El suscrito, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en la fracción III de los artículos 78 y 93 constitucionales, y 53 y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía una proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
El trágico y lamentable accidente ocurrido el pasado 17 de noviembre en el complejo procesador de gas de Cactus, Chiapas; y que costó la vida del ingeniero de turno Alfredo Martínez Palma y de su ayudante Sergio Chaparro, puso de relieve las consecuencias de carecer de un organismo sectorial técnico que articule funcionalmente la propiedad exclusiva de la nación, la rectoría del Estado, la administración gubernamental y el desempeño concreto del operador en las actividades de exploración, explotación y transformación industrial de los hidrocarburos.
En los países petroleros que protegen sus recursos naturales y promueven su conservación y uso racional; las empresas que extraen y procesan hidrocarburos, públicas o privadas, están obligadas mediante un marco legal e institucional preciso, a asegurar su explotación racional. Invariablemente se busca no dilapidar el recurso energético, contribuir al desarrollo social, fortalecer la seguridad laboral, proteger el medio ambiente, y delinear acciones estratégicas que fortalezcan y garanticen la seguridad nacional.
La explotación racional implica la implantación de políticas y medidas administrativas y operativas legales, que conducen a la utilización oportuna de las mejores prácticas de la ingeniería petrolera. Los reiterados accidentes en diversas instalaciones de Pemex, con los decesos que han provocado, nos muestran que hay mucho por hacer para lograr que nuestra industria petrolera funcione con los mejores índices de eficiencia, eficacia, seguridad industrial y protección del medio ambiente.
Ahora bien, independientemente de que las causas del accidente deben ser investigadas a fondo por las autoridades competentes, es pertinente hacer un llamado de atención en torno a la disminución de las capacidades técnicas de Pemex, producto de años de una irracional política de despilfarro de los recursos humanos formados a lo largo de décadas en nuestra industria petrolera.
En los últimos años, se ha venido atentando sistemáticamente contra el sustento intelectual socialmente construido en Pemex, despidiendo o jubilando de manera forzada a personal altamente calificado. El caso más reciente lo constituye el despido injustificado de decenas de técnicos y profesionistas de la Unión Nacional de Técnicos y Profesionistas Petroleros, a quienes se les dio trato de delincuentes para forzarlos a abandonar sus centros de trabajo.
Los resultados de este irresponsable manejo de los recursos humanos de la empresa están a la vista de todos.
Tras la cadena de percances en los que se ha visto envuelto Pemex en los últimos meses, es evidente también que la empresa no cuenta con adecuados planes de seguridad industrial y protección civil y que solo reacciona casuísticamente ante los hechos.
Por todo lo anterior someto a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados cita a comparecer ante esta soberanía al director de Pemex Gas y Petroquímica Básica, ingeniero Roberto Ramírez Soberón, a efecto de que informe sobre las causas del accidente en el complejo procesador de gas de Cactus, Chiapas; así como de los programas de seguridad industrial de dicho organismo subsidiario.
Diputado Alejandro Sánchez Camacho (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA A LA SSP Y A LA PGR A AJUSTAR SU ACTUACIÓN A LAS DISPOSICIONES
DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL; Y A LA ASF, A FISCALIZAR LOS INGRESOS
Y LOS EGRESOS CORRESPONDIENTES A LA SSP Y A LA AFI DE LA PGR, A CARGO DE
LA DIPUTADA LAYDA ELENA SANSORES SAN ROMÁN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DE CONVERGENCIA
Los suscritos diputados Francisco Rivera Bedoya, Layda Sansores San Román, Gerardo Vargas Landeros, Manuel Cárdenas Fonseca, Armando Barreiro Pérez, Josefina Salinas Pérez y Roberto Badillo Martínez, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a la consideración de la Cámara de Diputados la presente proposición con punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución, con base en las siguientes:
Consideraciones
Nuestro Sistema Político, se rige por el estado de derecho sobre la base de la división de poderes. (Ejecutivo, Legislativo y Judicial). Esta división de poderes, distribuye los ámbitos de competencia, y se encuentra plasmado en el artículo 49 de la Constitución Política Mexicana.
Derivado de lo anterior, la procuración y administración de justicia así como la seguridad pública, son funciones que aunque se encuentran estrechamente ligados, tienen un ámbito delimitado de ejercicio entre las diferentes instancias gubernamentales.
En materia de justicia, el Estado mexicano interviene a través de la Procuraduría General de la República, representado por el Ministerio Público de la Federación, teniendo como facultades esenciales, la investigación y persecución de los delitos, siendo vigilante de la legalidad y del ejercicio de la acción penal, bajo el sustento en los artículos 21 y 102 apartado "A" de la Constitución, para lo cual se auxilia de la Agencia Federal de Investigaciones.
El Poder Judicial de la Federación es un poder autónomo, encargado de impartir justicia a través de sus órganos jurisdiccionales, desde su base que lo representan los juzgados de distrito, pasando por los tribunales de circuito hasta el máximo órgano de autoridad jurisdiccional que lo constituye el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Por su parte el artículo 21 constitucional, establece que: "...La seguridad pública es una función a cargo de la Federación, el Distrito Federal, los estados y los municipios, que comprende la prevención de los delitos; la investigación y persecución para hacerla efectiva, así como la sanción de las infracciones administrativas, en los términos de la ley, en las respectivas competencias que esta Constitución señala. La actuación de las instituciones de seguridad pública se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y resp|eto a los derechos humanos reconocidos en esta Constitución.
Las instituciones de seguridad pública serán de carácter civil, disciplinado y profesional. El Ministerio Público y las instituciones policiales de los tres órdenes de gobierno deberán coordinarse entre sí para cumplir los objetivos de la seguridad pública y conformarán el Sistema Nacional de Seguridad Pública..."
En ese tenor, la seguridad publica, es una política de Estado, no de gobierno o de una administración, y debe ceñirse a las disposiciones legales aplicables vigentes.
Desde el inicio de esta administración, la Secretaría de Seguridad Pública federal, ante la indiferencia y pasividad del titular de la Procuraduría General de la República, ha extendido sus atribuciones de mando en todas las policías –que no de coordinación– violentando las atribuciones y facultades de otras dependencias, como lo es la encargada de la procuración de justicia, propiciando confusión entre las corporaciones policiales, duplicando instrucciones de mando, generando operativos ineficientes y afectando la correcta utilización de los recursos públicos.
Tan desorganizado se encuentra el sistema de seguridad pública y procuración de justicia, que en un intento de poner orden, el día domingo 19 de octubre, el Ejecutivo federal designó a Jorge E. Tello Peón como asesor en materia de seguridad del gobierno federal, quien según el comunicado oficial, tendrá como objetivo fortalecer las tareas de coordinación entre la Procuraduría General de la República (PGR), la Secretaría de Seguridad Pública federal (SSP) y el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) en el combate al crimen organizado y el narcotráfico.
Esta desorganización ha generado una infinidad de conflictos y problemas entre el personal operativo adscrito a la Policía Federal Preventiva y los agentes federales de Investigación, al grado que el pasado 24 de septiembre, elementos de la Agencia Federal de Investigaciones, se manifestaron para exigir el cese al hostigamiento de que eran objeto y el respeto a sus derechos laborales.
Los inconformes acudieron a esta Cámara de Diputados, con la finalidad de tratar que los legisladores intervengamos y se logren solucionar estas diferencias. Sin embargo, a la fecha nada se ha resuelto por las autoridades competentes.
Por el contrario, el viernes de la semana pasada, los representantes del movimiento inconforme, fueron "comisionados" a diferentes estados del país para acallar a los inconformes.
La pretensión sin sustento legal de la Secretaría de Seguridad Pública de adscribir en su estructura y dictar órdenes a los elementos de la Agencia Federal de Investigaciones, pasando por encima –sin que extrañamente se inconforme– del titular de la Procuraduría General de la República, ha puesto al descubierto la profunda desorganización que prevalece en estas dependencias.
La Secretaría de Seguridad Pública Federal hizo llegar a la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados un documento para justificar su actuación; sin embargo, dicho documento no justifica las anomalías que se han venido generando, y que actualmente vulneran tanto al personal adscrito a la Agencia Federal de Investigaciones como a la ciudadanía en general.
Si bien es cierto que el secretario de Seguridad Pública federal tiene facultades para organizar a la Policía Federal Preventiva, también lo es, que no puede hacer lo mismo con el personal adscrito a la Agencia Federal de Investigaciones, ya que por ley esto es competencia del procurador general de la República, independientemente del inconstitucional "acuerdo de coordinación" que el propio secretario de Seguridad Pública ordenó publicar el primer año de esta administración.
Respecto del diagnóstico ejecutivo en el que propone, la Secretaría de Seguridad Pública, generar, procesar y usar información de inteligencia para el combate a la delincuencia; realización de operaciones conjuntas que potencialicen el funcionamiento de las fuerzas de seguridad pública federales y, alinear las capacidades del Estado Mexicano en la lucha contra el crimen organizado; debe decirse que esta circunstancia no justifica la violación de los derechos laborales del personal y la invasión de competencias institucionales, ya que bastaría con la consulta de los bancos de información respectivos, y en su caso, la celebración o actualización de convenios de colaboración como a la fecha existen.
En contrapartida, debe mencionarse, que de acuerdo a los artículos 20 y 21 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, se advierte que la Agencia Federal de Investigaciones es auxiliar directo del Ministerio Público de la Federación, y auxiliar suplementario es la Policía Federal Preventiva; de tal suerte, que contrario a lo que sostiene la Secretaría de Seguridad Pública, por mandato legal este sólo debe actuar en auxilio y coadyuvar en las investigaciones y pretensiones punitivas del órgano acusador.
Con mayor precisión el artículo 21 de la citada ley orgánica, establece que la policía federal investigadora (AFI) actuará bajo la autoridad y el mando inmediato del Ministerio Público de la Federación, en términos de lo dispuesto por el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y demás ordenamientos aplicables, y lo auxiliará en la investigación de los delitos del orden federal; de tal suerte que está sujeta al mando ministerial para el cumplimiento de sus atribuciones.
A mayor abundamiento, es menester mencionar los argumentos jurídicos plasmados en el dictamen que aprobó el Poder Legislativo en la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República publicada en el Diario Oficial de la Federación de fecha 27 de diciembre de 2002, en relación a la Policía Federal Investigadora (AFI), mismo que refiere:
En ese orden de ideas, la actuación de la Secretaría de Seguridad Pública, se da al margen de la ley, violando además las garantías individuales y derechos laborales de los miembros de la Agencia Federal de Investigaciones, por lo tanto esta soberanía debe intervenir para evitar que este conjunto de actos ilegales e inconstitucionales continúen violentando nuestro estado de derecho y solicitar que los titulares de las dependencias cumplan estrictamente con lo que la constitución y la legislación secundaria vigente les mandata.
Por otro lado, ha trascendido por diversos medios que en la Secretaría de Seguridad Pública, existen anormalidades en la adquisición de equipamiento para la seguridad, que implica la presunta irregularidad en la compra de aeronaves, helicópteros, autos, mantenimiento de camiones, vehículos blindados, patrullas que no blindaron, camionetas, vestuario, armas, chalecos contra balas, camiones, ambulancias y el costo y operación del Centro de Mando SSP-PFP en Iztapalapa y las 34 estaciones modelo de policía con 10 centros de mando, entre otros.
Destaca lo relativo a la compra de 3 helicópteros por adjudicación directa por 45 millones de dólares, sin estudios de mercado, oficios de inversión en donde comparativamente con los precios pagados por la Secretaría de la Defensa Nacional por estos helicópteros rebasan considerablemente su costo, aunado a que son reconstruidos y con la contraloría interna que se opuso a la operación citada, pero tampoco respetó la SSP-PFP al control interno y a esto se suma la compra de vehículos por 1,800 millones de pesos por adjudicación directa con evidentes sobreprecios, desigualdad de condiciones para diversas empresas que pudieron participar en la venta y que nunca se enteraron, lo que contraviene el artículo 1 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público que ordena la administración de dichos recursos con eficiencia, eficacia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados y asegurar las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes. Por esas razones con el fin de transparentar los recursos públicos que se le asignan a la SSP y PGR, se pide a la Auditoría Superior de la Federación que intervenga de inmediato y lleve a cabo una exhaustiva revisión y fiscalización de los recursos financieros ejercidos por la Secretaría de Seguridad Pública y a la Agencia Federal de Investigaciones de la Procuraduría General de la República durante los años 2006 y 2007 y lo que va del presente año.
Este punto de acuerdo recoge importantes aportaciones que hiciera el diputado Manuel Cárdenas Fonseca, integrante de la Comisión de Seguridad Pública en la sesión plenaria del 30 de octubre del presente, en coordinación con asesores de la comisión de referencia y de los grupos parlamentarios que la integran.
Sensibles a los planteamientos de los trabajadores de la Agencia Federal de Investigaciones de la Procuraduría General de la República, que recientemente visitaron la Cámara de Diputados, para denunciar el desmantelamiento ilegal de la corporación de referencia, que se ha venido dando paulatinamente en los últimos dos años, por parte del titular de la Secretaría de Seguridad Pública, que en los hechos aplica como ley vigente una iniciativa de la Ley de la Policía Federal de fecha 21 de octubre del presente año, que ni siquiera ha sido discutida en la Comisión de Seguridad Pública, menos que se haya dictaminado.
Por lo expuesto, sometemos a su consideración de esta honorable Asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución.
Punto de Acuerdo
Primero. Se solicita al titular de la Secretaría de Seguridad Pública, ingeniero Genaro García Luna, que de conformidad con lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y demás legislación secundaria vigente, suspenda de inmediato la utilización de denominación "Policía Federal", en los uniformes, papelería oficial, vehículos, aeronaves y edificios públicos, hasta que sea aprobado el fundamento legal que le dé soporte.
Segundo. Se exhorta al titular de la Procuraduría General de la República, licenciado Eduardo Medina Mora Icaza, que de conformidad con lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, retome el mando directo del personal adscrito a la Agencia Federal de Investigación (AFI).
Tercero. Se solicita a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, instruya lo necesario para que la Auditoría Superior de la Federación en ejercicio de las facultades que le confiere la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la legislación secundaria vigente, lleve a cabo una exhaustiva revisión y fiscalización de los recursos presupuestales otorgados a la Secretaría de Seguridad Pública y a la Agencia Federal de Investigaciones de la Procuraduría General de la República durante los ejercicios presupuestales 2006, 2007 y lo que va del presente año; además, para el caso de detectarse anomalías en el ejercicio de los recursos, así como en lo que respecta al ejercicio de funciones no autorizadas o, el mal uso de logotipos descrito por la ley a las corporaciones policíacas AFI o PFP, inicie el procedimiento de responsabilidades administrativas y penal que haya lugar.
Cuarto. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta a la Secretaría de la Función Pública inicie las investigaciones relativas al desmantelamiento de la Agencia Federal de Investigaciones de la Procuraduría General de la República por parte de la Secretaría de Seguridad Pública, así como al ejercicio de los recursos presupuestales destinados a las corporaciones policiales de ambas dependencias en los ejercicios presupuestales 2006, 2007 y 2008 y, en su caso, aplicar las sanciones que correspondan y presentar las denuncias a que haya lugar.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de noviembre de 2008.
Diputados: Armando Barreiro Pérez, Manuel
Cárdenas Fonseca, Layda Sansores San Román, Francisco Rivera
Bedoya, Josefina Salinas Pérez, Gerardo O. Vargas Landeros, Roberto
Badillo Martínez (rúbricas).
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA AL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO DEL FONDO DE
APOYO PARA EX TRABAJADORES MIGRATORIOS MEXICANOS A CONSIDERAR A TRAVÉS
DE LA SEGOB EL INCREMENTO DEL APOYO SOCIAL QUE SE OTORGA A LOS BENEFICIADOS
POR LAS COMPENSACIONES QUE SE DETERMINAN EN LA LEY Y LAS REGLAS DE OPERACIÓN
EN LA MATERIA, A CARGO DEL DIPUTADO ALEJANDRO SÁNCHEZ CAMACHO, DEL
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
El suscrito, diputado Alejandro Sánchez Camacho, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, perteneciente a la LX Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Con base en el decreto por el que se crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para ex Trabajadores Migratorios Mexicanos publicado en el Diario Oficial de la Federación el 25 de mayo de 2005 y su reforma, el fideicomiso tendrá por finalidad otorgar un apoyo social a los ex trabajadores migratorios mexicanos que hayan prestado sus servicios en los Estados Unidos de América durante los años de 1942 a 1964, de conformidad con lo establecido por en Programa de Trabajadores Migratorios o, en su caso, a sus cónyuges o a los hijos o hijas que sobrevivan y que acrediten la procedencia del mismo.
Con base en lo anterior, el Ejecutivo federal por conducto, de la Secretaría de Gobernación, emitió las Reglas de Operación del Fideicomiso 2106, Fondo de Apoyo Social para ex Trabajadores Migratorios Mexicanos (1942-1964), las cuales se publicaron, en dicho órgano de difusión, el 27 de octubre de 2005, estableciendo que el apoyo social para cada beneficiario sería por el importe de 38 mil pesos.
En consecuencia se debe considerar que durante el lapso transcurrido de la fecha de promulgación de la ley y la entrada en vigor de las reglas de operación a la fecha, el poder adquisitivo del apoyo social brindado a los ex trabajadores migratorios mexicanos ha sufrido una notable afectación, por lo que es un acto de justicia social actualizar dicho monto al nivel de precios del ejercicio fiscal en el cual se aplique el recurso a favor de los beneficiarios.
En tal virtud, se observa que durante el año de 2005 la inflación registrada por el Banco de México alcanzo un promedio de 4.0 por ciento y de 3.63 y 3.97 por ciento durante los años 2006 y 2007, con un acumulado al mes de septiembre de 2008 de un 4.76 por ciento y que, por el incremento incontrolable de precios, amenaza con cerrar el ejercicio en más de cinco puntos porcentuales.
Por lo tanto, se propone actualizar el monto del apoyo social que se otorga a los ex trabajadores mexicanos migratorios a fin de subsanar la perdida del poder adquisitivo.
Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero. Se exhorta al Comité Técnico del Fideicomiso del Fondo de Apoyo para Ex trabajadores Mexicanos, por conducto de la Secretaría de Gobernación, a considerar la modificación al alza del apoyo social que se otorga a los que resultan beneficiados de las compensaciones que se determinan en la ley y las reglas de operación sobre la materia, esto es, actualizar el apoyo social a precios del ejercicio fiscal en que se aplica el beneficio.
Diputado Alejandro Sánchez Camacho (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, RELATIVO
A LOS FONDOS DE PENSIÓN, Y A LOS SISTEMAS DE AHORRO PARA EL RETIRO
Y LA VIVIENDA, A CARGO DEL DIPUTADO RAFAEL RAMOS BECERRIL, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PRD
El suscrito, Rafael Ramos Becerril, diputado federal a la LX Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, pone a consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo por el que se determina la medidas para protección de los fondos de pensión, de sistema de ahorro para el retiro (SAR) y de vivienda, ante la crisis financiera y se turne a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación la realización de una revisión a las administradoras de fondos de pensiones de los trabajadores (Afore), ya que no han garantizado el ahorro laboral, bajo la siguiente:
Exposición de Motivos
La pensión en México es un plan de jubilación que permite que las personas beneficiadas obtengan ingresos seguros para vivir dignamente, las pensiones es el resultado de un esfuerzo de toda la vida laboral de los trabajadores, ofrece tranquilidad y seguridad.
Asimismo existen distintos sistemas de pensiones que tienen como objetivo proteger los ingresos del trabajador y su familia ante diferentes contingencias y situaciones que ocurren en la vida como:
Las Afore fueron creadas con la finalidad de ofrecer cuentas personales a los trabajadores y para que el ahorro generado a lo largo de su vida laboral, pudiera crecer con los rendimientos generados.
Su funcionamiento está autorizado por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público y supervisadas por la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar).
Las Afore surgieron como una medida novedosa que permitiría incrementar los fondos de retiro de los trabajadores, pero en la práctica observamos que este sistema de pensiones ha significado un gran botín para quienes las concentran.
El fracaso de las Afore es evidente: comisiones exorbitantes sobre los ahorros de los trabajadores, traspaso sin justificación de las cuentas individuales de los trabajadores, bajos rendimientos, poca participación y desconocimiento de la operatividad del sistema por parte de los trabajadores, así como pérdidas millonarias de los ahorros de los trabajadores ante la volatilidad de los mercados financieros, poca o nula transparencia en el manejo de los recursos, falta de certeza en la atención de los abusos por parte de las administradoras, falta de imparcialidad de las autoridades competentes, entre otras anomalías, nos indica que es necesaria la intervención del estado a través de esta soberanía, para proteger el ahorro laboral y asegurar los fondos de pensiones de los trabajadores mexicanos.
Ante las bajas recientes de la Bolsa Mexicana de Valores, se ha generado la caída –de más de 50 mil millones de pesos– de recursos de las Afore; el 20 por ciento de las cuentas son invertidas en el mercado bursátil.
De acuerdo con las estimaciones de la Alianza de Trabajadores y Empleados Públicos, de seguir esta tendencia las pérdidas en las Afore alcanzarán por lo menos 100 mil millones de pesos al final del año, "lo que significa que un trabajador que iba a tener una pensión de 5 mil pesos quedara en mil 500 pesos o tal vez un poco más porque el fondo se ha reducido", por tal motivo es necesario que el honorable Congreso de la Unión de protección a los fondos de pensión, del SAR y de vivienda, para garantizar los fondos de pensiones y el adecuado funcionamiento de los servicios médicos y de todas las prestaciones de las instituciones de seguridad social de que gozan cerca de 5 millones de capitalinos.
Es responsabilidad del gobierno mexicano a través de la Consar, para asegurar el resguardo y la protección del ahorro para las jubilaciones y pensiones, así como la responsabilidad de las Afore en la seguridad y rentabilidad de la custodia e inversión de los fondos de los trabajadores, los cuales según la ley, deben atender exclusivamente al interés de los trabajadores (artículo 18).
Hoy se viola la ley de los sistemas para el retiro al admitirse Afore extranjeras. La ley establece que las Afore deberán ser constituidas con un capital nacional mínimo del 51 por ciento, actualmente es público que sólo existe una Afore con capital mayoritariamente nacional, lo cual significa otra gran irregularidad (artículo 21).
La Consar, actúa contra los trabajadores al permitir el cambio del ahorro laboral de institución bancaria sin el consentimiento de los titulares de cada cuenta individual.
También señalamos que la Consar protege los intereses de los banqueros, ya que las Afore, en vez de asumir las pérdidas en las inversiones que realizan, las carga a los trabajadores, incumpliendo el artículo 44 de la ley citada.
Así como el gobierno, en las últimas semanas, ha usado 14 mil millones de dólares de las reservas del país para apoyar a los empresarios ante la crisis financiera, demandamos la constitución de un fondo de garantía para las jubilaciones y pensiones de los mexicanos, y la suspensión de la contratación de seguros médicos y de pensiones privados, destinando esos recursos al fortalecimiento del Seguro Social y del ISSSTE.
Atendiendo la solicitud de 80 organizaciones de derechohabientes del ISSSTE, IMSS. Agrupaciones civiles y Académicas, de movimientos sindicales democráticos y legisladores promoveremos la revisión de sus conclusiones y propuestas, en particular la demanda de la realización de una evaluación y auditoria del manejo del ahorro laboral por las Afore y la evaluación de las reformas que lejos de corregir los problemas enunciados en su promulgación se ha profundizado con mayor gravedad la reducción de cobertura y protección social a la clase trabajadora y a su familia.
Considerandos
1. Que la actual crisis financiera esta afectado severamente los fondos de pensiones de los sistemas de cuentas individuales manejadas por la banca privada. La pérdida del ahorro laboral por causa de la especulación de las inversiones de portafolio amenaza el futuro retiro de los mexicanos y de la clase trabajadora en general, por lo que el Estado debe intervenir y asegurar los fondos utilizados por las Afore y los distintos organismos financieros para salvaguardar el derecho de cada trabajador y su familiar al control de sus fondos.
2. Que en demanda de los trabajadores se haga una auditoría actuarial y financiera al sistema pensionario del IMSS y del ISSSTE y el análisis de medicamentos y productos biológicos que ofrecen las instituciones y que están generando reacciones indeseadas, en particular en la atención de los enfermos renales crónicos del IMSS que ha provocado una mayor mortalidad.
3. Que en el presupuesto del próximo año se asignen los recursos necesarios para el refinanciamiento de los servicios médicos, en el abasto suficiente y oportuno de medicamentos e insumos así como cubrir la plantilla de personal necesario, y la terminación y construcción de unidades de salud para mejorar los servicios médicos y atender la demanda de los mexicanos,
4. Que se asignen los recursos suficientes para la atención médica de jubilados que en el caso del IMSS supera los 20 mil millones de pesos al año y la omisión del Estado afecta el servicio medico general. Para incrementar el presupuesto en salud, es necesario suspender la deducción de impuestos de los servicios de salud en medios privados y disponer de los excedentes petroleros el 10 por ciento.
5. Que es necesario llevar a cabo una evaluación técnica, financiera y social de las reformas a la seguridad social para la elaboración de un proyecto de nueva ley que restituya los derechos conculcados, restituya los fondos y ahorro laboral confiscado y se cumpla con la legislación laboral mexicana y los convenios internacionales que protegen el trabajo y aseguran la seguridad social para los mexicanos.
6. Que es necesario el mejoramiento de las jubilaciones y pensiones, mediante la actualización y la homologación de las pensiones con los activos, cubriéndose los bonos sexenales comprometidos anteriormente.
7. Que es necesario promover el aumento a las pensiones y jubilaciones en la misma proporción del 20 por ciento de incremento a las fuerzas armadas, acordando por la comisión de seguridad social de la Cámara de Diputados.
8. Que se haga una investigación y aplicación de responsabilidades a los funcionarios, diputados, ministros, responsables de los desfalcos de los fondos de pensiones y servicios médicos o de la violación a la Constitución por el incumplimiento al derecho de la seguridad social establecido en el artículo 123 y que, en su caso, se finquen responsabilidades penales.
9. Que el Estado mexicano en su papel de garante cubra las pérdidas de los fondos de pensiones por la crisis financiera y que se suspenda el financiamiento a los empresarios y banqueros.
10. Que la Organización Internacional del Trabajo define a la seguridad social como la protección que la sociedad proporciona a sus miembros, mediante una serie de medidas públicas, contra las privaciones económicas y sociales.
Por lo anterior expuesto sometemos a esta soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero. Que esta soberanía acuerde la constitución de un fondo de contingencia para los fondos de pensión, del SAR y de vivienda, con el objetivo de asegurar la protección de los fondos de pensiones ante la difícil situación financiera.
Segundo. Esta soberanía exhorta a la Consar y a la Condusef a asegurar los saldos de cada trabajador y que se entreguen los saldos y rendimientos obtenidos en el SAR y en los fondos de vivienda a los trabajadores cuando corresponda. Y que no se transfiera el ahorro laboral sin el consentimiento de los trabajadores.
Tercero. Se turne a la Comisión de Vigilancia de la Auditoria Superior de la Federación, con la finalidad de auditar a las administradoras de fondos para el retiro (Afore) que transfieren las pérdidas al trabajador en lugar de cargarlo a su fondo de contingencia.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 12 de noviembre de 2008.
Diputado Rafael Ramos Becerril (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A EMPLEAR A TRAVÉS DE LA SHCP EL
SUBSIDIO PREVISTO EN EL DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS Y EN LA LEY DE
INGRESOS DE LA FEDERACIÓN DE 2009 Y QUE NO SE UTILIZARÁ POR
LAS NUEVAS CONDICIONES DEL MERCADO PARA REDUCIR EL PRECIO DE LAS GASOLINAS
Y DEL DIESEL, A CARGO DE LA DIPUTADA MÓNICA FERNÁNDEZ BALBOA,
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
La suscrita, diputada Mónica Fernández Balboa, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados, en uso de las facultades que le confiere el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite presentar a esta soberanía proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución para exhortar al Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a utilizar el "subsidio" ya incluido en el decreto de Presupuesto de 2009 y en la Ley de Ingresos de la Federación para 2009 –que no va a ser utilizado en virtud de las nuevas condiciones del mercado– para reducir el precio de la gasolinas y el diesel, a fin de que el precio de venta de estos combustibles dentro del territorio nacional sea el mismo que estuvo vigente durante el mes de junio de 2008.
Antecedentes
1. El pasado 12 de noviembre, en ocasión de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2009 presenté ante ustedes una moción suspensiva para el proyecto de dictamen del decreto de Presupuesto 2009, solicitando que éste se devolviera a la comisión correspondiente, dado que estaba realizado sobre una Ley de Ingresos que poco tiene que ver con la realidad que estamos viviendo, dado que está sustentada sobre índices macroeconómicos utópicos.
Considerar el crecimiento del PIB en nuestro país en 1.8 por ciento, cuando recién el día 20 la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos ha anunciado que éste será negativo en la mayoría de los países desarrollados, y el FMI pronostica en particular para México un crecimiento de 0.9 por ciento, es realmente absurdo.
2. Igualmente advertí mediante una reserva al mismo proyecto de dictamen que, de mantenerse el comportamiento del mercado mundial de petróleo, es decir, de sostenerse los precios del crudo entre los 40 y 50 dólares por barril, y esto se refleje en los precios de internacionales de la gasolina, es claro que el subsidio y la recaudación negativa del impuesto especial a la producción y servicios (IEPS) desaparecerán durante el 2009, dejando un excedente para las finanzas públicas de entre 100 mil y 130 mil millones de pesos, que no fueron considerados en el Presupuesto para 2009 que se discutió en la Cámara de Diputados.
3. Dichas propuestas fueron desechadas por la mayoría del PRI y PAN en esta Cámara de Diputados, desestimando estas apreciaciones.
4. Sin embargo, el día 13 de noviembre, la propia Secretaría de Hacienda reconoció, en el contexto de las coberturas contra el riesgo de caídas en el precio del crudo, que el gobierno federal cuenta con el Fondo de Estabilización de Ingresos de Pemex, de tal forma que la suma total de los fondos asciende a mas de 100 mil millones de pesos, y que estas acciones se hicieron en la inteligencia de que "tuviéramos guardaditos" para épocas de vacas flacas.
Igualmente reconoció el secretario de Hacienda, que estaba conciente de las bajas en los precios de la gasolina en Estados Unidos y las alzas en México, y que "vigilará el mercado, para, en algún momento analizar si ajustan la política para ofrecer mejores precios de la gasolina a la población".
5. Por lo anterior, y a manera de "colaboración para agilizar el análisis y evaluación de los expertos de la Secretaría de Hacienda", y por mandato del Movimiento Nacional en Defensa de la Economía Popular expongo las siguientes:
Consideraciones
1. De acuerdo con información de la Administración de Información de Energía de los Estados Unidos, durante el mes de noviembre del presente año los precios de la gasolina magna registrados en México superaron a los observados para la gasolina "regular" en el estado de Texas, y fueron prácticamente iguales al precio promedio de este energético en Estados Unidos de América.
2. Lo anterior obedece a la combinación de dos factores; el primero de ellos, al incremento del 7.85 por ciento acumulado en lo que va del año, para la gasolina Magna, y en segundo lugar a la disminución del precio de la gasolina "regular" durante las últimas semanas en los Estados Unidos como consecuencia de la disminución en el precio internacional del petróleo.
3. De esta manera mientras que en nuestro país, el precio de la gasolina magna pasó de 7.03 pesos por litro en el mes de enero del presente año, a 7.56 pesos por litro para el mes de noviembre, en Estados Unidos, el precio de la gasolina "regular" que se expende en el estado de Texas, pasó de 2.91 dólares por galón en enero de este año, a 1.91 dólares por galón, para lo que va del mes de noviembre,
Lo anterior quiere decir que (con todo y la devaluación del peso), mientras que en el mes de enero del presente año, un litro de gasolina "regular" en Texas costaba 8.47 pesos, para el mes de noviembre su precio se redujo a 6.65 pesos, lo que significa una disminución de 21 por ciento, mientras que en nuestro país, la gasolina magna ha registrado un incremento de 7.85 por ciento.
Lo anterior cobra relevancia ya de acuerdo a la SHCP los incrementos observados en los precios de las gasolinas al menos durante lo que va del año, han tenido como objetivo "reducir el subsidio" a este energético, que se vio incrementado por los altos precios del petróleo en los mercados internacionales.
Sin embargo, ante las nuevas condiciones del mercado internacional del petróleo que establecen un rango en el precio internacional del crudo de entre 40 y 50 dólares por barril, ni el Ejecutivo federal ni la SHCP, tienen pretexto alguno para continuar con los incrementos de la gasolina.
Más aún, están obligados a explicar y reorientar el famoso subsidio de 200 mil millones de pesos, que fue incluido en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2009, como la recaudación negativa por 130 mil millones de pesos, que fue aprobada en la Ley de Ingresos para 2009.
Ya que de acuerdo con las nuevas condiciones del mercado, ni el subsidio, ni mucho menos la recaudación negativa serán verdaderas, por lo que el gobierno no llevara a cabo dichas erogaciones, contando desde este momento con un "excedente" no presupuestado.
Es conveniente señalar que el mismo comportamiento se puede establecer para el caso de la gasolina Premium, ya que los datos muestran que en el mes de enero de 2008, un litro de gasolina Premium en los Estados Unidos costaba 9.46 pesos, y alcanzó su máximo en el mes de junio cuando su costo en promedio en ese país fue de 11.62 pesos por litro, sin embargo durante el mes de noviembre y debido a la reducción del precio del petróleo, su precio mostró un descenso, y que ha provocado que actualmente se venda en 8.11 pesos por litro, cifra que resulta inferior al precio de venta actual en México que es de 9.57 pesos por litro.
De esta manera, mientras que en México durante lo que va del año el precio de la gasolina Premium mostró un crecimiento del 9.4 por ciento, en Estados Unidos, ha registrado una disminución del 14 por ciento.
Cabe destacar que si comparamos el precio de la gasolina Premium en el estado de Texas, nos damos cuenta que ya resulta inferior en 2.0 pesos, al precio vigente en gran parte de nuestro país.
El subsidio y la recaudación negativa del IEPS desaparecerán para 2009:
Para corroborar lo anterior, solo basta señalar lo siguiente:
De acuerdo con datos de la SHCP, entre los años 2005 y 2008 la recaudación por el IEPS de gasolinas pasó de 14 mil 993.4 millones de pesos, a una des recaudación, es decir una recaudación negativa (subsidio) de 142 mil 272 millones de pesos, lo anterior a decir de la dependencia se explica por el diferencial de que existe entre el precio de la gasolina en Estados Unidos de América (Texas) y el precio al que se vende en nuestro país.
Es decir, que durante el año 2005, mientras que el precio de un litro de gasolina en Texas fue de 5.02 pesos, en México su precio promedio de venta fue de 6.47 pesos, es decir, la gasolina en nuestro país costaba 1.45 pesos más que en los Estados Unidos y al mismo tiempo los datos muestran que durante ese año, la recaudación anual por IEPS de gasolinas, se ubicó en 14 mil 993.4 millones de pesos.
Sin embargo, para los años de 2006, 2007 y hasta el mes de septiembre del presente año, la situación se revirtió y el precio de la gasolina en Estados Unidos (Texas), fue superior al precio que se vendió en nuestro país, de tal manera que para 2006, mientras que un litro de gasolina en Texas costaba 7.14 pesos, en México se vendía en 6.74 pesos, lo que de alguna manera explica que durante ese mismo año, la recaudación del IEPS de gasolina, fuese negativa en 42 mil 230 millones de pesos, y las autoridades hacendarias argumentaran un "subsidio" al precio de este producto.
La situación se mantuvo, y durante el presente año, los elevados precios del petróleo en el mercado internacional, provocaron que el precio de la gasolina en Estados Unidos, alcanzará en junio un máximo de 11.16 pesos en promedio para ese país y de 10.68 pesos en el estado de Texas.
Lo anterior representó un diferencial de casi 4 pesos con respecto al precio de venta en México, ya para el mes de junio el costo de este combustible era 7.17 pesos por litro, esta situación se vio reflejada en la recaudación del IEPS de gasolina que hasta el mes de septiembre de este año registro un saldo negativo de 142 mil 272 millones de pesos.
Sin embargo la situación se ha revertido, y mientras que en México los incrementos al precio de la gasolina han continuado, en Estados Unidos, desde el mes de septiembre, los precios de la gasolina se han reducido; estos efectos combinados han provocado que al mes de noviembre tanto la gasolina Magna como la Premium que se venden en el país hayan registrado un precio superior al que observan dichas gasolinas en el estado de Texas (7.56 y 9.53 en México contra 6.65 y 7.56 en Texas, respectivamente, véase cuadros anteriores).
Así, de mantenerse esta situación a lo largo del próximo año, las finanzas públicas contarán con un excedente que no está siendo considerado por los legisladores ni por la SHCP, de 130 mil millones de pesos, ya que tanto el subsidio como la recaudación negativa del IEPS de gasolina para el año 2009, desaparecerán, al revertir su tendencia.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de este pleno el siguiente
Punto de Acuerdo
De obvia y urgente resolución:
Único: SE exhorta al Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a utilizar el "subsidio" ya incluido en el decreto de Presupuesto de 2009 y en la Ley de Ingresos de la Federación para 2009 –que no va a ser utilizado en virtud de las nuevas condiciones del mercado– para reducir el precio de la gasolinas y el diesel, a fin de que el precio de venta de estos combustibles dentro del territorio nacional sea el mismo que estuvo vigente durante el mes de junio de 2008.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de noviembre del 2008.
Diputada Mónica Fernández Balboa (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE SOLICITA AL EJECUTIVO FEDERAL QUE BRINDE A TRAVÉS DE LA SRE LA
COOPERACIÓN NECESARIA AL PUEBLO Y AL GOBIERNO DE CUBA ANTE LOS DESASTRES
OCASIONADOS POR LOS HURACANES QUE AZOTARON ESE PAÍS, SUSCRITA POR
LOS DIPUTADOS ALEJANDRO LANDERO GUTIÉRREZ Y EDUARDO DE LA TORRE
JARAMILLO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
Los suscritos, diputados federales Alejandro Landero Gutiérrez y Eduardo de la Torre Jaramillo, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos someten a consideración de esta asamblea proposición con punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución, por el que se solicita al Ejecutivo federal que, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, brinde la cooperación necesaria al pueblo y gobierno de Cuba ante los desastres naturales consecuencia de los huracanes que han azotado ese país.
Consideraciones
México y Cuba han sido históricamente pueblos hermanos. El gobierno del presidente Felipe Calderón, desde sus primeros días, ha instruido a la Secretaría de Relaciones Exteriores para estrechar la relación con Cuba, por encima de posiciones ideológicas o políticas.
En las desgracias se conoce realmente la grandeza de un pueblo. México no puede dar la espalda a quien ha sufrido las inclemencias de la naturaleza.
Tan sólo en los últimos tres meses, a Cuba la han azotado tres distintos huracanes. Apenas unos días atrás, Paloma, como se conoció el último huracán que golpeó el oriente de ese país caribeño, dejó a su paso importantes pérdidas materiales, que se suman a las de los huracanes Ike y Gustav, en las que perdieron la vida por lo menos siete personas.
Se calcula que las pérdidas económicas que dejaron Ike y Gustav alcanzan 9 millones de dólares, lo cual ha afectado considerablemente la economía y el desarrollo del pueblo cubano.
El desastre natural que dejaron a su paso estos tres huracanes ha paralizado prácticamente gran parte de Cuba, pues el sistema eléctrico e importantes carreteras y campos de cultivo han quedado seriamente dañados, sin contar los miles de viviendas destruidas y los miles de damnificados que sufren los estragos de no poder contar con víveres suficientes y mucho menos con un techo que los resguarde.
En México no hemos estado ajenos a este sufrimiento: estados como Chiapas y Tabasco han sido víctimas de las inclemencias del tiempo. Hemos vivido en carne propia la desesperación, la angustia y la destrucción que dejan a su paso los huracanes y las tormentas.
Los mexicanos somos un pueblo solidario, seguro de que su gobierno pone en alto precisamente este valor, extendiendo su mano amiga a cualquier pueblo o nación que se encuentra en la desgracia. Por ello formulamos aquí, en la Cámara de Diputados, un respetable exhorto al gobierno mexicano a no olvidar su naturaleza solidaria y a brindar cuanto antes el apoyo que esté en sus manos para que Cuba pronto se recupere de tan destructivos eventos.
Por las razones expuestas, se solicita poner a consideración de esta soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se solicita al Ejecutivo federal que a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores brinde la cooperación necesaria al pueblo de Cuba ante los desastres naturales consecuencia de los huracanes que han azotado a ese país.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de noviembre de 2008.
Diputados: Alejandro Landero Gutiérrez,
Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo (rúbricas).
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A ADICIONAR EL CAPÍTULO XXIV AL
REGLAMENTO DE LA LEY DEL SERVICIO MILITAR PARA ESTABLECER UN TERCER PROGRAMA
DE RESTAURACIÓN DE BOSQUES, A CARGO DEL DIPUTADO FERNEL ARTURO GÁLVEZ
RODRÍGUEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
El que suscribe, diputado del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en el artículo 58, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
El sobrecalentamiento del planeta Tierra cada vez es más preocupante; el ciclo de las lluvias se ha roto, el clima se hace cada vez más extremoso con relación a las temperaturas, estas se han incrementado a 60°C y ha bajado hasta 13°C bajo cero datos de 1990 en México, datos obtenidos por el Servicio Meteorológico Nacional, todos conocemos varias de las causas que ha ocasionado este fenómeno; uno de ellos ha sido la sobre población del planeta, los contaminantes industriales, las quemas agrícolas e incendios forestales; por lo que no podemos dejar pasar por alto, que es la pérdida desmedida de bosques, la destrucción y explotación de estos lo que ha sido catastrófico, miles de hectáreas se pierden cada día; por lo que la recuperación de la alfombra verde es de larga duración y lo más complicado es que no se hace con una estrategia cuantificable que garantice resultados tangibles que podrían dar una esperanza para recuperar los volúmenes de clorofila perdida.
En este sentido, si tomamos en consideración que el Servicio Militar es una obligación de todos los ciudadanos mexicanos que se establece como contraprestación de la protección social, política y jurídica que proporciona a todos sus habitantes el Estado mexicano, resulta por demás conveniente que, en el contexto de la globalización de los problemas ambientales, sean los conscriptos del Servicio Militar quienes brinden al país la posibilidad real de contrarrestar los efectos nocivos del cambio climatológico.
Si creamos un tercer programa para restauración de bosques en el Servicio Militar Nacional, facilitarán el acceso a la obtención de cartillas militares a aquellos jóvenes de edad militar que se les dificulte el traslado a los zonas de reclutamiento realizando este servicio en su zona, además este documento oficial les permite acceder a oferta de empleo, conservaríamos la zona boscosa de nuestro país, evitaríamos que se incremente el sobrecalentamiento del planeta Tierra, aumentaría el número de hectáreas con preservación de bosques, promoveríamos la cultura de conservación de bosques, disminuiría la presencia de huracanes, se evitaría que los ríos salgan de su cauce y provoquen inundaciones, regresaría a su normalidad el ciclo de las lluvias que se da en las estaciones del año, aumentaría la presencia de agua en los mantos acuíferos, mejoraría la producción de productos agropecuarios, mejoraría las condiciones económicas de la gente, se mejoraría las condiciones del clima con relación de acortamiento de los climas extremosos de calor y frío; el objetivo es disminuir la contaminación del medio ambiente.
De acuerdo a las necesidades que enfrenta –a lo largo y ancho– el país, los recursos económicos que se etiquetan en el PEF de cada año, van destinados de manera prioritaria a cada rubro, salud, educación, infraestructura, seguridad, entre otros, por tal motivo los recursos se hacen escasos, por lo que es necesario buscar alternativas y estrategias que nos arrojen resultados con el menor costo posible; además según antecedentes tenemos ya mas de 30 años que no se registran invasión a nuestro país, que haya permitido un movimiento bélico, más que el EZLN como reclamo de atención y reconocimiento indígena considerado asunto interno de México. Por tal motivo la población en edad del Servicio Militar es amplia y no acarrearía costos económicos, por lo contrario, esta proposición permitiría aumentar el índice de conscriptos en el Servicio Militar Nacional y facilitar la entrega de cartillas militares a través de este programa, como establece la Constitución Política sobre todo a los que viven en zonas serranas que por falta de recursos económicos no pueden asistir al campamento militar más cercano, todos los fines de semana y tampoco pueden asistir al programa convenido con la Secretaría de Educación Publica para alfabetizar, debido que no cumplen con la educación básica para tal efecto; y por último la pérdida de biosfera terrestre, de la presencia de huracanes y el cambio climático del planeta, que se ha turnado un tema de seguridad nacional.
Por lo que se exhorta al Ejecutivo federal a que realice la modificación y adición al Reglamento del Servicio Militar para incluir un tercer programa de restauración de bosques quedando de la siguiente manera:
Artículo 15. La instrucción que conforme al artículo 15 de la Ley del Servicio Militar debe impartirse a los jóvenes de la clase de cada año no encuadrados en las unidades, será práctica y teórica. Para la primera deberán presentarse a los lugares previamente se fijen a las 7:30 horas de todos los domingos y días feriados del año; excepto los que integren el programa de restauración de bosques. Para la segunda y hasta donde sea posible, tendrá obligación de concurrir a dos sesiones nocturnas de cada semana en los lugares fijados de antemano y si por razones geográficas ello no fuera posible, concurrirán al mismo un número de sesiones semanarias a la escuela del lugar de su residencia, en la que los maestros, con las funciones propias de su misión y con las que les confiere la ultima parte del artículo 2o. de la Ley del Servicio Militar, lucha contra el analfabetismo, propugnando por los demás fines del servicio militar con ayuda de los de mayor cultura.
Artículo 252. Cada conscripto recibirá 30 árboles de los viveros militares al inicio de su servicio y será requisito indispensable que, al término de éste entreguen como mínimo 18 árboles vivos.
Las áreas a restaurar serán designadas por la Secretaría de la Defensa Nacional en coordinación con la Secretaría del Medio Ambiente, las cuales deberán encontrarse cerca de los lugares de residencia de los conscriptos.
Artículo 253. El programa de restauración será supervisado por personal capacitado que designe la Secretaría de la Defensa Nacional en coordinación con la Secretaría del Medio Ambiente. Estas supervisiones deberán realizarse, al menos, mensualmente.
Punto de Acuerdo
Único. La honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta al Ejecutivo federal –como comandante supremo de las Fuerzas Armadas– a que adicione el capitulo XXIV del Reglamento de la Ley del Servicio Militar a fin de establecer un tercer programa de restauración de bosques.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de noviembre de 2008.
Diputado Fernel Arturo Gálvez Rodríguez
(rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A IMPLANTAR POLÍTICAS, PROGRAMAS
Y ACCIONES ENCAMINADOS A DINAMIZAR EL DESARROLLO INTEGRAL Y SUSTENTABLE
DE LA REGIÓN FRONTERIZA NORTE, A CARGO DEL DIPUTADO ENRIQUE SERRANO
ESCOBAR, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
El suscrito, Enrique Serrano Escobar, diputado federal a la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 58, 59, 60 y 159 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite presentar ante esta soberanía proposición con punto de acuerdo de urgente resolución, al tenor de las siguientes
Antecedentes
La frontera norte de México ha sido una de las regiones de mayor dinamismo económico del país a partir de la década de los ochenta. Ésta representa el espacio geográfico en donde se ha ensayado de manera clara un nuevo modelo económico que privilegia la apertura comercial, se abre a la inversión extranjera, promueve la modernización industrial y busca consolidar una nueva forma de participación en la economía internacional.
En la zona fronteriza se creó un sistema de políticas de fomento económico que privilegiaba la equidad y redistribución de la riqueza territorial, así como la competitividad de las empresas mediante regímenes aduaneros especiales, programas de promoción comercial, industrial y programas sectoriales como la industria maquiladora de exportación. Lo anterior, se tradujo en un avanzado crecimiento económico producto de la expansión de la capacidad productiva, el aumento de los promedios de productividad por trabajador y de ingresos per cápita se tradujeron en un fuerte crecimiento del empleo. Además de cambios en los niveles de participación ciudadana, organización social, lo que permitió elevar los niveles medios de vida de la población fronteriza.
Sin embargo, desde hace algunos años se ha venido alentando un nuevo modelo de desarrollo regional basado en ventajas competitivas locales, lo cual ha afectado tanto a las estrategias como a los objetivos e instrumentos de la política de fomento económico de la frontera norte.
Durante años, la región fronteriza norte tuvo una escasa población con características similares en todo el norte de México. Era entonces considerada como una región "débil" carente del grado de cohesión que se pensaba existía en la zona central y sur del país. Era una región que debía ser integrada al resto de la economía. La tarea era "reforzarla", hacerla más fuerte y tan independiente como el resto del país.
La idea de que la región fronteriza norte debía ser integrada al resto del país nunca fue cuestionada. Al final de los años treinta la frontera de los Estados Unidos había sido integrada a la economía de los Estados Unidos, mientras que algunos pueblos de la frontera mexicana estaban escasamente vinculados al resto del país. Como resultado, las formas de vida, los patrones, de trabajo, comercio y consumo del país vecino fueron adoptadas por tanto, se deberían instrumentar políticas cuyo objetivo fuera promover esa integración.
Por lo tanto y con el objeto de elevar el nivel de vida de la población el gobierno federal, diseñó un conjunto de políticas para fomentar el desarrollo económico de la zona fronteriza del norte de México. Dichas políticas privilegiaban la distribución y la equidad de la riqueza nacional, además de la competitividad de las empresas mexicanas a través de regímenes aduaneros especiales y programas de promoción industrial. Ejemplos de ello fueron:
En 1947, Junta Federal de Mejoras Materiales, que no se dirigió exclusivamente hacia la región fronteriza norte, sino a los mayores centros urbanos del país, el cual fue financiado mediante un cargo extra a los impuestos de exportación e importación y cuyo objetivo era promover el desarrollo y mejoramiento de la infraestructura urbana de las ciudades de la región fronteriza norte.
1961-1965, Programa Nacional Fronterizo, el cual surgió como un primer intento federal para poner en marcha un programa de desarrollo regional que pretendió promover el desarrollo de una región en particular mediante un paquete de incentivos económicos y subsidios. Los principales instrumentos usados por el Pronaf para obtener sus subsidios fueron el financiamiento de obras públicas en los principales centros urbanos y el restablecimiento de la zona de libre comercio.
Se impusieron restricciones diseñadas especialmente para cumplir los objetivos del programa. Se protegió el mercado fronterizo, para las industrias mexicanas no fronterizas, a las que además se les otorgó un subsidio sobre impuestos mercantiles resultantes de sus ventas en la región fronteriza norte y un descuento de 20 y hasta 25 por ciento sobre sus costos de transporte.
Otro mecanismo, parte integral del régimen de franja fronteriza, consistió en la autorización para importar bienes. Aquéllos que compitieran tanto con productos mexicanos como fronterizos no podrían ser importados. La intención global del sistema de licencias e impuestos a la importación era proteger el mercado de la región fronteriza norte tanto para el productor local como para el productor del resto del país.
También coexistió el programa de obras públicas que buscó alentar el turismo norteamericano, el comercio y la industria. Algunos fondos se dirigieron a la construcción de centros comerciales, hoteles, parques, tiendas de artesanías y en general a obras de infraestructura urbana.
En general el Programa Nacional Fronterizo, buscaba:
2) Promover la venta de bienes producidos por la industria nacional;
3) Procurar que los efectos del desarrollo económico de la frontera se reflejaran en la industria nacional (incrementar los vínculos económicos entre la región fronteriza norte y la industria nacional);
4) Promover la creación de empleos y nuevas industrias que pudieran satisfacer las necesidades locales,
5) Incrementar el turismo,
6) Mejorar la infraestructura urbana; e
7) Incrementar el nivel cultural de la región
fronteriza norte enfatizando los valores nacionales
Por medio de este programa se permitió la importación libre de impuestos de maquinaria, equipo y material a la zona fronteriza, siempre y cuando el producto fuese reexportado. Ningún producto de las maquiladoras podría ser vendido en México.
Entre los objetivos del programa de maquiladoras se encontraba el de integración, es decir, una mayor participación de insumos mexicanos en los insumos de las maquiladoras. En 1968 había 84 plantas empleando a 12,314 personas. En 1969, 108 maquiladoras empleaban 15 mil 858 trabajadores. Para 1970, 120 plantas empleaban 20 mil 327 personas y en 1971 la cifra era de 251y 29 mil 214, respectivamente.
En general, sus objetivos principales fueron:
Se inició en 1971 y entró en operaciones el año siguiente. Las razones que tuvo el gobierno federal para poner en marcha este programa fueron:
d) Falta de facilidades e incentivos al empresario local
para producir bienes dirigidos al consumidor fronterizo;
e) La carencia de promoción a las exportaciones
de la región fronteriza norte;
f) Las falta de facilidades adecuadas a las actividades
agrícolas que les asegure a tiempo una oferta competitiva de insumos,
equipo y maquinaria, y;
g) Una mejor y mayor promoción del turismo;
Este programa dio especial atención a aquellos aspectos y problemas asociados con las actividades comerciales en la región fronteriza norte. Los principales instrumentos de este programa fueron los siguientes:
Bajo este programa se permitía la libre importación de artículos que normalmente el consumidor fronterizo compraba en los Estados Unidos. Sus objetivos fueron incrementar y diversificar la oferta a los establecimientos comerciales de la frontera y promover la oferta y consumo de productos mexicanos no fronterizos. El programa imponía dos condiciones: vender los artículos importados a un precio más bajo o igual al precio norteamericano y comprar y vender productos mexicanos por la cantidad equivalente de los importados bajo el programa.
El gobierno fijaba cuotas globales para cada uno de los mayores centros urbanos de la región fronteriza norte. Estas cuotas eran administradas por los comités de promoción económica.
b) El programa de centros comerciales
Se consideró como complemento del programa de artículos gancho. Mediante este programa se intentaba promover la construcción de centros comerciales modernos y funcionales que pudiesen competir con los localizados del lado norteamericano. Ellos ayudarían a incrementar la venta de productos mexicanos. Dentro de este programa el gobierno federal:
Proporcionó subsidios de 100 por ciento hasta por 10 años, sobre los impuestos a la importación de los bienes de consumo demandados por la población fronteriza y vendido dentro de la franja fronteriza;
Aceleró la depreciación de la inversión fija (edificios, equipos, etcétera);
Simplificó los procedimientos aduanales al permitir que las bodegas de las tiendas funcionaran como recintos fiscales. Todos los procedimientos aduanales se realizaban dentro de las bodegas y;
La comisión intersecretarial apoyó las aplicaciones de crédito de los inversionistas interesados.
Era la continuación del programa que había funcionado ininterrumpidamente desde 1965. La única modificación fue la elaboración de un reglamento que delimitaba las funciones respecto de los permisos de importación de la Secretaría de Hacienda y de la Secretaría de industria y Comercio. Los comités regionales fueron autorizados para otorgar permisos temporales de importación y algunos procedimientos aduanales fueron simplificados.
d) El programa para promover la creación de mediana y pequeña industria
Su objetivo fue promover industrias no maquiladoras, ante la falta de éstas y la incapacidad de la industria local para abastecer el mercado fronterizo y el poco empleo en esa clase de industria.
El objetivo del programa fue promover la industrialización de productos agrícolas para abastecer a la población local, promover las exportaciones no maquiladoras, generar empleo y sustituir la importación de materias primas lo que consistió en:
Un subsidio del 60- 100 por ciento sobre el impuesto a la importación de materias primas y otros insumos, así como el equipo de mantenimiento lo necesario para la industria.
Su principal objetivo fue promover la mecanización de la agricultura, permitiendo la libre importación de maquinaria agrícola, fertilizantes, semillas, etcétera.
f) Programa para la importación del turismo
Consistió en promover la construcción de hoteles y centros de recreación.
g) Programa para promover la sustitución de importaciones en la región fronteriza norte
Se aprobó la creación del certificado de devolución de impuestos (Cedis). La región fronteriza norte fue considerada como zona de exportación y el gobierno aceptó otorgar a los exportadores el impuesto federal de ingresos mercantiles así como todos los impuestos directos sobre aquellos productos destinados a la región fronteriza norte. Los impuestos les eran devueltos a los exportadores mediante los Cedis.
A través de todos estos instrumentos el Programa para la Promoción Económica de las Franjas Fronterizas y Zonas Libres, buscaba:
De esta forma, se puede resumir que los objetivos generales fueron:
2) De la comisión coordinadora: Obtener información para preparar, formular y determinar la forma en que el programa habría de ser ejecutado. Para este fin se formó un secretariado técnico: la coordinación del programa nacional para el desarrollo de las franjas fronterizas y zonas libres.
En términos generales los objetivos específicos del Programa Nacional Fronterizo, fueron:
En 2001 el gobierno federal también creó la Comisión intersecretarial para Asuntos de la Frontera Norte, la cual era de carácter permanente y algunos de sus objetivos fueron coordinar políticas y acciones de gobierno para el desarrollo de integral y sustentable de la región, sin embargo, dejó de funcionar por decreto en el 2004, por motivos presupuestales.
Consideraciones
Compañeros diputados, nuestra frontera norte es el espacio privilegiado para construir una mejor relación con Estados Unidos, que es sin duda, nuestro principal socio económico, necesariamente pasa por una frontera ordenada y segura, misma que hoy está en tensión y requiere de la atención de todos los actores de desarrollo local y nacional.
Además de ser un área con alto nivel de oportunidades, donde confluyen diversos procesos económicos y sociales, representa uno de los espacios más complejos del territorio nacional en el que coexisten enormes coyunturas para el desarrollo del país y grandes retos de gestión y oportunidades económicas que abonan a todo el desarrollo nacional.
La actividad local de la vida fronteriza se ve reflejada en actividades como el comercio, el turismo, la industria maquiladora y manufacturera de exportación, la conformación de mercados de trabajo locales, así como la convivencia social y cultural. En este espacio se producen más de 400 millones de cruces fronterizos anuales y habitan más de 13 millones de personas que se asientan en 39 municipios fronterizos que pertenecen a seis estados de la República Mexicana.
Aunado a lo anterior, se encuentran los procesos de carácter binacional que se expresan en la frontera norte como es la migración internacional, donde tenemos cerca de medio millón de emigrantes mexicanos y de otras nacionalidades que cada año utilizan esta frontera como espacio de entrada al país vecino y la mayoría de ellos lo hace de forma indocumentada.
En el ámbito de la industria maquiladora de exportación, en el año 2007 se generaron más de 3 millones 800 mil empleos directos en todo el país, por lo que se hace necesario reactivar los procesos productivos para mejorar las condiciones laborales en la frontera norte, ya que como se ha comprobado, dichos programas y apoyos repercuten en un alto índice de generación de empleo nacional.
Como es bien sabido, en la última década el Gobierno de Estados Unidos ha endurecido fuertemente el control de su frontera con México, lo cual ha obligado a los trabajadores migrantes a quedarse en las ciudades fronterizas mexicanas, provocando una tremenda presión social y cada vez más deficiente capacidad de gestión de los gobiernos municipales como proveedor de la infraestructura social básica que necesita la población para aspirar a una calidad de vida digna.
Como se puede apreciar, son muy variadas las problemáticas que tiene que solucionarse por parte de la región; y para conformar el desarrollo sustentable de la misma, es indispensable que los esfuerzos de quienes deben intervenir en la aplicación de los recursos, que se materializa en la planeación y ejecución de proyectos de carácter estratégico, se lleven de manera coordinada.
La frontera norte logró el desarrollo económico que actualmente tiene gracias en mayor parte, a los programas federales ya citados, los cuales más que recursos públicos, involucraban políticas públicas que incidieron en el crecimiento de la planta productiva y el empleo.
Desde hace algunos años no se tiene una política económica especialmente diseñada para la frontera norte, y esta franja del territorio nacional tiene un gran potencial para multiplicar la inversión, el empleo y sus efectos económicos que benefician a todo el país.
Por todo lo anteriormente expuesto, me permito someter a su consideración como urgente y obvia resolución la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta al Poder Ejecutivo federal a crear e implantar políticas, programas y acciones de gobierno encaminadas específicamente a dinamizar el desarrollo integral y sustentable de la región fronteriza norte.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de noviembre de 2008
Diputado Enrique Serrano Escobar (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA A LA CFE Y A LA COMPAÑÍA DE LUZ Y FUERZA DEL CENTRO
A EVITAR EL ROBO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, A CARGO DEL DIPUTADO
ELÍAS CÁRDENAS MÁRQUEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE
CONVERGENCIA
El suscrito, diputado Elías Cárdenas Márquez, del Grupo Parlamentario de Convergencia, LX Legislatura, con fundamento en los artículos 73, fracción XXIX, numeral 5, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicita que se exhorte tanto a la Comisión Federal de Electricidad como a Luz y Fuerza del Centro a evitar o sancionar el robo de energía eléctrica en todo el territorio nacional, de conformidad con los siguientes
Antecedentes
1. En 1937 en que el país contaba con 18.3 millones de habitantes y sólo siete millones tenían el servicio de electricidad (38.25 por ciento), tres empresas privadas proporcionaban el servicio con tarifas elevadas e interrupciones constantes, las cuales atendían preferentemente a los mercados urbanos más redituables, sin considerar las poblaciones rurales donde habitaba el 62 por ciento de la población nacional. Por esos problemas, el gobierno federal crea el 14 de agosto de ese mismo año la Comisión Federal de Electricidad (CFE) con una producción apenas al año siguiente de 64 kilowatts, que en 1945 había alcanzado la producción de 45 mil 594 kilowatts.
2. Actualmente, la capacidad instalada en el país es de 49 mil 931 megawatts, desagregados en 44.87 por ciento de generación termoeléctrica (CFE); 22.95 por ciento de productores independientes de energía; 22.14 por ciento de hidroelectricidad; 1.93 por ciento, geotérmica; 2.73 por ciento, nucleoeléctrica; y por último, 0.17 por ciento de eoloeléctrica.
3. Que las pérdidas no técnicas, esto es, el robo de fluido eléctrico, de acuerdo al primer informe de labores de la Secretaría de Energía de la presente administración, poco más del 40 por ciento de la electricidad generada por la Comisión Federal de Electricidad, y Luz y Fuerza del Centro se pierde por ese concepto, respectivamente, en un 10.48 por ciento y en un 32.31 por ciento, que convertido en numerario representa una pérdida cercana a 18 mil millones de pesos anuales.
4. Efectivamente, no toda la electricidad que se produce se factura y se vende, pues al hacer, en la mayoría de los casos, grandes recorridos por las líneas y redes eléctricas, como no puede almacenarse y por la transformación de voltajes en todo este proceso se va perdiendo la energía producida y hasta se tiene como aceptable que las empresas que generan y venden electricidad registren pérdidas, tanto técnicas como no técnicas.
Por ejemplo, Tokio Electric Power registra un bajo nivel de pérdidas, situado en un 5.5 por ciento. Electricité de Francia o CGE de Chile aproximadamente andan en un 8.5 por ciento. Si como Unión Fenosa de Nicaragua, o EEMCA de Ecuador, o ENEE de Honduras, o EPE de Argentina, que registran pérdidas respectivamente de 35, 42.8 o 30 o más por ciento o 35 por ciento, en contraposición podemos afirmar que es elevado.
Anterior a octubre de 2003, la Comisión Federal de Electricidad registró un 10.5 por ciento en pérdidas; Luz y Fuerza del Centro, en cambio, registró 28.51 por ciento.
5. Un 12.47 por ciento de las pérdidas de energía de la Comisión Federal de Electricidad corresponde a pérdidas técnicas y 16.04 por ciento a las no técnicas, es decir, a las que derivan de usos ilícitos que cuantificados en unidades de energía ascienden a 12 mil 507 millones de kilowatts-hora, con un costo que se estima en 13 mil 95 millones de pesos.
Acapulco, Guerrero, desde hace 45 años representa un problema para la Comisión Federal de Electricidad, pero en los últimos 10 años ocupa el primer lugar en el robo de energía eléctrica. Sólo en 2008 tendrá pérdidas por 420 millones de pesos que equivalen al 32.65 por ciento de quebranto en la oferta a los usuarios, del orden de los 100 millones de kilowatts-hora.
Colonias de la zona rural del puerto como Polígono D, Radio Coco, Vacacional, Zapata, Simón Bolívar, Ciudad Renacimiento, y La Libertad son los lugares con mayor número de "diablitos".
Luz y Fuerza del Centro, en 2007, reportó pérdidas por 18 mil millones de pesos por el robo de energía eléctrica. Más de la mitad, en el Distrito Federal.
El delito de robo de energía eléctrica no es privativo de alguna comunidad, municipio o entidad federativa; se comete en todo el territorio nacional.
6. El sujeto activo en el delito de robo de energía eléctrica puede ser cualquier persona, de cualquier nivel económico, social o cultural. Se encuentra en negocios establecidos como restaurantes, carnicerías, cafés internet, máquinas tragamonedas, talleres de herrerías, paleterías, venta de computadoras y equipo electrónico y hasta en salas cinematográficas que exhiben películas triple equis.
Este delito no solamente ocurre en ciudades perdidas o asentamientos humanos irregulares. Ahora, se ha extendido hasta zonas residenciales como las Lomas de Chapultepec o Polanco.
Las bandas de piratas de la luz dotan de energía a comercios, casas habitación, puestos fijos y más comúnmente al ambulantaje. Han hecho del robo de energía eléctrica una verdadera industria que perjudica principalmente a los usuarios que pagan el costo de este delito.
El robo de energía eléctrica se ha difundido a colonias como son Centro, Doctores, Balbuena, Roma, Juárez, por citar sólo algunas.
El problema se agrava en el estado de México en colonias de Ciudad Nezahualcóyotl y de Ecatepec de Morelos.
Por ello, incluso, hay quienes han encontrado un modus vivendi en la instalación de conexiones eléctricas piratas, conocidas comúnmente como diablitos, en negocios que consumen mucha energía eléctrica, o hasta en unidades habitacionales en el servicio de bombas para el agua, en casas habitación y no digamos en aquellos comercios ocasionales del ambulantaje y en asentamientos humanos irregulares.
A mayor abundamiento, el robo de energía eléctrica resulta productivo para todos los participantes –incluidos el consumidor y el instalador de diablitos.
Por todo lo anterior, presento ante esta honorable asamblea las siguientes
Consideraciones
1. Que tanto la Comisión Federal de Electricidad como la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, para evitar el robo de energía, pueden blindar sus redes eléctricas con la instalación de cables trenzados y forrados con una malla plástica que con el calentamiento propio se endurece y evita que los cables puedan cortarse para la colocación de los diablitos.
En vía de ejemplo, Luz y Fuerza del Centro empezó con el blindaje de su red eléctrica en 2002, con una inversión de aproximadamente 7 mil millones de pesos, y se instalaron simultáneamente 6 millones de medidores, 125 mil kilómetros de cableado en baja tensión y 5 mil transformadores en la Ciudad de México. Ambas paraestatales reconocieron que en 2003 se había incrementado el robo de energía eléctrica en 8.7 y 1.29 por ciento, respectivamente, en Luz y Fuerza del Centro y la Comisión Federal de Electricidad.
Hay que agregar que con el robo de energía eléctrica, en principio, pueden quemarse los transformadores, ampliarse la variación de voltaje y, por supuesto, las tarifas pagadas por los ciudadanos se incrementan y las pérdidas que son millonarias van en perjuicio, en última instancia, de la economía mexicana y específicamente de los usuarios cumplidos.
2. Que el delito de robo se encuentra tipificado en el Código Penal Federal, en el artículo 367, y lo define como el apoderamiento de una cosa ajena mueble sin consentimiento de la persona que pueda disponer de ella con arreglo a la ley y equiparado al robo, el uso o el aprovechamiento de energía eléctrica.
Lo regula como una ficción jurídica que, dicho sea de paso, es aceptada en todas las legislaciones cuyos textos constitucionales lo permiten. Las ficciones jurídicas se consagran por una necesidad.
En mérito de lo expuesto, y con fundamento en los artículos 73, fracción XXIX, numeral 5, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta Soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta, con las consideraciones debidas, a los directores generales de la Comisión Federal de Electricidad y de Luz y Fuerza del Centro a girar instrucciones a las áreas administrativas y jurídicas que correspondan para que se evite el robo de energía eléctrica en todo el territorio nacional o se inicien las averiguaciones previas en contra de quien o quienes cometan el delito que sanciona el Código Penal Federal en su artículo 368, fracción II, y el nuevo Código Penal para el Distrito Federal en el artículo 221, fracción I.
Se solicita también al Pleno de esta honorable Cámara de Diputados para que la proposición con punto de acuerdo se tramite por obvias razones y de urgente resolución, con fundamento en los artículos 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de noviembre de 2008.
Diputado Elías Cárdenas Márquez (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA A ESTA SOBERANÍA Y A LAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO FEDERAL
A CONSIDERAR LA IMPLANTACIÓN DE ACCIONES A FIN DE OPERAR MECANISMOS
PARA EL USO EFICIENTE Y EL AHORRO DE ENERGÍA EN SUS INSTALACIONES,
A CARGO DE LA DIPUTADA SILVIA LUNA RODRÍGUEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DE NUEVA ALIANZA
Silvia Luna Rodríguez, diputada de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58, 59 y 60, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicita se turne a las Comisiones de Energía, y de Ecología y Medio Ambiente, para su dictamen y posterior discusión en el Pleno de la Cámara de Diputados de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, el siguiente punto de acuerdo, al tenor de las posteriores
Consideraciones
Para los próximos años, el mundo se enfrentará a un escenario de crisis energética como resultado de la disminución de la producción mundial de petróleo, de las reservas probadas y el incremento de la demanda. Hoy los altos precios internacionales del crudo y de sus derivados se manifiestan con impactos negativos sobre las economías y en la calidad de vida de todos los mexicanos.
Cuando en la década de los setenta el mundo enfrentó la crisis petrolera, y el consecuente encarecimiento de esta fuente de energía no renovable, surgieron las preocupaciones sobre el suministro y precio futuro de las fuentes de energía. Resultado de esto, ante los altos costos del petróleo y a una dependencia casi total de este energético, los países consumidores tuvieron que modificar costumbres y buscar opciones para reducir su dependencia de fuentes no renovables de energía.
Entre las opciones para reducir la dependencia del petróleo como principal energético, se ha impulsado un mejor aprovechamiento de la energía solar y sus diversas manifestaciones secundarias tales como la energía eólica, hidráulica y las diversas formas de biomasa; es decir, las llamadas energías renovables.
Un escenario de escasez e incremento de precios, asociado a la búsqueda del llamado desarrollo sustentable, han llevado a muchas naciones a impulsar agresivas estrategias para el aprovechamiento de las energías renovables. Los resultados de este proceso son ya evidentes. A nivel mundial, la capacidad de generación de electricidad a partir de fuentes alternativas como la eólica, ha crecido a una tasa anual promedio del 30 por ciento en los últimos tres años y el precio de la electricidad generada de esta manera compite con los de la generación eléctrica convencional.
En este contexto, México requiere un cambio de paradigma, pues las reservas probadas de hidrocarburos muestran una tendencia al agotamiento en una o dos décadas de no descubrirse nuevos yacimientos. Las energías renovables constituyen un recurso abundante que puede satisfacer la demanda de manera sustentable en el campo y la ciudad.
Como país contamos con los recursos humanos, la capacidad y la experiencia para hacer investigación y desarrollar la innovación de tecnologías ya existentes, sólo requerimos crear las condiciones para promover una industria nacional que para el 2012 podría tener la capacidad para generar el 30 por ciento de la energía que requiere el país.
Es por ello que, resulta imperiosa la necesidad de promover a escala nacional la utilización de mecanismos de tecnología limpia en la producción energética, de modo que permita elevar la calidad de vida de todos los mexicanos.
Quienes integramos el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, reconocemos la excepcional importancia de las energía renovables, como un factor fundamental en la preservación del medio ambiente y garantizar un desarrollo sostenible que responda a la necesidad de revertir el cambio climático, contribuir a la innovación, al desarrollo regional y nacional, así como reducir la dependencia respecto de las importaciones de energía.
Consideramos que es responsabilidad de los legisladores, apoyar los esfuerzos de nuestra comunidad científica para fomentar la tecnología y el uso de todas las formas de energía que estén en armonía con la vida y la naturaleza.
Con ese propósito, y congruentes con la preocupación que compartimos por el deterioro del medio ambiente y la necesidad de aportar una propuesta concreta de aplicación de tecnologías para el aprovechamiento de fuentes renovables y alternativas de energía, se solicitó al Centro de Investigación y Estudios Avanzados (Cinvestav), el desarrollo de un mecanismo de uso eficiente y ahorro de energía en el Palacio Legislativo.
En atención a esta solicitud, el Cinvestav, presentó el programa Energías Renovables Alternativas y Modernas (Erasmo), para el Palacio Legislativo de San Lázaro, con los siguientes objetivos:
2. Dotar de colectores solares térmicos para obtener agua caliente.
3. Aprovechar la azotea del recinto legislativo de San Lázaro, dada su altura, para la instalación de 5 aerogeneradores sobre las cornisas perimetrales, que doten de energía proveniente del viento para el edificio, conectado a la red, operando preferentemente en la noche.
4. Establecer la infraestructura necesaria que fomente la cultura de ahorro energético por hábitos de consumo y de aprovechamiento óptimo de recursos a través de una separación primaria de desechos biodegradables y no biodegradables.
5. Desarrollar una infraestructura para la recolección de agua de lluvia local y utilizarla en WC y riego de áreas verdes.
6. Dotar al recinto legislativo de un uso eficiente de la energía, mediante sistemas inteligentes de detección de movimientos y un uso de luminarias más eficientes en interiores y exteriores.
7. Establecer mediante un sistema de captación solar térmica dos sistemas piloto de aire acondicionado de recintos.
Por todo lo anterior, y en base a un proyecto presentado por el Centro de Investigaciones y Estudios Avanzados, institución pública de investigación, que cuenta con la capacidad técnica y los recursos humanos para la implantación del programa Energías Renovables Alternativas Modernas (Erasmo), la Comisión de Ciencia y Tecnología de la LX Legislatura propone al Pleno de la Cámara de Diputados el siguiente:
Punto de Acuerdo
Primero. Se exhorta a la Cámara de Diputados a promover la implantación de un programa de uso de fuentes de energía renovable, para dar sustentabilidad al recinto legislativo, con base en el proyecto de Energías Renovables Alternativas Modernas (Erasmo) desarrollado por el Centro de Investigación y Estudios Avanzados del IPN.
Segundo. Extender un exhorto de la Cámara de Diputados al gobierno federal, para que en las dependencias del Ejecutivo, se promueva que sus oficinas e instalaciones sean autosustentables, a través de un programa de uso de fuentes de energía renovables, la aplicación de tecnologías para el aprovechamiento de fuentes alternas de energía, tales como la eólica y solar, utilización del agua de lluvia y reciclamiento.
Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo, a 25 de noviembre de 2008.
Diputados: Silvia Luna Rodríguez, Aída
Marina Arvízu Rivas, Ricardo Cantú Garza, Alejandro Chanona
Burguete, Emilio Gamboa Patrón, Javier González Garza, Héctor
Larios Córdova, Gloria Lavara Mejía (rúbricas).
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA A LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO A UNIFICAR LOS CRITERIOS Y A
BRINDAR ATENCIÓN ADECUADA A LOS PROYECTOS DE SANEAMIENTO EN EL TERRITORIO
QUE COMPRENDE LA CUENCA LERMA-CHAPALA, A CARGO DE LA DIPUTADA CLAUDIA SÁNCHEZ
JUÁREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
La que suscribe, Claudia Sánchez Juárez, diputada de la LX Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, pone a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
La cuenca del río Lerma, lago de Chapala y río Santiago se forma por 204 municipios de 5 estados, con la distribución siguiente: México, 9.8 por ciento; Querétaro, 2.76; Guanajuato, 43.75; Michoacán, 30.26; y Jalisco, 13.42. En conjunto, representa 16 por ciento de la población del país, y su área de influencia abarca 309 municipios; esto es, los 5 estados mencionados y el Distrito Federal, lo que representa más de la tercera parte de la población del país, según el Instituto Nacional de Ecología (INE). Esta situación provoca grandes problemas de carácter ambiental.
Debido a la complejidad de problemas interrelacionados en la cuenca, es necesario entender cuanto antes su funcionamiento para llegar a comprender los intereses de los agentes involucrados y conocer los objetivos a que son destinados actualmente los recursos financieros y humanos para alinearlos con un desarrollo sustentable, donde el ambiente no sea amenazado por el desarrollo económico de la región.
El problema ambiental de la cuenca comenzó en la segunda mitad del siglo XX, ya que el modelo de desarrollo aplicado en ese tiempo impulsó la economía, provocando transformaciones en las zonas naturales en campos de cultivo, pastizales, concentración de población en zonas urbanas y los lagos han sido contaminados, degradados y drenados.
La densidad de población promedio del área en los municipios es de 187 habitantes por kilómetro cuadrado. El mayor problema que causa el deterioro ambiental en la cuenca es que su ubicación se encuentra entre los dos polos de concentración demográfica más grandes de México, la Ciudad de México y Guadalajara, causando grandes presiones al ambiente debido a las necesidades de los habitantes, como movimientos de protesta social en demanda de un mejor servicio de agua potable, contaminación del agua por descargas urbanas sin tratamiento, amenaza y deterioro de ecosistemas, cambio de uso de suelo, degradación por asfaltamiento y deforestación.
Comparada con otras regiones del país, la cuenca Lerma-Chapala presenta una gran riqueza de especies y amplio potencial natural económico y cultural. Según el estudio Atlas 2006, realizado por el INE, la cuenca comprende alrededor de 664 especies, de las cuales 125 están en peligro de extinción. Como se observa, pese al deterioro ambiental, la región conserva gran variedad de especies.
Según datos del INE, en 2002 la superficie agrícola total de la cuenca ocupó 23 mil 160 kilómetros cuadrados, equivale a 43 por ciento de la superficie de la cuenca, con siete cultivos que cubrieron 85 por ciento de la superficie agrícola neta de la región, como el maíz y el sorgo. Además, la región es uno de los principales productores de espárrago, brócoli y coliflor para exportación, y para el mercado nacional la producción de papas, cebollas y chiles.
En las actividades agrícolas, las externalidades negativas son provocadas por el uso de insumos agroquímicos, la construcción de obras hidráulicas para riego, la declinación de la fertilidad, problemas de erosión y la contaminación difusa.
Por otro lado, el asentamiento de los complejos industriales en el territorio ha provocado la extracción excesiva y contaminación del agua utilizada en sus procesos productivos. La industria maderera ha provocado el deterioro de ecosistemas terrestres degradados y la tala ilegal, la metálica básica contamina el agua y los suelos por el uso indiscriminado de plásticos, la textil contamina el agua por desechos industriales y la química y la de alimentos contaminan aguas residuales.
Por otra parte, la degradación ambiental de la cuenca ha disminuido la oferta de actividades ecoturísticas y en zonas como el lago de Camécuaro, la isla de Janitzio y el lago de Pátzcuaro reciben gran número de turistas, que provoca presión ambiental extrema, el consumo de agua es uno de ellos. En la cuenca hay 23 campos de golf, cuyo efecto por el riego es equivalente al generado por 103 mil 500 usuarios.
La cuenca tiene el nivel más alto de aprovechamiento hídrico del país, por lo que la extracción de agua es grave y en muchas zonas hay tomas clandestinas, de las que no se tiene registrado el volumen extraído real. En el tema del agua, es de gran importancia unificar criterios ya que, por un lado, se busca el proceso de descentralización mediante la ampliación de funciones de los gobiernos estatal y local; y, por el otro, se busca la gestión integrada de los recursos hídricos.
Es importante incrementar la participación social y la eficiencia en la operación y cumplimiento de objetivos de los organismos encargados del desarrollo de la cuenca. Desde 1989 se han realizado programas, acuerdos y consejos para promover y lograr una acción coordinada en materia de agua, saneamiento, manejo, conservación y reglamentación del uso de la cuenca entre los cinco estados que forman parte de ella. Si bien se han obtenido resultados positivos, falta mucho por hacer para alcanzar el objetivo deseado, ya que las disputas por el agua para el uso agrícola y el uso ambiental entre las entidades federativas continúan.
Hay numerosas dificultades para que la diversidad de intereses económicos, políticos y sociales sean incorporados a un arreglo común. Entre los temas recurrentes se encuentran el carácter consultivo del consejo de cuenca, la baja representatividad de sus miembros, la falta de comunicación con los actores locales, la necesidad de establecer mecanismos claros de consulta y rendición de cuentas, la falta de recursos económicos y mecanismos de financiamiento para obras de saneamiento y mantenimiento de la cuenca, la modernización y tecnificación del riego para reducir el déficit y la presión hidrológica de la cuenca, sistemas de medición de información del agua, y definir cuáles son los problemas prioritarios de deforestación, erosión y contaminación de suelos y agua.
Otro problema importante es que en cada estado rige una ley para el equilibrio ecológico y la protección ambiental, la ley estatal de aguas, la del desarrollo de la actividad forestal y la de gestión ambiental de residuos sólidos, por lo que el marco legal para la gestión de la cuenca se realiza conforme a los límites entre los cinco estados que la forman, lo que dificulta la coordinación. Para solucionar el problema, el INE propone la planeación de las actividades del sector a escalas nacional, regional (la cuenca en conjunto) y estatal para un aprovechamiento más sustentable y productivo de los recursos.
Los principales problemas para el cumplimiento de la legislación ambiental según el Atlas 2006 elaborado por el INE son éstos:
• Prioridad de los problemas sociales y económicos
sobre los ambientales.
• Monto bajo de sanciones.
• Exceso de regulación, que eleva costos y corrupción.
• Falta de claridad y precisión en la regulación.
En esa lógica, acudo a esta soberanía para manifestar la postura de Acción Nacional ante tal problemática, por lo que presento los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. Se hace un atento exhorto al Poder Ejecutivo federal, a través de la Sagarpa, la Semarnat, la Sedesol, Reforma Agraria y la Comisión Nacional del Agua, para dar atención especial a la problemática derivada en la cuenca Lerma-Chapala en materia ambiental, social y económica.
Segundo. Se hace un atento exhorto a los órdenes de gobierno federal, estatal y municipal, y a las autoridades comunales, ejidales y de pequeños propietarios que colinden con el río Lerma para unificar criterios y mecanismos de coordinación entre ellos, a efecto de generar proyectos de saneamiento de este cuerpo de agua, que comprende el territorio de la cuenca Lerma-Chapala.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de noviembre de 2008.
Diputada Claudia Sánchez Juárez (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, RELATIVO
A LAS SITUACIONES DE CONTINGENCIA AMBIENTAL Y DESASTRE NATURAL, A CARGO
DEL DIPUTADO PEDRO MONTALVO GÓMEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
El suscrito, diputado Pedro Montalvo Gómez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, somete a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, con base en las siguientes
Consideraciones
1. Los desastres naturales son recurrentes en algunas zonas de nuestro país. México se encuentra ubicado en una región en donde ocurre el 80 por ciento de la actividad sísmica del planeta, y en una de las cuatro zonas más propensas a sufrir perturbaciones meteorológicas.
A raíz de los cambios climáticos en el planeta, en México sufrimos cada año el azote de un mayor número de huracanes, lluvias excesivas, desbordamientos de ríos, inundaciones, y fuertes sequías, con la consecuente pérdida de cosechas, ganado, caminos rurales, viviendas campesinas y, lo más lamentable, de vidas humanas. También son cada vez más frecuentemente las conmociones volcánicas y telúricas.
Tan sólo en América latina y el caribe, en los últimos diez años los desastres naturales han dejado un saldo de más de 45 mil vidas perdidas, 40 millones de damnificados y daños directos que superan los 20 mil millones de dólares. Con un promedio de 40 desastres importantes al año, la región ocupa el segundo lugar, después de Asia, en cuanto a frecuencia.
2. Para anticiparse a los desastres y reducir sus efectos, en México se necesita un enfoque integral en las políticas públicas y acciones que abarquen tanto la reducción de los riesgos antes de los desastres como la recuperación posterior, encuadradas en nuevas políticas y mecanismos institucionales que propicien una acción eficaz. En tal sentido, resulta indispensable el desarrollo de una cultura de prevención y protección a la producción agropecuaria, que resulte efectiva ante los ineludibles efectos del medio ambiente.
3. Atendiendo a lo anterior, y con fundamento en el artículo 129 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, se creó el Fondo de Apoyo a Productores Afectados por Contingencias Climatológicas (Fapracc), cuyo objetivo fundamental es apoyar a los productores rurales de bajos ingresos, que no cuenten con algún tipo de aseguramiento público o privado, y que realicen preponderantemente actividades agrícolas de temporal, pecuarias, acuícolas y pesqueras, afectados por contingencias climatológicas.
4. La operación de dicho fondo está condicionada a la declaratoria de desastre natural, conforme al procedimiento previsto en las Reglas de Operación del Fondo de Desastres Naturales (Fonden).
En este orden de ideas, para obtener el acceso a los apoyos del Fondo de Apoyo a Productores Afectados por Contingencias Climatológicas, se requiere una declaratoria de contingencia climatológica o de desastre natural por parte de la Secretaría de Gobernación, misma que deberá hacerse a solicitud remitida a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, por parte del gobierno del estado de que se trate y anexando a dicha solicitud el diagnóstico climatológico formulado por la Comisión Nacional del Agua.
5. No obstante, el procedimiento para acceder a los apoyos del fondo antes mencionado no contempla un plazo fijo para que la Comisión Nacional del Agua emita el diagnóstico climatológico, que generalmente tarda más de treinta días, lo cual ocasiona severas afectaciones a los productores afectados y a la sociedad, lo que se convierte en una situación que amerita resolverse con urgencia, porque al desastre natural no debe seguir el desastre administrativo, como ocurre actualmente.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, propongo a esta honorable asamblea el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero. Se exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a realizar las correspondientes reformas a las Reglas de Operación del Fondo de Apoyo a Productores Afectados por Contingencias Climatológicas, a efecto de determinar un plazo máximo de treinta días para que la Comisión Nacional del Agua emita el diagnóstico climatológico, de lo cual se solicita informe por escrito a esta soberanía.
Segundo. Se exhorta a la Comisión Nacional del Agua a emitir los diagnósticos climatológicos de manera pronta y expedita, menor a los treinta días señalados, en tanto no exista plazo previsto en las Reglas de Operación del Fondo de Apoyo a Productores Afectados por Contingencias Climatológicas.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de noviembre de 2008.
Diputado Pedro Montalvo Gómez (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA A LA ASF, A LA SFP, A LA AUDITORÍA SUPERIOR LOCAL, A
LA SEP Y A LA SEDESOL A INVESTIGAR EL USO DE LOS RECURSOS FEDERALES OTORGADOS
EN 2006 Y 2007 A DIVERSOS MUNICIPIOS DE COAHUILA, A CARGO DEL DIPUTADO
ROLANDO RIVERO RIVERO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
En Coahuila, el 5 de octubre, se llevó a cabo la elección para diputados locales en donde 9 presidentes municipales por el Partido Revolucionario Institucional renunciaron a su cargo para ostentar la candidatura, quienes salieron triunfantes en dicho proceso. Ese no es el problema real, la cuestión es que se sabe perfectamente que el objeto de presentarse como candidatos a diputados locales era, única y exclusivamente, para tratar, al estar en el Congreso de Coahuila, de tapar todas las anomalías económicas que presentan sus municipios.
Ahora la Auditoria Superior Local ha demostrado grandes desviaciones e irregularidades en el uso de los recursos, inclusive federales. Este punto de acuerdo pretende exhortar a la Auditoría Superior de la Federación, a la Secretaría de la Función Pública, a la Auditoría Superior Local, a la Secretaría de Educación Pública, y a la Secretaría de Desarrollo Social, con el objeto de que lleven a cabo una investigación exhaustiva en los siguientes municipios: Monclova, Saltillo, Piedras Negras, Frontera, Parras de la Fuente y Matamoros de Coahuila, para que se investiguen los fondos que correspondieron a la aportaciones que se realizaron durante los años 2006 y 2007.
Rolando Rivero Rivero, diputado federal de la LX Legislatura del GPPAN– con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos– expongo la siguiente proposición con punto de acuerdo basado en los siguientes
Antecedentes
Al presidente anterior del municipio de Monclava, Pablo González González se le acusa de desviaciones por mas de 65 millones de pesos; al presidente anterior de Saltillo, Fernando de las Fuentes por 38 millones de pesos, al de Piedras Negras, Jesús Mario Flores por 32 millones, al de Frontera, Rogelio Ramos por 22 millones, al de Parras de la Fuente, Ignacio Segura por 18 millones, y al de Matamoros, Raúl Onofre por 18 millones de pesos.
El caso de Monclova es el mas grave, este recibió –durante el 2006 y 2007– recursos por 182 millones de pesos, más de lo que tuvo la administración anterior en el periodo 2004-2005, de ellos 61 millones corresponden a participaciones y fondos, 26 a derechos, 34 a impuestos 55 a contribuciones especiales y 4 a otros conceptos, a pesar de todo esto los recursos fueron insuficientes por lo que hipotecó el ayuntamiento con prestamos que actualmente suman más 150 millones de pesos.
Uno de los recursos más importantes fue de 23 millones 136 mil 842 que corresponden al Ramo Educación y que no fueron depositados en cuentas aparte para proceder a su manejo, de acuerdo con la Ley de Coordinación Fiscal. Como éste existen una infinidad de recursos que no han sido debidamente comprobados y que en total, la Auditoria Superior Local acusa de malversación de fondos, por 65 millones de pesos, que no puede –hasta la fecha– comprobar, así como el incumplimiento de lo establecido en la Ley de Adquisiciones Arrendamiento y Contrataciones de Servicios, ya que 17 millones, hasta la fecha, no se sujetan a comprobación.
Por lo anterior, pido y exhorto como diputado de la LX Legislatura y como ciudadano de Monclava, cabecera del distrito III, se realice una revisión exhaustiva de los recursos federales otorgados durante los años 2006 y 2007 y que hasta la fecha se presumen fueron gastados en forma irregular y –se presume también– que muchos de estos fueron a dar a los bolsillos tanto del presidente municipal como de las personas encargadas del manejo económico del ayuntamiento.
Por lo anterior expuesto, propongo el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Exhorto a la Auditoría Superior de la Federación, a la Secretaría de la Función Pública, a la Auditoría Superior Local, a la Secretaría de Educación Pública, y a la Secretaría de Desarrollo Social, para que se realice una investigación exhaustiva del uso de los recursos federales otorgados durante los años 2006 y 2007 a los municipios de Monclova, Saltillo, Piedras Negras, Frontera, Parras de la Fuente y Matamoros, de Coahuila, en especial al de Monclova, con el único objeto de deslindar responsabilidades sobre el manejo de los recursos públicos locales y federales asignados a cada uno de éstos, y hacer caer todo el peso de la ley en quien resulte responsable de haberse servido de ellos, pido que lo anterior sea turnado a la comisión que corresponda –en forma expedita– para proceder a lo que resulte.
Dado en el Palacio Legislativo, a 25 de noviembre de 2008.
Diputado Rolando Rivero Rivero (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A INSTRUIR A LA SEMARNAT PARA QUE ELABORE
Y PUBLIQUE A TRAVÉS DE LA COMISIÓN NACIONAL DE ÁREAS
NATURALES PROTEGIDAS EL PROGRAMA DEL PLAN DE MANEJO DE LA RESERVA DE LA
BIOSFERA DE LA SIERRA EL ABRA-TANCHIPA, EN SAN LUIS POTOSÍ, A CARGO
DEL DIPUTADO DAVID LARA COMPEÁN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
El suscrito, diputado federal en la LX Legislatura, David Lara Compeán, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 58 y 60, y demás relativos y aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable Cámara de Diputados punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo federal a instruir a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) elabore y publique, a través de la comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) el programa del plan de manejo de la reserva de la biosfera de la sierra del Abra Tanchipa, dado que representa el área natural protegida más importante en San Luis Potosí, tanto por su extensión de 21 mil 464 hectáreas como por la calidad de especies, animales y vegetales que en ella se encuentran, bajo los siguientes
Considerandos
1. La región conocida como sierra del Abra Tanchipa, situada en los municipios de Ciudad Valles y Tamuín, en San Luis Potosí, fue declarada reserva de la biosfera por decreto presidencial en 1994, en el cual se establece que la planeación y ejecución, así como la instrumentación de programas, manejo y administración de dichas áreas deben realizarse bajo la supervisión del Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas.
2. En el decreto se señala que esta región tiene ecosistemas únicos por la diversidad de especies de flora y fauna silvestre endémicas que la habitan, amenazadas y en peligro de extinción, como la palmilla, el jaguar, el tigrillo y el ocelote. Se señala también que esta región explica en gran medida los procesos de formación geológica que sufrió la zona colindante al golfo de México, que cuenta con un gran número de fósiles y que es una importante recargadora de los mantos freáticos y fuentes de manantiales de la región.
3. Entre las amenazas que enfrenta esta zona se encuentran las explosiones en la búsqueda de yacimientos petroleros; la demanda por parte de industrias de la zona, además de la tala clandestina; el efecto ecológico que causa la industria cementera en zonas aledañas; el cambio en el uso del suelo para la ganadería extensiva; la introducción de especies vegetales exóticas para reforestación por parte de las industrias forestales de la zona; el efecto de quemas no controladas con fines agrícolas o ganaderos; y el saqueo arqueológico y la cacería furtiva, los cuales se consideran amenazas potenciales.
4. La sierra del Abra Tanchipa ha presentado distintos grados de perturbación, especialmente en las partes centro y sur, por lo que resulta necesario proteger y asegurar sus procesos evolutivos ecológicos, aprovechar racional y sostenidamente sus recursos naturales, propiciar el desarrollo socio económico regional, y fomentar las actividades recreacionales turísticas.
5. Que en la zona del área protegida no hay registros de asentamientos humanos actuales; sin embargo, en la zona de influencia se registró un total de 9 mil 577 individuos, cuyas actividades económicas más importantes son la ganadería, la agricultura y el trabajo asalariado. Existe participación de la sociedad civil y de organismos no gubernamentales conservacionistas, así como de instituciones académicas como la Universidad de Tamaulipas, y de San Luis Potosí.
6. Que en mi función como legislador es mi compromiso velar por los intereses de mis representados, impulsando la conservación, desarrollo, vigilancia y administración de la reserva de la biosfera sierra del Abra Tanchipa en San Luis Potosí, fundamental para la soberanía nacional y el desarrollo integral del país.
Por lo anterior expuesto, someto a consideración de esta Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. Se exhorta al Poder Ejecutivo federal a elaborar y publicar, a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, por medio del Consejo Nacional de Áreas y Recursos Naturales Protegidas, el programa del plan de manejo de la reserva de la biosfera de la sierra del Abra Tanchipa, situada en San Luis Potosí.
Segundo. Se hace un atento exhorto al Poder Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a enviar un informe detallado a esta soberanía sobre el resultado del programa en un plazo máximo de 60 días naturales.
Tercero. Se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente, a través de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, a realizar una evaluación real de la diversidad biológica de la zona y de las amenazas actuales o potenciales para la reserva.
Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, a 25 de noviembre de 2008.
Diputado David Lara Compeán (rúbrica)