Gaceta Parlamentaria, Cámara
de Diputados, número 2604-IV, jueves 2 de octubre de 2008.
Dictámenes
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De las Comisiones Unidas de
Seguridad Social, de Defensa Nacional, y de Marina, con proyecto de decreto
que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley del Instituto
de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas.
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De la Comisión de Equidad
y Género, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas
disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre
de Violencia.
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De la Comisión de Medio
Ambiente y Recursos Naturales, con proyecto de decreto que reforma los
artículos 107 y 108 de la Ley General del Equilibrio Ecológico
y la Protección al Ambiente.
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De la Comisión de Medio
Ambiente y Recursos Naturales, con proyecto de decreto que adiciona un
párrafo al artículo 62 de la Ley General del Equilibrio Ecológico
y la Protección al Ambiente.
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De la Comisión de Medio
Ambiente y Recursos Naturales, con proyecto de decreto que adiciona una
fracción V al artículo 2o. de la Ley General del Equilibrio
Ecológico y la Protección al Ambiente.
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De la Comisión de Medio
Ambiente y Recursos Naturales, con proyecto de decreto que reforma el párrafo
tercero del artículo 173 de la Ley General del Equilibrio Ecológico
y la Protección al Ambiente.
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De la Comisión de Medio
Ambiente y Recursos Naturales, con proyecto de decreto que reforma y adiciona
diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico
y la Protección al Ambiente.
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De la Comisión de Puntos
Constitucionales, con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos
4o. y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos.
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De la Comisión de la
Función Pública, con proyecto de decreto que reforma el artículo
11 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Pública Gubernamental.
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De la Comisión de
Salud, con proyecto de decreto que reforma la fracción III del artículo
112, las fracciones II y VIII del artículo 115 y el artículo
307; y adiciona una fracción IX al artículo 115 de la Ley
General de Salud.
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De la Comisión de
Salud, con proyecto de decreto que adiciona el artículo 222 Bis
a la Ley General de Salud.
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De la Comisión de
Población, Fronteras y Asuntos Migratorios, con proyecto de decreto
que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Población.
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De la Comisión de
Población, Fronteras y Asuntos Migratorios, con proyecto de decreto
que reforma el segundo párrafo del artículo 150 de la Ley
General de Población.
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De las Comisiones Unidas
de Educación Pública y Servicios Educativos, y de Equidad
y Género, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas
disposiciones de la Ley General de Educación.
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De la Comisión de
Educación Pública y Servicios Educativos, con proyecto de
decreto que adiciona las fracciones XIV Bis al artículo 7 y X al
artículo 14 de la Ley General de Educación.
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De la Comisión de
Seguridad Pública, con puntos de acuerdo para exhortar al titular
del Ejecutivo federal para que a través de los titulares de la Secretaría
de la Defensa Nacional, de la Procuraduría General de la República,
y de la Secretaría de Seguridad Pública, evalúen la
implatación con carácter preventivo, de un operativo conjunto
de combate a la delincuencia organizada en el estado de Baja California
Sur.
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De la Comisión de
Seguridad Pública, con puntos de acuerdo para exhortar al Consejo
Nacional de Seguridad Pública a través del secretario de
Seguridad Pública, en su carácter de presidente, para que
en el próximo acuerdo que emita para la aprobación de criterios
de asignación, fórmulas y variables utilizadas en el cálculo
para la distribución de los recursos del Fondo de Aportaciones para
la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal, se evalúe
la modificación de los valores ponderados vigentes, en particular,
en el criterio relativo a la incidencia delictiva.
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De la Comisión de
Gobernación, con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano
José Antonio Fernández Carbajal, para aceptar y usar la condecoración
Enmienda de la Orden de Isabel la Católica, que le otorga el gobierno
de España.
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De la Comisión de
Gobernación, con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano
Antonio Rullán Dichter, para aceptar y desempeñar el cargo
de cónsul honorario de la Federación Rusa en la ciudad de
Acapulco, con circunscripción consular en el estado de Guerrero.
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De la Comisión de
Gobernación, con proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos
José Alejandro Delgado Ruiz, Jorge Enrique Servín Fuentes
y José Manuel Cacho Aguilar, para prestar servicios en la Delegación
de la Comisión Europea en México.
Dictámenes
DE LAS
COMISIONES UNIDAS DE SEGURIDAD SOCIAL, DE DEFENSA NACIONAL, Y DE MARINA,
CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES
DE LA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS FUERZAS ARMADAS MEXICANAS
Honorable Asamblea
A las Comisiones Unidas de Seguridad Social, de Defensa
Nacional, y de Marina de la Cámara de Diputados del H. Congreso
de la Unión, les fue turnada para su estudio y dictamen la Iniciativa
Proyecto de Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones
de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas,
presentada por el Titular del Poder Ejecutivo Federal en ejercicio de la
facultad que le concede la fracción I del artículo 71 de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Las mencionadas Comisiones, con fundamento en lo dispuesto
por los artículos 39, numerales 1, 2 fracción III y 45 numerales
6, incisos "f" y "g" y demás relativos de la Ley Orgánica
del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 60, 87, 88 y 93 del
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados
Unidos Mexicanos, someten a la consideración de esta Soberanía
el presente Proyecto de Dictamen, bajo los siguientes:
Antecedentes
1.- En sesión ordinaria de la Comisión Permanente
del H. Congreso de la Unión, celebrada el 27 de Agosto de 2008,
el C. Licenciado Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, Presidente
de los Estados Unidos Mexicanos, presentó una iniciativa de Decreto
por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la
Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas,
misma que fue turnada para análisis y dictamen a las Comisiones
Unidas de Seguridad Social, de Defensa Nacional, y de Marina de la Cámara
de Diputados.
El diálogo, es el mutuo respeto a nuestras respectivas
identidades y creencias, y tiene por fin, el facilitar nuestro conocimiento
mutuo, subrayar aquellos valores en los que coincidimos, y promover la
colaboración y el entendimiento recíproco.
Así entonces, a lo largo de la LIX y LX Legislaturas
Federales, la materia que nos ocupa en este dictamen, ha sido una preocupación
constante de los Diputados que han hecho uso de la voz, en la más
alta tribuna del país.
Por lo anterior, no podemos dejar de mencionar las distintas
iniciativas, que precedieron este esfuerzo, por mejorar las condiciones
de vida de los miembros de las Fuerzas Armadas y sus familias.
En este contexto tenemos que:
a) En sesión celebrada el día 29 de abril
de 2004, por la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión,
el Diputado Pablo Franco Hernández, del Grupo Parlamentario del
Partido de la Revolución Democrática, presenta Iniciativa
con Proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción V del
artículo 24, y 30 de la Ley del Instituto de Seguridad Social para
las Fuerzas Armadas Mexicanas, dictando la Presidencia de la Mesa Directiva
el siguiente trámite: "Túrnese a las Comisiones Unidas de
Seguridad Social y de Defensa Nacional".
b) En sesión celebrada el día 1 de marzo
de 2007, por la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión,
el Diputado José Manuel del Río Virgen, integrante del Grupo
Parlamentario de Convergencia, presenta Iniciativa con Proyecto de Decreto
que deroga los numerales 81,82 y 83 de la Primera Categoría, y el
numeral 45 de la Segunda Categoría del artículo 226 de la
Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas,
dictando la Presidencia de la Mesa Directiva el siguiente trámite:
"Túrnese a las Comisiones Unidas de Seguridad Social y Salud, con
opinión de la Comisión de Defensa Nacional".
c) En sesión celebrada el día 8 de marzo
de 2007 por la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión,
el Diputado Víctor Gabriel Varela López, del Grupo Parlamentario
del Partido de la Revolución Democrática, presenta Iniciativa
con Proyecto de Decreto que adiciona un párrafo segundo a la fracción
V del artículo 24 y se deroga el numeral 45 de la Segunda Categoría
del artículo 226 de la Ley del Instituto de Seguridad Social para
las Fuerzas Armadas Mexicanas, dictando la Presidencia de la Mesa Directiva
el siguiente trámite: "Túrnese a las Comisiones Unidas de
Seguridad Social y Salud, con opinión de la Comisión de Defensa
Nacional".
d) En sesión celebrada el día 25 de octubre
de 2007, por la Cámara de Diputados del H. congreso de la Unión,
el Diputado Carlos Rojas Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del
Partido Revolucionario Institucional, presenta Iniciativa con Proyecto
de Decreto que reforma el artículo 31 de la Ley del Instituto de
Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, dictando la Presidencia
de la Mesa Directiva el siguiente trámite:" Túrnese a la
Comisión de Defensa Nacional, con opinión de la Comisión
de Marina". El 19 de junio de 2008, la Presidencia de la Mesa Directiva
de la Cámara de Diputados modifica el turno dictado el 25 de octubre
de 2007 a la misma iniciativa para quedar como sigue: "Túrnese a
la Comisión de Defensa Nacional, con opinión de las Comisiones
de Marina y Presupuesto y Cuenta Pública".
e) En sesión celebrada el día 30 de octubre
de 2007, por la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión,
la Diputada Alma Lilia Luna Munguía, del Grupo Parlamentario del
Partido de la Revolución Democrática, presenta Iniciativa
con Proyecto de Decreto que reforma la fracción V del artículo
24 y el artículo 30, y deroga el numeral 45 de la Segunda Categoría
del artículo 226, de la Ley del Instituto de Seguridad Social para
las Fuerzas Armadas Mexicanas, dictando la Presidencia de la Mesa Directiva
el siguiente trámite: "Túrnese a la Comisión de Defensa
Nacional".
Es necesario resaltar que los antecedentes expuestos, forman
parte de un contexto general e histórico, que reflejan el sentido
de compromiso y retribución de los legisladores federales hacia
con las Fuerzas Armadas Mexicanas. Dan cuenta de que varias de las propuestas
contenidas en la iniciativa del Ejecutivo Federal han sido promovidas por
dichos representantes populares en su momento. No obstante, el presente
dictamen solamente dictaminará en cuanto a la iniciativa del titular
del Ejecutivo Federal, Felipe de Jesús Calderón Hinojosa,
derivado de dos situaciones en particular y de suma importancia:
I. El turno de las iniciativas anteriormente expuestas
ha sido determinado completamente a Comisiones distintas.
II. La iniciativa presidencial aun y cuando recoge el
espíritu de las demás, establece mecanismos distintos para
realizarlo.
En este sentido, las Comisiones Unidas de Seguridad Social,
Defensa Nacional y Marina, solo dictaminan la iniciativa que les fue turnada,
respetando con ello la facultad de las demás Comisiones para atender
los asuntos de su competencia, y que han sido expuestos en párrafos
precedentes.
2.- La Comisiones Unidas de Seguridad Social, de Defensa
Nacional, y de Marina se dieron al estudio de la iniciativa de referencia
(la del Presidente de la República, mencionada en el numeral 1 de
este apartado), presentando en su reunión plenaria de fecha 17 de
septiembre de 2008 el Dictamen correspondiente, bajo las siguientes:
Consideraciones
1.- El mejorar las condiciones de vida de los soldados
de la Patria es una preocupación generalizada en el Poder Legislativo
Federal. "El Congreso tiene facultad para levantar y sostener a las Instituciones
Armadas de la Unión, a saber: Ejército, Marina de Guerra
y Fuerza Aérea Nacionales…", establece la Constitución General
de la República en su artículo 73 fracción XIV, y
esto para los Diputados Federales y Senadores de la República implica
no solamente una oración imperante en la Ley Suprema, sino un verdadero
compromiso ante el Pueblo de México sujeto al rendimiento de cuentas
en caso de incumplimiento.
Lo anteriormente expuesto se logra, estamos conscientes,
no sólo dotando a nuestras Fuerzas Armadas, de armas más
modernas, e insumos necesarios, (por cierto en donde también tenemos
una cuenta pendiente), sino a la vez en el establecimiento de sueldos decorosos
y pensiones dignas que hagan posible la subsistencia de los militares y
sus familias; de igual forma, con proporcionar condiciones de trabajo favorables
libres de discriminación y acordes con la realidad actual. Son varios
los ejemplos al respecto manifestados especialmente en esta LX Legislatura
de la Cámara de Diputados.
Con ese propósito Diputados de diversas Fracciones
Parlamentarias han presentado Iniciativas de reformas a la Ley del ISSFAM;
el Diputado a la LIX Legislatura Pablo Franco Hernández perteneciente
al Grupo Parlamentario del PRD; los C.C. Diputados, José Manuel
del Río Virgen, de Convergencia, Víctor Gabriel Varela López,
y Alma Lilia Luna Munguia del PRD, así como el Diputado Carlos Rojas
Gutiérrez del PRI, todos de la actual Legislatura han manifestado
con hechos esta situación.
Por tanto resulta evidente la concordancia entre las inquietudes
de los Legisladores y aquéllas planteadas por el Titular del Ejecutivo
Federal; en ese sentido se demuestra que todos sin excepción, trabajamos
por la consecución de un mismo objetivo, el Bienestar de México,
y estamos ciertos en que esto sólo se logra en un ámbito
de colaboración e intercambio entre los Poderes de la Unión
que fortalezca la gobernabilidad Democrática, abonando para la construcción
de un Estado Social de Leyes, capaz de garantizar el acceso a una vida
digna para todos sus Ciudadanos, en este caso especialmente para aquéllos
que entregan su existencia a la Defensa Nacional, tal y como lo han expresado
los Legisladores y el Ejecutivo Federal en sus respectivas Iniciativas.
Consecuentemente y en esta Iniciativa que nos ocupa es
necesario señalar que el Instituto de Seguridad Social para las
Fuerzas Armadas Mexicanas, es un organismo público descentralizado
federal, con personalidad jurídica y patrimonio propio, que tiene
como objetivo brindar bienestar a los militares en servicio activo o en
situación de retiro y a sus derechohabientes, en materia de salud,
vivienda y educación.
Tiene como base los antecedentes de 1926, fecha en que
se publica la "Ley de Retiros y Pensiones del Ejército y Armada
Nacionales", misma que originó a la Dirección de Pensiones
Militares, que posteriormente con la publicación de la "Ley del
Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas", dio
por resultado lo que actualmente es el Instituto de Seguridad Social para
las Fuerzas Armadas Mexicanas, que con fecha 29 de Julio de 1976 entra
en vigor para otorgar a los militares en activo y retiro, a sus derechohabientes
y pensionistas, las prestaciones y servicios a que tienen derecho.
La Ley del ISSFAM fue motivo de una revisión en
el año de 2003, cuya aplicación en la práctica
ha demostrado inconsistencias y deficiencias, por lo que revisarla y adecuarla
a las actuales condiciones socioeconómicas es de utilidad y beneficio
para el Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas
y aquellos a quienes tiene la obligación de servir.
2.- Las comisiones dictaminadoras están conscientes
que el mejoramiento de los ingresos de los miembros de las Fuerzas Armadas,
al igual que el de todos los trabajadores de México, deben
ser valorados adecuadamente, ante la pérdida del poder adquisitivo
de los haberes de los militares y los salarios de los trabajadores. Igualmente
reconocen que los sistemas de seguridad social que les son aplicables
deben ser revisados integralmente, para que cumplan con el propósito
de mejorar su calidad de vida y la de sus familias, al tener un mejor ingreso
durante su vida activa y un haber de retiro y una pensión que les
permita tener una vida decorosa al término de su vida laboral.
Reformar la Ley del ISSFAM para el beneficio de los integrantes
de las Fuerzas Armadas Mexicanas, será un reconocimiento de la labor
que desempeñan, no únicamente en su tarea específica
de resguardar la seguridad nacional, sino en todas aquellas que desempeñan
en auxilio de la población civil en caso de desastres, tareas que
siempre han merecido el reconocimiento de todos los mexicanos.
Las Comisiones que dictaminan están también
conscientes de que el ISSFAM no escapa a la crisis de los sistemas de pensiones
y servicios médicos que afecta a todos los organismos encargados
de otorgar estas prestaciones a grupos determinados de la población,
por lo que dejan constancia de que la reforma que se propone, motivo de
este Dictamen, debe servir de base para igualar las prestaciones,
sobre todo pensionarias, a todos los beneficiarios de la seguridad social.
3. La Iniciativa con Proyecto de Decreto que se Dictamina,
implica la reforma, adición o derogación, en el
contenido de 63 artículos, más la adición de
un artículo bis, de la Ley del ISSFAM, que están relacionados
con cambio de palabras que en la ley vigente tienen significado equívoco,adecuaciones
de redacción, precisión de supuestos y requisitos
para el acceso a beneficios, cambios a los organismos que
intervienen en el trámite de las prestaciones, las facultades del
Instituto, así como las referencias al articulado
y otras leyes.
4. La iniciativa del Ejecutivo Federal propone
el incremento en el monto de las prestaciones y de las aportaciones del
Gobierno Federal para sustentarlas, fortaleciendo la estabilidad
de los fondos para garantizar el otorgamiento de las prestaciones.
Las comisiones dictaminadoras consideran que el incrementar,
tal y como lo propone el Titular del Poder Ejecutivo Federal en la presente
reforma, del 11 al 15%, la cantidad que aporta el gobierno federal para
la prestación del servicio medico y otras prestaciones, como son
centros de bienestar infantil, becas y créditos de capacitación,
entre otras, representa un aspecto que incide directamente en el bienestar
de la familia del personal militar y por ende recae de una manera positiva
en la moral del mismo.
Esto es importante ya que el militar enfoca toda su atención
y su tiempo en el cumplimiento de las misiones y comisiones que se le asignan,
ya que el servicio de las armas tanto en operaciones militares como de
auxilio a las autoridades en materia de seguridad publica y de auxilio
a la población civil en caso de emergencia o desastre, exige de
cada uno de sus integrantes cumplir con creces y una entrega total y desinteresada,
con gran sacrificio de la vida familiar, pues resulta incuestionable que
los actos del servicio reclaman en gran medida la presencia del militar,
en el lugar, el momento y por el tiempo que sea necesario. (Derogamos una
parte)
5. En esta reforma se propone el incremento a los haberes
de retiro y es necesario aprobarlo para que este Congreso eleve el nivel
de vida de miles de militares retirados que en su gran mayoría subsisten
con pensiones injustas, limitadas en extremo, que no corresponden a una
vida de sacrificio otorgada a la defensa de la patria mientras estuvieron
en el activo. Sus años de servicio nos comprometen ahora a nosotros
a protegerlos a ellos, retribuyendo con un ingreso decoroso para un retiro
digno. El militar retirado sabe que llegó a esa condición
porque siempre cumplió, demostremos que México agradece sus
servicios prestados y también sabe cumplirles.
En este sentido, se propone incrementar el porcentaje
del 70 al 80% que se aplica al haber que sirve de base para calcular el
haber de retiro y la compensación, con el fin de obtener un beneficio
real y directo para el personal que se encuentra en situación de
retiro y para aquel que sea colocado en dicha situación, considerándose
que actualmente el poder adquisitivo del militar retirado se ve verdaderamente
afectado, ya que al calcular el monto del beneficio al que tendrán
derecho al pasar a dicha situación, no se toma en cuenta el total
de las percepciones que se tienen en el servicio activo, situación
que ha dado lugar a reclamaciones ante los tribunales federales, los cuales
en la mayoría de los casos se han pronunciado a favor de los militares
que acuden a dilucidar su controversia, lo que ha tenido como consecuencia,
crear una situación de desigualdad en las percepciones de los militares
retirados del mismo grado y antigüedad, ya que por la precaria situación
económica en la que se encuentran, no todos pueden solventar los
gastos que implica un juicio de dicha naturaleza.
Es oportuno reiterar particularmente aquí que,
en cuanto a este respecto, todas las fracciones Parlamentarias aquí
representadas se han pronunciado notablemente a favor de este beneficio.
El pasado día 25 de octubre de 2007 el Diputado Carlos Rojas Gutiérrez
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional,
presentó Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se modifica
el artículo 31 de la Ley en comento; en esta se proponen incrementos
sustanciales al personal militar en situación de retiro, concretamente,
para integrar el Monto Total del Haber de retiro se propone tomar como
base el doble del haber que se reconozca para efectos de retiro conforme
al porcentaje que corresponda por los años de servicio y se adicionará
a este el 70% de dicho haber, más las primas complementarias del
haber que le corresponda.
En la propuesta del Legislador Federal anteriormente mencionado,
al igual que la propuesta del Titular del Poder Ejecutivo Federal, se propone
el incremento a los haberes de retiro, y aún y cuando se plantea
desde perspectivas diferentes, resulta imprescindible atender este asunto
para elevar el nivel de vida de miles de militares retirados y sus familias
que, en su gran mayoría subsisten con pensiones injustas, limitadas
en extremo, que no corresponden a una vida de sacrificio otorgada a la
defensa de la Patria mientras estuvieron en el activo. No obstante el que
la Iniciativa Presidencial no retoma en todos sus términos la propuesta
del Diputados Rojas Gutiérrez, las comisiones dictaminadoras están
convencidas de que se ha atendido el espíritu de solidaridad expresado
en ambas Iniciativas. Los años de servicio prestado por los miles
de militares en retiro nos comprometen ahora, como representantes populares,
a protegerlos retribuyendo con un ingreso decoroso para un retiro digno.
6. Al aumentarse con esta Iniciativa del Ejecutivo
Federal, el porcentaje, del 70 al 80 por ciento y del 60 al 80 por ciento,
la cantidad que se adiciona al haber del grado que se toma como base para
calcular el haber de retiro y la pensión, respectivamente, semejoraránlas
percepciones del personal retirado y delos pensionados, mejoría
que se hace extensiva al personal militar que se retira con
derecho a la compensación.
Igualmente, y también como propuesta de la iniciativa
del Titular del Poder Ejecutivo Federal, como un reconocimiento
a los militares con 30 o más años de servicios efectivos,
se propone un incremento para calcular el monto del haber de retiro,
reconocimiento que en la ley vigente solo se otorga a quienes alcanzan
45 o más años de servicios efectivos, en base a la consideración
de que el militar con 30 o más años de servicios tendrá
dificultades para incorporarse a un trabajo productivo fuera del área
militar. Esta propuesta, se considera que permitirá incentivar
la permanencia en el servicio militar al establecer un incremento gradual
en el porcentaje a partir de los 30 años y hasta los 45 de servicios
efectivos.
Esto teniendo en consideración que militares relativamente
jóvenes solicitan pasar a situación de retiro tan pronto
cumplen 20 años de servicios, con la intención de incorporarse
a campos productivos que en un momento dado les permitan la expectativa
de una mejor percepción económica y estabilidad en el retiro;
por lo que esta prestación otorgará al personal militar una
certeza en cuanto a que al final de su vida productiva contarán
con los recursos necesarios que le permitirá un nivel de vida digno
y decoroso, para el y su familia.
7. Las Comisiones que dictaminan manifiestan su aprobación,
en los términos señalados en el Proyecto de Decreto, a las
propuestas de incrementos tanto en los porcentajes, que servirán
de base para el cálculo de los haberes de retiro, como para las
pensiones de sus beneficiarios en caso de fallecimiento del militar, tanto
en el activo como en situación de retiro, toda vez que uno de los
propósitos fundamentales de la seguridad social es precisamente
otorgar la garantía a todos los trabajadores, y los militares lo
son al servicio de la Nación, de un retiro con una pensión
digna y la de que en el evento de su fallecimiento, sus familiares tendrán
la misma certeza. Igualmente, consideran que está intención
de beneficio para los militares y sus familiares derechohabientes, debe
de ser tomada en cuenta para ser el inicio de un proceso de mejoría
de las pensiones que las otras leyes de seguridad social otorgan, la del
Seguro Social y la del ISSSTE, cuyo mecanismo de pensiones, de contribución
definida y beneficios derivados de los depósitos en cuentas individuales
manejadas por instituciones financieras, son muy diferentes, en porcentaje
del último salario recibido, a los que se otorgan, y se otorgarán
al aprobar este Dictamen, bajo el amparo de la Ley del ISSFAM, que son
de beneficios definidos, es decir que el militar o los pensionados,
tienen la certeza de cuanto recibirán a su retiro o como pensión.
8.- Continuando con las consideraciones relacionadas con
la iniciativa del Titular del Poder Ejecutivo Federal, las Comisiones que
dictaminan están ciertas de que, dadas las condiciones actuales
relativas a los Fondos que tienen como propósito otorgar beneficios
como el Seguro Colectivo de Retiro, al que se le propone agregar como financiamiento
del 0.5 al 3 por ciento del haber y sobrehaber mínimo vigentes del
personal de las Fuerzas Armadas Mexicanas, esto habrá de dar al
ISSFAM una mayor viabilidad para el otorgamiento de la prestación.
Cabe mencionar que de acuerdo a los antecedentes estadísticos,
se aprecia una tendencia en el incremento de los trámites de retiro;
así que, en el presente año, se estima cubrir el Seguro Colectivo
de Retiro a 3,800 militares del Ejército, Fuerza Aérea y
Armada, previéndose un incremento del 5% por año. Dicha situación,
aunada al comportamiento a la baja de las tasas de interés, afectaran
negativamente al fondo, por lo que, se considera que es necesario reforzarlo,
ya que los recursos que se obtengan de las aportaciones de los militares,
no serán suficientes para cubrir la prestación al personal
que pasa a situación de retiro.
La finalidad del Fondo del Seguro Colectivo de Retiro
es proporcionar al militar que causa baja del activo y alta en situación
de retiro con derecho a percibir haber de retiro a sus beneficiarios conforme
a los casos establecidos en el artículo 187 de la Ley del ISSFAM,
recursos económicos que le proporcionen cierta solvencia en un corto
plazo. Por otra parte se contempla la devolución de las aportaciones
al referido fondo para el personal que causa baja sin haber cumplido cuando
menos 20 años de servicios efectivos, agregrando un 20% de lo aportado.
En relación a lo anterior, para corregir alguna
situación deficitaria del Fondo del Seguro Colectivo de Retiro,
las comisiones dictaminadoras estiman prudente la propuesta de la iniciativa
que se dictamina de dejar abierta la posibilidad para que pueda recibir
aportaciones extraordinarias, debiendo especificarse en el artículo
95 del proyecto de Decreto que éstas solo pueden ser del
Gobierno Federal para apoyar con recursos económicos a dicho
Fondo, así entonces, la redacción propuesta es la siguiente:
Artículo 95. El Instituto practicará
cada año una revisión actuarial para mantener el equilibrio
financiero entre los ingresos y egresos que constituyen el Fondo del Seguro
Colectivo de Retiro, con objeto de garantizar el pago de las sumas aseguradas
que correspondan.
En caso de presentar un déficit, éste se
cubrirá con cargo al patrimonio del Instituto proveniente de las
aportaciones que anualmente realiza el Gobierno Federal de acuerdo a lo
establecido en esta Ley, o de cualquier otra aportación extraordinaria
del
propio Gobierno Federal que contribuya a la solvencia del mismo.
9.- En la iniciativa del Titular del Poder Ejecutivo Federal,
se propone, además, suprimir las funciones de supervisión
y regulación del Fondo de la Vivienda Militar por parte de la Comisión
Nacional Bancaria y de Valores, bajo el argumento real de que su actividad
no es financiera, argumento que es compartido por las Comisiones que suscriben
el presente Dictamen, otorgando en el Artículo 121 del proyecto
de Decreto esa facultad de supervisión a la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público.
Dicho fondo será vigilado por la Secretaría
de Hacienda y Crédito Público quien tiene la facultad de
vigilar que los programas financieros anuales con recursos del fondo no
excedan a los presupuestos de ingresos corrientes y de los financiamientos
que reciba el Instituto; dichos financiamientos deberán ser aprobados
por la misma Secretaría.
En congruencia con lo expuesto, la H. Junta Directiva
tiene la atribución de ordenar se practiquen auditorias cuando se
considere conveniente, independientemente de las que corresponda realizar
a la Secretaría de la Función Pública por sí
o a través del órgano interno de control, como lo establece
el artículo 12 fracción XV de la propia Ley. También
se tiene la vigilancia del órgano interno de control a través
del Programa Anual de Trabajo en materia de auditoría y control
del propio órgano fiscalizador.
En este sentido, la supervisión por parte de la
Comisión Nacional Bancaria y de Valores, genera un gasto anual de
aproximadamente $ 1’400,000.00, (un millón cuatrocientos mil pesos)
el cual se cubre a la citada Comisión con cargo al fondo. Por lo
que se considera que las funciones de supervisión y regulación
del Fondo de la Vivienda Militar, se puedan llevar a cabo por varias instancias
fiscalizadoras como lo son la S.H.C.P., la Secretaría de la Función
Pública directamente y a través del órgano interno
de control, así como de las auditorías externas, motivo por
el que resulta innecesaria la supervisión de la Comisión
Nacional Bancaria y de Valores, además de duplicarse sus funciones.
10. Para las comisiones dictaminadoras es de importancia
trascendental el fortalecimiento del servicio médico integral, como
se define en la iniciativa del Titular del Poder Ejecutivo Federal, ya
que el incremento en la expectativa de vida, consecuencia de programas
de largo alcance en materia de salud y del funcionamiento de los institutos
de seguridad social, repercute en que se aumente la necesidad de la atención
de los padecimientos crónico degenerativos propios de la edad adulta,
atención que además requiere del uso de medicamentos de costo
elevado, por lo que el incremento en el sustento financiero de los servicios
médicos es indispensable para otorgar calidad de vida a los años
que se han aumentado en la expectativa de vida.
11. Las Comisiones que dictaminan consideran útil
señalar en estas consideraciones, que en el proyecto de Decreto
de la iniciativa en comento se establece la precisión de aspectos
semánticos, con lo cual se logra una mayor certeza jurídica
en el otorgamiento de algunas de las prestaciones señaladas en la
Ley, como es la definición del concepto "sueldo base de servidor
público", y el cambio de la palabra "inutilidad" por el de "incapacidad",
que es el usualmente utilizado en las leyes de seguridad social, y evita
la idea de discriminación o de falta de respeto a la dignidad de
la persona.
12. En lo referente a las pagas de defunción, se
abre la posibilidad de que los gastos generados al fallecimiento del militar
sean cubiertos en un primer momento por los familiares o persona distinta
a estos, siempre y cuando se acredite posteriormente ante el ISSFAM fehacientemente
con factura, la realización de dichos gastos, aspectos que facilitan
la atención de los mismos de manera inmediata.
La propuesta del Ejecutivo Federal incide en los procedimientos
administrativos de retiro, toda vez que, permiten una mayor certeza y claridad,
evitando confusiones que motivaban que los beneficiarios y derechohabientes
consideraran una expectativa que no correspondía y lo cual derivaba
en interponer recursos jurídicos que se veían reflejados
negativamente en su economía.
13. Un aspecto innovador en la presente reforma consiste
en el hecho de ampliar el servicio materno infantil, en caso de embarazo,
a las hijas menores de edad dependientes económicas del militar,
armonizándose este texto legal con el resto de las disposiciones
de seguridad social en la materia.
14. Esta reforma contempla también la derogación
de las disposiciones que consideraban como causal de retiro por inutilidad
al militar que hubiera adquirido el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH).
En tal virtud, se atienden las recientes resoluciones de la Suprema Corte
de Justicia de la Nación que declaró inconstitucional el
numeral 45 de la segunda categoría del artículo 226 del citado
ordenamiento, adicionándose esta enfermedad a la lista de padecimientos
que pueden ameritar cambio de arma o servicio, a fin de estar en posibilidad
de proporcionar el servicio, control y tratamiento médico correspondientes.
En relación con esto no podemos dejar de mencionar
que respecto a las disposiciones que consideraban como causal de retiro
por inutilidad al militar que hubiera adquirido el virus de inmunodeficiencia
humana (VIH), los diputados José Manuel del Río Virgen, Víctor
Gabriel Varela López y Alma Lilia Luna Munguia presentaron sendas
iniciativas para derogar estos artículos, en concordancia con lo
establecido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Estas
tres Iniciativas coinciden de manera plena con lo propuesto por el Presidente
de la República ya que el espíritu de las cuatro propuestas
es derogar el inconstitucional numeral 45 de la Segunda Categoría,
adicionándose este padecimiento a la lista de aquellos que pueden
ameritar cambio de arma o servicio, a fin de estar en posibilidad de seguir
prestando auxilio a la Nación y al mimo tiempo recibir el control
y tratamiento médico necesario.
Al derogarse del listado de las enfermedades que dan origen
al retiro por inutilidad en la segunda categoría del artículo
226 de la ley, la seropositividad a los anticuerpos contra los virus de
la inmunodeficiencia humana confirmada con pruebas suplementarias, la presente
iniciativa actualiza esta disposición de manera acorde con los criterios
adoptados por la Suprema Corte de Justicia de la nación, a principios
del mes de marzo de 2007. Por ello, con el ánimo de atender a esta
realidad, se propone la reforma al numeral 83 de la Primera Categoría
del artículo 226 de la Ley del ISSFAM de padecimientos del artículo
226, para establecer como causa de retiro el padecer el síndrome
de inmunodeficiencia adquirida en etapa terminal por más de seis
meses.
15. Las Comisiones Unidas consideran necesario señalar,
en un aspecto meramente técnico, que la propuesta de reforma al
artículo 31 de la Ley del ISSFAM, presentada por el Titular del
Poder Ejecutivo Federal, contiene una fracción VI que, por hacer
referencia a las fracciones que le anteceden y sentar la base de cálculo
para el haber de retiro, pensión o compensación, debiera
tratarse entonces como un último párrafo, situación
contemplada en el proyecto de Decreto que presentan las dictaminadoras
de la siguiente forma:
Artículo 31. Para integrar el monto total
de:
I. Haber de retiro, se tomará como base
el porcentaje del haber del grado con que vayan a ser retirados y se adicionará
a éste el 80% de dicho haber, más las primas complementarias
del haber que les corresponda por condecoraciones de perseverancia ya otorgadas,
así como las asignaciones de técnico, de vuelo, de salto
o técnico especial y aquellas otras asignaciones de técnico,
cuando las estén percibiendo los militares en el momento en que
ocurra alguna de las causales de retiro señaladas en las fracciones
I, II, III y IV del artículo 24 de esta Ley o bien al cumplirse
el plazo a que se refiere la fracción V del mismo precepto, o a
la fecha en que se formuló la solicitud mencionada en la fracción
VI del artículo citado anteriormente;
II. La compensación por tiempo de servicios
o por fallecimiento, se integrará con los conceptos señalados
en la fracción I, tomando como base el haber del grado que haya
ostentado el militar en servicio activo;
III. A los militares que pasan a situación
de retiro con 30 ó más años de servicios efectivos,
se les fijará el haber de retiro como se indicó en la fracción
I, aumentando los porcentajes que se indican en la tabla siguiente:
Años de Tanto
servicios por ciento
30 60%
31 62%
32 64%
33 66%
34 68%
35 70%
36 72%
37 74%
38 76%
39 78%
40 80%
41 82%
42 84%
43 86%
44 88%
45 o más 90%
IV. Para la integración de la pensión
por fallecimiento del militar fuera de actos del servicio, se tomará
como base el porcentaje del haber del grado que le hubiere correspondido
al militar en caso de retiro y se adicionará a éste el 80%
de dicho haber, más las primas complementarias por condecoraciones
de perseverancia ya otorgadas, así como las asignaciones de técnico,
de vuelo, de salto o técnico especial y aquellas otras asignaciones
de técnico y que estuviere percibiendo el militar a la fecha del
fallecimiento;
V. La pensión por el fallecimiento del militar
en situación de retiro con haber de retiro, se integrará
con el porcentaje del haber del grado que se reconoció al militar
para efectos de retiro, más el 80% de dicho haber y las primas de
perseverancia y asignaciones que se le hubieren reconocido en su haber
de retiro.
Para los efectos de las fracciones anteriores,
el haber de retiro, pensión o compensación serán calculados
con base en el haber fijado en los tabuladores autorizados por la Secretaría
de Hacienda y Crédito Público o en el Presupuesto de Egresos
de la Federación vigente, en la fecha en que el militar cause alta
en situación de retiro o en la reserva o baja por fallecimiento
16.- Finalmente, las Comisiones Unidas de Seguridad Social,
de Defensa Nacional, y de Marina en cumplimiento por lo dispuesto por la
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria recibieron en tiempo
y forma comunicación de la Subsecretaría de Egresos de la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el que
se determina que en caso de ser aprobada la iniciativa motivo de análisis,
se prevé un impacto presupuestario de 2,402.7 millones de pesos
diferidos en cinco ejercicios fiscales, recursos que serán subsanados
durante el ejercicio fiscal de 2008 con el presupuesto aprobado a las Secretarías
de la Defensa Nacional y de Marina y para los cuatro años subsecuentes
la previsión se hará en los proyectos de presupuesto de cada
dependencia. Por lo que con base en la información proporcionada
por la Secretaría de la Defensa Nacional, para estos efectos el
impacto presupuestario esta cubierto.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, las Comisiones
Unidas de Seguridad Social, de Defensa Nacional, y de Marina someten a
su consideración el siguiente:
Proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan
y derogan diversas disposiciones de la Ley del Instituto de Seguridad Social
para las Fuerzas Armadas Mexicanas.
Único.- Se reforman los artículos
3o., fracción IV; 4o., fracciones IX, XIII y XIV; 12, fracciones
VII y XIV; 18, fracciones XXII y XXIII; 21, último párrafo;
22, fracciones III y V; 24, fracciones II, III, IV y VI; 30; 31; 33; 34;
35; 36, fracciones II y V; 38, fracciones I y VI; 39; 40; 54; 55; 56; 57,
párrafos segundo y tercero; 60; 63, fracciones I, inciso b), y III;
64; 65; 66; 80, fracción IV; 81; 82; 87, fracciones III y V; 89,
párrafos tercero y cuarto; 90; 91, fracción I, incisos e)
y g); 95; 103, fracciones I y II; 111, párrafo segundo; 121; 142,
párrafo primero y fracciones III, IV y V; 148; 149; 160; 167, fracción
II; 168; 171, párrafo primero; 172, párrafo primero; 173,
párrafos primero y segundo; 174; 181; 183; 186, párrafo primero;
189; 190; 192, párrafos primero y segundo; 193, párrafo primero;
194; 195; 196, párrafos primero y tercero; 197; 198, párrafo
primero; 209, fracción III; 221, párrafo primero; y 226,
párrafo primero, numeral 83 de la Primera Categoría, y numeral
14 de la Lista de padecimientos que por producir trastornos funcionales
de menos del 20% ameritan cambio de Arma o Servicio a petición de
un Consejo Médico; se adicionan las fracciones XV, XVI y
XVII al artículo 4o.; la fracción XXIV al artículo
18; el párrafo segundo al artículo 19; la fracción
V al artículo 52, recorriéndose las actuales fracciones V
y VI para quedar como VI y VII, respectivamente; el párrafo segundo
al artículo 56; los párrafos cuarto, quinto y sexto al artículo
111; la fracción VI al artículo 142; el artículo 149
Bis; y, el numeral 19 a la Lista de padecimientos que por producir trastornos
funcionales de menos del 20% ameritan cambio de Arma o Servicio a petición
de un Consejo Médico del artículo 226, recorriéndose
el actual numeral 19 para quedar como 20; y se derogan el párrafo
cuarto del artículo 21; el último párrafo de la Primera,
Segunda y Tercera Categorías, el numeral 45 de la Segunda Categoría,
y el último párrafo de la Lista de padecimientos que por
producir trastornos funcionales de menos del 20% ameritan cambio de Arma
o Servicio a petición de un Consejo Médico, del artículo
226; de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas
Mexicanas, para quedar como sigue:
Artículo 3o. …
I. a III. …
IV. Una cantidad anual a cargo del Gobierno Federal,
equivalente a un 15% de los haberes, haberes de retiro y de las pensiones
de los miembros de las Fuerzas Armadas Mexicanas y de sus familiares, según
corresponda; para las demás prestaciones que, conforme a esta Ley,
deba otorgar el Instituto;
V. y VI. …
Artículo 4o. …
I. a VIII. …
IX. Declaración de Procedencia de Retiro,
el documento que le expide al militar la Secretaría de origen, para
trámite de retiro, a fin de que la Junta Directiva determine sobre
la procedencia, naturaleza y monto del beneficio, el cual es provisional
al inicio del trámite administrativo y definitivo a su término;
X. a XII. …
XIII. Asignación de técnico especial,
la percepción que se cubre a los militares del activo de los grados
de Coronel a General de División y sus equivalentes en la Armada;
XIV. Asignación de vuelo y de salto, las
remuneraciones que se cubren a los miembros del Ejército, Fuerza
Aérea y Armada, que habitualmente desempeñan este tipo de
actividades;
XV. Sobrehaber, remuneración adicional que
se cubre al personal militar en activo en atención al incremento
en el costo de la vida o insalubridad del lugar donde preste sus servicios;
XVI. Sobrehaber mínimo vigente, es el sobrehaber
más bajo que se cubre al personal militar en activo en la República
Mexicana, y
XVII. Sueldo Base de Servidor Público, el
que se señala en el tabulador para servidores públicos superiores,
mandos medios y, en su caso, enlaces, correspondientes a las Secretarías
de la Defensa Nacional y de Marina, autorizados por la Secretaría
de Hacienda y Crédito Público.
Artículo 12. …
I. a VI. …
VII. Aprobar y poner en vigor el Reglamento Interno
y expedir los manuales, normas y procedimientos que se hagan necesarios
para el adecuado funcionamiento del Instituto;
VIII. a XIII. …
XIV. Proponer al Ejecutivo Federal la expedición
del Reglamento de la Ley, así como las reformas a ambos ordenamientos
jurídicos;
XV. y XVI. …
Artículo 18. …
I. a XXI. …
XXII. Servicio médico integral;
XXIII. Farmacias económicas, y
XXIV. Vivienda.
Artículo 19. …
Es facultad del militar afiliar a sus derechohabientes
y designar a sus beneficiarios, y su obligación mantener actualizada
dicha afiliación y designación.
Artículo 21. ...
…
…
(cuarto párrafo, se deroga)
…
Compensación es la prestación económica
a que tienen derecho los militares y sus familiares, en una sola exhibición,
en los términos y condiciones que fije esta Ley.
Artículo 22. …
I. y II. …
III. Los miembros de los Cuerpos de Defensas Rurales
incapacitados en actos del servicio o a consecuencia de ellos y los familiares
de los que mueran en las mismas circunstancias. Fuera de estos casos, los
miembros de los Cuerpos de Defensas Rurales sólo tendrán
derecho a las retribuciones, prestaciones o estímulos que se establezcan
en los términos del artículo 121 de la Ley Orgánica
del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos;
IV. …
V. El personal de la milicia auxiliar que haya
sido separado del activo por órdenes expresas de la Secretaría
de origen, por no ser necesarios sus servicios o al término de su
contrato.
Artículo 24. …
I. …
II. Quedar incapacitado en acción de armas
o como consecuencia de las lesiones recibidas en ella;
III. Quedar incapacitado en otros actos del servicio
o como consecuencia de ellos; incluyendo la incapacidad que se produzca
al trasladarse el militar directamente de su domicilio al lugar donde preste
sus servicios, así como el retorno directo de éste a su domicilio
particular;
IV. Quedar incapacitado en actos fuera del servicio;
V. …
VI. Solicitarlo después de haber prestado
por lo menos veinte años de servicios.
Artículo 30. Los militares retirados podrán
volver al activo:
I. Cuando hayan sido retirados por enfermedad
que dure más de seis meses, siempre que la enfermedad hubiere sido
contraída en campaña o en actos del servicio y logren su
curación definitiva, comprobada con dictámenes expedidos
por médicos militares o navales en servicio activo, que designe
la Secretaría de la Defensa Nacional o la de Marina en su caso,
siempre que no adquieran otra nacionalidad; al ocurrir una nueva causal
de retiro se tramitará éste, o
II. Cuando las necesidades de la Nación
lo exijan, requiriéndose para ello acuerdo suscrito por el Presidente
de la República. Al desaparecer esta necesidad, los militares volverán
a la situación de retiro sin necesidad de que sobrevenga una nueva
causa de retiro.
En los casos anteriores, se observarán las reglas
siguientes:
a) Siempre que por cualquier motivo el militar
retirado vuelva al activo, le corresponderá el último grado
que ostentó en su primera estancia en tal situación, no pudiendo
conservar el grado que le fue conferido para efectos de retiro;
b) La vuelta al activo dejará insubsistente
la compensación o haber de retiro correspondiente al primer retiro,
salvo cuando la vuelta al activo sea por acuerdo presidencial, en tal caso
si se estuviere cubriendo haber de retiro se suspenderá el pago
por el tiempo que el militar permanezca en activo;
c) Si se hubiere concedido compensación
en el primer retiro, el importe cobrado deberá ser reintegrado totalmente
por el militar mediante descuentos quincenales de un 25% en los haberes
del activo;
d) Si el importe de la compensación no fue
reintegrado totalmente, se deducirá lo que corresponda de la nueva
compensación o, en su caso, se harán descuentos quincenales
de un 25% en sus haberes de retiro hasta la total reintegración,
y
e) Cuando la vuelta al activo sea con motivo de
la curación definitiva del militar, sólo se declarará
insubsistente el haber de retiro sin que exista la obligación de
reintegrar las cantidades cobradas.
Cuando la vuelta al activo implique el pago de los haberes
por parte de la Secretaría de origen, que dejó de percibir
el militar al encontrarse en situación de retiro, el militar, previo
procedimiento administrativo, reintegrará lo que haya cobrado por
concepto de: haber de retiro o compensación, devolución de
aportaciones al Seguro Colectivo de Retiro, Seguro de Vida Militar, devolución
de aportaciones al Fondo de la Vivienda Militar, y Seguro Colectivo de
Retiro.
Si el militar reingresa al activo por situaciones distintas
a las señaladas en las fracciones I y II del presente artículo,
tendrá la obligación de reintegrar el importe de la compensación
que se hubiere cobrado, y el reintegro se hará en los términos
que señalan los incisos c) y d) anteriores.
Artículo 31. Para integrar el monto total
de:
I. Haber de retiro, se tomará como base
el porcentaje del haber del grado con que vayan a ser retirados y se adicionará
a éste el 80% de dicho haber, más las primas complementarias
del haber que les corresponda por condecoraciones de perseverancia ya otorgadas,
así como las asignaciones de técnico, de vuelo, de salto
o técnico especial y aquellas otras asignaciones de técnico,
cuando las estén percibiendo los militares en el momento en que
ocurra alguna de las causales de retiro señaladas en las fracciones
I, II, III y IV del artículo 24 de esta Ley o bien al cumplirse
el plazo a que se refiere la fracción V del mismo precepto, o a
la fecha en que se formuló la solicitud mencionada en la fracción
VI del artículo citado anteriormente;
II. La compensación por tiempo de servicios
o por fallecimiento, se integrará con los conceptos señalados
en la fracción I, tomando como base el haber del grado que haya
ostentado el militar en servicio activo;
III. A los militares que pasan a situación
de retiro con 30 ó más años de servicios efectivos,
se les fijará el haber de retiro como se indicó en la fracción
I, aumentando los porcentajes que se indican en la tabla siguiente:
Años de Tanto
Servicios por ciento
30 60%
31 62%
32 64%
33 66%
34 68%
35 70%
36 72%
37 74%
38 76%
39 78%
40 80%
41 82%
42 84%
43 86%
44 88%
45 o más 90%
IV. Para la integración de la pensión
por fallecimiento del militar fuera de actos del servicio, se tomará
como base el porcentaje del haber del grado que le hubiere correspondido
al militar en caso de retiro y se adicionará a éste el 80%
de dicho haber, más las primas complementarias por condecoraciones
de perseverancia ya otorgadas, así como las asignaciones de técnico,
de vuelo, de salto o técnico especial y aquellas otras asignaciones
de técnico y que estuviere percibiendo el militar a la fecha del
fallecimiento;
V. La pensión por el fallecimiento del militar
en situación de retiro con haber de retiro, se integrará
con el porcentaje del haber del grado que se reconoció al militar
para efectos de retiro, más el 80% de dicho haber y las primas de
perseverancia y asignaciones que se le hubieren reconocido en su haber
de retiro, y
Para los efectos de las fracciones anteriores, el haber de
retiro, pensión o compensación serán calculados con
base en el haber fijado en los tabuladores autorizados por la Secretaría
de Hacienda y Crédito Público o en el Presupuesto de Egresos
de la Federación vigente, en la fecha en que el militar cause alta
en situación de retiro o en la reserva o baja por fallecimiento.
Artículo 33. Tienen derecho al 100% del
haber de la jerarquía que se reconozca para efectos de retiro, como
base de cálculo para determinar el monto del haber de retiro en
la forma establecida en el artículo 31 de esta ley:
I. Los militares incapacitados en acción
de armas o a consecuencia de lesiones recibidas en ella;
II. Los militares que tuviesen las asignaciones
de técnico, de vuelo, de salto o técnico especial, que se
incapaciten en actos propios de su servicio;
III. Los militares incapacitados en otros actos
del servicio o a consecuencia de éstos, siempre que su incapacidad
se clasifique en la primera categoría, de conformidad con las tablas
del artículo 226 de esta Ley. También tienen derecho al mismo
beneficio los comprendidos en la segunda categoría de incapacidad,
si tienen 14 ó más años de servicio, y
IV. Los militares que hayan cumplido 30 ó
más años de servicios.
Artículo 34. Los militares incapacitados en
actos del servicio o a consecuencia de éstos, comprendidos en la
fracción III del artículo 33 de esta Ley, con tiempo de servicios
menor de 14 años y cuya incapacidad se clasifique en la segunda
categoría, tendrán derecho a un haber de retiro igual a un
porcentaje sobre el haber calculado conforme al artículo 31, en
que se tomarán en cuenta los años de servicios, en la forma
siguiente:
Años de servicios Segunda
categoría
de Incapacidad
10 o menos 80%
11
85%
12
90%
13
95%
Artículo 35. Los militares que hayan llegado
a la edad límite que fija el artículo 25 de esta Ley, los
que se hayan incapacitado fuera de actos del servicio, los imposibilitados
para el desempeño de las obligaciones militares a causa de enfermedad
que dure más de seis meses, y los que soliciten su retiro voluntariamente,
siempre que en todos los casos anteriores se les computen cuando menos
20 años de servicios, tienen derecho a un haber de retiro, en cuya
cuota se tomarán en cuenta los años de servicios en la forma
siguiente:
Años de Tanto
servicios por Ciento
20 60%
21 62%
22 65%
23 68%
24 71%
25 75%
26 80%
27 85%
28 90%
29 95%
Los militares con padecimientos catalogados en la tercera
categoría o con trastornos funcionales de menos del 20% que ameriten
cambio de Arma, Cuerpo o Servicio podrán ser cambiados del que pertenezcan,
a juicio de la Secretaría de la Defensa Nacional o de Marina, de
acuerdo a lo dispuesto en la Ley Orgánica correspondiente.
Cuando se trate de padecimientos señalados en la
tercera categoría, contraídos en actos del servicio o como
consecuencia de ellos, y la Secretaría correspondiente opte por
retirar del activo al militar, el cálculo de su haber de retiro
se hará con base en lo dispuesto para los de segunda categoría
de incapacidad.
Artículo 36. …
I. …
II. Haberse incapacitado en actos fuera de servicio;
III. …
IV. …
V. El personal de la milicia auxiliar que haya
sido separado del activo por órdenes expresas de la Secretaría
de origen por no ser necesarios sus servicios o al término de su
contrato.
Artículo 38. …
I. La viuda o el viudo solos o en concurrencia
con los hijos, o estos solos si son menores de edad; si son mayores de
edad, que no hayan contraído matrimonio o establecido una relación
de concubinato, si comprueban cada año, mediante la presentación
del certificado de estudios correspondiente, que se encuentran estudiando
en instituciones oficiales o con reconocimiento de validez oficial de nivel
medio superior o superior, con límite hasta de 25 años de
edad, siempre que acrediten mediante información testimonial que
dependían económicamente del militar.
Los hijos mayores de edad incapacitados o imposibilitados
para trabajar en forma total y permanente, siempre que el padecimiento
o enfermedad que lo coloque en dicha situación, sea de origen congénito
o se haya contraído dentro del período de la vigencia de
sus derechos;
II. a V. …
VI. Los hermanos menores de edad que dependan económicamente
del militar hasta los 25 años de edad siempre y cuando acrediten
los requisitos que se establecen para los hijos en la fracción I
del presente artículo; así como los hermanos incapacitados
e imposibilitados para trabajar en forma total y permanente, que dependan
económicamente del militar, siempre que la enfermedad o el padecimiento
sea de origen congénito o se haya contraído dentro del periodo
de vigencia de sus derechos.
Artículo 39. Los familiares mencionados en
cada una de las fracciones del artículo anterior, excluyen a los
comprendidos en las siguientes, salvo los casos de los padres, los cuales
pueden concurrir con los familiares señalados en las fracciones
I y II, siempre que demuestren su dependencia económica con el militar.
Artículo 40. Los familiares del militar
muerto en el activo en actos del servicio o como consecuencia de ellos,
tienen derecho a una pensión equivalente al 100% del haber del grado
que le hubiera correspondido para efectos de retiro y el 100% del sobrehaber,
de las primas complementarias por condecoración de perseverancia
y de las asignaciones de técnico que estuviere percibiendo el militar
al ocurrir el fallecimiento. En caso de que haya fallecido fuera de actos
del servicio, los familiares tendrán derecho a una pensión
o compensación integrada como lo señala el artículo
31 de esta Ley.
Se considerará como consecuencia de actos del servicio,
el fallecimiento del militar durante el traslado de su domicilio al lugar
donde prestaba sus servicios o viceversa.
Artículo 52. …
I. a IV. …
V. Tener descendencia la cónyuge o concubina,
después de los trescientos días siguientes al fallecimiento
del militar; y en cualquier momento después del deceso, el cónyuge
o concubinario. Las hijas, hijos, hermanos y hermanas, en cualquier momento;
VI. Dejar de percibir una pensión o una
compensación ya otorgada y sancionada sin hacer gestión de
cobro en un lapso de tres años, y
VII. Por no hacer trámite alguno de gestión
de beneficio durante los cinco años siguientes a la muerte del militar.
Artículo 54. Los términos a los que
se refieren las fracciones VI y VII del artículo 52 de esta Ley,
no proceden para los menores de edad o incapacitados.
Artículo 55. En caso de fallecimiento de
un militar, el familiar que acredite mediante factura original haber realizado
los gastos de sepelio tendrá derecho a que se les cubra, por concepto
de pagas de defunción, el equivalente a cuatro meses del haber y
del sobrehaber, más cuatro meses de asignaciones cuando las estuviere
percibiendo en la fecha del deceso, o cuatro meses del haber de retiro,
en su caso, para atender los gastos de sepelio.
Esta prestación será cubierta, en caso de
militares en activo por la Unidad Ejecutora de Pago correspondiente o por
el Instituto, en caso de militares retirados que a la fecha del deceso
estuvieren percibiendo haber de retiro.
Artículo 56. Cuando los familiares del militar
fallecido no acudieren a atender la inhumación, la autoridad militar
o naval correspondiente tendrá la obligación de encargarse
del sepelio. Los gastos originados por el mismo se cubrirán por
la Unidad Ejecutora de Pago en el caso de los militares en activo y por
el Instituto si se trata de militares en situación de retiro, de
acuerdo con su comprobación y nunca podrán ser mayores de
la cantidad equivalente señalada en el artículo anterior.
En caso que la autoridad militar o naval no se encargara
del sepelio y los gastos hayan sido cubiertos por otra persona que no sea
familiar, ésta tendrá derecho a que se le cubra el beneficio
en los términos del presente artículo.
Artículo 57. …
En el caso de padres que tengan varios hijos militares,
la ayuda para gastos de sepelio se le cubrirá al hijo que los haya
efectuado, situación que se acreditará con la factura original.
Esta prestación será cubierta, en el caso
de militares en activo por la Unidad Ejecutora de Pago correspondiente
o por el Instituto, en caso de militares retirados que a la fecha del deceso
estuvieren percibiendo haber de retiro.
Artículo 60. Seguro de Vida Militar es la
prestación que tiene por objeto proporcionar un beneficio económico
a los beneficiarios o familiares de los militares por el fallecimiento
de éstos, cualquiera que sea la causa de la muerte, así como
a los militares que hayan causado baja del activo y alta en situación
de retiro por incapacidad clasificada en primera o segunda categorías,
de conformidad con las tablas contenidas en el artículo 226 de esta
Ley, contraída en actos del servicio o como consecuencia de ellos.
Artículo 63. …
I. …
a) ...
b) Por causar baja del activo y alta en situación
de retiro por incapacidad clasificada en la primera o segunda categorías,
de conformidad con las tablas contenidas en el artículo 226 de esta
Ley, contraída en actos del servicio o como consecuencia de ellos,
siendo entregado el importe respectivo al militar asegurado o a su representante
legal, en su caso.
II. …
III. En caso de fallecimiento o incapacidad en
primera o en segunda categoría, de conformidad con las tablas contenidas
en el artículo 226 de esta Ley, contraída en actos del servicio
o como consecuencia de ellos, el Instituto pagará por concepto de
suma asegurada el equivalente a cuarenta meses de haberes y sobrehaber
mínimo vigente para las Fuerzas Armadas que corresponda a los siguientes
miembros:
a) y b) …
IV. …
Artículo 64. El pago de la suma asegurada,
en cualquiera de los casos, se hará en una sola exhibición
directamente a los beneficiarios del militar fallecido; tratándose
de incapacidad, la entrega se hará al mismo militar asegurado o
a la persona legalmente acreditada por él, según proceda.
Artículo 65. El pago de la suma asegurada
por incapacidad excluye el pago de la suma asegurada por fallecimiento.
Artículo 66. El importe de la prima correspondiente
al seguro de vida de los militares en servicio estará a cargo del
Gobierno Federal y será del 2.0% (dos punto cero por ciento) de
los haberes y el sobrehaber que disfrute el militar en la República
Mexicana o del sueldo base de servidor público autorizado conforme
a las percepciones correspondientes.
Artículo 80. …
I. a III. …
IV. Para el pago de la suma asegurada por incapacidad
clasificada en primera o segunda categoría en actos del servicio
o como consecuencia de ellos de los militares en activo, de conformidad
con las tablas contenidas en el artículo 226 de esta Ley, y que
causen alta en situación de retiro con derecho a percibir haber
de retiro:
a) a d) …
Artículo 81. Todas las acciones de cobro del
beneficio del seguro de vida militar que se deriven de lo estipulado en
el presente Capítulo, prescribirán en dos años para
los beneficiarios designados por el asegurado y en tres años para
los familiares señalados en el artículo 77 de esta Ley; tratándose
de fallecimiento, dicho término se computará a partir del
suceso; en caso de incapacidad o desaparición, el término
de dos años empezará a computarse desde el día en
que la Secretaría correspondiente gire la orden de baja del servicio
activo por dichos supuestos.
Artículo 82. El Instituto podrá disponer
y utilizar hasta el 1.0% (uno punto cero por ciento) anual del total de
los recursos que integran el fondo para el Seguro de Vida Militar, por
concepto de gastos de administración y operación del mismo,
para lo cual el Instituto informará a la Junta Directiva en los
periodos que se determine sobre los resultados de la administración
del fondo.
Artículo 87. …
I. y II. …
III. A los militares incapacitados en actos dentro
del servicio o como consecuencia de ellos en primera o segunda categoría,
de conformidad con las tablas contenidas en el artículo 226 de esta
Ley, sin tomar en cuenta los años de servicios efectivos prestados;
en su caso, dicha suma asegurada será pagada a la persona legalmente
acreditada por el militar;
IV. …
V. A los militares incapacitados en actos fuera
del servicio en primera o segunda categoría, de conformidad con
las tablas contenidas en el artículo 226 de esta Ley, y que hayan
cumplido 20 o más años de servicios efectivos prestados;
en su caso, dicha suma asegurada será pagada a la persona legalmente
acreditada por el militar, y
VI. …
…
Artículo 89. …
…
A los militares que se incapaciten en actos del servicio
o como consecuencia de ellos en primera o segunda categoría, de
conformidad con las tablas contenidas en el artículo 226 de esta
Ley; así como a los beneficiarios de los militares que fallezcan
en actos del servicio o como consecuencia de ellos, se les cubrirá
como suma asegurada el equivalente a 50 meses del haber y sobrehaber mínimo
vigente de su grado para las Fuerzas Armadas, independientemente de sus
años de servicios efectivos prestados.
A los militares que cuenten con menos de 20 años
de servicios, que se incapaciten en actos del servicio o como consecuencia
de ellos, en tercera categoría, de conformidad con las tablas contenidas
en el artículo 226 de esta Ley, se les cubrirá como suma
asegurada el equivalente a 16 meses del haber y sobrehaber mínimo
vigente de su grado para las Fuerzas Armadas, independientemente de sus
años de servicios efectivos prestados.
Artículo 90. El importe de la prima mensual
correspondiente al seguro colectivo de retiro se integrará de la
siguiente forma:
I. El 3.0% (tres punto cero por ciento) del total
de los haberes mensuales de todos los militares en activo de acuerdo con
su jerarquía;
II. El 3.0% (tres punto cero por ciento) del total
de los haberes y sobrehaber mínimo vigente mensual de todos los
militares en activo, de acuerdo a su jerarquía;
III. El 3.0% (tres punto cero por ciento) a que
se refiere la fracción I, será cubierto con cargo al presupuesto
de las Secretarías de la Defensa Nacional y de Marina de acuerdo
con el número de integrantes en servicio activo de cada Secretaría.
Para integrar la parte de la prima mensual a que se refiere
la fracción II, cada militar deberá aportar el 3.0% (el tres
punto cero por ciento) del haber y sobrehaber mínimo vigente mensual,
el cual será retenido por dichas Secretarías;
IV. Sólo en caso de que el personal de procesados
o sentenciados que se mantengan en servicio activo aporten al Instituto
la prima a que se refiere la fracción II de este artículo,
la Secretaría correspondiente aportará el 3.0% (tres punto
cero por ciento) a que se refiere la fracción I, el cual será
cubierto con cargo al presupuesto de la Secretaría correspondiente.
Las aportaciones de la prima mensual hechas por estos militares, les otorgarán
el derecho de que el tiempo en que estén en dichas situaciones les
sea considerado como tiempo de servicios efectivos prestados, únicamente
para efectos de este seguro;
V. En los casos de licencia ilimitada durante el
tiempo que la normatividad del Ejército y Fuerza Aérea o
de la Armada, les concede para solicitar su reingreso, así como
en los casos de licencia especial, los militares podrán aportar
directamente al Instituto las primas a que se refieren las fracciones I
y II de este artículo, siempre y cuando lo manifiesten por escrito
dentro de los 30 días siguientes a la fecha en que se les conceda
la licencia, las aportaciones de la prima mensual hecha por estos militares
durante la citada licencia, les otorgará el derecho de que el tiempo
en que estén en dicha situación les sea considerado como
tiempo de servicios prestados, únicamente para efectos de este seguro,
y
VI. Todas las cantidades anteriores, deberán
ser entregadas al Instituto dentro de los cinco días siguientes
al pago de la primera quincena de cada mes.
Artículo 91. …
I. …
a) a d) …
e) A los militares que se incapaciten en actos
fuera del servicio, en primera o segunda categoría, de conformidad
con las tablas contenidas en el artículo 226 de esta Ley y que no
hayan cumplido 20 años de servicios efectivos prestados;
f) …
g) A los militares que causen baja del activo por
haberse incapacitado en tercera categoría en actos fuera del servicio
y que no hayan cumplido 20 ó más años de servicios
efectivos prestados.
II. a IV. …
Artículo 95. El Instituto practicará
cada año una revisión actuarial para mantener el equilibrio
financiero entre los ingresos y egresos que constituyen el Fondo del Seguro
Colectivo de Retiro, con objeto de garantizar el pago de las sumas aseguradas
que correspondan.
En caso de presentar un déficit, éste se
cubrirá con cargo al patrimonio del Instituto proveniente de las
aportaciones que anualmente realiza el Gobierno Federal de acuerdo a lo
establecido en esta Ley, o de cualquier otra aportación extraordinaria
del propio Gobierno Federal que contribuya a la solvencia del mismo.
Artículo 103. …
I. Cuando un militar reciba financiamiento del
Fondo de Vivienda, el total del importe de los depósitos que en
su favor se hayan acumulado hasta esa fecha, se aplicará de inmediato
como pago inicial del crédito concedido;
II. Durante la vigencia del crédito, se
continuará aplicando el total de la aportación gubernamental
al pago de los abonos subsecuentes que debe hacer dicho miembro de las
Instituciones Armadas;
III. a V. …
Artículo 111. …
Por incapacidad total y permanente se entiende, la imposibilidad
física y/o mental que constituya causal de retiro, clasificada en
la primera o segunda categoría, conforme a las tablas contenidas
en el artículo 226 de esta Ley, siempre y cuando la incapacidad
se produzca durante actos del servicio o como consecuencia de ellos y con
fecha posterior a la formalización del crédito, debiendo
acreditar dicho padecimiento con el certificado médico de incapacidad
expedido por dos médicos militares o navales de las Secretaría
de la Defensa Nacional o de Marina, según corresponda, así
como la Declaración de Procedencia de Retiro emitida por la Dependencia
correspondiente.
…
El seguro se aplicará a petición del militar
o, en su caso, de los derechohabientes o herederos, dentro de un término
no mayor de dos años a partir de la fecha en la que el militar cause
baja del servicio activo por incapacidad dentro de actos del servicio en
primera o segunda categoría o de la fecha del fallecimiento; transcurrido
dicho término, se tendrá por prescrito el derecho para la
aplicación del seguro.
La aplicación del seguro no exime al militar, derechohabientes
o herederos a cubrir el adeudo que se registre antes del fallecimiento
o de que se reciba en el Instituto la solicitud del militar.
Para acreditar el derecho a la aplicación del seguro,
el militar deberá presentar copia certificada de la declaración
definitiva de procedencia de retiro y del dictamen pericial que sirvió
de base para declarar la causal de retiro; en su caso, los derechohabientes
o herederos deberán presentar acta de defunción, oficio de
baja por defunción y el documento que acredite su carácter
de derechohabiente o heredero.
Artículo 121. Con el fin de que los recursos
del fondo se inviertan de conformidad con lo que dispone la presente Ley,
el Gobierno Federal, a través de la Secretaría de Hacienda
y Crédito Público, tendrá la facultad de vigilar que
los programas financieros anuales con recursos del fondo, no excedan a
los presupuestos de ingresos corrientes y de los financiamientos que reciba
el Instituto. Dichos financiamientos deberán ser aprobados por la
propia Secretaría.
Artículo 142. La Atención Médica
Quirúrgica es el sistema por el cual se trata de conservar y preservar
la salud de las personas, entendiéndose por este concepto no sólo
el bienestar físico y mental, sino también la ausencia de
enfermedad.
…
…
…
I. y II. …
III. Los hijos mayores de edad que no hayan contraído
matrimonio o establecido una relación de concubinato sin descendencia,
que se encuentren estudiando en instituciones oficiales o con reconocimiento
de validez oficial, con límite hasta de 25 años de edad;
excepcionalmente y a juicio del Instituto, podrá extenderse este
beneficio hasta los 30 años de edad, si además de cubrir
los requisitos mencionados, están realizando estudios a nivel licenciatura
o superiores y demuestran su dependencia económica con el militar.
Para ello se deberán presentar los siguientes documentos, mismos
que serán actualizados anualmente por el interesado:
a) Información testimonial de dependencia
económica;
b) Constancia de inexistencia de registro de matrimonio
expedida por el Registro Civil, y
c) Certificado o constancia de estudios;
IV. Los hijos incapacitados o imposibilitados para
trabajar en forma total y permanente, siempre que la enfermedad o padecimiento
sea de origen congénito o se haya contraído dentro del periodo
de la vigencia de sus derechos;
V. El padre y la madre, y
VI. Al fallecimiento del militar retirado o en
activo, sus familiares tendrán derecho a la prestación del
servicio medico gratuito, siempre que la Junta Directiva les reconozca
el carácter de pensionistas.
Artículo 148. En caso de que los militares
o sus familiares no se sujeten al tratamiento médico respectivo,
no tendrán derecho a exigir que se les continúe prestando
la atención médica únicamente por lo que hace a la
enfermedad que sufran, mientras no cese tal actitud; en caso de que los
militares padezcan enfermedades que les incapaciten temporalmente para
el servicio y no se sujeten al tratamiento adecuado, no se les expedirá
el certificado de incapacidad correspondiente.
Artículo 149. El servicio materno infantil
se otorgará a los sujetos siguientes:
I. Personal militar femenino;
II. Esposa del militar;
III. Concubina del militar, e
IV. Hijas menores de edad, dependientes económicas
del militar, que no hayan contraído matrimonio o establecido una
relación de concubinato.
El servicio materno infantil comprende: consulta y tratamiento
obstétrico y prenatal; atención del parto; atención
del infante, y ayuda a la lactancia.
Artículo 149 Bis. El derecho al servicio
materno infantil para la cónyuge, la concubina y las hijas menores
de edad dependientes económicas, se perderá al fallecimiento
del militar, salvo cuando acrediten que el nacimiento fue dentro del término
de 300 días a partir del deceso del militar.
Artículo 160. La relación de concubinato
será acreditada necesariamente, y en todo caso, con la designación
que el militar haya hecho de la persona interesada, como concubina o concubinario,
ante el Instituto o la Secretaría de la Defensa Nacional o de Marina,
sin que sea admisible otro medio de prueba. La designación posterior
anula la anterior, siempre que se haya formulado dentro del plazo establecido
en el artículo 143 de esta Ley y acreditado las circunstancias de
los incisos a) y b) de la fracción II del artículo 38 de
esta Ley, se acreditarán con los medios de prueba establecidos por
el Código Federal de Procedimientos Civiles.
Artículo 167. …
I. ...
II. Con el certificado de autopsia y dictamen médico
de relación de causalidad;
III. a V. …
Artículo 168. El fallecimiento o la incapacidad
como consecuencia de otros actos del servicio, cuando éstos se refieran
a atenciones médico-quirúrgicas, será probada necesariamente
y en todo caso, con la sentencia ejecutoriada dictada por los tribunales
militares en la que se declare la responsabilidad médica.
Artículo 171. La incapacidad por lesiones
recibidas en acción de armas u otros actos de servicio, será
probada:
I. a IV. …
Artículo 172. La incapacidad proveniente de
enfermedades contraídas en el servicio será probada:
I. a III. …
Artículo 173. Cuando la incapacidad o la muerte
de un militar ocurran antes de transcurridos dos años de recibidas
las lesiones en acción de armas o en otros actos del servicio, se
presume la relación de causalidad entre las lesiones y la incapacidad
o la muerte, salvo prueba en contrario.
En los casos en que la incapacidad o la muerte del militar
ocurra antes de transcurridos tres años de acaecidos los hechos
que se pretende ocasionaron la incapacidad o la muerte por enfermedad contraída
en actos del servicio, se presume la relación de causalidad entre
los mismos y la enfermedad y entre ésta, y la incapacidad o la muerte,
salvo prueba en contrario.
…
Artículo 174. La incapacidad por causas
extrañas al servicio se acreditará únicamente con
los certificados que deben expedir los médicos militares o navales
especialistas que designen las Secretarías de la Defensa Nacional
o de Marina.
Artículo 181. El tiempo de servicios comprende
tanto el de los efectivos como el de los abonos y será computado
en la forma establecida en la Ley para la Comprobación, Ajuste y
Cómputo de Servicios aplicable a cada una de las Secretarías,
según corresponda.
La fracción que exceda de seis meses, será
computada como un año completo, únicamente para efectos del
cálculo del haber de retiro, pensión o compensación.
Artículo 183. En todos los casos en que
se requiera la presentación de certificados y dictámenes
médicos, éstos deberán estar suscritos, cuando menos
por dos médicos militares o navales especialistas en el padecimiento
que presenta el militar.
Artículo 186. En los casos de retiro forzoso,
las dependencias encargadas del manejo del personal militar en las Secretarías
de la Defensa Nacional o de Marina, informarán a la Dirección
encargada de tramitar administrativamente los retiros que corresponda,
los casos en que se estime comprobada una causa de retiro proporcionando
la documentación comprobatoria. Cuando no se proceda de oficio,
los interesados podrán solicitar su retiro en la forma antes establecida
para el retiro voluntario.
…
Artículo 189. Si la Dirección encargada
de tramitar administrativamente los retiros de la Secretaría respectiva
estimare la procedencia del retiro, pero el Presidente de la República
o la propia Secretaría considere necesarios los servicios del militar
conforme a lo establecido en esta Ley, podrán ejercitar su derecho
de retención en el activo, girando las órdenes conducentes.
Este derecho de retención podrá ser ejercido
en tanto no se giren las órdenes de baja en el activo y alta en
situación de retiro.
Declarada la retención, se interrumpirá
el trámite de retiro, dándose aviso al Instituto y a la Secretaría
de Hacienda y Crédito Público para que den por concluidos
los trámites que se hubieren realizado y, en su caso, dejen sin
efecto las resoluciones de otorgamiento de beneficio y su aprobación.
Artículo 190. En caso de retiro voluntario,
el militar podrá desistirse de su solicitud desde la Declaración
de Procedencia de Retiro que formule la Dirección encargada de tramitar
administrativamente los retiros de la Secretaría respectiva, hasta
antes de que le sea comunicada por el Instituto la aprobación del
beneficio de retiro emitida por la Junta Directiva. El desistimiento sólo
será denegado si aparece comprobada alguna causa de retiro forzoso.
Artículo 192. Los familiares de militares
que se consideren con derecho a beneficio, solicitarán el otorgamiento
de compensación o pensión directamente al Instituto, acompañando
la documentación comprobatoria necesaria y éste, en un término
que no exceda de cinco días hábiles, turnará el escrito
petitorio y sus anexos a la Dirección encargada de tramitar administrativamente
los retiros de la Secretaría de la Defensa Nacional o de Marina,
en su caso, misma que dentro de los siguientes sesenta días hábiles
resolverá lo concerniente, previo estudio del expediente militar
y de las pruebas aportadas por los interesados, determinen la personalidad
militar, la jerarquía y la situación en que quedaba como
miembro de las Fuerzas Armadas, en el momento de su muerte, la persona
de quien deriven sus derechos los peticionarios. Éstos podrán,
después de presentada la solicitud, aportar directamente a la Secretaría
correspondiente de que se trate las pruebas que estimen pertinentes.
Reunidos los elementos de convicción necesarios,
la Dirección encargada de tramitar administrativamente los retiros,
declarará la existencia o inexistencia de la personalidad militar
de la persona señalada por los interesados y en su caso, si al morir
se encontraba en el activo o en situación de retiro. Esta declaración
y el cómputo de servicios militares, si los hubiere prestado la
persona aludida, se notificarán a los peticionarios para los efectos
de su manifestación de conformidad o de inconformidad, y en este
último caso, para que ofrezcan y rindan pruebas, en la misma forma
y términos mencionados en esta Ley.
…
Artículo 193. En los casos en que los militares
y los familiares de éstos hubieran formulado objeciones a las declaraciones
pronunciadas por la Dirección encargada de tramitar administrativamente
los retiros de la Secretaría que corresponda, o a los cómputos
de servicios, dicha Dirección formulará dentro de los 45
días hábiles siguientes, su declaración definitiva
en la cual resolverá las objeciones aceptándolas o rechazándolas,
y haciendo pormenorizada valorización de las pruebas y cuestiones
alegadas. También será notificada a los interesados esta
declaración.
...
Artículo 194. Cuando en las declaraciones
de la Dirección encargada de tramitar administrativamente los retiros
de las Secretarías de la Defensa Nacional o de Marina, respectivamente,
se reconociere la procedencia del retiro del militar interesado, o se tuviere
por probada la personalidad militar de la persona de que hacen derivar
sus derechos los peticionarios, y el hecho de que su muerte haya ocurrido
en el activo o en situación de retiro, se remitirá el incidente
de retiro y el expediente militar al Instituto. En los casos en que la
declaración fuere adversa, se notificará ésta a los
interesados, dando aviso al Instituto y a la Secretaría de Hacienda
y Crédito Público.
Artículo 195. Cuando estando concluido el
trámite conforme al procedimiento establecido en esta Ley, existan
pruebas supervenientes con las que se acredite que la incapacidad o fallecimiento
fue consecuencia de los actos a que se refiere el artículo 168 de
esta Ley, las Secretarías de origen por conducto de sus Direcciones
encargadas de tramitar administrativamente los retiros respectivamente,
tendrán la obligación de rectificar la resolución
definitiva que se haya emitido para el trámite inicial para efectos
de que se le otorgue el beneficio económico que le corresponda con
apego a la presente Ley.
Artículo 196. Al recibir el Instituto la
documentación proveniente de la Dirección encargada de tramitar
administrativamente los retiros de la Secretaría de que se trate,
realizará el estudio de los antecedentes y formulará un dictamen,
dentro de los 45 días hábiles siguientes sobre la procedencia
del beneficio, su naturaleza y su monto, pudiendo solicitar los datos aclaratorios
necesarios a la Dirección remitente, a la autoridad que corresponda
o al militar o familiares peticionarios. En caso de que el Instituto advierta
que la Dirección remitente ha omitido formalidades de procedimiento
que le corresponda y que pudieran dar lugar a reclamaciones ante los tribunales,
devolverá la documentación del caso a dicha Dirección
para que se proceda legalmente.
...
La Junta del Instituto, en sus resoluciones, acatará
las declaraciones definitivas de la Dirección de la Defensa Nacional
o de Marina, en cuanto reconozcan personalidad militar, determinen jerarquías
en el activo o para efectos de retiro, precisen específicamente
la causa o causas del retiro acreditadas y fijen situaciones dentro del
activo o de retiro. También se sujetará a los cómputos
de servicios formulados en dichas Direcciones.
Artículo 197. En tanto se llevan a cabo
los trámites a que se refiere el artículo 196 de la Ley,
el Instituto cubrirá con cargo al erario federal el 50% del haber
o haber de retiro que percibía el militar fallecido a los familiares
a quienes se les haya otorgado el beneficio por resolución de la
Junta Directiva.
Al efectuarse la liquidación correspondiente, de
la cantidad que debe percibirse, se descontará la cantidad que les
ha sido cubierta.
Artículo 198. Al notificarse la resolución
anterior, que tendrá carácter de provisional, los interesados
podrán ejercitar dentro de un plazo de quince días el recurso
de reconsideración, contando con quince días para la presentación
de pruebas si las ofrecieran precisamente en el escrito con que interpusieron
el recurso. El recurso de reconsideración a que se refiere este
artículo, se rechazará de plano en lo que se refiere a lo
ya resuelto por la Dirección encargada de tramitar administrativamente
los retiros respectivamente, de las Secretarías de la Defensa Nacional
o de Marina, en su caso.
...
Artículo 209. …
I. y II. …
III. Los miembros de los Cuerpos de Defensas Rurales
que se incapaciten o fallezcan en actos del servicio o a consecuencia de
ellos, como soldados.
Artículo 221. El Gobierno Federal destinará
anualmente una cantidad equivalente al 15% de los haberes, haberes de retiro
y pensiones para las siguientes prestaciones:
I. y II. …
Artículo 226. Para la determinación
de las categorías y grados de accidentes o enfermedades que den
origen a retiro por incapacidad se aplicarán las siguientes tablas:
Primera Categoría
1. a 82. …
83. La seropositividad a los anticuerpos contra
los virus de la inmunodeficiencia humana, confirmada con pruebas suplementarias
más infecciones por gérmenes oportunistas y/o neoplasias
malignas, en etapa terminal por más de seis meses.
84. a 122. …
(último párrafo, se deroga)
Segunda Categoría
1. a 44. …
45. Se deroga.
(último párrafo, se deroga)
Tercera Categoría
1. a 53. …
(último párrafo, se deroga)
Lista de padecimientos que por producir trastornos
funcionales de menos del 20% ameritan cambio de Arma o Servicio a petición
de un Consejo Médico.
1. a 13. …
14. La diabetes mellitus tipo 2 sin complicación
crónica.
15. a 18. …
19. La seropositividad a los anticuerpos contra
los virus de la inmunodeficiencia humana confirmada con pruebas suplementarias,
que limite la actividad funcional militar por requerir de control y tratamiento
médico.
20. Las alteraciones permanentes, anatómicas
o funcionales, de los diversos aparatos y sistemas, que disminuyen la capacidad
funcional del individuo entre el 10% y el 20% y que no han quedado comprendidas
en esta categoría.
(último párrafo, se deroga)
Transitorios
Primero. El presente decreto entrará en
vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario
Oficial de la Federación, salvo las disposiciones que impliquen
impacto económico, las cuales se aplicarán en los siguientes
términos:
a) A partir del 1 de enero de 2008, los haberes
de retiro, compensaciones y pensiones se integrarán con el 80% a
que se refieren las fracciones I y V del artículo 31 del presente
Decreto; a partir de la citada fecha, dicho porcentaje sustituirá
al 70% que vienen percibiendo los militares que se encuentren en situación
de retiro con derecho al pago de haber de retiro y al 60% que perciben
los pensionistas.
Para efectos del párrafo anterior, el porcentaje
aumentará del 70% al 75% en el año 2008 y, a partir del año
2009, se alcanzará el porcentaje del 80%.
b) Los militares que pasen a situación de
retiro y los que se encuentren en dicha situación con 30 ó
más años de servicios efectivos, a partir del mes de enero
de 2012 percibirán su haber de retiro con el total del porcentaje
adicional que se establece en la fracción III del artículo
31; para dicho efecto, a partir del mes de enero de 2008 se aplicará
al monto del haber de retiro integrado con la suma de los conceptos a los
que se refiere la fracción I del citado numeral; el porcentaje para
cada año se indica en la tabla siguiente:
Los porcentajes que se señalan para los militares
con 45 ó más años de servicios efectivos, sustituirán
al porcentaje adicional del 10% que se les viene cubriendo.
c) La aportación del Gobierno Federal a
la que se refiere el artículo 66 del presente Decreto, para constituir
a favor de los militares el fondo del Seguro de Vida Militar, se realizará
a partir del mes de enero de 2010 a razón del 1.9%, y al 2.0% a
partir del mes de enero de 2011.
d) La aportación del 3.0% que se cubre con
cargo al presupuesto de las Secretarías de la Defensa Nacional y
de Marina para integrar el importe de la prima mensual del Seguro Colectivo
de Retiro conforme a lo dispuesto en la fracción I del artículo
90 del presente Decreto, se realizará a partir del mes de enero
de 2008 a razón del 1.75%, y al 3.0% a partir del mes de enero de
2009.
e) La aportación del 15% que el Gobierno
Federal realice en términos del artículo 221 del presente
Decreto sobre los haberes, haberes de retiro y pensiones, se empezará
a cubrir a partir del mes de enero de 2008 conforme a la tabla siguiente,
a fin de que a partir del mes de enero de 2012, la aportación del
Gobierno Federal sea equivalente al 15% de los conceptos que señala
la norma:
Segundo. El porcentaje correspondiente al año
2008 será proporcionado del presupuesto actual de las dependencias
y entidades involucradas: Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría
de Marina e Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas.
Tercero. Se derogan las disposiciones que se opongan
al presente ordenamiento, quedando a salvo los derechos y beneficios que
se vengan ejerciendo y disfrutando en términos de las Leyes del
Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas de 1976
y 2003.
La Comisión de Seguridad Social
Diputados: Rafael Plácido
Ramos Becerril, presidente; Efraín Arizmendi Uribe (rúbrica),
Neftalí Garzón Contreras (rúbrica), Rosario Ignacia
Ortiz Magallón, Samuel Aguilar Solís (rúbrica), Joel
Arellano Arellano (rúbrica), Margarita Arenas Guzmán (rúbrica),
Alfonso Othón Bello Pérez (rúbrica), Ángel
Humberto García Reyes (rúbrica), Benjamín Ernesto
González Roaro (rúbrica), Addy Cecilia Joaquín Coldwell,
Agustín Leura González, Mario Eduardo Moreno Álvarez
(rúbrica), Ricardo Rodríguez Jiménez (rúbrica),
Enrique Rodríguez Uresti (rúbrica), Juan Manuel Sandoval
Munguía (rúbrica), Joel Ayala Almeida, Patricio Flores Sandoval,
Guillermina López Balbuena, Lorena Martínez Rodríguez
(rúbrica), Rogelio Muñoz Serna, Juan Carlos Velasco Pérez,
Ramón Almonte Borja, Daniel Dehesa Mora (rúbrica), José
Luis Gutiérrez Calzadilla (rúbrica), Adrián Pedrozo
Castillo, Ana María Ramírez Cerda (rúbrica), Ramón
Valdés Chávez (rúbrica), Abundio Peregrino García.
La Comisión de Defensa Nacional
Diputados: Jorge Justiniano
González Betancourt (rúbrica), presidente; Jesús Arredondo
Velázquez (rúbrica), Marco Heriberto Orozco Ruiz Velazco
(rúbrica), Alma Lilia Luna Munguía (rúbrica a favor
en lo general), Roberto Badillo Martínez (rúbrica), secretarios;
Gerardo Aranda Orozco (rúbrica), Diódoro Humberto Carrasco
Altamirano (rúbrica), Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo (rúbrica),
José Guillermo Fuentes Ortiz (rúbrica), Nelly Asunción
Hurtado Pérez, Violeta del Pilar Lagunes Viveros (rúbrica),
Alejandro Landero Gutiérrez (rúbrica), Emilio Ramón
Ramiro Flores Domínguez (rúbrica), Marco Antonio Peyrot Solís,
Javier González Garza (rúbrica a favor en lo general), César
Flores Maldonado, Celso David Pulido Santiago (rúbrica), Raúl
Ríos Gamboa (rúbrica), David Sánchez Camacho (rúbrica
a favor en lo general), José Alfonso Suárez del Real y Aguilera
(rúbrica a favor en lo general), Cuauhtémoc Sandoval Ramírez
(rúbrica), Israel Beltrán Montes, Carlos Rojas Gutiérrez
(rúbrica a favor en lo general), Andrés Carballo Bustamante
(rúbrica), Pedro Montalvo Gómez (rúbrica a favor en
lo general), Carlos Ernesto Zatarain González (rúbrica),
Manuel Portilla Diéguez, Aída Marina Arvizu Rivas.
La Comisión de Marina
Diputados: Elías Cárdenas
Márquez, presidente; Ángel Rafael Deschamps Falcón
(rúbrica), Marco Antonio Peyrot Solís (rúbrica), Maribel
Luis Alva Olvera, José Luis Blanco Pajón (rúbrica)
secretarios; Efraín Arizmendi Uribe (rúbrica), Gerardo Buganza
Salmerón (rúbrica), Adrián Fernández Cabrera
(rúbrica), Leonardo Magallón Arceo (rúbrica), Luis
Alonso Mejía García (rúbrica), Nabor Ochoa López
(rúbrica), Pedro Pulido Pecero (rúbrica), Víctor Manuel
Torres Herrera, Juan Victoria Alva (rúbrica); Luis Ricardo Aldana
Prieto, Carlos Chaurand Arzate (rúbrica a favor en lo general, reserva
transitorios), Mariano González Zarur (rúbrica a favor en
lo general), Arturo Martínez Rocha, Jorge Toledo Luis, Higinio Chávez
García (rúbrica), Cuitláhuac Condado Escamilla, Claudia
Lilia Cruz Santiago (rúbrica), Carlos Ernesto Navarro López,
Odilón Romero Gutiérrez (rúbtrica), Faustino Javier
Estrada González, Félix Castellanos Hernández.
DE LA COMISIÓN DE EQUIDAD
Y GÉNERO, CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS
DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE
DE VIOLENCIA
Honorable Asamblea:
A la Comisión de Equidad y Género fueron
turnadas, para su estudio, análisis y dictamen, diversas iniciativas
que reforman y adicionan la Ley General de Acceso de las Mujeres a una
Vida Libre de Violencia.
La Comisión de Equidad y Género, con fundamento
en los artículos 39, 43, 44 y 45, numeral 6, incisos e), f) y g)
de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos,
así como con los artículos 88 y 93 del Reglamento para el
Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos,
somete a la consideración de esta honorable asamblea el presente
dictamen, el cual se realiza de acuerdo con la siguiente
Metodología
I. En el capítulo "Antecedentes" se da constancia
del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo de turno
para el dictamen de las iniciativas referidas y de los trabajos previos
de la comisión.
II. En el capítulo "Contenido de las iniciativas"
se exponen los motivos y alcance de las propuestas en estudio; asimismo,
se hace una breve referencia de los temas que las componen.
III. En el capítulo de "Consideraciones", la comisión
expresa los argumentos de valoración de las propuestas y los motivos
que sustentan el resolutivo del dictamen de las iniciativas en análisis.
I. Antecedentes
Con fecha 3 de abril de 2008, la diputada María
Mercedes Maciel Ortiz, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo,
perteneciente a la LX Legislatura de la Cámara de Diputados, presentó
al Pleno de la Cámara de Diputados la iniciativa con proyecto de
decreto que adiciona a los artículos 5 y 6 de la Ley General de
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
En esa misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva
de la honorable Cámara de Diputados turnó dicha iniciativa
a la Comisión de Equidad y Género para su estudio y posterior
dictamen.
Mediante Comunicación de la Presidencia de la Mesa
Directiva de la Cámara de Diputados, por la que informa del turno
que corresponde a cada iniciativa o proposición registradas en el
orden del día de la sesión del 30 de abril de 2008, publicada
en Gaceta Parlamentaria el 15 de mayo de 2008, se turnaron a la Comisión
de Equidad y Género las siguientes iniciativas:
Que reforma y adiciona los artículos 44 y 49
de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia,
a cargo de la diputada María Sofía Castro Romero y suscrita
por diputadas integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción
Nacional.
Que adiciona un párrafo a la fracción III
del artículo 24 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una
Vida Libre de Violencia, a cargo de la diputada Mirna Cecilia Rincón
Vargas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Finalmente, en la sesión del 4 de junio de 2008 de
la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión,
la diputada Nelly Asunción Hurtado Pérez, en nombre propio
y de la diputada Maricela Contreras Julián, del Grupo Parlamentario
del Partido Acción Nacional y del Partido de la Revolución
Democrática, respectivamente, presentó iniciativa con proyecto
de decreto que adiciona las fracciones XI, XII, XIII y XIV de la Ley General
de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
En esa misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva
de la Comisión permanente, turnó a la Comisión de
Equidad y Género de la Cámara de Diputados la iniciativa
de referencia para su análisis y posterior dictamen.
II. Contenido de las iniciativas
De las Iniciativas mencionadas, se desprenden los siguientes
argumentos:
La diputada María Mercedes Maciel Ortiz menciona
que en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia
(LGAMVLV) se conceptualizan diversas hipótesis de violencia que
se materializan en una persona individualmente considerada que pertenece
al género femenino.
La iniciadora señala además que no se estableció
lo que denomina violencia mediática, la cual conceptualiza como
la que se realiza cuando se usa la imagen de la mujer como objeto de venta
de productos y servicios y de imposición de patrones culturales
y estilos de vida que no son nuestros.
Además propone adicionar en la parte que define
lo que debe entenderse por violencia contra las mujeres, así como
en la definición de violencia psicológica el uso de la imagen
femenina para la imposición de estereotipos.
Por su parte, la diputada María Sofía Castro
Romero, en su iniciativa señala que diversos actores políticos
y sociales han impulsado una infinidad de cambios institucionales y en
la atención integral de las mujeres con políticas públicas
que garanticen un trato más igualitario en las oportunidades de
desarrollo, pero que, no obstante estos avances, se siguen presentando
agresiones físicas y psicológicas a las mujeres que vulneran
su desarrollo personal y social, tanto en la esfera privada de la familia
como en la esfera pública del trabajo, la escuela y otro más.
Refiere además una serie de cifras que evidencian
la gravedad de la violencia de género y detalla que con motivo de
la publicación de la LGAMVLV se establece un sistema nacional que
tiene por objeto la conjunción de esfuerzos y acciones interinstitucionales
para la prevención, atención, sanción y erradicación
de la violencia contra las mujeres; menciona también que la propia
ley mandata al Ejecutivo federal para que proponga en el Presupuesto de
Egresos de la Federación una partida presupuestaria para garantizar
el cumplimiento de los objetivos de dicho ordenamiento.
Precisa la autora de la iniciativa que las entidades federativas
deben tener la obligación de estimar el presupuesto necesario para
implementar las acciones señaladas en la ley de la materia, por
lo que propone establecer que cada Ejecutivo estatal, en el proyecto de
Presupuesto de Egresos de su estado, asigne una partida presupuestaria
para tal fin.
Propone también que los datos que integre el Banco
Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra
las Mujeres, establecido en la LGAMVLV, sean integrados en la base de datos
del sistema nacional de seguridad pública, y así poder formar
debidamente una estadística de que aporte datos reales de la realización
de conductas delictivas en el país.
Por su parte, la diputada Mirna Cecilia Rincón
Vargas, en su iniciativa destaca la figura de la alerta de género
en la LGAMVLV y, apoyándose es este ordenamiento, como en su respectivo
reglamento, detalla de manera específica el procedimiento que debe
seguirse para su declaratoria.
Dicho procedimiento, concluye la iniciadora, eventualmente
podría resultar ineficaz ante una contingencia que amerite una rápida
intervención por parte de los distintos órdenes de gobierno,
debido a que la ley no acota el tiempo que puede tardar la implantación
de una alerta de género, por lo que propone acortar el tiempo requerido
para la emisión de una alerta de violencia de género, hasta
30 días naturales a partir de que se presente la solicitud.
Finalmente, las Diputadas Maricela Contreras Julián
y Nelly Asunción Hurtado, en su iniciativa, mencionan que derivado
del trabajo conjunto que han realizado con el Instituto Nacional de las
Mujeres, que funge como Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional
de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación
de la Violencia contra las Mujeres, y debido a que la problemática
de la violencia de género se manifiesta en otras áreas donde
no tienen injerencia las instituciones que conforman dicho sistema, consideran
necesario la incorporación de otras entidades y dependencias para
que esta problemática pueda atenderse de manera integral.
Entre las dependencias e instancias de la administración
pública federal que proponen incluir a dicho sistema están
la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Secretaría de
Trabajo y Previsión Social, el Instituto Nacional de Estadística,
Geografía e Informática y la Comisión Nacional para
el Desarrollo de los Pueblos Indígenas; para cada una de ellas establecen,
a consideración de la dictaminadora, sólidos argumentos.
III. Consideraciones
La comisión dictaminadora expone las siguientes
valoraciones de las iniciativas:
Que adiciona a los artículos 5 y 6 de la Ley
General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, propuesta
por la diputada María Mercedes Maciel Ortiz
La dictaminadora manifiesta que se han dado avances importantes
en materia legislativa respecto a la violencia que se ejerce contra las
mujeres y pondera la necesidad de continuar avanzado en la materia.
Con la entrada en vigor de la LGAMVLV se dio un paso indispensable
en el reconocimiento y respeto del derecho de las mujeres para acceder
a una vida libre de violencia y que, además, vino a complementar
otras conquistas de las mujeres de este país que se han traducido
en importantes reformas legislativas; de ahí que los esfuerzos que
puedan integrarse para lograr este propósito son fundamentales para
hacer frente a esta problemática.
En ese tenor, la dictaminadora comparte la preocupación
de la promovente al manifestar que puede darse la utilización de
la imagen femenina para la imposición de estereotipos.
Sin embargo, estima la dictaminadora que no es atendible
la propuesta planteada para adicionar a la fracción IV del artículo
5 de la LGAMVLV y que define lo que debe entenderse por violencia contra
las mujeres. Lo anterior, ya que este precepto fue retomado de lo establecido
en el artículo 1 de la Convención Interamericana para Prevenir,
Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, cuyo objeto es establecer
lo que se entiende por esta problemática.
De tal suerte, la LGAMVLV en el artículo 6 define
los tipos de violencia contra las mujeres y en los artículos 2 a
21 establece las modalidades de la misma, por lo que esta dictaminadora
considera que no es procedente la adición propuesta a la fracción
IV del artículo 5.
Por otra parte, en cuanto a los tipos de violencia, la
fracción VI del artículo 6 de la citada ley, establece que
además de los que en el propio precepto se estipulan, será
"cualesquiera otra forma análoga que lesione o sea susceptible de
dañar la dignidad, integridad o libertad de las mujeres".
De ahí que la dictaminadora precisa que en esta
fracción queda incluida la preocupación de la promovente
y no estima necesaria colocarla en la definición de violencia psicológica.
Además, las y los integrantes de esta Comisión
señalan que la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres,
se establece como un objetivo de la política nacional en la materia,
la eliminación de los estereotipos que fomentan la discriminación
y la violencia contra las mujeres, en sus artículos 41 y 42, fracción
I, señala lo siguiente:
"Artículo 42. Para los efectos de lo previsto
en el artículo anterior, las autoridades correspondientes desarrollarán
las siguientes acciones:
I. Promover acciones que contribuyan a erradicar toda
discriminación, basada en estereotipos de género…"
Por otra parte, destacan que en el trabajo legislativo de
esta comisión se emitirá opinión en sentido favorable
respecto a la iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones
de la Ley Federal de Radio y Televisión, presentada por la diputada
Lorena Martínez Rodríguez, con la cual se busca que todos
los medios de comunicación observen la incorporación de la
perspectiva de género en la difusión que se hace a través
de éstos, con el fin de difundir la igualdad entre mujeres y hombres,
así como la eliminación de las imágenes estereotipadas
de las mujeres.
Con estas consideraciones, estima la dictaminadora, es
que se atiende la preocupación de la iniciadora.
Que reforma y adiciona los artículos 44 y
49 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia,
propuesta por la diputada María Sofía Castro Romero
Las y los integrantes de la dictaminadora coinciden con los
argumentos expuestos por la promovente y ponderan la necesidad de que las
acciones que se establecen en la LGAMVLV puedan ejecutarse de manera coordinada
con los instrumentos y mecanismos que en otros ordenamientos se establecen.
Por lo que respecta a la propuesta de que la información
contenida en el Banco Nacional de Datos, establecido en la LGAMVLV, sea
remitida a la autoridad competente para que sea incorporada a la base de
datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la dictaminadora
lo estima procedente; sin embargo, para que se cumpla con el propósito
de la promovente, las y los integrantes de esta Comisión proponen
adicionar un párrafo al artículo 44, sustituyendo la adición
a la fracción III de este numeral para quedar como sigue:
"Artículo 44. …
I. a XI. …
Los datos e información que se generen a partir
del instrumento señalado en la fracción III del presente
artículo serán remitidos al Consejo Nacional de Seguridad
Pública, a efecto de que sean tomados en cuenta en las acciones
que se realicen para alcanzar los objetivos del Sistema Nacional de Seguridad
Pública y, en su caso, puedan ser integrados a las estadísticas
que este genere, en el marco de la ley de la materia."
Lo anterior, en virtud de que el Banco Nacional de Datos
e Información a que se refiere la LGAMVLV, según la información
proporcionada por la Secretaría de Seguridad Pública a esta
Comisión, ha sido diseñado con el objetivo de ser un instrumento
para realizar diagnósticos y estadísticas de violencia de
género, con la finalidad de detectar áreas geográficas
o ámbitos de la sociedad con comportamiento violento contra las
mujeres y ubicar posibles casos de alerta de género y contribuir
en la erradicación de este tipo de violencia.
En ese sentido, al generar no sólo estadísticas,
sino diagnósticos de la problemática de que hacemos mención,
todo lo que el banco genere resultaría de suma relevancia para las
acciones que en su momento realice el Sistema Nacional de Seguridad Pública.
De igual forma, se estima oportuno establecer que dicha
información sea remitida al Consejo Nacional de Seguridad Pública,
ya que este es el órgano máximo de coordinación de
dicho Sistema, conforme a lo establecido en la Ley General que Establece
las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Por otra parte, la propuesta de establecer la obligación
del Ejecutivo de cada estado para que, conforme al texto de la iniciativa
en cuestión, "dentro del proyecto de Presupuesto de Egresos de cada
entidad federativa asignen una partida especial para el cumplimiento de
los objetivos del sistema y del programa previstos en esta ley", de
ahí que la dictaminadora coincide en que es responsabilidad
y obligación de las y los titulares de los Poderes Ejecutivos locales
suministrar los recursos necesarios y suficientes para garantizar a las
mujeres una vida libre de violencia.
En ese sentido destaca que, como un esfuerzo de la presente
legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión,
en el artículo 25 del Presupuesto de Egresos de la Federación
para el Ejercicio Fiscal de 2008 se estableció el siguiente párrafo:
"La federación, las entidades federativas, así
como los municipios, promoverán programas y acciones para ejecutar
el Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción
y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres y el Sistema Nacional
para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, en los términos de la
Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y en
la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, respectivamente."
También la dictaminadora señala que, hasta
la fecha, 22 entidades federativas han expedido su Ley de Acceso de las
Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y cinco de ellos han instalado el
sistema respectivo.
Derivado de ello, las y los integrantes de esta comisión
proponen que, en lugar de que los Ejecutivos estatales asignen una partida
presupuestal en el proyecto de Presupuesto de Egresos de su entidad para
el cumplimiento de la LGAMVLV, propongan estos recursos para la operación
de este tipo de ordenamientos a nivel local, y que se coloque como un párrafo
del artículo 49 de la ley en cuestión, para quedar como sigue:
"Artículo 49. …
I. a XXII. …
El Ejecutivo estatal propondrá en el proyecto
de Presupuesto de Egresos de la entidad federativa correspondiente la asignación
de recursos necesarios para la operación de la ley estatal relativa
al acceso de las mujeres a una vida libre de violencia.
…"
Que adiciona un párrafo a la fracción
III del artículo 24 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a
una Vida Libre de Violencia, propuesta por la diputada Mirna Cecilia Rincón
Vargas
La dictaminadora destaca que una de las figuras más
relevantes de la LGAMVLV es la de alerta de género, la cual se establece
con la finalidad de garantizar la seguridad de las mujeres y es entendida
como el conjunto de acciones de gobierno para erradicar la violencia feminicida
en alguna demarcación territorial, ejercida por individuos o por
la propia comunidad.
En ese sentido, coincidimos con los comentarios expuestos
por la promovente de la iniciativa en relación con el procedimiento
establecido por el reglamento de la ley en cuestión.
De igual forma, esta dictaminadora, respetuosa del funcionamiento
administrativo de las dependencias e instancias que intervienen en el procedimiento
para determinar si procede o no una alerta de género, que haya sido
solicitada por los sujetos previstos en la LGAMVLV, destaca que merece
atención prioritaria dichas solicitudes, ya que se está ante
una denuncia de violación sistemática de derechos humanos
y que, de no ser atendida de manera inmediata y eficaz, la vida e integridad
de las mujeres está en peligro.
Por ello, las y los que integramos esta Comisión,
manifiestan su conformidad con la propuesta de la diputada Rincón
Vargas, de acortar el plazo para resolver si ha lugar la procedencia de
solicitud de alerta de género y hacer la declaratoria de la misma;
sin embargo, estiman oportuno que en lugar del cómputo de los días
sean naturales como lo plantea la promovente, sean hábiles, lo anterior
para que las autoridades correspondientes estén en posibilidad de
respetar las garantías de debido proceso durante este procedimiento
y dar oportunidad tanto a los solicitantes, como a las autoridades respectivas,
manifestar lo que a su derecho convenga.
Por lo que la redacción quedaría como sigue:
"Artículo 24. …
I. a III. …
Una vez que estos organismos hayan solicitado la declaratoria,
el sistema realizará los estudios y el análisis necesario
para resolver si ha lugar a la procedencia de la misma, a efecto de que
en un plazo no mayor de 30 días hábiles, si es el caso, se
haga la declaratoria de alerta de violencia de género."
De igual forma, la dictaminadora estima procedente que se
agregue un artículo transitorio al presente decreto, a efecto de
otorgar un plazo de 30 días hábiles a las autoridades correspondientes
para que hagan las modificaciones correspondientes al Reglamento de la
LGAMVLV.
Que adiciona las fracciones XI, XII, XIII y XIV de
la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia,
propuesta por las diputadas Maricela Contreras Julián y Nelly Asunción
Hurtado Pérez
Las y los que integramos la Comisión de Equidad y
Género, al hacer el estudio y valoración de la iniciativa
de mérito, coincidimos en la necesidad manifestada por las promoventes
de incluir a las dependencias e instancias que señalan para ser
parte del Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar
la Violencia contra las Mujeres.
Lo anterior, en función de que la conjunción
de esfuerzos de las dependencias e instancias que se proponen, coadyuvaría
al cumplimiento de las tareas del sistema establecido en la LGAMVLV, además
de que es necesaria su intervención para atender la problemática
de la violencia de género en los ámbitos de su competencia.
En lo que hace a la Secretaría de Relaciones Exteriores,
su participación dentro del sistema es necesaria, toda vez que nuestro
país ha sido señalado como un lugar de destino y tránsito
de la mayoría de las víctimas de la trata de personas en
América Central.
La trata de personas constituye una violación a
los derechos humanos y que en las mujeres las circunstancias se agravan
y es más recurrente; además hay manifestaciones de violencia
psicológica y sexual en contra de ellas, por lo que la Secretaría
de Relaciones Exteriores al incluirse en el Sistema de la LGAMVLV y, de
acuerdo a la competencia que tiene en la Ley para Prevenir y Sancionar
la Trata de Personas, podrá cumplir de manera integral sus obligaciones
en cuanto al tema.
Por lo que respecta a la Secretaria de Trabajo y Previsión
Social, es atinada la propuesta de incluirla en el sistema, toda vez que
como señalan las promoventes, la ley de referencia establece en
su artículo 11 lo que se entiende por violencia laboral; además,
de acuerdo a la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones
en los Hogares 2006 realizada por el Instituto Nacional de Estadística,
Geografía e Informática, el Instituto Nacional de las Mujeres
y el Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer 67 por ciento
de las mexicanas dijeron haber vivido un episodio de violencia en algún
momento de su vida, ya sea en su hogar, en la escuela, en el trabajo o
en su entorno inmediato.
En el ámbito laboral el 29.9 por ciento de las
entrevistadas dijo que sufría violencia, y en el trabajo, manifestaron
sufrir situaciones de discriminación, hostigamiento, acoso y abuso
sexual. Estas denuncias fueron más recurrentes en los estados de
Querétaro, Puebla y Chihuahua, mientras que en Baja California Sur,
Yucatán y Chiapas son poco visibles.
Por su parte, la integración de la Comisión
Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas a dicho sistema
es indispensable, en función de que si la problemática de
la violencia de género es grave, en las mujeres indígenas
se refleja más.
De igual forma, coadyuvará a fortalecer la actividad
que lleva a cabo dicha comisión, a través del proyecto de
atención a la violencia familiar y de género en comunidades
y pueblos indígenas (casas de salud), el cual tiene por objetivo
impulsar la prevención, detección y atención de la
violencia intrafamiliar y contra las mujeres indígenas en coordinación
con instituciones de la administración pública y organizaciones
de la sociedad civil en el marco de la promoción de los derechos
humanos y de respeto a la diversidad cultural de los pueblos indígenas
para contribuir a la realización de su desarrollo integral.
En cuanto al Instituto Nacional de Estadística,
Geografía e Informática, la dictaminadora coincide con los
planteamientos de las promoventes y estima oportuno que esta instancia,
de acuerdo con las funciones establecidas en el ordenamiento jurídico
que norma su actuación, coadyuve con la sistematización de
datos en materia de violencia de género. Además, dicho instituto
ha trabajado de manera conjunta con integrantes del Sistema de la LGAMVLV;
ejemplo de ello son las dos Encuestas Nacionales sobre la Dinámica
de las Relaciones en los Hogares, las cuales han sido un referente indispensable
para conocer los índices de la violencia contra las mujeres en nuestro
país.
Finalmente por lo que hace a esta iniciativa, la dictaminadora
propone modificar el orden de las fracciones, con la intención de
respetar la estructura del artículo 36 de la ley de referencia y
adicionar un artículo transitorio al decreto, a efecto de que en
el reglamento de la LGAMVLV se establezcan las facultades de las dependencias
e instancias que se incorporan al sistema, en un plazo de 20 días
hábiles.
Por las consideraciones anteriormente expuestas, las y
los integrantes de la Comisión de Equidad y Género nos permitimos
someter a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente
proyecto de
Decreto por el que se reforman y adicionan diversas
disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre
de Violencia
Único. Se reforma el artículo 36
y se adicionan los artículos 24, con un segundo párrafo;
44, con un segundo párrafo, y 49, con un penúltimo párrafo,
de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia,
para quedar como sigue:
Artículo 24. …
I. a III. …
Una vez que estos organismos hayan solicitado la declaratoria,
el sistema realizará los estudios y el análisis necesario
para resolver si ha lugar a la procedencia de ésta, a efecto de
que en un plazo no mayor de 30 días hábiles, si es el caso,
se haga la declaratoria de alerta de violencia de género.
Artículo 36. El sistema se conformará
por las y los titulares de:
I. La Secretaría de Gobernación, quien
lo presidirá;
II. La Secretaría de Desarrollo Social;
III. La Secretaría de Seguridad Pública;
IV. La Procuraduría General de la República;
V. La Secretaría de Educación Pública;
VI. La Secretaría de Salud;
VII. La Secretaría de Relaciones Exteriores;
VIII. La Secretaría de Trabajo y Previsión
Social;
IX. El Instituto Nacional de las Mujeres, quien ocupará
la Secretaría Ejecutiva del Sistema;
X. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía;
XI. El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación;
XII. La Comisión Nacional para el Desarrollo
de los Pueblos Indígenas;
XIII. El Sistema Nacional para el Desarrollo Integral
de la Familia, y
XIV. Los mecanismos para el adelanto de las mujeres
en las entidades federativas.
Artículo 44. …
I. a XI. …
Los datos e información que se generen a partir
del instrumento señalado en la fracción III del presente
artículo, serán remitidos al Consejo Nacional de Seguridad
Pública, a efecto de que sean tomados en cuenta en las acciones
que se realicen para alcanzar los objetivos del Sistema Nacional de Seguridad
Pública y, en su caso, puedan ser integrados a las estadísticas
que este genere, en el marco de la ley de la materia.
Artículo 49. …
I. a XXII. …
El Ejecutivo estatal propondrá en el proyecto
de Presupuesto de Egresos de la Entidad Federativa correspondiente la asignación
de recursos necesarios para la operación de la ley estatal relativa
al acceso de las mujeres a una vida libre de violencia.
…
Transitorios
Artículo Primero. El presente decreto entrará
en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario
Oficial de la Federación.
Artículo Segundo. En un plazo de 30 días
hábiles, las autoridades respectivas realizarán las modificaciones
necesarias al reglamento de la ley, a efecto de establecer las facultades
de las dependencias e instancias que se integran al sistema, conforme a
lo establecido en el artículo 36 del presente decreto.
Artículo Tercero. En un plazo de 30 días
hábiles, las autoridades respectivas realizarán las modificaciones
necesarias al reglamento de la ley, a efecto de adecuar los plazos conforme
a lo establecido en el artículo 24 del presente decreto, respecto
a la declaratoria de alerta de género.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 7 días
del mes de agosto de 2008.
La Comisión de Equidad y Género
Diputados: Maricela Contreras
Julián (rúbrica), presidenta; Nelly Asunción Hurtado
Pérez (rúbrica), Mirna Cecilia Rincón Vargas (rúbrica),
Guadalupe Socorro Flores Salazar (rúbrica), Bertha Yolanda Rodríguez
Ramírez (rúbrica), Ana María Ramírez Cerda
(rúbrica), Martha Angélica Tagle Martínez (rúbrica),
secretarias; María Mercedes Corral Aguilar, Beatriz Eugenia García
Reyes, Lizbeth Evelia Medina Rodríguez, María Esperanza Morelos
Borja, Rocío del Carmen Morgan Franco (rúbrica), María
Soledad Limas Frescas (rúbrica en abstención), Gerardo Priego
Tapia (rúbrica), Laura Angélica Rojas Hernández (rúbrica),
Maribel Luisa Alva Olvera (rúbrica), Irene Aragón Castillo
(rúbrica), Aurora Cervantes Rodríguez (rúbrica), Claudia
Lilia Cruz Santiago (rúbrica), Holly Matus Toledo (rúbrica),
David Sánchez Camacho (rúbrica), Aracely Escalante Jasso,
Elda Gómez Lugo, Lilia Guadalupe Merodio Reza, Mayra Gisela Peñuelas
Acuña, María Oralia Vega Ortiz, Blanca Luna Becerril.
DE LA COMISIÓN DE MEDIO
AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LOS
ARTÍCULOS 107 Y 108 DE LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO
Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE
Honorable Asamblea:
A la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales
de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso
de la Unión le fue turnado, para su estudio y elaboración
del dictamen correspondiente, el expediente número 1756, que contiene
la iniciativa que reforma y adiciona los artículos 30 Bis, 30 Bis
1, 108 y 109 Bis de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la
Protección al Ambiente, presentada por el diputado Roberto Mendoza
Flores, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
En virtud del análisis y estudio de la iniciativa
que se dictamina, esta comisión legislativa, con base en las facultades
que le confiere la fracción XXIX-G del artículo 73 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para
expedir leyes que establezcan la concurrencia del gobierno federal, de
los gobiernos de los estados y de los municipios, en el ámbito de
sus respectivas competencias, en materia de protección al ambiente
y de preservación y restauración del equilibrio ecológico;
los artículos 39, numerales 1 y 2, fracción XXIV, y 45, numeral
6, incisos e) y f), y numeral 7, de la Ley Orgánica del Congreso
General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos
60, 65, 87, 88, 93 y 94 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso
General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración
de los integrantes de esta honorable asamblea el presente dictamen, de
acuerdo con los siguientes
Antecedentes
Primero. En sesión de Pleno celebrada el
jueves 26 de abril de 2007, el diputado Roberto Mendoza Flores, del Grupo
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó
iniciativa de decreto que reforma y adiciona los artículos 30 Bis,
30 Bis 1, 108 y 109 Bis de la Ley General del Equilibrio Ecológico
y la Protección al Ambiente.
Segundo. Con esta misma fecha, por mandato de la
Mesa Directiva, dicha iniciativa fue turnada a la Comisión de Medio
Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados del honorable
Congreso de la Unión, para su análisis y elaboración
del dictamen correspondiente, de conformidad con las siguientes
Consideraciones
Los legisladores que integran esta Cámara de Diputados
del honorable Congreso de la Unión tienen el derecho de iniciativa,
el cual se sustenta en la fracción II del artículo 71 de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
así también, este Congreso tiene la facultad que le conferida
en el artículo 73, fracción XXIX-G, de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, para expedir leyes que
establezcan la concurrencia del gobierno federal, de los gobiernos de los
estados y de los municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias,
en materia de protección al ambiente y de preservación y
restauración del equilibrio ecológico.
Así las cosas, una vez analizadas la atribuciones
referidas en el párrafo anterior y los requerimientos contenidos
en el asunto en estudio, esta comisión estima que la iniciativa
de decreto que reforma y adiciona los artículos 30 Bis, 30 Bis 1,
108 y 109 Bis de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección
al Ambiente cumple en general con los requisitos formales que se exigen
en la práctica parlamentaria para su presentación y que son
los siguientes:
• Ser formulada por escrito.
• Tener un título.
• Contener el nombre y la firma de la persona que presenta
la iniciativa.
• Una parte expositiva de motivos.
• El texto legal que se propone.
• El artículo transitorio que señala la
entrada en vigor.
• La fecha de elaboración.
• Ser publicada en la Gaceta Parlamentaria.
Así las cosas, podemos afirmar que México es
un país que por sus particularidades orografías y ubicación
geográfica, reúne una serie de características excepcionales
para que su mosaico de comunidades naturales sea particularmente variado
y sorprendente desde todos los puntos de vista. En poco menos de dos millones
de kilómetros cuadrados caben casi todos los paisajes naturales
que es posible encontrar en nuestro planeta. Desde los desiertos más
áridos hasta las selvas y los pantanos más húmedos,
desde los matorrales tropicales más cálidos hasta los páramos
de montaña casi en contacto con nieves eternas. Esto se debe al
hecho de que México se encuentra en la zona de transición
entre el mundo tropical de Centroamérica y el Caribe, y el subtropical
y templado de Norteamérica. La flora y la fauna de ambos orígenes
se reúnen en México, pero esa mezcla se vuelve aún
más compleja por darse sobre un mosaico variadísimo de altitudes,
climas, tipos de roca y de suelo e historias geológicas. Además,
en muchos sitios la variabilidad genética, el paso del tiempo y
otros factores han permitido la evolución de seres vivos originarios
de ese lugar, lo que los biólogos llaman "especies endémicas".
La iniciativa objeto del presente dictamen expone, dentro
de sus justificaciones, la preocupante degradación ambiental y de
los ecosistemas nacionales que genera la ejecución de proyectos
relacionados con la explotación de recursos naturales no renovables,
entre los que podemos destacar la extracción de minerales, los hidrocarburos
y sus derivados, actividades que se encuentran reguladas por la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Minera y la Ley
General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente,
sólo por mencionar algunas.
Éstas son las actividades productivas y de explotación
de recursos naturales que generan la mayor cantidad de impactos a los ecosistemas
del país; como ejemplo, se podría mencionar que, debido al
desarrollo y modernización en los procesos de extracción
y procesamiento de los recursos minerales, la industria minera en México
ha generado por décadas una gran cantidad de desechos y sitios contaminados
a lo largo de todo el país. La producción minera se concentra
en doce entidades: Chihuahua, Michoacán de Ocampo, Zacatecas, Durango,
Sonora, Coahuila de Zaragoza, Guanajuato, San Luis Potosí, Hidalgo,
Sinaloa, Colima y Jalisco.
Este sector requiere varias fases para la realización
de sus actividades, las cuales se podrían dividir en exploración,
explotación, beneficio, fundición y refinación, desafortunadamente
cada una de estas provocan efectos significativos en las áreas donde
se realizan, como lo es la destrucción de vegetación, arrastre
de residuos peligrosos, descarga de aguas residuales, generación
de ruido, vibración y emisión de polvo, entre otras.
En lo que a la explotación de hidrocarburos respecta,
la situación es igual de preocupante, ya que también en muchos
casos resulta casi inevitable que las empresas dedicadas a la explotación
de estos recursos minimicen los efectos negativos que provocan las acciones
de exploración, perforación y construcción de pozos
de extracción al ambiente.
Lo anterior, sin considerar que esta problemática
no sólo se presenta en la etapa de ejecución de las obras
relacionadas con el desarrollo de estas actividades sino también
durante su operación, siendo en algunos casos esta etapa durante
la que se provoca la mayor cantidad de impactos ambientales negativos.
Desafortunadamente, y tal y como se expone en la iniciativa,
la legislación marco en materia ambiental de nuestro país
no prevé que quien realice actividades relacionadas con las industrias
del petróleo, petroquímica, cemento, eléctrica, exploración,
explotación y beneficio de minerales y sustancias reservadas a la
federación, tenga la obligación expresa de realizar actividades
de restauración dentro de las zonas impactadas por estas acciones.
Por lo cual, y con el objetivo de asegurar que aquellas
obras o actividades que afectan los ecosistemas y su morfología
corrijan los efectos paisajísticos, se disminuya la perdida de diversidad
de vida silvestre, y la afectación de suelos, mantos freáticos,
aguas superficiales, el diputado promovente propone se reformen y adicionen
los artículos 30 Bis, 30 Bis 1, 108 y 109 Bis de la Ley General
del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, para
quedar de la siguiente forma:
Artículo 30 Bis. Quienes realicen obras
o actividades que se encuentren sujetas al procedimiento de evaluación
de impacto ambiental, señalado en esta ley, deberán presentar
a solicitud de la secretaría incluida en la manifestación
de impacto ambiental, un programa de restauración ecológica
del paisaje, ecosistema o área afectada por dichas labores. La secretaría
exigirá el seguro o la garantía suficiente, entre otros instrumentos
económicos y mecanismos de financiamiento, para asegurar el cumplimiento
del mencionado programa.
La realización de las obras y las actividades
a que se refieren las fracciones I, II, III, IV y VIII del artículo
28 requerirá de manera obligada la formulación y ejecución
de un programa de restauración ecológica.
El incumplimiento de las disposiciones contenidas en
el programa de restauración ecológica autorizado por la secretaría
conllevará a la aplicación de las medidas de control, seguridad
y sanciones previstas a que se refiere esta ley y demás legislación
aplicable.
Artículo 30 Bis 1. En aquellas áreas
degradadas como consecuencia de los impactos ambientales adversos de una
obra o actividad, es el programa de restauración ecológica,
el instrumento rector de planeación que establecerá las actividades
y las acciones necesarias para la recuperación y restablecimiento
de las condiciones que propicien la evolución y continuidad de los
procesos naturales.
El programa de restauración ecológica
deberá incluir como mínimo los contenidos de las fracciones
I, II, III, IV y V del artículo 78 Bis, referente a las declaratorias
para el establecimiento de zonas de restauración ecológica,
y el coste de los trabajos de restauración.
Los elementos y los procedimientos que se deben considerar
al formular el programa de restauración ecológica serán
establecidos por el reglamento de la presente ley.
Capítulo III
De la Exploración y Explotación de los
Recursos no Renovables en el Equilibrio Ecológico
Artículo 108. Para prevenir, restaurar
y
controlar los efectos generados en la exploración y la explotación
de los recursos no renovables en el equilibrio ecológico e integridad
de los ecosistemas, la secretaría expedirá las normas oficiales
mexicanas que permitan:
…
…
…
Artículo 109 Bis. En el uso, aprovechamiento,
exploración, explotación y beneficio de los recursos naturales
no renovables, ocasionando la pérdida o deterioro de las condiciones
que propician la evolución y continuidad de los procesos naturales,
deberán realizar la restauración ecológica de los
paisajes, ecosistemas y áreas afectadas.
Transitorios
Primero. El presente decreto entrará
en vigor el día siguiente al de su publicación.
Segundo. Con la entrada en vigor del presente
decreto, el poder Ejecutivo federal deberá revisar y modificar el
reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección
al Ambiente en Materia de Impacto Ambiental, en relación con los
artículos que reglamenten las disposiciones legales modificadas,
en un término que no exceda a 60 días una vez que entre en
vigor la presente iniciativa.
Del estudio y análisis que realizó esta comisión,
a la iniciativa presentada por el diputado Roberto Mendoza Flores, se desprende
que
Es indudable que no todas las obras y actividades que
se ejecutan producen el mismo grado de afectación a los recursos
naturales, lo cual obedece primordialmente a la naturaleza de cada una
de éstas. Aquellas actividades relacionadas con la explotación
de recursos minerales e hidrocarburos, las obras hidráulicas, el
sector energético, las vías generales de comunicación,
y todo aquello relacionado con el confinamiento de residuos peligrosos,
constituyen las principales actividades de alto impacto sobre los recursos
naturales.
Se considera factible que la regulación que se
trata de dar a la realización de estas actividades sea desde un
instrumento de política ambiental cuyo carácter se considera
eminentemente preventivo, como la evaluación de impacto ambiental,
el cual es el procedimiento por medio del cual la secretaría establece
las condiciones a que se sujetará la realización de obras
y actividades que puedan causar desequilibrio ecológico o rebasar
los límites y condiciones establecidos en las disposiciones aplicables
para proteger el ambiente y preservar y restaurar los ecosistemas, a fin
de evitar o reducir al mínimo sus efectos negativos sobre el ambiente.
Asimismo, uno de los principales objetivos previstos dentro
de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección
al Ambiente es la "restauración", principio que se encuentra expresamente
contenido en varios de sus artículos, y es definida por esta misma
ley como el "conjunto de actividades tendientes a la recuperación
y el restablecimiento de las condiciones que propicien la evolución
y la continuidad de los procesos naturales". Desafortunadamente, dentro
del capítulo referente a la evaluación de impacto ambiental,
no establece obligaciones ni criterios de restauración a cargo de
los promotores de las obras o actividades que se sujeten al procedimiento
de evaluación de impacto ambiental, y aunque se podría inferir
que dicho principio se debe contemplar por estos dentro de las medidas
de mitigación que sean consideradas en la manifestación de
impacto ambiental, además de las medidas de mitigación que
imponga la secretaría dentro de las autorizaciones en materia de
impacto ambiental, es necesario que este principio se encuentre expresamente
contenido dentro de dicho instrumento de política ambiental, con
objeto de que sea considerado tanto en la elaboración de las manifestaciones
de impacto ambiental como en su evaluación y autorización
condicionada o no.
La aspiración de sustentabilidad del desarrollo
tiene que basarse en el mantenimiento de las actividades humanas por debajo
de los umbrales de resistencia de cada ecosistema. Así, las consecuencias
de su aprovechamiento se mantendrían en posibilidad de ser atenuadas
por el propio ecosistema sin comprometer su capacidad de carga; si bien
es cierto, la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos prevé en el artículo 25 la responsabilidad del
Estado por velar que el desarrollo sea sustentable, es necesario incorporar
los mecanismos jurídicos necesarios dentro de los ordenamientos
legales encargados de regular directamente las actividades económicas
que potencialmente podrían causar una desequilibrio ambiental, para
que esta garantía constitucional sea efectivamente operante.
La restauración ecológica se basa en lograr
el retorno de un ecosistema dado al estado previo del cual fue sacado como
consecuencia de alguna actividad humana, mediante un proceso de emulación
de estadios de sucesión de distintas comunidades biológicas
conocidas en un sitio, hasta lograr que éstas tomen una trayectoria
autónoma y viable de establecimiento permanente en el lugar, ya
que un ecosistema significa más que la simple suma de sus especies,
comunidades y procesos componentes.1
Por lo cual resulta pertinente la implantación
de programas de restauración ecológica. Los proyectos de
restauración ecológica buscan restituir total o parcialmente
la composición taxonómica, la estructura y la función
de ecosistemas deteriorados y reacondicionar aquellos ambientes que se
encuentran degradados, restableciendo sus condiciones naturales originales
o al menos algunas similares a las iniciales, de tal forma que se compensen
los daños resultado de causas naturales o antrópicas. Es
de toral importancia obligar a todos aquellos interesados en realizar una
obra o actividad que se encuentre sujeta a la presentación de una
manifestación de impacto ambiental a presentar conjuntamente con
ésta o dentro de ella, un programa de restauración ecológica
del sitio o lugares que se van a ver afectados por las obras o actividades
de que se trate, para así asegurar que previamente al impacto se
contemple la medida de restauración más adecuada para cada
uno de los casos en particular; asimismo, y como lo hemos explicado, no
todas las actividades sujetas a la evaluación de impacto ambiental
provocan los mismos grados de afectación al ambiente por lo que
se estima viable la propuesta de que en algunos casos la obligación
de requerir a los promoventes la presentación del programa de restauración
ecológica quede potestativa a la secretaría.
En cuanto al planteamiento de obligar a los promoventes
a la presentación de un seguro o garantía para asegurar el
cumplimiento del programa de restauración, este mecanismo encuadra
en los considerados como instrumentos económicos, los cuales se
encuentran contemplados dentro del la Sección II del Capítulo
IV del Título Primero de la ley en comento, definidos como instrumentos
financieros, ya que sus objetivos están dirigidos a la preservación,
protección, restauración o aprovechamiento sustentable de
los recursos naturales y el ambiente debiendo ser asumidos por las personas
que generan actividades económicas que afectan al ambiente, se considera
pertinente imponer la obligación de la exhibición de esta
garantía a cargo de los promoventes, a fin de otorgar a la secretaría
la certidumbre financiera de que en caso de no cumplir el primero con sus
obligaciones, el Estado no será quien tenga que erogar los costos
que dicha omisión genere.
Por lo antes expuesto, los diputados integrantes de esta
Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales estimamos pertinente
aceptar la reforma planteada a los artículos 30 Bis y 30 Bis 1 de
la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al
Ambiente, sin embargo, esta comisión debe precisar que el 23 de
mayo de 2007, el diputado Jesús González Macias, a nombre
propio y del senador Javier Orozco Gómez, del Grupo Parlamentario
del Partido Verde Ecologista de México, presentaron ante el Pleno
de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión
la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones
de las Leyes Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el
Ramo del Petróleo, y General del Equilibrio Ecológico y la
Protección al Ambiente, en materia de ductos, la cual fue turnada
para su análisis, estudio y elaboración del dictamen correspondiente,
a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, destacando
que una parte de dicha iniciativa se refiere precisamente a las actividades
mineras y petroleras materia que regula la iniciativa en estudio proponiendo
también diversas reformas a la Ley General del Equilibrio Ecológico
y la Protección al Ambiente en el capítulo que se refiere
a la evaluación de impacto ambiental, obrando sobre los artículos
30 Bis y 30 Bis 1, también planteados y materia de la presente iniciativa,
razón por la cual se ha decidido incorporar las reformas propuestas
por el diputado Roberto Mendoza Flores al dictamen de la iniciativa con
proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de las
Leyes Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del
Petróleo, y General del Equilibrio Ecológico y la Protección
al Ambiente, en materia de ductos, presentada por el diputado Jesús
González Macias, a nombre propio y del senador Javier Orozco Gómez,
del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México;
lo anterior con objeto de evitar contradicciones dentro del proceso parlamentario
que deberán seguir cada una de estas iniciativas e incorporar en
una sola aquellas reformas que ambas plantean a los mismos artículos.
En cuanto a la reforma propuesta al artículo 108
del mismo ordenamiento, esta comisión aprueba el planteamiento que
el promovente hace para incorporar la "restauración", ya que según
lo mandatado por el texto vigente en lo correspondiente a la exploración
y la explotación de los recursos no renovables, actividades generalmente
vinculadas con el sector minero, ya que actualmente la secretaría
sólo expide normas oficiales mexicanas para prevenir y controlar
los efectos generados por estas actividades, dejando de lado a la "restauración",
principio que sin lugar dudas debe ser considerado, ya no basta con prevenir
y controlar sino también se debe considerar el restaurar como una
medida a posteriori a los efectos causados. En lo referente al artículo
109 Bis, se infiere que por la naturaleza de la reforma y el texto propuesto
el promovente entendía que éste se encontraba derogado, por
lo cual planteó la redacción de un nuevo texto que ocupara
dicho artículo; sin embargo, en la ley vigente, el artículo
109 Bis señala en su última reforma del 31 de diciembre de
2001:
Título Cuarto
Protección al Ambiente
Capítulo I
Disposiciones Generales
Artículo 109 Bis. La secretaría,
los estados, el Distrito Federal y los municipios deberán integrar
un registro de emisiones y transferencia de contaminantes al aire, agua,
suelo y subsuelo, materiales y residuos de su competencia, así como
de aquellas sustancias que determine la autoridad correspondiente. La información
del registro se integrará con los datos y documentos contenidos
en las autorizaciones, cédulas, informes, reportes, licencias, permisos
y concesiones que en materia ambiental se tramiten ante la secretaría,
o autoridad competente del Gobierno del Distrito Federal, de los estados
y, en su caso, de los municipios.
Las personas físicas y morales responsables de
fuentes contaminantes están obligadas a proporcionar la información,
datos y documentos necesarios para la integración del registro.
La información del registro se integrará con datos desagregados
por sustancia y por fuente, anexando nombre y dirección de los establecimientos
sujetos a registro.
La información registrada será pública
y tendrá efectos declarativos. La secretaría permitirá
el acceso a dicha información en los términos de esta ley
y demás disposiciones jurídicas aplicables y la difundirá
de manera preactiva.
Como se puede observar el texto vigente del artículo
109 Bis regula cuestiones totalmente distintas a las planteadas por el
legislador promovente de la iniciativa en estudio, sin embargo, y como
se ha determinado por esta comisión dictaminadora dentro del presente
documento, las conductas que se pretenden regular son de gran interés
y las reformas adecuadas, por lo cual, y atendiendo a que el Capítulo
III del Título Tercero de esta ley, sobre el que obra la iniciativa,
se refiere a normas oficiales mexicanas relacionadas a la regulación
de la exploración y explotación de recursos no renovables,
y el aparentemente nuevo artículo 109 Bis establece criterios de
uso, aprovechamiento, exploración y explotación de estos
recursos, por lo que esta comisión estima que los juicios de este
último son considerados como generales para sus efectos de aplicación.
Atendiendo a que en este caso los artículos 108
y 109 versan sobre la obligatoriedad de la secretaría para elaborar
normas oficiales mexicanas referentes a los criterios antes expuestos,
y dado a que el actual artículo 107 de la ley se encuentra derogado,
se considera factible que en el orden de prelación del articulado
se tome el lugar de este artículo 107, incorporándose éste
la redacción propuesta por el legislador dentro de su iniciativa
al artículo 109 Bis, además de modificar el articulado del
Capítulo III del Título Tercero, para que el artículo
107 forme parte de él.
En lo referente con los transitorios de la iniciativa,
el primero de estos, relativo al periodo de la vacatio legis del decreto,
se modifica con objeto de establecer expresamente que dicha publicación
se hará en el Diario Oficial de la Federación, a fin de que
cause todos los efectos jurídicos necesarios para garantizar su
aplicabilidad.
Por las razones señaladas en los párrafos
anteriores, los integrantes de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos
Naturales nos permitimos someter a la consideración de esta honorable
asamblea el siguiente proyecto de
Decreto por el que se reforman los artículos
107 y 108 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección
al Ambiente
Artículo Único. Se reforman los artículos
107, pasando a formar parte del Capítulo III, "De la Exploración
y Explotación de los Recursos no Renovables en el Equilibrio Ecológico",
del Título Tercero y 108, primer párrafo, de la Ley General
del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, para
quedar como sigue:
Capítulo III
De la Exploración y Explotación de los
Recursos no Renovables en el Equilibrio Ecológico
Artículo 107. En el uso, aprovechamiento, exploración,
explotación y beneficio de los recursos naturales no renovables
se evitará la destrucción de paisajes, ecosistemas o áreas
relevantes o frágiles, previniéndose cualquier desequilibrio
ecológico.
Quienes realicen el uso, aprovechamiento, exploración,
explotación u obtengan un beneficio de los recursos naturales no
renovables ocasionando su degradación, desertificación o
desequilibrio ecológico, deberán realizar la restauración
ecológica de los paisajes, ecosistemas o áreas afectadas.
Artículo 108. Para prevenir, restaurar y
controlar los efectos generados en la exploración y explotación
de los recursos no renovables en el equilibrio ecológico e integridad
de los ecosistemas, la secretaría expedirá las normas oficiales
mexicanas que permitan:
I. a III. …
Transitorio
Único. El presente decreto entrará
en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario
Oficial de la Federación.
Nota
1.Temas de restauración ecológica, Instituto
Nacional de Ecología, p. 16.
La Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales
Diputados: Diego Cobo Terrazas
(rúbrica), presidente; Jesús de León Tello (rúbrica),
José Luis Espinosa Piña (rúbrica), Lucía Susana
Mendoza Morales (rúbrica), Benjamín Hernández Silva
(rúbrica), María Mercedes Colín Guadarrama (rúbrica),
secretarios; Edmundo Javier Bolaños Aguilar (rúbrica), Adriana
Dávila Fernández (rúbrica), José Antonio Díaz
García, Emilio Ramón Ramiro Flores Domínguez (rúbrica),
José Guillermo Fuentes Ortiz (rúbrica), Jorge Rubén
Nordhausen González (rúbrica), Christian Martín Lujano
Nicolás (rúbrica), Martha Angélica Romo Jiménez
(rúbrica), Víctor Manuel Torres Herrera (rúbrica),
Aleida Alavez Ruiz, María Soledad López Torres (rúbrica),
Rafael Villicaña García (rúbrica), Juan Hugo de la
Rosa García, Carlos Roberto Martínez Martínez (rúbrica),
Armando Barreiro Pérez (rúbrica), Roberto Mendoza Flores
(rúbrica), Martha Hilda González Calderón, Fernando
Quetzalcóatl Moctezuma Pereda (rúbrica), Carlos Ernesto Zataráin
González (rúbrica), Beatriz Manrique Guevara (rúbrica),
Humberto López Lena Cruz (rúbrica), José Ascención
Orihuela Bárcenas, Víctor Manuel Méndez Lanz.
DE LA COMISIÓN DE MEDIO
AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA UN
PÁRRAFO AL ARTÍCULO 62 DE LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO
Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE
Honorable Asamblea:
A la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales
de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados del H. Congreso de
la Unión, le fue turnada para su estudio y elaboración del
dictamen correspondiente, el expediente No 1677, que contiene la iniciativa
que reforma el artículo 62 de la Ley General del Equilibrio Ecológico
y la Protección al Ambiente, presentada por el diputado Jorge Godoy
Cárdenas, integrante del Grupo Parlamentario de Convergencia.
En virtud del análisis y estudio de la iniciativa
que se dictamina, esta comisión ordinaria, con base en las facultades
que le confiere la fracción XXIX-G del artículo 73 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para
expedir leyes que establezcan la concurrencia del gobierno federal, de
los gobiernos de los estados y de los municipios, en el ámbito de
sus respectivas competencias, en materia de protección al ambiente
y de preservación y restauración del equilibrio ecológico;
los artículos 39 numerales 1 y 2, fracción XXIV, y 45 numeral
6, incisos e) y f), y numeral 7 de la Ley Orgánica del Congreso
General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos
60, 65, 87, 88, 93 y 94 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso
General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración
de los integrantes de esta honorable Asamblea, el presente dictamen, de
acuerdo con los siguientes:
Antecedentes
Primero. El 25 de julio de 2007, el diputado Jorge
Godoy Cárdenas, integrante del Grupo Parlamentario de Convergencia,
presentó una iniciativa que reforma el artículo 62 de la
Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.
Segundo. En esa misma fecha, la iniciativa en comento
fue turnada a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales
de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, bajo
el expediente No 1677 para su estudio, análisis y elaboración
del dictamen correspondiente, de conformidad con las siguientes:
Consideraciones
Los legisladores que integran esta Cámara de Diputados
del honorable Congreso de la Unión tienen el derecho de iniciativa,
el cual se sustenta en la fracción II del artículo 71 de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
así también este Congreso tiene la facultad que le confiere
el artículo 73, fracción XXIX-G, de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, para expedir leyes que
establezcan la concurrencia del gobierno federal, de los gobiernos de los
estados y de los municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias,
en materia de protección al ambiente y de preservación y
restauración del equilibrio ecológico.
Así las cosas, una vez analizadas las atribuciones
referidas en el párrafo anterior, y los requerimientos contenidos
en el asunto en estudio, esta Comisión ordinaria de Medio Ambiente
y Recursos Naturales, estima que la iniciativa que reforma el artículo
62 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección
al Ambiente, cumple en general con los requisitos formales que se exigen
en la práctica parlamentaria para su presentación y que son
los siguientes:
• Ser formulada por escrito.
• Tener un título.
• Contener el nombre y firma de la persona que presenta
la iniciativa.
• Una parte expositiva de motivos.
• El texto legal que se propone.
• El artículo transitorio que señala la
entrada en vigor,
• La fecha de elaboración.
• Ser publicada en la Gaceta Parlamentaria.
En cuanto al contenido sustancial de la iniciativa que se
dictamina, esta comisión ordinaria se abocó a realizar el
siguiente estudio y análisis de la misma:
El legislador promovente de la presente iniciativa, plantea
agregar un segundo párrafo al artículo 62 de la Ley General
del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, a fin
de disminuir la discrecionalidad jurídica que actualmente tienen
las autoridades para reducir la extensión territorial de las áreas
naturales protegidas; así como, para modificar sus usos de suelo,
por lo cual propone la siguiente redacción:
"Artículo 62. Una vez establecida un área
natural protegida, sólo podrá ser modificada su extensión,
y en su caso, los usos del suelo permitidos o cualquiera de sus disposiciones,
por la autoridad que la haya establecido, siguiendo las mismas formalidades
previstas en esta Ley para la expedición de la declaratoria respectiva.
Estas modificaciones territoriales de las Áreas
Naturales Protegidas sólo podrán ser para ampliar su extensión.
El área que comprende la zona núcleo no podrá ser
modificada en detrimento territorial. De igual forma, las modificaciones
del uso del suelo o cualquiera de las disposiciones con las que esta fue
creada inicialmente, únicamente podrán modificarse para elevar
el grado de protección de los recursos existentes dentro de las
mismas."
La creciente preocupación de la comunidad mundial
por tratar de establecer mecanismos de cooperación internacional
tendientes a la preservación de la riqueza biológica y diversidad
de la tierra, derivó que en 1992 durante el marco de la llamada
"Cumbre de la Tierra" en Río de Janeiro, Brasil, se firmara el Convenio
sobre la Diversidad Biológica, el cual dentro de su artículo
8, inciso A), señala que cada parte contratante deberá establecer
"un sistema de áreas protegidas" o áreas donde haya que tomar
medidas especiales para conservar la diversidad biológica. Cabe
hacer mención que nuestro país formó parte de este
convenio el cual fue debidamente suscrito y ratificado.
Como país signante de este Convenio, México
adquirió el firme compromiso de incorporar a su sistema jurídico
ambiental la figura de las áreas naturales protegidas, sin embargo
dicha figura ya venia operando dentro de nuestro país desde varias
décadas atrás. Nuestra vigente Ley General del Equilibrio
Ecológico y la Protección al Ambiente, incorpora esta figura
como uno de los principales mecanismos de política ambiental para
la conservación de los ecosistemas de alto valor ecológico,
dedicando dentro de su Título Segundo un Capítulo exclusivo
a las Áreas Naturales Protegidas, definiéndolas dentro del
artículo 44 como: "las zonas del territorio nacional y aquellas
sobre las que la Nación ejerce su soberanía y jurisdicción,
en las que los ambientes originales no han sido significativamente alterados
por la actividad del ser humano, o que requieren ser preservados y restaurados..."
Actualmente contamos con 158 zonas decretadas por la federación
como ANP´s, mismas que se encuentran administradas por la Comisión
Nacional de Áreas Naturales Protegidas, representando una superficie
de 22,038,789 millones de hectáreas, el 11. 22 % del territorio
nacional.1
Así también las características físicas
y biológicas de cada una de estas áreas, ha permitido que
nuestra legislación considere diversos tipos de Áreas Naturales
Protegidas (ANP´s), como reservas de la biosfera, parques nacionales;
monumentos naturales, áreas de protección de recursos naturales,
áreas de protección de flora y fauna, santuarios, parques
y reservas estatales, y zonas de preservación ecológica de
los centros de población. Sin embargo y como es ampliamente conocido,
su declaratoria requiere de un proceso previo, el cual se encuentra contenido
dentro de la LGEEPA y su reglamento en materia de áreas naturales
protegidas.
Es así, como durante el proceso que sigue la Secretaría
de Medio Ambiente y Recursos Naturales para el establecimiento y declaratoria
de las áreas naturales protegidas, se realiza una división
y subdivisión territorial a fin de identificar y delimitar las porciones
del territorio que la conforman, acorde con sus elementos biológicos,
físicos y socioeconómicos, con el fin de determinar las actividades
que se podrán realizar dentro de ella, atendiendo principalmente
a la vocación natural de sus suelos y el estado de conservación
de los mismos, las principales zonas y subzonas que se pueden establecer
son:
• Las zonas núcleo las cuales a su vez se forma
por subzonas que son las de protección y uso restringido.
• Las zonas de amortiguamiento dentro de las cuales encontramos
las subzonas de preservación, uso tradicional, aprovechamiento sustentable
de recursos naturales, aprovechamiento sustentable de los ecosistemas,
aprovechamiento especial, uso público, asentamientos humanos y de
recuperación.
Las zonas núcleo al tener como principal objetivo
la preservación de los ecosistemas a mediano y largo plazo, establecen
las mayores restricciones al limitar o prohibir aprovechamientos que alteren
los ecosistemas.
Es una realidad que la tendencia de la política
ambiental en México, está encaminada a un aumento en el número
de ANP´s, y por consiguiente de la superficie protegida; sin embargo,
debemos considerar que el crecimiento demográfico y el desarrollo
de las actividades industriales de nuestro país, ha provocado una
mayor presión sobre los recursos naturales, es de destacar que la
principal preocupación del diputado promovente, estriba en que a
consecuencia de esta presión, lo que hemos podido ganar en el aumento
de la superficie protegida, se pueda revertir con un detrimento, el cual
sería jurídicamente posible, ya que actualmente una vez establecida
un área natural protegida y determinadas sus zonas y subzonas, con
las consecuentes restricciones a su uso y aprovechamiento, sólo
al amparo de lo contenido en el artículo 62 de la LGEEPA se permite
la modificación de su superficie.
El texto vigente del artículo 62, señala
que:
"Una vez establecida un área natural protegida,
sólo podrá ser modificada su extensión, y en su caso,
los usos del suelo permitidos o cualquiera de sus disposiciones, por la
autoridad que la haya establecido, siguiendo las mismas formalidades previstas
en esta Ley para la expedición de la declaratoria respectiva."
No obstante el sentido proteccionista con el que fue concebido
este artículo, si en este momento la autoridad intentará
favorecer intereses contrarios a los principios de conservación
y sustentabilidad, a fin de disminuir la superficie protegida dentro de
una poligonal, sus actos se encontrarían jurídicamente permitidos,
al no existir limitante alguna para reducir la extensión de las
áreas naturales protegidas, ni para redelimitar sus zonas y subzonas,
en este sentido los integrantes de esta Comisión de Medio Ambiente
y Recursos Naturales, estimamos conveniente la aprobación
de la iniciativa que reforma el artículo 62, de la Ley General del
Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, presentada
por el diputado Jorge Godoy Cárdenas, integrante del Grupo Parlamentario
de Convergencia, debemos entender que la biodiversidad es uno de los elementos
naturales más importantes del país, siendo necesario fortalecer
los instrumentos de nuestro marco normativo orientados a la protección
y conservación de los ecosistemas; con la aprobación de la
presente reforma estaríamos disminuyendo la discrecionalidad jurídica
con que podría actuar la autoridad en el momento de modificar los
decretos de las áreas naturales protegidas mexicanas, por lo cual
se considera correcto incluir un segundo párrafo a la redacción
del artículo 62, a efecto de establecer expresamente que si bien
la autoridad que la haya decretado el área natural protegida, seguirá
siendo la facultada de modificar su extensión y uso del suelo, dicha
modificación no podrá efectuarse en detrimento de su extensión
territorial, por lo consiguiente los usos del suelo determinados desde
su concepción, deberán ser respetados pudiendo únicamente
modificarse para elevar su grado de protección; pese a lo anterior
se estima que la redacción propuesta por el promovente debe ser
adecuada con el objeto de evitar interpretaciones que dificulten su aplicación
y entorpezcan su correcta operatividad. Debido a lo anterior, esta comisión
dictaminadora propone cambiar la alusión que el promovente hace
a que "Estas modificaciones territoriales de las Áreas Naturales
Protegidas sólo podrán ser para ampliar su extensión",
por la de "La extensión en los polígonos de las áreas
naturales protegidas y sus zonas núcleo, podrá ser modificada,
siempre que la superficie total, no sea menor, a la establecida por la
declaratoria inicial.", esta redacción, abre la posibilidad de que
cuando algunas zonas de la o las poligonales que integran las áreas
naturales protegidas, se encuentren degradadas en un estado tal, que sea
imperante su desincorporación de la superficie protegida, la Secretaría
pueda tener la opción de excluirlas de la poligonal inicial, siempre
y cuando sea respetado el número de áreas protegidas originalmente,
lo cual se puede lograr compensando la superficie desincorporada, mediante
la ampliación en la superficie de otra u otras poligonales, cuyos
predios adyacentes se encuentren en buen estado de conservación.
Por las razones señaladas en los párrafos
anteriores, los integrantes de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos
Naturales que suscriben el presente dictamen, se permiten someter a la
consideración de esta honorable Asamblea la aprobación del
siguiente proyecto de:
Proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo
al artículo 62 de la Ley General del Equilibrio Ecológico
y la Protección al Ambiente.
Artículo Único. Se adiciona un segundo
párrafo al artículo 62 de la Ley General del Equilibrio Ecológico
y la Protección al Ambiente, para quedar como sigue:
Artículo 62. ...
La extensión en los polígonos de las
áreas naturales protegidas y sus zonas núcleo, podrá
ser modificada, siempre que la superficie total, no sea menor a la establecida
por la declaratoria inicial; así también, las modificaciones
a los usos del suelo o cualquiera de las disposiciones establecidas por
la declaratoria, únicamente podrán realizarse para elevar
el grado de protección a los recursos naturales existentes dentro
de las mismas.
Transitorios
Primero. El presente decreto entrará en
vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario
Oficial de la Federación.
Segundo. Se derogan todas las disposiciones que
se opongan al presente decreto.
Nota:
1. Fuente. Comisión Nacional de Áreas Naturales
Protegidas, febrero de 2007.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro de
la honorable Cámara de Diputados, a los 22 días del mes de
mayo de 2008.
La Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales
Diputados: Diego Cobo Terrazas
(rúbrica), presidente; Jesús de León Tello (rúbrica),
José Luis Espinosa Piña (rúbrica), Lucía Susana
Mendoza Morales (rúbrica), Benjamín Hernández Silva
(rúbrica), María Mercedes Colín Guadarrama (rúbrica),
secretarios; Edmundo Javier Bolaños Aguilar (rúbrica), Adriana
Dávila Fernández (rúbrica), José Antonio Díaz
García, Emilio Ramón Ramiro Flores Domínguez (rúbrica),
José Guillermo Fuentes Ortiz (rúbrica), Jorge Rubén
Nordhausen González (rúbrica), Christian Martín Lujano
Nicolás (rúbrica), Martha Angélica Romo Jiménez
(rúbrica), Víctor Manuel Torres Herrera (rúbrica),
Aleida Alavez Ruiz, María Soledad López Torres (rúbrica),
Rafael Villicaña García (rúbrica), Juan Hugo de la
Rosa García, Carlos Roberto Martínez Martínez (rúbrica),
Armando Barreiro Pérez (rúbrica), Roberto Mendoza Flores
(rúbrica), Martha Hilda González Calderón, Fernando
Quetzalcóatl Moctezuma Pereda (rúbrica), Carlos Ernesto Zatarain
González, Beatriz Manrique Guevara (rúbrica), Humberto López
Lena Cruz (rúbrica) José Ascención Orihuela Bárcenas,
Víctor Manuel Méndez Lanz.
DE LA COMISIÓN DE MEDIO
AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA UNA
FRACCIÓN V AL ARTÍCULO 2o. DE LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO
ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE
Honorable Asamblea:
A la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales,
le fue turnada para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente,
el expediente No. 2720 que contiene la iniciativa con proyecto de decreto,
por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio
Ecológico y la Protección al Ambiente, presentada por la
diputada Mónica Arriola Gordillo, integrante del Grupo Parlamentario
Nueva Alianza.
En virtud del análisis y estudio de la iniciativa
que se dictamina, esta comisión ordinaria, con base en las facultades
que le confieren los artículos 39 numerales 1 y 2, fracción
XXIV, y 45 numeral 6, incisos e) y f), y numeral 7 de la Ley Orgánica
del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los
artículos 60, 65, 87, 88, 93 y 94 del Reglamento para el Gobierno
Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a
consideración de los integrantes de esta honorable Asamblea, el
presente dictamen, de acuerdo con los siguientes:
Antecedentes
Primero. El 8 de noviembre de 2007, la diputada
Mónica Arriola Gordillo, integrante del Grupo Parlamentario Nueva
Alianza, presentó una iniciativa con proyecto de decreto por la
que se reforman diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio
Ecológico y la Protección al Ambiente.
Segundo. En esa misma fecha, el expediente No.
2720 que contiene la iniciativa en comento fue turnada a la Comisión
de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados
del H. Congreso de la Unión, para su análisis y elaboración
del dictamen correspondiente, de conformidad con las siguientes:
Consideraciones
Los legisladores que integran esta Cámara de Diputados
del honorable Congreso de la Unión tienen el derecho de iniciativa,
el cual se sustenta en la fracción II del artículo 71 de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
así también este Congreso tiene la facultad que le confiere
el artículo 73, fracción XXIX-G, de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, para expedir leyes que
establezcan la concurrencia del gobierno federal, de los gobiernos de los
estados y de los municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias,
en materia de protección al ambiente y de preservación y
restauración del equilibrio ecológico.
Así las cosas, una vez analizadas la atribuciones
referidas en el párrafo anterior, y los requerimientos contenidos
en el asunto en estudio, esta Comisión ordinaria de Medio Ambiente
y Recursos Naturales, estima que la iniciativa con proyecto de decreto
que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio
Ecológico y la Protección al Ambiente, cumple en general
con los requisitos formales que se exigen en la práctica parlamentaria
para su presentación y que son los siguientes:
• Ser formulada por escrito.
• Tener un título.
• Contener el nombre y firma de la persona que presenta
la iniciativa.
• Una parte expositiva de motivos.
• El texto legal que se propone.
• El artículo transitorio que señala la
entrada en vigor,
• La fecha de elaboración.
• Ser publicada en la Gaceta Parlamentaria.
Durante la Tercera Reunión de las Partes del Protocolo
de Kioto, llevada a cabo en diciembre de 2007 en Bali, Indonesia, se celebró
el décimo aniversario de la apertura a firma de dicho instrumento
internacional. Asimismo, el 16 de febrero pasado se celebró el tercer
aniversario de su entrada en vigor.
El Protocolo de Kioto cuenta con tres mecanismos de flexibilidad
que reducen los costos de lograr las metas de reducción de emisiones
de gases de efecto invernadero (GEI) establecidas para los países
del Anexo B: "estos mecanismos facultan a las Partes a acceder a oportunidades
costo-efectivas de reducción de emisiones o secuestro de carbono
de la atmósfera en otros Estados [Parte]. Mientras que el costo
de limitar las emisiones varía considerablemente de región
en región, el beneficio para la atmósfera es el mismo, independientemente
del lugar en el que se lleve a cabo la actividad."1
Uno de los mecanismos de flexibilidad del Protocolo de
Kioto es el Mecanismo para un Desarrollo Limpio (MDL). De conformidad con
el artículo 12.2 del referido instrumento internacional, el objeto
del mecanismo es: "ayudar a las Partes no incluidas en el anexo I a lograr
un desarrollo sostenible y contribuir al objetivo último de la Convención,
así como ayudar a las Partes incluidas en el anexo I a dar cumplimiento
a sus compromisos cuantificados de limitación y reducción
de las emisiones contraídos en virtud del artículo 3."2
De acuerdo a una de las decisiones adoptadas en la Tercera
Reunión de las Partes del Protocolo de Kioto, durante el periodo
2006-2007 bajo el MDL se registraron 825 proyectos, se emitieron 85,049,697
certificados de reducción de emisiones, se acreditaron y designaron
18 entidades operativas y se aprobaron 32 líneas base y metodologías
de seguimiento, incluyendo la consolidación de 8 metodologías
en 3 metodologías.3
Al respecto es importante señalar que a nivel mundial, México
ocupa el 7° lugar por el número de certificados de reducción
de emisiones otorgados con 2,735,191 CERs; el 5° lugar por la reducción
promedio esperada y, el 4º lugar en cuanto al número de proyectos
registrados, con 101 proyectos.4
Señala la promovente que la iniciativa que se dictamina
tiene por objeto: "dotar de facultades a la Secretaría de Medio
Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), para que establezca los lineamientos
y las obligaciones necesarias para que toda industria, sin importar su
giro, adopte mecanismos de desarrollo limpio (MDL) en la elaboración
de sus productos, así como fijar sanciones para los que no cumplan
los objetivos en los tiempos que para la adopción y el mantenimiento
de MDL se consideren en la ley."
Para ello se proponen adicionar y reformar diversas disposiciones
de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección
al Ambiente. Sobre el particular, esta Comisión dictaminadora considera
pertinente señalar que aún cuando comparte la inquietud de
la promovente para adicionar una fracción V al artículo 2o
de la referida Ley, considera que los términos que utiliza son inadecuados
toda vez que hacen referencia al "calentamiento global" y no al término
legal aceptado a nivel internacional "efectos adversos del cambio climático".
Por ello, esta Comisión ordinaria considera conveniente modificar
este término a fin de que sea congruente con los acuerdos internacionales
que nuestro país ha firmado y ratificado en la materia. La redacción
propuesta es la siguiente:
"Artículo 2o.- Se consideran de utilidad
pública:
I. a II. ...
III. La formulación y ejecución de acciones
de protección y preservación de la biodiversidad del territorio
nacional y las zonas sobre las que la nación ejerce su soberanía
y jurisdicción, así como el aprovechamiento de material genético;
IV. El establecimiento de zonas intermedias de salvaguardia,
con motivo de la presencia de actividades consideradas como riesgosas;
y,
V. La formulación y ejecución de acciones
incluidas las de: prevención, mitigación y adaptación
que contribuyan a minimizar y, en la medida de lo posible evitar los efectos
adversos del cambio climático."
En cuanto a la adición de una fracción XXIII
al artículo 3o de la Ley en comento, mediante la cual se definen
los Mecanismos de Desarrollo Limpio como: "mecanismos a implementarse por
las personas físicas o morales, que apoyan el desarrollo sustentable
y contribuyen a limitar la emisión de gases de efecto invernadero";
esta Comisión ordinaria lo considera inadecuado. En primera instancia
se debe aclarar que el Protocolo de Kioto no habla de mecanismos sino de
actividades que se llevarán a cabo por proyectos y, de las que se
espera reducir emisiones de GEI que ayuden a cumplir sus compromisos cuantificados
de limitación y reducción de emisiones a los países
Anexo B, a la vez que contribuyan a promover el desarrollo sustentable
en los países no Anexo I.
En segunda instancia, la adición propuesta no responde
al objeto del Mecanismo establecido en el artículo 12.2 del protocolo
de Kioto, particularmente en lo que corresponde a las obligaciones de México
como Estado Parte de dicho instrumento internacional. Recuérdese
que la no pertenencia al Anexo B exime a nuestro país de reducir
emisiones de GEI, así como de brindar asistencia financiera y técnica
a otros países. Al respecto es importante aclarar que ello no quiere
decir que se pretende que nuestro país evite reducir sus emisiones
antropogénicas de GEI, sino que puede y debe hacerlo de conformidad
con los términos que establecen tanto la Convención como
el Protocolo: De forma voluntaria de acuerdo a su responsabilidad común
pero diferenciada.
Más aún, esta Comisión ordinaria
destaca dos aspectos básicos del MDL que fueron definidos en los
Acuerdos de Marrakesh, adoptados durante la Primera Reunión de las
Partes del Protocolo y, que al parecer, no han sido valorados en su justa
dimensión al proponer la adición de la fracción XXIII
al artículo 3o de la Ley en comento. El primero es el carácter
voluntario de la participación en los proyectos de MDL y el segundo,
es la adicionalidad en la reducción de GEI que la implementación
del proyecto pueda proveer.5
Este último aspecto es importante toda vez que si una actividad
que contribuye a reducir emisiones de GEI es obligatoria por ley, automáticamente
pierde el carácter de "adicionalidad" que se establece como requisito
para que un proyecto MDL sea validado y registrado por la Entidad Operacional
Designada.6
La propuesta de reforma que se dictamina también
adiciona una fracción VII al Artículo 22 Bis con objeto de
que se considere prioritario, para efectos del otorgamiento de estímulos
fiscales que se establezcan conforme a la Ley de Ingresos de la Federación,
las actividades relacionadas con: "VII. El establecimiento e implementación
de metodologías de industria limpia que ayuden a reducir la emisión
de gases invernadero". Dicha adición se considera improcedente.
Ello en razón de que utiliza de forma incorrecta conceptos aceptados
a nivel internacional, concretamente el concepto de "gases de efecto invernadero".
En segundo lugar la fracción se refiere al establecimiento
de técnicas, métodos y tecnologías limpias, que contribuyan
no sólo a reducir las emisiones de los contaminantes atmosféricos,
sino a que los procesos industriales sean más limpios. Al respecto
cabe señalar que la Ley General del Equilibrio Ecológico
y la Protección al ambiente ya contempla esta inquietud, concretamente
la fracción XIII del artículo 5o que establece como facultad
de la Federación: "El fomento de la aplicación de tecnologías,
equipos y procesos que reduzcan las emisiones y descargas contaminantes
provenientes de cualquier tipo de fuente, en coordinación con
las autoridades de los Estados, el Distrito Federal y los Municipios; así
como el establecimiento de las disposiciones que deberán observarse
para el aprovechamiento sustentable de los energéticos."7
Además, esta Comisión ordinaria considera
que la inquietud de la promovente queda subsanada con lo dispuesto por
la fracción I del propio artículo 22 Bis, que a la letra
reza: "I.- La investigación, incorporación o utilización
de mecanismos, equipos y tecnologías que tengan por objeto
evitar,
reducir o controlar la contaminación o deterioro ambiental,
así como el uso eficiente de recursos naturales y de energía;"8
Por otra parte se propone una reforma al artículo
35 Bis 1 de la siguiente forma: "Las personas físicas o morales
que presten servicios de impacto ambiental serán responsables ante
la Secretaría de los informes preventivos, manifestaciones de impacto
ambiental y estudios de riesgo que elaboren, quienes declararán
bajo protesta de decir verdad que en ellos se incorporan las mejores técnicas
y metodologías existentes, así como la información
y medidas de prevención y mitigación más efectivas.
En los casos en que no se cumplan estas condiciones,
la Secretaría tendrá la posibilidad de sancionarlas de acuerdo
con el reglamento que emita."
La reforma propuesta se considera improcedente por esta
Comisión Ordinaria. Primero, en atención a que en la exposición
de motivos no se explica cuál es el objeto que persigue dicha reforma;
segundo por que del análisis de su contenido, pareciera que el único
vínculo que existe entre ésta y el resto de los artículos
reformados o adicionados es la referencia a que en los informes preventivos,
manifestaciones de impacto ambiental y estudios de riesgo que se elaboren
se
han incorporado las mejores técnicas y metodologías existentes,
elementos que si bien es cierto son fundamentales, no guardan una relación
directa con la incorporación de técnicas, metodologías
y tecnologías limpias en procesos productivos que contribuyan a
reducir las emisiones de gases de efecto invernadero que la promovente
menciona en su exposición de motivos.
Adicionalmente a esta Comisión dictaminadora le
preocupa, que el segundo párrafo haya sido eliminado porque no sólo
se cancela la posibilidad de que los interesados, las instituciones de
investigación, los colegios o asociaciones profesionales presenten
informes preventivos, manifestaciones de impacto ambiental y estudios de
riesgo, sino que también se excluye su responsabilidad ante la Secretaría
de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Adicionalmente esta Comisión
ordinaria se permite recordar que ya en otras ocasiones ha manifestado
la necesidad de realizar una reforma integral a la Sección V "Evaluación
del Impacto Ambiental" del Capítulo IV Instrumentos de la Política
Ambiental" y no sólo al artículo en comento.
Por su parte, la adición de una fracción
XV al artículo 111 de la Ley en comento, tiene por objeto facultar
a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a "expedir
las Normas Oficiales Mexicanas para la adopción de metodologías
de industria limpia en las industrias que produzcan emisiones de gases
invernadero"; así como para "formular y aplicar programas para la
adopción de metodologías de industria limpia en todas las
industrias que produzcan emisiones de gases invernadero. Dichos programas
deberán prever los objetivos que se pretende alcanzar, los plazos
correspondientes y los mecanismos para su instrumentación". Al igual
que en el caso de la adición al artículo 22 Bis, dicha adición
se considera improcedente, pues por una parte utiliza de forma incorrecta
conceptos aceptados a nivel internacional, concretamente el concepto de
gases de efecto invernadero.
Adicionalmente, esta comisión ordinaria estima
pertinente recordar que de aprobarse el contenido de la reforma propuesta
se estaría violentando lo dispuesto por el artículo 37 de
la Ley en comento, que a la letra claramente dispone:
"Artículo 37. En la formulación de
normas oficiales mexicanas en materia ambiental deberá considerarse
que el cumplimiento de sus previsiones deberá realizarse de conformidad
con las características de cada proceso productivo o actividad sujeta
a regulación, sin que ello implique el uso obligatorio de tecnologías
específicas.
Cuando las normas oficiales mexicanas en materia ambiental
establezcan el uso de equipos, procesos o tecnologías específicas,
los destinatarios de las mismas podrán proponer a la Secretaría
para su aprobación, los equipos, procesos o tecnologías alternativos
mediante los cuales se ajustarán a las previsiones correspondientes.
Para tal efecto, los interesados acompañarán
a su propuesta la justificación en que ésta se sustente para
cumplir con los objetivos y finalidades establecidos en la norma oficial
mexicana de que se trate.
Una vez recibida la propuesta, la Secretaría en
un plazo que no excederá de treinta días emitirá la
resolución respectiva. En caso de que no se emita dicha resolución
en el plazo señalado, se considerará que ésta es negativa.
Cuando la resolución sea favorable, deberá
publicarse en un órgano de difusión oficial y surtirá
efectos en beneficio de quien lo solicite, respetando, en su caso, los
derechos adquiridos en materia de propiedad industrial."9
Más aún, esta Comisión dictaminadora
estima que el espíritu de la adición ya se encuentra plenamente
cubierto en las fracciones I, III, IV, VI, X y XIV del mismo artículo.
Dichas fracciones facultan a la Semarnat a:
"I. Expedir las normas oficiales mexicanas que establezcan
la calidad ambiental de las distintas áreas, zonas o regiones del
territorio nacional, con base en los valores de concentración
máxima permisible para la salud pública de contaminantes
en el ambiente, determinados por la Secretaría de Salud;
III. Expedir las normas oficiales mexicanas que establezcan
por contaminante y por fuente de contaminación, los niveles máximos
permisibles de emisión de olores, gases así como de partículas
sólidas y líquidas a la atmósfera provenientes de
fuentes fijas y móviles;
IV. Formular y aplicar programas para la reducción
de emisión de contaminantes a la atmósfera, con base en la
calidad del aire que se determine para cada área, zona o región
del territorio nacional. Dichos programas deberán prever los
objetivos que se pretende alcanzar, los plazos correspondientes y los mecanismos
para su instrumentación;
VI. Requerir a los responsables de la operación
de fuentes fijas de jurisdicción federal, el cumplimiento de
los límites máximos permisibles de emisión de contaminantes,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 37 de la presente
Ley, su reglamento y en las normas oficiales mexicanas respectivas;
X. Definir niveles máximos permisibles de emisión
de contaminantes a la atmósfera por fuentes, áreas, zonas
o regiones, de tal manera que no se rebasen las capacidades de asimilación
de las cuencas atmosféricas y se cumplan las normas oficiales mexicanas
de calidad del aire;
XIV. Expedir las normas oficiales mexicanas que establezcan
las previsiones a que deberá sujetarse la operación de fuentes
fijas que emitan contaminantes a la atmósfera, en casos de contingencias
y emergencias ambientales."10
La adición de un cuarto párrafo al artículo
111 Bis propone que: "En todos los casos, las fuentes fijas de jurisdicción
federal sólo podrán operar y funcionar cuando adopten alguna
Metodología de Industria Limpia en términos del Reglamento
que emita la Secretaría en materia de emisión de gases de
invernadero." Al igual que en el caso de la adición al artículo
111, dicha adición se considera improcedente, toda vez que utiliza
de forma incorrecta conceptos aceptados a nivel internacional, concretamente
el concepto de gases de efecto invernadero.
En segundo término la adición hace referencia
a la "Metodología de Industria Limpia", que no se encuentra definida
por la Ley. Tampoco cabe en la definición de "Mecanismos de Desarrollo
Limpio" propuesta por la promovente, hecho que repercutiría negativamente
tanto en la aplicación como en el cumplimiento de la Ley.
Finalmente la adición se refiere a la elaboración
de un Reglamento sobre emisiones de gases de efecto invernadero. Al respecto,
esta Comisión dictaminadora se permite recordar que la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos le otorga al Poder Ejecutivo
como principal función legislativa emitir las disposiciones reglamentarias
necesarias en la ejecución de lo dispuesto por las leyes. El principal
fin de los reglamentos, es facilitar la aplicación de la ley, detallándola,
y operando como instrumentos idóneos para llevar a efecto su contenido.
En el caso concreto la Ley General del Equilibrio Ecológico y la
Protección al Ambiente, ésta cuenta con cuerpos normativos
reglamentarios en materia de prevención y contaminación atmosférica,
áreas naturales protegidas, evaluación de impacto ambiental.
Sin embargo, los reglamentos sólo tendrán vida y sentido
de derecho, en tanto se deriven de una norma legal a la que reglamentan
en la esfera administrativa, lo cual en el caso en estudio no ocurre puesto
que el texto de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección
al Ambiente no establece disposiciones particulares para gases de efecto
invernadero.
Por las razones señaladas en los párrafos
anteriores, los integrantes de la Comisión Legislativa que suscribe,
se permiten someter a la consideración de esta honorable Asamblea
la aprobación del siguiente proyecto de:
Decreto por el que se adiciona una fracción
al artículo 2o. de la Ley General del Equilibrio Ecológico
y la Protección al Ambiente.
Artículo Único. Se adiciona
una fracción V al artículo 2o de la Ley General del Equilibrio
Ecológico y la Protección al Ambiente, para quedar como sigue:
Artículo 2. Se consideran de utilidad pública:
I. a II. ...
III. La formulación y ejecución de acciones
de protección y preservación de la biodiversidad del territorio
nacional y las zonas sobre las que la nación ejerce su soberanía
y jurisdicción, así como el aprovechamiento de material genético;
IV. El establecimiento de zonas intermedias de salvaguardia,
con motivo de la presencia de actividades consideradas como riesgosas,
y
V. La formulación y ejecución de acciones
de prevención, mitigación y adaptación que contribuyan
a minimizar y, en la medida de lo posible, evitar los efectos adversos
del cambio climático.
Transitorio
Único. El presente decreto entrará
en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario
Oficial de la Federación.
Notas:
1. Los corchetes son de la Comisión dictaminadora.
UNFCCC. "The Mechanisms under the Kyoto Protocol: The Clean Development
Mechanism, Joint Implementation and Emissions Trading". En: http://unfccc.int/kyoto_protocol/mechanisms/items/1673.php.
Página consultada el 29 de febrero de 2008.
2. El Artículo 3 del Protocolo de Kioto se refiere
a los límites y reducción cuantificada de emisiones de gases
de efecto invernadero.
3. Ver. "I.General". Further guidance relating to the
clean development mechanism. Advance unedited version. Decision_/CMP.3.
En: http://unfccc.int/meetings/cop_13/items/4049.php. Página consultada
el 29 de febrero de 2008.
4. Ver. UNFCCC. "CDM Statistics" as of 27 February 2008
at 18:38 hrs. En: http://cdm.unfccc.int/Statistics/index.html. Página
consultada el 29 de febrero de 2008.
5. Por adicionalidad se entiende: las emisiones antropogénicas
de gases de efecto invernadero por fuentes se reducen por debajo de aquellas
que hubieran ocurrido en la ausencia de la actividad registrada como proyecto
de MDL. Ver. UNFCCC. "Validation and Registration" Decision 3/CMP.1 Modalities
and procedures for a clean development mechanisms defined in Article 12
of the Kyoto Protocol. Decisions adopted by the Conference of the Parties
serving as the Meeting of the Parties of the Kyoto Protocol. FCCC/KP/CMP/2005/8/Add.1
30 March 2006. p.14.
6. La Entidad Operacional Designada puede ser una entidad
legal nacional o una organización internacional acreditada y designada
de forma provisional hasta que se confirme por la Reunión de las
Partes del Protocolo por medio de la Junta Ejecutiva. Su función
es validar y posteriormente solicitar el registro de proyectos de MDL,
verificar que la reducción de emisiones de un proyecto de MDL es
adecuada y solicitar a la Junta Ejecutiva la emisión de Certificados
de Reducción de Emisiones para dicho proyecto.
7. Las negrillas son de la Comisión dictaminadora.
8. Las negrillas son de la Comisión dictaminadora.
9. Las negrillas son de la Comisión dictaminadora.
10. Las negrillas son de la Comisión dictaminadora.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro de
la honorable Cámara de Diputados, a los 22 días del mes de
mayo de 2008.
La Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales
Diputados: Diego Cobo Terrazas
(rúbrica), presidente; Jesús de León Tello (rúbrica),
José Luis Espinosa Piña (rúbrica), Lucía Susana
Mendoza Morales (rúbrica), Benjamín Hernández Silva
(rúbrica), María Mercedes Colín Guadarrama (rúbrica),
secretarios; Edmundo Javier Bolaños Aguilar (rúbrica), Adriana
Dávila Fernández (rúbrica), José Antonio Díaz
García, Emilio Ramón Ramiro Flores Domínguez (rúbrica),
José Guillermo Fuentes Ortiz (rúbrica), Jorge Rubén
Nordhausen González (rúbrica), Christian Martín Lujano
Nicolás (rúbrica), Martha Angélica Romo Jiménez
(rúbrica), Víctor Manuel Torres Herrera (rúbrica),
Aleida Alavez Ruiz, María Soledad López Torres (rúbrica),
Rafael Villicaña García (rúbrica), Juan Hugo de la
Rosa García, Carlos Roberto Martínez Martínez (rúbrica),
Armando Barreiro Pérez (rúbrica), Roberto Mendoza Flores
(rúbrica), Martha Hilda González Calderón, Fernando
Quetzalcóatl Moctezuma Pereda (rúbrica), Carlos Ernesto Zatarain
González (rúbrica), Beatriz Manrique Guevara (rúbrica),
Humberto López Lena Cruz (rúbrica) José Ascención
Orihuela Bárcenas, Víctor Manuel Méndez Lanz.
DE LA COMISIÓN DE MEDIO
AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL PÁRRAFO
TERCERO DEL ARTÍCULO 173 DE LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO
Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE
Honorable Asamblea:
A la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales
de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados del H. Congreso de
la Unión, le fue turnado para su estudio y elaboración del
dictamen correspondiente, el expediente No. 2297, que contiene la iniciativa
que reforma los artículos 168 y 173 de la Ley General del Equilibrio
Ecológico y la Protección al Ambiente, presentada por la
diputada Ana Maria Ramírez Cerda, integrante del Grupo Parlamentario
del Partido Verde Ecologista de México.
En virtud del análisis y estudio de la iniciativa
que se dictamina, esta comisión ordinaria, con base en las facultades
que les confiere la fracción XXIX-G del artículo 73 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para
expedir leyes que establezcan la concurrencia del gobierno federal, de
los gobiernos de los estados y de los municipios, en el ámbito de
sus respectivas competencias, en materia de protección al ambiente
y de preservación y restauración del equilibrio ecológico;
los artículos 39 numerales 1 y 2, fracción XXIV, y 45 numeral
6, incisos e) y f), y numeral 7 de la Ley Orgánica del Congreso
General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos
60, 65, 87, 88, 93 y 94 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso
General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración
de los integrantes de esta honorable Asamblea, el presente dictamen,
de conformidad con los siguientes:
Antecedentes
Primero. El 6 de septiembre de 2007, la diputada
Ana María Ramírez Cerda, integrante del Grupo Parlamentario
del Partido Verde Ecologista de México, presentó iniciativa
que reforma los artículos 168 y 173 de la Ley General del Equilibrio
Ecológico y la Protección al Ambiente.
Segundo. En esa misma fecha, la iniciativa en comento
fue turnada a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales
de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, bajo
el expediente No. 2297 para su estudio, análisis y elaboración
del dictamen correspondiente, bajo las siguientes:
Consideraciones
Los legisladores que integran esta Cámara de Diputados
del honorable Congreso de la Unión tienen el derecho de iniciativa,
el cual se sustenta en la fracción II del artículo 71 de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
así también este Congreso tiene la facultad que le confiere
el artículo 73, fracción XXIX-G, para expedir leyes que establezcan
la concurrencia del gobierno federal, de los gobiernos de los estados y
de los municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias,
en materia de protección al ambiente y de preservación y
restauración del equilibrio ecológico.
Así las cosas, una vez analizadas la atribuciones
referidas en el párrafo anterior, y los requerimientos contenidos
en el asunto en estudio, esta Comisión ordinaria de Medio Ambiente
y Recursos Naturales, estima que la Iniciativa que reforma los artículos
168 y 173 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección
al Ambiente, cumple en general con los requisitos formales que se exigen
en la práctica parlamentaria para su presentación y que son
los siguientes:
• Ser formulada por escrito.
• Tener un título.
• Contener el nombre y firma de la persona que presenta
la iniciativa.
• Una parte expositiva de motivos.
• El texto legal que se propone.
• El artículo transitorio que señala la
entrada en vigor,
• La fecha de elaboración.
• Ser publicada en la Gaceta Parlamentaria.
En cuanto al contenido sustancial de la iniciativa que se
dictamina, esta Comisión Ordinaria señala lo siguiente:
La iniciativa objeto del presente dictamen pretende "contribuir
a la prevención y control de la contaminación del suelo impidiendo
su contaminación por materiales y residuos peligrosos, residuos
sólidos municipales e industriales no peligrosos, promoviendo la
remediación de suelos contaminados y fomentando la valorización
de suelos remediados a fin de evitar la reducción de riesgos al
ambiente, los ecosistemas y la salud humana", por lo cual propone una reforma
al texto de los artículos 168 y 173 de la Ley General del Equilibrio
Ecológico y la Protección al Ambiente.
Derivado de lo anterior esta Comisión de Medio
Ambiente y Recursos Naturales, considera que los problemas de deterioro
ambiental que aquejan a nuestro país no sólo se limitan a
la contaminación del suelo, ya que existen otros factores que afectan
el equilibrio de nuestros ecosistemas provocando su degradación,
como son la contaminación atmosférica, la contaminación
de las aguas, el tráfico de especies, y la tala ilegal, entre otras.
Sin embargo la legislación ambiental mexicana por
medio de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección
al Ambiente, ha establecido una serie de mecanismos jurídicos que
regulan el uso y aprovechamiento de los recursos naturales, así
como la preservación y restauración del ambiente, estos mecanismos
se traducen en políticas ambientales, instrumentos de prevención
y restauración al ambiente e incluso la inspección y vigilancia
ambiental.
Estas acciones de inspección y vigilancia dentro
del orden federal son ejecutadas por la Procuraduría Federal de
Protección al Ambiente, quien además tiene entre sus responsabilidades,
determinadas por la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección
al Ambiente y el Reglamento Interior de la Secretaría de Medio Ambiente
y Recursos Naturales, la de realizar acciones y substanciar procedimientos
administrativos a efecto de comprobar el cumplimiento de la normatividad
en materia de medio ambiente y recursos naturales.
En razón de tales circunstancias, se dota a la
Profepa de la facultad de dictar las medidas de seguridad y de urgente
aplicación necesarias para evitar el daño o deterioro grave
de los recursos naturales, contaminación con repercusiones graves
para los ecosistemas, sus componentes o para la salud pública.
También se faculta a la Profepa para dictar las
medidas de restauración y/o de reparación de daños
ambientales una vez que estos han sido causados.
Las actuaciones de la Profepa deben sujetarse a los plazos
y mecanismos que establece la LGEEPA y la Ley Federal de Procedimiento
Administrativo (LFPA). En estos ordenamientos jurídicos se contienen
reglas generales de procedimiento administrativo, entre las cuales se puede
indicar la facultad de verificar el cumplimiento de licencias, autorizaciones,
registros, permisos y concesiones. Se contiene también la facultad
de la autoridad para comprobar el cumplimiento de la normatividad administrativa
y los mecanismos a través de los cuales esto debe ocurrir, así
como las garantías de los particulares durante el procedimiento
y los plazos y términos generales para la substanciación
de los procedimientos.
Ahora bien la primera reforma que se plantea es al artículo
168, el cual forma parte del capítulo relativo a la inspección
y vigilancia de la Procuraduría, dentro de su contenido se trata
de dotar a los presuntos infractores de ejecutar medidas de corrección
a los actos realizados a fin de que estas obren como atenuante en el momento
de que la autoridad dicte la resolución definitiva al asunto en
proceso, estas medidas de corrección sólo se pueden realizar
mediante la firma de un convenio entre el infractor y la Procuraduría,
siempre, a petición del primero, mediante la firma de este contrato,
el infractor se obliga por si, a realizar una serie de acciones de restauración
o compensación de los daños causados por los actos que lo
sujetaron al procedimiento administrativos, dichas acciones, únicamente
corrigen los efectos provocados por el infractor a fin de obrar como atenuantes
y en ningún momento, son excluyentes de responsabilidad o causa
conclusión del procedimiento administrativo.
El objeto de dicho artículo se robustece con lo
contenido dentro del artículo 57, fracción VI, de la Ley
Federal de Procedimiento Administrativo vigente, el cual destaca que se
signará el convenio de las partes siempre y cuando no sea contrario
al ordenamiento jurídico, ni verse sobre materias que no sean susceptibles
de transacción y tengan por objeto satisfacer el interés
público con el alcance, efectos y régimen jurídico.
Es así como los convenios que la Profepa ha venido
firmando con diferentes infractores por diversas acciones que han causado
daños sensibles a diferentes ecosistemas, tienen por objetivo, el
de lograr restaurar y/o compensar los daños a los bienes y servicios
ambientales en la esfera de competencia de esta Procuraduría.
La reforma planteada al artículo en comento pretende
incorporar el siguiente párrafo:
"Artículo 168. Una vez recibidos los alegatos
o transcurrido el término para presentarlos, la Secretaría
procederá, dentro de los veinte días siguientes, a dictar
por escrito la resolución respectiva, misma que se notificará
al interesado, personalmente o por correo certificado con acuse de recibo.
Durante el procedimiento y antes de que se dicte resolución,
el interesado y la Secretaría, a petición del primero, podrán
convenir la realización de las acciones de restauración o
compensación de daños necesarias para la corrección
de las presuntas irregularidades observadas. La instrumentación
y evaluación de dicho convenio, se llevará a cabo en los
términos del artículo 169 de esta Ley, con la intervención
y acuerdo del gobierno del estado en el que se hayan consumado las presuntas
irregularidades, siendo esta precisamente la entidad federativa beneficiada
con las acciones aplicables."
La redacción propuesta pretende incorporar a los estados
en donde se cometan las infracciones, como sujetos en la suscripción
de los convenios referidos en párrafos anteriores, obligando a que
las acciones que se realicen a consecuencia de la firma del convenio sean
ejecutables en estas entidades.
Esta comisión dictaminadora ha determinado desechar
la reforma planteada al segundo párrafo del artículo 168,
dada cuenta que el artículo objeto de la reforma se encuentra orientado
a dotar al infractor de la posibilidad de realizar acciones para resarcir
los daños provocados, esto, mediante la celebración de un
convenio con la Procuraduría, dicho instrumento es signado con el
fin de dar a la autoridad la certidumbre jurídica y poder hacer
exigible su cumplimiento, resulta totalmente incongruente el señalamiento
de que el Estado deba participar en la celebración de tal convenio,
así también resulta redundante señalar expresamente
dentro del artículo a reformar el hecho de que las acciones a realizarse
deban obrar en beneficio directo de la entidad federativa en que fueron
provocados los daños, ya que como se ha explicado, los proyectos
de restauración o resarcimiento del daño tienen por objeto
corregir las irregularidades en que incurrió el presunto infractor,
por lo que evidentemente atendiendo a la competencia por territorio de
cada una de las delegaciones federales de la Procuraduría, es evidente
que en su mayoría estas se realizan dentro del territorio del estado
en que se cometió la infracción.
En cuanto a la reforma planteada al artículo 173,
el legislador propone el siguiente texto:
"Artículo 173.- Para la imposición
de las sanciones por infracciones a esta Ley, se tomará en cuenta:
I. a V ...
...
La autoridad correspondiente, por sí o a solicitud
del infractor, podrá otorgar a éste, la opción para
pagar la multa o realizar inversiones equivalentes en la adquisición
e instalación de equipo para evitar contaminación o en la
protección, preservación o restauración del ambiente
y los recursos naturales, siempre y cuando se garanticen las obligaciones
del infractor, no se trate de alguno de los supuestos previstos en el artículo
170 de esta Ley, y la autoridad justifique plenamente su decisión.
En
ambos casos, se destinará precisamente a la entidad federativa en
la que se haya cometido la infracción, a través del ejecutivo
estatal para aplicarse en programas de medio ambiente y recursos naturales."
La presente propuesta pretende que las sanciones que impone
la Profepa a los infractores en materia ambiental ingresen o se ejecuten
directamente en el estado en que se haya cometido la falta, sobre el particular
esta comisión dictaminadora debe exponer que el texto vigente del
párrafo que se pretende reformar contempla una figura jurídica
que podría ser conceptualizada como un beneficio para el infractor
y que es "la conmutación de la sanción impuesta", esta consiste
en dotar al infractor de la posibilidad de invertir una cantidad equivalente
a la multa impuesta, ya sea en la adquisición e instalación
de equipo para evitar la contaminación, o bien en la protección,
preservación o restauración del ambiente y los recursos naturales;
siempre y cuando los proyectos de inversión reúnan los requisitos
establecidos en la Ley de la materia, los cuales deberán ser analizados
por la Profepa.
Sin embargo, dicha conmutación esta sujeta a la
autorización de la Procuraduría, quien se encarga de realizar
un estudio sobre la viabilidad de los proyectos de inversión presentados
dejando de lado aquellos que consistan en:
• Inversiones para la adquisición e instalación
de equipo para evitar contaminación;
• Inversiones encaminadas a la protección, preservación
o restauración del ambiente y los recursos naturales; y,
• Acciones y/o equipos en las que se supere o cumpla con
niveles o beneficios mayores a los establecidos en la legislación
ambiental.
No se considera adecuado, ni jurídicamente correcto
el planteamiento hecho por el diputado promovente, ya que la esfera competencial
y jurisdiccional sobre la que se desahogan los procedimientos de la Procuraduría
Federal de Protección al Ambiente, es eminentemente federal por
lo que el cumplimiento de las sanciones impuestas debe otorgarse en favor
de la Federación, para en su caso ser posteriormente reasignadas
al presupuesto de la Procuraduría Federal de Protección al
Ambiente; por lo cual resulta imposible que el cumplimiento de una sanción
determinada por una entidad de la Administración Pública
Federal se otorgue directamente en favor de una dependencia estatal, sin
embargo si bien el cumplimiento de las sanciones deberá en todo
momento otorgarse en favor del orden de gobierno que las impuso, se podría
establecer expresamente que se privilegiara que las ejecuciones de proyectos
que realicen los infractores en cumplimiento con las resoluciones se realicen
dentro del territorio de la entidad federativa en que se realizaron los
actos violatorios de la legislación ambiental. Una vez señalado
lo anterior, los integrantes de esta comisión dictaminadora hemos
determinado aceptar con modificaciones la propuesta de reforma al
párrafo tercero del artículo 173 de la Ley General del Equilibrio
Ecológico y la Protección al Ambiente.
Finalmente por las razones antes expuestas, los integrantes
de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales que suscriben,
se permiten someter a la consideración de esta honorable Asamblea
el siguiente:
Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo
173 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección
al Ambiente.
Artículo Único. Se reforma el párrafo
tercero del artículo 173 de la Ley General del Equilibrio Ecológico
y al Protección al Ambiente, para quedar como sigue:
Artículo 173. Para la imposición
de las sanciones por infracciones a esta Ley, se tomará en cuenta:
I. a V. ...
...
La autoridad correspondiente, por sí o a solicitud
del infractor, podrá otorgar a éste, la opción para
pagar la multa o realizar inversiones equivalentes en adquisición
e instalación de equipo para evitar contaminación o en la
protección, preservación o restauración del ambiente
y los recursos naturales, dichas inversiones deberán realizarse
preferentemente dentro de la Entidad Federativa en la que se haya cometido
la infracción, siempre y cuando se garanticen las obligaciones
del infractor, no se trate de alguno de los supuestos previstos en el artículo
170 de esta Ley, y la autoridad justifique plenamente su decisión.
Transitorios
Primero. El presente decreto entrará en
vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario
Oficial de la Federación.
Segundo. Se derogan todas las disposiciones que
se opongan al presente decreto.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro de
la honorable Cámara de Diputados, a los 22 días del mes de
mayo de 2008.
La Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales
Diputados: Diego Cobo Terrazas
(rúbrica), presidente; Jesús de León Tello (rúbrica),
José Luis Espinosa Piña (rúbrica), Lucía Susana
Mendoza Morales (rúbrica), Benjamín Hernández Silva
(rúbrica), María Mercedes Colín Guadarrama (rúbrica),
secretarios; Edmundo Javier Bolaños Aguilar (rúbrica), Adriana
Dávila Fernández (rúbrica), José Antonio Díaz
García, Emilio Ramón Ramiro Flores Domínguez (rúbrica),
José Guillermo Fuentes Ortiz (rúbrica), Jorge Rubén
Nordhausen González (rúbrica), Christian Martín Lujano
Nicolás (rúbrica), Martha Angélica Romo Jiménez
(rúbrica), Víctor Manuel Torres Herrera (rúbrica),
Aleida Alavez Ruiz, María Soledad López Torres (rúbrica),
Rafael Villicaña García (rúbrica), Juan Hugo de la
Rosa García, Carlos Roberto Martínez Martínez (rúbrica),
Armando Barreiro Pérez (rúbrica), Roberto Mendoza Flores
(rúbrica), Martha Hilda González Calderón, Fernando
Quetzalcóatl Moctezuma Pereda (rúbrica), Carlos Ernesto Zatarain
González (rúbrica), Beatriz Manrique Guevara (rúbrica),
Humberto López Lena Cruz (rúbrica) José Ascención
Orihuela Bárcenas, Víctor Manuel Méndez Lanz.
DE LA COMISIÓN DE MEDIO
AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO
Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE
Honorable Asamblea:
A la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales
de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso
de la Unión, le fue turnada para su estudio y elaboración
del dictamen correspondiente, la iniciativa con proyecto de decreto, por
la que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General
del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, presentada
por la diputada María del Carmen Pinete Vargas, a nombre propio
y de los diputados Emilio Gamboa Patrón y Bertha Yolanda Rodríguez
Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
En virtud del análisis y estudio de la iniciativa
que se dictamina, esta comisión legislativa, con base en las facultades
que le confieren los artículos 39 numerales 1 y 2 fracción
XXIV, y 45 numeral 6, incisos e) y f), y numeral 7 de la Ley Orgánica
del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los
artículos 60, 65, 87, 88, 93 y 94 del Reglamento para el Gobierno
Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a
consideración de esta honorable asamblea, el presente dictamen,
de acuerdo con los siguientes:
Antecedentes
Primero. El 4 de julio de 2007, la diputada María
del Carmen Pinete Vargas, a nombre propio y de los diputados Emilio Gamboa
Patrón y Bertha Yolanda Rodríguez Ramírez, del Grupo
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó
una iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforman y adicionan
diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico
y la Protección al Ambiente, y
Segundo. En esa misma fecha, la iniciativa en comento
fue turnada a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales
de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, para
su análisis y elaboración del dictamen correspondiente, de
conformidad con las siguientes:
Consideraciones
Hace diez años, aún se ponía en duda
la existencia del cambio climático y sus efectos, tanto para la
naturaleza, como para la humanidad. Sin embargo en ese periodo no sólo
el conocimiento científico ha arrojado evidencia robusta de que
el cambio climático es real, sino que, la naturaleza ha dado muestras
irrefutables de los efectos que éste le impone. Entre ellos podemos
mencionar: el deshielo de los glaciares oceánicos y terrestres,
el incremento de la temperatura media de la superficie del océano,
el incremento de la acidificación del océano, mayores niveles
de precipitación, el incremento de la superficie en proceso de desertificación
o sequía grave, pérdida de diversidad biológica en
el hemisferio norte, cambio en las rutas migratorias de algunas especies,
modificaciones en la temporalidad de las estaciones, incremento de la intensidad
y número de tormentas tropicales y huracanes, aumento de la vulnerabilidad
de las zonas boscosas ante incendios forestales, reducción de la
disponibilidad de agua dulce, entre otras.
El régimen internacional sobre el cambio climático
ha evolucionado y paralelamente, los diferentes Estados Parte de éste
han tenido que desarrollar y aplicar las políticas y el marco legal
que respondan tanto a los compromisos internacionales como a sus necesidades
particulares ya que como es sabido, el cambio climático tiene efectos
diversos dependiendo de la latitud en que se localice un país, el
grado de deterioro ambiental, el crecimiento demográfico, o bien,
la capacidad para responder ante fortuitos. Por ejemplo, en nuestro país
el proceso de desertificación es severo en los estados de Sonora,
Chihuahua y Tlaxcala, lo que entre otras cosas ha producido rendimientos
decrecientes en la producción agrícola; mientras que en Chiapas,
Tabasco, Oaxaca, Veracruz de Ignacio de la Llave y Guerrero se han registrado
mayores volúmenes de precipitación que han provocado el desbordamiento
de ríos, o bien el cambio de su curso, con consecuencias negativas
para la población.
Desde la publicación del primer informe de evaluación
del panel intergubernamental sobre cambio climático nuestro país
comenzó a diseñar una serie de acciones en la materia. Algunas
de estas son:
La participación activa en el proceso de negociación
tanto de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio
Climático como del Protocolo de Kyoto. De igual forma, participa
activamente en las reuniones de la Conferencia de las Partes y Reunión
de las Partes de estos acuerdos internacionales.
La presentación de tres comunicaciones nacionales
y dos inventarios nacionales de gases de efecto invernadero.
La institución del Comité Intersecretarial
para el Cambio Climático en 1997, siendo titulares las Secretarías
de Relaciones Exteriores, y de Medio Ambiente y Recursos Naturales.1
La elaboración de la estrategia nacional de acción
climática por el comité, que "establece las políticas
que el país debe instrumentar en los ámbitos de energía,
desarrollo urbano, agricultura, ganadería y desarrollo forestal,
entre otros, para así, contribuir tanto a la adaptación como
a la mitigación de los efectos asociados al cambio climático".2
La instalación de la Oficina para Proyectos de
Mecanismo de Desarrollo Limpio el 24 de enero de 2004 en México.
La creación con carácter permanente de la
Comisión Intersecretarial de Cambio Climático el 25 de abril
de 2005. Esta funge como autoridad nacional designada para fines relativos
a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático
y su protocolo.
La participación, junto con Brasil, Sudáfrica,
China, India, en las reuniones del grupo de los ocho en lo que se ha denominado
(G-8+5) a partir de 2005. Ello con el objeto de construir "un nuevo paradigma
de cooperación internacional" en la lucha contra los efectos del
cambio climático por medio de la reducción de emisiones de
gases de efecto invernadero.
La presentación de la Estrategia Nacional de Cambio
Climático en la residencia oficial de Los Pinos el viernes 25 de
mayo de 2007. Este documento reúne las diferentes medidas que se
aplicarán para hacer frente al reto que implica el cambio climático,
particularmente en los ámbitos de producción y uso eficiente
de energía; vegetación y uso de suelo; vulnerabilidad y adaptación.
El registro de 90 proyectos en el marco del Mecanismo
de Desarrollo Limpio, MDL, más de, que representan aproximadamente
el 11.55 por ciento del total de proyectos registrados bajo el MDL y se
ha hecho acreedor a Certificados de Reducción de Emisiones.
En materia legal, aún cuando no se cuenta con una
ley específica para cambio climático sí se tienen
diferentes instrumentos jurídicos e incluso normativos que se relacionan
directa o indirectamente con éste. Sin embargo, ahora que el tema
ha cobrado relevancia, los integrantes de esta comisión dictaminadora
se percatan que no existe una definición como tal del concepto de
cambio climático en la Ley General del Equilibrio Ecológico
y la Protección al Ambiente, lo que resulta preocupante dadas las
múltiples interpretaciones o acepciones que se le pueden dar, toda
vez que, por sus implicaciones se trata de un tema complejo y multidisciplinario.
En ese sentido la iniciativa que se dictamina tiene por objeto armonizar
la protección del ambiente, sus políticas y programas mediante
la incorporación del concepto de cambio climático en la Ley
General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.
Para ello se propone la adición de una fracción VI al artículo
3o., recorriéndose en su orden las siguientes fracciones.
Al respecto, los integrantes de esta comisión dictaminadora
consideran la adición oportuna pero incorrecta. Ello por que de
conformidad con lo dispuesto por el artículo 133 constitucional,
la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático
es ley suprema de toda la Unión, por lo que en todo caso se sugiere
incluir el concepto de cambio climático tal y como lo contempla
el artículo 1.2. de ese instrumento jurídico internacional,
lo que evitará contradicciones. La definición que se propone
es la siguiente:
Cambio Climático: Cambio de clima atribuido directa
o indirectamente a la actividad humana que altera la composición
de la atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad natural
del clima observado durante periodos de tiempo comparables.
La adición de una fracción XVII al artículo
5o., recorriéndose las demás en su orden, con el objeto de
facultar a la federación a implantar y difundir acciones y medidas
preventivas que tengan como fin disminuir los efectos de los fenómenos
provocados por el cambio climático, se considera oportuna toda vez
que tanto la Estrategia Nacional de Cambio Climático, como diversos
puntos de acuerdo presentados ante esta soberanía enfatizan la necesidad
de contar con este tipo de acciones y medidas. Sin embargo, la comisión
dictaminadora se permite precisar en el decreto que la adición se
refiere al artículo 5o., ya que ni en la exposición de motivos
ni en el decreto se hace referencia a este artículo.
De igual forma esta comisión dictaminadora se permite
precisar el contenido de la fracción XVII, sin alterar el espíritu
de ésta para referirse a los efectos del cambio climático.
Para ello se cambia la frase "...tengan como fin disminuir los efectos
de los fenómenos provocados por el cambio climático;" por
la frase: "…tengan como fin mitigar los efectos del cambio climático;"
Lo anterior porque la palabra "efectos" comprende una
gran variedad de aspectos, tantos como el tema implica y no se reduce a
los fenómenos, que en todo caso, no son definidos por los promoventes.
La palabra "disminuir" se sustituye por la palabra "mitigar" porque esta
es aceptada por la comunidad internacional, además de que se encuentra
plasmada tanto en los acuerdos internacionales como en los documentos de
carácter científico y político sobre el tema. Al respecto,
se considera pertinente mencionar que "mitigación" es: "la intervención
antropogénica para reducir las fuentes o mejorar los sumideros de
gases de efecto invernadero."3
Así, la redacción propuesta es la siguiente: XVII. La implementación
y difusión de acciones y medidas preventivas que tengan como fin
mitigar los efectos del cambio climático;"
La reforma a la fracción IV del artículo
15 se considera pertinente, sin embargo atendiendo a los argumentos referidos
en el caso anterior, esta comisión dictaminadora se permite precisarla.
Así la redacción propuesta es la siguiente: "IV. Quien realice
obras o actividades que afecten o puedan afectar el ambiente, está
obligado a prevenir, minimizar o reparar los daños que cause, así
como a asumir los costos que dicha afectación implique. Asimismo,
debe incentivarse a quien proteja el ambiente, promueva o realice acciones
que ayuden a mitigar los efectos del cambio climático y aproveche
de manera sustentable los recursos naturales;"
La adición de la fracción VI al artículo
21 se considera improcedente toda vez que de acuerdo con la exposición
de motivos, se pretende que la federación, los estados y el Distrito
Federal diseñen, desarrollen y apliquen instrumentos económicos
para concienciar a la ciudadanía sobre los riesgos y consecuencias
del cambio climático. Sin embargo, se pasa por alto lo dispuesto
por el artículo 22 de la Ley General del Equilibrio Ecológico
y la Protección al Ambiente, que a la letra dice:
"Artículo 22. Se consideran instrumentos
económicos los mecanismos normativos y administrativos de carácter
fiscal, financiero o de mercado, mediante los cuales las personas asumen
los beneficios y costos ambientales que generen sus actividades económicas,
incentivándolas a realizar acciones que favorezcan el ambiente.
Se consideran instrumentos económicos de carácter
fiscal, los estímulos fiscales que incentiven el cumplimiento de
los objetivos de la política ambiental. En ningún caso, estos
instrumentos se establecerán con fines exclusivamente recaudatorios.
Son instrumentos financieros los créditos, las
fianzas, los seguros de responsabilidad civil, los fondos y los fideicomisos,
cuando sus objetivos estén dirigidos a la preservación, protección,
restauración o aprovechamiento sustentable de los recursos naturales
y el ambiente, así como al financiamiento de programas, proyectos,
estudios e investigación científica y tecnológica
para la preservación del equilibrio ecológico y protección
al ambiente.
Son instrumentos de mercado las concesiones, autorizaciones,
licencias y permisos que corresponden a volúmenes preestablecidos
de emisiones de contaminantes en el aire, agua o suelo, o bien, que establecen
los límites de aprovechamiento de recursos naturales, o de construcción
en áreas naturales protegidas o en zonas cuya preservación
y protección se considere relevante desde el punto de vista ambiental.
Las prerrogativas derivadas de los instrumentos económicos
de mercado serán transferibles, no gravables y quedarán sujetos
al interés público y al aprovechamiento sustentable de los
recursos naturales."
Como se observa, la adición propuesta no persigue
estos fines sino crear conciencia entre la población sobre los riesgos,
efectos, medidas individuales o colectivas que deban adoptarse respecto
al cambio climático. Sin embargo esta comisión dictaminadora
considera prudente mencionar que, como ya se ha referido, el pasado 25
de mayo de 2007, el Ejecutivo federal dio a conocer y puso a disposición
de todo el público interesado, la Estrategia Nacional de Cambio
Climático. El capítulo tres de este documento está
dedicado exclusivamente a la vulnerabilidad y adaptación en el que
se refieren algunas medias para concienciar a la población sobre
los riesgos y consecuencias del cambio climático. Más aún,
el documento en comento pone énfasis en que aún está
por elaborarse el Programa Especial de Cambio Climático en el que
se espera que no sólo estén incluidas, sino también
ampliamente detalladas, las acciones sectoriales en materia de prevención
y mitigación del cambio climático.
Por lo que se refiere a los artículos transitorios,
esta comisión dictaminadora considera improcedente el artículo
transitorio Tercero, toda vez que obvia que las normas oficiales mexicanas
son establecidas con el objeto de garantizar la sustentabilidad de las
actividades económicas, además de garantizar el aprovechamiento
sustentable de los recursos naturales, ello de acuerdo a lo dispuesto por
el artículo 36 de la Ley General del Equilibrio Ecológico
y la Protección al Ambiente.
Más aún, esta comisión dictaminadora
se permite recordar que de conformidad con lo dispuesto por la fracción
XI del artículo 3o. de la Ley Federal sobre Metrología y
Normalización, una norma oficial mexicana (NOM) es: "aquella regulación
técnica de observancia obligatoria expedida por las dependencias
competentes, que establece reglas, especificaciones, atributos, directrices,
características o prescripciones aplicables a un producto, proceso,
instalación, sistema, actividad, servicio o método de producción
u operación, así como aquellas relativas a terminología,
simbología, embalaje, marcado o etiquetado y las que se refieran
a su cumplimiento o aplicación."
A la luz de lo anterior esta comisión dictaminadora
recuerda que a la fecha existen diversas normas oficiales mexicanas que
si bien no se refieren particularmente al cambio climático sí
inciden en su mitigación. Además debe tenerse presente que
dada la complejidad del tema, y que en este asunto participan diversas
disciplinas, sería poco práctico elaborar una sola NOM.
Por las razones señaladas en los párrafos
anteriores, los integrantes de la comisión legislativa que suscribe,
se permiten someter a la consideración de esta honorable asamblea
la aprobación del siguiente proyecto de:
Decreto por el que se reforman y adicionan diversas
disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección
al Ambiente
Artículo ÚNICO. Se reforma
la
fracción IV del artículo 15 y se adicionan una fracción
VI al artículo 3o., recorriéndose las demás fracciones
en su orden, y una fracción XVII al artículo 5o., recorriéndose
las demás en su orden, todas ellas de la Ley General del Equilibro
Ecológico y la Protección al Ambiente, para quedar como sigue:
Artículo 3o. …
I. a V. …
VI. Cambio Climático: Cambio de clima atribuido
directa o indirectamente a la actividad humana que altera la composición
de la atmósfera mundial y se suma a la variabilidad natural del
clima observado durante periodos de tiempo comparables;
VII. a XXXVII. …
Artículo 5o. …
I. a XVI. …
XVII. La implementación y difusión de acciones
y medidas preventivas que tengan como fin mitigar los efectos del cambio
climático;
XVIII. a XXI. …
Artículo 15. …
I. a III. …
IV. Quien realice obras o actividades que afecten o puedan
afectar el ambiente, está obligado a prevenir, minimizar o reparar
los daños que cause, así como a asumir los costos que dicha
afectación implique. Asimismo, debe incentivarse a quien proteja
el ambiente, promueva o realice acciones que ayuden a mitigar los efectos
del cambio climático y aproveche de manera sustentable los recursos
naturales;
V. a XX. …
Transitorios
Artículo Primero. El presente decreto entrará
en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario
Oficial de la Federación.
Artículo Segundo. El Ejecutivo federal deberá
modificar la reglamentación de la Ley General del Equilibrio Ecológico
y la Protección al Ambiente para ajustarla de conformidad con las
reformas presentadas en este decreto a más tardar en un plazo de
180 días después de su entrada en vigor.
Notas:
1. También forman parte del Comité las
Secretarías de: Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural,
Pesca y Alimentación; Comunicaciones y Transportes; Desarrollo Social;
Economía y Energía.
2. Instituto Nacional de Ecología. 2000. Op.Cit.
p. 196.
3. IPCC. "Anexo B Glosario de Términos", Tercer
Informe de Evaluación Grupo de Trabajo I. p. 188.
La Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales
Diputados: Diego Cobo Terrazas
(rúbrica), presidente; Jesús de León Tello (rúbrica),
José Luis Espinosa Piña (rúbrica), Lucía Susana
Mendoza Morales (rúbrica), Benjamín Hernández Silva
(rúbrica), María Mercedes Colín Guadarrama (rúbrica),
secretarios; Edmundo Javier Bolaños Aguilar (rúbrica), Adriana
Dávila Fernández (rúbrica), José Antonio Díaz
García, Emilio Ramón Ramiro Flores Domínguez (rúbrica),
José Guillermo Fuentes Ortiz (rúbrica), Jorge Rubén
Nordhausen González (rúbrica), Christian Martín Lujano
Nicolás (rúbrica), Martha Angélica Romo Jiménez
(rúbrica), Víctor Manuel Torres Herrera (rúbrica),
Aleida Alavez Ruiz, María Soledad López Torres (rúbrica),
Rafael Villicaña García (rúbrica), Juan Hugo de la
Rosa García, Carlos Roberto Martínez Martínez (rúbrica),
Armando Barreiro Pérez (rúbrica), Roberto Mendoza Flores
(rúbrica), Martha Hilda González Calderón, Fernando
Quetzalcóatl Moctezuma Pereda (rúbrica), Carlos Ernesto Zataráin
González, Beatriz Manrique Guevara (rúbrica), Humberto López
Lena Cruz (rúbrica), José Ascención Orihuela Bárcenas,
Víctor Manuel Méndez Lanz.
DE LA COMISIÓN DE PUNTOS
CONSTITUCIONALES, CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA LOS ARTÍCULOS
4o. Y 73 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS
Honorable Asamblea:
La Comisión de Puntos Constitucionales, con fundamento
en lo dispuesto en los artículos 70, 71, 72 y 73 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 39, 45, numeral 6, incisos
f) y g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados
Unidos Mexicanos; 55, 56, 60,87 y 88, del Reglamento para el Gobierno Interior
del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración
de los integrantes de esta honorable asamblea el presente dictamen.
I. Antecedentes del proceso legislativo
1. En sesión de fecha 9 de diciembre de 1999, correspondiente
al primer periodo ordinario del tercer año de la LVII Legislatura,
la diputada federal María de Lourdes Rojo e Incháustegui,
integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática, presentó iniciativa que reforma y adiciona el
artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, la cual fue turnada, para su estudio, análisis
y dictamen, a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales,
con opinión de la Comisión de Cultura; se considera para
efectos de dictamen por coincidir con la materia.
2. En sesión de fecha 2 de abril del 2002, correspondiente
al segundo periodo ordinario del segundo año de la LVIII Legislatura,
el diputado federal José Manuel Correa Ceseña, integrante
del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó
iniciativa que reforma el artículo 3o. de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, para establecer constitucionalmente
el derecho a la cultura, la cual fue turnada, para su estudio, análisis
y dictamen, a la Comisión de Puntos Constitucionales, con opinión
de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos;
se considera para efectos de dictamen por coincidir con la materia.
3. En sesión de fecha 28 de abril del 2003, correspondiente
al segundo periodo ordinario del tercer año de la LVIII Legislatura,
el diputado federal Luis Miguel Barbosa Huerta, integrante del Grupo Parlamentario
del Partido de la Revolución Democrática, presentó
iniciativa que reforma el artículo 4o. de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, para reconocer el derecho
a la cultura y a la creación cultural como garantías fundamentales
del individuo, la cual fue turnada para su estudio, análisis y dictamen
a la Comisión de Puntos Constitucionales, se considera para efectos
de dictamen por coincidir con la materia.
4. En sesión ordinaria de la Cámara de Diputados
del 27 de abril de 2004, correspondiente al segundo periodo ordinario del
primer año legislativo, el diputado federal Inti Muñoz Santini,
integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática, presentó iniciativa con proyecto de decreto
por la que se adiciona un párrafo noveno y uno décimo al
artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, para reconocer el derecho a la cultura, la cual fue turnada
a la Comisión de Puntos Constitucionales, con opinión de
la Comisión de Cultura, se considera para efectos de dictamen por
coincidir con la materia.
5. En sesión ordinaria de la Cámara de Diputados
del 29 de abril de 2004, correspondiente al segundo periodo ordinario del
primer año legislativo, la diputada federal Carla Rochín
Nieto, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional,
presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan
diversos artículos (sic) a la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de establecer el derecho a la cultura
y la facultad del Congreso para legislar a favor de la materia cultural,
la cual fue turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales, con
opinión de la Comisión de Cultura; se considera para efectos
de dictamen por coincidir con la materia.
6. En sesión ordinaria del 26 de abril de 2007,
el diputado José Alfonso Suárez del Real y Aguilera, integrante
del Grupo Parlamentario del PRD, presentó iniciativa que reforma
el artículo 73 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos para establecer dentro de las facultades expresas
del Congreso de la Unión el legislar en materia de derechos de autor,
la cual fue turnada a la Comisión de
Puntos Constitucionales, con opinión de la Comisión de Cultura;
se considera para efectos de dictamen por coincidir con la materia.
7. En sesión ordinaria del 16 de mayo de 2007,
el diputado José Alfonso Suárez del Real y Aguilera, presentó
una iniciativa con proyecto de decreto para reformar el artículo
4o. de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos,
con una fracción undécima, en la que se establece el "derecho
al acceso a la cultura, el libre ejercicio de los derechos culturales y
el respeto a la diversidad cultural y a la libertad creativa", la cual
fue turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales; se considera
para efectos de dictamen por coincidir con la materia.
8. En sesión del 27 de junio de 2007, los diputados
Humberto Zazueta Aguilar y Emilio Ulloa Pérez, del Grupo Parlamentario
del Partido de la Revolución Democrática, presentaron iniciativa
que reforma la fracción V y adiciona la fracción IX al artículo
3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
relativa al derecho a la cultura, la cual fue turnada a la Comisión
de Puntos Constitucionales; se considera para efectos de dictamen por coincidir
con la materia.
9. En sesión ordinaria del 16 de octubre de 2007,
el diputado Ramón Ignacio Lemus Muñoz Ledo, en nombre de
los integrantes de Comisión de Cultura de la LX Legislatura por
el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional y por el Grupo
Parlamentario de Nueva Alianza presentó iniciativa para reformar
los artículos 4 y 73 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, en materia de cultura. La iniciativa fue
publicada en la Gaceta Parlamentaria número 2358-II el 09 de octubre
de 2007 y turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales con opinión
de la Comisión de Cultura; se considera para efectos de dictamen
por coincidir con la materia.
10. En sesión ordinaria de la Comisión de
Puntos Constitucionales, celebrada el 10 de septiembre de 2008, se sometió
a consideración de los integrantes de la misma y fue aprobado por
unanimidad de los presentes.
II. Materia de las iniciativas
1. Contenido de las iniciativas referidas que proponen
reformar los artículos 3o. y 4o. constitucionales para establecer
el derecho a la cultura en la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos1
La propuesta de la diputada María Rojo Incháustegui,
presentada en la LVII Legislatura, propone una modificación al artículo
3o. constitucional en su fracción V, argumentando lo siguiente:
"la cultura es el atributo por excelencia de la condición humana
en sus relaciones con el cosmos, la naturaleza y su diversidad de vidas,
con el mundo material y del espíritu. Nacemos y nos desarrollamos
en ella y le da sentido a la vida a partir de sus diversos elementos que
infunden cohesión a la organización social y propician la
libertad humana".
Desde este punto de vista, la diputada proponente estima
que existen algunos aspectos de la cultura que aún no se encuentran
establecidos en un marco jurídico propio y es necesario considerar
su definición y vinculación con otras garantías como
la de la libertad de expresión, que tiene como referente la cultura
y la libertad creativa, en ese sentido, dicha libertad funda nuestro imaginario
social y define nuestra identidad.
La iniciativa propone una reforma amplia de la fracción
V del artículo 3o. constitucional en los siguientes términos:
V. Además de impartir la educación preescolar,
primaria y secundaria, señaladas en el primer párrafo, el
Estado promoverá y atenderá todos los tipos y modalidades
educativos, incluyendo la educación
inicial y a la educación superior. El desarrollo cultural de
la Nación mexicana es una actividad prioritaria del Estado. La Ley
protegerá, promoverá e incentivará a las industrias
culturales y toda manifestación cultural, en especial las relacionadas
con el arte y las ciencias y garantizará el libre acceso de todo
individuo a las mismas.
Por otra parte, el 2 de abril del 2002 el diputado federal
José Manuel Correa Ceseña presentó iniciativa que
busca adicionar la fracción V del artículo tercero constitucional
para establecer que la cultura debe entenderse como un derecho fundamental
de todos los mexicanos, en vista de su papel como factor esencial de la
identidad nacional.
El 28 de abril de 2003 el diputado Luis Miguel Barbosa
Huerta, presentó un proyecto más que busca adiciona un párrafo
al artículo 4o. de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, para reconocer el derecho a la cultura y a la
creación cultural y a participar en la vida cultural como una garantía
fundamental del individuo.
El 27 de abril de 2004, correspondiente al segundo periodo
ordinario del primer año legislativo de la LIX Legislatura, el diputado
Inti Muñoz presentó iniciativa para adicionar un párrafo
noveno y décimo al artículo 4o. de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, para reconocer en el marco
jurídico constitucional el derecho de las personas a la cultura
y a la creación cultural.
En ese mismo sentido, la entonces diputada Carla Rochín
Nieto propuso también en la LIX Legislatura iniciativa con proyecto
de decreto en la que pone a consideración la adición de diversos
artículos a la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos: una fracción IX al artículo 3o. y una fracción
XXIX-L al artículo 73, para reconocer que "toda persona tiene derecho
al acceso, participación y disfrute de los bienes, servicios, manifestaciones
y expresiones culturales, históricas, arqueológicas y artísticas,
tangibles e intangibles". Sostiene además que el Estado promoverá
y tutelará este derecho, con apego a la plena e irrestricta libertad
de las personas en el ejercicio del mismo. Al mismo tiempo que estará
obligado a proteger, conservar, restaurar y fomentar el patrimonio cultural,
histórico, arqueológico y artístico de la nación
Ya en la LX Legislatura los diputados José Alfonso
Suárez del Real, Emilio Ulloa Pérez y Aurora Cervantes, presentaron
un proyecto en el que, además de señalar el rezago en la
legislación cultual del país, sostienen que el derecho a
la cultura no se consigna en la Constitución Política. "Esta
falta de certeza jurídica limita los alcances de la cultura como
motor económico y factor del desarrollo social". En ese sentido,
proponen la siguiente redacción: "Toda persona tiene derecho al
acceso a la cultura y a ejercer plenamente sus derechos culturales. El
Estado mexicano es garante de estos derechos". Además la iniciativa
expone la necesidad de armonizar el texto constitucional con la objetivación
de los convenios internacionales, en particular los relativos a los derechos
culturales y el derecho al acceso a la cultura.
Por su parte los diputados Emilio Ulloa Pérez y
Humberto Zazueta Aguilar, presentaron un proyecto de decreto más
que busca reformar la fracción V del artículo tercero la
cual sostiene que, "Además de impartir la educación preescolar,
primaria y secundaria señaladas en el primer párrafo, el
Estado promoverá y atenderá todos los tipos y modalidades
educativos -incluyendo la educación inicial y la educación
superior- necesarios para el desarrollo de la nación, apoyará
la investigación científica, tecnológica, cultural
y artística". Así mismo propone una adicionaría la
fracción IX del mismo artículo en el que se establezca que
todos los mexicanos, residentes o no en territorio nacional, tienen el
derecho universal, indivisible e interdependiente de acceder y disfrutar
de todos los bienes tangibles e intangibles de la cultura nacional, así
como de los servicios que el Estado provea para su difusión y promoción.
Establece además que el Estado garantizará el ejercicio de
éste derecho de manera justa y equitativa, en igualdad de condiciones
y oportunidades, permitiendo a los particulares participar de manera libre
en la política y en los programas elaborados para tal efecto en
los tres órdenes de gobierno, asegurando transparencia y pleno ejercicio
del derecho a la información pública, en los términos
y condiciones que determinen las leyes de la materia.
La iniciativa presentada por el diputado Ramón
Ignacio Lemus Muñoz Ledo, a nombre de los diputados integrantes
de Comisión de Cultura de la LX Legislatura por el Grupo Parlamentario
del Partido Acción Nacional y por el Grupo Parlamentario de Nueva
Alianza propone adicionar un párrafo noveno al artículo 4o.
y la fracción XXIX-O al artículo 73 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, señalando en su
exposición de motivos que desde el inicio de la pasada administración,
el Ejecutivo Federal, a través del Consejo Nacional para la Cultura
y las Artes, tenía claro que uno de los requerimientos normativos
para situar la política cultural como prioridad en la agenda nacional
y darle medios necesarios para el logro de sus objetivos era promover una
reforma constitucional para garantizar el derecho de todo mexicano al acceso
y disfrute de los bienes y servicios culturales, así como la promulgación
de una ley en materia cultural que estableciera el marco para la formulación
de las políticas culturales y la distribución de competencias
en cada uno de los principales campos de acción.
El Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 establece: "El
Gobierno de la República prestará especial atención
a las políticas públicas que inciden en el arte, la cultura,
el deporte y la recreación, al considerarlas actividades centrales
para la salud y vitalidad de la sociedad. Se realizaran esfuerzos importantes
para ampliar el alcance y la profundidad de la acción pública
en materia de cultura y arte".
En ese mismo sentido, tanto el Plan Nacional de Desarrollo
2007-2012 como el Programa Nacional de Cultura 2007-2012, coinciden en
que las manifestaciones de la cultura no son sólo expresiones íntimas
y naturales del ser de los pueblos, sino que su conservación y recreación
las convierten en activos que contribuyen al desarrollo social y económico
de la Nación. Por ello proponen garantizar que los mexicanos cuenten
con oportunidades efectivas para ejercer a plenitud sus derechos ciudadanos
y para participar activamente en la vida política, cultural, económica
y social de sus comunidades y del país. En ambos documentos existe
el compromiso de impulsar una legislación integral que garantice
el derecho a la cultura y disfrute de los bienes y servicios artísticos
para todos los mexicanos, que fomente la difusión y promoción
nacional e internacional de nuestra riqueza cultural y que, a la vez, garantice
la protección del patrimonio histórico y artístico
de México.
Ahora bien, pese al reconocido papel positivo que el Estado
mexicano ha desempeñado en diversos organismos internacionales,
muchos de los resolutivos y de las disposiciones internacionales en torno
de la cultura y la política cultural aún no alcanzan a expresarse
con precisión en nuestra sociedad, ni a plasmarse completamente
en el marco normativo de la materia.
En ese sentido son necesarias reformas de las leyes secundarias
del sector, pero si no se concreta la reforma constitucional, difícilmente
se contará con el sustento de dichas reformas y los principios que
reflejen y contengan las políticas culturales.
Es importante señalar que aunque, en la fracción
V, del artículo 3o. constitucional se encuentra establecida la obligación
del Estado en materia de difusión cultural no se encuentra establecido
el derecho al acceso a la cultura, ni el ejercicio de los derechos culturales.
2. Contenido de las iniciativas referidas que proponen
reformar el artículo 73 constitucional para establecer la facultad
del Congreso para legislar en materia de derechos de autor y de expedir
leyes que establezcan las bases sobre las cuales la federación,
los estados, los municipios y el Distrito Federal coordinen acciones en
materia de cultura y los mecanismos de participación de los sectores
social y privado
Por lo que toca al artículo 73 constitucional,
la iniciativa de la diputada Carla Rochín propone que el Congreso
tenga la facultad, mediante la adición de una fracción XXIX-L,
de expedir leyes que establezcan las bases sobre las cuales la Federación,
estados, municipios y el Distrito Federal, coordinarán sus acciones
en materia de cultura, y los mecanismos de participación de los
sectores social y privado, con el objeto de dar cabal cumplimiento a lo
establecido en la fracción IX del artículo 3o. de la Constitución.
Por su parte, la iniciativa de reforma al artículo
73 constitucional presentada por el diputado Suárez del Real y Aguilera
señala en su exposición de motivos que en la defensa de los
derechos de autor, faltan muchos aspectos para legislar. Que si bien se
han contemplado en la legislación vigente, los llamados derechos
vecinos o conexos, respecto de la protección de los artistas, intérpretes
o ejecutantes, productores de fonogramas y organismos de radiodifusión;
han quedado pendientes algunas de las disposiciones que protegen a los
productores de fonogramas, como las contenidas en el artículo 12
de la Convención de Roma, no han sido integradas a la legislación
nacional hasta el momento.
El diputado proponente señala también que
nuestro país ha suscrito y ratificado su adhesión a diversas
convenciones internacionales en materia de protección del derecho
de autor y que el artículo 133 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, establece en su texto actual: "Esta Constitución,
las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los
tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se
celebren por el Presidente de la República, con aprobación
del Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión. Los jueces
de cada Estado se arreglarán a dicha Constitución, leyes
y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en
las constituciones o leyes de los estados".
Lo que indica de manera evidente, el carácter federal
que tiene la legislación en materia del derecho de autor; sin embargo
entre las facultades del Congreso de la Unión contenidas en nuestra
Constitución, no existe consignada la facultad expresa del Congreso
para legislar en materia del derecho de autor.
En lo que se refiere a la propuesta presentada por el
diputado Ramón Ignacio Lemus Muñoz Ledo a nombre de diputados
del Partido Acción Nacional y Nueva Alianza, en lo referente a reformar
el artículo 73 de la Constitución, señala que, si
bien es cierto que, la fracción XXV del artículo 73 constitucional
faculta al congreso para legislar en materia de vestigios fósiles
y sobre monumentos arqueológicos, artísticos e históricos
cuya conservación sea de interés nacional, también
lo es que esta fracción, además de presentar una limitación
–ya que quedan sin protección otras categorías de patrimonio
tangible e intangible-, no incluye la facultad para establecer las bases
de coordinación en materia de cultura entre la Federación,
los Estados, el Distrito Federal y los Municipios, ni los mecanismos de
participación de los sectores social y privado.
Con ese objetivo, y teniendo en cuenta las observaciones
y recomendaciones que los organismos internacionales en la materia han
realizado en los últimos años, los Diputados que suscriben
dicha iniciativa proponen adicionar una fracción XXIX-O al artículo
73 para que el Congreso tenga la facultad de expedir leyes que establezcan
las bases sobre las cuales la Federación, los Estados, los Municipios
y el Distrito Federal coordinen acciones en materia de cultura y los mecanismos
de participación de los sectores social y privado.
III. Considerandos
1. Consideraciones de la comisión sobre las
propuestas de reforma al artículo
4o. constitucional
Con objeto de realizar un profundo análisis de
las propuestas presentadas, la comisión proponente del presente
dictamen se abocó al estudio de diversos documentos sobre el tema
presentados en los últimos años por reconocidos organismos
internacionales, los cuales han sostenido de manera reiterada la importancia
de que las naciones enfrenten el desafío de construir sociedades
incluyentes en términos culturales, para lo cual resulta necesario
realizar modificaciones al marco jurídico a fin de crear las condiciones
precisas para que los ciudadanos puedan acceder a los bienes y servicios
culturales. Por esta razón se abordan las siguientes citas, a efecto
de sustentar el dictamen.
Al reunirse en México en 1982 la Conferencia Mundial
sobre las Políticas Culturales, expresó su esperanza en la
convergencia última de los objetivos culturales y espirituales de
la humanidad, conviniendo en la Declaración de México sobre
Políticas Culturales lo siguiente:
a) Que en su sentido más amplio, la cultura puede
considerarse actualmente como el conjunto de los rasgos distintivos, espirituales
y materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan a una sociedad
o un grupo social. Ella engloba, además de las artes y las letras,
los modos de vida, los derechos fundamentales al ser humano, los sistemas
de valores, las tradiciones y las creencias;
b) Que la cultura da al hombre la capacidad de reflexionar
sobre sí mismo. Es ella la que hace de nosotros seres específicamente
humanos, racionales, críticos y éticamente comprometidos.
A través de ella discernimos los valores y efectuamos opciones.
A través de ella el hombre se expresa, toma conciencia de sí
mismo, se reconoce como un proyecto inacabado, pone en cuestión
sus propias realizaciones, busca incansablemente nuevas significaciones,
y crea obras que lo trascienden.
La declaratoria también refiere que "la cultura constituye
una dimensión fundamental del proceso de desarrollo y contribuye
a fortalecer la independencia, la soberanía y la identidad de las
naciones. Así el crecimiento de la culturase ha concebido frecuentemente
en términos cuantitativos, sin tomar en cuenta que detrás
de las cifras debe considerarse una evaluación de los programas
culturales: la formación de públicos, los hábitos
de consumo cultural, los hábitos de lectura, etc. Por ello el auténticodesarrollo
persigue el bienestar y la satisfacción constante de cada uno y
de todos".
En ese mismo sentido, la Declaración Universal
de Derechos Humanos aprobada el 10 de diciembre de 1966 por la Asamblea
General de las Naciones Unidas, establece en su artículo 15 que:
Artículo 15
"1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen
el derecho de toda persona a:
a) Participar en la vida cultural;
b) Gozar de los beneficios del progreso científico
y de sus aplicaciones;
c) Beneficiarse de la protección de los intereses
morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones
científicas, literarias o artísticas de que sea autora.
2. Entre las medidas que los Estados Partes en el presente
Pacto deberán adoptar para asegurar el pleno ejercicio de este derecho,
figurarán las necesarias para la conservación, el desarrollo
y la difusión de la ciencia y de la cultura.
3. Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen
a respetar la indispensable libertad para la investigación científica
y para la actividad creadora.
4. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen los
beneficios que derivan del fomento y desarrollo de la cooperación
y de las relaciones internacionales en cuestiones científicas y
culturales."
Por su parte, el artículo 6 de la Declaración
Universal de la UNESCO sobre la Diversidad Cultural (Adoptada por la 31
a sesión de la Conferencia General de la UNESCO el 2 de noviembre
de 2001), señala: "al tiempo que se garantiza la libre circulación
de las ideas mediante la palabra y la imagen, hay que procurar que todas
las culturas puedan expresarse y darse a conocer. La libertad de expresión,
el pluralismo de los medios de comunicación, el multilingüismo,
la igualdad de acceso a las expresiones artísticas, al saber científico
y tecnológico —comprendida su forma electrónica— y la posibilidad,
para todas las culturas, de estar presentes en los medios de expresión
y de difusión, son los garantes de la diversidad cultural".
El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo,
en su informe sobre desarrollo humano 2004, afirma que "si el mundo desea
lograr los Objetivos de Desarrollo del Milenio y erradicar definitivamente
la pobreza, primero debe enfrentar con éxito el desafío de
construir sociedades inclusivas y diversas en términos culturales".
La Convención sobre la Protección y la Promoción
de la Diversidad de las Expresiones Culturales de la UNESCO celebrada en
2005, reconoce la doble índole -económica y cultural- de
las actividades, los bienes y los servicios relativos a la cultura, y por
consiguiente, considera que no deben tratarse como elementos dotados de
un valor exclusivamente comercial. De ahí que se trate de crear
un marco jurídico en el que se tenga en cuenta esa doble característica.2
La Convención trata de:
1. Reafirmar el derecho soberano de los Estados en la
elaboración de las políticas culturales;
2. Reconocer la naturaleza específica de los bienes
y servicios culturales como vectores de transmisión de identidad,
valores y sentido; y
3. Reforzar la cooperación y la solidaridad internacional
con vistas a favorecer las expresiones culturales de todos los países.
Esta convención constituye –junto con la de 1972,
relativa a la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural,
y la de 2003 para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial– uno
de los tres pilares de la conservación y promoción de la
diversidad creativa.
En estrecha relación con los planteamientos de
los organismos internacionales que han sido expuestos, la Oficina del Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en 2004 presentó
48 recomendaciones para México entre las cuales destaca la necesidad
de precisar la naturaleza jurídica y el carácter del órgano
que determina la política cultural del país; lograr que las
empresas culturales cuenten con un régimen fiscal propio, regular
la protección jurídica del patrimonio intangible, así
como aumentar el presupuesto de las dependencias culturales.
La política cultural mexicana, señala el
documento, es discontinua, padece ausencias legales, y en ella predomina
un esquema de carácter estatista. Además, en términos
del informe, nuestro país sufre los efectos de la tensión
social y la discriminación en los diversos sectores sociales, de
programas educativos ineficientes y la falta de mecanismos para impulsar
sus industrias culturales. Señala el documento, que nuestra Constitución
Política no establece el principio general de acceso, participación
y disfrute de los bienes y servicios culturales.
De acuerdo diversos organismos internacionales, el acceso
y la participación en la vida cultural son un derecho inherente
de las personas de toda comunidad, y los gobiernos están obligados
a crear las condiciones necesarias para ejercer el pleno goce de este derecho,
planteamiento compartido por todos los integrantes de la Comisión
de Cultura.
Cabe destacar, y partiendo de los argumentos descritos
en los párrafos anteriores que la construcción de un Estado
social y de derecho, democrático, tiene como principio una organización
de los derechos humanos y su traducción en derechos fundamentales.3
Por ello dentro de este horizonte, los derechos económicos, sociales,
culturales y ambientales (DESCA por sus siglas), constituyen uno de los
pilares de la labor del Estado como constructor y tutelar del Estado de
Derecho, en materia de cultura.
Hay así una distinción entre las generaciones
de los derechos de primera generación y de segunda generación,
es decir; mientras que la tutela del Estado consiste más en una
vigilancia administrativa (derechos de primera generación), los
DESCA, como derechos humanos de segunda generación, se definen como
derechos de participación y requieren una política activa
de los poderes públicos. Esta participación activa del Estado
tiene como finalidad garantizar el acceso de los servicios y prestaciones
de las instituciones públicas y la de crear el marco jurídico
desde el cual se garantice el ejercicio de los derechos humanos, traducidos
en garantías constitucionales.
Asimismo nos encontramos
en la gestación de una tercera generación de derechos humanos,
los cuales se refieren a la denominada "comunicación de libertades"
por lo que muchos juristas opinan que la definición y precisión
de los derechos, es producto del desarrollo del estado democrático
en su ampliación del horizonte de las libertades. El catálogo
de las libertades nunca será una obra cerrada.4
En efecto esta Comisión reconoce que existen deficiencias
en el marco jurídico vigente en materia de cultura, lo queha ocasionado
una regulación incompleta en torno a las necesidades y demandas
de nuestro país en este sector. La fracción V del artículo
tercero, establece la obligación del Estado mexicano de alentar
el fortalecimiento y difusión de nuestra cultura, y si bienes un
adelanto importante, adolece de una trascendental característica,
que es el que dicha disposición jurídica no genera un verdadero
derecho vinculante. De ahí que la cultura no deba verse exclusivamente
bajo la óptica de una obligación del Estado, sino que debe
considerarse desde la perspectiva de un derecho subjetivo de los ciudadanos.5
Por ello es que no basta con que se encuentre establecida
la obligación del Estado en materia de difusión cultural
en nuestra Carta Magna, dicha disposición no garantiza que los ciudadanos
accedan y disfruten de los bienes y servicios culturales. En este sentido,
para garantizar el derecho al acceso y disfrute de los bienes y servicios
culturales a todos los mexicanos, es necesario establecerlo de manera expresa
en la Constitución.
La observación más importante en la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos es que no se establecen
aspectos fundamentales para el ejercicio y reconocimiento de los derechos
culturales:
"De hecho, la Constitución no establece el principio
general de acceso, participación y disfrute de los bienes y servicios
culturales, las intervenciones en materia de cultura son aisladas entre
sí y con las otras políticas públicas del Estado Mexicano,
además de que no se prevé la participación sobre su
usufructo, promoción, comercialización y repartición
de beneficios."6
En ese orden de ideas, esta Comisión considera que
a pesar de que la cultura es un tema esencial, no se ha realizado la reforma
al marco jurídico en la materia, por lo que resulta fundamental
contar con el principio constitucional correspondiente. Sin embargo, esta
comisión dictaminadora considera improcedente una garantía
de acceso universal, a las manifestaciones culturales y al arte, toda vez
que gran parte de la oferta cultural de nuestro país es otorgada
por industrias culturales y colectivos privados, y que aún las que
produce el Estado, tienen necesidad de una mínima capitalización.
2. Consideraciones de la comisión sobre las
propuestas de reforma a la fracción
XXV del artículo 73 constitucional
Antecedentes de la fracción XXV del artículo
73 constitucional. El contexto en que se promueve la reforma de 1934 al
artículo 73 en su fracción XXV, tiene como propósito
desprender una ley reglamentaria en que se integren diferentes aspectos
fundamentales de la educación en sus diferentes niveles: elementales,
superiores, secundarias y profesionales, así como para la educación
científica y artística; así como para organizar y
sostener instituciones culturales como museos, bibliotecas y observatorios.
El precedente de esta reforma fueron: la "Ley de sobre protección
y conservación de Monumentos y Bellezas Naturales" del 31 de enero
de 1930, y la "Ley sobre protección y conservación de Monumentos
Arqueológicos e Históricos, poblaciones típicas y
lugares de belleza natural", del 19 de enero de 1934.
El 18 de enero de 1934, se publicó en el Diario
Oficial de la Federación una reforma al artículo 73 constitucional,
el cual quedaba como sigue:
XXV. Para establecer, organizar y sostener en toda la
República escuelas rurales, elementales, superiores, secundarias
y profesionales; de investigación científica, de bellas artes
y de enseñanza técnica, escuelas prácticas de agricultura,
de artes y oficios, museos, bibliotecas, observatorios y demás institutos
concernientes a la cultura general de los habitantes de la nación
y legislar en todo lo que se refiere a dichas instituciones.
La Federación tendrá jurisdicción sobre
los planteles que ella establezca, sostenga y organice, sin menoscabo de
la libertad que tienen los Estados para legislar sobre el mismo ramo educacional.
Los Títulos que se expidan por los establecimientos de que se trata
surtirán sus efectos en toda la República.
Posteriormente a esta reforma constitucional se promulga
una "Nueva Ley de Educación Pública" en 1942, reglamentaria
de la fracción XXV del artículo 73, que representa la base
de una ley federal sobre protección y conservación de los
monumentos arqueológicos, por establecer en su artículo 6o.
la alusión a la facultad del Estado en relación a los museos
arqueológicos e históricos, en forma tal que se define como
una facultad exclusiva de la federación.
Es importante considerar la "Ley de Secretarías
y Departamentos de Estado", la cual asigna a la Secretaría de Educación
Pública entre otros asuntos y correspondientes a las fracciones
XVIII, XIX, XX y XXI de su artículo 13, el de: "…formular y manejar
el catálogo de monumentos nacionales; organizar y sostener y administrar
museos históricos, arqueológicos y artísticos, pinacotecas,
galerías a efecto de cuidar la integridad, mantenimiento y conservación
de tesoros históricos y artísticos del patrimonio cultural
del país; proteger los monumentos arqueológicos, los objetos
históricos y artísticos, las ruinas prehispánicas
y coloniales, las poblaciones típicas y los lugares históricos
o de interés por su belleza natural"
Adicionalmente, la Ley General de Bienes Nacionales del
3 de julio de 1942 establece –en concordancia con la fracción II
del artículo 27 constitucional, - el dominio del la nación
de los recursos naturales y de las aguas, el dominio de la nación
sobre los monumentos arqueológicos, artísticos e históricos,
en su artículo 2o. en sus numerales
"XII. Los monumentos arqueológicos e históricos
y las construcciones levantadas en los lugares públicos para ornato
y comodidad de quienes los visiten; y
XIII. Los edificios y ruinas arqueológicos e históricos"
La misma Ley General de Bienes Nacionales de 1942, abunda
en el artículo 5o.:
"Artículo 5. Los bienes de dominio público
estarán sometidos a la jurisdicción de los poderes federales,
en los términos de esta ley…"
Al disponer esta ley en su artículo 17 que los bienes
de dominio público queden sujetos a la jurisdicción federal
y dado que según esta ley los monumentos históricos y los
arqueológicos están entre la enumeración de los bienes
comprendidos también en su artículo 2o., como ya referíamos,
resulta que los dichos monumentos arqueológicos e históricos
por disposición de la Ley General de Bienes Nacionales se encuentran
regidos por la federación.
Otra ley importante para entender el proceso que fundamenta
la redacción final de la fracción XXV del artículo
73, por la que se establece la facultad expresa de la federación
sobre el resguardo, investigación y protección del patrimonio
arqueológico, artístico e histórico, es la "Ley de
Expropiación" del 25 de noviembre de 1936, la cual considera en
su fracción IV, causa de utilidad pública:
"IV. La Conservación de los lugares de belleza
panorámica, de las antigüedades y objetos de arte, de los edificios
y monumentos arqueológicos e históricos, y de las cosas que
se consideren como características notables de nuestra cultura nacional"
En 1960, el 29 de diciembre, se aprobó en sesión
de la Cámara de Diputados una reforma a la fracción XXV del
artículo 73 que tiene gran afinidad con la redacción vigente,
la iniciativa de ley del diputado Antonio Castro Leal, intelectual que
motivado por la necesidad de proteger nuestro patrimonio cultural, así
como de lograr más recursos para su conservación proponía
una "ley de jurisdicción federal", en la que se estableció
la facultad expresa de la Federación:
"Artículo 73…
XXV. …
Para legislar sobre monumentos arqueológicos; sobre
monumentos artísticos e históricos cuya conservación
sea de interés nacional y sobre las poblaciones o parte de las poblaciones
y lugares cuyo aspecto típico, pintoresco o estético sea
de interés público proteger y conservar." Dicha reforma lleva
la rúbrica del diputado Antonio Castro Leal y, entre otras, la de
Andrés Henestrosa Morales.
El debate federalista y la redacción final de
la fracción XXV del artículo 73 constitucional.
El debate en el Senado de la República, recupera
de la iniciativa la necesidad de que la federación resguardara el
patrimonio cultural arqueológico, artístico e histórico
por la federación pero acota algunos aspectos que pudieran limitar
las facultades de municipios y Estados sobre la preservación, resguardo
y legislación de sus bellezas típicas y naturales, todo esto
se encuentra contenido en el dictamen que se aprueba el 18 de diciembre
de 1964.
En el debate de la sesión, el senador Rafael Matos
Escobedo enfatizó el sentido de la propuesta para privilegiar a
la cultura nacional, no a una entelequia denominada "cultura universal";
que la pertenencia e identidad nacionales guardan una relación intrínseca
con el patrimonio cultural. En su argumento destaca el planteamiento federalista,
para el cual no es válida la limitación de facultades a los
Estados y Municipios, a menos que se justifique ampliamente su reserva
por parte de la federación. "…si no fuera porque desde hace muchos
años, ha debido de reconocerse y declararse que los monumentos arqueológicos,
precortesianos, de una parte y de la otra, las construcciones artísticas
y edificios coloniales, como símbolos de la doble afluencia de nuestra
cultura, constituyen un patrimonio inalienable de toda la patria mexicana,
ya que están vinculados indisolublemente a nuestro destino, a nuestra
historia y a nuestra propia sangre." Más adelante completa su argumento:
Monumentos arqueológicos y edificaciones coloniales son un patrimonio
común de todos los mexicanos. Su guarda, vigilancia y conservación
deben estar a cargo de la comunidad nacional representada por el gobierno
federal."
Sin embargo modifica la propuesta de reforma al artículo
73 en su fracción XXV, en las líneas finales:
"...y sobre las poblaciones o parte de las poblaciones
y lugares cuyo aspecto típico, pintoresco o estético sea
de interés público proteger y conservar."
Las razones que motivan que estas líneas se supriman
de la redacción, es porque se consideró que el otorgamiento
de una facultad tan amplia a la Federación implicaba una reducción
innecesaria a la competencia legislativa de los estados, tal planteamiento
se sintetiza en la siguiente parte del dictamen del Senado:
"Tal supresión es, en el siguiente argumento
que se estima atinado: No obstante, la comisión dictaminadora considera
que los autores de la iniciativa conceden tal amplitud a la adición
propuesta, incluyendo las poblaciones o partes de poblaciones cuyo aspecto
típico, pintoresco o estéticos debe de conservarse
mediante la facultad que se concede al Congreso para legislar, que podría
ser motivo de alarma para las entidades federativas, que en esa forma verían
una intromisión indebida de la Federación hasta en sus mismas
poblaciones. La comisión dictaminadora estima que, aún cuando
reconoce que existe la necesidad de preservar las poblaciones típicas,
debe ello quedar al cuidado de las autoridades locales de los Estados que
correspondan, porque sería peligroso conceder a la Federación
tales atribuciones, y en consecuencia, propone se supriman del texto del
Proyecto las palabras "las poblaciones o partes de las poblaciones y" quedando
el resto tal como ha sido redactado."
Precedentes jurídicos
El estado de Oaxaca, expidió una ley el 13 de febrero
de 1932, la federación promovió una controversia constitucional
en la que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, concluía
en su sentencia dictada, que correspondía a la Federación
la facultad de legislar sobre las ruinas y monumentos arqueológicos,
razón por la cual la entonces vigente Ley sobre protección
y conservación de de monumentos del 19 de enero de 1934 le da, en
su artículo 2o., una aplicación federal a sus preceptos relativos
a los monumentos arqueológicos. El legislador, subsana la ausencia
de la facultad expresa a la Federación con la reforma a la fracción
XXV del artículo 73 constitucional que queda aprobada en su redacción
actual al publicarse en el Diario Oficial de la Federación el 13
de enero de 1966, para quedar como sigue:
XXV. Para establecer, organizar y sostener en toda
la república escuelas rurales, elementales, superiores, secundarias
y profesionales; de investigación científica, de bellas artes
y de enseñanza técnica, escuelas prácticas de agricultura
y de minería, de artes y oficios, museos, bibliotecas, observatorios
y demás institutos concernientes a la cultura general de los habitantes
de la nación y legislar en todo lo que se refiere a dichas instituciones;
para legislar sobre vestigios o restos fósiles y sobre monumentos
arqueológicos, artísticos e históricos, cuya conservación
sea de interés nacional; así como para dictar las leyes encaminadas
a distribuir convenientemente entre la federación, los estados y
los municipios el ejercicio de la función educativa y las aportaciones
económicas correspondientes a ese servicio público, buscando
unificar y coordinar la educación en toda la república. Los
títulos que se expidan por los establecimientos de que se trata
surtirán sus efectos en toda la república.
La Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos,
Artísticos e Históricos de 1972
Es así que gran parte de estos preceptos, producto
de un proceso histórico, se integran en la Ley Federal sobre Monumentos
y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos de
1972, la cual define por primera vez los lineamientos de protección
y resguardo del patrimonio cultural. Esta ley, la ley secundaria que se
fundamenta en la fracción XXV del artículo 73 constitucional,
y establece los mecanismos fundamentales de la protección de bienes
culturales muebles e inmuebles, además de vincularse con las políticas,
acciones, y competencia de las instituciones federales: Instituto Nacional
de Antropología e Historia e Instituto Nacional de Bellas Artes.
En la Ley se definen conceptos fundamentales como los de: monumentos arqueológicos,
artísticos e históricos, los cuales se hallan contenidos
en el sustento constitucional y que se adoptaron tanto del uso ampliado
que reconocía desde inicios del siglo XX, el Diccionario de la Real
Academia Española, como la legislación francesa en su Ley
del 31 de diciembre de 1913, firmada por el presidente Poincaré.
En lo que se refiere a la reforma propuesta al artículo
73 en materia de derechos de autor, esta Comisión recibió
opiniones por parte de la Secretaría de Educación Pública
las cuales señalan que, si bien es cierto que constitucionalmente
dicha facultad no se encuentra expresamente prevista, también lo
es que la enunciación de las facultades del artículo 73 constitucional
no debe considerarse como exhaustiva, de acuerdo con la fracción
XXX del mismo precepto. En ese sentido, el Congreso de la Unión,
en ejercicio de las facultades implícitas emitió la Ley de
Derecho de Autor vigente, reglamentaria del artículo 28 de nuestra
Carta Magna.
No obstante, la Dependencia señala que no existe
impedimento alguno para que se mencione de manera expresa en la Constitución
que el Congreso de la Unión tendrá la facultad de legislar
en dicha materia, siendo importante precisar que la Ley Federal de Derecho
de Autor regula otras figuras de propiedad intelectual independientes,
tales como los derechos conexos que comprenden a los artistas intérpretes
o ejecutantes, productores de fonogramas y organismos de radiodifusión;
la reserva de uso exclusivo, la imagen de una persona retratada y la protección
de las culturas populares respecto de sus expresiones.
Por su parte, la reforma propuesta al artículo
73 constitucional por Diputados del Partido Acción Nacional y Nueva
Alianza, relativa a incorporar la facultad del Congreso de la Unión
para legislar en la materia, permitirá articular y coordinar los
ejes de acción entre las autoridades federales, estatales y municipales.
Esto, sin duda, impulsará la descentralización de la cultura
y fortalecerá al sector dando orden y sentido a las políticas
públicas que se lleven a cabo en la materia.
Al respecto, el Instituto
Nacional de Antropología e Historia señaló su conformidad
con la propuesta, sin embargo, refirió la importancia de no generar
conflicto con lo que establece la fracción XXV del artículo
73 constitucional vigente, el cual establece la facultad exclusiva del
Congreso de la Unión para legislar sobre vestigios o restos fósiles
y sobre monumentos arqueológicos, artísticos e históricos,
cuya conservación sea de interés nacional, y evitar la fractura
o disgregación de las estrategias en la conservación unitaria
de dichos bienes, por lo que sugiere a esta Comisión explicitar
en la propuesta que las leyes de coordinación que debieran emitirse,
en términos de la fracción que se propone en la iniciativa,
deberán excluir a los bienes mencionados en la fracción XXV
referida en líneas anteriores.
Por su parte, en el marco de la Reforma del Estado y la
construcción de diálogos y acuerdos para alcanzarla, el Grupo
de Trabajo sobre Garantías Sociales de la Comisión Ejecutiva
de Negociación y Construcción de Acuerdos llevó a
cabo diversas reuniones de trabajo en las cuales se analizaron y discutieron
las propuestas presentadas por los diferentes Grupos Parlamentarios relativas
a la reforma constitucional en materia de cultura.
El 18 de febrero de 2007 se aprobó finalmente una
propuesta de redacción consensuada, entre los Grupos Parlamentarios,
que sin duda representa un nuevo pacto social y político que busca
colocar a la política cultural en el lugar central que le corresponde,
en los siguientes términos:
Artículo 4….
Toda persona tiene derecho al acceso a la cultura y al
disfrute de los bienes y servicios que presta el Estado en la materia,
así como el ejercicio de sus derechos culturales. El Estado promoverá
los medios para la difusión y desarrollo de la cultura, atendiendo
a la diversidad cultural en todas sus manifestaciones y expresiones con
pleno respeto a la libertad creativa. La Ley establecerá los mecanismos
para el acceso y participación a cualquier manifestación
cultural.
Artículo 73….
I. a XXIX-N. …
XXIX-Ñ. Para expedir leyes que establezcan las
bases sobre las cuales la Federación, los Estados, los Municipios
y el Distrito Federal coordinarán sus acciones en materia de cultura,
salvo lo dispuesto en la fracción XXV de este artículo. Asimismo,
establecerán los mecanismos de participación de los sectores
social y privado, con objeto de cumplir los fines previstos en el párrafo
noveno del artículo 4o. de esta Constitución.
Finalmente para robustecer el dictamen y dar cumplimiento
a lo dispuesto por el artículo 18 de la Ley Federal de Presupuesto
y Responsabilidad Hacendaria, cabe destacar que ninguna de las propuestas
objeto del presente dictamen tiene impacto presupuestal al tratase del
reconocimiento de derechos, el ejercicio de la garantía de condiciones
materiales y técnicas previstas en las convenciones internacionales,
que prevén incluso del uso de la asesoría y solicitud de
fondos internacionales concebidos para tales fines, además de la
puesta en marcha de un proceso de simplificación administrativa,
que de hecho ya se lleva a cabo por el Gobierno.
La reforma planteada al artículo 73 en materia
del derecho de autor tampoco tiene un impacto presupuestal, ya que se refiere
a las facultades que reservadas por la Federación, en este caso,
legislar sobre el derecho de autor y otras figuras de la propiedad intelectual
relacionadas con la misma.
Esta comisión dictaminadora hace suyas las observaciones
recibidas por las dependencias, así como de las propuestas del Grupo
de Trabajo sobre Garantías Sociales de la Comisión Ejecutiva
de Negociación y Construcción de Acuerdos (CENCA), mismas
que han quedado referidas en párrafos anteriores incorporándolas
a la redacción de las propuestas a efecto de enriquecer las mismas
y presentándolas en el proyecto de decreto que se propone.
Esta comisión está convencida de que la
cultura es un factor central en el proceso de desarrollo de un país.
Para ello es preciso establecer bases jurídicas claras que den a
la cultura la dimensión que merece. Por tanto, esta Comisión
considera que la defensa y la promoción de la cultura no deben determinarse
como una responsabilidad exclusiva del gobierno sino como un compromiso
conjunto con la sociedad, vinculación que permitirá la definición
de objetivos comunes. La corresponsabilidad y coordinación de los
esfuerzos y las acciones entre los diversos sectores, es la base que permitirá
el adecuado funcionamiento de las dinámicas culturales.
IV. Conclusiones
Primera. Esta comisión dictaminadora considera
pertinente aprobar las iniciativas descritas en el apartado de antecedentes
del proceso legislativo con el objeto de reformar la fracción XXV
del artículo 73 de la Constitución para establecer dentro
de las facultades expresas del Congreso de la Unión el legislar
en materia de derechos de autor, así como adicionar un párrafo
noveno al artículo 4o., y una fracción XXIX-Ñ al artículo
73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
con el objeto de establecer en nuestra Carta Magna el derecho al acceso
a la cultura y el libre ejercicio de los derechos culturales.
Segunda. Los integrantes de esta Comisión
hemos hecho propio el contenido de la exposición de motivos de cada
una de las iniciativas contenidas en este documento, así como el
propósito de que existan una serie de previsiones constitucionales
que funjan como piedra angular de la construcción de un marco jurídico
complementario a lo ya previsto para la protección, investigación
y resguardo del patrimonio cultural. Porque consideramos que México
debe reconocer, como lo ha hecho en el ámbito internacional, el
respeto a los derechos culturales y el derecho al acceso a la cultura,
así como la responsabilidad del Estado en promover y proteger la
difusión y desarrollo de la cultura y crear un marco jurídico
adecuado, sin menoscabo de lo ya contenido en la Constitución de
los Estados Unidos Mexicanos en el artículo 73 en su fracción
XXV y en el artículo 3o. constitucional y que se refiere a la protección
del patrimonio arqueológico, artístico, histórico
y fósil; fundamento de los Institutos Federales de Antropología
e Historia y de Bellas Artes y Literatura, además de la vinculación
de la educación con la formación artística, de públicos
y de difusión de nuestra cultura.
Tercera. Con el fin de respetar el ámbito
propio de la Constitución, esta Comisión propone la redacción
de un texto que incluye los aspectos fundamentales
consagrados en los Proyectos de Decreto objeto de opinión y en los
documentos internacionales signados por nuestro país, sin restringir
los aspectos medulares que conlleva el derecho que se pretende reconocer.
Por tal motivo, considera fundamental que el Estado mexicano reconozca
los derechos culturales como garantías individuales; la participación
de los sectores social y privado en las políticas culturales, así
como el derecho al acceso a la cultura en los servicios que presta el Estado,
de manera armónica como ha quedado establecido en el derecho a la
educación.
Por lo anteriormente expuesto y motivado de acuerdo con
la Constitución, la Ley Orgánica del Congreso General y el
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, de los Estados
Unidos Mexicanos, esta comisión dictaminadora, somete a consideración
del Pleno de la Cámara de Diputados, el siguiente proyecto de
Decreto que reforma y adiciona los artículos
4o. y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos
Artículo Único. Se adiciona un párrafo
noveno al artículo 4o.; se reforma la fracción XXV y se adiciona
una fracción XXIX-Ñ al artículo 73, todos de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
Artículo 4o. …
…
…
…
…
…
…
…
Toda persona tiene derecho al acceso a la cultura y al
disfrute de los bienes y servicios que presta el Estado en la materia,
así como el ejercicio de sus derechos culturales. El Estado promoverá
los medios para la difusión y desarrollo de la cultura, atendiendo
a la diversidad cultural en todas sus manifestaciones y expresiones con
pleno respeto a la libertad creativa. La ley establecerá los mecanismos
para el acceso y participación a cualquier manifestación
cultural.
Artículo 73. …
I. a XXIV. …
XXV. Para establecer, organizar y sostener en toda la
República escuelas rurales, elementales, superiores, secundarias
y profesionales; de investigación científica, de bellas artes
y de enseñanza técnica, escuelas prácticas de agricultura
y de minería, de artes y oficios, museos, bibliotecas, observatorios
y demás institutos concernientes a la cultura general de los habitantes
de la nación y legislar en todo lo que se refiere a dichas instituciones;
para legislar sobre vestigios o restos fósiles y sobre monumentos
arqueológicos, artísticos e históricos, cuya conservación
sea de interés nacional; así como para dictar las leyes encaminadas
a distribuir convenientemente entre la Federación, los Estados y
los Municipios el ejercicio de la función educativa y las aportaciones
económicas correspondientes a ese servicio público, buscando
unificar y coordinar la educación en toda la República. Los
Títulos que se expidan por los establecimientos de que se trata
surtirán sus efectos en toda la República. Para legislar
en materia de derechos de autor y otras figuras de la propiedad intelectual
relacionadas con la misma.
XXVI. a XXIX-N. …
XXIX-Ñ. Para expedir leyes que establezcan las
bases sobre las cuales la Federación, los Estados, los Municipios
y el Distrito Federal coordinarán sus acciones en materia de cultura,
salvo lo dispuesto en la fracción XXV de este artículo. Asimismo,
establecerán los mecanismos de participación de los sectores
social y privado, con objeto de cumplir los fines previstos en el párrafo
noveno del artículo 4o. de esta Constitución.
XXX. …
Transitorios
Primero. El presente decreto entrará en
vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario
Oficial de la Federación.
Segundo. Todos los actos jurídicos emitidos
y fundamentados en las leyes anteriores y en la Ley de Derecho de Autor
vigente, tales como registros de obras y contratos, reservas de derechos
otorgadas, resoluciones a procedimientos entre otros, así como los
celebrados entre particulares, contratos, convenios, sucesiones testamentarias,
etcétera, conservarán su validez.
Notas
1. Es importante considerar y precisar que la enunciación
"derecho a la cultura" puede resultar un tanto imprecisa; en realidad lo
que se busca legislar es el derecho al acceso a los bienes y servicios
culturales que presta el Estado.
2. Es importante resaltar que el actual Programa Nacional
de Cultura 2007-2012 abraza ya como parte de sus anexos, los documentos
que se señalan en la presente exposición de motivos, tales
como: la Declaración de México sobre las Políticas
Culturales, la Conferencia Intergubernamental sobre Políticas Culturales
para el Desarrollo; la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio
Cultural Inmaterial UNESCO y la Convención sobre la Protección
y la Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales.
3. Véase José Manuel Pureza. El patrimonio
común de la humanidad, Madrid, Trotta 2002, págs. 99-131.
4. Mariano Moreno Villa, et al., Diccionario del pensamiento
contemporáneo, Madrid, San Pablo editores, 1997, págs.
333-340.
5. Francisco Javier Dorantes. Derecho cultural mexicano.
Fundap; 2004
6. Diagnóstico sobre la situación de los
derechos humanos en México, Oficina del Alto Comisionado de las
Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México, 2003.
Cámara de Diputados, a los 10 días del
mes de septiembre año 2008.
La Comisión de Puntos Constitucionales
Diputados: Raymundo Cárdenas
Hernández (rúbrica), presidente; José Gildardo Guerrero
Torres (rúbrica), Dora Alicia Martínez Valero (rúbrica),
Mónica Fernández Balboa (rúbrica), Carlos Armando
Biebrich Torres, José Jesús Reyna García (rúbrica),
Patricia Castillo Romero, Silvano Garay Ulloa (rúbrica), secretarios;
Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo (rúbrica), Felipe Borrego Estrada
(rúbrica), Rogelio Carbajal Tejada, Raúl Cervantes Andrade,
Alfredo Adolfo Ríos Camarena, Leticia Díaz de León
Torres, Jaime Espejel Lazcano (rúbrica), José Luis Espinosa
Piña, Juan Nicasio Guerra Ochoa, Francisco Elizondo Garrido, Andrés
Lozano Lozano (rúbrica), Arely Madrid Tovilla, Lizbeth Evelia Medina
Rodríguez, Victorio Rubén Montalvo Rojas (rúbrica),
María del Pilar Ortega Martínez (rúbrica), Rosario
Ignacia Ortiz Magallón, Víctor Samuel Palma César
(rúbrica), Cruz Pérez Cuéllar, Juan Francisco Rivera
Bedoya, Juan José Rodríguez Prats, Salvador Ruiz Sánchez
(rúbrica), Yadhira Yvette Tamayo Herrera (rúbrica).
DE LA COMISIÓN DE LA FUNCIÓN
PÚBLICA, CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO
11 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN
PÚBLICA GUBERNAMENTAL
Honorable Asamblea:
La comisión de la Función Pública
de esta honorable Cámara de Diputados, con base en las facultades
que le confieren los artículos 39, numerales 1 y 2, fracción
XVIII, y 45, numeral 6, incisos e) y f), demás relativos de la Ley
Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y
los artículos 87 y 88 del Reglamento Interior del Congreso General
de los Estados Unidos Mexicanos, somete a su consideración el siguiente
dictamen sobre la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma
el artículo 11 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública Gubernamental, presentada por el diputado
Alejandro Enrique Delgado Oscoy.
Antecedentes
I. La iniciativa que se dictamina fue publicada en la
Gaceta Parlamentaria número 2495-VIII, el martes 29 de abril del
2008 y presentada el día 30 del mismo mes y año por el diputado
Alejandro Enrique Delgado Oscoy, integrante del Grupo Parlamentario del
Partido Acción Nacional.
II. En esta última fecha la Presidencia de la Mesa
Directiva de la Cámara de Diputados la turnó para su estudio
y dictamen a la comisión de la Función Pública.
III. Recibida en la comisión, y una vez sometida
a estudio y análisis, se preparó un proyecto de dictamen
en sentido positivo, que fue sometido a la consideración y discusión
del Pleno de la citada comisión, que lo aprobó en la sesión
celebrada el día 2 de septiembre del 2008, por 17 votos a favor,
0 votos en contra, y 1 abstención.
Análisis de la iniciativa
Plantea el diputado proponente en la exposición
de motivos de la iniciativa que nos ocupa que la rendición de cuentas
se ha vuelto una exigencia ubicua en el mundo de la política democrática,
que la democracia implica rendición de cuentas y que en México
el establecimiento de instituciones y prácticas efectivas de rendición
de cuentas representa una de las primeras aspiraciones de la joven democracia.
Que existe un consenso notable acerca de la relevancia
democrática de la rendición de cuentas, pero que es necesario
preguntarse si se entiende su alcance, si se comprende a plenitud sus límites
y características como elemento legitimador del ejercicio del poder
político.
Que es de destacar la importancia del acceso a la información
y la transparencia como pilares fundamentales de los procesos de rendición
de cuentas; y más aún, después de las recientes reformas
constitucionales al artículo 6o. en las que se establecen principios
y mecanismos uniformes observables por los diversos ámbitos de gobierno.
Que un aspecto fundamental de la reforma al artículo
6o. Constitucional fue delimitar a los sujetos obligados a transparentar
sus acciones y permitir el acceso a la información, por lo que en
ese sentido se observa con claridad que el Constituyente Permanente fue
muy claro respecto a los sujetos obligados a la transparencia y al acceso
a la información, cuyo listado se centra en los órganos públicos.
Que en la reforma electoral aprobada por la LX Legislatura
se establecieron en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos
Electorales ciertas obligaciones de los partidos políticos en materia
de transparencia, pues se consideran sujetos acreedores indirectamente
de dichas obligaciones, en virtud de no ser propiamente órganos
de Estado.
Que a través de las reglas de transparencia se
tiene la posibilidad de tener un voto mejor razonado por parte del electorado,
ya que al estar informada la ciudadanía se encuentra en posibilidad
de tener una visión más global de los institutos políticos,
en lugar de visualizar un partido gris que impide conocerlo más
allá de las propuestas de sus candidatos en tiempos de campaña.
Que la noción de la rendición de cuentas
para estos entes de interés público tiene dos dimensiones,
por un lado la obligación de los partidos políticos y sus
funcionarios de informar sobre sus decisiones y justificarlas en público
y por el otro se incluye la posibilidad de sancionarlos en caso de que
hayan violado sus deberes públicos.
Que por todos estos motivos los partidos políticos
al tener un carácter especial dentro del marco jurídico mexicano,
deben tener una regulación especial, por lo que únicamente
se pretende reformar la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública Gubernamental a fin de que se establezca en la misma, el
carácter de sujetos obligados indirectamente de los partidos políticos
y que se regirán por las disposiciones contenidas en el Código
Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y, en su caso, por
el Reglamento que en dicha materia apruebe el Consejo General del Instituto
Federal Electoral.
Que esta propuesta toma en cuenta la autonomía
deliberativa y el derecho de autodeterminarse de los partidos, pero a su
vez reconoce que el acceso a la información pública es una
herramienta fundamental para las organizaciones sociales y los ciudadanos
en un sistema democrático, por lo que propone reformar el artículo
11 de la Ley en comento.
Esta comisión dictaminadora determina que es
de aprobarse la iniciativa materia del presente dictamen, en atención
a las siguientes:
Consideraciones
Primera. La Ley Federal de Transparencia y Acceso
a la Información Pública Gubernamental fue publicada en el
Diario Oficial de la Federación el día 11 de junio del 2002.
La publicación de este ordenamiento significó un gran avance
para la vida democrática del país, ya que tiene por objeto
transparentar todas las acciones de gobierno, incluyendo desde luego el
manejo de los recursos públicos. El principio que rige a dicha ley
es el de la máxima publicidad, incluso la LX legislatura del honorable
Congreso de la Unión reformó el artículo 6º Constitucional
para establecer los principios y las bases sobre los que se debe ejercer
la transparencia y la rendición de cuentas.
El artículo 1º de esa ley establece que toda
la información en posesión de los Poderes de la Unión,
de los órganos constitucionales autónomos o con autonomía
legal y cualquier otra entidad federal debe estar al alcance de toda persona,
por lo que en relación con éste, el artículo 4º
en su fracción XVI establece los sujetos obligados.
Segunda. Este ordenamiento legal señala
que los partidos políticos deben entregar la información
cuando les sea solicitada por particulares, por conducto del Instituto
Federal Electoral, sobre los recursos públicos que reciban, y también
prevé que los informes que presenten los partidos políticos
y las agrupaciones políticas nacionales al Instituto Federal Electoral
deben hacerse públicos conjuntamente con las auditorias y verificaciones
que en su caso ordene la comisión de fiscalización de los
recursos públicos del citado instituto.
Como se puede apreciar, actualmente la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental
prevé como sujetos obligados a los partidos políticos y a
las agrupaciones políticas nacionales en los puntos que se han mencionado,
es decir, respecto a los recursos públicos que reciben y a los actos
de inspección que el Instituto Federal Electoral realiza.
Tercera. El Código Federal de Instituciones
y Procedimientos Electorales es el ordenamiento legal que establece las
obligaciones que los partidos políticos deben cumplir en materia
de transparencia y rendición de cuentas. Cabe señalar que
dicho Código es nuevo (DOF 14 de enero del 2008), toda vez que se
expidió con motivo de la reforma constitucional que en materia electoral
fue aprobada por la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión.
De manera específica, el Libro segundo "De los
partidos políticos", Título primero, "Disposiciones Generales",
Capítulo Cuarto "De las obligaciones de los partidos políticos",
del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales,
en su artículo 38, inciso t), establece como obligación de
los partidos políticos nacionales cumplir con las obligaciones que
ese Código establece en materia de transparencia y acceso a su información.
Ya propiamente en materia de transparencia (capítulo
quinto), el artículo 41 del código invocado establece las
obligaciones de los partidos políticos en esta materia, las cuales
son las siguientes:
"1. Toda persona tiene derecho a acceder a la información
de los partidos políticos de conformidad con las reglas previstas
en este Código y las que, en lo conducente, resulten aplicables
conforme al reglamento del Instituto Federal Electoral en la materia.
2. Las personas accederán a la información
de los partidos a través del Instituto Federal Electoral, mediante
la presentación de solicitudes específicas.
3. El reglamento establecerá los formatos, procedimientos
y plazos para desahogar las solicitudes que se presenten sobre la información
de los partidos políticos.
4. Cuando la información solicitada tenga el carácter
de pública y no obre en poder del Instituto, debiendo estarlo, éste
notificará al partido requerido para que la proporcione en forma
directa al solicitante, dentro del plazo que señale el reglamento.
El partido de que se trate informará al Instituto del cumplimiento
de esta obligación.
5. Cuando la información solicitada se encuentre
disponible en la página electrónica del Instituto, o en la
del partido de que se trate, se le notificará al solicitante para
que la obtenga en forma directa, salvo que el interesado la requiera en
forma impresa o en medio digital.
6. Los partidos políticos están obligados
a publicar en su página electrónica, por lo menos, la información
especificada en el presente capítulo. "
Por su parte, el artículo 42 del ordenamiento en cita
establece las siguientes consideraciones en materia de transparencia:
"1. La información que los partidos políticos
proporcionen al Instituto o que éste genere respecto a los mismos,
que sea considerada pública conforme a este Código, estará
a disposición de toda persona a través de la página
electrónica del Instituto.
2. Se considera información pública de los
partidos políticos:
a) Sus documentos básicos;
b) Las facultades de sus órganos de dirección;
c) Los reglamentos, acuerdos y demás disposiciones
de carácter general, aprobados por sus órganos de dirección,
que regulen su vida interna, las obligaciones y derechos de sus afiliados,
la elección de sus dirigentes y la postulación de sus candidatos
a cargos de elección popular;
d) El directorio de sus órganos nacionales, estatales,
municipales, del Distrito Federal, y en su caso, regionales, delegacionales
y distritales;
e) El tabulador de remuneraciones que perciben los integrantes
de los órganos a que se refiere el inciso anterior, y de los demás
funcionarios partidistas;
f) Las plataformas electorales y programas de gobierno
que registren ante el Instituto;
g) Los convenios de frente, coalición o fusión
que celebren, o de participación electoral que realicen con agrupaciones
políticas nacionales;
h) Las convocatorias que emitan para la elección
de sus dirigentes o la postulación de sus candidatos a cargos de
elección popular;
i) Los montos de financiamiento público otorgados
mensualmente, en cualquier modalidad, a sus órganos nacionales,
estatales, municipales y del Distrito Federal, durante los últimos
cinco años y hasta el mes más reciente, así como los
descuentos correspondientes a sanciones;
j) Los informes, anuales o parciales, de ingresos y gastos,
tanto ordinarios como de precampaña y campaña; el estado
de situación patrimonial; el inventario de los bienes inmuebles
de los que sean propietarios, así como los anexos que formen parte
integrante de los documentos anteriores; la relación de donantes
y los montos aportados por cada uno. Todo lo anterior, una vez concluidos
los procedimientos de fiscalización establecidos por este Código.
Los partidos podrán hacer pública la información a
que se refiere este inciso antes de que concluyan los procedimientos referidos,
sin que ello tenga efectos en los mismos.
k) Las resoluciones que emitan sus órganos disciplinarios
de cualquier nivel, una vez que hayan causado estado;
l) Los nombres de sus representantes ante los órganos
del Instituto;
m) El listado de las fundaciones, centros o institutos
de investigación o capacitación, o cualquier otro, que reciban
apoyo económico permanente del partido político;
n) El dictamen y resolución que el Consejo General
del Instituto haya aprobado respecto de los informes a que se refiere el
inciso j) de este párrafo; y
o) Las demás que señale este Código,
o las leyes aplicables."
Cuarta. Asimismo, el artículo 43 del
Código invocado precisa que los partidos políticos deberán
mantener actualizada la información pública establecida en
ese capítulo y las demás que ese mismo ordenamiento considere
de la misma naturaleza, proporcionándola al Instituto con la periodicidad
y en los formatos y medios electrónicos que aquél determine
en acuerdos de carácter general.
Por último, el artículo 44 respecto a la
reserva y a la confidencialidad de la información que obra en poder
de los partidos políticos, establece lo siguiente:
1. No será pública la información
relativa a los procesos deliberativos de los órganos internos de
los partidos; la correspondiente a sus estrategias políticas y de
campañas electorales; la contenida en todo tipo de encuestas por
ellos ordenadas, así como la referida a las actividades de naturaleza
privada, personal o familiar, de sus afiliados, dirigentes, precandidatos
y candidatos a cargos de elección popular.
2. Será considerada confidencial la información
que contenga los datos personales de los afiliados, dirigentes, precandidatos
y candidatos a cargos de elección popular, salvo los contenidos
en los directorios establecidos en este capítulo y en las listas
de precandidatos o candidatos a cargos de elección popular, que
solamente contendrán el nombre completo y otros datos personales
que autorice el interesado;
3. Se considerará reservada la información
relativa a los juicios en curso, de cualquier naturaleza, en que los partidos
políticos sean parte, hasta que se encuentren en estado de cosa
juzgada.
Como se puede apreciar, el Código Federal de Instituciones
y Procedimientos Electorales, de reciente creación, establece más
y nuevas obligaciones en materia de transparencia y acceso a su información
para los partidos políticos que regulan su actividad y funcionamiento
de acuerdo con las disposiciones que establece ese ordenamiento comicial,
razón por la cual se considera atinada la propuesta del iniciante
toda vez que la actual redacción del artículo 11 de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Gubernamental sólo establece un par de obligaciones que deben cumplir
los partidos políticos sobre esta materia, las cuales por cierto
se considera pertinente que subsistan en la redacción del artículo
en cita.
Incluso, en el propio dictamen de creación del
Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales se
señala la existencia de un nuevo capítulo en el que se establecen
las obligaciones que en materia de transparencia y acceso a su información
deberán cumplir los partidos políticos, con lo que se colma
el vacío legal que existía en esta materia.
Quinta. Cabe destacar que la comisión de
Fiscalización (que prevé el artículo 11 de la Ley
de Transparencia) ya no es la autoridad encargada de vigilar la aplicación
de los recursos por parte de los partidos políticos, pues ahora
es la Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos,
que es el órgano técnico del Consejo General del Instituto
Federal Electoral que tiene a su cargo la recepción y revisión
integral de los informes que presenten los partidos respecto del origen
y monto de los recursos que reciban por cualquier modalidad de financiamiento,
así como sobre su destino y aplicación, por lo cual, se sustituye
a la comisión de Fiscalización por la Unidad de Fiscalización
de los Recursos de los Partidos Políticos, sustitución que
se hace en el párrafo primero del artículo 11 de la Ley de
Transparencia.
De esta manera, la propuesta de redacción que hace
esta dictaminadora consiste en establecer que los partidos políticos
y las agrupaciones políticas nacionales tengan que cumplir con las
disposiciones que en materia de transparencia y acceso a su información
establece el Código Federal de Institucionales y Procedimientos
Electorales, sin perjuicio de que sean públicas las auditorias y
verificaciones que ordene la Unidad de Fiscalización de los Recursos
de los Partidos Políticos al concluir el procedimiento de fiscalización
respectivo.
Lo anterior es así, toda vez que el iniciante establece
en el texto de su propuesta que los partidos políticos tengan que
hacer pública su información en términos de lo que
establece el Código Electoral, pero esta dictaminadora considera
que existen más obligaciones para éstos en materia de transparencia
y acceso a su información y no sólo la de hacer pública
su información, ello sin perjuicio de las obligaciones que actualmente
establece la Ley de Transparencia en el artículo objeto de la presente
reforma.
Sexta. Respecto a la derogación del párrafo
segundo del artículo 11 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública Gubernamental que plantea el diputado
proponente, esta comisión dictaminadora estima que la misma no es
viable, pues en éste se establece que cualquier ciudadano podrá
solicitar al Instituto Federal Electoral la información relativa
al uso de los recursos públicos que reciban los partidos políticos
y las agrupaciones políticas nacionales, disposición que
si bien es cierto que está prevista en el Código Federal
de Instituciones y Procedimientos Electorales, el cual a su vez establece
que se realizará en términos de lo que disponga el reglamento
de la materia, también lo es que la Ley de Transparencia faculta
a todo individuo para solicitar la información que sea considerada
pública, motivo por el cual, al estar prevista dicha situación
en la ley marco, no se considera adecuado eliminar esta disposición.
En virtud de los motivos expuestos en las consideraciones
anteriores, esta comisión de la Función Pública, con
base en las atribuciones legales y reglamentarias con las que cuenta, pone
a su consideración el siguiente proyecto de
Decreto por el que se reforma el primer párrafo
del artículo 11 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública Gubernamental
Artículo Único. Se reforma
el primer párrafo del artículo 11 de la Ley Federal de Transparencia
y Acceso a la Información Pública Gubernamental, para quedar
como sigue:
Artículo 11.- Los partidos políticos
y las agrupaciones políticas nacionales, sin perjuicio de que sean
públicas las auditorías y verificaciones que ordene la Unidad
de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos
al concluir el procedimiento de fiscalización respectivo, deberán
cumplir con las disposiciones que en materia de transparencia y acceso
a su información establece el Código Federal de Instituciones
y Procedimientos Electorales, así como las previstas sobre estos
rubros en el reglamento que expida el Instituto Federal Electoral.
…
Transitorio
Único. El presente decreto entrará
en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario
Oficial de la Federación.
La Comisión de la Función Pública
Diputados: Benjamín
González Roaro (rúbrica), presidente; José Guillermo
Velázquez Gutiérrez (rúbrica), Enrique Cárdenas
del Avellano (rúbrica), Jesús Evodio Velázquez Aguirre,
René Lezama Aradillas (rúbrica), secretarios; Moisés
Alcalde Virgen (rúbrica), Jesús Sergio Alcántara Núñez,
Alma Edwivges Alcaraz Hernández (rúbrica), Carlos Altamirano
Toledo (rúbrica), Jesús Arredondo Velázquez (rúbrica),
Carlos Armando Biebrich Torres, María Eugenia Campos Galván,
Andrés Carballo Bustamante (rúbrica), José de la Torre
Sánchez, Joaquín Conrado de los Santos Molina (rúbrica),
Mario Enrique del Toro (rúbrica en contra), Adriana Díaz
Contreras, María del Carmen Fernández Ugarte (rúbrica),
Arturo Flores Grande (rúbrica), Apolonio Méndez Meneses (rúbrica),
Carlos Orsoe Morales Vázquez, Alan Notholt Guerrero (rúbrica),
Héctor Padilla Gutiérrez, Rafael Plácido Ramos Becerril
(rúbrica), Marcos Salas Contreras (rúbrica), Ramón
Valdés Chávez (abstención).
DE LA COMISIÓN DE SALUD,
CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO
112, LAS FRACCIONES II Y VIII DEL ARTÍCULO 115 Y EL ARTÍCULO
307; Y ADICIONA UNA FRACCIÓN IX AL ARTÍCULO 115 DE LA LEY
GENERAL DE SALUD
Honorable Asamblea:
A la Comisión de Salud fueron turnadas para su
estudio y dictamen las siguientes iniciativas:
• Que reforma y adiciona los artículos 114, 115
y 216 de la Ley General de Salud.
Presentada por el diputado Carlos Alberto Puente Salas,
del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México,
con opinión de la Comisión de Educación Pública
y Servicios Educativos.
• Que adiciona la fracción IX y un párrafo
al artículo 115 de la Ley General de Salud.
Presentada por los diputados Maricela Contreras Julián,
del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática;
y Ector Jaime Ramírez Barba, integrante del Grupo Parlamentario
del Partido Acción Nacional.
La Comisión de Salud con fundamento en las atribuciones
que le otorgan los artículos 39, 44 Y 45 y relativos de la Ley Orgánica
del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, 56, 60, 65,
66, 87 Y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General
de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta
Honorable Asamblea, el presente dictamen de acuerdo con la siguiente
Metodología
La comisión encargada del análisis y dictamen
de las iniciativas mencionadas anteriormente, desarrolla su trabajo conforme
el procedimiento que a continuación se describe:
I. En el capítulo "Antecedentes" se da constancia
del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo en turno
para el dictamen de las referidas iniciativas y de los trabajos previos
de la comisión dictaminadora.
II. En el capítulo "Contenido", se sintetiza el
alcance de la propuesta de reforma en estudio.
III. En el capítulo "Consideraciones", la comisión
dictaminadora expresa los argumentos de valoración de la propuesta
y de los motivos que sustentan la decisión de respaldar o desechar
las iniciativas en análisis.
I. Antecedentes
En sesión celebrada con fecha 30 de abril de 2008,
fue presentada la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona
los artículos 114, 115 y 216 de la Ley General de Salud, a cargo
del diputado Carlos Alberto Puente Salas, del Grupo Parlamentario del Partido
Verde Ecologista de México.
Con la misma fecha la mencionada iniciativa fue turnada
a la Comisión de Salud con opinión de la Comisión
de Educación Pública y Servicios Educativos.
En sesión celebrada por la Comisión Permanente
del Congreso de la Unión, fue presentada la iniciativa con proyecto
de decreto que adiciona la fracción IX y un párrafo al artículo
115 de la Ley General de Salud, a nombre de los diputados Maricela Contreras
Julián, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática; y Ector Jaime Ramírez Barba, integrante del
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Con la misma fecha, la Mesa Directiva de la Comisión
Permanente, turnó la mencionada iniciativa a la Comisión
de Salud de la honorable Cámara de Diputados para su estudio y posterior
dictamen.
II. Contenido
En su exposición de motivos los promoventes manifiestan
su preocupación por el incremento que han tenido en nuestro país
el sobrepeso y la obesidad, así como los graves problemas de salud
a los que conduce.
Mencionan que para 2000 se estimaba que la población
de niños de entre 5 y 17 años con sobrepeso era cercana a
155 millones y que, de éstos, 45 millones eran obesos en el mundo.
En el caso de nuestro país, actualmente se calcula que 7 de cada
10 mexicanos sufren este padecimiento, en especial los niños y los
adolescentes.
Asimismo señalan que para la Organización
Mundial de la Salud (OMS), el control de obesidad y de sobrepeso, así
como del resto de las enfermedades crónicas no transmisibles, representa
una situación de alarma, y se recomienda como la principal estrategia
la prevención.
Mencionan que durante la sexagésima Asamblea Mundial
de la Salud, realizada en 2007, los Estados miembros de la Organización
Mundial de la Salud llegaron a un acuerdo para que este organismo redactara
un conjunto de recomendaciones sobre la comercialización de alimentos
y bebidas no alcohólicas dirigida a niños y niñas,
el cual formará parte de la estrategia mundial contra la prevención
y el control de enfermedades no transmisibles como la obesidad.
Afirman que el Instituto Nacional de Salud Pública,
ha revelado que millones de mexicanos tienen problemas de sobrepeso u obesidad,
particularmente que más de 4 millones de niños de entre 5
y 11 años sufren estos trastornos, y que México ocupa el
segundo lugar en el mundo en materia de obesidad infantil, enfermedad que
afecta al 9.8 por ciento de este sector de la población.
Por estos, entre muchos otros motivos, proponen reformas
a la Ley General de Salud a fin de contribuir al combate del sobrepeso
y la obesidad, promoviendo hábitos de alimentación saludables,
actividad física y la coordinación entre las dependencias
de la Administración Pública Federal para que, en el ámbito
de sus competencias coadyuven a disminuir la incidencia de ésta
problemática.
III. Consideraciones
1. La comisión dictaminadora ha elaborado
un solo dictamen para las dos iniciativas citadas con antelación,
ya que ambas coinciden, no sólo en los artículos que se pretende
reformar, sino en el espíritu de las mismas.
2. Los integrantes de la Comisión de Salud
coinciden con los promoventes en su preocupación por el evidente
aumento de la obesidad en nuestro país, misma que se manifiesta
también en un gran numero de iniciativas que han sido presentadas
durante la presente legislatura, que sin embargo, no abordan el tema con
la complejidad que implica, ya que como sabemos, la obesidad es una enfermedad
multifactorial.
A pesar de lo anterior, esta comisión ha sido sensible
a la necesidad de colaborar mediante reformas viables y que promuevan cambios
en los hábitos alimenticios de nuestra población por lo que,
en principio, se manifiesta de acuerdo con las iniciativas en estudio,
estableciendo algunas modificaciones para que las reformas planteadas sean
útiles para combatir una de las primeras causas de enfermedades
crónico degenerativas en el país.
3. Según datos del Instituto Nacional de
Salud Pública, millones de mexicanos tienen problemas de sobrepeso
y obesidad; y más de 4 millones de niños, entre 5 y 11 años,
sufren de estos trastornos.
México ocupa el segundo lugar en el mundo en materia
de obesidad infantil. La obesidad mórbida en nuestro país
es causante del incremento de enfermedades de índole cardiovascular
y diabética, principalmente en niños menores de 15 años,
lo que nos da un panorama general de la gravedad que implica esta epidemia
en el desarrollo del país, ya que estamos gestando una generación
de obesos, con todas las repercusiones que ello implica para el futuro,
no sólo de estos individuos, sino del país.
El sobrepeso y la obesidad se relacionan con la mala nutrición,
por tanto es necesario subrayar, que de una buena o mala nutrición
dependen una serie de situaciones que no sólo afectan a los individuos
como entes biológicos, sino que, aún más, interfiere
de manera definitiva en el desarrollo integral de cada ser humano; y que
la desnutrición es un obstáculo para las oportunidades de
desarrollo para quien la padece.
Todos estos motivos han conducido a esta comisión
a contribuir de alguna manera a disminuir la prevalencia del sobrepeso
y la obesidad, mediante la implementación de políticas públicas
basadas no sólo en la información en materia de nutrición,
sino en la coordinación entre las diferentes dependencias de la
Administración Pública Federal, tomando como punto de partida
las iniciativas en análisis.
4. La primera propuesta busca reformar el artículo
114 de la Ley General de Salud, para que se establezca que "la Secretaría
de Salud evidencie en la disponibilidad de alimentos que la región
o regiones padece estrés hídrico, el programa privilegiará
el consumo de agua, en las entidades cuyo consumo del vital liquido sea
limitado o bien desplazado por el consumo de bebidas altas en azúcares
y causantes de enfermedades".
En primer lugar es importante señalar qué
significa la acepción "estrés hídrico", utilizada
por el promovente, y que según el Programa de las Naciones Unidas
para el Medio Ambiente se aplica Cuando la demanda de agua es más
importante que la cantidad disponible durante un periodo determinado o
cuando su uso se ve restringido por su baja calidad. El PNUMA refiere que
el estrés hídrico provoca un deterioro de los recursos de
agua dulce en términos de cantidad (acuíferos sobreexplotados,
ríos secos, etcétera) y de calidad (eutrofización,
contaminación de la materia orgánica, intrusión salina,
etc.).
Creemos que a pesar de que el objetivo de la reforma es
el de privilegiar el consumo de agua, ante otro tipo de bebidas no alcohólicas,
la propuesta de redacción particulariza la norma, yendo en contra
de uno de los principios fundamentales de la Ley, el cual radica precisamente
en su generalidad.
Por otra parte, es necesario señalar que el texto
vigente del artículo 114 dice:
Artículo 114. Para la atención y mejoramiento
de la nutrición de la población, la Secretaría de
Salud participará, de manera permanente, en los programas de alimentación
del gobierno federal.
La Secretaría de Salud, las entidades del sector
salud y los gobiernos de las entidades federativas, en sus respectivos
ámbitos de competencia, formularán y desarrollarán
programas de nutrición, promoviendo la participación en los
mismos de los organismos nacionales e internacionales cuyas actividades
se relacionen con la nutrición, alimentos, y su disponibilidad,
así como de los sectores sociales y privado.
Derivado de lo anterior se infiere que el agua está
incluida en dicho precepto, ya que como lo señala el Diccionario
de la Lengua Española de la Real Academia señala que la palabra
alimento significa:
"1. m. Conjunto de cosas que el hombre y los animales
comen o beben para subsistir.
2. m. Cada una de las sustancias que un ser vivo toma
o recibe para su nutrición."1
Derivado de lo anterior, esta comisión dictaminadora
considera innecesaria la adición propuesta para el artículo
114, toda vez que por una parte sería redundante, y por otra limitaría
la aplicación de la Ley a su aplicación en algunas regiones
del país, violentando así el principio de generalidad de
la Ley.
5. A pesar de lo anterior, consideramos prudente,
en un afán por mejorar el texto vigente, incorporar la actividad
física como un elemento esencial de la nutrición, abordando
así de una forma integral el problema del sobrepeso y la obesidad
ya que como hemos manifestado, el sobrepeso y la obesidad son problemas
multifactoriales y un aspecto de suma importancia es precisamente, la actividad
física, relacionada, no únicamente con la recreación
o en los programas de educación básica, como ocurre en la
actualidad en las leyes vigentes, sino, vinculándola directamente
con la salud, en la ley respectiva.
Según documentos de la Organización Panamericana
de la Salud los métodos de tratamiento para controlar la obesidad
sólo han obtenido resultados moderados y es poco probable que puedan
atajar la epidemia; por consiguiente, las estrategias preventivas y de
promoción de la salud tienen grandes probabilidades de dar buenos
resultados a nivel de la población. La función de la salud
pública en las Américas debe consistir en hacer que las opciones
saludables resulten las más fáciles de tomar, y el objetivo
para el próximo decenio es producir cambios fundamentales de conducta
en la población.
También señalan que la actividad física
no necesita ser agotadora para producir beneficios para la salud. Promover
al menos treinta minutos diarios de actividad física moderada es
una meta realista. Esto necesita ir acompañado de una ampliación
del acceso a los espacios recreativos y la seguridad en las calles, de
la promoción sostenida del acto de caminar y montar en bicicleta
en la ciudad y de la institucionalización de la actividad física
en el lugar de trabajo y las escuelas.2
Afirma dicho documento que los dos factores más
importantes asociados con mayor riesgo de sobrepeso son el consumo de alimentos
altamente energéticos (ricos en grasa o azúcares) y el modo
de vida sedentario durante mucho tiempo. Por otro lado, hay pruebas convincentes
de que el riesgo se reduce mediante una actividad física regular2
y un elevado consumo de fibra alimentaria.
Afirma la PHAO que la actividad física, puede definirse
como "cualquier movimiento corporal producido por los músculos esqueléticos
que da lugar a un aumento sustancial del gasto energético frente
al reposo", varía del desempeño del trabajo propio de la
ocupación y las faenas domésticas a la actividad física
recreativa, como el deporte y el ejercicio. La actividad física
reducida o el aumento del comportamiento sedentario desempeñan una
función importante en el aumento de peso y la aparición de
la obesidad. Por ejemplo, la cantidad de tiempo que los niños pequeños
pasan ante el televisor ha resultado tener valor predictivo del Índice
de Masa Corporal en años posteriores, como también un bajo
nivel de actividad física en períodos de ocio de los adultos
ha sido predictivo de aumento de peso sustancial (5kg) al cabo de 5 años.
Varios estudios realizados en América Latina también llegan
a la conclusión de que la inactividad está muy asociada con
la obesidad.
Un estudio elaborado por la Fundación Mexicana
para la salud, señala que las actividades físicas dentro
del entorno familiar de niños obesos es casi nula, la mayor parte
del tiempo libre lo emplean en actividades pasivas como ver televisión,
jugar videojuegos, jugar con muñecas, estas actividades se llevan
a cabo dentro del hogar o la casa de algún familiar. Así
mismo, se afirma que la escasa práctica de actividades deportivas
obedece a la dificultad física que tienen estos infantes para desenvolverse
como los demás niños, señalan que su estudio de campo
pudieron observar que los niños obesos se cansan muy rápido,
no pueden agacharse y se fatigan con mucha rapidez, lo cual ocasiona rechazo
o impedimento del deporte, sin embargo, a pesar de lo anterior, se percibió
que los niños obesos gustan de los deportes.
En contraste, en el estudio citado, se encontró
que los niños de peso regular suelen tener más actividades
físicas ya sea por demanda de ellos o por decisión en conjunto
con sus padres, las actividades que practican estos niños son: karate,
fútbol, natación y gimnasia. En estos niños se observó
el gusto por la práctica de estos deportes, principalmente fútbol
y karate, en los cuales mencionan querer logros en el deporte y que por
eso lo practican.3
Aunado a lo anterior, diversos estudios publicados por
la Organización Mundial de la Salud señalan que en comparación
con otras actividades sedentarias, tales como corte y costura, juegos de
mesa o la lectura, mirar televisión es la que se acompaña
del menor índice metabólico y se ha asociado a la obesidad
en niños. Así mismo en un reciente estudio prospectivo de
cohorte realizado por investigadores estadounidenses se exploró
la posible relación entre varios patrones de conducta sedentaria,
en particular la de mirar televisión por largo tiempo, y el riesgo
de obesidad y de diabetes tipo 2 en mujeres. Se encontró que las
mujeres que miraban televisión por largo tiempo eran más
propensas a fumar, a consumir bebidas alcohólicas y a realizar menos
ejercicio físico. También tenían un mayor consumo
energético diario y peores hábitos alimentarios.
Durante los seis años de seguimiento, 3 757 mujeres
pasaron a la categoría de obesas. El tiempo pasado ante el televisor
estuvo significativamente asociado con el riesgo de obesidad. Mantenerse
sentadas en el trabajo o fuera del hogar y usar un automóvil como
medio de transporte también fueron conductas asociadas a un mayor
riesgo de obesidad, no así mantenerse de pie o caminando por la
casa. Según los resultados del análisis de múltiples
variables, solo mirar televisión por mucho tiempo se asociaba a
un elevado riesgo de obesidad en estas mujeres.4
Es evidente que estos estudios sólo refuerzan la
percepción, tanto de profesionales de la nutrición y la salud
como de los Organismos Internacionales respecto a la importancia de la
actividad física regular como un factor decisivo para combatir la
obesidad y el sobrepeso.
Por lo anterior, esta comisión dictaminadora considera
trascendental incluir la actividad física dentro del texto de la
fracción III del artículo 112, ya que debe ser una prioridad
en la educación para la salud.
Es así que la comisión dictaminadora propone
la siguiente la redacción:
Artículo 112. La educación para
la salud tiene por objeto:
I. a II. …
III. Orientar y capacitar a la población preferentemente
en materia de nutrición y actividad física, salud
mental, salud bucal, educación sexual, planificación familiar,
riesgos de automedicación, prevención de farmacodependencia,
salud ocupacional, salud visual, salud auditiva, uso adecuado de los servicios
de salud, prevención de accidentes, prevención y rehabilitación
de la invalidez y detección oportuna de enfermedades.
6. En otro orden de ideas, ambas iniciativas proponen
reformas al artículo 115, en el caso de la propuesta del Diputado
Puente Salas, se propone la adición de una fracción IX que
establecería una responsabilidad más a la Secretaría:
"IX. Establecer junto con la Secretaría de Educación, las
necesidades mínimas de nutrimentos que deberán cumplir las
bebidas para su venta en las tiendas escolares de nivel básico y
medio superior, a fin de mantener las buenas condiciones de salud de la
población".
En el caso de la segunda iniciativa, signada por la Diputada
Maricela Contreras y el diputado Ramírez Barba, la propuesta es
también adicionar una fracción que dejaría a cargo
de la Secretaría de Salud la elaboración y coordinación
de un programa nacional de nutrición, control de peso y obesidad,
con especial atención en niños y en adolescentes; estipulando
así mismo que, para la ejecución del programa a que se refiere
la fracción IX del artículo 115, la Secretaría de
Salud se coordinará con la Secretaría de Educación
Pública, los gobiernos de las entidades federativas y el Consejo
de Salubridad General.
Resulta evidente que todos los legisladores coinciden
en establecer una coordinación entre las Secretarías de Educación
y Salud respecto a la prevención de la obesidad y sobre todo, la
necesaria intervención de la autoridad para fomentar una alimentación
inocua a los niños y niñas dentro de los planteles escolares.
Esta preocupación no es privativa de las iniciativas
señaladas sino de un gran número de propuestas de reformas
a la Ley General de Educación, algunas de las cuales también
se encuentran en estudio por ésta dictaminadora.
7. Es necesario señalar que consideramos
ambas propuestas viables con algunas modificaciones que la harían
congruente con una aproximación más integral al problema
de la obesidad, incluyendo por supuesto la actividad física y refiriéndonos
explícitamente a los estilos de vida saludables.
Los estilos de vida han sido considerados como factores
determinantes y condicionantes del estado de salud de un individuo. La
Carta de Ottawa para la Promoción de la Salud, considera los estilos
de vida saludables como componentes importantes de intervención
para promover la salud, señalando que "la salud se crea y se
vive en el marco de la vida cotidiana, en los centros de enseñanza,
de trabajo y de recreo. La salud es el resultado de los cuidados que uno
se dispensa a sí mismo y a los demás, de la capacidad de
tomar decisiones y controlar la vida propia y de asegurar que la sociedad
en que uno vive ofrezca a todos sus miembros la posibilidad de gozar de
un buen estado de salud".
Los estilos de vida que se adquieren, están condicionados
a través de experiencias de aprendizaje, las cuales se adaptan,
se adquieren o modifican de acuerdo a los comportamientos deseados. En
este sentido a través de la enseñanza se producen cambios
favorables en el comportamiento del que aprende. El saber se obtiene con
el conocimiento, lo que le da la opción de desarrollar su personalidad
que es el saber ser; siendo para esto necesario que la persona que aprende,
además comprenda, analice, reflexione y adquiera competencias o
habilidades practicas (saber hacer). De ahí la necesidad de fomentar
estilos de vida saludables, sin restringir esta educación únicamente
al entorno escolar, sino extenderlo a todo el sector salud.
8. En este orden de ideas, para complementar las
propuestas de los promoventes, esta comisión propone reformar la
fracción II del citado artículo 115, lo anterior con la finalidad
de incluir conceptos como el sobrepeso y los hábitos de vida saludables
que, como lo hemos señalado, constituyen el común denominador
de las recomendaciones para combatir el complejo problema de la obesidad,
por lo que las fracciones referidas quedarían de la siguiente forma:
Artículo 115. La Secretaría de
Salud tendrá a su cargo:
I. …
II. Normar el desarrollo de los programas y actividades
de educación en materia de nutrición, prevención,
tratamiento y control de la desnutrición, sobrepeso y obesidad,
encaminados a promover estilos de vida saludables, preferentemente
en los grupos sociales más vulnerables.
III. …
Es importante señalar que el texto vigente hace mención
de la obesidad, pero no así del sobrepeso, y a pesar de que suelen
confundirse es necesario diferenciarlos, al respecto el Instituto Nacional
de Cáncer, que forma parte de los Institutos Nacionales de Salud
de Estados Unidos, establece que sobrepeso significa pesar demasiado con
relación a la estatura. Exceso de peso en el cuerpo que puede resultar
de la grasa, los músculos, los huesos o la retención de agua.
Tener sobrepeso no siempre significa ser obeso.5
Existen muchas formas para determinar si una persona tiene
sobrepeso, pero los expertos creen que el índice de masa corporal
(IMC) es la medida más precisa de la grasa corporal para niños
y para adultos, el llamado IMC da un estimativo de lo que debe pesar una
persona, sobre la base de su estatura.
• Los adultos con IMC entre 25 y 29.9 se consideran
con sobrepeso. Sin embargo hay excepciones; por ejemplo, un atleta puede
tener un IMC más alto, pero no tener sobrepeso.
• Los adultos con un índice de masa corporal superior
a 30 se consideran obesos.
• Cualquier persona con más de 45 kilogramos de
sobrepeso se considera que sufre de obesidad mórbida.1
9. Por otro lado, esta comisión considera de
suma importancia establecer algunas responsabilidades a cargo de la Secretaría
de Salud, mismas que se busca se vean reflejadas en la aplicación
de políticas públicas más eficaces para combatir el
enorme reto que significa para el sector salud el sobrepeso y la obesidad
de la población, sin interferir con la vida privada de las personas
ya que consideramos que el problema de la obesidad se deriva de decisiones
individuales y ningún Estado debe inmiscuirse en las libertades
inalienables de los gobernados.
10. Resulta evidente que cuando fue publicada la
Ley, el escenario de la salud pública de nuestro país era
muy diferente al de la actualidad, los problemas de sobrepeso y obesidad
se han incrementado alarmantemente en las últimas dos décadas
y esto sólo se ha reconocido en el plan nacional de desarrollo 2007-2012.
Resulta obvio que la redacción del artículo 115 tenía
una percepción más enfocada a la desnutrición y no
así a la mala nutrición, el sobrepeso o la obesidad.
Derivado de lo anterior, el texto vigente se ve rebasado
ante una problemática sumamente compleja y que requiere de atención
inmediata, no sólo por parte de la autoridad, que es en lo que como
legisladores podemos incidir, sino de la sociedad misma, ya que es un problema
que requiere la decisión de cada individuo.
En el texto vigente del artículo 115, se establece
que corresponde a la Secretaría de Salud proporcionar a la Secretaría
de Comercio y Fomento Industrial los elementos técnicos en materia
nutricional, para los efectos de la expedición de las normas oficiales
mexicanas.
Los promoventes de las dos iniciativas que se estudian
en el presente dictamen, persiguen un mismo objetivo, al buscar una mejor
y mayor coordinación entre la Secretaría de Salud y otras
dependencias de la Administración Pública Federal, en lo
que a nutrición se refiere.
Es evidente que esta coordinación se debe dar con
la actual Secretaría de Economía, respecto, por ejemplo a
las normas oficiales mexicanas sobre etiquetado o los procesos de producción
de alimentos y bebidas; sin embargo, con el afán de otorgar una
congruencia a la Ley Vigente consideramos prudente reformar la fracción
VIII para que se sustituya el nombre de la Secretaría de Comercio
y Fomento Industrial, por el actual de Secretaría de Economía.
Con este fin proponemos la siguiente redacción
en la fracción VIII del artículo 115:
VIII. Proporcionar a la Secretaría de Economía,
los elementos técnicos en materia nutricional, para los efectos
de la expedición de las normas oficiales mexicanas.
11. Como se señaló anteriormente, ambas
propuestas buscan la adición de una fracción IX al artículo
115, dicha adición es viable y prudente, sin embargo consideramos
que la sintaxis de la propuesta de la Diputada Contreras Julián
y el Diputado Ramírez Barba, resulta más congruente con las
propuestas de la dictaminadora y que a su vez engloba los objetivos de
ambas iniciativas, siendo éste la necesaria coordinación
de la Secretaría de Salud con la Secretaría de Educación
a fin de promover una adecuada nutrición en los niños y jóvenes.
La aportación sería sumamente valiosa, ya que daría
mayores atribuciones a las autoridades escolares para disminuir el problema.
Para comprobar la importancia de la reforma planteada,
basta señalar que según refiere el estudio elaborado por
la Fundación Mexicana para la Salud, que hemos citado con antelación,
los maestros de escuelas públicas y privadas manifestaron como principales
limitantes para abordar de manera directa y exitosa el problema de obesidad
son:
• Falta de información clara y concreta sobre
la obesidad. No han tenido programas de capacitación que permitan
orientarlos sobre el tema y, en particular, no cuentan con herramientas
que les permitan implantar acciones concretas.
• No cuentan con redes de apoyo. Se perciben sin el apoyo
de instituciones públicas o privadas que les proporcionen información
y los apoyen con acciones directas.
• No se perciben con autoridad moral para hablar de obesidad,
ya que algunos maestros reconocen que ellos mismos padecen de obesidad,
que tienen malos hábitos y que incluso son malos ejemplos para sus
alumnos.
• No se ubican como responsables del problema, algunos
maestros consideran que la obesidad es un problema que empieza en casa,
por lo que no se sienten comprometidos en su solución, responsabilizan
totalmente a la familia y particularmente a la madre.
Por estas razones y siendo el entorno escolar el medio más
propicio para influir en la conducta alimentaría del individuo,
sin que ello signifique una intromisión en su vida privada, creemos
que una coordinación de la Secretaría de Salud y de Educación
resulta indispensable para combatir la epidemia de sobrepeso y obesidad
infantil, razón por la cual coincidimos con la percepción
de los promoventes.
12. Por lo que respecta a la propuesta del Diputado
Puente Salas de adicionar un último párrafo al artículo
216, es necesario hacer algunas precisiones. El promovente pretende incluir
en etiquetas y envases de refrescos o bebidas carbonatadas con azúcar
la siguiente leyenda: "El abuso en el consumo de este producto puede causar
obesidad".
A pesar de que compartimos la preocupación del
promovente por el elevado consumo de refrescos en nuestro país,
ya que, según el Instituto Nacional de Estadística Geografía
e Informática, la Encuesta de Ingreso y Gasto de los Hogares 2002-2004,
mostró que del gasto familiar se destina poco más de 5 mil
pesos por año al consumo de refrescos; y que los porcentajes destinados
para comprar tortilla y fríjol son menores que el gasto destinado
a la compra de refrescos; y que el Banco de México, refiere que
a la familia mexicana le importa más tomarse un refresco que nutrirse;
es de suma importancia no adoptar políticas públicas basadas
en percepciones falsas. Es decir, si bien el consumo de refrescos en el
país es de los más elevados del mundo, no es la única
causa del incremento de la obesidad, por lo que no debemos responsabilizar
a un solo alimento o bebida por las decisiones de cada individuo.
Consideramos que es una prioridad informar al consumidor
de forma veraz sobre los productos que se expenden, responsabilidad que
la autoridad debe imponer al fabricante.
Aunado a lo anterior, es importante señalar el
factor que juega la publicidad en el problema de la obesidad. Según
el estudio elaborado por la Fundación Mexicana para la Salud la
influencia publicitaria en productos de consumo tiene un gran impacto sobre
las decisiones, gustos, preferencias y actitudes de los niños, ellos
adoptan sus marcas, se identifican con ellas, les gustan, son parte de
sus vidas y lo más importante, las madres toman el papel de compradoras
de lo que piden sus hijos, quienes son quienes en la mayoría de
los casos deciden la compra.
Afirman que es tal la fuerza del impacto publicitario
en los niños, que logra que un niño salga a escondidas de
los papás a comprar lo que acaba de ver en televisión, es
tan fuerte que ocasiona que un niño se motive a juntar dinero para
comprarse un antojo que vio en televisión, es tan fuerte que ocasiona
que se porten bien durante la semana para que sean premiados con la visita
a algún restaurante de comida rápida, es tan fuerte la influencia
publicitaria que ocasiona cambios de conducta, a consecuencia de la identificación
con el producto, con las expresiones verbales empleadas en el comercial,
con las personalidades de los actores o por ser un producto de moda entre
los niños.
La influencia publicitaria ocasiona actitudes de comportamiento
e identificación en los infantes, que ocasionan el consumo y lealtad
hacia productos, que llegan a ser parte de la vida cotidiana de los niños.
Por estas razones, consideramos que, en lugar de imponer
la obligación de incluir leyendas precautorias, como las propuestas
por el Diputado Puente salas las cuales además incurrirían
en una falsedad, sería de mayor utilidad imponer una mayor obligación
en lo que se refiere a campañas publicitarias, mediante una reforma
al artículo 307, quedando de la siguiente forma:
307. …
La publicidad deberá inducir a estilos de vida
saludables y no atribuir a los alimentos y bebidas no alcohólicas
un
valor superior o distinto al que tengan en realidad.
La publicidad de alimentos y bebidas no alcohólicas
deberá incluir en forma visual, auditiva o visual y auditiva, según
sea para impresos, radio o cine y televisión, respectivamente, mensajes
precautorios de la condición del producto o mensajes promotores
de estilos de vida saludables.
Consideramos que una reforma como la que plantea esta
dictaminadora, obligará a la industria a promover con veracidad
las características de sus productos y a difundir los estilos de
vida saludables, sin enfrentarnos a la disyuntiva de contravenir el texto
constitucional en su artículo 5º.
13. En otro orden de ideas, es necesario incorporar
en un artículo transitorio la disponibilidad de recursos a fin de
garantizar la aplicación de la reforma realizada, en congruencia
con los objetivos que plantea la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria que en el párrafo segundo de su artículo 1 establece
que "Los sujetos obligados a cumplir las disposiciones de esta Ley deberán
observar que la administración de los recursos públicos federales
se realice con base en criterios de legalidad, honestidad, eficiencia,
eficacia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control,
rendición de cuentas y equidad de género."
Asimismo, la Ley citada precisa en su artículo
18 la obligación que las Comisiones del Congreso tienen para realizar
una valoración del impacto presupuestario de las iniciativas de
ley o decreto, con el apoyo del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas
de la Cámara de Diputados, y pudiendo solicitar opinión a
la Secretaría sobre el proyecto de dictamen correspondiente.
Por estas razones consideramos pertinente la inclusión
de un artículo Segundo Transitorio al Proyecto de Decreto en los
siguientes términos:
Segundo. Las erogaciones que deban realizarse a fin
de ejecutar el programa nacional, control de peso y obesidad a que se refiere
la fracción IX del artículo 115, se sujetarán a la
disponibilidad presupuestaria aprobada por la Cámara de Diputados,
las legislaturas de los estados, así como la Asamblea Legislativa
del Distrito Federal, para tal efecto, en sus respectivos presupuestos.
Por lo anteriormente expuesto los integrantes de esta
comisión de Salud de la LX Legislatura, con las atribuciones que
otorgan los artículos 73 fracción XVI, de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos
45 numeral 6, inciso e) y f) de la Ley Orgánica del Congreso General
de los Estados Unidos Mexicanos, 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno
Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, ponen a
su consideración el siguiente proyecto de
Decreto por el que se reforma la fracción III
del artículo 112, las fracciones II y VIII del artículo 115,
el artículo 307 y se adiciona una fracción IX al artículo
115 de la Ley General de Salud.
Artículo Único. Se reforma la fracción
III del artículo 112, las fracciones II y VIII del artículo
115, el artículo 307 y se adiciona una fracción IX al artículo
115 de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:
Artículo 112. La educación para la
salud tiene por objeto:
I. a II. …
III. Orientar y capacitar a la población preferentemente
en materia de nutrición y actividad física,
salud mental, salud bucal, educación sexual, planificación
familiar, riesgos de automedicación, prevención de farmacodependencia,
salud ocupacional, salud visual, salud auditiva, uso adecuado de los servicios
de salud, prevención de accidentes, prevención y rehabilitación
de la invalidez y detección oportuna de enfermedades.
Artículo 115. …
I. …
II. Normar el desarrollo de los programas y actividades
de educación en materia de nutrición, prevención,
tratamiento y control de la desnutrición, sobrepeso y obesidad,
encaminados a promover estilos de vida saludables, preferentemente
en los grupos sociales más vulnerables.
III. a VII. …
VIII. Proporcionar a la Secretaría de
Economía, los elementos técnicos en materia nutricional,
para los efectos de la expedición de las normas oficiales mexicanas.
IX. Elaborar y coordinar un programa nacional de nutrición,
control de peso y obesidad, con especial atención en niños
y en adolescentes.
Para la ejecución del programa a que se refiere
la fracción IX del presente artículo, la Secretaría
de Salud se coordinará con la Secretaría de Educación
Pública, los gobiernos de las entidades federativas y el Consejo
de Salubridad General.
Artículo 307. Tratándose de publicidad
de alimentos y bebidas no alcohólicas, ésta no deberá
asociarse directa o indirectamente con el consumo de bebidas alcohólicas.
La publicidad deberá inducir a estilos de vida
saludables y no atribuir a los alimentos y bebidas no alcohólicas
un valor superior o distinto al que tengan en realidad.
La publicidad de alimentos y bebidas no alcohólicas
deberá incluir en forma visual, auditiva o visual y auditiva, según
sea para impresos, radio o cine y televisión, respectivamente, mensajes
precautorios de la condición del producto o mensajes promotores
de estilos de vida saludables.
Transitorios
Primero. El presente decreto entrará en
vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario
Oficial de la Federación.
Segundo. Las erogaciones que deban realizarse a
fin de ejecutar el programa nacional, control de peso y obesidad a que
se refiere la fracción IX del artículo 115, se sujetarán
a la disponibilidad presupuestaria aprobada por la Cámara de Diputados,
las legislaturas de los estados, así como la Asamblea Legislativa
del Distrito Federal, para tal efecto, en sus respectivos presupuestos.
Notas
1. Diccionario de la lengua española. Vigésima
segunda edición.
2. Obesidad, alimentación y actividad física,
trigésima séptima sesión del Subcomité de Planificación
y Programación del Comité Ejecutivo. Organización
Panamericana de la Salud. http://www.paho.org/spanish/gov/
3. Percepciones de escolares de 6 a 12 años
y sus padres con relación a los factores que provocan obesidad.
Instituto de Investigaciones Sociales. Fundación Mexicana para la
Salud. 2008.
4. Revista Panamericana de Salud Pública,
volumen 13, número 5, Washington, mayo de 2003.
5. Diccionario de cáncer. Instituto Nacional
del Cáncer. http://www.cancer.gov
6. http://www.nlm.nih.gov
La Comisión de Salud
Diputados: Ector Jaime Ramírez
Barba (rúbrica), José Antonio Muñoz Serrano (rúbrica),
Adriana Rebeca Vieyra Olivares (rúbrica), Efraín Morales
Sánchez (rúbrica), María Oralia Vega Ortiz (rúbrica),
Antonio Xavier López Adame, Juan Abad de Jesús (rúbrica),
Efraín Arizmendi Uribe (rúbrica), Ricardo Cantú Garza
(rúbrica), Julián Maricela Contreras, María Mercedes
Corral Aguilar (rúbrica), Joaquín Conrado de los Santos Molina,
Daniel Dehesa Mora (rúbrica), Nemesio Domínguez Domínguez,
Ángel Humberto García Reyes (rúbrica), Beatriz Eugenia
García Reyes (rúbrica), Yolanda Mercedes Garmendia Hernández
(rúbrica), Tomás Gloria Requena, Lorena Martínez Rodríguez
(rúbrica), Holly Matus Toledo (rúbrica), Fernando Enrique
Mayans Canabal, Roberto Mendoza Flores, Elizabeth Morales García,
Gilberto Ojeda Camacho (rúbrica), Martha Rocío Partida Guzmán,
Jorge Quintero Bello (rúbrica), José Ignacio Alberto Rubio
Chávez (rúbrica), María Gloria Guadalupe Valenzuela
García.
DE LA COMISIÓN DE SALUD,
CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA EL ARTÍCULO 222 BIS A LA LEY
GENERAL DE SALUD
Honorable Asamblea:
A la Comisión de Salud de la LX Legislatura fue
turnada para su estudio y dictamen la iniciativa con proyecto de decreto
que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud,
presentada por el diputado Ector Jaime Ramírez Barba y suscrita
por diversos legisladores del Grupo Parlamentario del Partido Acción
Nacional.
La Comisión de Salud con fundamento en las atribuciones
que le otorga los artículos 39, numerales 1o. y 3o., 43, 44, 45
y de los demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso
General de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, 56, 60, 87, 88, 89 y 93
del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados
Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta honorable asamblea,
el presente dictamen de acuerdo con la siguiente:
Metodología
La comisión encargada del análisis y dictamen
de la iniciativa mencionada anteriormente, desarrolla su trabajo conforme
el procedimiento que a continuación se describe:
I. En el capítulo de "Antecedentes" se da constancia
del trámite, del proceso legislativo, del recibo en turno para el
dictamen de la referida iniciativa y de los trabajos previos de la comisión
dictaminadora.
II. En el capítulo correspondiente a "Contenido",
se sintetiza el alcance de la propuesta de reforma en estudio.
III. En el capítulo de "Consideraciones", la comisión
dictaminadora expresa los argumentos de valoración de la propuesta
y de los motivos que sustentan la decisión de respaldar o desechar
la propuesta en análisis.
I. Antecedentes
En sesión celebrada con fecha 2 de abril de 2008,
fue presentada ante el Pleno de la Cámara de Diputados la iniciativa
con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de
la Ley General de Salud.
Con la misma fecha, la Mesa Directiva de éste órgano
legislativo turnó la mencionada iniciativa a la Comisión
de Salud para su estudio y posterior dictamen.
II. Contenido
En su exposición de motivos, el promovente manifiesta
que la biotecnología moderna congrega diversas ramas científicas
y éste carácter multidisciplinario ha potencializado el desarrollo
científico de diversos productos útiles para consumo humano,
creando una clara distinción entre la biotecnología moderna
y la biotecnología tradicional.
Señala que las aplicaciones de la biotecnología
para la solución de problemas relevantes del género humano
y de su entorno son una realidad cotidiana en México, al igual que
en la mayoría de los países del mundo, siendo nuestro país
un participante activo en capacidades científicas, técnicas
y productivas en el ámbito de la biotecnología y, en particular,
en la biotecnología farmacéutica.
Afirma que es necesario establecer las bases que permitan
construir progresivamente una regulación que armonice con el marco
regulatorio de las comunidades de países con mayor desarrollo en
esta materia, ya que los medicamentos biotecnológicos ofrecen a
médicos y a pacientes nuevas alternativas para tratar enfermedades
y situaciones clínicas que hasta hace algunos años no era
posible considerar.
Menciona también que en la regulación sanitaria
nacional no existen disposiciones específicas aplicables a los medicamentos
de origen biotecnológico, la Ley General de Salud contiene entre
otras clasificaciones, dos tipos de medicamentos para efecto de su autorización;
los que cumplen con pruebas clínicas a partir de características
individuales propias de su novedad denominados innovadores y, aquellos
medicamentos que cumplen con pruebas de intercambiabilidad a partir de
una referencia preexistente, en este caso los medicamentos innovadores
ya autorizados. A estos últimos se les denomina genéricos
intercambiables, los cuales demuestran seguridad y eficacia en términos
de su intercambiabilidad respecto de un medicamento innovador. A estos
últimos se les denomina genéricos intercambiables, los cuales
demuestran seguridad y eficacia en términos de su intercambiabilidad
respecto de un medicamento innovador. Sin embargo estas disposiciones sólo
aplican a los medicamentos cuyo principio activo es una molécula
resultante de síntesis química; diferencia esencial con los
medicamentos biotecnológicos.
Derivado de está necesidad, el promovente busca
adicionar una fracción al artículo 221 y un artículo
222 Bis para establecer una definición clara de medicamento biotecnológico
y las bases que normen la autorización de éste tipo de medicamentos.
III. Consideraciones
1. Se considera que la biotecnología moderna
nace a mediados de la década de los 70, cuando se inicia un avance
en el conocimiento sobre la forma en que están organizados los genes
en el genoma de un organismo vivo y se presenta la posibilidad de aislar
modificar y transplantar genes de un organismo a otro, transmitiendo así
nuevas características genéticas al organismo receptor, mismo
que se denomina transgénico y que debido al nuevo DNA es capaz de
producir proteínas novedosas, llamadas heterólogas. Esta
posibilidad origina una oportunidad para desarrollar organismos transgénicos
que a su vez produzcan proteínas con valor comercial y social, y
al desarrollo de tecnología biológica para producir proteínas
recombinantes.1
La biotecnología moderna es una actividad multidisciplinaria
cuya misión es usar el conocimiento derivado de diversos métodos
y disciplinas para resolver problemas en diferentes áreas, como
en este caso la salud, mediante el uso de sistemas vivos sus productos
y sus partes. Las técnicas de DNA recombinante han conseguido el
desarrollo de una biotecnología en la que es posible diseñar
organismos con diversas fuentes, consiguiendo de esta forma la producción
de nuevas proteínas y metabolitos, que evidentemente tienen un interés
comercial: por lo cual se ha desarrollado toda una industria alrededor
de la biotecnología, que se dedica a la producción de nuevas
moléculas y proteínas recombinantes, muchas de ellas humanas
y que anteriormente no se podían conseguir en forma masiva, dichas
moléculas han tenido un enorme impacto, no sólo en la investigación
para la salud, sino en el sector agrícola-pecuario y en el industrial.
Por citar algunos ejemplos, los productos recombinantes
que actualmente se utilizan son: la insulina humana, el interferón-a,
utilizado para el tratamiento de la leucemia; el interferón-b, para
infecciones bacterianas y cáncer; la interleucina-2, usada para
el cáncer; la hormona del crecimiento humana, para el enanismo;
activador de plasminógeno celular, para el infarto agudo al miocardio;
factor de necrosis tumoral, para el cáncer; factor VIII C, para
la hemofilia; entropoyetina, para la anemia y la falla renal crónica;
factor estimulante de crecimiento de colonia, para los efectos de la quimioterapia
y el SIDA, super óxido dismutasa, para el trasplante de riñón;
la vacuna de la hepatitis B y la vacuna para la polio.
Es evidente por lo referido con antelación la importancia
que ha tenido la biotecnología en la erradicación de enfermedades
como la polio y el tratamiento, del cáncer, la hepatitis, la diabetes,
entre otras, aunado a lo cual están las aún incalculables
posibilidades de su aprovechamiento en otros padecimientos; por lo que
es imperativo otorgar un estímulo a ésta nueva biotecnología
mediante un marco normativo adecuado.
2. Actualmente, la Ley General de Salud establece
en su artículo 17 Bis que la Secretaría de Salud ejercerá
las atribuciones de regulación, control y fomento sanitarios a través
de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos
Sanitarios, que según la fracción II del citado artículo
tiene bajo su competencia proponer al secretario de Salud la política
nacional de protección contra riesgos sanitarios así como
su aplicación en materia de: establecimientos de salud; medicamentos
y otros insumos para la salud; disposición de órganos, tejidos,
células de seres humanos y sus componentes; alimentos y bebidas,
productos de perfumería, belleza y aseo; tabaco, plaguicidas, nutrientes
vegetales, sustancias tóxicas o peligrosas para la salud; productos
biotecnológicos, suplementos alimenticios, materias primas y aditivos
que intervengan en la elaboración de los productos anteriores; así
como de prevención y control de los efectos nocivos de los factores
ambientales en la salud del hombre, salud ocupacional y saneamiento básico.
Asimismo, la ley vigente establece una definición
en su artículo 282 Bis del Titulo Décimo Segundo, Control
Sanitario de Productos y Servicios de su Importación y Exportación,
cuyo capítulo XII Bis se refiere a los productos biotecnológicos;
que a la letra dice:
Artículo 282 Bis. Para los efectos de
esta ley, se consideran productos biotecnológicos, aquellos alimentos,
ingredientes, aditivos, materias primas, insumos para la salud, plaguicidas,
sustancias tóxicas o peligrosas, y sus desechos, en cuyo proceso
intervengan organismos vivos o parte de ellos, modificados por técnica
tradicional o ingeniería genética.
En este orden de ideas, el artículo 282 Bis 1, señala
la obligación de notificar a la Secretaría de Salud, de todos
aquellos productos biotecnológicos o de los derivados de éstos,
que se destinen al uso o consumo humano, sin establecer disposiciones específicas
para cada tipo de producto. En consecuencia, dentro del marco normativo
vigente no existe una definición de lo que se debe entender por
medicamento biotecnológico, tampoco se establece un procedimiento
para su autorización en virtud de que no le son aplicables los requerimientos
previstos en la Ley para medicamentos de base química.
3. La necesidad de proveer el mejor marco jurídico
posible para el desarrollo de la biotecnología, propició
que la Comisión de Salud de la LX Legislatura de la Cámara
a de Diputados convocara a 2 foros con la participación de connotados
especialistas en las ramas relacionadas con la biotecnología farmacéutica
y las autoridades encargadas de vigilar la seguridad y eficacia de los
medicamentos.
Esta necesidad ha comprometido también a los legisladores
de las diversas fracciones parlamentarias representadas en esta legislatura,
de manera destacada los senadores miembros de la Comisión de Salud
de la colegisladora aprobaron en septiembre de 2007, un punto de acuerdo
exhortando a la Cofepris para tomar las medidas necesarias para evitar
los riesgos derivados de la ausencia de regulación específica
para la autorización de medicamentos biotecnológicos. En
este sentido, las observaciones y recomendaciones de los senadores María
Elena Orantes y Ernesto Saro han sido de particular importancia para la
discusión de este tema en esta comisión.
Con estos antecedentes, la iniciativa en estudio, pretende
adicionar un artículo 222 Bis, que establezca las características
básicas de los medicamentos de origen biotecnológico y especifique
los criterios generales para su autorización en la Ley General de
Salud.
4. La definición propuesta en la iniciativa
nos parece adecuada, ya que se ha considerado que las proteínas,
a diferencia de las moléculas obtenidas por procesos químicos,
son 100 a mil veces mayores y poseen estructuras moleculares complejas
que no pueden ser totalmente caracterizadas por los métodos analíticos
actualmente disponibles.
A diferencia de los medicamentos tradicionales, los biotecnológicos
son obtenidos de células vivas, las cuales, son muy sensibles a
las condiciones de cultivo. Incluso pequeñas modificaciones en el
proceso de producción (tales como variaciones en la temperatura
o ph, contenido solutos entre otras) pueden dañar significativamente
la estructura terciaria de la proteína, lo cual puede neutralizar
o modificar de forma importante la función terapéutica de
ésta. Lo anterior es especialmente importante para los dos principales
grupos de medicamentos biotecnológicos actualmente disponibles:
las proteínas obtenidas por tecnología recombinante y los
anticuerpos monoclonales. En ambos casos la estabilidad de la estructura
proteínica es fundamental para que logren realizar sus funciones
a través de los receptores específicos o el reconocimiento
de las moléculas a las que están dirigidas.2
Los medicamentos biotecnológicos se distinguen
de los medicamentos tradicionales por ser productos heterogéneos
que tienen un complejo mecanismo de acción, ser altamente específicos,
poseer mayor riesgo inmunogénico, requerir de un complejo proceso
de producción y purificación, y ser relativamente inestables.
Es evidente, que este tipo de medicamentos demandan la introducción
de nuevas regulaciones, así como prácticas para su producción
y distribución que garanticen la seguridad de los pacientes.
Al expirar las patentes de algunos de los medicamentos
biotecnológicos disponibles, es esperado que comiencen a introducirse
medicamentos biotecnológicos no innovadores que deberán asegurar
su comparabilidad con los productos innovadores originales como sucede
con las moléculas químicas de los medicamentos tradicionales.
Sin embargo, como se describió anteriormente, dado la complejidad
de la producción y fabricación de este tipo de productos,
no es posible copiar de manera idéntica la estructura y el proceso
de producción de los medicamentos biotecnológicos innovadores.
Así, los productos biotecnológicos de segunda
generación no pueden considerarse como los genéricos tradicionales,
y el término biogenérico resulta inadecuado debido a que
las pruebas requeridas para demostrar que estos productos son comparables
al producto de referencia, dependen del nivel de complejidad de la molécula
y por tanto no serían suficientes las pruebas que se aplican actualmente
a los genéricos de síntesis química.
Resulta indispensable establecer una definición
de lo que para términos de la Ley se entenderá por medicamento
biotecnológico y medicamento biotecnológico no innovador,
la definición propuesta en la iniciativa recoge las inquietudes
manifestadas por los integrantes de los dos foros organizados por la Comisión
de Salud y provee de una certeza jurídica para la industria, los
profesionales de la salud y primordialmente los usuarios de los servicios
de salud que se verán beneficiados con el desarrollo de ésta
tecnología.
De este modo, la Ley General de Salud, establecerá
de forma clara lo que se entenderá por medicamento biotecnológico
innovador y biotecnológico no innovador, siendo ejemplo a nivel
mundial, ya que según lo refirió el doctor Jacques C. Mascaro,
experto en regulación sanitaria europea, el marco regulatorio de
los biosimilares no está armonizado, a pesar de que la Unión
Europea es la más avanzada en este tema, existen muchas otras regiones
cuyos planes nacionales se encuentran limitados o ni siquiera cuentan con
procesos regulatorios, lo cual origina un riesgo para los pacientes respecto
a la seguridad, calidad y eficacia de estos productos.3
Las autoridades de la Unión Europea han establecido
las primeras bases legales para este marco regulatorio las cuales se concretaron
más claramente después de una reunión de las autoridades
de la Emea/DIA (European Medicines Agency y Drug Information Association
por sus siglas en inglés, respectivamente) en Paris a finales de
2005. En dicha reunión se estableció que los productos biotecnológicos
no innovadores (o biosimilares como se les conoce en Europa) no son productos
genéricos por lo que requieren de una aproximación en su
desarrollo, evaluación y registro de acuerdo a su naturaleza específica
y complejidad. Por lo anterior la Emea realizó las guías
correspondientes y mantiene una apertura a futuros diálogos con
relación a estos medicamentos. De este modo la comunidad europea,
las compañías que desarrollan medicamentos biotecnológicos
tienen la responsabilidad de seguir estas recomendaciones para asegurar
que los productos cumplen con los estándares de calidad, seguridad
y eficacia esperada por los pacientes y la comunidad médica. Por
su parte, las autoridades regulatorias deberán garantizar que la
evaluación clínica de estos productos no ponga en riesgo
a los pacientes.
La definición propuesta en la iniciativa establece
lo siguiente:
"Artículo 221. …
I. a V. …
VI. Medicamentos biotecnológicos. Aquellos cuyo
principio activo es de origen biológico de tipo proteico, con una
estructura molecular extensa y compleja, desarrollados por técnicas
de ingeniería genética. Los medicamentos biotecnológicos
innovadores serán referencia para los medicamentos biotecnológicos
no innovadores, a los cuales se les denominará biosimilares."
A pesar de coincidir en lo general con la definición
propuesta en la iniciativa, esta comisión dictaminadora considera
más viable que la definición de los medicamentos biotecnológicos
y biosimilares se establezca en el artículo 222 Bis que se pretende
adicionar.
La iniciativa en estudio propone adicionar una fracción
al artículo 221 de la Ley General de Salud, sin embargo, ésta
comisión ha considerado que en virtud de las características
propias de los medicamentos de origen biotecnológico, incorporar
la definición legal al artículo 222 Bis propuesto para las
condiciones de autorización, aportaría mayor claridad en
la aplicación de estas disposiciones.
La definición propuesta establece claramente la
diferencia entre los medicamentos biosimilares y los biotecnológicos
innovadores, lo anterior debido a que, como lo hemos explicado, es imposible
por su naturaleza que un medicamento con un principio biológico
sea considerado como genérico ya que no puede ser replicado de manera
idéntica sin embargo no creemos que la denominación más
adecuada sea la de biosimilares, ya que según el Diccionario de
la Real Academia Española, la palabra "similar" significa: "similar.
(De símil).
1. Adjetivo, que tiene semejanza o analogía con
algo."4
Dicha connotación sería incorrecta, toda vez
que un gran número de las proteínas recombinantes pueden
ser químicamente iguales entre sí, lo cual será aún
más frecuente con el avance de las técnicas analíticas,
es decir que en un futuro la mayor parte de las moléculas utilizadas
serán desde un punto de vista químico característicamente
iguales, a pesar de que provengan de fuentes distintas.
Para establecer la diferencia, basta con referirnos a
biotecnológicos no innovadores, designado así a macromoléculas
complejas que se obtengan por síntesis intracelular de organismos
genéticamente modificados y que tendrán un control de calidad
específico, para garantizar su seguridad y eficacia.
Lo más trascendente de la propuesta de la comisión,
radica en que será más sencillo para el consumidor final,
es decir, médicos y pacientes, contar con la certeza de que el producto
que están consumiendo es seguro para su consumo, ya que la palabra
"similar" añade un aspecto negativo a un producto que ha demostrado
su calidad, eficacia y seguridad ante la autoridad sanitaria para su uso.
Aunado a lo anterior, esta comisión ha considerado
sustituir el término "deberán" por el de "podrán"
cuando en la adición propuesta se refiere a que "Los medicamentos
biotecnológicos innovadores podrán ser referencia para los
medicamentos biotecnológicos no innovadores", en virtud de que si
bien es cierto que en principio deben ser los medicamentos biotecnológicos
innovadores la referencia más adecuada para el desarrollo de otros
medicamentos, por excepción y previa evaluación del caso
por la autoridades competentes, se podría considerar como medicamento
de referencia para efecto de autorización sanitaria a algún
medicamento biotecnológico no innovador. De modo tal que la propuesta
de la comisión quedaría en los siguientes términos:
Artículo 222 Bis. Para efectos de esta
ley, se considera medicamento biotecnológico toda sustancia que
haya sido producida por biotecnología molecular, que tenga efecto
terapéutico, preventivo o rehabilitatorio, que se presente en forma
farmacéutica, que se identifique como tal por su actividad farmacológica
y propiedades físicas, químicas y biológicas. Los
medicamentos biotecnológicos innovadores podrán ser referencia
para los medicamentos biotecnológicos no innovadores.
5. La iniciativa plantea como objeto de la adición
del artículo 222 Bis las autorizaciones de la Secretaría
de Salud para aquellos medicamentos biotecnológicos que culpan con
los requisitos, pruebas y requerimientos de calidad, eficacia y seguridad.
Es evidente que esta Comisión dictaminadora coincide plenamente
con la intención del promovente, pero derivado de la modificación
referida con antelación, este tema sería tratado en un párrafo
segundo del artículo 222 bis, proponiendo para tal efecto el siguiente
texto:
"Las disposiciones reglamentarias establecerán
la clasificación de los mismos, conforme a lo dispuesto en esta
Ley y de acuerdo a los avances de la ciencia en la materia y se mantendrán
permanentemente actualizadas."
Esta disposición permitirá actualizar de manera
permanente y conforme a los avances de la biotecnología farmacéutica,
el tipo de productos que deberán estar sujetos a esta regulación
específica. La remisión a las disposiciones reglamentarias
de la Ley permite también mayor flexibilidad para la actualización
de dicha clasificación de medicamentos biotecnológicos para
responder a los avances científicos reconocidos en la comunidad
internacional.
Asimismo, y respetando plenamente el espíritu de
la iniciativa, esta comisión propone que, para efecto de la autorización
de estos medicamentos, se establezca que: "Para la obtención
del registro sanitario de medicamentos biotecnológicos, el solicitante
deberá cumplir con los requisitos y pruebas que demuestren la calidad,
seguridad y eficacia del producto, de conformidad con las disposiciones
de esta Ley, sus reglamentos y demás disposiciones jurídicas
aplicables."
Esta disposición resulta igualmente relevante en
el sentido manifestado por diversos miembros de esta Comisión, y
particularmente en coincidencia con las observaciones enviadas por la Dip.
Lorena Martínez para que en la medida de lo posible, la iniciativa
permita establecer criterios claros de reglamentación que complementen
de manera adecuada lo dispuesto por la Ley General de Salud.
Por lo que se refiere a los párrafos segundo y
tercero de la iniciativa en estudio, ésta Comisión considera
trascendental dotar de certeza al consumidor respecto al medicamento, por
lo que consideramos que con la siguiente propuesta se enriquece la intención
del promovente para asegurar la seguridad, calidad y eficacia de los medicamentos
no innovadores:
"Para efectos de lo dispuesto en el párrafo
anterior, conforme a lo establecido en esta ley, sus reglamentos y demás
disposiciones generales aplicables, se determinarán los medicamentos
biotecnológicos de referencia. El solicitante de registro sanitario
de biotecnológicos no innovadores que sustente su solicitud en un
medicamento biotecnológico de referencia, deberá presentar
los estudios clínicos y, en su caso in-vitro que de conformidad
con las disposiciones que para tal efecto emita la Secretaría, sean
necesarios para demostrar la seguridad, eficacia y calidad del producto."
Lo anterior resulta indispensable ya que para poder establecer
la comparabilidad no es suficiente basarse en la evaluación de los
cambios específicos que realiza la compañía de biotecnológicos
no innovadores sobre un producto y su proceso de fabricación en
el que se emplee una nueva estirpe celular o en el que se hayan introducido
múltiples modificaciones, sin contar con los datos previos del proceso,
los controles de calidad, ni la información preclínica y
clínica. La capacidad para entender el impacto de estas modificaciones
sobre la calidad, seguridad y eficacia de un medicamento biotecnológico,
exclusivamente a partir de los datos analíticos, disminuye considerablemente
si no se tiene acceso a los antecedentes de dicho producto.
Si el fabricante de medicamentos biotecnológicos
no innovadores carece de la descripción de las etapas del proceso
de fabricación (incluyendo materiales de partida y banco de células),
con sus datos cualitativos y cuantitativos, así como los antecedentes;
no puede poseer información detallada de los datos preclínicos,
clínicos y de fármaco vigilancia. Dichos requisitos, además
de estar íntimamente relacionados, requieren una gran experiencia
y conocimientos técnicos y científicos en materia de biotecnología.
La ausencia de elementos esenciales, como los estándares
de referencia o el historial de lotes del principio activo, y la falta
de acceso a los datos del control de calidad durante el proceso hace imposible
comparar los procesos de forma precisa.
Aunado a lo anterior, existen pocos datos publicados sobre
métodos analíticos validados y éstos tienen una capacidad
limitada para evaluar la actividad al momento de caracterizar el medicamento
biotecnológico. Por lo anterior es necesario disponer de datos resultantes
de las pruebas clínicas y en algunos casos in-vitro para demostrar
la comparabilidad en cuanto a calidad, seguridad y eficacia con respecto
al producto de referencia.
Existe pues, un riesgo considerable para la salud pública
en relación con la posibilidad de respuestas inmunológicas
atribuibles a múltiples factores, tales como: la propia sustancia
farmacéutica, su tamaño molecular, sus otras propiedades
intrínsecas (ej. solubilidad), los excipientes y vehículos
utilizados en la formulación del medicamento, u otros factores relacionados
con el propio paciente. Estas respuestas pueden alterar las propiedades
del medicamento afectando su eficacia o su seguridad para la población
tratada y desafortunadamente no serían detectables por métodos
analíticos convencionales.
La inmunogenicidad es la habilidad que tiene el cuerpo
humano de generar una respuesta ante la introducción de una proteína
extraña. Básicamente existen dos formas en que puede ocurrir
la inmunogenicidad: a través de impurezas o mediante la formación
de agregados que regularmente son considerados como extraños por
el organismo.
El uso de medicamentos cuya calidad se desconoce puede
inducir a una respuesta inmune, en la que probablemente algunos casos no
tienen clínicamente consecuencias relevantes. Sin embargo, otros
pueden tener consecuencias graves y potencialmente letales, es decir, por
un lado puede producirse la pérdida de eficacia del medicamento,
o peor aún, favorecer el desarrollo de eventos de autoinmunidad
a las propias moléculas del organismo. Existen evidencias con relación
al uso de eritropoyetinas donde se han observado consecuencias clínicas
de inmunogenicidad, como fue el caso de la aplasia pura de células
rojas (PRCA, por sus siglas en inglés) descritas para la eritropoyetina
alfa a principios de siglo.5
Puesto que no es posible prever la inmunogenicidad que
puede ocasionar el medicamento biotecnológico no innovador mediante
modelos preclínicos, ésta deberá evaluarse siempre,
antes de la aprobación del producto. Las autoridades reguladoras
y los expertos coinciden en que es indispensable contar con datos suficientes
para realizar una evaluación del riesgo de inmunogenicidad para
demostrar la seguridad y la eficacia de un medicamento biotecnológico
no innovador. Este riesgo debe evaluarse al través de estudios clínicos
apropiados, con un número suficiente de pacientes, así como
con un adecuado programa de fármaco vigilancia y datos epidemiológicos
pertinentes.6
6. Como señala el promovente en su exposición
de motivos, es necesario que un órgano colegiado de consulta y apoyo
sea quien se encargue de proponer a la Secretaría de Salud las pruebas
clínicas aplicables a cada medicamento no innovador, con la finalidad
de garantizar caso por caso (es decir, de manera individual) y en condiciones
óptimas, la seguridad y eficacia de los mismos, su consumo seguro
y, por ende, su aceptación por médicos y pacientes.
Para cumplir con lo anterior y ante la inquietud de legisladores
como el diputado Fernando Enrique Mayans Canabal, ésta comisión
propone una redacción distinta a la de la iniciativa, pero que es
evidentemente concordante con el espíritu de la misma, señalando
que, "En caso de que no se hubieren emitido las disposiciones sobre los
estudios necesarios y sus características a que hace referencia
este artículo, éstos se definirán caso por caso, conforme
lo determine el Comité de Moléculas Nuevas."
La adición citada nos parece adecuada, toda vez
que el Comité de Moléculas Nuevas ya es parte de la Comisión
Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios. Según
lo señala el segundo párrafo de la fracción III del
artículo 166 del decreto que reforma, adiciona y deroga diversas
disposiciones del Reglamento de Insumos para la Salud, publicado el 2 de
enero de 2008, dicho comité estará integrado por el comisionado
de Autorización Sanitaria, el director ejecutivo de Autorización
de Productos y Establecimientos, el director del Centro Nacional de Farmacovigilancia
y representantes de las asociaciones académicas; lo que lo convierte
en la instancia apropiada para la elaboración de las normas y lineamientos
necesarios para asegurar la seguridad, calidad y eficacia de los medicamentos
no innovadores.
A sugerencia de la diputada Lorena Martínez, se
propone una redacción que garantizando la seguridad y eficacia de
los medicamentos no innovadores, también dé una alternativa
a que estos sean más económicos, facilitando su proceso de
registro estableciendo lo siguiente: "Al producto que se pretende registrar
se le harán estudios clínicos o in vitro dependiendo del
uso médico en que se utilizará."
Esta disposición resulta adecuada pues resulta
indispensable evaluar cada uno de los productos sujetos a autorización
sanitaria para garantizar la seguridad, calidad y eficacia necesarias en
este tipo de medicamentos, sin por esto desaprovechar la experiencia que
ya se tiene con los biotecnológicos innovadores.
Es importante hacer mención que actualmente el
sistema de fármacovigilancia aplica a todos los medicamentos, aunado
a lo anterior, se realizan programas específicos en los casos determinados
por el Comité de Moléculas Nuevas, conforme al estudio de
cada caso concreto.
Asimismo, es prudente mencionar que el referido comité,
debido a su naturaleza científica y técnica, es integrado
por expertos provenientes de instituciones profesionales, instituciones
de investigación y reconocidas universidades, acreditando su conocimiento
y dominio de cada tema, contando la documentación que avala dicho
conocimiento.
7. Otra inquietud que se ve resuelta con el texto
propuesto en la iniciativa que se estudia es la identificación que
se debe hacer en etiquetas y empaques de los medicamentos no innovadores
y los medicamentos biotecnológicos innovadores, para tal efecto
se propone que el decreto quede de la siguiente manera:
"Los medicamentos biotecnológicos innovadores
y los no innovadores deberán identificarse y diferenciarse como
tales en sus etiquetas y empaques de conformidad con las disposiciones
aplicables."
Para implantar una farmacovigilancia eficaz resulta indispensable
identificar claramente el medicamento biotecnológico no innovador
por medio de un nombre comercial específico. En caso de que aparezcan
reacciones adversas, especialmente por inmunogenicidad, ese nombre específico
permitirá identificar y asegurar el seguimiento del producto empleado,
tal y como se exige actualmente a los medicamentos innovadores. De este
modo, se entiende que la utilización de un medicamento biotecnológico
no implica que sea aceptable la práctica de sustitución,
ya que se trata de un medicamento alternativo con otro nombre comercial
y sus propios datos de eficacia y seguridad clínica, descritos detalladamente
en el documento de Información para Prescribir (IPP) correspondiente.
Lo anterior es con la única finalidad de que el usuario y el profesional
de la salud tengan la certeza de que están utilizando un producto
que ha cumplido con todos los requisitos y pruebas que la autoridad ha
impuesto, demostrando su seguridad, eficacia y calidad, pero no que son
innovadores, permitiendo así una decisión informada.
La iniciativa en estudio proponía originalmente
la diferenciación "en los cuadros básicos y catálogos
de medicamentos y en la prescripción de los medicamentos a que se
refiere este artículo." Esta comisión ha considerado redundante
esta precisión, pues es claro que al identificar en empaques y etiquetas
este tipo de productos, tal obligación repercute en todos los procesos
de carácter público y privado, ligados al acceso de la población
a estos productos.
8. En relación con los artículos
transitorios, está comisión Dictaminadora, particularmente
la diputada María Oralia Vega Ortiz, consideró prudente otorgar
un plazo más amplio, a fin de que la Secretaría de Salud
pueda emitir las disposiciones necesarias para el cumplimiento del decreto,
proponiendo que dicho plazo sea de 180 días.
9. Del mismo modo, la Comisión de Salud
considera necesaria la inclusión de un artículo tercero transitorio,
con la finalidad de que en congruencia con lo dispuesto por la Ley Federal
sobre Metrología y Normalización se haga la adecuación
a las normas oficiales mexicanas relacionadas con estos productos.
10. Es importante señalar que durante los
trabajos del foro celebrado el 15 de Agosto de 2007, el doctor Gustavo
Olaiz Fernández, comisionado de Autorización Sanitaria de
la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios
señaló que:
"La regulación de los biocomparables debe considerar
la complejidad del proceso. No solo se considerará el proceso de
registro sino también el proceso de liberación posterior
para la comercialización".
"Desde luego no se considera necesario repetir todos los
estudios cuando así se considera suficiente para la seguridad".
"El producto de referencia debe haber sido registrado
en México además de que el innovador no debe tener patente".
"El innovador va a definir para el biocomparable la forma
farmacéutica, potencia y la vía de administración".
"Debe tener perfil similar de seguridad y cumplir con
todos los estándares igual que cualquier innovador".
"Implícitamente se acepta el revisar caso por caso".
"Debemos alentar un mercado nacional competitivo y de
desarrollo, hay un enorme potencial de crecimiento en este campo por perdidas
de patente".
"Se requiere implementar es identificar estrategias de
competitividad confinadas a los limites de seguridad, lo que más
nos interesa es la seguridad de los pacientes".
"Urge tener una norma de regulación."
11. Cumpliendo con el objetivo señalado por
los dos foros de consulta donde diversas autoridades y especialistas coincidieron
en la urgente necesidad de contar con una regulación específica
que permita aprovechar en beneficio de los mexicanos el desarrollo de la
biotecnología farmacéutica en condiciones óptimas
de calidad, seguridad y eficacia, la Comisión de Salud ha realizado
un trabajo incluyente de todos los puntos de vista respecto a un tema extremadamente
complejo, pero sumamente necesario, por lo que los integrantes de la Comisión
de Salud, coincidimos con las intenciones de la iniciativa presentada y
haciendo uso de las facultades que nos otorgan tanto la Constitución
como la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos
Mexicanos y Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de
los Estados Unidos Mexicanos, hemos realizado algunas modificaciones con
la intención de enriquecer la iniciativa presentada a fin de que
la norma jurídica sea más eficaz y clara para su aplicación.
Por lo anteriormente expuesto los integrantes de la Comisión
de Salud, con las atribuciones que le otorga el artículo 73 fracción
XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
así como los artículos 45 numeral 6, inciso e) y f) de la
Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos,
87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de
los Estados Unidos Mexicanos, ponemos a consideración el siguiente:
Decreto por el que se adiciona un artículo 222
Bis a la Ley General de Salud
Artículo Único. Se adiciona un artículo
222 Bis a la Ley General de Salud, para quedar como sigue:
Artículo 222 Bis. Para efectos de esta
ley, se considera medicamento biotecnológico toda sustancia que
haya sido producida por biotecnología molecular, que tenga efecto
terapéutico, preventivo o rehabilitatorio, que se presente en forma
farmacéutica, que se identifique como tal por su actividad farmacológica
y propiedades físicas, químicas y biológicas. Los
medicamentos biotecnológicos innovadores podrán ser referencia
para los medicamentos biotecnológicos no innovadores.
Las disposiciones reglamentarias establecerán
la clasificación de los mismos, conforme a lo dispuesto en esta
Ley y de acuerdo a los avances de la ciencia en la materia y se mantendrán
permanentemente actualizadas.
Para la obtención del registro sanitario de
medicamentos biotecnológicos, el solicitante deberá cumplir
con los requisitos y pruebas que demuestren la calidad, seguridad y eficacia
del producto, de conformidad con las disposiciones de esta ley, sus reglamentos
y demás disposiciones jurídicas aplicables.
Para efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior,
conforme a lo establecido en esta Ley, sus Reglamentos y demás disposiciones
generales aplicables, se determinarán los medicamentos biotecnológicos
de referencia. El solicitante de registro sanitario de no innovadores que
sustente su solicitud en un medicamento biotecnológico de referencia,
deberá presentar los estudios clínicos y, en su caso in vitro
que de conformidad con las disposiciones que para tal efecto emita la Secretaría,
sean necesarios para demostrar la seguridad, eficacia y calidad del producto.
En caso de que no se hubieren emitido las disposiciones
sobre los estudios necesarios y sus características a que hace referencia
este artículo, éstos se definirán caso por caso, conforme
lo determine el Comité de Moléculas Nuevas.
Al producto que se pretende registrar se le harán
estudios clínicos o in Vitro dependiendo del uso médico en
que se utilizará.
Los medicamentos biotecnológicos innovadores
y los no innovadores deberán identificarse y diferenciarse como
tales en sus etiquetas y empaques de conformidad con las disposiciones
aplicables.
Transitorios
Primero. El presente decreto entrará en
vigor a los 90 días posteriores a su publicación en el Diario
Oficial de la Federación.
Segundo. La Secretaría de Salud contará
con 180 días posteriores a su publicación en el Diario Oficial
de la Federación para emitir las disposiciones jurídicas
necesarias para la aplicación del presente Decreto.
Tercero. La Secretaría de Salud en términos
de lo que establece la Ley Federal sobre Metrología y Normalización,
deberá adecuar a lo establecido por este Decreto, las normas oficiales
mexicanas relacionadas.
Notas
1. Bolívar Z. Francisco G. Compilador. "Fundamentos
y Casos Exitosos de la Biotecnología Moderna" México
2004.
2. LX Legislatura Comisión de Salud, Cámara
de Diputados. "Foro de Medicamentos Biotecnológicos". México
15 Agosto 2007.
3. Op. cit. Idem.
4. Diccionario de la Real Academia Española. http://www.rae.es/RAE
5. Op. Cit. LX Legislatura Comisión de Salud,
Cámara de Diputados.
6. Op. Cit. Idem.
La Comisión de Salud
Diputados: Ector Jaime Ramírez
Barba (rúbrica), José Antonio Muñoz Serrano (rúbrica),
Adriana Rebeca Vieyra Olivares (rúbrica), Efraín Morales
Sánchez, María Oralia Vega Ortiz (rúbrica), Antonio
Xavier López Adame, Juan Abad de Jesús (rúbrica),
Efraín Arizmendi Uribe (rúbrica), Ricardo Cantú Garza,
Maricela Contreras Julián, María Mercedes Corral Aguilar
(rúbrica), Joaquín Conrado de los Santos Molina, Daniel Dehesa
Mora, Nemesio Domínguez Domínguez, Ángel Humberto
García Reyes (rúbrica), Beatriz Eugenia García Reyes
(rúbrica), Yolanda Mercedes Garmendia Hernández (rúbrica),
Tomás Gloria Requena, Lorena Martínez Rodríguez (rúbrica),
Holly Matus Toledo, Fernando Enrique Mayans Canabal, Roberto Mendoza Flores,
Elizabeth Morales García, Gilberto Ojeda Camacho (rúbrica),
Jorge Quintero Bello (rúbrica), José Ignacio Alberto Rubio
Chávez (rúbrica), María Gloria Guadalupe Valenzuela
García.
DE LA COMISIÓN DE POBLACIÓN,
FRONTERAS Y ASUNTOS MIGRATORIOS, CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y
ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE POBLACIÓN
Honorable Asamblea:
La Comisión de Población, Fronteras y Asuntos
Migratorios de la LX Legislatura, con fundamento en las atribuciones conferidas
en los artículos 39, fracciones 1 y 2, y 45, fracción 6,
incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los
Estados Unidos Mexicanos, emite y somete a consideración del Pleno
de esta honorable Cámara de Diputados, el siguiente dictamen a diversas
iniciativas en materia de Ley General de Población, bajo los siguientes
antecedentes y consideraciones:
Antecedentes
Que el 20 de marzo de 2007 se presentó la iniciativa
que reforma el artículo 71 de la Ley General de Población,
a cargo del diputado Alfonso Izquierdo Bustamante.
Que en esa misma fecha, la Mesa Directiva de la Cámara
de Diputados, turnó la iniciativa a esta Comisión de Población,
Fronteras y Asuntos Migratorios, para su estudio y dictamen.
Que el 17 de abril de 2007 se presentó la iniciativa
que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Población,
a cargo del diputado Tomás Gloria Requena.
Que en esa misma fecha, la Mesa Directiva de la Cámara
de Diputados, turnó la iniciativa a esta Comisión de Población,
Fronteras y Asuntos Migratorios, para su estudio y dictamen.
Que el 24 de abril de 2007 se presentó la iniciativa
que reforma los artículos 6, 10, 124 y 145 de la Ley General de
Población, a cargo del diputado Gerardo Vargas Landeros.
Que el 26 de abril de 2007 la Mesa Directiva de la Cámara
de Diputados, turnó la iniciativa a esta Comisión de Población,
Fronteras y Asuntos Migratorios, para su estudio y dictamen.
Que el 4 septiembre de 2007 se presentó la iniciativa
que reforma el artículo 138 de la Ley General de Población,
a cargo de la diputada Yary del Carmen Gebhardt Garduza.
Que en esa misma fecha, la Mesa Directiva de la Cámara
de Diputados, turnó la iniciativa a esta Comisión de Población,
Fronteras y Asuntos Migratorios, para su estudio y dictamen.
Que el 29 de noviembre de 2007 se presentó la iniciativa
que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Población,
a cargo de la diputada Maricela Contreras Julián.
Que en esa misma fecha, la Mesa Directiva de la Cámara
de Diputados, turnó la iniciativa a esta Comisión de Población,
Fronteras y Asuntos Migratorios, para su estudio y dictamen.
Que el 30 de abril 2008 se presentó la iniciativa
que reforma y adiciona los artículos 16, 71, 113 y 152 de la Ley
General de Población, a cargo de la diputada Bertha Yolanda Rodríguez
Ramírez.
Que en esa misma fecha, la Mesa Directiva de la Cámara
de Diputados, turnó la iniciativa a esta Comisión de Población,
Fronteras y Asuntos Migratorios, para su estudio y dictamen.
Contenido de las iniciativas
La iniciativa del diputado Izquierdo Bustamante, propone
la incorporación de un segundo párrafo al artículo
71 de la Ley de referencia, para asegurar el respeto y protección
de los derechos humanos de los extranjeros en el aseguramiento, traslado
y alojamiento en las estaciones migratorias.
El diputado Tomás Gloria, expone en su iniciativa,
que el migrante ilegal que entra por la frontera sur de nuestro país
enfrenta enfrentan entre otras cosas de parte de las autoridades migratorias
mexicanas, casos de extorsión, abusos, vejaciones y humillaciones
así como de la Policía Federal, la Estatal, Municipal, y
de las guardias de seguridad privada que trabajan en los trenes de carga,
que estos abordan con un enorme riesgo, incluso se enfrentan a las redes
organizadas de trafico de personas a quienes se les conoce como "polleros"
o "coyotes".
Ante los diversos acuerdos internacionales, y tratado
firmados por México, no se ha establecido en la Ley General de Población,
la protección de sus derechos humanos y respeto de sus garantías.
Es por eso que el diputado Tomás Gloria, propone
la reforma al artículo 123 y 128 de la Ley, para incorporar en los
mismos que en todo momento desde su detención se respeten los derechos
humanos y las garantías individuales a los migrantes de conformidad
con lo establecido por los tratados internacionales firmados, así
como aquellos establecidos por la Constitución Política.
La propuesta de reforma del diputado Vargas Landeros,
contempla actualizar los nombres de las Secretarías que forman parte
del Consejo Nacional de Población, así como los nombres de
dos leyes federales para que estén acordes a los textos vigentes
de las mismas.
La diputada Yary del Carmen Gebhardt Garduza, en su iniciativa
de reforma al artículo 138 de la Ley General de Población,
manifiesta en su exposición de motivos que se requiere que las leyes
en materia de población, cumplan con su objetivo el cual es el estricto
control y registro de los movimientos migratorios, adaptándose a
las circunstancias que imperan en la realidad social tanto nacional como
internacional, en razón de que recientemente las conductas delictivas
en materia de tráfico de personas se ha incremento de forma alarmante,
llegando a representar una actividad ilícita a cargo de la delincuencia
organizada, con múltiples recursos humanos, financieros y materiales.
Es por eso que el artículo 138 de la Ley General
de Población, en su párrafo segundo se hace referencia al
termino "ocultamiento", palabra que no deja en claro la connotación
del mismo dentro del contexto del referido precepto dejando amplio margen
a las confusiones jurídicas, que en ocasiones se refleja en más
autos de libertad que en autos de formal prisión en contra de los
presuntos responsables del delito de tráfico de indocumentados.
Es por ello que la diputada Yary del Carmen, propone la
modificación al párrafo segundo del artículo 138 de
la Ley, para hacer más explícita la definición de
qué se entendería por ocultamiento.
Consideraciones de la comisión
La propuesta de reforma al artículo 71 de la Ley,
se considera congruente y viable, toda vez que debemos buscar la manera
de asegurar que en todo momento se respeten los derechos humanos de los
migrantes que son detenidos por las autoridades migratorias, y no sean
propensos a las faltas o malos tratos de parte de los servidores públicos,
así como de asegurarles el goce de las garantías que otorga
nuestra Carta Magna, y de cuidar que las estaciones migratorias cuenten
con las instalaciones adecuadas.
Asimismo, se considera pertinente la reforma, al artículo
128, para prohibir que se utilicen los centros de detención o reclusión
federal, estatal y municipal, como estaciones migratorias. Y así
evitar el tratar a los indocumentados como delincuentes, cuando no han
cometido algún delito. Y poder cumplir de esta manera con los Tratado
o Acuerdos Internacionales firmados por nuestro país, en materia
del trato que se debe otorgar a los migrantes.
Asimismo se considera pertinente la protección
de sus derechos humanos y garantías individuales, que le otorgan
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
y conforme a los convenios internacionales que haya firmado nuestro país.
Esto se deriva de que nuestro país, ha firmado
diversos tratados y/o convenios internacionales, para la protección
de los derechos humanos y garantías para los inmigrantes en nuestro
país, y en ocasiones nos olvidamos de velar para que nuestras leyes
se adecuen a los compromisos internacionales contraídos, en defensa
de los derechos de las personas; en concordancia y sin contravenir lo que
nuestra carta magna nos señala.
Asimismo manifestamos que no procede la propuesta de reforma
presentada por el diputado Tomás Gloria, de reformar el artículo
123 de la ley, toda vez que ha quedado derogada en el proyecto de decreto
que despenaliza la migración y que fue aprobado por ambas cámaras
los últimos días del mes de abril, y que ha sido promulgado
en el DOF.
De la propuesta de reforma del diputado Vargas Landeros,
ésta Comisión considera pertinente las reformas como una
manera de actualizar el nombre de las Dependencias de la Administración
Pública Federal, que forman parte en el Consejo Nacional de Población,
así como también es pertinente la actualización del
nombre de las leyes federales en las que se basa para su aplicación
en sanciones de la Ley General de Población.
Por las consideraciones expuestas anteriormente, los integrantes
de la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios,
exponemos al pleno de la Cámara de Diputados el siguiente proyecto
de
Decreto por el que se reforman y adicionan diversas
disposiciones de la Ley General de Población
Artículo Único. Se reforman los artículos
1o.; 3o., fracción II; 6o., primer párrafo; 10; 16; 46; 128;
138, segundo párrafo; 145; 152 y 154, se adicionan losartículos
artículo 3o., con una fracción XIV, pasando la actual XIV
a ser XV; 39; con un tercer párrafo; 71, con un segundo y tercer
párrafos; 113, con una fracción VI y 138, con un cuarto párrafo,
pasando el actual cuarto a ser quinto de la Ley General de Población,
para quedar como sigue:
Artículo 1o. Las disposiciones de esta Ley
son de orden público y de observancia general en la República.
Su objeto es regular los fenómenos que afectan a la población
en cuanto a su volumen, estructura, dinámica y distribución
en el territorio nacional, con el fin de lograr que participe justa y equitativamente
de los beneficios del desarrollo económico y social; además
de establecer los lineamientos de la política migratoria bajo los
principios de legalidad, seguridad y respeto a los derechos humanos de
todo individuo que se encuentre en territorio nacional, independientemente
de su condición migratoria.
Artículo 3o. ……
I. …
II. Realizar programas de planeación familiar
a través de los servicios educativos y de salud pública de
que disponga el sector público y vigilar que dichos programas y
los que realicen organismos privados, se lleven a cabo con absoluto respeto
a los derechos fundamentales del hombre, preserven la dignidad de las familias
y
garanticen el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos, con
el objeto de regular racionalmente y estabilizar el crecimiento de la población,
así como lograr el mejor aprovechamiento de los recursos humanos
y naturales del país;
III. a XII. ……
XIII. Coordinar las actividades de las dependencias del
sector público federal estatal y municipal, así como las
de los organismos, privados para el auxilio de la población en las
áreas en que se prevea u ocurra algún desastre;
XIV. Promover la capacitación de los funcionarios
de las dependencias encargadas de la política migratoria en el país,
con la finalidad de garantizar el pleno respeto a los derechos humanos
de todas las personas, con independencia de su condición migratoria,
y
XV. Las demás finalidades que esta Ley u otras
disposiciones legales determinen.
Artículo 6o. El Consejo Nacional de Población
estará integrado por un representante de la Secretaría de
Gobernación, que será el titular del ramo y que fungirá
como Presidente del mismo, y un representante de cada una de las Secretarías
de Relaciones Exteriores; Hacienda y Crédito Público; Desarrollo
Social; Medio Ambiente y Recursos Naturales; Educación
Pública; Salud; Trabajo y Previsión Social; Reforma Agraria;
Economía;
Agricultura,
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; y,
Comunicaciones
y Transportes; así como de los Institutos Mexicano del Seguro
Social y de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.
Por cada representante propietario se designará un suplente que
deberá tener el mismo nivel administrativo que aquél, o el
inmediato inferior.
…
…
Artículo 10. Es facultad exclusiva de la
Secretaría de Gobernación fijar los lugares destinados al
tránsito de personas y regular el mismo, por puertos marítimos,
aéreos y fronteras, previa opinión de las Secretarías
de Hacienda y Crédito Público, Comunicaciones y Transportes,
Salud,
Relaciones Exteriores, Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural,
Pesca y Alimentación y en su caso la de Marina; asimismo consultará
a las demás dependencias y organismos que juzgue conveniente.
…
Artículo 16. El personal de los servicios
de migración dependientes de la Secretaría de Gobernación
y la Policía Federal Preventiva tienen prioridad, con excepción
del servicio de sanidad, para inspeccionar la entrada o salida de personas
en cualquier forma que lo hagan, ya sea en transportes nacionales o extranjeros,
marítimos, aéreos o terrestres, en las costas, puertos, fronteras
y aeropuertos de la República. Para tales efectos, la autoridad
procurará brindar la atención necesaria a las mujeres que
se encuentren en estado de gestación o que lleven consigo menores
de doce años de edad, a indígenas, personas con discapacidad,
adultos mayores, o a quienes requieran de apoyos especiales para su movilidad
en dicho proceso.
Artículo 39. …
…
Para los efectos del párrafo anterior, se respetará
la garantía de debido proceso legal establecida en el artículo
14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
cuyo ejercicio se deberá realizar conforme a la Ley Federal del
Procedimiento Administrativo.
Artículo 46. En caso de que durante la temporalidad
concedida dejare de satisfacerse la condición a que está
supeditada la estancia en el país de un Inmigrante, éste
deberá comunicarlo a la Secretaría de Gobernación
dentro de los quince días siguientes, a fin de que se proceda a
la cancelación de su documentación migratoria y se le señale
plazo para abandonar el país o se le conceda término para
su regularización, a juicio de la propia Secretaría. Lo
anterior se realizará respetando la garantía de debido proceso
legal establecida en el artículo 14 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, cuyo ejercicio se deberá realizar
conforme a la Ley Federal del Procedimiento Administrativo.
Artículo 71. …
En el aseguramiento, traslado y alojamiento de los
extranjeros en las estaciones migratorias, se respetarán y protegerán
sus derechos humanos, con arreglo a las garantías individuales y
sociales que consigna la Constitución.
Las estaciones migratorias deberán contar con
instalaciones adecuadas que eviten el hacinamiento de los migrantes, proveyéndoles
lo necesario para su estancia temporal.
Artículo 113. …
I. a III. …
IV. No expidan la Cédula de Identidad a la persona
que se presente con los documentos requeridos o retengan indebidamente
dicha Cédula una vez expedida;
V. Dolosamente hagan uso indebido o proporcionen a terceras
personas documentación migratoria, sin autorización de la
Secretaría de Gobernación, y
VI. Lleven a cabo prácticas discriminatorias
o atenten contra los derechos humanos de los nacionales o extranjeros que
entren o salgan del país y de estos últimos sin importar
su condición migratoria.
Artículo 128. Son de orden público,
para todos los efectos legales, la expulsión de los extranjeros
y las medidas que dicte la Secretaría de Gobernación para
su aseguramiento en estaciones migratorias o en lugares habitacionales
para ello, quedando prohibida la utilización de los centros de
detención o reclusión federales, estatales o municipales,
con ese fin, cuando no se ha cometido delito alguno.
Lo anterior se realizará garantizando el pleno
goce y ejercicio de las garantías individuales y derechos humanos
de los extranjeros, y conforme a los tratados internacionales suscritos
y ratificados en la materia.
Artículo 138. …
Igual pena se impondrá a quien por si o por medio
de otro u otros introduzca, sin la documentación correspondiente
expedida por autoridad competente, a uno o varios extranjeros a territorio
mexicano o, con propósito de trafico, los albergue o transporte
por el territorio nacional con el fin de ocultarlos para evadir la revisión
migratoria, así como a quienes faciliten o promuevan la entrada
indocumentada de personas con el fin de obtener, directa o indirectamente,
un beneficio financiero u otro beneficio de orden material. Para efectos
de este artículo se entenderá por ocultar: disfrazar, tapar,
encubrir a la vista, esconder, callar advertidamente lo que se pudiera
o debiera decir, disfrazar la verdad, omitir registrar o ubicar en áreas
especiales a extranjeros sin haber realizado el trámite correspondiente,así
como todas aquellas conductas o actos tendientes a engañar, inducir
al error o mantener en él a la autoridad, con relación a
la situación migratoria de una o varias personas dentro del territorio
nacional.
…
Aquellas organizaciones de la sociedad civil y toda
persona que se dedique a labores altruistas, humanitarias, de auxilio,
de defensa y promoción de derechos humanos y atención a la
población migrante, tendrán plena libertad para ejercer sus
funciones y actividades, siempre y cuando cumplan con las disposiciones
contenidas en esta Ley y las demás aplicables, y cuenten con la
documentación correspondiente o requerida para ello.
…
Artículo 145. Los trámites de internación,
estancia y salida de los extranjeros, así como de los permisos que
se soliciten al Servicio de Migración, se regirán por las
disposiciones que a continuación se mencionan y, en forma supletoria,
por la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo y
las disposiciones y criterios que al efecto emita la Secretaría
de Gobernación.
Artículo 152. Si con motivo de la verificación
se desprende alguna infracción a lo dispuesto en la Ley, su Reglamento
o demás disposiciones aplicables que amerite la expulsión
del extranjero, el personal autorizado podrá llevar a cabo su aseguramiento,
cuidando en todo momento el respeto a los derechos humanos.
Artículo 154. La Secretaría de Gobernación,
al requerir la comparecencia del extranjero a que se refiere la fracción
II del artículo 151 de esta ley, observará la garantía
de debido proceso legal prevista en el artículo 14 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuyo ejercicio se deberá
realizar conforme a la Ley Federal del Procedimiento Administrativo, y
deberá cumplir con las siguientes formalidades:
I. y II. …
Transitorio
Único. El presente decreto entrará
en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario
Oficial de la Federación.
Palacio Legislativo, a 10 de septiembre de 2008.
La Comisión de Población, Fronteras y
Asuntos Migratorios
Diputados: José Nicolás
Morales Ramos (rúbrica), presidente; Andrés Bermúdez
Viramontes (rúbrica), José Jacques y Medina (rúbrica),
José Edmundo Ramírez Martínez (rúbrica), secretarios;
Carlos Augusto Bracho González (rúbrica), Daniel Chávez
García (rúbrica), Rosaura Virgina Denegre Vaught Ramírez
(rúbrica), Elia Hernández Núñez (rúbrica),
Omeheira López Reyna (rúbrica), María Dolores González
Sánchez, Francisco Javier Gudiño Ortiz (rúbrica),
Cruz Pérez Cuéllar (rúbrica), Antonio Valladolid Rodríguez
(rúbrica), Silvestre Álvarez Ramón, Alberto Amaro
Corona (rúbrica), Miguel Ángel Arellano Pulido, Joaquín
Conrado de los Santos Molina (rúbrica), Érick López
Barriga, Camerino Eleazar Márquez Madrid, Cuauhtémoc Sandoval
Ramírez, Antonio de Jesús Díaz Athié, Lilia
Guadalupe Merodio Reza, Guillermina López Balbuena (rúbrica),
Isael Villa Villa, José Luis Aguilera Rico, Irma Piñeyro
Arias, Bellizza Rosique Pascual
DE LA COMISIÓN DE POBLACIÓN,
FRONTERAS Y ASUNTOS MIGRATORIOS, CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL
SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 150 DE LA LEY GENERAL DE POBLACIÓN
Honorable Asamblea:
La Comisión de Población, Fronteras y Asuntos
Migratorios de la LX Legislatura, con fundamento en las atribuciones conferidas
en los artículos 39, fracciones 1 y 2, y 45, fracción 6,
incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los
Estados Unidos Mexicanos, emite y somete a consideración del Pleno
de la Cámara de Diputados el dictamen relativo a la iniciativa que
reforma el artículo 150 de la Ley General de Población, conforme
a lo siguiente:
Antecedentes
Que el 24 de mayo de 2006 se presentó la iniciativa
que reforma el artículo 150 de la Ley General de Población,
a cargo de la diputada Marisol Vargas Bárcena.
Que en la misma fecha, la Mesa Directiva de la Cámara
de Diputados turnó la iniciativa a la Comisión de Población,
Fronteras y Asuntos Migratorios, para estudio y dictamen.
Contenido de las iniciativas
La diputada Marisol Vargas expone en la iniciativa que,
derivado de un incremento del número de extranjeros que pretenden
establecer su domicilio en el país o que desean realizar negocios
o actividades lícitos, y ante las diversas acciones que se han emprendido
en la administración pública, así como las instituciones
de migración, a fin de reducir los tiempos de respuesta a las solicitudes
hechas por los nacionales o extranjeros, se han allegado de la tecnología
necesaria y de mecanismos de control que permiten y ayudan a reducirlos,
sumándose a estas actividades los objetivos que se han fijado de
facilitar los flujos de personas que favorezcan el desarrollo económico
y social del país.
De lo anterior se desprende la propuesta de reducir el
tiempo de respuesta de las autoridades migratorias de 90 a 45 días
naturales, modificando el artículo 150 de la Ley General de Población.
Consideraciones de la comisión
La comisión, después de un estudio y análisis
realizado a la iniciativa mencionada, considera que en la propuesta de
la diputada Marisol Vargas no es pertinente reducir los tiempos de respuesta
de las autoridades migratorias ante las solicitudes que les han sido presentadas.
Si actualmente el tiempo de respuesta está considerado
en 90 días, y aun así en muchos casos no es suficiente para
dar una respuesta a las personas que han presentado algún tramite
ante la autoridad migratoria, y el hecho de proponer que se reduzcan a
la mitad, es decir 45 días, podría crear presión en
las instituciones para dar respuesta a las solicitudes o simplemente lo
que se lograría es que en un momento dado dejaran de resolverlas,
por la carga de trabajo y la falta de personal para dar respuesta en los
nuevos tiempos establecidos, pero lo más importante ante una falta
de eficiencia en los tiempos de respuesta de éstos.
La comisión considera pertinente que en lugar de
proponer que se reduzcan los tiempos de respuesta a las solicitudes presentadas
ante las autoridades migratorias, se conserve el mismo periodo, pero con
la observación de que la autoridad migratoria esté obligada
a notificar al interesado sobre la resolución a que haya llegado.
La propuesta de esta comisión es el resultado de
las modificaciones en los procesos de atención al público
que ha empezado el gobierno a desarrollar y de la implantación de
procesos y modelos de mejora en la gestión pública, a fin
de hacer más eficiente el aparato administrativo o burocrático
en los tiempos de respuesta, utilizando modelos de control y detección
de fallas en funcionamiento de la estructura organizativa que detienen
o dificultan que el proceso tenga una dinámica eficiente.
Por eso, esta comisión legislativa propone que
se mantenga el mismo tiempo de respuesta del artículo 150 de la
ley, modificándolo para obligar a la autoridad migratoria a que
informe por escrito al interesado de la resolución a su petición
en el mismo plazo que se señala.
Por lo expuesto, los integrantes de la Comisión
de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios sometemos a consideración
del Pleno de la Cámara de Diputados el siguiente dictamen con proyecto
de
Decreto por el que se reforma el párrafo segundo
del artículo 150 de la Ley General de Población
Artículo Único. Se reforma el párrafo
segundo del artículo 150 de la Ley General de Población,
para quedar como sigue:
Artículo 150. …
La autoridad migratoria contará con un plazo de
hasta noventa días naturales para dictar la resolución correspondiente,
contados a partir de la fecha en que el solicitante cumpla todos los requisitos
formales exigidos por esta ley, su reglamento y demás disposiciones
administrativas aplicables; transcurrido dicho plazo sin que la resolución
se dicte, se entenderá que es en sentido negativo. Para tales
efectos, la autoridad deberá en todo momento y sin dilación
alguna, al término del plazo establecido, notificar al interesado,
por cualquier medio que estime pertinente, sobre la resolución a
su solicitud.
Transitorio
Único. La presente reforma entrará
en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario
Oficial de la Federación.
Palacio Legislativo, a 10 de septiembre de 2008.
La Comisión de Población, Fronteras y
Asuntos Migratorios
Diputados: José Nicolás
Morales Ramos (rúbrica), presidente; Andrés Bermúdez
Viramontes (rúbrica), José Jacques y Medina (rúbrica),
José Edmundo Ramírez Martínez (rúbrica), secretarios;
Carlos Augusto Bracho González (rúbrica), Daniel Chávez
García (rúbrica), Rosaura Virginia Denegre Vaught Ramírez
(rúbrica), Elia Hernández Núñez, Omeheira López
Reyna (rúbrica), María Dolores González Sánchez,
Francisco Javier Gudiño Ortiz (rúbrica), Cruz Pérez
Cuéllar (rúbrica), Antonio Valladolid Rodríguez (rúbrica),
Silvestre Álvarez Ramón, Alberto Amaro Corona (rúbrica),
Miguel Ángel Arellano Pulido, Joaquín Conrado de los Santos
Molina (rúbrica), Érick López Barriga, Camerino Eleazar
Márquez Madrid, Cuauhtémoc Sandoval Ramírez, Antonio
de Jesús Díaz Athié, Lilia Guadalupe Merodio Reza,
Guillermina López Balbuena (rúbrica), Isael Villa Villa,
José Luis Aguilera Rico, Irma Piñeyro Arias, Pascual Bellizza
Rosique.
DE LAS COMISIONES UNIDAS DE EDUCACIÓN
PÚBLICA Y SERVICIOS EDUCATIVOS, Y DE EQUIDAD Y GÉNERO, CON
PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA
LEY GENERAL DE EDUCACIÓN
Honorable Asamblea:
A las Comisiones Unidas de Educación Pública
y Servicios Educativos, y de Equidad y Género, con opinión
de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables de la Cámara
de Diputados del Congreso de la Unión, fue turnada para estudio
y dictamen la iniciativa con proyecto de decreto que reforma las fracciones
IV y VIII del artículo 33 de la Ley General de Educación,
en materia de equidad de género.
Las Comisiones Unidas de Educación Pública
y Servicios Educativos, y de Equidad y Género, con fundamento en
los artículos 71 y 72 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos y de conformidad con los artículos
39, 43, 44 y 45, numeral 6, incisos e), f) y g), de la Ley Orgánica
del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como 56,
60, 88, 93 y 94 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General
de los Estados Unidos Mexicanos, someten a la consideración de esta
honorable asamblea el presente dictamen.
I. Antecedentes
1. En sesión celebrada con fecha 28 de noviembre
de 2006 por la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la
Unión, el Diputado Jorge Quintero Bello del Grupo Parlamentario
del Partido Acción Nacional, presentó la Iniciativa que reforma
las fracciones IV y VIII del artículo 33 de la Ley General de Educación.
2. En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva
de la H. Cámara de Diputados, turnó la Iniciativa en comento
a las Comisiones Unidas de Educación Pública y Servicios
Educativos y de Equidad y Género, con opinión de la Comisión
de Atención a Grupos Vulnerables, para su estudio y dictamen correspondiente.
II. Contenido de la iniciativa
El iniciador menciona que en nuestro país cada
año se registran más de 400 mil embarazos en mujeres adolescentes;
es decir, de 100 partos diarios, 60 corresponden a adolescentes en edades
de 13 a 19 años, siendo 320 mil de ellos no deseados. Así,
a nivel nacional se calcula que entre el 17 y 20 por ciento de las mujeres
que tienen un nacimiento son menores de 20 años, llegando hasta
25 por ciento en algunos estados.
Señala que el Centro de Equidad de Género
y Salud Reproductiva de la Secretaría de Salud y el Fondo de Población
de las Naciones Unidas, sostienen que el bajo nivel socioeconómico
en poblaciones marginadas, indígenas o rurales, se relaciona con
el hecho de que las mujeres suelan embarazarse a muy temprana edad por
la desinformación respecto a los anticonceptivos o métodos
de prevención, además que no todas tienen la oportunidad
de asistir a la escuela. Además, la relación directa entre
poca o baja escolaridad y escasos recursos con frecuencia da como resultado
embarazo en las adolescentes y, al mismo tiempo, quienes tienen más
educación se embarazan menos, o quienes tienen menor nivel adquisitivo
tienen menor acceso a métodos anticonceptivos.
Cita el diputado promovente a la Encuesta Nacional de
Juventud 2005, la cual revela que para ambos sexos la edad entre los 15
y 17 años es crucial para la deserción educativa, pero resulta
preocupante el comportamiento femenino, ya que en este mismo rango de edad,
superan a los hombres en más de 10 por ciento, y se observa una
disminución considerable hacia los 18 y 20 años.
Refiere también que el embarazo conlleva en muchas
ocasiones la deserción escolar de la joven, lo cual limita sus posibilidades
de desarrollo personal, sus oportunidades de un empleo mejor remunerado
y, en consecuencia, la disminución de su calidad de vida y la de
su hijo, sobre todo si se considera que muchas de ellas se convierten en
madres solteras. Por tanto, la reincorporación de estas jóvenes
al sistema educativo constituye, también en este caso, un factor
fundamental para apoyar y brindar mayores oportunidades a las madres adolescentes
y un mejor futuro para sus hijos.
Asimismo, el promovente argumenta que, a pesar de que
existen políticas públicas como las becas de Oportunidades,
el Programa de Becas para Madres Jóvenes y Jóvenes Embarazadas
de la Secretaría de Educación Pública y el Programa
de Prevención y Atención Integral del Embarazo en Adolescentes
(Paidea) del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia
(DIF), es preciso redoblar los esfuerzos y asegurar el apoyo a las mujeres
adolescentes para su ingreso, permanencia o reinserción en el sistema
educativo, ya que, por ejemplo, el Paidea carece de recursos suficientes
para su operación.
Reconoce el autor de la iniciativa que además del
embarazo adolescente existen otros factores importantes que derivan en
el abandono o interrupción de los estudios, entre ellos problemas
económicos, familiares, de salud, etcétera. Por lo que si
bien deben realizarse acciones particulares para prevenir el embarazo adolescente
y que es principal motivo de presentar esta iniciativa, la legislación
por su carácter general deber atender la problemática expuesta
de manera integral, a fin de que el Estado brinde oportunidades a todas
las mujeres para continuar y culminar su educación.
Finalmente, la iniciativa contiene el siguiente proyecto
de decreto:
Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona las
fracciones IV y VIII del artículo 33 de la Ley General de Educación
Artículo Único. Se adicionan las
fracciones IV y VIII del artículo 33 de la Ley General de Educación,
para quedar como sigue:
Artículo 33. Para cumplir lo dispuesto en
el artículo anterior, las autoridades educativas en el ámbito
de sus respectivas competencias llevarán a cabo las actividades
siguientes:
I. a III. …
IV. Prestarán servicios educativos para atender
a quienes abandonaron el sistema regular, que faciliten la terminación
de la educación preescolar, primaria y la secundaria, otorgando
facilidades de acceso, permanencia y egreso a las mujeres;
V. a VII. …
VIII. Desarrollarán programas con enfoque de
género para otorgar becas y demás apoyos económicos
a educandos;
IX. a XIII. …
…
Transitorios
Artículo Primero. Este decreto entrará
en vigor el día siguiente al de su publicación.
Artículo Segundo. Las autoridades educativas
realizaran las acciones necesarias que permitan dar cumplimiento a lo que
establece la fracción IV y VIII del artículo 33 de la presente
ley a los 90 días de la entrada en vigor del presente decreto y
presentaran un informe al respecto a las Comisiones de Educación
y de Equidad y Género de ambas Cámaras del Congreso de la
Unión.
III. Consideraciones generales
Las comisiones dictaminadoras exponemos la siguiente valoración
de la iniciativa:
Los miembros de estas comisiones dictaminadoras, conscientes
de la problemática de inequidad de género que padece nuestro
país, compartimos la inquietud del iniciante y nos sumamos a quienes
opinan que nunca se puede insistir lo suficiente en la importancia de la
igualdad entre los géneros.1
Las dictaminadoras coinciden con el diputado promovente
en que el embarazo es una causa grave de deserción escolar, pero
que existen otros factores económicos, políticos, sociales
y culturales que inciden en el abandono de los estudios por parte de mujeres
que cursan algún nivel de educación en nuestro país.
El artículo 3o. de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, consagra el derecho de todo individuo
a recibir educación. El artículo 4o. de la misma Constitución
dispone por su parte que el varón y la mujer son iguales ante la
ley. Además, distintas leyes de nuestro ordenamiento jurídico
establecen mecanismos y acciones para hacer efectivos estos preceptos constitucionales.
En particular, la Ley General de Educación establece
algunas disposiciones para que la autoridad educativa establezca condiciones
para el pleno ejercicio del derecho a la educación de cada individuo
y de asegurar una mayor equidad y el logro de la efectiva igualdad de oportunidades
de acceso y permanencia en los servicios educativos.
No obstante lo anterior, se estima que la Ley General
de Educación no responde a la problemática que vivimos en
materia de discriminación en todas sus formas, en particular la
que se vive contra las mujeres y las niñas. Por tanto, es necesario
impulsar acciones legislativas positivas o compensatorias no sólo
para promover la igualdad de oportunidades educativas, sino que coadyuvan
a eliminar obstáculos que impidan su real inclusión a la
educación.
En el informe del Unicef Estado mundial de la infancia,
publicado en el 2004, se afirma que la primera medida para alcanzar las
metas mundiales de desarrollo es aumentar el número de niñas
que van a la escuela. De acuerdo con este Informe "…las tasas de analfabetismo
son todavía más elevadas entre las mujeres que los hombres,
y todos los años hay por lo menos 9 millones de niñas más
que de niños son escolarizar, una estadística que tiene una
repercusión duradera no solamente sobre las niñas y las mujeres,
sino también sobre sus hijos y sus familias". Asimismo, el informe
demuestra que las niñas sin escolarizar son más vulnerables
a la pobreza, el hambre, la violencia, el maltrato, la explotación
y la trata de seres humanos, además de correr un mayor peligro de
morir durante el alumbramiento y de contraer enfermedades, entre ellas
el VIH/sida.
Además, no debe perderse de vista que existe una
desigualdad entre los géneros, reflejada en que en el país,
de los 60 millones de pobres el 60 por ciento son mujeres, producto de
falta de oportunidades para su desarrollo y a la carencia de un patrimonio
propio. Por otra parte, de la Población Económicamente Activa
(PEA), poco más de 15 millones son mujeres, de las cuales, 10 millones
sólo perciben de uno a tres salarios mínimos; también
la remuneración económica que perciben las mujeres que trabajan,
en promedio es de 35 por ciento inferior al salario que perciben los hombres
por el mismo trabajo.
Esa desigualdad entre mujeres y hombres –en los aspectos
de la vida económica, política, social y cultural–, impide
que el ejercicio del derecho a la educación sea pleno por parte
de las mujeres, ya que se enfrentan a una desventaja para acceder a los
servicios educativos.
Asimismo, las dictaminadoras destacan que la Convención
sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación
contra la Mujer (CEDAW por sus siglas en inglés) establece en su
artículo 10, inciso f) lo siguiente:
Artículo 10. Los Estados parte adoptarán
todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra
la mujer, a fin de asegurarle la igualdad de derechos con el hombre en
la esfera de la educación y en particular para asegurar, en condiciones
de igualdad entre hombres y mujeres:
f) La reducción de la tasa de abandono femenino
de los estudios y la organización de programas para aquellas jóvenes
y mujeres que hayan dejado los estudios prematuramente…
Por otra parte, en el XXIII periodo de sesiones de la Asamblea
General de las Naciones Unidas realizada en el año 2000, conocida
como Beijing+5 –de la cual México es parte–, en sus numerales 67.b)
y 95.g) se recomienda a los Estados que se comprometieron a instaurar la
Plataforma de Acción de Beijing, lo siguiente:
67.b) Apoyar la ejecución de planes y programas
de acción que garanticen una enseñanza de calidad y menores
tasas de deserción escolar de los niños y las niñas…
95.g) Seguir examinando la disminución de las tasas
de matriculación y el aumento de las tasas de deserción escolar
de las niñas y niños en los ciclos primario y secundario
en algunos países y, con cooperación internacional, preparar
programas nacionales apropiados para eliminar las causas básicas
de esos fenómenos y apoyar procesos de aprendizaje permanente para
las mujeres y las niñas…
Los preceptos citados de los instrumentos internacionales
referidos, establecen la obligación del Estado Mexicano de instrumentar
acciones que garanticen el derecho de las mujeres a la educación,
a través de la aplicación de programas que abatan la deserción
y estimulen su participación y reingreso en el proceso de aprendizaje.
IV. Consideraciones particulares
Estas comisiones dictaminadoras, con el afán de
enriquecer el proyecto de decreto de la Iniciativa en comento -y en concordancia
con algunas de las mejores prácticas internacionales y nacionales
en materia de acción afirmativa-, estiman necesario promover algunos
ajustes, tomando en cuenta las inquietudes y propuestas que diversos legisladores
han planteado en materia de equidad de género.
En tal sentido, estas comisiones promueven los siguientes
cambios de la propuesta del original:
a) Se propone reformar el artículo 2o.
de la Ley General de Educación, el cual establece el derecho de
todo individuo al acceso al sistema educativo nacional; lo anterior, ya
que dicho precepto no hace un reconocimiento a las desigualdades existentes
entre mujeres y hombres.
Con ello, el artículo 2o. quedaría como sigue:
Artículo 2o. Todo individuo tiene derecho
a recibir educación y, por lo tanto, todos los habitantes del país
tienen las mismas oportunidades de acceso al sistema educativo nacional,
con sólo satisfacer los requisitos que establezcan las disposiciones
generales aplicables.
La educación es medio fundamental para adquirir,
transmitir y acrecentar la cultura; es proceso permanente que contribuye
al desarrollo del individuo y a la transformación de la sociedad,
y es factor determinante para la adquisición de conocimientos y
para formar a mujeres y a hombres, de manera que tengan sentido
de solidaridad social.
…
b) En el mismo sentido, y para estar en concordancia
con la modificación propuesta al artículo 2o., se propone
adicionar la fracción XV al artículo 7 de la Ley General
de Educación; para ello las dictaminadoras retomamos lo expuesto
por el promovente en la exposición de motivos, donde señala
que "… además del embarazo adolescente existen otros factores importantes
que derivan en el abandono o interrupción de los estudios, entre
ellos problemas económicos, familiares, de salud, etcétera.
Por lo que si bien deben realizarse acciones particulares para prevenir
el embarazo adolescente y que es principal motivo de presentar esta iniciativa,
la
legislación por su carácter general deber atender la problemática
expuesta de manera integral, a fin de que el Estado brinde oportunidades
a todas las mujeres para continuar y culminar su educación".
En ese sentido y toda vez que se propone reformar la Ley
General de Educación, con la finalidad de que sus disposiciones
contengan elementos que garanticen el acceso a la educación en términos
de igualdad, como se establece en el texto constitucional; destacan las
Dictaminadoras la importancia de introducir elementos que fomenten una
cultura de respeto de los derechos humanos de las personas, especialmente
de las mujeres y generen a la vez una cultura para la erradicación
de la violencia de género.
Sobre el particular es necesario señalar que actualmente
hay 53 millones 522 mil 389 de mujeres, que representan 50.28 por ciento
de la población total, con una esperanza de vida de 78 años
de edad; 27 por ciento tienen 40 años o más; 62.8 por ciento
son jóvenes adultas, y 8.4 por ciento se encuentran en la tercera
edad; 28.8 son niñas y adolescentes, menores de 15 años de
edad.
Datos del Instituto Nacional de las Mujeres, reportan
que durante 2006 se recibieron 34 mil 356 llamadas denunciando violencia
de género, lo que significó un incremento del 67 por ciento
respecto al año anterior. De igual forma, el Instituto Nacional
de Estadística, Geografía e Informática señala
que casi el 8 por ciento de las mujeres de nuestro país sufren violencia
sexual, mientras el 9 por ciento son objeto de violencia física,
el 27 por ciento de violencia económica y el 34 por ciento violencia
psicológica.
Dicha violencia no sólo se genera en las aulas
de clase, pues ha ido creciendo en los planteles educativos. Cifras de
la Secretaría de Educación Pública, hablan de un incremento
de la violencia en los salones de clase y que son evidentes; así,
dicha dependencia señala que el incremento del maltrato físico
y emocional y del abuso sexual pasó de 12 casos tan sólo
en el Distrito Federal en el ciclo escolar 1999-2000 a 482 denuncias en
el ciclo escolar 2003-2004; es decir, aumentó 3,917 por ciento en
cuatro años, cifra alarmante que muestra el grado de ambiente violento
en el ámbito escolar y para 2007 la cifra va en gradual aumento.
De ahí la importancia de que las políticas
públicas tengan como eje rector el tranversalizar la perspectiva
de género, lo cual se logrará mediante disposiciones legislativas
que permitan a las autoridades el diseño de mecanismos para cumplir
tal objetivo.
c) Estas dictaminadoras coinciden con el espíritu
de la propuesta del iniciador de reforma a las fracciones IV y VIII del
artículo 33 de la Ley en comento, a fin de armonizar la legislación
con una perspectiva de género y con la finalidad de prevenir y erradicar
la discriminación en contra de las mujeres, de tal manera que se
pueda avanzar en la sensibilización que se le debe inculcar a los
educandos en todo su proceso de formación educativa, a fin de que
se respeten los derechos humanos, en específico de las mujeres y
se pueda garantizar el acceso al derecho a la educación.
d) En concordancia con ello, se estima necesario
añadir una fracción XV del artículo 7 de la Ley General
de Educación, de tal forma que la educación que imparta el
Estado, sus organismos descentralizados y los particulares con autorización
o con reconocimiento de validez oficial de estudios tenga como fin, además
de lo señalado en el segundo párrafo del artículo
3o. de la Constitución y del mismo artículo 7 de la Ley General
de Educación, difundir los derechos y deberes de niños,
niñas y adolescentes y las formas de protección con que cuentan
para ejercitarlos.
Cabe señalar que establecer deberes para los niños,
niñas y adolescentes no pretende ser punitivo, sino estar en concordancia
con lo establecido por la Ley para la Protección de Niñas,
Niños y Adolescentes, la cual señala:
Artículo 9. Niñas, niños
y adolescentes tienen los deberes que exige el respeto de todas las personas,
el cuidado de los bienes propios, de la familia y de la comunidad, y el
aprovechamiento de los recursos que se dispongan para su desarrollo.
Asimismo, se busca coincidir con la Convención sobre
los derechos del Niño (CND), aprobada por la Asamblea General de
las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989 y ratificada por 192 países,
incluido México. Dicha convención habla de derechos y responsabilidades
de los niños:2
Artículo 29. La educación debe
desarrollar al máximo la personalidad y talentos de cada uno de
los niños y niñas. Debe promover que los niños respeten
a sus padres, su cultura, así como la cultura de los demás.
e) Por otra parte, las dictaminadoras estiman oportuno
reformar el primer párrafo del artículo 8 del ordenamiento
en cuestión, toda vez que en este precepto se establecen los criterios
que orientará la educación que imparta el Estado y los particulares;
además de que iría en relación con las propuestas
de modificaciones.
De tal suerte, el artículo 8 quedaría de la
siguiente manera:
Artículo 8. El criterio que orientará
a la educación que el Estado y sus organismos descentralizados impartan
-así como toda la educación preescolar, la primaria, la secundaria,
la normal y demás para la formación de maestros de educación
básica que los particulares impartan- se basará en los resultados
del progreso científico; luchará contra la ignorancia y sus
causas y efectos, las servidumbres, los fanatismos, los prejuicios, la
formación de estereotipos, la discriminación y la violencia,
especialmente la que se ejerce contra mujeres, niñas y niños,
debiendo implantar políticas públicas de Estado orientadas
a la transversalidad de criterios en los tres órdenes de gobierno.
f) Las dictaminadoras estiman necesario modificar
la propuesta original de la Iniciativa, en el sentido de que no sólo
se deben dar facilidades de acceso, permanencia o egreso a las mujeres
al sistema educativo nacional, sino que debe contemplarse también
su reingreso, toda vez que no incluir esta fase implicaría no tomar
en cuenta a las mujeres que se ven obligadas a dejar el proceso de aprendizaje
por los motivos que se han expresado. De tal suerte, la Fracción
IV del artículo 33 quedaría como sigue:
Artículo 33. Para cumplir lo dispuesto en
el artículo anterior, las autoridades educativas en el ámbito
de sus respectivas competencias llevarán a cabo las actividades
siguientes:
I. a III. …
IV. Prestarán servicios educativos para atender
a quienes abandonaron el sistema regular, que faciliten la terminación
de la educación preescolar, primaria y la secundaria, otorgando
facilidades de acceso, reingreso, permanencia, y egreso a las mujeres;
g) De igual forma, se propone modificar la redacción
de la propuesta del iniciador en la fracción VIII del artículo
33 de la ley en estudio, en el sentido de cambia la frase "enfoque de género"
por "perspectiva de género" con la finalidad de armonizar el lenguaje
jurídico utilizado en el ordenamiento en cuestión y atendiendo
a que es el término empleado en otros ordenamientos como la Ley
del Instituto Nacional de las Mujeres y la Ley General de Acceso a las
Mujeres a una Vida Libre de Violencia en sus respectivos artículos
quintos.
h) Con la finalidad de conocer y contar con herramientas
que permitan evaluar a las instituciones educativas sobre las acciones
que tomen para cumplir con los programas para prevenir y eliminar cualquier
forma de discriminación y de violencia, es que se plantea la modificación
del artículo 30 para quedar como sigue:
Artículo 30. Las instituciones educativas
establecidas por el Estado, por sus organismos descentralizados y por los
particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial
de estudios, otorgarán a las autoridades educativas todas las facilidades
y colaboración para la evaluación a que esta sección
se refiere.
…
Sin menoscabo de lo señalado en los párrafos
anteriores, las instituciones a que se refiere este artículo están
obligadas a generar indicadores sobre su avance en la aplicación
de métodos para prevenir y eliminar cualquier forma de discriminación
y de violencia, con la finalidad de que sean sujetas a evaluación
sobre la materia. Tales indicadores serán de dominio público
y se difundirán por los medios disponibles.
i) De igual forma, para estar en concordancia con
las modificaciones propuestas, se propone la modificación del artículo
32 de la Ley General de Educación, para quedar como sigue:
Artículo 32. Las autoridades educativas
tomarán medidas tendientes a establecer condiciones que permitan
el ejercicio pleno del derecho a la educación de cada individuo,
una mayor equidad educativa, así como el logro de la efectiva igualdad
en oportunidades de acceso y permanencia en los servicios educativos.
Dichas medidas estarán dirigidas, de manera preferente,
a los grupos y regiones con mayor rezago educativo o que enfrentan condiciones
económicas y sociales de desventaja en términos de lo
dispuesto en los artículos 7 y 8.
j) Asimismo, se estima oportuno modificar la iniciativa
a efecto de que las autoridades educativas implementen programas destinados
a los padres de familia y/o tutores, para sensibilizarlos sobre la importancia
de la educación de sus hijos, en especial la de sus hijas. Lo anterior,
en razón de que desafortunadamente persiste la absurda idea de que
las mujeres no deberían estudiar, si se van a dedicar a las labores
del hogar.
Según datos de la Social Watch, publicados en su informe
de 2006 Arquitectura imposible, "por cada 100 niños que no
van a la escuela primaria, hay 117 niñas que no lo hacen. Las mujeres
representan 67 por ciento de los analfabetos del mundo y sólo 16.6
por ciento de los parlamentarios. Además, no reciben igual remuneración
que los varones por igual trabajo. Asumir que las relaciones de género
relegan a las mujeres es el primer paso para llevar adelante políticas
contra estas iniquidades".
La propuesta en comento quedaría como sigue:
Artículo 33. Para cumplir lo dispuesto
en el artículo anterior, las autoridades educativas en el ámbito
de sus respectivas competencias llevarán a cabo las actividades
siguientes:
I. a XII. …
XIII. Apoyarán y desarrollarán programas
destinados a que los padres o tutores apoyen en circunstancias de igualdad
los estudios de sus hijas e hijos, prestando especial atención a
la necesidad de que aquellos tomen conciencia de la importancia de que
las niñas deben recibir un trato igualitario y que deben recibir
las mismas oportunidades educativas que los varones.
k) Por otra parte, se considera necesario profesionalizar
a las autoridades educativas y al personal docente para cumplir con los
fines y objetivos que orientan a la educación que se imparta, tal
como se ha expresado en las modificaciones propuestas a la Iniciativa original,
por lo que las dictaminadoras proponen modificar el artículo 49
para establecer que en el proceso educativo se estará a lo dispuesto
a lo señalado en los fines y criterios que establece la propia ley,
además de que será necesario la capacitación del personal
docente para cumplir con ello; de esa forma, el precepto quedaría
de la siguiente manera:
Artículo 49. El proceso educativo se basará
en los principios de libertad, responsabilidad que asegure la armonía
de relaciones entre educandos y educadores y promoverá el trabajo
en grupo para asegurar la comunicación y el diálogo entre
educandos, educadores, padres de familia e instituciones públicas
y privadas.
Además, estará sujeto a los fines y criterios
dispuestos en los artículos 7 y 8 del presente ordenamiento, para
lo cual se brindará capacitación al personal docente para
que éste, a su vez, transmita esa información a los educandos,
así como a los padres de familia.
Por lo expuesto, los integrantes de las Comisiones Unidas
de Educación Pública y Servicios Educativos, y de Equidad
y Género, con las atribuciones que otorgan los artículos
71 y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, y de conformidad con los artículos 45, numeral 6, inciso
e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados
Unidos Mexicanos, y 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, ponemos a consideración
de esta asamblea el siguiente proyecto de
Decreto por el que se reforman y adicionan diversas
disposiciones de la Ley General de Educación
Artículo Único. Se reforman los artículos
2o., segundo párrafo; 8o., primer párrafo; 32, segundo párrafo;
33, fracciones IV y VIII y 41; e adicionan los artículos 7o., con
una fracción XV; 30, con un tercer párrafo; 33, con una fracción
XIV y 49, con un segundo párrafo a la Ley General de Educación,
para quedar como sigue:
Artículo 2o. …
La educación es medio fundamental para adquirir,
transmitir y acrecentar la cultura; es proceso permanente que contribuye
al desarrollo del individuo y a la transformación de la sociedad,
y es factor determinante para la adquisición de conocimientos y
para formar a mujeres y a hombres, de manera que tengan sentido
de solidaridad social.
…
Artículo 7o. La educación que impartan
el Estado, sus organismos descentralizados y los particulares con autorización
o con reconocimiento de validez oficial de estudios tendrá, además
de los fines establecidos en el segundo párrafo del artículo
3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
los siguientes:
I. a XIV. …
XV. Difundir los derechos y deberes de niños,
niñas y adolescentes y las formas de protección con que cuentan
para ejercitarlos.
Artículo 8o. El criterio que orientará
a la educación que el Estado y sus organismos descentralizados impartan
-así como toda la educación preescolar, la primaria, la secundaria,
la normal y demás para la formación de maestros de educación
básica que los particulares impartan- se basará en los resultados
del progreso científico; luchará contra la ignorancia y sus
causas y efectos, las servidumbres, los fanatismos, los prejuicios, la
formación de estereotipos, la discriminación y la violencia
especialmente la que se ejerce contra las mujeres, niñas y niños,
debiendo implementar políticas públicas de Estado orientadas
a la transversalidad de criterios en los tres órdenes de gobierno.
I. a III. …
Artículo 30. …
…
Sin menoscabo de lo señalado en los párrafos
anteriores, las instituciones a que se refiere este artículo están
obligadas a generar indicadores sobre su avance en la aplicación
de métodos para prevenir y eliminar cualquier forma de discriminación
y de violencia, con la finalidad de que sean sujetas a evaluación
sobre la materia. Tales indicadores serán de dominio público
y se difundirán por los medios disponibles.
Artículo 32. …
Dichas medidas estarán dirigidas, de manera preferente,
a los grupos y regiones con mayor rezago educativo o que enfrentan condiciones
económicas y sociales de desventaja en términos de lo
dispuesto en los artículos 7o. y 8o. de esta ley.
Artículo 33. Para cumplir lo dispuesto en
el artículo anterior, las autoridades educativas en el ámbito
de sus respectivas competencias llevarán a cabo las actividades
siguientes:
I. a III. …
IV. Prestarán servicios educativos para atender
a quienes abandonaron el sistema regular, que faciliten la terminación
de la educación preescolar, primaria y la secundaria, otorgando
facilidades de acceso, reingreso, permanencia, y egreso a las mujeres;
V. a VII. …
VIII. Desarrollarán programas con perspectiva
de género para otorgar becas y demás apoyos económicos
a educandos;
IX. a XIII. …
XIV. Apoyarán y desarrollarán programas
destinados a que los padres o tutores apoyen en circunstancias de igualdad
los estudios de sus hijas e hijos, prestando especial atención a
la necesidad de que aquellos tomen conciencia de la importancia de que
las niñas deben recibir un trato igualitario y que deben recibir
las mismas oportunidades educativas que los varones.
…
Artículo 41. La educación especial está
destinada a individuos con discapacidades transitorias o definitivas, así
como a aquellos con aptitudes sobresalientes. Atenderá a los educandos
de manera adecuada a sus propias condiciones, con equidad social incluyente
y con perspectiva de género.
Artículo 49. …
Además, estará sujeto a los fines y criterios
dispuestos en los artículos 7o. y 8o. del presente ordenamiento,
para lo cual se brindará capacitación al personal docente
para que éste, a su vez, transmita esa información a los
educandos, así como a los padres de familia.
Transitorio
Único. El presente decreto entrará
en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario
Oficial de la Federación.
Notas
1. Informe del secretario general del Panel de Alto Nivel,
Naciones Unidas, Nueva York, 9 de noviembre de 2006.
2. Documento disponible en http://www.unicef.org.uk/tz/resources/assets/pdf/rights_leaflet.pdf
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de marzo
de 2008.
La Comisión de Educación Pública
y Servicios Educativos
Diputados: Itzcóatl
Tonatiuh Bravo Padilla (rúbrica), presidente; Constantino Acosta
Dávila (rúbrica), Ariel Castillo Nájera (rúbrica),
Leobardo Curiel Preciado (rúbrica), Delber Medina Rodríguez
(rúbrica), Víctor Manuel Lizárraga Peraza (rúbrica),
Adrián Pedrozo Castillo (rúbrica), Abundio Peregrino García
(rúbrica), Enrique Rodríguez Uresti (rúbrica), Odilón
Romero Gutiérrez (rúbrica), Sergio Sandoval Paredes, secretarios;
María del Carmen Pinete Vargas, José Rosas Aispuro Torres,
Daniel Amador Gaxiola (rúbrica), Raymundo Cárdenas Hernández
(rúbrica), Juan de Dios Castro Muñoz, Faustino Javier Estrada
González, Jesús Vicente Flores Morfín, María
Gabriela González Martínez, Benjamín Ernesto González
Roaro, Sergio Hernández Hernández (rúbrica), Ramón
Ignacio Lemus Muñoz Ledo, Adolfo Mota Hernández, Francisco
Javier Murillo Flores, Concepción Ojeda Hernández (rúbrica),
Ignacio Alberto Rubio Chávez (rúbrica), José de Jesús
Solano Muñoz, Miguel Ángel Solares Chávez, Gerardo
Sosa Castelán, José Luis Varela Lagunas (rúbrica).
La Comisión de Equidad y Género
Diputados: Maricela Contreras
Julián (rúbrica), presidenta; Nelly Asunción Hurtado
Pérez (rúbrica), Mirna Cecilia Rincón Vargas (rúbrica),
Guadalupe Socorro Flores Salazar (rúbrica), Bertha Yolanda Rodríguez
Ramírez (rúbrica), Olga Patricia Chozas y Chozas (rúbrica),
Martha Angélica Tagle Martínez (rúbrica), secretarias;
Alma Edwviges Alcaraz Hernández, María Mercedes Corral Aguilar,
Beatriz Eugenia García Reyes, Martha Margarita García Müller,
Lizbeth Evelia Medina Rodríguez, María Esperanza Morelos
Borja (rúbrica), Rocío del Carmen Morgan Franco (rúbrica),
María Soledad Limas Frescas (rúbrica), Gerardo Priego Tapia,
Laura Angélica Rojas Hernández (rúbrica), Maribel
Luisa Alva Olvera (rúbrica), Irene Aragón Castillo, Aurora
Cervantes Rodríguez, Claudia Lilia Cruz Santiago (rúbrica),
Holly Matus Toledo, David Sánchez Camacho (rúbrica), Aracely
Escalante Jasso, Elda Gómez Lugo (rúbrica), Juan Leticia
Herrera Ale, María Beatriz Pagés Llergo Rebollar, Mayra Gisela
Peñuelas Acuña, María Oralia Vega Ortiz (rúbrica),
Blanca Luna Becerril (rúbrica).
La Comisión de Atención a Grupos Vulnerables
Diputados: María Esperanza
Morelos Borja (rúbrica), Marcela Cuen Garibi (rúbrica), Laura
Angélica Rojas Hernández (rúbrica), David Sánchez
Camacho, Eduardo Elías Espinosa Abuxapqui (rúbrica), Irene
Aragón Castillo, Carlos Augusto Bracho González (rúbrica),
Arnulfo Elías Cordero Alfonzo (rúbrica), Silvia Emilia Degante
Romero (rúbrica), María Victoria Gutiérrez Lagunes
(rúbrica), Juana Leticia Herrera Ale (rúbrica), María
Esther Jiménez Ramos (rúbrica), Rubí Laura López
Silvia (rúbrica), Marisol Mora Cuevas (rúbrica), María
del Carmen Pinete Vargas, Jorge Quintero Bello (rúbrica), Mirna
Cecilia Rincón Vargas (rúbrica), Adriana Rodríguez
Vizcarra (rúbrica), José Antonio Saavedra Coronel, Martha
Angélica Tagle Martínez, Mario Vallejo Estévez, Martín
Zepeda Hernández.
DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN
PÚBLICA Y SERVICIOS EDUCATIVOS, CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA
LAS FRACCIONES XIV BIS AL ARTÍCULO 7 Y X AL ARTÍCULO 14 DE
LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN
Honorable Asamblea:
A la Comisión de Educación Pública
y Servicios Educativos de la Cámara de Diputados del honorable Congreso
de la Unión le fue turnada, para su estudio y análisis, la
iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversos artículos
de la Ley General de Educación, a efecto fomentar la lectura y el
libro.
La Comisión de Educación Pública
y Servicios Educativos, con fundamento en los artículos 71 y 72
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
y de conformidad con los artículos 39, 44 y 45 numeral 6, incisos
e), f) y g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados
Unidos Mexicanos, así como en los artículo 56, 60, 88, 93
y 94 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los
Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta honorable
asamblea el presente dictamen.
I. Antecedentes
1. En la sesión ordinaria de la Cámara
de Diputados del día 2 de febrero de 2006, la Presidencia de la
Mesa Directiva de la Cámara de Diputados dio cuenta de la Iniciativa
por la que se reforman los artículos 7, 12 y 14 de la Ley General
de Educación, a cargo de la diputada María Guadalupe García
Velasco, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional
de la LIX Legislatura.
2. En esa misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva
determinó que se turnara a la Comisión de Educación
Pública y Servicios Educativos, para su estudio y dictamen.
II. Contenido de la iniciativa
La iniciativa materia del Presente Dictamen es relativa
a la reforma de los artículos 7, 12 y 14 de la Ley General de Educación
para incluir entre los fines educativos la promoción y el fomento
a la lectura y el libro. Incluye como atribución de la Secretaría
de Educación Pública la diversificación y fortalecimiento
de los acervos bibliográficos de las bibliotecas escolares y de
aula de las escuelas de educación básica; y por otro lado
establece conjuntamente para las autoridades educativas federal y estatales
la promoción e impulso de actividades y programas relacionados con
el fomento de la lectura y el libro.
III. Considerandos de la comisión
1. Que a lo largo del siglo pasado, la educación
pública cumplió un papel fundamental en la consolidación
del Estado Nacional.
2. Que la adquisición y consolidación del
hábito lector debe ser un objetivo prioritario de la política
educativa que impulse el Estado con el objeto de formar ciudadanos con
pensamientos reflexivos y críticos que permitan un verdadero avance
social-educativo en el país.
3. Que los libros son elementos enriquecedores, desarrollan
la conciencia personal y la cultura nacional, conservan el saber, difunden
y le abren nuevos horizontes, favorecen la imaginación, la creación,
la investigación, la innovación, estimulan el debate y la
democracia, y por lo mismo debe ser incorporado el hábito de la
lectura en las políticas educativas desde temprana edad.
4. Que el Estado debe preocuparse por formar lectores
y fortalecer la cadena de libro para ponerlo al alcance de toda la población.
5. Que en el último medio siglo se han impulsado
políticas públicas de alto impacto social como la ampliación
de la cobertura del servicio educativo, y de la educación obligatoria,
la distribución de libros de texto gratuitos, la dotación
de acervos para bibliotecas de aulas y escolares o la instalación
de salas de lectura.
6. Que en otros países, como España, Colombia
y Argentina se ha comprendido la importancia que el libro y la lectura
tienen para el desarrollo de sus habitantes y le han dado un papel primordial
al facilitar su presencia en la sociedad a través de muy variados
apoyos en todos los terrenos.
7. Que para continuar y consolidar estos logros, es indispensable
una mayor eficiencia y articulación de las políticas de educación
y cultura y un énfasis especial en la promoción de la lectura.
En este terreno, es urgente que la población incremente sus índices
de lectura y mejore otras habilidades como la comprensión, asimilación
y aprovechamiento de los textos que se leen.
8. Que México a la fecha sigue siendo un país
con bajísimos índices de lectura y nuestra red de librerías
no es una de las más importantes del continente, además que
existen algunas poblaciones en el país que actualmente no tienen
acceso a los libros.
9. Que nuestro país requiere de población
con capacidad para reflexionar, articular, comprender, interpretar y comunicar
ideas. De ahí la urgencia de formar lectores y fortalecer la cadena
del libro para ponerlo al alcance de la población.
10. Que la Secretaría de Educación Pública,
ha venido implementando el Programa Nacional de Lectura para la Educación
Básica y Normal en el territorio nacional el cual tiene como objetivo
fortalecer los hábitos y capacidades lectoras de los alumnos y maestros,
así como desarrollar mecanismos que permitan la identificación,
producción y circulación de los acervos bibliográficos
necesarios para satisfacer las necesidades culturales e individuales de
todos los miembros de las comunidades educativas; por tanto la iniciativa
materia del presente dictamen es un instrumento que no sólo permite
consolidar el papel social del libro, sino el fomento inequívoco
al fomento de la lectura y el libro.
11. Que en el contexto en el que fue presentada la iniciativa
de reformas al artículo 7, 12 y 14 de la Ley General de Educación,
se había presentado y aprobado por parte de la Cámara de
Diputados la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro, por lo que esta
Comisión Dictaminadora considera que esta iniciativa busca complementar
aquella ley para que las autoridades educativas fomenten y promueven la
cultura de aprecio del libro y de la lectura.
12. Que aún y cuando en el artículo 4 de
la ley de Fomento a la Lectura y el libro, se establece que corresponde
a la autoridad educativa federal (SEP) en coordinación con el Consejo
Nacional de Fomento a la Lectura y el Libro la instrumentación de
programas relativos a la promoción de la lectura y divulgación
de libros así como el mantenimiento de bibliotecas de aula y escolares,
es necesario que esta medida se incorpore en la Ley General de Educación,
con lo que se complementará la instrumentación y aplicación
de la norma.
13. Que toda vez que México posee el mayor número
de hispanohablantes del planeta la industria del libro debería ser
una de las más importantes, por lo tanto esta iniciativa se concibe
como un paso importante, dentro de un proceso gradual que deberá
conducir a una situación de mayor éxito en cuanto a la cultura
del libro y lectura en nuestro país.
14. Dado que en el transcurso de dictaminación
de la Iniciativa en comento se adicionaron las fracciones XIII, en materia
fomento a los valores y principios del cooperativismo, y XIV, que incorpora
el fomento de la cultura de la transparencia y la rendición de cuentas,
así como el conocimiento en los educandos de su derecho al acceso
a la información pública gubernamental, ambas del artículo
7 de la Ley General de Educación, la materia concerniente a esta
propuesta legislativa se traslada a fracción XIV Bis.
15. Con respecto a la propuesta de reforma de la fracción
XIII del artículo 12 de la Ley General de Educación, que
estipula que "corresponde de manera exclusiva de la autoridad educativa
federal el diversificar y fortalecer los acervos bibliográficos
de las bibliotecas escolares y de aula de las escuelas de educación
básica, mediante la selección, producción y distribución
de materiales de diversos formatos, géneros, temas y autores", la
comisión dictaminadora considera que no es conveniente, en virtud
de que dichas atribuciones deben ser concurrentes con los tres niveles
de gobierno. Así, se considera que de aprobar la exclusividad de
la autoridad educativa federal en materia de fortalecimiento de las bibliotecas
de aula, se privaría de participar en dicho proceso a diversos actores
de la comunidad educativa.
En este sentido, y como ejemplo de la participación
de los tres niveles de gobierno, el artículo 5° de la Ley de
Fomento para la Lectura y el Libro establece que
"Corresponde al sistema educativo nacional, mediante
el programa nacional de fomento a la lectura y al libro:
I. …
II. Promover la lectura de los libros publicados en México
y la existencia de ellos en todas las bibliotecas del país, y…"
16. Finalmente, cabe señalar que con fecha 27 de septiembre
de 2007, los diputados integrantes del Consejo de Políticas Educativas
del Partido Acción Nacional, y miembros de esta Comisión
Dictaminadora, expresaron su opinión favorable al presente dictamen,
enviando diversas consideraciones las cuales fueron incluidas en el presente
documento.
Por lo anteriormente expuesto, la Comisión de Educación
y Servicios de Educativos de la LX Legislatura de la Honorable Cámara
de Diputados, somete a la consideración de la honorable asamblea
el siguiente proyecto de
Decreto que adiciona la fracción XIV Bis al
artículo 7o. y la fracción X al artículo 14 de la
Ley General de Educación.
Artículo Único. Se adicionan la fracción
XIV Bis al artículo 7o.; y la fracción X al artículo
14, recorriéndose en su orden las demás fracciones a la Ley
General de Educación, para quedar como sigue:
Artículo 7o. La educación que imparta
el Estado, sus organismos descentralizados y los particulares con autorización
o con reconocimiento de validez oficial de estudios tendrá, además
de los fines establecidos en el segundo párrafo del artículo
3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
los siguientes:
I. a XIII. ….
XIV Bis. Promover y fomentar la lectura y el libro.
Artículo 14. Adicionalmente a las atribuciones
exclusivas a las que se refieren los artículos 12 y 13, corresponde
a las autoridades educativas federal y locales de manera concurrente, las
atribuciones siguientes:
I. a IX. ...
X. Promover e impulsar en el ámbito de su competencia
las actividades y programas relacionados con el fomento de la lectura y
el libro, de acuerdo a lo establecido en la ley de la materia;
XI. Vigilar el cumplimiento de esta Ley y de sus disposiciones
reglamentarias;
XII. Promover prácticas cooperativas de ahorro,
producción y consumo, de acuerdo a lo establecido en la ley
de la materia y el Reglamento de Cooperativas Escolares, y
XIII. Las demás que con tal carácter establezcan
esta Ley y otras disposiciones aplicables.
…
Transitorio
Único. El presente decreto entrará
en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario
Oficial de la Federación.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de marzo
de 2008.
La Comisión de Educación Pública
y Servicios Educativos
Diputados: Itzcóatl
Tonatiuh Bravo Padilla (rúbrica), presidente; Constantino Acosta
Dávila (rúbrica), Ariel Castillo Nájera (rúbrica),
Leobardo Curiel Preciado (rúbrica), Delber Medina Rodríguez
(rúbrica), Víctor Manuel Lizárraga Peraza (rúbrica),
Adrián Pedrozo Castillo (rúbrica), Abundio Peregrino García
(rúbrica), Enrique Rodríguez Uresti (rúbrica), Odilón
Romero Gutiérrez (rúbrica), Sergio Sandoval Paredes, secretarios;
María del Carmen Pinete Vargas, José Rosas Aispuro Torres,
Daniel Amador Gaxiola (rúbrica), Raymundo Cárdenas Hernández
(rúbrica), Juan de Dios Castro Muñoz (rúbrica), Faustino
Javier Estrada González, Jesús Vicente Flores Morfín,
María Gabriela González Martínez, Benjamín
Ernesto González Roaro, Sergio Hernández Hernández
(rúbrica), Ramón Ignacio Lemus Muñoz Ledo (rúbrica),
Adolfo Mota Hernández, Francisco Javier Murillo Flores (rúbrica),
Concepción Ojeda Hernández (rúbrica), Ignacio Alberto
Rubio Chávez (rúbrica), José de Jesús Solano
Muñoz (rúbrica), Miguel Ángel Solares Chávez
(rúbrica), Gerardo Sosa Castelán, José Luis Varela
Lagunas (rúbrica).
DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD
PÚBLICA, CON PUNTOS DE ACUERDO PARA EXHORTAR AL TITULAR DEL EJECUTIVO
FEDERAL PARA QUE A TRAVÉS DE LOS TITULARES DE LA SECRETARÍA
DE LA DEFENSA NACIONAL, DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA,
Y DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA, EVALÚEN LA
IMPLATACIÓN CON CARÁCTER PREVENTIVO, DE UN OPERATIVO CONJUNTO
DE COMBATE A LA DELINCUENCIA ORGANIZADA EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SUR
Honorable Asamblea:
A la Comisión de Seguridad Pública le fue
turnado, para su análisis y dictamen, proposición con punto
de acuerdo por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal
a instruir a los titulares de la Secretaría de la Defensa Nacional,
de la Procuraduría General de la República y de la Secretaría
de Seguridad Pública a la aplicación de un programa emergente
de operativos conjuntos de combate a la delincuencia organizada en Baja
California Sur, a fin de lograr la recuperación territorial de los
espacios públicos para la comunidad y el restablecimiento de las
condiciones mínimas de seguridad pública.
Con fundamento por lo dispuesto en los artículos
39, numerales 1, 2, fracción III, y numeral 3; 45, en su numeral
6, incisos e) a g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los
Estados Unidos Mexicanos; y 58, 60, 87, 88, 90 y 93 del Reglamento para
el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos,
la comisión es competente para conocer de la proposición
con punto de acuerdo, objeto del presente, y somete a consideración
de esta honorable asamblea el presente dictamen, con base en los siguientes
antecedentes y consideraciones.
Antecedentes
1. En sesión ordinaria del Pleno de la Cámara
de Diputados del honorable Congreso de la Unión, celebrada el 13
de diciembre de 2007, el diputado Manuel Salvador Salgado Amador, del Grupo
Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presentó
proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular
del Poder Ejecutivo Federal a instruir a los titulares de la Secretaría
de la Defensa Nacional, de la Procuraduría General de la República
y de la Secretaría de Seguridad Pública a la aplicación
de un programa emergente de operativos conjuntos de combates a la delincuencia
organizada en Baja California Sur, a fin de lograr la recuperación
territorial de los espacios públicos para la comunidad y el restablecimiento
de las condiciones mínimas de seguridad.
2. Con esa misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva
turnó, para su análisis y dictamen, la proposición
de referencia a la Comisión de Seguridad Pública.
3. En sesión plenaria, celebrada en fecha 19 de
junio de 2008, se sometió a consideración de los integrantes
de la comisión, siendo aprobado por 16 votos.
Contenido
1. El proponente sostiene que el crimen organizado ha
incrementado su actividad en Baja California Sur, propiciando un ambiente
de temor, amenazas, miedo e incertidumbre en la sociedad sudcaliforniana,
para poder desarrollarse con tranquilidad.
2. Expresa que el esfuerzo del gobierno federal, en el
combate al crimen organizado, ha rendido frutos, pero no los suficientes,
en virtud de que existen entidades federativas en las que el crimen organizado
ha extendido sus redes con impunidad.
3. En la actualidad, en Baja California Sur se está
llevando a cabo una lucha de poder entre grupos del crimen organizado en
defensa de sus plazas, y esto conlleva a una serie de ejecuciones de integrantes
de los cárteles, de servidores públicos y de elementos de
policía.
4. Menciona el proponente que, de todos los hechos ilícitos
que se han venido presentando en Baja California Sur, ninguna autoridad
ha podido esclarecer los crímenes, a pesar de que se presume que
se cuentan con los elementos suficientes para poder llevar a cabo un proceso
penal. La autoridad sigue permitiendo un ambiente de impunidad e incertidumbre
para la aplicación de las normas jurídicas, en beneficio
de la sociedad.
5. Destaca que, según información disponible
de la Secretaría de Seguridad Pública federal, en 2006, de
la incidencia delictiva del fuero federal en Baja California Sur, del total
de delitos cometidos, el 52 por ciento correspondieron a delitos contra
la salud.
6. Señala que en Baja California Sur se encuentra
unos de los cuatro polos turísticos más importantes del país
(Los Cabos), y esto la convierte en un foco estratégico para el
turismo nacional, y para la economía del país.
7. En consecuencia, señala el proponente, resulta
apremiante la presencia de las fuerzas armadas, de elementos de la Policía
Federal Preventiva y de la Agencia Federal de Investigación, en
Baja California Sur, para que se lleve a cabo la recuperación territorial
de los espacios públicos para la comunidad y el restablecimiento
de las condiciones mínimas de seguridad.
Consideraciones
a) En lo general
1. Que los párrafos sexto y séptimo del
artículo 21 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos establecen a la seguridad pública como una función
a cargo de la federación, el Distrito Federal, los estados y los
municipios, y disponen la creación del Sistema Nacional de Seguridad
Pública como una instancia de coordinación entre éstos.
2. La Ley General que Establece las Bases de Coordinación
del Sistema Nacional de Seguridad Pública, publicada en el Diario
Oficial de la Federación el 11 de diciembre de 1995, tiene por objeto
establecer las bases de coordinación entre la federación,
los estados, el Distrito Federal y los municipios para la integración
y funcionamiento del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Sus
disposiciones son de orden público e interés social y de
observancia general en todo el territorio nacional.
3. Que de acuerdo con el artículo 3o. de la ley
citada, la seguridad pública es una función a cargo del Estado,
que tiene como fines salvaguardar la integridad y los derechos de las personas,
así como preservar las libertades, el orden y la paz públicos.
4. Que conforme se establece en el artículo 9o.
de la misma ley, las autoridades competentes se coordinarán, entre
otras actividades, para la realización de acciones y operativos
conjuntos, en los siguientes términos:
Artículo 9o. Las autoridades competentes de la
federación, los estados, el Distrito Federal y los municipios se
coordinarán para
I. ...
II. Determinar las políticas de seguridad pública,
ejecutar, dar seguimiento y evaluar sus acciones a través de las
instancias previstas en esta ley.
III. a V. …
VI. Tomar medidas y realizar acciones y operativos conjuntos.
5. Que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo
11, las políticas, lineamientos y acciones de coordinación
se llevarán a cabo mediante la suscripción de los convenios
respectivos o con base en los acuerdos y resoluciones que se tomen en el
Consejo Nacional de Seguridad Pública y en las demás instancias
de coordinación.
b) En cuanto a la proposición con punto de acuerdo
1. La comisión se identifica con el interés
del proponente para promover acciones coordinadas que permitan mejorar
las condiciones de seguridad pública en Baja California Sur.
2. La comisión reconoce las acciones realizadas
por el gobierno federal y los avances logrados, a través de la Secretaría
de la Defensa Nacional, de la Procuraduría General de la República
y de la Secretaría de Seguridad Pública, en coordinación
con las autoridades competentes en materia de seguridad pública
estatales y municipales, en el marco de los operativos de combate a la
delincuencia organizada que se llevan a cabo en diversas entidades federativas
y regiones de nuestro país.
3. La comisión considera pertinente el análisis
de la amplitud de los operativos de combate a la delincuencia organizada
en Baja California Sur, toda vez que, como resultado de los operativos
llevados a cabo en el estado, se ha identificado el traslado de actividades
delictivas vinculadas con el crimen organizado.
4. Asimismo, es consciente de que la lucha contra el crimen
organizado se encuentra en una etapa difícil, por la reacción
violenta que han tenido diversas organizaciones criminales en contra de
las instituciones del Estado competentes en materia de procuración
de justicia, seguridad pública, así como de las fuerzas armadas,
por lo que estima necesario revisar y fortalecer las acciones emprendidas.
5. También, en la actualidad, la lucha contra el
crimen organizado requiere de mayor atención, ya que éste
se ha venido infiltrando en la sociedad y conlleva una serie de actos ilícitos,
y otros que ponen en riesgo el desarrollo, la tranquilidad y el bienestar
de nuestras las familias.
6. La comisión es consciente de la importancia
que implica la lucha contra el crimen organizado, así como la coordinación
que debe existir en los tres niveles de gobierno para combatirlo con eficiencia.
Es por ello que se debe definir y establecer un plan estratégico
nacional en materia de seguridad pública, así como implantar
una política integral de combate al crimen organizado con participación
de los tres niveles de gobierno.
7. La comisión se identifica con el interés
del proponente, toda vez que al ser un estado que colinda con uno fronterizo,
como lo es Baja California, y debido a los operativos que se presentan
en éste, la delincuencia organizada busca nuevas bases de operación,
ampliando su actuación a los estados vecinos, lo que ha provocado
el crecimiento de índices delictivos en Baja California Sur.
8. La comisión considera pertinente recodar que,
dentro de los resolutivos de la decimoquinta Conferencia Nacional de Procuración
de Justicia, celebrada en San Luís Potosí en marzo de 2007,
se acordó establecer nuevas estrategias y mecanismos de coordinación
y colaboración que permitan combatir con eficacia a la delincuencia
organizada en todas sus expresiones, y garantizar una procuración
de justicia que ofrezca certidumbre y seguridad a los mexicanos.
9. Por los razonamientos expresados, la comisión
considera procedente exhortar al titular del Ejecutivo Federal para que,
a través de los titulares de la Secretaría de la Defensa
Nacional, de la Procuraduría General de la República y de
la Secretaría de Seguridad Pública, evalúe la implantación,
con carácter preventivo, de un operativo conjunto de combate a la
delincuencia organizada, en coordinación con las autoridades competentes
del gobierno de Baja California Sur, que permita mejorar las condiciones
de seguridad en esta entidad.
Por lo anteriormente expuesto, los integrantes de la Comisión
de Seguridad Pública someten a consideración del Pleno los
siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados del honorable
Congreso de la Unión exhorta al titular del Ejecutivo federal a
evaluar la implantación, con carácter de preventivo, a través
de los titulares de la Secretaría de la Defensa Nacional, de la
Procuraduría General de la República y de la Secretaría
de Seguridad Pública, de un operativo conjunto de combate a la delincuencia
organizada, en coordinación con las autoridades competentes del
gobierno de Baja California Sur, que permita mejorar las condiciones de
seguridad en esta entidad.
Segundo. La Cámara de Diputados del honorable
Congreso de la Unión solicita atentamente al titular del Ejecutivo
federal, a través de los titulares de la Secretaría de la
Defensa Nacional, de la Procuraduría General de la República
y de la Secretaría de Seguridad Pública, informen a ésta
de las medidas adoptadas en el marco del anterior punto de acuerdo, dentro
del plazo de 60 días naturales, contados a partir de su notificación.
Palacio Legislativo en San Lázaro, a 19 de junio
de 2008.
La Comisión de Seguridad Pública
Diputados: Juan Francisco
Bedoya (rúbrica), presidente; Édgar Armando Olvera Higuera,
Armando Barreiro Pérez, Luis Gerardo Serrato Castell, Víctor
Leopoldo Valencia de los Santos, Víctor Hugo García Rodríguez
(rúbrica), Gerardo Octavio Vargas Landeros (rúbrica), secretarios;
Jesús Sergio Alcántara Núñez, Miguel Ángel
Arellano Pulido, Roberto Badillo Martínez, Roberto Badillo Martínez,
Gregorio Barradas Miravete, Manuel Cárdena Fonseca (rúbrica),
María Sofía Castro Romero (rúbrica), Ángel
Rafael Deschamps Falcón (rúbrica), Yary del Carmen Gebhardt
Garduza, Jorge Justiniano González Betancourt (rúbrica),
Ma. de los Ángeles Jiménez del Castillo (rúbrica),
Agustín Leura González (rúbrica), Andrés Lozano
Lozano, Carlos Madrazo Limón (rúbrica), Camerino Eleazar
Márquez Madrid (rúbrica), Efraín Morales Sánchez,
José Luis Murillo Torres (rúbrica), Silvia Oliva Fragoso
(rúbrica), Manuel Salvador Salgado Amador (rúbrica), Layda
Elena Sansores San Román (rúbrica), Francisco Javier Santos
Arreola, Martín Stefanonni Mazzocco (rúbrica), Carlos Torres
Torres.
DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD
PÚBLICA, CON PUNTOS DE ACUERDO PARA EXHORTAR AL CONSEJO NACIONAL
DE SEGURIDAD PÚBLICA A TRAVÉS DEL SECRETARIO DE SEGURIDAD
PÚBLICA, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE, PARA QUE EN EL PRÓXIMO
ACUERDO QUE EMITA PARA LA APROBACIÓN DE CRITERIOS DE ASIGNACIÓN,
FÓRMULAS Y VARIABLES UTILIZADAS EN EL CÁLCULO PARA LA DISTRIBUCIÓN
DE LOS RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA
DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL, SE EVALÚE LA MODIFICACIÓN
DE LOS VALORES PONDERADOS VIGENTES, EN PARTICULAR, EN EL CRITERIO RELATIVO
A LA INCIDENCIA DELICTIVA
A la Comisión de Seguridad Pública de la
Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de
la LX Legislatura, le fue turnado para su análisis y dictamen, proposición
con punto de acuerdo relativo a los criterios y las fórmulas sobre
la distribución de los recursos del Fondo de Aportaciones para la
Seguridad Pública.
Con fundamento en lo dispuesto en los artículos
39, numerales 1, 2 fracción III y numeral 3; 45 en su numeral 6,
incisos e) a g) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados
Unidos Mexicanos; 58, 60, 87, 88, 90 y 93 del Reglamento para el Gobierno
Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, esta comisión
es competente para conocer de la proposición con punto de acuerdo
objeto del presente, y somete a consideración de esta honorable
Asamblea el presente dictamen, con base en los siguientes antecedentes
y consideraciones.
Antecedentes
1. En sesión ordinaria del Pleno de la Cámara
de Diputados celebrada el 11 de octubre de 2007, el diputado Gerardo Octavio
Vargas Landeros, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional, presentó proposición con punto de acuerdo,
por el que solicita al titular de la Secretaría de Seguridad Pública
federal, en su carácter de presidente del Consejo Nacional de Seguridad
Pública, así como a los integrantes del mismo, modificar
los criterios de asignación de los recursos del Fondo de Aportaciones
para la Seguridad Pública de los estados y el Distrito Federal,
en lo relativo a incidencia delictiva.
2. Con esa misma fecha, la presidencia de la Mesa Directiva
turnó para su análisis y dictamen la proposición con
punto de acuerdo a la Comisión de Seguridad Pública.
3. En sesión plenaria celebrada el 19 de junio
de 2008, se sometió a consideración de los diputados integrantes
de la Comisión de Seguridad Pública, y fue aprobado por 17
votos.
Contenido
1. De acuerdo con el diputado proponente, con la adición
de un séptimo párrafo al artículo 21, y una fracción
XXIII al artículo 73 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación
el 31 de diciembre de 1994, se elevaron a rango constitucional los principios
que sustentan la coordinación en materia de seguridad pública
de los tres órdenes de gobierno.
2. Asimismo, con el objeto de reglamentar la función
de seguridad pública descrita en el párrafo y fracción
citados, el 11 de diciembre de 1995 se publicó en el Diario Oficial
de la Federación la Ley General que Establece las Bases de Coordinación
del Sistema Nacional de Seguridad Pública, ordenamiento que establece
la creación e integración del Consejo Nacional de Seguridad
Pública.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 12 de
la ley citada, el Secretario de Seguridad Pública federal presidirá
el Consejo Nacional de Seguridad Pública.
3. Que la fracción VII de la Ley de Coordinación
Fiscal establece el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública
(FASP) de los estados y el Distrito Federal, como aportación que
la federación transfiere a los estados, Distrito Federal y, en su
caso, a los municipios. Dicha aportación se regula por lo dispuesto
en los artículos 44 y 45 de la misma ley.
4. Que los recursos federales que integran el FAPS de
los estados y del Distrito Federal, se entregan a las entidades federativas
a través del ramo general 33, con cargo al Presupuesto de Egresos
de la Federación.
5. De acuerdo con el diputado proponente, en la práctica,
el Secretario de Seguridad Pública federal, conjuntamente con el
secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública,
elaboran los criterios de distribución y fórmulas que deberán
ser aprobadas por los demás integrantes del Consejo Nacional de
Seguridad Pública, utilizando los indicadores descritos en el artículo
44 de la Ley de Coordinación Fiscal, pero con la posibilidad de
adicionar otros criterios.
6. A partir del 2003, la fórmula de distribución
de los recursos del FAPS ramo 33, ha sido elaborada con cinco criterios
estadísticos de asignación: I) número de habitantes
en los estados y el Distrito Federal; II) índice delictivo; III)
índice de ocupación penitenciaria; IV) avance en la aplicación
del programa nacional de seguridad pública; y, V) los proyectos
nacionales convenidos.
7. Que en el acuerdo 02/XXII/08 del Consejo Nacional de
Seguridad Pública, por el que se aprueban los criterios de asignación,
fórmulas y variables utilizadas en el cálculo para la distribución
de los recursos del FAPS de los estados y del Distrito Federal, publicado
en el Diario Oficial de la Federación el 11 de enero de 2008, se
incorporan dos criterios, relativos a la aplicación de programas
de prevención y recursos invertidos por los municipios en programas
y/o acciones de seguridad pública.
8. De acuerdo con el diputado proponente, el porcentaje
de recursos del presupuesto federal que el Sistema Nacional de Seguridad
Pública asignaba a cada uno de los cinco criterios citados anteriormente,
reflejaba las prioridades vigentes en ese momento en materia de seguridad,
en teoría, para los estados y el Distrito Federal: 35 por ciento
de los recursos corresponden al número de habitantes, 15 por ciento
al índice delictivo, 20 por ciento a la ocupación penitenciaria,
10 por ciento al avance en la aplicación del Programa Nacional de
Seguridad Pública y, 20 por ciento a la inversión en proyectos
convenidos.
9. Sostiene el diputado proponente que el problema radica
en el segundo indicador, relativo a la incidencia delictiva, el cual fue
incorporado por el consejo nacional a partir del 2003, con la creencia
de que esto favorecería a aquellas entidades con mayor delincuencia,
que se define por el número de denuncias registradas ante las diversas
agencias del Ministerio Público.
10. No obstante, durante los últimos cinco años
se ha comprobado que dicho criterio no es eficaz; por el contrario, genera
incentivos perversos para que los estados manipulen sus índices
delictivos, aumentando en muchos casos los números para que el Sistema
Nacional de Seguridad Pública incremente las asignaciones federales.
En vez de fomentar la reducción y el combate a
los ilícitos, crea un mecanismo que incentiva la manipulación
de cifras, subejercicios y escaso control.
11. Adicionalmente, sostiene el proponente, se ha comprobado
en los ámbitos nacional e internacional que la información
sobre la incidencia delictiva es parcial, inexacta e imprecisa. Las cifras
e índices que tiene el gobierno federal contrastan con las de los
gobiernos estatales, y ambas con las realizadas por académicos e
investigadores.
12. Por las consideraciones señaladas, el diputado
Gerardo Octavio Vargas Landeros, propone la aprobación de un punto
de acuerdo por el que se solicita al titular de la Secretaría de
Seguridad Pública federal, en su carácter de presidente del
Consejo Nacional de Seguridad Pública, y a sus demás integrantes,
para que en el próximo acuerdo que emita los criterios de asignación,
fórmulas y variables utilizadas en el cálculo para la distribución
de los recursos del FASP de los estados y el Distrito Federal, se suprima
el criterio de asignación relativo a la incidencia delictiva.
13. Asimismo, señala que el próximo acuerdo
que emita el Consejo Nacional de Seguridad Pública, acorde con el
Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal
2008, ramo 33, debe considerar: I) el número de habitantes de los
estados y el Distrito Federal, tomando en cuenta la última información
publicada por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía
e Informática y no las cifras del año 2000; II) el índice
de ocupación penitenciaria reportado a diciembre de 2006; es decir,
la del año anterior y no la del 2004 que se aplica actualmente;
III) el avance en el cumplimiento de programas de prevención del
delito, y en aquellos que se estén ejecutando para combatir las
adicciones; IV) el avance en la aplicación del Programa Nacional
de Seguridad Pública 2006-2012; V) el cumplimiento de los diez ejes
estratégicos del Sistema Nacional de Seguridad Pública, acordados
en su XXI sesión, celebrada el 22 de enero de 2007; y VI) el número
de policías, jueces y ministerios que en sus diversos ámbitos
de competencia realizan la función conferida en el artículo
3 de la Ley General que Establece las Bases de Coordinación del
Sistema Nacional de Seguridad Pública.
14. Finalmente, expresa el diputado proponente, no debe
mantenerse el criterio de medir la incidencia de delitos del crimen organizado
considerando únicamente los delitos de secuestro y asaltos bancarios,
pues esto resulta parcial e incompleto, y no permite hacer más eficiente
el uso de los recursos.
Consideraciones
A). En lo general:
1. Que a partir de la adición de los párrafos
sexto y séptimo al artículo 21 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario
Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 1994, se establece
la seguridad pública como una función a cargo de la federación,
los estados, el Distrito Federal y los municipios; y se creó el
Sistema Nacional de Seguridad Pública como una instancia de coordinación
en la materia.
2. Que el artículo 74 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece las facultades
exclusivas de la Cámara de Diputados, entre las que se encuentra
la aprobación anual del Presupuesto de Egresos de la Federación.
3. Que la Ley General que Establece las Bases de Coordinación
del Sistema Nacional de Seguridad Pública, publicada en el Diario
Oficial de la Federación el 11 de diciembre de 1995, tiene por objeto
establecer las bases de coordinación entre la federación,
el Distrito Federal, los estados y los municipios para la integración
y funcionamiento del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
4. Que la fracción III del artículo 9 del
mismo ordenamiento señala como una actividad de coordinación
de las autoridades competentes de la federación, los estados, el
Distrito Federal y los municipios; desarrollar los lineamientos, mecanismos
e instrumentos para la mejor organización y funcionamiento de las
instituciones de seguridad pública.
5. Por otra parte, el artículo 17 de la ley citada,
determina las funciones del secretario ejecutivo del Sistema Nacional de
Seguridad Pública, entre las que se encuentran la ejecución
y seguimiento de los acuerdos y resoluciones del consejo, en los siguientes
términos:
Artículo 17. Serán funciones del secretario
ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública:
I. …
II. Levantar y certificar los acuerdos que se tomen en
el consejo, llevar el archivo de éstos y de los instrumentos jurídicos
que refiere el artículo 11;
III. Ejecutar y dar seguimiento a acuerdos y resoluciones
del consejo;
IV. … a XIII. …
6. Que la Ley Orgánica de la Administración
Pública Federal, publicada en el Diario Oficial de la Federación
el 29 de diciembre de 1976, tiene por objeto establecer las bases de organización
de la administración pública, centralizada y paraestatal.
7. Que el artículo 30 bis de la Ley Orgánica
de la Administración Pública Federal, establece entre los
asuntos de despacho de la Secretaría de Seguridad Pública
federal los relativos a presidir el Consejo Nacional de Seguridad Pública
y la formulación de propuestas sobre políticas, acciones
y estrategias de coordinación en materia de prevención del
delito y política criminal, en los siguientes términos:
Artículo 30 bis. A la Secretaría de Seguridad
Pública corresponde el despacho de los siguientes asuntos:
I. A II. …
III. Presidir el Consejo Nacional de Seguridad Pública;
IV. Representar al Poder Ejecutivo federal en el Sistema
Nacional de Seguridad Pública;
V. Proponer al Consejo Nacional de Seguridad Pública
la designación del secretario ejecutivo del Sistema Nacional de
Seguridad Pública y, en su caso, removerlo libremente;
VI. Proponer en el seno del Consejo Nacional de Seguridad
Pública, políticas, acciones y estrategias de coordinación
en materia de prevención del delito y política criminal para
todo el territorio nacional;
VII. … a XXVII. …
8. Que la Ley de Coordinación Fiscal, publicada
en el Diario Oficial de la Federación el 27 de diciembre de 1978,
tiene por objeto coordinar el sistema fiscal de la federación con
los estados, municipios y Distrito Federal, establecer la participación
que corresponda a sus haciendas públicas en los ingresos federales;
distribuir entre ellos dichas participaciones; fijar reglas de colaboración
administrativa entre las diversas autoridades fiscales; constituir los
organismos en materia de coordinación fiscal y dar las bases de
su organización y funcionamiento.
9. Que el artículo 25 de la Ley de Coordinación
Fiscal, establece las aportaciones federales como recursos que la federación
transfiere a las haciendas públicas de los estados, Distrito Federal,
y en su caso, de los municipios, condicionando su gasto a la consecución
y cumplimiento de los objetivos que para cada tipo de aportación
establece esta ley.
Que la fracción VII del artículo 25, establece
el FASP de los estados y del Distrito Federal.
10. Que el artículo 44 de la Ley de Coordinación
Fiscal determina la constitución de este fondo, que será
determinado anualmente en el Presupuesto de Egresos de la Federación.
Se establece en el mismo artículo que en el Presupuesto
de Egresos de la Federación de cada ejercicio fiscal se hará
la distribución de los recursos federales que integran este fondo,
entre los distintos rubros de gasto del Sistema Nacional de Seguridad Pública
aprobados por el Consejo Nacional de Seguridad Pública.
11. Asimismo, el artículo 45 de la ley citada establece
el destino exclusivo de los recursos del FASP, en los siguientes términos:
Artículo 45. Las aportaciones federales que, con
cargo al FASP de los estados y del Distrito Federal reciban dichas entidades,
se destinarán exclusivamente al reclutamiento, formación,
selección, evaluación y depuración de los recursos
humanos vinculados con tareas de seguridad pública; al otorgamiento
de percepciones extraordinarias para los agentes del Ministerio Público,
los peritos, los policías judiciales o sus equivalentes de las procuradurías
de justicia de los estados y del Distrito Federal, los policías
preventivos o de custodia de los centros penitenciarios y de menores infractores;
al equipamiento de las policías judiciales o de sus equivalentes,
de los peritos, de los Ministerios Públicos y de los policías
preventivos o de custodia de los centros penitenciarios y de menores infractores;
al establecimiento y operación de la red nacional de telecomunicaciones
e informática para la seguridad pública y el servicio telefónico
nacional de emergencia; a la construcción, mejoramiento o ampliación
de las instalaciones para la procuración e impartición de
justicia, de los centros de readaptación social y de menores infractores,
así como de las instalaciones de los cuerpos de seguridad pública
y sus centros de capacitación; al seguimiento y evaluación
de los programas señalados.
…
12. Que el 11 de enero de 2008 se publicó en el
Diario Oficial de la Federación el acuerdo 02/XXII/08 del Consejo
Nacional de Seguridad Pública por el que se aprueban los criterios
de asignación, las fórmulas y variables utilizadas en el
cálculo para la distribución de los recursos del FASP de
los estados y el Distrito Federal.
13. Que en el acuerdo citado, se establecen los criterios
conforme a los cuales se distribuyen los recursos del FASP, así
como la ponderación o porcentaje de asignación de los mismos,
en los siguientes términos:
Criterios
I. Número de habitantes de los estados y del Distrito
Federal:
II. Índice delictivo;
III. Índice de ocupación penitenciaria;
IV. Avance en la aplicación del Programa Nacional
de Seguridad Pública;
V. Proyectos nacionales convenidos en proceso;
VI. Aplicación de programas de prevención;
y
VII. Recursos invertidos por los municipios en programas
y/o acciones de seguridad pública.
Ponderación de los criterios,
35.0 por ciento para el criterio I
10.0 por ciento para el criterio II
20.0 por ciento para el criterio III
10.0 por ciento para el criterio IV
20.0 por ciento para el criterio V
04.0 por ciento para el criterio VI
01.0 por ciento para el criterio VII
B). En cuanto a la proposición con punto de acuerdo
1. Esta comisión dictaminadora comparte el interés
del diputado proponente de que se revisen los criterios de asignación
utilizados para la distribución de los recursos del FASP de los
estados y del Distrito Federal.
2. Que de acuerdo con estudios especializados, el crecimiento
de la inseguridad pública en México tiene una primera explicación
en la diversificación de los ilícitos y de los propios delincuentes,
lo cual se relaciona, en parte, con el auge de las comunicaciones, los
transportes y la tecnología, que han dotado a los delincuentes de
nuevos instrumentos.
3. Esta comisión tiene presente que, no obstante
el fortalecimiento de las políticas, programas y acciones en materia
de seguridad pública, los resultados no son los que la sociedad
nacional merece y demanda.
4. Esta comisión tiene presente que las dinámicas
en la comisión de delitos presentan características y variables
diferentes a través del tiempo, por lo que resulta esencial revisar
por medio de metodologías, instrumentos y criterios actualizados,
las estrategias, políticas y programas, encaminados al combate a
la inseguridad, incluyendo los procedimientos para la asignación
de recursos destinados a la seguridad pública.
5. Que de acuerdo con el Instituto Ciudadano de Estudios
sobre la Inseguridad, AC, un aspecto que limita el conocimiento real de
la incidencia delictiva es la inconsistencia en los registros oficiales,
en la medida que no todos los delitos denunciados se contabilizan en las
estadísticas finales, ya sea por errores de procedimiento, discrecionales
o corrupción dentro de los sistemas de procuración y administración
de justicia. La ausencia de denuncia ciudadana y la manipulación
de las cifras por parte de las autoridades genera lo que se conoce como
cifra
negra u oculta de la delincuencia.
La información obtenida por medio de las instancias
gubernamentales, proporciona una interpretación insuficiente del
problema delictivo al utilizar cifras parciales, lo que imposibilita un
diseño adecuado de políticas de atención en la materia.
Una consecuencia negativa adicional, es la erosión de la confianza
entre autoridades y ciudadanos. El sentimiento de inseguridad y desconfianza
generalizada opera en contra de la estabilidad social.
6. Que en razón de lo anterior, esta comisión
dictaminadora estima necesario que el Consejo Nacional de Seguridad Pública
evalúe, a través de metodologías adecuadas, los criterios
de asignación para la distribución del FASP de los estados
y del Distrito Federal, con objeto de redistribuir de manera más
eficaz los recursos del FASP.
7. Esta comisión dictaminadora, considera que la
evaluación permanente, profesional, responsable y objetiva del Programa
Nacional de Seguridad, así como de los criterios de asignación
citados, es un elemento que puede aportar nuevas directrices en el combate
a la delincuencia.
8. La evaluación es una etapa de la planeación
estratégica que permite verificar que las estrategias, programas
o acciones institucionales, son adecuados para el cumplimiento de los objetivos
y metas trazadas. La evaluación, permite obtener datos o evidencias,
a partir de información objetiva de índole cualitativa o
cuantitativa debidamente documentada.
La evaluación constituye un instrumento de gran
capacidad para mejorar la atención institucional, permite detectar
los puntos fuertes y débiles, así como las áreas de
mejora; implica un proceso de aprendizaje continuado y permite analizar
la forma en la cual las instituciones se aproximan a las metas preestablecidas.
9. Esta comisión dictaminadora estima necesario
que el Consejo Nacional de Seguridad Pública, revise y evalúe
los criterios de asignación, fórmulas y variables utilizadas
para el cálculo y la distribución de los recursos del FASP
de los estados y el Distrito Federal, de manera particular los valores
ponderados asignados, con el objeto de actualizarlos a las condiciones
que prevalecen en las entidades federativas en materia de seguridad pública.
10. Por las razones aquí vertidas, y tomando en
cuenta las limitaciones que resultan de la aplicación del criterio
relativo al índice delictivo, esta comisión dictaminadora
considera viable exhortar al Consejo Nacional de Seguridad Pública,
en el ámbito de su competencia, para que en el próximo acuerdo
relativo a la aprobación de criterios de asignación, fórmulas
y variables utilizadas en el cálculo para la distribución
de los recursos del FASP de los estados y del Distrito Federal, se evalúe
la modificación de los valores ponderados vigentes y se apliquen
indicadores variables, en particular, en el criterio relativo a la incidencia
delictiva.
11. Finalmente esta comisión dictaminadora, considera
adecuado evaluar y actualizar los criterios, fórmulas y variables
citadas, con el objeto de garantizar mejores resultados en el mejoramiento
de las condiciones de seguridad. En el marco de lo anterior, se estima
necesario valorar la incorporación de un criterio que permita la
medición y estímulo de la eficiencia, en el mejoramiento
de la seguridad pública en las entidades federativas, estableciendo
compensaciones adicionales a partir de los recursos no ejercidos por las
entidades federativas.
Por lo anteriormente expuesto, los diputados y diputadas
integrantes de la Comisión de Seguridad Pública, aprueban
los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados del honorable
Congreso de la Unión, exhorta al Consejo Nacional de Seguridad Pública,
a través del secretario de Seguridad Pública, en su carácter
de presidente del mismo, para que en el próximo acuerdo que emita
para la aprobación de criterios de asignación, fórmulas
y variables utilizadas en el cálculo para la distribución
de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública
de los estados y del Distrito Federal, se evalúe la modificación
de los valores ponderados vigentes, en particular, en el criterio relativo
a la incidencia delictiva.
Segundo. La Cámara de Diputados del honorable
Congreso de la unión, exhorta al Consejo Nacional de Seguridad Pública,
a través del secretario de Seguridad Pública, para que en
el próximo acuerdo que emita para la aprobación de criterios
de asignación, fórmulas y variables utilizadas en el cálculo
para la distribución de los recursos del Fondo de Aportaciones para
la Seguridad Pública, se valore la incorporación de un criterio
que permita la medición y estímulo de la eficiencia y fomente
el mejoramiento de la seguridad pública en las entidades federativas,
estableciendo compensaciones adicionales a partir de los recursos no ejercidos
por las entidades federativas.
Tercero. La Cámara de Diputados del Congreso
de la Unión solicita al Consejo Nacional de Seguridad Pública,
a través del secretario de Seguridad Pública, en su carácter
de presidente, que informe a ésta de las acciones realizadas en
el marco de los anteriores puntos de acuerdo.
Palacio Legislativo en San Lázaro, a 19 de junio
de 2008.
La Comisión de Seguridad Pública
Diputados: Juan Francisco
Bedoya (rúbrica), presidente; Víctor Hugo García Rodríguez
(rúbrica), Édgar Armando Olvera Higuera, Luis Gerardo Serrato
Castell (rúbrica), Víctor Leopoldo Valencia de los Santos,
Armando Barreiro Pérez, Gerardo Octavio Vargas Landeros (rúbrica),
secretarios; Jorge Justiniano González Betancourt (rúbrica),
María de los Ángeles Jiménez del Castillo (rúbrica),
Agustín Leura González (rúbrica), Carlos Madrazo Limón
(rúbrica), José Luis Murillo Torres (rúbrica), Martín
Stefanonni Mazzocco (rúbrica), Andrés Lozano Lozano, Silvia
Oliva Fragoso (rúbrica), Francisco Javier Santos Arreola, Camerino
Eleazar Márquez Madrid (rúbrica), Efraín Morales Sánchez,
Layda Elena Sansores San Román (rúbrica), Manuel Salvador
Salgado Amador (rúbrica), Carlos Torres Torres (rúbrica).
DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN,
CON PROYECTO DE DECRETO QUE CONCEDE PERMISO AL CIUDADANO JOSÉ ANTONIO
FERNÁNDEZ CARBAJAL, PARA ACEPTAR Y USAR LA CONDECORACIÓN
ENMIENDA DE LA ORDEN DE ISABEL LA CATÓLICA, QUE LE OTORGA EL GOBIERNO
DE ESPAÑA
Honorable Asamblea:
A la Comisión de Gobernación que suscribe
le fue turnado, para su estudio y dictamen el expediente con la solicitud
de permiso del ingeniero José Antonio Fernández Carbajal
para aceptar y usar la condecoración de la Orden de Isabel la Católica,
en grado de Encomienda, que le confiere el Gobierno del Reino de España.
La comisión considera cumplidos los requisitos
legales necesarios para conceder el permiso solicitado y, en tal virtud,
de acuerdo con lo que establece la fracción III del Apartado C)
del artículo 37 constitucional, se permite someter a la aprobación
de la honorable asamblea el siguiente
Proyecto de Decreto
Artículo Único. Se concede permiso
al ingeniero José Antonio Fernández Carbajal para aceptar
y usar la condecoración de la Orden de Isabel la Católica,
en grado de Encomienda, que le confiere el Gobierno del Reino de España.
Sala de comisiones de la Cámara de Diputados del
honorable Congreso de la Unión.- México, DF, a 12 de septiembre
de 2008.
La Comisión de Gobernación
Diputados: Diódoro
Humberto Carrasco Altamirano (rúbrica), presidente; Juan Enrique
Barrios Rodríguez (rúbrica), Valentina Valia Batres Guadarrama,
Narciso Alberto Amador Leal (rúbrica), Alfonso Rolando Izquierdo
Bustamante (rúbrica), Layda Elena Sansores San Román (rúbrica),
secretarios; Carlos Armando Biebrich Torres (rúbrica), César
Octavio Camacho Quiroz (rúbrica), Ricardo Cantú Garza, Ariel
Castillo Nájera (rúbrica), Jesús de León Tello
(rúbrica), María del Carmen Fernández Ugarte (rúbrica),
Javier Hernández Manzanares, Juan Darío Lemarroy Martínez,
Miguel Ángel Monraz Ibarra, Mario Eduardo Moreno Álvarez
(rúbrica), Adolfo Mota Hernández (rúbrica), María
del Pilar Ortega Martínez (rúbrica), Luis Gustavo Parra Noriega
(rúbrica), Raciel Pérez Cruz, Gerardo Priego Tapia (rúbrica),
José Jesús Reyna García (rúbrica), Salvador
Ruiz Sánchez, Francisco Javier Santos Arreola (rúbrica),
Rosa Elva Soriano Sánchez, Alberto Vázquez Martínez
(rúbrica), Gerardo Villanueva Albarrán, Javier Martín
Zambrano Elizondo (rúbrica).
DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN,
CON PROYECTO DE DECRETO QUE CONCEDE PERMISO AL CIUDADANO ANTONIO RULLÁN
DICHTER, PARA ACEPTAR Y DESEMPEÑAR EL CARGO DE CÓNSUL HONORARIO
DE LA FEDERACIÓN RUSA EN LA CIUDAD DE ACAPULCO, CON CIRCUNSCRIPCIÓN
CONSULAR EN EL ESTADO DE GUERRERO
Honorable Asamblea:
En oficio de fecha 8 de septiembre de 2008, la Secretaría
de Gobernación solicita el permiso constitucional necesario para
que el ciudadano Antonio Rullán Dichter pueda aceptar y desempeñar
el cargo de cónsul honorario de la Federación de Rusia en
la ciudad de Acapulco, con circunscripción consular en el estado
de Guerrero.
En sesión celebrada por la Cámara de Diputados
del honorable Congreso de la Unión el 17 de septiembre del año
en curso, se turnó a la suscrita comisión, para su estudio
y dictamen, el expediente relativo.
Considerando
a) Que el peticionario acredita su nacionalidad mexicana
con la copia certificada de su acta de nacimiento;
b) Que los servicios que el propio interesado prestará
a la Federación de Rusia en la ciudad de Acapulco, con circunscripción
consular en el estado de Guerrero, serán de carácter estrictamente
consular, y
c) Que la solicitud se ajusta a lo establecido en la fracción
IV del Apartado C) del artículo 37 constitucional.
Por lo expuesto, esta comisión se permite someter
a consideración de la honorable asamblea el siguiente
Proyecto de Decreto
Artículo Único. Se concede permiso al ciudadano
Antonio Rullán Dichter para aceptar y desempeñar el cargo
de cónsul honorario de la Federación de Rusia en la ciudad
de Acapulco, con circunscripción consular en el estado de Guerrero.
Sala de comisiones de la Cámara de Diputados del
honorable Congreso de la Unión.- México, DF, a 18 de septiembre
de 2008.
La Comisión de Gobernación
Diputados: Diódoro
Humberto Carrasco Altamirano (rúbrica), presidente; Juan Enrique
Barrios Rodríguez (rúbrica), Valentina Valia Batres Guadarrama,
Narciso Alberto Amador Leal (rúbrica), Alfonso Rolando Izquierdo
Bustamante (rúbrica), Layda Elena Sansores San Román (rúbrica),
secretarios; Carlos Armando Biebrich Torres (rúbrica), César
Octavio Camacho Quiroz (rúbrica), Ricardo Cantú Garza, Ariel
Castillo Nájera (rúbrica), Jesús de León Tello
(rúbrica), María del Carmen Fernández Ugarte (rúbrica),
Javier Hernández Manzanares, Juan Darío Lemarroy Martínez,
Miguel Ángel Monraz Ibarra, Mario Eduardo Moreno Álvarez
(rúbrica), Adolfo Mota Hernández (rúbrica), María
del Pilar Ortega Martínez (rúbrica), Luis Gustavo Parra Noriega
(rúbrica), Raciel Pérez Cruz, Gerardo Priego Tapia (rúbrica),
José Jesús Reyna García (rúbrica), Salvador
Ruiz Sánchez, Francisco Javier Santos Arreola (rúbrica),
Rosa Elva Soriano Sánchez, Alberto Vázquez Martínez
(rúbrica), Gerardo Villanueva Albarrán, Javier Martín
Zambrano Elizondo (rúbrica).
DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN,
CON PROYECTO DE DECRETO QUE CONCEDE PERMISO A LOS CIUDADANOS JOSÉ
ALEJANDRO DELGADO RUIZ, JORGE ENRIQUE SERVÍN FUENTES Y JOSÉ
MANUEL CACHO AGUILAR, PARA PRESTAR SERVICIOS EN LA DELEGACIÓN DE
LA COMISIÓN EUROPEA EN MÉXICO
Honorable Asamblea:
En oficios de fechas 4 y 8 de septiembre de 2008, la Secretaría
de Gobernación solicita el permiso constitucional necesario para
que los ciudadanos José Manuel Cacho Aguilar, José Alejandro
Delgado Ruiz y Jorge Enrique Servín Fuentes puedan prestar servicios
de carácter administrativo en la delegación de la Comisión
Europea en México.
En sesión celebrada por la Cámara de Diputados
del honorable Congreso de la Unión el 17 de septiembre del año
en curso se turnó a la suscrita comisión, para estudio y
dictamen, el expediente relativo.
Considerando
a) Que los peticionarios acreditan la nacionalidad mexicana
con la copia certificada del acta de nacimiento;
b) Que los servicios que los interesados prestarán
en la delegación de la Comisión Europea en México
serán de carácter administrativo; y
c) Que las solicitudes se ajustan a lo establecido en
la fracción II del Apartado C del artículo 37 constitucional
y al artículo 60, segundo párrafo, del Reglamento para el
Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
Por lo expuesto, esta comisión se permite someter
a la consideración de la honorable asamblea el siguiente
Proyecto de Decreto
Artículo Primero. Se concede permiso al ciudadano
José Manuel Cacho Aguilar para prestar servicios como chofer en
la delegación de la Comisión Europea en México.
Artículo Segundo. Se concede permiso al
ciudadano José Alejandro Delgado Ruiz para prestar servicios como
contador en la delegación de la Comisión Europea en México.
Artículo Tercero. Se concede permiso al
ciudadano Jorge Enrique Servín Fuentes para prestar servicios como
asistente contable administrativo en la delegación de la Comisión
Europea en México.
Sala de comisiones de la Cámara de Diputados del
honorable Congreso de la Unión.- México, DF, a 18 de septiembre
de 2008.
La Comisión de Gobernación
Diputados: Diódoro
Humberto Carrasco Altamirano (rúbrica), presidente; Juan Enrique
Barrios Rodríguez (rúbrica), Valentina Valia Batres Guadarrama,
Narciso Alberto Amador Leal (rúbrica), Alfonso Rolando Izquierdo
Bustamante, Layda Elena Sansores San Román (rúbrica), secretarios;
Carlos Armando Biebrich Torres (rúbrica), César Octavio Camacho
Quiroz (rúbrica), Ricardo Cantú Garza, Ariel Castillo Nájera
(rúbrica), Jesús de León Tello (rúbrica), María
del Carmen Fernández Ugarte (rúbrica), Javier Hernández
Manzanares, Juan Darío Lemarroy Martínez, Miguel Ángel
Monraz Ibarra, Mario Eduardo Moreno Álvarez (rúbrica), Adolfo
Mota Hernández (rúbrica), María del Pilar Ortega Martínez
(rúbrica), Luis Gustavo Parra Noriega (rúbrica), Raciel Pérez
Cruz, Gerardo Priego Tapia (rúbrica), José Jesús Reyna
García (rúbrica), Salvador Ruiz Sánchez, Francisco
Javier Santos Arreola (rúbrica), Rosa Elva Soriano Sánchez,
Alberto Vázquez Martínez (rúbrica), Gerardo Villanueva
Albarrán, Javier Martín Zambrano Elizondo (rúbrica).