El suscrito, diputado de la LX Legislatura, Marco Heriberto Orozco Ruiz Velazco, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo establecido en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía el siguiente punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
El pasado 8 de octubre el presidente Felipe Calderón anunció a la ciudadanía la implantación de 5 vertientes principales para reactivar la economía mexicana y así lograr que todos vivamos mejor.
El tercer punto de dicha propuesta consiste en la construcción de una refinería en nuestro país, lo cual tendrá innumerables beneficios entre los que se encuentran la estabilidad económica, el que nuestra nación sea más competitiva en productos petrolíferos, que nuestra moneda se fortalezca y la consolidación de nuestras finanzas, entre otros.
Este proyecto es de suma trascendencia para México pues desde hace aproximadamente 3 décadas Pemex Refinación estaba enfrentando una situación crítica por la falta de modernización, por contar con una infraestructura un tanto obsoleta y darles un mantenimiento deficiente.
Según datos de la paraestatal, los principales obstáculos con los que se enfrentan son algunas deficiencias operativas, institucionales, normativas, de regulación y de insuficiencia de recursos para financiar programas de operación, mantenimiento y expansión.
Lo anterior dificulta que Pemex cumpla con su principal objetivo de abastecer con eficiencia, calidad, oportunidad, seguridad y a precios competitivos la demanda de petrolíferos.
Afortunadamente para nuestra nación las cosas van a cambiar, primeramente por las propuestas del presidente Felipe Calderón, pero también por la aprobación reciente de la reforma energética en el honorable Congreso de la Unión.
Se calcula que la nueva refinería requerirá de una inversión aproximada de 95 mil millones de pesos y que tendrá una capacidad para procesar 300 mil barriles diarios de crudo, de los cuales 142 mil serán de gasolina, 82 mil de diesel, 12 mil de turbocina y los restantes de otros derivados.
Asimismo, para la construcción de dicha refinería es necesario contar con un espacio aproximado de 500 hectáreas en donde se concentrarán las plantas de proceso, servicios principales, laboratorios, talleres de mantenimiento, oficinas administrativas, así como las áreas de almacenamiento.
Como podemos observar este proyecto atraerá muchas ventajas para nosotros como nación, incluso en el campo laboral; pues la construcción de la nueva refinería generará varios empleos, pues se calcula que cuando ya esté consolidada la nueva planta trabajarán ahí entre mil y mil 400 personas.
En las últimas semanas hemos oído que varios gobernadores, secretarios estatales y diputados están visitando diversas oficinas gubernamentales con el fin de impulsar que la construcción de esta refinería se realice en sus entidades, pues son conocedores que un proyecto de esta magnitud es de vital importancia para un estado.
Es por ello que a nombre de todos los ciudadanos de Nuevo León quiero externar ante el Poder Ejecutivo que en el municipio de Cadereyta se cuenta con las características y los requisitos necesarios para la realización de la refinería, como bien lo muestra los estudios realizados por Petróleos Mexicanos.
En ese estudio se contempla que nueve municipios mexicanos son los candidatos para desarrollar la nueva refinaría, entre los que destaca el de Cadereyta, por su cercanía a un mercado en crecimiento y a la frontera norte del país.
Por lo anteriormente expuesto someto ante el pleno de la honorable Cámara de Diputados el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Exhortar al titular del Poder Ejecutivo federal y a las autoridades de Petróleos Mexicanos para que la nueva refinería se construya en el municipio de Cadereyta, Nuevo León.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de noviembre de 2008.
Diputado Marco Heriberto Orozco Ruiz Velazco (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A CONSIDERAR A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA
DE ECONOMÍA LA MODIFICACIÓN DEL DECRETO POR EL QUE SE ESTABLECE
EL IMPUESTO GENERAL DE IMPORTACIÓN PARA LA REGIÓN FRONTERIZA
Y LA FRANJA FRONTERIZA NORTE, A FIN DE QUE LOS QUESOS DUROS Y LOS SEMIDUROS
SEAN EXENTOS DE DICHO GRAVAMEN, A CARGO DEL DIPUTADO EDUARDO ELÍAS
ESPINOSA ABUXAPQUI, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
El suscrito, diputado federal Eduardo Elías Espinosa Abuxapqui, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional correspondiente a la LX Legislatura, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta ante la honorable asamblea proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a través de la Secretaría de Economía a considerar modificar el decreto por el que se establece el impuesto general de importación para la región fronteriza y la franja fronteriza norte, del 31 de diciembre de 2002, para que la fracción arancelaria número 0406.90.04, relativa a los quesos duros y semiduros, sea exento de este impuesto, bajo las siguientes
Consideraciones
El comercio exterior de nuestro país ha sido una importante vía para insertar a la economía mexicana en el contexto mundial. La apertura comercial ha logrado acercar a los consumidores locales gran variedad de productos a precios asequibles. Además, el gobierno federal, en correspondencia con las asimetrías existentes con los competidores internacionales, diferenció la situación fiscal y de comercio exterior de la región y franja fronteriza del resto del país.
En diciembre de 2002, el Ejecutivo expidió el decreto por el que se establece el impuesto general de importación para la región fronteriza y la franja fronteriza norte para reducir los aranceles a ciertos productos señalados a nivel de fracción arancelaria de un promedio de 20 por ciento a un 5 por ciento.
Ahora tenemos conocimiento de que el Ejecutivo federal se encuentra trabajando en modificaciones al decreto en comento, en el cual se pretenden reducir los aranceles a mil 775 fracciones arancelarias, entre las cuales no se encuentra la fracción número 0406.90.04, correspondiente a los quesos duros o semiduros, en la que se encuentra el tradicional queso de bola.
Bajo este contexto, la fracción arancelaria mencionada deja un impuesto de importación de 5 por ciento, valor porcentual que pareciera no ser altamente relevante y efectivamente no lo es si lo consideramos en el contexto de los mil 775 productos y en los muchos millones de dólares que representa todo el comercio de importación en las dos franjas y región fronteriza del país (zona norte y zona sur), pero sí es altamente relevante en el contexto del comercio y la competitividad de Quintana Roo y específicamente de la zona centro y sur del estado.
En contraposición, los productos incluidos en esta fracción arancelaria están siendo hoy ofertados en la zona libre de Corozal, Belice, distante sólo a 7 kilómetros de Chetumal, bajo condiciones de venta que ponen en desventaja al comerciante de esa ciudad, pues a ese 5 por ciento se le agrega el hecho de las obligaciones fiscales que tenemos en el lado mexicano, contrario a la prácticamente nula aportación fiscal que hacen los comerciantes de la zona libre en el lado de Belice, y que les da la posibilidad de poder vender en condiciones mucho más ventajosas que en Chetumal.
Este producto (el queso de bola), por sí solo representa más valor real para la actividad comercial de la zona centro y sur del estado que las otras 53 fracciones arancelarias que se pretenden dejar fuera de la propuesta final elaborada por la Secretaría de Economía, aclarando que estas 53 fracciones representan alrededor del 25 por ciento del total de interés específico de Quintana Roo y que, no obstante, no significarían tanta desventaja y trascendencia económica como la subsistencia del 5 por ciento de arancel al queso de bola.
Por lo anteriormente expuesto, la existencia del 5 por ciento de arancel a la fracción representa una enorme desventaja para el comercio del sur de Quintana Roo. Su sola presencia competitiva puede significar para Chetumal una gran diferencia en términos de captación de visitantes y turistas.
Es por ello que someto a consideración de la honorable asamblea, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta al Ejecutivo federal a través de la Secretaría de Economía a considerar modificar el decreto por el que se establece el impuesto general de importación para la región fronteriza y la franja fronteriza norte, del 31 de diciembre de 2002, para que la fracción arancelaria número 0406.90.04, relativa a los quesos duros y semiduros, sea exenta de este impuesto.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de noviembre de 2008.
Diputado Eduardo Elías Espinosa Abuxapqui (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A FOMENTAR A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA
DE ECONOMÍA Y DE LA SEMARNAT, MEDIANTE LA ASOCIACIÓN NACIONAL
DE TIENDAS DE AUTOSERVICIO Y DEPARTAMENTALES, CAMPAÑAS PUBLICITARIAS
PARA EL USO DE BOLSAS DE TELA Y DE MALLA EN LOS ALMACENES AFILIADOS A ESA
ORGANIZACIÓN, A CARGO DE LA DIPUTADA MÓNICA ARRIOLA, DEL
GRUPO PARLAMENTARIO DE NUEVA ALIANZA
La suscrita, diputada federal Mónica Arriola Gordillo, a nombre del Grupo Parlamentario Nueva Alianza, con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración del pleno de esta honorable Cámara de Diputados la siguiente proposición con punto de acuerdo mediante el que se exhorta al Ejecutivo federal, para que, a través de las Secretarías de Economía y de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en el ámbito de sus atribuciones, fomenten, por medio de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales, campañas publicitarias para el uso de bolsas de tela y de malla en sus instalaciones, con base en las siguientes
Consideraciones
Los modelos de desarrollo implementados hasta el momento han traído consigo indiscriminadas explotaciones de los recursos naturales, lo que ha contaminado, empobrecido, destruido y extinguido parte sustancial del medio ambiente, no sólo a nivel nacional sino también en el entorno mundial.
Dado que problemas severos como el cambio climático afectan de manera desproporcionada a la sociedad global, es nuestra obligación analizar e identificar los impactos y las medidas de protección relacionadas con las inundaciones, sequías, olas de calor, enfermedades y otros cambios ambientales y desastres naturales. Resulta indispensable implementar medidas encaminadas a mitigar los factores que fomentan el deterioro medioambiental, entre los que destaca la producción y uso indiscriminado de las bolsas de plástico.
Los primeros productos fabricados de plásticos datan de 1862, aproximadamente, los cuáles fueron fabricados a partir de productos vegetales. Un siglo más tarde, la fabricación de plásticos empezó a darse a partir de derivados del petróleo. Estos se clasifican según sea su comportamiento con la variación de la temperatura y los disolventes. Así los ubicamos como termoestables (sufren modificaciones irreversibles por el calor, son duros y frágiles) y termoplásticos (no sufren alteración química irreversible, son moldeables, resistentes y más fáciles de reciclar).1
La industria del plástico, para defender la producción y uso de bolsas hechas de este material, asegura que una bolsa de papel consume más de cinco veces la energía que se necesita para fabricar una de plástico. Además, que las bolsas de papel ocupan diez veces más espacio en un vertedero, y que el uso de plásticos biodegradables no aporta reducciones significativas al impacto medioambiental, por lo que fue inevitable el regreso de las bolsas de polietileno de baja densidad y las bolsas de algodón sin blanquear.2
Otra opción son las bolsas de materia orgánica, a menudo fabricadas con almidones que se desintegran con el tiempo. Sin embargo, su costo, entre 10 y 15 centavos de dólar por bolsa, hace que la mayoría de los supermercados no las compre.
Por desgracia, las bolsas de plástico siguen siendo las preferidas de los supermercados, debido, por supuesto, a su precio, de aproximadamente dos centavos de dólar por unidad, en comparación a los cinco centavos de dólar por cada bolsa de papel.3 Además, menos del 1 por ciento se recicla, ya que es más costoso reciclar que producir una nueva. De acuerdo con Jared Blumenfeld, doctor del Departamento de Medio Ambiente en San Francisco "Procesar y reciclar una tonelada de bolsas de plástico cuesta 4 mil dólares: la misma cantidad se vende en el mercado de materias primas en 32 dólares".
Aún cuando las bolsas de plástico atraen a los consumidores por su durabilidad y peso liviano, los ambientalistas las consideran basura enredada en las ramas de los árboles o flotando en vías fluviales. Información oficial de Protección Ambiental de Estados Unidos señala que al año se consumen entre 500 billones y 1 trillón de bolsas plásticas alrededor del mundo.
Como bien señalan los ambientalistas, éstas contaminan calles, ríos, océanos y playas, y son las causantes de la muerte de muchos animales alrededor del mundo. Se estima que si juntáramos todas las bolsas producidas en el mundo, podríamos cubrir la tierra tres veces. Algunos plásticos duran hasta 450 años en los océanos.4
Este problema no es menor si consideramos también las grandes cantidades de petróleo que son utilizadas para su elaboración, además que, como ya se dijo, cuando son desechadas terminan obstruyendo alcantarillas y drenajes. Con el tiempo las bolsas se descomponen en petropolímeros más pequeños y tóxicos, que pueden llegar a formar parte de la cadena alimenticia, al servir de alimento para animales.5 Entre los países que han tratado de solucionar esta problemática está España, primer productor de bolsas de plástico de único uso en el mundo, y tercer consumidor en Europa, quien busca aprobar para el 2010 el Plan Nacional de Prohibición de las mismas.
En Estados Unidos, la ciudad de California fue la primera en tratar de controlar el uso de bolsas plásticas, calculado en más de 180 millones. Siguiendo lo aprobado en California, la ciudad de Nueva York también aprobó una ley que exige a las tiendas recolectar y reciclar bolsas de plástico. Por su parte, San Francisco logró su prohibición, que permite a los grandes supermercados usar solamente las fabricadas con materia orgánica.
En Los Ángeles, la Junta de Supervisores del Condado aprobó este año un plan que incluye el Programa único de reciclaje y reducción de bolsas, el cual solicita a las tiendas de abarrotes que reduzcan la cantidad de bolsas que usan en los próximos cinco años; de no tener éxito, éstas serían prohibidas en su totalidad. La meta consiste en reducir el uso de las bolsas en un 30 por ciento para el 2010 y un 65 por ciento para 2013.6
De acuerdo con un reporte del condado, cada año se utilizan, en promedio, 6 mil millones de bolsas; cerca de 600 bolsas por persona. Alrededor de 45 mil toneladas de éstas son enviadas a los basureros por los residentes del condado, de las cuales se reciclan menos del 5 por ciento de las mismas. Aproximadamente el 90 por ciento de los clientes sigue pidiendo bolsas de plástico.7
En este sentido, el esfuerzo realizado por Whole Foods es notorio, ya eliminará todas las bolsas de plástico de sus tiendas en Estados Unidos, Canadá y Gran Bretaña.
Oakland y Boston también están considerando prohibir el consumo de estas bolsas. No obstante, en general, Estados Unidos está atrasado en la materia, en comparación con otros países del mundo. Irlanda y Alemania, por ejemplo, imponen cargos por cada bolsa entregada en las tiendas. Como resultado se ha reducido el consumo en más de un 90 por ciento.
Varios países de África han establecido requisitos sobre el espesor de las bolsas, para impedir que las ligeras vuelen por el aire. Uganda ha encontrado un método para darle vida a estas bolsas, recogiéndolas de vertederos y contenedores para fabricar con ellas cestas, zapatos o tejas.
China, a su vez, lanzó una campaña para prohibir que los comercios regalen bolsas de plástico, contaminación blanca. El reparto gratuito y la producción de bolsas ultradelgadas quedará vetado y habrá fuertes multas para los infractores, de hasta mil 433 dólares. En su lugar se fomentará la utilización de las bolsas de tela. La campaña originó el cierre de la mayor fábrica de bolsas plásticas del país en la provincia de Henan, que producía anualmente 250 mil toneladas, con un valor de 250 millones de dólares.8
Con esta misma finalidad, Australia anunció nuevos planes para finales de este año. Sin contar que en Dinamarca el sistema de impuesto a la bolsa se utiliza desde 1994.
En Taiwán existe una prohibición para las bolsas de plástico de un sólo uso en agencias gubernamentales, escuelas, instalaciones militares, supermercados y tiendas; mientras que en Bangladesh se prohibieron luego de haber descubierto que fueron las principales culpables de imposibilitar el desagüe en las terribles inundaciones de 1988 y 1998.9
Dadas las imágenes difundidas por la cadena de televisión inglesa de la BBC, donde mueren unos polluelos de albatros alimentados con bolsas de plástico en un basurero, los habitantes de Modbury, Devon, en el Reino Unido, boicotearon el producto. El acontecimiento tuvo tal éxito que la medida planeada para seis meses se amplió indefinidamente, y municipios de toda Inglaterra copian hoy en día la misma estrategia.10
Por su parte, la población civil organizada ha adoptado algunas medidas para proteger el medio ambiente, como por ejemplo el pre recliclaje o reutilización de las bolsas plásticas, ya sea para la compra de varios días, o para depositar la basura. Cabe destacar que las bolsas de celofán y los envoltorios de plástico con papel de aluminio no pueden reciclarse.
En general, en ciudades avanzadas, la tendencia consiste en controlar el uso de las bolsas de plástico y promover las recicladas, de tela o de malla, comúnmente llamadas bolsas de mandado, que pueden ser fácilmente reutilizadas. Se estima, por ejemplo, que con 1 bolsa de tela o de malla podemos ahorrar 6 bolsas plásticas por semana, 24 al mes, y 288 al año.
En México, los esfuerzos generados por la iniciativa privada y los grupos ambientalistas no han sido suficientes, por ello, el presente exhorto tiene la finalidad de reducir el consumo de bolsas de plástico en las tiendas de autoservicio, a través de campañas publicitarias que fomenten, en su lugar, el uso de bolsas de tela, totalmente de algodón crudo, con tinta ecológica y cosidos reforzados para mayor duración; o bien, las anteriormente citadas bolsas de malla, usadas por años para hacer las compras diarias. Estas bolsas podrán servir para cargar cualquier tipo de compra, o bien, para llevarse a la playa y/o la escuela.
El regreso de las bolsas de malla es un hecho. Las formas y funciones que cumplen estas bolsas son diversas. Por mucho tiempo han servido para mariscar y trasladar pescados en las áreas costeras, para contener instrumentos textiles, alimentos, etcétera. Algunas de las primeras bolsas de malla fueron tejidas en forma manual, con sistema de torzal, con enlaces simples.11
Desde hace ya varios años, en nuestro país, sobre todo en la capital, hemos podido constatar una tendencia vanguardista, sobre todo para las mujeres, de bolsas hechas con el mismo material –malla- con el que se confeccionaban aquellas usadas por generaciones para ir al mercado. Este tipo de moda logró un impacto positivo en la sociedad gracias a su casual diseño, por lo que aplicando esta misma lógica para sus bolsas, los supermercados lograrían, a través de las áreas de marketing y diseño, que sus clientes se sintieran atraídos a hacer uso de las mismas.
En Nueva Alianza estamos convencidos que México debe dar claro seguimiento a aquellos compromisos contraídos por medio de acuerdos y tratados internacionales en materia ambiental. Por ello, y dada la presión que nos impone el creciente deterioro del medio ambiente, esperamos concientizar a los supermercados o tiendas de autoservicio, y a todos aquellos interesados, para que animen a sus clientes a que se inclinen por las bolsas de tela o de malla para sus compras.
Esperando siempre una respuesta positiva por parte del Ejecutivo federal, y tomando en cuenta las consideraciones expuestas, con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta asamblea el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero. Se exhorta al Ejecutivo federal para que, a través de las Secretarías de Economía y de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en el ámbito de sus atribuciones, fomenten, por medio de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales, campañas publicitarias para el uso de bolsas de tela y de malla en sus instalaciones.
Segundo. Se exhorta a las Secretarías de Economía y de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para que emitan una norma oficial mexicana que contenga las especificaciones que deban observar y cumplir las tiendas de autoservicio para la comercialización y distribución de bolsas de tela y malla en sus instalaciones.
Notas
1. http://www.taller.org.ar/Ciudades_sustentables/LibroEnvases/La%20industria%20plastica.pdf
.
2. Ídem.
3. Stephen Manning, Associated press, 23 de enero de
2008.
4. http://www.laflecha.net/canales/ciencia/noticias/lanzan-una-campana-contra-el-uso-de-las-bolsas-de-plastico.
5. Reporte WWF 2005.
6. http://www.proyectogeo.com/noticias.
7. Ídem.
8. http://www.elperiodicodemexico.com/.
9. http://elblogverde.com/la-lucha-contra-las-bolsas-de-plastico-en-el-mundo/.
10. http://www.milenio.com/.
11. http://www.uta.cl/masma//expos/artejer/malla.htm.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de noviembre de 2008.
Diputada Mónica Arriola Gordillo (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A DENOMINAR "REFINERÍA DEL BICENTENARIO
DE LA INDEPENDENCIA" LA QUE SE CONSTRUIRÁ, A CARGO DEL DIPUTADO
MARCO HERIBERTO OROZCO RUIZ VELAZCO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
El suscrito, diputado federal de la LX Legislatura, Marco Heriberto Orozco Ruiz Velazco, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo estipulado en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía el siguiente punto de acuerdo, a tenor de las siguientes
Consideraciones
El 8 de octubre del presente año, el presidente Felipe Calderón presentó una serie de propuestas para reactivar y robustecer la economía de nuestro país, sobre todo en estos tiempos cuando la situación financiera mundial está muy incierta.
Estas medidas permitirán que nuestras finanzas sean más sólidas, que nuestra moneda se fortalezca, que mejore considerablemente la creación de empleos y que la mayoría de los hogares mexicanos sigan manteniendo el clima de tranquilidad que han tenido durante los últimos años.
Considero que las propuestas del señor presidente son muy acertadas, pues cubren con las necesidades que actualmente requiere nuestra nación.
Concretamente propuso estas cinco grandes medidas:
Es muy loable conocer que la primera etapa de esta construcción saldrá de los recursos que el gobierno tenía ahorrados en el Fondo Especial de Inversión en Pemex para los tiempos difíciles.
Hay que considerar que el petróleo es uno de emblemas que nos une como mexicanos, gracias a él hemos podido salir adelante económicamente como país, y sus aportaciones monetarias han sido muy benéficas para el desarrollo de nuestra nación.
Recientemente, acabamos de aprobar una reforma energética que beneficia a México y a todos los mexicanos, pues una de las principales ventajas es que en lugar de importar la gasolina de otros lugares seremos nosotros los productores.
Como ya vimos, con esta reforma ganamos todos, y es por ello que propongo el siguiente punto de acuerdo con el único objetivo de reafirmar nuestro patriotismo y nuestro compromiso con México.
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo federal para que la nueva refinería sea denominada "Refinería del Bicentenario de la Independencia".
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de noviembre de 2008.
Diputado Marco Heriberto Orozco Ruiz Velazco (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A IMPLANTAR POLÍTICAS PÚBLICAS
TENDENTES A ESTIMULAR A LAS EMPRESAS Y A LAS ORGANIZACIONES PARA ESTABLECER
UN SISTEMA DE GESTIÓN SOCIALMENTE RESPONSABLE QUE FOMENTE LA ÉTICA
EMPRESARIAL Y LA CREACIÓN DE EMPLEOS SUSTENTABLES, A CARGO DE LA
DIPUTADA MÓNICA ARRIOLA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE NUEVA ALIANZA
La suscrita, diputada federal Mónica Arriola, en nombre del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del Pleno de esta honorable Cámara de Diputados la siguiente proposición con punto de acuerdo mediante el que se exhorta al Ejecutivo federal a implantar políticas públicas tendientes a incentivar a las empresas y organizaciones a fin de que establezcan un sistema de gestión socialmente responsable (SGSR) que fomente la ética empresarial, la creación de empleos sustentables de calidad, coadyuve con la reducción de la pobreza extrema, aporte acciones de mejora sustantivas para la protección del medio ambiente y eleve sustantivamente la calidad de vida de las mexicanas y los mexicanos económicamente activos y sus familias, con base en las siguientes
Consideraciones
México es reconocido, según las mediciones nacionales e internacionales, como un país con un bajo nivel dentro de la clasificación de ética empresarial, ya que el soborno, fraude, la mordida y la economía informal, son factores comunes en las prácticas comerciales. Hacia el interior del país, tenemos desconfianza al hacer negocios bien establecidos, con alta competitividad y sustentables, lo que merma el progreso, la generación de empleo y la erradicación de la pobreza. Esto suena aún más alarmante al considerar que nuestro país rebasa hoy día los 20 millones de personas en pobreza extrema.
Las empresas y organizaciones generan riqueza, empleo y proporcionan bienes y servicios que satisfacen las necesidades de las personas a través del comercio. Lo más interesante de este intercambio, es que algunas de estas empresas se han preocupado por regresar un poco de lo que han recibido, mediante la creación de programas comunitarios que promueven alternativas para el desarrollo sustentable, con miras a ayudar a los grupos vulnerables, el trabajo en favor del medio ambiente y el otorgamiento de beneficios a su personal por encima de las obligaciones que ley marca. Las últimas aproximaciones oficiales dan cuenta de más de 4 millones de unidades de negocio en México, de las que solo se tiene registro de 270 como socialmente responsables.
La responsabilidad social organizacional consiste en un compromiso continuo por parte de las organizaciones y empresas de asumir una gestión ética, declarando y demostrando con su actuación, sus valores fundamentales, en beneficio de sus colaboradores. Lo anterior, con la firme intención de fortalecer el desempeño laboral, a través de un clima integral que fomente la eficacia y la eficiencia, y que además supere las expectativas de su público objetivo y contribuya al desarrollo sustentable de la sociedad.
Asimismo, busca promover la integración del comportamiento socialmente responsable dentro de las estrategias, sistemas, prácticas y procesos organizacionales existentes, y enfatiza los resultados y las mejoras en el desempeño.
En lo que respecta al entorno internacional, se trabaja en la creación de una norma de responsabilidad social base, que sirva de guía para una gestión ética y social responsable para al mejor desempeño de las empresas y organizaciones. La organización dedicada a este esfuerzo es la International Organization for Standardization (ISO), de reconocido prestigio mundial, con varios años desarrollando directrices para el manejo de los conceptos de excelencia en cuanto a la regulación de la actividad empresarial y organizacional, desde la responsabilidad social.
Las organizaciones alrededor del mundo son cada vez más conscientes de la necesidad de un comportamiento socialmente responsable. Por ello, y como resultado de varias interpretaciones que existen entorno al concepto de responsabilidad social, una norma aceptada internacionalmente puede ser beneficiosa para alcanzar una perspectiva común sobre los principios y prácticas en esta materia.
Ciertamente, la responsabilidad social es un factor determinante que afecta la forma en que las organizaciones son vistas y consideradas, ya que es un reflejo fiel de las crecientes preocupaciones globales por la degradación ambiental, la inequidad social, la gobernanza corporativa y la gestión ética empresarial, por citar algunos.
En México, al igual que en más de 150 países, se cuenta con un grupo de trabajo denominado "comité espejo", el cual se encarga de analizar los conceptos generales desarrollados por la Norma para su adecuación con la cultura y la política de negocios del país, para llevarlos a la sede de ISO y efectuar la estandarización de los procesos que utilizarán las empresas tanto a nivel local como nacional. Este grupo de trabajo actualmente se encuentra actualizando la Norma Mexicana de Responsabilidad Social NMX-SAST-004 IMNC-2004, con la cual se pretende ahondar aún más en los estándares de gestión social empleados hasta el momento.
La finalidad del presente exhorto consiste en promover permanentemente la cultura de la responsabilidad social en empresas, dependencias de toda índole, organizaciones de la sociedad civil e instituciones educativas.
En una fase inicial, se pretende dar a conocer a los interesados los lineamientos de una organización socialmente responsable, en función a la Norma Mexicana de Responsabilidad Social NMX-SAST-004 IMNC2004, dentro de la cual se destacan los siguientes rubros: los beneficios de la certificación de sus procesos mediante un sistema de gestión socialmente responsable; la difusión de valores desde la alta dirección de la organización publica, privada o de la sociedad civil organizada (organizaciones no gubernamentales); el desarrollo sustentable; la generación del bienestar laboral, y con ello, el desarrollo integral del capital humano; la promoción de acciones de desarrollo social y de filantropía organizacional; el establecimiento de planes de continuidad de negocios y administración de riesgos; la transparencia; la rendición de cuentas, y el respeto a los derechos humanos fundamentales y a la diversidad.
En este sentido, por medio de un SGSR se puede ayudar a combatir la pobreza extrema. Esto, a través de la implementación de programas comunitarios por parte de las empresas y organizaciones socialmente responsables, quienes promoverán el consumo o compra razonada en beneficio de la empresa mexicana, el empleo y el bienestar de las familias. A la par, estaremos coadyuvando con el medio ambiente al implementar, desde el propio lugar de trabajo, medidas de protección a los recursos naturales. Asimismo, también se intensificará, mediante acciones cívicas y éticas, el fomento a la identidad nacional.
Para lograrlo, pedimos al Ejecutivo Federal que incentive a las empresas y organizaciones, por medio de un 50 por ciento de exención sobre el impuesto sobre la renta en los primeros años de aplicación del SGSR; dicho monto resulta suficientemente atractivo y sobre todo, significativo para la empresa u organización. Indudablemente, a través de este considerable ahorro en los pasivos, se distribuirán más eficientemente los recursos invertidos, con lo que estaremos también combatiendo la ineficiencia operativa y haciendo más competitivo el sector empresarial y organizacional.
Asimismo, se sugiere la creación del Instituto Federal de Responsabilidad Social Organizacional, órgano desconcentrado de la Secretaría de Economía, e institución rectora destinada a ser la entidad federal para el establecimiento de políticas públicas dirigidas al cumplimiento y supervisión del SGSR, a través de procesos certificados por los 7 ejes rectores de la norma Mexicana de Responsabilidad Social y demás normas, metodologías y estándares nacionales e internacionales relacionados, para elevar la competitividad, innovación y mejora continúa de las organizaciones, públicas, privadas y de la sociedad civil organizada.
Finalmente, se anima a las empresas y organizaciones a ser socialmente responsables, utilizando esta norma, involucrando a las partes interesadas, y cumpliendo con las normas nacionales aplicables, las convenciones internacionales reconocidas y otros instrumentos autorizados.
Esperando siempre una respuesta positiva, y tomando en cuenta las consideraciones expuestas con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta asamblea el siguiente
Punto de Acuerdo
Artículo Primero. Se exhorta al Ejecutivo Federal para que implante políticas públicas tendientes a incentivar a las empresas y organizaciones para que establezcan un Sistema de Gestión Socialmente Responsable (SGSR) que fomente la ética empresarial, la creación de empleos sustentables de calidad, coadyuve con la reducción de la pobreza extrema, aporte acciones de mejora sustantivas para la protección del medio ambiente y eleve sustantivamente la calidad de vida de las y los mexicanos económicamente activos y sus familias.
Artículo Segundo. Se exhorta al Ejecutivo federal para que establezca el instituto federal de responsabilidad social organizacional, órgano desconcentrado de la Secretaría de Economía, e institución rectora destinada a ser la entidad federal para el establecimiento de políticas públicas dirigidas al cumplimiento y supervisión del SGSR, a través de procesos certificados por los siete ejes rectores de la norma mexicana de responsabilidad social y demás normas, metodologías y estándares nacionales e internacionales aplicables.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los veintisiete días del mes de noviembre de 2008.
Diputada Mónica Arriola (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA AL JEFE DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL Y AL SECRETARIO DE
FINANZAS A REMITIR A ESTA SOBERANÍA UN INFORME SOBRE LOS AVANCES
DE LA IMPLANTACIÓN DEL PROGRAMA CIUDAD DIGITAL, A CARGO DEL DIPUTADO
OBDULIO ÁVILA MAYO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
El que suscribe, Obdulio Ávila Mayo, diputado federal de la LX Legislatura del honorable Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del Pleno de la honorable Cámara de Diputados proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al jefe del Gobierno del Distrito Federal y al secretario de Finanzas a remitir a este órgano un informe pormenorizado referente a los avances en la implantación del programa Ciudad Digital, al tenor de los siguientes
Antecedentes
1. La década de los setenta marcó el inicio de una cultura tecnológica al alcance de todos los ciudadanos. Si bien es cierto que la digitalización e incorporación a un esquema de redes de información dio inicio en las grandes ciudades del mundo desde la década anterior, también es cierto que esta se encontraba al alcance únicamente, del órgano gubernamental, de grandes y poderosos consorcios y del ámbito de la investigación y no para los habitantes.
2. La necesidad de contar con más y mejores opciones para el intercambio tecnológico, la incorporación de tecnologías al servicio del ciudadano común, el surgimiento de Internet, y la tendencia de un mundo globalizado han obligado a que los gobiernos de las grandes ciudades implanten acciones a fin de brindar opciones competitivas al alcance de la colectividad. El uso de la tecnología se ha democratizado y diversas herramientas como la web, el desarrollo de sistemas satelitales y el uso de tecnología GPS se han vuelto artículos de primera necesidad. Es así que a partir de la década de los noventa se ha acuñado para ello el término de "cultura tecnológica". Asimismo, estas herramientas día con día van demostrando mayor eficacia en el contacto cotidiano individual, intergrupal y, sobre todo, en la difusión de la información del gobierno para con el ciudadano.
3. Es así que la necesidad por contar con herramientas tecnológicas competitivas ha obligado a que las principales ciudades del mundo lleven a cabo de manera intensa la implantación de mecanismos de digitalización en el ofrecimiento de sus servicios, en el contacto ciudadano y, sobre todo, en la rendición de cuentas, acuñando el término de ciudad digital, el cual consiste en una comunidad local que decide usar ampliamente las llamadas tecnologías de información y comunicación (TIC) en los procesos propios de la ciudad, para transformar el quehacer cotidiano de sus actores al propiciar una verdadera e integral sustentabilidad en lo económico, político, social y ambiental, y así mejorar la calidad de vida de sus habitantes.
4. La ciudad digital ya existe en el mundo, es una realidad sustentable e incluso forma parte del ejercicio de gobierno y muchas ciudades trabajan en su creación. Encontramos uno de los principales antecedentes exitosos de una ciudad digital en las grandes ciudades de la comunidad española en las que a partir de 2003 dio inicio un amplio programa de desarrollo donde el gobierno ha destinado más de 50 millones de euros únicamente para su promoción. En ellas, términos como e-gobierno, e-comercio o la banca electrónica, son naturales y los ciudadanos encuentran e-servicios seguros, útiles, eficaces, eficientes y convenientes, de tal forma que la misma sociedad demandaría la generación de mayores servicios electrónicos, con lo cual se crea un círculo virtuoso, es decir, a mayor exigencia mayor competitividad y viceversa.
5. En México no hemos sido ajenos a este proceso, fruto de la globalización y de la necesidad de fortalecer en términos competitivos a las ciudades. No es ajeno el hecho de que una ciudad con esquemas digitalizados resulta sumamente atractiva para la inversión privada, lo cual genera entre otros beneficios la creación de nuevos empleos y, por ende, crecimiento sustentable.
La creación de ciudades digitales inicia en México en junio de 2007, en Guadalajara, Jalisco, al obtenerse el primer lugar por mejores prácticas del cuarto Premio Iberoamericano de Ciudades Digitales. Esta distinción se logró mediante un trabajo conjunto entre el gobierno de Guadalajara y la Universidad de Guadalajara, por la creación de un portal interactivo donde el gobierno de la ciudad ofrece a sus ciudadanos la gestión de servicios a través de Internet.
Otro ejemplo lo podemos ver con el gobierno de la ciudad de Monterrey, Nuevo León, el cual también despliega servicios gratuitos de Internet móvil en áreas abiertas y públicas, como la Macro Plaza y su centro histórico, al tiempo que desarrolla diversas opciones de trámites y servicios varios.
6. Sin embargo, en el caso de la Ciudad de México, el pasado 14 de enero del presente, el gobierno de la ciudad a través de su presidente del Consejo de Competitividad, Samuel Podolsky, anunció la entrada en vigor del programa Ciudad Digital, el cual tiene por objeto que todos los habitantes de la Ciudad de México estén a la vanguardia, al tiempo que mencionó que dará inicio en una primera fase en el primer cuadro de la ciudad con señal abierta de Internet, donde el usuario solo tendrá que esperar a que la computadora detecte la señal, seleccionarla y registrarse con nombre y contraseña. Asimismo, mencionó que a partir del 1 de abril de los corrientes la mayor parte de los lugares públicos de la ciudad contaría con dicha tecnología.
7. Lamentablemente, y a más de 6 meses del anuncio, no se tiene conocimiento de la implantación de dicho programa ni del porqué del evidente rezago en su puesta en marcha. Aunado a ello, se desconocen los mecanismos de licitación o de adjudicación por los que a la empresa de origen chino denominada ZTE le fueron solicitados los estudios y la propuesta de operación la cual, de acuerdo a versiones del propio presidente del Consejo de Competitividad, tendría un costo aproximado de 50 millones de dólares.
8. A pesar de no existir reportes de avance de dicho programa, durante marzo y abril fue distribuido por el Gobierno del Distrito Federal un documento de cuarenta páginas titulado "Conoce lo que juntos hemos hecho", el cuál contiene, a decir del propio documento, los primeros resultados; sin embargo, y es de destacar que en la página 33 en el apartado "Ciudad competitiva e incluyente" se menciona en tan sólo dos líneas de manera por demás ambigua y confusa como acción realizada "México, una ciudad digital: acceso gratuito a Internet, única en América Latina".
Por lo anteriormente expuesto, sometemos proposición con punto de acuerdo en términos de los siguientes
Considerandos
Primero. Que la revisión y debida observancia en la implantación de acciones tendientes a mejorar la calidad de vida de los habitantes de la capital, y su correcta y debida difusión, debe ser responsabilidad permanente de los gobernantes.
Segundo. Que para Acción Nacional es prioritario poner en marcha políticas públicas que impulsen la competitividad y el desarrollo de la población, en particular al poner al alcance del individuo las herramientas que la ciencia y la tecnología le permitan un desarrollo complementario a su quehacer cotidiano. Para Acción Nacional, el ser humano es parte de una colectividad y su carácter universal le permite ser partícipe pleno de ella, pues al estar vinculado a su semejante, no sólo por su nacionalidad sino por formar parte de una aldea global de la cual no puede abstraerse, se vuelve día con día en ciudadano del mundo. Mas que globalización, Acción Nacional promueve e impulsa el concepto de "mundialización", el cual describe un proceso en el que el individuo forma parte de una realidad universal y no sólo nacional, y su aislamiento deriva en menores posibilidades de crecimiento y de desarrollo individual y colectivo. Esa mundialización obliga a que de manera urgente los habitantes de la Ciudad de México cuenten con las herramientas y el uso de la tecnología suficiente para mantener un nivel de competitividad frente a las demás megaciudades del mundo.
Tercero. Que la necesidad de generar mecanismos competitivos obliga al órgano gubernamental a implantar acciones eficaces que permitan el acceso a mejores tecnologías al alcance de todos los habitantes; lamentablemente, a partir del anuncio de la puesta en marcha del programa Ciudad Digital no se reportan avances ni mucho menos ha sido acorde a lo anunciado ya que es a todas luces evidente que la cobertura prevista a partir del 1 de abril de los corrientes no ha sido completada.
Cuarto. Que a la fecha se desconocen los avances, objetivos y cobertura del programa Ciudad Digital, al tiempo que no obran en documentales públicos los mecanismos por los que a la empresa de origen chino ZTE le fue otorgada la responsabilidad de llevar a cabo los estudios y la puesta en operación del programa, así como el destino de los aproximadamente 50 millones de dólares que se anunció costaría.
Quinto. Que es responsabilidad del Gobierno del Distrito Federal a través de su titular y del secretario de Finanzas rendir cuentas del resultado de las acciones de gobierno y del destino de los recursos y los mecanismos establecidos legalmente, a fin de evitar el mal uso de éstos e informar de manera precisa y sin ambigüedades la puesta en marcha.
Sexto. Que lamentablemente la falta de resultados palpables en la implantación del programa y la opacidad en el manejo de los recursos, así como su origen y destino, hacen que proyectos necesarios para la capital y cuyas bondades han sido demostradas en los países donde ha sido implantado pierdan credibilidad y sean utilizados para beneficio de unos cuantos y no para el bienestar colectivo; por ello resulta urgente que el jefe del Gobierno brinde una explicación acerca de la falta de resultados de dicho programa, el evidente retraso en su implantación, el porqué en los folletos informativos elaborados y distribuidos por el Gobierno del Distrito Federal se menciona dicho programa de manera ambigua y como un hecho consumado con lo que se confunde a la población y finalmente que el jefe del Gobierno a través de su Secretario de Finanzas brinde un informe detallado del origen y destino de los recursos utilizados para la implantación del programa, las razones y mecanismos por los que a la empresa de origen chino ZTE le fue encargada la puesta en marcha de dicho programa, así como los resultados de los avances hoy día.
En este orden de ideas, se somete a consideración de la honorable Cámara de Diputados el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta al jefe del Gobierno del Distrito Federal y al secretario de Finanzas a remitir a este órgano un informe pormenorizado referente a los avances en la implantación del programa Ciudad Digital.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de noviembre de 2008.
Diputado Obdulio Ávila Mayo (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, RELATIVO
A LAS OBRAS DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LOS MUNICIPIOS MÁS POBRES
DEL PAÍS, A CARGO DEL DIPUTADO SILBESTRE ÁLVAREZ RAMÓN,
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
El que suscribe, Silbestre Álvarez Ramón, diputado federal por el estado de Tabasco e integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LX Legislatura de la honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite presentar ante esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo.
Consideraciones
En esta etapa de cambio político, es muy importante corregir los aspectos que hacen disfuncionales y entorpecen el desarrollo democrático, el de las instituciones públicas y su rendimiento, en detrimento de la vida de los habitantes de nuestra nación. Esta debe ser una de las principales tareas de esta LX Legislatura.
El Estado mexicano encuentran en los municipios una de sus bases fundamentales. Los municipios se constituyen, en una primera instancia, en el primer arquetipo político, jurídico y social de los habitantes de nuestro país.
En las últimas décadas, hemos pasado de un Estado que ignoraba o limitaba las facultades de sus municipios, a un Estado que los satura de responsabilidades y deudas. No hay un equilibrio entre atribuciones y desempeño entre las distintas esferas de poder gubernamental. Que en muchas ocasiones contradice el espíritu que las acompaña: el del fortalecimiento de un federalismo a través del fortalecimiento del municipalismo.
El resultado de todo esto sigue siendo un mal funcionamiento de los municipios y un crecimiento desigualdad entre ellos.
Una de las causas del atraso municipal es el subyugo que ejerce la Comisión Federal de Electricidad (CFE) contra ellos.
El Congreso de la Unión se ha constituido en una ventanilla de quejas por las diversas afectaciones que ha generado en múltiples ocasiones esta dependencia del sector energético, sobretodo, ahí donde el Estado mexicano tiene a su primer estructura política, que son los ayuntamientos.
La Comisión Federal de Electricidad fue constituida para ser una palanca del desarrollo del país y no un freno.
La Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica establece que la prestación del servicio público de energía eléctrica, que corresponde a la Nación, estará a cargo de la CFE. Para los efectos de esta ley, la prestación del servicio público de energía eléctrica comprende: la planeación del sistema eléctrico nacional; la generación, conducción, transformación, distribución y venta de energía eléctrica; y la realización de todas las obras, instalaciones y trabajos que requieran la planeación, ejecución, operación y mantenimiento del sistema eléctrico nacional, entre otras.
Entre las diversas atribuciones que tiene la CFE a su cargo está: celebrar convenios o contratos con los gobiernos de las entidades federativas y los municipios o con entidades públicas y privadas o personas físicas, para la realización de actos relacionados con la prestación del servicio público de energía eléctrica.
El Reglamento de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica comprende un capítulo dedicado a las obras para alumbrado público y urbanización de fraccionamientos. Con relación a los municipios, este reglamento establece que la construcción, operación, mantenimiento y reparación de las obras e instalaciones requeridas para la prestación del servicio municipal de alumbrado público, así como la ejecución de los proyectos correspondientes y de cualquier trabajo relacionado con dicho servicio, estarán a cargo de la dependencia o entidad competente.
Es decir, aunque en principio está designada la CFE para realizar las obras, son los municipios quienes deben realizarlas, cumplir con los enormes requisitos y exigencias de la CFE, además de cubrir con el monto total de los costos de las obras e instalaciones del servicio municipal de alumbrado público. Con lo cual, esta instancia gubernamental no sólo tiene que seguir unos criterios fijados por la propia CFE sino financiar, directa o indirectamente, gran parte de los proyectos para la realización del servicio que requiere su población.
El punto que genera desequilibrio se encuentra en que los municipios no sólo tienen la responsabilidad de soportar económicamente esta carga para otorgar el servicio de alumbrado público, sino además, como ordena el 115 constitucional, hacer frente a otros servicios como son el agua potable, alcantarillado, tratamiento de aguas residuales, bomberos, lugares públicos, limpieza pública, mercados y centrales de abasto, panteones, rastros, seguridad pública, transporte y vialidad, etcétera.
Si bien tienen los municipios están facultades para obtener recursos o reciben recursos de la federación, la responsabilidad de cumplir todas las necesidades de la ciudadanía resulta una tarea, sencillamente, imposible.
Esto se agudiza con el constante crecimiento poblacional de los municipios, lo que aumenta la demanda de servicios.
El problema que nos ocupa ante esta soberanía es que cuando los municipios quieren cumplir con las necesidades que les demandan la ciudadanía se encuentran ante un gran desafío para poder solventarlos. Tal es el caso de la ampliación de la red de energía eléctrica.
Cuando un municipio se ve en la necesidad de incrementar su red se topa no sólo con una burocracia que hace lento el otorgamiento de este servicio, sino que lo hace muy tortuoso y, en muchos casos, imposible.
Para ampliar la red eléctrica en un municipio, éste tiene que pasar por un verdadero vía crucis. De entrada organizarlo y financiarlo totalmente. Tiene que hacer toda la obra negra para que se pueda instalar la infraestructura eléctrica. Para ello hay que cumplir al pie de la letra con los lineamientos que marca la CFE, comprar lo que ellos quieran. Después pasar por un filtro, de muy dudosa calidad y objetividad, para aprobar el suministro de la energía eléctrica. Después de haber hecho todo este proceso se puede brindar el servicio. El tiempo de un inicio hasta su conclusión no es corto. Pueden pasar meses y hasta años, mientras los ciudadanos presionan a los alcaldes y exigen el cumplimiento del artículo 27 constitucional. En muchas ocasiones la desesperación o necesidad ha hecho que muchos habitantes tengan que recurrir a la irregularidad y hacerse de manera clandestina del servicio.
Otro de los punto que hacen insoportable este calvario es que al finalizar la obra e instalarse el servicio, todo pasa a propiedad de la CFE. ¡Qué irónico!
No hay un reconocimiento, ni una condonación, ni un estimulo económico para que los ayuntamientos puedan enfrentar el enorme gasto que significa ampliar la red de energética del alumbrado público. Por ello, podemos ver que hay decenas de municipios que desisten o postergan el proyecto.
Además, muchos municipios quedan endeudados, y después caen en el círculo vicioso de que cuando se retrasan en el pago de este servicio se les corta la luz. Es decir, las represalias no se han hecho esperar. Quien no paga no tiene el servicio. Obviamente el precio que imponen la Secretaría de Energía y la CFE es muy alto.
En síntesis, el municipio que no se subordine a lo que diga el CFE no podrá tener luz o energía. Y el municipio que proteste o haga eco a las demandas de sus habitantes por el encarecimiento del servicio entrará en una lista negra, que afectará el normal suministro de la energía. De esta situación hay muchos ejemplos documentados en estados como Guerrero, Tabasco, Chiapas, Veracruz, entre otros.
Esta situación no puede seguir así. Los resultados de este mal diseño económico institucional son que cada día sean más los municipios que se encuentran endeudados y que no tienen capacidad de cubrir sus compromisos. Si le añadimos los inalcanzables precios o tarifas que impone de manera unilateral la CFE para el otorgamiento del servicio de alumbrado público municipal, pues encontraremos la respuesta de porqué cada vez más los municipios entran en quiebra.
Tabasco es el claro ejemplo de la crisis que viven muchos municipios ante esta situación. Son paradójicamente zonas ricas en recursos energéticos y naturales, pero pobres por el desangramiento que ocasionan las malas políticas públicas nacionales y estatales.
El asunto va más allá de una situación meramente financiera sino tiene que ver con la seguridad pública. Hoy más que nunca se necesita de la instalación del alumbrado público en muchos municipios por cuestiones de seguridad pública, la delincuencia tanto organizada como común aprovechan estas deficiencias para operar y cometer sus delitos. Esta fue una de las demandas ciudadanas hace unos meses: ganar espacios públicos en beneficio de la sociedad y para ello se requiere energía y alumbrado público.
Mi reclamo no es el primero. Esta alta soberanía de la nación ha sido escenario de muchas denuncias contra las prácticas de la CFE. Han sido muchas las voces de diputados de diversas familias parlamentarias que han denunciado la terrible situación que padecen muchos ayuntamientos en el país, afectando la calidad de vida y seguridad de millones de mexicanos a lo largo de nuestro territorio.
Es nuestra responsabilidad, como representantes de los ciudadanos, defender sus intereses; y como legisladores corregir el andamiaje institucional que no funciona. La energía es vital para la vida de todo ser o grupo humano. Sin energía eléctrica no es posible el funcionamiento y desarrollo de una sociedad moderna. Es por ello que no podemos supeditar o limitar la seguridad y el futuro de muchos millones de mexicanos por un mal equilibrio institucional y un mal diseño en las atribuciones y responsabilidades en materia energética atribuidos principalmente a los ayuntamientos.
Por ello, en este punto de vital importancia para nuestros representados pido la unión para buscar solución a uno de los principales problemas que encaran los ayuntamientos municipales en diversos estados de nuestro país.
No pedimos nada que no se pueda realizar o no esté al alcance de quienes tienen la responsabilidad de solucionar este asunto. No olvidemos que este es un momento de grave crisis global y por tanto no la agudicemos con una crisis local. Hay que rescatar a los municipios para rescatar a México.
Por lo expuesto ante esta soberanía, me permito presentar a su consideración la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados exhorta de manera urgente y con alta prioridad al titular del Poder Ejecutivo federal para que, a través de la Secretaría de Energía y de la Comisión Federal de Electricidad, determine un plan de apoyo a los municipios a través del reconocimiento de, por lo menos, el 50 por ciento de la inversión que hagan los ayuntamientos en la ampliación de la red de alumbrado público y, en el caso de los municipios más pobres del país, del 100 por ciento, para que dicho monto pueda ser tomado en cuenta en el pago del servicio. Y así, estos actores no queden endeudados o sin capacidad de seguir invirtiendo en obra pública, y en especial en la ampliación de la red de energía eléctrica, fundamental para el desarrollo de toda comunidad.
Diputado Silbestre Álvarez Ramón (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A ESTABLECER REUNIONES CON LOS SECTORES INDUSTRIALES
A QUE PODRÍA AFECTAR UNA DISMINUCIÓN DE LOS ARANCELES DE
LOS PRODUCTOS FABRILES, A CARGO DEL DIPUTADO MARIANO GONZÁLEZ ZARUR,
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
El que suscribe, diputado Mariano González Zarur, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Aún se desconoce con certeza las consecuencias económicas de la crisis financiera, pero sin duda, será un parteaguas en el sistema económico y financiero mundial, y propiciará una mayor intervención de los Estados en el mercado.
La recesión será resentida con mayor fuerza en nuestro país, las últimas previsiones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos señalan que México crecerá sólo 0.36 por ciento el próximo año, menos de la cuarta parte de lo que se prevé en la Ley de Ingresos. Este escaso crecimiento se verá reflejado en la pérdida de miles de empleos.
La situación económica nacional también se verá afectada por el menor flujo de remesas y la disminución del precio del petróleo.
Inclusive, es previsible que ninguna de las variables macroeconómicas (inflación, tipo de cambio y tasas de interés) que la Secretaría de Hacienda prevé para el 2009 se cumpla.
Pese a lo anterior, resulta preocupante que el Ejecutivo Federal, a propuesta de la Secretaría de Economía, pretende presentar en próximos días un Decreto que disminuiría de manera drástica los aranceles de los productos industriales.
El arancel promedio se reduciría de 10 a 5 por ciento en forma inmediata, y a 2 por ciento en el 2011.
Asimismo, el porcentaje de productos con arancel "0" pasaría de 20 a 53 por ciento en forma inmediata, y a 80 por ciento en 2011.
De acuerdo con información de la propia Secretaría de Economía, de llevarse a cabo la reducción de aranceles, las empresas manufactureras, cuya producción se destina preponderantemente al mercado doméstico, podrían reducir su producción y empleo, en la medida en que sus productos no resulten competitivos respecto a los importados.
La eliminación de aranceles provocaría una pérdida de aproximadamente 79 mil empleos en los siguientes sectores:
Fabricación de productos a base de minerales no
metálicos.
Fabricación de productos de cuero, piel y materiales
sucedáneos.
Fabricación de productos derivados del petróleo
y del carbón.
Fabricación de productos metálicos.
Impresión e industrias conexas.
Industria de la madera.
Industria del papel.
Industria del plástico y del hule.
Industria química.
Industrias metálicas básicas.
Esto debería propiciar un alto en el camino para reflexionar seriamente las políticas públicas que se han llevado a cabo en los últimos 25 años, ya que no han funcionado: no existe certeza jurídica, la calidad de la educación está a la baja; creciente inseguridad; empleo precario, mercado interno débil, y una progresiva e inconcebible inequidad en la distribución del ingreso.
Es claro que las recetas económicas que nos han impuesto no funcionan. No se puede seguir gobernando al país con teorías de libros que no responden a la realidad de un país tan diverso como lo es México.
Tampoco se pueden tomar medidas unilaterales y tan drásticas que en estos momentos sólo propiciarían que se agudice el desempleo.
Se hicieron foros para discutir la reforma del ISSSTE, para la reforma del Estado, para la reforma tributaria y para analizar la reforma energética. ¿Por qué no establecer mesas de trabajo, en un tema tan sensible como lo es la baja de aranceles?
Los empresarios están conscientes de que se tienen que simplificar los aranceles; sin embargo, debe privilegiarse el diálogo entre el Poder Ejecutivo y el sector empresarial, para encontrar los consensos necesarios y se establezcan políticas públicas que le permitan a la industria enfrentar una desgravación arancelaria.
Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de esta honorable asamblea, con urgente y obvia resolución, el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. La honorable Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al Poder Ejecutivo federal para que, antes de decretar reducciones en los aranceles de productos industriales, establezca reuniones de diálogo y trabajo con los sectores industriales que podrían verse afectados, con el objeto de analizar las consecuencias en producción y empleo que tendría esta medida, y que se generen políticas públicas que contribuyan a fortalecer a este importante sector del país para que pueda afrontar de manera exitosa la creciente competencia.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de noviembre de 2008.
Diputado Mariano González Zarur (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA A LA COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA
RIESGOS SANITARIOS A REALIZAR INVESTIGACIONES Y PRUEBAS RESPECTO A LAS
LLAMADAS "BEBIDAS ENERGÉTICAS" Y A REMITIR A LA AUTORIDAD COMPETENTE
LAS CONCLUSIONES A FIN DE QUE SE PROHÍBA SU COMERCIALIZACIÓN,
A CARGO DEL DIPUTADO JOSÉ LUIS AGUILERA RICO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DE CONVERGENCIA
El suscrito, José Luis Aguilera Rico, diputado del Grupo Parlamentario de Convergencia, integrante de la LX Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en la fracción III del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en lo previsto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta asamblea la proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
El consumo de bebidas energéticas inunda los mercados latinoamericanos, después de haberlo hecho en los europeos y estadounidenses, por la gran aceptación entre la juventud, pues sus propiedades brindan vigor y ayudan a combatir la fatiga. Sin embargo, hay quienes recomiendan no abusar de ellas y otros que se inclinan por su no comercialización.
Uno de los empresarios más exitosos que comercializan bebidas energéticas descubrió, en 1980, que eran muy populares en Asia, lo que hizo que llevara esta novedad al mercado occidental. Empezó a venderlas en su propio lugar de origen, Austria, y para 1987 prácticamente toda Europa consumía este tipo de productos.
Quizá tal éxito se deba a que, las también llamadas energy drinks, incrementan la resistencia física, ayudan a reaccionar en forma más rápida y otorgan al consumidor un estado de mayor concentración asimismo, proporcionan una momentánea sensación de bienestar, estimulan el metabolismo. La mercadotecnia en torno a estos concentrados recomienda que se ingiera en periodos de arduo trabajo y estrés, cuando se requiera atención extrema para solucionar algún problema o al momento en que haya disminución de energía para emprender alguna actividad.
Como se ha mencionado, este innovador producto ha encontrado en poco tiempo gran aceptación, por lo que el mercado se encuentra lleno de competidores, al grado que en la actualidad se conocen bebidas de este tipo fabricadas en Brasil, México y Estados Unidos, país en el que se presume existen 7.5 millones de consumidores.
Las bebidas energéticas probaron en primera instancia gran efectividad para días de arduo trabajo o estudio, o para situaciones de atención extrema, por lo que encontraron gran mercado en estudiantes y ejecutivos, para posteriormente dirigirse a trasnochadores con necesidad de recuperar energía y después a deportistas de alto rendimiento. Por cierto, para éstos que se desempeñan en el ámbito profesional es importante sugerir que revisen muy bien la etiqueta antes de su consumo, pues algunos de los compuestos son motivo de sanción por algunos órganos reguladores del deporte a nivel mundial.
Ahora bien, las etiquetas deben advertir que su ingestión tiene que ser restringida en aquellas personas susceptibles a la cafeína, como hipertensos o con problemas de corazón, quienes pueden sufrir alteraciones en el ritmo cardiaco. Incluso en una persona sin este tipo de problemas una sobredosis de cafeína podría producirle taquicardia, temblores, insomnio, nauseas, diarrea, alucinaciones y vómito, entre otros síntomas, de manera que no hay que excederse en su consumo.
Igualmente, los pacientes con diabetes deben cuidar su empleo, ya que como parte de sus saborizantes se emplea dextrosa, azúcar de fruta que no siempre es bien tolerada.
No se puede ocultar que las bebidas energéticas han generado controversia sobre los efectos que producen cuando se combinan con alcohol, pero debemos reconocer que su promoción no esta ligada con este aspecto y que difícilmente podrían hacerlo, pues la autoridad sanitaria no lo aceptaría. Es por ello que la responsabilidad recae directamente en el consumidor y, yendo un poco más lejos, en los padres que tienen hijos adolescentes y no los alertan, en general, sobre los posibles peligros de sustancias estimulantes.
Pese a lo anterior, hay sitios donde se venden como cocteles, por ejemplo el llamado "fuego sagrado", el cual es resultado de mezclar cualquiera de ellas con vodka, o el "volador" que incluye champán, cointreau y whisky. Se sabe que también hay quien las combinan con drogas sintéticas que trastornan all sistema nervioso central, como el éxtasis, lo que resulta aun más peligroso, ya que puede alterar el estado de conciencia.
Lo cierto es que estas famosas bebidas energéticas para algunos son como un elixir pues creen que tienen efectos positivos en quienes se desvelan, para estudiar o requiere de vigor para salir a bailar, pero la realidad es que pueden provocar adicción, se debe limitar su consumo, y se debe tener en cuenta que no deben ser combinadas nunca con drogas ni alcohol.
Si bien los primeros productos de estas bebidas eran de tan sólo ocho onzas, y su contenido de cafeína era igual al de una taza de café, hoy las nuevas marcas triplican esa cantidad.
Estudios de especialistas han demostrado que una lata de estas bebidas equivale a tres tazas de café y contiene entre cinco y siete cucharadas de azúcar. Este consumo de cafeína y azúcar, que puede duplicarse o triplicarse según la cantidad de latas que se consuman a diario, va a ser perjudicial para la salud a corto, mediano y largo plazo.
A pesar de que las compañías productoras aseguran que estas bebidas son seguras, los profesionales de la salud están viendo todo lo contrario en sus consultorios.
El alto contenido de cafeína de estas bebidas está causando problemas graves: taquicardias y arritmias de músculo cardiaco, estímulo exagerado del sistema nervioso, irritabilidad, temblores, dolores de cabeza, obesidad, hiperactividad e insomnio.
Estas bebidas interfieren también con el crecimiento de los niños, porque aunque después de ingerirlas caigan fácilmente en sueño las sustancias estimulantes que se quedan en su organismo no los dejan alcanzar el nivel de sueño profundo donde se segregan las hormonas del crecimiento, y que se necesitan para revitalizar el cerebro y organismo.
A nivel de adulto, podemos mencionar que al no alcanzar el sueño profundo se despertará cansado y obviamente necesitará ingerir la bebida para sentirse con energía, así se crea un círculo de dependencia.
La cafeína en estos productos es peligrosa para los chicos y adultos que desconocen tener problemas cardiacos, ya que acelera el corazón y puede provocar taquicardias y arritmias que vienen a ser mortales cuando el sistema cardiaco de por si está acelerado durante un esfuerzo físico o la práctica de un deporte.
Otros problemas que se está viendo son descalcificación de los huesos y daño a los riñones ante la alta dosis de cafeína que contiene la fórmula de estas bebidas.
Aparte de la cafeína y el azúcar, a muchas de esta bebidas se le agregan otros elementos, como la taurina (un aminoácido), algunas vitaminas de la clase B y yerbas como guaraná, ginseng y ginko biloba, que pueden causar problemas cuando se mezclan con otras sustancias, incluso existen en el mercado marcas que contienen ma huang o efedra, una sustancia parecida a la anfetamina.
Según la dentista Bertha Alarcón, de la Sociedad Americana de Dentistas y con práctica en Cudahy, California, el alto contenido de azúcar de estas bebidas está provocando daños a la dentadura de los jóvenes. Y nos da el ejemplo de un joven de nombre Antonio, quien con tan sólo 18 años tiene un implante como parte de su dentadura y más de la mitad de sus molares y dientes está con tapaduras. "Las caries se le desarrollaron en menos de dos o tres años", comenta su madre. "La única razón que se su odontólogo encontró para ello fue su costumbre de ingerir de dos a tres latas diarias de bebidas energéticas" Cuando el azúcar, los aminoácidos y carbohidratos que contienen estas bebidas entran en contacto con los dientes, producen caries. En particular cuando no se tiene una buena higiene bucal.
Incluso hay quienes afirman que el consumo de las bebidas energéticas, que reemplazan el agua y a la simple taza de café, van a llegar a tener en el futuro a una generación sin dientes, con problemas en el corazón, el hígado, los riñones y los huesos.
Previendo estas consecuencias el Reglamento de Salud para el municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo; preocupado por el bienestar de la sociedad, ha establecido que:
Tercero. Se prohíbe la venta a menores de 18 años de las denominadas bebidas energéticas o con altos contenidos en cafeína y taurina; debiéndose publicar en lugar visible dentro del establecimiento dicha prohibición" (sic)
Por lo anterior, y con fundamento en el artículo 58 del reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el suscrito pone a consideración de este pleno la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Primero. Se exhorta a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios para que se realicen las investigaciones y pruebas del caso, y envíe a la autoridad competente sus conclusiones para que se prohíba la comercialización de las llamadas bebidas energéticas, atendiendo a las consideraciones expuestas en líneas procedentes y por tratarse de una bebida que puede provocar un problema de salud pública.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a 27 de noviembre de 2008.
Diputado José Luis Aguilera Rico (rubrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, RELATIVO
A LA SITUACIÓN JURÍDICA DE DIVERSOS INMUEBLES DE LA CIUDAD
DE MÉXICO, A CARGO DEL DIPUTADO OBDULIO ÁVILA MAYO, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PAN
Quien suscribe, diputado federal de la LX Legislatura del honorable Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración del Pleno de esta honorable Cámara de Diputados, la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobierno del Distrito Federal a que lleve a cabo la entrega inmediata de los inmuebles que ilegalmente posee ubicados en los números 90, 92 y 94 de la calle de Moctezuma, así como el situado en el número 280-2 de la calle de Zaragoza, en la colonia Guerrero, delegación Cuauhtémoc, de esta ciudad, a su legítimo propietario Servicios Sociales para la Policía Auxiliar del Distrito Federal, AC, y efectúe el pago por concepto de rentas devengadas desde el momento en que realizó el despojo de los inmuebles señalados en el año 2000 hasta su total desocupación y entrega, al tenor de los siguientes
Antecedentes
1. La Policía Auxiliar del Distrito Federal surgió durante la década de los años treinta a iniciativa de elementos retirados de las fuerzas armadas que comenzaron a prestar sus servicios como veladores en mercados, obras de construcción y edificios públicos. Ya en 1937, este grupo de vigilantes independientes agrupaba a mil cuatrocientos elementos, quienes organizados en destacamentos, en una asamblea celebrada en el Teatro del Pueblo, acordaron fusionarse en un sólo cuerpo y gestionar así su reconocimiento oficial.
2. A pesar de que la Policía Auxiliar del Distrito Federal fue creada por decreto presidencial de 21 de febrero de 1941, publicado en el Diario Oficial de la Federación de trece de marzo de ese año, sus miembros no contaba con la prestación de servicios de seguridad social, por ello, fue el personal del citado cuerpo policiaco quién decidió constituir una agrupación denominada Servicios Sociales para la Policía Auxiliar del Distrito Federal, AC.
Desde el 21 de junio de 1988, se creó la mencionada asociación, a través de la cual la Policía Auxiliar del Distrito Federal autogeneraba servicios sociales a los miembros de la corporación policiaca, a sus cónyuges e hijos menores de edad, tales como el otorgamiento de servicios médicos en general y programas de vivienda de interés social a favor de sus miembros.
3. Para poder dar cumplimiento al objeto social de la asociación civil, el cuerpo de policías decidió adquirir, mediante el pago de aportaciones y cuotas de sus miembros, la propiedad de inmuebles ubicados en los números 90, 92 y 94 de la Calle de Moctezuma, así como el situado en el número 280-2 de la calle de Zaragoza, en la colonia Guerrero, delegación Cuauhtémoc, de la Ciudad de México.
En efecto, tal y como consta en los asientos registrales número 9377313, 9294146, 9411148 y 9359173 del Registro Público de la Propiedad del Distrito Federal, el único y legítimo dueño de los cuatro inmuebles citados es la Asociación Civil Servicios Sociales para la Policía Auxiliar del Distrito Federal, AC.
4. No obstante lo anterior, el 11 de enero de 2000, el Gobierno del Distrito Federal, a través de otras corporaciones policiacas, invadió y despojó con violencia a la asociación civil de los inmuebles ya señalados que hasta entonces eran ocupados como torres médicas y oficinas de la propia agrupación.
5. Que ante el franco desprecio por los derechos de los elementos de la multicitada corporación, mediante los mecanismos de transparencia se requirió a la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal informara la calidad jurídica con que detenta la posesión de inmuebles que sabemos, de antemano, no son de su propiedad.
Dicha dependencia al dar respuesta, y después de una serie de erróneas e incongruentes interpretaciones jurídicas al marco jurídico local, no pudo hacer dos cosas: la primera, acreditar la propiedad de los inmuebles a favor del Gobierno del Distrito Federal ya que no exhibió ningún documento jurídico en el que pudiera probar el dicho de su simple declaratoria; y segundo, tampoco pudo justificar las violaciones al derecho de propiedad asegurando que por el simple hecho de que dichos bienes están afectos a la prestación de un servicio público se consideran parte del patrimonio del Distrito Federal:
6. La contestación anterior, además de evidenciar la falta de probidad y preparación de los colaboradores que trabajan en dicha secretaría, también pone de manifiesto la actitud nefasta y pueril que las administraciones perredistas han mantenido durante los diez años de su gobierno en la ciudad: aplican las leyes a su antojo -y sólo cuando y en lo que les conviene-, con lo que expresan un manifiesto rechazo al Estado de derecho, aún cuando se estén violando los derechos de los capitalinos, que son sus propios gobernados.
A través de dicha consulta se desenmascara la fraudulenta gestión de la Secretaría de Seguridad Pública para apropiarse ilegalmente de los inmuebles ya que asegura que: "con fecha 26 de octubre de 2006, el Comité de Patrimonio Inmobiliario del Gobierno del Distrito Federal dictaminó procedente la asignación a favor de la Secretaría de Seguridad Pública, los predios propiedad del GDF marcados con los números 90 y 92 de la calle de Moctezuma, ambos de la colonia Guerrero, delegación Cuauhtémoc."
Por si esto no fuera poco, agrega la maestra en ciencias, Isela de Jesús González Flores (encargada de la Oficina de Información Pública de la Secretaría de Seguridad Pública local) que: "con fecha 21 de febrero de 2007, se llevó a cabo la entrega recepción a favor de la Secretaría de Seguridad Pública para el servicio público de la policía complementaria denominada Policía Auxiliar del Distrito Federal de los mencionados predios..."
Por lo anteriormente expuesto, sometemos la siguiente proposición con punto de acuerdo, en términos de los siguientes
Considerandos
Primero. Que esta honorable representación nacional está facultada para dirigir peticiones y recomendaciones a las autoridades federales y locales competentes, tendentes a satisfacer los derechos e intereses legítimos de los habitantes de la república, y a mejorar la utilización y aplicación de los recursos disponibles.
Segundo. Que como diputado federal, en mi carácter de representante popular, tengo la responsabilidad de actuar a favor de los intereses de mis representados, y promover y gestionar la solución de los problemas y necesidades colectivas ante las autoridades correspondientes.
Tercero. Que en términos de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, aplicable a los que con esa calidad laboran en el Distrito Federal, las autoridades de la Secretaría de Seguridad Pública están incurriendo en responsabilidad administrativa en términos del artículo 47 fracciones I y VI, a saber:
"I. Cumplir con la máxima diligencia el servicio que le sea encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión que… implique abuso o ejercicio indebido de un empleo, cargo o comisión;" Esta infracción de carácter administrativo ha sido violada en virtud de que los actos violentos cometidos para privar de la posesión a los particulares de sus inmuebles indudablemente implican abuso en el ejercicio de cargos públicos.
"VI. Observar en la dirección de sus inferiores jerárquicos las debidas reglas del trato y abstenerse de incurrir en agravio, desviación o abuso de autoridad;" Esta causal de responsabilidad administrativa resulta aplicable a quienes, en su momento, pudieran ser señalados y resultaren responsables de ordenar la invasión y despojo de los inmuebles ya indicados.
Cuarto. Sin perjuicio de las responsabilidades administrativas que puedan estarse actualizando por la realización de éstos hechos ilícitos, también se actualiza la hipótesis delictiva de despojo.
Es incontrovertible y existen medios de convicción suficientes para probar que el Gobierno del Distrito Federal (a través de diversos cuerpos policiacos), por medio de la violencia física, privó a la Asociación Civil Servicios Sociales para la Policía Auxiliar del Distrito Federal de la posesión de los cuatro inmuebles multireferidos.
Asimismo, se actualizan los extremos del artículo 237 del Código Penal para el Distrito Federal porque, desde el año 2000, la Secretaría de Seguridad Pública ha venido ocupando y utilizando inmuebles ajenos, y ejerciendo derechos de uso y disfrute (derecho real de usufructo) que no le corresponden. No es óbice recordar que la sanción aplicable a este delito es de tres meses a cinco años de prisión y de cincuenta a quinientos días multa.
Así las cosas, la norma penal en comento, en su artículo 238, prevé que cuando el despojo se realice por grupo o grupos que en conjunto sean mayores de cinco personas, además de la pena señalada en el artículo anterior, se impondrá a los autores intelectuales y a quienes dirijan la invasión, de uno a seis años de prisión.
También, podría resultarle aplicable a las autoridades del Distrito Federal la prevención del artículo 238 in fine, ya que a mi parecer el despojo de cuatro inmuebles urbanos de propiedad privada, resulta a todas luces un despojo reiterado, por lo que podrían hacerse acreedores de entre dos a nueve años de prisión y de cien a mil días multa.
Desgraciadamente, en las averiguaciones previas que se siguieron por estos claros actos de despojo, y a pesar de los contundentes elementos que se integraron, la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, en el año 2005, decretó el no ejercicio de la acción penal por falta de elementos para consignar.
Quinto. Al parecer el gobierno de la ciudad ha desvirtuado los valores de la Policía Auxiliar al grado de que la "honestidad, lealtad y trabajo" que pregona dicha corporación se han convertido en deshonestidad y deslealtad en contra de sus propios cuerpos policiacos, ya que el despojo en comento no sólo les privó de inmuebles adquiridos por medio de cuotas de aportación, sino que también le coartó las posibilidades a la multicitada sociedad civil para continuar con la noble tarea de proporcionar servicios médicos de alta calidad a sus agremiados.
Sexto. Que ante esta alta tribuna denuncio y pongo en evidencia que el Gobierno del Distrito Federal tiene un franco desprecio por el derecho de propiedad, pues no sólo ha decidido expropiar la propiedad privada de los capitalinos a diestra y siniestra, sino que ahora comienzan a salir a la luz casos en los que las dependencias del Distrito Federal ocupan propiedades de particulares sin que exista un contrato de arrendamiento u otro diverso que les permita el uso legal de los inmuebles.
Es intolerable que las administraciones locales continúen ejecutando fechorías e infamias en contra de los ciudadanos, pues los gobiernos despóticos, autoritarios, abusivos y que actúan fuera de la ley, no tienen cabida en ninguna parte de nuestro México.
Por todo ello, es que el Grupo Parlamentario de Acción Nacional invita a todas las fuerzas políticas representadas en esta honorable Cámara a respaldar y dirigir un exhorto al Gobierno del Distrito Federal a efecto de que lleve a cabo la entrega inmediata de los inmuebles que ilegalmente posee ubicados en los Números 90, 92 y 94 de la Calle de Moctezuma, así como el situado en el Número 280-2 de la Calle de Zaragoza, todos en la Colonia Guerrero, Delegación Cuauhtémoc, de esta ciudad, a su legítimo propietario Servicios Sociales para la Policía Auxiliar del Distrito Federal, A.C., y efectúe el pago por concepto de rentas devengadas desde el momento en que realizó el despojo de los inmuebles señalados en el año dos mil hasta su total desocupación y entrega.
Asimismo, y en virtud de que este podría ser sólo uno de muchos casos en los que se estén violando derechos de particulares, resulta también necesario requerirle al gobierno de la Ciudad de México que regularice la posesión de inmuebles de propiedad privada que detente bajo cualesquier modalidad, para no continuar violando el derecho de propiedad de los particulares, pues resulta a todas luces injustificable el hecho de que el Gobierno del Distrito Federal asigné para sí, o para alguna de sus dependencias, inmuebles que son objeto de propiedad privada.
En este orden de ideas, se somete a consideración de esta honorable Cámara de Diputados el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero. Se exhorta al Gobierno del Distrito Federal a llevar a cabo la entrega inmediata de los inmuebles que ilegalmente posee ubicados en los números 90, 92 y 94 de la calle de Moctezuma, así como el situado en el número 280-2 de la calle de Zaragoza, todos en la colonia Guerrero, delegación Cuauhtémoc, de esta ciudad, a su legítimo propietario Servicios Sociales para la Policía Auxiliar del Distrito Federal, AC, y efectúe el pago por concepto de rentas devengadas desde el momento en que realizó el despojo de los inmuebles señalados en el año 2000 hasta su total desocupación y entrega.
Segundo. Se exhorta al Gobierno del Distrito Federal a efecto de que regularice la posesión de inmuebles de propiedad privada que detente bajo cualesquier modalidad, para no continuar violando el derecho de propiedad de los particulares, ya sea entregando la posesión de éstos a sus legítimos dueños o celebrando y cumplimentando contratos de arrendamiento inmobiliario para su legal ocupación.
Presentada en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el 27 de noviembre de 2008.
Diputado Obdulio Ávila Mayo (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
ESTA SOBERANÍA EXPRESA SU RECONOCIMIENTO AL ESTADO DE VERACRUZ Y
A LOS ORGANIZADORES DE LA SEGUNDA SEMANA INTERNACIONAL DE LA CITRICULTURA
DE VERACRUZ-MÉXICO/SANIDAD, INOCUIDAD Y SUSTENTABILIDAD, POR
LA OPORTUNA Y EFICAZ CELEBRACIÓN DEL ENCUENTRO, A CARGO DEL DIPUTADO
PEDRO MONTALVO GÓMEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
El suscrito, diputado Pedro Montalvo Gómez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, somete a consideración de la honorable asamblea proposición con punto de acuerdo, con base en las siguientes
Consideraciones
1. En Veracruz se cosecha el 64 por ciento de la producción nacional de cítricos.
2. La competitividad y la rentabilidad de los productos citrícolas, en un contexto de mercado de alta competitividad, involucra aspectos relacionados tanto con sistemas de calidad como de salud humana y vegetal, a la vez de exigir medidas para la conservación del medio ambiente y de manejo técnico relacionado con la productividad de las huertas.
3. En contrapartida, los citricultores se enfrentan a una serie de medidas fitosanitarias, en las que ha resultado determinante contar con el apoyo de los gobiernos locales, como es el caso de Veracruz, para mantener la calidad y las condiciones de sanidad exigida en los mercados mundiales.
4. Derivado del éxito de la celebración de la primera Semana internacional de la citricultura de Veracruz, México, en noviembre de 2007, en la que asistieron mil 314 personas de México y Centroamérica, se presentaron 49 ponencias de países como Cuba, Jamaica, Estados Unidos de América, España y Brasil, en 5 mesas redondas y 15 encuentros de negocios. Los temas principales que se presentaron fueron los daños provocados por el virus de la tristeza de los cítricos, las nuevas variedades de híbridos comerciales, las perspectivas del limón persa, buscando soluciones para la crisis de la agricultura, y los últimos avances en el control de la mosca de la fruta.
5. Por los excelentes resultados de ésta, se determinó celebrar la segunda Semana internacional de la citricultura de Veracruz, México: sanidad, inocuidad y sustentabilidad, y, en concordancia con la estrategia nacional e internacional de asegurar la vida y la salud de los árboles de cítricos y la confianza de los consumidores de sus frutos, el tema base de la semana corresponde a los trabajos de investigación y transferencia.
6. El objetivo de la segunda semana es que los asistentes se sensibilicen ante los problemas fitosanitarios actuales y los que pudieran darse a futuro, a fin de que se pueda actuar preventivamente, garantizando su competitividad y evitando la pérdida de los cultivos en el mediano plazo.
7. Esta semana internacional permitirá que los participantes, viveristas y asistentes aprendan las más modernas técnicas internacionales de protección sanitaria de sus huertas y viveros, y conozcan la situación actual en México para mejorar su desempeño.
8. Además, los empacadores, enceradores y agroindustriales pueden encontrar nuevos mercados y opciones para producir, comercializar y vender sus productos asegurando su pago.
9. Asimismo, los investigadores y los presentes se acercan a las últimas tecnologías internacionales y nacionales sobre los cítricos, para adecuarlas a sus huertas, ya que concurren expertos de Brasil, Cuba, España, Estados Unidos de América y Francia, los cuales compartirán sus conocimientos y experiencias en favor de resultados sustentables en alimentos sanos e inocuos.
Por todo ello, nos parece que es menester que se reconozca el compromiso de un gobierno estatal, como Veracruz, para hacer realidad este importante encuentro, cuyas repercusiones son muy importantes para el presente y futuro de la citricultura mexicana.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, propongo a la honorable asamblea el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero. Se expresa el reconocimiento de la Cámara de Diputados a Veracruz y a los organizadores de la de la segunda Semana internacional de la citricultura de Veracruz, México: sanidad, inocuidad y sustentabilidad, por la oportuna y eficaz celebración del encuentro, ya que sus logros permitirán fortalecer a los citricultores, logrando una producción sustentable de alimentos sanos e inocuos.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de noviembre de 2008.
Diputado Pedro Montalvo Gómez (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA AL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL A ANALIZAR A TRAVÉS
DE LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE, EN COORDINACIÓN CON EL
DIRECTOR GENERAL DEL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, LA
PROPUESTA DE SUSTITUIR COLADERAS PLUVIALES POR POZOS DE FILTRACIÓN
EN DIVERSAS ZONAS, A CARGO DEL DIPUTADO OBDULIO ÁVILA MAYO, DEL
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
Quien suscribe, diputado federal de la LX Legislatura del honorable Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del Pleno de la Cámara de Diputados la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobierno del Distrito Federal a analizar a través de la Secretaría del Medio Ambiente del Distrito Federal, en coordinación con el director general del órgano desconcentrado Sistema de Aguas de la Ciudad de México, la propuesta de sustitución de coladeras pluviales por pozos de infiltración, en algunas zonas del Distrito Federal, con el objeto de recargar el acuífero del valle de México y así aprovechar al máximo las precipitaciones pluviales, al tenor de los siguientes
Antecedentes
1. En diversas ciudades del mundo se han desarrollado sistemas de captación de agua de lluvia para fomentar la recarga del subsuelo de manera artificial; se utilizan sumideros, zanjas y pozos de infiltración. Estas obras, comparadas con las de captación y almacenaje superficiales –presas, diques y vasos– resultan económicamente más factibles y cumplen con el propósito de recargar los mantos acuíferos aprovechando el agua de lluvia.
2. Una ciudad de importancia y características geográficamente similares a la Ciudad de México es Guadalajara, donde también está latente el problema de la mancha urbana, lo que ha provocado que sus fuentes de abastecimiento de agua potable se estén agotando y que su acuífero sea sobre explotado.
En esa ciudad del centro de México se ha implementado un sistema de recarga artificial del acuífero mediante la captación de agua de lluvia en pozos de infiltración.
3. En la Ciudad de México el agua de lluvia se pierde en gran proporción debido a que no toda se infiltra al suelo, una parte se evapora y otra se canaliza hacia el drenaje, donde se contamina y resulta costoso el potabilizarla o tratarla para ser reutilizada nuevamente. Además, no sería conveniente pretender utilizar esa agua para recargar artificialmente los acuíferos, pues éstos podrían contaminarse también; en cambio, resultaría muy benéfico captar el agua de lluvia e infiltrarla antes de que se contamine o se pierda por la evaporación.
3. En la Ciudad de México actualmente se consumen 35 metros cúbicos por segundo de agua, lo que en promedio sería 360 litros por persona.
La Ciudad de México obtiene el agua que requiere para sus actividades de tres fuentes principales: el 71 por ciento se extrae de los mantos acuíferos; el 26.5, de las cuencas de los ríos Lerma y Cutzamala; y el 2.5 restante, de las fuentes superficiales que aún subsisten en la cuenca del valle de México, como el río Magdalena.
De los mantos acuíferos se extraen 45 metros cúbicos por segundo, mientras que solo 25 metros cúbicos por segundo se reponen naturalmente por medio de la infiltración, esto indica que el acuífero está siendo sobre explotado, ya que se extraen 20 metros cúbicos por segundo más que el agua que se recupera.
4. El suelo de la ciudad está formado por una capa arcillosa; al extraer el agua del subsuelo, las arcillas y sedimentos orgánicos que forman esta capa, se contraen por la pérdida de humedad provocando una disminución en el volumen del suelo y que su nivel baje. En algunos sitios se han llegado a registrar hundimientos que varían entre los 3 y los 10 metros. En la capa de arcilla se han reportado grietas de hasta 18 metros, las cuales propician que el acuífero se contamine.
5. La falta de estudios geohidrológicos, geofísicos, y geológicos en la realización de nuevas construcciones, ocasiona que la captación de agua pluvial sea menor y no se le dé la importancia que amerita, ya que al ocupar lo que antes eran áreas verdes con nuevos desarrollos habitacionales, consorcios comerciales, entre otros, la infiltración del agua de lluvia al subsuelo se reduce por el incremento de las zonas pavimentadas y su desalojo a través de drenajes, lo que genera problemas de gran magnitud en obras recientes; pues la sobreexplotación del manto acuífero modifica de manera considerable la estructura del subsuelo y propicia la aparición de nuevas grietas en el subsuelo que pueden provocar que cualquier sismo de magnitud que varíe de mediana a mayor (5 grados en la escala de Richter) ocasione una gran cantidad de daños a los edificios.
6. En la Ciudad de México se recibe una precipitación anual que genera volúmenes de escurrimiento de 6700 millones de metros cúbicos. De este volumen de escurrimiento una gran parte se evapora (4300 millones de metros cúbicos) y solo 1300 millones de metros cúbicos escurren en los ríos y arroyos que se encuentran en el Valle de México.
Como consecuencia del crecimiento de la mancha urbana, lo que antes eran áreas verdes, ahora se han convertido en edificios y calles pavimentadas, lo que ocasiona que 1100 millones de metros cúbicos no se infiltren al subsuelo sino que corran hacia el drenaje y se contaminen.
7. La sobreexplotación del acuífero del Valle de México y de otras fuentes de captación de agua potable puede aminorarse si se encuentra la manera de inyectar el agua proveniente de la lluvia al subsuelo y compensar la sobre explotación del acuífero con una adecuada recarga.
Cuando no se cuenta con grandes extensiones de terreno para almacenar el agua de las precipitaciones y el acuífero se encuentra a cierta profundidad, los pozos y sondeos son los sistemas de recarga artificial de acuíferos utilizados con mayor éxito por su practicidad ya que no implican utilizar grandes y complicadas tecnologías para su realización y siempre es posible optar por técnicas constructivas sencillas y de igual eficiencia.
8. Sobre el particular, no es óbice mencionar que en diciembre de dos mil cuatro, los mexicanos Iván Colín Romero y Jonathan Valdes Montealegre, del Instituto Politécnico Nacional, Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura, Unidad Profesional Zacatenco, Academia de Hidráulica, participaron en el IV Congreso Ibérico sobre Gestión y Planificación del Agua, celebrado en la ciudad de Tortosa, España.
En el marco del citado congreso internacional, los mencionados profesionistas participaron con la propuesta "Captación de agua pluvial para la recarga de los mantos acuíferos en la zona del Valle de México mediante infiltrometros", siendo el único trabajo mexicano, de un total de cuarenta y siete presentados en el área de Innovación Tecnológica y Metodológica para la gestión y conservación del agua.
En el citado trabajo de investigación se pone de manifiesto que los pozos de infiltración han dado excelentes resultados para recargar acuíferos además de dar una solución viable a los problemas de inundaciones; otra vertiente son los pozos de absorción que se utilizan con magnitudes mucho mayores, y que además cumplen con otra función que es la de evitar la intrusión salina.
Asimismo, se hace referencia a que en algunas ciudades del mundo se construyen zanjas que tienen distintas dimensiones y son colocadas en avenidas y calles principales donde el problema de inundaciones es mayor.
Por lo anteriormente expuesto, sometemos la siguiente proposición con punto de acuerdo, en términos de los siguientes
Considerandos
Primero. Que esta honorable representación nacional está facultada para dirigir peticiones y recomendaciones a las autoridades federales y locales competentes, tendentes a satisfacer los derechos e intereses legítimos de los habitantes de la República, y a mejorar la utilización y aplicación de los recursos disponibles.
Segundo. Que como diputado federal, en mi carácter de representante popular tengo la responsabilidad de actuar a favor de los intereses de mis representados, y promover y gestionar la solución de los problemas y necesidades colectivas ante las autoridades correspondientes.
Tercero. Que el artículo 5o. de la Ley de Aguas del Distrito Federal señala que toda persona en el Distrito Federal, tiene derecho al acceso suficiente, seguro e higiénico de agua disponible, para su uso personal y doméstico, así como al suministro libre de interferencias; y que las autoridades velarán en todo momento el cumplimiento de ese derecho.
Cuarto. Que en la Ciudad de México se ha intentado recargar el acuífero del valle de México mediante la inyección de aguas residuales al subsuelo, para esto se construyeron algunos pozos de absorción en distintos puntos de la ciudad, pero estos pozos fueron clausurados al comprobar que se podría contaminar el acuífero.
Quinto. Que una manera ideal de recargar el acuífero sería con la propia agua de lluvia, pero debido a la constante urbanización esta idea es ya casi imposible. Empero, el agua de las precipitaciones se puede inyectar al subsuelo mediante pozos de infiltración dispuestos dentro de los lugares donde no se puede dar la recarga del acuífero de manera natural.
Sexto. Que en el Distrito Federal, los hundimientos han provocado daños al sistema de drenaje y alcantarillado, lo que ha propiciado que en temporada de lluvias las calles se inunden y se pierda un gran volumen de agua por la contaminación.
La Ciudad de México necesita captar el mayor volumen de agua de las precipitaciones e inyectarlo al subsuelo para recargar su acuífero; esto se puede lograr implementando un sistema de pozos de infiltración que permitan inyectar el agua de la lluvia antes de que esta genere inundaciones y se pierda ya sea por evaporación o por correr hacia el drenaje y se contamine.
Séptimo. Que los pozos de infiltración permiten captar el agua de los escurrimientos provocados por las lluvias en lugares donde las áreas permeables ya no existen, además de que se almacena el agua en el subsuelo; la ventaja de almacenarla así radica en que el costo por recarga del acuífero es cuantiosamente menor que el de vasos de almacenamiento a cielo abierto, además de que funciona como un sistema natural de distribución con lo que se elimina la necesidad de canales y tuberías superficiales.
Octavo. Que el Gobierno del Distrito Federal, a través de la Secretaría del Medio Ambiente del Distrito Federal, en coordinación con el director general del órgano desconcentrado Sistema de Aguas de la Ciudad de México debe analizar la propuesta de sustitución de coladeras pluviales por pozos de infiltración, en algunas zonas del Distrito Federal, con el objeto de recargar el acuífero del Valle de México y así aprovechar al máximo las precipitaciones; para lo cual es necesario determinar las zonas donde sería factible una sustitución en base a las características geográficas, hidrológicas y ambientales.
Noveno. Que en este tenor, Iván Fernando Colín Romero y Jonathan Valdés Montealegre, del Instituto Politécnico Nacional, Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura, Unidad Zacatenco, realizaron el proyecto "Captación de agua pluvial para la recarga de los mantos acuíferos del Valle de México mediante sistemas de infiltrómetros", con el cual pretenden alcanzar las siguientes metas para poder llevar a cabo una adecuada recarga del acuífero del Valle de México:
b) Restaurar la sobreexplotación del acuífero del valle de México: Al compensar la sobreexplotación se asegura la sustentabilidad del agua del acuífero del Valle de México en un mediano y largo plazo.
c) Conservar aguas generadas por los escurrimientos y tormentas: Al infiltrase el agua pluvial al subsuelo se controlarían, de alguna manera, las inundaciones en diversas zonas de la capital.
d) Evitar la contaminación del agua debido al arrastre de materiales como aceites, desechos inorgánicos, entre otros: El agua pluvial se infiltrará al subsuelo y evitará, en la medida de lo posible, que escurra por las calles, contaminándose y llegue hacia el drenaje.
e) Disolución de contaminantes: Los pozos de infiltración estarán conformados por un filtro de gravas y arenas el cual le proporcionará a las aguas pluviales un primer tratamiento de depuración antes de ser inyectado al subsuelo.
f) Aprovechar la capacidad de la zona no saturada para remover contaminantes: Al irse infiltrando el agua al subsuelo, ésta se depura de las partículas contaminantes que pudiera contener.
g) Almacenar el agua pluvial en el acuífero: El agua pluvial captada por los pozos de infiltración queda almacenada en el acuífero del Valle de México y éste a su vez funciona como una red de distribución.
h) Definir un criterio básico en cuanto a normatividad: Observando los resultados de inyectar el agua pluvial al subsuelo se debe gestionar acerca de la necesidad de implementar estos pozos en cuanto a materia ambiental.
El objetivo primordial de esta técnica de regulación y almacenamiento de agua es asegurar una gestión racional del potencial hidráulico de cualquier cuenca hidrológica o sistema de explotación. De forma natural los acuíferos deberían recargarse mediante escurrimientos generados por las precipitaciones a través de áreas permeables como bosques, tierras de cultivo, por mencionar algunas. Como estas zonas permeables son cada vez menores, se recurre a la recarga artificial para poder ingresar agua en el subsuelo y mantener los niveles freáticos en la manera en que esto sea económicamente factible. La recarga artificial de los acuíferos tiene, entre otras, las siguientes aplicaciones:
c. Mantener el equilibrio hídrico en zonas ecológicas
y zonas de conservación
d. Reducir los costos de transportación, almacenamiento
o bombeo de agua subterránea.
e. Actuar en la solución y remediación de los hundimientos provocados por la sobreexplotación de algunos acuíferos.
Empero, el acuífero se puede recargar de manera artificial mediante un sistema de pozos de infiltración. Estos son de dimensiones relativamente pequeñas, y se pueden construir en unidades habitacionales, fraccionamientos, centros comerciales, fábricas, calles, obras públicas, parques, clubes deportivos y consorcios turísticos, entre otros.
El espíritu que anima la puesta a consideración de la presente proposición con punto de acuerdo radica en la necesidad de sustituir poco a poco las coladeras pluviales por los pozos, para que en lugar de que la lluvia pluvial se pierda en el drenaje, ésta recargue el acuífero del valle de México y se compense la sobreexplotación.
Igualmente, esta solución resultaría económicamente factible ya que no se requieren costosas y complicadas técnicas para su construcción, por tratarse de pozos pequeños, ya que pueden utilizarse tapas de concreto con un aditivo especial que permita el paso del agua más no el de las partículas sólidas. Además cuando su capacidad de filtración se merme, se puede cambiar el filtro sin necesidad de clausurar el pozo.
También, las inundaciones se disminuirían en la medida en que se implementen los pozos y éstos no presentan problemas por cambios en la pendiente del terreno como ha sucedido en el drenaje.
Cabe resaltar que el agua que se inyecta al subsuelo de esta forma, tendrá una mejor calidad por tratarse de agua de lluvia la cual se incrementará al irse filtrando cada vez más en el subsuelo. Con esto se puede solucionar de manera sencilla un problema generado por muchos años a causa de la mala planificación de los gobiernos de nuestra ciudad.
En este orden de ideas, se somete a consideración de esta Honorable Cámara de Diputados el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero. Se exhorta al Gobierno del Distrito Federal a analizar a través de la Secretaría del Medio Ambiente del Distrito Federal, en coordinación con el director general del órgano desconcentrado Sistema de Aguas de la Ciudad de México, la propuesta de sustitución de coladeras pluviales por pozos de infiltración, en algunas zonas del Distrito Federal, con el objeto de recargar el acuífero del valle de México y así aprovechar al máximo las precipitaciones pluviales.
Segundo. Se exhorta al Gobierno del Distrito Federal a realizar a través de la Secretaría del Medio Ambiente del Distrito Federal, en coordinación con el director general del órgano desconcentrado Sistema de Aguas de la Ciudad de México, los estudios necesarios para determinar las zonas donde sería factible la sustitución de coladeras pluviales por pozos de infiltración en base a las características geográficas, hidrológicas y ambientales.
Tercero. Se exhorta al Gobierno del Distrito Federal a analizar a través de la Secretaría del Medio Ambiente del Distrito Federal, en coordinación con el director general del órgano desconcentrado Sistema de Aguas de la Ciudad de México, el proyecto presentado por los profesionistas, Iván Fernando Colín Romero y Jonathan Valdés Montealegre, del Instituto Politécnico Nacional, para la "Captación de agua pluvial para la recarga de los mantos acuíferos del valle de México mediante sistemas de infiltrómetros".
Presentada en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el día veintisiete de noviembre del año dos mil ocho.
Diputado Obdulio Ávila Mayo (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA AL JEFE DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL A PRESENTAR A ESTA
SOBERANÍA UN INFORME SOBRE EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE
LA LÍNEA 12 DEL METRO, A CARGO DEL DIPUTADO EDUARDO SÁNCHEZ
HERNÁNDEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
El que suscribe, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de conformidad con lo previsto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, con base en la siguiente
Exposición de Motivos
Ante la complejidad de la megaúrbe de la Ciudad de México, los programas de transporte público, en especial el Metro, que es de bajo costo y traslada a las personas en forma rápida y en grandes cantidades, revisten un papel estratégico para ordenar y viabilizar su desarrollo en el presente y en el futuro.
En agosto de 2007, el jefe del Gobierno del Distrito Federal presentó el proyecto de la línea 12 del Metro, la "Línea Dorada", asegurando que será la más moderna de Latinoamérica, incorporando elementos novedosos, como la accesibilidad a personas con discapacidad, centros de Internet, guarderías, sanitarios y museos de sitio.
El proyecto original señaló que dicha línea constaría de 23 estaciones en 24 kilómetros, con 39 trenes, que correrían en intervalos de 2 minutos, conectando las líneas 7, 3, 2 y 8 y transportando diariamente hasta 450 mil personas. Los usuarios ahorrarán hasta 9 pesos diarios con el Metro, en tanto que se generarán 3 mil empleos en obra y 4 mil 500 permanentes. En la presentación del proyecto también se aseguró que la obra costaría 13 mil millones de pesos.
Sin embargo, en septiembre pasado, el jefe del gobierno, al dar el banderazo de salida a la construcción de la llamada "Línea del Bicentenario", informó que la obra implica una inversión de 17 mil 583 millones de pesos de recursos propios. Dicha cifra es diversa de la declarada en la presentación del proyecto.
Como todos sabemos, en el Presupuesto federal para 2009 la Cámara de Diputados asignó recursos adicionales por 3 mil millones de pesos para la construcción de dicha línea.
En el mismo sentido, originalmente se informó que la línea partiría de Tláhuac, avanzando bajo la avenida del mismo nombre hasta la altura de la Calzada de la Virgen, para continuar por Cafetaleros, por detrás de la ESIME del IPN, seguiría por el Eje 3 Oriente hasta la calzada Ermita, por donde llegaría hasta División del Norte, donde daría vuelta a la derecha bajo el Eje 8 Sur hacia el Parque de los Venados y luego a la izquierda por el Eje 7 Sur, rumbo a Mixcoac.
No obstante, el proyecto ha tenido varias modificaciones en el trayecto original, resultando que el propio subsecretario de Gobierno del DF mencionó que aún se valoran como posibles vías las avenidas Tláhuac, Eje 3 Oriente y Gran Canal. Esto tiene un efecto social, administrativo y financiero.
Por otra parte, las empresas ganadoras de la licitación para construir dicho proyecto son Alstom, ICA y Cicsa, al amparo de la licitación pública internacional con número 30001140-001-08. Es delicado que la primera de ellas ya haya sido objeto de investigaciones por la Secretaría de la Función Pública, toda vez que se presentaron elementos por cohechos para obtener diversos contratos en licitaciones de Luz y Fuerza del Centro por montos de más de 50 millones de pesos, cuya sanción debió consistir en una inhabilitación de varios años para no participar en licitaciones públicas.
Lamentablemente, este importante proyecto ya despierta dudas, a la luz del incremento de sus costos, los cambios de trayecto y la presunción de que estos cambios, en buena medida obedecerían a mejorar los costos, el desempeño técnico y las ganancias de una de las empresas, lo cual es inadmisible para los capitalinos. Recordemos el pésimo ejemplo del anterior gobierno de la ciudad, que resultó uno de los menos transparentes que hemos tenido y que se negó a abrir las cuentas de proyectos como los segundos pisos, por lo que es preciso actuar en tiempo y en forma para evitar que proyectos como el del Metro sigan el mismo camino.
Recordemos que la transparencia no es una concesión gratuita y condescendiente de la autoridad, sino que es su obligación y el derecho inalienable de la población. Por ello se hace necesario que esta Cámara actúe, incluso al amparo de la prevención, para mantenerse informado y fiscalizar continuamente todas las etapas de su construcción.
Por lo expuesto, presento a esta honorable asamblea la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta al jefe del Gobierno del Distrito Federal a presentar un informe detallado a esta soberanía respecto al proyecto de la construcción de la Línea 12 del Metro, a las razones de las variaciones de sus costos de inversión y de la ruta proyectada, y a todos los aspectos relacionados con la licitación y los contratos con las empresas constructoras.
Palacio Legislativo, a 27 de noviembre de 2008.
Diputado Eduardo Sánchez Hernández (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE SALUD A ELABORAR UN PROGRAMA DE ATENCIÓN
INTEGRAL DE LA ARTRITIS REUMATOIDE, A CARGO DEL DIPUTADO ECTOR JAIME RAMÍREZ
BARBA Y SUSCRITA POR DIVERSOS LEGISLADORES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL
PAN
Los diputados Ector Jaime Ramírez Barba, José Antonio Muñoz Serrano, Adriana Rebeca Vieyra Olivares, Efraín Arizmendi Uribe, María Mercedes Corral Aguilar, Jorge Quintero Bello, Beatriz Eugenia García Reyes, Ángel Humberto García Reyes, Yolanda Mercedes Garmendia Hernández, José Ignacio Alberto Rubio Chávez y María Gloria Guadalupe Valenzuela García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 23, numeral 1, inciso f), 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud a elaborar un programa integral para la atención de la artritis reumatoide, al tenor de las siguientes
Consideraciones
En respuesta de las sensibles peticiones que han realizado organizaciones de pacientes y comunidad médica especializada a representantes de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, en la actual Legislatura se han celebrado dos foros para analizar las posibles soluciones de la problemática que representa la artritis reumatoide y se determinó con amplio consenso la resolución de las siguientes propuestas:
2. La necesidad de mejorar el diagnóstico de las enfermedades reumáticas, de manera que se acorte el periodo entre los primeros síntomas de enfermedad y el establecimiento del tratamiento que cada paciente requiera.
3. La disposición de los sectores público y social a fin de elaborar un programa específico para la atención de la artritis reumatoide por instaurarse en las entidades federativas;
4. La importancia de contar con un sistema de registro de pacientes para llevar seguimiento de su evolución clínica; y
5. La necesidad de revisar y actualizar los tratamientos que las instituciones de salud pública brindan a la atención de la artritis reumatoide.
Por lo expuesto, nos permitimos presentar a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. Se exhorta a la Secretaría de Salud a presentar los avances del Programa Especial para la Atención de la Artritis Reumatoide.
Segundo. Se solicita a la Secretaría de Salud que programe y dé a conocer, entre otras medidas de prevención y promoción de salud, las acciones de capacitación de personal médico y profesionales de la salud respecto a la detección oportuna de las enfermedades reumáticas, y medidas de referencia y contrarreferencia para canalizar a tratamiento con especialista a los pacientes con artritis reumatoide.
Tercero. Se exhorta a la Comisión Nacional de Protección en Salud a evaluar medidas para facilitar a los servicios de salud de las entidades federativas la implantación del programa específico para la atención integral de la artritis reumatoide.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de noviembre de 2008.
Diputados: Ector Jaime Ramírez Barba
(rúbrica), José Antonio Muñoz Serrano (rúbrica),
Adriana Rebeca Vieyra Olivares (rúbrica), Efraín Arizmendi
Uribe, María Mercedes Corral Aguilar, Ángel Humberto García
Reyes, Beatriz Eugenia García Reyes, Yolanda Mercedes Garmendia
Hernández (rúbrica), Jorge Quintero Bello, José Ignacio
Alberto Rubio Chávez (rúbrica), María Gloria Guadalupe
Valenzuela García (rúbrica).
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A DOTAR –A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA
DE SALUD– DE RECURSOS ECONÓMICOS Y DE LOS INSUMOS RESPECTIVOS A
LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS Y A LAS PRIVADAS QUE PROPORCIONAN ATENCIÓN
INTEGRAL A NIÑOS QUEMADOS, A CARGO DEL DIPUTADO MAURICIO ORTIZ PROAL,
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
El que suscribe, Mauricio Ortiz Proal, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de la LX Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite someter a la consideración del Pleno proposición con punto te acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
La Ley General de Salud establece en sus artículos 3o. fracción XVIII, y 162, que la prevención y control de accidentes es materia de salubridad general; que se entiende por accidente el hecho súbito que ocasione daños a la salud y que se produzca por la concurrencia de condiciones potencialmente prevenibles.
Los accidentes en donde los niños sufren quemaduras, por lo tanto, se constituyen en un acto de salubridad general que obliga a la Secretaría de Salud a implementar medidas preventivas y ejecutar programas para la atención integral de estos niños.
Cabe hacer referencia que el problema de quemaduras pediátricas en un 58 por ciento afecta a niños en edad preescolar; y, que en el universo total de accidentes por quemaduras, los menores de 15 años representan un promedio de 33 por ciento. El 79 por ciento de este último universo (de aproximadamente 32 mil víctimas en toda la república según el Instituto para la Atención Integral del Niño Quemado y de 72 mil según referencias del Instituto Nacional de Pediatría), pueden ser atendidos de forma ambulatoria, en sus lugares de origen.
Cabe resaltar, que de acuerdo a las estadísticas disponibles, en los últimos 40 días del año es cuando se presenta el mayor número de accidentes de esta naturaleza. Los motivos principales de estos accidentes ocurren en casa, y se identifica que los líquidos hirviendo, los riesgos de electrocución y el mal uso de juegos pirotécnicos, entre otros, son las principales causas de lesiones de diferente grado de quemadura.
Es por ello que –como integrante del Grupo Parlamentario del PRI–, les hago una atento llamado, para que identifiquen de manera urgente la problemática nacional sobre este particular, y que podamos atender el llamado que asociaciones civiles como el Instituto para la Atención Integral del Niño Quemado, AC, ubicado en la Ciudad de Santiago de Querétaro, hacen a la Cámara para solicitar su apoyo para cumplir de manera eficiente, oportuna y con calidez, la atención y rehabilitación en consulta externa.
Con estos antecedentes compañeras y compañeros diputados, es necesario exhortar a la Secretaría de Salud para que tome medidas urgentes para prevenir estos accidentes y por otro lado, que identifique a aquellas instituciones públicas o privadas que estén atendiendo a este sector de la población tan vulnerable, para brindarles su apoyo tanto económico como administrativo para que cumplan de manera eficiente su tarea.
Es importante manifestar que según la gravedad de las heridas de los pacientes algunos pueden permanecer hospitalizados de dos a ocho meses en unidades hospitalarias especializadas aún fuera de México, y otros con menores lesiones pueden ser atendidos en su lugar de origen, siempre que se cuente con unidades médicas para atender estas lesiones.
La atención inmediata salva a los niños de secuelas graves y que discapacitan, de ahí la urgencia de contar con instituciones dedicadas a la atención del niño quemado en toda la república.
Por ello, desde este recinto en nombre de mi grupo parlamentario, hago un reconocimiento a todas las instituciones públicas y privadas que –sin contar con recursos suficientes– realizan una labor muy loable a favor de los niños quemados.
Compañeras y compañeros diputados, todos en nuestras familias podemos estar expuestos a este tipo de accidentes, y seguro estoy que nadie desea un mal para otro, por lo cual, en función de nuestras atribuciones legislativas apoyemos a estas instituciones para que la Secretaría de Salud les brinde los apoyos necesarios.
Finalmente, entendamos que la imagen corporal de la victima se ve terriblemente afectada, que el tratamiento requiere un abordaje psicológico tanto al paciente como a todos los miembros de la familia, y que la curación y rehabilitación física tanto en procesos ambulatorios como hospitalarios y aquellos que requieren intervención quirúrgica representan un costo muy elevado, sin embargo, cualquier costo es insignificante si se pierde una vida.
Con base en lo anteriormente expuesto someto a la consideración de esta soberanía, el siguiente:
Punto de Acuerdo
Primero. Que en el marco de sus atribuciones la Secretaría de Salud implante de manera urgente un programa preventivo para evitar los accidentes de niños quemados, en este periodo de fin de año.
Segundo. Que la Secretaría de Salud apoye a las instituciones públicas y privadas que realizan atención integral del niño quemado, ponderando su apoyo al Instituto para la Atención Integral del Niño Quemado, AC, de la Ciudad de Santiago de Querétaro, Querétaro.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de noviembre de 2008.
Diputado Mauricio Ortiz Proal (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE SALUD A INCORPORAR LA ARTRITIS REUMATOIDE
JUVENIL EN EL CONJUNTO DE INTERVENCIONES DEL SEGURO MÉDICO PARA
UNA NUEVA GENERACIÓN, A CARGO DEL DIPUTADO ECTOR JAIME RAMÍREZ
BARBA Y SUSCRITA POR DIVERSOS LEGISLADORES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL
PAN
Los diputados Ector Jaime Ramírez Barba, José Antonio Muñoz Serrano, Adriana Rebeca Vieyra Olivares, Efraín Arizmendi Uribe, María Mercedes Corral Aguilar, Jorge Quintero Bello, Beatriz Eugenia García Reyes, Ángel Humberto García Reyes, Yolanda Mercedes Garmendia Hernández, José Ignacio Alberto Rubio Chávez y María Gloria Guadalupe Valenzuela García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 23, numeral 1, inciso f), 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, para incorporar la artritis reumatoide juvenil (ARJ) en el conjunto de intervenciones del Seguro Médico para una Nueva Generación, al tenor de las siguientes
Consideraciones
La artritis reumatoide es una enfermedad que tradicionalmente se ha asociado a personas adultas. Sin embargo, se presenta de manera creciente en los niños, enfermedad conocida como "artritis idiopática juvenil" (AIJ), también llamada "ARJ" en sus diferentes formas. Es una enfermedad autoinmune con una etiopatogenia desconocida, aunque las investigaciones actuales indican que hay una predisposición genética a este tipo de artritis. Los objetivos del tratamiento farmacológico son reducir la inflamación, aliviar el dolor y la hinchazón e incrementar al máximo la capacidad funcional.
Según los especialistas, la AIJ es el padecimiento más frecuente de la reumatología pediátrica. Afecta a uno de cada mil niños, y constituye una de las enfermedades infanto-juveniles más preocupantes por su repercusión en la vida de los pacientes afectados. Si no es tratada oportunamente, la enfermedad afecta el desarrollo de los huesos en los niños en edad de crecimiento. Es una de las enfermedades crónicas más frecuentes en los niños, después de las cardiopatías congénitas y el asma.
La ARJ es una artropatía de curso crónico, que tiene tres clasificaciones: oligoarticular, poliarticular y sistémica. La forma más frecuente es la oligoarticular, que corresponde a cerca de la mitad de los casos. La forma poliarticular es la segunda en frecuencia, y la menos frecuente es la forma sistémica. Ello, en función del número, tipo de articulaciones, síntomas y duración, y varía también conforme a la presencia de anticuerpos específicos del sistema inmune en cada niño, por lo que su pronóstico varía ampliamente. Las anteriores condiciones a menudo permiten determinar a los médicos la progresión de la ARJ.
Los síntomas de la ARJ no sólo varían según el niño: también varían día con día en el mismo niño. A diferencia de la artritis reumatoide del adulto, que es crónica y dura toda la vida, los niños tienen mayores probabilidades de remisión. Esta enfermedad puede aparecer durante los tres primeros años de edad, aunque se está más expuesto a medida que el niño se desarrolla. Existe una variación por edad, según la forma de inicio. Cerca de la mitad de los casos de oligoartritis son de comienzo temprano, antes de los seis años. La poliartritis se inicia con mayor frecuencia a partir de los tres años; en tanto que el tipo sistémico presenta una distribución similar en todos los grupos de edad.
Para lograr la remisión, es necesario aprovechar la ventana de oportunidad que se deriva de una detección precoz. Para ello resulta fundamental contar con medicamentos antiinflamatorios no esteroides en su etapa inicial o, a la falla de éstos, contar con acceso a fármacos modificadores de enfermedad y terapias biológicas. Gracias al avance de la ciencia médica, hay medicamentos que reducen los síntomas de dolor y la rigidez articular a la vez que alteran el proceso de la enfermedad, mejorando significativamente la adherencia del paciente y previniendo la destrucción ósea y de las articulaciones, evitando así la discapacidad permanente del niño.
Los menores afiliados al Seguro Médico para una Nueva Generación tienen garantizado el derecho a una atención médica de primer nivel y especializada, sin desembolso económico por la familia. La posibilidad de contar con un catálogo explícito con mayores intervenciones atendidas por el Seguro Popular ha sido un logro para el sector salud. De igual manera, ofrecer mayor protección a los niños ha sido una prioridad para prevenir daños a la salud pública.
La ampliación de las intervenciones del Seguro Médico para una Nueva Generación ha sido un punto de coincidencias en esta soberanía. El trabajo de análisis que la Comisión de Salud ha realizado de cara a la sociedad civil y comunidad médica especializada respecto a la problemática que representa la artritis reumatoide, nos mueve ante las autoridades federales de salud a promover mejoras en la atención de este terrible padecimiento y a solicitar la incorporación de la ARJ en el catálogo de enfermedades que ocasionan gastos catastróficos en la niñez.
Puntos de Acuerdo
Primero. Se exhorta al Ejecutivo federal a incluir a través de la Secretaría de Salud la artritis reumatoide juvenil en las Reglas de Operación de 2009 del Seguro Médico para una Nueva Generación.
Segundo. Se exhorta al Consejo de Salubridad General a incorporar la atención de la artritis reumatoide juvenil en las intervenciones del Seguro Médico para una Nueva Generación.
Tercero. Se instruya a la Comisión Nacional de Protección Social en Salud para que los niños que padezcan artritis reumatoide juvenil y se encuentren afiliados al Seguro Médico para una Nueva Generación tengan garantizados en todo momento los medicamentos correspondientes para una atención integral.
Cuarto. Se exhorta a la comisión a definir tratamientos y medicamentos que ocasionan gastos catastróficos a que incorpore tratamientos biológicos para el tratamiento de la artritis reumatoide juvenil, para que el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos considere el financiamiento de todos los niños candidatos a estas terapias que se encuentren afiliados al Sistema de Protección Social en Salud.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de noviembre de 2008.
Diputados: Ector Jaime Ramírez Barba (rúbrica),
José Antonio Muñoz Serrano (rúbrica), Adriana Rebeca
Vieyra Olivares (rúbrica), Efraín Arizmendi Uribe, María
Mercedes Corral Aguilar, Ángel Humberto García Reyes, Beatriz
Eugenia García Reyes, Yolanda Mercedes Garmendia Hernández
(rúbrica), Jorge Quintero Bello, José Ignacio Alberto Rubio
Chávez (rúbrica), María Gloria Guadalupe Valenzuela
García (rúbrica).
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA A LA SSP A INCLUIR PLAYAS DE ROSARITO, BAJA CALIFORNIA, EN LA
LISTA DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO
FEDERAL ELEGIBLES PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSEMUN, A CARGO DE LA DIPUTADA
MIRNA CECILIA RINCÓN VARGAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
La suscrita, diputada federal de la LX Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo estipulado en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable asamblea el siguiente punto de acuerdo, bajo las siguientes
Consideraciones
El 15 de enero de 2008 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo 01/2008 por el que se establecen las bases para la elegibilidad de municipios para la asignación de recursos del Subsidio para la Seguridad Pública Municipal (subsemun). Dicho acuerdo describe la fórmula por la que 150 municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal fueron elegidos para recibir un subsidio para la seguridad pública.
Los objetivos de dicho subsidio, establecidos en el Diario Oficial de la Federación son dos:
A. Establecer la mecánica operativa del programa para llevar a cabo la profesionalización de los cuerpos de seguridad pública en los municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, avanzando hacia un nuevo modelo de operación policial.
B. Estandarizar el equipamiento básico para personal operativo utilizado por las corporaciones policiales de los municipios y del Gobierno del Distrito Federal en la prevención y combate al delito, así como mejorar la infraestructura de las corporaciones.
De acuerdo con el artículo 10 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2009, aprobado por la Cámara de Diputados el pasado 13 de noviembre, se destinó la cantidad de 4 mil 137 millones 900 mil pesos para el Subsemun; lo que representa un 15 por ciento de incremento con respecto al presupuesto ejercido en el 2008, el cual fue de 3 mil 589 millones 400 mil pesos.
Estos recursos serán destinados a 150 municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, conforme una fórmula utilizada para su selección, misma que considera, entre otros criterios, el número de habitantes y la incidencia delictiva.
Desafortunadamente, desde que se implementó el Subsemun, el municipio de Playas de Rosarito, de Baja California, no ha sido incluido, debido a que no ha alcanzado el número de habitantes, de acuerdo al censo de población y vivienda 2005, elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.
Como es de conocimiento público, el municipio de Playas de Rosarito no ha estado exento del elevado índice de criminalidad que afecta a nuestro país. En dicho municipio operan las mismas bandas y grupos del crimen organizado que en Tijuana; ciudad colindante que se encuentra a 30 minutos de distancia.
El crimen organizado ha incrementado su actividad delictiva en Playas de Rosarito debido a la lucha por el control territorial.
Los enfrentamientos a balazos son constantes. Los decesos de policías en Playas de Rosarito suman siete elementos en menos de tres semanas, y las medidas de seguridad que adopta la ciudadanía no han sufrido alteraciones.
El problema de la inseguridad es tan grave que diversas organizaciones de la sociedad civil, como el Consejo Médico contra la Inseguridad, están solicitando implementar el toque de queda y evitar que ciudadanos se expongan en las calles.
Playas de Rosarito, es un municipio fronterizo con vocación eminentemente turística; por lo tanto está obligado a mantener estándares mínimos de delincuencia para sostener la principal actividad económica; sin embargo, la inseguridad ha estado dañando sistemáticamente la principal fuente de empleo para la población.
Nunca en la historia de ese municipio había caído tanto la actividad económica como ahora. Los afectados, prestadores de servicios turísticos, le atribuyen la situación a la corrupción policiaca, en primer lugar, y en segundo, a la ola violenta que azota Tijuana.
Por esta razón el presente punto de acuerdo tiene la finalidad de exhortar a la Secretaría de Seguridad Pública a inscribir a Playas de Rosarito, Baja California, a la lista de los municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal elegibles para el otorgamiento del Subsemun.
De inscribir al municipio de Playas de Rosarito dentro del Subsemun, se estaría en condiciones de cumplir con los fines del Programa Sectorial de Seguridad Pública, el cual contempla también la profesionalización de los elementos policiales, la implementación del servicio profesional de carrera policial y la inversión en infraestructura, que consiste en la adquisición, adecuación y modernización del equipo necesario para la interconexión a Plataforma México1, así como la instalación de un sistema de información municipal que deberá alimentar diariamente la base de datos del Sistema Único de Información Criminal.
De acuerdo con el artículo 10 del Presupuesto de Egresos (PEF) 2009, el Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Seguridad Pública, dará a conocer, a mas tardad el 15 de enero del 2009 la lista de los municipios elegibles para el otorgamiento del Subsemun, así como la fórmula utilizada para su selección.
Un elemento novedoso que incorpora el artículo 10 del PEF 2009, es que del presupuesto total del Subsemun, que es de 4 mil 137 millones 900 mil pesos, se destinará la cantidad de 376 millones 200 mil pesos, que de acuerdo al artículo citado, "se destinarán para dar cobertura a municipios con destinos turísticos, zonas fronterizas y municipios conurbados".
En base a estas consideraciones establecidas en el artículo 10 del PEF 2009, es que se vuelve factible la incorporación de Playas de Rosarito al Subsemun, toda vez que cumple con los requerimientos de ser municipio turístico, fronterizo y conurbado a la ciudad de Tijuana, que es donde se está presentando la mayor conflictividad y violencia criminal.
Por la motivación y fundamentación expuestas, someto a esta soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Seguridad Pública para que incluya al municipio Playas de Rosarito, Baja California, a la lista de los municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal elegibles para el otorgamiento del Subsidio para la Seguridad Pública Municipal (Subsemun).
Nota
1. La línea de acción Plataforma México
es un proyecto de alcance nacional que pondrá las tecnologías
de información y telecomunicaciones al servicio de la función
policial municipal, para conectar a las entidades federativas y a los municipios
con tecnologías de comunicaciones, voz, datos e imágenes
y alinear en un solo sentido sus sistemas de información, producción
de reportes y registro de datos; mediante convenios de coordinación.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de noviembre de 2008.
Diputada Mirna Cecilia Rincón Vargas (rúbrica)
La suscrita, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LX Legislatura en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 21, fracción XVI, y 85, segundo párrafo, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le solicita tenga a bien formular excitativa a la Comisión de Gobernación de esta Cámara para que con la mayor brevedad dictamine la iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Amnistía para Todos los Presos, Desaparecidos y Perseguidos por Motivos Políticos de Jurisdicción Federal o del Ámbito del Distrito Federal, con base en los siguientes
Consideraciones
Primero. En la sesión del día 30 de abril de 2008, la suscrita presentó ante el pleno de la Cámara de Diputados la iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Amnistía para Todos los Presos, Desaparecidos y Perseguidos por Motivos Políticos de Jurisdicción Federal o del Ámbito del Distrito Federal, la cual tiene por objeto decretar la amnistía a favor de todas aquellas personas en contra de las cuales se haya ejercitado o haya de ejercitarse acción penal ante los tribunales federales y del Distrito Federal por delitos derivados de su participación en movilizaciones políticas, reivindicaciones sociales o por su participación, real o supuesta, en movimientos armados, impulsados por motivos políticos con el propósito de modificar o alterar la forma de gobierno u obtener respuesta gubernamental a demandas económicas, sociales o políticas.
Segundo. La iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Amnistía para Todos los Presos, Desaparecidos y Perseguidos por Motivos Políticos de Jurisdicción Federal o del Ámbito del Distrito Federal fue turnada por el Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados a la Comisión de Gobernación para su estudio y dictaminación.
Tercero. El artículo 87 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General establece que toda comisión deberá presentar su dictamen dentro de los cinco días siguientes al de la fecha en que los haya recibido, así mismo el artículo 91 de dicho cuerpo normativo señala que cuando una Comisión juzgase necesario o conveniente demorar o suspender el despacho de algún negocio lo manifestará a la Cámara antes de que expire el término de cinco días.
No obstante lo anterior, han transcurrido cerca de un siete meses desde su presentación y turno correspondiente, la Comisión de Gobernación no ha presentado al Pleno de la Cámara de Diputados el dictamen respectivo, incumpliendo así con lo establecido por el Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
Cuarto. El Presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente tiene la facultad, conforme a la fracción XVI del artículo 21 del Reglamento para excitar a la Comisión de Gobernación a que presente el dictamen correspondiente, toda vez que han transcurrido con exceso los cinco días después de aquel en que se les turne un asunto.
Por lo antes expuesto, a usted, ciudadano Presidente de la Mesa Directiva, atentamente solicito:
Único. En los términos de las consideraciones expuestas, así como de conformidad con los precepto legales invocados, se sirva excitar a la Comisión de Gobernación de esta Cámara de Diputados para que presente el dictamen correspondiente a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Amnistía para Todos los Presos, Desaparecidos y Perseguidos por Motivos Políticos de Jurisdicción Federal o del Ámbito del Distrito Federal.
Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados, a 27 días de noviembre de 2008.
Diputada Aleida Alavez Ruiz (rúbrica)