La suscrita diputada federal a la LX Legislatura, Omeheira López Reyna, integrante del grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía el siguiente punto de acuerdo de urgente resolución
Considerando
Que con motivo de la presentación y discusión del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2009, el caso del Instituto Nacional de Migración se tiene conocimiento que se ha proyectado una reducción presupuestal por el orden de 600 millones de pesos en los recursos que se le asignarán para el año próximo, de acuerdo a la distribución de la recaudación del derecho de no inmigrante (DNI) que propone lo siguiente: dejar la asignación al Fondo Nacional de Fomento al Turismo igual que la ley vigente, esto es el 10 por ciento de la recaudación, reducir al 40 por ciento la asignación al Consejo de Promoción Turística e incrementar al 50 por ciento los recursos al Instituto Nacional de Migración.
El Instituto Nacional de Migración es una entidad determinante que facilita los flujos migratorios de manera eficiente y cuyo trabajo debe apegarse al respeto a los derechos y la dignidad humana, siendo procesos complejos de gran responsabilidad ética.
Por lo que, dadas las funciones que tiene a su cargo el Instituto Nacional de Migración como órgano técnico desconcentrado de la administración pública federal, dependiente de la Secretaría de Gobernación, de aplicar la legislación migratoria vigente, para contribuir al desarrollo nacional a través de una adecuada gestión migratoria con base en el marco legal, facilitando los flujos migratorios con respeto a la dignidad humana.
Su actividad es de suma importancia, por cuanto hace al bienestar y la salud de los migrantes, incluso porque dicho organismo viene realizando acciones con el objetivo principal de salvar la vida de los migrantes en peligro en las zonas de riesgo, ya que desde 1994 con la creación del Grupo Beta, que funciona en las fronteras norte y sur de nuestro país, ha efectuado labores de apoyo legal y asistencia social a los migrantes, recibiendo y atendiendo quejas, así como canalizando las denuncias ante las instancias correspondientes, todo ello, con el objeto de proteger la integridad física y patrimonial de los migrantes con la irrestricta protección y defensa de sus derechos humanos, así como su integridad física y patrimonial, con independencia de su nacionalidad y de su condición de documentados o indocumentados.
El informe Estado de la población mundial 2006, del Fondo de Población de las Naciones Unidas. Entre otras cifras que arrojó dicha investigación internacional, refiere que 191 millones de personas viven fuera de su país de origen y que de ellas, 95 millones son mujeres, lo que representa el 49,6 por ciento de la cifra total.
Que de esta cifra unos 12.7 millones de migrantes son refugiados que huyen de las condiciones de vida en sus lugares natales y que entre 600 y 800 mil mujeres, hombres y niños son víctimas de las redes de tráfico ilegal de personas. De ellos, un 80 por ciento son mujeres y niños.
Ante estas cifras reveladoras, México, no esta exento del problema del flujo migratorio internacional, por lo que es necesario que las políticas públicas en materia de asuntos migratorios, sean las adecuadas para dar atención a esta función a cargo del Estado mexicano.
Por cuanto hace a la asignación de recursos presupuestales para enfrentar esta situación durante el año 2009, se sugiere a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, de esta honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, reconsidere la reducción de presupuesto que se determine al Instituto Nacional de Migración como órgano técnico desconcentrado de la administración pública federal, a fin de no perjudicar su desempeño y poder fortalecer sus acciones en la gestión migratoria que facilite los flujos migratorios, con el invariable respeto a los derechos humanos de los migrantes y su dignidad humana.
Toda vez que, de persistir la reducción de presupuesto, esta podría generar acciones de ineficiencia en esta actividad gubernamental, con el consecuente deterioro de las relaciones de México con la comunidad internacional.
Por lo expuesto, muy atentamente someto a su consideración la presente proposición de urgente y obvia resolución:
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorte a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, de esta honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, reconsidere la reducción del presupuesto que se determine al Instituto Nacional de Migración, a fin de que conserve el presupuesto asignado anteriormente y fortalecer las acciones de la gestión migratoria, facilitando los flujos migratorios, observando el respeto a los derechos humanos de los migrantes y su dignidad humana.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de octubre de 2008.
Diputada Omeheira López Reyna (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE
QUE EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN DE 2009 SE CONSIDEREN
RECURSOS PARA CONSTRUIR TRES AULAS EN EL CENTRO BACHILLERATO TECNOLÓGICO
AGROPECUARIO 197, DEL MUNICIPIO DE PROVIDENCIA, CAJEME, SONORA, A CARGO
DEL DIPUTADO PABLO TREJO PÉREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
El suscrito, diputado federal a la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento por lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
La educación es un elemento homogenizador que olvida la existencia de diferencias sociales y económicas en los cuales los individuos están inmersos. La población desertora experimenta la exclusión social, porque la educación es transmisora de los valores socialmente aceptados.
Los cambios que sufren los adolescentes pueden ir desde los de su crecimiento y su adaptación al medio hasta aquéllos que pueden modificar negativamente el destino de su vida, como son la delincuencia, las drogas, la prostitución, entre otros. Estos factores pueden provocar en el joven o la joven inestabilidad y rechazo hacia sus estudios, dejando de lado las experiencias de compartir su vida con los nuevos amigos, compañeros y profesores.
La Secretaría de Educación Pública es la encargada de poner atención inmediata a la insuficiente cobertura en preparatoria y bachillerato; evitar las falsas dicotomías entre calidad y cantidad, y atender ambos aspectos, además de la deserción escolar, la cual muestra el fracaso del sistema educativo.
En este sentido, el de nivel bachillerato es donde se registra la mayor deserción y donde los índices de rezago educativo del país reciben mayor efecto.
Esas cifras han tenido pocas variaciones en los diez años recientes, lapso en que la eficiencia terminal sólo pasó de 56 a 59 por ciento, y es en el nivel medio superior donde se presentan los mayores desafíos para la actual administración.
Ante la deficiencia de infraestructura a nivel bachillerato en el municipio de Providencia, Cajeme, estado de Sonora, el Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario 197 da respuesta a la demanda estudiantil de 14 comunidades rurales del estado.
Sin embargo, el rápido crecimiento de la matricula ha rebasado las instalaciones de dicho plantel, debiendo rechazar alrededor de 300 jóvenes estudiantes egresados de secundaria, por lo que es necesaria la construcción de 3 aulas didácticas, en virtud de que la infraestructura se ha tenido que modificar para implantar tanto el centro de idiomas como la sala de cómputo, teniendo como resultado el rechazo de estudiantes antes mencionado.
Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en los artículos 74, fracción IV, de la Constitución Política, y 42 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, me permito solicitar al Pleno de la Cámara de Diputados se someta a consideración la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Se solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública considere, dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2009, recursos por un millón 410 mil pesos para la Subsecretaría de Educación Media Superior de la Secretaría de Educación Pública, para destinarlos a la construcción de 3 aulas didácticas en las instalaciones del Centro Bachillerato Tecnológico Agropecuario 197, en el municipio Providencia, Cajeme, estado de Sonora.
Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, a 23 de octubre de 2008.
Diputado Pablo Trejo Pérez (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA QUE
EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN DE 2009 SE INCLUYA
EN EL FONDO METROPOLITANO LA ZONA URBANA DE ORIZABA, VERACRUZ, Y SE CONSIDERE
EN LOS FONDOS DEL RAMO 23, "PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS",
A CARGO DEL DIPUTADO GERARDO LAGUNES GALLINA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL
PRI
El suscrito, Gerardo Lagunes Gallina, diputado federal a la LX Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 55, 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente punto de acuerdo, de urgente u obvia resolución, a efecto de exhortar al titular del Ejecutivo para que gire instrucciones al secretario de Hacienda y Crédito Público, doctor Agustín Carstens Carstens, para que tenga a bien considerar en el Fondo Metropolitano para el ejercicio fiscal de 2009 la inclusión de la zona metropolitana de Orizaba, Veracruz, asimismo exhortar a la Comisión de Hacienda y Crédito Público y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para que se incluya la zona metropolitana de Orizaba en los fondos del ramo 23 provisiones salariales y económicas.
Antecedentes
La zona metropolitana de Orizaba, fue reconocida por la Comisión Nacional para la Población (Conapo), la Secretaría de Desarrollo Social y el Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática en el año de 2005, dicha zona se conforma por 11 municipios, a saber: Atzacan, Camerino Z. Mendoza, Huiloapan, Ixhuatlancillo, Ixtaczoquitlán, Mariano Escobedo, Nogales, Orizaba, Rafael Delgado, Río Blanco y Tlilapan, fungiendo como ciudad central Orizaba.
En esta zona metropolitana se han desarrollado importantes industrias como la textil, la cervecera y la papelera, sin embargo, los mismos procesos de automatización, y la globalización económica, han provocado problemas de desempleo y subempleo y, consecuentemente, altas tasas de analfabetismo, y significativos grados de marginación.
En el 2008, la población de la zona metropolitana de Orizaba (11 municipios), son más de 389 mil habitantes, de los cuales el 67 por ciento del total poblacional corresponde a solamente cuatro municipios (Orizaba, Ixtaczoquitlán, Río Blanco y Camerino Z. Mendoza) y el 33 por ciento a siete municipios, como puede observarse en el cuadro 1, en donde se nota que Huiloapan y Tlilapan apenas representan el 3% de la población de la zona metropolitana de Orizaba.
En lo que respecta al crecimiento de la población de la zona, del 2000 al 2005, entre seis municipios (Ixtaczoquitlán, Mariano Escobedo, Huiloapan, Tlilapan, Rafael Delgado e Ixhuatlancillo) promedian una tasa anual de crecimiento del 2.36 por ciento, de los municipios restantes, ninguno alcanza una tasa del uno por ciento, e inclusive, Camerino Z. Mendoza, presenta una tasa negativa de -0.14 por ciento.
En términos generales, y como referente, en materia de salud cabe destacar que en la zona metropolitana de Orizaba, vista de manera completa, existe un médico por cada mil habitantes, lo cual contrasta con el municipio de Orizaba, en donde particularmente existen 5 médicos por cada mil habitantes.
Lo anterior refleja que el 36 por ciento de los municipios que comprenden la zona el grado de marginación es alto, lo cual también se advierte en la tasa de analfabetismo que en 2005 se registró en un 12.8 por ciento promedio, la mayor tasa de analfabetismo observada corresponde a Ixhuatlancillo con 23.3 por ciento, y Atzacan con 21.15 por ciento, es preocupante dicha asimetría, pues en Orizaba la tasa de analfabetismo no llega al 4 por ciento.
La inclusión de la zona metropolitana de Orizaba al Fondo Metropolitano para el ejercicio fiscal 2009, contribuirá a atender de manera inherente, entre otros, uno de los grandes problemas de esa zona, que es la marginación y el analfabetismo, a través de obras de infraestructura económica que coadyuven en las posibilidades, accesos y movilidad de la población; estos índices de marginación impactan de manera directa y desfavorable en el desarrollo económico y social de la población que deriva en un círculo vicioso sin instrucción académica se cierran las posibilidades de acceso al mercado laboral, las regiones no presentan condiciones para atraer y hospedar inversiones ni nacionales ni extranjeras, las posibilidades de crecimiento y desarrollo se estrechan y se continua replicando el patrón de rezago.
También se observa que a menor educación, menor oportunidad de mejorar los ingresos. Los municipios que presentan la mayor tasa de analfabetismo, son los municipios en donde prácticamente las tres cuartas partes de la población ocupada percibe hasta dos salarios mínimos, como se aprecia en el cuadro 2.
Cabe destacar que solamente en los municipios de Camerino Z. Mendoza, Río Blanco y Orizaba, la mitad de la población ocupada percibe hasta dos salarios mínimos, lo que significa que en estos municipios se concentra la población mejor remunerada, porque en todos los demás el porcentaje de la población económicamente activa ocupada que no gana más de dos salarios mínimos rebasa el 50 por ciento; cabe destacar que en el municipio de Atzacan el 75 por ciento de la población ocupada no gana más de dos salarios mínimos.
Acorde a la información del cuadro 3, para el año 2003, se tienen registradas 13 mil 124 unidades económicas (empresas), de las cuales el 52.7 por ciento se encuentran en Orizaba, y entre los municipios de Iztaczoquitlán, Río Blanco y Camerino Z. Mendoza, suman el 32.9 por ciento, es decir, el 86.6 por ciento de las unidades económicas se encuentran en cuatro municipios.
En lo que se refiere a la producción bruta total, para el 2003 se contabilizaron 20.7 miles de millones de pesos, de los cuales el 94 por ciento de la producción total se concentra en Iztaczoquitlán y Orizaba, lo cual refleja la concentración del personal ocupado en esos municipios, que es del 76.6 por ciento para ese año.
Además, en la zona los vínculos económicos y sociales son notables, debido a que son pueblos rurales y semi urbanos cuya población, en primera instancia, acude a las zonas urbanas a ofrecer sus productos, servicios, y mano de obra. En esos lugares no sólo ofertan sino demandan bienes y/o servicios que en su localidad de origen no tienen como: salud y educación superior, no omitiendo señalar que en términos de demanda a estos servicios también tienen acceso sólo la población que puede hacer frente económicamente, lo que deja al margen el gran grueso de la misma.
Lo descrito anteriormente genera externalidades tanto positivas como negativas en las primeras se encuentra: el desarrollo económico por sí mismo en Orizaba, la generación amplia y diversificada de bienes y servicios tales como la industria de los alimentos, empero, en la parte negativa radica el deterioro ambiental, el alto congestionamiento vehicular y eventualmente colapso, en consecuencia el incremento potencial de los riesgos por accidentes y así la eminente necesidad de la creación de infraestructura urbana para atender las necesidades actuales demandadas por la metrópoli.
La infraestructura vial es otro punto delicado en la zona, este último aspecto, por las mismas condiciones económicas, sociales y hasta por la mismas condiciones orográficas, el tránsito del sureste a la norte y del oeste noreste está limitado únicamente a la carretera federal de Río Blanco-Orizaba, y pese a contar con la autopista Puebla Orizaba Córdoba, la afluencia vehicular de la zona urbana del municipio de Orizaba es insostenible, más de 500 mil unidades vehiculares de la zona urbana de Orizaba, sin contar con ninguna otra opción, tienen que ingresar a la zona urbana de Orizaba, lo cual provoca congestionamientos, contaminación ambiental, entre otros problemas que afectan a la vida económica y social de la región .
La importancia de abrir las posibilidades de acceso a los recursos públicos federales coadyuvaría a aminorar las grandes injusticias existentes que obstaculizan e imposibilitan el desarrollo regional de la nación en su conjunto, ya que no sólo se advierten asimetrías en la asignación de los recursos mismos, sino que también en la generación de oportunidades que permitan a la población acceder a mejores condiciones de vida, las cuales parecieran ser cada vez más escasas y desesperanzadoras ante las magras posibilidades de desarrollo.
Diputado Gerardo Lagunes Gallina (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA A LAS AUTORIDADES MUNICIPALES Y A LAS ESTATALES, ASÍ
COMO A LA SCT, A CONSIDERAR EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN
DE 2009 RECURSOS PARA PAVIMENTAR EL TRAMO PRIMERO DE MAYO-SABANAS DE LA
ESTANCIA, EN PAPANTLA DE OLARTE, VERACRUZ, A CARGO DEL DIPUTADO JOSÉ
MANUEL DEL RÍO VIRGEN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE CONVERGENCIA
El suscrito, José Manuel del Río Virgen, diputado del Grupo Parlamentario de Convergencia en la LX Legislatura, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta el siguiente punto de acuerdo a fin de que la Cámara de Diputados exhorte a los gobiernos municipal y estatal, así como a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a pavimentar el tramo Primero de Mayo-Sabanas de la Estancia, en Papantla, Veracruz.
Antecedentes
Durante varias administraciones estatales y municipales, los habitantes de la región han recibido la promesa de que la vía de comunicación, de 14.57 kilómetros de longitud, sería pavimentada.
Durante las largas y cada vez más intensas temporadas de lluvias, en las cuales se han registrado diversas tormentas tropicales e incluso huracanes, el camino de terracería queda intransitable, dejando prácticamente incomunicados a los pobladores.
Las polvaredas y las filosas rocas, en época de sequía, así como el lodo y los deslaves, en la temporada de lluvia, provocan que el tránsito por el tramo sea lento y muchas veces imposible, por lo que los productores regionales sufren graves pérdidas debido a que las mercancías, en su mayoría perecederas, se descomponen por el calor o la humedad.
El desarrollo de la región, que produce principalmente cítricos, vainilla y maíz, se entorpece debido a que los agricultores no pueden llevar de forma rápida y segura al mercado la mercancía, con lo que sus ganancias tiene una merma importante y se pone en riesgo la sustentabilidad de los cultivos y, sobre todo, el sustento de sus familias.
El deterioro del camino también pone en riesgo la vida de los habitantes, ya que es un peligro transitarlo y obstaculiza el traslado de enfermos o heridos en casos de urgencia a hospitales situados en zonas urbanas.
Para el sector ganadero, las malas condiciones del camino ponen en riesgo su actividad comercial, ya que trasladar las cabezas de ganado representa un gran riesgo para el conductor y los animales ante la posibilidad de que los vehículos se vuelquen; además, se incrementan los costos de mantenimiento de los automotores y del transporte de los alimentos para el ganado.
Considerando
2. Que los ciudadanos ya no pueden aguantar tantas mentiras de los gobiernos municipales y estatales de que les resolverán sus necesidades de mejores medios de comunicación, como las carreteras.
3. Que el proyecto de infraestructura anunciado por el gobierno federal puede incluir las obras de rehabilitación de carreteras y pavimentación del tramo carretero en cuestión.
4. Que las mencionadas vialidades, en general, tienen un grave deterioro, que prácticamente impide el paso de los automotores de pasajeros y de carga, además de que provoca fallas en los transportes, lo cual ocasiona gastos económicos no previstos.
5. Que, con justa razón social, los demandantes se dicen dispuestos a realizar las manifestaciones que consideren pertinentes para que sus demandas sean atendidas.
Punto de Acuerdo
Único. Para exhortar a las autoridades municipales, a las estatales y a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a destinar los recursos necesarios en el Presupuesto de Egresos de 2009 para la pavimentación del tramo Primero de Mayo-Sabanas de la Estancia, en Papantla de Olarte, Veracruz, a cargo del diputado José Manuel del Río Virgen.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, Distrito Federal, a 23 de octubre de 2008.
Diputado José Manuel del Río Virgen (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE SOLICITA A LA SEGOB QUE ASIGNE MAYORES RECURSOS DEL FONDEN PARA LOS
MUNICIPIOS DE TABASCO AFECTADOS POR LAS RECIENTES INUNDACIONES, A CARGO
DEL DIPUTADO PASCUAL BELLIZZIA ROSIQUE, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PVEM
Pascual Bellizzia Rosique, diputado integrante de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta la siguiente proposición con punto de acuerdo, con base en las siguientes.
Consideraciones
Nuevamente nuestro país está sufriendo los estragos de las lluvias, la población de Tabasco no olvida las afectaciones del pasado 2 de noviembre de 2007, donde comenzó la mayor tragedia natural registrada en el estado. Las cifras oficiales reportaron que aquella desventura afectó el 80 por ciento del territorio estatal, que dejó damnificado un millón de personas, de una población total de dos millones de habitantes.
Este año, desde el pasado 27 de septiembre, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) advirtió que las potenciales lluvias crecían para Tabasco y el norte de Chiapas y se esperaban fuertes precipitaciones durante cinco días más, teniendo un riesgo severo. Por lo cual desde esa fecha soldados del Ejecito Mexicano pusieron en marcha el plan DN-III, instalando costales de arena para evitar la filtración que empezó en las primeras horas del domingo 28 de septiembre, en el río Grijalva, hasta ese día, las fuertes lluvias que azotan el sureste de México habían dejado a más de 35 mil personas afectadas por las inundaciones causadas por el desbordamiento de ríos en ese estado.
El pasado 20 de octubre, el río Usumacinta rebasó tres centímetro, causando daños severos tanto en la ganadería como en el patrimonio de cientos de familias tabasqueñas. Protección civil reporto, al 21 de octubre, daños por poco más de 72 mil 930 habitantes, en 238 localidades de cinco municipios de Tabasco.
Al día de hoy el río Usumacinta se encuentra en 2.06 metros por arriba de su escala crítica, lo que afecta a los municipios de Tenosique, Balancán, Emiliano Zapata, Jonuta y Centla.
De acuerdo con los daños reportados por autoridades municipales, el municipio de Balancán registra 34 comunidades afectadas, con más de 3 mil 834 personas damnificadas, Emiliano Zapata reportó 3 mil 528 habitantes perjudicados, Jonuta 22 mil 206 personas y Tenosique reporto 4 mil 829 afectados.
Desafortunadamente, el pasado 25 de septiembre el gobernador de Tabasco rechazó que en este año se repetiría la misma catástrofe de 2007, en donde se reportaron 1,2 millones de damnificados. Agregó que al menos 5 mil 600 familias están sufriendo por el desbordamiento parcial de los ríos Grijalva, la Sierra, el Teapa y el Pichucalco. Sin embargo los hechos a esa fecha, indicaban que las afectaciones podrían ser de la misma intensidad o incluso mayor.
Por lo anterior, es indispensable que Tabasco cuente con los recursos necesarios obtenidos por el Fondo Nacional de Desastres, por lo que es indispensable que se realicen los dictámenes técnicos necesarios para decretar este estado como zona de desastre.
El pasado 6 de octubre se declaró zona de emergencia a nueve municipios del estado, Nacajuca, Balancán, Emiliano Zapata, Jonuta y Centla por la ocurrencia de inundaciones atípicas del 22 de septiembre a la fecha, en presencia de lluvias severas. Así como los municipios de Huimanguillo, Comalcalo, Paraíso y Jalpa de Méndez, por la ocurrencia de lluvias atípicas los días 25, 27, 29 y 30 de septiembre. Con lo que se reactivaron del Fondo Revolvente del Fondo de Desastres Naturales, para dar atención inmediata a la población damnificada.
De acuerdo con el Diario Oficial de la Federación, con esta declaratoria, las autoridades, contarían con recursos para atender las necesidades alimenticias, de abrigo y salud de la población afectada por este fenómeno meteorológico
El Fondo de Desastres Naturales es un mecanismo financiero para que en la eventualidad de un desastre natural, el gobierno federal pueda conforme a sus disponibilidades, en los términos de las reglas de operación, entre otras; apoyar a las poblaciones afectadas, reparación de daños de los bienes públicos y mitigación de daños a las viviendas de la población de bajos ingresos.
Por lo anterior, el Grupo Parlamentario del Partido Verde, en esta soberanía, somete a consideración de este honorable Pleno la siguiente proposición con:
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Secretaría de Gobernación para la asignación inmediata de mayores recursos del Fondo de Desastres Naturales, para dar atención a la población damnificada en el estado de Tabasco, por los graves daños causados a sus municipios por las intensas lluvias.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a 23 de octubre de 2008.
Diputado Pascual Bellizzia Rosique (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A REVISAR Y MODIFICAR A TRAVÉS DE
LAS ÁREAS COMPETENTES LOS REGLAMENTOS QUE REGULAN LA PRESTACIÓN
DE SERVICIOS POR LAS EMPRESAS CONCESIONARIAS DE SUMINISTRO DE GAS NATURAL,
A CARGO DEL DIPUTADO JACINTO GÓMEZ PASILLAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DE NUEVA ALIANZA
El suscrito, diputado federal Jacinto Gómez Pasillas, en nombre del Grupo Parlamentario Nueva Alianza, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del Pleno de esta honorable Cámara de Diputados la siguiente proposición con punto de acuerdo, mediante el que se exhorta al Ejecutivo federal, las Secretarías de Energía y Hacienda, Petróleos Mexicanos, la Comisión Reguladora de Energía, la Procuraduría Federal del Consumidor, la Comisión Federal de Electricidad, la Comisión Federal de Competencia y Organismos Intermedios y Cámaras, para que en el ámbito de sus atribuciones, revisen y modifiquen los reglamentos que regulan la prestación de servicios de las empresas concesionadas para el suministro de gas natural, para que se hagan explícitas las sanciones por incumplimiento a sus clientes, con base en las siguientes:
Consideraciones
En los tiempos actuales, de grandes dificultades económicas, caídas en los mercados y crisis derivadas de los volátiles precios del petróleo, México debe buscar un aprovechamiento más eficiente de sus recursos naturales, que le permita seguir avanzando en el camino de la sustentabilidad, con miras a obtener un crecimiento sostenido en las siguientes décadas. En este sentido, el uso del gas natural, conocido también como el combustible del siglo XXI, no puede seguir postergándose por más tiempo.
El gas natural es un energético de origen natural, que se encuentra en el subsuelo, y procede de la descomposición de materia orgánica; en su composición predomina el metano. Este combustible llega directamente a los hogares, comercios e industrias por tuberías, de manera subterránea. Además de ser más barato y seguro, ayuda a tener un medio ambiente más sano, al poder ser certificado como industria limpia. Es asimismo competitivo, porque reduce costos de energía y mantenimiento, e incrementa la productividad.
Sin embargo, pese a todos los beneficios que el gas natural trae consigo, los problemas surgidos a raíz de su reglamento siguen siendo comunes y graves entre la sociedad.
El Reglamento de Gas Natural establece que para la fijación del precio de este producto se deben de considerar "los costos de oportunidad y condiciones de competitividad del gas respecto al mercado internacional y al lugar donde se realice la venta", lo que deriva en una incongruente determinación del precio en el ámbito doméstico, ya que el capital extranjero obtiene en nuestro país ganancias similares a las obtenidas en el extranjero, sin importar el poder adquisitivo de cada mercado. Petróleos Mexicanos no logra obtener la rentabilidad de las empresas privadas; esto lo vemos claramente reflejado en el contexto interno, y afecta directamente al consumidor final (los ingresos de los mexicanos son difícilmente comparables a aquellos de los estadounidenses).
Resulta incongruente que México, contando con amplias reservas de gas natural, maneje uno de los precios más altos del mundo. Paradójicamente, los precios aumentan, y no así la producción y calidad del suministro. De acuerdo a datos oficiales, el consumo de gas natural en nuestro país oscila entre los 5 y 6 mil millones de pies cúbicos por día, y sólo entre un 2 y 6 por ciento de este volumen se destina al consumo doméstico.
En la práctica, a este aspecto se le suma el hecho que las concesionarias brindan un servicio deficiente tanto a los consumidores como a la industria nacional. Persiste una severa impunidad, debido a que los dispositivos aplicados a los consumidores los dejan en total desamparo, en relación a las cláusulas de los contratos que éstos suscriben con dichas compañías concesionarias.
Particularmente, en lo relativo al corte y/o suspensión del servicio por falta de pago en la fecha límite establecida, por medio del envío de un único aviso de cobro. Cabe recordar que la producción de gas natural es parte de las funciones del Estado, por lo que las ventas del producto a la salida de las plantas corren a cargo de Pemex Gas.
En lo que respecta a la deficiencia en el servicio que prestan las compañías concesionarias, resaltan los siguientes puntos:
• Los recibos de cobro son entregados por personal que no responde a la obligación de asegurarse que dichos recibos sean efectivamente entregados, lo que provoca que al no efectuarse el pago a tiempo, se corte el servicio.
• Además, es común que se desechen o no procedan aquellas quejas derivadas de la no entrega de recibos.
• Los recibos son entregados por única vez, sin que exista la obligación por parte de las empresas prestatarias, de enviar como mínimo un primer recordatorio o advertencia de suspensión del servicio, en caso que no se realice el pago en la fecha límite señalada; se tendría que enviar un segundo y último aviso para el pago correspondiente.
• Cuando por los anteriores motivos, y otros imputables al cliente o contratante, se suspende el suministro, y el cliente recurre a presentar su queja a los departamentos correspondientes, resulta que éstos son atendidos por personal sin capacidad ejecutora de decisión; razón por la cual a los quejosos les es imposible acceder a funcionarios que realmente sí se pueden hacer responsables de dar cauce y resolución al problema.
Esperando siempre una respuesta positiva, y tomando en cuenta las consideraciones expuestas con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Asamblea el siguiente:
Punto de Acuerdo
Primero. Se exhorta al Ejecutivo federal, las Secretarías de Energía y Hacienda, Petróleos Mexicanos, la Comisión Reguladora de Energía, la Procuraduría Federal del Consumidor, la Comisión Federal de Electricidad, la Comisión Federal de Competencia y Organismos Intermedios y Cámaras, para que en el ámbito de sus atribuciones, revisen y modifiquen los reglamentos que regulan la prestación de servicios de las empresas concesionadas para el suministro de gas natural, para que se hagan explícitas las sanciones por incumplimiento a sus clientes.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 23 días del mes de octubre de dos mil ocho.
Diputado Jacinto Gómez Pasillas (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE
QUE EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN DE 2009 SE CONSIDEREN
MAYORES RECURSOS PARA CIENCIA Y TECNOLOGÍA, A CARGO DE LA DIPUTADA
ELSA DE GUADALUPE CONDE RODRÍGUEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE ALTERNATIVA
La suscrita integrante del Grupo Parlamentario de Alternativa Socialdemócrata en la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes
Consideraciones
A partir de la creación de la Ley de Ciencia y Tecnología publicada en junio de 2002, se plantean modificaciones importantes a la legislación en esta materia. Se crea el Consejo General de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico; se identifica al Concejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) como cabeza del sector ciencia y tecnología; y se crea el Foro Consultivo Científico y Tecnológico.
El foro consultivo es el órgano autónomo permanente de consulta del Poder Ejecutivo federal, del Consejo General de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico y de la Junta de Gobierno del Conacyt. Además es asesor del Congreso de la Unión y del Consejo de la Judicatura Federal, a través de convenios de colaboración.
El foro opera por medio de subcomités y reúne actores relevantes y diversos del desarrollo científico y tecnológico del país. Como resultado de sus sesiones de trabajo, la mesa directiva del foro a partir de un análisis serio y objetivo está solicitando para el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2009 mayores recursos para la investigación científica y desarrollo tecnológico, a partir de las siguientes consideraciones:
En el reporte 2006 del Foro Económico Mundial, México en comparación con 125 países, presenta un rezago notable en tres indicadores evaluados. En materia de educación superior y capacitación ocupa el lugar 71; en disponibilidad tecnológica el lugar 56 y en innovación el 58.
El crecimiento de la inversión en ciencia tecnología como porcentaje del PIB, creció sólo 2 veces, mientras que en países como Brasil creció 4.5, en España 5 y en Corea hubo un crecimiento de 9 veces. El ingreso per cápita se multiplicó en México, 3.8 veces, en Brasil 6.3, en España 7.4 y en Corea 25.4.
En los últimos años 20 años en nuestro país no ha crecido significativamente la productividad per cápita de la población como lo podemos verificar con las cifras anteriores. La experiencia comparada demuestra que los países que más invierten en ciencia y tecnología elevan el ingreso per cápita de la población, cosa que no ha sucedido en México, por lo que se vuelve indispensable trabajar en este rubro.
Estos rezagos han impulsado que diversas organizaciones internacionales como la UNESCO, OCDE, y el Banco Mundial, recomiendan la importancia de invertir en el rubro de Ciencia y Tecnología entre el 1 y 1.5 del Producto Interno Bruto (PIB). Esta recomendación, igualmente, ha encontrado eco en diversos sectores Nacionales, que van desde la Conago hasta los académicos, en la que subrayan la importancia estratégica de llegar a un presupuesto federal en materia de Ciencia y Tecnología que alcance el 1 por ciento del PIB.
La actual Ley de Ciencia y Tecnología en su artículo 9 Bis señala explícitamente la aspiración de alcanzar al menos el 1 por ciento en inversión pública en Ciencia y Tecnología, y como lo prevé el artículo segundo transitorio del decreto de la reforma del artículo 9 Bis de esta Ley, es indispensable retomar el incremento gradual del presupuesto en este rubro, de manera tal que se incrementen todas las actividades del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.
El Presupuesto Federal actual para Ciencia y Tecnología es de 39 mil 82.8 millones de pesos, cifra 16.2 por ciento superior en términos reales respecto al año previo. El incremento presupuestal registrado en 2008 para este sector, autorizado por la Cámara de Diputados, ha sido el más importante en los últimos 11 años. Sin embargo el reto va en el sentido de continuar avanzando hasta alcanzar una inversión en innovación más desarrollo tecnológico más investigación científica acorde a nuestra economía.
Para el Presupuesto del 2009 se tiene previsto otorgarle 15 mil 525 millones 732 mil 726 pesos, por lo que hay un aumento de 3 mil 649 millones 729 mil 26 pesos; sin embargo éste no está acorde al avance de nuestra economía ni es suficiente para cubrir las necesidades del país en esta materia.
El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología como un organismo público descentralizado de la administración pública federal, e integrante del sector educativo, con personalidad jurídica y patrimonio propio, es el responsable de elaborar las políticas de ciencia y tecnología en México.
El Conacyt, cuenta con 27 centros que congregan al 9.2 por ciento del personal científico. A la fecha 2 mil 278 investigadores de los Centros forman parte del Sistema Nacional de Investigadores, la segunda cifra más alta después de la UNAM. Ofrecen 98 programas de posgrado, de los cuales 12 son de competencia internacional. Atienden a más de 6 mil 800 alumnos al año, de programas propios y de instituciones de educación superior. Gradúan anualmente más de 850 doctores y maestros. Lo que constituye un importante medio de descentralización de la actividad científica y tecnológica contribuyendo al entendimiento de la realidad y a la solución de problemas regionales y locales. La cantidad otorgada para este rubro en este año (3 mil 240.3 millones de pesos –mdp–) no fue suficiente para cumplir con su responsabilidad, por lo que es necesario una cantidad complementaria de 200 mdp aplicada a los gastos de operación.
Otro rubro de interés son los Fondos Sectoriales, los cuales son fideicomisos que las dependencias y las entidades de la Administración Pública Federal conjuntamente con el Conacyt pueden constituir para destinar recursos a la investigación científica y al desarrollo tecnológico en el ámbito sectorial correspondiente. En ellos participan más de 167 instituciones y mil 159 investigadores, que ayudan a promover el desarrollo y la consolidación de capacidades científicas y tecnológicas en beneficios de los sectores.
Un ejemplo de esto lo demuestran los resultados de la Convocatoria de Investigación Científica Básica 2007*, que se emitieron de manera coordinada entre la SEP y el Conacyt, los cuales fueron los siguientes: 2 mil 652 solicitudes de apoyo recibidas y mil 181 proyectos aprobados por un monto de 708.7 millones de pesos, monto superior en 9.2 por ciento en términos reales, respecto a la convocatoria anterior. Para seguir impulsando dicha participación en este rubro estamos solicitando la cantidad complementaria de 400 mdp incluyendo 200 mdp para el fondo SEP-Conacyt para alcanzar 900 mdp.
Actualmente existen 8 Laboratorios que necesitan reforzar su equipo por ello es necesaria una cantidad complementaria de 500 mdp.
Finalmente en relación a los estímulos fiscales a las empresas, en el PEF 2009 se elimina este programa por lo que estamos solicitando una cantidad complementaria de 2000 mdp para estímulos fiscales para el próximo año.
México tiene un compromiso social con la ciencia y la tecnología que no puede esperar más, por lo que es indispensable recomendar que en la próxima discusión sobre el presupuesto federal 2009, se considere un aumento sustantivo a este rubro, que impacte de manera gradual el gasto del Conacyt y permita se retome un aumento en el Gasto Federal para Ciencia y Tecnología para que se acerque realmente el 1 por ciento del PIB Nacional del 2009 señalado en la ley.
Por lo antes expuesto, y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta soberanía el siguiente:
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados considere en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2009, otorgar mayores recursos para ciencia y tecnología, distribuidos de la siguiente manera:
2. La cantidad complementaria de 400 mdp, incluyendo 200 para el fondo SEP-Conacyt para alcanzar 900 mdp y 200 mdp para los demás fondos sectoriales.
3. La cantidad complementaria de 500 mdp para renovación de los equipos en las instituciones de educación superior y Centros Certified Partner for Learning Solutions.
4. Trans anualidad (2009-2010) para el ejercicio de los 2 mil 500 mdp de inversión directa destinados a innovación y
5. La Cantidad complementaria de 2000 mdp en estímulos fiscales para hacer la transición entre este programa de estímulos y el nuevo programa de inversión directa.
Diputada Elsa de Guadalupe Conde Rodríguez (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE
QUE EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN DE 2009 SE INCREMENTEN
LOS RECURSOS DESTINADOS AL PROGRAMA DE LA SAGARPA ADQUISICIÓN DE
ACTIVOS PRODUCTIVOS PARA EL FOMENTO DE LA EXPLOTACIÓN DE IXTLE,
PALMA ZAMANDOCA Y LECHUGUILLA, SUSCRITA POR LOS DIPUTADOS ANTONIO MEDELLÍN
VARELA Y ERNESTO OVIEDO OVIEDO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN, Y RAMÓN
SALAS LÓPEZ, DEL PRI
Los suscritos, legisladores Antonio Medellín Varela y Ernesto Oviedo Oviedo, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, así como Ramón Salas López, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LX legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de esta honorable soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, mediante el cual se exhorta a la comisión encargada de elaborar el dictamen del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2009 a destinar una partida especialmente etiquetada en el programa Adquisición de Activos Productivos para el fomento de la explotación de las fibras naturales, como ixtle, palma zamandoca y lechuguilla.
Consideraciones
El sector de productores de fibras naturales de ixtle, palma zamandoca y lechuguilla en el país es uno de los más relegados del sector rural, ya que se da en lugares áridos y semidesérticos.
Las personas que se dedican al tallado de esas fibras generalmente se encuentran en condiciones económicas difíciles, ya que el sector se encuentra en condiciones de baja competitividad, y los ingresos que dichos productores reciben por sus productos son realmente bajos, ya que el mercado para esas fibras se encuentra en abandono.
De conformidad con un punto de acuerdo que esta soberanía aprobó en el primer periodo ordinario del segundo año de ejercicio de esta legislatura, en 2008 se otorgaron recursos por alrededor de 50 millones de pesos para el rubro del Fondo de Apoyo a la Competitividad de las Ramas Productivas para ixtle, palma zamandoca y lechuguilla, a cargo de la Sagarpa.
Ante el escenario actual que presenta la actividad, es necesario que se inyecte una cantidad importante de recursos a esta actividad productiva, ya que tiende a mejorar el nivel de vida de los habitantes de dichas zonas, que por la condición geográfica del país presentan los mayores niveles de pobreza.
Ante el incremento que a últimas fechas se ha presentado en el precio de dichas fibras, y por la importancia que representa en el mercado interno y en las exportaciones, se considera de suma relevancia que se fortalezca este sector para que se encuentre en condiciones de competencia y en el marco de desarrollo rural sustentable.
Por lo mismo, consideramos importante que Coahuila, Durango, Hidalgo, Nuevo León, San Luis Potosí, Tamaulipas y Zacatecas cuenten con tres centros de tallado destinados a la explotación de las fibras naturales citadas, en la inteligencia de que la construcción asciende a un monto aproximado de 5 millones de pesos cada uno, situación que desde luego será posible mediante la aprobación del punto de acuerdo contenido en la presente proposición.
Por lo expuesto, se pone a consideración el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2009 se destinen 100 millones de pesos al Programa de Adquisición de Activos Productivos para el fomento de la explotación de las fibras naturales de ixtle, palma zamandoca y lechuguilla.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de octubre de 2008.
Diputados: Ramón Salas López, Ernesto
Oviedo Oviedo, Antonio Medellín Varela (rúbricas).
CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE
QUE EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN DE 2009 SE DESTINEN
RECURSOS A GUELATAO DE JUÁREZ, OAXACA, PARA LAS FESTIVIDADES CÍVICAS
NACIONALES DEL 21 DE MARZO Y DEL 18 DE JULIO, NACIMIENTO Y MUERTE, RESPECTIVAMENTE,
DE DON BENITO JUÁREZ, A CARGO DEL DIPUTADO CARLOS ROBERTO MARTÍNEZ
MARTÍNEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
El que suscribe, diputado federal a la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, Carlos Roberto Martínez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Antecedentes
Primera. Guelatao de Juárez, lugar que vio nacer al Benemérito de las Américas, se localiza en la región de la sierra norte, pertenece al distrito de Ixtlán de Juárez; es uno de los 570 municipios del estado de Oaxaca que se asienta en una superficie de 442-50 hectáreas; el padrón de ciudadanos se limita a no más de 140, de los cuales un 30 por ciento son inactivos, ya sea porque residen en otro lugar, o bien porque se encuentran realizando actividades que el propio reglamento de la municipalidad avala.
Segunda. El lugar es un santuario cívico nacional. La plaza del pueblo rompe con la vieja tradición hispánica que trazaba a partir de un espacio central donde convergían los poderes públicos y eclesiásticos, representados por el palacio de gobierno y la iglesia principal. Fiel a su destino histórico, aquel pueblo oaxaqueño conserva un espacio público, cívico y laico, sin una iglesia en su plaza. No podía ser de otra manera, San Pablo Guelatao sólo se explica a través de Benito Juárez.
Tercera. Con la creación, en 1938, del internado indígena Benito Juárez, Guelatao cambio totalmente de fisonomía, los edificios de este centro educativo y la afluencia de alumnos de diversas comunidades, mostraron a Guelatao como sede del desarrollo que el estado mexicano diseño para si mismo. En aquella época la mayor parte de la población era analfabeta, lo que motivo que el internado albergara a jóvenes que incluso rebasaban los 20 años.
Cuarta. Fue también con Lázaro Cárdenas que llega la luz a esta microrregión. Con seguridad jurídica y política, además de contar con un internado y electricidad, Guelatao asume el papel de un nuevo pueblo con seguridad territorial, que le es ofrecida por el entonces presidente de la Republica General Lázaro Cárdenas.
Quinta. Por Guelatao pasaba tanto la población cafeticultora de El Rincón como el traslado de los minerales obtenidos en aquellos tiempos. Es decir, reafirma su papel de pueblo tránsito, imagen que en 1955 se agiganta con la gestión realizada por caracterizados y autoridades de la zona ante Adolfo Ruiz Cortínez, presidente de la republica. Para ello debemos señalar que el gobierno de Miguel Alemán había diseñado seis años antes un programa de desarrollo que hizo sentar sus bases precisamente en Guelatao.
Sexta. Se introdujeron a la región especies de árboles no conocidos y varios paquetes tecnológicos que poco a poco, y ya dentro de los periodos de Ruiz Cortines y López Mateos, le dieron a Guelatao y a la región una nueva imagen. Se reforzó la agricultura, el cultivo del trigo, se realizaron plantaciones de eucalipto y la labor de entubamiento de agua casi en todas las comunidades.
Séptima. Se construyeron escuelas y casas de salud, el desarrollo en pleno vestía a esta comunidad, que en breves años vería con sus propios ojos la modificación del trazo carretero Oaxaca-Tuxtepec y la pavimentación de este mismo tramo, que en las palabras de Ruiz Cortínez llenaba dos objetivos: el cívico y el industrial.
Octava. El 21 de marzo de 1990 inicia transmisiones de prueba la radiodifusora XEGLO, La Voz de la Sierra Juárez, provisionalmente en un local de la presidencia municipal, la cual fortalece elementos que antropológicamente se consideran patrimonio cultural de la región: música de banda, la medicina tradicional, la organización social, los avisos e información, esto le da a Guelatao de Juárez, una nueva tarea de atención regional.
Novena. El ánimo por la comunicación no se detiene e invade la televisión, en 1994 sale al aire un canal de televisión cuya señal cubre sólo a ocho comunidades. Desde la sociedad civil, bajo el nombre de Fundación Comunalidad.
Décima. Desde 1967 se establece con la visita del general Lázaro Cárdenas, la asistencia de todos los presidentes de la república el 21 de marzo, aniversario del natalicio, o bien, el 18 de julio, aniversario luctuoso de don Benito Juárez García.
Undécima. Los referentes importantes lo constituyen los eventos de carácter social, cultural, deportivo y político que año tras año se realizan en la localidad, la disponibilidad de espacios públicos que para estos actos, pareciera ser más que suficientes se convierten en insuficientes ante la gran cantidad de visitantes que requieren los servicios de agua potable, hospedaje, alimentación, espacios deportivos apropiados, entre otros y que también den respuesta a la demanda del turismo nacional y extranjero que tienen en su ruta visitar la cuna del Benemérito, así como visitar una de las regiones con mayor biodiversidad de México.
Duodécima. La celebración del 21 de marzo, dentro de sus atractivos tiene el de atraer a los jóvenes de distintas edades para competir en un campeonato que en las ultimas tres décadas ha despertado un interés inusitado que refrenda el calor que ofrece esta celebración. La Copa Benito Juárez. La organización de este evento ha rebasado la capacidad comunitaria.
Decimotercera. Guelatao ofrece a sus visitantes diversos atractivos culturales e históricos como el antiguo templo, hoy panteón municipal; el Museo Crónica de la Obra de Juárez, que alberga reproducciones de ilustraciones que narran la vida del prócer, así como una miniatura de la carroza que utilizó el ex presidente mexicano para recorrer el país, entre otros objetos y documentos.
Decimocuarta. También puede visitarse el palacio municipal que guarda datos históricos a la vista, una amplia plaza cívica con una magnifica estatua de don Benito y una de su madre, doña Brígida García; la biblioteca Pensamiento Juarista con importantes documentos, y la réplica de la casa original del Benemérito.
Decimoquinta. Los servicios de que dispone el municipio para ofrecer a los visitantes en cada uno de los eventos que se realizan en el transcurso del año, son diferentes, se mencionan los más importantes:
a) Servicio de agua potable, los eventos cívicos nacionales, del 21 de marzo y 18 de julio, requieren de un gasto superior de agua, con el consiguiente malestar de propios y extraños, además de los riesgos para la salud en general.
b) espacios deportivos para los eventos, como las canchas del municipio, de la escuela primaria y del Centro de Integración Social se vuelven insuficientes, además de que en lo general no reúne las condiciones que se requieren para competencias de este nivel.
c) la iluminación por lo consiguiente es deficiente tanto en espacios deportivos como la población en general.
d) A los poco más de cinco mil visitantes que asisten a los actos cívicos nacionales, como es una tradición, se les da la alimentación y hospedaje, tomando en cuenta, que la comunidad está conformada por apenas unas mil personas (contando a niños y ancianos).
Decimosexta. En el marco de la conmemoración del Bicentenario del natalicio de don Benito Juárez García, el pueblo de San Pablo Guelatao, cuna del Benemérito de las Américas, esperaba el apoyo decidido del gobierno federal y estatal, a efecto implementar programas y políticas necesarias, para garantizar la creación de fuentes de empleo en esta localidad, sobre todo la reactivación del campo para evitar mayor migración a Estados Unidos.
Decimoséptima. La posición geográfica, los diferentes medios de comunicación, el nivel de escolaridad y otros factores han permitido que el municipio de Guelatao de Juárez se sitúe como una localidad con baja marginalidad y por consiguiente con un bajo presupuesto por parte de la federación, sin embargo, la realidad del municipio es otra, ya que se tiene rezagos que con los recursos propios no va a ser posible resolver.
Consideraciones
La celebración de natalicio del Benemérito de las Américas como la conmemoración de su muerte, se convierte en eventos que trastocan la rutina y obligan a una organización específica que en principio era regional; es decir, presidentes municipales, agentes, directores de escuela, alumnado, y que ahora invade comisiones especiales del gobierno federal y estatal, las que intervienen en el diseño y realización de los eventos cívicos nacionales del 21 de marzo y del 18 de julio.
Estos eventos cívicos, no sólo han sido espacios de manifestación política, sino ahora, de emotividades interculturales y deportivas. El 21 de marzo, por ejemplo, no es una fiesta normal. Con el paso de los años se ha convertido en la celebración cívica más importante del país que se realiza en una comunidad, incluso de mayor movilización que la que se atribuye Anenecuilco por la memoria de Zapata.
La presencia de presidentes de la republica ha incrementado la importancia de un evento que sale de la capacidad organizativa de la comunidad. El civismo está estacionado en Guelatao de Juárez. Un ejemplo especial fue lo que sucedió en 1972, por la conmemoración del centenario de la muerte de don Benito Juárez. No hubo día que una escuela venida de cualquier parte de la republica rindiera homenaje al prócer.
Estos actos cívicos continúan desarrollando su importancia, la que en algunos casos se ve debilitada por la apatía de los dos últimos presidentes de la republica: Ernesto Zedillo Ponce de León y Vicente Fox.
En este contexto el pueblo de Guelatao demanda el apoyo decidido de este honorable Congreso de Unión, a fin de que se le asigne un recurso, a efecto de poder realizar los diversos atractivos culturales e históricos, que desde 1976 se vienen realizando en torno alas actividades cívicas nacionales.
Son diversas y muy profundas las razones por las que el paso del tiempo ha dado dimensión a la figura del Benemérito de las Américas, pero quizá todas esas razones pudieran resumirse en una sola: un amor entrañable a la patria que se convierte en decisión inquebrantable para construir el Estado y desde él una Nación redentora y justa, forjada a partir del esfuerzo de todos y en la que cada quien encuentra el espacio necesario para su realización.
Por su lucha contra el intervencionismo extranjero, el nombre de don Benito Juárez ha recorrido al mundo como símbolo de la defensa de la soberanía nacional. Por ello mereció el título de Benemérito de las Américas.
Su ejemplo republicano orienta sin duda alguna el camino hacia el progreso de México, por lo que es congruente propiciar en forma decidida el desarrollo de Guelatao de Juárez.
Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito solicitar al Pleno de esta Cámara de Diputados se someta a consideración la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Primero. Se solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública que considere, dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2009, recursos por 3 millones de pesos para el municipio de Guelatao de Juárez, Oaxaca, a fin de destinarlos a las festividades cívicas nacionales, del día 21 de marzo y 18 de julio, fechas del natalicio y muerte de don Benito Juárez García.
Segundo. Se solicita al pleno de esta soberanía que asigne cada año este monto al municipio de Guelatao de Juárez para poder llevar acabo las festividades cívicas nacionales del Benemérito de las Américas, don Benito Juárez García.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de octubre de 2008.
Diputados: Carlos Roberto Martínez Martínez,
Othón Cuevas Córdoba, Carlos Altamirano Toledo, Joaquín
Conrado de los Santos Molina, Benjamín Hernández Silva, Daniel
Dehesa Mora, Daisy Selene Hernández Gaytán (rúbricas)
CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE
QUE EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN DE 2009 SE CONSIDEREN
RECURSOS PARA EL SUBSISTEMA DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS DE LA
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, A CARGO DEL DIPUTADO
ALBERTO AMADOR LEAL, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
El suscrito, diputado federal Alberto Amador Leal, integrante del Grupo Parlamentario del PRI de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en la fracción I de los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía la siguiente propuesta con punto de acuerdo para fortalecer las Universidades Tecnológicas.
Exposición de Motivos
En días pasados la Asociación Nacional de Universidades Tecnológicas acudió a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos de esta Cámara para exponer la situación que priva en dichas instituciones y las prioridades de inversión para el 2009.
1. Situación actual
Se trata de 66 universidades que a partir de 1991 están funcionando en 27 entidades federativas con una matricula de 79 mil 800 alumnos y un total de 160 mil egresados.
El objetivo del sistema es:
• Ofrecer continuidad de estudios hacia la licenciatura
para 2009.
• Diversificar la estructura de la oferta educativa.
• Fortalecer la vinculación universidad-empresa.
• Coadyuvar en el desarrollo económico del ámbito
local y regional.
• Apoyar la movilidad social, al favorecer el acceso a la educación superior de grupos vulnerables.
Los resultados se pueden resumir en:
• 60 universidades tienen sistema de gestión de
calidad certificados bajo la norma ISO 9001:2000.
• 224 programas educativos se encuentran en el nivel
1 de CIEES.
• 139 programas educativos han sido acreditados por el
Consejo para la Acreditación de la Educación Superior.
El sistema tiene, aún, un enorme potencial como:
Pugnar por un mayor reconocimiento del título del TSU. Hacer las gestiones necesarias para que la profesión de TSU se registre en el tabulador oficial de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, y sea reconocido por la propia administración pública.
Fortalecer a la planta docente por tratarse de un factor estratégico. Lograr el reconocimiento de un tabulador homologado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público e impulsar la capacitación, actualización y formación docente. Revisar y mejorar el reglamento de ingreso, permanencia y promoción del personal académico actual.
Adecuar la estructura organizacional de las UT. Obtener el reconocimiento y la aprobación de la SHCP sobre las necesidades de crecimiento y evolución de las UT, tales como el incremento de la matrícula atendida y a la oferta educativa. Formular las propuestas de adecuación de la estructura orgánica de 50 UT.
Punto de Acuerdo
Único. Que las comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, y de Educación Pública y Servicios Educativos consideren una partida de 800 millones de pesos para el subsistema de universidades tecnológicas a cargo de la Subsecretaría de Educación Superior de acuerdo con lo siguiente:
Palacio Legislativo, a 22 de octubre de 2008.
Diputado Alberto Amador Leal (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE SOLICITA LA COMPARECENCIA DEL FISCAL ESPECIAL PARA LA ATENCIÓN
DE DELITOS COMETIDOS CONTRA PERIODISTAS DE LA PGR, A FIN DE QUE INFORME
SOBRE LOS RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN ACERCA DE LA MUERTE DEL
PERIODISTA ESTADOUNIDENSE BRADLEY ROLAND WILL, OCURRIDA EN EL CONFLICTO
MAGISTERIAL EN OAXACA, A CARGO DEL DIPUTADO HUMBERTO LÓPEZ LENA
CRUZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE CONVERGENCIA
El suscrito, Humberto López Lena Cruz, diputado federal, secretario de la Comisión de Seguimiento a las Agresiones a Periodistas y Medios de Comunicación de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicita al Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados que se requiera la comparecencia del ciudadano Octavio Alberto Orellana Wiarco, fiscal especial para la Atención de Delitos Cometidos contra Periodistas de la Procuraduría General de la República, para que informe en relación con la investigación y los resultados actuales de la muerte del periodista estadounidense Bradley Roland Will, ocurrida el 27 de octubre de 2006, durante el conflicto magisterial en Oaxaca.
Consideraciones
El pasado 27 de octubre de 2006, en medio del conflicto político que vivió el estado de Oaxaca fue asesinado el periodista estadounidense Bradley Ronald Will, hechos que, a casi dos años de haber sucedido, no se ha logrado conocer a los autores materiales; sin embargo, la semana pasada se ejecutaron ordenes de aprehensión a dos personas como probables responsables.
Lo mismo ha ocurrido con muchos casos de los que conoce la fiscalía especializada en agresiones a periodistas en todo el país y ninguno ha mostrado avances o éxito en las investigaciones de éstas.
Desde el inicio de dicha investigación hemos apreciado que las autoridades encargadas de impartir justicia en Oaxaca incurrieron en conductas irregulares y omisiones durante la investigación de la muerte del periodista, tratando de ocultar la verdad histórica de los hechos.
El 28 de noviembre de 2006 presenté un punto de acuerdo en el que se exhortaba a la Fiscalía Especial para la Atención de los Delitos Cometidos en contra de Periodistas a atraer la investigación relacionada con la muerte del comunicador Bradley Roland Will.
Surtiendo efectos hasta el 19 de abril de 2007, fecha en que la fiscalía especial atrajo el asunto del periodista, apreciándose desde ese momento dilación en las investigaciones, y se continúa con las irregularidades en la integración de ésta.
El jueves 16 de octubre de 2008, en la ciudad de Oaxaca, agentes federales de investigación detuvieron a Juan José Martínez Moreno, simpatizante de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, quien ahora se encuentra procesado por su presunta responsabilidad material en el homicidio de Brad Will.
Asimismo, se detuvo a Octavio Pérez, quien obtuvo su libertad bajo caución el 18 de octubre de 2008, ya que a él se le acusa del delito de encubrimiento, por lo que enfrenta el proceso gozando de su libertad.
Estas aprehensiones sucedieron el mismo día en que la Procuraduría General de la República (PGR) declaró que no aceptaría la recomendación 50/2008 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, emitida el 26 de septiembre de 2008, y en la que solicita instruir al agente del Ministerio Público de la Federación para agilizar las investigaciones y realizar las diligencias para determinar la responsabilidad de funcionarios federales que incurrieron en anomalías durante la investigación.
Por tales motivos, este punto de acuerdo tiene como finalidad la comparecencia del ciudadano Octavio Alberto Orellana Wiarco, fiscal especial para la Atención de Delitos Cometidos contra Periodistas de la Procuraduría General de la República para que informe en relación con el estado actual de dicha investigación y a qué se debieron las aprehensiones de los ciudadanos Juan José Martínez Moreno y Octavio Pérez.
Quiero mencionar que el organismo nacional de derechos humanos encontró varias inconsistencias en la investigación de la PGR, ya que dictaminaron que el disparo se hizo a una distancia de entre dos y diez metros y señalaron probables responsables, existiendo contradicción con lo que el organismo manifestó en su recomendación, por ello, transcribo a continuación una parte importante de dicha recomendación:
Con base en los resultados del dictamen pericial, los peritos de la comisión nacional llegaron a las siguientes consideraciones: que la ausencia de tatuaje de granos de pólvora en las heridas producidas por proyectil de arma de fuego, observadas en el cuerpo de Bradley Roland Will, el resultado negativo de la prueba de Walker implica per se que el disparo se efectuó a más de un metro de la boca del cañón del arma, sin que se pueda precisar categóricamente que el disparo se realizó a un metro de distancia.
Del análisis, cuadro por cuadro, de los fragmentos finales que grabó Bradley Roland Will, se puede establecer que siempre se situó en el lado izquierdo de la calle, en el arrollo vehicular, y cerca de la acera, con movimiento constante, sosteniendo la cámara que portaba y grabando con dirección al norte y de frente hacia la calle Juárez.
Que la cámara que portaba el señor Bradley Roland Will el día de los hechos es un equipo Sony modelo HVR-Z1U.
Que fueron identificados los sonidos producidos por disparos y cohetes, así como el grito del lesionado.
Que es altamente probable, de acuerdo con los estudios periciales realizados a las balas calibre 38 especial, que el victimario se encontrara a una distancia aproximada entre 35 y 50 metros.
Que las dos lesiones que produjeron la muerte del señor Bradley Roland Will se suscitaron de forma sucesiva, inmediata, secuencial y en milésimas de segundo, una de otra, en el lugar de los hechos.
Que la posición del señor Bradley Roland Will, al momento de recibir el primer impacto de bala, era en bipedestación (parado), con la parte anterior de su cuerpo de frente a su victimario, el cual, muy probablemente, se situaba por delante y ligeramente a la derecha de éste. En consecuencia, por mecanismo de defensa, el reportero se flexionó hacia delante, lateralizando a la izquierda su cuerpo parcialmente, en el momento en que recibe el segundo disparo, encontrándose el victimario en la misma posición.
Que el tiempo calculado entre la detonación y el impactó a nivel del epigastrio (primera lesión) ocurrió en aproximadamente 166 milésimas de segundo, tiempo en que una bala calibre 38 especial recorre una distancia de entre 45 a 50 metros (promedio 42.5 metros), lo que pericialmente permite afirmar, con un alto grado de probabilidad, que el victimario se encontraba situado detrás del camión de volteo.
Que el disparo no se realizó a un metro de distancia, como establecieron los peritos de la procuraduría estatal, y mucho menos en un lugar y tiempo distinto de donde ocurrieron los hechos.
Por otra parte, en relación con los dictámenes periciales que se han practicado para la integración de la averiguación previa 11/FEADP/07 por parte de la fiscalía especial, se advierte que se han realizado de forma aislada, esto es, sin que se hayan tomando en consideración el conjunto de indicios y evidencias recabadas por cada dictaminador, en particular, y sin que se advierta, además, un análisis completo, coordinado y detallado de las pruebas correspondientes; tampoco se proporciona una conclusión contundente sobre cómo sucedieron los hechos, principalmente, respecto a las circunstancias en que el señor Bradley Roland Will recibió el segundo disparo y la distancia a la que se realizaron los disparos que le ocasionaron la muerte.
Con ello queda en evidencia las indagatorias realizadas por ambas procuradurías; por ello, la necesidad de que se escuchen los posicionamientos del titular de la dependencia en mención.
Actualmente, este caso, aún causa controversia en la forma de procurar justicia, tanto de las autoridades estatales como de las federales, como ha sucedido en otros asuntos como el del periodista Amado Ramírez, asesinado en Guerrero, y que por pertenecer a una empresa tan importante como Televisa y crear la idea de que la justicia es pronta y expedita en nuestro país, no tuvieron inconveniente las autoridades en gestar una línea de investigación alejada de la realidad de los hechos.
No queremos pensar que en la caso que nos atañe, la PGR, por presiones de diferentes actores o grupos que tienen interés en el asunto, está tratando de buscar paganos o chivos expiatorios para desviar la atención y la investigación, y, con esto, alejarnos de la verdad histórica de los hechos.
Por lo antes expuesto, y con fundamento en los artículos 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 45 párrafo primero de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 90 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito someter a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se solicite la comparecencia del ciudadano Octavio Alberto Orellana Wiarco, fiscal especial para la Atención de Delitos Cometidos contra Periodistas de la Procuraduría General de la República, para que informe en relación con la investigación y resultados actuales de la muerte del periodista estadounidense Bradley Roland Will, ocurrida el 27 de octubre de 2006 durante el conflicto magisterial en Oaxaca.
Salón de sesiones, a 23 de octubre de 2008.
Diputado Humberto López Lena Cruz (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE
QUE EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN DE 2009 SE DESTINEN
RECURSOS AL PROGRAMA PROMOCIÓN DE CONVENIOS EN MATERIA DE JUSTICIA,
DE LA COMISIÓN PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS,
Y A LA CREACIÓN DEL PROGRAMA DE INDÍGENAS URBANOS, A CARGO
DE LA DIPUTADA LOURDES ALONSO FLORES, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
La que suscribe, diputada federal Lourdes Alonso Flores, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de ésta soberanía proposición con punto de acuerdo a fin de que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2009 se asignen y etiqueten recursos destinados al Programa Promoción de Convenios en Materia de Justicia, de la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, y para que se cree el programa de indígenas urbanos, en razón de la siguiente
Exposición de Motivos
Hasta la década de los sesenta del siglo pasado la visibilidad de los pueblos indígenas en México se expresaba en sitios más o menos acotados como antiguas demarcaciones y espacios comunitarios tradicionales. En las últimas cinco décadas, durante el proceso de urbanización del país, la población indígena ha emprendido desplazamientos en volúmenes significativos a zonas metropolitanas como México, Guadalajara, Monterrey y Puebla, así como conurbaciones y ciudades, las cuales se han convertido en nuevas áreas de atracción.
Datos del Consejo Nacional de Población señalan que "…en el conjunto del sistema urbano nacional habitan 4.2 millones de indígenas, quienes representan uno de cada tres indígenas del país: 2.6 millones en las zonas metropolitanas, 311 mil en las conurbaciones y 1.3 millones en otro tipo de ciudades".
Esta población indígena ahora urbana acrecienta la demanda de servicios y empleo con una particularidad, su identidad indígena, es decir, la satisfacción de esas necesidades urbanas debe considerar su diferencia cultural con la finalidad de mantener la diversidad y riqueza cultural de los pueblos indígenas Para tal fin, es necesario materializar la satisfacción de derechos económico-sociales con una perspectiva intercultural.
Al respecto, el Informe especial sobre los derechos de las comunidades indígenas residentes en la Ciudad de México 2006-2007 de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal señala que en al menos seis aspectos es urgente la intervención de los gobiernos federal y local para atender la grave situación que viven los indígenas en esta capital: discriminación, denegación de justicia, no accesibilidad a servicios de salud y educación, explotación laboral de artesanos indígenas y empleadas del hogar.
El apartado B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que "la federación, los estados y los municipios, para promover la igualdad de oportunidades de los indígenas y eliminar cualquier práctica discriminatoria, establecerán las instituciones y determinaran las políticas necesarias para garantizar la vigencia de los derechos de los indígenas y el desarrollo integral de sus pueblos y comunidades, las cuales deberán ser diseñadas y operadas conjuntamente con ellos".
La Ley que Crea la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) señala que su objetivo es "…orientar, coordinar, promover, apoyar, fomentar, dar seguimiento y evaluar los programas, proyectos, estrategias y acciones públicas para el desarrollo integral y sustentable de los pueblos y comunidades indígenas de conformidad con el artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos…"
La CDI, hasta hoy, no ha ajustado su presupuesto y programas a las necesidades que demanda la compleja realidad de este país, cuyas cifras revelan que uno de cada tres indígenas residen en ciudades del país, sin embargo continúa operando con programas anacrónicos diseñados por su antecesor, el Instituto Nacional Indigenista, orientado a los asentamientos de origen de las comunidades que integran los pueblos indígenas.
Si bien la CDI ha considerado algunas acciones para la atención de este fenómeno de la migración indígena a las ciudades, las medidas no han sido diseñadas conforme a las características propias de los indígenas que residen en las ciudades.
Para el ejercicio presupuestal 2008, se destinaron 30 millones de pesos para atender a esta población así como a los "migrantes desplazados", cantidad que se estima insuficiente, para el amplio espectro de necesidades que tienen los pueblos indígenas urbanos; para el ejercicio presupuestal 2009, se estima necesario crear un programa específico de atención a pueblos indígenas urbanos con un techo presupuestal de 150 millones de pesos y la elaboración de reglas operación correspondientes, para brindar de manera eficiente los satisfactores necesarios a este grupo poblacional.
Por otra parte, para la promoción de derechos de los pueblos indígenas conforme establece el artículo segundo de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, ha implantado el Programa Promoción de Convenios en Materia de Justicia, cuya finalidad es generar las condiciones para que los pueblos y sus integrantes ejerzan sus derechos individuales y colectivos establecidos en la legislación nacional; en los últimos tres años, este programa ha recibido un gran número de propuestas (2 mil 310), de organizaciones y comunidades indígenas que ven en este programa una oportunidad para la promoción y capacitación de sus derechos; sin embargo por el escaso presupuesto que se ha asignado a este programa sólo se han apoyado mil 452 solicitudes; en el 2008 solamente se ha atendió al 39 por ciento de la demanda.
Con la implantación de este programa se ha beneficiado directamente a 432 mil 840 indígenas y se han realizado diversas actividades de formación de promotores, capacitación y promoción en derechos humanos, indígenas, procuración de justicia, derechos de la mujer, derechos de los migrantes, entre otros.
Dada la magnitud de la problemática en procuración de justicia y derechos humanos de los pueblos indígenas y sus integrantes, se requiere incrementar hasta 100 millones de pesos el techo presupuestal de este programa para atender los graves problemas que aquejan a los pueblos indígenas y cumplir así el mandato del artículo segundo constitucional.
En razón de lo expuesto anteriormente y fundamentado, me permito someter a esta soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero. Se solicita a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Publica, de Hacienda y Crédito Público, y de Asuntos Indígenas de la Cámara de Diputados que, en el marco del análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2009, se considere y etiquete la cantidad de 100 millones de pesos para el Programa Promoción de Convenios en Materia de Justicia, de la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.
Segundo. Se solicita a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Publica, de Hacienda y Crédito Público, y de Asuntos Indígenas de la Cámara de Diputados que, en el marco del análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación 2009, se considere la creación de un programa específico de atención a los pueblos indígenas urbanos y se le asigne un presupuesto de 150 millones de pesos.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de octubre de 2008.
Diputada Lourdes Alonso Flores (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE
QUE EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN DE 2009 SE CONSIDEREN
RECURSOS PARA PROYECTOS DE PRESERVACIÓN AMBIENTAL EN EL DISTRITO
FEDERAL, A CARGO DEL DIPUTADO ALEJANDRO SÁNCHEZ CAMACHO, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PRD
El suscrito, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos presenta ante esta soberanía proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
El Distrito Federal es la sede de los Poderes de Unión y centro político y económico del país. Su entorno físico requiere ser preservado para garantizar la viabilidad de la Ciudad de México y de la zona metropolitana. Por ello, un elemento fundamental en materia ecológica y ambiental, particularmente en sus 88 mil 440 hectáreas de suelo de conservación, es llevar diversos proyectos que permitan la recarga de los mantos acuíferos, el mantenimiento y la mejora de las área de conservación ecológica y cuidado de la calidad del aire.
Desde una perspectiva ecológica, el suelo de conservación alberga ecosistemas naturales con más de mil 800 especies de flora y fauna silvestres, cerca de 2 por ciento de la riqueza biológica mundial y 11 por ciento de la riqueza biológica nacional. El Distrito Federal ocupa el vigésimo tercer lugar en número de especies endémicas de vertebrados en Mesoamérica y el vigésimo cuarto en endémicas estatales. En el suelo de conservación se desarrollan procesos naturales, a través de los cuales se proporcionan diversos bienes y servicios ambientales, imprescindibles para la sustentabilidad del Distrito Federal.
Por ello que se requiere el apoyo de recursos federales por 25.6 millones de pesos destinados al Programa de Monitoreo y Vigilancia para el Suelo de Conservación.
Se ha detectado que el arbolado no está aportando todos los servicios ambientales que debe prestar a la ciudad, pues se requiere mejorarlo su salud, reducir la mortandad del arbolado, incrementar la captura y secuestro de contaminantes atmosféricos, y conservar el paisaje urbano con una mejora sustancial en la estructura del arbolado de la zona urbana. Por eso es necesario contar con 3.2 millones de pesos de recursos federales.
Las zonas lacustres de Xochimilco y de Tláhuac constituyen un ecosistema remanente de la cuenca de México, en la cual se realizan actividades de turismo, comercio regional y agricultura tradicional principalmente en chinampas. Sin embargo, presentan una problemática compleja que requiere pronta atención, con el respaldo de 4.4 millones de pesos del presupuesto federal.
De manera especial, es indispensable fortalecer la infraestructura de prevención y combate de incendios forestales, acciones inherentes a la protección del suelo de conservación y, por tanto, prioritarias para los más de 20 millones de habitantes de la zona metropolitana de la Ciudad de México, con el apoyo de hasta 115.2 millones de pesos de la federación.
En apoyo de las actividades que se llevan a cabo en el suelo de conservación, la producción de planta en el vivero de San Luis Tlaxialtemalco es estratégica, pues permite repoblar la masa arbolada y reforestar las áreas abatidas, que equivalen a 7.0 por ciento del área rural, para lo cual se requieren 24.0 millones de pesos de presupuesto federal.
En materia de conservación de la vida silvestre, como parte fundamental de los ecosistemas, es indispensable su monitoreo, manejo y conservación, para lo cual se solicitan 0.8 millones de pesos.
Igualmente, a fin de proteger e incrementar la producción de semillas nativas de maíz y evitar la introducción de transgénicos, se adecuarán las instalaciones del laboratorio del vivero de San Luis Tlaxialtemalco, para el análisis y mejoramiento de las semillas, solicitando el apoyo de 11.1 millones de pesos de la federación.
En los últimos lustros y por efectos de la deforestación y los fenómenos eólicos, el suelo rural presenta riesgos, por lo cual es imperioso construir infraestructura para retención y conservación del suelo; se requieren de la federación 132.3 millones de pesos.
En tal virtud, se pretende obtener recursos presupuestales de la federación hasta por 316.6 millones de pesos para llevar a cabo los proyectos señalados, que se orientan al cuidado y la preservación del suelo de conservación de Tláhuac, Milpa Alta, Xochimilco, Tlalpan, La Magdalena Contreras, Álvaro Obregón, Cuajimalpa de Morelos, Gustavo A. Madero e Iztapalapa, con efectos ambientales positivos en la Ciudad de México y zona metropolitana, obteniendo recursos por transferencia de las asignaciones contenidas en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2009, específicamente del Ramo 16, "Medio Ambiente y Recursos Naturales", unidades responsables 100, Secretaría; 612, Dirección General de Fomento Ambiental, Urbano y Turístico; 710, Dirección General de Gestión Integral de Materiales y Actividades Riesgosas; y 712, Dirección General de Gestión Forestal y de Suelos.
Por ello, legisladoras y legisladores, y en atención de su sensibilidad, sometemos a consideración de esta honorable asamblea el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión a incluir en el dictamen del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2009 recursos hasta por 316.6 millones de pesos con objeto de financiar los proyectos contenidos en el cuerpo de la presente proposición.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de octubre de 2008.
Diputado Alejandro Sánchez Camacho (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE
QUE EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN DE 2009 SE CONSIDEREN
RECURSOS PARA PROYECTOS QUE PERMITAN MITIGAR LAS EMISIONES DE GASES DE
EFECTO INVERNADERO EN LA CIUDAD DE MÉXICO, A CARGO DEL DIPUTADO
ALEJANDRO SÁNCHEZ CAMACHO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
El suscrito, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 58, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos presenta ante esta soberanía, proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
El Gobierno del Distrito Federal reconoce que el cambio climático es la amenaza más grave que se cierne actualmente sobre los ecosistemas del valle de México, el país y el mundo, y que se requieren acciones urgentes para mitigar las emisiones de los gases de efecto invernadero, adoptar medidas para reducir los impactos del cambio climático y garantizar, con equidad, la calidad de vida de quienes habitamos la ciudad y quienes la habitarán.
En ese sentido, la elaboración de estudios para la implementación de las medidas de mitigación de emisiones de gases de efecto invernadero; adaptación a los efectos del cambio climático; y comunicación y educación del fenómeno del cambio climático, propuestas en el Programa de acción climática de la Ciudad de México 2008-2012, que son indispensables para la determinación y aplicación de medidas tanto preventivas como para el equilibrio del cambio climático, para lo cual procede la aplicación de 5.0 millones de pesos provenientes del presupuesto federal.
Cabe señalar, que desde la Primera cumbre de la tierra, se reconoció que las agenda XXI, son herramientas que ayudan a generar conciencia y otorgan elementos para la comprensión de los problemas ambientales en su vinculación con el desarrollo económico y social. Para la ciudad de México, es indispensable integrar su agenda XXI, como una contribución al mejoramiento del ambiente global, para lo que se necesitan recursos presupuestales federales por un monto de 3.3 millones de pesos.
Con el mismo propósito y para asegurar un manejo adecuado y eficiente es necesario contar con un inventario del arbolado urbano, coadyuvantes fundamentales para mantener el equilibrio climático y cuya acción reclama el financiamiento con 9.0 millones de pesos del presupuesto federal.
La educación ambiental dentro de las políticas ambientales del gobierno del Distrito Federal es estratégica, en virtud de que impacta directamente en la sociedad con conocimientos diversos, que confluyen en la contribución al mejoramiento del medio ambiente, tanto en la zona rural como en la urbana y es hacia allá a donde se encaminan los esfuerzos para la readecuación de los centros de educación ambiental de Acuexcomatl, Ecoguardas y Yautlica, así como la instalación del módulo de observación climática en el Museo de Historia Natural en coordinación con el Climate institute. Para ello se requieren recursos federales por 12.8 y 4.4 millones de pesos, respectivamente.
Con respecto a la actualización del Programa de gestión integral de los residuos sólidos para el Distrito Federal 2004-2008 resalta su importancia en virtud que permite desarrollar nuevas estrategias para cumplir con los principios rectores de desarrollo sustentable, prevención y minimización, comunicación educación y capacitación, y participación social, aprovechando la generación de gases para la producción de energía evitando así que dichos gases contribuyan al cambio climático. Adicionalmente, la elaboración del plan maestro y proyecto ejecutivo de la primera etapa del sistema secundario de ciclovías y espacios abiertos metropolitanos en Gustavo A. Madero y Venustiano Carranza dará lugar a la reducción de gases de efecto invernadero, al inhibir el uso de vehículos automotores, ambos proyectos se entrelazan con el sistema de áreas verdes, parques lineales y ciclovías, los cuales se pretende que interconecten tanto a los centros educativos, centros de trabajo, unidades departamentales, etcétera, contribuyendo así a disminuir los efectos de la contaminación que vive hoy por hoy la Ciudad de México y zonas conurbadas, para lo cual se propone la aportación de recursos federales por 2.5 y 10.0 millones de pesos, respectivamente.
En consecuencia, se solicitan recursos presupuestales de la federación hasta por 47.0 millones de pesos para solventar los requerimientos de esas importantes acciones que beneficiaran a la población y al entorno ecológico de la Ciudad de México y su zona metropolitana.
Para tales efectos, se propone canalizar recursos vía transferencia de las asignaciones que contempla el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2009, en el ramo 16 medio ambiente y recursos naturales, específicamente de las unidades responsables 100 secretaría, 612 Dirección General de Fomento Ambiental, Urbano y Turística, 710 Dirección General de Gestión Integral de Materiales y Actividades Riesgosas y 712 Dirección General de Gestión Forestal y de Suelos.
Por lo anteriormente expuesto, someto a su consideración el siguiente:
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión para que en el dictamen del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2009, se consideren asignaciones de recursos federales por 47.0 millones de pesos para financiar los proyectos que permitan mitigar las emisiones de los gases de efecto invernadero en la Ciudad de México y contribuir, con ello, a la reducción del calentamiento global.
Diputado Alejandro Sánchez Camacho (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE
QUE EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN DE 2009 SE CONSIDEREN
MAYORES RECURSOS PARA LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA BENITO JUÁREZ
DE OAXACA, A CARGO DEL DIPUTADO OTHÓN CUEVAS CÓRDOVA, DEL
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
Con fundamento por lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el suscrito, diputado integrante de la LX Legislatura del Congreso de la Unión, somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo para solicitar una asignación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2009 a la Universidad Autónoma Benito Juárez del estado de Oaxaca por más de 600 millones de pesos, con base en la siguiente
Exposición de Motivos
La universidad pública representa para la gran mayoría de los mexicanos que tienen el deseo de prepararse la única posibilidad de tener las herramientas para cambiar sus condiciones y forma de vida. En el ciclo escolar 2006-2007 había inscritos en el sistema de educación superior poco más de 2 millones y medio de alumnos, de los cuales más de un millón 600 mil acuden a la universidad pública, según datos de la Secretaría de Educación Pública. A pesar de los diversos esquemas de becas y subvenciones el porcentaje de alumnos en la educación superior en las modalidades de educación pública y privada del Programa Nacional de Becas para la Educación Superior, que recibieron apoyos en el 2007, ascendió a 183 mil 42 alumnos.
Ante este panorama, la universidad pública es la única opción para preparar a los próximos profesionistas de México. Por ello, es de fundamental importancia que el gasto destinado a la educación pública superior no sólo se mantenga sino que aumente considerablemente. Este gasto, que es una inversión en capital humano, tiene varias aristas y beneficios. No sólo dará más posibilidades a las instituciones para recibir a más alumnos sino que se reflejará en el rubro de la investigación científica, en el desarrollo de patentes y en el impulso de la industria nacional, aunado a una sociedad con mejores posibilidades de desarrollo.
Por otro lado, quiero precisar que dentro del presupuesto a la educación superior existen instituciones que se encuentran en una situación crítica para su operación y especialmente para obtener resultados en el ámbito académico que es la responsabilidad superior para lo que fueron creadas. En este caso se encuentra la Universidad Autónoma Benito Juárez del estado de Oaxaca (UABJO), la institución de educación superior pública más importante del estado, que lamentablemente atraviesa por una transición académica y administrativa que requiere la atención inmediata por parte del Congreso de la Unión.
Nuestra universidad requiere poco más de 600 millones de pesos para iniciar la reversión de un proceso que tiene muchos años y que la ha colocado en un nivel que no se merece, ni lo merece el pueblo de Oaxaca. Actualmente la UABJO recibe en promedio por subsidios y pago de servicios poco menos de 450 millones de pesos, teniendo un déficit anual de más de 100 millones. Sobre este particular, la UABJO recibe el subsidio más bajo por alumno al obtener 12 mil 600 pesos por cada uno de los poco más de 35 mil estudiantes, en comparación con los 71 mil 400 pesos que recibe un alumno de la Universidad Autónoma de Yucatán.
Nuestra universidad tiene que ser un referente para la educación pública en el estado y ello empezará por destinar mayores recursos para invertir en infraestructura, en sus procedimientos académicos y administrativos, y en la atención que brinda a sus alumnos. Este referente es sólo un ejemplo de lo que se tiene que hacer en torno a las carencias que la universidad de Oaxaca necesita resarcir con urgencia.
Esta proposición se suma a otras propuestas presentadas por compañeros legisladores oaxaqueños en esta soberanía y, en particular, a un punto de acuerdo aprobado por el Congreso de Oaxaca el pasado agosto, en el que solicita un presupuesto por 677 millones de pesos. Estas acciones demuestran la voluntad para superar las diferencias partidistas, que permite reconocer la urgencia de dotar de mayores recursos a nuestra universidad para hacer frente no sólo a las demandas de la comunidad estudiantil, de la investigación y de los retos que exige la sociedad oaxaqueña para tener mejores profesionistas y la oportunidad de un estado con posibilidades de un mejor desarrollo.
Si bien es cierto que nuestro país enfrenta una crisis económica que impacta en las finanzas públicas, es precisamente invirtiendo en educación como tendremos herramientas para que nuestros estudiantes se preparen y se desarrollen para hacer a México más productivo y no depender de las tecnologías y del desarrollo internacional.
Sólo de esta forma, en un mediano y largo plazo, podemos terminar con fenómenos como la migración, la deserción escolar que ha llegado a niveles del 30 por ciento y la desestructuración del sistema educativo que sólo aumenta la pobreza y la miseria de nuestros pueblos.
Por lo que hago un llamado a esta soberanía para que en este Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2009 se tomen en cuenta las urgentes necesidades de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca y se aumenten sustancialmente los recursos para su operación y funcionamiento bajo el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se solicita a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión un aumento en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2009, en la asignación a la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca por más de 600 millones de pesos.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 24 de octubre de 2008.
Diputado Othón Cuevas Córdova (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA QUE
EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN DE 2009 SE DESTINEN
RECURSOS A LA CONSTRUCCIÓN DE LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE NACAJUCA,
TABASCO, SUSCRITA POR DIPUTADOS DE DIVERSOS GRUPOS PARLAMENTARIOS
Los suscritos, diputados por el estado de Tabasco, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LX Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración del Pleno de esta honorable asamblea, con carácter de urgente y obvia resolución, proposición con punto de acuerdo, conforme a las siguientes
Consideraciones
En el amplio contexto de los grupos más vulnerables del país se encuentran los grupos indígenas; temas como trabajo, alimentación, salud, vivienda y educación representan la gran deuda histórica del Estado mexicano ante este sector de la población.
El reto de concretar la máxima normativa del derecho a la educación para todos los habitantes de la República Mexicana no se consolidad para los más de 13 millones de indígenas.
Hoy, a tres décadas de la instauración del esquema de modelo bilingüe, no se ha conseguido abatir que uno de cada tres indígenas carezca de acceso a la educación en cualquier nivel.
Es tiempo de que los diputados federales hagamos eco de los pobladores originarios de la nación.
Compañeros diputados: es momento de generar la concentración de jóvenes con plena identidad cultural, que conozcan de las necesidades de sus lugares de origen, que se comprometan con su grupo étnico. Por ello, municipios como Nacajuca, Tabasco, constituyen la opción real para concertar un espacio donde confluyan los indígenas de la región.
Este municipio necesita consolidar su infraestructura educativa. No podemos, en los inicios del siglo XXI, mantener esquemas de más del 15 por ciento de población analfabeta, y con una tasa escandalosa de 31 por ciento de habitantes sin haber concluido la educación primaria.
Por eso exhortamos a que impulsemos la ampliación de la oferta y cobertura educativas en la entidad, que ayudemos a evitar la migración de este sector a las grandes urbes del país o, peor, aumentar la migración al exterior para ser ciudadanos de tercera, menos aun en estos tiempos de crisis en el país vecino del norte, que únicamente puede emplearlos en un sector como el de la construcción, que no tiene posibilidades de crecimiento para los próximos años.
Por lo expuesto, sometemos a consideración de esta honorable asamblea el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero. El Pleno de la Cámara de Diputados aprueba solicitar de manera muy atenta a las Comisiones de Educación Pública y Servicios Educativos, y de Presupuesto y Cuenta Pública que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2009 se otorguen recursos para la construcción de la universidad intercultural de Nacajuca, Tabasco.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de octubre de 2008.
Diputados: Silbestre Álvarez
Ramón Moisés Félix Dagdug Lützow, Mónica
Fernández Balboa, Pedro Landero López, Fernando Enrique Mayans
Canabal, Roberto Mendoza Flores, Rafael Elías Sánchez Cabrales,
Francisco Sánchez Ramos, Marcos Matías Alonso, Aída
Marina Arvizu Rivas, Alejandro Chanona Burguete, Emilio Ulloa Pérez,
Pascual Bellizzia Rosique, Diego Cobo Terrazas, Wenceslao Herrera Coyac,
Emilio Gamboa Patrón, Héctor Larios Córdova, Itzcóatl
Tonatiuh Bravo Padilla, Javier González Garza, Jaime Cervantes Rivera,
Humberto Dávila Esquivel (rúbricas).
CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE
QUE EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN DE 2009 SE INCLUYA
EL ESTADO DE ZACATECAS EN EL PROGRAMA ESPECIAL PARA LA SEGURIDAD ALIMENTARIA,
A CARGO DEL DIPUTADO FRANCISCO JAVIER CALZADA VÁZQUEZ, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PRD
El suscrito, diputado Francisco Javier Calzada Vázquez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes
Consideraciones
El Programa Especial para la Seguridad Alimentaria (PESA) es un programa que promueve la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación a nivel internacional y que en México implementa el Ejecutivo federal a través de la Secretaría del Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca y en coordinación con los gobiernos estatales y municipales con un enfoque de desarrollo rural integrado, donde los habitantes de las comunidades puedan desarrollar capacidades y realizar diagnósticos de su realidad, identificar los problemas que les impide alcanzar mejores condiciones de vida, proponer soluciones en un entorno de desarrollo regional, para reducir la pobreza y mejorar su seguridad alimentaria de una manera sostenible.
Los objetivos que busca el PESA a través de sus cuatro componentes metodológicos son:
Sin embargo, los municipios zacatecanos de Apulco, Genaro Godina, El Plateado de Joaquín Amaro, Jiménez del Teúl, Mazapil, Melchor Ocampo, Mezquital del Oro, Pinos y El Salvador están considerados de alta marginación (fuente: Consejo Nacional de Población ), en algunos casos comparable con los estados considerados prioritarios.
Actualmente en Zacatecas existen cuatro Agencias de Desarrollo Rural, una en semidesierto norte, otra en semidesierto sur, otra más con sede en Valparaíso y Jiménez de Teúl y la otra en Genaro Godina y Joaquín Amaro. Sin embargo, es necesario garantizar los recursos no sólo para garantizar que estas agencias continúen operando, sino para responder a la demanda creciente de la población de proyectos vinculados al programa en las comunidades de mayor marginación de los municipios de Francisco R. Murguía y Cañitas, por lo que se requiere la creación de dos nuevas ADR.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta respetuosamente a las Comisiones Desarrollo Rural, Hacienda y Crédito Público y de Presupuesto y Cuenta Pública a incorporar en el dictamen del Presupuesto de Egresos de la Federación 2009 al estado de Zacatecas en el Programa Especial de Seguridad Alimentaria.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 22 de octubre de 2008.
Diputado Francisco Javier Calzada Vázquez (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE
QUE EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN DE 2009 SE CONSIDEREN
MAYORES RECURSOS PARA EL PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD EN LOGÍSTICA
Y CENTRALES DE ABASTO, A CARGO DEL DIPUTADO OCTAVIO MARTÍNEZ VARGAS,
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
El suscrito, Octavio Martínez Vargas, diputado del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en el artículo 58, fracción I, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos somete a consideración del Pleno de esta honorable asamblea proposición con punto de acuerdo donde solicita la incorporación en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2009 de una ampliación del Programa de Competitividad en Logística y Centrales de Abasto (Prologyca), conforme a las siguientes
Consideraciones
1. La central de abasto se encuentra en el oriente de la Ciudad de México, y es el centro de distribución de productos alimenticios más importante y grande (aproximadamente 305 hectáreas) del país. Desde allí son surtidos muchos otros mercados de la ciudad de México y de algunas entidades federativas. Fue construida a inicios de la década de 1980.
Hasta principios de siglo XX, el principal centro mayorista del país era el mercado de La Merced, pero el acelerado crecimiento urbano y poblacional provocó conflictos en las actividades comerciales en ese mercado, así como problemas operativos, urbanos y ambientales que afectaron el centro de la Ciudad de México. Así surgió la necesidad de un reordenamiento estructural y urbano. Por ello se consideró imprescindible crear la central de abasto en una zona que permitiera el descongestionamiento del centro de la ciudad y el acceso óptimo del transporte pesado.
La central de abasto se inauguró el 22 de noviembre de 1982, por el entonces presidente de la república, José López Portillo, con el objetivo de ofrecer un servicio mejor y más operativo para la comercialización de los productos alimentarios, brindar el abasto suficiente a la población y, sobre todo, generar una unión entre comerciantes, mayoristas y detallistas.
2. La central de abasto de la Ciudad de México es el centro mayorista de alimentos más grande del mundo. Se manejan cifras superiores, incluso, que la Bolsa Mexicana de Valores. Ahí se comercializa aproximadamente 30 por ciento de la producción hortofrutícola nacional, y se estima un movimiento económico anual superior a 8 mil millones de dólares. Brinda servicios en una gran parte del territorio mexicano.
3. Diariamente llegan a la central de abasto unos 480 mil visitantes. Se comercializan más de 30 mil toneladas de alimentos y otros productos, lo que representa 80 por ciento de lo que se consume en la Ciudad de México, zona conurbada y estados circunvecinos: aproximadamente más de 25 millones de mexicanos. Atiende más de mil 500 puntos de venta, entre mercados públicos, itinerantes y tianguis, 380 establecimientos de 15 cadenas de autoservicio y algunos otros locales y "tienditas de la esquina". Se convierte por todas estas cantidades de distribución y venta en la central de abasto más grande del mundo, pero sobre todo, competitiva, ya que los precios que en ella se manejan son muy bajos por razones muy sencillas: algunos comerciantes son productores y mayoristas al mismo tiempo. De esa manera, es muy difícil igualar los precios tan bajos entre cadenas comerciales.
4. Sin embargo, muchos de ellos son sólo distribuidores mayoristas. Éstos compran grandes cantidades de mercancía a los productores o fabricantes. Por ello consiguen precios realmente bajos y que ningún otro canal de ventas puede conseguir.
5. La central de abasto es un centro enorme para la generación de empleos: 70 mil fuentes directas, que atienden al gran número de visitantes diarios de las 304 hectáreas. En ellas se localizan más de 3 mil bodegas de frutas, legumbres y abarrotes, además de mil 500 locales, con más de 60 giros y áreas de servicios complementarios, como frigoríficos, bodegas de transferencia, zona de pernocta y estructuras helicoidales.
6. La central de abasto es uno de los centros más importantes para el comercio de productos alimenticios pero, desafortunadamente, se sumerge ante los efectos de la globalización, donde las grandes firmas comerciales de supermercados e hipermercados, como Carrefour, Wal Mart o Intermarche, lograron que la central de abasto se enfrente a problemas que pueden poner en riesgo su participación en el mercado y trastocar los vínculos con los canales de abasto popular.
b) Se entiende que el criterio para el ejercicio de los recursos ha estado muy centrado en que se desarrollen proyectos de impacto, estudios, diagnósticos y modelos. Sin embargo, se necesita mayor apoyo para que se permita a las centrales de abasto presentar proyectos de necesidades básicas, como promoción, equipamiento, construcción de infraestructura y financiamiento, lo que permitirá impulsar la sensibilización del sector acerca de la necesidad de modernizarlo, para que sea más fácil adoptar los nuevos modelos de negocio. Debemos confiar en que la modernización y transformación de las centrales de abasto debe ser gradual, partiendo de sus necesidades más apremiantes, hasta lograr la reconversión a través de una planeación prospectiva.
El eslabón más débil en la distribución de alimentos en México son los canales tradicionales, lo cual repercute en el sector de mayoreo. Al afectarse estos sectores, tendríamos los siguientes efectos:
• Pérdida de empleos en el sector mayorista;
• Concentración del comercio en un número
muy pequeño de participantes;
• Menores opciones para los consumidores, en especial
los de bajos ingresos;
• Falta de acceso de los pequeños agricultores
a los mercados;
• Significativa disminución de la oferta;
• Pérdida de empleos en el campo; y
• Falta de salida para la oferta de productos no homogeneizados, en detrimento de los agricultores más pequeños y menos tecnificados.
Y en congruencia con el Ejecutivo federal ante la propuesta de un presupuesto austero, someto a consideración de los integrantes de las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, y de Economía que se recorten las siguientes partidas: 104, de la Coordinación Nacional de Comunicación Social de la Presidencia de la República, ya que de lo aprobado en este año es de 42 738.505 miles de pesos, y en lo proyectado para el año 2009 es de 74 486.444. Si dejamos dicha partida como está ahora, podemos tener un recurso adicional de 31 702.939, la partida 300 de la Subsecretaria de Enlace Legislativo de la Secretaria de Gobernación se aprobó 26 102.876 miles de pesos y lo proyectado es 57 884.399, pudiendo dejar a dicha subsecretaría con el mismo ejercicio del gasto de este año. Y buscando recorte a subsecretarías innecesarias y duplicación de direcciones administrativas, así como el recorte del salario de mandos medios y superiores, podemos fortalecer bastantes programas sociales.
Por lo anterior, someto a consideración de la honorable Cámara de Diputados la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Que se incluya en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2009 una ampliación del Programa de Competitividad en Logística y Centrales de Abasto por 400 millones de pesos.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de octubre de 2008.
Diputado Octavio Martínez Vargas (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A REALIZAR MEDIANTE LA SCT Y CAPUFE LOS
TRÁMITES NECESARIOS A FIN DE PERMITIR EL CRUCE EN LOS PUERTOS FRONTERIZOS
A LAS PERSONAS INSCRITAS EN EL PROGRAMA RED ELECTRÓNICA SEGURA PARA
LA INSPECCIÓN RÁPIDA DE VIAJEROS, A CARGO DEL DIPUTADO CARLOS
ALBERTO GARCÍA GONZÁLEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
El suscrito, diputado federal Carlos Alberto García González, integrante de esta LX Legislatura, así como del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta ante esta honorable asamblea proposición con punto de acuerdo por el que se solicita al Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y del organismo descentralizado Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, que realicen los trámites y gestiones necesarios para que se permita el cruce en cualquiera de los puertos fronterizos que cuenten con ese sistema, a los viajeros inscritos dentro del programa denominado Red Electrónica Segura para la Inspección Rápida de Viajeros (SENTRI por sus siglas en inglés –secure electronic network for travelers rapid inspection–), bajo las siguientes
Consideraciones
La frontera internacional terrestre entre México y Estados Unidos es la más activa del mundo. En 1995, para aliviar el tiempo de espera de tráfico de los viajeros frecuentes se crearon sendas dedicadas para viajeros diarios bajo el programa SENTRI.
La SENTRI o Red Electrónica Segura para la Inspección Rápida de Viajeros es un popular programa en el que los solicitantes se someten voluntariamente a una entrevista personal e investigación de antecedentes penales, dan sus huellas dactilares y pagan una cuota para cubrir gastos administrativos.
Los solicitantes que no reúnen los requisitos enumerados en la sección de la SENTRI, no tienen derecho al reembolso de dicha cuota. Los miembros que reciben la aprobación tienen acceso a un carril especial para viajeros frecuentes que permite hacer el trámite de ingreso más rápido en los puntos de entrada donde haya carriles de la SENTRI.
Una vez cumplidos los requisitos se obtiene una carta y un engomado con información electrónica, la que es leída antes de que el automovilista llegue ante el agente de aduanas.
El programa SENTRI, está diseñado para permitir el acceso ágil a los Estados Unidos a viajeros fronterizos de bajo riesgo que hayan pagado la cuota de registro y hayan aprobado una inspección de sus antecedentes así cómo una inspección previa de sus automóviles, los carriles SENTRI son de gran utilidad, porque facilitan a los viajeros el cruce a Estados Unidos, mientras se protege la seguridad de las frontera.
El programa de la SENTRI fue puesto en práctica por primera vez en 1995 en el punto de ingreso de pasajeros de Otay Mesa en California. Los numerosos premios por ser una práctica óptima que ha recibido SENTRI a lo largo de los años han reconocido la importancia de este programa.
Una vez inscrito, las tarjetas de identificación por radio frecuencia expedidas por el Servicio de Aduanas y Control de Fronteras de Estados Unidos (U.S. Customs and Border Protection) permitirán eventualmente a los participantes de SENTRI entrar a los Estados Unidos por los carriles SENTRI existentes en cualquiera de las garitas de la frontera suroeste, incluyendo las de San Ysidro y Otay Mesa.
El número de participantes SENTRI ha aumentado dramáticamente y, en respuesta, el gobierno estadounidense adoptó recientemente medidas para tramitar los registros más rápidamente con el aumento de personal, uso de tecnologías nuevas y además, la afiliación al programa SENTRI se está extendiendo inmediatamente de dos a cinco años, sin embargo, los carriles SENTRI sólo pueden ser utilizados por automovilistas inscritos en el programa, y dentro del vehiculo deben viajar solo personas inscritas
A lo largo de nuestra frontera ya hay más de 151 mil viajeros de ambos lados de la frontera están inscritos actualmente en el programa SENTRI, lo cual ha beneficiado a millones de personas a cruzar la frontera de manera segura y más rápida, ahorrando un incontable número de horas que habrían tenido que esperar de otra manera.
Actualmente se utiliza en nueve puertos con 16 carriles incluyendo a San Isidro, California, Calexico, California, Nogales, Arizona, El Paso, Texas, además de Laredo, Hidalgo y Brownsville también en Texas.
No obstante las enormes ventajas referidas al programa mencionado, el SENTRI adolece de de un gran inconveniente que consiste básicamente en que los viajeros inscritos en el programa, únicamente pueden realizar el cruce por el puerto fronterizo donde solicitaron su inscripción.
Tal situación produce cierta ineficacia en el cruce de viajeros de ambos lados de la frontera, ya que impide que los miembros inscritos tengan la posibilidad de continuar su viaje a lo largo de las respectivas fronteras y decidir en cualquier momento cruzar por los puertos fronterizos que cuentan con carriles SENTRI, y padecer las molestias e inconveniencias de largas filas y tiempo perdido en las garitas, esperando por el cruce de la frontera.
En mérito de lo expuesto, consideramos que si ya fueron satisfechos los requisitos necesarios para acceder a las ventajas del programa SENTRI, no debía existir inconveniente alguno para permitirse el cruce por cualquiera de los puertos fronterizos que cuenten con este sistema, en la inteligencia, que ello permitirá otorgar aún mayores beneficios a los usuarios de dicho programa y redundará en un mejor y más eficiente control sobre las aduanas de ambos países.
Es por ello que someto a consideración de esta honorable asamblea, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se solicita al Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y del organismo descentralizado Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, que realicen los trámites y gestiones necesarios para que se permita el cruce en cualquiera de los puertos fronterizos que cuenten con ese sistema, a los viajeros inscritos dentro del programa denominado Red Electrónica Segura para la Inspección Rápida de Viajeros.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de octubre de 2008.
Diputado Carlos Alberto García González
(rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A INFORMAR A ESTA SOBERANÍA SOBRE
LA ESTRUCTURA ORGÁNICA, LOS ELEMENTOS NORMATIVOS Y LA METODOLOGÍA
CON QUE SE EJECUTARÁN LOS ACUERDOS ADOPTADOS CON EL GOBIERNO ESTADOUNIDENSE
AL AMPARO DE LA INICIATIVA MÉRIDA, A CARGO DEL DIPUTADO ARMANDO
BARREIRO PÉREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
El suscrito, diputado federal del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática ante la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Luego de un largo e intenso periodo de deliberaciones legislativas en ambos países, la Iniciativa Mérida, acordada con el gobierno de Estados Unidos de América, estaría por iniciar sus operaciones.
Destaca que ya, desde el pasado 8 de octubre del presente año, Felipe Calderón Hinojosa urgió a dar inicio operativo a las acciones comprendidas en tal iniciativa, asumiendo un gesto de emergencia totalmente justificado pero inadmisible en quien debiera demostrar la capacidad ejecutiva que exige la sociedad.
El tema tiene una especial relevancia por dos cuestiones; la primera es el ascenso permanente de la espiral delictiva que multiplica los crímenes para expandir su dominio e incursiona ya en la utilización de métodos inéditos en México, como el terrorismo directo contra la población.
Ante la información de sucesivos boletines oficiales que enlistan decomisos de armamento, drogas y grandes cantidades de dinero, los hechos parecen demostrar que esas acciones en poco o nada afectan a las organizaciones de criminales, puesto que a una incautación supuestamente relevante siguen otras de mayor cuantía, lo que se ha convertido en una escalada que parece no tener fin y que expande la incertidumbre entre la sociedad, junto a la duda de si las acciones anticrimen del gobierno federal tienen rumbo y estrategia.
En contrapartida a la confianza que demuestran en las conferencias de prensa los funcionarios responsables de la seguridad pública, la audacia y ferocidad de los criminales atemoriza cada vez más a la sociedad, quien no avizora una mejora que al menos atenúe la crispación en que vive.
Ni los informes gubernamentales ni los discursos de los funcionarios son suficientemente convincentes para ganar la credibilidad social; el clamor de los ciudadanos y sus familias es el que se presenten hechos que demuestren la eficacia de las instituciones en un horizonte estratégico y que se suspendan las declaraciones efectistas que sólo buscan impactos publicitarios con fines electorales.
La segunda cuestión es que sería un grave error de la Cámara de Diputados permitir que los apoyos del gobierno estadounidense, comprometidos con la Iniciativa Mérida, se operen con la misma ineficiencia con que el gobierno federal ha ejercido los recursos normales destinados a la seguridad pública.
Es necesario que esos recursos adicionales generen resultados también adicionales, no solamente en las metas operativas más obvias, como lo es la capacitación de personal y otras similares, sino también exijan del gobierno federal el compromiso para obtener resultados que demuestren el esfuerzo adicional de eficacia y eficiencia institucionales que la situación demanda.
Para ello es preciso que esta soberanía sea informada sobre los asuntos sustantivos de la Iniciativa Mérida, tales como
También deben considerarse las reiteradas presiones del gobierno estadounidense para que se autorice a sus agentes en México la portación de armas, demanda tan permanente como inadmisible.
Por lo anteriormente expuesto, someto a esta soberanía la aprobación de la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
De urgente resolución.
Uno. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al Ejecutivo federal a entregar a esta soberanía toda la información disponible sobre la implantación en México de la Iniciativa Mérida, que contenga, entre otros documentos, el plan de trabajo, la estructura orgánica, los elementos normativos y la metodología con que se ejecutarán los acuerdos adoptados con el gobierno de Estados Unidos de América.
Dos. Se exhorta al Ejecutivo federal a proporcionar también a esta soberanía la información sobre el número de integrantes y el tipo de función que realizará el personal extranjero que intervendrá en la implantación de los acuerdos de la Iniciativa Mérida.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de octubre de 2008
Diputado Armando Barreiro Pérez (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A EMITIR UN DECRETO QUE SUSPENDA SEIS MESES
EL PAGO DE LAS OBLIGACIONES FISCALES DERIVADAS DEL ISR Y DEL IMPAC, Y SUBSIDIE
LAS TARIFAS ELÉCTRICAS PARA LOS HABITANTES DEL SUR DE VERACRUZ AFECTADOS
POR INUNDACIONES, A CARGO DEL DIPUTADO ROBINSON USCANGA CRUZ, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DE CONVERGENCIA
El suscrito, diputado federal, Robinson Uscanga Cruz, integrante del Grupo Parlamentario de Convergencia a la LX Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, de urgente u obvia resolución, al tenor de las siguientes:
Consideraciones
Como es conocido por todos ustedes, recientemente el sur del estado de Veracruz vivió momentos de contingencia alarmantes, por las severas inundaciones que provocaron las tormentas tropicales treinta, y treinta y uno, y las intensas lluvias registradas en toda la zona sur del estado.
Las fuertes e incesantes precipitaciones fluviales registradas, provocaron el desbordamiento de diferentes ríos de la región, entre los más importantes esta el desbordamiento de los ríos Coatzacoalcos, Uxpanapa, Coachapa, Chiquito, Aguadulcita y San Juan, que afectaron, desde el 18 de septiembre, aproximadamente a 198 poblaciones de 10 municipios de la zona.
Entre los municipios veracruzanos que resultaron más afectados se encuentran Minatitlán, Las Choapas, Uxpanapa, Hidalgotitlán, Cosoleacaque, Ixhuatlán, Zaragoza, Jesús Carranza, Nanchital, Jaltipan, y otros municipios colindantes.
Podemos señalar que miles de veracruzanos resultaron afectados por las inundaciones. Que fueron superiores a las registradas en los últimos cuarenta años.
Con la contingencia se paralizaron prácticamente todas las actividades en los municipios, y se registraron pérdidas materiales incalculables.
La gravedad de la situación se reflejó en la pérdida del 100 por ciento de los cultivos, en daños millonarios en infraestructura pública, en las viviendas, en la ganadería, en el comercio, y de manera general en todos los sectores productivos de la zona.
Los impactos económicos de las inundaciones y del fenómeno meteorológico para las familias, para los campesinos, para los micro empresarios y para los ciudadanos en general es de grandes proporciones. Han perdido sus bienes y enseres domésticos, se han dañado sus viviendas fuertemente, se han perdido todas las cosechas, han bajado al mínimo las ventas. Se ha perdido el dinamismo económico de la región, que ya era escaso, se detuvo aún más.
Esta grave situación que impera actualmente, hace necesario implementar políticas y estrategias desde los tres ámbitos de gobierno, que atiendan con un amplio criterio de gobierno, la reconstrucción económica del campo, del comercio y de las cadenas productivas a nivel local. Se requieren más apoyos económicos y crediticios; se requiere instrumentar programas de condonaciones fiscales a personas físicas y morales; más y mayores subsidios a las familias y al campo; eximir del pago de tarifas eléctricas de cuando menos tres bimestres a toda la población de la zona afectada, y postergar el pago por seis meses a los ciudadanos que hayan contraído créditos de vivienda con el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), el Fondo de la Vivienda es el órgano desconcentrado del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Fovissste), y el Fondo de Fomento y Garantía para el Consumo de los Trabajadores (Fonacot).
Si realmente se pretende reactivar la actividad productiva y económica del sur de Veracruz, es necesario entrarle a estas medidas, apoyos y programas concretos que incentivarían la economía regional.
Por ello, aprovechamos para hacer un respetuoso llamado a las autoridades federales, a no escatimar recursos para la atención de la población afectada, no discriminar a nadie en el otorgamiento de las ayudas, y sobre todo, liberar más ágilmente los recursos que se disponen del Fondo Nacional de Desastres, así como exhortar a que instrumenten políticas y programas específicos que coadyuven al rescate de la economía local y al rescate de todos los sectores productivos que han sido afectados con las inundaciones.
Los esfuerzos de la sociedad civil y de las diferentes autoridades en el auxilio y rescate de los damnificados deben ir acompañados de acciones del gobierno federal inmediatas, a fin de restablecer la funcionalidad de los municipios veracruzanos.
Por lo anteriormente expuesto, me permito poner a la consideración de esta soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero. Se exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal a emitir, en el ámbito de su competencia, decreto a efecto de que otorgue un periodo de suspensión de seis meses al pago de las obligaciones fiscales derivadas del impuesto sobre la renta y al activo, así como el subsidio en las tarifas eléctricas para los ciudadanos que habitan en la zona afectada por las inundaciones registradas en el sur de Veracruz.
Segundo. Se solicita al titular del Poder Ejecutivo federal emitir, con las facultades que le otorga la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, decreto que permita un plazo de suspensión de seis meses de pago de las obligaciones derivadas de la contratación de créditos con el Infonavit, el Fovissste y el Fonacot a las personas que habiten en las zonas afectadas por las inundaciones en la zona sur del estado de Veracruz.
Asimismo, se solicita revisar la posibilidad de condonar el pago de dicha deuda en un monto equivalente al 30 por ciento del saldo insoluto, así como los intereses adyacentes o que se deriven del mismo
Tercero. Se solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados que analice la inclusión, en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2009, de una partida presupuestal especial y etiquetada de reconstrucción de las zonas afectadas de los municipios del sur de Veracruz, por las inundaciones provocadas por las intensas lluvias.
Salón de sesiones de la honorable Cámara de Diputados, a 23 de octubre de 2008.
Diputado Robinson Uscanga Cruz (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, RELATIVO
AL CONFLICTO MAGISTERIAL EN MORELOS, A CARGO DEL DIPUTADO ABUNDIO PEREGRINO
GARCÍA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PT
Con fundamento en los artículos 42, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta honorable Cámara de Diputados, proposición con punto de acuerdo relativo al conflicto magisterial en el estado de Morelos, con base en los siguientes
Antecedentes
El 8 de octubre se desplegó un operativo que involucró a más de dos mil elementos represivos, entre elementos de élite de la Policía Federal Preventiva, de la Secretaría de Marina, de la policía estatal, además de tanquetas de la vigésima cuarta zona militar, con sede en Cuernavaca; 5 helicópteros de la Secretaría de Seguridad Pública federal, con el objetivo de desalojar brutalmente a los profesores y padres de familia que mantenían plantones en las comunidades de Amayuca y Xoxocotla, Morelos.
Producto de esta acción concertada ha sido la detención de más de 100 personas, entre ellas ancianos, mujeres y niños, de las cuales siguen sin ser liberadas 64.
En Amayuca las tropas, en clara violación a las garantías constitucionales, allanaron y catearon domicilios, detuvieron indiscriminadamente a los pobladores, golpeando salvajemente a mujeres, niños y ancianos, lo que resultó en la desaparición de 50 personas de las que se desconoce su paradero.
En Xoxocotla, los maestros y el pueblo que los apoya, repelió la agresión, reteniendo a cinco policías de la Policía Federal Preventiva que fueron liberados al filo de la medianoche a condición de que las tropas no entraran a la comunidad. Se están viviendo momentos de tensión puesto que, al reinstalarse el plantón sobre la carretera Jojutla-Alpuyeca, se corre el riesgo de nuevos enfrentamientos entre la policía y la población civil.
Estos encuentros derivan de la resistencia, expresada ya en múltiples formas de protesta, de la mayoría de profesores de educación primaria y secundaria de la entidad, en abierto rechazo al Acuerdo por la calidad educativa, mismo que ha paralizado las actividades docentes de 400 mil alumnos de educación básica.
Es necesario resaltar que los maestros de Morelos no se oponen a construir acuerdos benéficos para el sector educativo. Están en contra de los manejos facciosos y poco transparentes entre el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y la Secretaría de Educación Pública (SEP), de que se prefiera tecnificar las escuelas, incluso aquéllas que ni siquiera cuentan con bancas suficientes, con baños dignos. La lucha es por mejorar las condiciones de los maestros y la infraestructura educativa, antes que las prebendas y los bonos por sumisión.
La realidad es que el gobierno estatal, en abierta complicidad con la administración de Felipe Calderón, se ha negado reiteradamente a emprender una negociación seria que dé salida al conflicto y permita iniciar el año escolar.
El operativo descrito, marca un precedente ominoso en el país. Las imágenes de las tanquetas y los helicópteros lanzando gases lacrimógenos marcarán indeleblemente al gobierno de Felipe Calderón.
Por las consideraciones antes expuestas, sometemos al Pleno de esta soberanía el siguiente:
Punto de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, solicita al gobierno federal y al gobierno del estado de Morelos, la libertad inmediata de los 64 detenidos, así como la presentación con vida de los 50 desaparecidos, producto del operativo en Xoxocotla, Morelos.
Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, solicita al gobierno federal y local la inmediata reinstalación de la mesa de diálogo entre los profesores de Morelos y las autoridades educativas locales y federales, buscando un acuerdo y que permita restablecer la normalidad académica y la paz social.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de octubre de 2008.
Diputados: Ricardo Cantú Garza
(rúbrica), Jaime Cervantes Rivera (rúbrica), Anuario Luis
Herrera Solís (rúbrica), Rosa Elia Romero Guzmán (rúbrica),
Abundio Peregrino García (rúbrica), María Mercedes
Maciel Ortiz (rúbrica), Silvano Garay Ulloa (rúbrica), Rubén
Aguilar Jiménez, Pablo Leopoldo Arreola (rúbrica), Joaquín
Humberto Vela Ortega González, Rodolfo Solís Parga.
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A FORTALECER POR LAS ÁREAS COMPETENTES
LAS ACCIONES Y ESTRATEGIAS DE EFECTOS Y VISIBILIDAD DEL PROGRAMA NACIONAL
ESCUELA SEGURA, Y A REFORZAR LA PREVENCIÓN Y EL CONTROL DE ADICCIONES
EN LOS CENTROS EDUCATIVOS, A CARGO DE LA DIPUTADA MÓNICA ARRIOLA,
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE NUEVA ALIANZA
Mónica Arriola, diputada integrante del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza en la LX Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos presenta a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución, con base en las siguientes
Consideraciones
La inseguridad aniquila muchos anhelos,
convierte los sueños en sórdidas pesadillas,
destruye esperanzas, ciega muchas luces y
erosiona los fundamentos mismos
de la convivencia civilizada.
Luis de la Barreda Solórzano, La ciudad que
todos soñamos
La seguridad se ha convertido en las últimas décadas en tema central de la atención pública y en cuestión prioritaria para el bienestar de la sociedad. El aumento de la violencia, el narcotráfico y el crimen organizado y el creciente estado de inseguridad han hecho que desde los tres órdenes de gobierno, federal, estatal y municipal, se implanten acciones y estrategias encaminadas a prevenir y combatir el delito.
Como parte de la estrategia nacional de seguridad Limpiemos México, se creó el programa nacional Escuela Segura, que forma parte, junto con los programas Comunidades Seguras, Salud sólo sin Drogas y Recuperación de Espacios Públicos, de la lucha por mejorar la calidad de la educación y prevenir a la sociedad de los peligros actuales que pueden enfrentar los niños.
El programa nacional Escuela Segura tiene como finalidad contribuir a la cohesión y la integración social de las comunidades escolares, mediante el desarrollo de una cultura de paz, en concordancia con el artículo 3o. constitucional1 y la Ley General de Educación.2 Su objetivo principal es consolidar las escuelas como espacios seguros y confiables a través de la participación social y la formación ciudadana de los alumnos. Esta última, orientada a la convivencia democrática, la participación responsable y el desarrollo de competencias encaminadas al autocuidado, la autorregulación, el ejercicio responsable de la libertad, la participación social y la resolución no violenta de conflictos.
Para ello, el programa nacional brinda a las escuelas apoyos como
• Organización de actividades a escala nacional que favorecen el desarrollo de habilidades, capacidades, valores y conocimientos en los niños que les permiten cuidar de sí mismos, resolver conflictos de forma no violenta, identificar y manejar situaciones de riesgo y participar para el logro de la seguridad colectiva con arreglo a la legalidad y sentido de justicia.
• Diseño de materiales de trabajo dirigidos a alumnos de primaria y de secundaria, maestros y padres de familia.
• Asignación de recursos financieros a las escuelas participantes para atender las necesidades materiales de seguridad de los planteles escolares.
Ejemplo de ello son los resultados de la Encuesta Nacional de Adicciones 2008, los cuales revelan que las adicciones en México son un problema emergente de salud pública con repercusiones psicológicas, sociales, éticas, económicas y políticas que rebasan el ámbito de la salud.
Las conclusiones obtenidas de la encuesta evidencian que las generaciones jóvenes están más expuestas a las drogas y que los niños representan la parte más vulnerable de la ampliación de los mercados de estimulantes, que van desde el consumo de tabaco hasta el de metaanfetaminas. De los jóvenes de entre 12 y 25 años de edad, 43 por ciento expuesto a ellas; de éstos, la mitad (aproximadamente 21 por ciento) llega a consumir la sustancia de manera experimental, 13 por ciento de manera frecuente; y 2 por ciento de los hombres y 1.2 por ciento de las mujeres llegan a niveles de dependencia.
El alcohol y el tabaco son las sustancias adictivas legales más consumidas por la población mexicana. "El Consejo Nacional contra las Adicciones determinó que aproximadamente 6 millones de personas padecen alcoholismo, y todas ellas se encuentran expuestas a la muerte por cirrosis hepática. De este total, 3 millones son menores, de entre 12 y 18 años de edad. Aunado a ello, en la actualidad las dos terceras partes de la población urbana nacional de 12 a 65 años se clasifican como bebedores, es decir, personas que han consumido alcohol en los últimos dos años".3
El Instituto Mexiquense contra las Adicciones resaltó "que 7 de cada 10 jóvenes que toman alcohol reportan haber tenido problemas con su familia por esa causa; y la cuarta parte, con la autoridad. La quinta declaró haber tenido problemas en la escuela como consecuencia del consumo de alcohol, y cerca de 1 de cada 5 ha tenido que ver con alguna conducta antisocial o delictiva. Además, 10 por ciento de los jóvenes se ha visto involucrado en accidentes automovilísticos donde el alcohol ha sido la causa".4
Con relación al consumo de tabaco, el titular de la Oficina para el Control del Tabaco del Consejo Nacional contra las Adicciones advirtió: "De no controlarse el consumo de este producto entre la población mexicana, en 15 o 20 años el país enfrentará graves enfermedades, como enfisema pulmonar, enfisema cardiovascular y cáncer. En la actualidad, 20 por ciento de los adolescentes de entre 13 y 15 años fuma, y de ellos 6 por ciento lo hace en niveles similares a los adultos; es decir, 20 o más cigarrillos al día. En este contexto, la coordinadora de la Clínica contra el Tabaco aseguró que en México los primeros contactos con el cigarro se inician a los 10 años y las mujeres alcanzan el nivel de consumo de los varones".5
Sobre estos temas, los resultados de la Encuesta Nacional de Adicciones advierten que el inicio temprano del consumo de alcohol y de tabaco incrementa la posibilidad de consumir otras drogas.
La sustancia ilegal a que la población en general está más expuesta es la mariguana. Sin embargo, los adolescentes de entre 12 y 17 años tienen 68 veces más probabilidad de usarla que los que ya han alcanzado la mayoría de edad. La preferencia por la mariguana aumentó de 3.8 por ciento en 2002 a 4.4 por ciento en 2008, seguida del consumo de cocaína, que se duplicó en seis años, pues pasó de 1.3 a 2.5 por ciento, después de los inhalables, con 0.7, seguidos muy de cerca por las metaanfetaminas, con 0.5, los alucinógenos, con 0.4, y la heroína, con 0.2 por ciento.
Con relación a la importancia del contexto y de las circunstancias para el consumo de las drogas, los resultados de la encuesta mostraron que es 4.4 veces más probable que una persona consuma drogas si sus padres las usan; pero el riesgo aumenta a 4.6 veces cuando el hermano lo hace. Es revelador que el riesgo aumenta hasta 10.4 cuando el que usa la droga es el mejor amigo. Esto nos hace concluir que el entorno en el consumo de drogas desempeña un papel determinante. Es decir, los amigos, los padres, la constitución de la familia, los problemas emocionales u otros factores análogos pueden incrementar el riesgo de que experimenten con drogas y abusen de ellas.
Los resultados preliminares de la Encuesta Nacional de Adicciones 2008, la inseguridad y la violencia a que la sociedad mexicana se enfrenta diariamente y el aumento del narcotráfico y de la delincuencia hacen indiscutible e inaplazable el fortalecimiento de las medidas de prevención que informen y sensibilicen a toda la población, pero especialmente a los niños, del riesgo de las adicciones.
En el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza estamos convencidos de que una de las mejores herramientas con que contamos para solucionar estos conflictos es la educación. Gobierno, padres de familia, profesores y sociedad en su conjunto debemos formar un frente común que blinde a los niños y su entorno escolar del flagelo de la violencia y los riesgos de las adiciones. El programa nacional Escuela Segura es una herramienta de gran utilidad para alejar a los escolares de la violencia y el consumo de drogas, legales e ilegales.
La educación en las escuelas en materia de drogas tiene enormes posibilidades preventivas para sensibilizar a los alumnos, desde los primeros años escolares, acerca de los beneficios que tiene una vida sana y libre de adicciones. Prevenir es actuar antes que aparezcan los problemas o que éstos se conviertan en estilos de vida equivocados. Por ello es compromiso de todos ofrecer ambientes sanos dentro de las escuelas y fuera de ellas, y estimular comportamientos saludables. Por ello someto a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
De urgente y obvia resolución
Único. Se exhorta al Ejecutivo federal a fortalecer a través de las Secretarías de Educación Pública, de Salud, de Desarrollo Social, y de Seguridad Pública, en el marco de sus atribuciones, las acciones y estrategias de impacto y visibilidad del programa nacional Escuela Segura y reforzar de manera conjunta la prevención y el control de las adicciones en las escuelas, a fin de evitar riesgos en el desarrollo y bienestar de niños y de adolescentes.
Notas
1. La Educación contribuirá a la mejor
convivencia humana, tanto por los elementos que aporte a fin de robustecer
en el educando, junto con el aprecio para la dignidad de la persona y la
integridad de la familia, la convicción del interés general
de la sociedad, cuanto por el cuidado que ponga en sustentar los ideales
de fraternidad e igualdad de derechos de todos los hombres, evitando los
privilegios de razas, de religión, de grupos, de sexos o de individuos
[artículo 3o., inciso c), de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos].
2. La educación, además de los fines establecidos
en la Constitución, deberá promover el valor de la justicia,
de la observancia de la ley y de la igualdad de los individuos ante ésta,
así como promover el desarrollo de una cultura por la paz y la no
violencia en cualquiera de sus manifestaciones y propiciar el conocimiento
de los derechos humanos y el respeto de éstos (artículo 7,
fracción VI, de la Ley General de Educación).
3. Ana Salazar, "Padecen alcoholismo 6 millones de mexicanos",
en Milenio Edomex, 15 de octubre de 2008.
4. Alicia Rivera, "Futuro difícil para México
si las mujeres son adictas", en Milenio Edomex, 15 de octubre de
2008.
5. Notimex, "Tabaquismo traerá epidemias", en
Milenio,
sección Tendencias, 15 de octubre de 2008.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a 23 de octubre de 2008.
Diputada Mónica Arriola (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA A LA TITULAR DE LA SEP A INCLUIR EN LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
EL PROGRAMA DE ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO, Y A RENDIR UN INFORME DE RESULTADOS
SOBRE ÉSTE PARA VALORAR SU DESEMPEÑO, EL CUMPLIMIENTO DE
METAS Y EL USO DE RECURSOS PÚBLICOS, A CARGO DE LA DIPUTADA ELSA
DE GUADALUPE CONDE RODRÍGUEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE ALTERNATIVA
La suscrita, integrante del Grupo Parlamentario de Alternativa Socialdemócrata de la LX Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes:
Consideraciones
El presente punto de acuerdo tiene como objetivo exhortar a la Secretaría de Educación Pública a que incluya en su estructura programática el Programa nacional de escuelas de tiempo completo, con el fin de poder identificar con claridad los recursos otorgados al mismo. Asimismo, se le solicita que brinde un informe de resultados sobre este programa para poder valorar su desempeño y las metas alcanzadas.
El Programa nacional de escuelas de tiempo completo es una iniciativa presidencial que surge como respuesta al compromiso señalado en el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012. Tiene como objetivo generar ambientes educativos propicios para mejorar las condiciones de aprendizaje y el desarrollo de competencias de los alumnos conforme a los propósitos de la educación básica, desde la posibilidad que ofrece la ampliación del horario escolar al incorporar y diversificar las actividades formativas.
Es una alternativa pedagógica que prolonga la estancia de los maestros, niños y niñas en la escuela, a fin de fortalecer su formación integral mediante la ampliación curricular; y los padres de familia puedan desempeñarse laboralmente con mayor tranquilidad, elevar su capacidad productiva y fortalecer su realización personal.
El Programa nacional de escuelas de tiempo completo organiza sus actividades en el marco de los enfoques, propósitos, contenidos de los planes y programas de estudios vigentes, ofreciendo a los alumnos ambientes educativos propicios para apoyar su formación integral.
Conforme al programa, en las escuelas de tiempo completo el trabajo con los niños se desarrolla de 8:00 a 16:00 horas, en esta jornada, además de trabajar en las asignaturas establecidas, los alumnos realizan las actividades educativas del horario ampliado: enseñanza de una segunda lengua, manejo de las tecnologías informáticas en apoyo al aprendizaje, educación física, y educación artística y el aprendizaje de técnicas de estudio independiente.
Este programa es de cobertura nacional y la participación de las entidades federativas es voluntaria. Está dirigida a escuelas públicas de educación básica que atiende a población en condiciones socioeconómicas desfavorables, preferentemente a aquellas que ya operan en horario ampliado; las que atienden población indígena; las que atienden a población migrante y las que muestran los resultados educativos más bajos en los últimos tres ciclos escolares.
En la actualidad, de acuerdo a los datos proporcionados por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, operan 682 escuelas a nivel preescolar, elemental, primaria y secundaria. El número de alumnos es de 138 mil 715, que son atendidos por 3 mil 719 docentes y 232 directores.
Estos datos contrastan con lo manifestado por la titular de la Secretaría de Educación Pública, quien mencionó, en días pasados, ante esta honorable Cámara de Diputados, que para el ciclo 2008-2009 el programa debía alcanzar la meta de mil centros escolares en todo el país, y que para el 2012 contaría con 5 mil 500. El curso escolar 2008-2009 ya inició y sólo se cuentan con 682 escuelas a nivel preescolar, elemental, primaria y secundaria; faltan 318 para cumplir con la meta comprometida para este periodo. Con la implementación de mil escuelas se estarían beneficiando a 230 mil alumnos.
También, hasta ahora sólo se han beneficiado 17 estados de la República Mexicana, quedan pendientes 15 entidades, a las cuales debemos incluir. El Distrito Federal es quien cuenta con un mayor número de escuelas, tiene 185 en funcionamiento, que beneficia a 71 mil 725 alumnos. En el estado de Chiapas hay 80, con beneficio a 3 mil 501 alumnos indígenas de nivel primaria, elemental y secundaria.
Se encuentran fuera de la cobertura del Programa de escuelas de tiempo completo, estados como Aguascalientes, Baja California Norte, Coahuila, Durango, Estado de México, Michoacán, Oaxaca, Nuevo León, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Sonora, Tlaxcala, Yucatán y Zacatecas. Entre estos hay entidades como Oaxaca que tienen un gran rezago educativo y en donde valdría la pena impulsarlo.
A pesar de la importancia del programa, la Secretaría de Educación Pública no lo tiene incorporado en su estructura programática, por lo que no es posible dar un seguimiento puntual a los recursos públicos asignados. Tampoco cuenta con reglas de operación precisas para su funcionamiento, ni ha emitido un informe de resultados que nos permita hacer una evaluación del desempeño y cumplimiento de metas acorde a los recursos otorgados a dicho programa.
Se desconoce cuántos recursos se designaron al programa durante el 2008 y porqué no se cumplieron las metas establecidas por la secretaría. No se sabe si efectivamente las escuelas de tiempo completo incorporadas al programa están cumpliendo con el objetivo general y particular.
El programa ofrece un modelo de intervención flexible, con autonomía suficiente para planear las prácticas educativas dentro de un ambiente pedagógico controlado. También establece criterios de operación generales para dar paso a las particularidades de cada escuela, por ello es importantísimo que los directores de las mismas sean personas capacitadas para cumplir con esta responsabilidad, ya que mucho del éxito de estas escuelas depende de ellos. De esta manera se vuelve indispensable que la Secretaría de Educación Pública de un seguimiento puntual a las mismas, e informe detalladamente sobre los resultados de cada una de estas escuelas.
También es necesario valorar el cumplimiento de los planes de estudio y el rendimiento escolar de los alumnos, así como el manejo pedagógico y la forma de resolver problemas de los docentes. Además de verificar que el manejo de los alimentos proporcionados diariamente a las niñas y niños de estas escuelas se dé con las medidas más estrictas de higiene.
Finalmente no hay que olvidar que las escuelas de tiempo completo tienen un enfoque altamente social, pedagógico y humanista, por lo que es necesario verificar que la plantilla de maestros y directores adscritos a ellas cuenten con las capacidades pedagógicas y académicas necesarias para cumplir con su responsabilidad.
Por lo antes expuesto, y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta soberanía el siguiente:
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta a la titular de la Secretaría de Educación Pública a que incluya en su estructura programática el Programa de escuelas de tiempo completo. Asimismo, a que brinde un informe de resultados pormenorizado, para poder valorar su desempeño, cumplimiento de metas y el uso de los recursos públicos.
Ciudad de México, a 23 de octubre de 2008.
Diputada Elsa de Guadalupe Conde Rodríguez (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA AL SECRETARIO DE SALUD A ATENDER GRATUITAMENTE A LOS ADICTOS
AL JUEGO, A CARGO DEL DIPUTADO MARCO HERIBERTO OROZCO RUIZ VELAZCO, DEL
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
El suscrito, diputado de la LX Legislatura, Marco Heriberto Orozco Ruiz Velazco, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo establecido en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete ante esta honorable asamblea una proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud para que establezca a lo largo de la república clínicas y especialistas que atiendan gratuitamente de las personas que padecen ludopatía o adicción al juego, de conformidad con la siguiente
Exposición de Motivos
Para algunos podría parecer que no es tan importante el atender a los mexicanos que padecen esta enfermedad, pero la realidad de las cosas es que el exceso en el jugar puede traer consecuencias igual o más drásticas que el alcoholismo o la drogadicción.
En México existen cerca de 2 millones de personas que lo padecen, los cuales muchas veces se rehúsan a admitir que son adictos a los juegos y por lo tanto no buscan una ayuda profesional. Se dice que los efectos negativos de un adicto al juego afecta de entre 6 a 20 personas que conviven con él.
Para muchos la ludopatía no es tan grave pero si nos ponemos a analizar las consecuencias tan trágicas que en ocasiones puede tener, llegaremos a la conclusión de que nosotros, los legisladores, debemos poner todo lo que está a nuestro alcance para ayudar a estas personas, pues no es facil vencer esta adicción.
Primeramente la persona adicta al juego experimenta una gran ansiedad por jugar sin control, lo que en ocasiones se convierte en angustia, sobretodo si va perdiendo, con lo que empieza a beber, comer y fumar en exceso. Muchas veces caen en una profunda depresión y al verse rebasados por el juego y las deudas intentan suicidarse.
Estos no son las únicas complicaciones que trae el juego excesivo pues también conllevan trastornos psicosomáticos como son insomnios, problemas cardiovasculares, migrañas, pérdida del apetito, debilidad y dolores musculares.
Asimismo, es muy común que un ludópata tenga que llegar a cometer actos delictivos o perdir prestado para saciar su vicio o pagar las deudas que lo están consumiendo, por lo que va aislando poco a poco de la sociedad.
Y por si esto no fuera suficiente, la consecuencia más trágica es ver que la mayoría descuidan y pierden a su familia, incluso los llevan a la miseria al apostar todo su patrimonio incluso lo que no tienen.
Un ludópata no puede dejar de jugar; si va ganando quiere ganar más y si va perdiendo quiere recuperar algo de lo perdido, lo cual hace que pierda más dinero casi siempre.
Derivado de mi compromiso con la sociedad quiero primeramente apoyar a los que ya han caido en este exceso y posteriormente prevenir a los jóvenes y adultos de no dejarse llevar por el dinero rápido y fácil pues puede llevar a un trágico desenlace.
Es por ello que propongo el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero. Exhortar a la Secretaría de Salud para que atiendan gratuitamente a los que padecen la ludopatía o adicción al juego.
Segundo. Exhortar a la Secretaría de Salud para que establezca una campaña de prevención y de difusión sobre las consecuencias tan drásticas de la adicción al juego.
Dado en el Palacio Legislativo, a 23 de octubre de 2008.
Diputado Marco Heriberto Orozco Ruiz Velazco (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE SOLICITA A LA ASF QUE PRACTIQUE UNA REVISIÓN ESPECIAL A LOS RECURSOS
SIN EJERCER POR EL PERIODO 2004-2008 EN EL FONDO NACIONAL PARA LA CULTURA
Y LAS ARTES, EN ESPECIAL A LOS ASIGNADOS A CIUDADES PATRIMONIO MUNDIAL,
SUSCRITA POR LOS DIPUTADOS AURORA CERVANTES RODRÍGUEZ Y JOSÉ
ALFONSO SUÁREZ DEL REAL Y AGUILERA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL
PRD
Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los firmantes, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentamos ante esta honorable asamblea una proposición con punto de acuerdo por el que se solicita a la Auditoría Superior de la Federación que realice una auditoría especial a los recursos sin ejercer en el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, en especial los recursos asignados a ciudades patrimonio mundial, con la finalidad de que esta soberanía conozca la situación financiera y administrativa de dichos recursos y que se detecten posibles anomalías en su resguardo, a cargo de la diputada Aurora Cervantes Rodríguez y el diputado José Alfonso Suárez del Real y Aguilera del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, de conformidad con las siguientes:
Consideraciones
Es conocida la importancia de la convención de la Organización de las Naciones Unidas para la Ciencia, la Educación y la Cultura (Unesco) de ciudades patrimonio mundial, ya que aparte de registrar en una lista los sitios de importancia cultural para el desarrollo de la humanidad, posibilita el desarrollo de los habitantes de las ciudades registradas, por medio de la implementación de políticas de desarrollo social, asociadas al resguardo y protección del patrimonio cultural. En países como Francia, España, Italia, Alemania, no sólo se han constatado sus efectos positivos en favor del resguardo de la integridad de su patrimonio cultural mueble e inmueble, sino que al implementarse las políticas de desarrollo económico y social se han logrado desarrollar programas novedosos en favor de los habitantes de dichas ciudades, podemos considerar que gracias a la implementación de tales programas y políticas, se ha permitido la generación de áreas económicas y de servicios.
Para nuestro país es de la mayor importancia la Convención de ciudades patrimonio mundial, porque somos el país con más sitios registrados en la lista de la Unesco en el continente americano y el sexto lugar en el mundo. Somos una potencia cultural que está descuidando sus políticas no sólo del resguardo y protección del patrimonio cultural, sino que la administración actual es omisa en la vinculación de las políticas culturales con las de desarrollo económico y social.
Pese a la falta de políticas transversales por parte del Poder Ejecutivo federal, ha sido una preocupación de las LIX y LX legislaturas, desarrollar las políticas específicas en favor de los sitios y ciudades inscritas en el registro de patrimonio mundial. Esta influencia determinante se ha plasmado en la integración del Presupuesto de Egresos para los ejercicios de 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008. En esos años, los diferentes grupos parlamentarios, conscientes de la necesidad de impulsar acciones a favor de las diez declaratorias y once ciudades mexicanas consideradas como patrimonio mundial por la Unesco, han considerado proveer de recursos suficientes a los proyectos que desarrollan los gobiernos locales. Estamos hablando de los principios de colaboración del Poder Legislativo para armonizar nuestra legislación, y otorgar las condiciones financieras, para así dar cumplimiento a los compromisos internacionales que se derivan de la Convención de naciones unidas sobre conservación del patrimonio cultural y natural, signada y ratificada por nuestro país en 1984, pero también se trata de un ejercicio de responsabilidad compartida.
Contrasta la actuación del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, que desconoce la importancia de las políticas a favor de las ciudades patrimonio mundial, y que desconoce la existencia de 80 millones asignados en el Presupuesto de Egresos de la Federación, y que ha tenido en su poder durante dos años más de 100 millones sin liberar en diferentes proyectos, dinero que generó recursos que no se invirtieron en los programas y proyectos de las ciudades patrimonio mundial.
Por otro lado, quiero recordar que en el presupuesto aprobado por esta soberanía no se modificó ningún monto ni partida para la unidad responsable Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, por lo que el recurso etiquetado para las ciudades patrimonio mundial, sin embargo, el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, ha desconocido esta disposición votada y aprobada en el Pleno de esta soberanía.
Evitemos la incuria de los titulares de Conaculta y el FONCA, pero además, construyamos vías a favor de la transparencia y del ejercicio ético de los recursos públicos, no es posible que a las instituciones les sea más rentable evitar la liberación de los recursos presupuestales que su ejercicio eficiente.
Nuestra preocupación consiste en que con las medidas adoptadas por el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, puede estarse en contravención con los artículos 45, primer párrafo, quinto párrafo, fracciones I y III, y 72 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, que establecen el cumplimiento de las metas y objetivos que deben cumplir los responsables de la administración en los ejecutores de gasto y 109 del Reglamento de la Ley del Servicio de Tesorería de la Federación que estipula la obligación de las dependencias y entidades que por cualquier motivo al término del ejercicio fiscal que corresponda conserven fondos presupuestarios y en su caso los rendimientos obtenidos, los enteraran a la Tesorería dentro de los cinco primeros días hábiles del mes de enero inmediato siguiente. Además la Auditoría Superior de la Federación ya hizo serias observaciones al Fondo Nacional para la Cultura y las Artes en su informe sobre la Cuenta Pública 2006, específicamente en la recomendación 06-0-11H00-02-568-01-005 , misma que cito:
Punto de Acuerdo
Único. Esta soberanía solicita a la Auditoría Superior de la Federación que realice una auditoría especial a los recursos sin ejercer, así como al fondo acumulado de los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 en el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, en especial los recursos asignados a ciudades patrimonio mundial, con la finalidad de que se conozca la situación financiera y administrativa de dichos recursos, y que de detectarse posibles anomalías en su resguardo y ejercicio, o se documente alguna irregularidad o ilícito, se propongan las acciones correctivas y se proceda en consecuencia.
Palacio legislativo de San Lázaro, a 23 de octubre de 2008.
Diputados: Aurora Cervantes Rodríguez (rúbrica),
José Alfonso Suárez del Real y Aguilera (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA A LAS AUTORIDADES COMPETENTES A CONSTRUIR EL TRAMO CARRETERO
AHUATENO-TECOMATE-TLACOLULA, EN CHICONTEPEC, VERACRUZ, A CARGO DEL DIPUTADO
JOSÉ MANUEL DEL RÍO VIRGEN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE CONVERGENCIA
El suscrito, diputado José Manuel del Río Virgen, del Grupo Parlamentario de Convergencia en la LX Legislatura, conforme por lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta el punto de acuerdo para que la Cámara de Diputados exhorte a los gobiernos municipal y federal a construir el tramo carretero Ahuateno-Tecomate-Tlacolula, en el municipio de Chicontepec, Veracruz.
Antecedentes
El municipio de Chicontepec, Veracruz, cuenta con una superficie total de 85 mil 407.773 hectáreas, de las que se siembran 57 mil 515.293, en las 9 mil 673 unidades de producción. Los principales productos agrícolas en el municipio son el maíz, con 18 mil 453 hectáreas; frijol, con 2 mil 660; y naranja, con 3 mil 496 hectáreas. En el municipio existen 4 mil 783 unidades de producción rural con actividad forestal, de las cuales, 47 se dedican a productos maderables.
Tiene una superficie de 59 mil 487 hectáreas dedicadas a la ganadería, en donde se sitúan 6 mil 930 unidades de producción rural con actividad de cría y explotación de animales. Cuenta con 83 mil 758 cabezas de ganado bovino de doble propósito, además de cría de ganado porcino, ovino, caprino y equino. Las granjas avícolas y apícolas tienen cierta importancia.
En el municipio se pueden encontrar entre sus principales recursos naturales 30 hectáreas cultivadas con arbolado de maderas finas, como cedro, caoba, primavera y palo de rosa, con una edad aproximada a los cuatro años.
Por otra parte, se cuenta con pozos petroleros en región sur (Mesa de Tzapotzala); región sureste (La Antigua, Tepenahuac y Xochicuatepec); y región centro (Alaxtitla Huixnopala).
Considerando
1. Que, según las denuncias de los lugareños, las autoridades federales cuentan con los recursos económicos (la partida presupuestal para 2009) suficientes para construir tan indispensable vialidad de la zona.
2. Que organizaciones, agentes municipales y habitantes están inconformes y exigen la construcción de la carretera debido a que el camino rural se encuentra en pésimas condiciones para el tránsito de vehículos.
3. Que las mencionadas vialidades, en general, tienen un grave deterioro, el que prácticamente impide el paso de los automotores de pasajeros y de carga, lo cual provoca además fallas en los transportes y ocasiona gastos económicos no previstos.
4. Además ocasiona graves pérdidas económicas a los productores, quienes se ven imposibilitados de llevar a tiempo y de forma segura sus mercancías al mercado para su comercialización.
Por lo expuesto, y con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 58 y 179 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, solicito a la Presidencia de la Mesa Directiva que someta a consideración de este Pleno, de urgente y obvia resolución, el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Por el que se exhorta a las autoridades competentes a construir el tramo carretero Ahuateno-Tecomate-Tlacolula, en el municipio de Chicontepec, Veracruz, a cargo del diputado José Manuel del Río Virgen, del Grupo Parlamentario de Convergencia.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, Distrito Federal, a 23 de octubre de 2008.
Diputados José Manuel del Río Virgen (rúbrica),
Celso David Pulido Santiago (rúbrica).
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE LA REFORMA AGRARIA A SOLUCIONAR LOS
CONFLICTOS AGRARIOS DE VARIOS EJIDOS DE CHIAPAS, A CARGO DEL DIPUTADO FERNEL
ARTURO GÁLVEZ RODRÍGUEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
El que suscribe, diputado integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
La Secretaría de la Reforma Agraria tiene entre sus principales programas atender y encontrar soluciones a los conflictos agrarios que se presentan en el medio rural, privilegiando el diálogo, la conciliación y el consenso con las partes involucradas en las controversias.
Los representantes de la delegación de la Secretaría de la Reforma Agraria en Chiapas, del Registro Agrario Nacional, de la Procuraduría Agraria y del gobierno del estado, así como el suscrito, han llevado a cabo reuniones para atender la problemática que se presenta en los ejidos La Patria y Toquian Chiquito, de Tapachula; Alianza para la Producción, de Huehuetan; y El Zapote (Tres de Mayo), de Escuintla, Chiapas, a fin de encontrar la solución de la problemática agraria que se presenta en cada uno de ellos.
Dichos problemas se vinculan con la reposición de predios por tierras que les fueron dotadas y que se localizan en áreas naturales protegidas, o bien, no son aptas para el cultivo, motivos por los cuales las dotaciones de tierras correspondientes impiden a los ejidatarios llevar a cabo actividades productivas que les permitan gozar del usufructo de la tierra.
Para el ejercicio fiscal de 2008 se aprobaron a la Secretaría de la Reforma Agraria, en el Presupuesto de Egresos de la Federación, 958.5 millones de pesos para la atención de conflictos agrarios, mas a junio del presente año se observa un ejercicio de sólo 24.6 por ciento; esto es, la Secretaría de la Reforma Agraria cuenta con reserva presupuestal suficiente para dar solución a los conflictos agrarios existentes en Chiapas y que han sido debidamente mencionados.
En dado caso de que las resoluciones correspondientes se extiendan hasta el próximo ejercicio fiscal, se solicita considerar los recursos necesarios en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2009.
Por lo expuesto, someto a consideración de esta honorable soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de la Reforma Agraria a llevar a cabo, en el ámbito de colaboración entre poderes, las acciones convenientes para dar debida solución a los conflictos agrarios que se registran en los ejidos La Patria, Toquian Chiquito, Alianza para la Producción y El Zapote (Tres de Mayo), Chiapas.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de octubre de 2008.
Diputado Fernel Arturo Gálvez Rodríguez
(rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA A LA COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA
RIESGOS SANITARIOS A DETERMINAR SI LOS SUMINISTROS CORRESPONDIENTES A DIÁLISIS
PROPORCIONADOS POR LABORATORIOS PISA, SA DE CV, REPRESENTAN UN RIESGO A
LA SALUD HUMANA, A CARGO DEL DIPUTADO JOSÉ LUIS AGUILERA RICO, DEL
GRUPO PARLAMENTARIO DE CONVERGENCIA
El suscrito, José Luis Aguilera Rico, diputado federal del Grupo Parlamentario del Partido Convergencia, integrante de la LX Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en la fracción III del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en lo previsto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta asamblea la proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:
Consideraciones
En México, la insuficiencia renal constituye un problema de salud frecuente en la población, debido a su incidencia y prevalencia crecientes en los últimos años, lo que genera un alto costo social y económico. En el caso concreto del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) consume una gran proporción de los recursos otorgados. La incidencia de la insuficiencia renal en México se calcula en un aproximado de cinco mil casos al año, sus causas y factores son múltiples, estas pueden ser primarias, secundarias, metabólicas, urológicas, vasculares, infecciones e idiopáticas en un gran número.
Los riñones sanos se ocupan de limpiar la sangre y eliminan el líquido en exceso. También producen hormonas que el cuerpo necesita para algunas funciones importantes. La persona que tiene insuficiencia renal necesita tratamiento para reemplazar algunas de las tareas importantes que hacen sus riñones. Los tratamientos para la insuficiencia renal son la hemodiálisis, la diálisis peritoneal y el trasplante de riñón; en el caso de México, desafortunadamente, se cuenta con un número insuficiente de trasplantes renales, es por ello que uno de los tratamientos más utilizados es la hemodiálisis, y se utiliza una máquina llamada hemodializador o riñón artificial. La mayor parte de los pacientes con este padecimiento son canalizados a los servicios de diálisis peritoneal, hemodiálisis y trasplantes de órgano, áreas que en casi toda la red de hospitales generales y de alta especialización de las instituciones de salud están saturadas. La insuficiencia renal crónica constituye la tercera causa de muerte hospitalaria en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Podemos decir sin temor a equivocarnos que estamos ante un severo problema de salud pública.
Aunado a esto nos encontramos con la problemática de que enfermos renales tratados por el IMSS se quejan de que miles de pacientes con insuficiencia renal crónica en el país están siendo objeto de la corrupción y mal servicio del Instituto Mexicano del Seguro Social, en el sentido de que han sido responsables de la muerte y deterioro de varios enfermos renales diversos funcionarios encargados de las licitaciones. La causa argüida es el irregular cambio de proveedor de tratamiento de diálisis. Pacientes que dicen haber demostrado en múltiples ocasiones cómo la empresa Laboratorios Pisa SA de CV (Pisa Farmacéutica Mexicana) tiene bajísimos estándares de calidad y deficiencias que son y siguen siendo causa de muerte para ellos.
Actualmente hay un grupo llamado Grupo Renal, enfermos renales con características similares a nivel nacional, enfermos en todo el país que ven atentada su vida con este cambio de proveedor. Este grupo está buscando que los funcionarios corruptos sean sentenciados por el delito de genocidio establecido en el artículo 149 bis del Código Penal Federal. Son un movimiento apartidista que sigue organizándose para llevar a cabo acciones tendientes a evitar que la vida de los derechohabientes del IMSS sea materia de negociación en las millonarias licitaciones.
A fin de robustecer lo expresado, se transcribe la carta dirigida por Grupo Renal AC a esta cámara:
"Vengo a denunciar a usted, procesos de corrupción en licitación y dispendio, adjudicación y firma de contratos en el Instituto Mexicano del Seguro Social para los conceptos de adquisición de insumos, medicamentos y máquinas de diálisis.
Tal y como se ha revelado a usted en meses pasados, se ha mostrado las graves deficiencias de calidad en productos de consumo humano por usar plásticos prohibitivos, productos contaminados en bolsas de diálisis con hongos y cucarachas y violaciones a las bases de licitación, adjudicación y firma de contratos asignados a un proveedor de tres designados solamente por los directivos del IMSS .Esa cámara adoptó un punto de acuerdo exhortando la cancelación administrativa de ése particular proveedor por las fallas mostradas. Los jerarcas del IMSS desoyeron dicho exhorto por no haber ellos mismos dado cabal cumplimiento a los procesos de revisión, auditoría y cumplimientos administrativos a los que estaban obligados.
Otorgaron a través de un funcionario menor una carpeta de 47 páginas, incompleta, sin estudios en México, y sin comprobar una sola prueba de muestreos de funcionabilidad ni previas, ni durante los tiempos de licitación, adjudicación y firma. Las violaciones a contenidos químicos, entregadas a Cofepris, encubrieron las evidencias, con resultantes de más productos contaminados y muertes.(Ya es de dominio público lo que sucede en Cofepris ). Asimismo, se reunieron por parte de los pacientes pruebas, estudios, fotografías, evidencias y más de mil 400 quejas escritas de estas irregularidades que se entregaron a todos y cada uno de los diputados integrantes de las Comisiones de Seguridad Social y de Salud, sin que hasta la fecha se haya dado respuesta o desahogo a dicho pendiente. Además, se causa dispendio cuando el IMSS no respeta las bases de licitación adjudicación y firma de contrato, entre otras aprovisionar bolsas de diálisis para procesos automáticos de seis litros y no de cuatro, lo que se traduce en que en las terapias sólo se utilicen dos bolsas de cuatro litros y se tiren al drenaje cuatro litros por paciente diariamente, por el universo de ésta clase de enfermos representa más de 170 millones de pesos anuales tirados al drenaje. Ahora los altos funcionarios del IMSS se están frotando las manos por las nuevas licitaciones que están por venir y descargan ésta responsabilidad en la corrupción de Cofepris. Los compromisos ante usted contraídos por los funcionarios de Pisa en marzo y abril pasado, hasta la fecha no han dado respuesta ni modificado sus maquinas de diálisis, ni mejorados sus plásticos en bolsas y mangueras.
Por ser pacientes con derechos vigentes, por ser grupo de enfermos vulnerables en fase terminal, y al amparo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de Salud, la Ley del Instituto Mexicano del Seguro Social y sus reglamentos, acreditamos el interés jurídico que sostiene ésta denuncia.
Respetuosamente solicitamos;
2. Reconvenir a la Secretaría de la Función Pública por la excesiva lentitud en investigar y sancionar a los responsables que a ocho meses de distancia siguen estudiando el caso.
3. Verificar, comprobar y sancionar conforme a derecho a los directores del IMSS, el secretario de Salud, de la Función Pública por sus negativas a actuar y dar respuesta a todos los escritos entregados y sellados de recibido.
4. Tramitar ante quien corresponda que se nos asigne a una representación de pacientes afectados de la república mexicana donde opera éste proveedor, seis sillas con derecho a voto y veto en los próximos proceses de licitación, adjudicación y firma de los contratos de diálisis .
5. De los cuerpos de las bases de licitación, adjudicación y firma incluir pruebas de autenticación, de control de calidad previas, durante y posteriores mensualmente a los todos los productos requeridos. Evitar que el proveedor sea juez y parte, como mañosamente lo permite el IMSS burocráticamente." (Sic)
Por lo anterior, y con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Unidos Mexicanos, el suscrito pone a consideración de este Pleno el siguiente:
Punto de Acuerdo
Primero. Se exhorta a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios para que conforme a sus atribuciones y funciones previstas por la Ley General de Salud, se conduzca conforme a derecho y determine si los suministros para diálisis que comercializa Laboratorios Pisa SA de CV representan un riesgo para la salud humana y, si es así y no cuentan con la calidad suficiente para ser proporcionados tanto al usuario común como a los derechohabientes del Instituto Mexicano del Seguro Social, realice las acciones que en derecho correspondan.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a 22 de octubre de 2008.
Diputado José Luis Aguilera Rico (rúbrica).
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA A LA SEGOB, A LOS GOBERNADORES, AL JEFE DEL GOBIERNO DEL DF,
A LOS CONGRESOS LOCALES, A LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DF, A LAS DIRIGENCIAS
NACIONALES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS Y A LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS
DEL CONGRESO DE LA UNIÓN A ESTABLECER PROCEDIMIENTOS ÓPTIMOS
A FIN DE QUE LOS MEXICANOS EN EL EXTRANJERO EJERZAN SU DERECHO AL VOTO
EN ELECCIONES PARA GOBERNADORES Y JEFE DEL GOBIERNO DEL DF, A CARGO DEL
DIPUTADO ALBERTO AMARO CORONA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
El suscrito, diputado federal Alberto Amaro Corona, de la LX Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento por lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del Pleno de esta soberanía la proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguiente
Consideraciones
La migración y su efecto es uno de los temas más importantes de México, en virtud de que somos una nación de origen, tránsito y destino de migrantes. La migración es un fenómeno social y económicamente inevitable.
El 95 por ciento de personas que residen fuera del país se encuentran en Estados Unidos de América (EUA), es decir, 11 millones de personas, de las cuales, 57 por ciento son indocumentados. Entre las principales causas que motivan el flujo migratorio destacan la profunda brecha entre los niveles de ingreso y las condiciones de empleo de ambos países, el creciente contacto entre las comunidades y familias a ambos lados de la frontera, así como el ensanchamiento de las redes sociales y culturales de los mexicanos en aquella nación.
En promedio se trata de una población joven con edad promedio de 34 años, una escolaridad mayor al promedio nacional y con cifras muy bajas de desempleo en EUA, e incluso en México antes de migrar. Estos mexicanos contribuyen a la economía estadounidense con cerca de 635 mil millones de dólares al año, lo que constituye 5 por ciento del producto interno bruto de esa nación.
En los últimos indicadores del desarrollo del Banco Mundial, reporte que incluye información de 185 países asociados al banco, sitúa a México como el mayor expulsor de trabajadores migrantes del planeta. El informe señala que entre 2000 y 2005 salieron de México 2 millones de personas para buscar trabajo en los Estados Unidos de América; en segundo lugar sitúa a China, con un millón 950 mil; en tercero a Pakistán, con un millón 810 mil; y, muy de cerca, a la India, con un millón 750 mil personas.
Por otro lado, el documento también refiere que en el mismo periodo la emigración desde los países latinoamericanos fue de 4 millones 12 mil personas, lo que significa que nuestro país aporta el 50 por ciento de esa mano de obra migrante latina.
México comparte con EUA una franja limítrofe de más de 3 mil kilómetros, una de las más dinámicas del mundo, donde ocurren anualmente millones de cruces autorizados.
De acuerdo con información del Consejo Nacional de Población (Conapo), se establece que los indicadores sobre migración a EUA, en cuanto al índice y el grado de intensidad migratoria en las 32 entidades federativas, refieren que 5 estados tienen un muy alto grado de intensidad migratoria, 7 tienen un alto grado, 8, con un medio grado de intensidad, 6, con un grado bajo y 6, con un muy bajo grado de intensidad migratoria. Esto significa que ninguna de las 32 entidades federativas escapa al fenómeno migratorio.
Otros estudios indican que para marzo de 2002 había 37.4 millones de latinos en EUA. De esta población, dos terceras partes son de origen mexicano (66.9 por ciento), 14.3 por ciento son de Centro y Sudamérica, 8.6 por ciento de origen puertorriqueño, 3.7 por ciento cubano y el resto 6.5 por ciento de otros orígenes.
De acuerdo con datos del censo de 2000 de EUA, los latinos se distribuyen en todas las regiones de ese país, pero específicamente la población de origen mexicano se concentra en cuatro estados: 66 por ciento en los estados de California y Texas, seguidos por Arizona e Illinois. Además, es posible identificar que 56 por ciento de la población mexicana está en sólo 10 ciudades de los EUA.
Según la Current Population Survey de marzo de 2000, la población de los nacidos en México se distribuye en cinco áreas metropolitanas de la siguiente manera: Los Ángeles, un millón 810 mil 202 personas; Chicago, 436 mil 33 personas; Dallas, 345 mil 323 personas; Houston, 304 mil 786 personas; y Fresno, 99 mil 679 personas.
En el mismo sentido, la Encuesta Nacional de Latinos 2002 señala, entre otros datos, que si a los latinos se les pregunta cuál término ellos usarían primero para describirse a sí mismos, poco más de la mitad (54 por ciento) indica que se identificarían con su país de origen; tienen una gran convicción sobre las oportunidades que ofrece EUA para salir adelante; creen firmemente que ellos deben aprender inglés para ser exitosos en EUA; y abrumadoramente dicen que la discriminación contra latinos es un problema tanto en escuelas como en lugares de trabajo.
A partir de 2000 la relación México-Estados Unidos de América ha incluido la preocupación por los riesgos de los migrantes en la frontera, por lo que se ha acordado desarrollar un conjunto de acciones binacionales enfocadas a la seguridad y al combate del tráfico de personas y de organizaciones criminales, mediante un comunicado conjunto sobre negociaciones migratorias entre México-Estados Unidos de América y el plan de acción para la cooperación sobre seguridad fronteriza.
Por otro lado, las remesas no solo contribuyen para que más de un millón de hogares puedan sobrevivir sino también para que el 5 por ciento de los municipios que hay en el país, es decir, 100 municipios puedan tener viabilidad económica. Basta decir que según el Fondo Monetario Internacional, México ocupa ya el segundo lugar como receptor de divisas a nivel mundial, superado solo por India. No obstante, en este 2008, con la crisis mundial, y especialmente la de EUA, el flujo de remesas ha caído y se ha prendido la alarma tanto en el gobierno federal como en los gobiernos de los estados con mayor expulsión de migrantes. Se estima que regresarán familias completas, por lo que la necesidad de atender esa contingencia a través de la creación de empleos, acceso a la educación, a la salud y a la vivienda, es un asunto de inmediata resolución.
En ese sentido, el Partido de la Revolución Democrática ha mantenido un compromiso histórico y un esfuerzo persistente para lograr que los ciudadanos mexicanos que viven en el extranjero formen parte de la nación mexicana, a través del pleno ejercicio de sus derechos político-electorales. Es por ello que, por medio de iniciativas y puntos de acuerdo, ha buscado defender los derechos y, en consecuencia, sus posibilidades de mejorar sus condiciones de vida, con el horizonte claro de dar un marco constitucional, legislativo e institucional a la política migratoria.
Estamos convencidos de la necesidad de reconocer la universalidad del derecho al voto para los ciudadanos mexicanos, independiente de donde se encuentren. No reconocer su derecho al voto es excluirlos de la toma de decisiones públicas, pues en estricto sentido forman parte de la nación y del Estado mexicano.
No se debe de perder de vista que estados como el de Michoacán el 10 de septiembre de 2003, aprobó reformas a la Ley Electoral Local mediante las cuales se autoriza el voto de los michoacanos en el extranjero para la elección de gobernador del estado. Por su parte, Zacatecas, el 30 de septiembre de 2003, aprobó una reforma electoral que consagra la figura de diputado emigrante. En ambos dispositivos legales se avanza en la consecución de un marco legal adecuado para los connacionales en otros países.
La participación electoral de nuestros compatriotas radicados fuera del país, sin duda, debe estar en el marco de la legalidad que rige a nuestra sociedad y debe ser común a todos los mexicanos, de manera que puedan ejercer plenamente sus derechos electorales en los procesos para la elección de gobernadores en las 32 entidades federativas, sobre la base de la transparencia, la confianza, la imparcialidad, la certeza y la legalidad.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto ante el Pleno de esta soberanía la aprobación de la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta a la Secretaría de Gobernación, a los gobernadores de los 31 estados, al jefe del Gobierno del Distrito Federal, a los Congresos locales de los 31 estados, a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, a las dirigencias nacionales de los partidos políticos y a los grupos parlamentarios de los partidos en las Cámaras de Diputados y de Senadores a establecer los mecanismos y procedimientos óptimos para que los mexicanos en el extranjero ejerzan sus derecho al voto en las elecciones para gobernador en los 31 estados y a jefe del Gobierno del Distrito Federal.
México DF, a 23 de octubre de 2008.
Diputado Alberto Amaro Corona (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA AL IMSS A ABSTENERSE DE COMPRAR A LABORATORIOS PISA, SA DE CV,
SUMINISTROS PARA DIÁLISIS, A CARGO DEL DIPUTADO JOSÉ LUIS
AGUILERA RICO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE CONVERGENCIA
El suscrito, José Luis Aguilera Rico, diputado del Grupo Parlamentario del Partido Convergencia, en la LX Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en la fracción III, del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en lo previsto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta asamblea la proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
En México, la insuficiencia renal constituye un problema de salud frecuente en la población, debido a su incidencia y prevalencia crecientes en los últimos años, lo que genera un alto costo social y económico. En el caso concreto del IMSS consume una gran proporción de los recursos otorgados. La incidencia de la insuficiencia renal en México se calcula en un aproximado de 5 mil casos al año, sus causas y factores son múltiples, estas pueden ser primarias, secundarias, metabólicas, urológicas, vasculares, infecciones e idiopáticas en un gran número.
Los riñones sanos se ocupan de limpiar la sangre y eliminan el líquido en exceso. También producen hormonas que el cuerpo necesita para algunas funciones importantes. La persona que tiene insuficiencia renal necesita tratamiento para reemplazar algunas de las tareas importantes que hacen sus riñones. Los tratamientos para la insuficiencia renal son la hemodiálisis, la diálisis peritoneal y el trasplante de riñón, en el caso de México –desafortunadamente– se cuenta con un número insuficiente de trasplantes renales, es por ello que uno de los tratamientos más utilizados es la hemodiálisis, y se utiliza una máquina llamada hemodializador o riñón artificial. La mayor parte de los pacientes con este padecimiento son canalizados a los servicios de diálisis peritoneal, hemodiálisis y trasplantes de órgano, áreas que en casi toda la red de hospitales generales y de alta especialización de las instituciones de salud están saturadas. La insuficiencia renal crónica constituye la tercera causa de muerte hospitalaria en el IMSS. Podemos decir, sin temor a equivocarnos, que estamos ante un severo problema de salud pública.
Aunado a esto nos encontramos con la problemática de que enfermos renales tratados por el IMSS se quejan de que miles de pacientes con insuficiencia renal crónica en el país están siendo objeto de la corrupción y mal servicio del Instituto Mexicano del Seguro Social, en el sentido de que han sido responsables de la muerte y deterioro de varios enfermos renales diversos funcionarios encargados de las licitaciones. La causa argüida es el irregular cambio de proveedor de tratamiento de diálisis. Pacientes que dicen haber demostrado en múltiples ocasiones cómo la empresa Laboratorios Pisa, SA de CV, (Pisa Farmacéutica Mexicana) tiene bajísimos estándares de calidad y deficiencias que son y siguen siendo causa de muerte para ellos.
Actualmente hay un denominado "Grupo Renal", enfermos renales con características similares a nivel nacional, enfermos en todo el país que ven atentada su vida con este cambio de proveedor. Este grupo esta buscando que los funcionarios corruptos sean sentenciados por el delito de genocidio establecido en el artículo 149 Bis del Código Penal Federal. Son un movimiento apartidista que sigue organizándose para llevar a cabo acciones tendientes a evitar que la vida de los derechohabientes del IMSS sea materia de negociación en las millonarias licitaciones.
A fin de robustecer lo expresado se transcribe la carta dirigida por Grupo Renal, AC, a la honorable Cámara de Diputados:
"Vengo a denunciar a usted, procesos de corrupción en licitación y dispendio, adjudicación y firma de contratos en el Instituto Mexicano del Seguro Social para los conceptos de adquisición de insumos, medicamentos y máquinas de diálisis.
Tal y como se ha mostrado a usted en meses pasados, se ha mostrado las graves deficiencias de calidad en productos de consumo humano por usar plásticos prohibitivos, productos contaminados en bolsas de diálisis con hongos y cucarachas y violaciones a las bases de licitación, adjudicación y firma de contratos asignados a un proveedor de tres designados solamente por los directivos del IMSS. Esa honorable Cámara adoptó de un punto de acuerdo exhortando la cancelación administrativa de ése particular proveedor por las fallas mostradas. Los jerarcas del IMSS desoyeron dicho exhorto por no haber ellos mismos dado cabal cumplimiento a los procesos de revisión, auditoría y cumplimientos administrativos a los que estaban obligados.
Otorgaron a través de un funcionario menor una carpeta de 47 páginas, incompleta, sin estudios en México, y sin comprobar una sola prueba de muestreos de funcionalidad ni previas, ni durante los tiempos de licitación, adjudicación y firma. Las violaciones a contenidos químicos, entregadas a Cofepris, encubrieron las evidencias, con resultantes de más productos contaminados y muertes. (Ya es de dominio público lo que sucede en la Cofepris). Asimismo se reunieron por parte de los pacientes pruebas, estudios, fotografías, evidencias y mas de 1400 quejas escritas de estas irregularidades que se entregaron a todos y cada uno de los diputados integrantes de las Comisiones de Seguridad Social y de Salud, sin que hasta la fe ha del presente, ni han dado respuesta ni han dado desahogo a dicho pendiente. Además se causa dispendio al no respetar el IMSS las bases de licitación adjudicación y firma de contrato, entre otras el solo aprovisionar bolsas de diálisis para procesos automáticos de 6 litros y no de 4 litros, lo que constituye que en las terapias solo se utilicen dos bolsas de 4 litros desperdiciándose al drenaje 4 litros por paciente diariamente, por el universo de ésta clase de enfermos representa mas de 170 millones de pesos anuales tirados al drenaje. Ahora los altos funcionarios del IMSS se están frotando las manos por las nuevas licitaciones que están por venir y descargan ésta responsabilidad en la corrupción de la Cofepris. Los compromisos ante usted contraídos por los funcionarios de Pisa en Marzo y Abril próximos pasado, hasta la fecha del día de hoy no han ni dado respuesta ni tampoco ni modificadas sus maquinas de diálisis, ni mejorados a uso humano sus plásticos en bolsas y mangueras.
Por ser pacientes con derechos vigentes, por ser grupo de enfermos vulnerables en fase terminal, y al amparo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Ley General de Salud, Ley del IMSS y sus Reglamentos, acreditamos el interés jurídico que sostiene ésta denuncia.
Respetuosamente solicitamos:
2. Reconvenir a la Secretaría de la Función Pública por el excesivo tortuguismo en investigar y sancionar a los responsables que a 8 meses de distancia siguen estudiando el caso.
3. Verificar, comprobar y sancionar conforme a derecho a los directores del IMSS, secretario de Salud, secretario de la Función Publica por sus negativas a actuar y a dar respuesta a todos los escritos entregados y sellados de recibidos.
4.Tramitar ante quien corresponda que se nos asigne a una representación de pacientes afectados de la República Mexicana donde opera éste proveedor seis sillas con derecho a voto y veto en los próximos proceses de licitación, adjudicación y firma de los contratos de diálisis.
5. De los cuerpos de las bases de licitación, adjudicación y firma incluir pruebas de autenticación, de control de calidad previas, durante y posteriores mensualmente a los todos los productos requeridos. Eliminar que el proveedor sea juez y parte como mañosamente lo permite el IMSS burocráticamente." (sic)
Por lo anterior, y con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Unidos Mexicanos, el suscrito pone a consideración de este Pleno la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta al Instituto Mexicano del Seguro Social para que –en tanto no cesen las reclamaciones de los derechohabientes en contra de la empresa Laboratorios Pisa, SA de CV, y se cuente con todos los elementos que den certeza de que los insumos para dializados proporcionados por Pisa no ponen en peligro la salud humana, en la siguiente licitación se inhiba de la adquisición de los productos que comercializa la citada farmacéutica.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a 23 de octubre de 2008.
Diputado José Luis Aguilera Rico (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE
QUE COMPAREZCAN ANTE LAS COMISIONES DE DERECHOS HUMANOS, Y ESPECIAL DE
SEGUIMIENTO A LAS AGRESIONES A PERIODISTAS Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN
DE ESTA SOBERANÍA EL SUBPROCURADOR DE DERECHOS HUMANOS, ATENCIÓN
A VÍCTIMAS Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD, Y EL FISCAL ESPECIAL PARA
LA ATENCIÓN DE DELITOS COMETIDOS CONTRA PERIODISTAS, AMBOS DE LA
PGR, ASÍ COMO EL QUINTO VISITADOR GENERAL DE LA CNDH, CON OBJETO
DE QUE EXPLIQUEN LA EMISIÓN Y EL CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN
NÚMERO 50/2008, SUSCRITA POR LOS DIPUTADOS ALEIDA ALAVEZ RUIZ, DAISY
SELENE HERNÁNDEZ GAYTÁN Y JOAQUÍN CONRADO DE LOS SANTOS
MOLINA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD, Y GERARDO PRIEGO TAPIA, DEL PAN
Los suscritos, diputados de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a la consideración de esta asamblea, como asunto de urgente y obvia resolución, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
El pasado 27 de octubre de 2006 fue asesinado el ciudadano estadounidense Bradley Roland Wheyler, mejor conocido como Brad Will, camarógrafo de la red mundial de medios independientes, Indymedia, mientras captaba con su cámara de video la refriega de policías ministeriales y preventivos respaldados por presuntos grupos paramilitares contra integrantes de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) instalados en una barricada ubicada en la colonia Calicanto, cercana al municipio de Santa Lucía del Camino en el estado de Oaxaca.
Brad Will es uno de los más de 26 muertos que arrojó el conflicto social que vivió la entidad oaxaqueña durante el año 2006.
El común denominador de estos delitos ha sido uno: la impunidad.
Ni el gobierno local ni el federal han podido proporcionar a la población certidumbre y mucho menos justicia.
La falta de investigación, pero sobre todo, de voluntad para encarcelar a los culpables es nula, pues muchos de los responsables por acción u omisión se encuentran en la administración pública.
El sistema de justicia es el fiel reflejo del avance de una sociedad, lamentablemente, en México, estamos muy lejos de un sistema por decir lo menos aceptable, porque quienes son los encargados de generar las condiciones para la impartición de justicia muy poco o nada hacen para la aplicación efectiva de la ley.
Por el contrario, dadas las condiciones socioeconómicas que atraviesa el país, se ha ubicado a la protesta social como el objetivo a perseguir, a difamar, a criminalizar, ejemplo de ello fue la brutal respuesta militar para dispersar el conflicto magisterial en Morelos, esta situación se presenta como medida para encubrir los mezquinos intereses de la clase política que en lugar de encontrar los mecanismos de recomposición del tejido social ahondan más el descontento popular.
En el caso del periodista norteamericano, por mucho tiempo las indagatorias se mantuvieron detenidas, a pesar de las protestas de organismos de la sociedad civil y de la propia familia del victimado.
A casi dos años del asesinato de Brad Will, en el límite del cumplimiento de la recomendación 50/2008 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la PGR presentó al supuesto autor material de nombre Juan Manuel Martínez Moreno, así como a otros presuntos cómplices, todos, curiosamente, simpatizantes de la APPO.
La CNDH ha culpado a la Procuraduría estatal y de la República de realizar investigaciones deficientes e inexactas, además de tomar, de entre otros, como elemento de convicción para determinar al culpable del homicidio, una videograbación que, acepta la propia PGR, les fue proporcionada de manera anónima y saben está editada, sin embargo, por medio de las voces concluyeron la responsabilidad de Martínez Moreno y de otras personas porque aparecen prestando ayuda al camarógrafo.
Estas contradicciones no pueden pasar desapercibidas en el Congreso, se trata de un asunto de justicia no sólo a un particular sino por el hecho de cumplir con la obligación de estado de proporcionar instituciones confiables a la altura del mandato popular.
Las refutaciones entre instituciones que tienen, supuestamente, el mismo objetivo, velar por el interés colectivo, además de las inconformidades de los propios familiares del periodista, deben obligarnos a cumplir un compromiso, hecho a un lado de manera permanente por este Congreso, un compromiso con la verdad, con la justicia, con el pueblo de México no por satisfacer el interés de justicia de una persona, lo cual sería razón suficientes para debida actuación de la autoridad, sin embargo en nosotros recae la responsabilidad de ser escrutadores del acontecer nacional, por lo que nuestra intervención es insoslayable.
Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, nos permitimos solicitar al Pleno de esta Cámara de Diputados se someta a consideración como asunto de urgente y obvia resolución la siguiente proposición con:
Punto de acuerdo
De urgente y obvia resolución
Único. Se solicita la comparecencia ante las Comisiones de Derechos Humanos y Especial de seguimiento a las agresiones a periodistas y medios de comunicación de esta Cámara de Diputados de los servidores públicos licenciado Juan de Dios Castro Lozano, subprocurador de Derechos Humanos, Atención a Víctimas y Servicios a la comunidad, del licenciado Alberto Orellana Wiarco, titular de la Fiscalía Especial para la atención de delitos cometidos contra periodistas ambos de la Procuraduría General de la República, así como del licenciado Mauricio Farah Gebara, Quinto Visitador General de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, para explicar la emisión y cumplimiento de la recomendación 50/2008.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro a 23 de octubre de 2008.
Diputados: Aleida Alavez Ruiz (rúbrica),
Daisy Selene Hernández Gaitán, Joaquín Conrado de
los Santos Molina (rúbrica), Gerardo Priego Tapia.
CON PUNTO DE ACUERDO, RELATIVO
A LA IMPLANTACIÓN DE UN PLAN DE AYUDA URGENTE PARA LAS VÍCTIMAS
DE LAS TORMENTAS SUSCITADAS EN TABASCO Y EN VERACRUZ, A CARGO DEL DIPUTADO
RAFAEL ELÍAS SÁNCHEZ CABRALES, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL
PRD
Rafael Elías Sánchez Cabrales, diputado federal de Tabasco y miembro del Grupo Parlamentario del PRD, con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, pone a la consideración de esta alta tribuna del país, la siguiente proposición con punto de acuerdo, en el que se solicita al Poder Ejecutivo que aplique un plan emergente en las zonas devastadas por las inundaciones suscitadas en las últimas semanas en las zonas de Tabasco y Veracruz, además de condonar el pago de la energía eléctrica a los municipios más pobres y sus pobladores afectados por los fenómenos naturales, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Las intensas precipitaciones que se han suscitado en el país, han afectado gravemente a miles de ciudadanos. Dos han sido las entidades que registran los mayores daños causados: Veracruz y Tabasco.
Entre estos dos estados suman casi medio centenar de municipios perjudicados por las inundaciones, desbordamiento de ríos y apertura de presas.
En Veracruz, 24 ríos y 11 arroyos se desbordaron causando daños a viviendas, agricultura y ganadería de 33 municipios, lo que ha dejado un saldo de 5 mil viviendas afectadas. Una de las zonas más afectadas es Las Choapas. Los ríos que más se han desbordado son el Coatzacoalcos y el Coachapa, así como el Uspanapa, el Playas, el Nanchital y el Pedregal.
En Tabasco, 7 de los 10 municipios presentan daños causados por varios ríos, entre ellos el Grijalva, la Sierra y el Usumacinta. El Sistema Estatal de Protección Civil de Tabasco informó que más de 30 comunidades rurales se vieron afectadas, perjudicando a casi 5 mil personas. En la capital de Tabasco, las precipitaciones han ocasionado inundaciones en al menos 10 colonias de la ciudad.
Tabasco ha sido una de las entidades federativas más afectada durante los últimos años por los fenómenos climáticos. Haciendo de esta zona del país un región desvastada en su infraestructura y en su economía.
Si sumamos los daños ocasionados por los fenómenos naturales que han dejado sin hogar, sin trabajo, sin tierras o sin ganado a muchas familias aunado con la grave crisis económica internacional y nacional pues el panorama resulta muy desesperante para miles de tabasqueñas y tabasqueños.
Es urgente un rescate para estos mexicanos que viven entre la desgracia y la desesperación para que tengan una oportunidad de salir adelante. Urge que el Estado mexicano intervenga para paliar la grave crisis de estos dos estados del sureste.
Así como el gobierno federal ha salido al rescate de empresas nacionales quienes se han visto afectadas por las crisis económicas destinando enormes cantidades de recursos públicos, se requiere el mismo talante para hacer una acción similar para con las víctimas de estos desastres naturales.
Las lluvias han cesado pero las necesidades humanas no. Por tal situación, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración esta soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados insta al Poder Ejecutivo para que se implante de manera inmediata un plan de rescate económico para todas las comunidades afectadas por las lluvias e inundaciones de las últimas semanas suscitadas en Tabasco y Veracruz.
Segundo. Emitir orden a la Comisión Federal de Electricidad para la condonación de la deuda contraída por el consumo de energía eléctrica de los municipios y sus pobladores más pobres de Tabasco y Veracruz, que se han visto afectados por los desastres naturales.
Tercero. Crear un programa educativo, de salud y de trabajo temporal para los habitantes afectados en estas zonas dañadas.
Palacio Legislativo, a 23 de octubre de 2008.
Diputado Rafael Elías Sánchez Cabrales (rúbrica).