• Con punto de acuerdo, a fin de que en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2009 se consideren recursos del Fondo Metropolitano para la zona urbana de Tlaxcala-Apizaco y municipios conurbados, a cargo del diputado José Alejandro Aguilar López, del Grupo Parlamentario del PAN.

• Con punto de acuerdo, para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2009 se destinen mayores recursos al ISSSTE y al otorgamiento de vales de fin de año a sus jubilados y pensionados, a cargo del diputado Pablo Trejo Pérez, del Grupo Parlamentario del PRD.

• Con punto de acuerdo, a fin de que en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2009 se consideren recursos para instaurar el programa de renovación del parque vehicular de las Mipyme, a cargo del diputado Alberto Amador Leal, del Grupo Parlamentario del PRI.

• Con punto de acuerdo, a fin de que en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2009 se consideren recursos para incorporar un programa de desarrollo forestal comunitario, suscrita por diputados del Grupo Parlamentario del PVEM.

• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a emitir a través de la Secretaría de Salud y de la SEP la norma oficial mexicana sobre el peso máximo del material escolar que portan diariamente los niños de los niveles básicos del sistema educativo nacional, a cargo de la diputada Silvia Luna Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.

• Con punto de acuerdo, a fin de que en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2009 se consideren mayores recursos para la zona urbana de Tlaxcala y de Puebla, a cargo del diputado José Alejandro Aguilar López, del Grupo Parlamentario del PAN.

• Con punto de acuerdo, a fin de que en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2009 se consideren recursos para construir una terminal de transporte de pasajeros en Texcoco, México, a cargo del diputado Juan Darío Arreola Calderón, del Grupo Parlamentario del PRD.

• Con punto de acuerdo, a fin de que en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2009 se consideren mayores recursos para el subsidio de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, a cargo del diputado José Alejandro Aguilar López, del Grupo Parlamentario del PAN.

• Con punto de acuerdo, a fin de que en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2009 se destinen recursos al fondo para financiar programas especiales dirigidos a los migrantes que el Ejecutivo federal implantará mediante la Segob, la SRE, la SEP, la SSP, la SHCP, la Sedesol y la STPS, suscrita por los diputados Francisco Javier Calzada Vázquez y Carlos Rojas Gutiérrez, de los Grupos Parlamentarios del PRD y del PRI.

• Con punto de acuerdo, a fin de que se incorporen diversos artículos transitorios en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2009, a cargo de la diputada Silvia Emilia Degante Romero, del Grupo Parlamentario del PAN.

• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SE, al gobierno de Tlaxcala, y a las Comisiones de Economía, y de Presupuesto y Cuenta Pública de esta soberanía a autorizar recursos para crear tres parques Pyme en diversos municipios de dicha entidad, a cargo del diputado Alberto Amaro Corona, del Grupo Parlamentario del PRD.

• Con punto de acuerdo, a fin de que en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2009 se adicione un artículo séptimo transitorio, relativo a la asignación de partidas específicas en estados y municipios para garantizar el desarrollo integral de los pueblos y de las comunidades indígenas, suscrita por los diputados Martha Cecilia Díaz Gordillo y Diódoro Carrasco Altamirano, del Grupo Parlamentario del PAN.

• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al jefe del Gobierno del Distrito Federal a autorizar mediante el secretario de Obras y Servicios los trabajos correspondientes a pasos inferiores en la delegación Miguel Hidalgo, a cargo de la diputada María Gabriela González Martínez, del Grupo Parlamentario del PAN.

• Con punto de acuerdo, por el que se solicita al grupo de trabajo de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos de esta soberanía encargado del seguimiento y la aplicación de los convenios de la Alianza por la Calidad de la Educación que convoque y realice foros públicos temáticos de análisis y debate de las implicaciones de dicho pacto, a cargo del diputado Adrián Pedrozo Castillo, del Grupo Parlamentario del PRD.

• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República a formular excitativa a las Comisiones Unidas de Justicia, de Gobernación, y de Estudios Legislativos a fin de que presenten al Pleno el dictamen correspondiente a la minuta que expide la Ley Federal de Justicia para Adolescentes y reforma diversas leyes, a cargo de la diputada Patricia Villanueva Abraján, del Grupo Parlamentario del PRI.

• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sectur a apoyar con elementos arquitectónicos, urbanísticos y de accesibilidad que garanticen en los destinos turísticos de playa, en especial Huatulco, el libre tránsito o movilidad de las personas con capacidades diferentes, a cargo del diputado Humberto López Lena Cruz, del Grupo Parlamentario de Convergencia.

• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a implantar mediante la SHCP y la Sagarpa acciones para que no se incrementen las tasas de interés en el financiamiento del campo nacional, a cargo del diputado Javier Martín Zambrano Elizondo, del Grupo Parlamentario del PAN.

• Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Comisión de Turismo de esta soberanía que integre una subcomisión encargada de investigar las operaciones realizadas por John McCarthy Sandland durante su ejercicio como director del Fonatur y después de ello, a cargo del diputado Víctor Manuel Lizárraga Peraza, del Grupo Parlamentario del PRD.

• Con punto de acuerdo, a fin de que se autorice que los nombres de Sor Juana Inés de la Cruz y de Margarita Maza de Juárez inscritos con letras de oro en el Muro de Honor del recinto legislativo sean trasladados al Cintillo de Honor, con los de otras distinguidas mexicanas, a cargo de la diputada Martha Hilda González Calderón, del Grupo Parlamentario del PRI.

• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a denominar –mediante la SCT– José Alfredo Jiménez Sandoval el aeropuerto Bajío, de Guanajuato, a cargo del diputado Carlos Alberto Torres Torres, del Grupo Parlamentario del PAN.

• Con punto de acuerdo, para que el gobierno federal elimine la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos o la sustituya por un organismo autónomo que garantice retribuciones justas y acordes con las necesidades actuales de los trabajadores, a cargo del diputado César Flores Maldonado, del Grupo Parlamentario del PRD.

• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la titular de la SEP a instaurar las acciones necesarias para difundir ampliamente los planteamientos de la Alianza por la Calidad de la Educación, a cargo del diputado Juan de Dios Castro Muñoz, del Grupo Parlamentario del PAN.

El suscrito, José Alejandro Aguilar López, diputado del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Con motivo de la presentación, análisis y discusión del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2009, por parte de la Cámara de Diputados se han presentado proyectos y programas de los gobiernos federales, estatales y municipales, así como de los órganos autónomos. El tema del desarrollo metropolitano no está ausente.

Desde su creación, el Fondo Metropolitano ha tenido la intención de impulsar el desarrollo de áreas urbanas con procesos de conurbación en las que diversos gobiernos estatales o municipales deben conjuntar esfuerzos para armonizar políticas públicas comunes que son necesarias para atender a una población común.

En el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2006, esta Cámara tuvo a bien asignar mil millones de pesos (mdp) en el Fondo Metropolitano, recursos que en su totalidad se destinaron a la zona metropolitana del valle de México. En el PEF de 2007 autorizado por la Cámara de Diputados, el Fondo Metropolitano contó con 4 mil 647.3 mdp, de los cuales una parte fue canalizada a las zonas metropolitanas de Guadalajara y de Monterrey. Para 2008, esta soberanía aprobó recursos para siete zonas metropolitanas que abarcan nueve entidades federativas por un monto de 5 mil 550 mdp.

En el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2009 enviado por el Ejecutivo se incluyen, además de las aprobadas, las zonas metropolitanas de Acapulco, Aguascalientes, Cancún, Mérida, Oaxaca, Tijuana, Tuxtla Gutiérrez, Veracruz y Villahermosa y los dota de recursos por un total de 5 mil 710 millones de pesos, distribuida de la siguiente manera:

En Delimitación de las zonas metropolitanas de México 2005, estudio realizado por la Secretaría de Desarrollo Social, el Consejo Nacional de Población y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, se identificaron 56 zonas metropolitanas cuya población en 2005 ascendió a 57.9 millones de personas, quienes representan 56.0 por ciento de la población del país.
El estudio clarifica que la zona metropolitana alberga a 457 mil 655 habitantes en una superficie 709 kilómetros cuadrados, con una tasa de crecimiento anual de 2.0 por ciento y que involucra Apizaco, Cuaxomulco, Muñoz de Domingo Arenas, Santa Cruz, Tetla de la Solidaridad; Tzompantepec, Xaloztoc, Xaltocan y Yauhquemecan.

La lógica que sustenta la asignación de recursos a las zonas metropolitanas es incentivar la coordinación entre las diversas autoridades de gobierno, esta problemática no es privativa de las megalópolis de varios millones de habitantes, sino que tenemos ciudades de tamaño medio que también deben afrontar complejos problemas de conurbación.

Considero justo incluir en los fondos de desarrollo metropolitano el de la zona metropolitana de Tlaxcala- Apizaco.

Por lo expuesto y fundado, someto a consideración de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta respetuosamente a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, y de Desarrollo Metropolitano a incluir la zona metropolitana de Tlaxcala-Apizaco y municipios conurbados en los fondos de desarrollo metropolitano, con un presupuesto de 40 millones de pesos.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de noviembre de 2008.

Diputado José Alejandro Aguilar López (rúbrica)
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, PARA QUE EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN DE 2009 SE DESTINEN MAYORES RECURSOS AL ISSSTE Y AL OTORGAMIENTO DE VALES DE FIN DE AÑO A SUS JUBILADOS Y PENSIONADOS, A CARGO DEL DIPUTADO PABLO TREJO PÉREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD

El suscrito diputado federal a la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

Los ciclos individuales de actividad económica de capacitación, trabajo y retiro son un esquema que ha funcionado parcialmente, y sólo en el sector formal y asalariado. Este patrón se ve ahora alterado por la dinámica demográfica, las nuevas formas del trabajo y los cambios en los motivos y metas de la seguridad social.

En México es utópico que la vejez sea la época de reposo con la tranquilidad de una pensión. El Censo 2000 dice que los hombres pensionados son tan sólo 22.4% en las edades de 60-64 años; 29.6% en 65-69 años, 30.6% en 70-74 años y 26.6% en 75 + años. Sin embargo hay fuertes desigualdades de cifras entre hombres y mujeres pensionados, los hombres son los más protegidos, asimismo entre lo rural y lo urbano.

A la escasa cobertura se agrega el bajo monto de las pensiones. En la parte rural la mayor parte son de menos de un salario mínimo (SM) y en la parte urbana el mayor porcentaje está en los hombres con pensiones entre uno y menos de dos SM, mientras que en las mujeres predominan las de menos de un salario mínimo. Por lo que si son tan pocos los pensionados y la mayoría con beneficios tan insuficientes este segmento de la sociedad se tiene que procurar su subsistencia con el trabajo y el apoyo familiar.

Aunado a lo anterior se suma que las pensiones para los que se van insertando a este rubro de la economía, se presenta que las instituciones de seguridad social han estado técnicamente desfinanciadas, principalmente porque los costos de los beneficios sobrepasan en mucho al valor de las aportaciones. Con la privatización el Estado se retira de la seguridad social y las pensionan se tornan responsabilidad individual, dentro de un sistema financiero desventajoso y sin garantías. Para la mayoría de los trabajadores el monto que se acumule será insuficiente para la pensión mínima garantizada para quienes coticen al menos 1,250 semanas. Esta garantía es otro gran pasivo de deuda pública. Es un sistema que además anula toda posibilidad real de extensión hacia el campo y el sector informal, de tal manera que ante las tendencias de flexibilización del trabajo se ampliará la brecha entre población envejecida y población pensionada.

En este marco de empobrecimiento gradual de la población pensionada y jubilada es necesario tomar medidas que contribuyan al sustento de dicha población, por lo que su situación no se limita a la carencia económica sino a los servicios que deberían obtener por derecho de parte del Estado, como es el rubro también de salud.

En el caso de los pensionados y jubilados del Instituto de Seguridad Social y Servicios para los Trabajadores del Estado (ISSSTE), se requiere que además de que este Instituto mejore la atención a dicho sector de la población y en general a los adultos mayores, apoyarlos en vales de fin de año, para que en esta época que es tan complicada del año tengan elementos adicionales para los gastos que por la época se derivan.

Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en el artículo 74, fracción IV, de la Constitución Política y 42 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, me permito solicitar al Pleno de esta Cámara de Diputados se someta a consideración la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Único. Se solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública considerar dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2009, recursos por la cantidad de $120,000,000 (ciento veinte millones de pesos 00/100 m.n) para el ISSSTE y que se destinen a otorgar vales de fin de año por $200.00 (doscientos pesos 00/100 m.n) para un total de 600,000 jubilados y pensionados de este Instituto de Seguridad Social.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, a los seis días del mes de octubre del año 2008.

Diputado Pablo Trejo Pérez (rúbrica)
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE QUE EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN DE 2009 SE CONSIDEREN RECURSOS PARA INSTAURAR EL PROGRAMA DE RENOVACIÓN DEL PARQUE VEHICULAR DE LAS MIPYME, A CARGO DEL DIPUTADO ALBERTO AMADOR LEAL, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI

El suscrito, diputado federal integrante de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en la fracción I de los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, de urgente u obvia resolución, para fortalecer el sector automotriz mediante un programa de renovación del parque vehicular de las micro, pequeñas y medianas empresas.

En las últimas décadas México ha cosechado sectores manufactureros que son fundamentales no sólo para la economía nacional, sino también para la incursión en los procesos de globalización de cadenas productivas y de recepción de inversión extranjera directa (IED). El sector automotriz mexicano, a través de la conjunción de decretos presidenciales y políticas públicas, ha logrado conjuntar una industria con cinco grandes eslabones productivos: las armadoras, los distribuidores, la industria nacional de autopartes, los armadores de camiones, tracto camiones y autobuses y los vendedores de automóviles usados. Hoy en día dichos eslabones del sector automotriz son responsables de tener un millón de empleos directos, lo que convierte a esta industria en estratégica no sólo para las familias que tienen a los suyos en los empleos directos e indirectos que crea, sino también para la economía y comercio de México.

Conjuntando a los eslabones productivos referidos el sector automotor, representa un 3 por ciento del producto interno bruto nacional, además de aportar el 19 por ciento de las exportaciones manufactureras y el 15 por ciento del total de exportaciones globales mexicanas. Reafirmando lo fundamental del sector automotriz no se puede pasar de largo que en el 2007 el superávit comercial de la industria automotriz superó los 15 mil 142 millones de dólares. En contraste, el déficit comercial nacional ascendió a 10 mil 74 millones de dólares. Esto significa que sin la industria automotriz el déficit total sería de 25 mil 215 millones de dólares.

En la actualidad la crisis global económica y financiera está impregnando a no sólo los sectores financieros sino también a los de la llamada economía real, tal es el caso de la industria automotriz global. México al ser el décimo segundo productor a nivel mundial de vehículos y al ensamblar poco más de dos millones de unidades por año, enfrenta un reto al exterior dado que más del 70 por ciento de sus exportaciones en el sector automotor tienen como destino la principal economía del mundo, Estados Unidos. Las limitantes del crédito en el consumidor estadounidense, además de los altos precios de combustible, arrojan dos conclusiones a las armadoras establecidas en México: disminución de exportaciones al principal socio comercial de México, con lo cual la llave de la diversificación aparece como una opción, no obstante, como fenómeno coyuntural y dado el peso que tradicionalmente se ha tenido a la región TLCAN, no se puede asegurar como una estrategia segura en el mediano y largo plazo. Esto cobra mayor vigor cuando el efecto desestabilizador del sistema de pagos global no sólo está perjudicando al consumidor y planta productiva de países occidentales, preferentemente a los 30 miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), sino también al conjunto de economías emergentes. México al combinar ser miembro de la OCDE con su calificación de economía emergente, tiene un gran riesgo por su gran dependencia con el mercado estadounidense (dependencia consolidada cuando cerca del 70 por ciento de la IED que recibe proviene de Estados Unidos). El segundo factor no es menos importante y trata del posible viraje de fabricación de unidades ensambladas en México que el consumidor de Estados Unidos ya no tendrá en sus prioridades debido al alto costo de mantenimiento y combustible que exige un automotor con más de seis cilindros. Ambos vectores influyen en un reordenamiento de la capacidad de exportación de México y también en la readecuación de la línea de producción.

Si en México hay una industria automotriz de gran peso en las exportaciones, se ha informado poco que más del 50 por ciento de las unidades que nutren el parque vehicular mexicano provienen de importaciones. Si en 1998 México registraba una importación de 31 por ciento de automotores, en el año 2007 la cifra aumento a 64 por ciento. Con un registro de 25.5 millones de automotores en el parque vehicular, cuya antigüedad se promedia en cerca de 15 años (casi la misma que un país asolado por la guerra como Bosnia y Herzegovina), la economía nacional en articulación con la agenda fiscal, medioambiental y energética, debe buscar los incentivos para renovar unidades de automotores obsoletas, inseguras y contaminantes.

Frente al cuadro de una depresión global, México tiene en el mercado interno una palanca de desarrollo si se le dota, por parte del sector público y privado, de un conjunto de elementos que den certidumbre, confianza y capacidad de pago para desarrollar en lo interno aquellos empleos e inversiones que del exterior hoy están disminuyendo. La creación de un programa de renovación del parque vehicular en las micro, pequeñas y medianas empresas también representaría un sano mensaje para la recepción de IED en México. Las grandes compañías del sector automotriz buscan aumentar sus inversiones en países que no sólo mantengan fuerza en su capacidad de exportación, sino también que tengan un mercado interno con capacidad de crecimiento. En la búsqueda de desarrollar el mercado interno mexicano, es menester de la estructura gubernamental impulsar una serie de normas y regulaciones que aliente la adquisición de vehículos con nuevas tecnologías. México tiene capacidad de exportación, no obstante tiene el reto de encontrar mecanismos que impulsen el mercado interno, en donde economías emergentes como Brasil e India, superan a México. En referencia a ello "… contrasta en la evolución de este indicador en México, que en 2006 había 94 personas por cada vehículo nuevo vendido en el mercado mexicano y en 2007 subió a 99 personas. La enorme debilidad del mercado interno y la desmedida entrada de autos usados en México reflejan un estancamiento atípico en este indicador. En comparación con Brasil donde el número de habitantes por vehículo nuevo paso de 99 en 2006 a 78 habitantes por vehículo nuevo vendido en 2007, producto de un mercado automotor interno mejor desarrollado, sin problemas de importación de vehículos usados y con un creciente volumen anual de producción y venta de vehículos". (Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, AMIA).

En ese sentido, es más necesaria que nunca la promoción de políticas públicas tendientes a desarrollar la renovación del parque vehicular. Como principio para concretizar un apoyo se enfatiza, dadas las condiciones del mercado interno y el acuerdo del Poder Ejecutivo y Legislativo federal, apoyar a más micro, pequeñas y medianas empresas. Las micro, pequeñas y medianas empresas representan, de acuerdo a cifras de la Secretaria de Economía, el 95 por ciento de las empresas instaladas en México. Asimismo, la misma dependencia del gobierno federal las cuantifica en 4 millones 290 mil 108 empresas (para el 2006).

Frente a la crisis global, el presidente Felipe Calderón Hinojosa ha subrayado la importancia del mercado interno: "Si se reduce o, incluso, se apagaran los motores externos que mueven la economía mexicana, como es la economía de los Estados Unidos, estamos decididos a encender los motores internos de la economía nacional." (Discurso en la inauguración de la semana nacional de Pymes, 3 de noviembre, 2008). Una de las cinco medidas urgentes para desarrollar la economía mexicana en tiempos de crisis internacional, ha ejemplificado el propio titular del Ejecutivo federal, es el apoyo a las micro, pequeñas y medianas empresas.

El presidente Calderón Hinojosa prestó el apoyo para desarrollar las micro, pequeñas y medianas empresas, ha dicho: "…los emprendedores contarán con crédito, que estimamos va a llegar hasta los 250 mil millones de pesos de crédito en los próximos cuatro años para las micro, pequeñas y medianas empresas del país. Sabemos que es un reto enorme, pero si sabemos detonar el efecto multiplicador de este programa de garantías, podremos apoyar hasta 400 mil empresas de distinto tamaño para mejorar la calidad y oportunidad del acceso al financiamiento".

Conjuntando a la iniciativa privada, por medio del sector automotriz, y a los gobiernos federale y estatales por medio de sus dependencias encargadas del área económica y fiscal, se busca instrumentar, para el 2009, un Programa de renovación del parque vehicular en las micro, pequeñas y medianas empresas. En el entendido de realizar una estrategia nacional que permita la reducción de la edad promedio del parque vehicular para acortar el diferencial de edades entre 6 y 15 años entre las flotas de los miembros del TLCAN y aprovechar a corto plazo los desarrollos tecnológicos actuales, y en aras de alimentar la competitividad y desarrollo sustentable del país, se busca la renovación de 40 mil unidades para los micro, pequeños y medianos empresarios del país.

Los beneficios, de lograr una renovación del parque vehicular en las micro, pequeñas y medianas empresas, van desde: la reducción de emisión de contaminantes criterio con los correspondientes beneficios a la salud; valorización de la chatarra vehicular existente en el país más la derivada de este programa en centros autorizados, con la consecuente generación de empleos; educción de emisiones de gases efecto invernadero y su efecto en el cambio climático por renovación de flota y reciclaje de materiales; incremento del rendimiento energético con el consecuente ahorro en combustibles e impacto en la importación de gasolinas; disminución de egresos presupuestales por subsidios a combustibles; mejoramiento de la productividad de las empresas con el consecuente aumento en la competitividad, derivado del ahorro en combustible, costos de mantenimiento y merma por paro de vehículo, hasta el incremento en la seguridad de los consumidores y en la circulación de bienes y personas.

La bases que se propone para instrumentar una renovación del parque vehicular especial para las micro, pequeñas y medianas empresas, y dada las experiencias comparadas de diversas naciones, tienen que ver con una partida presupuestal tanto del gobierno federal como del estatal además de una aportación en la reducción de precios por parte de ensambladores y distribuidores de hasta 12.5 por ciento del valor de la unidad a renovar. En esa fase inicial, el sector privado de la industria automotriz, el gobierno federal, las entidades federativas y el propio microempresario, estarían derogando un 12.5 por ciento del valor de la unidad. En términos porcentuales y sumando a las cuatro entidades se tiene el 50 por ciento del valor de un vehículo utilitario para desarrollar las tareas labores que jueguen a favor de alentar la competitividad. En términos reales, el 12.5 por ciento representa 500 millones de pesos por entidad, para renovar 40 mil unidades, que elevarían sustancialmente el mercado interno, las herramientas para hacer negocios y la seguridad de empleo y crecimiento para la industria automotriz. El gobierno federal, con el cobro de impuestos como la tenencia vehicular, no sólo recuperará la erogación de 500 millones, sino podrá tener una mayor recaudación.

Si el 80 por ciento de los beneficiarios renovaran su unidad por medio de un crédito o financiamiento, en una partida de mil 600 millones de pesos, la banca comercial, la banca de desarrollo de primer piso, intermediarios financieros no bancarios y las financieras de las plantas armadoras, son instancias para desarrollar crédito.

Como garantía opcional y solventando el 15 por ciento de la derrama crediticia estimada para el Programa de renovación del parque vehicular en las micro, pequeñas y medianas empresas, el Fondo de apoyo Pymes, la Banca de Desarrollo de segundo piso y el Banco de México-FIRA, son instancias para participar.

La estructura de participación debe de considerar los siguientes puntos:

Punto de Acuerdo

De urgente y obvia resolución.

1. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Publica para que dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2009 se incluya una partida especial de 500 millones de pesos para instrumentar el Programa de renovación del parque vehicular exclusivo para renovar 40 mil unidades de la micro, pequeñas y medianas empresas.

Palacio Legislativo, a 6 de noviembre de 2008.

Diputado Alberto Amador Leal (rúbrica)
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE QUE EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN DE 2009 SE CONSIDEREN RECURSOS PARA INCORPORAR UN PROGRAMA DE DESARROLLO FORESTAL COMUNITARIO, SUSCRITA POR DIPUTADOS DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PVEM

Los diputados integrantes de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentamos la siguiente proposición con punto de acuerdo, con base en la siguiente.

Exposición de Motivos

Una de las facultades constitucionales con que cuentan los diputados de esta Cámara es aprobar anualmente el Presupuesto de Egresos de la Federación, derivado de un análisis minucioso del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, enviado por el Presidente de la República.

De acuerdo con el Centro Mexicano de Estudios en Derecho Ambiental, la deforestación es la eliminación de la vegetación forestal, causada por la tala ilegal para aprovechamiento de madera y por los cambios de uso de suelo hacía usos no forestales de los bosques y selvas.

Los bosques otorgan beneficios a las diversas poblaciones los cuales se definen como servicios ambientales, entre los que destacamos los siguientes:

El Instituto Nacional de Ecología, en diversos estudios, como son el de Muñoz y Guevara (1995) y Guevara, et al (2003) indican que la deforestación está asociada con la pobreza en la medida que los hogares pobres hacen usos de los recursos que los bosques y selvas le proveen para cubrir o compensar sus necesidades económicas.

El país pierde cada año 600 mil hectáreas por deforestación, una superficie forestal equivalente a casi cuatro veces el estado de Tlaxcala, o cuatro canchas de futbol por minuto. Además en México se producen cada año entre 5 y 7 millones de metros cúbicos de madera ilegal. Lo anterior sin mencionar el impacto en la biodiversidad de estas zonas y la pérdida de capacidad de recarga de los mantos acuíferos.

La temperatura en México aumentará entre dos y cuatro grados centígrados, en los próximos años, situación que hará que la lluvia escasee en algunas zonas y sea más intensa en otras. Donde sea escasa provocará desertificación y donde exceda el flujo provocará desastres naturales si no existiese una cubierta forestal reguladora.

En México se gasta cada año en el Fondo para los Desastres Naturales (Fonden) y Fondo Nacional para la Prevención de Desastres Naturales (Fopreden) 450 millones de pesos a consecuencia del cambio climático y los efectos de la deforestación. Así mismo México tiene un déficit comercial de productos forestales por 4,449 millones de dólares.

El Gobierno Federal, con el propósito de impulsar la conservación y restauración de los ecosistemas forestales, a través de la Comisión Nacional Forestal (Conafor), ha implementado el PorÁrbol, programa que otorga apoyos para la ejecución de diagnósticos y tratamientos fitosanitarios a fin de garantizar la salud y vitalidad de los recursos forestales; apoyos para la ejecución de obras y prácticas de conservación y restauración de suelos, para evitar la erosión y propiciar la recuperación de los suelos forestales; y apoyos para la prevención y el combate de incendios forestales.

Sin embargo en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2009, se propone dentro del Ramo 16 destinar 4,930,278,453 al Proárbol, distribuido de la siguiente manera a cada proyecto:

De acuerdo a la información de la Conafor el Proárbol, tiene los siguientes objetivos según su portal electrónico:

El único problema en la deforestación de los bosques y selvas mexicanos no sólo son los incendios forestales, sino también el cambio de uso de suelo a agrícola o ganadero.

El Proárbol, se enfrenta a la incredulidad de los beneficiarios de las comunidades, puesto que los proyectos de este programa, otorgan la mayor parte de los subsidios para plantar árboles y no para su mantenimiento, como es el caso del Programa de Conservación y Restauración de Ecosistemas Forestales (Procoref), el cual durante el 2008 se ejerció un 28% del presupuesto total en este tipo de acciones. De acuerdo, con las estimaciones de la Conafor, en el 2007 se plantaron 253 millones de árboles con una tasa de supervivencia de 58 por ciento.

Sin embargo, organismos no gubernamentales estimaron, bajo estudios de campo en diversas zonas de reforestación de los estados de Puebla, Jalisco, Morelos, Querétaro, Guanajuato, Nuevo León, Aguascalientes y Chihuahua, el 74% de las plantas sembradas no sobrevivieron y el 26 % de los árboles que si crecieron, está en malas condiciones, debido a que no son especies nativas de la región. Determinando que probablemente el programa de reforestación no es la estrategia adecuada para detener la pérdida de bosques y selvas de México.

El inconveniente social de estos programas es que no incluyen el componente productivo y sustentable comunitario que contribuya a mejorar la calidad de vida de los habitantes de las regiones forestales. Es decir, vivir del bosque sin poner en riesgo el acceso al mismo a las generaciones futuras.

El Proárbol tiene un programa denominado Promoción de la producción y la productividad de los ecosistemas forestales de manera sustentable, mejor conocido como Programa de Manejo Comunitario (Procymaf) el cual obtiene recursos federales de sólo 2% del total del Proárbol.

El Procymaf tiene como objetivo asistir a las comunidades indígenas y ejidos, propietarios de bosques en las regiones prioritarios de Durango, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Oaxaca y Quintana Roo, para mejorar el manejo y conservación de sus recursos forestales y para generar fuentes alternativas de ingresos de manera sustentable. Con este proyecto se pretende aumentar en un 20% del valor de los servicios y productos ambientales y un 30% de empleos adicionales en las comunidades involucradas.

Este programa, que obtiene la mayor parte de sus recursos a través del Banco Mundial, ha beneficiado a 65 empresas comunitarias ha creado 118 planes de zonificación comunitaria y otros beneficios mas, como capacitación técnica a las comunidades y apoyos para alternativas productivas en ecosistemas forestales.

Los apoyos económicos del Banco Mundial a sido a través de dos proyectos, el primero comprendió un periodo de 1997 a 2003 y el segundo alcanzó el periodo 2004 y concluye en diciembre de 2008. Por lo anterior debemos generar estrategias para que se generen nuevos apoyos económicos a este tipo de programas.

Se vuelve mas importante aún este programa, puesto que el financiamiento del Banco Mundial, esta a punto de concluir, por lo cual, se requiere dar mayores recursos federales, para la adopción e incorporación de nuevas comunidades en zonas forestales comunitarias. Asimismo, es importante que la Conafor, realice las gestiones necesarias para que se firme un nuevo programa de Desarrollo Forestal Comunitario, que amplié su cobertura de operatividad.

Para el Grupo Parlamentario del Partido Verde los programas del Pro-Árbol denominados Promoción de la producción y la productividad de los Ecosistemas Forestales de manera sustentable (Procymaf) y Programa de asistencia técnica para el acceso a los programas forestales los consideramos de alta prioridad para detener el rápido deterioro de la cubierta de bosques y selvas en la república Mexicana. Ya que estos programas están enfocados a la promoción de la producción forestal con impacto en la calidad de vida de las comunidades y el ecosistema simultáneamente.

Con base en lo anterior, consideramos que se requieren otorgar apoyos a programas para el desarrollo comunitario que permita el manejo y la conservación de los recursos forestales. Por lo anterior el Grupo Parlamentario del Partido Verde, en esta soberanía somete a consideración de este honorable Pleno la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para que se realicen las adecuaciones en el proyecto de Presupuesto Federal 2009, en el Ramo 16, del Programa Proárbol: Bosques recuperados, protegidos y productivos, de la siguiente forma:

Segundo. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, elabore un estudio y evaluación externa confiable de la efectividad de los programas de reforestación y plantaciones forestales comerciales 2008, de cada proyecto otorgado en el marco del Procoref y Prodeplan. Presentando a esta soberania los resultados de manera sencilla, por tipo de proyecto, plantación.

Tercero. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para que a través de la Comisión Nacional Forestal, se realicen las gestiones necesarias para que el Banco Mundial, siga otorgando apoyos económicos en el marco del Programa de Desarrollo Forestal Comunitario y se amplíe la cobertura del Programa.

Nota:
1. Arturo Puente González-GTZ; Iniciativa Puembo II. Análisis Participativo de los Programas Forestales Nacionales en los Países de América Latina y Formulación de Recomendaciones a Niveles Nacional, Sub Regional e internacional. Estudio de Caso para México. Documento de Trabajo para discusión. México D.F. Julio 2006. 48pp.

Bibliografía
Centro Mexicano de derecho Ambiental (CEMDA) "Deforestación en México: Causas Económicas o Incidencia del Comercio Internacional", México, 2002.
Guevara, Alejandro (2003), Pobreza y Medio Ambiente en México: Teoría y evaluación de una teoría pública, Universidad Iberoamericana: México D.F., México.
Muñoz Carlos y Guevara Alejandro (1995) "La Dinámica de la Pobreza y Medio Ambiente". Agricultura y Medio Ambiente. Madrid, España. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los seis días del mes de noviembre del año dos mil ocho.

Diputados: Gloria Lavara Mejía (rúbrica), Diego Cobo Terrazas (rúbrica), Jorge Emilio González Martínez (rúbrica), José Antonio Arévalo González (rúbrica), Faustino Javier Estrada González, Francisco Elizondo Garrido (rúbrica), Pascual Bellizzia Rosique (rúbrica), Antonio Xavier López Adame (rúbrica), Beatriz Manrique Guevara (rúbrica), Alan Notholt Guerrero (rúbrica), Manuel Portilla Diéguez (rúbrica), Carlos Alberto Puente Salas (rúbrica), Ana María Ramírez Cerda (rúbrica), Manuel Salvador Salgado Amador (rúbrica), Jesús Sesma Suárez, Luis Alejandro Rodríguez (rúbrica), Verónica Velasco Rodríguez (rúbrica).
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A EMITIR A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE SALUD Y DE LA SEP LA NORMA OFICIAL MEXICANA SOBRE EL PESO MÁXIMO DEL MATERIAL ESCOLAR QUE PORTAN DIARIAMENTE LOS NIÑOS DE LOS NIVELES BÁSICOS DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL, A CARGO DE LA DIPUTADA SILVIA LUNA RODRÍGUEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE NUEVA ALIANZA

Silvia Luna Rodríguez, diputada federal integrante del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza en la LX Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, con base en las siguientes

Consideraciones

La matrícula total del sistema educativo nacional para el ciclo escolar 2005-2006 se formó por 32.3 millones de alumnos. De éstos, 77.3 por ciento se situó en educación básica, que comprende preescolar, primaria y secundaria. "La educación básica corresponde al tipo educativo de mayor población escolar en el país, con 25.0 millones de alumnos. De éstos, la mayor parte, 58.2 por ciento, asiste a la primaria, 23.9 por ciento a la secundaria y 17.9 por ciento a preescolar".¹

De acuerdo con estas cifras, en el país más de 20 millones de niños cursan primaria y secundaria. Todos ellos llevan consigo diariamente a la escuela un artículo, que con los años se ha vuelto indispensable: la mochila. Si bien ésta es una herramienta de gran utilidad para trasladar los libros de texto, los útiles escolares y demás materiales, cuando el peso de la carga es excesivo, se convierte en un peligro para la salud.

En gran número de publicaciones se analizan los efectos que tiene en los niños cargar mochilas escolares con pesos elevados. Según diversos estudios con poblaciones escolares en países europeos y norteamericanos, el peso que un niño debe cargar estará entre 10 y 15 por ciento de su peso corporal, ya que de ser mayor le ocasionaría problemas de espalda, que van desde síntomas dolorosos, contracturas y fatiga muscular hasta mayor predisposición a las deformidades de la columna.

Las áreas del cuerpo más afectadas por el sobrepeso de las mochilas son los grupos cervical, dorsal y lumbar de la columna, los discos que se encuentran entre las vértebras y los ligamentos que las unen. Como se mencionó, las primeras consecuencias que generalmente aparecen son el dolor y las contracturas, pero con el tiempo la columna puede presentar deformación o arqueos; por ejemplo:

• Si la mochila es muy pesada, el niño arquea el cuerpo hacia delante, forzando la columna vertebral, flexiona la cabeza y el tronco para compensar el peso, esto provoca dolor muscular y daño óseo, que puede manifestarse con una joroba. La sifosis, o joroba, es una alteración estructural de la columna vertebral, por lo general es provocada por problemas mecánicos de vicios de postura y por realizar esfuerzos físicos empleando mal el cuerpo.

• Cargar la mochila con un tirante puede convertirse en algo peligroso, ya que recargar todo el peso en un solo hombro genera dolor muscular en torso, espalda y cuello, así como lesiones en la columna y el hombro. Médicamente, se llama "escoliosis"; consiste en la alteración de la curvatura lateral de la columna y el omóplato, provocando que un hombro esté más alto que el otro.

• Una mochila voluminosa ocasiona que la carga del peso recaiga en la parte más sensible de la espalda: la zona lumbar. Ello genera problemas en el corto plazo de malformación y dolor, sobre todo si es muy pesada. La sifosis dorsal es el aumento de la curvatura de la espalda al nivel de la cintura.

La coordinadora clínica de Educación e Investigación en Salud de la Unidad de Medicina Física y Rehabilitación Región Norte del Instituto Mexicano del Seguro Social, doctora María Elena Mazadiego González, explica que anualmente más de 3 mil consultas y atenciones brindan los especialistas de esta unidad a los menores para rehabilitarlos por problemas físicos que impiden su sano crecimiento. "Cada día, en promedio 15 niños que presentan alteraciones de postura por pie plano, problemas en las rodillas, en las piernas o cifosis (pequeña joroba), reciben terapias y atención especializada".² También señala que la mitad de los niños de escuelas primarias presenta deformaciones de la estructura ósea por cargar mochilas pesadas, de hasta 12 kilogramos. Los infantes que cargan gran cantidad de libros y cuadernos en la mochila van sufriendo, con el tiempo, daños en la espalda y en la zona lumbar, que en ocasiones son irreparables. En opinión de la doctora Mazadiego González, los morrales, las bolsas o las maletas no deben sobrepasar 20 por ciento del peso corporal de los pequeños para no ocasionar lumbalgia.

Hay niños que llegan a cargar de 10 a 12 kilogramos, a lo que se suma en la mayoría de ocasiones el peso del agua, el almuerzo y la chamarra que se quitan, además de algún juguete. El tiempo promedio de carga de una mochila es de una hora, especialmente en escuelas públicas, pues se mide no sólo el trayecto de la casa a la escuela y viceversa, sino también el tiempo en la formación en el patio e incluso en las ceremonias. Hay casos extremos de niños que recorren largas distancias para llegar a la escuela, y el tiempo de carga se prolonga hasta dos horas.³

Ante ese panorama, varios países han emprendido una serie de acciones preventivas a fin de evitar daños en la salud de los niños. Por ejemplo, el Congreso italiano aprobó en 2007 un proyecto de ley con el que se comprometió a crear una comisión científica que debía estudiar el peso máximo que los niños pueden llevar en las mochilas escolares ya que, según datos recogidos por la prensa, 64.19 por ciento de los estudiantes italianos tiene problemas de espalda, relacionados con el excesivo peso de libros que llevan en las mochilas. Asimismo, se han estudiado en ese país nuevas opciones para transportar los útiles escolares; por ejemplo, la obligación de que haya armarios en las escuelas para que los alumnos puedan dejar parte de los libros y de los cuadernos.

Francia impuso un límite máximo de 5.0 kilogramos para los alumnos de primaria y de 6.7 para los de secundaria. Las autoridades encargadas de la educación en ese país pidieron a los editores contener el peso de los textos, y fomentar las bibliotecas escolares y el material multimedia. Finalmente, se impuso a las escuelas que acondicionaran taquillas personales, y se estableció que el peso de las mochilas no debía superar 15 por ciento del peso corporal del alumno.

En nuestro país, pese a que varias han sido las voces que han tratado el tema y difundido los daños que trae consigo el sobrepeso de las mochilas escolares, no hay "normatividad específica que pueda ser aplicada en las escuelas".⁴

La Ley General de Educación establece que uno de los fines de la educación en México es crear conciencia sobre la preservación de la salud. La promoción de la salud comprende, según la Ley General de Salud, la educación para la salud, la cual tiene entre sus objetivos fomentar en la población el desarrollo de actitudes y conductas que le permitan participar en la prevención de enfermedades individuales, colectivas y accidentes, y protegerse de los riesgos que pongan en peligro la salud. Para lograrlo, la Secretaría de Salud, en colaboración con dependencias y con entidades del sector salud, tiene la obligación de formular y desarrollar programas encaminados a educar a las personas para que puedan tener una mejor salud y calidad de vida.

El 10 de marzo de 1994 se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la Norma Oficial Mexicana NOM-009-SSA2-1993, "Para el fomento de la salud del escolar", la cual trata de contribuir a dar respuesta a la problemática de salud de los escolares, dentro de la orientación de la atención primaria de la salud y del derecho constitucional de la protección de la salud, así como del compromiso de México de atender prioritariamente a la niñez.

El contenido de la norma remarca la importancia de la orientación adecuada, la detección temprana y la atención oportuna de los principales problemas de salud del escolar para evitar daños y secuelas, y favorecer el desarrollo integral de este importante núcleo de población. El 2 de agosto de 2006 se publicaron en el DOF las modificaciones hechas a esta norma; quedó establecido que una de las formas de promover la salud es la prevención, detección y deferencia de casos en el primer nivel de atención. Las autoridades de salud, en coordinación con las de educación, con base en procedimientos e instrumentos establecidos, deben desarrollar actividades de detección oportuna de daños en los escolares, entre los cuales se encuentran, según queda establecido en la norma, las alteraciones estáticas y dinámicas de la postura.

El concepto de alteraciones estáticas y dinámicas de la postura quedó definido en la norma como la pérdida del equilibrio estático y dinámico entre la forma, la estructura y la función del sistema neuro-músculo-esquelético, que provoca una deformidad más o menos permanente como mecanismo compensador en la adaptación que el cuerpo realiza para el control de la postura.

Pese a ello, actualmente "60 por ciento de los niños en edad escolar carga un peso por arriba de 15 por ciento de su peso corporal, y se demostró en un estudio realizado por el IMSS que los infantes sobrepasan hasta por 6 kilogramos el peso adecuado",⁵ hecho que provoca alteraciones y desviaciones de columna.

En el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza consideramos que, como parte de las actividades, criterios y estrategias para prevenir riesgos y fomentar la salud en las escuelas, y con fundamento en el artículo 51 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, la Secretaría de Salud y la de Educación Pública deben emitir de forma conjunta una norma oficial mexicana con objeto de establecer los criterios de peso que tendrá el material educativo portado diariamente por los estudiantes que cursan los niveles básicos del sistema educativo nacional, con la finalidad de evitar la pérdida del equilibrio estático y dinámico entre la forma, la estructura y la función del sistema neuro-músculo-esquelético. Ello, de acuerdo con los resultados de la aplicación y vigilancia de la Norma Oficial Mexicana NOM-009-SSA2-1993, modificada en 2006, en las siguientes acciones del personal de salud:

Finalmente, y como parte de la prevención, consideramos necesario que en las escuelas de educación básica se implanten campañas informativas, dirigidas a maestros, padres de familia y a alumnos a fin de evitar el sobrepeso de las mochilas y prevenir futuros daños físicos.

Por todo lo expuesto, y preocupada por la salud y la educación de calidad en el país, someto a consideración de esta honorable soberanía los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta al Ejecutivo federal a emitir a través de las Secretarías de Salud, y de Educación Pública la norma oficial mexicana con objeto de establecer los criterios de peso que debe tener el material educativo, portado diariamente por los niños que cursan los niveles básicos del sistema educativo nacional, a fin de evitar la pérdida del equilibrio estático y dinámico entre la forma, la estructura y la función del sistema neuro-músculo-esquelético.

Segundo. Se exhorta a la Subsecretaría de Educación Básica de la Secretaría de Educación Pública a efecto de que la Dirección General de Materiales Educativos desagregue en publicaciones bimestrales el material educativo correspondiente a un ciclo escolar, a fin de evitar la pérdida del equilibrio estático y dinámico entre la forma, la estructura y la función del sistema neuro-músculo-esquelético, a fin de prevenir el problema de salud detectado en los alumnos de educación básica y evitar la carga de materiales y útiles escolares con sobrepeso.

Tercero. Se exhorta a las instituciones educativas, en los tres órdenes de gobierno, a formular un llamado de alerta y a implantar campañas informativas en las escuelas de educación básica que vayan dirigidas a maestros, a padres de familia y a alumnos a fin de evitar el sobrepeso de las mochilas que se cargan diariamente.

Notas
1. Sistema educativo de los Estados Unidos Mexicanos, principales cifras: ciclo escolar 2005-2006, Dirección General de Planeación y Programación, Secretaría de Educación Pública, México DF, marzo de 2007, página 31.
2. Comunicado número 201, Coordinación de Comunicación Social, Instituto Mexicano del Seguro Social, 28 de mayo de 2008.
3. Antonio Falcón, "Dejan daños mochilas a niños de primaria: IMSS", en Grupo Radio Centro, 2 de junio de 2008.
4. Ricardo Franco Hernández, médico pediatra perinatólogo, Colegio de Pediatras del Estado de Sonora.
5. León/Marlene Santos, "Alerta médico contra las mochilas pesadas", en Milenio, 16 de agosto de 2008.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a 6 de noviembre de 2008.

Diputada Silvia Luna Rodríguez (rúbrica)
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE QUE EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN DE 2009 SE CONSIDEREN MAYORES RECURSOS PARA LA ZONA URBANA DE TLAXCALA Y DE PUEBLA, A CARGO DEL DIPUTADO JOSÉ ALEJANDRO AGUILAR LÓPEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN

El suscrito, José Alejandro Aguilar López, diputado del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Los fondos de desarrollo metropolitano tienen la intención de impulsar el desarrollo de áreas urbanas con procesos de conurbación en las que diversos gobiernos estatales o municipales deben unir esfuerzos para armonizar políticas públicas comunes que son necesarias para atender a una población común.

En el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2006, la Cámara de Diputados tuvo a bien asignar mil millones de pesos (mdp) en el Fondo Metropolitano, recursos que en su totalidad se destinaron a la zona metropolitana del valle de México. Para el ejercicio fiscal de 2007, en el Presupuesto de Egresos de la Federación la Cámara de Diputados amplió la propuesta del Ejecutivo en 3 mil 647.3 mdp, de tal suerte que en ese año el Fondo Metropolitano contó con 4 mil 647.3 mdp, de los cuales una parte fue canalizada a las zonas metropolitanas de Guadalajara y de Monterrey. En el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2008, esta soberanía aprobó recursos para siete zonas metropolitanas que abarcan nueve entidades federativas, por un monto de 5 mil 550 mdp. El detalle de la distribución actual de los recursos de los fondos metropolitanos es la siguiente:

Total

En el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2009 que ha enviado el Ejecutivo se propone incluir, además de las aprobadas, las zonas metropolitanas de Acapulco, Aguascalientes, Cancún, Mérida, Oaxaca, Tijuana, Tuxtla Gutiérrez, Veracruz y Villahermosa, y dotarlas de recursos por un total de 5 mil 710 millones de pesos, distribuidos de la siguiente manera:

La lógica que sustenta la propuesta del Ejecutivo es incentivar la buena coordinación entre las autoridades de gobierno. Esta problemática no es privativa de las megalópolis de varios millones de habitantes sino que tenemos ciudades de tamaño medio que también deben afrontar complejos problemas de conurbación.

Considero justo ampliar los fondos de desarrollo metropolitano, para la zona metropolitana Tlaxcala-Puebla.

Por lo expuesto y fundado, someto a la consideración de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta respetuosamente a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, y de Desarrollo Metropolitano a ampliar los recursos destinados a la zona metropolitana Tlaxcala-Puebla para el ejercicio fiscal de 2009.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de noviembre de 2008.

Diputado José Alejandro Aguilar López (rúbrica)
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE QUE EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN DE 2009 SE CONSIDEREN RECURSOS PARA CONSTRUIR UNA TERMINAL DE TRANSPORTE DE PASAJEROS EN TEXCOCO, MÉXICO, A CARGO DEL DIPUTADO JUAN DARÍO ARREOLA CALDERÓN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD

El suscrito, diputado Juan Darío Arreola Calderón, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Texcoco, municipio del estado de México, colinda con los municipios de Tepetlaoxtoc, Chiautla, Chinconcuac, San Salvador Atenco, Chicoloapan y Chimahualcán.

Texcoco es el municipio que presenta el mayor crecimiento comercial y por consecuencia es el que tiene mayor demanda de transporte público en la región, al generar del orden de 210 mil viajes persona por día.

La ciudad de Texcoco es el centro poblacional principal localizado al oriente del valle de Cuautitlán-Texcoco, tiene una población cercana a los 220 mil habitantes, y atiende a una población flotante del orden de 650 mil personas, mismas que acuden a la cabecera municipal a realizar todo tipo de actividades, principalmente de carácter comercial, educación, salud y religioso.

Esta población flotante es superior a los 650 mil habitantes, de los cuales el 95 por ciento realiza sus actividades en transporte público, lo que ha generado la proliferación de unidades de transporte. Actualmente circulan en la cabecera municipal del orden de 2 mil ciento once unidades de todo tipo: taxis, combis, microbuses y autobuses, generando más de 210 mil viajes/persona/día, de estos tan sólo el 12 por ciento son de carácter local, el resto tienen como destino las cercanías de la cabecera municipal.

Debido al número significativo de viajes que se realizan diariamente, es necesario atender este servicio que ha estado rezagado en las dos últimas décadas, trayendo como consecuencia el incremento vehicular en la zona centro de la ciudad.

El fenómeno migratorio de la población flotante ha originado un cambio drástico en el esquema productivo en la última década, ya que de predominar la actividad agropecuaria e industrial cambio por la actividad comercial y de servicios, convirtiéndolo en el punto concentrador del comercio de la región.

El sistema vial regional de Texcoco se constituye principalmente por tres carreteras federales de gran importancia regional, la carretera Los Reyes-Texcoco, que intercomunica a los municipios vecinos y con el Distrito Federal. La Carretera Federal Texcoco-Calpulalpan que permite el acceso a los estados vecinos (Tlaxcala, Puebla y Veracruz) y la Autopista Peñón – Texcoco, vía de cuota que comunica directamente con el Distrito Federal, por las cuales circulan diariamente del orden de 45 mil vehículos entre locales y de largo itinerario.

La red vial local esta compuesta por un retícula constituida por vialidades primarias en su mayoría de un solo sentido de circulación, de sección limitada y con cruces a nivel continuos, circulando diariamente del orden de 25 mil vehículos, presentando una mezcla importante entre unidades particulares y de transporte público .

La operación vial de la retícula local presenta niveles de operación bajos en hora pico, matutina y vespertina, ocasionados principalmente por una mala educación vial de los usuarios.

Pero sin duda alguna la principal causa que origina la problemática vial de la cabecera municipal de Texcoco es la sobre oferta de puntos de ascenso y descenso de pasajeros, ya que prácticamente todas las rutas tienen un sitio específico, el cual tanto su ubicación como características geométricas son impropias para ese fin, ocupando como mínimo un carril, reduciendo notoriamente la capacidad de la vialidad.

Es eminente la necesidad de mejorar las condiciones de operación de la Cabecera Municipal de Texcoco, para evitar en un futuro un colapso vial.

Realizar un ordenamiento vial enfocando principalmente al Transporte Público, descentralizar los sitios de ascenso actuales y concentrarlos en una terminal única como un gran centro de transferencias multimodal, ubicada fuera de la zona urbana, para distribuir equitativamente los viajes y que su ubicación no provoque recorridos adicionales que incrementen los conflictos del centro de la ciudad.

La ubicación de una terminal única tendría los siguientes costos estimados, incluyendo el costo del terreno y áreas de estacionamiento incluido en los siguientes montos de cada partida:

Asimismo analizar una redistribución de todos los derroteros existentes, para optimizar la operación y alcanzar un alto índice de efectividad y rapidez en el servicio.

Es importante establecer que al ubicar una terminal fuera de la mancha urbana, ésta obligadamente será la alimentadora del servicio foráneo, urbano y suburbano, el cual deberá cubrir los diferentes destinos de la zona, evitando así la proliferación de nuevas instalaciones para ascenso y descenso.

Es necesario realizar un ordenamiento vial; ubicar una nueva terminal de transporte fuera de la zona urbana y estructurar un sistema vial que permita la distribución de las unidades del transporte público para satisfacer la demanda real.

La ciudad de Texcoco requiere mejorar la movilidad local de personas y bienes. Por lo que fortalecer al transporte público permitirá propiciar las bases para que el Valle de Cuautitlán-Texcoco alcance un desarrollo económico sustentable.

Es necesario que una visión a corto y mediano plazo, implementar la construcción de una terminal de transporte de pasajeros.

Por lo anteriormente expuesto y ante la necesidad de apoyar con recursos presupuestales la construcción de una terminal de transporte de pasajeros en el municipio de Texcoco, propongo la adopción del siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública que se destine dentro del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2009 la cantidad de 422 millones 130 mil pesos para la construcción de una terminal de transporte de pasajeros en el municipio de Texcoco, estado de México.

Dado en el salón de Sesiones de la Comisión Permanente, a los cuatro días del mes de noviembre de 2008.

Diputado Juan Darío Arreola Calderón (rúbrica)
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE QUE EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN DE 2009 SE CONSIDEREN MAYORES RECURSOS PARA EL SUBSIDIO DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE TLAXCALA, A CARGO DEL DIPUTADO JOSÉ ALEJANDRO AGUILAR LÓPEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN

El suscrito, diputado José Alejandro Aguilar López, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos somete a consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El financiamiento es uno de los problemas estructurales que aquejan a las instituciones públicas de educación superior. Ante la inexistencia de una política de financiamiento y de instrumentos que garanticen el cumplimiento de las tareas primordiales de las Universidades, la Autónoma de Tlaxcala (UAT) requiere atender este problema estructural.

En el caso de la UAT, igual que en el de muchas otras universidades públicas del país, el subsidio federal para la educación ha crecido a un ritmo menor que la matrícula, y los recursos para gastos de operación y de inversión han disminuido en términos reales en los últimos años.

Sin embargo, dado el crecimiento de la propia institución de educación superior, requiere actualmente contar con espacios físicos específicos para contar con la proyección de Ciudad Universitaria que se orienta principalmente a los siguientes objetivos:

Por lo expuesto y fundado, someto a consideración de esta soberanía el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública a incluir en el dictamen del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2009 recursos adicionales para el subsidio de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, a fin de resolver su presupuesto financiero.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de noviembre de 2008.

Diputado José Alejandro Aguilar López
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE QUE EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN DE 2009 SE DESTINEN RECURSOS AL FONDO PARA FINANCIAR PROGRAMAS ESPECIALES DIRIGIDOS A LOS MIGRANTES QUE EL EJECUTIVO FEDERAL IMPLANTARÁ MEDIANTE LA SEGOB, LA SRE, LA SEP, LA SSP, LA SHCP, LA SEDESOL Y LA STPS, SUSCRITA POR LOS DIPUTADOS FRANCISCO JAVIER CALZADA VÁZQUEZ Y CARLOS ROJAS GUTIÉRREZ, DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS DEL PRD Y DEL PRI

Los suscritos, diputados Francisco Javier Calzada Vázquez, integrante del Grupo Parlamentario del PRD, y Carlos Rojas Gutiérrez, integrante del Grupo Parlamentario del PRI, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

Entre 1990 y 2006 la población nacida en México residente en Estados Unidos se ha incrementado de 5.2 a 11.8 millones de personas, mientras que la población de origen mexicano es de 30.2 millones.

Se estima que entre 200 y 2005 un promedio anual de 500 mil personas emigraron a Estados Unidos, de los cuales un 56.4 por ciento llegaron como indocumentados.

Sin embargo hoy la principal economía mundial está sumergida en una crisis económica iniciada en su sector hipotecario e inmobiliario que arrastró al sector bursátil a su peor crisis en 80 años.

Dada la gravedad de esta crisis y sus repercusiones a nivel mundial, consideramos urgente la necesidad de prever el impacto en sectores productivos donde se inserta la mano de obra de migrantes mexicanos, así como el posible retorno de cientos de miles de connacionales como resultado de la pérdida de sus empleos.

Hasta ahora la crisis económica en Estados Unidos ha afectado, principalmente, a la industria de la construcción, sector en el que se emplea el 22 por ciento de los mexicanos.

A la crisis económica en el vecino país se suman políticas migratorias más estrictas que obligan al retorno de miles de mexicanos a sus lugares de origen a buscar reincorporarse a actividades productivas que les permitan seguir proveyendo de bienes a sus familias.

Para ello proponemos convocar desde el Congreso a sumar los esfuerzos de los tres niveles de gobierno en una estrategia emergente de atención a los migrantes a fin de establecer condiciones para que los migrantes que regresen a nuestro país lo hagan en las mejores condiciones.

Sobre la base de una actitud responsable y de previsión de probables contingencias proponemos la creación de un Fondo para Financiar Programas Especiales Dirigidos a los Migrantes que el Ejecutivo Federal implementará a través de las Secretarías de Gobernación, Relaciones Exteriores, Educación, Salud, Hacienda y Crédito Público, Desarrollo Social y Trabajo y Previsión Social.

No existe una estimación precisa del volumen de población que estaría regresando en los próximos meses. Lo que sabemos con precisión es que la tendencia de los últimos años de crecimiento de las remesas de dinero se ha revertido este año.

En el 2007 México recibió una cifra récord de 24 mil millones de dólares por concepto de remesas. Pero en 2008 el Banco de México señala que en el mes de agosto, México recibió 1937 millones de dólares, lo que representa un decrecimiento de 12.16 por ciento respecto a las remesas recibidas en el mismo mes de 2007, que ascendieron a 2205.32 millones de dólares.

La Estrategia Emergente de Atención a Migrantes debe incluir, entre otros aspectos:

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados convoca a los tres niveles de Gobierno a sumar esfuerzos para impulsar de manera conjunta una Estrategia emergente de Atención a los Migrantes.

Segundo. Se exhorta respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública a que en el dictamen del Presupuesto de Egresos de la Federación 2009 incluya el Fondo para Financiar Programas Especiales Dirigidos a los Migrantes que el Ejecutivo Federal implementará a través de las Secretarías de Gobernación, Relaciones Exteriores, Educación, Salud, Hacienda y Crédito Público, Desarrollo Social y Trabajo y Previsión Social.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de noviembre de 2008.

Diputados: Carlos Rojas Gutiérrez, Francisco Javier Calzada Vázquez (rúbricas).
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE QUE SE INCORPOREN DIVERSOS ARTÍCULOS TRANSITORIOS EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2009, A CARGO DE LA DIPUTADA SILVIA EMILIA DEGANTE ROMERO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN

La suscrita, diputada Silvia Emilia Degante Romero, del Grupo Parlamentario de Partido Acción Nacional, LX Legislatura, con fundamento por lo establecido en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable asamblea el presente punto de acuerdo bajo las siguientes

Consideraciones

El Presupuesto para el ejercicio fiscal de 2008 publicado el 13 de diciembre del 2007, incluyó en el decreto grandes avances, ya que por primera vez se contó con un anexo explicito para los grupos vulnerables el anexo 26, que a continuación se inserta:

Es importante destacar la voluntad del Ejecutivo para este efecto, sin dejar de observar la sensibilidad de esta legislatura con la aprobación absoluta de un artículo transitorio y que se integró en el decreto, en el artículo 24 transitorio:

El presente punto de acuerdo tiene como principal interés el promover que los avances que se dieron en el presupuesto 2008 se continúen en los dos temas pasados, en el transitorio 24 y el anexo 26, este último solo contempla dos ramos, salud y educación, sin embargo estos se deben de aumentar con ramo, programa y subprograma para lo cual se propone:

Como ejemplo, este cuadro podrá dar un elemento para que la Comisión de Presupuesto, establezca un anexo mucho más amplio y rico en programas y erogaciones administrativas hacia los grupos vulnerables que den claridad para su detección y aplicación a funcionarios de los tres órdenes de gobierno.

Otra más de las intenciones del presente punto de acuerdo es establecer un articulo transitorio para que en los programas dirigidos a los grupos vulnerables que cuenten con reglas de operación, se establezca la obligación de que las instituciones encargadas de su aplicación informe trimestralmente de los avances y logros alcanzados, argumentando monto, unidad de medida, monto y tiempo de ejecución.

Parte de las responsabilidad de los servidores públicos, es realzar un informe trimestral y que permitirá al Estado reorientar en su caso las estrategias para que el Ejecutivo ejerza los montos asignados en tiempo y forma, y los ciudadanos de manera oportuna salgan beneficiados; y para prever que ya el final del ejercicio se establezca mecanismos para la aplicación de los recursos, es uno de los objetivos de este punto de acuerdo, para que la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables cuente con dichos informes.

En la administración pública en sus tres órdenes de gobierno, están una serie de programas que benefician al mismo sector social, como es el caso particular de las Personas con Discapacidad y Personas Adultos Mayores, es decir el DIF, atiende y crea políticas públicas a través de sus modelos de atención y sin embargo la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores señala que el INAPAM es el responsable de las acciones dirigidas a este sector, como queda claro en:

Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en el artículo 74, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, me permito solicitar al Pleno de esta Cámara de Diputados que se someta a consideración la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Que la Comisión de Presupuesto y cuenta pública, incorpore en el decreto de Presupuesto de la Federación 2009, los siguientes artículos transitorios:

Diputados: Silvia Emilia Degante Romero, Martha Angélica Tagle Martínez, Martín Zepeda Hernández, Felipe González Ruiz, Francisco Elizondo Garrido, Héctor Larios Córdova, María Victoria Gutiérrez Lagunes, Rubí Laura López Silva, María Soledad Limas Frescas, Jorge Quintero Bello, Mario Salazar Madera, José Guadalupe Rivera Rivera, Antonio Medellín Varela, Gerardo Aranda Orozco, Yadhira Tamayo Herrera, Laura Angélica Rojas Hernández, Luis Gustavo Parra Noriega, Édgar Ramírez Pech, Moisés Alcalde Virgen, José Antonio Díaz García, Juan de Dios Castro Muñoz, Rocío Morgan Franco, Rosaura Virginia Denegre Vaught Ramírez, Joaquín Díaz Mena, Gerardo Escaroz Soler, Carlos René Sánchez Gil, Antonio Sánchez Díaz de Rivera, Carlos Augusto Bracho González, Martha Margarita García Müller (rúbricas).
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA SE, AL GOBIERNO DE TLAXCALA, Y A LAS COMISIONES DE ECONOMÍA, Y DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA DE ESTA SOBERANÍA A AUTORIZAR RECURSOS PARA CREAR TRES PARQUES PYME EN DIVERSOS MUNICIPIOS DE DICHA ENTIDAD, A CARGO DEL DIPUTADO ALBERTO AMARO CORONA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD

El suscrito, diputado Alberto Amaro Corona, de la LX Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del Pleno de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Es nuestro deber como Poder Legislativo, y motivo de compromiso, propiciar condiciones que favorezcan el desarrollo socioeconómico de México. Esta inquietud nace del contacto que mantenemos con diversas organizaciones que tienen presencia nacional y que incluyen a los estados de México, Puebla, Hidalgo y Tlaxcala, así como el Distrito Federal, y que suman alrededor de 5 mil microempresarios.

En el caso de Tlaxcala, el número de microempresarios es de mil 500 con fuerte vocación confeccionista y textilera, de la región centro-sur de Tlaxcala, y que, a iniciativa de la Secretaría de Economía, delegación Tlaxcala, se inició desde diciembre de 2007 la visión de que México sea líder en Latinoamérica en la creación de moda y la generación de tendencias, sumando esfuerzos, voluntades y recursos del gobierno federal –a través de la Secretaría de Economía–, del gobierno de Tlaxcala –a través de la Secretaría de Desarrollo Económico–, y de la Universidad Autónoma de Tlaxcala –a través del Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico de la Cadena Textil Vestido–, entre otros actores, dentro de los que destaca la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial, como organismo orientador de esta macroiniciativa.

Para lograrlo, se ha considerado la acotación geográfica –que significa la creación de los parques Pyme–, mediante la agrupación de recursos estratégicos: talento, conocimiento, investigación, personas, inversión y empresas. Se trata de consolidar la concentración empresarial textil y, por esa razón, la confección se convierte en una actividad esencial.

Lo que quiere decir es que se produce confección de moda con alta tecnología, con mano de obra y materias primas de bajo costo, destinadas al mercado mundial.

En virtud de que el camino no está libre de obstáculos, y el primero de ellos lo representa China, un país que en los últimos dos años ha generado mayor competitividad en el negocio textil que las naciones latinoamericanas, con su enorme legión de trabajadores que cobran salarios muy inferiores a los pagados en las maquilas regionales.

México en los últimos tiempos ha perdido alrededor de 30 maquiladoras textiles con la competencia de China, pagando a los operarios apenas una cuarta parte del salario pagado por la industria mexicana. Confiamos en que nuestro potencial de desarrollo es similar al de los asiáticos; como ellos, tenemos integración total, pero al mismo tiempo significativas diferencias.

Es por ello que en principio el cluster textil de confección no pretende maquilar sino diseñar e innovar con propuestas de competencia basadas en diseño e innovación, con capacidad de dar respuesta a los constantes cambios de la industria de la moda.

Para el cumplimiento de este objetivo se requiere una línea de apoyo de 40 millones de pesos, para el establecimiento de los tres parques Pyme (entendidos como clusters de confección textil), y que se situarían en los municipios de Contla de Juan Cuamatzi, Papalotla de Xicohténcatl y Tepetitla de Lardizábal, y que deberán incluir la infraestructura que dé soporte a la generación de una nueva era de empresas competitivas en Tlaxcala.

Quiero aclarar que el modelo de cluster que se pretende realizar contempla los siguientes elementos:

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto ante el Pleno de esta soberanía la aprobación de la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Secretaría de Economía, al gobierno de Tlaxcala, a las Comisiones de Economía y Presupuesto de la Cámara de Diputados a autorizar recursos para la creación de tres parques Pyme en los municipios de Contla de Juan Cuamatzi, de Papalotla de Xicohténcatl y de Tepetitla de Lardizábal, en Tlaxcala.

México, DF, a 6 de noviembre de 2008.

Diputado Alberto Amaro Corona (rúbrica)
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE QUE EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN DE 2009 SE ADICIONE UN ARTÍCULO SÉPTIMO TRANSITORIO, RELATIVO A LA ASIGNACIÓN DE PARTIDAS ESPECÍFICAS EN ESTADOS Y MUNICIPIOS PARA GARANTIZAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS PUEBLOS Y DE LAS COMUNIDADES INDÍGENAS, SUSCRITA POR LOS DIPUTADOS MARTHA CECILIA DÍAZ GORDILLO Y DIÓDORO CARRASCO ALTAMIRANO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN

Los que suscriben, diputados Martha Cecilia Díaz Gordillo y Diódoro Carrasco Altamirano, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de esta honorable asamblea la proposición con punto de acuerdo por el que se propone la adición de un artículo séptimo transitorio al proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2009, a fin de que las legislaturas de las entidades federativas y los ayuntamientos establezcan las partidas específicas en sus Presupuestos de Egresos correspondientes, para garantizar la vigencia de los derechos de los indígenas y el desarrollo integral de sus pueblos y comunidades, de acuerdo con lo establecido en el artículo 2o., Apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de las siguientes

Consideraciones

México ocupa el octavo lugar mundial entre los países con mayor cantidad de pueblos indígenas. De las 364 lenguas y variantes lingüísticas¹ que se hablan aquí, al menos 60 son nativas de América; y con más de 12 millones de individuos, la población indígena mexicana representa cerca del 13 por ciento de la población total del país.

Los pueblos indígenas forman parte de la pluriculturalidad de la nación mexicana reconocida a partir de la suscripción del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo en 1990 y en nuestra carta magna desde 1992, con la adición del artículo 4o. constitucional.

En 1994, el conflicto armado en Chiapas generó, entre otros, un proceso legislativo que formalizó la intervención del Congreso de la Unión a través de la creación de la Comisión de Concordia y Pacificación² cuya función se encaminó, primero, a promover el proceso de diálogo que desembocó en la firma de los Acuerdos de San Andrés Larráinzar y, posteriormente, en una iniciativa de modificaciones a la constitución que dos años después sirvió de base para la discusión de la reforma constitucional en materia de derechos y cultura indígena, actualmente en vigor.

A la fecha se han creado, reformado o adicionado, 37 disposiciones legales federales para adecuarlas a la reforma indígena de 2001, en la que se delegó a los estados la facultad de decidir cuáles pueblos indígenas son reconocidos. Las reformas de 2001 fueron un primer gran cimiento para futuros esfuerzos legislativos.

Veintiún entidades federativas han realizado diversas reformas a su legislación interna para reconocer los derechos indígenas en sus constituciones; entre las entidades vanguardistas está Oaxaca que, en un verdadero esfuerzo de participación popular y concertación política, desde 1995 y 1998 realizó importantes reformas constitucionales y legales que reconocieron los usos y costumbres de los pueblos indígenas en la elección de sus autoridades municipales, así como la autonomía y el derecho a la libre determinación.

Y en el caso de 10 estados, Campeche, Chiapas, Durango, Nayarit, México, Oaxaca, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí y Baja California, se dispone de leyes reglamentarias en materia indígena. Hace unos días realizamos con especialistas, nacionales y extranjeros, un balance de los logros alcanzados en el país a partir de esa interesante experiencia.

Uno de los logros de la reforma federal en materia indígena de 2001 es la obligación que se establece en la constitución para que las instituciones del Estado mexicano promuevan el desarrollo de ese importante sector de mexicanos.

Luego de señalar diversas acciones que obligatoriamente se tienen que llevar a cabo en materia de desarrollo regional, educación, salud, vivienda, comunicaciones, actividades productivas, derechos laborales, etcétera, para los pueblos y comunidades indígenas, el artículo 2o., Apartado B, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone lo siguiente:

Honorable asamblea: Sabemos que este monto de recursos resulta más que insuficiente para las grandes carencias en materia de desarrollo de los pueblos indígenas de México. Por ese motivo, hacer más eficiente su gasto es un reclamo que esta soberanía no puede dejar de señalar.

Hace un año la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Declaración sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, en cuya concretización la representación mexicana jugó un papel fundamental. De ahí que sea obligación no sólo moral, sino legal, de nuestra parte para avanzar en el cumplimiento de sus reclamos. Y es la propia constitución la que nos marca el camino a seguir en este momento.

Si bien este congreso ha cumplido el mandato constitucional de 2001 de establecer partidas específicas para atender a los pueblos indígenas, no es así el caso de todos los estados de la federación ni el de los ayuntamientos mexicanos.

Tenemos que señalar que algunos estados cumplen, aunque con montos insuficientes, el mandato constitucional de establecer partidas específicas en sus Presupuestos de Egresos para atender a los pueblos indígenas; sin embargo, en el resto de los estados del país no se prevé nada en sus presupuestos, no obstante que en todos existe población indígena. Tampoco los más de 2 mil 400 ayuntamientos mexicanos, salvo excepciones notables, han cumplido el ordenamiento de 2001.

Frente a la gran cantidad de rezagos de los pueblos indios y sus inmensos reclamos para desarrollarse, las instituciones del Estado mexicano, de todos los niveles, tenemos la obligación de cumplir el mandato constitucional, más aún en estos últimos años que se transfieren recursos crecientes del Presupuesto de Egresos de la Federación para el desarrollo de las entidades federativas y los municipios.

Por lo expuesto, se propone a esta asamblea el siguiente punto de acuerdo para que sea considerado como de urgente u obvia resolución, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos:

Notas
1. Catálogo de lenguas indígenas nacionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de enero de 2008.
2. Fudamentada en el Ley para el Diálogo, la Conciliación y la Paz Digna en Chiapas, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de marzo de 1995.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de noviembre de 2008.

Diputados: Martha Cecilia Díaz Gordillo, Diódoro Carrasco Altamirano (rúbricas).
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL JEFE DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL A AUTORIZAR MEDIANTE EL SECRETARIO DE OBRAS Y SERVICIOS LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES A PASOS INFERIORES EN LA DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO, A CARGO DE LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA GONZÁLEZ MARTÍNEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN

La suscrita, María Gabriela González Martínez, diputada de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados por el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a consideración de esta honorable asamblea, con carácter de urgente y obvia resolución, proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobierno del Distrito Federal a instruir al secretario de Obras y Servicios, Jorge Arganis Díaz Leal, para que autorice las obras de pasos inferiores en la delegación Miguel Hidalgo, conforme a los siguientes

Antecedentes

1. Con fecha 6 de junio de 2008, mediante el oficio número DGODU/1808/2008, se remitió un oficio al licenciado Raúl Armando Quintero, secretario de Transporte y Vialidad (Setravi) del Gobierno del Distrito Federal, por parte de la Dirección General de Obras y de Desarrollo Urbano (DGODU) de la delegación Miguel Hidalgo a cargo del arquitecto Luis Eduardo Vallejo Moreno, en el cual se remitían para su consideración de la Setravi los planos de los proyectos de vialidades que a continuación se relacionan:

2. Con fecha 12 de junio de 2008, el director General de Obras y Desarrollo Urbano de la delegación Miguel Hidalgo envió, por instrucciones de la jefa delegacional, los planos (en planta y secciones transversales) de los proyectos de vialidades referidas.

3. Con fecha 7 de julio de 2008, mediante el oficio número DGODU/2107/2008, la DGODU envió a la Secretaría de Obras y Servicios del Gobierno del Distrito Federal el proyecto ejecutivo de la obra pasos deprimidos Reforma-Bosques, así como el catálogo de conceptos de éste, para la validación y los comentarios de la secretaría. El 9 de julio se enviaron a la Setravi los planos de proyecto básico, donde se atendían las observaciones hechas por la secretaría para las intersecciones, y con fecha 4 de agosto de 2008 se recibieron por el director general de Obras Públicas del Gobierno del Distrito Federal los comentarios y las observaciones del Proyecto Ejecutivo de Obra de Pasos Deprimidos Palmas-Reforma-Bosques, que fueron atendidas por la DGODU de la delegación Miguel Hidalgo.

4. Con fecha 21 de julio de 2008, mediante el oficio número DGODU/2250/2008, la DGODU de la delegación Miguel Hidalgo remitió a la Setravi, para su validación, los proyectos básicos de las obras referidas en el numeral 1 del presente punto de acuerdo. Asimismo, se manifiesta en el referido escrito que se le hicieron observaciones a los proyectos y que éstas fueron atendidas y remitidas nuevamente, mediante el oficio número DGODU/2130/2008, con fecha 9 de julio del año en curso. Las observaciones que consistían en lo siguiente:

Planos del proyecto básico de las obras viales en Palmas-Monte Altai, Paseo de las Palmas-Cerro de Pichagua y Paseo de las Palmas-Monte Tabor.

5. Asimismo, la DGODU de la delegación Miguel Hidalgo manifestó que las obras viales de Palmas-Cofre de Perote y avenida Ejército Nacional y Ferrocarril de Cuernavaca cumplían la normatividad, por lo que se solicitaba que con la premura del tiempo para el desarrollo de las obras se pudiera informar lo antes posible para contar con las validaciones correspondientes.

6. Con fecha 22 de julio de 2008, la Dirección de Planeación y Vialidad de la Setravi, en contestación de los oficios números DGODU/2136/2008 y DGODU/2250/2008, de fechas 9 y 21 de julio, respectivamente, comunicó a la delegación Miguel Hidalgo que, después de revisar los planos de los proyectos, se concluía lo siguiente:

Si bien dichos planos consideran las adecuaciones y correcciones indicadas en nuestro similar DGPV/1949/08, del 24 de junio del actual, representan una entrega parcial del proyecto geométrico definitivo de la ingeniería básica, por lo que, para estar en condiciones de emitir el visto bueno relativo al proyecto de las cinco intersecciones mencionadas por parte de esta secretaría, nos deberán proporcionar el faltante de la documentación que integre la totalidad de la ingeniería básica para cada intersección, de acuerdo con la siguiente relación:

Ingeniería básica

8. Con fecha 19 de agosto y mediante el oficio número DGPV/2667/08, la Dirección General de Planeación y Vialidad de la Setravi comunicó a la delegación Miguel Hidalgo que dictamina favorablemente lo correspondiente al proyecto geométrico de la ingeniería básica, para la solución a desnivel.

9. A la fecha, aun cuando la Setravi ya dictaminó a favor, no se han autorizado por la Secretaría de Obras y Servicios los proyectos de Palmas-Monte Altai, Palmas-Monte Tabor, Palmas-Cerro Pichagua y Palmas-Cofre de Perote, sin que medie explicación alguna, toda vez que estos proyectos han sido enviados en varias ocasiones a la secretaría, atendiendo las observaciones que ésta ha requerido y que técnicamente no tendrían ningún problema, ya que han sido autorizados proyectos similares en Palmas-Reforma-Bosques y avenida Ejército Nacional y Ferrocarril de Cuernavaca.

10. El 6 de octubre de 2008, la delegación Miguel Hidalgo signó oficialmente, y después de haber cumplido la normatividad aplicable, con autoridades del Gobierno del Distrito Federal un convenio para edificar un deprimido vial en los cruces de las avenidas Palmas-Reforma-Bosques y el distribuidor vial en Ejército Nacional en su cruce con Ferrocarril de Cuernavaca. En conferencia con los medios de comunicación, la titular de esa demarcación, licenciada Gabriela Cuevas Barrón, señaló que las obras forman parte del proyecto integral Paseo de las Palmas, que consta de cuatro deprimidos más, los que todavía no están autorizados y que son las vialidades de Cofre de Perote, Cerro Pichahua, Monte Tabor y Monte Altai.

Considerandos

1. Que conforme a la fracción LII del artículo 39 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, corresponde a los titulares de los órganos político-administrativos de cada demarcación territorial

LII. Construir, rehabilitar y mantener puentes, pasos peatonales y reductores de velocidad en las vialidades primarias y secundarias de su demarcación, con base en los lineamientos que determinen las dependencias centrales.

2. Que los pasos inferiores o deprimidos no son obras gigantescas que modifiquen la fisonomía de la infraestructura urbana. Son obras prácticas y sencillas que ayudan a dar mayor fluidez al tránsito. Son una solución urbana usual en las grandes ciudades del mundo.

Sirven para que la vuelta a la izquierda sea continua al pasar debajo del carril contrario, evitando altos y congestionamientos sobre el carril izquierdo que supuestamente es de alta velocidad. Esto sucede en Monte Altai, Monte Tabor, Cerro Pichahua y Cofre de Perote.

3. Que las ventajas de los deprimidos incluyen éstas:

5. Que a la fecha, aun cuando la Setravi ya dictaminó a favor, no se han autorizado por la Secretaría de Obras y Servicios los proyectos de Palmas-Monte Altai, Palmas-Monte Tabor, Palmas-Cerro Pichagua y Palmas-Cofre de Perote, sin que medie explicación alguna, toda vez que estos proyectos han sido enviados en reiteradas ocasiones a la secretaría, atendiendo las observaciones que ésta ha requerido y que técnicamente no tendrían problema, ya que han sido autorizados proyectos similares en Palmas-Reforma-Bosques y avenida Ejército Nacional y Ferrocarril de Cuernavaca.

6. Que toda vez que la jefatura delegacional en Miguel Hidalgo, a través de la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano y conforme a la normatividad aplicable, ha solicitado la autorización de las obras de pasos inferiores, específicamente los proyectos de Palmas-Monte Altai, Palmas-Monte Tabor, Palmas-Cerro Pichagua y Palmas-Cofre de Perote, los que servirán para resolver los problemas viales de la zona, se debe solicitar al jefe del Gobierno del Distrito Federal que, en el ámbito de sus facultades y como titular de la administración pública local, instruya a la Secretaría de Obras y Servicios para que autorice de inmediato las obras de referencia.

Por lo expuesto, someto a consideración del Pleno de la Cámara de Diputados el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta al jefe del Gobierno del Distrito Federal a instruir en el ámbito de sus facultades al secretario de Obras y Servicios, Jorge Arganis Díaz Leal, para que autorice las obras de pasos inferiores necesarios en la delegación Miguel Hidalgo, específicamente los proyectos de Palmas-Monte Altai, Palmas-Monte Tabor, Palmas-Cerro Pichagua y Palmas-Cofre de Perote.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro,a 6 noviembre de 2008.

Diputada María Gabriela González Martínez (rúbrica)
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE SOLICITA AL GRUPO DE TRABAJO DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS EDUCATIVOS DE ESTA SOBERANÍA ENCARGADO DEL SEGUIMIENTO Y LA APLICACIÓN DE LOS CONVENIOS DE LA ALIANZA POR LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN QUE CONVOQUE Y REALICE FOROS PÚBLICOS TEMÁTICOS DE ANÁLISIS Y DEBATE DE LAS IMPLICACIONES DE DICHO PACTO, A CARGO DEL DIPUTADO ADRIÁN PEDROZO CASTILLO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD

El que suscribe, diputado Adrián Pedrozo Castillo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LX Legislatura, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable asamblea proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, a efecto de que se instruya al grupo de trabajo de la Comisión de Educación Pública y Servicios responsable de dar seguimiento a la Alianza por la Calidad en la Educación a que convoque y realice foros públicos temáticos con la participación de todos los sectores sociales con el propósito de analizar la mencionada alianza, bajo las siguientes

Consideraciones

Desde su firma el pasado 15 de mayo, la denominada Alianza por la Calidad de la Educación ha generado diversas reacciones de rechazo en el magisterio nacional, que se ha manifestado en movilizaciones públicas y la suspensión de actividades escolares en demanda que dicha alianza sea cancelada.

El repudio a esta estrategia del gobierno federal, suscrita con la cúpula del Sindicato de Trabajadores de la Educación a espaldas de los docentes, despuntó por el movimiento de los maestros del estado de Morelos, extendiéndose al magisterios de cuando menos 20 entidades federativas del país.

Como es del dominio público, el magisterio del estado de Morelos mantiene la suspensión de actividades escolares, dado la negativa del gobierno de la entidad y la Secretaría de Gobernación a restablecer las pláticas de negociación en esta última dependencia, cuyas autoridades a la fecha no han dado muestras de querer reinstalar la mesa de diálogo y han optado por el silencio y los oídos sordos ante los reclamos del magisterio del país.

Pero los docentes que repudian la Alianza por la Calidad de la Educación no son los únicos en no ser escuchado. Los responsables de la educación de diversos estados también han cuestionado o puesto en tela de duda la alianza y por igual se han quejado de la negativa de la Secretaría de Educación Pública a ser escuchados y tomados en cuenta en la aplicación de la alianza.

Así lo pusieron de manifiesto durante la 14 sesión plenaria del Consejo de Autoridades Educativas, realizado el sábado 1 de noviembre en la ciudad de Tijuana, Baja California, donde los secretarios estatales de educación se negaron a firmar un "punto de acuerdo" para que respaldaran incondicional y totalmente la Alianza para la Calidad de la Educación.

De acuerdo con declaraciones publicadas en distintos periódicos de circulación nacional, Secretarios Estatales de Educación se negaron a dar su aval incondicional a la alianza, al señalar, y cito textualmente:

"Estamos desconcertados. Queremos que nos escuchen, participar en la toma de decisiones, porque nunca se ha querido regionalizar la alianza, y se les olvidó que tenemos 1.2 millones de maestros con la piel muy sensible".

En el mismo acto, los titulares de educación estatal integrados en la CONAEDU recordaron que en septiembre pasado hicieron un llamado al diálogo con la Secretaría de Educación Pública, cuyas autoridades les prometieron realizar reuniones regionales, pero sin ningún resultado. "Seguimos en las mismas, pues no nos escuchan", recriminaron los secretarios estatales.

Y mientras la Secretaría de Educación Pública sigue dando muestras de cerrazón para buscar una solución al conflicto magisterial, otros actores sociales han adoptado acciones encaminadas a distender la gravedad del conflicto. Así, el pasado jueves 30, por unanimidad de todos los grupos parlamentarios el Congreso del estado de Guerrero aprobó un Punto de Acuerdo en el que se exhorta al gobernador Zeferino Torreblanca Galindo a que suspenda temporalmente la Alianza por la Calidad de la Educación y que convoque a foros regionales en los que se construya una propuesta alternativa.

En el mismo tenor de distender el conflicto magisterial, el pasado 27 de agosto la Comisión Permanente en el Senado de la República aprobó un Punto de Acuerdo en el que se exhorta a las Juntas de Coordinación Política de ese órgano legislativo y a la de Cámara de Diputados a crear un grupo de trabajo al interior de sus respectivas comisiones de educación, para dar seguimiento al proceso de diseño e instrumentación de los acuerdos de la Alianza por la Calidad en la Educación.

El 11 de septiembre de 2008, el Presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados remitió a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos el punto de acuerdo, que señala lo siguiente: "la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, instruye a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, la creación de un Grupo de Trabajo al interior de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos de esta soberanía, integrado por cinco legisladores de diversos Grupos Parlamentarios para dar seguimiento al proceso de diseño e instrumentación de los acuerdos de la Alianza por la Calidad en la Educación, signada el pasado 15 de mayo por el Ejecutivo federal y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación".

En las consideraciones, en el citado punto de acuerdo promovido y suscrito por legisladores de los diversos grupos parlamentarios, se destaca que el Poder Legislativo debe mantenerse atento en materia educativa, pues ésta requiere de una conjunción de esfuerzos y del acompañamiento sistemático de expertos sobre la materia, así como de organismos internacionales especializados, además del apoyo y concientización de la sociedad en general.

El 18 de septiembre, el pleno de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos aprobó la integración del grupo de trabajo, que a la fecha ha tenido un par de reuniones con autoridades de la Secretaría de Educación Pública. Sin duda, este grupo de trabajo constituye un paso importante para analizar y debatir las implicaciones de la Alianza para la Calidad de la Educación. Sin embargo, en sus deliberaciones ha estado ausente el magisterio, que es el actor principal de cualquier reforma educativa que se pretenda llevar a cabo.

Dada la magnitud del conflicto magisterial y la exigencia de otros sectores de ser considerados, resulta necesario que todas las voces sean escuchadas, en particular la del magisterio, la de los académicos y los expertos en educación. En función de lo anterior y de los principios expuestos en el punto de acuerdo aprobado por la Comisión Permanente, se requiere abrir el debate de la Alianza para la Calidad de la Educación a los diversos sectores involucrados e interesados, a través de la realización de foros públicos temáticos, que se lleven a cabo en el interior de la Cámara de Diputados como garante del debate.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, me permito someter a la consideración de esta honorable soberanía la proposición con el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. El pleno de la Cámara de Diputados mandata al grupo de trabajo de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, responsable del seguimiento y aplicación de los acuerdos de la Alianza por la Calidad de la Educación a que convoque y realice con la mayor brevedad foros públicos temáticos para el análisis y debate de las implicaciones de la alianza, suscrita el pasado 15 de mayo por el Ejecutivo federal y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación.

Segundo. El grupo de trabajo determinará la mecánica de los foros públicos temáticos, respetando siempre la participación amplia y representativa de los diversos sectores involucrados e interesados, como son autoridades educativas federales y estatales, docentes de todo el país, académicos y expertos en la educación de distintos ámbitos, entre otros.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de noviembre de 2008.

Diputado Adrián Pedrozo Castillo (rúbrica)
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL SENADO DE LA REPÚBLICA A FORMULAR EXCITATIVA A LAS COMISIONES UNIDAS DE JUSTICIA, DE GOBERNACIÓN, Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS A FIN DE QUE PRESENTEN AL PLENO EL DICTAMEN CORRESPONDIENTE A LA MINUTA QUE EXPIDE LA LEY FEDERAL DE JUSTICIA PARA ADOLESCENTES Y REFORMA DIVERSAS LEYES, A CARGO DE LA DIPUTADA PATRICIA VILLANUEVA ABRAJÁN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI

La que suscribe, Patricia Villanueva Abraján, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en el inciso f) del artículo 23 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en la fracción XVI del artículo 21 y en los artículos 87, 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a esta soberanía proposición con punto de acuerdo, al tenor de los siguientes

Antecedentes

I. Con fecha 12 de diciembre de 2005 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se declaran reformado el párrafo cuarto y adicionados los párrafos quinto y sexto del artículo 18 de la Constitución General de la República.

II. Con fecha 22 de septiembre del 2005, el senador César Camacho Quiroz, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con proyecto de decreto para expedir la Ley Federal de Justicia para Adolescentes, así como reformar las Leyes Orgánicas del Poder Judicial de la Federación, y de la Administración Pública Federal. Fue turnada a las Comisiones Unidas de Justicia, de Gobernación, y de Estudios Legislativos para su estudio y dictamen correspondiente.

III. En sesión de la Comisión Permanente de fecha 25 de enero de 2006, el senador David Jiménez González, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con proyecto de decreto mediante el cual se expide la Ley General de Administración de Justicia para Adolescentes. Fue turnada a las Comisiones Unidas de Justicia, de Gobernación y de Estudios Legislativos.

IV. En sesión de 26 de abril de 2006 fue aprobado el proyecto de decreto relativo por el Senado de la República, y se turnó la minuta a la Cámara de Diputados para sus efectos constitucionales.

V. El 26 de abril de 2006 se presentó la minuta con proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal de Justicia para Adolescentes y se reforman las Leyes Orgánica del Poder Judicial de la Federación, Orgánica de la Administración Pública Federal, Orgánica de la Procuraduría General de la República, y Federal de Defensoría Pública ante el Pleno de la Cámara de Diputados. Se turnó a las Comisiones Unidas de Justicia, y de Gobernación.

VI. El 26 de abril de 2007, las Comisiones Unidas de Justicia, y de Gobernación presentaron ante el Pleno de la Cámara de Diputados dictamen con proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal de Justicia para Adolescentes y se reforman las Leyes Orgánica del Poder Judicial de la Federación, Orgánica de la Administración Pública Federal, Orgánica de la Procuraduría General de la República, y Federal de Defensoría Pública, que fue aprobado y remitido al Senado en la misma fecha, para los efectos correspondientes.

VII. El 4 de septiembre de 2007, la minuta de referencia fue turnada a las Comisiones Unidas de Justicia, de Gobernación, y de Estudios Legislativos del Senado.

Consideraciones

Primera. El 12 de diciembre de 2005 se publicaron en el Diario Oficial de la Federación la reforma del párrafo cuarto y la adición de los párrafos quinto y sexto del artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que ordena a la federación, a los estados y al Distrito Federal establecer, en el ámbito de sus competencias, un sistema integral de justicia para adolescentes, en el que se garanticen los derechos fundamentales reconocidos en la propia Constitución para todo individuo, así como los derechos específicos que por su condición de personas en desarrollo han sido reconocidos a los adolescentes en los instrumentos internacionales suscritos por México.

Segunda. En dicho decreto se precisó una vacatio legis de tres meses, contados a partir de dicha publicación, y se concedió a los estados integrantes de la federación y al Distrito Federal un plazo de seis meses, contados a partir de la entrada en vigor del decreto, para crear las leyes, instituciones y órganos que se requieran para su aplicación. Es decir, en términos de dicha disposición tanto la federación como las entidades federativas integrantes deberían tener ya implantado su sistema integral de justicia para adolescentes a más tardar el 12 de septiembre de 2006.

Tercero. A más de dos años, la federación no cuenta aún con la Ley Federal de Justicia para Adolescentes, lo cual ha causado diferentes controversias jurídicas, en virtud de que entidades federativas como Oaxaca, Chihuahua, Nuevo León y otras, con estricta sujeción al mandato constitucional, instauraron su sistema especializado de justicia para adolescentes en los términos previstos en la reforma. Sin embargo, es bien sabido que los adolescentes, desafortunadamente incurren tanto en la comisión de delitos del orden común como del orden federal, y estos últimos hoy, por una parte, escapan de la competencia de los estados y, por otra, los adolescentes que incurren en su comisión no pueden ser investigados o procesados y, en su caso, sancionados por la federación porque ésta carece de un sistema especializado para tal fin.

Lo anterior nos obliga a dar celeridad al proceso legislativo de la Ley Federal de Justicia para Adolescentes, ya que si bien en marzo pasado la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por conducto de la Primera Sala Penal, emitió la tesis jurisprudencial de número 25/2008, "Delitos federales cometidos por adolescentes, menores de dieciocho y mayores de doce años de edad. Son competentes los juzgados de menores del fuero común (régimen de transición constitucional)", mediante la cual determina que los juzgados especiales para menores del orden común son competentes para conocer de los delitos del orden federal cometidos por sujetos de más de doce y menos de catorce años de edad, eso no exime a la federación de contar con su sistema integral de justicia para adolescentes. Tan es así, que la propia Primera Sala Penal manifiesta que dicha tesis será vigente sólo durante el régimen de transición constitucional de la reforma del artículo 18 de la Carta Magna publicada en diciembre de 2005.

Además, a la fecha sólo Oaxaca, Nuevo León, Chihuahua, Zacatecas, Morelos, Quintana Roo, el estado de México y el Distrito Federal han implantado su sistema especializado de justicia para adolescentes. Consecuentemente, en el resto del país no existe órgano jurisdiccional alguno que pueda conocer de tales conductas delictivas.

Por lo expuesto, y en virtud de que se ha cumplido en exceso el plazo que establece el numeral 87 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Con fundamento en lo que dispone la fracción XVI del artículo 21 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, solicito a esta Presidencia que se sirva exhortar al Presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República a formular excitativa a las Comisiones Unidas de Justicia, de Gobernación y de Estudios Legislativos del Senado de la República para que presenten al Pleno el dictamen de la minuta proyecto de decreto por el se expide la Ley Federal de Justicia para Adolescentes y se reforman las Leyes Orgánica del Poder Judicial de la Federación, Orgánica de la Administración Pública Federal, Orgánica de la Procuraduría General de la República, y Federal de Defensoría Pública.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de noviembre de 2008.

Diputada Patricia Villanueva Abraján (rúbrica)
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECTUR A APOYAR CON ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS, URBANÍSTICOS Y DE ACCESIBILIDAD QUE GARANTICEN EN LOS DESTINOS TURÍSTICOS DE PLAYA, EN ESPECIAL HUATULCO, EL LIBRE TRÁNSITO O MOVILIDAD DE LAS PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES, A CARGO DEL DIPUTADO HUMBERTO LÓPEZ LENA CRUZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE CONVERGENCIA

El suscrito, Humberto López Lena Cruz, diputado de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en el artículo 58 y 60 del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicita al Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados que formule un exhorto al secretario de Turismo, a efecto de que se apoye y se promocione, a nivel nacional e internacional, los servicios turísticos que se prestan para las personas con capacidades diferentes en la zonas turísticas de playa y especial a la zona de Huatulco.

Consideraciones

En el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su párrafo tercero, está establecida la prohibición "a toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas".

Bajo este fundamento, nos encontramos en presencia de la garantía individual de libertad, en la cual se nos prohíbe dar trato de inferioridad a una persona o colectividad por motivos de raza, género, edad, condición social y discapacidad.

Es decir, las personas con discapacidad deben ser tratadas como personas convencionales; así que el Estado tiene la obligación de formular y aprobar políticas de prevención, protección, atención de salud, trabajo, educación, rehabilitación, seguridad social y accesibilidad, para que la persona con discapacidad alcance su desarrollo e integración social, económica y cultural.

Hemos avanzado en gran parte. Contamos ya en el país con una Ley General de las Personas con Discapacidad, para proteger sus derechos y establecer las políticas y acciones necesarias para dar cumplimiento a los programas federales en materia de personas con discapacidad, misma que no se ha cumplido en su totalidad.

Esto lo podemos visualizar con nuestros deportistas con capacidades diferentes quienes no obstante a la falta de apoyos necesarios para el libre ejercicio de sus derechos como personas convencionales en el ámbito del deporte, en los pasados Juegos Paraolímpicos que tuvieron lugar en Beijing, obtuvieron como resultado un saldo de 20 preseas, 10 de oro, 3 de plata y 7 de bronce para situarse en la decimocuarta posición del medallero, mientras que nuestros deportistas convencionales, no obstante todo el apoyo que el Estado les brinda, en su participación olímpica sólo obtuvieron tres medallas, 2 de oro y 1 de bronce.

Así también, las personas con capacidades diferentes tienen derecho al libre desplazamiento en condiciones dignas y seguras en espacios públicos. Esto incluye las zonas turísticas del país. En el artículo 2, fracciones IX y X, de la Ley Federal de Turismo están establecidas como obligaciones de la Secretaría de Turismo promover el turismo social y garantizar a las personas con discapacidad, la igualdad de oportunidades dentro de los programas de desarrollo del sector turismo, esto con la finalidad de no menoscabar los derechos de ese sector de nuestra sociedad mexicana.

Entendiéndose como turismo social aquellos instrumentos o medios a través de los cuales se otorgan las facilidades para que las personas de recursos limitados, y con discapacidad viajen con fines recreativos, deportivos y/o culturales en condiciones adecuadas de economía, accesibilidad, seguridad y comodidad.

El presente punto de acuerdo tiene como objetivo conseguir que la Secretaría de Turismo logre dotar a todos los destinos turísticos de playa del país y en particular a Huatulco, de la accesibilidad adecuada para las personas con capacidades diferentes, a sus diversas playas y bahías, tanto en lo que concierne a elementos arquitectónicos y urbanísticos, como de prestación de servicios, para que sean disfrutados por éstas de manera cómoda y garantizando su libre tránsito o desplazamiento, y una vez logrado esto, darle la promoción turística no solo a nivel nacional sino internacional, para que la gente con capacidades diferentes disfrute como personas convencionales de éste recurso turístico, y estar a la par de otros países como España, Francia, Bélgica, Argentina y Perú que ofrecen este tipo de turismo. Sólo con esto muchas personas disfrutarán de la vida como no lo habían hecho nunca.

Todos sabemos de la belleza natural de nuestros destinos de playa que han sido disfrutados por un sin número de connacionales y extranjeros. Y que hasta hoy ha sido una de las actividades estratégicas en temporadas altas para el desarrollo económico de nuestro país.

Es por eso que hoy se propone, desde el punto de vista económico, ofertar un destino turístico de fácil acceso que permita garantizar el libre tránsito y desplazamiento de estas personas y con esto atraer a un segmento del mercado turístico inexplorado por nuestro país, que es el de las personas con capacidades diferentes, de gran atractivo debido al número de ciudadanos que lo integran y que tendría lugar en las temporadas bajas del turismo convencional; y con esto tener afluencia turística en todos los meses del año.

En el caso de Huatulco, que es un destino turístico famoso a nivel nacional e internacional, donde se encuentran hoteles de gran turismo y categoría especial, excelentes plazas, así como uno de los mejores campos de golf del Pacífico mexicano, no se le ha dado la arquitectura de tránsito necesaria para recibir a este tipo de turismo.

Bajo este antecedente, la Secretaría de Turismo, fuera de lo establecido expresamente en la Ley Federal de Turismo, no ha proporcionado los medios necesarios para que este destino turístico sea igualmente disfrutado por las personas con discapacidad. Es decir, el grado de accesibilidad para el tránsito o desplazamiento propicio dentro los servicios y productos turísticos para personas con capacidades diferentes que han sido proporcionados por el gobierno federal a todos nuestros destinos playeros han sido mínimos.

Actualmente en Huatulco existen empresas totalmente oaxaqueñas dedicadas a este ramo, es decir, especializadas en actividades turísticas para personas con discapacidad. Pero debido a la falta de apoyos, tanto económicos como de acceso conveniente para éstas personas y de promoción, no se ha podido lograr que las personas con capacidades diferentes, tanto nacionales como extranjeras, tengan acceso a este destino turístico oaxaqueño y promover actividades como natación, snorkeling, tirolesa y rafting, todas ellas bajo las medidas de seguridad necesarias para trabajar con gente discapacitada.

Las autoridades estatales y municipales desconocen la ley y no saben que están obligadas a proporcionar los medios necesarios para que a las personas con capacidades diferentes se les trate como personas convencionales y no sean discriminadas para disfrutar los atractivos turísticos que ofrece no sólo el estado de Oaxaca sino todo el país.

Ya que dándole accesibilidad o el fácil acceso para transitar o desplazarse dentro de nuestros destinos turísticos, elevaríamos el número de personas que nos visitan, y con esto introducir y desarrollar nuevos productos turísticos que permitan alargar la temporada.

Un antecedente muy importante que hay que tomar en cuenta es que, según datos de la ONU, actualmente existen en el mundo 600 millones de personas discapacitadas y la cifra se duplicará para el 2025. Teniendo en cuenta estas cifras las personas con capacidades diferentes representan un mercado no explorado por la industria turística en temporadas bajas para el turismo convencional, lo que traería como resultado derrama económica, necesaria para el desarrollo de nuestra economía estatal y nacional.

Cabe hacer mención que Programa Sectorial de Turismo, el cual fue presentado por el presidente Felipe Calderón, se menciona que "México requiere incorporarse al concierto mundial del turismo mediante la aplicación de políticas públicas que permitan consolidar y ampliar su capacidad de desarrollo de manera sustentable y competitiva".

Líneas que hasta el momento no han sido cumplidas, sobre todo en este rubro de personas discapacitadas, ya que en ningún destino turístico de playa del país se han hecho este tipo de adecuaciones necesarias, como lo son señalizaciones, rampas, pasarelas especiales hasta la orilla, sillas anfibias, muletas anfibias, una zona de descanso con sombrillas y mobiliario especial, cabina de vestuario y duchas con silla de baño, así como personal de apoyo para el baño y demás servicios turísticos que se ofrecen.

Sin dejar de un lado establecer convenios con los hoteles y líneas aéreas con la finalidad de que se obtengan espacios especiales y mejores tarifas para que las personas con discapacidades alcancen su desarrollo e integración social, económica y cultural.

De esto puedo concluir que con la aplicación de este punto de acuerdo México estaría elevando su nivel en el ámbito turístico a la par con los países ya mencionados, que cuentan con los medios de movilidad necesaria para que las personas con capacidades diferentes logren el pleno ejercicio de sus derechos; por lo que hago mención de cuatro razones base de este punto de acuerdo que ahora propongo.

Por lo antes expuesto, me permito someter a consideración de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se realice una respetuosa exhortación a la Secretaría de Turismo a efecto de que apoye con los elementos arquitectónicos, urbanísticos y medios de accesibilidad necesarios para garantizar el libre tránsito o movilidad de las personas con capacidades diferentes dentro de los destinos turísticos de playa del territorio nacional, en especial a Huatulco; y, a su vez, se promocione, a nivel nacional e internacional, los servicios turísticos que se prestan para las personas con capacidades diferentes en estas zonas turísticas.

Salón de sesiones, a 6 de noviembre de 2008.

Diputado Humberto López Lena Cruz (rúbrica)
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A IMPLANTAR MEDIANTE LA SHCP Y LA SAGARPA ACCIONES PARA QUE NO SE INCREMENTEN LAS TASAS DE INTERÉS EN EL FINANCIAMIENTO DEL CAMPO NACIONAL, A CARGO DEL DIPUTADO JAVIER MARTÍN ZAMBRANO ELIZONDO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN

El que suscribe, Javier Martín Zambrano Elizondo, diputado federal de la LX Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 34, párrafo 1, inciso c); 42, párrafo 1, y 43, párrafos 2 y 3, de la Ley Orgánica del Congreso General, somete a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

De acuerdo con el Banco Mundial (2007) la población rural en nuestro país es de 24.8 millones de personas, la producción agrícola anual es de 24 mil 339 millones de dólares; México cuenta con una extensión cultivable de 27.3 millones de hectáreas (Estados Unidos tiene 177.8 millones de hectáreas y Canadá 52.1 millones).

La producción del campo mexicano es de mayor importancia debido a que la producción cerealera nacional ha venido en ascenso en los últimos años, en términos generales México produjo 28.8 millones de toneladas de cereales en 2006, la producción se incrementó a 34.2 millones de toneladas en 2007, lo que significa 18.8 por ciento de incremento, en tanto el pronóstico de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) es que para 2008 la producción cerealera nacional ascenderá a 35.9 millones de toneladas, 5 por ciento por encima de la producción de 2007.

El maíz es el principal cereal cosechado en el país, en 2006 se produjeron 21.9 millones de toneladas, cifra que aumentó en 2007, según estimaciones de la FAO, con 23.6 millones de toneladas, un incremento de 7.8 por ciento, el pronóstico en 2008 es que la cosecha de maíz ascenderá a 25 millones de toneladas, lo que representaría un incremento de 5.9 por ciento respecto a la cosecha de 2007.

Por su parte, el cereal más consumido en México es el maíz, del cual se consumieron 29.3 millones de toneladas en 2006, y según estimaciones de la FAO se consumirían 31 millones de toneladas en 2007 y se pronostica un consumo de 30.6 millones de toneladas en 2008.

El maíz es, a su vez, parte esencial en la dieta del mexicano, el consumo per cápita de maíz era en 2006 de 278.8 kilogramos, es estima que dicho consumo se incrementó a 293.4 kilogramos en 2007 y la FAO pronostica que en 2008 cada mexicano consumirá 286.8 kilogramos de maíz en promedio.

El segundo cereal que más se consume en el país es el sorgo, el consumo nacional aparente de este cereal se ubicó en 8.1 millones de toneladas en 2006 y según los pronósticos de la FAO bajará 7.9 por ciento hasta ubicarse en 7.5 millones de toneladas en 2008.

La demanda de trigo se ubica en niveles alrededor de los 6.3 millones de toneladas, el consumo per cápita de este cereal es considerable en la dieta del mexicano, ya que en los últimos tres años un mexicano ha consumido, en promedio, entre 58 y 59 kilogramos de trigo al año.

La demanda de arroz se ubicó en 2006 en 1.2 millones de toneladas y las estimaciones de la FAO, tanto del dato preliminar de 2007 como del pronóstico para 2008, es que se mantenga estable alrededor de esa cifra; igualmente estable se ha mantenido el consumo per cápita de arroz en los últimos 3 años, se estima que un mexicano consume en promedio 10.8 kilogramos de arroz por año.

La FAO pronostica que al cierre de las cosechas de 2008, las existencias mundiales de cereales desciendan a 405 millones de toneladas, 21 millones de toneladas menos que en el período 2006-2007. En este nivel, la relación entre las existencias mundiales de cereales y su utilización desciende 18.8 por ciento, cifra menor en 6.0 por ciento respecto del nivel ya de por si bajo registrado durante 2006–2007.

De tal suerte que fenómeno actual que denominamos crisis alimentaria global, se desencadenó por razones tanto de oferta como de demanda.

Por el lado de la oferta tenemos, por mencionar algunos el incremento en los precios del petróleo y otros combustibles, los aspectos climáticos adversos, la especulación financiera y comercial, en donde la conjunción de liquidez en varios países del mundo, bajas tasas de interés de referencia internacional y altos precios del petróleo, hizo del mercado agropecuario un refugio propicio para inversionistas especulativos y acaparadores, tanto en mercados físicos como en los mercados de futuros. Además de la caída en los inventarios mundiales de granos básicos, en donde el tamaño de los inventarios de granos influye en los precios, debido a que son una medida de la abundancia o escasez relativa de determinado grano, en los últimos años el stock de granos en el mundo ha bajado, lo que denota debilidad en la oferta y presiones al alza en los precios.

La actual coyuntura internacional, en donde la actividad financiera y crediticia se verán afectadas, sin duda repercutirá en la producción alimentaria, exponiendo a nuestros productores nacionales a riesgos que podrían afectar la productividad del campo.

Es de suma importancia elevar la productividad y competitividad en nuestro campo para no limitar nuestra independencia alimentaria, siendo que el acceso al financiamiento público es una herramienta que ha servido para que los micro, pequeños y medianos productores hagan frente a las exigencias de la producción de alimentos, y con esto elevar la productividad del campo mexicano.

Es por esto que se insta a las entidades de gobierno a que implementen mecanismos, de manera conjunta, encaminados a que el financiamiento del campo nacional no se vea disminuido ni se incrementen las tasas de interés al campo mexicano ante la actual coyuntura económica.

Por estas razones, el suscrito diputado, somete a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorta al Ejecutivo federal, a través de las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, a que implementen acciones conjuntas encaminadas a que el financiamiento del campo nacional no se reduzca, ni se incrementen las tasas de interés debido a la actual coyuntura económica mundial.

Segundo. Se exhorta al Ejecutivo federal a que implemente programas y acciones encaminadas a elevar la productividad de nuestro campo.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de noviembre de 2008.

Diputado Javier Martín Zambrano Elizondo (rúbrica)
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE SOLICITA A LA COMISIÓN DE TURISMO DE ESTA SOBERANÍA QUE INTEGRE UNA SUBCOMISIÓN ENCARGADA DE INVESTIGAR LAS OPERACIONES REALIZADAS POR JOHN MCCARTHY SANDLAND DURANTE SU EJERCICIO COMO DIRECTOR DEL FONATUR Y DESPUÉS DE ELLO, A CARGO DEL DIPUTADO VÍCTOR MANUEL LIZÁRRAGA PERAZA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD

El suscrito, diputado federal Víctor Manuel Lizárraga Peraza, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; con fundamento en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y en el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite someter ante esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

1. Algunas fuentes informativas han dado cuenta de las presuntas operaciones ilícitas del señor John McCarthy Sandland durante su ejercicio como director del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur).

2. En este sentido, en la Gaceta Parlamentaria número 1654, aparece un punto de acuerdo fechado el 22 de diciembre del 2004, que presentó el senador de la LIX Legislatura, César Raúl Ojeda Zubieta, por medio del cual solicitó a la mesa directiva de la Comisión Permanente que realizara los trámites correspondientes para que compareciera el entonces director del Fonatur, señor John McCarthy Sandland, a efecto de que informara lo relativo a la compra-venta de los terrenos del proyecto Riviera-Cancún, entre otros motivos, por supuestas "…irregularidades en la venta de áreas costeras a empresas turísticas en condiciones que pudieran significar daño patrimonial para el país".

3. Igualmente, a través de la nota titulada "Fonatur remata playas mexicanas", la revista Fortuna, de agosto del 2007, detalló que "en los últimos seis años, Fonatur vendió más de 15 millones de metros cuadrados de zonas costeras a precios irrisorios, terrenos que fueron arrebatados en su mayoría a ejidatarios. John McCarthy, ex titular del organismo, se encuentra prófugo de la justicia por comerciar ilegalmente terrenos en Cancún y Baja California Sur".

4. La publicación de referencia menciona también los nombres de aquellas personas que en ese tiempo habían hecho señalamientos sobre el particular. Tal es el caso de Alejandro Olivera, coordinador de la campaña de océanos de Greenpeace México, quien, entre otros puntos, señala que la comercialización de terrenos para la construcción de proyectos turísticos se hace "…a costa de la destrucción de ecosistemas regionales y la extorsión a ejidatarios, que terminan siendo expulsados de sus parcelas". De igual forma, la nota hace alusión a los comentarios de Octavio Martínez Vargas, presidente de la Comisión de Turismo de esta Cámara, quien refiere "…que el mayor porcentaje de inmuebles se vendió durante la administración de John McCarthy en Fonatur". Esto, dice, con la justificación de que "…se tenían que enajenar bienes para iniciar proyectos prioritarios del organismo, como la escalera náutica". Agregando que " …se tiene conocimiento de predios e inmuebles que fueron comercializados a precios inferiores a su valor comercial a través de procesos de licitación poco transparentes. Además, muchos de los proyectos turísticos no son rentables ni mejoran la condición de vida de la región, sólo favorecen a la iniciativa privada".

5. La misma revista ofrece informes sobre las demandas por ventas ilegales de terrenos que pesan sobre el ex funcionario federal, tanto en el estado de Baja California Sur –lo que originó que se girara una orden de aprehensión en su contra-, como en el estado de Quintana Roo. Asimismo, detalla nombres y referencias de determinados compradores nacionales y extranjeros de algunas de esas propiedades.

6. En fecha más reciente, concretamente el 3 de noviembre del actual, el periódico La Jornada publicó la nota titulada "McCarthy gestionó venta ilegal de terrenos en BCS". En ella se menciona que el ex titular del Fonatur, siendo funcionario público participó "…en actividades privadas que favorecieron a empresas inmobiliarias de Estados Unidos y España, en la adquisición de mil 500 hectáreas de El Rincón, en la zona de Los Cabos, Baja California Sur. El monto del pago acordado por su intervención en el negocio fue de un millón 550 mil dólares".

7. Esta fuente revela que John McCarthy, actualmente representante del consorcio español Hansa, estableció en noviembre de 2006 "…contacto con socios de la inmobiliaria estadunidense Goodman Real Estate Inc –con sede en Alaskan Way 2801, Seattle, Washington-, y así se pudo saber el origen de uno de los megaproyectos turísticos de alta densidad en la zona".

8. Inmediatamente aparecen versiones textuales de los mensajes electrónicos que desde el 20 de noviembre del 2006 hasta el 1 de septiembre del 2008 presuntamente estuvieron intercambiando el señor Arthur D. Edwards, director de la Goodman Real Estate, y John McCarthy, a efecto de dar seguimiento a las negociaciones pactadas por ambos; de tales transcripciones se desprende que hasta el 1 de septiembre de 2008, el señor McCarthy había recibido un pago parcial del monto acordado, y tenía pendiente un adeudo de 800 mil (dólares).

Por lo anteriormente expuesto, y tomando en cuenta la importancia del asunto, me permito presentar ante este Pleno, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se solicita a la Comisión de Turismo de la Cámara de Diputados la integración de una subcomisión encargada de investigar, con toda profundidad y amplitud, las operaciones realizadas por John McCarthy Sandland durante y después de su ejercicio como director del Fonatur, para que se actúe en consecuencia.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de noviembre de 2008.

Diputado Víctor Manuel Lizárraga Peraza (rúbrica)
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE QUE SE AUTORICE QUE LOS NOMBRES DE SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ Y DE MARGARITA MAZA DE JUÁREZ INSCRITOS CON LETRAS DE ORO EN EL MURO DE HONOR DEL RECINTO LEGISLATIVO SEAN TRASLADADOS AL CINTILLO DE HONOR, CON LOS DE OTRAS DISTINGUIDAS MEXICANAS, A CARGO DE LA DIPUTADA MARTHA HILDA GONZÁLEZ CALDERÓN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI

La que suscribe, Martha Hilda González Calderón, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LX Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable asamblea proposición con punto de acuerdo, con base en los siguientes

Antecedentes

Decía José Martí que los pueblos se afirman cuando honran a sus héroes. Ésa es una verdad que comparten muchas naciones, que encuentran, al honrar la memoria de sus próceres, la fuente de inspiración para arrostrar los retos del presente y las necesarias previsiones de cara a lo porvenir porque, como sostenía Edmund Burke, "la gente que nunca se preocupa de sus antepasados jamás mirará hacia la posteridad".

Desde esa perspectiva, el Congreso mexicano a lo largo de su historia, y ya desde las primeras épocas del México independiente, dio muestras del mérito que significa reconocer la valía de grandes hombres y mujeres quienes, desde diferentes trincheras y en diferentes momentos, han coadyuvado a dar identidad, rumbo y luminosidad a la formidable tarea de construir una nación como la nuestra.

Prueba de lo expresado es la decisión tomada por el Congreso Constituyente de 1823 para colocar en los muros del recinto legislativo, acondicionado para tal efecto en aquellos años, y con letras de oro, los nombres de 13 héroes de la Independencia, mediante decreto del 19 de julio de aquel año, con el título Declaración en honor de los primeros héroes libertadores de la nación y los que los siguieron. De esa forma quedaron en letras de oro los nombres de Miguel Hidalgo, Ignacio Allende, Juan Aldama, Mariano Abasolo, José María Morelos, Mariano Matamoros, Leonardo Bravo, Miguel Bravo, Hermenegildo Galeana, José Mariano Jiménez, Francisco Xavier Mina, Pedro Moreno y Víctor Rosales. El nombre de Vicente Guerrero sería agregado en el muro en 1841, para hacer un total de 14 nombres que pueden considerarse como los primeros en el Muro de Honor del Congreso.

De esa forma, a lo largo de 185 años hasta llegar a nuestros días, el Muro de Honor de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión ha sido reflejo abreviado de la historia misma del país, que hace recordar a todos los mexicanos la figura y trayectoria de algunos de los protagonistas en los movimientos de Independencia, Reforma y Revolución, sitios históricos y bastiones de las luchas definitorias de nuestra nacionalidad, así como frases inspiradoras e instituciones primordiales que ya son patrimonio del pueblo mexicano.

En este contexto y en el marco de actuación de pasadas legislaturas, en algún momento fueron llevados al Muro de Honor los nombres de siete mujeres que también contribuyeron a hacer nación y a fortalecer la identidad histórica de México en el mundo, mujeres que en tiempos y espacios diferentes aportaron de formas distintas su pensamiento, su valor, su inteligencia y su obra de vida a la reivindicación no sólo de México como nación sino de la mujer como género, compartiendo anhelos y responsabilidades con su complemento natural.

Así, en octubre de 1948, el Congreso de la Unión decretó la inscripción con letras de oro en los muros de su recinto los nombres de las ilustres heroínas Josefa Ortiz de Domínguez, Leona Vicario, Mariana Rodríguez del Toro de Lazarín y Antonia Nava, como "representativas de la mujer mexicana que nos dio patria", en términos del decreto correspondiente.

Sin duda, ése fue un acto de justicia que reconoció la esencia histórica de esas eminentes mujeres: de La Corregidora, doña Josefa Ortiz de Domínguez, su actuación protagónica y valor demostrado durante el movimiento de Independencia; de Leona Vicario, su vocación indeclinable en favor del movimiento insurgente, que la llevó incluso a sufrir pena de prisión que no hizo mella en su inspiración libertaria; de doña Mariana Rodríguez del Toro, su valentía y decisión para continuar el movimiento de Independencia más allá de la reacción realista; y de Antonia Nava, su valentía ejemplar en la batalla y su disposición para el sacrificio último en favor del movimiento que nos diera la libertad como nación.

En 1948 también, pero en noviembre, el Congreso de los Estados Unidos Mexicanos decretó la inscripción con letras de oro en los muros del salón de sesiones de la Cámara de Diputados del nombre de Carmen Serdán, en reconocimiento justo de su participación en el movimiento de la Revolución Mexicana y, como señalara el texto del decreto correspondiente, considerándola "paradigma del heroísmo de la mujer mexicana".

La develación de los nombres en letras de oro de estas cinco mujeres se realizó el 26 de noviembre de 1948.

Más adelante, en 1966, en el marco de la conmemoración del centenario del triunfo de la república, se inscribió en el Muro de Honor de esta Cámara el nombre de otra mujer insigne: Margarita Maza de Juárez, en razón de sus valores humanos y patriotismo, que se vislumbran en los conceptos de la iniciativa correspondiente, cuando señaló que doña Margarita "no descolló, como otras heroínas de nuestra historia, en acciones que la singularizasen en ninguna área que no fuese la de hacerse gemela, por su humana grandeza y su estoica sencillez, de quien identificó en sí y encarnó la suerte de México en un instante capital de su marcha’, aludiendo al Benemérito de las Américas.

Finalmente, en 1995, diputados federales de diversos grupos parlamentarios presentaron iniciativa con proyecto de decreto para inscribir con letras de oro en el Muro de Honor del Palacio Legislativo el nombre de Sor Juana Inés de la Cruz, en reconocimiento de su naturaleza de "mujer que trascendió su circunstancia y su tiempo, mexicana universal cuya obra constituye una de las más grandes expresiones de nuestra cultura". La iniciativa aportó reconocimiento a una mujer que –desde su perspectiva y aún antes de que México fuera independiente– contribuyera a alimentar las raíces culturales y de igualdad de una nación en ciernes, pues sin haber participado en gestas heroicas, se distinguió a través de las luchas que ella misma emprendió: "la del saber, como vocación de libertad; la expresión del feminismo, como reacción moral contra la intolerancia; el rescate de la libre creación, usurpada por el poder que aspira a someter o acallar conciencias… En Sor Juana Inés de la Cruz se expresan la mujer mexicana y la mexicanidad".

Actualmente, los nombres en letras de oro de las primeras cinco mujeres mencionadas se encuentran fijados en el Cintillo de Honor del salón de sesiones de la Cámara de Diputados, los dos nombres restantes se hallan colocados en los Muros de Honor.

Con base en lo expuesto, me permito presentar a esta soberanía las siguientes

Consideraciones

El movimiento de Independencia constituye un parteaguas en la historia de México, culminando tres siglos de Colonia que fermentaron paulatinamente las aspiraciones de libertad de los hombres y de las mujeres de esta tierra, hasta dar pie y cimiento a la nación que hoy tenemos. Reconocer a los prohombres y a las heroínas que hicieron posible la Independencia es acto de justicia social y deber cívico.

Sin embargo, es de tomarse en cuenta que la nación se construye desde diferentes trincheras, por diferentes caminos y en diferentes tiempos. En aquellos momentos históricos, donde la participación de la mujer ha sido prominente, la lucha por la dignidad de género ha sido factor común a las obras y pensamiento de las féminas que hemos mencionado. Nada más justo para ellas que el homenaje permanente y el recuerdo que inspira en los tiempos actuales, en los que la reivindicación de la equidad y la igualdad entre los géneros es materia de atención de la sociedad entera.

Sin menoscabo de los merecimientos que cada una de las mujeres señaladas ha tenido en su tiempo y circunstancia, consideramos conveniente colocar en el Cintillo de Honor de este recinto los nombres de Sor Juana Inés de la Cruz y de Margarita Maza de Juárez, flanqueando los de Antonia Nava, Leona Vicario, Josefa Ortiz de Domínguez, Mariana Rodríguez del Toro de Lazarín y Carmen Serdán, heroínas de la Independencia, con el propósito de que quienes acudan al salón de sesiones contemplen, en un solo espacio, los nombres de siete mujeres intemporales, merecedoras de reconocimiento y admiración, no sólo por sus trayectorias personales de heroísmo, humanismo y cultura sino por la reivindicación de género que en ellas se materializa.

Con base en las anteriores consideraciones se establece el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Esta soberanía determina y autoriza la reubicación de los nombres en letras de oro de Sor Juana Inés de la Cruz y Margarita Maza de Juárez, actualmente colocados de manera dispersa en el Muro de Honor de este salón de sesiones para ser colocados en el Cintillo de Honor, junto con los de las heroínas Antonia Nava, Leona Vicario, Josefa Ortiz de Domínguez, Mariana Rodríguez del Toro de Lazarín y Carmen Serdán.

Transitorio. Se instruye a la Secretaría General de esta Cámara para disponer los arreglos y las medidas logísticas necesarias a fin de dar cabal cumplimiento al contenido del anterior punto de acuerdo.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro.- México, Distrito Federal, a seis de noviembre de dos mil ocho.

Diputada Martha Hilda González Calderón (rúbrica)
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A DENOMINAR –MEDIANTE LA SCT– JOSÉ ALFREDO JIMÉNEZ SANDOVAL EL AEROPUERTO BAJÍO, DE GUANAJUATO, A CARGO DEL DIPUTADO CARLOS ALBERTO TORRES TORRES, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN

El suscrito, diputado de la Sexagésima Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete ante la Cámara de Diputados punto de acuerdo, con base en las siguientes

Consideraciones

Saber honrar a sus ciudadanos distinguidos es una virtud que engrandece a la sociedad.

Reconocer públicamente la trayectoria y la obra de los hombres y las mujeres que le han dado forma a la historia y a la cultura de nuestro país es, además de un acto de agradecimiento, una manera eficaz de promover y fortalecer los valores y los lazos que nos identifican, y nos permiten reconocernos como una nación.

En el caso particular de los artistas, existen algunos casos verdaderamente excepcionales que han logrado capturar en su obra la manera de ser y de sentir de los mexicanos.

Uno de esos casos es el del compositor y cantante guanajuatense José Alfredo Jiménez, quien con sus canciones se ha convertido en un referente que vincula a diferentes generaciones.

José Alfredo Jiménez es sin duda alguna el compositor mexicano de música popular más importante de la segunda mitad del siglo XX. Sus palabras y sus melodías se mantienen vigentes tanto en el México urbano como en el rural, lo mismo en la fiesta que en el momento íntimo de tristeza o de alegría, cantando al amor y a la vida.

Oriundo de Dolores Hidalgo, Guanajuato, José Alfredo Jiménez Sandoval nació el 19 de enero de 1926 y falleció el 23 de noviembre de 1973. Se le reconoce como uno de los compositores más prolíficos del cancionero popular mexicano. Su fama ha rebasado nuestras fronteras, y sus canciones han sido interpretadas en diferentes idiomas por cantantes de talla internacional.

Las letras de sus canciones han sido estudiadas como obra literaria en cursos y seminarios impartidos en universidades iberoamericanas.

Gracias a la fuerza poética y a la sensibilidad con que recrea la vida en sus canciones, José Alfredo Jiménez es hoy día uno de los más destacados embajadores de la cultura mexicana.

Y ahora que estamos próximos a conmemorar su 35 aniversario luctuoso, la Cámara de Diputados tiene la oportunidad de contribuir y de sumarse al reconocimiento a un artista que ha gozado como pocos del arraigo popular.

No debemos olvidar que en un mundo globalizado que tiende a homogeneizar a las distintas sociedades, resulta fundamental reconocer y promover la obra de aquellos artistas que le han dado a México un sello particular y único en el mundo.

Es precisamente la obra de esos mexicanos la que nos han permitido reconocernos y sentirnos orgullosos de tener una cultura propia de gran riqueza y diversidad.

José Alfredo Jiménez fue un artista popular, un artista del pueblo –como a él le gustaba presentarse–, que logró convertirse, gracias a sus canciones rancheras, sus huapangos y sus corridos, en una figura clave del universo sentimental de los mexicanos. Basta citar dos canciones por demás emblemáticas; una de ellas, "El rey", y, la otra, "Caminos de Guanajuato", que se ha convertido en una especie de himno de dicho estado.

Por ello, es importante recordarlo y rendir un reconocimiento a su legado, pues de esta manera damos prueba de respeto y de admiración que debemos a aquellos hombres y mujeres que han sabido retratar nuestra cultura y nuestra manera de ser en el mundo.

Es por eso que a manera de homenaje en su tierra natal, y teniendo como antecedente una propuesta hecha con motivo del 20 aniversario luctuoso en 1993, y atendiendo la solicitud que me fue hecha por el licenciado José Alfredo Jiménez Gálvez, someto a consideración del Pleno de esta LX Legislatura la propuesta de poner el nombre de José Alfredo Jiménez Sandoval al aeropuerto internacional del Bajío.

Y toda vez que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, dentro de la administración pública federal, cuenta con atribuciones en materia aeroportuaria a través de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y de la Ley de Aeropuertos, y que en otras ocasiones se han realizado estos cambios de denominación; por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presento a consideración de la Cámara de Diputados el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Este cuerpo de representantes de la nación exhorta al Ejecutivo federal a denominar, por conducto de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, al aeropuerto del Bajío, situado en Silao, Guanajuato, "José Alfredo Jiménez Sandoval".

Salón de sesiones, a 6 de noviembre de 2008.

Diputado Carlos Alberto Torres Torres (rúbrica)
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, PARA QUE EL GOBIERNO FEDERAL ELIMINE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS SALARIOS MÍNIMOS O LA SUSTITUYA POR UN ORGANISMO AUTÓNOMO QUE GARANTICE RETRIBUCIONES JUSTAS Y ACORDES CON LAS NECESIDADES ACTUALES DE LOS TRABAJADORES, A CARGO DEL DIPUTADO CÉSAR FLORES MALDONADO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD

El que suscribe, César Flores Maldonado, diputado de la LX Legislatura por el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática y en ejercicio de las facultades que le confiere la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 56, 62 y 63 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La figura de "salario mínimo" se estableció con la promulgación de la Constitución General de la República publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 5 de febrero de 1917, específicamente en el artículo 123, fracción VI, según el principio de que el salario mínimo deberá ser suficiente "para satisfacer las necesidades normales de la vida del trabajador, su educación y sus placeres honestos, considerándolo como jefe de familia". Se determina asimismo, en la fracción VIII, que el salario mínimo no podrá ser objeto de embargo, compensación o descuento.

En cuanto a los mecanismos para su fijación, el Constituyente de 1917 dispuso, en la fracción IX del artículo 123, que ésta se haría por comisiones especiales que se formarían en cada municipio, subordinadas a la Junta Central de Conciliación que debería instalarse en cada estado.

Entre 1917 y 1931, año este último en que entró en vigor la primera Ley Federal del Trabajo, el sistema de comisiones especiales previsto por el Constituyente funcionó de manera precaria y anárquica, ya que la expedición de leyes de trabajo locales por cada estado de la federación, en el marco establecido en la Constitución, se desarrolló con múltiples limitaciones, dando lugar, en 1929, a las reformas constitucionales en las que se sustentaría la nueva legislación laboral federal.

No obstante, la propia Ley Federal del Trabajo expedida en 1931 y las reformas publicadas en el DOF el 11 de octubre de 1933 reforzarían la idea de un sistema de fijación de salarios mínimos constituido por comisiones especiales integradas en cada municipio.

Aun cuando la federalización de la legislación laboral coadyuvó en general al gradual mejoramiento del cumplimiento de las normas laborales, también se pudieron apreciar múltiples deficiencias en el sistema de fijación de salarios mínimos, derivadas principalmente de que la división municipal, producto de diversos fenómenos históricos y accidentes geográficos, no guardaba relación con las características del desarrollo económico regional ni con otros fenómenos económicos de alcance nacional.

Por ello no podía servir de fundamento para la determinación de los salarios mínimos en condiciones adecuadas.

Surgió así la necesidad, al iniciarse la década de los sesenta, de revisar el sistema y darle una estructura más acorde con la realidad nacional. Así se decidió que la fijación de los salarios mínimos debería hacerse por zonas económicas y no por municipios, y se encargó el procedimiento a dos instancias capaces de armonizar el conocimiento general de las condiciones sociales y económicas de la república.

En 1963 se crearon una comisión nacional y 111 comisiones regionales de los salarios mínimos, resultado de las reformas de la fracción VI del artículo 123 constitucional y las correspondientes de la Ley Federal del Trabajo en materia de salarios mínimos, cuyo propósito fundamental fue procurar un más amplio y efectivo cumplimiento de los preceptos constitucionales en la materia.

De esa manera, la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos se constituyó en el eje central de un mecanismo sui géneris, en el que los salarios mínimos eran fijados por comisiones regionales que sometían sus determinaciones a consideración de la comisión nacional, que podía aprobarlas o modificarlas, por su forma de organización y por la modalidad eminentemente participativa que revestía su estructura y sus actividades.

El sistema constituyó un mecanismo relativamente efectivo para facilitar el conocimiento, por parte de los factores de la producción y del gobierno, de los problemas relacionados con la actividad económica y con el nivel de vida de los trabajadores, a la vez que constituyó un marco adecuado para la discusión entre los sectores.

El sistema integrado en la forma descrita continuó prácticamente con la misma estructura hasta 1986, aunque es preciso señalar que a lo largo de los 23 años que se mantuvo vigente hubo que realizar diversos cambios en su estructura regional, que dieron lugar, en sucesivos ajustes, a la operación de un sistema que al finalizar 1986 se integraba con sólo 67 comisiones regionales.

En adición de lo anterior y entre los aspectos importantes de su desarrollo, se debe destacar la virtual desaparición, en 1981, del salario mínimo aplicable a los trabajadores del campo, al decidir el consejo de representantes, a partir de entonces y en lo sucesivo, la homologación de las percepciones de aquéllos con las de los trabajadores de las zonas urbanas. Destaca también la reducción del número de salarios diferentes aplicables a las zonas económicas, que se redujo a sólo tres niveles, que son los que se aplican actualmente.

En diciembre de 1986, el Congreso de la Unión y las legislaturas de los estados aprobaron una iniciativa del Ejecutivo que reforma sustancialmente el sistema, ya que la fracción VI establece, desde el 1 de enero de 1987, que los salarios mínimos serán fijados por una comisión nacional, lo que dio lugar a la desintegración del sistema de comisiones regionales vigente hasta el 31 de diciembre de 1986 (dicha reforma se publicó en el DOF el 23 de diciembre de 1986).

Con ese antecedente, debo decir a ustedes que las crisis económicas en el país han empobrecido a millones de mexicanos, y los trabajadores asalariados han llevado la mayor carga de estos desequilibrios. Esta situación ha generado un rezago histórico sumamente grave en el ingreso de los trabajadores, quedando postergados sus derechos constitucionales al no contar con una remuneración digna y suficiente para la satisfacción de las necesidades de sus familias, conforme a lo establecido en el segundo párrafo de la fracción VI del artículo 123 constitucional.

Es necesario revisar cómo participan los salarios y cómo las ganancias de los empresarios en el producto nacional para corroborar la injusta distribución del ingreso que existe en la actualidad. Es relevante destacar la importancia que los salarios mínimos representan para los trabajadores. El mismo secretario del Trabajo reconoce que de 39 millones de personas que forman la población económicamente activa, 19 millones perciben menos de dos salarios mínimos. Los aumentos de los salarios en los últimos años no han alcanzado para recuperar la pérdida y el deterioro que se tuvo como resultado de las condiciones adversas de la economía.

Es preocupante para los habitantes del país este panorama poco alentador, ya que se observa lejana una pronta recuperación para aumentar su poder adquisitivo. De acuerdo con el Centro de Análisis Multidisciplinario de la Facultad de Economía de la UNAM, los trabajadores que ganan un salario mínimo solo pueden adquirir 50.2 por ciento de la canasta básica.

También, de acuerdo con un reporte del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, la población económicamente ocupada es de 42.91 millones de personas que tienen trabajo. De esa cantidad, 5.27 millones ganan un salario mínimo diario.

Este ingreso no es suficiente siquiera para comer, en vista de que la CAR tiene un costo de 100.69 pesos diarios, está formada por 33 bienes para una familia mexicana de cinco personas: dos adultos, un joven y dos niños.

Millones de trabajadores no están en condición de ganar suficiente para comer, en franca contradicción con lo establecido en la fracción VI del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece que los salarios mínimos deberán ser suficientes para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia, en el orden material, social y cultural y para proveer a la educación obligatoria de los hijos.

Al paso de los años y desde ese 5 de febrero de 1917, la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos se ha convertido en un organismo inútil, costoso y protector de los intereses de los empresarios que no luchan por la aplicación de incrementos salariales dignos con el fin de recuperar el poder adquisitivo de acuerdo con el artículo 570 de la Ley Federal del Trabajo, así como exigir que se aplique un estricto control de precios de los artículos de consumo popular, de conformidad con lo que establece el artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y detener el alza brutal.

La comisión ya no debe determinar el salario mínimo, sino el Poder Legislativo se el que ha de legislar a favor de determinar el monto de la percepción diaria salarial de los trabajadores. Además, para proteger y resarcir el poder adquisitivo de los salarios.

El gobierno federal presume que cada vez hay menos huelgas, y omite que cada vez hay un efecto brutal sobre los trabajadores, que los lleva a pensar que pueden perder el empleo, por lo que los sindicatos tienen, fundamentalmente, la palabra para enfrentar esta situación. De los trabajadores en el país, 70 por ciento labora sin contrato ni prestaciones de seguridad social y no está afiliado a sindicato alguno.

Por lo expuesto, someto a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Que el gobierno federal elimine o sustituya la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos por un organismo autónomo que garantice salarios justos y acordes con las necesidades actuales de la clase trabajadora del país.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de noviembre de 2008.

Diputado César Flores Maldonado (rúbrica)
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA TITULAR DE LA SEP A INSTAURAR LAS ACCIONES NECESARIAS PARA DIFUNDIR AMPLIAMENTE LOS PLANTEAMIENTOS DE LA ALIANZA POR LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN, A CARGO DEL DIPUTADO JUAN DE DIOS CASTRO MUÑOZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN

El suscrito, Juan de Dios Castro Muñoz, diputado federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LX Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 y 60, primer párrafo, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al a la Secretaría de Educación Pública a que emprenda una amplia campaña de difusión de los planteamientos de la Alianza por la Calidad de la Educación, bajo las siguientes

Consideraciones

Primera. Que el 15 de mayo, el Poder Ejecutivo federal y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, signaron los acuerdos de la Alianza por la Calidad de la Educación, que constituye el marco para promover una estrategia compartida y avanzar en la construcción de una política de Estado en materia educativa.

Segunda. Que la alianza proviene de amplios acuerdos consensuados, y que su objetivo es propiciar que la sociedad vigile y haga suyos los compromisos para transformar el sistema educativo nacional, convocando a otros actores indispensables en esta transformación como gobiernos estatales y municipales, legisladores, autoridades educativas estatales, padres de familia, estudiantes de todos los niveles, sociedad civil, empresarios y academia.

Tercera. Que los procesos que se han generado en el marco de la alianza se agrupan en cinco ejes, que se concentran en tres principios fundamentales: mejores escuelas, mejores maestros y mejores condiciones de asistencia de los alumnos que impacten en la calidad de la educación.

Cuarta. Que los diputados federales integrantes de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos de la LX Legislatura del Congreso de la Unión, estamos dando seguimiento al proceso de diseño e instrumentación de los acuerdos por la calidad en la educación, a través de un grupo de trabajo, que tiene como objetivos generales conocer y analizar las estrategias y acciones específicas previstas, así como los avances y dificultades enfrentados y, en su caso, promover los cambios legislativos que resulten necesarios.

Quinta.- Que estamos conscientes de que estos acuerdos tienen un loable objetivo, que es impulsar la transformación por la calidad educativa y por ello estamos pendientes de que las acciones que se emprendan, desde los distintos órdenes de gobierno, sean congruentes y enfocadas a la exitosa consecución y cumplimiento del mismo.

Sexta. Que reiteramos que tienen que ser todos los convocados a participar en esta importante alianza los que contribuyan, de manera firme y decidida, a lograr el fin propuesto, utilizando todos los medios al alcance para aprovechar esta gran oportunidad, por lo que resulta muy conveniente emprender una amplia campaña de difusión de la misma.

Séptima. Que tienen que ser reconocidas como actividades prioritarias en el país, la modernización de los centros escolares, la profesionalización de maestros y autoridades educativas, la formación integral de los alumnos para la vida y el trabajo, así como la evaluación, y que para esto, necesitamos que se difunda y conozcan los pasos que se están dando al respecto.

Octava. Que estamos procurando con esta proposición que se les respete, a todos los niños de México, su derecho inalienable de recibir una educación en óptimas condiciones.

Novena. Que reconocemos que la educación es un proceso dinámico que se renueva constantemente y prevalece la necesidad de superar grandes rezagos, y que para esto no debemos claudicar en la realización de un intenso trabajo de coordinación a través de diversos instrumentos que tenemos a nuestro alcance.

Decima. Que buscamos una nueva etapa para el desarrollo educativo del país, impulsando consensos y subsanando diferencias, dejando los intereses particulares de lado, y buscando que prevalezca ante todo el interés supremo de heredar mejores condiciones educativas a las nuevas generaciones.

Decimoprimera. Que existe un gran vacío informativo en cuanto a las bondades de la Alianza por la Calidad de la Educación, y que esa desinformación está siendo utilizada por algunos actores que no están de acuerdo con su implementación, lo que genera grandes dudas y desconcierto.

Es por todo lo anteriormente expuesto, y con fundamento en las disposiciones legales ya citadas, que me permito someter a la consideración de este Pleno, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta a la secretaria de Educación Pública federal, Josefina Vázquez Mota, a que instrumente las acciones necesarias para emprender una amplia campaña de difusión de los planteamientos de la Alianza por la Calidad en la Educación.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados, a 6 de noviembre de 2008.

Diputado Juan de Dios Castro Muñoz (rúbrica)