• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SEP a realizar una campaña sobre la importancia que representa la prueba Enlace para el país, a cargo del diputado Joaquín Díaz Mena, del Grupo Parlamentario del PAN.

• Con punto de acuerdo, a fin de que en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2009 se consideren recursos para la homologación salarial y de prestaciones de los trabajadores sindicalizados del Conaculta, y de que se integre una mesa de trabajo con la Comisión de Cultura de esta soberanía, a cargo del diputado Pablo Trejo Pérez, del Grupo Parlamentario del PRD.

• Con punto de acuerdo, a fin de que en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2009 se consideren mayores recursos para las universidades interculturales, a cargo de la diputada Mayra Gisela Peñuelas Acuña, del Grupo Parlamentario del PRI.

• Con punto de acuerdo, a fin de que en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2009 se considere un incremento de recursos para la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, a cargo del diputado José Luis Varela Lagunas, del Grupo Parlamentario de Convergencia.

• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de la Función Pública a proporcionar información relativa a la legitimidad del trámite de licencias de caza deportiva que otorga la Semarnat, a cargo de la diputada Beatriz Manrique Guevara, del Grupo Parlamentario del PVEM.

• Con punto de acuerdo, a fin de que en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2009 se consideren recursos para la zona metropolitana de la Laguna, suscrita por diputados de diversos grupos parlamentarios.

• Con punto de acuerdo, a fin de que en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2009 se consideren recursos para construir la casa de la adulta mayor en Tláhuac, Distrito Federal, a cargo de la diputada Guadalupe Socorro Flores Salazar, del Grupo Parlamentario del PRD.

• Con punto de acuerdo, a fin de que en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2009 se consideren mayores recursos para la nivelación salarial de los trabajadores del Colegio de Bachilleres, a cargo de la diputada Elsa de Guadalupe Conde Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Alternativa.

• Con punto de acuerdo, a fin de que en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2009 se consideren recursos para construir una escuela deportiva de alto rendimiento en Tláhuac, Distrito Federal, a cargo de la diputada Guadalupe Socorro Flores Salazar, del Grupo Parlamentario del PRD.

• Con punto de acuerdo, a fin de que en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2009 se consideren recursos para las zonas urbanas de Morelia y Zamora-Jacona, en el Fondo Metropolitano, a cargo del diputado Érick López Barriga, del Grupo Parlamentario del PRD.

• Con punto de acuerdo, a fin de que en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2009 se consideren recursos adicionales para la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, a cargo del diputado Érick López Barriga, del Grupo Parlamentario del PRD.

• Con punto de acuerdo, a fin de que en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2009 se consideren recursos para crear un centro de educación artística en Iztapalapa, a cargo de la diputada Lourdes Alonso Flores, del Grupo Parlamentario del PRD.

• Con punto de acuerdo, a fin de que en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2009 se consideren recursos para diversos programas en beneficio de la población de Tabasco, suscrita por diputados del Grupo Parlamentario del PRD.

• Con punto de acuerdo, a fin de que en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2009 se consideren recursos para instalar una trituradora y una cribadora de materiales pétreos en San Pablo Macuiltianguis, Ixtlán de Juárez, estado de Oaxaca, a cargo de la diputada Aleida Alavez Ruiz, del Grupo Parlamentario del PRD.

• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California a investigar las causas de los motines ocurridos en el centro de readaptación social de La Mesa, en Tijuana, a cargo del diputado Ricardo Franco Cazarez, del Grupo Parlamentario del PAN.

• Con punto de acuerdo, por el que se solicitan a la Segob, a la Semarnat y a la SCT informes de los recursos solicitados por el gobierno de Veracruz para atender los daños que causaron diversos eventos meteorológicos, a cargo de la diputada Gloria Rasgado Corsi, del Grupo Parlamentario del PRD.

• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a replantear la estructura de la evaluación de los estudios de impacto ambiental para la realización de obras, a cargo del diputado Pedro Montalvo Gómez, del Grupo Parlamentario del PRI.

• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a destinar recursos del Fonden a diversos municipios de Tabasco afectados por las recientes lluvias, a cargo del diputado Gerardo Priego Tapia, del Grupo Parlamentario del PAN.

• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Segob a liberar recursos del Fonden y del FAPRACC para atender a la población afectada por la tormenta tropical número 33 en Veracruz, a cargo del diputado Celso David Pulido Santiago, del Grupo Parlamentario del PRD.

• Con punto de acuerdo, relativo al asesinato del locutor Alejandro Zenón Fonseca Estrada, de la Cadena Exa, ocurrido en Villahermosa, Tabasco, a cargo del diputado Gerardo Priego Tapia, del Grupo Parlamentario del PAN.

• Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Segob que reanude las negociaciones que el gobierno y el magisterio de Morelos realizaban en esa dependencia para solucionar el conflicto derivado del Acuerdo por la Calidad de la Educación, a cargo del diputado Adrián Pedrozo Castillo, del Grupo Parlamentario del PRD.

• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los congresos de las entidades federativas a actualizar sus ordenamientos en materia de responsabilidad administrativa, a cargo del diputado Carlos Armando Reyes López, del Grupo Parlamentario del PAN.

• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares de la SHCP, de la SEP y del Conaculta a tomar previsiones presupuestales en favor de las ciudades patrimonio mundial, suscrita por los diputados Aurora Cervantes Rodríguez y José Alfonso Suárez del Real y Aguilera, del Grupo Parlamentario del PRD.

• Con punto de acuerdo, por el que se solicita al Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos información referente a las pérdidas ocasionadas por tomas clandestinas, a cargo del diputado Javier Martín Zambrano Elizondo, del Grupo Parlamentario del PAN.

• Con punto de acuerdo, relativo a la prohibición impuesta a las alumnas de la Universidad Autónoma de Sinaloa sobre el uso de cierta vestimenta, a cargo de la diputada Eva Sánchez Valdez, del Grupo Parlamentario del PRD.

El suscrito, diputado federal de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente punto de acuerdo, bajo las siguientes:

Consideraciones

Con un costo superior a los 220 millones de pesos, el pasado 14 de abril se aplicó la prueba Enlace 2008 a 11 millones 28 mil 364 alumnos de tercero a sexto de primaria y de tercero de secundaria, con el propósito de valorar sus competencias en español, matemáticas y ciencias; de igual forma, del 22 al 24 de abril, se examinó por vez primera a un millón de estudiantes de bachillerato en todo el país.

Los que nos hemos dedicado a la educación sabemos que el desempeño escolar es multifactorial; está influenciado por: el sistema escolar, los planes y programas de estudio, el estatus económico de las familias, las tecnologías de la información empleadas en las escuelas, el material didáctico, el liderazgo de los directivos, el nivel de preparación de los docentes, las características de los alumnos, la participación de los padres de familia, entre otros.

De igual forma, si los docentes transmiten altas expectativas a sus alumnos, los motivan a seguir estudiando y a establecerse objetivos de superación a largo plazo, los pupilos seguramente obtendrán mejores resultados en las pruebas.

De acuerdo a resultados publicados por la Secretaría de Educación Pública, las escuelas primarias que tuvieron los diez primeros lugares en la prueba Enlace 2008 en el Distrito Federal, nueve son privadas y sólo una pública; en el resto del país el resultado fue homogéneo.

Es importante mencionar que la prueba Enlace 2008 no tiene repercusión en la calificación de los alumnos; y al ser un examen extenso para el segmento al que va dirigido, los estudiantes de educación básica no le dan la importancia debida.

Docentes manifiestan un factor común ante los resultados de la prueba: los mejores pupilos obtienen resultados negativos, debido a que los alumnos realizan la prueba de forma desinteresada.

La prueba se aplicó por primera vez el año pasado a 8 millones de alumnos de tercero a sexto de primaria y de tercero de secundaria. Los resultados fueron negativos, ya que en todas las primarias del país únicamente tres por ciento tuvo calificación excelente en matemáticas, y en secundaria apenas uno por ciento.

Un factor determinante de los malos resultados en la prueba el año pasado, y seguramente este año, es la falta de una campaña de sensibilización de la Secretaría de Educación Pública hacia los estudiantes sobre la relevancia de los resultados para el colegio, el docente y el país.

Con esta campaña de sensibilización y con el establecimiento de mecanismos para que los resultados de la prueba tengan repercusiones en las calificaciones de los alumnos, evitaremos que los estudiantes se limiten a llenar espacios al azar y obtendremos resultados más certeros.

Por lo anterior, propongo el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se le exhorta a la Secretaria de Educación Pública para que realice una campaña intensiva de sensibilización sobre la importancia de la prueba Enlace a los estudiantes a los que se dirige, y establecer mecanismos para que los resultados de la prueba Enlace sean vinculatorios con las calificaciones de los alumnos, con la finalidad de evaluar justamente a los docentes, y para obtener resultados más reales del nivel educativo del país.

Diputado Joaquín Jesús Díaz Mena (rúbrica)
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE QUE EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN DE 2009 SE CONSIDEREN RECURSOS PARA LA HOMOLOGACIÓN SALARIAL Y DE PRESTACIONES DE LOS TRABAJADORES SINDICALIZADOS DEL CONACULTA, Y DE QUE SE INTEGRE UNA MESA DE TRABAJO CON LA COMISIÓN DE CULTURA DE ESTA SOBERANÍA, A CARGO DEL DIPUTADO PABLO TREJO PÉREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD

Los que suscriben, diputada y diputados federales a la LX Legislatura del Congreso de la Unión, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 23, numeral 1, inciso f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos ante esta soberanía, una proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

Las instituciones del subsector cultura registran serios problemas por la ausencia de una política laboral: registramos serias diferencias entre ellas, tanto en las condiciones de trabajo, programas de promoción y profesionalización, como en las percepciones salariales mismas. De hecho, el más reciente proceso de homologación se llevó a cabo por la LIX Legislatura, en la que se reconocía un rezago de décadas en las políticas laborales.

Esto, sumado ha provocado una serie de problemas como son, tan solo por citar un ejemplo, la iniquidad en las condiciones laborales: a un mismo trabajo y jornada se paga diferente salario, ya sea personal académico, de investigación, administrativo y de apoyo. Para paliar esta situación, las autoridades de las instituciones culturales recurren a compensaciones a fin de equilibrar las diferencias entre los sueldos de cada dependencia, lo cual impacta negativamente en su presupuesto y descapitaliza sus actividades sustantivas, esto significa que los limitados recursos que reciben las instituciones culturales resultan mermados, al verse obligadas dichas entidades a pagar emolumentos de tiempo extra, prestaciones no reconocidas por la Secretaría de Hacienda, así como asignaciones compensatorias.

Son conocidas las reivindicaciones de algunas dependencias de Conaculta, como son la Dirección General de Bibliotecas, la Dirección General de Culturas Populares, el Centro nacional de las Artes, la Cineteca Nacional, etcétera. En pocas palabras, las y los trabajadores de dichas dependencias se han movilizado en la defensa de sus derechos laborales.

Es del interés de esta soberanía, salvaguardar las instituciones, en este caso, las instituciones culturales, ya que los problemas a que me refiero pueden resolverse técnicamente, si se toman las medidas presupuestarias correspondientes y si se abordan los temas laborales en una mesa de trabajo donde participen: la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Secretaría de Educación Pública, Conaculta y los titulares de las dependencias culturales, con el fin de resolver los problemas de la regularización de la plantilla de personal, retabulación, aumento en primas vacacional y de antigüedad.

Por lo anteriormente fundado y motivado, me permito someter a consideración de esta soberanía el siguiente:

Punto de Acuerdo

Primero. Se solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública considere dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2009, recursos por 140,096,551.01 pesos (ciento cuarenta millones noventa y seis mil quinientos pesos 01/100 mn) para la homologación salarial y de prestaciones de los trabajadores sindicalizados del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta).

Segundo. Esta soberanía exhorta a los titulares de las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, de Educación Pública, al presidente del Conaculta, a que integren una mesa de trabajo con la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados de la LX Legislatura, a efecto de que, en el ámbito de sus competencias, analicen las condiciones laborales y salariales del subsector cultura, y a su vez, subsanen la situación de iniquidad y rezago que privan en las instituciones culturales adscritas a dicho subsector.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, a los siete días del mes de octubre del año 2008.

Diputados: Pablo Trejo Pérez (rúbrica), José Alfonso Suárez del Real y Aguilera (rúbrica), Aurora Cervantes Rodríguez.
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE QUE EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN DE 2009 SE CONSIDEREN MAYORES RECURSOS PARA LAS UNIVERSIDADES INTERCULTURALES, A CARGO DE LA DIPUTADA MAYRA GISELA PEÑUELAS ACUÑA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI

Mayra Gisela Peñuelas Acuña, diputada federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la Cámara de Diputados de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito presentar una proposición con punto de acuerdo, bajo las siguientes

Consideraciones

Las Universidades Interculturales son un proyecto educativo impulsado en México a partir del año 2002. El proyecto de creación de estas universidades, se gestó a partir de múltiples peticiones de diferentes grupos y organizaciones vinculados a las comunidades indígenas.

Nacen con la finalidad de dar respuesta a las necesidades de diversificar la oferta educativa a los egresados del nivel medio superior y ampliar la cobertura en el nivel superior para los jóvenes pertenecientes a estos pueblos y a todos aquellos aspirantes de diferentes lenguas y sectores sociales que deseen trabajar para impulsar el desarrollo en estas regiones.

Actualmente existen nueve Universidades Interculturales, que se ubican en los municipios indígenas de San Felipe del Progreso, estado de México; San Cristóbal de las Casas, Chiapas; Tacotalpa, Tabasco; Huehuetla, Puebla; El Espinal, Ixhuatlán de Madero, Tequila, y Huazuntlán estado de Veracruz; en Pátzcuaro, Michoacán; Malinaltepec, Guerrero; El Fuerte y los Mochis, Sinaloa y José María Morelos, Quintana Roo. Dichas instituciones educativas cuentan, en su matrícula, con cerca de 4 mil 500 jóvenes, que abarcan más de 40 pueblos indígenas de México y algunos de Latinoamérica.

Es preciso mencionar que muchos de estos jóvenes no habrían tenido oportunidades de acceso al nivel de educación superior, de no haberse ubicado esta nueva institución en espacios cercanos a sus lugares de origen.

Un dato interesante es la presencia femenina en estas nuevas instituciones, alcanza un 60 por ciento del total de la matrícula; lo que indica, que son opciones educativas para la incorporación de una cantidad significativa de mujeres originarias de estas zonas que buscan oportunidades de desarrollo.

Las nueve Universidades Interculturales, son organismos públicos descentralizados, integradas y reconocidas por la Subsecretaría de Educación Superior, y operan con un esquema de financiamiento en el que participan con partes iguales la federación y los gobiernos de los estados donde se ubican.

Desde sus inicios, fueron dotadas con una cantidad modesta para iniciar acciones preoperativas (organización académico-administrativa, integración de planta docente inicial, elaboración de planes y programas de estudio, inicio de actividades, etcétera). No obstante, el presupuesto que el gobierno federal les ha asignado en años posteriores ha sido el mismo, pese a que cada ciclo aumenta la matrícula y tienen mayores necesidades de financiamiento para contratar a más docentes, infraestructura y equipamiento. Por tanto, la situación de su financiamiento es crítica.

Gracias a gestiones de la Subsecretaria de Educación Superior, durante el año 2008, algunas de estas universidades recibieron apoyos adicionales mediante fondos extraordinarios con la presentación de proyectos especiales que permitieron atender algunas de estas necesidades.

Desafortunadamente, los montos de estos fondos no se han estabilizado en los ejercicios posteriores, lo que genera mayor incertidumbre para la atención de las nuevas generaciones de estudiantes.

Quisiera mencionar que, a pesar de las gestiones realizadas por los rectores, ante las Comisiones Legislativas correspondientes de esta Cámara de Diputados, no se ha tenido respuesta favorable a la solicitud de un presupuesto adecuado.

No obstante esta situación, las Universidades Interculturales continúan con sus importantes acciones de docencia, investigación, difusión de la cultura, y proyectos de desarrollo encaminados a hacer llegar los beneficios a las comunidades, a través de la valoración de las identidades propias de los pueblos indígenas, de las regiones en donde se ubican.

Sin duda, su misión debe ser fortalecida y nutrida con recursos suficientes para que puedan cumplir sus propósitos con un nivel de calidad inobjetable.

La situación de rezago y marginación que viven los pueblos indígenas, en prácticamente todos los ámbitos de su vida productiva y social, exige el compromiso de los legisladores para otorgarles mayores recursos a estas universidades.

Considerando su actividad como un importante aporte al cumplimiento de una función social con la que las instituciones de educación superior: la formación de profesionales que impulsen la generación de conocimientos pertinentes a la diversidad cultural del país.

Por lo anteriormente expuesto someto a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, de Educación y Servicios Educativos, y de Asuntos Indígenas, a fin de que, en ejercicio de sus facultades, garanticen que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2009 se destinen mayores recursos para las Universidades Interculturales.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de octubre de 2007.

Diputada Mayra Gisela Peñuelas Acuña (rúbrica)
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE QUE EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN DE 2009 SE CONSIDERE UN INCREMENTO DE RECURSOS PARA LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA BENITO JUÁREZ DE OAXACA, A CARGO DEL DIPUTADO JOSÉ LUIS VARELA LAGUNAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE CONVERGENCIA

El suscrito, José Luis Varela Lagunas, diputado de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario de Convergencia, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable soberanía proposición con punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Primero. La educación es un servicio público, ya que está destinada a satisfacer necesidades sociales permanentes y sujetas a un régimen de derecho público. Las finalidades de la educación se gestan y se desarrollan en el seno mismo de la sociedad; el poder público no las impone arbitrariamente. Toca al Estado hacerlas explícitas y darles la formulación coherente.

Segundo. La educación se ha convertido en una de las piedras angulares para el crecimiento y desarrollo económico de cada nación. De allí que los países avanzados hagan fuertes inversiones para satisfacer la demanda y aumentar la calidad de la educación.

En los países subdesarrollados, entre los que inevitablemente se incluye el nuestro, las inversiones en educación son mucho menores en relación con el número de alumnos y el producto nacional, y la calidad de la enseñanza también es inferior.

Tercero. La educación es una oportunidad que brinda herramientas para incrementar el ingreso, ya que el salario que se recibirá por un trabajo calificado, técnico o profesional, representará un nivel superior de ingresos, con lo que se disminuyen las diferencias entre clases sociales y se mejoran los niveles de vida.

Cuarto. Uno de los principales desafíos que deberá enfrentar el sistema de educación superior mexicano en sus relaciones con el sistema político será lograr un entendimiento explícito de largo plazo y de carácter multipartidario, que garantice el financiamiento de las instituciones públicas de educación superior y las condiciones idóneas para asegurar y regular la participación complementaria del sector privado.

Quinto. En México, las transformaciones económicas y sociales introducidas por el actual modelo económico han dejado un saldo de pérdida del sentido de lo público, de olvido de los principios y derechos que deben regir la política social, de confusión sobre los alcances de la responsabilidad social del Estado. Con el incremento de la inversión privada en educación se produjo otro fenómeno, el de la agudización de la desigualdad. Durante los últimos años, la contracción en la inversión pública ha resultado en la negación de la obligación del Estado de impartir educación; ha afectado gravemente la calidad de los servicios públicos.

Sexto. En el país, la educación superior enfrenta diversos problemas: rezago, cobertura de la creciente demanda, y principalmente económicas, traducida en la falta de recursos necesarios para su desarrollo y expansión.

Séptimo. Lo primero que hay que señalar cuando enfrentamos el panorama de desastre de la educación pública en México es que parte importante de la población sabe y reconoce que los presupuestos educativos públicos son insuficientes; que lo son debido a una política deliberada de restricción del gasto; y más aún, que si no se hubiera producido y se produjera un derroche y una orientación tan frívola del presupuesto, sería posible atender la mayor parte de las necesidades y demandas educativas de la población del país.

Octavo. Diversas universidades del país, como la Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, atraviesan por una crisis financiera a partir del abandono a que la han sometido los gobiernos federal y estatal.

Noveno. Actualmente, la universidad atiende una matrícula de 25 mil 506 alumnos, de los que 6 mil 324 cursan estudios en el nivel medio superior, 476 en carreras técnicas, 18 mil 128 en educación superior y 578 en posgrado. El nivel superior representa aproximadamente 54 por ciento de la matrícula estatal.

Undécimo. En 2007, el costo por alumno en la UABJO, certificado por un despacho contable, era del orden de los 14 mil 924 pesos; mientras, la media nacional para universidades afiliadas a la Asociación de Universidades e Instituciones de Educación Superior era de 34 mil 20 pesos por alumno. En contraste, las cinco universidades que mayor subsidio reciben son la de Quintana Roo, con 65 mil 170 pesos por alumno; la de Yucatán, con 71 mil 440 pesos; la Veracruzana, con 51 mil 600 pesos; la de Baja California, con 52 mil 990 pesos; y la de San Luis Potosí, con 47 mil 110 pesos por alumno.

Duodécimo. El déficit que ahora vive la universidad es resultado de varios años de bajo presupuesto; surge por la insuficiencia del subsidio ordinario con que ha contado, limitando con ello el cumplimiento de los objetivos estratégicos, así como con las metas tendentes a recuperar la calidad académica y el prestigio de la universidad.

Por todo lo anterior, se somete a consideración de esta honorable soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

De urgente y obvia resolución

Primero. Se solicita al Ejecutivo federal y a la Cámara de Diputados que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2009 se incrementen los recursos destinados a la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, a fin de abatir el rezago de adeudos y ayudar a elevar el nivel educativo que tiene la universidad.

Segundo. Se solicita a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos que gestione dicho incremento del presupuesto para la UABJO para el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2009 y a la Cámara de Diputados, para beneficio de la ciudadanía oaxaqueña.

Palacio Legislativo, a 7 de octubre de 2008.

Diputado José Luis Varela Lagunas (rúbrica)
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA A PROPORCIONAR INFORMACIÓN RELATIVA A LA LEGITIMIDAD DEL TRÁMITE DE LICENCIAS DE CAZA DEPORTIVA QUE OTORGA LA SEMARNAT, A CARGO DE LA DIPUTADA BEATRIZ MANRIQUE GUEVARA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PVEM

Beatriz Manrique Guevara, diputada integrante de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión por el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta proposición con punto de acuerdo, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) es la dependencia encargada de autorizar los trámites de gestión para el aprovechamiento, la conservación y el control de los recursos naturales del país.

La institución cuenta con 146 trámites, según el Registro Federal de Trámites y Servicios del Gobierno Federal de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (Cofemer).

Uno de los trámites registrados ante la Cofemer por la Semarnat es el de "licencias de caza deportiva" identificado con el número SEMARNAT-08-044. Este registro cuenta con cuatro modalidades reconocidas:

Registro                     Modalidad             Costo

1. SEMARNAT-08-044-A     Anual             375.00
2. SEMARNAT-08-044-B     Indefinida       375.00

3. SEMARNAT-08-044-C     Reposición
                                         o renovación
                                          anual              375.00

4. SEMARNAT-08-044-D     Reposición      375.00
                                           indefinida

En las cuatro modalidades, se indica en el apartado de "Efectos que tendría la eliminación del trámite", que no se tendría control sobre los usuarios que realizan el aprovechamiento sustentable de las especies silvestres de interés cinegético, con lo que se correría el riesgo de que fueran aprovechados de manera irracional y no se contribuiría a su conservación y la de su hábitat, así como tampoco habría derrama económica ni generación de empleos.

En la misma página de la Cofemer se indica que el fundamento jurídico que da origen al trámite es el artículo 96, segundo párrafo, de la Ley General de Vida Silvestre, y los artículos 116 y 117 de su reglamento, los cuales prevén lo siguiente:

Artículo 96. …

Las personas que realicen caza deportiva sin contratar a un prestador de servicios de aprovechamiento deberán portar una licencia, otorgada previo cumplimiento de las disposiciones vigentes.

…

Artículo 116. Para llevar a cabo actividades de aprovechamiento mediante la caza deportiva se deberá contar con el consentimiento de los propietarios o legítimos poseedores de los predios para cazar ejemplares autorizados mediante tasas de aprovechamiento correspondientes a dichos predios para cada especie, de acuerdo con el plan de manejo y en la temporalidad señalada en la autorización.

Artículo 117. Las licencias de caza deportiva que expida la secretaría podrán ser anuales o indefinidas. Los interesados en obtener una licencia de caza deportiva anual deberán presentar a la secretaría, a más tardar quince días hábiles antes que inicie la temporada de aprovechamiento, una solicitud en la que señale la siguiente información:

Ahora bien, resaltando el último enunciado de los efectos que tendría la eliminación de los trámites según la Cofemer, quiero destacar que la Semarnat al incluir el trámite de licencia de caza "modalidad indefinida" realizado todo lo contrario a los efectos "las especies de vida silvestre correrían el riesgo de que fueran aprovechados de manera irracional y no se contribuiría a su conservación y la de su hábitat, así como tampoco habría derrama económica ni generación de empleos". Ello desvirtúa la licencia de caza de expedición anual que durante más de cuatro años estuvo vigente, ya que con ésta se tenía un control de los usuarios que realizaban el aprovechamiento de vida silvestre, renovando dicha licencia anualmente.

Según la información que se encuentra en la página de transparencia, la Semarnat tiene un registro de 4 mil 929 licencias de caza deportiva, de las cuales 74 fueron otorgadas con la modalidad "indefinida". Sin embargo, se desconoce si estas licencias fueron expedidas en 2007 o 2008, por lo cual no tenemos una cifra real de licencias de caza emitidas durante el presente año en sus respectivas modalidades.

Con la información anterior se pone en duda el análisis realizado para registrar la licencia de caza indefinida ante la Cofemer, ya que con el mismo valor se otorgaron licencias con fines distintos. Asimismo, se considera que si la Semarnat expidió licencias de caza deportivas de modalidad indefinidas, sin que ésta se considere en la Ley Federal de Derechos, puede generar algún tipo de responsabilidad de los servidores públicos, al dar preferencias a algunos usuarios con mayor información respecto a este trámite.

Por lo anterior, el Grupo Parlamentario del Partido Verde en esta soberanía somete a consideración del honorable Pleno la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Secretaría de la Función Pública a realizar un análisis de la legitimidad del trámite de licencia de caza deportiva en sus modalidades "indefinida" y "reposición indefinida", y a informar a esta soberanía del resultado de su análisis.

Segundo. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Secretaría de la Función Pública a llevar a cabo mediante el Órgano Interno de Control en la Semarnat una auditoría a la Dirección General de Vida Silvestre para determinar si las licencias de caza deportiva fueron otorgadas conforme a derecho, y a informar de sus resultados a esta soberanía.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los siete días del mes de octubre del año dos mil ocho.

Diputada Beatriz Manrique Guevara (rúbrica)
 

CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE QUE EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN DE 2009 SE CONSIDEREN RECURSOS PARA LA ZONA METROPOLITANA DE LA LAGUNA, SUSCRITA POR DIPUTADOS DE DIVERSOS GRUPOS PARLAMENTARIOS

Los que suscriben, diputados Aída Marina Arvizu Rivas, Carlos Augusto Bracho González, Juan de Dios Castro Muñoz, Jesús de León Tello, José Rubén Escajeda Jiménez, María del Carmen Fernández Ugarte, Jesús Vicente Flores Morfín, Javier Guerrero García y Juana Leticia Herrera Ale, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de conformidad con las disposiciones contenidas en los artículos 55 y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de motivos

1.0. Del Fondo Metropolitano

Algunas de las necesidades que las comunidades de las zonas urbanas más concurridas –a lo largo del país– en cuestión de densidad habitacional (habitantes por kilómetro cuadrado) no dejan de ser inherentes a lo que de manera contemporánea se ha denominado "urbanismo".

En dicho término estriban funciones de gestión gubernamental derivadas de la alta congregación de habitantes e interacción de una gran diversidad de actividades económicas que requieren servicios gubernamentales relacionados con ellos, entre los que encontramos

El primer paso en la búsqueda de dicho segundo momento es el financiamiento de los servicios de gestión gubernamental que las zonas urbanas con mayor densidad poblacional en una zona geográfica determinada requieren para llevar a cabo actividades económicas que eleven su nivel de vida.

Este financiamiento de una necesidad específica pero primordial ha encontrado eco en lo que en 2003 se reconoció como Comisión de Desarrollo Metropolitano que, a su vez, se materializó en recursos económicos a través del Fondo Metropolitano.

Así, el Fondo Metropolitano quedó establecido como una actividad prioritaria del Ramo 23, "Provisiones Salariales y Económicas", en el grupo funcional "Desarrollo Social", en la función de urbanización y subfunción de desarrollo regional (hasta 2008, ya que una clarificación de la estructura programática prevé modificaciones menores en las clasificaciones para 2009).

Igualmente, se armonizó la materialización económica con una materialización jurídico-administrativa al incorporar la figura de "municipio" en los procesos de planificación nacional y desarrollo metropolitano.

El Fondo Metropolitano también incorporó seis zonas metropolitanas para el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2008, entre las que sería destinado un total de 5 mil 550 millones de pesos.

El criterio central para incorporar las mencionadas seis zonas metropolitanas fue la observación del ritmo de crecimiento de ciudades o zonas geográficas determinadas, por lo que un crecimiento prácticamente desmedido connota gran densidad poblacional, que se traduce en las multicitadas necesidades.

Las seis zonas metropolitanas con mayor crecimiento desmedido (sin orden de ponderación) a lo largo del país son de acuerdo con el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2008:

1.1. Zona lagunera

La zona metropolitana de la Laguna –la cual debe su nombre a los cuerpos de agua que se formaban alimentados por los ríos Nazas y Aguanaval, hasta antes de la construcción de las presas Lázaro Cárdenas y Francisco Zarco– está situada en el norte del país, formada por una zona geográfica compartida por Coahuila y Durango (sur-suroeste de Coahuila y nor-noreste de Durango) y formada por 16 municipios: 11 de Durango y 5 de Coahuila:

La zona de la Laguna participó del Fondo Metropolitano por primera vez en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2008, con 250 millones de pesos (es decir, apenas 4.5 por ciento del Fondo Metropolitano).

No debe olvidarse que este monto es el primero asignado de su tipo para la región, por lo que los recursos no garantizan la solución de los problemas futuros de la zona metropolitana de la Laguna, así como tampoco los problemas actuales derivados de la alta densidad poblacional.

No obstante, dicha cantidad permitió la planeación y puesta en marcha de obras de servicios gubernamentales (descritos en el numeral 1.0, entre otros) que, sin embargo, no garantizan la conclusión de las obras, ya que basta recordar que las obras de infraestructura general una espiral económica conocida como "detonante económico" que requiere ampliaciones de dicho gasto en los subsecuentes Presupuestos de Egresos de la Federación, de forma que las obras iniciadas o en operación puedan llegar a su culminación (es decir, sirvan para culminar las obras en operación o en inicio que se realizaron con las inversiones iniciales).

Por lo expuesto, someto a consideración de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se destine de manera adicional y explícita un monto de 500 millones de pesos al Ramo 23, "Provisiones Salariales y Económicas" del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2009, de manera que los recursos sean destinados al Fondo Metropolitano de la zona de la Laguna.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de octubre de 2008.

Diputados: Aída Marina Arvizu Rivas (rubrica), Carlos Augusto Bracho González, Juan de Dios Castro Muñoz, Jesús de León Tello, José Rubén Escajeda Jiménez, María del Carmen Fernández Ugarte, Jesús Vicente Flores Morfín, Javier Guerrero García, Juana Leticia Herrera Ale.
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE QUE EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN DE 2009 SE CONSIDEREN RECURSOS PARA CONSTRUIR LA CASA DE LA ADULTA MAYOR EN TLÁHUAC, DISTRITO FEDERAL, A CARGO DE LA DIPUTADA GUADALUPE SOCORRO FLORES SALAZAR, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD

La que suscribe, diputada federal a la LX Legislatura del H. Congreso de la Unión, Guadalupe Socorro Flores Salazar, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía, la proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

En la Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento, convocada por las Naciones Unidas y realizada en Viena en 1982, se pusieron de relieve los problemas ocasionados por el cambio constante de una población de edad avanzada. Con la participación de 124 Estados de los órganos y programas de la ONU, fue una reunión intergubernamental en la que se discutieron de manera central varios puntos: la problemática que enfrentan las personas adultas mayores, las consecuencias del envejecimiento de la población, las tendencias demográficas, los cambios producidos como consecuencia del aumento de la proporción de las personas de edad, la manera en que esta situación influye en los sistemas socioeconómicos de diferentes países, las consecuencias de esos cambios; entre otros puntos.

En 1991, la Asamblea General de la ONU, en la resolución 46/91, incluye los principios a favor de las personas de edad, y se exhorta a los gobiernos a que incorporen estos principios a sus programas nacionales. Dentro del marco jurídico en México, como uno de los principios fundamentales de justicia social y equidad, está la protección de la salud de los mexicanos, plasmada en el artículo 40 constitucional.

El pronunciamiento de Consenso sobre Políticas de Atención a los Ancianos en América Latina, quedó definido en la Reunión de Santiago de Chile en 1992.

La Organización de las Naciones Unidas (ONU), ha sido de las primeras instituciones en analizar la problemática relacionada con el envejecimiento, así como la situación que enfrentan las personas adultas mayores. La Asamblea General de este organismo, ha adoptado resoluciones, en el que se establecen las acciones y directrices que los Estados miembros deben desarrollar, a fin de enfrentar el problema de envejecimiento de la población a nivel mundial, y promover los derechos de las personas adultas mayores.

En el caso de México, el número de personas adultas mayores (60 años o más) que hay en el país, se ha triplicado de 1970 a la fecha. Para 2008 se estima que la población de adultos mayores es poco más de 8 millones de personas, de acuerdo a datos del Consejo Nacional de Población (Conapo). El envejecimiento demográfico del país en las próximas décadas será más rápido y más pronunciado que el experimentado por las naciones desarrolladas.

Datos de Consejo Nacional de Población, indican que 7 millones de hogares estarán encabezados por un adulto mayor en el año 2015, y para el año 2030, serán 13 millones de hogares los que sean dirigidos por la gente grande.

Los retos que plantea este fenómeno de crecimiento drástico son de gran magnitud porque exigen una extraordinaria capacidad de adaptación de las instituciones y de la sociedad en general, tanto de tipo económico como en el aspecto social, para plantear las medidas que establezcan una política pública a mediano y largo plazo, para que de manera integral, la sociedad y el Estado atiendan y den respuesta a los desafíos que esta transformación intergeneracional implicará en un tiempo cercano.

El envejecimiento poblacional es uno de los asuntos que la sociedad del siglo 21 debe de atender en relación a la capacidad de servicios que demanden las personas adultas mayores. El Estado tiene la responsabilidad de promover la equidad entre los sectores sociales. La marginación y la desigualdad limitan severamente las posibilidades de desarrollo de un amplio número de personas. La pobreza, la discriminación y la inequidad reducen las opciones de vida y amenazan y reducen las oportunidades del bienestar social de los grupos vulnerables.

Se dice que el envejecimiento es un problema principalmente de mujeres porque sobreviven más. Entonces son más ellas que ellos. Pero también es de mujeres porque son las mujeres las que se dedican a cuidar no solamente a los niños sino también a las personas mayores, a veces con sacrificios personales, profesionales y familiares muy fuertes.

En el Foro "La violencia en la mujer adulta mayor", organizado en 2005 por la Secretaría de Desarrollo Social, la Universidad Iberoamericana, el Instituto Nacional de los Adultos Mayores, y la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal, diversos ponentes señalaron que México requiere y necesita a sus adultas mayores, y que se debe considerar a los adultos mayores y a los niños como grupo vulnerable, ya que los aspectos socioeconómicos y políticos, entre otros, los hace vulnerables y muestra cierta debilidad de integración social. Los adultos mayores por sus condiciones culturales, sociales y económicas, quedan muchas veces en el olvido. Por tanto, hay que integrarlos a la sociedad para que tengan una serie de actividades y sean tomados en cuenta, debiendo existir una mayor protección e interés hacia este grupo social.

La interrogante es ¿en este momento, que está pasando con las adultas mayores? ¿Conocemos a nuestros adultos mayores? ¿Sabemos cuáles son sus actividades? ¿Dónde viven?. Por otro lado, debido a las condiciones económicas prevalecientes, los apoyos familiares han reducido en un alto porcentaje las mejoras hacia ese grupo. En el mejor de los casos, un adulto mayor cuenta con algún tipo de ingreso económico propio o por parte de sus hijos. Ante este contexto, los adultos mayores, principalmente las mujeres, presentan situaciones especiales que les provocan vulnerabilidad y que debilitan su estructura de personalidad y los vuelven susceptibles ante los problemas cotidianos.

Considerando estos factores, es importante generar espacios de reflexión para las personas adultas mayores, que les permitan reflexionar su situación personal en el contexto de su familia, grupos sociales, comunidad y país; la formación de espacios de convivencia permiten reforzar los lazos afectivos entre los integrantes de adultas y adultos mayores; estos espacios físicos se orientan para que por medio de diversas actividades encuentren las vías necesarias y pertinentes para la creación de lazos sociales en sus entornos, igualmente, la generación de espacios de capacitación y producción es parte de la infraestructura para que la gente grande sea dignificada en su vida y en su trabajo frente a la sociedad.

En tal contexto, esta propuesta plantea la posibilidad de que se destinen recursos del Presupuesto de Egresos de la Federación 2009, para la construcción y operación de la Casa de la Adulta Mayor en Tláhuac, Distrito Federal, buscando con esta acción, lograr el desarrollo pleno de las adultas mayores que viven en ésta demarcación.

La delegación Tláhuac, está situada en el sureste del Distrito Federal, colinda al norte con Iztapalapa, al sur y suroeste con Milpa Alta y al oeste con Xochimilco; al ser limítrofe del Distrito Federal colinda al este con los municipios mexiquenses de Valle de Chalco Solidaridad y Chalco. Por su ubicación, es considerada como una delegación periférica, semirural y tiene un relativo aislamiento respecto al centro de la ciudad, siendo sus intercambios más hacia los municipios mexiquenses colindantes.

Con base en la clasificación por estratos, características o variables comunes de las divisiones político administrativas del país como población, alfabetización, escolaridad, fecundidad, población económicamente activa, salud, ocupación, tipo de vivienda, servicios y acceso a bienes duraderos, entre otras, el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática identifica siete estratos que obedecen a una jerarquización por niveles de desarrollo o bienestar de las entidades federativas y municipios del país, donde el estrato 1 es el de menor nivel y el 7 el de mayor nivel. Acorde con esta clasificación, la población de Tláhuac se ubica en el estrato 3.

De acuerdo a estimaciones del Coneval, Tláhuac tiene un porcentaje de población en situación de pobreza alimentaria en las delegaciones del Distrito Federal, considerado como de rango alto. Es una de las 3 demarcaciones con alto porcentaje de población en situación de pobreza de patrimonio. Es una de las 2 delegaciones del Distrito Federal con alto porcentaje de población en situación de pobreza de capacidades, conforme a datos de la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto de los Hogares 2005.

Tláhuac tiene multiplicidad de carencias y elementos en cuanto a los servicios mínimos en salud, en equidad, en recreación y en educación para las personas adultas mayores. La delegación Tláhuac es un ejemplo de cómo las poblaciones rurales-urbanas presentan grandes déficit de atención en servicios sociales principalmente a sectores vulnerables, a pesar de formar parte de la Ciudad de México.

El documento "Proyecciones de la población de México 2005-2050", elaborado por el Consejo Nacional de Población (Conapo), señalan que los residentes de 65 años o más de edad que viven en la delegación Tláhuac, es en 2008, de 16 mil 18 personas adultas mayores.

La Casa de la Adulta Mayor en Tláhuac tiene como justificación ser el espacio adecuado para la capacitación, la recreación, la atención y la protección de este grupo vulnerable. La obra debe incluir áreas para cocina, talleres, salón de usos múltiples; un área de reactivación física, de descanso, consultorio, recepción, oficinas administrativas, baños para personas con discapacidad, así como una terraza para esparcimiento.

Esta proposición considera importante asumir el compromiso, el respeto y la responsabilidad social de parte del Estado a favor de las mujeres en edad adulta. Es un deber ético, social y moral que tenemos con las mujeres adultas mayores, quienes por medio de las buenas costumbres y el trabajo de muchos años de sus manos, sentaron las bases del México en el que hoy vivimos.

Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito proponer al Pleno de ésta Cámara, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se considere dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2009, la asignación de 80 millones de pesos para la construcción de la Casa de la Adulta Mayor en Tláhuac, Distrito Federal.

Palacio Legislativo, octubre de 2008.

Diputada Guadalupe Socorro Flores Salazar (rúbrica)
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE QUE EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN DE 2009 SE CONSIDEREN MAYORES RECURSOS PARA LA NIVELACIÓN SALARIAL DE LOS TRABAJADORES DEL COLEGIO DE BACHILLERES, A CARGO DE LA DIPUTADA ELSA DE GUADALUPE CONDE RODRÍGUEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE ALTERNATIVA

La suscrita, del Grupo Parlamentario de Alternativa en la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

El Colegio de Bachilleres fundado hace 34 años, atiende a más de medio millón de estudiantes en 26 entidades federativas y en él laboran alrededor de 40 mil trabajadores. Lo que hace que sea una institución de gran relevancia en el sistema educativo nacional. Sin embargo, la retribución salarial de los trabajadores académicos de la institución se encuentra en situación de rezago considerable y no está equiparada con las percepciones de otros sectores educativos de niveles semejantes.

Esta situación ha traído como consecuencia que los trabajadores del Colegio de Bachilleres hayan mantenido la aspiración a una mejor retribución económica y, conforme a las percepciones de otras entidades educativas, hayan solicitado la intervención del Congreso de la Unión en distintas ocasiones, con la finalidad de que su demanda sea reconocida y atendida desde el Poder Legislativo.

La LIX Legislatura a petición de la Unión Nacional de Sindicatos de Colegios de Bachilleres previo consenso con el titular de la Secretaría de Educación Pública, que en ese entonces era el doctor Reyes Tamez Guerra, aprobó la implantación del Programa de Nivelación Salarial para el personal de los Colegios de Bachilleres y asignó recursos, por 228 millones de pesos en el 2005 y 237 millones para el 2006.

La nivelación salarial se iba a dar de forma gradual, a cinco años para todo el personal de los Colegios de Bachilleres del país y para tal efecto quedó etiquetado específicamente, sin que ninguna autoridad federal o estatal en su momento lo objetara.

Sin embargo, la Secretaría de Educación Pública realizó una interpretación distinta y los recursos asignados por esta soberanía no se han aplicado al espíritu del Programa de Nivelación Salarial, sino a una homologación de los Colegios de Bachilleres con el sistema DGETI, lo que no resuelve el problema, ya que ésta se encuentran en condiciones de igual rezago. Además de que en ciertos casos empeoró la situación de algunos trabajadores, al violentarse los contratos colectivos y las condiciones generales convenidas en forma bilateral entre las representaciones sindicales y las instancias de dirección de los colegios.

Del mismo modo, esto trajo como consecuencia que se agudizara la represión laboral en los Colegios de Bachilleres de Puebla, Querétaro, Baja California, Tabasco y Oaxaca entre otros. En el caso de Guerrero a quienes no se les ha entregado en tres años consecutivos ni un solo centavo para el fin que la Cámara de Diputados aprobó dichos recursos. Así como la persecución política de líderes sindicales de Querétaro, Puebla y Baja California, llegando al absurdo de imponer las autoridades locales dirigencias sindicales a capricho y conveniencia del Estado.

Cabe destacar que el Colegio de Bachilleres es un organismo descentralizado cuya relación laboral se establece de manera directa con cada entidad federativa. Existen más de quinientos planteles en el territorio nacional y los trabajadores, constituidos en diferentes sindicatos, han integrado una organización que reúne a los sindicatos del Colegio de Bachilleres de los estados, a la que le corresponde negociar con las autoridades el Programa de Nivelación Salarial para 26 estados de la república.

Las autoridades de la Secretaría de Educación Pública han logrado negociar con los trabajadores de algunas entidades federativas la posibilidad de homologar las retribuciones salariales con otras instituciones educativas afines, opción que no se ha logrado hacer extensiva al conjunto de representantes laborales de los sectores magisterial y administrativo de los Colegios de Bachilleres, pues no cumple con sus expectativas.

La nivelación salarial, la homologación o, bien, la rezonificación en el sector educativo constituye un tema de la mayor relevancia en la agenda nacional, en virtud del esfuerzo económico que representa y que, requiere en principio, de la ampliación de la capacidad recaudatoria a nivel federal como al nivel estatal. Sin duda, la demanda de servicios educativos a nivel medio y medio superior continuará con su crecimiento en los próximos años, por lo que en el mediano plazo resultarán insuficientes las asignaciones a la educación consideradas en el Ramo 33 del Presupuesto.

En relación al proyecto de Presupuesto para el 2009, la Secretaría de Educación Pública realizó una reagrupación de programas, con la finalidad de que año con año tengan efecto en el Presupuesto. Por lo que el Programa de Nivelación Salarial para el personal de los Colegios de Bachilleres, ahora se encuentra dentro del Programa de Subsidios Ordinarios para la Educación Media Superior y el monto que se destina es de 14 mil 715 millones 733 mil 686 pesos.

Conforme a lo anterior resulta de la mayor importancia llevar a cabo pláticas entre las autoridades de la Secretaría de Educación Pública y la Unión Nacional de Sindicatos del Colegio de Bachilleres con el propósito de establecer las bases de la nivelación salarial, ya que de mostrar ambas partes voluntad política para llegar a acuerdos, se distenderá un conflicto susceptible de afectar a los miles de estudiantes que actualmente cursan el nivel bachillerato en esa institución.

También es necesario que la Comisión de Presupuesto continúe asignando los recursos correspondientes para que se logre dicha nivelación salarial en los Colegios de Bachilleres de todo el país.

Por lo antes expuesto, y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la honorable Cámara de Diputados considere en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2009, el aumento de recursos para la nivelación salarial en beneficio de los trabajadores del Colegio de Bachilleres.

Segundo. Se exhorta a la Secretaría de Educación Pública a respetar el objetivo del Programa de Nivelación Salarial para el personal del Colegio de Bachilleres y trate de llegar a un acuerdo para lograr dicha nivelación.

Ciudad de México, a 7 de octubre de 2008.

Diputada Elsa de Guadalupe Conde Rodríguez (rúbrica)
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE QUE EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN DE 2009 SE CONSIDEREN RECURSOS PARA CONSTRUIR UNA ESCUELA DEPORTIVA DE ALTO RENDIMIENTO EN TLÁHUAC, DISTRITO FEDERAL, A CARGO DE LA DIPUTADA GUADALUPE SOCORRO FLORES SALAZAR, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD

La que suscribe, diputada Guadalupe Socorro Flores Salazar, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía la proposición con punto de acuerdo con base en las siguientes

Consideraciones

La cultura física y el deporte son fundamentales para el desarrollo integral de las personas y de la sociedad. El ejercicio físico aumenta las capacidades, y disminuye la presencia de enfermedades producto del sedentarismo y el estrés de la vida moderna, incide favorablemente en la salud física y mental, mejorando el estado de ánimo y provocando con ello, una vida más sana y productiva.

En cuanto a derechos y libertades, el derecho a la práctica del deporte, es indispensable para elevar el nivel cultural y social de los ciudadanos, así como parte del derecho a la protección de la salud. La cultura física y el deporte constituyen factores importantes en la formación del ser humano, permitiendo una salud física y mental adecuada, complementa la educación e integra el desarrollo de niños y jóvenes.

Dimensionado el deporte como un instrumento que complementa la salud y una medida para promover actividades recreativas socialmente constructivas.

Las condiciones actuales por la que atraviesan los jóvenes del país, hacen necesario replantear esquemas y activar programas que incidan en su desarrollo de forma permanente e integral; trabajar para los niños y para los jóvenes, requiere de un ejercicio responsable y serio, que les facilite en el presente y en el mañana, una mejor calidad de vida, que los aleje de conductas ilícitas, impidiendo que este sector vulnerable se refugie en los problemas de delincuencia, drogadicción y alcoholismo. El deporte en su conjunto une al dinamismo de niños y jóvenes para procurar una mejor calidad de vida y generar deportistas de excelencia.

El deporte es un medio sumamente importante para establecer el carácter formativo, ejemplar y noble de quienes lo practican, y al mismo tiempo, los hace responsables ante la sociedad y en el entorno donde se desenvuelven.

En tal contexto, este planteamiento tiene por objeto, considerar la asignación de recursos federales para la construcción del Centro Deportivo de Alto Rendimiento en Tláhuac, Distrito Federal, y ello se justifica porque las unidades deportivas que existen en la demarcación no disponen de instalaciones acordes a las características requeridas para la preparación de deportistas y de escuadras de alto rendimiento y de competitividad.

La delegación Tláhuac está situada en el sureste del Distrito Federal, colinda al norte con Iztapalapa, al sur y suroeste con Milpa Alta y al oeste con Xochimilco; al ser limítrofe del Distrito Federal colinda al este con los municipios mexiquenses de Valle de Chalco Solidaridad y Chalco. Por su ubicación, es considerada como una delegación periférica y de características rurales, y tiene un relativo aislamiento respecto al centro de la Ciudad. Conforme a datos del Conteo de Población de INEGI-2005, la población de Tláhuac es de 344 mil 106 habitantes.

De acuerdo a Mapas de Pobreza por Ingreso y Rezago Social 2005, elaborado por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), Tláhuac mantiene un grado de rezago social medio a nivel localidad en el Distrito Federal.

Al año 2006, con datos elaborados por la delegación política de Tláhuac, ésta contaba en su infraestructura deportiva con 31 módulos deportivos, 1 unidad deportiva, 1 alberca, 1 escuela técnica de básquetbol, 2 campos de béisbol, 41 campos de fútbol sin empastar, 7 campos de fútbol rápido, 5 frontones y 1 gimnasio delegacional.

La acelerada dinámica poblacional de la jurisdicción en los últimos años, ha generado un importante incremento en la demanda de servicios sociales, en lo que concierne a la infraestructura del deporte, el número de instalaciones no ha aumentado cuantitativamente en proporción al crecimiento urbano.

Con base a la investigación La situación de los jóvenes en la Ciudad de México, elaborado por la Comisión de Juventud de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, en Tláhuac "los jóvenes enfrentan severos problemas de desarrollo, discriminación y exclusión social, esto se debe a múltiples factores, a causa de la inadecuada articulación de políticas públicas que atiendan las necesidades específicas de las y los jóvenes". Una de las delegaciones que tiene mayor crecimiento de su población joven es Tláhuac, lo cual tiene profundas implicaciones en los ámbitos económico, político y sobre todo social, que se traduce en demandas de servicios de salud, de educación, de vivienda, de mercado laboral, de actividades recreativas, culturales y deportivas, debido a que son insuficientes las áreas para la atención integral de los jóvenes. Ante la falta de oportunidades, los jóvenes se refugian en el alcoholismo, drogadicción, delincuencia y baja autoestima.

Con respecto a los estudiantes que destacan en diferentes disciplinas deportivas, se refleja que al término de sus estudios escolares, éstos tienden a alejarse definitivamente del ejercicio físico, debido a la falta de áreas destinadas al impulso de sus especialidades, propiciando con ello, la pérdida de talentos y la inversión destinada en la etapa escolar.

Con este centro deportivo, los usuarios –niños y jóvenes– que viven en la demarcación tendrán la valiosa posibilidad de practicar un deporte en las distintas ramas, a un nivel de alto rendimiento, constituyendo una alternativa de atención para su pleno desarrollo.

La construcción y operación de este centro deportivo impactará en el mejoramiento de las condiciones actuales de los deportistas, ya que actualmente con el objetivo de seguir entrenando muchos de ellos se desplazan hacia otros puntos de la ciudad y a distancias considerables de sus hogares. Los beneficios se verán reflejados en mejores desempeños e integrarlos en un mismo sitio, evitando que trunquen su crecimiento deportivo, promoviendo su desarrollo integral como personas ante su comunidad y familia.

Las disciplinas consideradas para esta escuela deportiva son para ciclismo, natación, clavados, nado sincronizado, polo acuático, atletismo, básquetbol, voleibol, tenis, tenis de mesa, tae kwon do, judo, karate, box, frontón, fútbol siete, squash, tiro deportivo, tiro con arco, levantamiento de pesas y gimnasia, entre otras. Los espacios considerados son para velódromo, centro acuático con alberca olímpica y plataforma de clavados, pista sintética de atletismo, pabellón polideportivo, pabellón de combate, pabellón de raquetas, sala de tiro deportivo, campo de tiro con arco, canchas de fútbol siete con pasto sintético, canchas de voleibol, canchas de usos múltiples, canchas de tenis, cancha de fútbol rápido, pista de trote, zona de palapas, área de juegos infantiles, oficinas administrativas, dormitorios, comedor, centro de medicina, aulas de enseñanza, plaza cívica, entre otros.

Esta proposición señala la importancia de que el Estado asuma su responsabilidad y compromiso con niños y jóvenes. Es un deber social del Estado el impulso de políticas públicas que beneficien a niños y jóvenes por igual, para que por medio de programas y acciones concretas evitemos que éstos se refugien en la delincuencia, la drogadicción y el alcoholismo.

Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito proponer al pleno de ésta Cámara, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. A fin de que en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2009, se destinen 80 millones de pesos, para la construcción de una escuela deportiva de alto rendimiento en la delegación Tláhuac, Distrito Federal.

Palacio Legislativo, octubre de 2008.

Diputado Guadalupe Socorro Flores Salazar (rúbrica)
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE QUE EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN DE 2009 SE CONSIDEREN RECURSOS PARA LAS ZONAS URBANAS DE MORELIA Y ZAMORA-JACONA, EN EL FONDO METROPOLITANO, A CARGO DEL DIPUTADO ÉRICK LÓPEZ BARRIGA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD

El suscrito, Érick López Barriga, diputado del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática por Michoacán, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite presentar proposición con punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución, al tenor de las siguientes

Consideraciones

A partir de la década de 1940 se registraron en México la formación y el crecimiento de zonas metropolitanas. Desde entonces, este moderno proceso de urbanización ha presentado un acelerado crecimiento a lo largo y ancho del territorio nacional.

Actualmente hay 56 zonas metropolitanas en el país, que se caracterizan por el crecimiento desmedido de la población, en zonas urbanas que concentran gran parte de la infraestructura económica y social, pero que además generan el establecimiento de una activa dinámica –también económica y social– entre dos demarcaciones distintas. Esto las ha llevado a ser consideradas los elementos de mayor jerarquía del sistema urbano en México, toda vez que en ellas se "concentran 56 por ciento de la población total del país, 79 por ciento de la población urbana y 75 por ciento del producto interno bruto nacional" (Consejo Nacional de Población, Conapo).

Sin embargo, aunque las zonas metropolitanas pueden incidir favorablemente en el desarrollo económico y social de sus respectivas regiones, también ocasiona grandes problemas por insuficiencia de las vías de comunicación o el abastecimiento de diversos tipos de servicios. Por eso se requieren acciones coordinadas para generar obras de infraestructura económica y social que permitan el surgimiento de redes urbanas de mayor envergadura, pero de manera ordenada.

Así, el Fondo Metropolitano surge como la necesidad de dar solución a los problemas generados por este fenómeno de urbanización. En el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2006 se aprobaron por primera vez mil millones de pesos para este fondo, que fue incluido en el Ramo 23, "Previsiones Salariales y Económicas", del PEF.

Ante el continuo crecimiento de las zonas metropolitanas en el país, se han incrementado de manera acelerada los recursos asignados a este fondo, por lo que en el PEF de 2007 el monto asignado se incrementó a 3 mil millones de pesos y en el de 2008 se aprobaron 5 mil 500 millones de pesos que, de acuerdo con el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, presentó un incremento real de 78.7 por ciento respecto al aprobado en 2007.

Con relación al presupuesto aprobado para 2008, cabe señalar que en el proyecto presentado por el Ejecutivo se habían considerado sólo 3 mil millones, lográndose en el aprobado la reasignaron de 2 mil 550 millones de pesos y la incorporación de 6 zonas metropolitanas (Guadalajara, Monterrey, León, Puebla, Querétaro y la Laguna).

Con la experiencia anterior, quedó evidenciada la necesidad de ampliar los recursos para el Fondo Metropolitano, pero también la necesidad de incluir otras poblaciones que cumplen las características de una ciudad cuyo crecimiento desmedido puede resultar en los problemas mencionados.

Así, vemos que el proyecto de Presupuesto para 2009 se han asignado a este fondo 5 mil 710 millones de pesos, pero esta vez se incluyen también las ciudades de Acapulco, Aguascalientes, Cancún, Mérida, Oaxaca, Tijuana, Tuxtla Gutiérrez, Veracruz y Villahermosa.

No obstante, se considera que se dejan fuera muchas otras ciudades que, de acuerdo con el estudio Delimitación de las zonas metropolitanas de México –realizado por la Sedesol, el INEGI y el Conapo– y con las Reglas de Operación del Fondo Metropolitano, cumplen las características para ser beneficiarias del fondo.

De acuerdo con lo anterior, la zona metropolitana de Morelia (739 mil 940 habitantes) y la de Zamora-Jacona (216 mil 48 habitantes) son susceptibles de ser beneficiadas por este fondo, toda vez que en ambas se presentan un acelerado crecimiento poblacional y un desarrollo económico que resulta de gran importancia para Michoacán, por lo cual se considera que deben incluirse para la reasignación de recursos en el PEF de 2009.

Por lo expuesto, someto a consideración de esta soberanía la aprobación del siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública que se incluya las zonas metropolitanas de Morelia y de Zamora-Jacona en el Fondo Metropolitano en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2009.

Salón de sesiones de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a 7 de octubre de 2008.

Diputado Érick López Barriga (rúbrica)
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE QUE EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN DE 2009 SE CONSIDEREN RECURSOS ADICIONALES PARA LA UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLÁS DE HIDALGO, A CARGO DEL DIPUTADO ÉRICK LÓPEZ BARRIGA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD

El suscrito, diputado federal Érick López Barriga, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática por el estado de Michoacán, con fundamento en el artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite presentar la siguiente proposición con punto de acuerdo, de urgente u obvia resolución, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

A los festejos del Bicentenario de la Independencia y del Centenario de la Revolución se han sumado tanto gobiernos de entidades federativas, como diversas universidades y organizaciones civiles, entre otros. Todos ellos con la intención de contribuir a tan magna celebración.

Estos festejos han desatado un interés generalizado por realizar todo tipo de actividades orientadas a la conmemoración de ambos acontecimientos. Para ello, se han propuesto actividades culturales, rescate de edificios que hayan sido importantes en el desarrollo de estos acontecimientos históricos, y diversas actividades académicas, entre las que destaca la realización de un coloquio latinoamericano referente a los procesos armados fundadores de las naciones. Como sede para dicho coloquio se ha propuesto al estado de Michoacán, por ser considerado "semillero de las ideas de la independencia y la justicia".

Consideramos que la participación de las universidades públicas resulta fundamental para la realización de este tipo de actividades y, principalmente, la de aquellas que, como la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, hayan tenido alguna importancia en los procesos de independencia y revolución.

Pero consideramos aún más importante la dignificación de esta institución, en el marco de los festejos del Bicentenario de la Independencia y del Centenario de la Revolución Mexicana, por las siguientes razones:

1. Porque fue una de las primeras universidades que se establecieron en el continente americano.

La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo fue una de las primeras instituciones educativas que se fundaron en el continente americano, junto con la Real y Pontificia Universidad de San Marcos (en Lima, Perú) y la Real y Pontificia Universidad de México. Desde entonces, tanto por sus aportes académicos como por la formación de importantes personajes para la vida política del país ha ocupado un lugar trascendental en la historia de México.

Esta universidad, que tiene sus orígenes en el periodo del virreinato, cuando en 1540 don Vasco de Quiroga fundara en Pátzcuaro el Colegio de San Nicolás Obispo. Posteriormente, en 1580, el colegio fue trasladado a la ciudad de Valladolid (actualmente Morelia).

Desde entonces, el colegio funcionó de manera regular hasta el siglo XIX; cuando, a pesar de que formaba parte importante del mundo intelectual novohispano, su actividad se vio abruptamente interrumpida a causa de la guerra de independencia; por lo que la Nicolaíta se mantuvo clausurada hasta 1847, año en que se reabrió para funcionar con normalidad.

A principios del siglo XX, tras años de inestabilidad resultado de la revolución, en 1917 el Colegio Nicolaíta se unió a otras instituciones académicas (la Escuela de Artes y Oficios, la Industrial y Comercial para Señoritas, la Superior de Comercio y Administración, la Normal para Profesores, la de Medicina y la de Juridisprudencia), con la biblioteca pública, el Museo Michoacano, el Museo de la Independencia y el Observatorio Meteorológico del estado, para constituirse oficialmente como: Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo; con lo que se convirtió en la primera universidad autónoma del continente.

2. Porque en ella se formaron los próceres de la Independencia.

Como egresado nicolaíta, es un honor decir que en esta casa de estudios se formaron los grandes próceres del movimiento independentista, como Miguel Hidalgo y Costilla, José María Morelos y Pavón, José Sixto Verduzco, José María Izazaga e Ignacio López Rayón; quienes además de haber mostrado sus dotes como estrategas militares, mostraron gran habilidad política, deseos de justicia, e hicieron aportes muy importantes en materia jurídica y constitucional al modelo de nación que se forjaba en esos momentos.

Basta citar como ejemplo a Miguel Hidalgo y Costilla, "padre de la patria", quien después de haber sido alumno, maestro y rector de esta casa de estudios, fuera uno de los iniciadores del movimiento independentista. A José María Morelos y Pavón "el siervo de la nación" quien además de haberse formado en esa casa de estudios se unió al movimiento independentista, y obtuvo grandes logros políticos, como la instalación del primer congreso de Anáhuac, en el que se dictaron las bases del constitucionalismo mexicano en el texto titulado "Los sentimientos de la nación". En este documento, que pasó a la historia con el nombre de Constitución de Apatzingán, y que es considerada la primera constitución mexicana, se defendía el principio de la soberanía popular y el derecho del pueblo a cambiar de gobernante según su voluntad; además, en ella se proclamó la división de los tres poderes: ejecutivo, legislativo y judicial. Vale recordar que su

apotegma: "que todo el que se queje con justicia, tenga un tribunal que lo escuche, y lo defienda contra el fuerte y el arbitrario", pasó a la historia como el cimiente del Poder Judicial mexicano, tan es así, que hoy día lo vemos inscrito en cada tribunal federal.

3. Porque esta importante universidad, cuna de los próceres de la Independencia, ocupa uno de los últimos lugares en asignación de presupuesto por alumno.

Actualmente, esta institución cuenta con una población estudiantil mayor a los 54 mil alumnos, que si bien, en su mayoría son del estado de Michoacán, también alberga a estudiantes procedentes de 18 estados de la República. Hoy día, la Universidad Michoacana de San Nicolás trabaja de manera continua para mejorar su calidad académica y garantizar su crecimiento mediante la expansión de la matrícula y la descentralización de sus servicios.

Como se puede constatar, la importancia de la universidad michoacana no sólo se debe a que a lo largo de su historia en ella se hayan formado muchas generaciones de mexicanos que hicieron importantes aportes al acontecer histórico del país, sino también al compromiso y empeño que la institución ha mostrado en la expansión y mejora de los servicios que ofrece a una amplia población.

Sin embargo, esta importante casa de estudios atraviesa actualmente por una importante crisis financiera de carácter estructural, que le impide cumplir cabalmente de las metas anteriores.

No es posible que instituciones como la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, en donde se formaron nuestros tan citados próceres, cuente con tantos problemas de carácter financiero y reciba un subsidio por abajo de la media nacional (de 29 mil pesos por alumno, cuando la media oscila en 50 mil pesos) que la mantiene entre las primeras universidades con mayor rezago en subsidio por alumno.

Esta indignante situación, además de provocarle un importante déficit financiero que pone en riesgo la calidad educativa de la misma, contraviene a los esfuerzos que se están realizando con miras al incremento de la matrícula, a la descentralización de servicios y a la mejora de los índices de la calidad educativa de la institución. Por lo que no podemos dejar de mencionar lo injusto que resulta el que universidades como ésta se encuentren en tan precarias condiciones.

En este sentido, se considera que la situación actual de la universidad michoacana es una mala forma de llegar a las celebraciones del bicentenario, y más aún, cuando las universidades, y ésta en particular, tendrán una participación activa, como uno de los principales lugares de difusión del conocimiento.

Por todo lo anterior, hago un llamado a sumar esfuerzos para que la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, cuya importancia como cuna de los próceres de la Independencia ya fue explicado, reciba un incentivo extra para que resuelva su situación financiera antes del 2010, y pueda llegar con dignidad a los festejos del Bicentenario, toda vez que esto constituiría un verdadero acto de justicia para esta universidad pública, que ha contribuido tanto a forjar nuestro actual modelo de nación.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta soberanía la aprobación del siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. Se solicita a la Comisión Especial de Apoyo a los Festejos del Bicentenario de la Independencia y del Centenario de la Revolución, y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, que se asigne un apoyo adicional para la dignificación de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, en el marco de los festejos del Bicentenario de la Independencia y del Centenario de la Revolución.

Salón de sesiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, a 02 de octubre de 2008.

Diputado Érick López Barriga (rúbrica)
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE QUE EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN DE 2009 SE CONSIDEREN RECURSOS PARA CREAR UN CENTRO DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA EN IZTAPALAPA, A CARGO DE LA DIPUTADA LOURDES ALONSO FLORES, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD

La que suscribe, Lourdes Alonso Flores, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LX Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo a fin de que en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2009 se asignen y etiqueten recursos para crear un centro de educación artística (Cedart) en la delegación Iztapalapa, en razón de la siguiente

Exposición de Motivos

En el país hay una larga e importante tradición de instituciones culturales que han desempeñado un papel relevante en los procesos de producción y reproducción de la vida cultural, que han salvaguardado y puesto en alto el patrimonio, desarrollando la investigación arqueológica, creando una importante infraestructura y ampliando los espacios sociales para el desenvolvimiento, disfrute y difusión de las artes.

El Instituto Nacional de Bellas Artes nació con una vocación nacional de promover la educación artística y la difusión de las artes. Merced a su impulso, se crearon institutos de bellas artes en diferentes entidades federativas, que cumplieron relevante función como precursores de la enseñanza artística en el país.

La creación del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, en 1988, fue significativa en muchos sentidos, a pesar del carácter limitado del estatuto jurídico de la institución, está enmarcada por la necesidad de crear una entidad capaz de dar organicidad y cohesión a la política cultural del Estado, dispersa en un gran número de instituciones.

La creación de los organismos estatales de cultura en los últimos 10 o 15 años tiene una doble importancia: por una parte, significó la constitución del organismo público que puede incorporar las visiones y propuestas de los actores locales en el ámbito de la cultura, y la posibilidad de pensar la cultura desde los intereses y la realidad de las localidades mismas, y no desde los gabinetes de la Ciudad de México, así como de incorporar la agenda de la cultura en la planeación estratégica de los gobiernos estatales.

En términos prácticos, esto se ha traducido en presupuestos especiales de magnitud variable, según el estado de que se trate, para las tareas de la promoción cultural y autonomía relativa en su planeación y ejecución.

Por tanto, y como parte de las responsabilidades institucionales de las autoridades federales y su compromiso con la cultura, a mediados de los setenta se crearon en el país 12 Cedart en la Ciudad de México, de los cuales ya sólo existen 38 en todo el país. Su objetivo era que los egresados se encargaran el de impartir la educación artística.

En la actualidad, este modelo educativo integra la formación del bachillerato general con el estudio de asignaturas provenientes de cuatro áreas artísticas. Por su carácter propedéutico, proporciona las bases y los conocimientos necesarios para continuar estudios de nivel superior, tanto en el campo de las artes como en las ciencias y las humanidades. A partir de la integración de saberes de la danza, la música, el teatro y las artes plásticas, contribuye al desarrollo de habilidades cognitivas, afectivas, sociales y expresivas, que redundan en una auténtica formación integral de los egresados.

En el país, la educación de los jóvenes y la relación con la cultura constituyen frecuentemente un área menor en las agendas gubernamentales, que en ocasiones deben acotar su ámbito de acción a la enseñanza regular, al tener que dar prioridad al uso de unos recursos escasos. Sin embargo, son crecientes los esfuerzos por proporcionar educación a los que no lograron insertarse con éxito en el sistema educativo.

Un diagnóstico sobre las causas de deserción de alumnos de las escuelas del Distrito Federal, elaborado por el gobierno de la Ciudad de México y el Fondo de la Organización de las Naciones Unidas para la Infancia reveló que la población en condiciones de abandono educativo asciende aproximadamente a 347 mil niños y adolescentes de 5 a 18 años de edad, cuya mayoría –282 mil 338– se encuentra en el rango de 15 a 18 años.

A partir de los 13 años de edad, el índice de deserción escolar se incrementa hasta en 43 por ciento en hombres y en 46 por ciento en mujeres de 18 años. Otro sector en condiciones altas de deserción lo forman quienes padecen algún tipo de discapacidad: 23.3 por ciento de los menores de entre 5 y 9 años no van a la escuela, 25.5 por ciento en el segmento de 10 a 14 años y casi 52 por ciento en el de 15 a 19 años.

El caso más grave se presenta en el grupo de madres adolescentes: de 330 censadas de 12 a 14 años, solamente 57 asisten a la escuela; es decir, 2 de cada 10, mientras que en el segmento de 14 a 19 años, de 35 mil 253 solamente 3 mil 479 van a la escuela; es decir, que 9 de cada 10 están en situación de marginación educativa.

La delegación política que concentra el mayor índice de deserción escolar es Iztapalapa.

En varios estudios se comprobó que hay una estrecha relación entre la marginación económica y social y la deserción educativa. En el caso de Iztapalapa, 9 de cada 10 niños y adolescentes que no asisten a la escuela habitan en unidades territoriales de media, alta y muy alta marginación.

Desde una perspectiva de los derechos humanos, la educación es un medio para que las personas desarrollen todas sus capacidades y potencialidades y tengan acceso a la herencia cultural de la humanidad. Además, la educación contribuye a que podamos exigir y ejercer otros derechos humanos. Mediante la educación, las personas aprenden a relacionarse unas con otras en un ambiente de respeto y de equidad. La educación es un derecho universal, y en México está garantizada mediante el artículo 3o. constitucional. Todos los mexicanos tienen derecho a la educación y, además, a no ser discriminados, de acuerdo con el artículo 1o. constitucional.

A manera de conclusión: en la actualidad no sólo no hay ausencia del Estado en las tareas del desarrollo cultural del país, sino que la promoción pública de la cultura es escasa. Hay muchas asignaturas pendientes, sobre todo en un país como éste, con enorme patrimonio cultural tangible e intangible, con gran vigor creativo, con gran densidad histórica, con una composición y dinámica social de gran complejidad y que enfrenta en lo interno y en lo externo circunstancias de cambio.

Crear un Cedart en la delegación Iztapalapa cubrirá algunos rezagos educativos, artísticos y, sobre todo, culturales de nivel medio superior, centrado en satisfacer las necesidades de la región suroriente del Distrito Federal.

Crear una institución sólida para que sea un semillero de jóvenes artistas, que se desarrollen en el ámbito profesional de la danza, el teatro, la música y las artes plásticas; por tanto, crear profesionales en esta área.

En razón de lo expuesto y fundamentado, me permito someter a consideración de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se solicita a las Comisiones de Educación Pública y Servicios Educativos, de Presupuesto y Cuenta Publica, y de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados que, en el marco del análisis, la discusión y la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2009, se consideren y etiqueten 70 millones de pesos para crear un centro de educación artística en la delegación Iztapalapa.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de octubre de 2008.

Diputada Lourdes Alonso Flores (rúbrica)
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE QUE EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN DE 2009 SE CONSIDEREN RECURSOS PARA DIVERSOS PROGRAMAS EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DE TABASCO, SUSCRITA POR DIPUTADOS DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD

Los suscritos, diputados Mónica Fernández Balboa, Rafael Elías Sánchez Cabrales, Roberto Mendoza Flores, Pedro Landero López, Antonio Ortega Martínez, Camerino Eleazar Márquez Madrid, Fernando Enrique Mayans Canabal, Francisco Sánchez Ramos y Silbestre Álvarez Ramón, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LX Legislatura del Congreso de la Unión, de conformidad con lo previsto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo con carácter de urgente y obvia resolución, de conformidad con la siguiente

Exposición de Motivos

Bajo un escenario de precipitación pluvial como el que actualmente se vive en Tabasco, a finales de octubre de 2007 se desencadenaron las inundaciones más graves en la historia reciente en nuestra entidad. El desastre fue de tal magnitud que conmocionó al conjunto de la sociedad mexicana. Aquella tragedia dejó un saldo de 383 mil damnificados y daños materiales por 35 mil millones de pesos.

En las semanas y meses previos a la tragedia los diputados del GPPRD alzamos la voz para pedir la implantación de medidas oportunas de prevención y para solicitar auditorias al Programa Integral contra Inundaciones (Pici), sin embargo, el gobierno de Andrés Granier ignoró nuestros señalamientos y con enorme soberbia subestimó las preocupaciones de los habitantes de Villahermosa.

Como ejemplo de esa insultante soberbia queda la edición del 9 de octubre de 2007 del periódico local Diario Presente (periódico afín al gobierno de Granier) en la que el secretario de Asentamientos y Obras Públicas de Tabasco, Héctor López Peralta declaro que "todos los ríos de Tabasco están protegidos con bordos" y que "los temores que mantiene la población sobre la ocurrencia de una tragedia son infundados" ya que "hoy la ciudadanía puede estar confiada de que eso no sucederá". Eso presumían los funcionarios del estado, molestándose además por cada vez que los diputados denunciábamos que las obras programadas no se habían ejecutado.

El tiempo y –lamentablemente– la tragedia nos dieron la razón, no se trataba de un golpeteo ni de críticas oportunistas; auditar las obras y recursos federales canalizados hacia el Pici era necesario ya que los 1 mil 170 millones de pesos del presupuesto federal erogados desde la creación del Pici hasta antes de las inundaciones nunca se vieron reflejados en obras del presupuesto que aprobamos.

Vale recordar que a partir de la presente legislatura federal, es decir, desde que cumplimos el encargo de la representación popular, los diputados hemos aprobado un mayor número de recursos para Tabasco en materia de infraestructura de protección. Es decir que a pesar de las muestras ineludibles de corrupción, y de desvío de recursos por parte de las autoridades estatales y federales en el Programa Integral contra Inundaciones, los diputados federales privilegiamos el compromiso con el pueblo tabasqueño al no cancelar e incrementar recursos para estas partidas bajo el convencimiento de que, dejar sin recursos para obras al gobierno estatal y federal en Tabasco es golpear no a un gobierno si no al pueblo y a la sociedad tabasqueña.

Es así que, a través de la partida 0316B000146 "Proyecto para protección de centros de población y áreas productivas en la cuenca del río Grijalva", hemos duplicado el presupuesto federal ya que hasta el año 2006 se habían destinado 789 millones 768 mil 880 pesos del presupuesto federal, es decir, un promedio de 197 millones 442 mil 220 pesos por año. Pero a partir del ejercicio de 2007, hicimos crecer esa partida destinando 346 millones 518 mil pesos, para 2008 se aprobaron 342 millones 792 mil pesos.

Lo anterior significa que Tabasco recibió para el Pici, a través del Programa Federal de Infraestructura de Protección a Centros de Población, la cantidad de 1 mil 479 millones 78 mil 880 pesos. Sin embargo, el jueves 8 de marzo el Senado de la República hizo público el documento "Informe sobre las inundaciones en 2007 en Tabasco" elaborado por el Instituto Mexicano de Tecnología de Agua (IMTA), el Instituto de Ingeniería de la UNAM, el Colegio de Posgraduados de Chapingo y el Instituto Politécnico Nacional, el cual aporta elementos importantes para el diagnostico de las causas que posibilitaron la tragedia. En el capítulo dedicado a las obras de infraestructura del Pici señala (p.17):

Por tal razón es que, en su momento, los diputados del GPPRD exigimos que, ante el daño patrimonial y de las circunstancias y calidad de vida de cientos de miles de tabasqueños, se deslinde el grado de responsabilidad de los tres órdenes de gobierno.

Al mes siguiente de la publicación del citado estudio, en una especie de borrón y cuenta nueva comenzó a implantarse el Plan Hídrico Integral de Tabasco (PHIT) bajo responsabilidad del gobierno federal y del gobierno de Tabasco contemplando el siguiente número de acciones y plazos:

Esas omisiones y esa ineficacia explica el nuevo estado de emergencia que nuevamente estamos viviendo los tabasqueños. Y por eso los diputados del GPPRD alzamos de nueva cuenta la voz para denunciar y señalar las causas.

Al PHIT se debieron destinar en este año - poco mas de 2 mil 017 millones de pesos, de los cuales 1 mil 085 millones deberán ser erogados a través del Fonden y los restantes 933 millones a través de la Conagua, además el PHIT contempla la participación de fundaciones como Cemex, Hábitat y Unidos por Ellos, que involucran acciones de construcción de viviendas para reubicación de población y cuyo destino y ejercicio de recursos tampoco ha sido clarificado y comprobado.

Sin embargo, las acciones desde abril se han limitado a las simple elevación y "enchapopotamiento" de bordos, así como a la transferencia de caudales (inundado la zona de la Chontalpa) con la construcción del la Cortina Permeable del río Carrizal que aun ni siquiera concluye.

A la fecha no existe una instancia encargada de dar seguimiento y emitir recomendaciones para asegurar el cumplimiento de las metas y objetivos de los programas que, para remediar y atender que el problema de las inundaciones se han implantado en Tabasco desde hace poco menos de 10 años, por ello se puede explicar que a pesar del constante y cuantioso flujo de recursos las metas y objetivos no se cumplimenten.

Por otra parte, es inadmisible que la Comisión Nacional del Agua, en voz de su titular, declare que la situación obedece a que el nivel de lluvias es extraordinario y que las precipitaciones rebasan el promedio de lluvias observado en el mes.

Tal parece que el titular de la Conagua no tiene conocimiento del grado de vulnerabilidad que padece Tabasco ante la intensificación de los fenómenos hidrometeorológicos derivados del llamado "cambio climático". Es claro que en los años venideros observaremos siempre lluvias mas intensas mes con mes y año con año, No podemos seguir empleando modelos predictivos y matemáticos para administrar presas y avenidas de ríos con promedios que consideran lluvias de hace 50 años, cuando el fenómeno del cambio climático era inimaginable. Hoy la realidad del cambio climático nos obliga a cambiar de paradigmas tecnológicos y científicos.

Ante el recurrente estado de emergencia es importante la conjunción de esfuerzos y garantizar que los recursos que los propios diputados aprobamos se ejerzan oportuna y eficazmente. Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. Incrementar en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2009 el monto del Programa de Construcción de Infraestructura para la protección a Centros de Población de manera tal que Tabasco pueda ejercer en esa partida un monto cercano a los mil millones de pesos en 2009.

Segundo. Incrementar en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2009 el monto del Programa de Agua Potable y Alcantarillado en Zonas Urbanas de manera tal que Tabasco pueda ejercer en esa partida un monto cercano a los 250 millones de pesos en 2009.

Tercero. Incrementar en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2009 el monto del Programa de Agua Potable y Alcantarillado en Zonas Rurales de manera tal que Tabasco pueda ejercer en esa partida un monto cercano a los 230 millones de pesos en 2009.

Cuarto. Crear tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores respectivas subcomisiones de trabajo encargadas de dar seguimiento a las acciones, cumplimiento de metas y objetivos así como los recursos federales empleados en el Plan Hídrico Integral de Tabasco. Las subcomisiones de trabajo deberán presentar un informe al Pleno con objeto de que la Cámara de Diputados determine en el ámbito de sus atribuciones, las medidas pertinentes en materia de fiscalización y de fincamiento de responsabilidades.

Quinto. Reestructurar el sistema de Protección Civil y de Alerta Temprana de Tabasco tomando como pilar fundamental la información oportuna. En particular proponemos que de los tiempos oficiales o en la compra de este en los medios masivos electrónicos se destine un espacio para que la Comisión Nacional del Agua difunda el nivel de avenidas de los ríos y contención de las presas.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de octubre de 2008.

Diputados: Mónica Fernández Balboa (rúbrica), Rafael Elías Sánchez Cabrales (rúbrica), Roberto Mendoza Flores (rúbrica), Pedro Landero López (rúbrica), Antonio Ortega Martínez, Camerino Eleazar Márquez Madrid (rúbrica), Fernando Enrique Mayans Canabal (rúbrica), Francisco Sánchez Ramos (rúbrica), Silbestre Álvarez Ramón.
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE QUE EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN DE 2009 SE CONSIDEREN RECURSOS PARA INSTALAR UNA TRITURADORA Y UNA CRIBADORA DE MATERIALES PÉTREOS EN SAN PABLO MACUILTIANGUIS, IXTLÁN DE JUÁREZ, ESTADO DE OAXACA, A CARGO DE LA DIPUTADA ALEIDA ALAVEZ RUIZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD

La suscrita, diputada federal de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta asamblea proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

San Pablo Macuiltianguis es uno de los 570 municipios del estado de Oaxaca. Se localiza en la región de la sierra norte, pertenece al distrito de Ixtlán de Juárez. Se ubica en las coordenadas 17°32’ de latitud norte y 96°33’de longitud oeste, a una altura de 2 mil 100 metros sobre el nivel del mar.

El municipio cuenta con una superficie de 162.03 kilómetros cuadrados, los cuales representan el 0.17 por ciento respecto del estado.

Grupos étnicos

De acuerdo con los resultados que presento el II Conteo de Población y Vivienda en el 2005, en el municipio habitan un total de 603 personas que hablan alguna lengua indígena.

Evolución demográfica

De acuerdo con los resultados que presento el II Conteo de Población y Vivienda en el 2005, el municipio cuenta con un total de 956 habitantes.

Actividad económica

La principal actividad económica es la explotación forestal, el 45 por ciento de la población se dedica a esta actividad, en la que se explota pino, encino y cedro.

Marginalidad

Según la medición de la Comisión Nacional de Población, la marginación del municipio implica un grado alto, por lo que es necesario realizar acciones que tiendan a mitigar la situación de extrema pobreza de los habitantes de dicha localidad.

Del proyecto que se propone a consideración, debe conocerse que la autoridad municipal ha avanzado en la elaboración del proyecto ejecutivo, sin embargo los recursos son insuficientes para concretar la compra de estos materiales que pueden potenciar el empleo y la captación de nuevos ingresos con los insumos naturales con los cuenta el poblado.

Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito solicitar al Pleno de esta Cámara de Diputados se someta a consideración la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se solicita que sean considerados dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2009 recursos por la cantidad de 18 millones de pesos (dieciocho millones de pesos 00/100 m.n.) para el municipio San Pablo Macuiltianguis, Ixtlan de Juárez, Oaxaca, con el fin de que se destinen al proyecto de "instalación de una trituradora y cribadora de materiales pétreos".

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de octubre de 2008.

Diputada Aleida Alavez Ruiz (rúbrica)
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA A INVESTIGAR LAS CAUSAS DE LOS MOTINES OCURRIDOS EN EL CENTRO DE READAPTACIÓN SOCIAL DE LA MESA, EN TIJUANA, A CARGO DEL DIPUTADO RICARDO FRANCO CAZAREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN

El que suscribe, diputado federal Ricardo Franco Cazarez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LX Legislatura de la honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite poner a consideración de esta soberanía la proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, conforme a los siguientes

Considerandos

Desde hace algunos meses todas las mañanas despertamos con noticias con un alto contenido violento, robos, asesinatos, secuestros, narcotráfico, violaciones, etcétera, lo realmente preocupante es que a la hora de dormir este tipo de noticias se repiten y, así, tal parece que día con día nuestra cultura va adaptándose a este tipo de circunstancias.

La violencia (palabra proveniente del latín violentia) es un comportamiento deliberado, que provoca, o puede provocar, daños físicos o psíquicos a otros seres, y se asocia, aunque no necesariamente, con la agresión ya que también puede ser psíquica o emocional, a través de amenazas u ofensas, este tipo de comportamiento se ha hecho "común" entre la sociedad mexicana, esta significación aunque vaga, encaja perfectamente para describir los actos suscitados en el penal de La Mesa, en el municipio de Tijuana.

El 14 de septiembre en el centro de readaptación social de La Mesa, en el municipio de Tijuana se registró un primer motín en el que según informes de la procuraduría inició aproximadamente a las 13:00 horas y se prolongó hasta la madrugada del 15 de septiembre en el área de internas, en entrevista el vocero de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal Agustín Pérez señaló que el saldo fue de 7 internos y tres agentes de distintas corporaciones que resultaron heridos y desmintió que hubiesen personas muertas durante este primer enfrenamiento.

Así, el pasado 17 del presente mes y año se suscitó un segundo motín en el que por desgracia el saldo fue de 30 heridos y 17 decesos, las principales peticiones de los reos son; el cese de abusos por parte de los custodios del penal, así como trato digno y mejores condiciones a los internos.

El pasado lunes 22 de septiembre, la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) estableció que la cifra de fallecidos como consecuencia de los dos motines hasta este momento es de 23, tres del primer motín, 17 del segundo y tres que murieron mientras recibían atención médica.

Medios locales publicaron la "lista" de personas que perdieron la vida en este horroroso suceso, y aquí viene lo mas absurdo del tema, no queremos mas listas, mas asesinatos, mas descensos.

Este es sin duda alguna, uno de los actos mas violentos que han azotado al estado de Baja California, por lo que creo necesario que desde aquí la máxima tribuna tan atroz acontecimiento sea vigilado y castigado con todo el rigor de la Ley a quién resulte responsable de tan lamentable acto.

Por lo antes expuesto

Se exhorta a la Procuraduría de Justicia del Estado de Baja California a investigar las causas de los dos motines ocurridos en el centro de readaptación social de La Mesa, en el municipio de Tijuana, y castigar a los responsables de conformidad con la ley.

Diputado Ricardo Franco Cazarez (rúbrica)
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE SOLICITAN A LA SEGOB, A LA SEMARNAT Y A LA SCT INFORMES DE LOS RECURSOS SOLICITADOS POR EL GOBIERNO DE VERACRUZ PARA ATENDER LOS DAÑOS QUE CAUSARON DIVERSOS EVENTOS METEOROLÓGICOS, A CARGO DE LA DIPUTADA GLORIA RASGADO CORSI, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD

Quien suscribe, Gloria Rasgado Corsi, diputada federal de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite someter a la alta consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, en calidad de urgente resolución, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Veracruz vive una tragedia social. Diversos eventos meteorológicos han propiciado en un lapso breve de tiempo, las mayores precipitaciones pluviales en muchos años; el desbordamiento de ríos, lagunas y pantanos, cuyos efectos han incrementado la desgracia que aqueja a cientos de miles de veracruzanos que de por sí viven en la marginación, el atraso y el olvido.

Advertir que ante el embate de la naturaleza nada puede hacer el hombre, es una verdad a medias. Y a veces las medias verdades suelen terminar siendo medias mentiras.

En Veracruz, la mano del hombre hizo su parte para contribuir a la tragedia que hoy viven cientos de miles de mexicanos.

En Veracruz, las instituciones también propiciaron las condiciones para que ante un evento meteorológico de la magnitud que hoy confrontamos, poblados enteros se fueran al agua; que carreteras mal construidas quedaron arruinadas, y que algunos ayuntamientos entraran en una parálisis total.

Lo peor de todo es que ante la tragedia, exista una línea política dictada por el gobernador de Veracruz, Fidel Herrera Beltrán, para lucrar política y electoralmente con la ayuda que se le entrega a quienes la demandan, y convertirla en votos en la elección federal, en el año 2009.

El saldo es alarmante: más de 400 mil damnificados; 66 municipios afectados; 38 ríos y 17 arroyos desbordados; graves daños a la producción agropecuaria; escuelas que no podrán reabrir sus puertas en meses; infraestructura carretera seriamente afectada, y la cancelación de cientos de programas de inversión, ya que los recursos destinados a ellos tendrán que ser empleados en la reconstrucción y en la ayuda de emergencia.

El sur de Veracruz ha sido una de las regiones más golpeadas por los torrenciales aguaceros, provocados por dos ondas tropicales.

Sin embargo, la tragedia no surgió de manera espontánea ni es huérfana. Haber modificado el entorno natural; construir obras con errores de planeación que supuestamente evitarían las inundaciones, y destinar materiales de pésima calidad en carreteras, principalmente las que se construyeron con asfalto, contribuyeron a hacer mayor la pesadilla que hoy viven miles de veracruzanos.

En poblaciones como Coatzacoalcos cerca de 20 colonias se inundaron porque a escasos kilómetros de ellas fueron rellenados los pantanos, que constituyen vasos reguladores precisamente cuando el nivel de los ríos aumenta por las precipitaciones pluviales. Se han venido rellenando esos pantanos con anuencia del gobierno federal y el disimulo del gobierno estatal. En consecuencia, el nivel de los ríos Coatzacoalcos y su afluente, el río Calzadas, creció de manera alarmante, provocando serios estragos a la población, quienes perdieron lo poco que tenían.

En una franja lineal de 10 kilómetros, a ambos costados de la autopista Coatzacoalcos-Minatitlán, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) consintió el relleno de pantanos al autorizar de manera sospechosa estudios de impacto ambiental, que supuestamente encuadraban dentro de las normas oficiales y dentro de la legalidad y, lo más sospechoso aún, se autorizó acorde con los criterios de los funcionarios de alto nivel que terminaron avalando con su firma semejante atentado contra la naturaleza.

Uno de los permisos para realizar el relleno le fue otorgado por funcionarios de la Semarnat en la Ciudad de México, a Petróleos Mexicanos, para que el predio sirviera como centro de válvulas en las obras de reconfiguración de la refinería Lázaro Cárdenas del Río, enclavada en Minatitlán. Ahí se asentó la compañía contratista que realiza esos trabajos, alterando así el espacio que ocupaba ese pantano.

Otras empresas privadas, unas dedicadas a la venta de automóviles, que utilizan el lugar como bodega, estacionamiento y almacén de vehículos, y unas más en el giro de la fabricación de piezas de acero, también rellenaron las áreas pantanosas.

En otras colonias de Coatzacoalcos, la Comisión Nacional del Agua también ha otorgado permisos para dragar el río, cuyos sedimentos han servido para rellenar un predio de 10 hectáreas que fue obsequiado por el gobierno de Veracruz a los empresarios Samy Hayek Domínguez y Jaime Quintanilla Garza, supuestamente para uso industrial, pero que terminaron convertidos en espacios deportivos.

Asimismo, cuatro colonias de Coatzacoalcos han sufrido inundaciones por la construcción del Acceso al Puerto de Coatzacoalcos, obra a cargo de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que impide el curso natural de las corrientes de agua y convierten esa zona de la ciudad en una gigantesca alberca, provocando que el agua de lluvia se introduzca en las casas de los vecinos.

En Minatitlán, el malecón quedó bajo las aguas del río Coatzacoalcos; el centro de la ciudad y el área aledaña a la refinería Lázaro Cárdenas del Río, también sufrieron inundaciones; lo mismo ocurrió con las comunidades cercanas. El muro construido al final del gobierno de Miguel Alemán Velasco para evitar inundaciones, simplemente no sirvió.

En Agua Dulce y Las Choapas, los dos municipios que colindan con el estado de Tabasco, ocurrieron inundaciones que pudieron evitarse si las obras de infraestructura en las que se invirtieron millonarios recursos años atrás hubieran obedecido a una planeación adecuada.

En Agua Dulce se desbordó el río Aguadulcita, pese a que desde el gobierno de Miguel Alemán Velasco se realizó un dragado con costo millonario. Las Choapas sufrió el embate de las lluvias, como ocurre cada año, sin que se desarrolle un plan para evitar esta clase de siniestros.

Municipio por municipio, región por región, la tragedia ha golpeado a un amplio territorio. Ha habido desolación y también muerte.

Contrario a lo afirmado por el gobernador de Veracruz, Fidel Herrera Beltrán, existe un saldo rojo. En la carretera de cuatro carriles que une la autopista Coatzacoalcos-Villahermosa con la población de Nanchital, el miércoles 25 de septiembre ocurrió un lamentable accidente en el que murieron un adulto y cuatro menores de edad. En pleno aguacero, el vehículo en que viajaban salió de la carretera y cayó al pantano. Los cinco ocupantes, entre ellos una pequeña de tan sólo dos años, murieron ahogados.

No fue, contra lo que dice la versión oficial, un hecho fortuito. Esa carretera, apenas inaugurada por Fidel Herrera Beltrán el 20 de julio pasado, presenta evidentes errores de construcción. En su marcha, los vehículos sufren altibajos; llegan a golpear su chasis y al salir rebotados después de chocar contra el asfalto, los conductores pierden el control de los automóviles.

Lo irónico es que esa carretera fue construida con una partida presupuestal de orden federal, precisamente del Fondo Nacional de Desastres. Fue licitada en el año 2007 y el ganador del concurso de obra, una empresa contratista apadrinada por un ex gobernador de Oaxaca, ofreció construirla con 42 millones de pesos. Además, se contrató los servicios de una empresa que realizó la supervisión de la obra y que cobró un millón de pesos.

Sin embargo, el gobernador de Veracruz, Fidel Herrera Beltrán, al inaugurar la obra destacó que la carretera había tenido un costo de 82 millones de pesos. O sea, la carretera de la muerte de don Fidel fue inflada en 40 millones de pesos; no sirve y ya provocó cinco muertes.

El gobernador de Veracruz y su gabinete en pleno, así como alcaldes y diputados han venido presionando al gobierno federal para que se agilice la entrega de recursos del Fonden para atender las necesidades de ayuda de emergencia a damnificados. Simultáneamente, han expresado su malestar porque de la solicitud de declaratoria de emergencia para 41 municipios, la Secretaría de Gobernación únicamente estimó que serían contemplados 8 municipios.

Nada se objetaría, de no ser por la malsana intención que conlleva la actitud del gobierno de Veracruz.

El gobierno de Fidel Herrera Beltrán y los municipios priístas afectados por las inundaciones, han lucrado con la tragedia de los veracruzanos. El reparto de despensas la realizan funcionarios vestidos con chamarras rojas, gorras rojas, sombrillas rojas, quienes entregan los víveres en bolsas rojas, como ocurrió en las campañas electorales locales en el año 2007.

El rojo es el color oficial del gobierno que encabeza Fidel Herrera Beltrán; el rojo es el color que usa en sus campañas el Partido Revolucionario Institucional, y el rojo es el color que usan los alcaldes priístas y con el que se promueven a costo millonario en las estaciones de televisión privadas y en la televisora del gobierno del estado de Veracruz.

El mensaje subliminal es evidente. Se trata de presentar a un gobierno que es a todas luces corresponsable de la tragedia, como si fuera el salvador del pueblo. Se intenta mitigar el impacto social, la pérdida de las pertenencias de los que poco tienen, con una ayuda que representa una factura política que habrán de pagar los ciudadanos en desgracia en la próxima elección federal.

La intención es clara: el gobierno de Fidel Herrera Beltrán, los diputados y los alcaldes priístas usan este funesto, amargo y triste episodio en la vida de los veracruzanos, para trasformarlo en capital político con miras a la elección federal del año 2009.

El uso del aparato político para promover a los alfiles del gobernador es tan descarado como cínico. El grupo de funcionarios que acuden a diversos rincones de la geografía veracruzana es encabezado por el secretario de Finanzas, Javier Duarte de Ochoa, y por el subsecretario de Protección Civil, Ranulfo Márquez, los dos principales aspirantes fidelistas a la gubernatura de Veracruz.

Es necesario que en aras de la normalidad democrática, esta soberanía integre una comisión de diputados que vigile el cumplimiento de la entrega de la ayuda a los ciudadanos damnificados en los términos de ley, y que evite el lucro político con la ayuda social.

Es menester señalar también que existen evidencias de que con motivo de desastres naturales anteriores, el gobierno de Veracruz suele inflar los montos reclamados. Desde el año 2005, duplicó, triplicó y hasta cuadruplicó la lista de daños, razón por la cual el gobierno federal se muestra renuente a acceder a sus peticiones hasta en tanto el gobierno fidelista no demuestre las afectaciones reales ocasionadas por los eventos meteorológicos.

Actitudes como la señalada, fracturan la confianza entre instituciones y generan retraso en la ayuda a los damnificados y, consecuentemente, una pérdida de credibilidad en las instancias encargadas de atender las necesidades más apremiantes de los damnificados, y una vez que se emita la declaratoria de desastre, sean canalizados los recursos para la reconstrucción.

Por todo lo anterior, en mi calidad de diputada federal por el distrito XI del estado de Veracruz, con sede en Coatzacoalcos, formulo la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

De urgente resolución.

Diputada Gloria Rasgado Corsi (rubrica)
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A REPLANTEAR LA ESTRUCTURA DE LA EVALUACIÓN DE LOS ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA REALIZACIÓN DE OBRAS, A CARGO DEL DIPUTADO PEDRO MONTALVO GÓMEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI

El que suscribe, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de conformidad con lo previsto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, con base en la siguiente:

Exposición de Motivos

México es pionero en materia de conservación del medio ambiente. Paulatinamente se ha fortalecido el marco jurídico que garantice el derecho colectivo a un medio ambiente sano para garantizar el desarrollo saludable y armónico de nuestra sociedad.

Con esa base, se incorporó en la Ley la exigencia de realizar estudios de impacto ambiental, que consisten en análisis basados en estudios de campo y de gabinete, encaminados a identificar, predecir, interpretar, valorar, prevenir y comunicar los efectos que una obra o proyecto pueden ocasionar sobre el medio, procurando que se minimicen los impactos ambientales negativos que sean previsibles.

A través del estudio de impacto ambiental se presenta de forma desarrollada el proyecto, en el cual se identifica su ubicación, vías de comunicación, datos generales de sus representantes, la descripción del medio físico, planos, identificación de acciones que pueden causar impactos y los efectos ocasionados a raíz del avance del proyecto, a través de las metodologías correspondientes, medidas de mitigación, prevención o corrección de los impactos identificados, el criterio de abandono y la vida útil del mismo.

En la evaluación del estudio de impacto ambiental, se engloban diversos procesos, como son los procedimientos jurídico-administrativos, el análisis del estudio de impacto ambiental, la confirmación en campo de la veracidad del estudio y la valoración de la mitigación de los impactos.

Este procedimiento se encuentra regulado en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en el Título Primero, Capítulo IV, Sección V, denominado "Evaluación del Impacto Ambiental", asimismo, existe un Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en Materia de Evaluación del Impacto Ambiental, en donde se detallan los casos y los pasos a seguir.

Desafortunadamente, el procedimiento actual es largo y tedioso, ya que a las personas que entregan una manifestación del impacto ambiental a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) para realizar una obra o actividad, se les da un plazo de sesenta días para recibir de la Secretaría una resolución de evaluación de la manifestación del mencionado impacto ambiental y cuando por las dimensiones y complejidad de la obra o actividad se justifique, la Secretaría puede, excepcionalmente y de manera fundada y motivada, ampliar el plazo hasta por sesenta días más.

Este es el caso del estado de Veracruz, donde el costo de dicho estudio promedia los 21 mil pesos, que no son recuperables se apruebe o no el proyecto y su precio se eleva por la demora de la respuesta, de los 60 días mencionados, en donde se detienen trabajadores y recursos fundamentales en todo proyecto social. No se trata de solicitar la eliminación del estudio de impacto ambiental, pero si es necesario que sea más eficaz y práctico, a fin de no castigar innecesariamente a quien tiene interés en realizar en alguna inversión, pequeña o mediana y que se expone a perder su patrimonio por estos trámites largos y difíciles de afrontar en estos momentos de dificultades económicas.

Es inconcebible, pero de 175 países evaluados por el Banco Mundial, México se encuentra en el lugar 61 en cuanto a las facilidades para arrancar un proyecto de inversión. Por ello, nos parece necesario que este Poder Legislativo haga un respetuoso pero firme llamado para que el Ejecutivo Federal replantee el procedimiento para realizar obras o actividades que impliquen una evaluación del estudio de impacto ambiental, acortando el plazo que tiene la Semarnat, para que de respuesta más ágil, salvaguardando la certeza jurídica de las personas y del Estado mismo.

Por lo anteriormente expuesto, presento a esta honorable asamblea proposición conforme al siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta al gobierno federal a replantear y acortar los plazos contenidos en el Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en Materia de Evaluación del Impacto Ambiental, para que la Semarnat emita la resolución de la evaluación de la manifestación de impacto sobre las obras y actividades que lo requieran, a fin de apoyar la certeza legal y económica de los inversionistas, en beneficio del empleo y del crecimiento económico del país, informando por escrito su respuesta a esta honorable soberanía.

Palacio Legislativo, a 7 de octubre de 2008.

Diputado Pedro Montalvo Gómez (rúbrica)
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A DESTINAR RECURSOS DEL FONDEN A DIVERSOS MUNICIPIOS DE TABASCO AFECTADOS POR LAS RECIENTES LLUVIAS, A CARGO DEL DIPUTADO GERARDO PRIEGO TAPIA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN

El que suscribe, Gerardo Priego Tapia, diputado federal a la LX Legisladora del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 34, párrafo 1, inciso c), 42, párrafo 1, y 43, párrafos 2 y 3, de la Ley Orgánica del Congreso General, somete a consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, de urgente resolución, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El 27 de octubre de 2007, las intensas lluvias provocadas por el frente frío número 4 causaron una histórica inundación en más de la mitad del territorio tabasqueño; el cual sumergió y paralizó durante un mes a la capital tabasqueña y le dejaron daños en más de 36 mil millones de pesos.

A casi un mes de que se cumpla un aniversario de ese desastre natural, los recuerdos y temores regresaron entre los tabasqueños. La historia se repite, carreteras federales, estatales y municipales, escuelas, iglesias, potreros, cultivos y centenares de viviendas de 202 localidades en 13 municipios de Tabasco permanecen inundadas por la creciente de siete ríos desbordados a causa de las recientes lluvias ocasionadas por la onda tropical número 33.

Hasta ahora, la Dirección de Protección Civil del estado contabilizaba 27 mil 591 tabasqueños afectados de los municipios de Balancán, Cárdenas, Centla, Centro, Cunduacán, Huimanguillo, Jalapa, Macuspana, Nacajuca, Paraíso, Tacotalpa, Teapa y Tenosique. De ese total sólo mil 704 reciben atención en 51 refugios temporales.

La zona con mayor concentración de personas afectadas se localiza en comunidades rurales y suburbanas de los corredores Teapa-Villahermosa y Gaviotas Sur-Raíces, así como otras colonias y fraccionamientos aledaños a Villahermosa.

Este bloque de asentamientos es afectado principalmente por la creciente del río de La Sierra, cuya corriente estaba fuera de su cauce casi un metro por arriba de su escala crítica.

La carretera estatal de 25 kilómetros de longitud Gaviotas Sur-Raíces, tiene cerca de 20 pasos de agua sobre la carpeta asfáltica y en un punto se encuentra deslavada e intransitable totalmente. En tanto la carretera federal Teapa-Villahermosa, tiene cuatro vados importantes del líquido derramado por el río La Sierra.

Todas las escuelas de nivel preescolar, primaria y secundaria de las cinco comunidades asentadas en la zona Gaviotas Sur-Raíces se encuentran anegadas, por lo obligadamente fueron suspendidas las clases.

Los gobiernos federal y estatal decretaron zona de emergencia y establecieron la etapa de evacuación del Plan DN-III en cinco comunidades rurales del municipio de Centro (Villahermosa) al agravarse la inundación por el desbordamiento del río La Sierra.

Aunque la Comisión Nacional del Agua (Conagua), pronosticó que la intensidad de las lluvias de la Onda Tropical 33 disminuirían en estos tres días siguientes, alertó que para el jueves volverían a incrementarse por la convergencia del Frente Frío número 2 y la Onda Tropical número 34.

Por estas razones, el suscrito diputado, somete a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta respetuosamente al gobierno federal a destinar, a través de la Secretaría de Gobernación, recursos del Fonden a los municipios del estado de Tabasco afectados por las recientes lluvias ocasionadas por la onda tropical número 33.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de octubre de 2008.

Diputado Gerardo Priego Tapia (rúbrica)
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA SEGOB A LIBERAR RECURSOS DEL FONDEN Y DEL FAPRACC PARA ATENDER A LA POBLACIÓN AFECTADA POR LA TORMENTA TROPICAL NÚMERO 33 EN VERACRUZ, A CARGO DEL DIPUTADO CELSO DAVID PULIDO SANTIAGO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD

El suscrito, Celso David Pulido Santiago diputado federal e integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LX Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente resolución, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

Las recientes lluvias provocadas por la tormenta tropical número 33 acompañada del frente frío número uno, han provocado inundaciones que han traído como consecuencia que en Veracruz se vean afectadas aproximadamente diez mil trescientas viviendas bajo el agua además de 695 comunidades y mas de 400 mil damnificados.

La Secretaría de Protección Civil del gobierno del estado ha señalado que hasta el momento son ya 70 el número de municipios afectados, así como 800 kilómetros de rutas dañadas, 13 puentes, 32 deslaves, 64 tramos carreteros, 137 caminos rurales afectados, desbordamientos de 41 ríos y de 17 arroyos.

En Minatitlán más de 40 calles, incluidas las del centro, se inundaron por la crecida del río Coatzacoalcos, a causa de las intensas lluvias. Esta situación, es considerada como la más catastrófica en los últimos 30 años, lo que obligó al desalojo de por lo menos 10 mil personas, donde el nivel del agua se elevó hasta cinco metros y cubrió comercios y viviendas, por lo que fue necesario aplicar el Plan DN-III de ayuda a la población en caso de desastre.

Las autoridades informaron el rescate de 332 personas en situación de riesgo en la zona de Las Choapas, Martínez de la Torre, Misantla, Llamatlán, San Andrés Tuxtla y Texistepec. Hasta el momento se informa que se han habilitado 64 albergues en 18 municipios, donde son atendidas unas 10 mil personas.

En el norte del estado, también hay inundaciones debido a que se desbordó el río Pánuco, el más importante de la región y están afectadas las comunidades El Moralillo, El Reventadero y Salvasuchil, municipio de Pánuco.

Las autoridades de protección civil han manifestado que de continuar las lluvias se incrementarán los niveles del río Tecolutla afectando a municipios como Gutiérrez Zamora, Coyutla, Espinal y Papantla, así como a los ríos Valle Nacional, Tesechoacan; Papaloapan, San Juan y Uxpanapan. Cabe señalar que de desbordarse estos ríos las consecuencias serían catastróficas para los habitantes de esa región de Veracruz.

De ahí la importancia de que se destinen los recursos del Fondo de Desastres Naturales (Fonden) y los del Fondo para Apoyar a la Población Rural Afectada por Contingencias Climatológicas (FAPRACC), para que el gobierno del estado y la Federación den una respuesta expedita y oportuna a la población afectada por las recientes lluvias.

Por lo antes expuesto, someto a la consideración de esta soberanía el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, exhorta al secretario de Gobernación a liberar los recursos del Fondo de Desastres Naturales (Fonden) y los del Fondo para Apoyar a la Población Rural Afectada por Contingencias Climatológicas (FAPRACC), para atender a la población afectada por la tormenta tropical número treinta y tres en el estado de Veracruz.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión a los 7 días del mes de octubre de 2008.

Diputado Celso David Pulido Santiago (rúbrica)
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, RELATIVO AL ASESINATO DEL LOCUTOR ALEJANDRO ZENÓN FONSECA ESTRADA, DE LA CADENA EXA, OCURRIDO EN VILLAHERMOSA, TABASCO, A CARGO DEL DIPUTADO GERARDO PRIEGO TAPIA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN

El que suscribe, Gerardo Priego Tapia, diputado de la LX Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 34, párrafo 1, inciso c); 42, párrafo 1, y 43, párrafos 2 y 3, de la Ley Orgánica del Congreso General, somete a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, de urgente resolución, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El conductor radiofónico Alejandro Zenón Fonseca Estrada, conocido como El Padrino Fonseca, falleció en el hospital la madrugada del miércoles 24 de septiembre del presente año por las heridas de bala que recibió al ser agredido la noche del martes 23 de ese mes cuando colocaba en la vía pública una manta en contra del secuestro.

Alrededor de las 21:00 horas del martes 23 de septiembre, el locutor se encontraba en la parte trasera de una camioneta con la intención de colgar la sexta lona gigante de una campaña que personalmente emprendió en rechazo de la inseguridad que aqueja a la entidad, cuando fue baleado por un grupo de hombres.

Fonseca Estrada, conductor durante seis años del programa matutino El Padrino, de la cadena Exa, comenzó desde las 18:00 horas a colocar los mensajes: "No, al secuestro. ¡El secuestrador vive hasta que el ciudadano quiere!" y "No al miedo, al secuestro, a la impunidad, a las mentiras".

"Unos sujetos se aproximaron en una camioneta compacta al parecer de la línea Patriot de Chrysler. Le dijeron que quitara las mantas, pero como no les hizo caso le dispararon", relató uno de sus colaboradores que lo acompañaba en la transitada esquina de las avenidas Paseo Tabasco y Adolfo Ruiz Cortines.

La Procuraduría General de Justicia de Tabasco informó que el locutor murió en el hospital donde era intervenido y que en el lugar de los hechos localizó un cargador para AR-15.

Elementos de las fuerzas de seguridad y militares efectuaron un operativo para localizar a los agresores, sin éxito.

De acuerdo a las versiones y datos recabados tras el artero crimen del "Padrino Fonseca", asentados en la averiguación previa Vhsa-ADF-B-5/2008, las autoridades locales no han identificado a ningún sospechoso..

Sin embargo, según los resultados de la necropsia de ley que se le practicó al cuerpo del "Padrino Fonseca", este reveló que el deceso fue por anemia aguda producida por doble proyectil de arma de fuego, aunque tampoco se dio a conocer el calibre de la ojiva, se deduce por el cargador encontrado en el lugar de los hechos que es de .223 los cuales son utilizados en las AR-15 y Ak-47.

Declaraciones de familiares y amigos, confirmaron que el comunicador no tenía problemas aparentes ni había recibido algún tipo de amenazas; esto pese a que durante la semana mantuvo como temas principales la inseguridad y el secuestro en su programa de radio, además de la exigencia de mejores leyes para el castigo de los delincuentes.

Pese a que no se mantiene una línea de investigación segura sobre los motivos que llevaron a la muerte de Alejandro Zenón, las autoridades estatales no descartan que se trate de algún tipo de represalia por parte de la delincuencia organizada, por el tipo de mensajes que enviaba, tanto a la sociedad civil como a las autoridades.

¿Hasta cuándo seguirán estos intentos por acallar las voces que informan a la sociedad? ¿Hasta cuándo las autoridades darán certidumbre a la sociedad de la existencia plena de un estado de derecho? ¿Cuántos comunicadores más tendrán que ser sacrificados, secuestrados o agredidos?

Con este caso, sería el cuarto en lo que va de la actual administración de agresiones a periodistas en el estado, recordemos la desaparición el 20 de enero de 2007 de Rodolfo Rincón Taracena, reportero del Tabasco Hoy, en mayo dejaron la cabeza del delegado municipal de El Cedro, municipio de Nacajuca, dentro de una hielera frente a la puerta del diario Tabasco Hoy, en junio del mismo año, Juan Padilla, director editorial del diario El Correo de Tabasco de Villahermosa, fue amenazado en una nota que dejaron afuera de la puerta del periódico dos días después que una cabeza decapitada fue hallada en el lugar. La nota decía: "Tú eres el próximo, director", cuyos casos han quedado en los archivos de la Procuraduría estatal quedando impunes.

Por estas razones, el suscrito diputado, somete a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorta a la Procuraduría General de la República, para que tome las medidas conducentes para que se investigue con celeridad y profundidad el asesinato del locutor de la cadena Exa, Alejandro Zenón Fonseca Estrada, ultimado el pasado miércoles 24 de septiembre de 2008.

Segundo. Se exhorta a la Procuraduría General de Justicia de Tabasco para que a la brevedad, y en el ámbito de sus atribuciones, lleve a cabo conforme a lo establecido por la ley las investigaciones ministeriales relacionadas con el asesinato del locutor de la cadena Exa, Alejandro Zenón Fonseca Estrada.

Tercero. Se exhorta al gobierno de Tabasco para que asegure, de manera inmediata, la seguridad de los periodistas al realizar su ejercicio profesional y el derecho a estar informados de todos los ciudadanos.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de octubre de 2008.

Diputado Gerardo Priego Tapia (rúbrica)
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE SOLICITA A LA SEGOB QUE REANUDE LAS NEGOCIACIONES QUE EL GOBIERNO Y EL MAGISTERIO DE MORELOS REALIZABAN EN ESA DEPENDENCIA PARA SOLUCIONAR EL CONFLICTO DERIVADO DEL ACUERDO POR LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN, A CARGO DEL DIPUTADO ADRIÁN PEDROZO CASTILLO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD

El que suscribe, diputado Adrián Pedrozo Castillo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LX Legislatura, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta honorable asamblea proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, a efecto de solicitar a la Secretaría de Gobernación reanude las negociaciones en esa dependencia, entre el gobierno del estado de Morelos y magisterio de la entidad, a efecto de solucionar el conflicto derivado del Acuerdo para la Calidad de la Educación, bajo las siguientes

Consideraciones

Como es del conocimiento público, el pasado fin de semana quedaron rotas las pláticas que se estaban realizando en la Secretaría de Gobernación entre el gobierno del estado de Morelos y el magisterio de la sección sindical 19 en la entidad, mediante las cuales se buscaba llegar a un acuerdo para solucionar el conflicto derivado de la demanda de los docentes de la entidad para suspender el Acuerdo Nacional para la Calidad de la Educación.

Ante ello, este lunes 30, el Movimiento Magisterial de Bases (MMB) manifestó su disposición para retornar a la mesa de negociación con el gobierno del estado, por lo que hizo un nuevo llamado público al mandatario de Morelos a restablecer el diálogo en la Secretaría de Gobernación, como una señal de buena voluntad para arribar a un acuerdo y reanudar las actividades escolares suspendidas en el 93 por ciento de los planteles de educación de la entidad.

El magisterio morelense ha sido enfático en subrayar la necesidad de restablecer el diálogo, de manera seria y responsable, pues los docentes tampoco quieren perjudicar a los escolares con la suspensión de clases, sino buscar una salida al conflicto.

La ruptura del diálogo o su no reanudación para un lograr un acuerdo, puede generar que el conflicto magisterial de Morelos alcance proporciones más preocupantes, pues como en toda lucha social sus integrantes no tienen más remedio que mantener sus acciones y movilizaciones como medida de presión para ser escuchados y atendidos por la autoridad, cuando esta autoridad, en el caso de Morelos compete el gobernador, tiene la responsabilidad y obligación de atender cualquier reclamo ciudadano.

En el caso nuestro, como legisladores tampoco podemos hacer oídos sordos ante un conflicto, que por lo demás no es privativo de la inconformidad de los docentes de Morelos, sino de otros estados como Guerrero, donde el magisterio también demanda la cancelación del Acuerdo para la Calidad de la Educación.

Por ello, el propósito del presente punto de acuerdo es hacer un llamado a la Secretaría de Gobernación a que reanude las negociaciones en esa dependencia entre el gobierno del estado de Morelos y el magisterio de la entidad.

En consecuencia, solicito de ustedes, compañeros y compañeras, un voto favorable para el propósito señalado y contribuyamos a la reanudación del diálogo, mediante la aprobación del siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados solicita a la Secretaría de Gobernación reanude a la brevedad las negociaciones que se estaban llevando a cabo en esa dependencia, entre el gobierno del estado de Morelos y los docentes de la Sección 19 en la entidad, para lograr una pronta solución al conflicto magisterial.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los siete días del 2 de octubre de 2008.

Diputado Adrián Pedrozo Castillo (rúbrica)
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LOS CONGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A ACTUALIZAR SUS ORDENAMIENTOS EN MATERIA DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA, A CARGO DEL DIPUTADO CARLOS ARMANDO REYES LÓPEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN

El suscrito, Carlos Armando Reyes López, diputado de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en el artículo 58, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a la consideración de esta honorable asamblea proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las entidades federativas a actualizar sus ordenamientos en materia de responsabilidad administrativa, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El Plan Nacional de Desarrollo establece que la política de desarrollo social y humano tiene como objetivos rectores: mejorar los niveles de bienestar de los mexicanos, acrecentar la equidad y la igualdad de oportunidades.

Para cumplir los compromisos adquiridos en el Plan Nacional de Desarrollo, la administración pública se organiza mediante programas de gobierno, los cuales surgen como respuesta específica a las necesidades de la población, con objeto de impulsar el desarrollo social de los mexicanos, facilitar acciones orientadas a la evaluación y materializar resultados.

Aunque la focalización de recursos públicos, aparece como un concepto sencillo, en la práctica ha requerido varios años para diseñar y poner en práctica herramientas que permitan alcanzar satisfactoriamente los objetivos planteados en cada programa.

La correcta aplicación de los recursos representa un aspecto esencial de la modernización que Acción Nacional pretende impregnar a la actual política social.

El interés de nuestro gobierno esta encaminado para que cada programa dirigido a atender una necesidad social, tenga un impacto tangible, se garantice que cada peso invertido beneficie a quien verdaderamente lo necesita y contribuya a reducir las asimetrías sociales.

Acción Nacional reprueba y condena a todos aquellos funcionarios públicos, que sabiendo que los recursos públicos que son destinados al apoyo social o al subsidio de las actividades económicas son reducidos, hagan uso de ellos para el enriquecimiento personal. Ejemplos aún existen y es por esta razón que he presentado una iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, para que se castigue en forma enérgica ésta práctica, incrementando en un 50 por ciento la sanción que se le establezca a quien resulte culpable.

Para Acción Nacional el desarrollo social es un proceso permanente mediante el cual se deben acortar las brechan sociales y permitir que cualquier mexicano acceda a las oportunidades sin distinción alguna y en cualquier entidad federativa.

Por lo anterior y para hacer frente a los retos actuales en materia social, necesitamos la corresponsabilidad de los tres órdenes de gobierno, construyendo una homologación en todo el territorio nacional respecto a la transparencia de los apoyos sociales, la eficiencia en su entrega y sobre todas las cosas, implementar castigos mas severos a quien haga uso de los recursos públicos dirigidos a programas sociales.

El problema de la pobreza es amplio, la agenda es compleja y las soluciones requieren coordinación y corresponsabilidad del Congreso de la Unión, de la Federación y de los estados y municipios. En este orden de ideas, y reconociendo el esfuerzo de todas las fuerzas políticas por incrementar año con año el presupuesto para atender las necesidades de los más desprotegidos, pongo a su consideración el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a los Congresos locales de todas las entidades federativas para que realicen una actualización de sus ordenamientos en materia de responsabilidades administrativas y castiguen en forma enérgica al que haga uso indebido de los recursos asignados para la ejecución de programas sociales o de subsidio, destinado para fomentar el desarrollo de alguna actividad productiva.

Dado en Palacio Legislativo, a 7 de octubre de 2008.

Diputado Carlos Armando Reyes López (rúbrica)
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LOS TITULARES DE LA SHCP, DE LA SEP Y DEL CONACULTA A TOMAR PREVISIONES PRESUPUESTALES EN FAVOR DE LAS CIUDADES PATRIMONIO MUNDIAL, SUSCRITA POR LOS DIPUTADOS AURORA CERVANTES RODRÍGUEZ Y JOSÉ ALFONSO SUÁREZ DEL REAL Y AGUILERA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los firmantes, diputada y diputado, integrantes del Grupo Parlamentario del PRD, presentamos ante esta honorable asamblea una proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Desarrollo Social, a la Secretaría de Turismo y a la Secretaría de Educación Pública, por medio del Instituto Nacional de Antropología e Historia, a que integren una mesa de trabajo y desarrollen programas que atiendan los problemas transversales de las once Ciudades Patrimonio Mundial, registradas en las 10 declaratorias registradas en la UNESCO a partir de su última reunión en Quebec, de conformidad con las siguientes:

Consideraciones

La Convención de Ciudades Patrimonio Mundial es una convención que se establece en 1984, y tiene como propósito registrar, resguardar y desarrollar con servicios a visitantes y habitantes de las ciudades con un valor singular, cultural tradicional o por sus reservas naturales, junto con el registro de los sitios con declaratoria de patrimonio cultural de la humanidad representan obligaciones a loa países parte de una serie de políticas que implican previsiones presupuestales. Estamos hablando pues, de ciudades vivas, que tienen los retos de proveer servicios a su población, pero que éstos pueden instalarse con tecnología específica con el fin de no modificar ni violentar la arquitectura, la estética, las tradiciones culturales, las fiestas ni los valores intangibles característicos de esas ciudades. Existe una coadyuvancia de la Federación, en dichas políticas culturales y una obligación, en las previsiones presupuestales, porque es la Federación quien signa y ratifica dichas convenciones.

Con la Convención de Ciudades Patrimonio Mundial se establece una oportunidad para implementar políticas de desarrollo social integradas a los servicios culturales y turísticos, pero también representa una gran responsabilidad, ya que esta pertenencia a la convención, puede perderse si no se aseguran los recursos que garanticen los servicios a la población, a la conservación y al turismo. Las ahora 11 Ciudades Patrimonio Mundial como ciudades habitadas, presentan una problemática compleja, por su carácter de lugares con fuertes movimientos económicos y sociales, y que adicionalmente pueden convertirse en una fuente de turismo y riqueza.

La Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO contiene 791 bienes culturales, naturales y mixtos distribuidos en 129 países; entre los cuales México ocupa el octavo lugar en el mundo y el primero en el continente americano al contar con 25 bienes culturales y naturales registrados en dicha lista. Cabe mencionar que en la 32 reunión del Comité de Patrimonio Mundial de la UNESCO, en Quebec, nuestro país fue distinguido con la inclusión de San Miguel Allende como Ciudad Patrimonio Mundial y la reserva de la Mariposa Monarca.

Ha sido una preocupación de las dos últimas legislaturas desarrollar las políticas específicas a favor de los sitios y ciudades inscritas en el Registro de Patrimonio Mundial. Que en los proceso de integración del Presupuesto de Egresos para los ejercicios de 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008, los diversos grupos parlamentarios de esta Cámara, conscientes de la necesidad de impulsar acciones en favor de las diez declaratorias y once ciudades mexicanas consideradas como Patrimonio Mundial por la UNESCO. Cada año se presentan nuevas propuestas para establecer previsiones presupuestales, aplicables a la conservación y preservación de los centros históricos mexicanos, inscritos en la lista de Patrimonio Mundial. Esto representa una coadyuvancia del Poder Legislativo para armonizar nuestra legislación, y otorgar las condiciones financieras, para así dar cumplimiento a los compromisos internacionales que se derivan de la Convención de Naciones Unidas sobre Conservación del Patrimonio Cultural y Natural, signada y ratificada por nuestro país en 1984.

Recientemente en la 32 reunión de la UNESCO, en Quebec, se incluyeron dos nuevos sitios: la reserva natural de la Mariposa Monarca y la del poblado de San Miguel el Grande, con lo que contamos con 29 bienes registrados. Ocupamos el sexto lugar en la Lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO, y el primer lugar en la del continente americano.

Sin embargo, el ejercicio de recursos en Conaculta es un verdadero obstáculo para los gobiernos responsables de instrumentar las políticas a favor de las Ciudades Patrimonio Mundial, en dos años el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, ha liberado únicamente 20 millones; mientras la Sedesol ejerció en un solo año, 46.5 millones de pesos y la Secretaría de Turismo 14 millones de pesos. Es injusto que la proyección de México en una convención cultural tan importante como la Lista de Patrimonio Mundial se reciba con una reducción de recursos. Es absurdo que el subsector cultura pretenda retirar recursos identificados plenamente por esta soberanía. Quiero recordarle que en el Presupuesto aprobado por esta soberanía no se modificó ningún monto ni partida del proyecto de Presupuesto 2008.

De los 80 millones contenidos en el proyecto de Presupuesto de Egresos en 2007, se partió –y se reportó en un rubro específico referido a Ciudades Patrimonio Mundial, el inciso III, de dicho documento– para la ampliación de recursos en el dictamen que la Comisión de Cultura entregó a la Comisión de Presupuesto y que fue el documento con el que se lleva a cabo la aprobación y publicación del decreto del Presupuesto de Egresos para la Federación 2008.

Que en el dictamen referido, que la Comisión de Cultura envía a la Comisión de Presupuesto, se documenta, adicional a los 80 millones contenidos en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2008, una ampliación de 5.7 millones que finalmente fueron etiquetados como ampliación, esto es, adicionales a los 80 millones, repito, ya contenidos en el Proyecto del Presupuesto de Egresos en la partida 7500.

No es posible que abandonemos a nuestros sitios y Ciudades Patrimonio Mundial a la suerte de la incuria del titular de Conaculta, que pretende desconocer una disposición del Poder Legislativo y dejar sin recursos a las siguientes ciudades:

Si se trata de rendir cuentas, qué cuentas otorgaremos a nuestros representados, a los gobiernos responsables de dichas ciudades cuando les abandonamos en este problema tan grave, por todo lo expuesto, sometemos a la consideración de esta soberanía, el siguiente

Punto de Acuerdo

Uno. Esta soberanía exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Secretaría de Educación Pública, al titular del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, a tomar las previsiones presupuestales a favor de las Ciudades Patrimonio Mundial.

Dos. Se solicita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Secretaría de Educación Pública, al titular del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, a reasignar la totalidad de los recursos de las asignaciones del Anexo 23 H, que no son ejecutables por faltar a los lineamientos únicos para el otorgamiento de donativos, al fondo de las Ciudades Patrimonio Mundial.

Palacio legislativo de San Lázaro a 7 de octubre de 2008.

Diputado José Alfonso Suárez del Real y Aguilera (rúbrica)

Diputada Aurora Cervantes Rodríguez (rúbrica)
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE SOLICITA AL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE PETRÓLEOS MEXICANOS INFORMACIÓN REFERENTE A LAS PÉRDIDAS OCASIONADAS POR TOMAS CLANDESTINAS, A CARGO DEL DIPUTADO JAVIER MARTÍN ZAMBRANO ELIZONDO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN

El que suscribe, Javier Martín Zambrano Elizondo, diputado federal de la LX Legisladora del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 34, párrafo 1, inciso c), 42, párrafo 1, y 43, párrafos 2 y 3, de la Ley Orgánica del Congreso General, somete a la consideración de esta soberanía la proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

De acuerdo con los datos ofrecidos en junio de 2008 por el ingeniero Marino Nieto Garza, subdirector de Distribución de Pemex Refinación, el sistema de transporte de hidrocarburos por ducto, a cargo de Petróleos Mexicanos (Pemex), está conformado por 55 mil 331 kilómetros, de los cuales, 37 mil 257, el 67 por ciento, son ductos de transporte en operación que varían de 4 hasta 48 pulgadas de diámetro.

Este sistema de ductos está compuesto por 70 estaciones de compresión y 99 estaciones de bombeo, con una potencia total instalada 3.6 millones de caballos de potencia. Lo anterior, sin tomar en cuenta la capacidad de los equipos que se encuentran dentro de los centros de proceso y que no están a cargo de las áreas o no están clasificadas como transporte ni almacenamiento.

En particular Pemex Refinación cuenta con 5 mil 197 kilómetros de oleoductos para el suministro de crudo a 6 refinerías y 8 mil 835 kilómetros de poleoductos para el transporte refinados a terminales de almacenamiento.

Pemex Gas cuenta con un sistema integrado por 8 mil 985 kilómetros de gasoductos, 3 mil 51 kilómetros de ductos de gas LP y petroquímicos básicos; 498 kilómetros de ductos petroquímicos secundarios; 20 terminales de distribución de gas LP; y diez centros procesadores de gas.

Por su parte Pemex, Exploración y Producción cuenta con 10 mil 691 kilómetros de ducto de transporte operando, entre los que se encuentran los ductos marinos y 18 mil 74 kilómetros de ductos de descarga y producción de pozos.

La capacidad nacional de almacenamiento es superior a los 16.6 millones de barriles nominales con 621 tanques.

Un problema que por su naturaleza ha tomado una alarmante gravedad es el de las tomas clandestinas, en donde la tendencia ha registrado un incremento del 51 por ciento en 2006, y 136 por ciento para 2007, en comparación a 2005, cuando se registraron 137 tomas. El robo de hidrocarburos, tanto de productos terminados como de condensados, a través de de tomas clandestinas, delito que daña el patrimonio nacional y representa un peligro para las comunidades cercanas a los ductos que los transportan.

Según información presentada en diversos medios de comunicación, en 2007 se registraron 323 tomas clandestinas y, para el 12 de junio de 2008, ya se habían detectado 152. Además, las tomas clandestinas efectuadas en los oleoductos han observado un incremento preocupante al pasar de tres en 2005 a 165 en 2007, y 84 en lo que va del presente año.

Durante 2007, a nivel nacional, Pemex contabilizó el robo de 53.1 millones de litros de gasolina, diesel, turbosina y petróleo crudo, registrándole pérdidas superiores a los 272 millones de pesos.

Dada la magnitud del problema, Pemex, en coordinación con dependencias federales, ha instrumentado operativos para proteger la red nacional de ductos, sin embargo, la tendencia para 2008 va en aumento.

Ante esta situación, es importante que el Congreso de la Unión conozca la magnitud del problema, con la finalidad de proveer los instrumentos legales que ayuden a hacer frente a este tipo de ilícitos de manera eficaz y en coordinación con las dependencias de procuración de justicia.

Por estas razones, el suscrito, somete a consideración de esta soberanía la proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. Se solicita respetuosamente al Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos que informe a esta soberanía el estado que guarda el almacenaje de hidrocarburos en relación con las pérdidas por tomas clandestinas, con la finalidad de proveer los instrumentos legales que ayuden a hacer frente a este tipo de ilícitos de manera eficaz.

Segundo. Se solicita respetuosamente al Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos que informe a esta soberanía de los resultados de los operativos que, en coordinación con dependencias federales, han instrumentado para frenar la toma clandestina de hidrocarburos.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de octubre de 2008.

Diputado Javier Martín Zambrano Elizondo (rúbrica)
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, RELATIVO A LA PROHIBICIÓN IMPUESTA A LAS ALUMNAS DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SINALOA SOBRE EL USO DE CIERTA VESTIMENTA, A CARGO DE LA DIPUTADA EVA SÁNCHEZ VALDEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD

La que suscribe, diputada Eva Sánchez Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LX Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía la presente proposición de urgente u obvia resolución con punto de acuerdo, fundada en los siguientes antecedentes y consideraciones.

Antecedentes

El domingo 10 de agosto del presente año la Arquidiócesis de México, publicó en su revista "Desde la Fe" (Eco 111) un artículo denominado "El Pudor", donde hace "recomendaciones" de prohibir ciertas vestimentas para las mujeres como es el caso de la prenda conocida con minifalda, para evitar algún tipo de agresión de carácter sexual (acoso, miradas lascivas, violación, entre otros).

El pasado jueves 14 de agosto del presente año, el rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa Héctor Melesio Cuen Ojeda, emitió un comunicado por medio del cual establece que dentro de los treinta y seis centros de bachillerato y en veinte extensiones de la propia "universidad"(con un aproximado de 46 mil alumnos) queda prohibido el uso de la prenda de vestir conocida como minifalda, por considerar que son el motivo para que las mujeres sufran algún tipo de ataque de carácter sexual, indicando dicha autoridad que la vestimenta en comento es una "invitación a ser agredidas".

Sin embargo, las justificaciones hechas por el rector bastan para darse cuenta que la decisión que plantea es claramente contraria a la legislación nacional, local y a los tratados internacionales que México ha suscrito en materia de derechos humanos de las mujeres para la prevención, atención, acceso a la justicia y erradicación de la violencia contra las mujeres, que buscan una vida libre de violencia.

Por lo anterior hacemos las siguientes

Consideraciones

1. Con fundamento en el articulo 133 de la Constitución Política de de los Estados Unidos Mexicanos donde se considera que las leyes que emanen del Congreso de la Unión y todos los tratados que se hayan signado por el presidente de la republica, con aprobación del Senado se consideraran ley suprema de toda la Unión.

2. De acuerdo al articulo 6 de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, aprobada el 6 de junio de 1994, en el periodo ordinario de sesiones de la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos; donde se establece el derecho de toda mujer a una vida libre de violencia, que se incluye el derecho a ser valorada y educada libre de patrones esteriotipados de comportamiento y practicas sociales y culturales basadas en conceptos de inferioridad o subordinación. Esto es, las declaraciones hechas por el rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, fueron desafortunadas, contrarias al convenio señalado y en cierto grado misóginas; una autoridad de su talante no puede reproducir el estereotipo que denigra y justifica el ataque a la mujer sólo por usar una determinada vestimenta (minifalda); las mujeres de ninguna forma están invitando a ser agredidas de forma sexual.

3. En congruencia con la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, aprobada por la LX Legislatura; donde su artículo 4, fracción V y en correlación con el artículo 12, se establece como principio para la elaboración y ejecución de políticas públicas federales y locales la libertad de las mujeres; además, en este misma ley federal, se considera como violencia docente: "aquellas conductas que dañen la autoestima de las alumnas con actos de discriminación por su sexo, edad, condición social, académica, limitaciones y/o características físicas que les infligen maestros o maestras"; en consecuencia las medidas ejecutadas por el multicitado rector contravienen en forma expresa los derechos de las mujeres, en la Universidad Autónoma de Sinaloa, encuadrándose dichas políticas en una violencia contra las mujeres.

4. Debo especificar que dentro de las facultades que le otorga la Ley Orgánica y el Estatuto General de la Universidad Autónoma de Sinaloa al rector, en ninguna se encuentra la posibilidad para emitir medidas que restrinjan o prohíban las libertades de las mujeres para decidir su forma de vestir.

5. Lamentablemente, la postura retrógrada y misógina del rector, sigue considerando a las mujeres como seres humanos de segunda (inferioridad ante el varón, y el debe seguir dominando el entorno social), sin derechos (contraviniendo las leyes y tratados, que protegen la libertad y los derechos humanos de las mujeres) y como objetos sexuales. A pesar de que respetamos la opinión de esta autoridad, creemos que no tiene que ver con el uso de la ropa la denigración física o emocional contra la mujer, sino con una serie de patrones socioculturales, con la manera en que hemos sido educadas las mujeres y los hombres, como hemos sido obligadas a pensar las mujeres y hombres, la manera que les exigimos estudiar determinadas carreras o comportarse de forma determinada en público. Tiene que ver con todos esos roles, esos estereotipos, esos mitos que se han creado alrededor de lo que significa ser mujer y lo que significa ser hombre.

6. La violencia sexual es una manifestación del abuso de poder, es responsabilidad del Estado garantizar que las mujeres no sean víctimas de aquellos hombres que deciden que nuestro cuerpo les pertenece. Las mujeres no salen a la calle o nos levantamos por la mañana pensando a quién vamos a provocar o qué mentira vamos a inventar; más bien es una concepción errónea que se tiene de las mujeres como si fueran un objeto del cual puede hacer uso indistintamente cualquier hombre o cualquier persona.

7. No se puede establecer como cierto que al llevar puesta ropa corta no tenemos ningún derecho o negarlos como lo hace esta autoridad, porque entonces nos aterroriza pensar que quienes llevan ropa larga son las únicas quienes pueden disfrutar de tener una vida libre de violencia y de abuso sexual. Eso, contraviene la universalidad de los derechos humanos de las mujeres; no es correcta esta visión; porque no tiene congruencia con los convenios, los tratados internacionales que México ha suscrito en materia de derechos humanos; ni con las Leyes Federales aprobadas por esta soberanía.

8. Nuestra forma de vestir, nuestra forma de vivir, nuestra manera de pensar, nuestras parejas heterosexuales u homosexuales, nuestra libertad a decidir la forma de vestir, ha sido un motivo de discriminación y ahora resulta que está avalado por un pensamiento conservador, desinformando y validando la agresión hacia las mujeres.

Por qué no lo escuchamos proponer que ya no compren autos los hombres por que pueden ser robados, ni que dejen de usar cadenas de oro por que pueden ser confundidos como "narcos".

9. No queremos ocultar la situación de la violencia contra las mujeres y no quisiéramos que así lo estuviese haciendo una institución académica laica y progresista. Por ello le exigimos al rector que se abstenga de implantar decisiones que afectan los derechos humanos de las mujeres de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Le solicitamos que de inmediato pida la ayuda institucional necesaria para garantizar el respeto y dignidad física y sicológica de las mujeres y se garantice el acceso y disfrute de una vida libre de violencia.

10. Basta de restringir la libertad de las mujeres, por la incapacidad del Estado de garantizar la seguridad física y psicológica. ¡No somos objetos, garanticen nuestros derechos!

En mérito de lo expuesto y fundado, solicitamos la aprobación del siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. Se solicita al rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, que deje sin efectos la prohibición de usar una vestimenta determinada en dicha institución educativa; asimismo en el ámbito de sus facultades legales tome las medidas necesarias, en coordinación con las autoridades constitucionales de Sinaloa para que se garanticen acciones gubernamentales a favor de la protección de los derechos humanos de las mujeres en la universidad.

Segundo. Solicitar al gobernador de Sinaloa informe a la Cámara Diputados, cuáles son los programas de su administración tendentes a garantizar una vida sin violencia de las mujeres en aquella entidad federativa.

Tercero. Solicitar al rector que informe a la honorable Cámara de Diputados si existen programas interinstitucionales entre la Universidad Autónoma de Sinaloa y el gobierno del estado, que garanticen una vida libre de violencia a las mujeres que estudian, laboran o pertenecen a la administración de dicha universidad.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro sede de la honorable Cámara de Diputados, a 7 de septiembre de 2008.

Diputada Eva Sánchez Valdez (rúbrica)