• De la Secretaría de Cultura del Gobierno del Distrito Federal, dos.

• De los Congresos de Nuevo León, de Querétaro, y de San Luis Potosí.

• De los gobiernos de Jalisco, y del estado de México.

• De la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, dos.

• De la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz.

• De la Secretaría de Gobernación, seis con los que remite contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados.

• De la Cámara de Senadores, con el que remite iniciativa que reforma el último párrafo del artículo 2o. de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, presentada por los senadores David Jiménez Rumbo y Minerva Hernández Ramos, del Grupo Parlamentario del PRD.

• Con proyecto de decreto, que concede permiso al licenciado Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, presidente de los Estados Unidos Mexicanos, para aceptar y usar el Collar de la Orden del Libertador San Martín, que le confiere el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la República Argentina.

Secretarios de la Cámara de Diputados
Presentes

La Secretaría de Cultura del Gobierno del Distrito Federal ha programado la ceremonia cívica conmemorativa del 98 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana para el próximo 20 de noviembre, a las 11:00 horas, en la explanada del Museo Nacional de la Revolución, situado en Plaza de la República y Ponciano Arriaga, colonia Tabacalera, delegación Cuauhtémoc.

Por lo anterior, me permito solicitar a ustedes los nombres de los diputados de la honorable Cámara que asistirán a la ceremonia de referencia.

Agradezco las atenciones que se sirvan prestar a la presente y les reitero las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

Atentamente
Licenciada María Guadalupe Lozada León
Coordinadora
 
 

Secretarios de la Cámara de Diputados
Presentes

La Secretaría de Cultura del Gobierno del Distrito Federal ha programado la ceremonia cívica conmemorativa del 86 aniversario luctuoso de Ricardo Flores Magón para el próximo 21 de noviembre, a las 10:00 horas, en la rotonda de las personas ilustres del Panteón Civil de Dolores, situado en avenida Constituyentes sin número, esquina Panteón Civil, colonia América, delegación Miguel Hidalgo.

Por lo anterior, me permito solicitar a ustedes los nombres de los diputados de la honorable Cámara que asistirán a la ceremonia de referencia.

Agradezco las atenciones que se sirvan prestar a la presente y les reitero las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

Atentamente
Licenciada María Guadalupe Lozada León
Coordinadora
 
 
 

DEL CONGRESO DE NUEVO LEÓN

Ciudadano diputado César Duarte Jáquez
Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión
Presente

En los términos del artículo 124 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de Nuevo León, por este conducto le comunicamos que en sesión del día de hoy fue aprobado el siguiente

Acuerdo

Primero. La LXXI Legislatura al Congreso del estado de Nuevo León remite atento y respetuoso exhorto al Ejecutivo federal a emitir un decreto para autorizar un apoyo a los usuarios de gas natural y de la Comisión Federal de Electricidad similar al publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 16 de mayo del 2005, relativo a las tarifas de estos servicios.

Segundo. Se remita atento y respetuoso exhorto al Congreso de la Unión a fin de que apoye la emisión de un decreto para autorizar un apoyo a los usuarios de gas natural y de la Comisión Federal de Electricidad, similar al publicado en el Diario Oficial de la federación de fecha 16 de mayo del 2005, relativo a las tarifas de estos servicios. Asimismo, se exhorta a las autoridades a revisar a la fórmula para la determinación del precio de gas natural.

Tercero. Se exhorta respetuosamente a la Comisión Reguladora de Energía para que, en ejercicio de sus atribuciones, se sirva analizar la posibilidad de implementar la fórmula fijada en el decreto utilizado en el caso de los huracanes Katrina y Rita.

Sin otro particular aprovechamos la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Monterrey, Nuevo León, a 3 de noviembre del 2008.

Diputado Gilberto Treviño Aguirre (rúbrica)
Secretario

Diputado Ranulfo Martínez Valdez (rúbrica)
Secretario
 
 
 

DEL CONGRESO DE QUERÉTARO

Santiago de Querétaro, Querétaro, a 22 de octubre de 2008.

Diputada Martha Hilda González Calderón
Vicepresidenta de la Mesa Directiva de la LX Legislatura de la Honorable
Cámara de Diputados del Congreso de la Unión
Presente

Con fundamento en el artículo 126, fracción V, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del estado de Querétaro y en atención de sus oficios números D.G.P.L. 60-II-6-2390 y D.G.P.L.60-II-6-2390, le comunico que esta legislatura, al aprobar la vigente Constitución Política del estado de Querétaro, en fecha 31 de marzo de 2008, estableció en el artículo 31 que la Entidad Superior de Fiscalización del estado es un organismo público autónomo, que ejerce la función de fiscalización en el estado en los términos que establece la ley y conforme a los principios de posterioridad, legalidad, imparcialidad y confiabilidad.

Sin otro asunto en particular, le reitero mi respeto institucional.

Atentamente
Quincuagésima Quinta Legislatura del Estado de Querétaro
 

Por la Mesa Directiva
Diputado Miguel Martínez Peñaloza (rúbrica)
Presidente
 
 
 

DEL CONGRESO DE SAN LUIS POTOSÍ

Diputados Secretarios de la LVIII
Legislatura del Congreso del Estado
Presentes

A la Comisión de Hacienda del Estado le fue turnado, para su estudio y resolución en sesión de la Diputación Permanente del Congreso local celebrada el 11 de septiembre de 2008, el oficio número 1862 de la Cámara de Diputados federal, mediante el cual se envía punto de acuerdo, relativo a exhortar a los congresos locales a dar prioridad y supervisar, al aprobar sus presupuestos, que los recursos excedentes por el impuesto federal a gasolina y diesel se apliquen de manera puntual, solidaria, responsable y transparente por Ejecutivos estatales; a solucionar necesidades apremiantes de los municipios más pobres, relativas a infraestructura hidráulica, drenaje, electricidad, calles alumbradas y pavimentadas, viviendas, caminos rurales, entre otros.

En tal virtud, al entrar en el estudio y análisis de asunto planteado, los diputados integrantes de esta comisión, llegaron a los siguientes:

Considerandos

Primero. Que el punto de acuerdo enviado por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión que nos ocupa cumple en términos generales con lo dispuesto por el artículo 73 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del estado.

Segundo. Que con base en lo estipulado por el artículo 110, en su fracción XI, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del estado, la comisión legislativa a quien se le turnó este asunto, es competente para conocer y elaborar la resolución correspondiente.

Tercero. Que los argumentos que justifican el punto de acuerdo de referencia son importantes para resolverlo, por lo que se decide citar algunos de éstos a continuación:

Aunado a lo anterior, el artículo 17 de la Ley de Coordinación Fiscal del estado establece que el veinte por ciento de los recursos que reciba el estado por la vía del impuesto a la venta final de gasolinas y diesel serán distribuidos entre los municipios de la entidad; así que lo planteado por la Cámara de Diputados federal en el punto de acuerdo en estudio se cumple en la entidad. Pero aunado a lo anterior, los recursos que le corresponderá ejercer al estado del impuesto referido están etiquetados a los rubros que señala el último párrafo del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal federal.

Por otro lado, si bien es cierto que el Presupuesto de Egresos del estado es aprobado por el Poder Legislativo de la entidad, el ejercido por los municipios es autorizado por los ayuntamientos; por lo tanto, el Congreso del estado solamente puede orientar los recursos que corresponden al gobierno estatal del impuesto a la venta final de gasolinas y diesel.

A pesar de que el gasto público que va ejercer el gobierno estatal es aprobado por el Legislativo de la entidad, también es de tomarse en cuenta que la planeación, programación y presupuestación de éste es realizada por las áreas técnicas del orden de gobierno citado.

En lo que respecta a la supervisión de los recursos que percibe el estado por concepto del impuesto a la venta final de gasolinas y diesel, esta es una tarea que deben realizar las contralorías internas de los gobiernos estatal y municipal.

Quinto. Que con base en lo expresado en el considerando que antecede, se concluye que en relación con el punto de acuerdo que nos ocupa el Congreso del estado ha venido cumpliendo con lo que se plantea en éste, debido a que se ha previsto en el artículo 17 de la Ley de Coordinación Fiscal del estado que se destine a los municipios un veinte por ciento de los recursos que reciba el estado por concepto del impuesto a la venta final de gasolinas y diesel; y aunado a que también en dicho ordenamiento, en su precepto 8o., se prevé que la orientación de los recursos sea precisamente el que señala el último párrafo del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal federal, donde se orientan los recursos que obtendrá el estado y municipios a infraestructura vial, sea urbana o rural; infraestructura hidráulica; movilidad urbana; y por lo menos un doce punto cinco por ciento a programas para la protección y conservación ambiental, aunque éste último rubro la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo determinó inconstitucional.

Considerando que el punto de acuerdo es para la observancia de las legislaturas de las entidades federativas, y aunado a que lo propuesto en él ha sido acatado por el Congreso del estado, se decide tomar el siguiente

Acuerdo

Primero. Notifíquese a la Cámara de Diputados federal que el Poder Legislativo del estado de San Luis Potosí ha venido haciendo las reformas legales indispensables para que los municipios reciban un porcentaje determinado de los recursos que lleguen a esta entidad federativa por concepto del impuesto a la venta final de gasolinas y diesel, para que los destinen a los fines que prevé el último párrafo del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal federal.

Segundo. Dése conocimiento del acuerdo referido a la Coordinación de Servicios Parlamentarios, a efecto de que cause baja el presente asunto de los pendientes de la Comisión de Hacienda del Estado.

Tercero. Téngase como asunto concluido y, por ende, archívese.

Dado en sala de comisiones del Congreso del estado, a los cuatro días del mes de octubre de dos mil ocho.

La Comisión de Hacienda del Estado

Diputados: Enrique Octavio Trejo Azuara (rúbrica), presidente; Adolfo Octavio Micalco Méndez, vicepresidente; Modesto Zumaya Salazar (rúbrica), secretario; Luis Manuel Calzada Macías (rúbrica), vocal; María Guadalupe Castro Almanza, vocal.
 
 
 

DEL GOBIERNO DE JALISCO

Diputado César Duarte Jáquez
Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso General de la República
Presente

Con fundamento en el artículo 30, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del estado de Jalisco, y en atención del oficio número D.G.P.L. 60-II-4-1532, mediante el cual se notifica al contador público Emilio González Márquez, gobernador constitucional de Jalisco, que dicha asamblea soberana tuvo a bien aprobar un resolutivo en el que, entre otras cosas, se exhorta al gobierno de esta entidad federativa a efecto de que, a través de las instancias y dependencias competentes, "se implanten acciones y convenios de colaboración a escala nacional para concienciar y sensibilizar a la población sobre la conciliación en la vida laboral, familiar y personal de las familias mexicanas, logrando un reparto equilibrado de responsabilidades entre mujeres y hombres trabajadores, además de la instauración de medidas concretas que lleven a la realización de este objetivo", por este conducto doy contestación en los siguientes términos:

El Poder Ejecutivo de esta entidad federativa, por conducto del Instituto Jalisciense de las Mujeres, conocedor de los obstáculos que en el devenir histórico han superado las mujeres mexicanas en aras de alcanzar la igualdad de género en el ámbito familiar y laboral, pero sobre todo consciente de las acciones que falta implantar para consolidar dicha realización, coincide plenamente con el parecer de los diputados federales, por lo cual este gobierno hace suyo el exhorto que nos atañe y, asimismo, hace de su conocimiento que dicho instituto promueve en las campañas informativas y cursos de capacitación la integración de mujeres y de hombres a través del respeto y la complementariedad con el afán de construir familias integrales y sanas que fomenten una mejor sociedad.

En este tenor, el titular del Ejecutivo de Jalisco presentó ante el Congreso local una iniciativa de decreto mediante la cual se expide la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del estado de Jalisco, en la que se establece un reparto equilibrado de responsabilidades entre mujeres y hombres en diversos ámbitos de la vida personal, social, económica y política.

Sin otro particular por el momento, reciba un cordial saludo.

Atentamente
"2008, Año de José Clemente Orozco Flores"
Guadalajara, Jalisco, a 23 de octubre de 2008.

Licenciado Fernando Antonio Guzmán Pérez Peláez (rúbrica)
Secretario General de Gobierno
 
 

Diputado César Duarte Jáquez
Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la República
Presente

Con fundamento en el artículo 30, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, y en atención al oficio número DGPL 60-II-2-1710, mediante el cual se notifica al contador público Emilio González Márquez, gobernador de Jalisco, que dicha asamblea soberana tuvo a bien aprobar un resolutivo en el que, entre otras cosas, se exhorta al gobierno de esta entidad federativa a acelerar los procesos de modernización y homologación de sus reglamentaciones, planes y programas en materia de construcción, ordenación urbana y territorial, a fin de garantizar un esfuerzo efectivo en la promoción de una vivienda digna.

Por este medio doy contestación en los siguientes términos:

El Ejecutivo de Jalisco, por conducto de la Secretaría de Desarrollo Urbano (Sedeur), y demás instancias correspondientes, llevará acabo la actualización del Programa Estatal de Desarrollo Urbano 2030, documento rector en el que se integran el conjunto de estudios, políticas, normas técnicas, disposiciones e instrumentos tendientes a promover el desarrollo integral de los asentamientos humanos en la entidad, y que tiene por objeto integrar una estrategia única de desarrollo urbano-territorial para Jalisco, en el que se incorpora una visión de largo plazo.

Asimismo, se está impulsando la elaboración de los planes regionales de integración urbana que completarán los estudios, acciones e instrumentos para promover y orientar el desarrollo urbano sustentable en los centros de población y las áreas de influencia común que delimiten, total o parcialmente, a dos o más municipios.

Entre los objetivo de dichos planes se encuentra promover la acción coordinada de varios gobiernos municipales en acciones prioritarias ya estratégicas relacionadas con su desarrollo; vincular los ordenamientos ecológicos y territoriales; distribuir equitativamente las cargas y beneficios de la urbanización en los centros de población; identificar los distintos potenciales de utilización del suelo; e inducir su aprovechamiento, mejoramiento y crecimiento de la infraestructura en la región.

En este tenor, otro instrumento a promoverse es el Programa Estatal de Ordenamiento Territorial, el cual vinculará las características de los subsistemas natural, económico y social, para lo cual se elaborará un diagnóstico y diseño de escenarios para proponer un modelo de uso y aprovechamiento del territorio estatal y, asimismo, se está trabajando en los alcances del Plan de Ordenamiento de la Región Metropolitana de Guadalajara.

Aunado a lo anterior, también se participó en la formulación del Código Urbano del Estado de Jalisco, mismo que entrará en vigor el 1 de enero de 2009, y a cuyo amparo se aplicará la actualización de los planes y programas en materia de desarrollo urbano que deberán realizar el gobierno del estado y los 125 municipios. De igual manera, dicho código servirá para impulsar y dar cumplimiento a lo establecido en el acuerdo segundo del dictamen aprobado y firmado por la Comisión de Vivienda de la Cámara de Diputados federal en la reunión ordinaria celebrada el pasado 9 de septiembre del año en curso.

Por otra parte, la Sedeur está dando apoyo económico en un 100 por ciento al municipio de Ameca, que trabaja en la actualización de sus planes parciales de desarrollo urbano, y al de Tomatlán, respecto a la actualización del Plan Parcial de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Cajón de Peña. En tanto que a los municipios de Ahualulco de Mercado, Cuquío, El Grullo, San Julián, San Martín Hidalgo, San Miguel el Alto, Tamazula de Gordiano y Tototlán, se coparticipa con un 50 por ciento de apoyo económico en la actualización de sus planes de desarrollo urbano de centros de población.

Adicionalmente, la propia Sedeur está capacitando, en materia de planes de desarrollo urbano de centros de población, a las autoridades de los municipios de La Barca, Cocula, Encarnación de Díaz, Huejúcar, Jalostotitlán, Magdalena, Ocotlán, San Marcos, San Martín Hidalgo, Sayula, Teocaltiche, Tonaya, Yahualica de González Gallo y Unión de San Antonio.

Sin otro particular por el momento, reciba un cordial saludo.

Atentamente
"2008, Año de José Clemente Orozco Flores"
Guadalajara, Jalisco, a 23 de octubre de 2008.

Licenciado Fernando Antonio Guzmán Pérez Peláez (rúbrica)
Secretario General de Gobierno
 
 
 

DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

Metepec, México, a 11 de noviembre de 2008.

Diputada Margarita Arenas Guzmán
Secretaria de la Mesa Directiva

LX Legislatura del Honorable Congreso de la Unión

Diputado César Duarte Jáquez
Presidente de la Mesa Directiva de la LX Legislatura del Congreso de la Unión
Presente

Por este conducto me refiero a su oficio número D.G.P.L.-60-II-1784, dirigido al licenciado Enrique Peña Nieto, gobernador constitucional del estado de México, relativo al exhorto a la Comisión Nacional del Agua, y a las autoridades del estado de México y de los municipios que vierten aguas residuales y desechos al río San Juan a realizar de manera coordinada y conforme a sus respectivas atribuciones las acciones necesarias para su saneamiento.

De lo anterior, respetuosamente tengo a bien informar que la Secretaría del Medio Ambiente del estado de México gestiona recursos económicos ante el Fideicomiso Ambiental del Valle de México 1490, para el proyecto Recuperación y Fijación de Suelo en la Subcuenca del Río San Juan Teotihuacán, por un monto de 6.5 millones de pesos.

El proyecto considera la ejecución de las obras de terraceo y subsoleo, así como la construcción de zanjas, trinchera en las pendientes de los cerros deforestados, a fin de romper las capas duras del terreno y, posteriormente, plantar árboles forestales.

Es oportuno hacer de su conocimiento que estos trabajos se complementan con la construcción de presas de control de azolve en los cauces adyacentes y la finalidad de éstas es obtener mayor filtración del agua de lluvia, disminuir la velocidad de escorrentía de los cauces y evitar el azolvamiento en infraestructura hidráulica y sanitaria en las partes bajas.

Finalmente, a finales de noviembre se reunirá el comité técnico de dicho fideicomiso para, en su caso, aprobar y autorizar los recursos gestionados y estar en posibilidades de iniciar las obras a principios del próximo año.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo.

Atentamente
Maestro Guillermo Velasco Rodríguez (rúbrica)
Secretario
 
 
 

DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL, DOS

Recinto Legislativo, a 4 de noviembre de 2008

Diputado César Duarte Jáquez
Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión
Presente

Por este conducto y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 42 fracción XXV del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 10 fracción XXI, 36 fracciones V y XX de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, me permito hacer de su conocimiento que el Pleno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, en sesión celebrada en la fecha citada al rubro, resolvió aprobar el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. Esta soberanía exhorta al Congreso de la Unión a fin de que establezca medidas de protección a los fondos de pensión, SAR y Vivienda, así como en el Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal de 2009, se destinen los recursos necesarios, con el objetivo de asegurar la protección de los fondos de pensiones ante la difícil situación financiera.

Segundo. Esta soberanía exhorta al Honorable Congreso de la Unión, a fin de instar a la Consar y a la Condusef, que aseguren los saldos de cada trabajador y que se otorguen los rendimientos obtenidos en el SAR y en los fondos de vivienda a los trabajadores cuando corresponda.

Tercero. Esta soberanía exhorta al honorable Congreso de la Unión, a fin de mandatar a la Auditoría Superior de la Federación, con la finalidad de auditar a las administradoras de fondos de pensiones de los trabajadores.

Lo anterior para los efectos correspondientes, anexo al presente sírvase encontrar copia del punto de acuerdo en comento.

Sin otro particular, reitero a usted mi consideración distinguida.

Atentamente
Diputado Alfredo Vinala y Mora (rúbrica)
Presidente
 

Integrantes de la Mesa Directiva de la Diputación Permanente de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal

IV Legislatura

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 17 y 18 de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y 133 del Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y demás artículos relativos, el suscrito diputado Ramón Jiménez López, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, presenta ante esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, mediante el cual se exhorta al Congreso de la Unión, a fin de que establezca medidas de protección a los Fondos de Pensión, SAR y Vivienda ante la crisis que enfrentamos, bajo la siguiente

Exposición de Motivos

La pensión en México es un plan de jubilación que permite que las personas beneficiadas obtengan ingresos seguros para vivir dignamente, las pensiones es el resultado de un esfuerzo de toda la vida laboral de los trabajadores, ofrece tranquilidad y seguridad.

Asimismo existen distintos sistemas de pensiones que tienen como objetivo proteger los ingresos del trabajador y su familia ante diferentes contingencias y situaciones que ocurren en la vida como:

Su funcionamiento está autorizado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Publico y supervisadas por la Consar (Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro).

Las Afores, surgieron como una medida novedosa que permitiría incrementar los fondos de retiro de los trabajadores, pero en la práctica observamos que este sistema de pensiones ha significado un gran botín para quienes las concentran, el fracaso de las Afore es evidente: comisiones exorbitantes sobre los ahorros de los trabajadores, traspaso sin justificación de las cuentas individuales de los trabajadores, bajos rendimientos, poca participación y desconocimiento de la operatividad del sistema por parte de los trabajadores, así como perdidas millonarias de los ahorros de los trabajadores ante la volatilidad de los mercados financieros, poca o nula transparencia en el manejo de los recursos, falta de certeza en la atención de los abusos por parte de las Afores, falta de imparcialidad de las autoridades competentes, entre otras, anomalías, nos indica que es necesario legislar en la materia.

Ante las caídas recientes de la Bolsa Mexicana de Valores, se ha generado la caída de recursos de las Afore, el 20 por ciento de las cuentas son invertidas en el mercado bursátil. De acuerdo con las estimaciones de la Alianza de Trabajadores y Empleados Públicos, de seguir esta tendencia las perdidas en las Afore alcanzaran por lo menos 100 mil millones de pesos al final del año, "lo que significa que un trabajador que iba a tener una pensión de 5 mil pesos quedara en mil 500 pesos o tal vez un poco más por que el fondo se ha reducido", por tal motivo es necesario que el honorable Congreso de la Unión de protección a los fondos de pensión, SAR y Vivienda, para garantizar los fondos de pensiones y el adecuado funcionamiento de los servicios médicos y de todas las prestaciones de las instituciones de seguridad social de que gozan cerca de 5 millones de capitalinos.

Atendiendo la solicitud de 80 organizaciones de derechohabientes del ISSSTE, IMSS. agrupaciones civiles y académicas, de movimientos sindicales democráticos y legisladores promoveremos la revisión de sus conclusiones y propuestas, en particular la demanda de la realización de una evaluación y auditoria del manejo del ahorro laboral por las Afore y la evaluación de las reformas que lejos de corregir los problemas enunciados en su promulgación se ha profundizado con mayor gravedad la reducción de cobertura y protección social a la clase trabajadora y a su familia.

Considerandos

1. Que la actual crisis financiera esta afectado severamente los fondos de pensiones de los sistemas de cuentas individuales manejadas por la banca privada. La pérdida del ahorro laboral por causa de la especulación de las inversiones de portafolio amenaza el futuro retiro de los mexicanos y de la clase trabajadora en general, por lo que el Estado debe intervenir y asegurar los fondos utilizados por las Afore y los distintos organismos financieros para salvaguardar el derecho de cada trabajador y su familiar al control de sus fondos.

2. Que en demanda de los trabajadores, se haga una auditoria actuarial y financiera al sistema pensionario del IMSS e ISSSTE y el análisis de medicamentos y productos biológicos que ofrecen las instituciones y que están generando reacciones indeseadas en particular en la atención de los enfermos renales crónicos del IMSS que ha provocado una mayor mortalidad.

3. Que en el presupuesto del próximo año se asignen los recursos necesarios para el refinanciamiento de los servicios médicos, en el abasto suficiente y oportuno de medicamentos e insumos así como cubrir la plantilla de personal necesario, y la terminación y construcción de unidades de salud para mejorar los servicios médicos y atender la demanda de los mexicanos,

4.- Que se asignen los recursos suficientes para la atención médica de jubilados que en el caso del IMSS supera los 20 mil millones de pesos al año y la omisión del Estado afecta el servicio medico general.

Para incrementar el presupuesto en salud, es necesario suspender la deducción de impuestos de los servicios de salud en medios privados y disponer de los excedentes petroleros el 10 por ciento.

5. Que es necesario llevar a cabo una evaluación técnica, financiera y social de las reformas a la seguridad social para la elaboración de un proyecto de nueva ley que restituya los derechos conculcados, restituya los fondos y ahorro laboral confiscado y se cumpla con la legislación laboral mexicana y los convenios internacionales que protegen el trabajo y aseguran la seguridad social para los mexicanos.

6. Que es necesario el mejoramiento de las jubilaciones y pensiones, mediante la actualización y la homologación de las pensiones con los activos, cubriéndose los bonos sexenales comprometidos anteriormente.

7. Que es necesario promover el aumento a las pensiones y jubilaciones en la misma proporción del 20 por ciento de incremento a las fuerzas armadas, acordando por la comisión de seguridad social de la Cámara de Diputados.

8. Que se haga una investigación y aplicación de responsabilidades a los funcionarios, diputados, ministros, responsables de los desfalcos de los fondos de pensiones y servicios médicos o de la violación a la Constitución por el incumplimiento al derecho de la seguridad social establecido en el artículo 123 y que –en su caso– se finquen responsabilidades penales.

9. Que el Estado mexicano en su papel de garante cubra las perdidas de los fondos de pensiones por la crisis financiera y que se suspenda el financiamiento a los empresarios y banqueros.

10. Que la Organización Internacional del Trabajo, define a la seguridad social como la protección que la sociedad proporciona a sus miembros, mediante una serie de medidas públicas, contra las privaciones económicas y sociales.

Por lo anterior expuesto sometemos a esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. Esta soberanía exhorta al Congreso de la Unión a fin de que establezca medidas de protección a los fondos de pensión, SAR y Vivienda, así como que en el Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal de 2009, se destinen los recursos necesarios, con el objetivo de asegurar la protección de los fondos de pensiones ante la difícil situación financiera.

Segundo. Esta soberanía exhorta al honorable Congreso de la Unión, a fin de instar a la Consar y a la Condusef, que aseguren los saldos de cada trabajador y que se entreguen los rendimientos obtenidos en el SAR y en los fondos de vivienda a los trabajadores cuando corresponda.

Tercero. Esta soberanía exhorta al Congreso de la Unión, a fin de mandatar a la Auditoría Superior de la Federación, con la finalidad de auditar a las administradoras de fondos de pensiones de los trabajadores.

Es cuanto.

Diputado Ramón Jiménez López (rúbrica)
 
 

Recinto Legislativo, a 4 de noviembre de 2008.

Diputado César Duarte Jáquez
Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión
Presente

Por este conducto y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 42, fracción XXV, del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, y 10, fracción XXI, 36, fracciones V y XX, de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, me permito hacer de su conocimiento que el Pleno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, en sesión celebrada en la fecha citada al rubro, resolvió aprobar el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. Esta Asamblea Legislativa exhorta al honorable Congreso de la Unión a fortalecer la inversión física para el organismo descentralizado Luz y Fuerza del Centro.

Segundo. Esta Asamblea Legislativa exhorta a la Secretaría de Energía a supervisar semestralmente, a través de la Unidad de Verificación, el estado que guarda el cableado e instalaciones eléctricas de la vía pública.

Lo anterior para los efectos correspondientes, anexo al presente sírvase encontrar copia del punto de acuerdo en comento.

Sin otro particular, reitero a usted mi consideración distinguida.

Atentamente
Diputado Alfredo Vinalay Mora (rúbrica)
Presidente
 
 

Diputado Alfredo Vinalay Mora
Presidente de la Mesa Directiva
Presente

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 17, fracción VI, de la Ley Orgánica, y 133 del Reglamento para el Gobierno Interior ambos de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, sometemos a consideración de esta honorable diputación la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de los siguientes

Considerandos

1. Que el organismo descentralizado Luz y Fuerza del Centro, que tiene a su cargo la prestación del servicio de energía eléctrica en la zona central del país, se encuentra en una situación difícil para su viabilidad técnica y presupuestal.

2. Lo anterior se sustenta en los siguientes datos: en 1960, año en que el servicio de energía eléctrica se nacionalizó, la capacidad de generación instalada de Luz y Fuerza era de 587 megavatios, al año 2007 la capacidad instalada es de mil 174 megavatios, lo que implica que la capacidad de generación se duplicó en le curso de 47 años; periodo en que las ventas de energía del organismo pasaron de dos mil 500 a 30 mil gigavatios-hora, lo que representa un incrementó en 15 veces y el número de consumidores atendidos pasó de 580 mil a cinco millones 900 mil, es decir creció en alrededor de 10 veces.

3. Esta situación ha obligado a una transferencia de energía eléctrica de las redes de la Comisión Federal de Electricidad a las de Luz y Fuerza del Centro (CFE), a tal grado que la energía de esta última depende en un 98 por ciento de la generación de la Comisión Federal. Lo que ha implicado que el precio unitario de esta energía transferida sea fijado por la Secretaría de Hacienda, lo que se traduce en el debilitamiento técnico y financiero de Luz y Fuerza del Centro.

4. El resultado de esta situación es que el 70 por ciento del gasto corriente de la empresa Luz y Fuerza corresponda a la compra de energía a la Comisión Federal de Electricidad, lo que implica que el 76.3 por ciento del presupuesto total de Luz y Fuerza corresponda a la compra de energía a la CFE y el 14.1 por ciento al pago de salarios y prestaciones.

5. Los montos destinados a inversión física son notoriamente insuficientes para entender las necesidades de Luz y Fuerza del Centro, y ha disminuido notoriamente cada año en el Presupuesto de Egresos de la Federación.

6. Del monto solicitado en 2007 de 11 mil 437 millones, sólo fueron autorizados cuatro mil 414 millones, es decir sólo el 38.6 por ciento de lo solicitado. En el año 2008 de un monto de 10 mil 845 millones, sólo fueron autorizados 3 mil 109 millones, es decir un porcentaje que representa el 28.7 de lo solicitado.

7. El presupuesto solicitado para 2008 tenía por objeto atender la problemática en 22 zonas críticas detectadas en el Distrito Federal y en los estados de México e Hidalgo, siendo las más graves en la Ciudad de México.

8. En este presupuesto, que no fue otorgado, se incluía la rehabilitación y modernización de subestaciones, ampliación de sistemas de potencia y redes de transmisión y distribución, rehabilitación y modernización de plantes generadoras, así como el equipamiento requerido para el programa de reducción de pérdidas no técnicas.

9. El racionamiento en las transferencias federales ha afectado las necesidades y los requerimientos de la zona más densamente poblada del país, que ha experimentado un crecimiento explosivo, y por estas razones las soluciones para dar el servicio de energía eléctrica son más costosas.

10. En este sentido, la concentración urbana y la restricción del espacio hacen que se empleen, en lugar de líneas aéreas de transmisión, cables subterráneos de cinco a siete veces más caros, así como subestaciones compactas, dos veces más caras. Los principales afectados por la falta de atención a las necesidades de inversión de Luz y Fuerza del centro son los 5 millones 900 mil hogares de la zona metropolitana.

11. Ante la creciente necesidad de inversión, los usuarios están expuestos a la suspensión del servicio y a las variaciones de voltaje, así como a los riesgos de incendio y explosión por el sobrecalentamiento producido por la sobrecarga de las redes eléctricas y equipo de transformación.

Por lo expuesto, ponemos a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. Esta Asamblea Legislativa exhorta al honorable Congreso de la Unión a fortalecer la inversión física para el organismo descentralizado Luz y Fuerza del Centro.

Segundo. Esta Asamblea Legislativa exhorta a la Secretaría de Energía a supervisar semestralmente, a través de la Unidad de Verificación, el estado que guarda el cableado e instalaciones eléctricas de la vía pública.

Dado en el recinto legislativo, a los 4 días de noviembre de 2008.

(rúbrica)
 
 
 

DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DE VERACRUZ

Xalapa-Enríquez, Veracruz, a 10 de noviembre de 2008.

Diputado César Duarte Jáquez
Presidente de la Mesa Directiva de la Honorable Cámara de Diputados
Presente

En atención del oficio número D.G.P.L. 60-II -2-1789, con expediente número 4388, en el que se solicita a través del punto de acuerdo primero que se analice la procedencia de la implantación de mecanismos más estrictos de incorporación de elementos a los cuerpos de seguridad pública, la Secretaría de Seguridad Pública a mi cargo desarrolla las siguientes acciones:

Respetuosamente
Sufragio Efectivo. No Reelección.

General Sergio López Esquer (rúbrica)
Secretario de Seguridad Pública
 
 

México, DF, a 10 de noviembre de 2008.

Secretarios de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión
Presentes

En respuesta al oficio número D.G.P.L. 60-II-1-1689, signado por los diputados César Duarte Jáquez y Manuel Portilla Diéguez, Presidente y Secretario, respectivamente, de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número DG/08/0F/160 suscrito por Luis H. Álvarez Álvarez, director general de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, así como los anexos que el mismo se mencionan, mediante los cuales responde el punto de acuerdo relativo al Programa Especial de Atención a Pueblos y Comunidades que Viven en el Bosque.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente
Cuauhtémoc Cardona Benavides (rúbrica)
Subsecretario de Enlace Legislativo
 
 

México, DF, a 5 de noviembre de 2008.

Licenciado Cuauhtémoc Cardona Benavides
Subsecretario de Enlace Legislativo
Secretaría de Gobernación

Me refiero al punto de acuerdo aprobado por el Pleno de la honorable Cámara de Diputados en la sesión celebrada el pasado 2 de septiembre, sobre la elaboración de la propuesta del Programa Especial de Atención a Pueblos y Comunidades que Viven en el Bosque.

Al respecto, me permito informarle que esta comisión funge como coordinadora de los trabajos de un grupo interinstitucional en el cual participan las Secretarías de Desarrollo Social, Medio Ambiente, Reforma Agraria, y Agricultura Ganadería, Pesca y Alimentación, para definir una estrategia conjunta que permita fortalecer los trabajos que cada dependencia realiza con las comunidades que viven en zonas con bosques y selvas. Esa estrategia se instrumentará a partir de 2009, con base en los ajustes normativos que se están realizando en los programas.

En particular, la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas ha revisado la información de avance de sus acciones programáticas durante el 2007 y hasta septiembre del presente año, así como los datos geoestadísticos disponibles, el cual se anexa.

Aprovecho la ocasión para enviarle un saludo cordial.

Atentamente
Luis H. Álvarez Álvarez (rúbrica)
Director General
 
 

México, DF, a 6 de noviembre de 2008.

Secretarios de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión
Presentes

En respuesta al oficio número D.G.P.L. 60-II-3-1912 signado por los diputados César Duarte Jáquez y María Eugenia Jiménez Valenzuela, Presidente y Secretaria, respectivamente, de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número COPLADII/449/08 suscrito por el licenciado Francisco Maass Peña, director general de Planeación e Innovación Institucional de la Procuraduría General de la República, mediante el cual da respuesta al punto de acuerdo relativo al combate al secuestro.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente
Cuauhtémoc Cardona Benavides (rúbrica)
Subsecretario de Enlace Legislativo
 
 

México, DF, a 4 de noviembre de 2008.

Licenciado Cuauhtémoc Cardona Benavides
Subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación
Presente

Con el gusto de saludarle y en respuesta al oficio SEL/300/4442/08, mediante el cual comunica el punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, en el que se exhorta a los Titulares de la PGR y de la SSPF, para que en el ámbito de sus atribuciones, coadyuven con las autoridades competentes de las entidades federativas en los procesos ,y acciones necesarias para la conformación, desarrollo o fortalecimiento de las Unidades Especializadas en el Combate al Secuestro, así como de los cuerpos policiales. Al respecto me permito comunicar que la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), informó que de conformidad con el párrafo XI del Acuerdo 1, derivado de la sesión extraordinaria de la Asamblea Plenaria de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, celebrada en septiembre del año en curso, se desprende que la Secretaría de Seguridad Pública Federal y la Procuraduría General de la República, se comprometen a brindar el trabajo tutorial para instalar las Unidades Especializadas en Combate al Secuestro que sean necesarias.

Por su parte, esta Institución con el objeto de dar cumplimiento a los compromisos de referencia y en el marco de la Estrategia Nacional contra el Secuestro, ha realizado las siguientes acciones:

De igual manera hago de su conocimiento, que el 19 de abril de 2007 en el marco de la Reunión Nacional de Procuradores de Justicia, fue suscrito el Procedimiento de Colaboración entre la Procuraduría General de la República, la Procuraduría General de Justicia militar, la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal y las Procuraduría Generales de Justicia de los 31 estados de la federación, en relación con la investigación de delitos del orden común o militar en el que pudieran tener relación miembros de la delincuencia organizada, definida por el artículo 2 de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, en el que se definen claramente las reglas de operación para concretar la colaboración entre procuradurías.

Por lo que se refiere al fortalecimiento de los cuerpos policiales, le informo que este es un compromiso de la Secretaría de Seguridad Pública Federal.

Lo anterior lo hago de su conocimiento con fundamento en los artículos 24 y 68, fracción IX, del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República.

Sin otro particular, le reitero la seguridad de mi atenta y distinguida consideración.

Atentamente
Sufragio Efectivo. No Reelección.

Licenciado Francisco Maass Peña (rúbrica)
Director General de Planeación e Innovación Institucional
 
 

México, DF, a 6 de noviembre de 2008.

Secretarios de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión
Presentes

En respuesta al oficio número D.G.P.L. 60-II-4-1529, signado por los diputados César Duarte Jáquez y María Eugenia Jiménez Valenzuela, Presidente y Secretaria, respectivamente, de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir, para los fines procedentes, copia del similar número 2545, suscrito por el doctor Álvaro Castro Estrada, subsecretario del Trabajo, Seguridad y Previsión Social de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, así como el anexo que en el mismo se menciona, mediante los cuales responde el punto de acuerdo relativo a la conciliación de la vida laboral y familiar en México.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente
Cuauhtémoc Cardona Benavides (rúbrica)
Subsecretario de Enlace Legislativo
 
 

México, DF, a 29 de octubre de 2008.

Licenciado Cuauhtémoc Cardona Benavides
Subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación
Presente

Me refiero a su atento oficio número SEL/300/3638/08, dirigido al licenciado Javier Lozano Alarcón, secretario del Trabajo y Previsión Social, por el que remite el punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, en su sesión celebrada el 2 de septiembre del presente año, por el que se exhorta a los Poderes de la Unión para que, a través de las instancias y dependencias de la administración pública competentes, se implanten acciones y convenios de colaboración a nivel nacional para concienciar y sensibilizar a la población sobre la conciliación en la vida laboral, familiar y personal de las familias mexicanas, logrando un reparto equilibrado de responsabilidades entre mujeres y hombres trabajadores, además de la instrumentación de medidas concretas que lleven a la realización de este objetivo.

Al respecto, me permito señalar que esta dependencia del Ejecutivo federal, para atender los asuntos de su competencia en materia de género, cuenta con la Dirección General de Equidad y Género, la cual fue creada en el año de 1998 con el objetivo de promover el reconocimiento y valoración del trabajo femenino, conforme a cuatro subprogramas, a saber: difusión y defensa de los derechos laborales de la mujer; políticas de género; promoción y empleo; y gestión.

Las atribuciones con que cuenta la citada Dirección General de Equidad y Género se encuentran establecidas en el Reglamento Interior de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), artículo 22.

Por otra parte, la STPS, a través del Programa Sectorial 2007-2012, expresa los objetivos, las estrategias y las líneas de acción que definen su actuación, para impulsar el desarrollo del país y dar resultados a fin de contribuir a la construcción de un mejor futuro, en particular para las mujeres trabajadoras. Dicho programa sectorial asume diversas responsabilidades, entre ellas el objetivo 9: Promover la equidad y la inclusión laboral.

Este objetivo, se instrumenta a través de la Dirección General de Equidad y Género, por medio del diseño de políticas laborales para la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.

En materia de conciliación en la vida laboral, familiar y personal de las familias, existen el Distintivo Empresa Familiarmente Responsable y la Norma para la Igualdad Laboral entre Mujeres y Hombres, cuya información se detalla en el documento que se adjunta al presente.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

Atentamente
Doctor Álvaro Castro Estrada (rúbrica)
Subsecretario del Trabajo, Seguridad y Previsión Social
 

Acciones de la STPS en materia de conciliación en la vida laboral, familiar y personal de las familias

Distintivo Empresa Familiarmente Responsable (EFR)

El Distintivo EFR tiene como objetivo reconocer a las empresas que instrumenten buenas prácticas laborales en las materias de equidad de género, prevención y combate al hostigamiento sexual, así como de acciones y políticas para favorecer que los trabajadores y las trabajadoras atiendan sus responsabilidades familiares.

Este distintivo constituye un instrumento de diagnóstico de la realidad laboral, en la medida en que fija con claridad el deber ser de las prácticas laborales de las empresas familiarmente responsables y, sobre esa base, ayuda a identificar las brechas existentes y los beneficios y costos implicados en los posibles cursos de acción de mejora continua para el desarrollo de los recursos humanos, como condición para elevar la productividad y la competitividad en un mundo globalizado.

Se integra por tres ejes de prácticas laborales claramente diferenciadas, aunque íntimamente relacionadas, a saber: a) la corresponsabilidad familiar; b) la equidad de género, y c) la eliminación de la violencia laboral y el hostigamiento sexual.

A la fecha se tienen los siguientes resultados en la aplicación de este Distintivo:

Norma Mexicana para la Igualdad laboral entre Mujeres y Hombres

La Norma Mexicana para la Igualdad Laboral entre Mujeres y Hombres es un instrumento de certificación de prácticas laborales aprobado en el Programa Nacional de Normalización 2008, la cual se encuentra en la fase de elaboración. Dicha norma será de aplicación voluntaria por parte de instituciones públicas, empresas y sindicatos, pero será obligatoria en los procesos de licitación que promueva el gobierno federal.

Su objetivo es establecer los parámetros e indicadores mínimos que deberán considerarse en el monitoreo y la evaluación de políticas de igualdad de oportunidades laborales, así como en los procedimientos y enfoques organizacionales, a fin de garantizar la ausencia de prácticas discriminatorias, y favorecer la igualdad de oportunidades laborales entre mujeres y hombres.

Los ejes de esta norma son:

Secretarios de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión
Presentes

En respuesta del oficio número D.G.P.L. 60-II-3-1395, signado por las diputadas Ruth Zavaleta Salgado y María Eugenia Jiménez Valenzuela, Presidenta y Secretaria, respectivamente, de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir, para los fines procedentes, copia del similar número PFP/CIP/DSJA/1952/2008, suscrito por el inspector licenciado Miguel Ángel Quiroz Córdova, director de Seguimiento Jurídico Administrativo de la Secretaría de Seguridad Pública, así como el anexo que en él se menciona, mediante los cuales responde el punto de acuerdo relativo a la trata de personas.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente
Cuauhtémoc Cardona Benavides (rúbrica)
Subsecretario de Enlace Legislativo
 
 

México, DF, a 5 de noviembre de 2008.

Cuauhtémoc Cardona Benavides
Subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación
Presente

En atención de su oficio número SEL/300/853/08, de fecha 27 de febrero del año en curso, mediante el cual comunica el punto del acuerdo único, aprobado por el Pleno de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión en sesión celebrada el 26 de febrero de 2008, que a la letra dice:

Sin más por el momento y atendiendo en debido tiempo y forma el punto del acuerdo único aprobado por el Pleno de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, quedo a sus órdenes, no sin antes reiterarle a usted las seguridades de mi consideración y respeto.

Atentamente
Inspector Miguel Ángel Quiroz Córdova (rúbrica)
Director de Seguimiento Jurídico Administrativo
 
 

México, DF, a 3 de noviembre de 2008.

Inspector Miguel Ángel Quiroz Córdova
Director de Seguimiento Jurídico Administrativo
Presente

Atiendo el oficio número PFP/CIP/DSJA/1907/2008, de fecha 1 de noviembre, en atención de la tarjeta número SSP/SP/277/2008, del 4 de marzo del año en curso, signada por la licenciada Blanca R. Medina Barrera, secretaria particular de la oficina del secretario de Seguridad Pública federal, derivado del oficio SEL/300/853/08, del 27 de febrero de 2008, suscrito por el ciudadano Cuauhtémoc Cardona Benavides, subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación, mediante el cual solicita un diagnóstico para diseñar políticas públicas eficaces que combatan la trata de personas.

Al respecto, le remito original de la tarjeta número PFP/CIP/DGT/DGAAT/08, de fecha 3 de noviembre del 2008, signada por el inspector Héctor Salas Soto, director general adjunto de la DGT.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente
Sufragio Efectivo. No Reelección.

Inspector General Andrés Ramírez Estrada (rúbrica)
Encargado Accidental de la Dirección General de Terrorismo
 
 

México, DF, a 3 de noviembre de 2008.

Inspector General Andrés Ramírez Estrada
Encargado Accidental de la Dirección General de Terrorismo
Presente

Respondo el volante número 748, de fecha 1 de noviembre del año en curso, y en atención del oficio número PFP/CIP/DSJA/1907/2008, signado por el licenciado Miguel Ángel Quiroz Córdova, director de Seguimiento Jurídico Administrativo, mediante el cual solicita, derivado del oficio SEL/300/853/08, del 27 de febrero de 2008, suscrito por el ciudadano Cuauhtémoc Cardona Benavides, subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación, un diagnóstico para diseñar políticas públicas eficaces que combatan la trata de personas, respecto del punto de acuerdo único aprobado por el Pleno de ese órgano legislativo:

Único. La Cámara de Diputados exhorta de manera respetuosa al Ejecutivo federal y a los gobiernos de las entidades federativas y del Distrito Federal a poner en marcha campañas de difusión y estudios cuantitativos y cualitativos, a fin de que exista un diagnóstico para diseñar políticas públicas eficaces que combatan la trata de personas.

Al respecto, anexo el diagnóstico solicitado.

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

Atentamente
Inspector Héctor Salas Soto (rúbrica)
Director General Adjunto de la DGT
 
 

México, DF, a 3 de noviembre de 2008.

En atención del expediente 101/LX, elaborado por la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, respecto al punto de acuerdo único de la Cámara de Diputados en la cual exhorta al Ejecutivo federal a poner en marcha campañas de difusión y estudios cuantitativos y cualitativos a fin de que exista un diagnóstico claro para diseñar políticas públicas eficaces que combatan la trata de personas, ponemos a su consideración las siguientes apreciaciones:

La trata de personas implica emprender acciones sustanciales de investigación, principalmente preventivas, encaminadas a identificar y neutralizar organizaciones o individuos dedicados a la trata de personas en territorio nacional y en el extranjero con incidencia en México, mediante diagnósticos y aseguramientos de personas que atentan contra grupos vulnerables. Dicha situación ha crecido debido a los problemas económicos, lo que ha agudizado la situación en México y en países de Centro y Sudamérica, cayendo en manos de oportunistas, quienes los secuestran y explotan, surgiendo macroorganizaciones, organizaciones, células regionales e internacionales, dedicadas a la trata de personas, que a su vez son apoyados por grupos delictivos, principalmente por traficantes de personas con relación a las funciones y atribuciones, la cual nos permite su análisis, estudio, atención y promoción de acciones con el fin de prevenir el delito, suscribiendo convenios de colaboración y a solicitud de las autoridades respectivas de acuerdo con los lineamientos de la Ley General que establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Sin embargo, y con base en el Reglamento de la Policía Federal Preventiva, en el artículo 23, fracción I, expresa textualmente: "Corresponde a la unidad administrativa de vinculación y comunicación social la facultad para difundir las actividades de la institución, así como los resultados de las mismas a través de los medios de comunicación". Por ello, a dicha unidad administrativa correspondería la difusión en torno del combate de la trata de personas.

El compromiso social que tiene la Policía Federal Preventiva de brindar la seguridad y atención en materia de trata de personas, en cualquiera de sus modalidades, colaborando y promoviendo proposiciones en políticas públicas, las cuales son sujetas siempre a consideración, todo ello, con el fin de continuar la prevención del delito de los grupos más vulnerables. Por ello a continuación se exponen diversas apreciaciones para el diseño de estas políticas públicas:

Cualitativas

Secretarios de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión
Presente

En respuesta al oficio número D.G.P.L. 60-II-4-1529, signado por los diputados César Duarte Jáquez y María Eugenia Jiménez Valenzuela, Presidente y Secretaria, respectivamente, de la Mesa Directiva de ese Órgano Legislativo, me permito remitir, para los fines procedentes, copia del similar número 170/ UCVPS/ DGAVPS/ 1351/ 2008 suscrito por el doctor Lucio Galileo Lastra Marín, director general adjunto de Vinculación y Participación Social de la Secretaría de Salud, así como el anexo que en el mismo se menciona, mediante los cuales responde el punto de acuerdo relativo a la conciliación de la vida laboral y familiar en México.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente
Cuauhtémoc Cardona Benavides (rúbrica)
Subsecretario de Enlace Legislativo
 
 

México, DF, 30 de octubre de 2008.

Licenciado Cuauhtémoc Cardona Benavides
Subsecretario de Enlace Legislativo
Secretaría de Gobernación
Presente

En atención a su oficio SEL/300/ 3642/08, mediante el cual informa sobre el punto de acuerdo presentado por la diputada Bertha Yolanda Rodríguez Ramírez (PRD) el 13 de diciembre de 2007, y aprobado el día 2 de septiembre de los corrientes en los siguientes términos:

Con base en lo anterior he de agradecer su amable intervención a efecto de remitir esta información al órgano legislativo, para su desahogo.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente
Doctor Lucio Galileo Lastra Marín (rúbrica)
Director General Adjunto
 
 

México, DF, a 28 de octubre de 2008.

Doctor Lucio Galileo Lastra Marín
Director General Adjunto de Vinculación y Participación Social

En relación con su oficio 170/ UCVPS/ DGAVPS/ 1106/ 2008, mediante el cual remite al doctor Mauricio Hernández Ávila, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, documentación correspondiente al punto de acuerdo presentado por la diputada Bertha Yolanda Rodríguez Ramírez aprobado el 2 de septiembre del año en curso, cuyo texto dice:

Ciertamente estamos de acuerdo con los argumentos expuestos por la Comisión de Equidad y Género de la Honorable Cámara de Diputados en el capítulo de consideraciones del punto de acuerdo.

La creciente participación de las mujeres en actividades extradomésticas remuneradas o no remuneradas, en el sector formal o informal, hace que la carga de trabajo de las mujeres aumente considerablemente, ya que las tareas que tradicionalmente se han dejado a su cargo, en particular las tareas domésticas, el cuidado y crianza infantil y de manera muy importante el cuidado de enfermos, no se comparten por los miembros varones de la familia.

En este sentido sería necesario que esa soberanía incorporara como ha ocurrido en otros países modificaciones por ejemplo a las leyes del IMSS y del ISSSTE, así como a instrumentos derivados de ellas para que los hombres puedan participar por ejemplo en las actividades de crianza infantil y acompañamiento en la educación de sus hijos, y en los cuidados necesarios cuando éstos u otros familiares están enfermos, ya que las prestaciones por ejemplo de "cuidados maternos" sólo se proporcionan a madres trabajadoras y no así a los padres, lo que impide su participación activa en las mismas.

En el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva se ha desarrollado una propuesta de modelo de atención a enfermos crónicos dependientes con perspectiva de género, que se espera poder probar de forma piloto en alguna entidad federativa en colaboración con los Servicios Estatales de Salud en 2009 y que plantea por un lado la mayor participación de todos los integrantes del grupo familiar en los cuidados a este tipo de enfermos y por otro el posible apoyo a través de personal técnico capacitado para este fin.

El cuidado cotidiano de enfermos crónicos sin duda redundará en la menor presencia de complicaciones y la prevención del síndrome de burn out de las cuidadoras.

Por último es necesario destacar la importancia de la incorporación de la perspectiva de género en las campañas de comunicación social de las dependencias públicas. En el caso de la Secretaría de Salud, en el Programa Sectorial de Salud 2007-2012 se incluyó una meta para incorporar la perspectiva de género en las campañas de educación y promoción de la salud de los problemas prioritarios de salud dentro de lo cual se tiene previsto incorporar este mensaje de participación de hombres y mujeres en los cuidados de la salud propia y de los demás integrantes del grupo familiar.

En este sentido la participación de adolescentes y jóvenes hombres y mujeres puede ser una gran contribución a la distribución más equitativa de estas labores entre mujeres y hombres.

Sin otro particular por el momento.

Atentamente
Doctora Patricia Uribe Zúñiga (rúbrica)
Directora General
 
 

México, DF, a 10 de noviembre de 2008.

Secretarios de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión
Presentes

En respuesta al oficio número DGPL 60-II-1-1832, signado por los diputados César Duarte Jáquez y Manuel Portilla Diéguez, Presidente y Secretario, respectivamente, de ese órgano legislativo, me permito remitir, para los fines procedentes, copia del similar número SSP/OS/035/2008, suscrito por Olivia Lizeth Parra Salazar, de la oficina del secretario de Seguridad Pública, así como el anexo que en ése se menciona, mediante los cuales responde punto de acuerdo relativo a la Policía Federal Preventiva y la Agencia Federal de Investigación.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente
Cuauhtémoc Cardona Benavides (rúbrica)
Subsecretario de Enlace Legislativo
 
 

México, DF, a5 de noviembre de 2008.

Licenciado Cuauhtémoc Cardona Benavides
Subsecretario de Enlace Legislativo
Presente

Me refiero al oficio número SEL/300/4447/08, a través del cual hizo del conocimiento de esta secretaría el punto de acuerdo aprobado por el Pleno de la honorable Cámara de Diputados, en sesión celebrada el 21 de octubre del presente año. En dicho punto de acuerdo se solicita lo siguiente:

Agradezco la atención que dé al presente y reciba un cordial saludo.

Atentamente
Olivia Lizeth Parras Salazar (rúbrica)
 

Instancia de Coordinación
Policía Federal Preventiva-Agencia Federal de Investigación

Marco jurídico

Artículo 6. La secretaría establecerá con la Procuraduría General de la República, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Secretaría de Gobernación, y con aquellas dependencias y entidades de la administración pública federal cuyas atribuciones se relacionen con la seguridad pública, la Instancia de Coordinación de la Policía Federal que será presidida por quien designe el secretario, de conformidad con los artículos 30 Bis, fracciones X y XII, de la Ley Orgánica y 10 de la ley, y del presente reglamento.

Ley Orgánica de la Administración Pública Federal

Artículo 30 Bis. A la Secretaría de Seguridad Pública corresponde el despacho de los siguientes asuntos:

Artículo 10. Las Secretarías de Gobernación¹ (de Seguridad Pública), de Hacienda y Crédito Público, y de Comunicaciones y Transportes, la Procuraduría General de la República, así como aquellas dependencias y entidades de la administración pública federal cuyas atribuciones se relacionen con las de la Policía Federal Preventiva, se coordinarán para el despacho de los asuntos relativos a seguridad pública a cargo de la federación. Este mecanismo de coordinación estará presidido por el representante de la Secretaría de Gobernación.

El Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 señaló que la seguridad pública y el estado de derecho forman un binomio esencial para hacer realidad el desarrollo humano sustentable. El gobierno debe ser capaz de sancionar con objetividad e imparcialidad a quienes no respeten las disposiciones contenidas en la ley, a fin de garantizar la seguridad de todos los mexicanos. Es la propia ciudadanía la que proporciona información clave sobre la manifestación pública del fenómeno delictivo.

Una primera perspectiva para el avance de la seguridad consiste en aplicar el principio de prevención. En efecto, en la medida en que se establezcan condiciones de vida digna para más mexicanos y se protejan los derechos del ciudadano, la prevención del crimen avanzará considerablemente, al tiempo que se consolidará el goce pleno de los derechos y las libertades individuales.

Una segunda perspectiva supone combatir y sancionar activamente la comisión de delitos mediante la mejora de los instrumentos con que cuentan las policías, los Ministerios Públicos y los peritos investigadores, así como la capacidad del sistema penitenciario

Esto es, la Instancia de Coordinación se constituye en un medio eficaz y eficiente para la generación, procesamiento y uso de información de inteligencia para el combate a la delincuencia, y para la realización de operaciones conjuntas que potencialicen el funcionamiento de las fuerzas de seguridad pública federales y permitan alinear las capacidades del Estado mexicano en la lucha contra el crimen organizado, con estricto respeto a las atribuciones legales y reglamentarias que cada institución tiene encomendadas.

Organización

México, DF, a 11 de noviembre de 2008.

Secretarios de la Honorable Cámara de Diputados
Presentes

Me permito comunicar a usted que, en sesión celebrada en esta fecha, los senadores David Jiménez Rumbo y Minerva Hernández Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentaron iniciativa con proyecto de decreto por el que se modifica el último párrafo del artículo 2 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado.

La Presidencia dispuso que dicha iniciativa se turnara a la Cámara de Diputados, la cual se anexa.

Atentamente
Senador José González Morfin (rúbrica)
Vicepresidente
 

Los suscritos senadores, David Jiménez Rumbo y Minerva Hernández Ramos, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LX Legislatura del Congreso de la Unión, y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55, fracción II, 56 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de esta honorable asamblea, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se modifica el último párrafo del artículo 2 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

Es normal que el sistema fiscal esté sometido a un proceso de revisión constante, pues instrumentos que en un tiempo fueron adecuados, pueden dejar de serlo si no se procede a su reestructuración para adaptarlos a las necesidades cambiantes del desarrollo social y económico.

Tal es el caso del impuesto al valor agregado (IVA), definido como la tasa impositiva con la que se gravan todos los bienes y servicios que no caen en la categoría de exentos o de tasa cero.

Actualmente su cobro se hace de forma diferenciada, ya que en la frontera norte, y debido al intenso intercambio con las ciudades del sur de los Estados Unidos, la tasa del IVA es del 10 por ciento, mientras que en el resto país es del 15 por ciento. Sin embargo, inexplicablemente esta tasa preferencial se aplica a la frontera sur, y a los estados de Quintana Roo y Baja California Sur.

La imposición de las tasas diferenciales en cuanto al IVA, tiene su antecedente en la iniciativa presentada por el Ejecutivo federal al Congreso de la Unión el 29 de noviembre de 1978, donde planteaba una tasa del 6 por ciento aplicada a la franja fronteriza que comprendía 20 kilómetros paralela a la línea divisoria internacional del norte del país, o en las zonas libres de Baja California y norte de Sonora y Baja California Sur. Para el resto del país, la tasa era del 10 por ciento. Tal disposición fue aprobada por el Congreso de la Unión y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 29 de diciembre de 1978.

Sin embargo el Ejecutivo federal presentó el 11 de noviembre de 1991 una iniciativa de reforma que derogaba y adicionaba diversas disposiciones de la Ley del Impuesto del Valor Agregado, entre ellas el artículo 2, que proponía eliminar el tratamiento diferencial vigente para las franjas fronterizas y zonas libres del país, basado en que estas regiones contaban con un elevado nivel de competitividad de sus productos y en general con una economía fortalecida, bajo este criterio, fue derogado este artículo estableciendo una tasa única del 10 por ciento, con lo que se incentivaría una mejor administración de este gravamen y una recaudación con mejores controles para evitar la evasión y la elusión de sus normas. La disposición fue aprobada por el Congreso de la Unión y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 21 de noviembre de 1991.

Posteriormente en 1995, en medio de la severa crisis financiera por la que atravesaba nuestro país y que afectaba a todos los ámbitos de gobierno de la vida económica y como parte del Programa de Acción para Reforzar el Acuerdo de Unidad para Superar la Emergencia Económica, el Ejecutivo federal propuso nuevamente al Congreso de la Unión, el 14 de marzo de 1995, reformas a la Ley del IVA, en donde proponía mantener una tasa general del 10 por ciento en la región fronteriza cuando los actos o actividades por los cuales se debía pagar el impuesto se realizaran por residentes de la región fronteriza del país, siempre que la entrega material de bienes o la prestación del servicio se llevare a cabo en dicha región.

Así pues, para el resto del país la tasa incrementaba en un 5 por ciento, pasando del 10 al 15 por ciento. La reforma fue aprobada por el Congreso de la Unión y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de marzo de 1995, en el que se consideraba la franja fronteriza de 20 kilómetros paralela a las líneas divisorias internacionales del norte y sur de país, todo territorio de los estados de Baja California, Baja California Sur y Quintana Roo, el municipio de Cananea, Sonora, así como la región parcial del estado de Sonora comprendida en los siguientes límites: al norte, la línea divisoria internacional desde el cauce del río Colorado hasta el punto situado en esa línea a 10 kilómetros al oeste del municipio Plutarco Elías Calles; de ese punto, una línea recta hasta llegar a la costa, a un punto situado a 10 kilómetros al este de Puerto Peñasco; de ahí, siguiendo el cauce de ese río, hacia el norte hasta encontrar la línea divisoria internacional.

El 11 de diciembre de 2001, nuevamente el Ejecutivo federal propuso al Congreso de la Unión reformar el artículo 2 de la Ley del IVA, para incluir el municipio de Caborca, Sonora, como parte de la región fronteriza para efectos de la aplicación de la tasa del 10 por ciento, bajo el argumento de que el municipio estaba siendo afectado en su economía, debido al desplazamiento de los consumidores nacionales hacia las ciudades vecinas de los Estados Unidos de América.

De acuerdo con la exposición de motivos, la modificación obedecía a la promoción del comercio y el empleo en el propio municipio, mejorando así su situación competitiva para evitar la salida de divisas al extranjero, modificación que fue aprobada por el Congreso de la Unión y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de diciembre de 2002.

Como podemos observar, estas tres reformas que ha tenido el artículo 2 de la Ley del IVA se han venido impulsado con un solo objetivo: fortalecer las finanzas públicas de aquellas entidades federativas que se encuentran territorialmente cerca de aquéllas naciones que tienen tasas con porcentajes menores a las nuestras y que comercialmente representan una desventaja, pues en nada impulsa al crecimiento económico, por el contrario, desalienta el comercio nacional y aumenta la dependencia en las importaciones que se traduce en fugas importantes de capital económico.

En los últimos años importamos mayores bienes y servicios del extranjero en comparación de los productos mexicanos que exportamos, la situación económica por la que atraviesa nuestra nación es grave y para nadie es ajeno que todos los sectores económicos y la sociedad en general, perciben tiempos difíciles en el futuro próximo, por lo cual resulta oportuno que realicemos esfuerzos extraordinarios para detener el proceso de deterioro económico que tan abruptamente se inició a finales del año pasado.

Sabemos que el gobierno federal ha venido implementado a lo largo de este año medidas para hacer frente a esta situación, sin embargo son aún insuficientes, tal es caso del otorgamiento de estímulos fiscales a empresas que se establezcan en los 1,000 municipios más pobres del país, pues resulta realmente difícil y demuestra que el gobierno federal no tiene idea de las condiciones tan precarias y la alta marginación que tienen estos municipios, si consideramos que en la gran mayoría de estos, no se cuenta con ningún tipo de servicio público, como agua, electricidad, carreteras, etcétera, luego entonces difícilmente habrá empresas que se quieran ir a establecer a esos lugares, aún y cuando les otorguen todo tipo de créditos y facilidades. Es evidente el rezago económico y social en el que viven algunos estados de nuestro país.

Coincidimos plenamente con la necesidad de adecuar nuestros marcos normativos a las nuevas demandas y realidades sociales, sin embargo los altos índices de pobreza y falta de oportunidades no son ajenos a otras entidades federativas del país, es de todos conocidos la gran deuda social que tiene el gobierno federal con las entidades federativas, es evidente el rezago que existe en cuanto a la distribución del gasto, así como la transparencia y entrega de recursos económicos por parte de la federación a los estados.

Sin embargo, consideramos que entidades como Baja California Sur, cuyos límites geográficos no colindan con otro país, no se puede considerar como una entidad fronteriza desde el punto de vista territorial, no obstante, que así fue considerado por el legislativo de 1978, para efectos de la aplicación del estímulo fiscal, contemplado en el artículo 2 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, bajo el argumento de que se trataba de un estado cercano a la zona fronteriza, cuya finalidad era evitar el desplazamiento de los consumidores nacionales hacia el vecino país del norte.

Estamos conscientes que la recaudación de impuestos es una parte medular para el mantenimiento del gasto público de nuestro país, y que conjuntamente, el impuesto al valor agregado, el impuesto sobre la renta, tanto empresarial como personal, y el impuesto especial sobre producción y servicios representan alrededor del 85 por ciento de los ingresos tributarios.

De acuerdo con datos contenidos en el presupuesto de gastos fiscales 2002-2007 dados a conocer por la Secretaría de Hacienda, se recaudó en 2007 por concepto de IVA con aplicación de la tasa de 10 por ciento en la región fronteriza, 12 mil 643 millones de pesos –lo que representó el 0.13 por ciento del producto interno bruto (PIB)– de los 187 mil millones de pesos, que en total se recaudaron por este impuesto.

Comparativamente, México recauda un volumen de IVA como proporción del PIB muy bajo, ya que el promedio para el año 2000 en los países de la OCDE asciende a 6.9 por ciento del PIB, mientras que la de nuestro país alcanza tan sólo poco más de 3.5 por ciento.

Cuando se compara respecto a países de América Latina, México tampoco muestra un buen desempeño, ya que el promedio recaudatorio de dicha región se ubica en 5.5 por ciento del PIB, también considerablemente arriba del nuestro.

Tener distintas tasas conlleva mayores gastos para la autoridad fiscal porque tiene que diseñar instrumentos específicos de fiscalización y auditoría así como sistemas informáticos que permitan detectar para sancionar el comportamiento oportunista de los contribuyentes.

Tener una tasa del 10 por ciento en la frontera discrimina a los contribuyentes. Esta diferenciación de tasas provoca que se dé una transferencia neta de recursos principalmente a las regiones geográficas del norte del país, transferencia que se refleja en un menor costo de vida a costa de las regiones que pagan la tasa general.

Hoy los resultados son evidentes, pues de acuerdo con datos proporcionados por el Servicio de Administración Tributaria, ni siquiera se recauda el 10 por ciento del total que se obtiene de la aplicación del 15 por ciento a las entidades federativas que para efectos de la Ley del IVA no son zonas fronterizas.

Tener una tasa de impuesto con un criterio geográfico (10 por ciento en fronteras), tasas con criterios sociales (tasa cero por ciento y exenciones) y otra tasa general (tasa 15 por ciento) incentiva a los contribuyentes a buscar el arbitraje entre ellas para minimizar el IVA a pagar o, en su caso, a obtener un saldo a favor para solicitar una devolución que cada vez son más frecuentes.

Es por ello que, atendiendo a la baja recaudación que se obtiene derivado de la aplicación de este tratamiento en zonas fronterizas, proponemos modificar el contenido del último párrafo del artículo 2 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado suprimiendo dentro de este apartado los estados de Baja California Sur y Quintana Roo, dentro de la zona considerada como fronteriza; los municipios de Caborca y Cananea, Sonora; así, como a la región parcial de Sonora comprendida en los siguientes límites: al norte, la línea divisoria internacional desde el cauce del río Colorado hasta el punto situado en esa línea a 10 kilómetros al oeste del municipio Plutarco Elías Calles; de ese punto, una línea recta hasta llegar a la costa, a un punto situado a 10 kilómetros, al este de Puerto Peñasco; de ahí, siguiendo el cauce de ese río, hacia el norte hasta encontrar la línea divisoria internacional.

Por lo expuesto, sometemos a la consideración de esta honorable soberanía iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se modifica el último párrafo del artículo 2 de la Ley del Impuesto del Valor Agregado para quedar como sigue:

Artículo 2o. ...

...

...

Para efectos de esta ley, se considera como región fronteriza la franja de 20 kilómetros paralela a las líneas divisorias internacionales del norte y sur del país.

Senadores: Minerva Hernández Ramos, David Jiménez Rumbo (rúbricas)
 
 

México, DF, a 13 de noviembre de 2008.

Secretarios de la Cámara de Diputados
Presentes

Para los efectos legales correspondientes, me permito remitir a ustedes expediente que contiene minuta proyecto de decreto por el que se concede permiso para que el licenciado Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, presidente de los Estados Unidos Mexicanos, pueda aceptar y usar el collar de la Orden del Libertador San Martín, que le confiere el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la República Argentina.

Atentamente
Senador José González Morfín (rúbrica)
Vicepresidente
 

Minuta
Proyecto de Decreto

Artículo Único. Se concede permiso para que el licenciado Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, presidente de los Estado Unidos Mexicanos, pueda aceptar y usar el collar de la Orden del Libertador San Martín, que le confiere el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la República Argentina.

Salón de sesiones de la honorable Cámara de Senadores.- México, DF, a 13 de noviembre de 2008.

Senador José González Morfín (rúbrica)
Vicepresidente

Senador Renán Cleominio Zoreda Novelo (rúbrica)
Secretario