• Con punto de acuerdo, a fin de que la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública adicione un inciso al artículo 35 de la iniciativa con proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2009, a cargo del diputado Fabián Fernando Montes Sánchez, del Grupo Parlamentario del PAN.

• Con punto de acuerdo, a fin de que en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2009 se consideren recursos para Coyoacán, a cargo del diputado Gerardo Villanueva Albarrán, del Grupo Parlamentario del PRD.

• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares de la Semarnat y del INAH a conducir estudios para declarar área natural protegida y zona de monumentos arqueológicos la laguna Biahui Do, en Oaxaca, a cargo del diputado Humberto López Lena Cruz, del Grupo Parlamentario de Convergencia.

• Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la PGR que informe a esta soberanía respecto al amparo interpuesto por esa dependencia para no atender la solicitud del IFAI sobre el caso de Manuel Carlos Mouriño Atanes, a cargo de la diputada Elsa de Guadalupe Conde Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Alternativa.

• Con punto de acuerdo, a fin de que en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2009 se consideren recursos destinados a tarifas eléctricas de estímulo para el sector agrario, a cargo del diputado Francisco Javier Murillo Flores, del Grupo Parlamentario del PAN.

• Con punto de acuerdo, a fin de que en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2009 se consideren recursos para las delegaciones sede de inmuebles federales en el Distrito Federal, a cargo del diputado Gerardo Villanueva Albarrán, del Grupo Parlamentario del PRD.

• Con punto de acuerdo, a fin de que en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2009 se consideren recursos para el Programa de Convivencia Urbano-Ferroviaria y el proyecto ferroviario de Celaya, Guanajuato, a cargo de la diputada Rubí Laura López Silva, del Grupo Parlamentario del PAN.

• Con punto de acuerdo, a fin de que en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2009 se destinen recursos al proyecto de apoyo extraordinario para el Instituto Tecnológico de Zacatecas, a cargo del diputado Francisco Javier Calzada Vázquez, del Grupo Parlamentario del PRD.

• Con punto de acuerdo, a fin de que en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2009 se consideren recursos para el proyecto de libramiento ferroviario de Celaya, Guanajuato, a cargo de la diputada Rubí Laura López Silva, del Grupo Parlamentario del PAN.

• Con punto de acuerdo, relativo a las reglas para el otorgamiento de créditos del Infonavit, a cargo del diputado Neftalí Garzón Contreras, del Grupo Parlamentario del PRD.

• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la Sagarpa a definir una política que impulse el Sistema Nacional de Investigación y Transferencia de Tecnología para el Desarrollo Rural Sustentable, a cargo de la diputada Irma Piñeyro Arias, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.

• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SEP a eliminar los pagos por examen para estudiantes del subsistema de preparatoria abierta, a cargo del diputado Gerardo Villanueva Albarrán, del Grupo Parlamentario del PRD.

• Con punto de acuerdo, por el que se solicita la comparecencia del director general del ISSSTE, suscrita por diputados del Grupo Parlamentario del PRD.

• A la Comisión de Gobernación, a solicitud del diputado Alejandro Sánchez Camacho, del Grupo Parlamentario del PRD.

Los firmantes, todos diputados federales de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración del Pleno de esta soberanía la proposición con punto de acuerdo por la que se solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de esta honorable Cámara de Diputados que adicione un inciso i, a la fracción XII del artículo 35 de la iniciativa con proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2009, de acuerdo con las siguientes

Consideraciones

La agricultura orgánica, como se le conoce hoy, existe desde hace más de 100 años, sin embargo, a partir de los ochenta del siglo pasado los países desarrollados comenzaron a demandar productos orgánicos tropicales o de invierno que en sus territorios no se pueden cultivar, estimulando de esta manera la práctica de la agricultura orgánica en muchos países en desarrollo, entre ellos México.

Como es bien sabido, la agricultura orgánica rechaza el uso de insumos de origen químico y artificial, propone cambiarlos por insumos de tipo natural, dando paso a un desarrollo agrícola verdaderamente sustentable y amigable con el medio ambiente.

Este tipo de agricultura se basa en cuatro principios: salud, ecología, justicia y precaución, en cuanto a la salud, la agricultura orgánica considera que la salud humana no puede separarse de la salud de los ecosistemas, es por ello que excluye el uso de pesticidas, fertilizantes químicos, aditivos alimenticios, hormonas de crecimiento, etcétera.

En lo referente a la ecología, la agricultura orgánica se basa en ciclos ecológicos vivos, trabaja con ellos y ayuda a hacerlos sustentables en el tiempo, además, pugna por la integración de la producción vegetal con la animal, la rotación de cultivos, la preservación de la fertilidad del suelo y de la biodiversidad.

El componente de justicia hace énfasis en la preservación del medio ambiente para las generaciones futuras sin menoscabo de las oportunidades económicas de los productores de hoy, además, este tipo de agricultura es aprovechada en su mayoría por pequeños y medianos productores, principalmente indígenas, por lo que su fomento también tiene un componente de justicia social para este tipo de productores.

En cuanto a la precaución, la agricultura orgánica debe manejarse de una manera preventiva y responsable para proteger la salud y el bienestar de las generaciones actuales y futuras, y del medio ambiente; reconociendo los conocimientos de los pueblos indígenas, las preferencias culturales y la evidencia científica al respecto.

Debido a la creciente importancia del sector de productos orgánicos en el país, no sólo agrícolas, sino también ganaderos y apícolas, el 7 de febrero de 2006 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley de Productos Orgánicos, buscando normar la actividad productiva orgánica, dar certidumbre a los productores orgánicos y promover la conversión de la producción convencional a la producción orgánica, sobre todo en aquellas regiones donde las condiciones socioeconómicas y medioambientales sean propicias para la actividad.

De todas las actividades orgánicas (agricultura, ganadería, apicultura), la agricultura es la más importante, pues representa, según datos del ciclo 2007-2008, el 91.63 por ciento de las unidades productivas orgánicas, el 97.05 por ciento de los productores, aporta el 97.28 por ciento de los empleos del sector orgánico en México y genera el 99.1 por ciento de las divisas por exportaciones, es por ellos que nos concentraremos en adelante en la agricultura orgánica por ser el interés principal de la presente proposición con punto de acuerdo.

Para hablar de la importancia del sector agrícola orgánico en México, es necesario puntualizar que a diferencia de otros sectores, el orgánico ha crecido en medio de la crisis agroalimentaria mundial, según datos del proyecto Sistema de Seguimiento e Información de la Agricultura Orgánica en México, auspiciado por el Fondo Sectorial de Investigación Secretaría de Agricultura Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación-Consejo Nacional de Ciencia y Teconología y operado por la Universidad Autónoma Chapingo, se estima que la superficie orgánica ha presentado un crecimiento anual de alrededor del 33 por ciento de 1996 a la fecha, para 2008 se calcula que 395 mil 269 hectáreas, en las que laboran más de 125 mil productores, operan de manera orgánica.

Cabe resaltar que la agricultura orgánica constituye una actividad económica con gran potencialidad en la generación de empleo y divisas; por un lado, requiere 30 por ciento más mano de obra por hectárea con respecto a la producción convencional, contribuyendo en la actualidad a la creación de 172 mil empleos directos.

México es líder mundial en la producción de café orgánico y sus características agroecológicas le dan ventaja competitiva en la producción de otros cultivos (frutas tropicales y hortalizas) cuya producción se ha orientado principalmente al mercado internacional.

La tendencia de este sector es hacia el crecimiento en la superficie empleada y hacia la diversificación de cultivos, ya que mientras en 1996 se cultivaban de manera orgánica alrededor de 30 cultivos o grupos de cultivos, para 2008 ese número se ha incrementado a 67 cultivos.

Sin embargo, el reto sigue siendo la concentración de cultivos, pues para 2008, 11 cultivos concentran el 87.67 por ciento de la superficie sembrada con producción orgánica (café, hortalizas, cacao, aguacate, agave, mango, coco, sábila, maíz, cítricos y ajonjolí), mientras que otros cultivos como el bambú, el ajo, el cacahuate, el chabacano y la jiotilla son cultivos que en los últimos tres años se han incorporado a la producción orgánica en México.

Respecto a la ubicación geográfica de la producción orgánica, el 91.47 por ciento de la superficie se localiza en nueve entidades del país (Chiapas, Oaxaca, Querétaro, Guerrero, Tabasco, Michoacán, Veracruz, Sinaloa y Jalisco), cinco de estas nueve entidades son las que tienen menor Índice de desarrollo humano en México (Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Michoacán y Veracruz) por lo tanto, el fomento a la agricultura orgánica no sólo es importante por el interés productivo que representa, sino como una alternativa de desarrollo local y regional en las entidades federativas con mayor marginación del país.

Además, aún cuando la agricultura orgánica ha llamado la atención de medianos y grandes productores, la mayoría de los agricultores orgánicos son pequeños productores, en el año 2000 el 98 por ciento del total de los productores eran pequeños, con un promedio de 2 hectáreas por productor, para el ciclo 2007-2008 la participación de los pequeños productores corresponde al 99.9 por ciento, con un promedio de 3.02 hectáreas por productor.

Uno de los rasgos distintivos más importantes de la producción orgánica en México es que la gran mayoría de esos pequeños productores son indígenas, de hecho, la característica más notoria de los últimos años es que esa tendencia se consolida, pues del 57.89 por ciento que representaban los productores indígenas del total de productores orgánicos en 2004, en 2008 representan 82.77 por ciento del total de los productores orgánicos del país.

El proceso de conversión de la producción convencional a la orgánica se ha visto motivada por la alta demanda internacional de frutas tropicales (plátano, mango, piña, aguacate, papaya, etcétera), de productos no tradicionales (frambuesa, zarzamora, vainilla, yuca, maracuyá, rambután y litchi) y por los atractivos precios del café y otros productos orgánicos tradicionales en el mercado internacional.

Sin embargo, la transición hacia la agricultura orgánica es un proceso complejo que depende de las características específicas de los productores, de la tierra, del entorno local, etcétera; el desafío económico para convertirse en productor orgánico es alto, ya que, según expertos de la Universidad Autónoma Chapingo, se requieren por lo menos tres años para certificar un producto orgánico y que el productor pueda empezar a beneficiarse de los precios preferenciales en los mercados internacionales, mientras tanto, el productor debe absorber los crecientes costos que implica la producción orgánica, por lo menos en sus primeras etapas.

Además, el proceso de certificación, que da la certeza a los consumidores de que los productos que adquieren han sido elaborados bajo las condiciones descritas en los estándares de producción orgánica es caro, el costo de la certificación es sin duda uno de los principales factores a considerar en la decisión de los productores para incorporarse a la producción orgánica.

Ante esta problemática y debido a la gran importancia que tiene el fomento de la agricultura orgánica para el país, por la alternativa productiva que representa para pequeños productores, en su mayoría indígenas de zonas altamente marginadas, es necesario que el Estado mexicano asuma un compromiso con los productores orgánicos, ya certificados o en proceso de certificación.

El artículo 35 de la iniciativa con proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2009 habla de los recursos federales que se dedicarán al desarrollo rural sustentable a través de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), específicamente en la fracción XII de dicho artículo se estipulan los criterios a considerar por la Sagarpa para el otorgamiento de apoyos, es necesario que además de los ocho incisos considerados en esa fracción del artículo 35 se considere ahí, como objeto prioritario de apoyo, a los agricultores orgánicos, tanto certificados como en proceso de certificarse, para que, una vez constatada la suficiencia presupuestaria, se apoye a estos productores a minimizar el costo que implica la conversión de agricultura convencional a orgánica, sobre todo en la etapa de transición, que es donde más inversión se requiere.

Por todo lo anterior propongo a esta asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de esta honorable Cámara de Diputados que adicione un inciso i a la fracción XII del artículo 35 de la iniciativa con proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2009, para quedar como sigue:

Diputados: Gerardo Escaroz Soler (rúbrica), Francisco Javier Plascencia Alonso (rúbrica), Leobardo Curiel Preciado (rúbrica), Gloria Guadalupe Valenzuela (rúbrica), Fabián Fernando Montes Sánchez (rúbrica), Carlos Ernesto Navarro López (rúbrica), Francisco Domínguez Servién (rúbrica), Luis Alejandro Rodríguez (rúbrica), Diego Cobo Terrazas (rúbrica), Héctor Padilla Gutiérrez (rúbrica).
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE QUE EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN DE 2009 SE CONSIDEREN RECURSOS PARA COYOACÁN, A CARGO DEL DIPUTADO GERARDO VILLANUEVA ALBARRÁN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD

El suscrito, Gerardo Villanueva Albarrán, diputado federal a la LX Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, pone a consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo por el que se determina asignar recursos a la delegación Coyoacán en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2009

Consideraciones

La delegación Coyoacán se encuentra ubicada al sur de la Ciudad de México, colinda al norte con la delegación Benito Juárez, al nororiente y oriente con Iztapalapa, al sur oriente con Xochimilco, al sur con Tlalpan y al poniente con Álvaro Obregón.

En 1934 el centro de Coyoacán fue decretado zona típica y tradicional, lo cual se reforzó con la declaración de la Unesco de centro histórico de Coyoacán como zona de monumentos históricos, en 1990.

Coyoacán cuenta con una amplia infraestructura cultural que le da un perfil de tradición artística y cultural que la distingue del resto de las delegaciones, entre los que destacan los foros culturales Hugo Argüelles, Ana María Hernández, Enrique Alonso y Carlos Ancira, así como las casas de cultura Jesús Reyes Heroles, Ricardo Flores Magón y Raúl Anguiano.

Tiene una superficie total de 54.4 kilómetros cuadrados, que representa el 3.6 por ciento del territorio de la capital del país. Su población total es de 640 mil 423 habitantes, de los cuales 11 mil 232 hablan alguna de las dos lenguas indígenas principales de la demarcación: náhuatl y otomí. Tiene una población económicamente activa de 258 mil 911 personas y un nivel de marginación muy bajo.

Sus principales colonias son Villa Coyoacán, del Carmen, La Concepción, Santa Catarina, Parque San Andrés, San Diego Churubusco, Copilco Universidad, Los Reyes, La Candelaria, Romero de Terreros, Paseos de Taxqueña, Campestre Churubusco, Prado Churubusco, Educación, Avante, Santa Úrsula Coapa, Santo Domingo, Ajusco Insurgentes Cuiculco, San Francisco Cuhuacán.

Sus principales vialidades son: Calzada de Tlalpan, Miguel Ángel de Quevedo, Periférico Sur Calzada de las Bombas, las avenidas Taxqueña, Cafetales, División del Norte, Universidad, Aztecas, Del Imán, Copilco, Escuela Naval Militar, Canal de Miramontes y Calzada de la Viga. Dentro de su territorio cruzan dos líneas del Metro la dos y la tres.

El 57.46 por ciento del uso de suelo en Coyoacán es habitacional, 19.26 por ciento corresponde a espacios libres, 13.14 por ciento es la Ciudad Universitaria, el 3.11 por ciento es de usos mixtos y existen 160 mil 611 viviendas. Además, hay 544 escuelas (particulares, federales y autónomas).

Las autoridades de la delegación han determinado concentrarse, entre otros, en tres objetivos principales para el desarrollo y bienestar de la población coyoacanense: dotar de las condiciones necesarias para el desarrollo social a través de acciones tendientes al desarrollo comunitario, principalmente a los jóvenes; mejorar la infraestructura, con acciones de ampliación y mantenimiento a inmuebles educativos, el rescate del centro histórico de Coyoacán, así como la rehabilitación de deportivos; y finalmente, la protección civil, mediante programas de prevención y atención de emergencia para las colonias con el fin de coadyuvar en la seguridad de los habitantes.

Con el fin de redundar en el impacto de esos tres objetivos, proponemos a esta asamblea asignar en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2009 un total de 179 millones de pesos para la delegación Coyoacán, de los cuales se propone ejercer 89 millones en un programa social para la atención de los jóvenes; 68 millones para la mejora de la infraestructura urbana, específicamente de planteles educativos, rehabilitación de espacios deportivos y rescate del centro histórico de Coyoacán, y 22 millones para protección civil, específicamente para programas de prevención y atención de emergencias.

Con base en lo expuesto, se propone el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se determina se asigne en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2009, recursos por la cantidad de 179 millones de pesos para la delegación Coyoacán, con el fin de que se destinen 89 millones de pesos a desarrollo social; 68 millones de pesos a infraestructura y 22 millones de pesos para protección civil.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de noviembre de 2008.

Diputado Gerardo Villanueva Albarrán (rúbrica)
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LOS TITULARES DE LA SEMARNAT Y DEL INAH A CONDUCIR ESTUDIOS PARA DECLARAR ÁREA NATURAL PROTEGIDA Y ZONA DE MONUMENTOS ARQUEOLÓGICOS LA LAGUNA BIAHUI DO, EN OAXACA, A CARGO DEL DIPUTADO HUMBERTO LÓPEZ LENA CRUZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE CONVERGENCIA

El suscrito, Humberto López Lena Cruz, diputado federal de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados y en su calidad de integrante de la Comisión del Medio Ambiente, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicita al Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados que formule un exhorto a los titulares de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales así como al del Instituto Nacional de Antropología e Historia a efecto de que sea declarada la laguna Biahui Do, de la ciudad de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, como zona federal de reserva arqueológica y ecológica, debido a que las autoridades estatales y municipales de dicha entidad no han garantizado la restauración y preservación del equilibrio ecológico en esta zona.

Consideraciones

El artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su párrafo cuarto, establece el derecho que tenemos todos los mexicanos a un medio ambiente adecuado para nuestro desarrollo y bienestar. Es decir, ese no es un simple derecho, si no al incluirse dentro del artículo 4 constitucional se convierte en una garantía individual de todos los mexicanos.

Asimismo, en el artículo 1, fracción IV, de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, se establece que la presente ley sienta las bases para la preservación y protección de la biodiversidad, así como el establecimiento y administración de las áreas naturales protegidas

Entendiéndose como áreas naturales protegidas las que establece el artículo 44 de la Ley General del Equilibrio Ecológico, como aquellas zonas del territorio nacional y aquéllas sobre las que la nación ejerce soberanía y jurisdicción, en las que los ambientes originales no han sido significativamente alterados por la actividad del ser humano, o que requieren ser preservadas y restauradas, quedarán sujetas al régimen previsto en esa ley y los demás ordenamientos aplicables.

Considerándose a los monumentos naturales como una de las áreas naturales protegidas que marca el artículo 46, fracción IV, del mismo ordenamiento. El cual se describe de la siguiente manera:

Monumento natural es un elemento natural de singular valor paisajístico, geológico, histórico o de otro tipo (incluso valor simbólico), desde un árbol centenario hasta un bosque, una cueva, una isla, etcétera y cuya conservación aconseja un tipo de protección especial, ya que normalmente se encuentran fuera de un entorno susceptible de tener una protección superior.

Es por tal motivo esta propuesta que tiene como finalidad que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales haciendo uso de sus facultades que tienen, con fundamento el artículo 5, fracción III, de su Reglamento Interno, declare como monumento natural a La laguna Biahui do, que en zapoteco quiere decir Biahui: zapote do: sagrado.

Dicha laguna, la cual cuenta con una extensión territorial invadida actualmente en su mayoría, fue denominada de esa manera debido a que en su época de esplendor natural era un lugar en el que existían una gran cantidad de árboles de zapote; así también, podía hallarse una gran diversidad de flora y fauna; en lo que respecta a fauna podían encontrarse especies de tortugas y mojarras; de aves dependiendo de la época podían verse garzas, alcaravanes (en zapoteco, bere lele), patos, tortolitas, etcétera.

En lo que respecta a la flora, en dicha laguna se dan dos tipos de plantas características de la región del Istmo denominadas ztagabe′ñe y mudubinas, conocidas por los pobladores como la flor macho y hembra, respectivamente.

La ztagabe′ñe′, conocida actualmente como flor de loto, extraída de dicha laguna en la cual tuvieron sus primeros asentamientos los zapotecas y en la que aún es posible encontrar vestigios; es la flor que siempre ha acompañado a los campesinos y que tradicionalmente se convierte collares moldeados de manera artesanal que dan frescura para adornar los cuellos en símbolo de paz.

La laguna a través de los años ha ido perdiendo toda esa belleza natural, debido a que las autoridades municipales la han dejado abandonada, hasta el punto de usarla como basurero, y no han tenido la sensibilidad de proyectar programas que sirvan al rescate de la misma.

Asimismo, la extensión territorial que delimita la laguna ha sido invadida por grupos de particulares y políticos que por su ambición de apoderarse de terrenos, dejaron de un lado, lo valioso que era la laguna, al asentarse en dicho territorio las familias han ido contaminando todo el ecosistema del lugar, como el agua de la laguna, por los residuos sólidos y líquidos que utilizan en desarrollo de su vida diaria; y poco a poco han ido acabando con la poca flora y fauna, que actualmente podemos encontrar.

Estudios realizados por la Delegación Estatal del Instituto Nacional de Antropología e Historia demuestran que a lo largo de esta extensión territorial la cultura zapoteca estableció asentamientos, ya que al estar a la orilla de una laguna, podían encontrar los medios adecuados para subsistir.

También pueden encontrarse enterrados los vestigios de la comunidad más importante de la población istmeña del periodo preclásico. Es el mayor de los sitios del istmo oaxaqueño, que muestra una ocupación continua aproximadamente desde 1300 a.C. hasta d.C.

Esto lo sitúa a la altura de sitios fundamentales para la historia oaxaqueña y mesoamericana. Los antiguos habitantes de la Laguna Biahuido′ son los antepasados de los juchitecos. Los pobladores de Juchitán, a través de los años han encontrado vestigios de fauna del periodo 1500-1100 a.C., como son: venado cola blanca, armadillo, iguana, ratas y varios tipos de pájaros, peces (bagre, guachinango, tiburón; así como cerámica, entre las que destacan vasijas, botellones, ollas y tecomates).

Por tales motivos, es prioridad que esta zona a su vez sea declarada como monumento arquitectónico, esto con fundamento en el artículo 28 de la Ley Federal de Monumentos y Zonas Arqueológicas, el cual claramente establece que son monumentos arqueológicos los bienes muebles e inmuebles, producto de culturas anteriores al establecimiento de la hispánica en el territorio nacional, así como los restos humanos, de la flora y de la fauna, relacionados con esas culturas.

Aunado a lo establecido por el artículo 28 Bis de la misma ley en el cual se refiere que las disposiciones sobre monumentos y zonas arqueológicos serán aplicables a los vestigios o restos fósiles de seres orgánicos que habitaron el territorio nacional en épocas pretéritas y cuya investigación, conservación, restauración, recuperación o utilización revistan interés paleontológico, circunstancia que deberá consignarse en la respectiva declaratoria que expedirá el presidente de la República.

Por todo lo anteriormente señalado y en atención de que hasta la fecha no ha habido la disposición de las autoridades estatales y municipales, de preservar y restaurar dicha zona que cuenta con una extensión de 20 hectáreas, se hace necesario que los titulares de la Semarnat y del INAH, realicen los estudios correspondientes, para que mediante declaratoria que expida el titular del Ejecutivo federal, se eleve la zona de la laguna como área natural protegida y zona arqueológica; y de ésta manera lograr el rescate de una zona cultural y natural que por años ha servido como lugar representativo de la región del Istmo de Oaxaca, pero que no se le ha dado el rango correspondiente para su preservación y restauración, por el desconocimiento y la falta de interés de las autoridades estatales y municipales.

Por lo expuesto, me permito someter a consideración de esta honorable asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se realice una respetuosa exhortación a los titulares de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales y del Instituto Nacional de Antropología e Historia para que se realicen el análisis y el estudio correspondientes, con la finalidad de que la laguna Biahui Do sea declarada como área natural protegida y zona de monumentos arqueológicos, con la finalidad de preservar y restaurar dicha zona, representativa de la región del istmo de Oaxaca.

Diputado Humberto López Lena Cruz (rúbrica)
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE SOLICITA A LA PGR QUE INFORME A ESTA SOBERANÍA RESPECTO AL AMPARO INTERPUESTO POR ESA DEPENDENCIA PARA NO ATENDER LA SOLICITUD DEL IFAI SOBRE EL CASO DE MANUEL CARLOS MOURIÑO ATANES, A CARGO DE LA DIPUTADA ELSA DE GUADALUPE CONDE RODRÍGUEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE ALTERNATIVA

La suscrita integrante del Grupo Parlamentario de Alternativa Socialdemócrata de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes:

Consideraciones

La Procuraduría General de la República, promovió un juicio de amparo para mantener en secreto la respuesta del gobierno de España sobre la supuesta participación de Manuel Carlos Mouriño Atanes, padre del actual secretario de Gobernación, en operaciones con recursos de procedencia ilícita.

El juicio de amparo interpuesto por Adrián Franco Zebada, coordinador de Asuntos Internacionales de la Subprocuraduría Jurídica de la Procuraduría General de la República, ante la juez cuarta de Distrito en materia administrativa en el Distrito Federal, María Guadalupe Rivera González, tuvo como objetivo negar los documentos oficiales referidos al Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI). A pesar de que la Ley Federal de Transparencia en su artículo 17 obliga a todas las dependencias y entidades federales abrir sus archivos a los comisionados del IFAI para que éstos verifiquen si es válida o no la clasificación de documentos.

El Instituto Federal de Acceso a la Información, al solicitarle a la Procuraduría General de la República la documentación correspondiente para este caso, pretendía revisar los documentos entregados por España a Carlos Miguel López Torres, agregado de la PGR en Madrid, y que son parte de una averiguación contra el señor Manuel Carlos Mouriño Atanes.

Tras el análisis, el IFAI tenía que determinar si reservaba la información u ordenaba su difusión, tal y como lo establece la Ley de Transparencia.

La Procuraduría General de la República negó en dos ocasiones presentar la información al Instituto y después promovió el juicio de amparo para evitar la revisión de los documentos. En un principio la argumentación dada por parte de la Procuraduría, fue que dicha documentación era de carácter confidencial y darla a conocer podría poner en riesgo las relaciones diplomáticas con España, ya que este país había solicitado su secrecía. Sin embargo, no pudo comprobar ni acreditar las razones que motivaron la clasificación de la indagatoria que involucra al padre del secretario de Gobernación.

La Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Federal en su artículo 15 establece que la información clasificada como reservada según los artículos 13 y 14, podrá permanecer con tal carácter hasta por un periodo de doce años. Esta información podrá ser desclasificada cuando se extingan las causas que dieron origen a su clasificación o cuando haya transcurrido el periodo de reserva. Pero también establece en su artículo 17 que, en todo momento, el Instituto tendrá acceso a la información reservada o confidencial para determinar su debida clasificación, desclasificación o la procedencia de otorgar su acceso.

Con este proceder la Procuraduría General de la República no solo violentó el marco jurídico actual sino que manifestó una falta de respeto y confianza a las instituciones públicas, en caso específico hacia el Instituto Federal de Acceso a la Información.

Esta estrategia dilatoria puso en una encrucijada jurídica al Instituto, que se vio imposibilitado a dictaminar en tiempo y forma el recurso 2832/08 interpuesto por un ciudadano.

Sin embargo la postura del consejero Juan Pablo Guerrero, ponente del caso era revocar la clasificación como reserva y ordenar a la Procuraduría la entrega de una versión pública del documento que el gobierno de España giró a esa dependencia, la cual será revisada por el IFAI conforme a las facultades que les otorga el artículo 17 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubrenamental.

Cabe mencionar que ante la presión pública y el enojo manifestado por los comisionados, Alonso Lujambio, Alonso Gómez Robledo, Juan Pablo Guerrero, María Marván y Jacqueline Peschard, el procurador general de la República, Eduardo Medina Mora reconsideró su postura al asegurar que ya tiene autorización de España para hacerlo y ofreció el día 30 de octubre de 2008, entregar al Instituto la documentación requerida por un ciudadano sobre este asunto.

El procurador agregó que se desistirá del amparo interpuesto ante el juzgado cuarto en materia administrativa del Distrito Federal y anticipó que no existen elementos constitutivos del delito de lavado de dinero de Manuel Mouriño Atanes y de sus empresas.

No hay que olvidar que el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública es un órgano de la administración pública federal, con autonomía operativa, presupuestaria y de decisión, encargado de promover y difundir el ejercicio del derecho de acceso a la información; resolver sobre la negativa a las solicitudes de acceso a la información y proteger los datos personales en poder de las dependencias y entidades.

Por la función tan importante que desempeña, esta Institución debe ser respetada al igual que todas y cada una de las dependencias de gobierno, y no es posible que ningún funcionario público del nivel que sea violente a dicho Instituto ni la legalidad que nos hemos dado en la materia.

Además hay que destacar lo dicho por el doctor en derecho y filósofo argentino, Ernesto Garzón Valdés, quien ha manifestado que "en los estados democráticos toda violación o apartamiento del principio de publicidad tiene que ser justificado". "En un estado de derecho democrático todo ciudadano debe tener acceso a la información que le permita ejercer el derecho de control como elector del gobierno."

Debemos respetar a las instituciones, fortalecer la transparencia en un ambiente de confianza, seguridad y franqueza entre el gobierno y la sociedad, de tal forma que las responsabilidades, procedimientos y reglas establecidas informen con claridad y apertura.

Como Poder Legislativo no podemos hacernos cómplices de estas violaciones a la ley y a las instituciones públicas. Tenemos un papel que cumplir con la ciudadanía. Apoyemos a los ciudadanos sensibles, responsables y participativos, para que conozcan sus derechos y obligaciones, ya que esto, colabora en el fomento a la integridad y combate a la corrupción.

Por lo antes expuesto, y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta soberanía el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. Por el que se solicita a la Procuraduría General de la República informe a la Cámara de Diputados, sobre el amparo interpuesto por esa dependencia para no atender la solicitud del Instituto Federal de Acceso a la Información, sobre el caso de Manuel Carlos Mouriño Atanes.

Ciudad de México a 4 de noviembre de 2008.

Diputada Elsa de Guadalupe Conde Rodríguez (rúbrica)
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE QUE EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN DE 2009 SE CONSIDEREN RECURSOS DESTINADOS A TARIFAS ELÉCTRICAS DE ESTÍMULO PARA EL SECTOR AGRARIO, A CARGO DEL DIPUTADO FRANCISCO JAVIER MURILLO FLORES, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN

El que suscribe, Francisco Javier Murillo Flores, diputado federal de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo con base en las siguientes:

Consideraciones

Debido a una situación por demás extensa y precaria, originada entre muchas cosas por la firma e incorporación de México al Tratado de Libre Comercio de Norteamérica, un número importante de agro productores guanajuatenses se han visto en la necesidad de suspender el pago de la energía eléctrica que consumen en las unidades de producción que trabajan, ocasionando con esto que se acumulen adeudos por demás fuertes y considerables para con la Comisión Federal de Electricidad (CFE), y por consecuencia la paraestatal reaccione realizando cortes de energía en los pozos agrícolas, a lo cual los productores se han opuesto de diversas maneras, sobre todo por medio de una resistencia civil la cual han mantenido durante ocho años.

Que lo anterior ha originado enfrentamientos, demandas, manifestaciones y ha motivado que los agricultores se acerquen a las instituciones gubernamentales a fin de buscar una solución a esta problemática.

Que no se desconoce el hecho de que con la Ley de Energía para el Campo se generaron un conjunto de expectativas y certidumbre para los agricultores, sin embargo el máximo tribunal de este país no ha resuelto una controversia constitucional en esta materia.

Que los productores guanajuatenses optaron por seguir en la suspensión de pagos ante la CFE hasta que se les otorguen tarifas preferenciales y de estimulo para producir en sus parcelas, tal y como lo dispone el ordenamiento jurídico de la materia.

Que los productores ante el incremento desproporcionado de las tarifas eléctricas orillados a declararse en suspensión de pagos de dichas tarifas ante la CFE.

Que lo antes señalado, ha ocasionado que se tengan adeudos elevados e impagables en muchos casos, al grado de que en algunos de ellos el adeudo supera el valor comercial de los ranchos que presentan esta problemática.

Que no dejamos de señalar que en el 2003 se logró, por parte de esta soberanía, presupuestar un recurso económico importante para poder hacer un rescate parcial de adeudos; sin embargo, por las condiciones económicas de los productores y la normatividad que aplicó para que accedieran a estos recursos, prácticamente no se opero ningún porcentaje del mismo.

Que con los aumentos paulatinos a los energéticos (diesel, fertilizantes, gasolinas, gas, entre otros), cada vez es más difícil que los productores realicen las inversiones necesarias para producir los alimentos que el país necesita.

Que con el paso del tiempo y de acuerdo a números de la propia paraestatal el problema cada vez se agrava más.

Que el último intento de rescate parcial de adeudos fue un rotundo fracaso en Guanajuato, por los requisitos que les impusieron a los agricultores para ser beneficiados.

Que es necesario eliminar los adeudos que tienen los agricultores para con la paraestatal, con la finalidad de que se suspendan los cortes y evitar, además de que se pueda detener la producción, así como algún enfrentamiento de consecuencias no deseables.

Que por las condiciones actuales del mundo y del país, la producción de alimentos debe de ser considerada como de seguridad nacional.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta soberanía el siguiente:

Punto de Acuerdo

Primero. Que en el ámbito de la colaboración entre poderes de la unión, respetuosamente se exhorta al Ejecutivo federal a que por medio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, a que dentro del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del 2009 se establezca:

Tercero. Se solicita a las comisiones de agricultura de ambas cámaras del Congreso de la Unión, que emitan una opinión sobre el particular, y propicien un acercamiento con las autoridades correspondientes, a fin de colaborar en la solución del problema, referente al costo de las tarifas eléctricas agropecuarias.

Cuarto. Con pleno respeto a la soberanía de los estados de Guanajuato, Chihuahua y Zacatecas, se exhorta a los gobernadores de dichas entidades federativas, a que a través de sus buenos oficios coadyuven en la solución relativa al costo de las tarifas eléctricas del sector agropecuario.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de noviembre de 2008.

Diputado Francisco Javier Murillo Flores (rúbrica)
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE QUE EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN DE 2009 SE CONSIDEREN RECURSOS PARA LAS DELEGACIONES SEDE DE INMUEBLES FEDERALES EN EL DISTRITO FEDERAL, A CARGO DEL DIPUTADO GERARDO VILLANUEVA ALBARRÁN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD

El suscrito, Gerardo Villanueva Albarrán, diputado federal a la LX Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, pone a consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo por el que se determina asignar recursos federales a las delegaciones sede de inmuebles federales en el Distrito Federal, al tenor de los siguientes antecedentes y consideraciones:

Antecedentes

1. Con fecha 18 de diciembre de 2006, la Junta de Coordinación Política presentó a consideración del Pleno de esta Cámara de Diputados acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal y al Gobierno del Distrito Federal a proyectar un incremento en el Presupuesto de Egresos de la Federación y del Distrito Federal, respectivamente, para el ejercicio fiscal de 2007.

Dicho documento proponía los siguientes puntos de acuerdo:

1. Dado que la Cámara de Diputados resolvió asignar un monto de 250 millones de pesos en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2008 para infraestructura "en la Demarcación Territorial donde se asientan los poderes Legislativo y Judicial" —como se señala en el punto 2 de los antecedentes de esta proposición—, el artículo quinto transitorio del Presupuesto de Egresos del Distrito Federal aprobado por la Asamblea Legislativa especificó dicho presupuesto para la demarcación territorial Delegación Venustiano Carranza —como se transcribe en el punto tres de los antecedentes señalados.

De acuerdo con el listado de inmuebles federales ubicados en el Distrito Federal, en la delegación Venustiano Carranza se encuentran tres inmuebles pertenecientes a los poderes Legislativo y Judicial:

De acuerdo con este registro, la extensión de los dos inmuebles señalados en los que podrían considerarse "se asientan los poderes Legislativo y Judicial" corresponde a 162,741 metros cuadrados.

En consecuencia, la partida de 250 millones de pesos asignada en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2008, para infraestructura "en la Demarcación Territorial donde se asientan los poderes Legislativo y Judicial" significó una aportación de 1,536 pesos por metro cuadrado a la delegación Venustiano Carranza del Distrito Federal.

2. La asignación de recursos dispuesta en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2008 para gasto en infraestructura para una sola demarcación territorial fue arbitraria e inequitativa, si se observa, como se desprende del listado de 2 mil 445 inmuebles inscritos en el Registro Público de la Propiedad Federal, situados en el Distrito Federal, que:

3. Si bien no es posible que la federación aporte mil 536 pesos por metro cuadrado a cada una de las delegaciones del Distrito Federal, de acuerdo con la extensión que en ellas ocupan sus inmuebles, no existe justificación alguna para que se haya dejado fuera de la asignación de presupuesto a la delegación sede del Palacio Nacional, principal sede del Poder Ejecutivo Federal.

4. Es deseable, además, que se genere un criterio equitativo para una aportación presupuestal permanente a las delegaciones y municipios en los que residen inmuebles federales.

Con base en los antecedentes y consideraciones expuestos, someto a consideración de esta asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. Se determina asignar en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2009 recursos por la cantidad de 92 millones 286 mil 290 pesos por concepto de infraestructura a la delegación Cuauhtémoc del Distrito Federal, sede del Palacio Nacional, principal asiento del Poder Ejecutivo federal.

Segundo. Se determina incluir en el Presupuesto de Egresos de la Federación una norma que regule una asignación permanente de la Federación por metro cuadrado que los inmuebles federales ocupen en los municipios, para apoyar la infraestructura urbana en las comunidades circundantes.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de noviembre de 2008.

Diputado Gerardo Villanueva Albarrán (rúbrica)
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE QUE EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN DE 2009 SE CONSIDEREN RECURSOS PARA EL PROGRAMA DE CONVIVENCIA URBANO-FERROVIARIA Y EL PROYECTO FERROVIARIO DE CELAYA, GUANAJUATO, A CARGO DE LA DIPUTADA RUBÍ LAURA LÓPEZ SILVA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN

La suscrita, diputada de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta asamblea proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Con el propósito de evitar bloqueos de servicios ferroviarios y mejorar la convivencia entre las ciudades y el ferrocarril, se implementó el Programa de convivencia urbana ferroviaria en las ciudades de mayor problemática en el país realizando obras que permitan una adecuada operación y desarrollo del sistema ferroviario mexicano sin afectar a las poblaciones.

El Programa de convivencia urbano-ferroviaria, se efectúa a través de la suscripción de convenios de coordinación y reasignación de recursos, entre la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, el gobierno de la entidad federativa y municipio así como del concesionario ferroviario; aportando cada uno de ellos el 25 por ciento del monto total de la obra ha desarrollar. Las obras representan soluciones a la problemática vial, diseñadas conjuntamente con todos los órdenes de gobierno.

Por medio de éste programa se ha beneficiado por lo menos a 23 ciudades de 11 estados del país donde se han desarrollado 31 proyectos, principalmente en las ciudades de mayor circulación ferroviaria y crecimiento democrático, realizándose obras que permiten una ordenada operación y desarrollo del sistema ferroviario mexicano beneficiando directamente a las poblaciones.

Según cifras de la Dirección General de Tarifas, Transporte Ferroviario y Multimodal en la república mexicana existen 26 mil 662 kilómetros de longitud de vías férreas, de éstas muchas ramificaciones están ubicadas en zonas de alto crecimiento demográfico las cuales se han conversado en zonas urbanas, las cuales requieren de obra pública que permita la utilización más idónea de las áreas por las que circula el ferrocarril, principalmente aquellas que tienen concurrencia con tramos de avenidas que son altamente transitables por automóviles.

En muchas ocasiones se ha tenido conocimiento de hechos fatales con pérdidas humanas ,en los que participa el ferrocarril y unidades automotrices debido a la falta de vías alternas para la circulación, ya que por las que se circula se encuentran obstruidas por el paso del ferrocarril lo que ocasiona para el peatón pérdida de tiempo, y conflictos entre trabajador y patrón en empresas con tiempos definidos para ingresar a laborar; aunado a la molestia e inseguridad que causa el abandono de las mismas, las cuales se convierten en guarida de mal vivientes, por lo que en muchas zonas sufren de robos y percances, lo anterior resultado de la falta de obras de infraestructura ferroviaria y de la adaptación correcta de este tipo de programas.

Sin embargo, no podemos negar los avances alcanzados, observamos que durante el año 2002 se celebraron seis convenios con las ciudades de: Ramos Arizpe, Saltillo y Torreón, Coahuila, Aguascalientes, Gómez Palacio, Durango, y Celaya, Guanajuato. Además se realizó la construcción de pasos a desnivel en la intersección de vialidades con vías férreas, reubicación y construcción de dos patios de maniobras ferroviarias y construcción de un colector pluvial con un monto total de inversión de 294 millones de pesos.

En el 2003 se celebraron dos convenios con las ciudades de Matamoros, Tamaulipas, e Irapuato, Guanajuato, los cuales comprendieron la construcción de dos pasos a desnivel con un monto de inversión total de 98.8 millones de pesos.

Para el 2004, se llevaron a cabo cuatro convenios con las ciudades de Sabinas, Coahuila, Morelia, Michoacán, Manzanillo, Colima, y Nogales, Sononora. Lo que comprendió la construcción de cuatro pasos a desnivel y el acondicionamiento de dos cruces peatonales, con una inversión de 129.6 millones de pesos.

Por los beneficios que ha otorgado el Programa de convivencia urbano-ferroviaria, dentro del Plan Nacional de Infraestructura 2007-2012 se contempla la construcción de mil 418 kilómetros de vías férreas; la edificación de 64 pasos a desnivel; la señalización de 240 pasos a nivel y 256 cruces, así como el desarrollo de tres libramientos y cuatro cruces ferroviarios fronterizos con sus libramientos.

Para el presupuesto 2008, se otorgo para el Programa de convivencia urbano-ferroviaria 100 millones de pesos, con el mismo monto para el 2009 el cual evidentemente no es suficiente para los múltiples proyectos en todo nuestro país.

La convivencia entre el tren y las grandes ciudades, específicamente la de las zonas metropolitanas, es una solución que funciona, ya que este medio de transporte es un factor de desarrollo económico.

Si bien es cierto, en los últimos años el sistema ferroviario mexicano de carga ha logrado una mejora en sus servicios, el verdadero reto consiste en la construcción de libramientos urbanos que permitan hacer más llevadera la convivencia entre el ferrocarril y las zonas urbanas.

El grave problema del reiterado tránsito ferroviario a través de numerosas colonias de la ciudad, con los consecuentes congestionamientos vehiculares y eventuales trágicos accidentes.

El plan incluye pasos a desnivel en la intersección de vialidades con vías, acondicionamiento de cruces peatonales y otras obras a realizar ya que son obras que requiere el país y necesitan de financiamiento del gobierno, particularmente del federal. La infraestructura ferroviaria es y seguirá siendo del Estado, y la construcción de vías férreas está definida en la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario de utilidad pública.

El proyecto es viable y traerá un impacto regional, por lo que solicito recursos para que Celaya pueda ser incluida de nueva cuenta dentro del programa de Convivencia urbana-ferroviaria, mediante el cual se estarían sacando las vías del tren y el patio de maniobras de la ciudad.

Por lo anteriormente expuesto someto a la consideración de esta soberanía el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. A fin de que en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2009 se considere que los recursos del Programa de convivencia urbano-ferroviaria sean considerados para todos los estados de la república que manifiesten líneas ferroviarias y/ o en su caso, asignar una partida para el proyecto ferroviario del municipio de Celaya, Guanajuato.

Diputada Rubí Laura López Silva (rúbrica)
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE QUE EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN DE 2009 SE DESTINEN RECURSOS AL PROYECTO DE APOYO EXTRAORDINARIO PARA EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE ZACATECAS, A CARGO DEL DIPUTADO FRANCISCO JAVIER CALZADA VÁZQUEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD

El suscrito, diputado Francisco Javier Calzada Vázquez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía la proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El Instituto Tecnológico de Zacatecas, desde su creación el 4 de octubre de 1976, se ha consolidado como la principal institución de educación superior tecnológica de Zacatecas. Actualmente atiende a 2 mil 840 alumnos de licenciatura y 32 de posgrado, en un total de 9 programas profesionales que están a cargo de 170 profesores.

La demanda creciente de la población zacatecana para una educación superior de mayor calidad obliga a invertir en un programa de crecimiento que permita a esta institución crecer a por lo menos 5 mil estudiantes y ampliar la oferta educativa a 14 programas de licenciatura, 5 de posgrado y 2 de doctorado, según lo establece el plan de desarrollo institucional elaborado por la Dirección General de Educación Superior Tecnológica.

Este proyecto es coherente con lo establecido el Plan Nacional de Desarrollo para el sector educativo de nivel superior (2007-1012) que dice

Objetivo

Ampliar la cobertura, favorecer la equidad y mejorar la calidad y pertinencia de la educación superior.

Estrategias

Es necesario destacar que Zacatecas requiere apoyos adicionales en educación superior, puesto que de cada 100 jóvenes de entre 20 y 24 años sólo el 12.5 por ciento asisten a la escuela, mientras que a nivel nacional asisten 17.7 por ciento (fuente, INEG).

Es decir, estamos muy abajo del promedio nacional y resulta urgente realizar un esfuerzo extraordinario para acabar con este rezago.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta respetuosamente a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, y de Educación y Servicios Educativos a incluir en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2009 el proyecto de apoyo extraordinario para el Instituto Tecnológico de Zacatecas por 36 millones 77 mil 500 pesos.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de noviembre de 2008.

Diputado Francisco Javier Calzada Vázquez (rúbrica)
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE QUE EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN DE 2009 SE CONSIDEREN RECURSOS PARA EL PROYECTO DE LIBRAMIENTO FERROVIARIO DE CELAYA, GUANAJUATO, A CARGO DE LA DIPUTADA RUBÍ LAURA LÓPEZ SILVA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN

La suscrita, diputada de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta asamblea proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Hoy en día la existencia de una infraestructura y medios de transportes suficientes, modernos y seguros que faciliten el intercambio y el consumo de bienes y servicios, constituyen un elemento fundamental para la competitividad del país.

Si bien es cierto, nuestro país cuenta con infraestructura de transporte diversa compuesta por carreteras y caminos rurales, vías férreas, marítimas y aéreas, sin embargo el ritmo de crecimiento de las inversiones tanto públicas como privadas han sido insuficientes para satisfacer las necesidades de transporte y comunicaciones de la población.

En este sentido, la estrategia del gobierno federal consiste en ampliar la cobertura de los transportes en todas sus modalidades, modernizar la infraestructura existente y proporcionar servicios confiables y de calidad para toda la población.

De manera complementaria, se busca impulsar el desarrollo ferrovial a fin de brindar alternativas para la movilización tanto de la carga comercial como del libre tránsito, de forma que este sistema ferrovial reduzca los costos logísticos fomentando la competitividad.

En el Programa Nacional de Infraestructura 2007-2012 se establecieron para cada uno de los modos de transporte diversas estrategias; entre ellas, dar atención especial a la construcción de libramientos y accesos para facilitar la continuidad del flujo vehicular, mejorando el estado físico de la infraestructura carretera, a fin de reducir el índice de accidentes.

Aunado a lo anterior, se debe considerar ampliar, remodelar y, en su caso, ahondar en el sistema ferroviario, promoviendo una estructura de red que mejore su conectividad; de este modo se estaría atendiendo los problemas de interconexión ferroviaria en las zonas metropolitanas logrando mejorar la convivencia del ferrocarril con la población.

Al desarrollar la infraestructura ferroviaria, especialmente, la capacidad de manejo, así como el desarrollo de terminales como parte de un sistema integrado de transporte multimodal, se lograría reducir los costos logísticos para las empresas y a la vez se fomenta la competitividad para los municipios, ofreciendo un mejor servicio acorde con estándares internacionales.

La opción más viable para solucionar la problemática que genera el ferrocarril dentro del municipio de Celaya es la construcción de un libramiento ferroviario que podría rodear la ciudad, impidiendo el ingreso de los trenes de paso al centro del municipio.

Entre los costos externos que inhiben la operación del tren se encuentra el arrollamiento con consecuencias lamentables, como es la pérdida de un miembro o hasta la muerte, accidentes automovilísticos en los cruces, la basura e invasiones al derecho de vía, así como robo y vandalismo. Además, existen decenas de cruces irregulares, caminos que se improvisaron para cruzar las vías del tren y que representan un riesgo tanto para la población como para la empresa ferroviaria.

Preocupaciones también de los ciudadanos, es el paso de carros-tanque que transportan sustancias tóxicas como combustóleos, los cuales se quedan varados por horas.

Sin embargo, los beneficios son potencialmente altos con el incremento en la seguridad del tránsito de trenes y automotores, agilización del tráfico ferroviario y vial, contribución al reordenamiento urbano, y mejora de las condiciones de la convivencia urbano ferroviaria. El impacto social de dicha obra sería relevante ya que permitiría la comunicación más rápida de las zonas habitacionales, escolares, así como industriales.

El proyecto ejecutivo para establecer un libramiento ferroviario en toda la zona de Celaya, reitero, es de gran relevancia. Este proyecto ferroviario, es un proyecto importante en términos de los montos de inversión.

Celaya, es de las pocas metrópolis que tiene la confluencia de empresas de ferrocarril (Ferromex y Kansas City), lo que le da una ventaja competitiva muy importante a escala nacional.

El libramiento ferroviario debería ser una realidad, así como el de poder contar con una terminal multimodal y un nuevo patio de maniobras. Con lo anterior, las dos empresas ferroviarias contarían con un patio de maniobras, el cual daría servicio a las empresas instaladas, logrando a la vez la atracción de inversiones que buscan generar empleo para la región especialmente para el municipio de Celaya.

Dicha obra vendrían a darle una consistencia al municipio de Celaya como un municipio innovador, como un municipio con competitividad y conectividad, como un municipio idóneo para recibir la inversión local, nacional e internacional. Municipio generador de empleos, ya que de acuerdo con el índice elaborado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Celaya es mejor ciudad para vivir. Del 2000 al 2005, el ingreso per cápita de la población subió 12.65 por ciento.

Por lo anterior, es necesario establecer una estrategia que atenúe los efectos negativos que deja tras de sí el ferrocarril. Con la voluntad de todas las partes, se deben considerar convenios de coordinación de recursos entre el gobierno federal y el estatal, con la participación de gobiernos municipales y concesionarios.

Por lo anterior, buscamos soluciones integrales permanentes, tanto de corto como de largo plazo, con proyectos de relevantes en mejora de la población sin socavar las vías del ferrocarril.

Por lo anteriormente expuesto someto a la consideración de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. A fin de que en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2009, se consideren recursos para el proyecto libramiento ferroviario, terminal multimodal y cambio del patio de maniobras del municipio de Celaya, Guanajuato.

Diputada Rubí Laura López Silva (rúbrica)
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, RELATIVO A LAS REGLAS PARA EL OTORGAMIENTO DE CRÉDITOS DEL INFONAVIT, A CARGO DEL DIPUTADO NEFTALÍ GARZÓN CONTRERAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD

El suscrito, diputado integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a esta soberanía, con carácter de urgente y obvia resolución, la siguiente proposición con punto de acuerdo:

Consideraciones

En torno a los desmanes del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), he planteado la necesidad de que este instituto vuelva sobre los objetivos que le dieron vida y sirva de un verdadero apalancamiento social, que permita la proliferación de créditos baratos, para viviendas dignas a favor de los que más lo necesitan.

Con este motivo insistido en la necesidad de que se mantenga fijo el saldo y las amortizaciones a lo largo de la vida del crédito, que éste sólo se pague durante 20 años, que de ninguna manera se establezcan tasas variables de interés, entre otras.

Y bien, en lugar de que el Infonavit dé respuesta inmediata a estos justos requerimientos, y por tanto en clara reincidencia en su actitud de falta absoluta de sensibilidad y legalidad, que transforma a este Instituto en una descarnada máquina totalmente ajena al derecho social, el pasado 14 de agosto de los corrientes, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el "Acuerdo por el que se reforman y adicionan diversas reglas para el otorgamiento de créditos a los trabajadores derechohabientes del Infonavit", en cuya Regla Trigésima Bis, se señala que: "Si el trabajador acreditado no cuenta con los recursos suficientes para cubrir el pago de su crédito, el Instituto podrá otorgar crédito a otro derechohabiente, que se destinará a la amortización parcial o total del crédito del trabajador acreditado".

Por esa razón, dos trabajadores quedarán como copropietarios de una vivienda de 30 o 40 metros. Es decir, que en lugar de buscar los caminos para abaratar los créditos, el Infonavit opta por una inadmisible solución, hacer un bien inmueble copropiedad de dos familias, lo que equivale a que de golpe, las viviendas ya pequeñas, inhumanas e indignas que se obtienen con el financiamiento de este instituto se vean reducidas a la mitad, por lo que, grotescamente, en una misma recámara tendrán que cohabitar dos matrimonios, la micrococina se tendrá que dividir en dos, etcétera. O la pequeña vivienda deberá ser vendida de inmediato destruyendo el único patrimonio de estas familias.

Y hablamos de dos familias, quizás en el futuro se establezca la locura de una copropiedad múltiple.

No es difícil deducir que de esto se derivarán constantes pleitos vecinales y judiciales.

Este revoltijo jurídico, esta agresión a la dignidad de los trabajadores, sólo puede nacer en una mente enferma de menosprecio hacia el pueblo, de total esquizofrenia hacia la nación mexicana. De total lucro a costa de los más humildes. Va en contra de los artículos 123 constitucional, 2o. y 3o. de la Ley del Infonavit, preceptos que además de fijar el carácter social del Instituto, ordenan dar a cada trabajador un crédito suficiente para adquirir en propiedad, no en copropiedad, habitaciones "cómodas e higiénicas".

Esto no es ninguna solución, sino absoluta confesión de que el Infonavit ha llegado a un callejón sin salida, que exige medidas profundas que lleven necesariamente al abaratamiento de sus créditos, que son los más caros del mercado.

Por otro lado, se exige al Legislativo, adicionar un capítulo especial a la Ley del Infonavit, para de manera terminante, se pongan límites a los abusos del Consejo de Administración del Infonavit en materia de Reglas para el Otorgamiento de créditos. Cuyas disposiciones reglamentarias deberán ser expedidas por el Ejecutivo federal y no por el Infonavit, como lo mandata el artículo 89 de la Constitución federal.

Por todo lo expuesto y fundado, someto a la consideración de esta soberanía con el carácter de urgente y obvia resolución, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorte al Ejecutivo federal a intervenir de inmediato ante el Consejo de Administración del Infonavit, con objeto de que se derogue la Regla Trigésima Bis, publicada el pasado 14 de agosto de los corrientes en el Diario Oficial de la Federación como parte del "Acuerdo por el que se reforman y adicionan diversas reglas para el otorgamiento de créditos a los trabajadores derechohabientes del Infonavit", procediéndose a instrumentar las medidas necesarias para abaratar los créditos del Infonavit en cumplimiento de los fines de carácter social de esta Institución, en apego a la fracción XII, del Apartado A, del artículo 123 constitucional, igualmente de los artículo 2o. y 3o., de la Ley del Infonavit.

Transitorios

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de noviembre de 2008.

Diputado Neftalí Garzón Contreras (rúbrica)
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DE LA SAGARPA A DEFINIR UNA POLÍTICA QUE IMPULSE EL SISTEMA NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA PARA EL DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE, A CARGO DE LA DIPUTADA IRMA PIÑEYRO ARIAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE NUEVA ALIANZA

La suscrita, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, al tenor de las siguientes

Consideraciones

En México, la agricultura enfrenta grandes desafíos: con asimetrías muy marcadas; una agricultura empresarial, muy productiva con capacidad de exportación, ubicada en el norte del país, que sólo representa el 10 por ciento del total nacional; una agricultura intermedia, con un nivel de desarrollo incipiente que significa el 40 por ciento de la agricultura nacional; y en contraste el 50 por ciento, con grado de subsistencia, donde se ubican los altos niveles de marginación y rezago.

No hay avances para lograr la autosuficiencia alimentaria, disminuir la pobreza, la migración y avanzar en la solución de los problemas estructurales y superar el subdesarrollo, por lo que es indispensable contar con un Sistema Nacional de Investigación y Transferencia Tecnológica eficiente, que resuelva el problema de la falta de tecnología propia y su aprovechamiento para lograr el crecimiento, económico y desarrollo integral en el sector agropecuario.

Tenemos una gran dependencia del extranjero en cuanto a las innovaciones tecnológicas; el gobierno destina importantes recursos financieros para la importación de éstas.

De acuerdo a estudios realizados por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), México tiene muy baja tecnología de base.

En el país, se realizan estudios científicos, pero no se aplican en políticas públicas, por lo que se deben crear los mecanismos para que la investigación científica que se realiza para el campo se refleje en nuevas tecnologías que sean transferidas al sector rural.

Otro elemento a considerarse, es la insuficiente inversión que se destina para la ciencia y la tecnología, lo que representa el 0.4 por ciento del producto interno bruto, del que solamente el 6.7 por ciento se destina al sector agropecuario y pesquero.

Es urgente invertir más en ciencia y tecnología para la producción agrícola, y sobre todo contar con un Sistema Nacional de Investigación y Transferencia Tecnológica que sea eficiente, con prioridad para la atención a regiones que tienen mayor rezago, y vincule permanentemente y de manera eficaz a los centros de investigación con el sector agropecuario; con estas acciones el país podrá tener mayores posibilidades de avanzar en su desarrollo.

Los países desarrollados invierten grandes recursos en la ciencia y aplican el desarrollo tecnológico en la producción agrícola entre otros elementos, lo que se refleja en la productividad, calidad y competitividad de sus productos. La producción nacional del maíz por hectárea en México es de 2.5 toneladas, Estados Unidos logra 8.4 y Canadá 7.2; en lo relativo al frijol es de 635 kilogramos por hectárea, contra mil 859 en Estados Unidos y mil 822 en Canadá; las diferencias son abismales. Esta situación nos obliga a importar aproximadamente 10 millones de toneladas de maíz al año, cifra que representa la tercera parte de lo que se consume en el país.

En este contexto, el sector agropecuario mexicano aporta solamente 5.4 pesos de cada 100 generados en la economía del país y seis de cada 100 productores son considerados competitivos.

La investigación agrícola para el desarrollo de nuevas tecnologías debe estar enfocada a incrementar la productividad; ubicada en una definición de políticas públicas con carácter regional, reconociendo las asimetrías y con variedades de cultivos y procesos de producción característicos de cada región.

En México aproximadamente el 25% de la población habita en el medio rural en una situación crítica, razón por la que la política de investigación y transferencia debe tener como objetivo principal mejorar las condiciones de vida de las familias campesinas, principalmente a las que integran comunidades indígenas, por tener una situación de mayor marginación y rezago. A nivel nacional son aproximadamente 20 millones de mexicanos con pobreza extrema.

El aumento de calidad y productividad propicia la competitividad y es una vía posible para lograr el crecimiento económico, lograr la independencia alimentaria y disminuir gradualmente la situación de pobreza y marginación.

El campo mexicano no tiene futuro, si no se incorporan los avances tecnológicos. Difícilmente se puede tener una agricultura competitiva con los sistemas tradicionales de producción agrícola.

Es urgente que el gobierno impulse el Sistema Nacional de Investigación y Transferencia de Tecnología para el Desarrollo Rural Sustentable, según lo establece el artículo 34 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.

Este sistema, esta facultado para proponer los lineamientos de política que permitan una estrategia permanente de innovación tecnológica para lograr y mantener la competitividad de las cadenas agroalimentarias y agroindustriales del país. Así como articular y vincular los instrumentos y recursos del gobierno federal en materia de investigación, innovación y transferencia de tecnología, con la participación y contribución de investigadores, instituciones de investigación y educación superior, organizaciones sociales, privadas y representativas de productores, y los gobiernos estatales y municipales, que hagan posible la innovación permanente de los sistemas producto del país.

Los objetivos del Sistema son, entre otros: el fortalecimiento de la vinculación y coordinación interinstitucional que permita ahorrar recursos y optimizar logros; definir políticas nacionales en materia de investigación y transferencia de tecnología y estrategias que aseguren la vanguardia del sistema, así como la definición de vínculos internacionales.

La transferencia de tecnología, debe considerarse como estratégica, prioritaria e indispensables para alcanzar un desarrollo integral y sustentable de los estados y municipios.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración del pleno de esta honorable Cámara de Diputados el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorta al titular de la Sagarpa a que impulse el Sistema Nacional de Investigación y Transferencia de Tecnología para el Desarrollo Rural Sustentable y a definir una política de planeación regional, para el sector agropecuario.

Segundo. Que las Comisiones técnicas estatales del Sistema Nacional de Investigación y Transferencias Tecnológicas para el Desarrollo Rural Sustentable, definan como prioritarias las regiones del país con mayor rezago tecnológico en la producción agropecuaria, en particular a las comunidades indígenas, por su condición de marginación y rezago ancestral. Asimismo, promuevan la vinculación permanente entre las entidades generadoras de tecnología y los productores en situación de rezago tecnológico.

Palacio Legislativo de San Lázaro, Cámara de Diputados, a 4 de noviembre del 2008.

Diputada Irma Piñeyro Arias (rúbrica)
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA SEP A ELIMINAR LOS PAGOS POR EXAMEN PARA ESTUDIANTES DEL SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA, A CARGO DEL DIPUTADO GERARDO VILLANUEVA ALBARRÁN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD

El suscrito, Gerardo Villanueva Albarrán, diputado federal a la LX Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, pone a consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Educación Pública a eliminar los pagos por examen a los estudiantes del subsistema de preparatoria abierta, al tenor de las siguientes

Consideraciones

1. De acuerdo con la Secretaría de Educación Pública, en el sistema educativo mexicano, en la educación media superior se registra la menor eficiencia terminal, actualmente, de 60%.¹

El abandono escolar se debe fundamentalmente a la "falta de interés-pertenencia y a motivos económicos".²

Existe un claro problema de equidad en el acceso a la educación media superior. A menor ingreso, hay menor capacidad de acceder al servicio educativo.³

2. El sistema de preparatoria abierta está dirigido a personas que han tenido que priorizar actividades de subsistencia por encima de la educación, fundamentalmente. Además, recurren a él adultos y jóvenes que no contaron con un lugar en el sistema público escolarizado.

3. De acuerdo con un escrito presentado por la Comunidad del Instituto Cultural y Educativo Coapa, SC, y suscrito por 87 alumnos del sistema de preparatoria abierta de la Secretaría de Educación Pública del gobierno federal, a los alumnos, ya marginados del sistema escolarizado, se están cobrando cuotas que "hacen prohibitivo este tipo de educación por el precio de los libros y el pago total de exámenes".

Informan que por presentación de exámenes se les cobra 44.00 pesos, es decir, 132.00 pesos, además del costo de los libros, si se considera un promedio de tres exámenes por mes, y 4 mil 356 pesos si se hacen tres intentos para acreditar una asignatura, es decir, un total de 99 exámenes.

4. La Ley Federal de Derechos publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 31 de diciembre de 1981 (última reforma publicada DOF: 24 de diciembre de 2007), referente a las cantidades actualizadas por resolución, miscelánea fiscal publicada en el DOF el 28 de enero de 2008, Servicios de Educación, indica en su artículo 186

Punto de Acuerdo

Primero. Se incremente el presupuesto del subsistema de preparatoria abierta de la Secretaría de Educación Pública para fortalecer éste.

Segundo. Se derogue cualquier cobro que se esté realizando a los estudiantes del subsistema de educación abierta de la Secretaría de educación Pública.

Tercero. Se asignen becas a los estudiantes del subsistema de educación abierta de la Secretaría de Educación Pública.

Notas
1. Secretaría de Educación Pública, "Reforma integral de la educación media superior. La creación de un sistema nacional de bachillerato en un marco de diversidad", México, 2008, formato html; disponible en Internet: http://portal.sabes.edu.mx/web/images/portada_principal/Sistema_Nacional_de_Bachillerato_2008.pdf, pp. 7 y 8.
2. Cit. p. 10.
3. Cit. pp. 6 y 13.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de noviembre de 2008.

Diputado Gerardo Villanueva Albarrán (rúbrica)
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE SOLICITA LA COMPARECENCIA DEL DIRECTOR GENERAL DEL ISSSTE, SUSCRITA POR DIPUTADOS DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD

Los suscritos diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, Daniel Torres García, María Elena Torres Baltasar, Valentina Batres Guadarrama, Martín Zepeda Hernández y Víctor Gabriel Varela López, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentan ante el pleno de esta honorable Cámara de Diputados, con el carácter de urgente u obvia resolución, la siguiente proposición con punto de acuerdo, con el objeto de que se llame a comparecer al director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), licenciado Miguel Ángel Yunes Linares, para que informe a la Comisión de Vivienda sobre la indebida aplicación de créditos del Fondo de Vivienda del ISSSTE en viviendas inconclusas, sin servicios públicos o con vicios ocultos en perjuicio de miles de burócratas del estado de Guerrero.

Consideraciones

A últimas fechas, la clase trabajadora ha sido víctima de aberrantes agresiones a sus derechos. Pero lo más preocupante es que en la mayoría de estos atentados se encuentran involucradas instancias gubernamentales. Sin que a la fecha se repare el daño causado, ni mucho menos se haya hecho valer la acción de la justicia en contra de los responsables.

Si el Estado es el primero en romper con el estado de derecho, se impulsa la inseguridad pública y la injusticia social.

Uno de los derechos sociales consagrados por nuestra Constitución Federal, en sus artículos 4o. y 123, es el acceso a una vivienda digna. A cuyo cumplimiento convergen diversas instituciones, entre ellas el Fondo de Vivienda del ISSSTE (el Fovissste).

Sin embargo, desde hace algunos años, en el marco de las desastrosas políticas neoliberales, el Fovissste ha sido apartado de los principios de seguridad social que deben guiarlo. Para transformarse en una empresa de lucro, usura y hasta fraude. Por lo que es llegado el momento de recuperar sus fines esenciales de tutela y beneficio social hacia los trabajadores.

A partir de 2003, aproximadamente mil 200 trabajadores más sus familias, de los municipios de Chilpancingo, Acapulco, Ometepec, Ciudad Altamirano y Taxco del Estado de Guerrero, en diversas fechas, recibieron créditos del Fovissste.

Sin embargo lo que parecía la realización de uno de los sueños más acariciados se transformó en una verdadera pesadilla, ya que los trabajadores fueron obligados a aplicar sus créditos en la adquisición de viviendas aún no concluidas, o sin los servicios públicos necesarios como agua, drenaje, alumbrado público, pavimentación, o bien afectadas por vicios ocultos. Lo cual no es una excepción sino una historia que se ha repetido a lo largo del país, ante la complacencia de los funcionarios del ISSSTE.

En estos hechos acaecidos en el estado de Guerrero están involucrados el Fovissste, la Sofol Metrofinanciera, la empresa Maquinaria Heriga SA, entre otros.

A la fecha el ISSSTE no ha aclarado este masivo fraude en contra de los trabajadores, ni ha llevado a cabo el diagnóstico individual de viviendas y departamentos, ni procedido a la conclusión de casas y departamentos sin alteración de costos de créditos e intereses, tampoco ha reparado los vicios ocultos y de urbanización, no ha cumplido con las reducción del porcentaje de descuento y la suspensión de la amortización de los créditos, no ha entregado a todos los trabajador las copias certificadas de las escrituras que amparan el crédito correspondiente, lo propio en materia de traslados de dominio de los lotes respectivos.

En vista de lo anterior, estos trabajadores y sus familias han agotado múltiples trámites ante las instancias del Fovissste en el estado de Guerrero, sin que se haya dado debido cumplimiento a ninguno de los acuerdos logrados entre las partes. Esta actitud del gobierno federal contrasta con la disponibilidad que han mostrado algunos gobiernos municipales para coadyuvar a la solución de esta problemática.

Como si la defensa de los derechos en el marco de la ley fuera un delito, en el ánimo de quebrantar el reclamo de los trabajadores, se han iniciado averiguaciones previas en contra de algunos de ellos, valiéndose inclusive de terceras personas. Hecho que condenamos enérgicamente.

En base a todo lo hasta aquí expuesto, urge se llame a comparecer al director general del ISSSTE, licenciado Miguel Angel Yunes Linares, con el objeto de que explique todos inadmisibles hechos cometidos en perjuicio de estos trabajadores y sus familias, pero sobre todo para que manifieste la manera en que se van a remedir, en apego a los acuerdos ya celebrados con los acreditados y al marco jurídico aplicable.

Con el objeto de coadyuvar a que estas conductas fraudulentas ya no se vuelvan a repetir, se debe proceder por la Auditoría Superior de la Federación a realizar una auditoría respecto a estas irregularidades cometidas por el Fovissste.

Por todo lo expuesto y fundado, sometemos a la consideración de esta soberanía, con el carácter de urgente u obvia resolución, la siguiente proposición con punto de acuerdo, en los siguientes términos:

Primero. Que esta Cámara de Diputados llame a comparecer al director general del ISSSTE, licenciado Miguel Angel Yunes Linares, para que informe en la Comisión de Vivienda de este órgano legislativo sobre la ilegal aplicación de créditos de Fovissste en viviendas inconclusas, sin servicios públicos o con vicios ocultos en perjuicio de miles de trabajadores y sus familias de los municipios de Chilpancingo, Acapulco, Ometepec, Ciudad Altamirano y Taxco, del estado de Guerrero.

Segundo. Informe sobre la forma en que este instituto va a realizar la inmediata reparación del daño sufrida por estos trabajadores en sus derechos, dándose debido cumplimiento a lo acordado entre el Fovissste y estos trabajadores, en respeto al marco jurídico aplicable.

Tercero. Se exhorte a los gobiernos federal y local, a cesar de inmediato cualquier acto de agresión en contra de los trabajadores afectados y sus familias, destacadamente las averiguaciones previas ya iniciadas. Debiendo prevalecer las vías del diálogo y la negociación para la solución del presente asunto.

Cuarto. Se exhorte a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados, a que instruya al órgano técnico de fiscalización para que lleve a cabo una auditoría especial para determinar la existencia de presuntos actos de violación al marco jurídico aplicable al ISSSTE, procediendo en su caso a deslindar las responsabilidades que legalmente procedan.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de noviembre de 2008.

Diputados: Daniel Torres García (rúbrica), María Elena Torres Baltasar, Valentina Batres Guadarrama (rúbrica), Martín Zepeda Hernández (rúbrica), Víctor Gabriel Varela López (rúbrica).
 
 

El que suscribe, diputado federal de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en el artículo 21, fracción XVI, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le solicita que excite a la Comisión de Gobernación para que presente el dictamen de la iniciativa con el proyecto del decreto por el que se adiciona la fracción VII Bis al artículo 34 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, presentada por el suscrito el pasado 5 de febrero.

Consideraciones

En la exposición de motivos de la citada iniciativa se señala, entre otros aspectos:

El incremento de precios representa la pérdida del poder adquisitivo de las familias mexicanas. La inflación, término económico comúnmente manejado por los economistas para referirse a la elevación de los precios de los productos, tiene desajustes graves para el mercado de bienes y servicios, y –al mismo tiempo– vulnera la capacidad de compra del mercado de trabajo. Con un aumento de precios no es posible llevar a cabo una planificación estratégica para las empresas ni para los trabajadores que mensualmente reciben un ingreso y lo gastan para mantener su fuerza laboral y efectuar el sostenimiento cotidiano de sus familias.

Durante los últimos seis años, la economía mexicana ha registrado una relativa estabilidad en el nivel de precios, a tal grado que desde 2000 fue posible disminuir el alza hasta un dígito. El año 2000 cerró con una inflación anualizada de 9.5 por ciento, y en los años sucesivos se mantuvo en niveles promedio de entre 5 y 6 por ciento para concluir 2006 en cerca de 4 por ciento al finalizar el año.

Sin embargo, en 2007 terminó esta relativa estabilidad de los precios de los bienes y servicios. El comienzo fue duro para las familias, que observaron un aumento del precio de la tortilla de entre 40 y 80 por ciento respecto a los 6.5 pesos en que se compraba este insumo nutricional básico a finales de diciembre de 2007.

Con base en la última Encuesta Nacional de Ingreso Gasto de los Hogares que realiza el INEGI, la mayor afectación por el incremento de la tortilla recayó en más de 65 millones de mexicanos cuyas familias ganan apenas 3 mil 500 pesos mensuales promedio. El incremento de entre 40 y 85 por ciento en distintas regiones afectó entre 30 y 40 por ciento más a las clases más desprotegidas comparadas con las más acaudaladas, ya que el gasto en tortillas de esta última clase apenas si representó 0.01 por ciento del ingreso total.

No obstante, el incremento de precios no se ha dado sólo en la tortilla. En lo que va de 2007, los precios de la canasta básica se han incrementado sobremanera.

En promedio, el incremento de precios oscila entre 35 y 50 por ciento en la canasta básica, mientras que el salario mínimo general se ha incrementado tan sólo entre 4 y 5 por ciento para 2007. Esto implica una pérdida del poder adquisitivo del salario de entre 30 y 45 por ciento. La pérdida del poder adquisitivo en los últimos 25 años de liberalismo económico ha sido brutal. Con base en un documento de investigación del Centro de Estudios Multidisciplinarios de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México, la pérdida del poder adquisitivo del salario mínimo de 1982 a 1988 fue de -44.9 por ciento. En la administración federal de Carlos Salinas de Gortari, la caída del salario fue de -46.5. De 1994 a 2000, la pérdida fue de -51.1 por ciento, y con Vicente Fox el salario se cayó en casi -23 por ciento. Esto implica que en 1973 el salario mínimo podía comprar 28 kilogramos de tortilla, en 2000 podía comprar 9, y hoy puede comprar menos de 5.

Empero, la precaria estructura económica que ha acentuado su vulnerabilidad desde 1982 y hasta nuestros días ha llevado a que los precios de los principales productos de la canasta básica estén a merced de los precios internacionales. Sin embargo, esto no exime al Ejecutivo federal y las instituciones que le dan sustento de garantizar el poder adquisitivo de los mexicanos.

El párrafo tercero del artículo 28 constitucional establece: "Las leyes fijarán bases para que se señalen precios máximos a los artículos, materias o productos que se consideren necesarios para la economía nacional o el consumo popular, así como para imponer modalidades a la organización de la distribución de esos artículos, materias o productos, a fin de evitar que intermediaciones innecesarias o excesivas provoquen insuficiencia en el abasto, así como el alza. La ley protegerá a los consumidores y propiciará su organización para el mejor cuidado de sus intereses".

Asimismo, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal señala en el artículo 34, fracción VII, que a la Secretaría de Economía corresponde "establecer la política de precios y, con el auxilio y participación de las autoridades locales, vigilar su estricto cumplimiento, particularmente por lo que se refiere a artículos de consumo y uso popular, y establecer las tarifas para la prestación de los servicios de interés público que considere necesarios, con la exclusión de los precios y tarifas de los bienes y servicios de la administración pública federal; y definir el uso preferente que deba darse a determinadas mercancías". En la fracción VIII, el mismo precepto determina: "…regular, orientar y estimular las medidas de protección al consumidor".

Sólo el anuncio del incremento del impuesto de la gasolina y el diesel que repercutirá en los precios de los bienes y servicios incrementó en octubre pasado en más de 30 por ciento los productos de la canasta básica. Sin embargo, su efecto será mayor al aplicarse de manera definitiva cuando entre en vigor en enero de 2008.

Por tanto, la iniciativa de ley en comento propone que cuando se registre un incremento del índice nacional de precios al consumidor en la canasta básica por arriba del salario mínimo vigente, teniendo como referencia que el incremento sea mayor de 2 puntos porcentuales del salario mínimo y que éste se sostenga durante tres meses consecutivos, se lleve a cabo y de inmediato un control de precios por el Ejecutivo federal, en concreto la Secretaría de Economía, para evitar la especulación, pero sobre todo a fin de garantizar el poder adquisitivo de la población mexicana.

Por lo expuesto y considerando que las premisas contenidas en la iniciativa en comento mantienen plena vigencia, me permito someter a consideración de esta asamblea la siguiente

Excitativa

Único. Se excita a la Comisión de Gobernación para que presente el dictamen de la iniciativa con proyecto del decreto por el que se adiciona la fracción VII Bis al artículo 34 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, presentada por el suscrito el pasado 5 de febrero.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de noviembre de 2008.

Diputado Alejandro Sánchez Camacho (rúbrica)