El suscrito Humberto López Lena Cruz, diputado a la LX Legislatura, con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, pide al Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados que se exhorte al Ejecutivo federal y a la Comisión de Energía de esta honorable Cámara de Diputados para que la construcción de la nueva refinería prevista dentro del Fondo de Estabilización para la Inversión en Pemex tenga como sede la ciudad de Salina Cruz, Oaxaca.
Antecedentes
El estado de Oaxaca es uno de las entidades con mayor pobreza y desigualdad en todo el país; esto hace que la mayoría de nuestros ciudadanos emigren hacia el país del norte con la ilusión de alcanzar el anhelado sueño americano.
Tal situación que es extraña, ya que el estado de Oaxaca es uno de los más ricos en recursos naturales de la nación.
Fueron asignados 12 mil millones de pesos del Fondo de Estabilización para la Inversión en Infraestructura en Pemex, destinados a la construcción de una nueva refinería e infraestructura, y reducir la dependencia de gasolina del exterior.
El siguiente punto de acuerdo tiene como finalidad alcanzar que la nueva refinería que se tiene contemplada dentro del Fondo de Estabilización para la Inversión en Pemex sea ubicada en la ciudad de Salina Cruz, Oaxaca, ya que ahí se reúnen todos los factores necesarios para alcanzar el desarrollo y las nuevas tecnologías necesarias, para competir con otros países en materia de refinería.
Aunado a esto, con la nueva refinería se obtendría una industrialización óptima del estado de Oaxaca, lo que conllevaría a que capitales privados, nacionales e internacionales volteen a hacia Oaxaca para invertir porque se encuentran en la cintura del país uniendo al golfo con el pacifico, con la posibilidad que se construya un nuevo canal que una a los dos océanos.
Consideraciones
La región del istmo es una parte estrecha de la República Mexicana, una franja de tierra de aproximadamente 100 kilómetros que separa al Golfo de México del Océano Pacífico.
En el año de 1907 llegó a Salina Cruz Porfirio Díaz, quien, seguro de la riqueza de este puerto, puso en marcha la línea férrea del istmo uniendo a Salina Cruz y Puerto de México; unión de dos océanos o mares, el Pacífico y el Atlántico, para el tránsito comercial marítimo de México con las naciones hermanas del viejo mundo
Por su tamaño, es la segunda región en importancia y se encuentra integrada por 35 municipios. Limita al norte con el estado de Veracruz, al este con el de Chiapas, al oeste con la sierra de Oaxaca y la Sierra Madre del Sur y al sur con el océano Pacífico.
El puerto de Salina Cruz es terminal de los ductos de producción petrolera y. petroquímica provenientes de la Costa del Golfo, con una refinería de Petróleos Mexicanos. También ha sido asiento de una flota camaronera que atrapa esa especie en nuestro mar patrimonial del Pacífico y cuyo mercado es básicamente el extranjero.
Otro recuso natural del istmo de Tehuantepec es el que podemos encontrar en la población de la Ventosa, donde se genera la electricidad con el viento natural de la región.
México cuenta con 6 refinerías las cuales son:
– Miguel Hidalgo. Tula, Hidalgo. Principal proveedor de combustibles a la Ciudad de México y produce 273 mil barriles diarios.
– Ingeniero Héctor R. Lara Sosa. Cadereyta, Nuevo León, que abastece la demanda de combustibles del norte del país y produce 207 mil barriles diarios.
– Ingeniero Antonio M. Amor, Salamanca Guanajuato, que abastece la demanda de combustibles en las regiones central oeste del país y produce 196 Mil barriles diarios.
– General Lázaro Cárdenas. Minatitlán, Veracruz, que abastece la demanda del sur y de la península de Yucatán y produce 169 mil barriles diarios.
– Francisco I. Madero. Ciudad Madero, Tamaulipas, que abastece la demanda del centro y del golfo y produce 149 mil barriles diarios.
Las reconfiguraciones permiten elevar el margen variable de la refinería, lo que eleva la rentabilidad de ésta. Las refinerías que han sido reconfiguradas respecto a las que no lo han sido, observan diferencias de desempeño muy importantes.
Luego entonces, restarían por reconfigurar las refinerías de Salina Cruz, Tula y Salamanca.
La refinería Ingeniero Antonio Dovalí Jaime, a pesar de que aún no se reconfigura, es el centro de refinación que más produce y el más seguro a nivel nacional, además de que proporciona enormes posibilidades de trabajo a los habitantes de la región del istmo.
De los datos anteriormente mencionados, podemos percatarnos de que la refinería Ing. Antonio Dovalí Jaime, de Salina Cruz, es la que más barriles diarios produce y con la aplicación de tecnologías más avanzadas permitirá incrementar la elaboración de productos de alto valor a partir de residuales y no sólo abastecer todo el litoral del pacífico si no hasta en centro del país.
Con fecha del 30 de julio de este año, Pemex elaboró un estudio de viabilidad, el cual fue entregado a esta honorable Cámara, dicho documento propone, la ubicación probable y las características tecnológicas de la nueva refinería y, de forma general, las características, proyecciones de impacto que pudieran tener dichos proyectos para la política energética nacional, el desarrollo de Pemex y la economía del país; así como los supuestos de precios, volúmenes involucrados, lugares esperados de venta de los refinados, costos y márgenes implícitos de los mismos, diferenciales estimados, entre crudos ligeros y pesados, sitios considerados como puntos de distribución y toda la infraestructura considerada como necesaria para el óptimo desempeño de los proyectos.
En el apartado de ubicaciones en torno de la refinería se plantean nueve ubicaciones posibles para instalarla: en el puerto de Lázaro Cárdenas, Cadereyta, Nuevo León; Campeche; Dos Bocas, Tabasco; Minatitlán, Veracruz; Manzanillo, Colima, Salina Cruz, Oaxaca; Tula, Hidalgo y Tuxpan en Veracruz.
Dichas ubicaciones fueron tomadas en cuenta considerando como criterios básicos la cercanía a los centros con mayor demanda de combustibles automotrices e industriales y el acceso al suministro de materia prima.
Y en Salina Cruz, Oaxaca, podemos encontrar mayor viabilidad en esos dos aspectos.
En primer lugar, por ser una gran planicie, la región del istmo cuenta con importantes vías de comunicación. Las dos carreteras más importantes son la internacional y la transístmica. El puerto de Salina Cruz tiene comunicación marítima, terrestre, ferroviaria y aérea.
El ferrocarril transístmico corre de Coatzacoalcos a Salina Cruz; el panamericano va de Ciudad Ixtepec a Tapachula, pasando por Juchitán, Unión Hidalgo, Reforma, Acuites, Arriaga y la costa de Chiapas.
En segundo término, el mismo estudio de viabilidad establece que en Salina Cruz, sería posible aprovechar la infraestructura existente de oleoductos e instalaciones portuarias, además los productos se enviarían a la zona centro-occidente utilizando transporte marítimo y la construcción de un poliducto de Manzanillo a Guadalajara.
Y En tercer lugar, porque se produce la mayor cantidad de Barriles y el mejor crudo del país.
Por si fuera poco, la ejecución del proyecto propuesto demandaría la creación de un número significativo de empleos durante las fases de ingeniería, construcción y su posterior operación.
Por lo anterior antes expuesto y ya que fueron contemplados 12 mil millones de pesos del Fondo de Estabilización para la Inversión en Infraestructura en Pemex, destinados a la construcción de una nueva refinería e infraestructura, y reducir la dependencia de gasolina del exterior.
Y con fundamento en los artículos 25 y 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 19 de la Ley Federal de Presupuesto y Cuenta Pública, 2 de la Ley de Petróleos Mexicanos, 33, fracciones II, III y V, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y 11 de la Ley Reglamentaria 27 Constitucional, en el ramo del petróleo, me permito someter a la consideración de esta honorable soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente al licenciado Felipe Calderón Hinojosa, presidente de los Estados Unidos Mexicanos, para que la construcción de la nueva refinería que se tiene prevista dentro del Fondo de Estabilización para la Inversión en Infraestructura en Pemex tenga como sede la ciudad de Salina Cruz, Oaxaca. Por su ubicación geográfica, por la calidad y cantidad de crudo que se produce en la región del istmo de Tehuantepec.
Diputado Humberto López Lena Cruz (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE SOLICITA AL JEFE DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL QUE INSTRUYA A LAS
AUTORIDADES COMPETENTES PARA QUE ATIENDAN LA CONTAMINACIÓN GENERADA
POR EL ESTABLECIMIENTO SITUADO EN MADERO 14, COLONIA TIZAPÁN, EN
ÁLVARO OBREGÓN, A CARGO DEL DIPUTADO FRANCISCO ELIZONDO GARRIDO,
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PVEM
El diputado Francisco Elizondo Garrido, integrante de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta proposición con punto de acuerdo, con base en la siguiente
Exposición de Motivos
En la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos está establecido en su artículo 4o. el derecho a un medio ambiente adecuado para el desarrollo y el bienestar.
En el sistema jurídico mexicano se han establecido una serie de instituciones públicas en los tres órdenes de gobierno a fin de instaurar instituciones que hagan efectivo el derecho a un medio ambiente adecuado para los habitantes del país.
En este contexto se crearon diferentes ordenamientos con el objetivo de regular el medio ambiente, desde una perspectiva de competencias concurrentes, en virtud de que subsiste en los tres ámbitos de jurisdicción derechos y obligaciones en materia ambiental.
En el último año han sido destacados los avances en materia de regulación y vigilancia ambiental, especialmente los realizados a partir de la coordinación de autoridades federales y estatales.
Sin embargo, aún subsisten discordancias entre la apertura de establecimientos regulados por la normatividad y la supervisión de éstos en adecuarse a las disposiciones vigentes.
En este sentido, cabe aclarar que la liberación de obligaciones ambientales en materia federal no exenta a tales establecimientos de la obligación de cumplir con la legislación y la normatividad ambiental vigente para las entidades federativas o el Distrito Federal; esto es, se trata de legislación concurrente.
En este contexto, un grupo de ciudadanos preocupados por el deterioro ambiental que sufre su entorno se han acercado a diversas autoridades locales y federales a fin de denunciar la contaminación generada por diversas industrias.
En particular, asociaciones de vecinos de la delegación Álvaro Obregón manifiestan que las autoridades han sido evasivas en lo que a la atención de algunas industrias que se encuentran desreguladas que contaminan demasiado y, en ese mismo, sentido dicen que no han sido atendidas por sus representantes locales.
En particular, documentadamente manifiestan que un establecimiento mercantil situado en la delegación Álvaro Obregón, numero 14 de la calle Madero, no cuenta con los permisos, licencias ni autorizaciones necesarias para acreditar su legal funcionamiento.
Es preocupante que las personas circundantes a este establecimiento mercantil manifiestan molestias en su salud y deterioro en la calidad del aire que respiran por las emisiones que desde hace años la empresa emite durante las 24 horas. Más preocupante aún, señalan que nunca el establecimiento ha cumplido con normatividad alguna en materia de seguridad e higiene para sus trabajadores que se encuentran expuestos a compuestos acrílicos altamente tóxicos y sujetos a normatividad especial en materia de descargas al drenaje, en virtud de ser químicos inflamables y volátiles a temperatura ambiente.
Oficialmente, las autoridades locales han reconocido la situación ilícita o clandestina del establecimiento mercantil. "No existe registrado trámite o documento alguno que ampare el funcionamiento del establecimiento situado en la calle Madero 14, colonia Tizapan," según el director de Gobierno de la delegación Álvaro Obregón, a través del oficio número DAO/DGJG/DGOB/493/2008.
La inseguridad jurídica que provoca un establecimiento que de origen no cuenta con registro alguno se ve secundada en otras autorizaciones que en materia ambiental deben ser supervisadas e inspeccionadas por las autoridades ambientales. Las más significativas son las autorizaciones en materia de impacto ambiental y riesgo, y de plan de manejo de residuos sólidos de la Secretaría del Medio Ambiente del Gobierno del Distrito Federal, así como los respectivos registros de declaración de apertura y licencia de funcionamiento de la delegación Álvaro Obregón.
No se omite mencionar que el establecimiento mercantil es clandestino, toda vez que cualquier autorización debe coincidir con los usos de suelo permitidos en el Programa Delegacional de Desarrollo Urbano 1997 de esa demarcación del Distrito Federal, y expedidos a la consideración de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda.
Es por ello que, a fin de dar cumplimiento a los requisitos establecidos en materia ambiental, se propone el siguiente punto de acuerdo, a fin de que el Gobierno del Distrito Federal y sus autoridades atiendan esta solicitud de la ciudadanía e informen las condiciones bajo las cuales se encuentra el legal funcionamiento del establecimiento mercantil.
Asimismo, especialmente señalamos que es urgente que las autoridades auxilien a la comunidad a través de la observancia de las Leyes Ambiental del Distrito Federal, y de Residuos Sólidos del Distrito Federal, con la misma atención que ha demostrado tener en el cuidado del medio ambiente y en el respeto a la participación ciudadana.
Por lo expuesto y fundado, someto a consideración del Pleno proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta respetuosamente al jefe del Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard Casaubón, a instruir las medidas preventivas, obvias y urgentes, a través de las autoridades a su mando, tendientes a evitar la contaminación ambiental que genera el establecimiento situado en la calle Madero 14 de la colonia Tizapán en la delegación Álvaro Obregón, y que provoca daños en la salud de los habitantes de la Ciudad de México, a través del cese de sus operaciones.
Diputado Francisco Elizondo Garrido (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA A LA SEMARNAT, A LA CONAGUA Y A LAS AUTORIDADES DE BAJA CALIFORNIA
A SUSPENDER LA EXTRACCIÓN DE MATERIALES PÉTREOS EN LA ENTIDAD
HASTA QUE SE REALICEN ESTUDIOS SOBRE EL IMPACTO AMBIENTAL GENERADO POR
DICHA ACTIVIDAD, A CARGO DEL DIPUTADO HÉCTOR MANUEL RAMOS COVARRUBIAS,
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el suscrito, diputado del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LX Legislatura, Héctor Manuel Ramos Covarrubias, presenta ante la honorable Cámara de Diputados el siguiente punto de acuerdo que tiene como finalidad hacer un exhorto a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), a la Comisión Nacional del Agua y a las autoridades estatales a suspender de manera inmediata las actividades de extracción de materiales pétreos en el estado de Baja California hasta que se realicen los estudios correspondientes para determinar el impacto ambiental acumulativo que determine las afectaciones que se generan por esta actividad, basado en las siguientes
Consideraciones
Baja California cuenta con numerosos recursos minerales que pueden clasificarse en metálicos (como es el caso del oro, la plata, el plomo y el cobre) y no metálicos (como arena, grava, rocas y arcilla). La arena constituye uno de los materiales pétreos más valiosos debido a sus características y a los diversos destinos que se le pueden dar, siendo uno de los más importantes el servir como materia prima para la construcción de carreteras, puentes o viviendas. Este recurso puede obtenerse de lechos marinos, costas, lagos, desiertos o cauces de arroyos.
La arena que se extrae de los arroyos forma parte de los "bancos de material" que se forman como resultado del desprendimiento de pequeños pedazos de roca generados por cambios en la temperatura y por la erosión provocada por el viento o el agua a través de muchos años. Este material, depositado en el lecho del arroyo, modifica el relieve y reduce la sección del cauce provocando la disminución del volumen de agua que el arroyo puede conducir por lo que, de forma preventiva, deben programarse obras de mantenimiento1 en preparación para futuras lluvias con la finalidad de evitar un desbordamiento.
Sin embargo, la extracción excesiva de arena modifica las condiciones naturales del medio ambiente y afecta procesos físicos y biológicos que se desarrollan en las capas superficiales del terreno, esto se debe a que los primeros 10 centímetros de la capa de arena contienen semillas de plantas, huevecillos de insectos o reptiles y madrigueras de roedores y, después de esos 10 centímetros, sólo quedan algunos minerales que no se aprovechan y no funcionan para mantener el hábitat.
Anteriormente, la extracción de recursos pétreos atendía sólo la demanda para uso local y estaba a cargo de pequeñas empresas de transporte de materiales que generaban impactos pequeños en el ecosistema, sin embargo, debido a la presión ejercida por la creciente demanda de exportación que se tiene de estos recursos, sobretodo en el estado de California en Estados Unidos de América, ahora existen también grandes empresas que utilizan maquinaria pesada para la extracción de grandes volúmenes, por lo que esta sobreexplotación ha generado una problemática ambiental en zonas como el Cañón del Sainz, Valle de las Palmas y Testerazo en el municipio de Tecate y los cauces de los arroyos Guadalupe, Agua Caliente, El Barbón, El Carmen, San Carlos y Las Ánimas, en el municipio de Ensenada.
No obstante, el número de solicitudes por municipio para el desarrollo de estos proyectos ha ido en aumento2, lo que indica una mayor presión por aprovechar este recurso, por lo que las arenas en los cauces de los arroyos del estado se siguen explotando indiscriminadamente generando impactos como la destrucción de hábitat relevantes por la función que desempeñan como corredores biológicos y estabilización de las áreas hidráulicas de los cauces (vegetación riparia); el establecimiento de oquedades en los cauces que funcionan como trampas de sedimento por efecto de reducción de la velocidad de la corriente, modificando los procesos sedimentarios aguas abajo; la disminución del espesor del estrato que sirve de protección al acuífero ante posibles fuentes de contaminación provocando colateralmente aumentos potenciales de la evaporación de las aguas subterráneas; afectaciones potenciales a la zona costera derivadas de la reducción del aporte terrígeno natural de sedimentos a los procesos litorales3; alteraciones hídricas que generarían menos lluvias y más calor, lo que acabaría con la flora y fauna y provocaría serias alteraciones en el paisaje y alteraciones en la salud de los habitantes de la región ya que, al momento de la extracción, el levantamiento del polvo de arena puede causar alergias y enfermedades en la garganta como en el caso de Valle de las Palmas en el municipio de Tecate.
En lo anteriormente señalado, reside la importancia de tomar en cuenta las condiciones hidrológicas de las cuencas y la integridad de los cauces antes de otorgar una concesión, así como el establecimiento de puntos de control que permitan conocer, en todo momento, el avance de la obra y cuantificar los espesores en los bancos de material de explotación. La Comisión Nacional del Agua (Conagua) es el organismo encargado del otorgamiento de los títulos de concesión y de especificar el volumen permitido para la extracción dependiendo de la zona en la que se pretenda llevar a cabo. Sin embargo, se carece de una cifra exacta del volumen de extracción de arena en la zona, lo cual resulta sumamente preocupante porque esto implica que también se desconoce el margen de sobreexplotación.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, me permito presentar ante esta soberanía la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Primero. Se exhorta a la Semarnat, a la Conagua y a las autoridades estatales a suspender de manera definitiva las actividades de extracción de materiales pétreos en Baja California hasta que se realicen estudios sobre el impacto ambiental acumulativo que determinen con precisión las afectaciones que se generan por esta actividad.
Segundo. Se exhorta a la Conagua a realizar un estudio que permita conocer el margen de sobreexplotación de recursos pétreos en Baja California, a fin de que puedan llevarse a cabo obras de rehabilitación en las zonas afectadas.
Notas
1. Tales como el desazolve del cauce que consiste en
la remoción de materiales para la restauración del lecho
del arroyo.
2. La evolución de solicitudes para Ensenada con
respecto al total estatal, es la siguiente: en el año 2002 el 27
por ciento, 33 por ciento para el 2003, 25 por ciento para el 2004, 42
por ciento en 2005, 45 por ciento en 2006 y 50 por ciento en 2007. Datos
obtenidos del Programa Integral del Agua de Ensenada, disponible en http://www.imipens.org/IMIP_files.
3. Programa Integral del Agua de Ensenada, marzo de 2008.
Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la honorable Cámara de Diputados, a 19 de noviembre de 2008.
Diputado Héctor Manuel Ramos Covarrubias (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A SOLICITAR AL CONSEJO TÉCNICO DEL
IMSS QUE PRORROGUE LA ATENCIÓN MÉDICA DE LOS TRABAJADORES
Y DE SUS FAMILIAS 22 SEMANAS ADICIONALES AL PLAZO DE CONSERVACIÓN
DE DERECHOS, A CARGO DEL DIPUTADO PABLO TREJO PÉREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PRD
El suscrito, diputado federal a la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta asamblea proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
La entelequia del Estado neoliberal actuante sólo en beneficio de la clase más rica del país, debe dar paso a un Estado activo y comprometido en hacer realidad la justicia social, como medio indispensable para dignificar la vida de los que menos tienen. Es decir, se debe reiniciar la senda marcada por el estado de bienestar instituido en nuestra constitución.
Esto con mayor razón, en el marco de la crisis económica actual, de dimensiones y temporalidad inconmensurables. Por lo que, como nunca, la atención de los que menos tienen es sinónimo de paz social. Al efecto el Estado debe comenzar haciendo uso de los medios ya consagrados legalmente, sin menoscabo de impulsar los cambios jurídicos que la situación reclame.
Y bien, el actual resquebrajamiento de la estructura económica, traerá mayores índices de desempleo, que sólo en septiembre de 2008 llegó ya a una tasa de 4.25 por ciento conforme a datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Y como bien sabemos, después del esparcimiento, la familia desempleada sacrifica, en ese orden, la atención médica. Cuya satisfacción no sólo atiende a una garantía individual, sino a uno de los problemas sociales esenciales. Por lo que todas las medidas que se tomen para hacer realidad el derecho a la salud resultan indispensables.
Conforme al artículo 109 de la Ley del Seguro Social, al ser dado de baja un trabajador, si éste hubiera cotizado ocho semanas de manera previa e ininterrumpida, conservará por otras ocho semanas posteriores el derecho a la asistencia médica, de maternidad, quirúrgica, farmacéutica y hospitalaria.
Sin embargo, el propio artículo 109 de mención señala que este periodo se podrá ampliar cuando existan "condiciones económicas y laborales del país que así lo requieran". Tal y como las que actualmente existen en México, y que se irán agravando: crecimiento económico a la baja, mayor índice de desempleo, empleo precario, bajos salarios, mayores dificultades para re emplearse. Todo agravado, por el regreso de dos a tres millones de migrantes, según cifras de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, y aceptadas por la Secretaría de Relaciones Exteriores, no por cierto por el secretario del Trabajo, que sufre de una esquizofrenia histórica creciente y, a quien tales cifras le parecen exageradas.
La ampliación del plazo de conservación de derechos en el seguro de enfermedades y maternidad no es ninguna novedad, sino que el Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social lo aplicó de manera repetida de los setenta a los noventa. Recordemos algunos de los acuerdos de este cuerpo colegido, número 55 del 12 de enero de 1983, número 10/87 del 7 de enero de 1987, el número 6/90 del 10 de enero de 1990, entre otros. Los cuales se fundamentaban en "los beneficios sociales que se lograron con acuerdos anteriores equivalentes"; "considerando la actual situación económica por la que atraviesa el país y sus posibles efectos en el empleo".
Las prórrogas aludidas fueron comprensivas de un total de 18 semanas adicionales al plazo legal de conservación de derechos y, sólo con acceso a los servicios médicos, es decir, sin el otorgamiento de prestación alguna en dinero. En el caso del presente punto de acuerdo, las semanas adicionales se otorgarían igualmente sólo en materia de atención médica, pero se ampliarían a 22 dada la gravedad y prolongación, en el tiempo que se espera, de la actual recesión, que a pasos agigantados está entrando ya a una depresión económica.
Para que el beneficio que proponemos en el presente no afecte las finanzas del Instituto Mexicano del Seguro Social, esta cámara deberá destinar los recursos económicos necesarios al efecto, como lo ordena el ya citado artículo 109 de la Ley del Seguro Social.
Con esto avanzamos en recuperar la esencia de la seguridad social solidaria.
Por todo lo expuesto y fundado, someto a la consideración de esta soberanía, con carácter de urgente u obvia resolución, la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Primero. Se exhorte al titular del Poder Ejecutivo federal a que solicite al Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social la ampliación por veintidós semanas adicionales al periodo de conservación de derechos para servicios médicos previsto en el artículo 109 de la Ley del Seguro Social, en virtud de la actual crisis económica nacional y mundial, que tiene, y tendrá, efectos negativos en materia de crecimiento económico, desempleo, empleo precario y la disminución del poder adquisitivo de los salario; ampliación que será en bien de la tutela del derecho humano a la salud de la clase trabajadora y sus familias; con hondas repercusiones sociales.
Segundo. Se solicite a las Comisiones de Seguridad Social y de Presupuesto y Cuenta Pública de esta Cámara de Diputados que destinen recursos económicos suficientes en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2009, para efectos de la prórroga referida en el punto anterior, tal y como lo mandata el artículo 109 de la Ley del Seguro Social.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de noviembre de 2008.
Diputado Pablo Trejo Pérez (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA A LOS TITULARES DE LOS EJECUTIVOS FEDERAL Y DE LAS ENTIDADES
A CONSTRUIR UN PACTO NACIONAL PARA LA GOBERNABILIDAD DEMOCRÁTICA,
LA SEGURIDAD Y EL DESARROLLO, A CARGO DEL DIPUTADO ALBERTO AMADOR LEAL,
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
El suscrito, diputado federal Alberto Amador Leal, integrante del Grupo Parlamentario del PRI de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en la fracción I de los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía la siguiente propuesta con punto de acuerdo para exhortar al titular del Poder Ejecutivo federal y a los de las entidades federativas a construir un pacto nacional para la gobernabilidad democrática, la seguridad y el desarrollo.
El trágico accidente acaecido el martes pasado significa, antes que nada, una irreparable pérdida de vidas humanas que ha merecido la solidaridad unánime con las familias y con el presidente de la República. Sea cual sea el origen: problema mecánico, error humano o accidente provocado, la tragedia muestra más crudamente la fragilidad del Estado mexicano, y en general de la nación, ante el conjunto de factores que están configurando una de las crisis más profundas y riesgosas en la historia moderna, apenas comparable con la de 1994.
En medio de la consternación y la zozobra, han surgido llamados a la unidad para enfrentar la adversidad; así lo ha hecho tanto el presidente Felipe Calderón y los gobernadores de las entidades como la oposición en el Congreso de la Unión. Lo que hace falta ahora es dar contenido a la agenda para un verdadero pacto nacional capaz de revertir el escenario de descomposición y hacer prevalecer los principios del Estado democrático. Algunos elementos principales son:
2. El nombramiento del nuevo Secretario de Gobernación, facultad exclusiva del Presidente de la República; debe ser ocasión para realizar los ajustes en la conducción política nacional de modo para hacer frente con mayor determinación, coordinación y visión de Estado, la encrucijada histórica del Estado mexicano y el país mismo.
3. Ha llegado el momento de terminar con los conflictos, extravíos y corrupción de los órganos de seguridad de los tres niveles de gobierno que están minando la capacidad para hacer frente a la violencia y a las acciones desestabilizadoras del crimen organizado. La reestructuración de cuerpos policíacos nacionales, deberá guiarse por los principios de respeto al federalismo, a los derechos humanos y a las garantías individuales, en particular a las comunicaciones privadas.
4. La difícil situación económica debe ser encarada con determinación. No tiene sentido continuar ocultando la realidad, en aras de generar la confianza y el optimismo necesarios. La economía crecerá este año apenas el 1.9 por ciento; la inflación será cercana al 6 por ciento y los precios de los productos básicos superan el 20 por ciento. Para 2009, han variado ya las cifras macroeconómicas sobre las que el Gobierno presentó la Ley de Ingresos –ya aprobada– y para el Presupuesto de Egresos próximo a aprobarse.
5. En consecuencia, el Presupuesto debe ser aprobado bajo las nuevas condiciones con cuatro prioridades: defender la economía popular empezando por la contención de los precios de las gasolinas, diesel y gas; compensar la caída de los ingresos a estados y municipios; recuperar la producción del campo, de las PYMES y de la construcción; y finalmente garantizar un Presupuesto descentralizado.
6. Proteger a las industrias estratégicas, particularmente a la industria automotriz mediante un conjunto de medidas que regulen la importación de vehículos y faciliten la renovación del parque vehicular nacional.
7. Prever medidas de contención a los riesgos ya evidentes en el crédito al consumo (tarjetas de crédito) y en los fondos de pensiones.
8. El Ejecutivo federal y el Congreso deberán acordar la agenda para la ejecución de la reforma energética, que a la fecha no se ha publicado, con lo cual no se incluiría en el Presupuesto 2009, las aportaciones por ejemplo para la transición energética.
9. Replantear los términos de la Política Exterior para aprovechar los vientos de cambio y renovación en EU. México debe tomar la iniciativa: Migración, Tratado de Libre Comercio de América del Norte y Seguridad.
10. Finalmente incluir como parte sustantiva del pacto, el respeto institucional a los procesos electorales federal del 2009 en el que habrá de renovarse el Congreso de la Unión; de modo que la contienda sea entre las estructuras de los partidos y no entre las estructuras administrativas de gobierno.
Punto de Acuerdo
La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta a los titulares de los Poderes Ejecutivos de la federación y de las entidades federativas a construir un pacto para la gobernabilidad democrática, la seguridad y el desarrollo, que permita enfrentar con determinación y bajo los principios del federalismo la encrucijada histórica que impone la crisis económica y su grave secuela en la carestía, el empleo y el ingreso; el desafió del crimen organizado al Estado mexicano; y los retos y oportunidades del nuevo contexto internacional.
Diputado Alberto Amador Leal (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A ELIMINAR EL PAGO DE TENENCIA VEHICULAR,
A CARGO DEL DIPUTADO JOSÉ LUIS AGUILERA RICO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DE CONVERGENCIA
El suscrito José Luis Aguilera Rico, diputado federal del Grupo Parlamentario de Convergencia, de la LX Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en la fracción III, del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en lo previsto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta asamblea la proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Uno de los impuestos más controversiales es el relativo a la tenencia y uso de vehículos. Dicho tributo nació hace muchos años, supuestamente para sufragar los gastos de la Olimpiada que se realizó en México, en 1968, para luego desaparecer. Hay que recordar que esta situación no es única en nuestra patria, toda vez que la tasa vigente del impuesto al valor agregado, aplicable hasta abril de 1995, aumentó del 10 al 15 por ciento para darle mayores recursos al gobierno federal, después del "error de diciembre", y poder salir de la crisis con la promesa de que más adelante se regresaría a la tasa anterior, lo cual, por cierto, no ha sucedido.
Algunos de los problemas más frecuentes que se presentan en México es el de la doble tributación y el de poner un impuesto sobre otra u otras contribuciones, como acontece con el gravamen denominado "tenencia", lo que sin duda conculca la seguridad jurídica que debe imperar en materia tributaria, de conformidad con lo que se dispone en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que a continuación se transcribe
IV. Contribuir para los gastos públicos, así de la federación, como del Distrito Federal o del estado y municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes.
Esto es, una cosa es el valor real de un vehículo y otra distinta son las contribuciones que pueden llegar a generarse con motivo de diversas operaciones jurídicas relacionadas con él, por lo que al incluir dentro de su base gravable elementos ajenos al hecho imponible resulta desproporcionado y oneroso. Clave: 1a./J. , Número: 108/2004. Amparo en revisión 490/2004. Yolanda Esquivel Lara. 2 de junio de 2004. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Humberto Román Palacios. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Roberto Lara Chagoyán. Amparo en revisión 489/2004. Eleazar Zizumbo Zacarías. 2 de junio de 2004. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Humberto Román Palacios. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretaria: Beatriz Joaquina Jaimes Ramos. Amparo en revisión 262/2004. Alfredo Herrera Valencia. 9 de junio de 2004. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Humberto Román Palacios. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Roberto Lara Chagoyán. Amparo en revisión 286/2004. América Herlinda Gutu Moguel. 23 de junio de 2004. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Fernando A. Casasola Mendoza. Amparo en revisión 934/2004. Laura Rubí González Castillo. 29 de septiembre de 2004. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretaria: Rosalía Argumosa López. Tesis de jurisprudencia 108/2004. Aprobada por la Primera Sala de este alto tribunal, en sesión de veintisiete de octubre de dos mil cuatro. Tenencia o uso de vehículos. el artículo 1o. A, fracción II, de la Ley del Impuesto relativo, al incluir elementos ajenos a la manifestación objetiva de riqueza que constituye el hecho imponible, viola el principio de proporcionalidad tributaria (legislación vigente en 2004). El referido artículo, al incluir en el concepto valor total del vehículo las contribuciones que deben cubrirse por la enajenación o importación del vehículo, viola el principio de proporcionalidad tributaria consagrado en la fracción IV del artículo 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues al incorporar a la base del tributo elementos ajenos al valor del vehículo, el impuesto deja de guardar una relación directa con la manifestación objetiva de la riqueza que grava, es decir, la tenencia de un vehículo automotor. Esto es, una cosa es el valor real de un vehículo y otra distinta son las contribuciones que pueden llegar a generarse con motivo de diversas operaciones jurídicas relacionadas con él, por lo que al incluir dentro de su base gravable elementos ajenos al hecho imponible resulta desproporcionado y oneroso. Clave: 1a./J. , Núm.: 109/2004. Amparo en revisión 1272/2004. Aditivos Mexicanos, S.A. de C.V. 29 de septiembre de 2004. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Roberto Lara Chagoyán. Amparo en revisión 1200/2004. María del Pilar Gutiérrez Clairgue. 29 de septiembre de 2004. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Miguel Ángel Antemate Chigo. Amparo en revisión 1271/2004. María de Lourdes Ruiz Pastrana. 29 de septiembre de 2004. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretaria: Mariana Mureddú Gilabert. Amparo en revisión 1337/2004. Jorge Flores Tom. 6 de octubre de 2004. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Roberto Lara Chagoyán. Amparo en revisión 1322/2004. Ana María de la Luz Martínez Durón. 13 de octubre de 2004. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Enrique Luis Barraza Uribe. Tesis de jurisprudencia 109/2004. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de veintisiete de octubre de dos mil cuatro. Para mejor comprensión, consideramos prudente anotar las tesis judiciales que nos precisan qué debe entenderse por proporcionalidad tributaria. Proporcionalidad Tributaria. Debe existir congruencia entre el tributo y la capacidad contributiva de los causantes. El artículo 31, fracción IV, de la Constitución federal establece el principio de proporcionalidad de los tributos. Éste radica, medularmente, en que los sujetos pasivos deben contribuir al gasto público en función de su respectiva capacidad contributiva, debiendo aportar una parte adecuada de sus ingresos, utilidades, rendimientos, o la manifestación de riqueza gravada. Conforme a este principio los gravámenes deben fijarse de acuerdo con la capacidad económica de cada sujeto pasivo, de manera que las personas que obtengan ingresos elevados tributen en forma cualitativamente superior a los de medianos y reducidos recursos. Para que un gravamen sea proporcional debe existir congruencia entre el mismo y la capacidad contributiva de los causantes; entendida ésta como la potencialidad real de contribuir al gasto público que el legislador atribuye al sujeto pasivo del impuesto en el tributo de que se trate, tomando en consideración que todos los supuestos de las contribuciones tienen una naturaleza económica en la forma de una situación o de un movimiento de riqueza y las consecuencias tributarias son medidas en función de esa riqueza. La capacidad contributiva se vincula con la persona que tiene que soportar la carga del tributo, o sea, aquella que finalmente, según las diversas características de cada contribución, ve disminuido su patrimonio al pagar una cantidad específica por concepto de esos gravámenes, sea en su calidad de sujeto pasivo o como destinatario de los mismos. De ahí que, para que un gravamen sea proporcional, debe existir congruencia entre el impuesto creado por el Estado y la capacidad contributiva de los causantes, en la medida en que debe pagar más quien tenga una mayor capacidad contributiva y menos el que la tenga en menor proporción. Clave: P./J. , Número: 10/2003. Amparo en revisión 243/2002. Gastronómica Taiho, S de RL de CV, 13 de mayo de 2003. Once votos. Ponente: José Vicente Aguinaco Alemán. Secretarios: Miguel Ángel Antemate Chigo, J. Fernando Mendoza Rodríguez y Jorge Luis Revilla de la Torre. Amparo en revisión 262/2002. Qualyconf, S.A. de C.V. 13 de mayo de 2003. Once votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretarios: Miguel Ángel Antemate Chigo, J. Fernando Mendoza Rodríguez y Jorge Luis Revilla de la Torre. Amparo en revisión 213/2002. Ramsa León, S.A. de C.V. y coagraviada. 13 de mayo de 2003. Once votos. Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Secretarios: Miguel Ángel Antemate Chigo, J. Fernando Mendoza Rodríguez y Jorge Luis Revilla de la Torre. Amparo en revisión 614/2002. Grupo Textil Providencia, SA de CV. 13 de mayo de 2003. Once votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretarios: Miguel Ángel Antemate Chigo, J. Fernando Mendoza Rodríguez y Jorge Luis Revilla de la Torre. Amparo en revisión 235/2002. Hongos del Bosque, S.A. de C.V. 13 de mayo de 2003. Once votos. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretarios: Miguel Ángel Antemate Chigo, J. Fernando Mendoza Rodríguez y Jorge Luis Revilla de la Torre. El Tribunal Pleno, en su sesión pública celebrada hoy trece de mayo en curso, aprobó, con el número 10/2003, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a trece de mayo de dos mil tres. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Parte : III, Marzo de 1996. Tesis: P. XXXI/96. Página: 437. Impuestos. concepto de capacidad contributiva. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que el principio de proporcionalidad tributaria exigido por el artículo 31, fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consiste en que los sujetos pasivos de un tributo deben contribuir a los gastos públicos en función de su respectiva capacidad contributiva. Lo anterior significa que para que un gravamen sea proporcional, se requiere que el objeto del tributo establecido por el Estado, guarde relación con la capacidad contributiva del sujeto pasivo, entendida ésta como la potencialidad de contribuir a los gastos públicos, potencialidad ésta que el legislador atribuye al sujeto pasivo del impuesto. Ahora bien, tomando en consideración que todos los presupuestos de hecho de los impuestos tienen una naturaleza económica en forma de una situación o de un movimiento de riqueza y que las consecuencias tributarias son medidas en función de esta riqueza, debe concluirse que es necesaria una estrecha relación entre el objeto del impuesto y la unidad de medida (capacidad contributiva) a la que se aplica la tasa de la obligación. Precedente: Amparo en revisión 1113/95. Servitam de México, SA de CV, 9 de noviembre de 1995. Unanimidad de diez votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretaria: Luz Cueto Martínez. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el doce de marzo en curso, aprobó, con el número XXXI/1996, la tesis que antecede; y determinó que la votación es idónea para integrar tesis de jurisprudencia. México, Distrito Federal, a doce de marzo de mil novecientos noventa y seis.
El impuesto sobre la tenencia de automóviles carece de sustento constitucional, por lo que es posible apelar ante el Tribunal Administrativo para evitar el pago, partiendo del principio de que no se puede cobrar ningún impuesto que no tenga un destino en el presupuesto de egresos y sobre todo, el impuesto de la tenencia se originó e implantó como una medida para recaudar fondos para el comité de organización de los juegos olímpicos del 68 y dado que eso ya sucedió, el impuesto es improcedente y afecta las garantías individuales señaladas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y nada más por eso, un juez deberá otorgar el amparo correspondiente; me pregunto ¿no se está abusando del ciudadano al esperar que sea él quien se ampare contra este impuesto? Cuando la autoridad es la que tiene en sus manos la facultad de echar mano de sus atribuciones y hacer algo.
Es por ello que se debe quitar este impuesto tan injusto que año tras año afecta directamente los bolsillos de los mexicanos. No existe una razón justificable para que seamos el único país del planeta, que año tras año, ve impuesta la obligación de pagar un impuesto por un objeto el cual ya se pagó cuando se adquirió.
Es nuestra obligación como legisladores representar los intereses de los ciudadanos y, por otra parte, es nuestra obligación también recordar al presidente de la República Mexicana Felipe Calderón Hinojosa, que dentro de sus promesas de campaña incluyó la de eliminar el impuesto de la tenencia, no debe olvidar que quienes le dieron la confianza de su voto, esperan que cumpla.
En mérito de lo expuesto, hago un atento llamado al presidente de la República Mexicana Felipe Calderón Hinojosa, para que en cumplimiento de las promesas de campaña y de las atribuciones que conforme a derecho tiene, elimine el pago de la tenencia vehicular.
Por lo anterior, y con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Unidos Mexicanos, el suscrito pone a consideración de este Pleno la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Primero. Se exhorta al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, para que en cumplimiento de las atribuciones que conforme a derecho tiene, elimine el pago de la tenencia vehicular.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a 19 de noviembre de 2008.
Diputado José Luis Aguilera Rico (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA A LA SHCP Y A LA CONSAR A RENDIR UN INFORME SOBRE LA SITUACIÓN
FINANCIERA DE LAS AFORE Y LAS SIEFORE, A CARGO DEL DIPUTADO JACINTO GÓMEZ
PASILLAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE NUEVA ALIANZA
Jacinto Gómez Pasillas, diputado federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del Pleno de esta honorable Cámara de Diputados la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución a fin de que la Cámara de Diputados exhorte a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro a rendir con la mayor brevedad un informe a esta soberanía sobre la situación financiera de las administradoras de fondos (Afore) para el retiro y sociedades de inversión especializadas de fondos para el retiro (Siefore), así como de las medidas que se aplican para detener, compensar y proteger el ahorro de los trabajadores.
Consideraciones
México, a la fecha, no cuenta con una política laboral que compense el constante deterioro salarial que se hace evidente desde hace años y que ahora se profundiza de manera preocupante por el importante incremento de los precios, dado a conocer por el Banco de México a través del índice nacional de precios, que se estima en poco más de 5 por ciento para este año, y seguirá presente durante el 2009.
Esta delicada situación también está afectada por las expectativas negativas en la meta de crecimiento y empleo para 2008, las cuales se encuentran en constante revisión a la baja por las diferentes representaciones del sector privado en México, por las Secretarías de Hacienda y por el Banco de México, en las que coinciden en la imposibilidad de alcanzar la meta de crecimiento originalmente planteada en los Criterios Generales de Política Económica para 2008 (3.7 por ciento).
Por otro lado el empleo y el ingreso no crecen, de acuerdo al INEGI, la tasa de desempleo se ubica por arriba del 4 por ciento de la población económicamente activa y el ingreso sigue en constante deterioro. De acuerdo a la Organización Internacional del Trabajo,1 México es uno de los países de América Latina que no han superado el nivel del poder adquisitivo de hace 17 años, por lo que nuestro país presenta una tasa de crecimiento negativo de los salarios.
Adicionalmente a estos preocupantes procesos económicos, que afectan negativamente el ingreso de los trabajadores, a finales de octubre, el presidente de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar), Moisés Schwartz Rosental informó, al comparecer en la honorable Cámara de Diputados lo siguiente:
Lo anterior es absolutamente grave, ya que atenta directamente contra el bienestar presente y futuro de los trabajadores. Sólo recordemos que con esta situación se afecta negativamente 38.9 millones de cuentas.4
No es válido y es deleznable el argumento de que las inversiones y fondos para el retiro son para manejarse a largo plazo, para tratar de minimizar las cuantiosas pérdidas registradas en los recursos de los trabajadores, invertidos por las Siefore.
Esta situación tan perniciosa para el trabajador es el reflejo de un manejo irresponsable, inadecuado e ineficiente –por decir lo menos–, de los fondos de los trabajadores, y significa una abierta ruptura del compromiso institucional que la Consar debe tener con el ahorro de los trabajadores.
No debemos seguir tolerando esta situación en las cuentas de los trabajadores, cuyos fondos individuales administran, pues resulta que las utilidades son "compartidas por la administradora de fondos", pero las pérdidas son aplicables a los trabajadores, sin que la autoridad competente regule y aplique sanciones a la ineficiencia y manejo inadecuado e indebido de los fondos por parte de las instituciones referidas.
Al parecer, las administradoras de los fondos de pensiones, con el aval de la Consar, socializan pérdidas y privatizan ganancias.
Ante esta situación debemos actuar pronto, con el fin de asegurar, proteger y acrecentar el ahorro de los trabajadores.
Esta pérdida anunciada en los fondos de ahorro de los trabajadores rompe también con los compromisos manifiestos en el Programa Nacional de Financiamiento para el Desarrollo 2008-2012, donde se señala que es necesario consolidar el sistema de ahorro para el retiro trabajando en los siguientes elementos:
"Fortalecer el sistema de ahorro para el retiro, consolidando un esquema de competencia entre las Afore basado en un monitoreo permanente del sistema, (...), y en particular del régimen de inversión, para asegurar que los recursos de los trabajadores no sólo estén seguros sino que reciban el mejor rendimiento posible".5
En este contexto el Estado mexicano está incumpliendo con la obligación de proteger o blindar el ahorro de los trabajadores y crear expectativas económicas que den estabilidad en el ingreso, mejorando el perfil de distribución de la renta hacia un esquema más equitativo y favorable a los trabajadores.
Las instituciones deben procurar el bienestar de nuestra población. Un buen gobierno es, entre otras cosas, el que tiene la capacidad de dar respuesta a las diversas demandas de la sociedad, por medio de soluciones políticamente articuladas.6
Esperando siempre una respuesta pronta y positiva de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, y tomando en cuenta las consideraciones expuestas con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y para que sea considerado de urgente y obvia resolución, someto a consideración de esta asamblea el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorte a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, para que rindan a la brevedad un informe a esta soberanía, sobre la situación financiera de las Afore y Siefore, así como de las medidas que se instrumentan para detener su abatimiento, compensar y proteger el ahorro de los trabajadores, así como también las sanciones que se contemplan y las medidas urgentes de control a las afore y Siefore para corregir y evitar los daños a los rendimientos de los fondos de los trabajadores en sus cuentas individuales.
Notas
1. Panorama laboral de América Latina y el
Caribe, OIT.
2. Excélsior, 30 de octubre, 2008, página
1.
3. Centro de Estudios de la Finanzas Públicas
de la honorable Cámara de Diputados.
4. El Financiero, 16 de octubre de 2008, página
5.
5. Pronafide 2008-2012, página 201.
6. Kaufman, Kraay y Zordo (2000). La gobernabilidad
es fundamental; del análisis a la acción. Finanzas y
Desarrollo, FMI, página 10.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de noviembre de 2008.
Diputado Jacinto Gómez Pasillas (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A ESTATIZAR LAS AFORE EN TANTO NO SE ADOPTEN
REFORMAS PARA EVITAR MAYORES PERJUICIOS CONTRA EL PATRIMONIO DE LOS TRABAJADORES,
A CARGO DEL DIPUTADO NEFTALÍ GARZÓN CONTRERAS, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PRD
El suscrito, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a esta soberanía, con carácter de urgente y obvia resolución, la siguiente proposición con punto de acuerdo:
Consideraciones
La actual recesión ha redimensionado, ha probado plenamente todos los abusos y deficiencias que siempre hemos denunciado sobre el sistema de pensiones basadas en las Afore. Los dineros sagrados de los trabajadores cuyo único destino es la supervivencia de los trabajadores y sus familias, cuando aquéllos se retiren por razón de edad, metidos al círculo inconstitucional del riesgo, ¡al cabo que cualquier pérdida en los ahorros los cargará la parte más débil, los trabajadores!
Los trabajadores, sin garantía alguna de rendimiento; en contraste, las Afore primero cobran sus utilidades, con el nombre de caras y no justificadas comisiones. Cobro que no da lugar a servicios de calidad, calidez y de respeto de los derechohabientes. Así nos encontramos que las Afore ponen todos los obstáculos para informar, orientar y devolver, de manera parcial o total, los recursos de los trabajadores.
Mucho menos las Afore garantizan ninguna pensión, por mínima que fuera, a los trabajares.
Aunado a lo anterior, el fraude ha sido la manera como las Afore se han hecho de cuentas individuales, en el marco del registro o traspaso, vía engaño, intimidación a los trabajadores, falsificación de firmas y documentos, etcétera. ¡Y la Consar, bien gracias: actuando como cómplice en todos estos desmanes!
Las Afore, casi en su totalidad de capital extranjero, administran ya casi 1 billón de pesos; y no es adecuado que empresas privadas manejen montos tan grandes de capital nacional. Eso pone en cuestión la soberanía nacional.
La única obligación de las Afore es ganar lo que más puedan en el menor tiempo posible. Sin ninguna obligación sustancial a su cargo.
El destino de la mayoría de los trabajadores, incluidas sus familias, entregado a empresas cuyo único objetivo es la ganancia, el lucro más descarnado, antípoda de la esencia y objetivo de la seguridad social. Privatización, prohibida por el artículo 123 constitucional, así como por los convenios de la OIT números 35, 37, 39 y 102.
Si no se pone freno a esos abusos, aparte del fraude a los trabajadores y sus familias, nacerá una carga insostenible para las finanzas públicas. Además, el país es despojado de manera permanente de recursos indispensables para el desarrollo nacional y el bienestar social: empleo, infraestructura, vivienda, desarrollo regional.
Lo dicho es aplicable tanto a los trabajadores del Apartado A como a los del B del artículo 123 constitucional.
A la fecha, el dato oficial ronda una pérdida de más de 53 mil 500 millones de pesos sufrida por las cuentas individuales de los trabajadores, y eso que apenas comienza el crac de las bolsas internacionales.
Debe analizarse sin apasionamiento la decisión del gobierno argentino de estatizar el sistema privado de pensiones, como medio de proteger los ahorros de los trabajadores y el interés nacional, y después de una historia de abusos de éste que, curiosamente, al verse amenazado con ser privado de este negocio, ofrecieron lo que siempre habían señalado como insostenible: el cobro de comisiones únicamente sobre rendimientos reales.
Con base en lo expuesto y fundado, es indispensable que con la mayor brevedad las Afore sean estatizadas, caso en el cual los trabajadores no serían despojados de sus ahorros; por el contrario, entrarían estos recursos bajo la responsabilidad y garantía del Estado mexicano y la vigilancia y decisión de los trabajadores, lo que garantizaría de manera plena el futuro de las pensiones.
Por todo lo expuesto y fundado, someto a consideración de esta soberanía, con carácter de urgente y obvia resolución, la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorte al titular del Ejecutivo federal, y se solicite a las Comisiones de Trabajo y Previsión Social, y de Seguridad Social de la Cámara de Diputados a efecto de valoren de manera urgente la necesidad de estatizar las administradoras de fondos para el retiro. Entre tanto, se adopten las reformas legislativas necesarias para evitar mayores perjuicios al patrimonio de los trabajadores, entre ellas cobro de una cuota fija sobre rendimiento real, sanciones severas y oportunas a todos los abusos y saqueos de las Afore y funcionarios públicos cómplices; ampliación de las facultades de la Consar para que deje de ser personero de las Afore y vele por el respeto de los derechos de los trabajadores y sus familias.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de noviembre de 2008.
Diputado Neftalí Garzón Contreras (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA A LA SAGARPA A INSTAURAR UN PROGRAMA DE FOMENTO, RECUPERACIÓN
Y FINANCIAMIENTO DEL CULTIVO DE CACAO EN EL TERRITORIO NACIONAL, A CARGO
DEL DIPUTADO ANTONIO DÍAZ ATHIÉ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PRI
El que suscribe, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de conformidad con lo previsto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable asamblea proposición con punto de acuerdo, con base en la siguiente
Exposición de Motivos
El cacao representa una importante alternativa económica que además tiene profundas raíces culturales. En Mesoamérica, la fusión de chocolate se ofrecía en ocasiones especiales y de gran ceremonia. En el imperio Azteca, Moctezuma recibía parte de sus tributos en almendras de cacao, porque sus bayas equivalían a monedas. El emperador recibía anualmente 400 mil countles, equivalentes a 160 millones de bayas de cacao, útiles para preparar diariamente 50 tazas de chocolate para su consumo personal.
Actualmente, los principales productores a nivel mundial de cacao son Costa de Marfil, Ghana, Nigeria y Camerún, que representan cerca de 60 por ciento de la cosecha mundial, que significa 1.6 millones de toneladas.
En el continente americano destacan Brasil con 18 por ciento y Ecuador con 6 por ciento de la producción mundial.
Los principales países consumidores son Suiza, Noruega, Alemania, Inglaterra y Bélgica, con un consumo per cápita de 10, 8, 8, 7 y 6.5 kilos al año, respectivamente.
En México, el cultivo del cacao está esparcido en parte de la zona templada y caliente del país. Se siembra en Tabasco (60 mil 106 hectáreas), Chiapas (21 mil 351 hectáreas), Guerrero (259 hectáreas) y Oaxaca (280 hectáreas).
Chiapas es el segundo estado con la mayor superficie y producción nacional. Con Tabasco tiene el 99.35 por ciento de la superficie nacional sembrada y 99.45 por ciento de la producción total nacional. Ambas entidades conforman el sistema producto nacional de cacao.
Chiapas cuenta con nueve regiones económicas y once distritos agropecuarios. Los principales distritos cultivadores son el 01 Tuxtla Gutiérrez, 05 Pichucalco, 06 Palenque, 08 Tapachula y 10 Selva.
Chiapas reporta una producción de 16 mil 746.41 toneladas, situándose solamente por debajo de Tabasco, el cual produce aproximadamente 32 mil 937 toneladas.
Desafortunadamente, la excesiva importación de cacao y derivados, la falta de apoyo a la producción, la comercialización e industrialización, la afectación de la cobertura forestal al perder los bosques de cacao, y el abandono de plantaciones y sustitución del cacao por otros cultivos y las plagas han afectado severamente al sector cacaotero nacional, que se encuentra en crisis, de acuerdo con la evaluación que realizan las organizaciones de productores.
Según reportes de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, la producción estimada de cacao para este ciclo 2008 será de 31 mil 105 toneladas. Esto representa 17 mil toneladas menos que en uno de los mejores años, el de 2003.
Solamente en Chiapas, en una década se han perdido más de 10 mil hectáreas destinadas al cultivo de este grano. En 2003 se reportaba una producción de 16 mil 746 toneladas, en 2007 se reportó una producción de 11 mil 881 toneladas, es decir, una pérdida de 4 mil 865 toneladas, representando el 30 por ciento de la producción, traducida en un menoscabo económico de más de 150 millones de pesos. Aunque el gobierno estatal diseñó un programa de rescate, los productores consideran que es insuficiente y exigen más apoyo, principalmente exigiendo corresponsabilidad del gobierno federal.
Por ello, es necesario que se establezca un programa para el fomento, recuperación y financiamiento del cultivo de cacao en México, que atienda todas las legítimas demandas de los productores, que conocen de manera directa los problemas que los afectan, como es el caso de no aceptar el sabor chocolate en productos que no contienen cacao, con la finalidad de fomentar la calidad de los productos fabricados con cacao auténtico y no con derivados de éste.
Asimismo, promover la generación de productos elaborados con cacao mexicano dentro y, si es preciso, fuera de territorio nacional, asignando mayores recursos para su adecuada expansión.
El campo mexicano produce calidad a la altura de las mayores exigencias del mercado nacional y mundial, generando más empleos y mejores ingresos en toda la cadena productiva. Hagamos eco de su justa demanda y rescatemos al cacao mexicano.
Por lo anteriormente expuesto, presento a esta honorable asamblea proposición conforme a los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. Se exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a instrumentar un programa destinado al fomento, recuperación y financiamiento del cultivo del cacao en el territorio nacional, con la finalidad de rescatar e impulsar su desarrollo económico y social, generando una mejor calidad de vida de los productores y de quienes intervienen a lo largo de toda su cadena de producción.
Segundo. Que para la realización del programa se atiendan las demandas de los productores de cacao.
Tercero. Que se informe por escrito a esta soberanía de dicho programa y de los resultados obtenidos.
Palacio Legislativo, a 19 de noviembre de 2008.
Diputado Antonio Díaz Athié (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA A LA DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO A INFORMAR A LOS HABITANTES
SOBRE LA CONSTRUCCIÓN DE DIVERSAS OBRAS VIALES, POR EJEMPLO, RESPECTO
AL TIEMPO DE EJECUCIÓN Y A ESTUDIOS EN MATERIA DE IMPACTO AMBIENTAL,
A CARGO DEL DIPUTADO CUAUHTÉMOC VELASCO OLIVA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DE CONVERGENCIA
El suscrito, diputado del Grupo Parlamentario de Convergencia de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con base en los artículos 23, numeral 1, inciso f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo mediante el cual la Cámara de Diputados exhorta a la jefa delegacional en Miguel Hidalgo para que proporcione a los vecinos información sobre cada uno de los deprimidos a construir para agilizar la circulación vehicular, la fecha de inicio de las obras, el tiempo de ejecución de cada una de ellas y los estudios correspondientes en materia de impacto ambiental, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Desde hace algunas semanas se ha vuelto común ver actos de protestas de vecinos de Lomas de Chapultepec, manifestándose en el cruce de avenidas Palmas y Reforma contra el proyecto de la delegación Miguel Hidalgo para construir seis pasos a desnivel.
Esta inconformidad es consecuencia de una serie de agravios en contra de vecinos de la delegación Miguel Hidalgo, pues reiteradamente la respuesta a sus solicitudes es la imposición. El caso de los deprimidos que se pretende construir para agilizar la circulación en la zona no es la excepción.
El proyecto consta de seis obras que se suman al proyecto integral Palmas, en donde se construirá el deprimido en Palmas-Reforma-Bosques y además se realizarán otros en Cofre de Perote, Cerro de Pichacahua, Monte Tabor, Monte Altai, Ejército Nacional y Ferrocarril de Cuernavaca.
Todas estas obras, cuyo arranque estaba previsto en julio pasado, tendrán un costo aproximado de 330 millones de pesos, de los cuales, la delegación tiene dispuestos 80.
A juicio de las autoridades de la delegación Miguel Hidalgo, las obras liberarán los seis puntos de mayor conflicto vial que impiden la fluidez de los vehículos que circulan en dirección al poniente de la capital. Con todo y que dichas autoridades han señalado que el proyecto de infraestructura vial de la demarcación está debidamente planeado y que se basa en un primer diagnóstico que se realizó sobre aforo vehicular en todas las colonias, con el cual se eligió Palmas por ser donde se encuentran los cuatro más conflictivos, la inconformidad ha sido constante.
El aumento acelerado en el número de vehículos en la metrópoli, aunado al crecimiento urbano hacia el poniente, han originado que las vialidades primarias se saturen y las secundarias comiencen a ser invadidas.
Los deprimidos que se construirán, insiste la autoridad delegacional, permitirán desahogar los congestionamientos que se generan por el aforo que cada vez es mayor y por la presencia de semáforos; de ahí que no sólo se contemple la realización de los deprimidos, sino también de adecuaciones viales.
La jefa delegacional, ante las primeras manifestaciones de protesta, aseguró que serían los propios vecinos los que decidirían la conveniencia de las obras. Para ello, en junio inició una consulta ciudadana, que a juicio de los vecinos fue sesgada en su preparación y resultados porque no se proporcionó la información del proyecto. La delegación formuló las preguntas, aplicó la metodología y contabilizó los datos. Este acto que en otras circunstancias sería un ejercicio democrático, en el caso que se comenta es utilizado como instrumento de imposición que no podemos tolerar.
Los vecinos no se han limitado con inconformarse sino que han externado las razones del por qué están en contra de las obras y han propuesto algunas opciones viales que ellos ven como alternativas para descongestionar el tránsito en la zona, sin ser escuchados.
De hecho, el pasado 4 de noviembre, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal exhortó a la jefa delegacional para que en un término de 5 días hábiles entregara por escrito la siguiente información:
2. El acuerdo firmado por la delegación Miguel Hidalgo, con los secretarios de Obras y Servicios, Transporte y Vialidad, y Finanzas, del Distrito Federal en relación con las obras viales de los deprimidos Palmas-Reforma.
3. La manifestación de impacto ambiental que avalan los proyectos viales de los deprimidos Palmas-Reforma.
4. Un inventario de árboles muertos en pie y su ubicación, cuantos árboles sanos serán trasplantados y en donde serán ubicados, derivado de la realización de las obras viales "los deprimidos".
Pese a las manifestaciones ciudadanas en contra de las obras y al exhorto de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, la jefa delegacional en Miguel Hidalgo ha hecho oídos sordos y no ha escuchado las voces de los vecinos y menos aún ha dado respuesta al respetuoso exhorto.
Lo anterior, en tanto crece la inconformidad en contra la delegada en Miguel Hidalgo, por los daños al medio ambiente que ocasionará la construcción de túneles en Palmas y un distribuidor vial en Ejército Nacional, en la colonia Polanco.
En señal de protesta contra las obras, vecinos de esa colonia montaron un campamento en el cruce de las vías del Ferrocarril de Cuernavaca y Ejército Nacional para tratar de impedir el derribo de árboles y el inicio de las obras, hasta que la titular de la demarcación, Gabriela Cuevas, les informe a detalle los costos ambientales del proyecto.
La jefa delegacional en Miguel Hidalgo no ha presentado hasta el momento el Plan de Impacto Ambiental, ni ha dicho si trasplantará y en dónde los árboles que serán derribados en la zona. En el campamento que está colocado frente al Liceo Franco Mexicano hay personas de guardia permanente.
El temor de los vecinos obedece a que la delegada no ha les entregado la información solicitada sobre los estudios de impacto ambiental ni el diseño del proyecto y la construcción se hará en los límites de las colonias Irrigación y Ampliación Granada, donde pasan ductos de Pemex con los que pudiera registrarse algún accidente.
Por lo antes expuesto, someto a esta soberanía la siguiente proposición
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados exhorta a la jefa delegacional en Miguel Hidalgo para que proporcione a los vecinos información sobre cada uno de los deprimidos a construir para agilizar la circulación vehicular, la fecha de inicio de las obras, el tiempo de ejecución de cada una de ellas y los estudios correspondientes en materia de impacto ambiental.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de noviembre de 2008.
Diputado Cuauhtémoc Velasco Oliva (rúbrica).
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE MARINA A INFORMAR SOBRE LA ASIGNACIÓN
DE PREDIOS EN VERACRUZ PARA DESARROLLO HABITACIONAL Y PERMUTAR TERRENOS
POR OBRAS DE LA SCT, A CARGO DE LA DIPUTADA GLORIA RASGADO CORSI, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PRD
Quien suscribe, Gloria Rasgado Corsi, diputada federal a la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite someter a la alta consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, en calidad de urgente resolución, al tenor de las siguientes
Consideraciones
El 24 de junio de 2004 el Congreso de Veracruz autorizó al gobierno del estado, entonces encabezado por Miguel Alemán Velasco, a otorgar a título gratuito una fracción de 5 hectáreas a la Secretaría de Marina para el desarrollo de vivienda a favor del personal naval y sus familiares, en la reserva territorial de Coatzacoalcos, en el sur de Veracruz.
Mediante oficio número SGDJ2498/2004, de fecha 4 de junio del año 2004, el gobierno del estado de Veracruz desincorporó 50 mil 270.98 metros cuadrados de dicha reserva. La donación fue aprobada por el Congreso del estado, pero nunca se asignaron ni físicamente ni administrativamente.
Como antecedente podría citarse que durante la administración del gobernador Patricio Chirinos Calero, entre 1992 y 1998, existió una petición similar a la cual el gobierno estatal accedió positivamente. El 21 de marzo de 1998 el Congreso de Veracruz aprobó la solicitud de la Secretaría de Marina para dotarlos de las 5 hectáreas en la reserva territorial de Coatzacoalcos, cuyo objetivo sería la construcción de un puerto naval y la Escuela de Infantería de Marina.
Sin embargo, por errores surgidos durante el deslinde de los terrenos, no se logró hacer efectiva la donación a la Secretaría de Marina.
Esta situación provocó que los pequeños propietarios afectados, dedicados primordialmente a la ganadería, interpusieran juicios de amparo, y al demostrar que verían seriamente lesionado su patrimonio y su actividad comercial, sustento de sus familias, lograron revertir el proceso de donación.
Resarcido el daño, el gobierno de Miguel Alemán Velasco retomó la solicitud de la Secretaría de Marina y logró el aval del Congreso de Veracruz para darle cauce legal a la asignación de las 5 hectáreas en la reserva territorial de Coatzacoalcos, en terrenos propiedad del gobierno del estado, que anteriormente habían sido predios federales tras la cancelación del proyecto del Puerto Industrial del Ostión.
El 24 de junio de 2004 la Legislatura de Veracruz aprobó la solicitud y ordenó su publicación en la Gaceta del Estado para dar cumplimiento al acuerdo respectivo. Sin embargo, el procedimiento administrativo se estancó nuevamente, sin que se inscribieran las escrituras respectivas en el Registro Público de la Propiedad, en la demarcación de Coatzacoalcos, tal como lo establece la ley para hacer efectiva la donación.
En agosto de 2006, la Secretaría de Marina notificó al gobierno del estado de Veracruz que procedía a devolver al patrimonio estatal las 5 hectáreas que le habían sido asignadas el 24 de junio de 2004 en la reserva territorial de Coatzacoalcos, mediante aprobación del Congreso veracruzano.
Ese mismo año de 2006, el actual gobernador de Veracruz, Fidel Herrera Beltrán, asignó un nuevo predio a la Secretaría de Marina del gobierno federal, pero esta vez no fue de 5 hectáreas sino de 10 hectáreas, ni tampoco fue para construir un puerto naval y la escuela de infantería de Marina, sino para un supuesto desarrollo habitacional.
Según consta en su segundo informe de labores correspondiente al ejercicio fiscal 2006, página 328, el gobierno de Veracruz cedió a título gratuito 10 hectáreas en la reserva territorial de Coatzacoalcos, supuestamente por la afectación que sufriría por la construcción del Acceso al Puerto de Coatzacoalcos, obra a cargo de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.
Literalmente, en el informe del gobernador Fidel Herrera Beltrán puede leerse lo siguiente: "este año se dotó, a la Secretaría de Marina, con 10 hectáreas para proyectos de vivienda, como compensación de los predios que cedió para la construcción del libramiento de acceso al recinto portuario en Coatzacoalcos, el cual tiene un avance físico de 30 por ciento".
En efecto, el trazo que contempla el proyecto del acceso al puerto de Coatzacoalcos afecta una fracción de un predio de la Secretaría de Marina, a unos metros del río Coatzacoalcos. No se trata, sin embargo de una extensión equivalente a 10 hectáreas de terreno, sino de 7.8 hectáreas.
De esta donación de terrenos tampoco existe, a la fecha, escritura pública inscrita en el Registro Público de la Propiedad, lo que indudablemente cuestiona la validez del contenido del informe del gobernador de Veracruz.
Estos dos hechos ponen en duda la donación de terrenos a favor de la Secretaría de Marina por parte del gobierno de Veracruz, que han contado con el aval del Congreso del estado.
No existe evidencia plena, mediante documentos inscritos en el Registro Público de la Propiedad de Coatzacoalcos, de la donación de 5 hectáreas realizada por el gobierno de Miguel Alemán Velasco.
Tampoco existen elementos para suponer que la donación de 10 hectáreas a que alude el Segundo Informe de Gobierno de Fidel Herrera Beltrán, correspondiente al ejercicio 2006, fue legalmente sustentada. No existe evidencia en el Registro Público de la Propiedad de Coatzacoalcos, ni referencia, ni anotación en la escritura notarial de la reserva territorial de Coatzacoalcos que confirme que se trata de alguna fracción desprendida de dicha reserva.
Ante semejante incógnita, pues se alude a 10 hectáreas de terrenos donados a la Secretaría de Marina, fueron consultados los planos oficiales de la Secretaría de Desarrollo Social y Medio Ambiente, dependiente del gobierno de Veracruz, y únicamente está señalado un predio de 10 hectáreas, al poniente de Coatzacoalcos, en el que se hace referencia a dicha secretaría.
Existe, además, evidencia de que la Secretaría de Marina ha solicitado y obtenido diversos predios en el estado de Veracruz, los cuales le han sido otorgados a título gratuito, con el aval de la legislatura estatal, bajo la condición de que se destinen a desarrollo habitacional para el personal naval y sus familiares. Se ha documentado un caso similar en la ciudad de Tuxpan, al norte del estado de Veracruz. No se sabe, sin embargo, que se les haya dado ese uso.
Por lo antes expuesto, y con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito solicitar al pleno de esta Cámara de Diputados se someta a la consideración la siguiente proposición:
Punto de Acuerdo
1. Que la Comisión de Marina solicite a la Secretaría de Marina un informe en torno a las gestiones realizadas ante el gobierno de Veracruz para la asignación de predios para el desarrollo habitacional del personal naval y sus familiares.
2. Que la Comisión de Vivienda solicite al titular del Ejecutivo del gobierno del estado de Veracruz un informe sobre el avance del desarrollo habitacional en los predios asignados a la Secretaría de Marina en Veracruz.
3. Que la Comisión de Comunicaciones solicite a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes un informe sobre la afectación a terrenos de la Secretaría de Marina por la construcción del acceso al puerto de Coatzacoalcos.
Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados. Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 11 días del mes de noviembre de 2008.
Diputada Gloria Rasgado Corsi (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA A LA STPS A IMPLANTAR PROGRAMAS DE EMPLEO PARA JÓVENES,
A CARGO DE LA DIPUTADA YARY DEL CARMEN GEBHARDT GARDUZA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PRI
La suscrita, diputada federal del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LX Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, en nombre de las diputadas de este mismo grupo parlamentario, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de la asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
El artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, señala de manera expresa que: "Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto se promoverán la creación de empleos y la organización social para el trabajo, conforme a la ley".
Por su parte la Ley Orgánica de la Administración Pública federal establece en su artículo 40 que a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social corresponde el despacho de los siguientes asuntos:
"XVII. Estudiar y proyectar planes para impulsar la ocupación en el país".
Después de la formación educativa, el trabajo es el medio por el que los jóvenes adquieren conocimientos y experiencias que les permiten complementar una formación integral. No obstante, miles de jóvenes mexicanos carecen de un empleo que les permita obtener los recursos económicos para solventar sus necesidades básicas, o cuentan con empleos mal remunerados, sin ningún tipo de prestación social.
Este sector de la población mexicana, de acuerdo al II Conteo de Población y Vivienda 2005 elaborado por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), en nuestro país habitan 33 millones 774 mil 976 jóvenes, de entre los 12 y 29 años de edad; lo que representa 32.7 por ciento de la población.
En materia laboral tenemos que de acuerdo con la Encuesta Nacional de la Juventud (ENJ) 2005, del total de jóvenes que laboran 27 de cada 100 declara que se dedicó a esa actividad porque fue lo único que encontró y 31 de cada 100 afirma que aceptó ese trabajo porque fue lo que eligió. Las anteriores cifras reflejan que ante la necesidad de trabajar los jóvenes aceptan cualquier tipo de actividad laboral, aunque no sea necesariamente el tipo de empleo que desean.1
Por otra parte, no es poco el tiempo que los jóvenes tardan en encontrar un empleo, pues el 28.9 por ciento dice que tardo un mes, 4.2 por ciento tardó alrededor de seis meses y sólo 5.2 por ciento tardo más de un año. En contraste, cuando se habla sobre el tiempo que desempeñaron esta actividad, 22 por ciento se quedó alrededor de un año y sólo el 9 por ciento se queda más de tres años y hasta cinco.
En este orden de ideas, de los jóvenes que trabajan sólo 39 por ciento tiene un contrato laboral, a diferencia del 59 por ciento que no cuenta con uno, por lo que existe una alta probabilidad de que este porcentaje sea personal eventual o que se encuentre en la economía informal.
Asimismo, alrededor del 60 por ciento gana de uno a tres salarios mínimos, 22.9 por ciento adquiere entre tres y cinco salarios mínimos y sólo 2.7 por ciento alcanza una remuneración mayor a siete salarios mínimos, por lo que, en general, la remuneración que los jóvenes pueden percibir por su actividad es poca; de ahí que el 30.5 por ciento lo que menos les gusta de su trabajo es el sueldo, 12.8 por ciento que no pueden ascender y 12.4 por ciento que no pueden estar con su familia.
De acuerdo con las cifras antes presentadas, es posible describir la difícil situación que en materia de empleo enfrenta el sector juvenil. El problema del desempleo de los jóvenes mexicanos es serio.
Independientemente de las percepciones que puedan tener los jóvenes sobre la situación por la que se encuentran desempleados, es necesario señalar que el mercado de trabajo es muy reducido y que las oportunidades para que estos puedan acceder a trabajos de calidad y bien remunerados es mínima. Si a lo antes reseñado se suma que pocos jóvenes tienen acceso a mecanismos de auto emplearse y que la cantidad de jóvenes que truncan sus estudios por incrustarse a un mercado laboral en condiciones de desventaja es alta, entonces difícilmente podrá revertirse la situación, y los jóvenes continuarán con empleos poco satisfactorios para su realización personal y profesional.
Asimismo, de acuerdo a estimaciones del Consejo Nacional de Población (CONAPO) en 2012 será el año en el que la población juvenil en México alcanzará su máximo histórico, y se ubicará en 35 millones 911 mil 530; lo que nos obliga a exigir a las instancias públicas competentes que implementen acciones inmediatas y eficaces para atender el problema del desempleo del sector joven de México.
Por lo anterior, propongo a esta soberanía la siguiente proposición
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a implantar con la mayor brevedad programas de empleo orientados a satisfacer la demanda laboral del sector joven de México.
Nota
1. Perspectiva de la juventud en México, Dirección
de Investigación y Estudios sobre Juventud, Instituto Mexicano de
la Juventud, Secretaría de Educación Pública, México,
enero de 2008, página 17.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de noviembre de 2008.
Diputada Yary del Carmen Gebhardt Garduza (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA A LA DIRECCIÓN GENERAL DE ASOCIACIONES RELIGIOSAS DE
LA SEGOB A INCLUIR EN LAS PUBLICACIONES E IMPRESIONES QUE REALICE LA ADICIÓN
DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 8 DE LA LEY DE ASOCIACIONES
RELIGIOSAS PUBLICADA EN EL DOF EL 15 DE JULIO DE 1992, A CARGO DEL DIPUTADO
RAFAEL RAMOS BECERRIL, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
El suscrito, diputado Rafael Ramos Becerril, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interno del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta asamblea, la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Dirección General Asociaciones Religiosas de la Secretaría de Gobernación, a respetar la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, publicada el 15 de julio de 1992 en especial el artículo 8o., fracción III, adicionada el 24 de abril de 2006, al tenor de las siguientes
Consideraciones
El 16 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la Tolerancia, ello nos recuerda los compromisos que el Estado mexicano ha contraído en ese tema.
En la Declaración de Principios sobre la Tolerancia, y sobre todo al firmar y ratificar la Declaración sobre la Eliminación de Todas las Formas de Intolerancia y Discriminación Fundadas en las Religión o las Convicciones, es que el país se ha comprometido ha "promover la comprensión, la tolerancia y el respeto en las cuestiones relacionadas con la libertad de religión y de convicciones".
La tolerancia es un componente fundamental de la paz, ya que permite conductas adecuadas y elimina otras como la violencia y la intolerancia.
En México varios legisladores en especial del Partido de la Revolución Democrática se han preocupado y sobre todo se han ocupado de buscar la promoción de la tolerancia, hay que nombrar de manera destacada al michoacano Sergio Acosta Salazar y al mexiquense Tomás Cruz Martínez quienes presentaron iniciativas en este tema y en conjunto con organizaciones como la Campaña Permanente por la Tolerancia Religiosa, realizaron varios foros de consulta; como resultado de uno de ellos, el diputado Jesús Martínez Álvarez de Convergencia presentó otra iniciativa que modificaba la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público en el que modificaba el artículo 8o. para señalar justamente que las asociaciones religiosas deberán: "(III) Respetar en todo momento los cultos y doctrinas ajenos a su religión, así como fomentar el diálogo, la tolerancia y la convivencia entre las distintas religiones y credos con presencia en el país". Fracción que fue adicionada el 24 de abril de año 2006.
Sin embargo, la Secretaría de Gobernación a través de la Dirección General Asociaciones Religiosas, incumple el compromiso del Estado mexicano, contraído ante las Naciones Unidas, de promover la tolerancia y es tan indolente en dicha función que ni siquiera incluye tan importante adición legislativa, que fomenta la tolerancia, en las publicaciones que hace de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, tengo aquí una impresión terminada en septiembre de 2008, publicación hecha por la Secretaría de Gobernación en la que la adición del año 2006 no esta incluida.
Significa que hace apenas un mes terminó un tiraje de dicha ley que reparte a las asociaciones religiosas y en el que no les da el fundamento legislativo para promover la tolerancia.
Supongamos, en el mejor de los casos, que dicha conducta de la Secretaría de Gobernación es por que dos años no le han bastado para enterarse y hacer la modificación pertinente en sus publicaciones, y dejemos de lado la idea que lo hace de manera intencional, entonces:
Por las razones expuestas, se solicita poner a consideración de esta soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta a la Dirección General de Asociaciones Religiosas de la Secretaría de Gobernación a incluir la adición de la fracción III del artículo 8o. en las publicaciones e impresiones que haga de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 15 de julio de 1992, por el que se indica a las asociaciones religiosas el fomento de la tolerancia y que anexe como fe de erratas dicha fracción III, en las publicaciones que aún tenga en existencia.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de noviembre de 2008.
Diputado Rafael Ramos Becerril (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA OTORGAR
DE MANERA VOLUNTARIA LA CANTIDAD EQUIVALENTE A UN AÑO DE APADRINAMIENTO
AL PROGRAMA TELETÓN 2008, A CARGO DEL DIPUTADO MAURICIO ORTIZ PROAL
Y SUSCRITA POR DIVERSOS LEGISLADORES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
Los suscritos, diputados de la LX Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permiten presentar ante el Pleno de la Cámara de Diputados proposición con punto de acuerdo apoyados en los siguientes
Antecedentes
El viernes 5 y sábado 6 de diciembre de 2008, se llevará a cabo el Teletón, proyecto de convocatoria nacional con el propósito de fomentar una mejor calidad de vida para los niños y jóvenes con discapacidad.
El Teletón representa la oportunidad de renovar la confianza en las personas y en las instituciones, busca la unión y el compromiso de diferentes sectores de la sociedad en torno a: I) la construcción y operación de centros de rehabilitación para menores con discapacidad y II) el apoyo a instituciones que trabajan en el sector de la discapacidad a través de un fondo generado para tal fin.
Este año el objetivo es recabar fondos económicos superiores a los 439 millones 968 mil 535 pesos.
El programa Padrino Teletón es una alternativa que surge debido al crecimiento anual de la lista de espera en los Centros de Rehabilitación Infantil Teletón (CRIT), así como las necesidades de atención médica para los niños y jóvenes con discapacidad. Su objetivo es crear y consolidar una base de donantes constantes a lo largo de todo el año, que contribuya a asegurar la permanencia de los Centros de Rehabilitación Infantil, con el fin de favorecer la integración de los niños con discapacidad a la sociedad.
La cantidad mensual aportada de los padrinos es destinada para impartir terapias de rehabilitación a niños mexicanos con discapacidad. Dar consultas médicas especializadas y brindar sesiones, talleres y actividades para la integración de los niños y sus familias.
La generosidad de los legisladores que deseen sumarse a este esfuerzo no será deducible de impuestos. La transparencia en el manejo de los recursos se da a través de la constante auditoría de tres prestigiadas firmas de despachos auditores: KPMG Cárdenas Dosal, Price Waterhouse Coopers y BDO.
Los programas de apadrinamiento anual son de cuatro tipos, con costos anuales variables
Por lo anteriormente expuesto se propone el presente
Punto de Acuerdo
Primero. Se acuerda donar de manera voluntaria la cantidad equivalente a un año de apadrinamiento al programa Teletón 2008 (5 y 6 de diciembre); que permitirá la recuperación de un niño en Centros de Rehabilitación Infantil, además de proveer el mantenimiento y adquisición de los últimos adelantos tecnológicos que se demandan para el mismo fin.
Segundo. El procedimiento para recabar las aportaciones lo definirá la Secretaría General de esta Cámara de Diputados, a través de los diferentes grupos parlamentarios, atendiendo a la normatividad aplicable.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de noviembre del 2008.
Diputados: Mauricio Ortiz
Proal, José Jesús Reyna García, Antonio de Jesús
Díaz Athié, Arnulfo Elías Cordero Alfonzo, Jericó
Abramo Masso, Víctor Manuel Méndez Lanz, Arturo Martínez
Rocha, Salvador Barajas del Toro, Elda Gómez Lugo, Patricio Flores
Sandoval, Alfredo Barba Hernández, Eduardo Espinosa Abuxapqui, Jorge
Toledo Luis, Gustavo Mendivil Amparán, Gustavo Fernando Caballero
Camargo, Juan Manuel Parás González, Ramón Salas López,
Juan Francisco Rivera Bedoya, Jorge Luis de la Garza Treviño, Jesús
Sergio Alcántara Núñez, Alejandro Olivares Monterrubio,
Víctor Ortiz del Carpio (rúbricas).
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA AL IMSS A PERMITIR LA APERTURA DEL TURNO VESPERTINO EN EL SERVICIO
DE ESTOMATOLOGÍA Y A CREAR UNA SALA DE EXPULSIÓN EN LA UNIDAD
DE MEDICINA FAMILIAR NÚMERO 18 DE COMITÁN DE DOMÍNGUEZ,
CHIAPAS, A CARGO DEL DIPUTADO ARNULFO ELÍAS CORDERO ALFONZO, DEL
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
El suscrito, diputado federal Arnulfo Elías Cordero Alfonzo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, por medio del cual se exhorta al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) a permitir la apertura del turno vespertino en el servicio de estomatología, así como a crear una sala de expulsión en la unidad de medicina familiar número 18, situada en el municipio de Comitán de Domínguez, Chiapas.
Exposición de Motivos
El municipio de Comitán de Domínguez se ha caracterizado por ser la cabecera municipal más importante de la región fronteriza del estado de Chiapas en cuestión económica, ya que en ella se realizan todos los intercambios comerciales en los distintos rubros económicos, siendo así una ciudad con representatividad estatal e internacional, ya que es frontera con Guatemala, y por ende la puerta principal para todos los turistas y comerciantes provenientes de toda Centroamérica.
Ante este escenario, es de suma importancia mencionar que en la ciudad de Comitán existe un desarrollo competitivo de las empresas, siempre en pro de un consumo sano por parte de los habitantes, y con un flujo comercial siempre en ascendencia.
Es por ello, que todas aquellas empresas e instituciones que realizan actividades comerciales no solamente del municipio de Comitán, sino también de las empresas asentadas en municipios aledaños, dan de alta por Ley ante el IMSS a sus trabajadores, y por ende, con base en el marco normativo del instituto, tiene por obligación los siguientes principios
Por lo anterior, ha sido materia de primera necesidad por parte del sector empresarial y de los derechohabientes, la apertura del turno vespertino en el servicio de estomatología, así como la creación de una sala de expulsión en la unidad médica familiar número 18, situada en la cabecera del municipio de Comitán de Domínguez, Chiapas, ya que las actividades productivas primarias de la región se realizan en horarios matutinos, por lo que la ausencia del trabajador afecta directamente la productividad del mismo, la del empresario y, por ende, sus ingresos, así como su competitividad en el mercado.
Debido a ello ha sido una demanda constante de los trabajadores (derechohabientes) de los diversos servicios de salud que ofrece el instituto, quienes se han acercado a la unidad médica familiar número 18 y a sus mismo mismos empleadores, solicitando la flexibilidad en los horarios de la unidad estomatológica de esta ciudad, para su atención médica oportuna, sin que afecte sus horarios laborales.
La solución a ambas peticiones tiene como fin único el beneficio social de la población en la región, generando no solamente una mejora en su calidad de vida, sino también un gran efecto socioeconómico positivo para la sociedad en general.
Para finalizar, es sumamente importante que el Instituto Mexicano del Seguro Social, genere un plan estratégico para la rehabilitación de la unidad médica familiar número 18 del estado de Chiapas, ya que daría como resultado una mejora incalculable en la salud pública de los ciudadanos, además de permitir un desarrollo sustentable en la región, mejorando la calidad de vida de los chiapanecos.
Por tal virtud, someto a consideración del pleno el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa al Instituto Mexicano del Seguro Social a permitir la apertura del turno vespertino en el servicio de estomatología, así como la creación de una sala de expulsión en la unidad de medicina familiar número 18, situada en el municipio de Comitán de Domínguez, Chiapas.
Segundo. Se solicita de manera respetuosa al director general del Instituto Mexicano del Seguro Social en turno que realice los estudios de factibilidad necesarios de los proyectos antes mencionados.
Tercero. Se solicita de manera respetuosa al director general del Instituto Mexicano del Seguro Social en turno, en caso de que sea necesario, que se cumpla con el derecho de audiencia que otorga la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos a todo ciudadano mexicano para revisar detalladamente con los interesados la factibilidad de los proyectos de la apertura del turno vespertino en el servicio de estomatología, así como la creación de una sala de expulsión en la unidad de medicina familiar número 18, situada en la cabecera municipal de Comitán de Domínguez, Chiapas.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de noviembre de 2008.
Diputado Arnulfo Elías Cordero Alfonzo (rúbrica)
El que suscribe, Rafael Ramos Becerril, diputado de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 67, inciso g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 21, fracción XVI del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le solicita que en ejercicio de dichas atribuciones excite a la Comisión de Régimen, Reglamento y Practicas Parlamentarias para que presente el dictamen sobre la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción III y se adiciona una fracción XXXIX, recorriéndose la numeración del numeral 2 del artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estado Unidos Mexicanos, presentada el jueves 23 de febrero de 2006 ante el Pleno de esta honorable soberanía.
Antecedentes
Es incuestionable el largo historial de actos de intolerancia religiosa que ha sufrido el país y más lamentable aún es la forma en que se han falseado los hechos; los cristeros, los indígenas desplazados, los afromexicanos, las cientos de iglesias que aún hoy no han obtenido reconocimiento oficial, son los "vencidos" por la historia oficial y de los que aún tendremos que escuchar su versión de los hechos.
Tan sólo en los años 2007 y 2008 el Archivo Moha, tiene registrados y documentados 94 casos de intolerancia religiosa, cifra que contrasta con los reportes de la Secretaría de Gobernación.
Algunas organizaciones que promueven la tolerancia religiosa, como la Campaña Permanente por la Tolerancia Religiosa y la Libertad de Conciencia, han señalado el alto grado de impunidad para los servidores públicos que cometen actos de intolerancia. Denuncian, además, la indolencia del Poder Legislativo que tiene en su haber muchas iniciativas, no sólo la que hoy se menciona, hay que reconocer que en tanto el tema este circunscrito sólo a la Secretaría de Gobernación no se ha entrado al quid del asunto.
La compleja diversidad de las creencias y convicciones religiosas que muchos ciudadanos mexicanos practican, están excluidas de una verdadera protección del Estado, en parte porque la visión de laicidad que en general se tiene, no es la visión juarista, sino una visión autoritaria, elaborada y matizada por regimenes dictatoriales como el de Porfirio Díaz.
Considerandos
El marco jurídico de la laicidad del Estado es incompleta y poco funcional y peor aún es incapaz de aplicar sanciones a servidores públicos, que vulneren los derechos religiosos y la libertad de conciencia.
Legislaciones, que por ejemplo, sobre federalismo, el trabajo, la cultura, el desarrollo social, la educación, la salud, el servicio militar, la seguridad social, los derechos civiles y políticos, los pueblos indígenas y por supuesto las asociaciones religiosas y culto publico, los derechos humanos y la no discriminación, no están impactadas en el tema de las creencias, ni atienden la practica religiosa de millones de mexicanos; ello se debe, principalmente a que no se ha analizado el tema con detenimiento y por ende no se han elaborado las iniciativas pertinentes.
El corpus internacional de derechos humanos, tanto la normativa, la jurisprudencia y la doctrina de los sistemas universal e interamericano, debe ser armonizado y actualizado con el sistema jurídico mexicano.
Estas razones, entre otras muchas que omito, hacen necesario y vital que esta Cámara de Diputados atienda y escuche las voces de los mexicanos que desean que la sublime garantía constitucional de la libertad religiosa sea una realidad en cada pueblo, en cada municipio, en cada estado, sin que importe el signo político de quien gobierna.
Por lo tanto es menester buscar un consenso en este tema, que ya en nuestra historia ha causado enfrentamientos violentos, se debe buscar y proporcionar una visión alejada de los prejuicios que predominaron en dichos periodos, otorguémonos los mexicanos una legislación madura, clara y equitativa de la laicidad del Estado y fundar el marco jurídico que permita la libertad de conciencia, pensamiento y religión, poniendo especial atención en armonizar y concordar nuestro marco jurídico con los tratados internacionales que han sido ratificados por México.
Esta soberanía no puede atender; no lo ha hecho, y sobre todo, no generará la legislación correspondiente que procure bien a tan álgido tema, como el de la laicidad del Estado, ni abarcara la compleja diversidad de las creencias religiosas, ni lograra que la tolerancia religiosa se el ambiente imperante, en tanto no se cree la Comisión de Asuntos Religiosos y Laicidad del Estado, por eso es básico que se dictamine dicha iniciativa.
Por lo anteriormente expuesto, me permito someter a la consideración de esta asamblea, la siguiente
Excitativa
Único. Se excita a la Comisión Régimen, Reglamento y Practicas Parlamentarias para que presente el dictamen sobre la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción III y se adiciona una fracción XXXIX recorriéndose la numeración del numeral 2 del artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentada el jueves 23 de febrero de 2006 ante el Pleno de esta honorable soberanía.
Palacio Legislativo, a 19 de noviembre de 2008.
Diputado Rafael Ramos Becerril (rúbrica).
Silvio Gómez Leyva, en mi carácter de diputado federal de la LX Legislatura, en ejercicio de las facultades que me confiere el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, promuevo efeméride relativa al 98 aniversario de la muerte de Aquiles Serdán.
Aquiles Serdán, o Benemérito de la Patria, nació el 1 de noviembre de 1876 en Puebla.
En 1908, el presidente Porfirio Díaz declaró en una entrevista que vería con agrado la creación de partidos de oposición en nuestro país. Tales palabras causaron gran revuelo. Por su parte, Aquiles Serdán mostró simpatía por el Partido Democrático, el cual apoyaba la candidatura del general Bernardo Reyes para la vicepresidencia.
En Puebla, Aquiles Serdán funda el club político Luz y Progreso, y la publicación del semanario La no Revolución, donde critican las acciones gubernamentales de la época, por lo que las autoridades porfiristas tomaron represalias. Alquiles Serdán fue enviado con frecuencia a prisión.
Con Madero, funda el Partido Antirreeleccionista local, a quien apoyó en 1910 para obtener la candidatura presidencial. Desde entonces, se convirtió en uno de los hombres de confianza de Madero, quien una vez de haber recuperado su libertad, tras el encarcelamiento que sufrió por parte de Porfirio Díaz en víspera de las elecciones presidenciales, le encomienda encabezar la revuelta en Puebla el 20 de noviembre de 1910.
El entonces gobernador de Puebla, con información de una posible sublevación de Aquiles Serdán en favor de Madero para el 20 de noviembre de aquel año, ordenó realizar un cateo para detener a la familia Serdán, el cual se trató de llevar la mañana del 18 de noviembre, al mando del general Miguel Cabrera. Tras varias horas de combate, Aquiles Serdán fue descubierto y asesinado, por lo que hoy, a 98 años de su fallecimiento, la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional recuerda con tristeza y con gran orgullo a este gran hombre que entregó su vida en beneficio de nuestro México.
Diputado Silvio Gómez Leyva (rúbrica)