras siete reservas del estado.
Durante el debate legislativo se cuestionó la certeza de los avalúos de los terrenos y quedó en claro que el gobierno estatal tenía el firme propósito de entregar los predios a precio de regalo a los grandes desarrolladores de vivienda a nivel nacional. Aún así, pese la suspicacia de un buen número de los diputados locales presentes, el voto de la mayoría priísta sacó adelante la propuesta alemanista y se inició con ello un auténtico saqueo de tierras con el aval oficial.
La convocatoria pública, expedida el 21 de junio de 2004, señalaba como precio base 20 pesos por metro cuadrado de terreno y que los concursantes tuvieran domicilio fiscal en Veracruz.
Ya en el gobierno que encabeza Fidel Herrera Beltrán, entre agosto del año 2005 a septiembre del 2007 la reserva territorial de Coatzacoalcos prácticamente ha sido puesta en manos de las grandes empresas inmobiliarias del país, encabezadas por el Grupo Geo y Homex, así como por desarrolladores de vivienda del estado de Veracruz.
Documentos extraídos del Registro Público de la Propiedad de Veracruz demuestran que la tierra prácticamente se obsequió a las empresas inmobiliarias. A Grupo GEO le vendieron el metro cuadrado a razón de 11 pesos, al igual que a Homex, Capsa, Fernando Quintal Construcciones y Grupo Roma.
Para la construcción de las viviendas el gobierno de Veracruz creó fideicomisos de los que forman parte el Instituto para el Desarrollo de la Vivienda, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Social y Medio Ambiente; la empresa inmobiliaria, y la institución bancaria Banorte, sin que haya explicado si otras instituciones bancarias fueron convocadas a participar en un proceso de licitación para aportar los recursos para la realización de estos proyectos.
Otro hecho grave lo constituye la mala calidad de las viviendas. Apenas entregadas a quienes decidieron adquirirlas, las casas presentan defectos de construcción; se les filtra el agua de lluvia; se cuartean las paredes y los materiales usados no pasan una prueba de calidad. Las denuncias al respecto han sido públicas pero ninguna autoridad actúa en defensa de los ciudadanos afectados.
Lo que un día fueron terrenos federales, expropiados para realizar un desarrollo industrial, terminaron sirviendo para pago de facturas políticas a organizaciones priistas y a agrupaciones de vendelotes que reiteradamente han servido al Partido Revolucionario Institucional en procesos electorales.
Ejemplos de organizaciones priístas beneficiadas con la entrega de terrenos es Nuevo Tiempo Veracruzano, agrupación que se dice apolítica pero que destapa candidatos priístas a diversos cargos de elección popular, como fue el propio Fidel Herrera Beltrán en el año 2004 y el candidato a senador José Yunes Zorrilla, impulsado por el gobernador de Veracruz. Además, el líder de Nuevo Tiempo Veracruzano es el actual diputado local Joel Arcos Roldán, también del círculo fidelista.
Conocidos especuladores de terrenos al servicio del PRI, han recibido centenares de predios para entregarlos a colonos que en los procesos electorales han sido identificados por realizar prácticas fraudulentas para vulnerar la voluntad ciudadana.
Y para evitar un escándalo público, el gobernador de Veracruz ha consentido la entrega de terrenos a organizaciones de periodistas que a cambio han guardado silencio ante las protestas de agrupaciones que años atrás iniciaron sus gestiones para que les fueran asignadas extensiones de tierra para solicitantes de vivienda, los cuales cumplen con los requisitos que la ley establece.
A la par de eso el gobernador Fidel Herrera Beltrán ha puesto en manos de amigos y socios gran parte de la reserva territorial. Mediante fideicomisos que integra a su antojo, el mandatario veracruzano creó el Parque de Servicios Puerto México, cuyo director es Jesús Antonio Macías Yasegey, quien fungió como operador financiero en la campaña del PRI a la gubernatura de Veracruz, siendo candidato Herrera Beltrán, en el año 2004. Antonio Macías es, a su vez, suegro del secretario de Finanzas del gobierno veracruzano, Javier Duarte de Ochoa, a quien Fidel Herrera impulsa para que sea su sucesor en el gobierno estatal.
En el aspecto ambiental, la indiscriminada entrega de terrenos a las empresas inmobiliarias ha provocado la modificación del entorno ambiental.
Para la construcción de más de 10 mil viviendas, los empresarios inmobiliarios realizan un permanente saqueo de arena, gran parte de la cual presenta partículas salitrosas por su cercanía con el mar. Los estudios de impacto ambiental han sido aprobados sin considerar el daño al medio ambiente y a la geografía natural del área afectada.
Por lo antes expuesto, y con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito solicitar al pleno de esta Cámara de Diputados se someta a la consideración la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
1. El Pleno de la Cámara de Diputados LX Legislatura, con total respeto al ámbito de sus respectivas competencias, exhorta al titular del Poder Ejecutivo del estado de Veracruz a revisar los términos en que se constituyeron los fideicomisos para construcción de vivienda y los mecanismos para garantizar la calidad de las construcciones en beneficio de los adquirientes.
2. Que la Comisión de Medio Ambiente solicite a la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca los estudios de impacto ambiental en torno a la modificación del entorno natural mediante el saqueo de arena en la reserva territorial de Coatzacoalcos.
3. Que la Comisión de Hacienda y Crédito Público solicite al gobierno del estado de Veracruz un informe en el que se expliquen los criterios que se aplicaron para concederle a la institución bancaria Banorte, en forma exclusiva, el financiamiento del desarrollo habitacional en la reserva territorial de Coatzacoalcos.
Dado en el Salón de Sesiones de la Cámara de Diputados, a los 23 días del mes de octubre de 2008.
Diputada Gloria Rasgado Corsi (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A DESTINAR MÁS RECURSOS A LOS PROGRAMAS
INDÍGENAS, A CARGO DEL DIPUTADO JOSÉ EDMUNDO RAMÍREZ
MARTÍNEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
El que suscribe, diputado federal a la LX Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del PRI, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del Pleno el presente punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, al tenor de los siguientes
Motivos
La discriminación es una problemática que todavía siguen padeciendo nuestros hermanos indígenas en nuestro país. Día a día vemos el constante rechazo hacia nuestras raíces, observamos que poco a poco se van diluyendo nuestras costumbres y tradiciones, y con ello, vamos terminando con el haber y el hacer cotidiano de nuestros pueblos autóctonos.
Cuántas veces no hemos escuchado comentarios despectivos hacia las personas que aún usan trajes típicos de la región o que presentan rasgos físicos característicos o hablan una lengua nativa. Lo grave del asunto es que este rechazo provoca que los indígenas bajen la mirada, se sientan inferiores y excluidos, y peor aún, traten de ocultar y negar sus propias raíces.
Nos hemos olvidado de nuestro México pluricultural, de nuestra cultura, valores y tradiciones, que poco a poco se han ido disipando en el vacío de la globalización, sin que hasta el momento las acciones implementadas sean mecanismos integrales para evitarlo.
Reconozco que la política en nuestro país ha tenido grandes avances favorables en la materia, sin embargo, todavía no podemos deslindarnos de la marginación y pobreza que siguen siendo el pan de cada día de nuestras comunidades indígenas.
Por ello, nosotros como legisladores debemos implementar acciones que permitan combatir eficazmente la desigualdad que por tanto tiempo se ha ido acumulando, a tal grado, que se ha vuelto estructural, donde a la vieja problemática de los indígenas, se le han sumado nuevos problemas como la crisis del agro mexicano, provocando que muchos de ellos emigren a las ciudades e incluso arriesguen sus vidas tratando de cruzar las fronteras para conseguir mejores condiciones de vida.
Es lamentable, que la marginación y la pobreza no es un producto residual, y no se origina en la propia cultura indígena, sino en la dinámica de relaciones disímiles, discriminatorias y opresivas que se han ejercido sobre este sector de la sociedad.
Es tiempo de que tomemos al toro por los cuernos e implantemos una verdadera política que resuelva de manera pronta y de soluciones a corto y mediano plazo a las carencias y necesidades de miles de indígenas que habitan nuestro país.
Compañeras y compañeros legisladores: podemos pensar en una diversa gama de problemas que aquejan a los indígenas hoy en día, de lo cual, resulta evidente que sería casi imposible darle una solución adecuada a todos y cada uno de ellos. Sin embargo, considero que el primer paso para alcanzar una mejoría en estos aspectos es darnos cuenta de que este problema existe y que tiene consecuencias graves en nuestra sociedad.
Debemos implantar, en coordinación con el Ejecutivo federal, una política que realmente beneficie a los grupos indígenas, bajo la premisa de que el gobierno ya no puede actuar a voluntad, sino que debe tomar en cuenta las propuestas y necesidades fundamentales de las comunidades generando un cambio positivo en la vida de esta población.
Por ello, compañeras y compañeros legisladores, someto a su consideración el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero. Se exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal a destinar, en el ámbito de sus atribuciones, mayores recursos a los programas indígenas, con la finalidad de que se combata la situación de pobreza y marginalidad en la que se encuentran miles de familias indígenas.
Segundo. Se exhorta a la secretaria de Educación a implantar en los niveles de educación básica una materia de carácter nacional que tenga por objetivo el refuerzo y rescate de nuestros valores, además de reconocer la pluriculturalidad de nuestro país, a fin de que se fomente el respeto a los derechos y el reconocimiento de nuestros pueblos indígenas.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de octubre de 2008.
Diputado José Edmundo Ramírez Martínez
(rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE SOLICITA A LA SENER Y A PEMEX QUE INFORMEN SOBRE EL CIERRE Y VENTA DE
PLANTAS PETROQUÍMICAS, SU EFECTO ECONÓMICO Y LOS CONVENIOS
SUSCRITOS CON EMPRESAS PRIVADAS, A CARGO DE LA DIPUTADA GLORIA RASGADO
CORSI, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
Quien suscribe, Gloria Rasgado Corsi, diputada federal de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión , integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática , con fundamento en los artículos 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite someter a la alta consideración de esta soberanía la proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Lo que fue el emporio petroquímico de Latinoamérica, enclavada en la zona sur de Veracruz, asiento de cuatro complejos petroquímicos, y que fuera polo de desarrollo en los años ochenta y que propició grandes derramas económicas, hoy es escenario de olvido, desempleo, estancamiento y malos augurios.
Cotidianamente, Petróleos Mexicanos (Pemex) anuncia el cierre de plantas petroquímicas; elabora diagnósticos dramáticos del negro y desventurado panorama para la industria petroquímica, y, en una contradicción perversa, demagógicamente presenta proyectos multimillonarios que por su magnitud sabe que serán irrealizables.
Así lo hicieron con el proyecto Fénix, en 2004, anunciado como la fórmula ideal para impulsar la producción de etileno y las cadenas de derivados con gran mercado a nivel mundial. Se invertirían 20 mil millones de dólares, una parte a cargo de Pemex y el resto de la iniciativa privada. Pemex aportaría la materia prima, es decir, el petroquímico básico, con el beneficio de contar con una clientela cautiva; los industriales privados asegurarían esa materia prima a precio preferencial y colocarían su producto final en un amplio mercado internacional.
Tendría, además, un beneficio extra; al construirse y operar en el complejo petroquímico Morelos, en el municipio de Coatzacoalcos, reactivaría la economía del sur de Veracruz; generaría fuentes de empleo; movería grandes capitales; frenaría el éxodo de miles de mexicanos que por falta de oportunidades se desplazan al norte del país o a Estados Unidos de América; cubriría la demanda nacional de derivados de etileno y colocaría a México como uno de los más sólidos exportadores a nivel mundial.
Sonaba bien, pero todo fue un engaño. Aquel proyecto se frustró cuando los inversionistas privados decidieron llevarse el Fénix al norte del país, lejos de los centros petroquímicos, pero cerca de los mercados de la transformación. Pretendieron aterrizar el proyecto Fénix en Altamira, Tamaulipas, y lo condenaron al fracaso.
Entonces, el proyecto Fénix no fue ni para Altamira ni para Coatzacoalcos.
Así ha sido la historia de la petroquímica nacional a lo largo de 20 años. Una debacle paulatina. Un plan perverso la partió en dos: la básica y la secundaria, abriendo con esta última la puerta a los capitales privados, supuestamente para impulsar su desarrollo. Pero nada de eso ocurrió.
Hoy, 20 años después, el estancamiento es total.
El auge de otros tiempos quedó en el olvido. Las grandes inversiones no llegan. La visión nacionalista en torno al valor agregado que se puede obtener del petróleo se perdió. La industria petroquímica se hunde, y no porque los mexicanos hayamos sido incapaces de aprovechar nuestros recursos naturales sino porque quienes tuvieron –y tienen– esa responsabilidad propiciaron las condiciones para entregar la petroquímica a los inversionistas privados, que, justo es decirlo, tampoco han tenido el éxito que esperaban.
Coatzacoalcos es asiento de tres complejos petroquímicos: el Pajaritos, que es el más antiguo de México, construido en los sesenta; Cangrejera, el más grande de América Latina, construido a fines de los setenta y principio de los ochenta; y el Morelos, uno de los más rentables para Pemex, que inició operaciones a fines de los ochenta. A 20 kilómetros se encuentra el complejo petroquímico Cosoleacaque, cuya dramática historia es ejemplo de lo que no se debe hacer.
Tuvimos con el complejo petroquímico Cosoleacaque el liderazgo mundial en producción de amoníaco, que es la base fundamental de los fertilizantes y, consecuentemente, de la producción de alimentos.
Hoy México enfrenta una crisis en su producción agrícola. Los campesinos y pequeños propietarios tienen que importar fertilizantes y eso incide en sus costos de producción. El mercado de los alimentos ha sido impactado y las familias.
En el complejo petroquímico Cosoleacaque operaban ocho plantas. Hoy sólo opera una. Se encuentra en proceso de licitación, porque la actual administración de Pemex es incapaz de hacerlo rentable. Paradójicamente, los inversionistas privados sí ven lo que los funcionarios de la paraestatal no: la posibilidad de obtener jugosas ganancias.
Al complejo petroquímico Pajaritos también lo han dejado morir. De sus ocho plantas originales, sólo funcionan tres: Clorados III, que pronto entrará a licitación para ser vendida a la iniciativa privada; Etileno y la Criogénica. O sea, únicamente quedarán operando dos plantas.
Aquí también existe una incongruencia: Pajaritos es codiciado por los inversionistas privados, porque le ven futuro, porque lo conciben como un negocio exitoso, mientras los funcionarios de Petróleos Mexicanos lo han llevado al estancamiento.
La empresa privada Mexichem (Mexiquem) ha expresado su intención de adquirir la planta Clorados III, pese a que presenta errores de construcción, pues se utilizaron materiales usados, sustraídos del mismo complejo petroquímico con conocimiento de los funcionarios que nada hicieron para evitarlo.
Clorados III, además, presenta un mal diseño. Por esa razón, sufrió un accidente el 31 de enero de este año, cuando se produjo un incendio y explosión en el horno de pirólisis de la planta.
Clorados III fue entregada por sus constructores, la empresa española Duro Felguera, en condiciones irregulares. Pemex pagó 10 millones de dólares por la tecnología empleada, sin que su personal recibiera la capacitación para su arranque y operación. La planta produce menos de lo programado, con las consecuentes pérdidas, a razón de 8 millones de pesos diarios, desde el inicio de sus operaciones, en noviembre de 2003. O sea, se le invirtió mucho más de lo que Clorados III produce.
Mexichem no desconoce lo que ocurre con Clorados III. Quien impulsó la venta a la iniciativa privada por parte de Pemex fue el ex subdirector de Pemex Petroquímica, Abraham Klip Moshinsky, uno de los funcionarios denunciados por diversas irregularidades, pero a quien se le encubre desde los más altos niveles del gobierno federal. Coincidentemente, Klip Moshinsky es ahora uno de los operadores encubiertos de Mexichem para que esta empresa adquiera la planta Clorados III, que aún es propiedad de la nación.
En junio pasado, Petróleos Mexicanos anunció la suspensión de la planta de estireno, en el complejo petroquímico Morelos, en la cual se invertirían mil 600 millones de pesos. También quedó en suspenso la ampliación de la planta de etileno en el mismo complejo, en la que se invertirían 800 millones de pesos.
El desplome de la industria petroquímica no es un hecho casual ni fortuito. En agosto de 2005, quedó fuera de operación la planta de acrilonitrilo, en el complejo Morelos, supuestamente por pérdida de mercado en el plano internacional. El acrilonitrilo es materia prima para la producción de plásticos y fibras sintéticas.
Sin embargo, hace unas semanas la empresa privada Unigel anunció una inversión de 100 millones de dólares para reactivar la producción de acrilonitrilo en el complejo Morelos, mediante un acuerdo con Pemex. Las materias primas se las suministrará la paraestatal, provenientes de la refinería de Minatitlán, que se encuentra en fase de reconversión.
Desplomar la producción de petroquímicos, aludiendo a la falta de mercado internacional, costos elevados en la materia prima que le suministran otras subsidiarias de Pemex, deterioro de plantas por falta de mantenimiento, tecnología obsoleta y errores de diseño en las plantas, ha sido la constante para decretar la suspensión provisional o definitiva de las plantas petroquímicas.
En 2005, cerró el complejo petroquímico Escolín, situado en Poza Rica, Veracruz.
Un año antes, en 2004, Pemex Petroquímica registró pérdidas por casi 10 mil millones de pesos, mientras el director de la filial petrolera, Rafael Beverido Lomelín, gestionaba la autorización para venderle gas natural de bajo precio para la petroquímica privada.
En noviembre de 2007, se conoció que 18 plantas estaban a punto de ser cerradas en forma permanente y cuatro más fuera de operación.
Nadie, sin embargo, explica de manera convincente cuál es el futuro de la industria petroquímica nacional, las razones por las que se desploma la producción y las estrategias a seguir para su reactivación, mientras de manera sigilosa se suscriben convenios con la iniciativa privada para entregarles el mercado y la materia prima para suplantar a Pemex como entidad rectora en ese ámbito.
Por lo antes expuesto, y con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito solicitar al Pleno de esta Cámara de Diputados se someta a consideración la proposición con
Punto de Acuerdo
1. Que la Secretaría de Energía rinda un informe en el que explique los criterios que llevaron a funcionarios de Petróleos Mexicanos a determinar el cierre de plantas petroquímicas;
2. Que Petróleos Mexicanos rinda un informe de las condiciones en que fue pagada la construcción y ampliación de la planta Clorados III, en el complejo petroquímico Pajaritos, en Coatzacoalcos, Veracruz, sin capacitación al personal responsable de su arranque, y entregue las bitácoras en que consta que se empleó materiales nuevos y no reciclados.
3. Que Pemex Petroquímica rinda un informe que explique sus criterios para suscribir convenios con empresas privadas que han desplazado a Pemex y asumido el liderazgo en la producción y venta de productos petroquímicos.
Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados, Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 28 de octubre de 2008.
Diputada Gloria Rasgado Corsi (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE SOLICITA A PEMEX QUE INFORME SOBRE LAS CONDICIONES TÉCNICAS EN
QUE OPERA LA PLANTA CLORADOS III DEL COMPLEJO PETROQUÍMICO DE PAJARITOS,
EN COATZACOALCOS, VERACRUZ, Y EL DAÑO AMBIENTAL DERIVADO DE FUGAS,
DERRAMES Y ACCIDENTES INDUSTRIALES, A CARGO DE LA DIPUTADA GLORIA RASGADO
CORSI, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
Quien suscribe, Gloria Rasgado Corsi, diputada federal de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión , integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite someter a la alta consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, en calidad de urgente resolución, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Armonizar los procesos de industrialización con el respeto al medio ambiente, es una de las premisas de las sociedades democráticas. Es lo que llamamos desarrollo sustentable, un término que alude a la convivencia entre la tecnología y el entorno ecológico, y nos permite lograr niveles de crecimiento económico con el cuidado de nuestra naturaleza.
Si bien Petróleos Mexicanos (Pemex) es motor de la economía en las regiones donde realiza sus procesos productivos, también es cierto que en incontables ocasiones, voluntaria o involuntariamente, ha provocado daños al medio ambiente; ha sido causante de desastres ecológicos y en algunos casos, ecocidios donde todo vestigio de vida ha desaparecido.
Cuando se reconstruyó la planta de derivados Clorados III, en el complejo petroquímico Pajaritos, desde fines de los años noventa hasta el 2003, el proyecto implicaba elevar la producción de manera significativa, abastecer el mercado nacional e incursionar en el mercado internacional.
Existía, sin embargo, un negro y trágico antecedente relativo a la operación de la planta Clorados III. La mañana del 11 de marzo de 1991, una fuga en uno de los ductos de la planta provocó una aparatosa explosión que destruyó las instalaciones y causó la muerte a cuatro personas, según la cifra oficial. Se trató, de acuerdo con la versión de Pemex, de un error humano, por falta de coordinación entre el personal que debía operar las válvulas en el complejo Pajaritos y en la refinería de Minatitlán.
Una instrucción mal aplicada provocó que el suministro de producto continuara fluyendo, mientras en la refinería las válvulas se encontraban cerradas. Eso generó una saturación del producto, el cual comenzó a elevar la presión y reventar el ducto, de ahí sobrevino la explosión.
Pese a las reparaciones de que fue objeto, la planta Clorados III no alcanzó la eficiencia que Pemex requiere. De ahí la necesidad de reconstruirla. Estas obras se realizaron en medio de un clima de sospecha, señalamientos de corrupción, favoritismo hacia un grupo de constructores, utilización de materiales de dudosa procedencia y de mala calidad, y la violación sistemática a la normatividad por parte de funcionarios del círculo más cercano al titular de Pemex petroquímica, Rafael Beverido Lomelín.
Clorados III significaba, en teoría, la reactivación de la cadena de los plásticos, pues es materia prima para la elaboración de PVC, que se usa en la producción de tubería, discos, telas plásticas, bolsas para pasto y hojas, y tapices.
Era, pues, un proyecto de grandes dimensiones y mayores alcances.
La inversión en Clorados III fue de 115 millones de dólares, que se le pagaron a la empresa española Duro Felguera mediante un contrato por demás ventajoso. Duro Felguera debía entregar la planta funcionando y el contrato preveía una cláusula de desempeño, consistente en hacerla producir mil 200 toneladas diarias por espacio de varios días.
Asimismo, Petroquímica Pajaritos pagó 10 millones de dólares por concepto de la tecnología empleada en la operación de planta. Sin embargo, Duro Felguera se desentendió del problema; no capacitó al personal de Pemex para la operación y se olvidó del contrato.
Contra lo que indica la normatividad, un funcionario de segundo nivel, Pedro Rosete Palma, firmó la recepción de la planta Clorados III y con ello la empresa española fue relevada de cualquier responsabilidad.
Frente a semejante atentado a las finanzas de Pemex y la imposibilidad de alcanzar las metas de producción trazadas, Pemex petroquímica intentó recomponer el problema. Maquilló la deficiente operación de la planta Clorados III y destinó una nueva inversión, ahora bajo el disfraz de un programa de mantenimiento.
Cuando finalmente logró arrancar la planta, Pemex festinó el momento. De 2003 a 2004, según el boletín oficial, la planta Clorados III fue sometida a un supuesto mantenimiento mayor. Pemex aseguró que la planta operaría al 75 por ciento de su capacidad total. En marzo de 2005 se había fijado como meta producir 405 mil toneladas de monómero de cloruro de vinilo. Diariamente alcanzaría las 500 toneladas y ya había colocado en el mercado nacional, 800 toneladas.
Sin embargo, el gozo terminó por desvanecerse.
A principio de este año, el 31 de enero, la planta Clorados III debió suspender sus actividades debido a una explosión en el horno de pirólisis HF- 401C, que provocó un incendio que tardó 20 minutos en ser controlado.
Trabajadores petroleros en activo denunciaron entonces que el personal del área de mantenimiento había sido liquidado o jubilado y sus tareas le habían sido asignadas a empresas particulares, las cuales carecen de experiencia, realizan trabajos deficientes o simplemente no los ejecutan.
En 1992, se suspendieron las reuniones de la Comisión Mixta de Seguridad e Higiene, donde los trabajadores informaban de las anomalías que se detectaban en las plantas de los complejos petroquímicos y tras una evaluación, se aplicaban estrategias correctivas.
Existe la sospecha de que fue un error de diseño lo que provocó la explosión en la planta Clorados III, y que la responsabilidad atañe directamente al equipo de más alto nivel en el complejo Pajaritos, que a su vez es el personal más allegado al director de Pemex petroquímica. De ahí que no se hubiera procedido en términos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos y se hubiera fincado cargos por negligencia.
En diversas ocasiones el personal de Pemex, trabajadores con amplia experiencia, indicaron a los responsables de la planta y del complejo Pajaritos que el diseño y la colocación de algunos implementos provocarían un accidente. No obstante, las voces de alerta fueros desestimadas y el 31 de enero ocurrió la explosión en el horno de pirólisis. Como era de suponerse, tampoco en esta ocasión se le fincó responsabilidad a ningún funcionario.
Es evidente la gravedad del caso. El riesgo de un nuevo siniestro se mantiene latente. La desconfianza hace presa de los trabajadores. Un manto de complicidad encubre a los responsables del accidente y a la filial Petroquímica Pajaritos, SA le ha costado millones de dólares afrontar los daños.
Hoy Clorados III vuelve a ser el centro de un nuevo evento industrial. Existen evidencias de que se han registrado fugas y derrames de producto que en algunos casos ha logrado ser confinado, pero en otras ha alcanzado áreas cercanas al arroyo Teapa, afluente del río Coatzacoalcos.
Los defectos de construcción de la planta acusan un riesgo mayor. Las costuras que unen varios tramos de las torres industriales comienzan a ceder y los productos que intervienen en el proceso de producción y algunos productos terminados se han derramado.
Entre los productos que se han fugado se halla el dicloroetano, que al entrar en contacto con otros residuos, provenientes de las empresas industriales privadas, generan una mezcla letal. Al volatilizarse y ser ingerida o aspirada por el ser humano, terminan por favorecer la aparición de enfermedades hepáticas y renales.
Estamos, pues ante dos serios problemas: el daño a la salud de los ciudadanos que habitan en las cercanías de los complejos petroquímicos, en el municipio de Coatzacoalcos, y el deterioro ambiental por los errores de construcción de la planta Clorados III.
Por lo antes expuesto, y con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito solicitar al pleno de esta Cámara de Diputados se someta a la consideración la siguiente proposición:
Punto de Acuerdo
Primero. El Pleno de la Cámara de Diputados LX Legislatura, con pleno respeto al ámbito de sus respectivas competencias, exhorta a la Secretaría de Energía y a la paraestatal Petróleos Mexicanos, a través de su subsidiaria Pemex petroquímica, a que remita a esta soberanía un informe pormenorizado de las condiciones de operación y las razones técnicas que han provocado accidentes y derrames en la planta Clorados III, ubicada en el complejo petroquímico Pajaritos, en Coatzacoalcos, Veracruz.
Segundo. Que la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales solicite a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales un informe detallado de las inspecciones realizadas a instalaciones de la filial Petroquímica Pajaritos, SA y su evaluación de los derrames en los arroyos y afluentes del río Coatzacoalcos.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de octubre de 2008.
Diputada Gloria Rasgado Corsi (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA AL DIRECTOR DE CAPUFE A INCLUIR CHALCO E IXTAPALUCA, MÉXICO,
EN EL PROGRAMA DE VECINOS RESIDENTES DE LA CASETA DE COBRO 71 DE LA AUTOPISTA
MÉXICO-PUEBLA, SUSCRITA POR LOS DIPUTADOS RAFAEL RAMOS BECERRIL
Y JAIME ESPEJEL LAZCANO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
Los suscritos, diputados federales en la LX Legislatura e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo establecido en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de la Cámara de Diputados punto de acuerdo, conforme a las siguientes
Consideraciones
Chalco, estado de México, cuenta en la actualidad con una población total aproximada de 257 mil 403 habitantes y se localiza en el oriente de dicha entidad federativa. Junto con los municipios circunvecinos de Cocotitlán, que tiene una población de 12 mil 120 personas, Tlalmanalco, con 43 mil 930 habitantes, y Valle de Chalco-Solidaridad, que cuenta con una población de 332 mil 279 habitantes, totaliza 645 mil 732 habitantes.
Por otra parte, el municipio de Ixtapaluca se encuentra en la zona oriente del estado de México, colindante con el de Chalco. La información censal más reciente da cuenta de una población total de 429 mil 33 personas. Se encuentra rodeado de los municipios de Valle de Chalco-Solidaridad, La Paz, con 232 mil 546 pobladores y Chicoloapan, que cuenta con 170 mil 35 personas, lo que da una población total entre los tres municipios de 734 mil 860 personas. Como se ve, es una zona densamente poblada.
Una parte importante de esta población se traslada hacia el Distrito Federal con el propósito de llevar a cabo sus actividades cotidianas, por medido de autotransporte público y privado. Ello provoca que el tráfico vehicular de la autopista sea intenso.
Al momento de construirse la autopista tenía como propósito comunicar de manera rápida y eficiente a esos habitantes con el Distrito Federal, funcionando para ellos la carretera federal, con lo cual se justificaba el cobro de peaje.
Sin embargo, cuando las condiciones urbanas y poblacionales se modificaron en la zona, la presencia de la caseta de cobro de Chalco con su ubicación actual carece de sentido, pues afecta negativamente la vialidad y la seguridad del transporte, así como el ingreso de la elevada población de la zona que, a efectos prácticos, vive ya en una zona metropolitana conurbada con la Ciudad de México.
La nueva situación urbana de la zona hace inconveniente la ubicación actual de la caseta. A los pobladores de la zona se cobra peaje en una zona urbana, en una vía por demás saturada que, por lo mismo, no justifica ningún cobro.
Esta caseta se halla a 15 kilómetros del límite con el Distrito Federal y cobra una tarifa de 14 pesos a los automóviles y de 26 a los autobuses. Actualmente, a los habitantes de la región se cobra también peaje en esta caseta, en una zona prácticamente urbana, lo que es injustificable.
En virtud de lo señalado, proponemos a esta soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. La Comisión de Transportes de la Cámara de Diputados exhorta al director de Capufe con objeto de que se incluya Chalco e Ixtapaluca, estado de México, en el programa Vecinos Residentes en la Caseta de Cobro 71 de la Autopista México-Puebla, para que los automovilistas residentes y el transporte público de pasajeros gocen de un descuento en la tarifa de peaje correspondiente.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de octubre de 2008.
Diputados: Rafael Ramos Becerril, Jaime Espejel
Lazcano (rúbricas).
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA A LA SEGOB, AL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN, A LA
PGR Y A LA SRE A REALIZAR UN PADRÓN DE REPATRIADOS QUE HAYAN CUMPLIDO
SENTENCIA POR DELITOS CONTRA LA SALUD O LAVADO DE DINERO EN EL EXTRANJERO,
CON ATENCIÓN ESPECIAL EN ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA Y EN LAS
REPÚBLICAS DE GUATEMALA Y BELICE, A CARGO DEL DIPUTADO JESÚS
ALCÁNTARA NÚÑEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
El que suscribe, diputado federal Jesús Alcántara Núñez, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LX Legislatura al Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55, fracción II, 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y demás relativos, someten a consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, fundada en los siguientes antecedentes y consideraciones.
Antecedentes
Distinguida asamblea: el azote del narcotráfico y sus gravísimos daños para la paz, la seguridad interna y la salud pública del país está cada vez más presente en el territorio nacional, sin que su combate haya tenido avances destacados.
Por el contrario, ya se ha vuelto usual enterarnos de los saldos mortales de los enfrentamientos entre bandas, de los "levantones" cotidianos, de los atentados ya no solamente en contra de los policías y militares encargados de su combate, sino también en contra de la población civil inerme.
Cada vez es mas usual comentar a que número se ha incrementado el saldo rojo, y hablar de los de 2 mil 843 muertos –al día de hoy– que ha causado esta guerra sólo en 2008 nos provoca cada vez menos asombro.
Es por ello que debemos redoblar, por todos los frentes, el combate a este cáncer social que carcome los fundamentos ya no solo de la sociedad mexicana en su conjunto y golpea a la base misma de las familias mexicanas, sino que amenaza incluso la supervivencia pacífica del Estado nacional.
Es fundamental que el combate al narcotráfico se dé por todos los frentes, y llamo la atención de esta distinguida asamblea para uno en concreto: un gran número de reos mexicanos que compurgaron sentencia por tráfico de drogas o lavado de dinero en otros países y ya han sido liberados, regresan a México para unirse nuevamente a las organizaciones delictivas a las que pertenecían.
Por ello considero que es fundamental que las autoridades mexicanas cuenten con un padrón confiable y veraz que contenga la filiación de los reos liberados que cumplieron sentencia por esos delitos en otros países, y que contenga además todos los datos posibles de sus expedientes judiciales. Aquí no hay intromisión en la vida privada, pues como se sabe, las sentencias, una vez condenatorias, son públicas.
Llamo especialmente su atención al caso de nuestros países vecinos, Estados Unidos de América, Guatemala y Belice. Es sabido por todos nosotros que la meta principal del tráfico de estupefacientes es Estados Unidos, donde hay una multiplicación inmensa del valor del producto ilegal, mientras que Guatemala, y en menor medida Belice, son todavía territorios de paso y de consumo.
Cuando un connacional es detenido, juzgado y sentenciado, tiene todo el derecho a solicitar apoyo al consulado mexicano correspondiente para que éste salvaguarde sus derechos elementales. Sin embargo, luego de purgar su condena y a menos de que se le haya condenado a muerte o a prisión vitalicia, ya no hay un seguimiento oficial por parte de la cancillería, y menos por parte de la agregaduría de la Procuraduría General de la República (PGR). ¿Saben qué sucede, compañeros legisladores? Cuando termina su periodo de reclusión, el Servicio de Alguaciles norteamericano lo traslada a la ciudad fronteriza más cercana; le da, si corresponde, el raquítico pago por lo que hayan laborado en la prisión y lo deja en el puente fronterizo. Únicamente lo observan cruzar, asegurándose de que salga del territorio de Estados Unidos y no regrese. Lo que haga en México ya no es de su interés. Tal vez para ellos no. Pero para nosotros sí debe de serlo.
Ahora bien, me refiero especialmente a estos tres países porque si el connacional es expulsado de algún otro, las autoridades migratorias del país correspondiente generalmente lo trasladan por vía aérea y lo entregan formalmente al Instituto Nacional de Migración, el cual, en la mayoría de los casos, no está en coordinación con la PGR ni con las autoridades estatales para efectuar una verificación de antecedentes o de órdenes de aprehensión pendientes. Sencillamente llega, se aseguran de que es mexicano, y le dan el paso libre.
Por supuesto, es perfectamente previsible que los ex reos en cuestión se hayan rehabilitado y que tengan la mejor intención de dedicarse a actividades licitas. Enhorabuena. No les afectará ni es contra la ley ni sus derechos que se tenga un control sobre los repatriados que hayan sido sentenciados condenatoriamente por tráfico de estupefacientes o lavado de dinero.
Es necesario que la cancillería mexicana establezca convenios específicos de colaboración con las autoridades federales y estatales norteamericanas; que la PGR cuente con medios de identificación rápidos y confiables y que el INM aplique fehacientemente los reglamentos de internación de ciudadanos mexicanos, porque, actualmente, si uno llega a pie desde cualquier país vecino generalmente no tiene que mostrar absolutamente ningún documento para entrar.
Eso es lo que sucede en la práctica cotidiana y para que estén seguros los invito a que crucen a pie a territorio mexicano desde cualquier punto de la Unión Americana, Guatemala o Belice. Muy raramente les preguntarán algo.
Si las autoridades de procuración de justicia cuentan con ese padrón de repatriados que hayan sido sentenciados por esos delitos, habiendo establecido previamente convenios de colaboración con las autoridades estadounidenses que correspondan, sabremos al momento quienes fueron detenidos, quienes purgaron condenas y en que fecha fueron liberados. Puede entonces averiguarse, con la filiación que proporcionen, si tienen asuntos pendientes en nuestro país y proceder en consecuencia, cuando sean deportados.
En atención a lo anterior, les solicito la aprobación del siguiente
Punto de Acuerdo
Primero. Se exhorta al Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Gobernación y el Instituto Nacional de Migración, la Procuraduría General de la República y la Secretaría de Relaciones Exteriores, a coordinarse entre sí para que cada cual, en el ámbito de sus funciones y atribuciones de ley, inicie las acciones necesarias para crear un padrón de nacionales juzgados y sentenciados en el extranjero por delitos contra la salud y lavado de dinero.
Segundo. Se exhorta al Ejecutivo federal, mediante las dependencias y entidades anunciadas en el punto anterior, a establecer convenios de colaboración con las autoridades de procuración de justicia de los países con mayor incidencia en los delitos ya referidos, y en especial, con las de Estados Unidos de América, Guatemala y Belice, a fin de que nuestras autoridades tengan conocimiento preciso del número y personalidad de los reos que compurgan delitos de esta naturaleza, así como del desarrollo y término de su condena.
Tercero. Se solicita a las dependencias mencionadas informar puntualmente a esta soberanía de los avances en este sentido.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a veintisiete de octubre del año dos mil ocho.
Diputado Jesús Alcántara Núñez
(rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A INSTAURAR MEDIDAS QUE PROTEJAN LOS SALARIOS
Y EL BIENESTAR DE LA CLASE TRABAJADORA, MEDIANTE EL CONTROL DE PRECIOS
DE LOS ARTÍCULOS DE LA CANASTA BÁSICA Y EL ESTABLECIMIENTO
DEL ÁREA GEOGRÁFICA Y ECONÓMICA ÚNICA DEL SALARIO
MÍNIMO GENERAL PARA TODA LA REPÚBLICA MEXICANA, SUSCRITA
POR DIPUTADOS DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
Los suscritos, diputados federales de la LX Legislatura del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, integrantes del Grupo Parlamentario del PRI, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración del pleno de la asamblea, de la honorable Cámara de Diputados, punto de acuerdo, con carácter de urgente resolución, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Dentro de los escenarios desarrollados en el contexto de la actual crisis financiera y económica mundial, sobresalen los efectos que vienen teniendo los aumentos de los precios de consumo popular en la economía mexicana, no obstante las medidas anunciadas por el gobierno federal para enfrentar la crisis generalizada. En cualquiera de esos escenarios, destacan las alzas de los precios de los alimentos.
Recordemos que el Ejecutivo federal anunció el 18 de junio del año en curso, con la Confederación de Cámaras Industriales, haber acordado el congelamiento de los precios de 150 productos hasta fin de año. El titular del Ejecutivo, al dar a conocer dicho acuerdo, señaló que la medida comprendía alimentos enlatados, como sardinas, atún, sopas, verduras, y algunas marcas de aceite y otros productos alimenticios procesados.
Esta medida se vino a sumar a otros acuerdos alcanzados por el gobierno federal con sectores de producción de alimentos. Con anterioridad, fueron anunciados acuerdos para estabilizar precios con productores y empacadores de arroz, fríjol y maíz, alimentos básicos de la dieta del mexicano. Se incluyeron, también, acuerdos con molinos y elaboradores de la llamada cadena del maíz, para mantener, en poco más de medio dólar el kilogramo de tortilla de maíz, el alimento más importante de los mexicanos que, por cierto, está presente en todas sus comidas.
Las medidas tuvieron como propósito enfrentar los incrementos de precios que registraron diversos alimentos a nivel internacional y que impacta en la inflación de la economía mexicana que afectan principalmente a los más pobres.
Sin embargo, las disposiciones del gobierno federal de congelar precios en aproximadamente 150 artículos, en los hechos, y ante los ojos de la población, pasó a ser meramente una acción mediática y no estructural, pues no se incluyeron a la mayoría de los productos que integran la canasta básica y, en consecuencia, no se resolvió la problemática alimenticia y del consumo popular, ante el avance de una crisis mundial que meses después enfrenta el país.
Por ello, es que la referida disposición gubernamental no trajo mayores beneficios.
En México, como en todo el mundo, la tendencia alcista, principalmente de los alimentos, se ha acelerado a lo largo de 2008. Instituciones dedicadas al estudio y análisis de las realidades socioeconómicas, como el Banco Mundial, han señalado que estos fenómenos ponen en riesgo los avances y beneficios de los programas y esfuerzos internacionales para reducir la pobreza durante la última década.
Otros organismos con iguales propósitos señalan que el alza intensa y persistente de los precios, principalmente de los alimentos, aumentará los niveles ya alarmantes de la pobreza, la indigencia y la desnutrición.
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe, por ejemplo, se aventura a dar cifras duras. Estima que aproximadamente 15 millones de personas en América Latina y el Caribe se sumarán a las ya alarmantes estadísticas que padecen los flagelos de la pobreza y la desnutrición en el mundo.
Casi el total del espectro de las instituciones dedicadas al estudio de los fenómenos socioeconómicos estiman que las alzas de precios de los alimentos no serán temporales, por lo que las decisiones que asuman los países dependerán en mayor o menor medida de "su capacidad fiscal para acomodar y ejecutar gastos adicionales, principalmente en alimentos frente a su balanza de pagos". Para nuestro país, una de las perspectivas más escalofriantes es que los altos precios de los alimentos persistirán al menos durante todo 2009.
En lo que va del presente año, todos los granos alimentarios (maíz, trigo, arroz, fríjol y oleaginosas) han tenido aumentos. Algunos casos superaron el 100 por ciento de incremento.
Por ello, en materia alimenticia, en los últimos 12 meses la inflación se ha tornado preocupante, no obstante las afirmaciones de las voces de las esferas oficiales en sentido contrario. La "inflación" –sea ésta la que registran los índices "oficiales y oficiosos" que se publican, según los datos que aporta el Banco de México, o la que registra la experiencia que resiente la población en su realidad y cotidianidad concreta– está presente.
Ante las dimensiones de la crisis mundial y sus efectos en el ámbito interno de la economía mexicana, los análisis, estudios y proyecciones de diversos especialistas nos reportan que el alza de los alimentos, los productos y servicios de consumo popular no tendrán tregua debido a las "presiones inflacionarias externas e internas", originadas por el aumento de otros precios. Basta señalar los incrementos en los precios de las gasolinas y sus efectos al resto de la economía.
Además, nos dicen, son resultado de los desajustes en el déficit de la balanza comercial y de la cuenta corriente que se elevarán este año como consecuencia de un menor ritmo en las exportaciones mexicanas en general; de la caída en el envío y su recepción de las remesas en México; del descenso en los flujos de recursos internacionales; y de la menor producción y exportación de barriles de petróleo mexicano, en consideración además de la notable baja de sus precios alcanzados, todo ello a pesar de las medidas gubernamentales anunciadas y algunas instrumentadas.
Ese es el panorama en la macroeconomía. En la llamada microeconomía, la que es más cercana a la gente común, desde enero de 2008 se ha venido experimentando un aumento considerable de la mayoría de los precios de los productos y servicios de la canasta básica nacional, lo cual afecta significativamente a la economía de los mexicanos, sobre todo la de los más necesitados.
La escalada de precios de la canasta básica es resultado del incremento paulatino de los insumos alimenticios y del precio de la gasolina que aumenta el riesgo y las presiones para que se eleven los precios de todos sus componentes de manera exponencial.
Como es sabido, la canasta básica es el conjunto de bienes y servicios indispensables y necesarios para que los trabajadores y sus familias satisfagan sus necesidades básicas. Se constituye en una garantía de carácter social considerada en el artículo 123, apartado A, fracción VI, de nuestra Carta Magna, la cual está implícita en el concepto que señala que el salario mínimo general deberá ser suficiente para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia, en el orden material, social y cultural.
De tal manera que la canasta básica es una figura indispensable para entender y satisfacer las necesidades de los trabajadores, de las familias mexicanas y de la sociedad en general.
Ciertamente, existen diferentes canastas básicas. Podemos mencionar las que sirven para estudios y análisis referenciales de prestigiadas instituciones educativas, académicas y de investigación. Las de universidades como la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y las de otros organismos e instituciones. En todos los casos, las canastas registran un incremento en los precios de todos los productos que las integran. El resultado es que la baja del nivel de vida de los más pobres en México continúa su descenso.
Es importante destacar que en el caso especialmente de los alimentos, que integran a cualquiera de las canastas básicas, han registrado incrementos muy superiores al aumento del salario mínimo legal. Un estudio de la UNAM revela que el salario mínimo ha perdido casi 24 por ciento de su poder adquisitivo en los dos años que van de la presente administración federal.
Los precios de los 42 productos de la canasta básica aumentaron en los primeros 6 meses de 2008 –8.5 por ciento en promedio–, pero al considerar sólo los alimentos de esta canasta de consumo, el incremento promedio fue de 15.37 por ciento, de acuerdo con los datos de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).
En todos los casos de análisis y estudio encontramos que el trabajador mexicano requiere laborar más horas de trabajo para adquirir los productos, bienes y servicios de las canastas básicas.
A diferencia de lo que plantean quienes han querido minimizar las alzas, podríamos seguir largamente con este recuento, sin embargo, resultaría ocioso, puesto que cualquiera puede comprobarlo por sí mismo. Ya que estas alzas no son un asunto menor, consideremos que, además de golpear de forma lamentable la economía doméstica de los mexicanos, se está generando una situación especulativa donde algunos comerciantes están sacando provecho.
Ante la problemática económica y financiera que perjudica a los más desprotegidos de México, existe un clamor generalizado que señala la demanda de los sectores mayoritarios de la sociedad para que el gobierno intervenga al respecto. El Ejecutivo federal, a través de, principalmente, la Secretaría de Economía, en uso de sus facultades, debe aplicar un estricto control de precios a los artículos de la canasta básica, porque no hay otra manera de frenar la carestía y la especulación. Y, por el otro, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social debe buscar la restitución del poder adquisitivo de los salarios dentro de los preceptos constitucionales.
En forma coordinada, la Procuraduría Federal del Consumidor, bajo la coordinación de la Secretaría de Economía, debe asumir la inspección, vigilancia y sanción respecto de los precios que se determinen, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Federal de Protección al Consumidor.
Por ello, para efectos prácticos de esta propuesta, al mencionar canasta básica nos estaremos refiriendo a la que define la Procuraduría Federal del Consumidor. Es decir, la canasta básica de la Profeco.
Los Salarios en México
En los últimos años, el poder adquisitivo del salario mínimo se ha deteriorado, según los estudios disponibles y actualizados –sean estudios prácticos, académicos, oficiales y de todo tipo-, en aproximadamente un 70 por ciento. Es más, existen algunos estudios recientes que revelan que los ingresos que perciben los asalariados no les permiten cubrir ni la quinta parte del costo de los insumos básicos que requieren para tener una vida digna.
Las alzas en los precios de algunos alimentos fueron totalmente desproporcionados, con respecto al aumento promedio de todos los productos y los ajustes de los salarios de los trabajadores en el país. A pesar de lo descrito, se tiene en la medición de los fenómenos mediciones que, por cierto, nunca coinciden con los índices del Banco de México y aquéllos que efectivamente resiente la economía familiar en su realidad concreta.
En cualquiera de las canastas básicas, el gasto necesario para adquirir los mismos productos se sitúa en mil 175.15 pesos. Es decir, presentan aumentos del orden del 58 por ciento.
Esta situación se ha recrudecido en el caso de los alimentos que forman parte de la canasta básica, al observarse que el costo de los que integran a esa canasta presentan aumentos hasta del 63 por ciento en los últimos dos años.
En cuanto a salarios se refiere, debemos recordar que el constituyente mexicano de 1917, al aprobar el artículo 123, otorgó una de las garantías sociales más trascendentes para los trabajadores mexicanos, como lo es el derecho a percibir una remuneración justa a su esfuerzo. Esta remuneración le debe permitir, como ya vimos, cubrir las necesidades básicas para él y su familia.
Sin embargo, hasta ahora, grandes sectores de trabajadores aún no alcanzan a satisfacer con sus salarios los requerimientos más elementales para aspirar a una vida digna, menos cuando se trata del salario mínimo, en los empleos quiénes lo tienen en el sector formal de la economía.
Al ser obligación del Estado mexicano velar porque todas las personas reciban por su trabajo una remuneración equitativa y satisfactoria que les asegure una vida digna, tanto a ellos como a sus familias, el Estado mexicano está obligado a velar porque las remuneraciones cumplan con el propósito de crear condiciones dignas de existencia para todos los mexicanos.
Por ello es que en cualquiera de los casos todos sabemos y reconocemos que la situación salarial del país genera un desequilibrio que mantiene a la clase trabajadora en situación de desventaja y en posiciones de evidente injusticia, como lo es el hecho de que todavía existan tres diferentes áreas geográficas que se mantienen artificiosamente con la argumentación tecnocrática que recetan los responsables de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos.
Nos referimos a la existencia anacrónica, injustificada e injusta de las áreas geográficas A, B y C, que propician severas distorsiones y desigualdad, al establecer y decretar aumentos que resultan simbólicos en cada una de esas tres áreas en que se tiene dividido al país en pleno siglo XXI y en el contexto de un mundo globalizado.
Realidad oprobiosa, máxime cuando en las áreas B y C es en donde los bienes y servicios son tan caros o más como en la A. Y en donde, desde la alimentación hasta los demás productos y servicios, resultan caros y, por tanto, inaccesibles para los grandes colectivos de trabajadores mexicanos.
Las zonas de vida cara están en todo el país y, especialmente, se han desarrollado en los principales centros turísticos de nuestro país, en donde los bienes y servicios adquieren, por razones obvias, un precio que, en términos generales, es mayor que el de otras regiones; aspecto de la realidad que es mucho más complejo cuando el nivel salarial es bajo y se traduce en un problema de notorio desequilibrio social y económico.
Ante la economía globalizada en la que está inserta la economía mexicana y sus efectos, como venimos presenciando por la crisis mundial, los elevados costos de los bienes y servicios que tienen que adquirir para satisfacer sus necesidades básicas les resultan prohibitivos a los trabajadores de las zonas A, B y C. Luego entonces, la actuación de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, como órgano facultado constitucionalmente para establecer los salarios que rigen cada año en el mercado laboral, más que un estímulo se ha constituido en un freno para la revisión salarial de la contratación colectiva en México.
Por ello es que afirmamos que la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos deberá reclasificar a la brevedad las áreas geográficas B y C para convertirlas en una sola, con la A.
Pero ¿qué sucede? Haciendo una revisión sobre este tema, en el Congreso mexicano se han dado más de medio centenar de proposiciones y puntos de acuerdo que comparten plenamente la inquietud por otorgar protección al consumo popular y poder adquisitivo al salario mínimo.
Absolutamente, nadie niega la trascendencia que implica el deber del Estado de mejorar las condiciones salariales de la clase trabajadora mexicana, consagrado en el párrafo segundo de la fracción VI del Apartado A del artículo 123 de la Constitución Política.
Y dado que, no obstante lo logrado y avanzado en el terreno de los derechos laborales y sociales de los trabajadores, existen evidentes descontentos. Uno de ellos, resultado de la permanencia de 3 áreas geográficas que resultan injustas y excluyentes de la justicia salarial.
Considerando además que la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, integrada por representantes de trabajadores, de patrones y del gobierno, es la encargada de fijar y revisar los salarios mínimos generales y profesionales, procurando asegurar la congruencia establecida en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con las condiciones económicas y sociales del país, en un ambiente de respeto a la dignidad del trabajador y su familia.
Que, con ese propósito, por ley, próximamente se realizarán los trabajos encaminados a fijar los salarios mínimos legales, procurando asegurar la congruencia entre éstos y los atributos otorgados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos al salario mínimo, porque precisamente en estas fechas la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos comenzará a sesionar durante todo noviembre, previo a la fijación del salario mínimo que regirá a partir del 1 de enero de 2009.
Y considerando que dentro de las facultades y atribuciones de la Cámara de Diputados está el coadyuvar a la generación de diálogos francos, directos y transparentes que logren consensuar y concertar resultados convenientes para la sociedad mexicana en su conjunto, y que cada vez es más deseable que el Estado, a través de un órgano constitucional con ese nivel y genuinamente tripartito, intervenga para fijar salarios mínimos generales.
En tal virtud, queremos exhortar a las autoridades correspondientes a reconocer, frente a la escalada de precios, la persistente inequidad distributiva y la marcada desigualdad social, la necesidad de asumir una política pública que contrarreste el incremento de precios en la canasta básica que, en lo que va de este año, ha observado el encarecimiento de los productos de primera necesidad.
Pero también, se tiene que hacer frente a la crisis alimentaria de orden mundial que, inevitablemente, ha generado y seguirá ocasionando una escalada de precios y fenómenos inflacionarios que harán estragos en la economía de la clase trabajadora en los años por venir.
Y por ser preocupación de los integrantes de la Cámara de Diputados, y responsabilidad del titular del Ejecutivo asumir e implantar las acciones específicas de concertación, coordinación, planeación y realización de los trabajos respectivos para garantizar las condiciones que en su aplicación permitan resolver las necesidades más sentidas, particularmente, las de alimentación, consumo popular y poder adquisitivo de los salarios de nuestra sociedad.
Por lo anterior, se considera necesario que la Cámara de Diputados exhorte al Ejecutivo federal a hacer frente a un estado de emergencia económica en el que se encuentran millones de familias mexicanas e implante, a la brevedad, mecanismos de control de precios para los artículos de la canasta básica de la Profeco, y se instaure de una vez el salario mínimo para toda la República Mexicana, acabando con la anacrónica existencia de 3 áreas geográficas salariales.
De tal forma que los integrantes del sector organizado de los trabajadores de México invitamos a las diputadas y a los diputados de todos los partidos políticos aquí representados para que asumamos el compromiso de solidarizarnos con esta superior y fundamental causa, por lo que les solicitamos su respaldo, a fin de aprobar, por lo anteriormente expuesto, como de urgente resolución, los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular del Ejecutivo a implantar las acciones necesarias, a fin de que las secretarías, dependencias y organismos del Poder Ejecutivo, de conformidad con sus facultades, decreten un control de precios a los productos de la canasta básica, en tanto no existan condiciones de una verdadera y sana competencia entre los productores y comercializadores de bienes y servicios básicos que la componen. Proponemos que la canasta básica sea la definida por la Procuraduría Federal del Consumidor.
Segundo. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión solicita que el procurador federal del Consumidor redoble sus esfuerzos para sancionar administrativamente a los vendedores o proveedores que especulen con relación a la venta de productos que integran la canasta básica.
Tercero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular del Ejecutivo a solicitar –conforme a sus facultades, para que, a través de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, y con base en la valoración de las actuales circunstancias económicas imperantes en el país, y no obstante el tiempo transcurrido que va más allá de una década–, a la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos que pondere y resuelva la necesidad inminente de unificar en una sola área geográfica al país, en cuanto a las percepciones básicas del salario mínimo legal y de los salarios profesionales, para que éstos rijan en todo el territorio nacional, a través de las figuras de salario mínimo general y salario mínimo profesional, y que, con el propósito de proteger y promover el poder adquisitivo de los trabajadores mexicanos, la fijación de dichos salarios para 2009 sea por encima del pronóstico de inflación que estableció el gobernador del Banco de México, Guillermo Ortiz Martínez, en su último informe.
Cuarto. Que la Cámara de Diputados exprese públicamente su reconvención a la conducta asumida por el presidente de la Comisión de Salarios Mínimos durante los últimos años, avalada únicamente por la representación del sector empresarial, porque insisten en violar el artículo 123 constitucional, en su fracción VI, al querer fijar salarios mínimos insuficientes alejados de toda realidad y racionalidad económica en perjuicio de los trabajadores mexicanos, con las consecuencias y responsabilidades que ello implica.
Quinto. Que de conformidad con lo dispuesto en la fracción XIV del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, el Ejecutivo federal, por conducto de la Secretaría de Gobernación, deberá comunicar a la Cámara de Diputados las instrucciones y acciones que realice el Ejecutivo sobre los puntos –primero al cuarto– de este acuerdo, principalmente la Secretaría de Economía, la Secretaria del Trabajo y Previsión Social, la Procuraduría Federal del Consumidor y la Comisión Nacional de Salarios Mínimos en respuesta a estos exhortos.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de octubre de 2008.
Diputados: Patricio Flores
Sandoval (rúbrica), Juan Carlos Velasco Pérez (rúbrica),
Diego Aguilar Acuña (rúbrica), Luis Ricardo Aldana Prieto,
Emilio Gamboa Patrón (rúbrica), Alfredo Barba Hernández
(rúbrica), Jesús Ramírez Stabros (rúbrica),
Joel Ayala Almeida, Arturo Martínez Rocha (rúbrica), Rogelio
Muñoz Serna (rúbrica), Jorge Mario Lescieur Talavera (rúbrica),
Víctor Manuel Méndez Lanz (rúbrica), César
Octavio Camacho Quiroz (rúbrica), Carlos Ernesto Zataráin
González (rúbrica), Víctor Ortiz del Carpio (rúbrica),
Carlos Chaurand Arzate (rúbrica), Víctor Ortiz del Campo
(rúbrica), Raúl Cervantes Andrade (rúbrica), Antonio
de Jesús Díaz Athié (rúbrica), José
Ascensión Orihuela Bárcenas (rúbrica), Víctor
Samuel Palma César (rúbrica), Ramón Salas López
(rúbrica), Wenceslao Herrera Coyac (rúbrica), Jorge Luis
de la Garza Treviño (rúbrica), Gustavo Fernando Caballero
Camargo (rúbrica), Andrés Carballo Bustamante (rúbrica),
Luis Enrique Benítez Ojeda (rúbrica), José Rubén
Escajeda Jiménez (rúbrica), Lourdes Quiñones Canales
(rúbrica), Ismael Ordaz Jiménez (rúbrica), Héctor
Hugo Olivares Ventura (rúbrica), Adolfo Mota Hernández (rúbrica),
Héctor Padilla Gutiérrez (rúbrica), José Rosas
Aispuro Torres (rúbrica), Areli Madrid Tovilla (rúbrica),
Joel Guerrero Juárez (rúbrica), Carlos Rojas Gutiérrez
(rúbrica), Gustavo Ildefonso Mendívil Amparán (rúbrica),
Horacio Emigdio Garza Garza (rúbrica), Martha Rocío Partida
Guzmán (rúbrica), Tomás Gloria Requena (rúbrica),
Óscar Gustavo Cárdenas Monroy (rúbrica), Jesús
Manuel Patrón Montalvo (rúbrica), Jorge Toledo Luis (rúbrica),
Juan Francisco Rivera Bedoya (rúbrica), Israel Beltrán Montes
(rúbrica), Enrique Serrano Escobar (rúbrica).