Tlaxcala, Tlaxcala, a 28 de octubre de 2008.
Diputada Martha Hilda González Calderón
Vicepresidenta de la Mesa Directiva de la LX Legislatura
Presente
En atención al contenido del oficio número D.G.P.L. 60-II-2-1710, recibido el 29 de septiembre del año en curso, a través del cual informa de los puntos de acuerdo que se generaron en la sesión de fecha 25 de septiembre, por instrucciones del licenciado Héctor Israel Ortiz Ortiz, gobernador de Tlaxcala, le informo lo siguiente:
2. Con el propósito de modernizar el tanto el Instituto de Catastro como el Registro Público de la Propiedad, que administra el Gobierno del Estado de Tlaxcala con el apoyo y coordinación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de la Secretaría de Gobernación, se está trabajando en la implantación de un mecanismo que permita sistematizar dicho registro y, con ello, ofrecer un servicio más eficiente a la población.
Lo anterior para su conocimiento.
Atentamente
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Licenciado Adalberto Campuzano Rivera (rúbrica)
Secretario de Obras Públicas, Desarrollo Urbano
y Vivienda
DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE CHIAPAS
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a 8 de octubre de 2008.
Presidente de la Mesa Directiva
De la LX Legislatura de la Cámara de Diputados
del Honorable Congreso de la Unión
Presente
Por instrucciones del maestro Javier Álvarez Ramos, secretario de Educación del estado de Chiapas, en atención al punto número tercero del dictamen de proposición con punto de acuerdo relativo a la discriminación en planteles educativos que padecen los niños con VIH-sida, acordada mediante sesión celebrada con fecha 22 de noviembre de 2007 por el honorable Congreso Unión, y en ejercicio de las facultades conferidas en las fracciones II y V del artículo 13 del Reglamento Interior de la Secretaría de Educción, me permito informar lo siguiente.
Ante la vulnerabilidad existente en los menores de edad que padecen VIH-sida, la Secretaría de Educación, a partir de 2004, ha establecido como ejes temáticos los contenidos de las asignaturas de educación cívica y ciencias naturales, en los que se incluyen materias relacionadas con los valores y actitudes, y el derecho de los niños a la educación, tomando a la escuela como el espacio para aprender y convivir mediante normas, así como la prevención, cuidado y control de enfermedades de transmisión sexual con un propósito formativo e informativo.
Se han implantado medidas normativas para asegurar que las escuelas del sistema de educación básica que integran el sistema educativo en Chiapas garanticen el derecho a la educación. Con ello se evita que en los planteles educativos, tanto del sector público como particular, se niegue la inscripción o se condicione la permanencia de niñas, niños y adolescentes, mujeres embarazadas y alumnos con capacidades especiales infectados con el VIH-sida.
Para cumplir con tal propósito, la Secretaría de Educación y la Comisión Estatal de los Derechos Humanos suscribirán el convenio de colaboración para la capacitación del personal docente de forma continua y permanente, mediante la aplicación de cursos y talleres dirigidos al personal docente y administrativo de las distintas zonas escolares que conforman el sistema educativo en la entidad.
Es por ello que mediante circular número SE/0470/2008, de fecha 26 de mayo de 2008, el secretario de Educación instruyó a los titulares de las subsecretarías, coordinaciones generales, direcciones y jefaturas de departamento, a efecto de que comuniquen a todas las autoridades y personal del sector educativo bajo su responsabilidad abstenerse de expulsar, de separar de sus estudios o de impedir la inscripción a los alumnos que viven con VIH o que padecen sida, y establezcan los mecanismos para garantizarles el derecho a la educación.
En este sentido, la autoridad educativa asume su compromiso de guardar la confidencialidad respecto de la condición de salud de los menores portadores de VIH o que padecen sida en planteles educativos del sistema estatal y federal de Chiapas, a efecto de brindarles el apoyo necesario para que continúen sus estudios y participen en las actividades escolares en condiciones de igualdad y de respeto a los derechos humanos.
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.
Atentamente
Licenciado Francisco Aguilera Ríos (rúbrica)
Coordinador General
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a 30 de mayo de 2008.
Maestro José Jaime Padilla Ramírez
Licenciado Rafael Pacífico Orantes López
Profesora Juana María Velasco Hernández
Maestro Gilberto de los Santos Cruz
Maestro José Jaime Padilla Ramírez
Presentes
Por instrucciones superiores y en atención a la circular número SE/470/2008, de fecha 26 de mayo del año en curso, de la cual anexo copia, solicito a usted que a la brevedad posible haga extensivo a las jefaturas de sector, a los supervisores de zona, a los directores técnicos, a los encargados, y al personal docente y administrativo el documento de referencia, con la finalidad de dar el debido cumplimiento a lo dispuesto en la recomendación general número 8/2004, emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos relativa a la discriminación en planteles educativos que padecen los niños con VIH-sida.
Asimismo, y afectos de informar el cumplimiento de la citada recomendación, deberá remitir a dirección a mi cargo, en un termino de diez días hábiles contados a partir de la notificación de la presente, las acciones implantadas en el área a su cargo, la documentación y demás pruebas que acrediten las observancia de la recomendación citada.
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.
Atentamente
Licenciada Amanda Farfán Ruiz (rúbrica)
Directora de Asuntos Estatales
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a 26 de mayo de 2008.
Subsecretarios de Educación
Coordinadores Generales
Directores
Jefes de Departamento
Jefes de Sector
Supervisores de Zona
Directores Técnicos
Encargados, Personal Docente y Administrativo
Presentes
Por este medio hago de su conocimiento que, con fecha 31 de agosto del 2007, la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión emitió dictamen de proposición con punto de acuerdo relativo a la discriminación en planteles educativos que padecen los niños con VIH-sida, determinando los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. Se solicita a la Secretaría de Educación Pública que informe a las Comisiones de Educación Pública y Servicios Educativos, y de Derechos Humanos, de la Cámara de Diputados, las acciones que realiza para prevenir y sancionar la discriminación en el sistema educativo.
Segundo. Se solicita a la Secretaría de Educación Pública que amplíe las acciones informativas de prevención y sanción a quienes incurran en actos discriminatorios previstos en la Ley Federal para prevenir y eliminar la Discriminación.
Tercero. La Cámara de Diputados exhorta a los gobernadores de las entidades federativas, al jefe del Gobierno del Distrito Federal y a la Secretaría de Educación Pública a adherirse a la recomendación general número 08/2004, emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en cuanto a que se abstengan de expulsar, separar o impedir la inscripción a los estudios de los alumnos que padecen VIH-sida.
Cuarto. Se solicita a la Secretaría de Educación Pública que extienda a todos los niveles de educación los programas y acciones para prevenir y erradicar la discriminación por el VIH-sida en los planteles educativos.
Lo anterior en términos de la recomendación general número CNDH/0008/2004, "La discriminación en escuelas a menores portadores de VIH o que padecen sida", emitida el 17 de septiembre del 2004 por la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
Es por ello que, con fundamento en el artículo 10, fracción IV, del Reglamento Interior de la Secretaría de Educación, se instruye a los titulares de las subsecretarías, coordinaciones generales, direcciones, y jefaturas de departamentos, a efecto de que comuniquen a todas las autoridades y personal del sector educativo bajo su responsabilidad lo expresado en la recomendación.
• Giren sus instrucciones para que toda autoridad educativa guarde la confidencialidad respecto de la condición de salud de los menores portadores de VIH o que padecen sida, y les brinden los apoyos necesarios para que puedan continuar con sus estudios y participen en las actividades escolares en condición de igualdad.
• Implanten de manera urgente, y en coordinación con las autoridades de salud, programas de capacitación e información sobre el VIH-sida, para los servidores públicos que conforman el sistema educativo, cuyo objetivo sea combatir la ignorancia y desinformación en torno a la enfermedad, para evitar prácticas discriminatorias y violatorias a los derechos humanos de los menores.
• Realicen campañas de información dirigida a niñas, niños y adolescentes, con el objeto de difundir el respeto a los derechos de las personas que viven con VIH-sida, así como informar a los adolescentes, padres de familia y profesores sobre la forma de prevención del virus.
Atentamente
Maestro Javier Álvarez Ramos (rúbrica)
Secretario de Educación
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a 6 de septiembre de 2004.
Subsecretaria de Educación
Coordinador Ejecutivo
Directores de Educación Básica, Media
Superior, Superior e Investigación Científica
Fortalecimiento Educativo y Divulgación Educativa
Jefes de la Unidad de Apoyo Administrativo
Planeación, Educación e Informática
Presentes
Por instrucciones superiores hago del conocimiento la recomendación general número 8/2004, de fecha 17 de septiembre del 2004, sobre el caso de la discriminación en las escuelas a menores portadores de VIH o que padecen sida, emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en la que se fundamenta en el artículo 6o., fracción VIII, de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y el artículo 140 del Reglamento Interno de ese honorable órgano protector, en la que solicita a la mayor brevedad posible, que se instruya a las direcciones, a los jefes de departamento y a las jefaturas a su cargo, a efecto de que comuniquen a todas las autoridades educativas bajo su responsabilidad las siguientes recomendaciones:
Segunda. Giren sus instrucciones para que toda autoridad educativa guarde la confidencialidad respecto de la condición de salud de los menores portadores del VIH o que padecen sida, y les brinden los apoyos necesarios para que puedan continuar sus estudios y participar en las actividades escolares en condición de igualdad.
Tercera. Se implanten de manera urgente, y en coordinación con las autoridades de salud, programas de capacitación e información sobre VIH-sida, para los servidores públicos que conforman el sistema educativo, cuyo objetivo sea combatir la ignorancia y desinformación en torno a la enfermedad, para evitar prácticas discriminatorias y violatorias a los derechos humanos de los menores.
Cuarta. Se realicen campañas pedagógicas de información dirigidas a niñas, a niños y a adolescentes, con objeto de difundir el respeto a los derechos de las personas que viven con VIH-sida, así como informar a los adolescentes, a los padres de familia y a los profesores sobre la forma de prevención de virus.
Atentamente
Licenciado Walter Monzón Pardo (rúbrica)
Director de Asuntos Legales
DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA DEL PODER EJECUTIVO DE TABASCO
Villahermosa, Tabasco, 28 de octubre de 20008.
Diputado César Duarte Jáquez
Presidente de la Mesa Directiva de la LX Legislatura
de la Cámara de Diputados
Con fundamento en lo dispuesto en la fracción XI del artículo 39 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado, y en atención a su oficio D.G.P.L. 60-II-4-1671 del 21 de octubre de 2008, en el cual se exhorta al titular del Poder Ejecutivo del estado a acatar la recomendación emitida por el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos el 27 de diciembre de 2006; al respecto me permito informarle lo siguiente:
Mediante oficio 31566 del 29 de agosto de 2008 signado por el quinto visitador general de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Mauricio Farah Gebara, se informó al titular del Poder Ejecutivo, Andrés Rafael Granier Melo, de la acreditación del cumplimiento total de la recomendación 46/2006, con fundamento en el artículo 138, fracción II, del Reglamento Interno de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, mismo que anexo al presente escrito para los efectos correspondientes.
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.
Atentamente
Licenciado Miguel Alberto Romero Pérez (rúbrica
Consejero jurídico del Poder Ejecutivo de Tabasco
México, DF, a 29 de agosto de 2008.
Químico Andrés Rafael Granier Melo
Gobernador de Tabasco
Respetable señor gobernador
Por instrucciones del doctor José Luis Soberanes Fernández, presidente de esta comisión nacional, hago referencia a la recomendación número 46/2006, que le fue dirigida el 27 de diciembre de 2006, dentro del expediente de queja 2006/4808/5/0, por acreditar violaciones a los derechos humanos de los señores Jesús Lucano Herrera Ochoa, Gilberto Daniel García Hermosillo y otros, atribuibles a servidores públicos de la Secretaría de Seguridad Pública y de la Procuraduría General de Justicia, ambas del estado de Tabasco.
Del análisis efectuado a las constancias que integran el expedientillo de seguimiento citado al rubro, para este organismo nacional ha quedado acreditado el cumplimiento total de dicha recomendación, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 138, fracción II, del Reglamento Interno de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
Sin otro particular, reitero a usted las muestras de mi atenta consideración.
Atentamente
Maestro Mauricio Farah Gebara (rúbrica)
Quinto visitador general
Villahermosa, Tabasco, a 13 de octubre de 2008.
Diputado César Duarte Jáquez
Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara
de Diputados del Honorable Congreso de la Unión
Presente.
Por acuerdo de la presidenta de la Mesa Directiva, por el mes de octubre del presente año, correspondiente al segundo periodo ordinario de sesiones del segundo año de ejercicio constitucional de la quincuagésima novena legislatura del honorable Congreso de Tabasco, tengo a bien comunicar a usted que con fundamento en lo dispuesto en los artículos 28, segundo párrafo, y 36, fracción XLIII, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, el Congreso de Tabasco, en sesión ordinaria celebrada el 9 de octubre del presente, emitió el punto de acuerdo número 207, del que remito un tanto para la atención que considere al respecto.
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para saludarle.
Atentamente
Licenciado Remedio Cerino Gómez (rúbrica)
Oficial mayor del honorable Congreso de Tabasco
La quincuagésima novena legislatura al honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Tabasco, en ejercicio de las facultades conferidas en los artículos 28, segundo párrafo, y 36, fracción XLIII, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco; con base en los siguientes:
Antecedentes
I. La propuesta con punto de acuerdo que se dictamina fue presentada el 7 de abril de 2008 por el diputado Jesús Alí de la Torre, integrante del Grupo Parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional.
II. La presidencia de la Mesa Directiva de este honorable congreso, en esa fecha, dio trámite a la propuesta con punto de acuerdo presentada, turnándola a la Comisión Permanente de Fomento y Desarrollo Industrial, Económico, Artesanal, Comercial y Turístico, para los efectos conducentes; y la Oficialía Mayor de este honorable congreso, mediante oficio HCE/OM/0842/2008, dio cumplimiento a ese mandato.
III. Una vez establecida la competencia de la comisión respectiva y acorde a los artículos 57, 58 y 59 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tabasco, y 63, fracción XI, incisos B) e I), del Reglamento Interior del honorable Congreso de Tabasco, la Comisión Permanente de Fomento y Desarrollo Industrial, Económico, Artesanal, Comercial y Turístico, procedió a estudiar y analizar la citada propuesta con punto de acuerdo, emitiendo el dictamen respectivo:
Considerando
Primero. La propuesta con punto de acuerdo presentada en el pleno de esta LlX Legislatura, del Honorable Congreso de Tabasco, se fundamenta en el artículo 124 de la constitución federal, que se refiere a que las facultades que no estén expresamente concedidas por la constitución a los funcionarios federales, se entienden reservadas a los estados, y tal es el caso de esta legislatura local, como parte integrante de un orden público, facultada para actuar en el marco de sus atribuciones.
Segundo. Que en 1996 se inició en nuestro país la aplicación del horario de verano, con base en un decreto del presidente de la República Ernesto Zedillo Ponce de León, que fue publicado el 4 de enero de ese año.
El primero de febrero de 2001 se publicó en el Diario Oficial de la Federación un acuerdo donde se estableció que el horario de verano se pondría en práctica el primer domingo de mayo hasta el último domingo de septiembre en todo el territorio nacional, exceptuando Baja California donde tendría una duración de siete meses, y Sonora que por su condición geográfica de estado fronterizo con Arizona no lo aplica.
Tercero. Además, la presente proposición tiene un contenido de carácter socioeconómico que es importante destacar, ya que no sólo se solicita la evaluación integral de los resultados de la aplicación del horario de verano en la región sursureste del país, sino que se hace un comparativo de algunas entidades en donde, de acuerdo a la Comisión Nacional para el Ahorro de Energía, no dio resultados, como en Yucatán en 1981 y Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas en 1988; estados donde, después de un año de su aplicación, derogaron el decreto que lo establecía.
Cuarto. Algunas cámaras empresariales se han manifestado en contra de esta medida, puesto que consideran preferible una reducción de las tarifas eléctricas a el horario de verano, que no les produce un ahorro significativo.
Quinto. Particularmente en Tabasco y como consecuencia del cambio climático, el ciclo natural se modificó. Por lo que, bajo el argumento expreso de que se gana una hora de luz y se ahorra la misma cantidad, la ciudadanía tabasqueña ha expresado su desacuerdo con esta política pública, ya que esto no se refleja en sus recibos de luz. Aunado a lo anterior, está el que provoca inconvenientes y alteraciones físicas y de salud emocional, sobre todo en los menores.
Sexto. Que de conformidad con los artículos 28, segundo párrafo y 36, fracción XLIII, de la constitución del estado, este honorable congreso está facultado para aprobar los puntos de acuerdo que propongan los diputados o las fracciones parlamentarias, para gestionar ante las instancias competentes apoyo a la población, o para buscar el beneficio de la ciudadanía tabasqueña. Por lo que esta quincuagésima novena legislatura ha tenido a bien emitir el siguiente:
Punto de Acuerdo 207
Único. El honorable Congreso de Tabasco exhorta al Congreso de la Unión y a la Secretaría de Energía a que, a doce años de la aplicación del horario de verano, se realicen los estudios pertinentes para evaluar los resultados de su aplicación en la región sur-sureste del país y, en su caso, se tomen las medidas legislativas conducentes.
Transitorio
Único. En su oportunidad, archívese el presente asunto como totalmente concluido.
Dado en el salón de sesiones del Poder Legislativo del estado, Villahermosa, capital de Tabasco, a 9 de octubre de 2008.
Diputados: Casilda Ruíz Agustín (rúbrica),
presidenta; Moisés Valenzuela Rodríguez (rúbrica),
secretario.
DEL CONGRESO DE CAMPECHE
Salón de sesiones del Palacio Legislativo, San
Francisco de Campeche, Campeche, a 28 de octubre de 2008.
Ciudadanos Secretarios de la Cámara de Diputados
del Honorable Congreso de la Unión
El honorable Congreso de Campeche, en sesión efectuada
el día de hoy, expidió un acuerdo que a la letra dice:
Único. El presente acuerdo entrará
en vigor el día siguiente al de su publicación en el Periódico
Oficial del Estado.
Asimismo, se remite copia de la documentación complementaria
de este acuerdo, para los efectos expresados en el mismo.
Atentamente
Ciudadanos diputados secretarios del honorable Congreso
del estado
Con fundamento en la facultad que me confiere el artículo
46, fracción II, de la Constitución Política del Estado,
y conforme a lo previsto en los artículos 68 y 69 de la Ley Orgánica
del Poder Legislativo, me permito someter a la consideración de
esta soberanía un punto de acuerdo para solicitar al Ejecutivo federal
y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara
de Diputados del honorable Congreso de la Unión, se asigne en el
Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal
2009 el doble de la partida aprobada para el presente ejercicio (2008),
al sector turístico.
Lo anterior al tenor de la siguiente:
Exposición de Motivos
El turismo en México, desde su origen ha representado
una fuente de ingresos para miles de familias mexicanas y una parte importante
para el crecimiento económico y social del país.
El ingreso de divisas por este concepto ascendió
a 8 mil 295 millones de dólares, lo que representa un crecimiento
del 14.8 por ciento. La balanza turística arrojó un saldo
positivo de 2 mil 796 millones de dólares; del cien por ciento que
se capta por recaudación fiscal el 12.60/0 corresponde al turismo.
Por lo que hace a nuestro estado en el último año
la derrama económica que dejaron los visitantes fue de un mil 130
millones de pesos. Campeche ocupa el tercer lugar nacional en captación
de inversión privada en el sector y es uno de los seis estados con
mayor aumento en el número de trabajadores en los servicios de hotelería.
La diversificación de la producción turística
debe estar acompañada de un conjunto de medidas que permitan el
desarrollo de una poderosa economía social. Entre ellas, la formación
de microempresas, nuevas formas de cooperativas, empresas campesinas acompañadas
por medidas complementarias en materia financiera, asistencia técnica,
capacitación, comercialización y reformas de los mecanismos
de regulación.
Este desarrollo productivo favorecerá a las actividades
económicas que se vinculen estrechamente a la vocación productiva
de cada una de las regiones del país. Asimismo, se tomarán
especialmente en cuenta los impactos ambientales de las actividades productivas,
privilegiando además una progresiva reordenación espacial,
que garantice el aprovechamiento sustentable de todo el territorio nacional.
Si bien es cierto que las políticas del gobierno
federal impactan directamente a todos los ciudadanos de los 32 estados
que conforman la República Mexicana, las políticas del gobierno
estatal están en relación más directa e íntima
con la ciudadanía y, por consiguiente, suelen tener un efecto más
notable en la vida diaria del público. Desde la administración
de las escuelas públicas hasta la recolección de basura y
los reglamentos de estacionamientos, todo proviene de esa relación
especial que el gobierno estatal y el gobierno local mantienen con sus
ciudadanos.
En base a lo anterior se puede apreciar la importancia
de los estados en la cultura turística, pues es en el ámbito
estatal donde el turismo se realiza. Tomando en consideración cada
una de las regiones que lo integran, donde el turismo hace uso temporal,
de los servicios públicos y se establecen múltiples relaciones
del visitante con la población.
El patrimonio turístico de los estados está
representado por un conjunto de sitios naturales, vestigios arqueológicos
y centros urbanos con rápido crecimiento que vislumbramos a corto
plazo muestran un horizonte positivo con el debido impulso.
No hay que pasar desapercibido que el municipio, como
órgano de gobierno, constituye la célula básica del
sistema federal, siendo la unidad político-administrativa más
importante del régimen. Entidad que se mantiene en estrecha cercanía
con sus habitantes convirtiéndolo en el espacio territorial más
adecuado para la planeación de la vida colectiva en lo político,
en lo económico, en lo social y en la cultural.
En el aspecto turístico, se observa que esta actividad
forma parte de la sociedad y su ámbito de realización en
cada municipio, y en cada estado. Es decir, la producción de bienes
y servicios en el rubro turístico se realiza y aplica en el territorio
municipal y fortalece al estado contando con la participación de
la población en su conjunto.
Por las consideraciones anteriores, el Consejo Nacional
de Legisladores de Turismo, AC, en su XVIII congreso nacional celebrado
en octubre pasado en Puerto Vallarta, Jalisco, en aras de fortalecer el
sector en las entidades federativas, acordó que los congresos de
los estados, si así lo consideran pertinente, soliciten al titular
del Ejecutivo federal y a la Cámara de Diputados del Congreso de
la Unión una ampliación de la partida destinada al sector
turismo en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio
Fiscal 2009.
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración
de esta soberanía el siguiente:
Punto de Acuerdo
La LIX Legislatura del Congreso de Campeche, acuerda
Único. Formular atenta solicitud al Ejecutivo
federal y a la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la
Unión, a través de la Comisión de Presupuesto y Cuenta
Pública, para que asigne en el Presupuesto de Egresos de la Federación
para el Ejercicio Fiscal 2009 el doble de la partida aprobada para el presente
ejercicio (2008) al sector turístico.
San Francisco de Campeche, a 14 de octubre de 2008.
Atentamente
Salón de Sesiones del Palacio Legislativo, San
Francisco de Campeche, Campeche, a 28 de octubre de 2008.
Secretarios de la Cámara de Diputados del Honorable
Congreso de la Unión
El honorable Congreso del estado de Campeche, en sesión
efectuada el día de hoy, expidió un acuerdo que a la letra
dice:
Único. El presente acuerdo entrará
en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico
Oficial del Estado.
Asimismo, se remite copia de la documentación complementaria
de este acuerdo, para los efectos expresados en el mismo.
Atentamente
Secretarios del Honorable Congreso del Estado
Los suscritos, diputados integrantes de la Comisión
de Educación, Cultura y Deporte, en ejercicio de la facultad que
nos confiere el artículo 46 fracción II de la Constitución
Política del estado, y con fundamento en los artículos 68,
69 y 70 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo local, por este
conducto sometemos a consideración de esa soberanía un punto
de acuerdo para solicitar a la Cámara de Diputados del honorable
Congreso de la Unión, a través de las Comisiones de Educación,
y de Presupuesto y Cuenta Pública, que la asignación de recursos
para educación en el Presupuesto de Egresos de la Federación
para el Ejercicio Fiscal de 2009 se ajuste a lo previsto en el artículo
25 de la Ley General de Educación, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
Es del conocimiento general que la educación constituye
la base del avance y progreso de una sociedad, pues un pueblo educado es
aquel que se encuentra preparado para el desarrollo, la investigación,
la participación y la competitividad. Procurar que la educación
que se imparta en una nación sea de calidad y que llegue a todos
los rincones de la población es la mejor inversión a largo
plazo que un estado puede realizar.
Si bien es cierto que las autoridades federales y estatales,
así como los mismos trabajadores de la educación han venido
procurando la mejoría de la educación pública, bien
sabemos que lo que se ha hecho no ha sido suficiente para enfrentar el
desafío de lograr una sociedad con un elevado índice de desarrollo
humano, lo cual sólo se puede alcanzar a través de la educación.
Por esta razón consideramos impostergable impulsar
una transformación por la calidad de la educación y hacer
de ella un factor de justicia y equidad, fundamento de una vida de oportunidades
y desarrollo integral para los campechanos, así como para que la
educación, la investigación y la cultura adquieran el rango
de política de estado.
Por lo que, teniendo presente que en fecha próxima
la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión
iniciará los trabajos de análisis para aprobar el Presupuesto
de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2009, siendo
éste parte fundamental para lograr mejorar y elevar la calidad de
la educación y teniendo claro los retos que habrá de enfrentar
en todos los espacios el sistema educativo mexicano para dar cumplimiento
a la Alianza por la Calidad de la Educación, es por lo que se hace
indispensable que los recursos asignados en el Presupuesto se ajusten a
lo que prescribe el artículo 25 de la Ley Federal de Educación,
en el sentido de que "el monto anual que el estado, la federación,
entidades federativas y municipios destinen al gasto de educación
pública y en los servicios educativos, no podrá ser menor
al 8 por ciento del producto interno bruto (PIB) del país, destinando
de este monto al menos el 1 por ciento del PIB a la investigación
científica y al desarrollo tecnológico en las instituciones
de educación superior públicas".
Lo anterior con la finalidad de garantizar que los centros
escolares sean lugares dignos, libres de riesgos, que sirvan a su comunidad
y que cuenten con la infraestructura y el equipamiento necesarios y apropiados
para que nuestros niños y jóvenes construyan sus conocimientos.
Por lo anteriormente expuesto, y en razón del planteamiento
del presente punto de acuerdo, con fundamento en lo previsto por el artículo
70 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del estado, solicitamos
que sea considerado como asunto de obvia resolución.
En mérito a lo anterior, nos permitimos someter
a la consideración de este honorable Congreso del estado el siguiente
Punto de Acuerdo
La LIX Legislatura del Congreso del Estado de Campeche
acuerda
Único. Formular atento exhorto a la Cámara
de Diputados del honorable Congreso de la Unión, a través
de las comisiones de Educación y de Presupuesto y Cuenta Pública,
a efecto que la asignación de recursos a la educación pública
en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio
Fiscal de 2009 se ajuste a lo previsto por el artículo 25 de la
Ley General de Educación.
Transitorio
Único. El presente acuerdo entrará
en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico
Oficial del Estado.
San Francisco de Campeche, Campeche, a 24 de octubre de
2008.
Atentamente
Diputados: Óscar Román Rosas González
(rúbrica), María del Carme Pérez López (rúbrica),
Carlos Eduardo Sanguino Carril (rúbrica), Yolanda del Carmen Montalvo
López, José René Maldonado Sandoval (rúbrica).
México, DF, a 30 de octubre de 2008.
Diputado César Duarte Jáquez
Para dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículos
107 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH);
23 de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal
2008; y 22, 23 y 24 de la Ley del Servicio de Administración Tributaria,
me permito anexar los informes trimestrales sobre la ejecución del
presupuesto, la situación económica, las finanzas públicas
y la deuda pública correspondientes al tercer trimestre de 2008.
Adicionalmente, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 107 de
la LFPRH, se incluye la información relativa a los montos de endeudamiento
interno neto, el canje o refinanciamiento de obligaciones del erario federal,
en los términos de la Ley General de Deuda Pública, y el
costo total de las emisiones de deuda interna y externa, correspondientes
a septiembre de 2008. Asimismo, se informa sobre la recaudación
federal participable que sirvió de base para el cálculo del
pago de las participaciones a las entidades federativas, y el pago de éstas,
desagregada por tipo de fondo, de acuerdo con lo establecido en la Ley
de Coordinación Fiscal y por entidad federativa, efectuando en ambos
casos la comparación correspondiente a septiembre de 2007.
Para dar cumplimiento al artículo 31 y 55 Bis 1
de la Ley de Instituciones de Crédito, y 48 de la Ley Orgánica
de la Financiera Rural, se adjunta la información mediante la cual
se dan a conocer los conceptos que integran la intermediación financiera,
y la relativa a las instituciones de banca de desarrollo y la Financiera
Rural.
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.
Doctor Agustín Guillermo Carstens Carstens (rúbrica)
México, DF, a 4 de noviembre de 2008.
Secretarios de la Honorable Cámara de Diputados
Me permito comunicar a ustedes que, en sesión celebrada
en esta fecha, los senadores Raúl Mejía González,
María Elena Orantes López, Adolfo Toledo Infanzón
y Ricardo Pacheco Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido
Revolucionario Institucional, presentaron iniciativa con proyecto de decreto
por el que se adicionan la infracción XX Bis al artículo
31 y la fracción XXIX al artículo 109 de la Ley del Impuesto
sobre la Renta.
La Presidencia dispuso que dicha iniciativa se turnara
a la Cámara de Diputados, la cual se anexa.
Atentamente
Los suscritos, Raúl Mejía González,
María Elena Orantes López, Adolfo Toledo Infanzón
y Ricardo Pacheco Rodríguez, senadores de la LX Legislatura del
honorable Congreso de la Unión, ejerciendo la facultad consagrada
en el artículo 71, fracción II, de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los
artículos 55, fracción II, y 62 del Reglamento para el Gobierno
Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a
consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa
con proyecto de decreto por el que se adicionan la fracción XX Bis
al artículo 31 y la fracción XXIX al artículo 109,
ambas de la Ley del Impuesto sobre la Renta, con base en la siguiente:
Exposición de Motivos
La globalización tiene muchos rostros humanos,
y una de sus múltiples facetas es el perpetuo movimiento de personas
a través de las fronteras. La mayoría de estas personas son
hombres y mujeres del mundo en desarrollo que toman la difícil decisión
de abandonar su hogar y buscar trabajo en el extranjero.
Esta es la cruda realidad de un país como México,
que año con año ve como emigran cerca de 400 mil connacionales
hacia el vecino país del norte en busca del celebre sueño
americano y, con ello, dejar atrás las desigualdades y la falta
de oportunidades que han encontrado aquí.
En efecto, de acuerdo con un reciente estudio de la Organización
para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), México
ocupa el mayor nivel de desigualdad y pobreza entre los treinta países
miembros de dicha Organización, toda vez que, la desigualdad de
ingresos de los hogares mexicanos disminuyó más que en cualquier
otro país de la OCDE, al pasar el ingreso medio de 10 por ciento
de la población más pobre, a menos de mil dólares
al año.
Ahora bien, desde hace ya algunos meses, hemos sido testigos
de la crisis financiera en los Estados Unidos de América, misma
que a nivel mundial comienza a alarmar a propios y extraños ante
los posibles efectos colaterales que ella pueda traer, tanto para las potencias
económicas consolidadas, como para aquellas emergentes y los países
pobres.
De acuerdo con la Organización Internacional del
Trabajo (OIT), la actual crisis financiera global podría incrementar
el desempleo en el mundo en 20 millones, con lo cual se pasaría
de 190 millones de desempleados en 2007 a 210 millones a finales de 2009,
e incluso, podría ser mayor si se agrava la crisis.
Por lo que toca a nuestro vecino país del norte,
el Departamento del Trabajo de Estados Unidos dio a conocer que tan sólo
en febrero de este año se perdieron 63 mil empleos, de los cuales
39 mil correspondieron al sector de la construcción; sector donde
por cierto, labora la mayor cantidad de migrantes mexicanos.
De esta forma, la inminente recesión económica
en Estados Unidos, así como la creación de nuevas leyes para
detener la entrada de trabajadores ilegales a ese país, son factores
que no sólo están afectando el flujo de migrantes hacia esa
nación, sino que inclusive ha orillado a nuestros connacionales
a regresar a nuestro país ante la imposibilidad de mantener su empleo
o de conseguir uno nuevo.
Por lo tanto, señoras y señores legisladores,
es urgente y necesario que el Poder Legislativo dedique toda su energía
en la búsqueda de los instrumentos legales que le allanen el camino
al gobierno federal en la creación de más empleos, para que
este último no sólo se concrete a generar únicamente
los 300 mil empleos que tienen previstos anualmente hasta el año
2010.
Compañeras y compañeros, no podemos soslayar
semejante crisis económica y social. Tenemos un compromiso con el
pueblo de México y debemos de actuar en consecuencia.
En momentos críticos como los que hoy vivimos,
la creación de empleos es una actividad prioritaria del Estado Mexicano,
por lo que es importante incentivarla, teniendo en consideración
que los esfuerzos para la creación de nuevos empleos implican, adicionalmente,
lograr que las personas que accedan a un trabajo estable dentro de la economía
formal tengan garantizados los derechos de la seguridad social que consagra
la Constitución.
En tal virtud, es menester de esta Soberanía impulsar
la generación de nuevos empleos formales y permanentes, a través
de las reformas legales necesarias que contribuyan a crear mayores oportunidades
de progreso y de trabajo y que apoye de manera determinante y decidida
la legítima demanda social de acceso al empleo, a fin de superar
la crisis financiera global y, a su vez, cerrar la brecha de la desigualdad
que hoy impera en nuestro país.
Según estimaciones oficiales en nuestro país,
"no existen evidencias de un regreso masivo de connacionales provenientes
de los Estados Unidos a consecuencia de la crisis financiera en aquel país".
Sin embargo, de acuerdo con un informe de la Comisión Económica
para América Latina y el Caribe de esta misma semana, la crisis
financiera en Estados Unidos ocasionará que entre dos y tres millones
de inmigrantes retornen a México, y tampoco se descarta que una
cantidad considerable de los 500 mil paisanos que vendrán durante
el periodo vacacional decembrino decidan volver a buscar oportunidades
de empleo en su país de origen, México.
Como vemos, nos situamos frente a un problema que adquiere
dimensiones extraordinarias y, por razones obvias, jamás previstas.
De no actuar ante este fenómeno financiero que
está en ciernes las consecuencias serán lamentables por múltiples
razones. No sólo se tratará de un problema de desempleo,
sino también de paz social ante la falta de oportunidades para los
miles de mexicanos que engrosarán el índice de desempleados
en nuestro país.
Señoras y señores senadores: el Grupo Parlamentario
del Partido Revolucionario Institucional somete a consideración
de esta soberanía la creación de un programa de repatriación
y empleo a migrantes, a fin de deducir los pagos efectuados por concepto
de salarios y en general por la prestación de un servicio personal
subordinado a todos aquellos trabajadores mexicanos que regresen al país,
siempre que la oferta de empleo del patrón sea cubierta por un paisano
proveniente de la vecina nación del norte, y en los términos
señalados por el programa federal creado para este supuesto.
Así mismo, se propone exentar del pago del impuesto
sobre la renta a aquellas personas físicas que, teniendo derecho
al programa de repatriación y empleo a migrantes, obtengan ingresos
derivados de los pagos efectuados por concepto de salarios y en general
por la prestación de un servicio personal subordinado.
En síntesis, con estas medidas se podrá
encarar en gran medida el grave problema de desempleo que se avecina en
México, toda vez que se crea un marco jurídico que facilitará
la generación de nuevos empleos al abrirle la posibilidad al empleador
de deducir una cantidad 50 por ciento mayor que la ya establecida en el
subsidio para el empleo; y también porque el trabajador estará
exento de cubrir con el impuesto sobre la renta derivado de sus ingresos,
lo cual le permitirá afrontar los problemas que su reinstalación
en el país, a la vez que se activará el gasto y la circulación
económica.
De acuerdo con especialistas, la redistribución
de los ingresos del gobierno a través de beneficios en efectivo
a los ciudadanos tiene poco impacto en la desigualdad y la pobreza y, por
consiguiente, en el tema que aquí nos ocupa. Por ello, consideramos
más conveniente que, ante la crisis financiera mundial las empresas
deban atraer, retener y motivar a su activo más importante, es decir,
sus trabajadores, pues una vez que comience el periodo de recuperación
económica tendrán que volver a realizar contrataciones.
En síntesis, con este estímulo, tanto para
patrones como para trabajadores, se impulsará la creación
de un gran número de empleos estables dentro de la economía
formal y, por lo tanto, garantizarle a esos más 900 mil migrantes
mexicanos que se estima podrían volver al país en el lapso
de un año el derecho al trabajo reconocido en nuestra Constitución.
Estamos plenamente convencidos de que nuestra propuesta
no será la panacea a este grave problema, pero sí será
una buena opción del gobierno federal para repatriar en mejores
condiciones a los migrantes mexicanos ofreciéndoles un empleo digno
y con ello, contribuir a mitigar los efectos desastrosos que tendrá
la crisis financiera global en nuestro país.
De conformidad con lo anteriormente expuesto, se propone
la discusión y en su caso, aprobación del siguiente proyecto
de
Decreto
Primero. Se adiciona la fracción XX Bis al artículo
31 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, para quedar como sigue:
Artículo 31. Las deducciones autorizadas en este
título deberán reunir los siguientes requisitos:
XX Bis. Que tratándose de pagos efectuados por
concepto de salarios y en general por la prestación de un servicio
personal subordinado a trabajadores que tengan derecho al programa de repatriación
y empleo a migrantes, efectivamente se entreguen las cantidades que por
dicho subsidio les correspondan a sus trabajadores en los términos
del reglamento correspondiente.
El subsidio para el programa de repatriación y
empleo a migrantes se calculará utilizando el mismo criterio aplicado
en el subsidio para el empleo, pero aquél aumentará un 50
por ciento más con respecto a este último.
XXI. a XXII. (...) Artículo 109. No se pagará el impuesto sobre
la renta por la obtención de los siguientes ingresos:
XXIX. Los pagos efectuados por concepto de salarios y
en general por la prestación de un servicio personal subordinado
para aquellos trabajadores que tengan derecho al programa de repatriación
y empleo a migrantes, y en los términos del reglamento correspondiente. Primero. El presente decreto entrará en vigor al
día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de
la Federación.
Segundo. El Presidente de la República instruirá
al Secretario de Hacienda y Crédito Público para que, con
base en el artículo 31, fracción VI, de la Ley Orgánica
de la Administración Pública Federal, elabore, en coordinación
con las Secretarías de Gobernación y Economía, el
Programa de Repatriación y Empleo a Migrantes, en un plazo no mayor
a sesenta días contados a partir de la entrada en vigor de este
decreto.
Salón de Sesiones del Senado de la República,
a 4 de noviembre de 2008.
Senadores: Raúl Mejía González,
María Elena Orantes López (rúbrica), Adolfo Toledo
Infanzón, Ricardo Pacheco Rodríguez.
DE LA CÁMARA DE SENADORES,
CUATRO CON LOS QUE REMITE PUNTOS DE ACUERDO RELATIVOS AL PRESUPUESTO DE
EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2009 PRESENTADOS
POR LEGISLADORES DE DIVERSOS GRUPOS PARLAMENTARIOS
México, DF, a 4 de noviembre de 2008.
Secretarios de la Honorable Cámara de Diputados
Me permito comunicar a ustedes que, en sesión celebrada
en esta fecha, el senador Lázaro Mazón Alonso, del Grupo
Parlamentario del Partido del Partido de la Revolución Democrática,
presentó propuesta con punto de acuerdo relativo al financiamiento
a las universidades públicas del país.
La Presidencia dispuso que dicho punto de acuerdo se turnara
a la Cámara de Diputados, el cual se anexa.
Atentamente
El que suscribe senador Lázaro Mazón Alonso,
del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática
a la LX Legislatura del honorable Senado de la República, en ejercicio
de la facultad que me confieren los artículos 67, numeral 1, inciso
b), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos
Mexicanos, y el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior
del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración
de esta honorable asamblea la siguiente propuesta con punto de acuerdo
relativo al financiamiento a las universidades públicas del país.
Considerandos
El Segundo Informe de Gobierno y las estadísticas
de la Asociación Nacional de Universidades e Institutos de Educación
Superior (ANUIES) coinciden en reconocer que las instituciones de educación
superior han incrementado su matrícula de manera importante en los
últimos años. Así, entre los ciclos escolares 2004-2005
y 2006-2007, el incremento fue superior al 7.7 por ciento en el total de
la matricula, correspondiendo el 6.06 por ciento al régimen público.
Asimismo, las instituciones públicas de nivel superior
han realizado importantes avances en la actualización y pertinencia
de sus planes y programas, así como en la superación y mejoramiento
de la planta docente, modernización de estructuras administrativas
y de gestión institucional, y desde hace más de 10 años,
continuas evaluaciones externas y autoevaluaciones que confirman su vocación
y compromiso con la transparencia y rendición de cuentas.
Por otra parte, debe considerarse que la mayoría
tiene programas de educación media superior que es uno de los retos
más importantes para el Estado, de manera que resulta imperativo
asignar recursos para apoyar su financiamiento.
El artículo 25 de la Ley General de Educación
señala que el gasto educativo debe ser proporcional cuando menos
al 1 por ciento del PIB por cuanto respecta a la investigación científica
y la innovación tecnológica, por lo que también resulta
imperativo que se destine dicha cantidad a estos rubros sustantivos.
A pesar de la anterior realidad, para 2009 el gobierno
federal propone un presupuesto que consigna una regresión que perturbará
seriamente las actividades de las instituciones públicas de educación
superior, lo cual desmiente de facto el supuesto interés gubernamental
en la materia. Así, no sólo no se observa la posibilidad
de alcanzar la meta del 1 por ciento proyectada para 2012, sino que más
bien se observa un retroceso. Ciertamente, este fenómeno se repite
año con año y el Congreso de la Unión debe intervenir
para evitar el atentado y corregir dentro de sus posibilidades las asignaciones
presupuestales, en una situación de inútil desgaste institucional.
En este contexto, debe tomarse en cuenta el impacto de la crisis económica
mundial y la desaceleración del crecimiento que afecta también
a las instituciones públicas de educación superior mexicanas.
Si los 68 mil 956 millones de pesos (0.66 por ciento del
PIB) asignados en 2008 representaron una caída 0.8 por ciento en
términos reales, los 71 mil 696 millones de pesos (0.63 por ciento
del PIB) asignados en 2009 significan un decremento de 4.2 por ciento en
términos reales.
Más aún, si sólo se consideran los
recursos exclusivamente para educación superior y posgrado (65 mil
970 millones de pesos), supone una disminución real de 2 por ciento
respecto del asignado en 2008 (64 mil 245 millones de pesos). A mayor abundancia,
cabe decir que las asignaciones para las Universidades Públicas
Estatales con Apoyo Solidario (UPEAS) será menor en 3 mil millones
de pesos, al pasar de 18 mil millones en 2008 a 15 mil millones de pesos
en 2009. De hecho, según cálculos de la ANUIES, se requería
de un incremento adicional de 14 mil millones de pesos, para alcanzar una
total de 85 mil 696 millones de pesos (0.76 por ciento del PIB), para estar
en condiciones de alcanzar el 1 por ciento del PIB en 2012, tal y como
prometió el gobierno federal al inició del sexenio.
De acuerdo con las anteriores consideraciones, pongo a
consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición
con
Punto de Acuerdo
Único. Se solicita respetuosamente a la Cámara
de Diputados un incremento adicional equivalente al 0.7 por ciento del
PIB en el presupuesto asignado para 2009 a las instituciones públicas
de educación superior, de manera tal que con esa cantidad asuman
su compromiso con el crecimiento de la matrícula y con el enriquecimiento
de sus programas y metas educativas. A su vez, solicitar que el incremento
presupuestal a la investigación y la innovación tecnológica
se apegue a lo dispuesto por la Ley General de Educación y sea,
por tanto, equivalente al 1 por ciento del PIB.
Salón de sesiones de la honorable Cámara
de Senadores, a 28 de octubre de 2008.
Senador Lázaro Mazón Alonso (rúbrica)
México, DF, a 4 de noviembre de 2008.
Secretarios de la Cámara de Diputados
Me permito comunicar a ustedes que, en sesión celebrada
en esta fecha, el senador Lázaro Mazón Alonso, del Grupo
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó
propuesta con punto de acuerdo por el que se solicita a la Cámara
de Diputados para que en el Presupuesto de Egresos para 2009 se destine
una partida mayor en términos reales a la Secretaría de Salud
a lo aprobado el año pasado, para la promoción de la salud,
prevención y control de enfermedades en los centros penitenciarios
del fuero federal.
La Presidencia dispuso que dicho punto de acuerdo se turnara
a la Cámara de Diputados, y se anexa.
Atentamente
El que suscribe, senador Lázaro Mazón Alonso,
del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática
a la LX Legislatura del honorable Senado de la República, en ejercicio
de la facultad conferidas en los artículos 67, numeral 1, inciso
b, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos
Mexicanos, y el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior
del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración
de esta asamblea la proposición con punto de acuerdo por el que
el Senado de la República solicita a la honorable Cámara
de Diputados que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para
2009 se destine una partida mayor en términos reales a lo aprobado
el año pasado a la Secretaría de Salud, para la promoción
de la salud, prevención y control de enfermedades en los centros
penitenciarios del fuero federal, de conformidad con las siguientes
Consideraciones
La penosa necesidad de crear los sistemas penitenciarios
surgió con el único objetivo de separar de la sociedad a
través prácticas de contención y castigo a los delincuentes
que habían ocasionado un daño a la ésta.
El encarcelamiento se entendió entonces como el
elemento esencial para proteger a la sociedad de elementos peligrosos y
escarmentar a cualquiera que pretendiera cometer actos contrarios a la
ley, provocado una falta de atención en su organización y
control, por lo que surgieron métodos tales como el trabajo forzoso
y el asilamiento de los internos.
En México, por ejemplo, se acostumbraba utilizar
el sistema de la deportación, enviando a miles de kilómetros
a los prisioneros, los obligaban a trabajar contra su voluntad y, en algunos
casos, eran vendidos como esclavos en valle nacional.
No es hasta hace unos años que las teorías
han volcado su atención en el interno y transformaron a la prisión
en un centro para reeducar a los delincuentes y reinsertarlos nuevamente
en la sociedad. En nuestro país, por ejemplo, desde 1926 las penitenciarías
se concibieron como centros de regeneración, a través del
trabajo voluntario, educación y salud.
Sin embargo, hasta hoy poco se ha logrado conseguir. Las
condiciones presupuéstales y la falta de atención han obstaculizado
los resultados esperados y, además, arrastramos problemas derivados
de esos viejos sistemas, tales como la sobrepoblación, la insalubridad
y la corrupción.
Es un hecho que la población en los centros de
readaptación se ha incrementado a un ritmo sumamente acelerado.
En poco más de diez años, la población en prisión
se ha duplicado. Actualmente existen más de 130 mil sentenciados
y una tasa de sobrepoblación de más del 37 por ciento en
las 441 prisiones del país.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha
documentado que esa falta de espacios físicos ha creado condiciones
deplorables y violaciones constantes a derechos fundamentales, como a un
trato digno, la protección de la salud y la igualdad.
Además, la mayoría de los centros presentan
deterioros en sus instalaciones y carencias importantes en lo que se refiere
al acondicionamiento de sus espacios. Todos estos problemas se traducen
en una calidad de vida deplorable para los internos, y en menoscabo de
su salud física y mental.
Las estadísticas muestran que, después de
su ingreso a prisión, el sistema nacional de salud no ofrece a la
población carcelaria las oportunidades necesarias para una eficaz
promoción y protección de la salud. La falta de tratamiento
en las instalaciones y en los internos ha provocado diversos brotes de
enfermedades graves dentro y fuera de éstas. En 2007 se registraron
más de 12 mil casos de padecimientos infecto-contagiosos, como la
hepatitis.
Inclusive de entre las diversas quejas interpuestas contra
la Dirección de Reclusorios por diversas irregularidades, abusos
u omisiones al brindar servicios de asistencia médica, resalta el
penal de San Pedro de las Colonias, en donde más de 88 internos
se vieron afectados por la hepatitis; es decir que alrededor del 56 por
ciento de los reclusos de ese penal fueron infectados con esa enfermedad.
Poco después, 300 presos tomarían las instalaciones en el
Centro de Readaptación Social (Cereso) de Monclava, por 300 la carencia
de servicios de salud especializados en el mismo virus.
Otro caso es el Cereso de Tetepan, en donde le fue negada
a una interna la práctica de esterilización femenina irreversible,
en virtud de que diversos métodos anticonceptivos no le habían
funcionado y que, de volverse a embarazar, podría enfrentar graves
riesgos para su salud y, en consecuencia, para las demás internas.
Además preocupa que actualmente las cifras de internos
que están infectados con VIH varíen o se desconozcan. Todos
los ciudadanos deben estar totalmente seguros de que los sistemas penales
y de salud en nuestro país trabajan en beneficio de los ciudadanos.
Sin embargo, el precario funcionamiento de la institución, que ya
es un problema dentro de éstas, podría afectar negativamente
en la sociedad si no lo atendemos a tiempo.
Por estas razones, es sumamente necesario que la Secretaría
de Salud vea fortalecida sus acciones con mayor presupuesto, a fin de tratar
a los enfermos y también a las probables epidemias que puedan surgir
por las enfermedades que se concentran dentro de estos centros.
Actualmente, diversos especialistas reconocen que, en
efecto, diversas enfermedades pueden surgir de origen en los centros de
readaptación social, pero lo más grave es que pueden incrementarse
significativamente, primero en áreas cercanas y sin atención
oportuna, al resto del país.
Por ello, es importante destinar los recursos suficientes
para lograr no sólo la readaptación social del interno sino
también para que su estancia no culmine en situaciones que afecten
negativamente a la sociedad por ser situaciones difíciles de controlar.
Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración
de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión
la proposición con
Punto de Acuerdo
Único. El Senado de la República solicita
a la honorable Cámara de Diputados que, en el marco de la discusión
y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación
para 2009, incluya una partida mayor en términos reales a lo aprobado
el año pasado a la Secretaría de Salud, para la promoción
de la salud, prevención y control de enfermedades en los centros
penitenciarios del fuero federal.
Salón de sesiones del Senado de la República,
a 23 de octubre de 2008.
Senador Lázaro Mazón Alonso (rúbrica)
México, DF, a 4 de noviembre de 2008.
Ciudadanos Secretarios de la Honorable Cámara de
Diputados
Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada
en esta fecha, la senadora Claudia Sofía Corichi García,
del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática,
presentó propuesta con punto de acuerdo por el que se exhorta a
la Cámara de Diputados para que en la aprobación del Presupuesto
de Egresos de 2009 se considere la perspectiva de género.
La Presidencia dispuso que dicho punto de acuerdo se turnara
a la Cámara de Diputados, mismo que se anexa.
Atentamente
La suscrita, senadora Claudia Corichi García, integrante
del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática,
en la LX Legislatura del Congreso de la Unión, y con fundamento
en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno
Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a
la consideración de esta soberanía el siguiente punto de
acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
1. La igualdad entre hombres y mujeres esté consagrada
en el artículo 4o. de nuestra constitución; sin embargo,
no basta con declarar la igualdad de trato, cuando en la realidad no existe
igualdad de oportunidades; para alcanzar un desarrollo equilibrado y productivo
del país urge establecer condiciones de igualdad de trato entre
hombres y mujeres, desarrollando políticas de igualdad de oportunidades.
2. La perspectiva de género supone considerar sistemáticamente
las diferencias entre las condiciones, situaciones y necesidades respectivas
de las mujeres y de los hombres, en las fases de planificación,
ejecución y evaluación de todas las políticas de desarrollo.
En definitiva exige el compromiso de todo tipo de organizaciones e instituciones
para la modificación de la condición y posición de
las mujeres, y en trabajar para lograr un sistema sexogénero equitativo,
justo y solidario.
3. Nuestro país, como suscriptor de la Convención
Sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación
Contra la Mujer, de la Organización de las Naciones Unidas, tiene
la obligación internacional de garantizar a hombres y mujeres la
igualdad en el goce de todos los derechos económicos, sociales,
culturales, civiles y políticos.
4. El Presupuesto de Egresos de la Federación es
un instrumento del desarrollo, por ello debe favorecer un proceso más
equitativo y democrático del conjunto de la sociedad, promoviendo
la igualdad de oportunidades por probado, que los programas sociales dirigidos
a mujeres inciden de mayor manera en el bienestar familiar.
5. El Presupuesto de Egresos de 2009 debe considerar recursos
de forma transversal para acciones a favor de las mujeres, incluyéndolas
en todos los programas de desarrollo proyectados, tal como ya sucede en
algunos estados de la república.
Por lo expuesto, someto a la consideración de esta
soberanía el siguiente:
Punto de Acuerdo
Único. El Senado exhorta respetuosamente a la honorable
Cámara de Diputados para que en la aprobación del Presupuesto
de Egresos de la Federación para el Ejercicio 2009 se considere
la perspectiva de género, y cumplir así con la obligación
constitucional de igualdad que consagra el artículo 4o. de nuestra
carta magna.
Dado en el salón de sesiones del Senado
de la República, a 28 de octubre de 2008.
Senadora Claudia Sofía Corichi García (rúbrica)
México, DF, a 4 de noviembre de 2008.
Secretarios de la Cámara de Diputados
Me permito comunicar a ustedes que, en sesión celebrada
en esta fecha, los senadores Lázaro Mazón Alonso, Blanca
Judith Díaz Delgado, Ramón Galindo Noriega, Irma Martínez
Manríquez y Alfredo Rodríguez y Pacheco presentaron propuesta
con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Cámara de Diputados
a efecto de que en el proceso de análisis y aprobación del
Presupuesto de Egresos para 2009 el gasto destinado a educación
no sea inferior a ocho puntos porcentuales del producto interno bruto.
La Presidencia dispuso que dicho punto de acuerdo se turnara
a la Cámara de Diputados, y se anexa.
Atentamente
Los sucritos, Lázaro Mazón Alonso, Blanca
Judith Díaz Delgado, Ramón Galindo Noriega, Irma Martínez
Manríquez y Alfredo Rodríguez y Pacheco, senadores de la
LX Legislatura del honorable Senado de la República, en ejercicio
de la facultad conferida en los artículos 67, numeral 1, inciso
b, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos
Mexicanos, y 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior, someten
a consideración de esta soberanía, con carácter de
urgente y obvia resolución, la proposición con punto de acuerdo
al tenor de las siguientes
Consideraciones
En nuestra Carta Magna tenemos consagrado el derecho a
la educación, pero como lo han denunciado grandes pensadores y filósofos,
actualmente, esa declaración de principios en nuestro país
es letra muerta.
Las consideraciones en torno a la calidad en la educación
en nuestro país –que se han vertido en esta alta tribuna– han sido
muchas, pero todas en el mismo sentido; y es que la calidad de la educación
de nuestro país no reúne los requisitos mínimos que
permitan dar a nuestros niños y jóvenes las oportunidades
que requieren en un mundo globalizado y competitivo.
Basta recordar que las cifras sobre educación básica
no son nada alentadoras, ya que somos el último lugar de los países
socios de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económico, el cual señaló que en nuestro país
uno de cada dos estudiantes se encuentra en el nivel cero y uno, y en varios
estados de la república, el 70 por ciento de los alumnos no alcanzan
ni lo mínimo indispensable para acceder a la sociedad moderna. Estos
estados son Chiapas, Tabasco, Oaxaca, Guerrero, Campeche, Puebla, Michoacán,
Nayarit, Hidalgo, Sinaloa, Quintana Roo y Guanajuato.
En estos momentos, nuestra colegisladora se encuentra
en el análisis y discusión del presupuesto para el próximo
ejercicio y, debido a la crisis profunda que sufre nuestro principal socio
comercial, las expectativas económicas para el próximo año
son sombrías y desalentadoras, sobre todo, por la falta de previsión
de mecanismos anticíclicos por parte de los responsables de la economía
nacional, por lo que seguramente habrá necesidad de ajustar el gasto
en todos los rubros.
Pero hay materias como la educación y la salud
donde, a pesar de la crisis, deberemos redoblar esfuerzos, asumiendo nuestra
responsabilidad como legisladores, ya que si en estos momentos se deja
de lado el apoyo para la educación, el círculo vicioso de
pobreza e ignorancia se seguirá incrementando.
Hace dos años en esta misma alta tribuna pedimos
que se asignara de manera efectiva el ocho por ciento del producto interno
bruto a la educación. De la misma manera citamos a quien dijo que
"el gobierno que no invierta en educación tarde temprano tendrá
que invertir en armas", cruda realidad que estamos viviendo en México.
La solución es la educación. Sabemos que los resultados no
los veremos en el corto plazo, pero es indispensable tomar acciones decididas
en este sentido.
Proponemos exhortar a nuestra colegisladora para que a
la hora de hacer los ajustes en el presupuesto se privilegie la educación
como base fundamental para el desarrollo de México, y que si es
necesario recortar, que se recorte el gasto corriente en sueldos de la
alta burocracia del gobierno, que se reduzcan sus viáticos, gastos
por gasolina, choferes y vehículos blindados.
Nuestra sociedad reclama mejores maestros, más
preparados y con actitud de encaminar a toda una generación lejos
de los vicios y la delincuencia, por lo que, en lugar de quitarle recursos
a la educación, debemos fortalecerla con la creación de más
y mejores escuelas, y no intentar desaparecer las ya creadas.
Como ejemplo, en Guerrero están a punto de cerrar
la escuela normal de Ayotzinapa, con lo cual no estamos de acuerdo, ya
que existen más de 150 mil niños sin maestro en la zona de
la montaña, por lo que desaparecer esta escuela es un crimen contra
la educación.
Hace unos días, la Cámara de Diputados entregó
la medalla Eduardo Neri al escritor y poeta Miguel León Portilla,
el cual, entre otras cosas, dijo que "en sus manos está el legislar
en materia de educación, lo que implica oponerse a la supresión
de las escuelas normales. Si ellas dejaran de existir, adónde se
formarían los maestros; igualmente, se requiere la revisión
de los programas educativos, en vista de los requerimientos actuales del
país, es decir, la asignación de un adecuado presupuesto
que haga posible la formación de millones de mexicanos".
Y aún más sentenció que se recortara
en donde fuera, pero nunca en la educación, o acaso ¿nuestro
destino era proporcionar mano de obra barata en las maquiladoras o marchar
exponiendo la vida al vecino del norte?, o simplemente percibir salarios
de hambre o vivir del ambulantaje, o peor, de las acciones delictuosas.
Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración
de esta soberanía, con carácter de obvia resolución,
el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. El Senado de la República
exhortar a la Cámara de Diputados a efecto de que en el proceso
de análisis y aprobación del Presupuesto de Egresos de la
Federación para 2009 el gasto destinado a educación pública
no sea menor a ocho puntos porcentuales del producto interno bruto.
Dado en el Salón de Sesiones de la Cámara
de Senadores, el 27 de octubre de 2008.
Senadores: Lázaro Mazón Alonso (rúbrica),
Blanca Judith Díaz Delgado, Ramón Galindo Noriega, Irma Martínez
Manríquez, Alfredo Rodríguez y Pacheco.
a
Presentes
Diputada Giacomina María Merino Capellini (rúbrica)
Presentes
Diputada Giacomina María Merino Capellini (rúbrica)
Presentes
Diputada Giacomina María Merino Capellini (rúbrica)
Secretaria
Presentes
Oficios
Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara
de Diputados del Congreso de la Unión
Presente
Secretario de Hacienda y Crédito Público
DE LA CÁMARA DE SENADORES,
CON EL QUE REMITE INICIATIVA QUE ADICIONA LAS FRACCIONES XX BIS AL ARTÍCULO
31 Y XXIX AL 109 DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, PRESENTADA POR
LOS SENADORES RAÚL MEJÍA GONZÁLEZ, MARÍA ELENA
ORANTES LÓPEZ, ADOLFO TOLEDO INFANZÓN Y RICARDO PACHECO RODRÍGUEZ,
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
Presentes
Senador José González Morfín (rúbrica)
Vicepresidente
Presentes
Senador José González Morfín (rúbrica)
Vicepresidente
Presentes
Senador José González Morfín (rúbrica)
Vicepresidente
Presentes
Senador José González Morfín (rúbrica)
Vicepresidente
Presentes
Senador José González Morfín (rúbrica)
Vicepresidente
Minutas
CON PROYECTO DE DECRETO, QUE ADICIONA
LA FRACCIÓN IV AL ARTÍCULO 64 DE LA LEY GENERAL DE SALUD,
PARA LOS EFECTOS DEL INCISO E) DEL ARTÍCULO 72 CONSTITUCIONAL
México, DF, a 30 de octubre de 2008.
Secretarios de la honorable Cámara de Diputados
Presentes
Para los efectos de lo dispuesto en la fracción E) del artículo 72 constitucional, me permito devolver a ustedes el expediente por el que se adiciona una fracción IV al artículo 64 de la Ley General de Salud.
Atentamente
Senador José González Morfín (rúbrica)
Vicepresidente
Minuta
Proyecto de Decreto
Por el que se adiciona una fracción IV al artículo 64 de la Ley General de Salud.
Único. Se adiciona la fracción IV al artículo 64 de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:
Artículo 64. ...
II. Acciones de orientación y vigilancia institucional, fomento a la lactancia materna y, en su caso, la ayuda alimentaria directa tendiente a mejorar el estado nutricional del grupo materno infantil;
III. Acciones para controlar las enfermedades prevenibles por vacunación, los procesos diarreicos y las infecciones respiratorias agudas de los menores de 5 años, y
IV. Acciones de capacitación para fortalecer la competencia técnica de las parteras tradicionales, para la atención del embarazo, parto y puerperio.
Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. La implementación de las acciones de capacitación para fortalecer la competencia técnica de las parteras tradicionales a que se refiere el presente decreto estará sujeta a los recursos que al efecto autorice la Cámara de Diputados en el Presupuesto de Egresos de cada ejercicio fiscal.
Salón de sesiones de la honorable Cámara de Senadores. México, DF, a 30 de octubre de 2008.
Senador José González Morfín (rúbrica)
Vicepresidente
Senadora Ludivina Menchaca Castellanos (rúbrica)
Secretaria
CON PROYECTO DE DECRETO, QUE EXPIDE
LA LEY QUE CREA LA AGENCIA ESPACIAL MEXICANA, PARA LOS EFECTOS DEL INCISO
E) DEL ARTÍCULO 72 CONSTITUCIONAL
México, DF, a 4 de noviembre de 2008.
Secretarios de la Cámara de Diputados
Presentes
Para los efectos de lo dispuesto en la fracción e) del artículo 72 constitucional, me permito devolver a ustedes el expediente que contiene minuta proyecto de decreto por el que se expide la Ley que crea la Agencia Espacial Mexicana.
Atentamente
Senador José González Morfín (rúbrica)
Vicepresidente
Minuta
Proyecto de Decreto
Por el que se expide la Ley que crea la Agencia Espacial Mexicana
Artículo Único. Se expide la Ley que crea la Agencia Espacial Mexicana, para quedar como sigue:
Capítulo I
Disposiciones Generales
Artículo 1. Se crea la Agencia Espacial Mexicana como organismo público descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio y con autonomía técnica y de gestión para el cumplimiento de sus atribuciones, objetivos y fines.
El organismo formará parte del sector coordinado por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Su domicilio legal será la Ciudad de México, Distrito Federal, sin perjuicio de establecer oficinas y domicilios convencionales en cualquier parte del país.
Artículo 2. La Agencia Espacial Mexicana tendrá por objeto
II. Ejecutar la política espacial de México, a través de la elaboración y aplicación del Programa Nacional de Actividades Espaciales;
III. Promover el efectivo desarrollo de actividades espaciales para ampliar las capacidades del país en las ramas educativa, industrial, científica y tecnológica en materia espacial;
IV. Desarrollar la capacidad científico-tecnológica del país a través de la articulación de los sectores involucrados en todos los campos de la actividad espacial que hagan posible su actuación en un marco de autonomía nacional en la materia;
V. Promover el desarrollo de los sistemas espaciales y los medios, tecnología e infraestructura necesarios para la consolidación y autonomía de este sector en México;
VI. Facilitar la incorporación de los sectores relacionados con esta política y particularmente la participación del sector productivo, a fin de que éste adquiera competitividad en los mercados de bienes y servicios espaciales;
VII. Promover una activa cooperación internacional mediante acuerdos que beneficien las actividades espaciales y que permitan la integración activa de México a la comunidad espacial internacional;
VIII. Servir como instrumento de la rectoría del Estado en este sector, a fin de fortalecer la soberanía;
IX. Velar por el interés y seguridad nacionales, mediante una estrategia que integre conocimiento científico y tecnológico, eficiencia, experiencia y capacidad de coordinación entre las entidades públicas de la administración pública federal;
X. Garantizar y preservar el interés público y la protección de la población, como fundamentos del desarrollo, seguridad, paz y prevención de problemas de seguridad nacional en México; y
XI. Recibir de las entidades públicas, privadas y sociales, propuestas y observaciones en el área espacial para su estudio y consideración.
II. El desarrollo de soluciones propias para problemas específicos;
III. La utilización de información y tecnología generada en las áreas espaciales y relacionadas, que sean de interés y para el beneficio de la sociedad mexicana;
IV. Negociaciones, acuerdos y tratados internacionales en materias relacionadas con las actividades espaciales;
V. Las investigaciones en materia espacial y la formación de recursos humanos de alto nivel, así como la infraestructura necesaria para dicho fin;
VI. El reconocimiento de la importancia que para la economía, la educación, la cultura y la vida social, tiene el desarrollo, apropiación y utilización de los conocimientos científicos y desarrollos tecnológicos asociados a la investigación espacial;
VII. El intercambio académico entre instituciones de investigación científica y tecnológica nacionales y extranjeras;
VIII. El intercambio científico, tecnológico y de colaboración con otras agencias espaciales;
IX. La participación de las empresas mexicanas con la capacidad tecnológica necesaria para proveer de equipos, materiales, insumos y servicios que requieran proyectos propios o de agencias con las que se tengan protocolos de intercambio y colaboración; y
X. La adecuación del sector productivo nacional para participar y adquirir competitividad en los mercados de bienes y servicios espaciales.
II. Establecer y desarrollar actividades de vinculación con instituciones nacionales de carácter académico, tecnológico y profesional dedicadas a estudios de especialidades relacionadas con la materia;
III. Promover el desarrollo de actividades espaciales para ampliar las capacidades del país, tanto en esta materia como en lo que a la industria aeronáutica, las telecomunicaciones y todas sus aplicaciones relacionadas con la ciencia y la tecnología espacial corresponde;
IV. Apoyar la adecuación de los sectores relacionados con la política espacial, particularmente el productivo, para que se incorporen y participen competitivamente en los mercados de bienes y servicios espaciales;
V. Promover la formación, el acercamiento y la colaboración entre instituciones, organismos públicos y privados nacionales, extranjeros o internacionales que realicen actividades en materia espacial, así como el desarrollo de los sistemas espaciales y los medios, tecnología, infraestructura y formación de los recursos humanos necesarios para la consolidación y autonomía de este sector en México;
VI. Promover la firma de tratados internacionales de carácter bilateral y multilateral, y asesorar al gobierno federal en la implementación de los mismos, así como en la interpretación de textos internacionales relativos;
VII. Diseñar estrategias e instrumentos para el desarrollo del conocimiento, difusión y aplicación de las ciencias y tecnologías asociadas a la investigación espacial, en coordinación con dependencias de los tres órdenes de gobierno, así como con las instancias de la iniciativa privada y organizaciones de la sociedad civil interesadas;
VIII. Definir y promover programas, proyectos y acciones para fortalecer conocimiento y el desarrollo de la investigación espacial, su influencia en la vida cotidiana y sus potencialidades como factor de desarrollo económico;
IX. Impulsar investigaciones a través de las instituciones de investigación básica y aplicada y/o empresas especializadas, así como la difusión de sus resultados y aplicaciones;
X. Realizar investigaciones, trabajos, peritajes y emitir opiniones de carácter técnico, científico y legal sobre la materia;
XI. Impulsar la formación de especialistas en materia espacial y sus disciplinas afines, mediante la vinculación de actividades y programas de licenciatura, posgrado, diplomados y cursos de especialización, actualización y capacitación;
XII. Formular y realizar proyectos de difusión y educativos en la materia, así como elaborar y promover la producción de materiales de divulgación;
XIII. Crear y operar un sistema de información y consulta en la materia; llevar el registro nacional de las actividades relativas y promover el desarrollo y la educación espacial formal, así como la divulgación de estudios sobre investigación espacial; y
XIV. Las demás que se deriven de los ordenamientos jurídicos y administrativos aplicables en la materia.
II. Difundir lo dispuesto en la Constitución, esta ley y los tratados internacionales ratificados por México en la materia, para aprovechar las oportunidades de desarrollo que puedan permitir estos últimos, y expedir a los tres órdenes de gobierno recomendaciones pertinentes para su desarrollo y aprovechamiento;
III. Promover y apoyar la creación y funcionamiento de instancias afines en los estados y municipios, conforme a las leyes aplicables en las entidades federativas y de acuerdo con sus realidades, necesidades y capacidades de participación en proyectos;
IV. Formular el Programa Nacional de Actividades Espaciales, gestionar y ejercer el presupuesto necesario para la realización de sus fines, así como procurar fuentes alternas de financiamiento;
V. Asesorar y resolver consultas que le formulen instituciones y dependencias de los diferentes órdenes y ramas de gobierno, sobre los problemas relativos a concesiones, permisos y autorizaciones de uso, desarrollo y aplicaciones tecnológicas en materia espacial;
VI. Realizar eventos científicos y tecnológicos en materia espacial donde participen integrantes de la agencia y especialistas invitados nacionales y extranjeros;
VII. Proponer la designación de los representantes del país ante las instancias internacionales en materia espacial de las que México sea parte y establecer la postura nacional en materia de su competencia;
VIII. Realizar y participar en acciones y eventos científicos y tecnológicos en materia espacial, con el fin de incrementar la competencia técnico-científica nacional; y
IX. Ejecutar todos los demás actos análogos que impliquen la realización de sus atribuciones.
Artículo 6. La agencia contará con los siguientes órganos de administración y gobierno:
IV. Las estructuras técnicas y administrativas que se establezcan en el Estatuto Orgánico.
II. Un representante de la Secretaría de Gobernación, que deberá tener nivel de subsecretario;
III. Un representante de la Secretaría de Relaciones Exteriores, que deberá tener nivel de subsecretario;
IV. Un representante de la Secretaría de Educación Pública, que deberá tener nivel de subsecretario;
V. Un representante de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que deberá tener nivel de subsecretario;
VI. Un representante de la Secretaría de la Defensa Nacional, que deberá tener nivel de subsecretario;
VII. Un representante de la Secretaría de Marina, que deberá tener nivel de subsecretario;
VIII. El titular del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología;
IX. El rector de la Universidad Nacional Autónoma de México;
X. El director general del Instituto Politécnico Nacional;
XI. El presidente de la Academia Mexicana de Ciencias;
XII. El presidente de la Academia de Ingeniería;
XIII. El presidente de la Academia Nacional de Medicina;
XIV. Un representante de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior; y
XV. El titular del Instituto Nacional de Estadística y Geografía.
Artículo 8. La Junta de Gobierno sesionará por lo menos cuatro veces al año; y las sesiones que celebre podrán ser ordinarias y extraordinarias.
Sesionará válidamente con la asistencia de por lo menos ocho de sus miembros; y sus resoluciones serán válidas cuando sean tomadas por la mayoría de los presentes. Sólo en caso de empate, el presidente de la Junta de Gobierno decidirá con voto de calidad.
La Junta de Gobierno tendrá un secretario técnico y un prosecretario, quienes serán los responsables de preparar lo necesario para sus sesiones, integrar las carpetas básicas y dar seguimiento a los acuerdos.
Artículo 9. La Junta de Gobierno tendrá las siguientes facultades indelegables:
II. Definir prioridades, conocer y aprobar programas y proyectos de la agencia;
III. Aprobar recomendaciones, orientaciones y acuerdos de política y acciones en materia espacial;
IV. Proponer y aprobar acciones que aseguren el cumplimiento de tratados, convenciones y acuerdos internacionales signados y ratificados por México en la materia;
V. Aprobar políticas en materia de evaluación, seguimiento, promoción y orientación de los programas de la agencia;
VI. Conocer y, en su caso, aprobar los informes del director general;
VII. Autorizar los programas y el proyecto de presupuesto de la agencia, así como las modificaciones en su ejercicio;
VIII. Conocer y, en su caso, aprobar los estados financieros de la agencia y autorizar su publicación;
IX. Aprobar acuerdos, bases de coordinación y convenios de colaboración con autoridades y organismos relacionados con la materia, instituciones académicas, de investigación y asociaciones;
X. Fijar bases y mecanismos de coordinación, participación y colaboración con autoridades e instituciones, particulares y grupos sociales e instituciones autónomas;
XI. Fijar criterios y bases para crear o ampliar instancias locales afines asociadas;
XII. Analizar y, en su caso, aprobar el Reglamento, Estatuto Orgánico, manual de organización, manual de procedimientos y manual de servicios de la agencia; y
XIII. Las demás que le señalen la presente ley y otros ordenamientos.
Para ser director general deberán cumplirse los siguientes requisitos:
II. Haber desempeñado cargos de alto nivel decisorio y contar con conocimientos y experiencia en materia técnica y espacial de por lo menos cinco años; y
III. No encontrarse comprendido en alguno de los impedimentos que establecen la Ley Federal de las Entidades Paraestatales o la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.
Artículo 12. El director general es el responsable de la conducción, administración y buena marcha de la agencia, y tendrá las siguientes facultades:
II. Celebrar y otorgar toda clase de actos y documentos inherentes a su objeto;
III. Ejercer las más amplias facultades de dominio, administración y pleitos y cobranzas, aun de aquellas que requieran autorización especial, según otras disposiciones legales o reglamentarias con apego a la ley;
IV. Emitir, avalar y negociar títulos de crédito;
V. Formular querellas y otorgar perdón;
VI. Ejercitar y desistirse de acciones judiciales, inclusive del juicio de amparo;
VII. Comprometer asuntos en arbitraje y celebrar transacciones;
VIII. Otorgar poderes generales y especiales con las facultades que le competan, entre ellas la que requieran autorización o cláusula especial;
IX. Informar a la Junta de Gobierno respecto a sus actividades;
X. Elaborar el proyecto de Reglamento Interno, Estatuto Orgánico, el manual de organización general, los de procedimientos y de servicios al público de la agencia.
XI. Sustituir y revocar poderes generales o especiales;
XII. Dar seguimiento y cumplimiento a los acuerdos de la Junta de Gobierno; y
XIII. Las demás que le señalen el Estatuto Orgánico, la presente ley y otros ordenamientos.
El comisario público asistirá, con voz pero sin voto, a las sesiones de la Junta de Gobierno.
Artículo 14. El comisario público evaluará el desempeño global y por áreas del organismo, su nivel de eficiencia, y el apego a las disposiciones legales, así como el manejo de sus ingresos y egresos, pudiendo solicitar y estando el organismos obligado a proporcionar toda la información que requiera para la realización de sus funciones.
Tendrá a su cargo las atribuciones que le confieren los artículos correspondientes de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, así como las del Reglamento Interno de la agencia y las demás disposiciones legales aplicables.
Artículo 15. Las relaciones laborales entre la Agencia Espacial Mexicana y sus trabajadores se regirán por lo dispuesto en el Apartado B del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Federal del Trabajo y las demás disposiciones legales y reglamentarias de la misma.
Capítulo III
Del Presupuesto y Patrimonio
Artículo 16. La agencia administrará su patrimonio conforme a las disposiciones legales aplicables y a los programas y presupuestos que formule anualmente y que apruebe su Junta de Gobierno.
Artículo 17. El patrimonio de la agencia se integrará con
I. Los bienes muebles e inmuebles que se destinen a su servicio;
III. Los ingresos que perciba por los servicios que preste;
IV. Las donaciones y legados que se otorguen a su favor;
V. Los demás bienes, derechos y recursos que adquiera por cualquier otro título legal;
VI. Los ingresos de la agencia generados por servicios, aportaciones, donaciones o cualquier otro concepto provenientes de sus propias actividades o de instituciones u organismos públicos o privados nacionales o extranjeros, no tendrán que ser concentrados en la Tesorería de la Federación para su reasignación a la agencia; y
VII. Los recursos que ingresen en la agencia por los conceptos señalados en el apartado anterior deberán ser aplicados precisamente para los fines, programas y proyectos que sean autorizados por la Junta Directiva.
Artículo Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Artículo Segundo. La Junta de Gobierno se instalará en un periodo no mayor de los cuarenta y cinco días naturales siguientes a la entrada en vigor del presente decreto.
Artículo Tercero. Una vez instalada la Junta de Gobierno, ésta organizará y convocará a foros y mesas permanentes de trabajo para que, en un plazo no mayor de ciento ochenta días, expertos en materia espacial, tanto nacionales como extranjeros, así como instituciones de educación superior y centro públicos de investigación, discutan y formulen las líneas generales de la política espacial de México que será desarrollada por la Agencia Espacial Mexicana.
Artículo Cuarto. Una vez concluidos los foros y mesas permanentes de trabajo, el presidente de la Junta de Gobierno expedirá la convocatoria para la designación del director general de la Agencia Espacial Mexicana, quien será nombrado en un periodo no mayor de los treinta días naturales siguientes a partir de la expedición de dicha convocatoria y de acuerdo con lo dispuesto en este decreto.
Artículo Quinto. El director general de la agencia contará con un plazo de noventa días naturales a partir de su nombramiento para elaborar y presentar el Programa Nacional de Actividades Espaciales, el proyecto de Reglamento Interior, así como el proyecto de Estatuto Orgánico que le permitan a la agencia cumplir sus funciones, los cuales serán aprobados por la Junta de Gobierno en un plazo no mayor de noventa días naturales a partir de su presentación.
Salón de sesiones de la honorable Cámara de Senadores.- México, DF, a 4 de noviembre de 2008.
Senador José González Morfín (rúbrica)
Vicepresidente
Senador Adrián Rivera Pérez (rúbrica)
Secretario