México, DF, a 9 de julio de 2008.
Diputado David Maldonado González
Presidente de la Comisión de Energía
Presente
Me permito comunicar a usted que, en sesión celebrada en esta fecha, se recibió del Poder Ejecutivo federal el informe de la Secretaría de Energía relativo al estudio sobre tarifas eléctricas y costos de suministro correspondiente al primer semestre del ejercicio fiscal de 2008.
La Presidencia dispuso que dicha documentación se remitiera a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público, y de Energía de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados, la cual se anexa.
Atentamente
Senador Francisco Arroyo Vieyra (rúbrica)
Vicepresidente
México, DF, a 1 de julio de 2008.
Diputada Ruth Zavaleta Salgado
Presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara
de Diputados del Honorable Congreso de la Unión
Presente
Por este conducto me permito hacer de su conocimiento que mediante oficio número 300.145/2008, Benjamín Contreras Astiazarán, subsecretario de Electricidad de la Secretaría de Energía, envía el informe relativo al estudio sobre tarifas eléctricas y costos de suministro correspondiente al primer semestre del ejercicio fiscal de 2008.
Por lo anterior y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 27, fracción XIV, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, y decimocuarto transitorio del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2008, le acompaño, para los fines procedentes, copia del oficio al que me he referido y de su anexo, en forma impresa y medio magnético.
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.
Atentamente
Cuauhtémoc Cardona Benavides (rúbrica)
Subsecretario de Enlace Legislativo
México, DF, a 27 de junio de 2008.
Licenciado Cuauhtémoc Cardona Benavides
Subsecretario de Enlace Legislativo
Secretaría de Gobernación
Presente
Hago referencia al artículo decimocuarto transitorio del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2008, que a la letra señala:
La Secretaría de Energía, durante el primer semestre del ejercicio, deberá realizar un estudio que analice la congruencia de la estructura de la tarifa actual con los costos de generación, transmisión y distribución, así como de las condiciones climáticas prevalecientes en las distintas zonas del país. En caso de que este estudio concluya que no existe congruencia entre los elementos citados, se podrán ajustar las tarifas en lo conducente.
Al respecto, anexo encontrará el documento denominado "Estudio sobre tarifas eléctricas y costos de suministro", con el cual esta Secretaría da cumplimiento a la obligación establecida en el citado artículo.
Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.
Atentamente
Benjamín Contreras Astiazarán (rúbrica)
Subsecretario de Electricidad
(Remitido a las Comisiones de Hacienda
y Crédito Público, y de Energía. Julio 9 de 2008.)
DE LA MESA DIRECTIVA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, CON EL QUE REMITE PROPOSOCIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE LOS DIPUTADOS JOSÉ JACQUES MEDINA, JOAQUÍN HUMBERTO VELA GONZÁLEZ, FELIPE DÍAZ GARIBAY Y ALEJANDRO CHANONA BURGUETE, A FIN DE QUE EL CONGRESO DE LA UNIÓN ORGANICE UN SEMINARIO SOBRE MIGRACIÓN, LEGISLACIÓN Y DERECHOS HUMANOS
México, DF, a 9 de julio de 2008.
Diputado Héctor Larios Córdova
Presidente de la Junta de Coordinación Política
Presente
Me permito comunicar a usted que en sesión celebrada en esta fecha, se recibió de los diputados José Jacques Medina, Joaquín Humberto Vela González, Felipe Díaz Garibay y Alejandro Chanona Burguete, propuesta con punto de acuerdo para que el Congreso mexicano organice un seminario sobre migración, legislación y derechos humanos, con la participación de legisladores centroamericanos y del Caribe.
La Presidencia dispuso que dicho punto de acuerdo se turnara a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, el cual se anexa.
Atentamente
Senador Francisco Arroyo Vieyra
Vicepresidente
Los suscritos, diputados federales de distintos grupos parlamentarios, con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a su consideración la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes
Consideraciones
La movilidad humana, una característica natural de nuestra especie, se enfrenta cada vez con mayor frecuencia a obstáculos legales y físicos para impedirla. El extremo de los últimos tiempos es la criminalización de las migraciones y el consiguiente proceso de abusos contra los migrantes y sus familias.
En Europa se han iniciado procedimientos que significan un ejemplo de lo que no se debe hacer para controlar el flujo de personas, gracias a una norma que permitirá su detención hasta por dieciocho meses con la consiguiente afectación a su vida y a la de sus familias. No deseamos que cunda ese método inhumano que no resuelve de fondo nada.
Una de las rutas de mayor tránsito de personas en el mundo es la que se registra en nuestro país. Cientos de miles de de hombres, mujeres y niños cruzan por nuestro territorio cada año en busca de mejores condiciones de vida. Y de la misma magnitud son los maltratos y las violaciones de sus derechos humanos por parte de las autoridades y de las bandas organizadas del tráfico humano.
En la legislación mexicana se ha dado un gigantesco paso al eliminar de la Ley General de Población la conceptualización criminal de la migración, a pesar de la omisión del Ejecutivo para promulgar las reformas que aprobamos por consenso en ambas Cámaras.
El siguiente paso es la homologación de las leyes de los países involucrados en el escenario de la migración que va desde Panamá hasta Tijuana, incluyendo a Cuba y a la República Dominicana.
En este sentido ya existen importantes avances que inician por el entendimiento de las migraciones mesoamericanas y el permanente contacto entre los actores que toman las decisiones y les dan forma en cada país. Autoridades, legisladores, organizaciones no gubernamentales y la población en general han dado cuerpo a propuestas concretas que sustentan a la gobernabilidad migratoria regional.
Uno de esos avances es la información que proveen organizaciones como Sin Fronteras, que ha permitido que en Mesoamérica se esté confeccionando un idea de adecuaciones legislativas para ordenar las migraciones sin afectar los derechos humanos.
En días pasados se celebró en San Salvador, El Salvador, un seminario titulado "Hacia el entendimiento de las migraciones mesoamericanas, los actores y debates para la construcción de la gobernabilidad democrática regional en América Central y México", con la participación de legisladores que forman parte del Parlacen, el Parlatino y otros que forman parte de sus Congresos nacionales. El éxito de la reunión nos inspiró a promover en el país una reunión similar en la que participen también legisladores del Caribe, dado el fenómeno creciente de migración cubana y dominicana al país y que, en ocasiones, ha traído consigo consecuencias funestas.
Es por ello que deseamos solicitar al Congreso mexicano que convoque a la organización de un taller en el que participen legisladores centroamericanos, mexicanos y caribeños y que juntos comencemos a delinear las políticas públicas que han de ejecutar los gobiernos a favor de una migración ordenada y segura.
Por lo antes expuesto, someto a consideración de la Comisión Permanente la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. El honorable Congreso de la Unión, a través de las Juntas de Coordinación Política de ambas Cámaras, convoca a la celebración de un encuentro-taller de legisladores centroamericanos, mexicanos y del Caribe, a celebrarse en septiembre de 2008, con el objetivo de tener información que permita conocer ampliamente el comportamiento de las migraciones en la región y de esta manera contar con elementos para el diseño de políticas públicas, legislaciones y programas en la materia.
Salón de sesiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, a 9 de julio de 2008.
Diputados: José Jacques Medina, Felipe Díaz Garibay, Joaquín Humberto Vela González, Alejandro Chanona Burguete (rúbricas).
(Turnada a la Junta de Coordinación Política.
Julio 9 de 2008.)
El suscrito, diputado federal Jorge Toledo Luis, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LX Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en el artículo 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Penal Federal, bajo la siguiente
Exposición de Motivos
La sociedad mexicana se encuentra ante una grave situación de inseguridad pública y enfrenta a diario los embates de una delincuencia cada vez más violenta e irracional que atenta contra la vida de las personas y sus bienes, destrozando a miles de familias en todo el país, lo que mantiene en la zozobra y en la desesperanza a grandes sectores de la población, evidenciando niveles intolerables de corrupción e impunidad.
De acuerdo con la legislación vigente, resulta muy complejo definir el término de delincuencia organizada, sobre todo por la estructura con que cuentan y operan estas organizaciones criminales.
El Código Penal Federal la define de la manera siguiente: "cuando tres o más personas acuerden organizarse o se organicen para realizar, en forma permanente o reiterada, conductas que por sí o unidas a otras, tengan como fin o resultado cometer alguno o algunos delitos".
De ahí que el crimen organizado haya sido conceptualizado como una "sociedad" que pretende operar al margen de la ley y fuera del control de la acción del Estado, pues involucra a miles de personas que participan en estructuras complejas, ordenadas y disciplinadas como cualquier corporación, mismas que están sujetas a reglas aplicadas con rigidez.
La delincuencia organizada tiene un eje central de dirección y mando, con rangos permanentes de autoridad, de acuerdo con la célula o células que la integran; alberga una permanencia en el tiempo, más allá de la vida de sus miembros; cuentan un grupo de sicarios a su servicio y tienen, entre otros objetivos, el de corromper a las autoridades de prácticamente todos los órdenes y ámbitos de gobierno.
De igual forma, disponen de recursos humanos, materiales y financieros; del armamento más sofisticado y de una serie de redes que les permiten cometer ilícitos en cualquier instante y en cualesquier lugar, sin importar la pérdida de vidas inocentes, con el único fin de cometer sus reprobables objetivos.
Sus métodos inhumanos y sanguinarios merecen el mayor de los castigos, ya que sus células, relacionadas entre sí a través de sus mandos superiores, están bien capacitadas y adiestradas para cometer los ilícitos que más ofenden a la sociedad contemporánea.
Entre los medios de que se vale la delincuencia organizada para llevar a cabo las acciones antes mencionadas, se encuentran, entre otros, el uso indebido de uniformes, insignias, grados jerárquicos y siglas correspondientes a alguna corporación policíaca, a las Fuerzas Armadas mexicanas o incluso del extranjero, ya que la venta de estos enseres no se encuentra debidamente regulada y, por tanto, es relativamente sencillo adquirirlas y cometer con mayor facilidad, mediante la confusión y el temor de sus víctimas, los hechos delictivos.
En el Código Penal Federal ya se contempla la sanción para aquellos que, sin ser servidores públicos, hagan mal uso de estos instrumentos que sirven para combatir a la delincuencia; sin embargo, considero que esta penalización no es suficiente para castigar el delito que se comete, ya que la sanción es sólo de uno a seis años de prisión y multa de cien a trescientos días de salario mínimo, aún cuando en estos supuestos se aumenta la mitad de las penas en cuanto a su duración y cuantía, pero aún así resultan insuficientes.
Por las anteriores consideraciones, me permito someter a la consideración de esta honorable asamblea la presente iniciativa con proyecto de
Decreto que reforma y adiciona los artículos 250 y 252 del Código Penal Federal
Primero. Se reforma el artículo 250 del Capítulo VII del Título Decimotercero, para quedar como sigue:
Título Decimotercero
Falsedad
Capítulo VII
Usurpación de Funciones Públicas o de Profesión y Uso Indebido de Condecoraciones, Uniformes, Grados Jerárquicos, Divisas, Insignias y Siglas
Artículo 250. Se sancionará con prisión de dos a siete años y multa de doscientos a cuatrocientos días a quien:
Capítulo VIII
Disposiciones Comunes a los Capítulos Precedentes
Artículo 252. Si se demuestra que el falsario pertenece a la delincuencia organizada, la pena aumentará según el caso, tomando en cuenta que las disposiciones contenidas en este título no se aplicarán sino en lo que no estuviere previsto en las leyes especiales o no se opusiere a lo establecido en ellas.
Transitorio
Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 días de julio de 2008.
Diputado Jorge Toledo Luis (rúbrica)
(Turnada a la Comisión de Justicia. Julio 9 de
2008.)
QUE ADICIONA LA FRACCIÓN
XXVI AL ARTÍCULO 7 DE LA LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y
GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS, PRESENTADA POR EL DIPUTADO JOSÉ
LUIS ESPINOSA PIÑA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN, EN LA SESIÓN
DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL MIÉRCOLES 9 DE JULIO DE 2008
El suscrito, diputado José Luis Espinosa Piña, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LX Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y de los artículos 55, fracción II, y 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración del Pleno de la Cámara de Diputados el siguiente proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción XXVI al artículo 7 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.
Exposición de Motivos
Uno de los principios rectores para una adecuada gestión integral de los residuos es la prevención de la contaminación, de conformidad con lo que se establece en el artículo 1o. de Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos (LGPGIR), publicada en el Diario Oficial de la Federación el 8 de octubre del 2003, que a la letra dice lo siguiente: "Sus disposiciones son de orden público e interés social y tienen por objeto garantizar el derecho de toda persona al medio ambiente adecuado y propiciar el desarrollo sustentable a través de la prevención de la generación, la valorización y la gestión integral de los residuos peligrosos, de los residuos sólidos urbanos y de manejo especial; prevenir la contaminación de sitios con estos residuos y llevar a cabo su remediación".
Asimismo, en los últimos años se han logrado acuerdos internacionales tendentes a prevenir la contaminación, mediante la reducción del uso de metales pesados en productos de consumo. En particular, diversos sectores de la sociedad han mostrado su preocupación por la contaminación que pudieran ocasionar las pilas y las baterías con metales tóxicos, como el mercurio o cadmio, desechadas en relleno sanitario o tiraderos municipales.
Debido a lo anterior, es importante armonizar las disposiciones nacionales en materia de comercio exterior y de medio ambiente en el tema de la comercialización de pilas en México, en función del posible impacto que esto pudiera tener para el medio ambiente.
Actualmente, la regulación en materia de residuos indica que las siguientes pilas y baterías se consideran residuos peligrosos una vez que se desechan: "las baterías eléctricas a base de mercurio o níquel cadmio", (artículo 31 LGPGIR); las pilas y baterías listadas en la NOM-052-ECOL-1995 (pilas de níquel-cadmio o de zinc-plata), así como las que posean características corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas e inflamables (CRETI).
A pesar de que los fabricantes de pilas y baterías a nivel internacional han desarrollado tecnologías y procesos que les han permitido poner al alcance de los consumidores productos que no contienen dichos metales tóxicos, existe un mercado decreciente pero aún considerable para pilas recargables a base de níquel cadmio, óxido de plata y zinc; además de que se halla la posibilidad de que algunas pilas del mercado informal contengan todavía mercurio.
La problemática principal consiste en que en nuestro país no se tiene certeza del adecuado manejo de las pilas que, al ser desechadas, se convierten en residuos peligrosos debido a falta de regulación específica sobre estos productos.
En este sentido, la realidad contraviene a los principios planteados por Ley General para la Gestión y Prevención Integral de los Residuos, al no prevenirse la contaminación del medio ambiente debido a que no existen criterios que regulen la generación o, bien, la importación de los productos que nos ocupan.
Evidentemente es necesario que la autoridad, en cuyas manos descansa la protección de nuestros recursos naturales –la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales–, tome acciones claras y determinadas para prevenir la contaminación del suelo y de los mantos acuíferos que se pudieran originar por la disposición final incorrecta de las pilas clasificadas como residuos peligrosos.
En Europa se ha venido restringiendo la fabricación e importación de pilas en cuanto a los contenidos de mercurio y níquel-cadmio. De hecho, la directiva europea sobre pilas y baterías, publicada en septiembre de 2006, "prohíbe la puesta en el mercado de determinadas pilas y acumuladores que contengan mercurio o cadmio".
Considerando que en el país actualmente no se da la fabricación local de pilas, sin lugar a dudas la manera más eficiente para controlar este tipo de productos es mediante el control de las importaciones, antes de que los productos ingresen a territorio nacional y se distribuyan de manera pulverizada al mercado.
La presente iniciativa tiene por objeto incluir la facultad a la federación para que regule la importación y fabricación de aquellas pilas que, una vez desechadas, se conviertan en residuos peligrosos, en congruencia con lo que disponen los tratados internacionales de los que México es parte, aunado a lo ya dispuesto en la ley sujeta de la presente adición.
Dicha facultad permitiría a la Semarnat regular la importación de pilas que al disponerse se convierten en residuos peligrosos, principalmente cuando se cumplan las siguientes condiciones: que se justifique el uso de las pilas en cuestión por no existir un producto sustituto que no represente un peligro para el medio ambiente, y que el importador o comercializador responsable garantice el destino que se le dará al producto una vez que termine su vida útil, mediante registro de plan de manejo y el resto de instrumentos contenidos en la LGPGIR vigente, asegurando que las pilas van a tener una disposición final adecuada para el medio ambiente.
Para que sea posible identificar en las aduanas del país a las pilas que al desecharse se convierten en residuos peligrosos, es necesario contar con una norma específica que establezca las consideraciones técnicas necesarias.
La LGPGIR en la fracción II del artículo 7o. establece como una de las facultades de la federación "expedir reglamentos, normas oficiales mexicanas y demás disposiciones jurídicas para regular el manejo integral de los residuos peligrosos, su clasificación, prevenir la contaminación de sitios o llevar a cabo su remediación cuando ello ocurra"; por lo que la Semarnat debería expedir a la brevedad la norma especifica y ser utilizada para la identificación de las pilas que al desecharse se consideren residuos peligrosos.
Con la nueva facultad que esta iniciativa pretende otorgar a la Semarnat, la sociedad mexicana podrá tener la certeza que las pilas que ingresen al país no representan un riesgo para el medio ambiente.
En atención a lo anteriormente expuesto, se somete a consideración del Pleno de la honorable Cámara de Diputados el siguiente
Decreto
Artículo Primero. Se adiciona la fracción XXVI al artículo 7, recorriéndose por su naturaleza la numeración de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, para quedar como sigue:
XXVI. Prohibir la importación, fabricación, comercialización y distribución de pilas y de baterías que contengan mercurio o níquel-cadmio, así como óxido de plata y zinc; y que, una vez desechadas, tengan el potencial de convertirse en residuos peligrosos, según lo establecido en la presente ley, sus reglamentos y las normas específicas aplicables. Quedan exentas de esta prohibición las pilas y baterías empleadas con fines de seguridad nacional, seguridad pública y salud, en tanto no existan tecnologías alternativas de menor riesgo potencial, así como aquellas empresas, organizaciones e instituciones cuyos planes de manejo aplicables a la seguridad nacional comprueben fiscalmente su aplicación a dichos fines, y
XXVII. …
Primero. El presente decreto entrará en vigor el siguiente día al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. Se derogan todas las disposiciones que contravengan al presente decreto.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a 9 de julio de 2008.
Diputado Federal José Luis Espinosa Piña (rúbrica)
(Turnada a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos
Naturales. Julio 9 de 2008.)
QUE REFORMA LOS ARTÍCULOS
32, 34, 35 Y 36 DE LA LEY GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL, Y ADICIONA
UNA FRACCIÓN AL ARTÍCULO 7o. DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN,
PRESENTADA POR LA DIPUTADA VALENTINA VALIA BATRES GUDARRAMA, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PRD, EN LA SESIÓN DE LA COMISIÓN PERMANENTE
DEL MIÉRCOLES 9 DE JULIO DE 2008
La suscrita, diputada federal de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II y 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55, fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 32, 34, 35 y 36 de la Ley General de Protección Civil, y adiciona una fracción al artículo 7o. de la Ley General de Educación, de conformidad con la siguiente
Exposición de Motivos
Los desastres naturales que se sucedieron en los años ochenta dieron pie al surgimiento del concepto de protección civil. La erupción del volcán Chichonal en Chiapas, en 1982; la explosión de tanques de almacenamiento de gas en San Juan Ixhuatepec, estado de México, el 19 de noviembre de 1984; los sismos del 19 y 20 de septiembre en la Ciudad de México, en 1985, son el antecedente inmediato de la creación en 1986, del Sistema Nacional de Protección Civil, creado para dar una respuesta civil a emergencias de esta índole y desarrollar la cultura necesaria en toda la población.
En México los fenómenos naturales han causado significativos estragos, tanto físicos como materiales. Por ello, es necesario perfeccionar los mecanismos de prevención y atención de emergencias, a fin de que –en la medida de lo posible– se puedan prevenir las pérdidas humanas y materiales. Esas políticas públicas deben adecuarse a los diferentes riesgos que, dadas las condiciones naturales de la nación, se pudiesen presentar; por ejemplo, en algunas ciudades del país, debido a la urbanización acelerada, combinada con la alta densidad poblacional, exclusión social y pobreza, se ve agravada la vulnerabilidad de los recursos naturales, humanos y materiales, por lo que, si los gobiernos no prestan atención a la infraestructura urbana, a la expedición y actualización periódica de adecuadas normas de construcción, y en la correcta clasificación y destino de los usos del suelo, seguirá habiendo un sinnúmero de habitantes con alto grado de vulnerabilidad.
Sólo ante desastres naturales es que la población ha mostrado una gran capacidad de organización y respuesta ante la problemática que en ese momento enfrenta. Desgraciadamente, esa organización se va disolviendo al ir concluyendo la emergencia, lo que evidencia que el gobierno no ha sabido capitalizar esta cohesión ciudadana que aparece ante un desastre. Sus políticas públicas están más enfocadas a mitigar desastres que a prevenirlos y a conservar una estructura participativa de ciudadanos. Finalmente, ellos son los que cobran un papel fundamental ante una emergencia, porque son quienes de manera inmediata comienzan con la organización y el control de la situación, restarle importancia a este nivel organizativo constituye un grave error por parte de los gobiernos.
Ahora bien, aun cuando expresamente la ley prevé la participación de la ciudadanía en las acciones de prevención y mitigación de riesgos, en la práctica ésta viene siendo casi nula, ya que la concentración de facultades y decisiones recae en el Ejecutivo federal, provocando cierto aislamiento de estas políticas públicas en los órdenes de gobierno estatal y municipal, que deberían incluso ser los principales actores en el Sistema Nacional de Protección Civil; por lo que es indispensable reestructurar el Sistema Nacional de Protección Civil, a fin de que garantice el cuidado de las vidas humanas, recursos naturales y bienes materiales, incluso históricos, sin ser rehén de intereses ajenos a los principios mínimos humanitarios. Desgraciadamente en el país los niveles de corrupción han alcanzado a todos los niveles de la administración pública y esta labor, que debería tener un alto grado de vocación de servicio y ayuda humanitaria, se ha visto empañada por los malos manejos del Fondo de Desastres Naturales, Fonden, y por la manipulación política –y hasta electoral– que se hace con la ayuda a los damnificados. Incluso estos apoyos se niegan a la población que no milita en las filas del partido del gobierno en el poder.
Es por lo anterior que se propone una adición al artículo 35 de la Ley General de Protección Civil, a fin de que los municipios, en caso de que el titular del Ejecutivo de su entidad no haya solicitado la declaratoria de desastre, puedan hacerlo, después de transcurrido un término de cinco días naturales a partir de que el Ejecutivo local haya omitido hacer tal declaratoria; y de esta forma darles mayor participación dentro del Sistema Nacional de Protección Civil.
Es urgente evitar trabas a los gobiernos locales para el acceso a los recursos del Fonden y del Fondo de Prevención de Desastres Naturales, Fopreden, toda vez que las inconsistencias en la legislación han permitido que algunos gobiernos locales no puedan acceder a estos recursos, presumiblemente por no militar en el partido del gobierno federal, tal es el caso de la colonia Golondrinas en la delegación Álvaro Obregón en el Distrito Federal, puesto que el día 31 de agosto del 2006, en la temporada de lluvias, se presentó un hundimiento súbito de varias construcciones en las que se observaron fisuramientos graves en las paredes y loza de piso del nivel de desplante de la parte posterior de las viviendas, así como en el piso del patio trasero, las cuales tuvieron que ser demolidas debido a los daños sufridos y por seguridad de las familias afectadas.
Por ello, el 24 de octubre de 2006, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó un punto de acuerdo para solicitarle al titular de la Secretaría de Gobernación, destinar de manera urgente recursos suficientes del Fondo de Desastres Naturales, para atender la problemática de hundimientos y deslaves de las viviendas de las familias avecindadas en esta colonia.
A esta solicitud, la dependencia federal informó que para atender la petición era necesaria la declaratoria de emergencia del Gobierno del Distrito Federal, lo que aconteció el 29 de noviembre de 2006, sin embargo la respuesta de la Secretaría de Gobernación fue que la causa del riesgo era antropogénica, es decir, atribuible a la actividad del ser humano; fundando esta negativa en las reglas de operación del Fonden, reglas que contrarían la definición de desastre que señala la Ley General de Protección Civil y la cual contempla estos hechos como materia susceptible de apoyo del Fondo de Desastres Naturales.
Así tenemos que la Ley General de Protección Civil plantea en su artículo 3o., fracción XVIII que para los efectos de la ley se entenderá por desastre; " ... el estado en que la población de una o más entidades federativas, sufre severos daños por el impacto de una calamidad devastadora, sea de origen natural o antropogénico, enfrentando la pérdida de sus miembros, infraestructura o entorno, de tal manera que la estructura social se desajusta y se impide el cumplimiento de las actividades esenciales de la sociedad, afectando el funcionamiento de los sistemas de subsistencia.
Sin embargo, en franca contravención a esta ley, la cual debería prevalecer por encima de cualquier manual o reglas de operación, el acuerdo por el que se emiten las reglas de operación del Fondo de Desastres Naturales, emitido por los secretarios de Gobernación, y de Hacienda y Crédito Público el 22 de agosto de 2006, en su capítulo I de Disposiciones Generales, establece en el numeral 3, que para efectos de dicho acuerdo, y obviamente para tener acceso a los recursos del fondo, se entenderá por fenómeno natural perturbador "… el evento generado por la naturaleza, caracterizado por la ausencia de la participación directa o indirecta del ser humano."
Por ello propongo una adición a los artículos 34 y 36 de la Ley General de Protección Civil, a fin de no dejar ningún resquicio de discrecionalidad para la asignación de recursos provenientes del Fonden o del Fopreden, puntualizando claramente que las declaratorias de desastre deberán ajustarse a la definición del artículo tercero fracción XVIII de esta Ley, así como una disposición transitoria a efecto de que el Acuerdo por el que se emiten las reglas de operación del Fondo de Desastres Naturales, emitido por los secretarios de Gobernación, y de Hacienda y Crédito Público el 22 de agosto de 2006 las Reglas de operación, se adecue a la ley.
Por otro lado, en el marco de la prevención, ante una catástrofe el estar preparados con conocimientos básicos de cómo actuar antes, durante y después de una emergencia, es fundamental, por lo que estoy proponiendo adicionar una fracción al artículo 7 de la Ley General de Educación a fin de que la educación que se imparta en el país, además de contener las cualidades y principios que en este artículo se enumeran, inspire a la solidaridad y participación ciudadana en caso de desastres, y se contemple la enseñanza de principios básicos en torno a la importancia de la protección civil, atendiendo a la particularidad de riesgos que representa cada comunidad en específico de la república; a fin de que las próximas generaciones del país, crezcan concientes de la importancia de prevenir y mitigar de los riesgos que acarrean los fenómenos naturales o incluso socioorganizativos.
Es necesario acortar los plazos de acceso a los recursos destinados a la atención de emergencias y desastres, toda vez que la población afectada requiere de la ayuda inmediata del Sistema de Protección Civil, por lo que sus estructuras deben actuar rápido a fin de evitar que las secuelas de los desastres se prolonguen o compliquen más; en este sentido, la presente iniciativa propone que una vez presentada la solicitud de declaratoria de desastre natural, la autoridad resuelva dentro de un plazo de hasta cinco días naturales, y no más. De la misma manera, deberá reducirse el plazo, para que gobiernos de las entidades federativas tengan acceso a los recursos tendentes a la atención de desastres, por lo que este plazo deberá reducirse a un máximo 15 días naturales, contados a partir del día en que se publique en el Diario Oficial de la Federación la declaratoria de desastre.
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de ésta soberanía, la siguiente iniciativa con proyecto de
Decreto por el que se reforman los artículos 32, 34, 35 y 36 de la Ley General de Protección Civil y se adiciona una fracción al artículo 7 de la Ley General de Educación.
Artículo Primero. Se reforman los artículos 32, 34, 35 y 36 de la Ley General de Protección Civil para quedar como sigue:
Artículo 32. Esta Ley, el Presupuesto de Egresos de la Federación, así como las disposiciones administrativas en la materia regularán los medios, formalidades y demás requisitos para acceder y hacer uso de los recursos financieros tendentes a la prevención y atención de desastres, atendiendo al principio de inmediatez.
Una vez presentada la solicitud de declaratoria de desastre natural, la autoridad tendrá un plazo de hasta cinco días naturales para su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
El plazo para que gobiernos de las entidades federativas y del Distrito Federal tengan acceso a los recursos tendentes a la atención de desastres, será de hasta quince días naturales, contados a partir del día en que se publique en el Diario Oficial de la Federación la declaratoria de desastre.
...
Artículo 34. La declaratoria de desastre es el acto mediante el cual la Secretaría de Gobernación, reconoce que uno o varios fenómenos perturbadores han causado daños severos cuya atención rebase las capacidades locales. Entendiéndose por desastre lo previsto en el artículo tercero fracción XVIII de la presente ley.
Artículo 35. Las solicitudes de declaratoria de desastre podrán realizarse a través de:
II. Las dependencias o entidades federales.
III. Los gobiernos municipales, cuando acrediten que solicitaron al titular del Ejecutivo de su entidad federativa realizar tal petición y que transcurrieron cinco días naturales a partir de su solicitud, sin que se haya llevado a cabo.
Artículo Segundo. Se adiciona una fracción XIV al artículo 7 de la Ley General de Educación para quedar como sigue:
Artículo 7o. La educación que impartan el Estado, sus organismos descentralizados y los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios tendrá, además de los fines establecidos en el segundo párrafo del artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los siguientes:
XIV. Fomentar principios que inspiren a la solidaridad y participación ciudadana en caso de desastres, mediante la enseñanza de principios básicos de la protección civil, atendiendo a la particularidad de riesgos que representa cada comunidad en específico de la República.
Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. El Ejecutivo federal deberá expedir las normas administrativas que garanticen la correcta e inmediata distribución de los recursos del Fonden y Fopreden congruentes con lo previsto en el artículo 34 de la Ley General de Protección Civil, en un término no mayor de treinta días naturales contados a partir de la entrada en vigor del presente decreto.
Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, a 9 de julio de 2008.
Diputada Valentina Valia Batres Gudarrama (rúbrica)
(Turnada a la Comisión de Gobernación. Julio
9 de 2008.)
QUE SE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS
DISPOSICIONES DEL CÓDIGO DE COMERCIO, PRESENTADA POR LA DIPUTADA
SUSANA MONREAL ÁVILA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD, EN LA SESIÓN
DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL MIÉRCOLES 9 DE JULIO DE 2008
La suscrita, diputada federal de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento por lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 55, fracción II, y 56, 62, 63 y demás relativos del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto mediante el cual se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código de Comercio.
Exposición de Motivos
La Constitución Política de 1917 reconoce como un derecho de todas las personas el acceso a una impartición de justicia pronta, gratuita y expedita para todos los mexicanos.
En razón de lo anterior, todos los ordenamientos legales requieren de reformas o adiciones para adecuarse a las nuevas circunstancias y evitar volverse anacrónicas. Es entonces tarea del legislador adecuar las disposiciones y preceptos legales a los retos y necesidades de la realidad social, económica y humana de México.
En materia mercantil esos retos no son menores, pues la impartición de justicia debe ser expedita para dar celeridad a la resolución de los conflictos entre particulares que en esta materia involucran su patrimonio.
Las reformas y adiciones que se proponen en esta iniciativa a diversas disposiciones del Código de Comercio tienen por objeto complementar la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 17 de abril de 2008, por considerarlas necesarias para su mejor instrumentación y aplicación, lo que traerá consigo mayor claridad y efectividad en la interpretación del ordenamiento mercantil, dando mayor seguridad jurídica a la ciudadanía, mediante la agilización y eficientación de los procesos mercantiles, expeditando así la impartición de justicia y garantizar el debido proceso legal y exacta aplicación de la ley.
Cabe destacar que esta iniciativa mantiene la intención del legislador de dotar a los procedimientos en materia mercantil de una mayor agilidad, sin ésta se podría crear confusión en cuanto a la aplicación supletoria de los códigos de procedimientos locales a la materia mercantil, en defecto de la aplicación supletoria en primer término del Código Federal de Procedimientos Civiles.
Cuando se presentó ante esta soberanía la iniciativa pasada, mi voto fue a favor, en atención a la urgencia que existía por aprobarla y a la gran trascendencia que tendría para el país; sin embargo, también manifesté que en lo futuro habría que complementarla, reiterando que lo que aquí se propone no altera la esencia de la reciente ley aprobada, por el contrario, la enriquece y la hace más funcional.
En este orden de ideas, se propone lo siguiente:
Es necesario reiterar que es convicción e intención de la presente iniciativa enriquecer el trabajo legislativo, pues existe el compromiso y el convencimiento por las bondades de la reforma recientemente publicada; sin embargo, estamos conscientes que es susceptible de perfeccionarse y mejorarse.
Como se consideró en el dictamen que aprobamos el pasado 27 de febrero, "en los países de ‘derecho escrito’ la legislación es sin duda la fuente formal más importante del derecho, por lo que asistiendo a la necesidad de perfeccionar el marco jurídico actual a la realidad, la minuta en estudio propone hacer más explícita, exacta y, por ende, más efectiva la supletoriedad legal aplicable".
En consecuencia, se propone adicionar a la expresión que contiene el artículo 1054 en el sentido "no regule la institución cuya suplencia se requiera la ley de procedimientos local respectiva" para que ahora precise que la aplicación supletoria será en caso de que no se regule suficientemente la institución cuya suplencia se requiera.
En términos semejantes, ahora se propone reformar los artículos 1154 y 1165, relativos a los medios preparatorios a juicio, para hacer el recurso de apelación de tramitación inmediata y con ello dar mayor certeza jurídica al procedimiento.
En lo tocante al segundo párrafo de la fracción VI del artículo 1253, se precisa el término "hasta" en el sistema de imposición de la multa, con el propósito de dar certeza jurídica y congruencia con el artículo 22 constitucional que establece un mínimo y un máximo en la sanción respectiva, lo que determina un sistema flexible para la imposición de las multas y, por tanto, permite al juzgador individualizar la sanción.
También se reforma la fracción VII del mismo artículo en la que se elimina la parte correspondiente a la presentación de nueva cuenta de la cédula profesional o de los documentos anexados a los escritos de aceptación y protesta del cargo, pues tal disposición se encuentra prevista en la fracción III del mismo artículo, y debido a un error humano en el texto publicado en el Diario Oficial de la Federación del 17 de abril de 2008 no se suprimieron los últimos renglones del texto original de la fracción VII.
Se propone modificar en el artículo 1339 el término "recurso" para utilizar en su lugar el de "demanda", a fin de evitar confusiones respecto a la cuantía de los asuntos y determinar con claridad en qué casos procede la apelación. También se aclara que, en caso de que se recurran autos, interlocutorias o resoluciones que se dicten en el curso del procedimiento y que no sean inmediatas, se tramitarán a través de la apelación preventiva de tramitación conjunta con la apelación de la sentencia definitiva en las que al interponerse no será necesario la expresión de agravios; aclarándose así que no se trata de un "efecto preventivo", pues sólo existen dos efectos: el devolutivo y el suspensivo, y que, por tanto, la tramitación preventiva es la que se hace de manera conjunta con la sentencia definitiva.
Resulta necesario modificar el artículo 1340 para precisar que la indexación de las cantidades que sirven de base para considerar la cuantía de los asuntos se realiza en forma anual, de acuerdo al índice nacional de precios al consumidor que determina el Banco de México, y que esta indexación será la de diciembre, a efecto de que rija a partir del primero de enero siguiente, todo esto con el propósito de dar certeza y uniformidad a todos los tribunales del país, del fuero federal y del local, respecto del monto que deban considerar para iniciar sus labores el primero de enero de cada año, tal y como se plasmó de manera correcta en el artículo 1253.
Se abunda sobre el trámite de las apelaciones ante el tribunal de alzada en el artículo 1344, para que no quede lugar a dudas sobre la forma en que habrá de instrumentarse la apelación de tramitación preventiva conjunta con la sentencia definitiva.
En esta iniciativa se integran al texto original, del artículo 1345 de las reformas publicadas el 17 de abril de 2008, seis fracciones más que se refieren a los casos en que las apelaciones se tramitarán de manera inmediata, atendiendo a la naturaleza de las resoluciones que se incorporan a este artículo.
De igual manera, en el artículo 1345 Bis 1 se cambia la letra "a", que aparece en el texto publicado en la reforma de 17 de abril de 2008, por la letra "y", por ser esta última la letra que contenía el texto original de la reforma y que por un error mecanográfico se cambió.
En cuanto al artículo 1345 Bis 4, se adapta el texto para incluir la expresión "y la apelación proceda en el efecto devolutivo" cuando se trate de apelaciones interpuestas en contra de la sentencia definitiva, ya que, en el mayor número de asuntos en los que se interpone el recurso de apelación en contra de la sentencia definitiva, no es necesario formar sección de ejecución, por lo que resulta conveniente el ajuste para que la integración de la sección correspondiente para la ejecución de la sentencia definitiva se integre sólo en los casos en que la apelación en contra de ella proceda en el efecto devolutivo.
En el artículo 1345 Bis 7 se modifica para adecuarlo al caso de excepción que ahora se regula en el artículo 1344 del Código de Comercio. Asimismo, se deroga la segunda parte del artículo porque el término "de oficio" puede generar confusión en el trámite de las apelaciones preventivas de tramitación conjunta con la definitiva, de la parte que no estaba obligada a apelar en contra de esta última, por haber obtenido todo lo que pidió, sobre todo, porque este trámite ahora se regula con mayor claridad en el artículo 1344 mencionado.
Respecto al artículo 1399, se adecua también en esta iniciativa el plazo de que dispone el demandado para dar contestación a la demanda en un juicio ejecutivo mercantil para empatarlo con el plazo de ocho días que se introdujo en el artículo 1396 del código en la reforma del 17 de abril de 2008.
Finalmente, se modifica el texto del artículo 1407 Bis para remitir a la regla general de tramitación de las apelaciones previstas en el código, a fin de evitar una duplicidad innecesaria de las reglas para su tramitación y, en consecuencia, se derogan sus seis fracciones.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se somete a su consideración el siguiente proyecto de
Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan, diversas disposiciones del Código de Comercio
Artículo Único. Se reforman los artículos 1154, 1165, 1203, 1340, 1344, 1345 Bis 1 y 1399; se adiciona los artículos 1054, 1345 Bis 4, 1345 Bis 7; se reforma y adiciona el artículo 1253, fracción VI último párrafo, fracción VII; y se derogan el segundo párrafo del artículo 1345 Bis 7 y las fracciones I, II, III, IV y V del artículo 1407 Bis.
Artículo 1054. En caso de no existir convenio de las partes sobre el procedimiento ante tribunales en los términos de los anteriores artículos, salvo que las leyes mercantiles establezcan un procedimiento especial o una supletoriedad expresa, los juicios mercantiles se regirán por las disposiciones de este libro y, en su defecto, se aplicará supletoriamente el Código Federal de Procedimientos Civiles y en caso de que no regule suficientemente la institución cuya suplencia se requiera la ley de procedimientos local respectiva.
Artículo 1154. La acción que puede ejercitarse, conforme a las fracciones II y III del artículo 1151, procede contra cualquier persona que tenga en su poder las cosas que en ellas se mencionan. Mediante notificación personal se correrá traslado por el término de tres días a aquel contra quien se promueva, para que manifieste lo que a su derecho convenga, exponiendo en su caso las razones que tenga para oponerse a la exhibición o que le impidan realizarla. En dichos escritos deberán ofrecerse las pruebas, las que de admitirse se recibirán en la audiencia que debe celebrarse dentro del plazo de ocho días, y en donde se alegue y se resuelva sobre la exhibición solicitada. En caso de concederse la exhibición del bien mueble o de los documentos, el juez señalará día, hora y lugar para que se lleve a cabo ésta, con el apercibimiento que considere procedente. La resolución que niegue lo pedido será apelable en ambos efectos y la que lo conceda lo será en el devolutivo, de tramitación inmediata.
Artículo 1165. ...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
La resolución que niegue el auto de ejecución será apelable en ambos efectos y, en caso contrario, se admitirá en el efecto devolutivo de tramitación inmediata.
Artículo 1253. Las partes propondrán la prueba pericial dentro del término de ofrecimiento de pruebas en los siguientes términos:
III. a VI. ...
VIII. a IX. ...
...
...
El recurso de apelación contra autos, interlocutorias o resoluciones, que se dicten en el trámite del procedimiento se admitirá en el efecto devolutivo de tramitación conjunta con la apelación de la sentencia definitiva, sin que sea necesario en tal escrito la expresión de agravios; interpuesta esta apelación, se reservará su trámite para que se realice en su caso conjuntamente con la tramitación de la apelación que se formule en contra de la sentencia definitiva por la misma parte apelante.
...
La apelación debe interponerse ante el tribunal que haya pronunciado el auto, interlocutoria o resolución, a más tardar dentro de los nueve días siguientes a aquél en que surta efectos la notificación si se tratare de sentencia definitiva, seis si fuere contra auto, interlocutoria o resolución, dictada en el procedimiento si se trata de apelaciones de tramitación inmediata y en el término de tres días si se trata de apelación de tramitación conjunta con la sentencia definitiva.
Los agravios que hayan de expresarse en contra del auto, interlocutoria o resolución, cuando se trate de apelaciones de tramitación inmediata o de sentencia definitiva, se expresarán al interponerse el recurso de apelación. Los agravios que en su caso se deban expresar en contra de resoluciones de tramitación conjunta con la sentencia definitiva se expresarán en la forma y términos previstos en el artículo 1344 de este código.
Artículo 1340. La apelación no procede en juicios mercantiles cuando por su monto se ventilen en los juzgados de paz o de cuantía menor, o cuando el monto sea inferior a doscientos mil pesos por concepto de suerte principal, debiendo actualizarse dicha cantidad en forma anualizada en diciembre para empezar a regir el primero de enero siguiente, de acuerdo con el índice nacional de precios al consumidor que determine el Banco de México y, a falta de éste, será aplicable el que lo sustituya.
El Consejo de la Judicatura Federal, los presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia, del Distrito Federal y de los estados, tendrán la obligación de hacer saber a los juzgados y tribunales de su jurisdicción los montos que se obtengan de la indexación referida.
Artículo 1344. En los casos no previstos en el artículo 1345, la parte que se sienta agraviada por una resolución judicial que sea apelable, dentro del tercer día siguiente de aquél en que surta efectos su notificación, deberá hacer saber por escrito su inconformidad apelando preventivamente ésta sin expresar agravios; de no presentarse el escrito de inconformidad a que se refiere este párrafo, se tendrá por precluido el derecho del afectado para hacerlo valer como agravio en la apelación que se interponga contra la definitiva.
Dentro del plazo de nueve días a que se refiere el artículo 1079, el apelante, ya sea vencedor o vencido, deberá hacer valer también en escrito por separado los agravios que considere le causaron las determinaciones que combatió en las apelaciones admitidas en efecto devolutivo de tramitación preventiva y cuyo trámite se reservó para hacerlo conjuntamente con la definitiva, para que el tribunal que conozca del recurso en contra de ésta última pueda considerar el resultado de lo ordenado en la resolución recaída en la apelación preventiva.
Si se trata del vencido o de aquella parte que no obtuvo todo lo que pidió, con independencia de los agravios que se expresen en la apelación de tramitación conjunta con la definitiva, deberá expresar en los agravios en contra de la sentencia que resolvió el juicio de qué manera trascendería al fondo del asunto el resarcimiento de la violación a subsanar.
Tratándose de la parte que obtuvo todo lo que pidió, aún y cuando no sea necesario que apele en contra de la definitiva, deberá expresar los agravios en contra de las resoluciones que fueron motivo del recurso de apelación preventiva de tramitación conjunta con la definitiva, manifestando de qué manera trascendería al fondo del asunto el resarcimiento de la violación a subsanar, a efecto de que el tribunal de alzada proceda a estudiarlas.
En dichos supuestos se dará vista a la contraria para que en el término de seis días contesten los agravios.
El tribunal de alzada estudiará en primer término las violaciones procesales que se hubiesen hecho valer en los recursos de apelación preventiva y de encontrar violaciones procesales que sean trascendentes al fondo del juicio y, sólo en aquellas que requieran ser reparadas por el juez natural, dejará insubsistente la sentencia definitiva, regresando los autos originales al juez de origen para que éste proceda a reponer el procedimiento y dicte nueva sentencia.
De no ser procedentes los agravios de las apelaciones de tramitación conjunta con la definitiva o no habiendo sido expresados, o resultando fundados no sea necesario que la violación procesal sea reparada por el juez de origen, el tribunal estudiará y resolverá la procedencia, o no, de los agravios expresados en contra de la definitiva, resolviendo el recurso con plenitud de jurisdicción.
Artículo 1345. ...
V. Contra el auto que desecha el incidente de nulidad de actuaciones por defectos en el emplazamiento y contra la resolución que se dicte en el incidente;
VI. Contra las resoluciones que resuelvan excepciones procesales;
VII. Contra el auto que tenga por contestada la demanda o reconvención, así como el que haga la declaración de rebeldía en ambos casos;
VIII. Contra las resoluciones que suspendan el procedimiento;
IX. Contra las resoluciones o autos que siendo apelables se pronuncien en ejecución de sentencia;
X. La resolución que dicte el juez en el caso previsto en el artículo 1148 de este código.
Las apelaciones de tramitación inmediata que se interpongan contra auto o interlocutoria deberán hacerse valer en el término de seis días y las que se interpongan contra sentencia definitiva dentro del plazo de nueve días, contados a partir del día siguiente a aquél en que surtan efectos las notificaciones de tales resoluciones.
Artículo 1345 Bis 4. ...
En el caso de que se trate de sentencia definitiva y la apelación proceda en el efecto devolutivo, se dejará en el juzgado copia certificada de ella y de las demás constancias que el juez estime necesarias para ejecutarla, remitiéndose desde luego los autos originales al tribunal correspondiente.
...
Artículo 1345 Bis 7. En el caso de que el apelante omitiera expresar agravios, al interponer el recurso de apelación de tramitación inmediata ante el juez sin necesidad de acusar rebeldía, declarará precluido su derecho y quedará firme la resolución. Si no se interpusiera apelación en contra de la sentencia definitiva, se entenderán consentidas las resoluciones y autos que hubieran sido apelados durante el procedimiento y que sean de tramitación conjunta con la definitiva, a excepción de lo previsto en el párrafo cuarto del artículo 1344 de este código.
(Se deroga.)
Artículo 1399. Dentro de los ocho días siguientes al requerimiento de pago, al embargo, en su caso, y al emplazamiento, el demandado deberá contestar la demanda, refiriéndose concretamente a cada hecho, oponiendo únicamente las excepciones que permite la ley en el artículo 1403 de este código, y tratándose de títulos de crédito las del artículo 8o. de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, y en el mismo escrito ofrecerá pruebas, relacionándolas con los hechos y acompañando los documentos que exige la ley para las excepciones.
Artículo 1407 Bis. Para la tramitación de apelaciones, respecto del juicio a que se refiere este capítulo, se estará a las reglas generales que prevé este código.
I. (Se deroga.)
II. (Se deroga.)
III. (Se deroga.)
IV. (Se deroga.)
V. (Se deroga.)
Artículos Transitorios
Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. La presente reforma no será aplicable a los asuntos cuya demanda haya sido admitida con anterioridad a la entrada en vigor de la reforma al Código de Comercio publicada en el Diario Oficial de la Federación el 17 de abril de 2008.
Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, a 10 de julio de 2008.
Diputada Susana Monreal Ávila (rúbrica)
(Turnada a la Comisión de Economía. Julio
9 de 2008.)
Diputados: Omeheira López Reyna, presidenta; Arturo Flores Grande, María Dolores González Sánchez, Rosa Elia Romero Guzmán, Yary del Carmen Gebhardt Garduza, Alliet Mariana Bautista Bravo, secretarios; Alberto López Rojas, Humberto Zazueta Aguilar, Valentina Valia Batres Guadarrama, Adriana Dávila Fernández, Silvia Emilia Degante Romero, Martha Cecilia Díaz Gordillo, Nemesio Domínguez Domínguez, Rutilio Cruz Escandón Cadenas, Jorge Justiniano González Betancourt, Sonia Nohelia Ibarra Fránquez, José Jaques y Medina, Beatriz Manrique Guevara, Maria Soledad Limas Frescas, Rubí Laura López Silva, Dolores de María Manuell-Gómez Angulo, Alberto Estevas Salinas, Carlos Alberto Navarro Sugich, José Guadalupe Rivera Rivera, Rosa Elva Soriano Sánchez, José Antonio Almazán González.
Reuniones de trabajo
A.1 Las reuniones programadas para este periodo fueron convocadas en las siguientes fechas.
• 31 de enero de 2008
Esta reunión fue cancelada por falta de quórum.
• 15 de febrero de 2008.
Reunión Comisiones Unidas de Derechos Humanos
y Bicameral de Concordia y Pacificación con la Comisión Civil
Internacional de Observación por los Derechos Humanos.
En esta reunión se plantearon los resultados preliminares de su visita de observación realizada en Chiapas, así como la situación actual del proceso de diálogo entre el EZLN y el Poder Ejecutivo federal; de igual forma se planteó el seguimiento a la atención institucional por los lamentables sucesos ocurridos el 22 de diciembre de 1997 en Acteal, Chenaló, Chiapas.
• 28 de febrero de 2008
Reunión con el ministro de Relaciones Exteriores
del Reino Unido, doctor Jeremy Hobs. En esta reunión se trataron
los siguientes temas: Política interior y política exterior
de México en materia de derechos humanos, reforma judicial y crimen
organizado.
• 5 de marzo de 2008
Reunión de trabajo con la maestra Guadalupe Morfín
Otero, fiscal especial para los delitos de violencia contra las mujeres
y trata de personas de la PGR.
• 6 de marzo de 2008
Sin quórum se hizo la presentación del
informe del grupo de trabajo a cargo del diputado Carlos Alberto Navarro
Sugich.
Se canceló por falta de quórum.
• 8 de abril de 2008
Reunión con diferentes organizaciones de la sociedad
civil; el objetivo de esta reunión fue que las organizaciones presentaran
un proyecto de reforma constitucional en materia de derechos humanos.
Algunos otros temas relevantes en los que participó la Comisión de Derechos Humanos, son los siguientes
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el Instituto Mexicano de Doctrina Social Cristiana, organizaron el martes 6 y el miércoles 7 de mayo del presente año dicho coloquio, donde se expusieron diversos puntos de vista en el tema, los principios que imperan en materia de libertad religiosa, así como la exposición de algunos problemas y violaciones de ésta. Con la participación plural de diversos sectores, analistas y expertos tales como el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, doctor José Luis Soberanes Fernández, el acto se enriqueció de diversas posturas en el tema.
– Derechos transgénero y transexual
En junio del presente año se llevó a cabo una mesa de trabajo en Comisiones Unidas de Derechos Humanos, y de Justicia con la participación del diputado David Sánchez Camacho, donde se expusieron los aspectos teórico-científicos de estos derechos, la situación de salud de dichas personas y demás aspectos involucrados con el tema y acerca de la necesidad de una revisión del texto legal. Asimismo, se escucharon los testimonios de personas en dicho supuesto y se hizo un breve análisis comparativo con la situación legal en otros países.
Coordinación y logística para la atención a reclusorios y centros penitenciarios
El programa de trabajo del presente grupo, coordinado por el diputado Carlos Alberto Navarro Sugich, del Grupo Parlamentario del Partido de Acción Nacional, consiste en un programa de visitas a diversos centros penitenciarios en la República Mexicana.
El primer centro visitado por el diputado coordinador, acompañado por personal de apoyo especializado de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, fue el Centro de Readaptación Social Varonil y Femenil "Licenciado Jorge A. Duarte Castillo" en Tijuana, Baja California.
Los siguientes centros visitados fueron: "La Pila", en San Luis Potosí, Altiplano 1 (estado de México), Puente Grande (Jalisco); Tapachula y Huixtla, Chiapas y el Centro Penitenciario Varonil y Femenil de Villahermosa, Tabasco. En dichas visitas los diputados se entrevistaron con autoridades de los centros penitenciarios y recorrieron las diversas áreas del centro.
El objetivo de este grupo de trabajo consiste en precisar las violaciones a derechos humanos y su denuncia, a través de un acercamiento con los reos, así como una visita integral y perceptiva de la situación que en ellos se vive.
Durante el periodo que se informa, el grupo visitó el día 5 de marzo la Colonia Penal Federal de las Islas Marías con el apoyo de las autoridades correspondientes de la Secretaría de Seguridad Pública federal, acompañados por personal adscrito a la Tercera Visitaduría de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos entre ellos: el director general de la Tercera Visitaduría, el licenciado Jorge Vega Arroyo; el director de Quejas y Recursos en General, licenciado Iñaki Blanco Cabrera y el director general de Vinculación Interinstitucional, el doctor Enrique Díaz Michel.
A dicha visita asistió la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Omeheira López Reyna, así como los diputados Carlos Alberto Navarro Sugich, Martha Cecilia Díaz Gordillo, Luis Gerardo Serrato Castell, Agustín Leura González, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional; el diputado Nemesio Domínguez Domínguez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Existe una necesidad inminente de proyectar una propuesta concreta de trabajo que próximamente presentará este grupo de trabajo.
Doble propósito:
Generar una propuesta concreta, en atención a un plazo determinado de la reforma constitucional en materia de justicia impuesta (3 años) a las legislaturas estatales para hacer las adecuaciones legislativas integrales correspondientes al sistema de inserción social.
En materia de derechos humanos, la capacitación y la difusión de estos derechos son determinantes para lograr una mayor conciencia en la sociedad de su existencia y su pleno respeto.
En cumplimiento al objetivo de difusión y capacitación en la materia:
El lunes 28 de enero de 2008 fue inaugurado el primer diplomado en derechos humanos en la Cámara de Diputados, con un número de 150 inscritos.
Este diplomado se fundamentó en el convenio de colaboración firmado en agosto de 2007 entre la Cámara de Diputados y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Este diplomado tiene su justificación en un aspecto tan importante de los derechos humanos en la sociedad contemporánea, tanto nacional como internacional. Su tratamiento a través de un enfoque interdisciplinario resulta un desafío ineludible en el quehacer de los organismos públicos de protección y defensa de los derechos humanos. El diplomado brindó una formación integral que favoreció la actualización de profesionistas, funcionarios públicos, académicos, y empleados del Poder Legislativo federal.
El objetivo general del diplomado consistió en una formación especializada en derechos humanos, comprendiendo los elementos teórico-conceptuales, mecanismos prácticos y herramientas metodológicas que favorecen el proceso de formación sólida y especializada en torno a los derechos humanos, a través del planteamiento de nuevos enfoques y el análisis multidisciplinario del tema. Se propusieron, en ese sentido, soluciones y alternativas a la problemática jurídica en torno a su praxis. Como objetivos específicos se plantearon los siguientes:
Estudiar la génesis, desarrollo y alcances de las instituciones e instancias nacionales, regionales e internacionales de protección de los derechos humanos, así como el proceso de incorporación de las principales figuras jurídicas en la materia.
Analizar el papel de la cultura política, de la educación y de la sociedad civil en la defensa y promoción de los derechos humanos, así como sus formas de organización, estrategias y alcances frente a los retos de la vigencia de éstos y de la transición a la democracia.
Enlace interinstitucional
Con las diversas dependencias de gobierno federal involucradas en el tema se realizó un intercambio constante de información acerca del tema de los derechos humanos.
Se destaca en este ámbito la visita de la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Louise Arbour, a la Cámara de Diputados a una reunión de trabajo en febrero, donde los legisladores de la Comisión de Derechos Humanos, así como de la Comisión de Relaciones Exteriores, y de Justicia intercambiaron puntos de vista y preocupaciones sobre la materia, entre ellas, se destacó lo siguiente:
La alta comisionada expresó que "México ha sido uno de los líderes en el apoyo al trabajo de la ONU en cuanto a derechos humanos". Apoya firmemente la idea de eliminar la tortura, haciendo que en los tribunales se suprima toda evidencia obtenida por su aplicación. Asimismo, instó a los legisladores a examinar la situación de los derechos humanos de los migrantes mexicanos. Consideró que en el país existe una marcada desigualdad social que debe afrontar mediante iniciativas que contribuyan a los esfuerzos internacionales.
México ha tomado una posición muy valiente y de liderazgo, al asegurase que los esfuerzos internacionales en la lucha contra el terrorismo se hagan respetando los derechos humanos. Es por esta postura internacional, que se está prestando gran atención a lo que sucede aquí en materia legislativa, señaló Louise Arbour. Agregó que estaba contenta "al ver la presencia de tantas mujeres diputadas en la vida política de México".
Al reunirse con integrantes de las Comisiones de Relaciones Exteriores, de Justicia, y de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, la funcionaria de la Organización de las Naciones Unidas recomendó atender las garantías individuales y la situación migratoria de los trabajadores mexicanos.
"Será útil para México examinar los flujos económicos, donde se pueda garantizar una protección plena a los derechos humanos, incluso a los migrantes mexicanos", consideró.
Además existen otros desafíos para México como reformar el sistema de justicia criminal, ya que "será mediante el esfuerzo continuo como se contará con un sistema creíble y transparente", sostuvo.
Durante la reunión, Louise Arbour reiteró su apoyo a las bancadas, a las instituciones mexicanas y a la sociedad civil para que asuman la problemática que existe en el tema de los derechos humanos.
A su vez, la diputada Omeheira López asumió que la urgencia del Estado mexicano se basa en responder a un reclamo ciudadano de justicia de combate a la impunidad, en el que se demanda seguridad jurídica y respeto a las libertades, así como la eficacia de un sistema moderno propio de un país democrático.
La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados señaló que la nueva política en la materia se sustenta en la armonización de las leyes nacionales, la cooperación internacional, el diálogo y la colaboración con la sociedad civil.
Por otro lado, diputados integrantes de las comisiones de Justicia, y de Derechos Humanos expusieron ante la comisionada de la ONU el rezago que existe en esos temas.
Entre ellos mencionaron la criminalización ante movimientos sociales, la participación ineficiente al combate al narcotráfico, la falta de atención a la pederastia y la violación de los derechos a los homosexuales.
Con la Secretaría de Relaciones Exteriores se ha dado seguimiento a las reuniones de información y consulta para la elaboración del próximo informe de México al Mecanismo de Examen Periódico Universal ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.
Asimismo, se ha vinculado el trabajo de la Comisión de Derechos Humanos con embajadas tales como la del Reino Unido y Canadá, intercambiando información sobre los intereses y prioridades en temas de derechos humanos de dichos países, proyectando próximas reuniones de trabajo y participación de expertos internacionales.
En ese sentido, por conducto de la Embajada británica, el Comité Unido de Derechos Humanos del parlamento británico, extendió la invitación a celebrar reuniones de trabajo para intercambiar experiencias en el ámbito legislativo y de derechos humanos; programando diversas reuniones con autoridades y organizaciones involucradas en el tema. Reuniones programadas con la Embajada británica en México, por demás interesantes, entre ellas el ministerio de Asuntos Exteriores del Reino Unido, la Oficina de Consejo del Parlamento, el Ministerio de Justicia, Amnistía Internacional, Departamento de Derechos Humanos, Gobernabilidad y Democracia; Seguridad Pública, el Comité Unido de Derechos Humanos, entre otros expertos en la materia de reconocida trayectoria mundial.
En esta visita, destacó el hecho de que el órgano de gobierno encargado de elaborar leyes, tiene la obligación de revisar cada proyecto, después de su primera lectura, para certificar que se ajusta a los estándares internacionales de derechos humanos y que no contienen per se violaciones a derechos fundamentales. Es reconocida la práctica conciliatoria asumida por los ombudsman mexicanos, pero figura descuidada a la que no se le da la importancia que en ese país tiene y los resultados que se presentan y sus beneficios.
Presentación del Informe Anual de Actividades de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos
Se asistió al Informe Anual de Actividades 2007 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, presentado por el doctor José Luis Soberanes Fernández, en donde señaló que prevalecen en México graves situaciones para el cumplimiento de las garantías fundamentales, ello –dijo– a pesar de que "en la pluralidad, en la capacidad política de los mexicanos, en la multiculturalidad de nuestra nación y en la solidez de nuestro tejido social existen herramientas para crear una república con respeto a los derechos humanos y con justicia para todos".
Agregó que la situación de las cárceles, los conflictos de 2007 en Oaxaca, las violaciones de derechos fundamentales contra personas migrantes e indígenas, así como el caso Zongolica, la despenalización del aborto en el Distrito Federal y los numerosos atentados contra periodistas fueron también asuntos de gran impacto social.
José Luis Soberanes Fernández presentó el informe anual de la CNDH, de conformidad lo que establece el artículo 102 constitucional. Puntualizó que durante 2007 la CNDH recibió 5 mil 244 quejas por presuntas violaciones a los derechos humanos, donde las autoridades más señaladas fueron el IMSS, con mil 15 quejas; PGR, 671; Sedena, 367; INM, 335; SEP, 311; ISSSTE, 270; Infonavit, 221; órgano administrativo desconcentrado de Prevención y Readaptación Social, de la SSP, 220; CFE, 198; PFP, 136; SRE, 115 y Luz y Fuerza del Centro, 110.
Señaló que el año precedente la CNDH emitió 70 recomendaciones, de las que el INM recibió ocho; el IMSS, la Sedena y el gobierno de Guerrero, seis cada uno; el gobierno de Veracruz y la Secretaría de Seguridad Pública Federal, cuatro cada uno; los gobiernos de Jalisco y de Oaxaca, el Congreso de Veracruz y el ayuntamiento de Zitácuaro, Michoacán, tres cada uno, en tanto que los gobiernos de Chihuahua, Coahuila, Quintana Roo, Sinaloa y del DF, así como el ayuntamiento de Apizaco, Tlaxcala, y el ISSSTE, dos cada uno.
Sobre la situación del derecho a la igualdad entre mujeres y hombres demandó acciones de gobierno más justas y con visión de género equilibrada; destacó las nuevas atribuciones otorgadas a la CNDH para prevenir y denunciar la tortura; puso énfasis en ahondar el trabajo que se realiza para combatir la trata de personas, que calificó como una forma moderna de esclavitud, y llamó la atención sobre la violencia contra la libertad de expresión.
Agradeció el respaldo del Poder Legislativo al trabajo de la CNDH, lo que fue tomado muy en cuenta por los gobernantes e hizo posible que la mayoría de las recomendaciones fueran aceptadas por las autoridades de los tres órdenes de gobierno. Señaló que en México se reconoce ya a los derechos humanos como el cimiento de la democracia y hay plena conciencia de que ejercerlos es la libertad que hace posible todas las demás libertades.
Trabajo legislativo
Durante el periodo que se informa, fueron proyectados los siguientes dictámenes, pendientes de aprobarse en el pleno de la comisión:
I. A la Minuta con proyecto de decreto que reforma y adiciona la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, a cargo del senador Manuel Velasco Coello.
El objeto de la minuta es ampliar el alcance de las medidas positivas y compensatorias a favor de la igualdad de oportunidades de niñas y niños contenidas en el artículo 11 de la Ley Federal Para Prevenir y Eliminar la Discriminación, para ser ampliadas también para los jóvenes.
Las diputadas y los diputados que integramos esta comisión estudiamos la iniciativa presentada por el senador Manuel Velasco Coello, así como la minuta con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, remitida por la Cámara de origen, para estar en posibilidades de dictaminarla a favor de la población beneficiada.
II. De la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona el apartado B del artículo 102 de la Constitución federal, así como diversos artículos de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a cargo del entonces diputado Tomas Torres Mercado, de la LVIII Legislatura.
El autor de la iniciativa plantea adicionar un párrafo noveno al Apartado B del artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como adicionar y reformar diversos artículos de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, para que este organismo se constituya en representante legal de los ofendidos y víctimas de delito en el enjuiciamiento penal federal.
III. De la proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a diversas instancias de gobierno, a que cumplan con la recomendación general número 3 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, relativa a garantizar las condiciones carcelarias y dignidad de las mujeres reclusas, presentada por la diputada Holly Matus Toledo.
La finalidad de la propuesta es que las autoridades federales y estatales atiendan la recomendación general número 3 emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el 14 de febrero de 2002, la cual plantea el mejorar de manera integral las condiciones de vida de las mujeres que se encuentran recluidas en centros de prisión preventiva o penitenciaros.
IV. De la iniciativa que reforma el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentada por la diputada Rosa Elva Soriano Sánchez.
La diputada promovente plantea establecer que los derechos fundamentales son oponibles a todo acto u omisión de entes públicos y privados que lesione, restrinja, altere o amenace en cualquier medida a la Constitución y a las disposiciones legales que emanen de ella, así como a los tratados internacionales celebrados por el Estado mexicano.
V. De opinión a la iniciativa que reforma diversos artículos de la Ley General de Protección Civil, presentada por la diputada Juana Leticia Herrera Ale.
La diputada promovente plantea incluir dentro de los integrantes del Consejo Nacional de Protección Civil al titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Asimismo, establecer como obligación de dicha comisión, implantar medidas de seguridad que garanticen y preserven el pleno respeto de los derechos humanos de las personas que resultan afectadas por los desastres, así como vigilar que los recursos asignados, monetarios o en especie, se ejerzan cumpliendo con los principios de equidad, igualdad y eficiencia, evitando en todo momento la discriminación, la manipulación y su uso discrecional.
VI. De dictamen de proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobernador del estado de México, para que destine los recursos necesarios para dar atención y cumplimiento a la recomendación de la Comisión de Derechos Humanos del estado de México, a fin de garantizar la seguridad pública de la población del municipio de Coyotepec, presentado por el diputado Armando Barreiro Pérez.
La finalidad de la propuesta es que el gobierno del estado de México, destine los recursos presupuestales necesarios al municipio de Coyotepec, para satisfacer la recomendación CODHEM/SP/3401/2005-1 de la Comisión de Derechos Humanos del estado de México, relativa a la construcción de la comandancia de policía, la contratación de nuevos elementos de policía y la adquisición de equipo para garantizar la seguridad pública de la población del municipio de Coyotepec.
Diputados: Omeheira López Reyna (rúbrica),
Alliet Mariana Bautista Bravo (rúbrica), María Dolores González
Sánchez, Yary del Carmen Gebhardt Garduza (rúbrica), Rosa
Elia Romero Guzmán (rúbrica), Arturo Flores Grande.
A la reunión que se llevará a cabo el viernes 11 de julio, a las 12:00 horas, en la sala de juntas del órgano legislativo convocante, situada en el tercer piso del edificio D.
Atentamente
Diputado Emilio Ulloa Pérez
Presidente
DE LA COMISIÓN DE EQUIDAD Y GÉNERO
A la reunión de mesa directiva que se llevará a cabo el martes 15 de julio, a las 10:00 horas, en las oficinas de la convocante, situadas en el edificio D, segundo piso.
Atentamente
Diputada Maricela Contreras Julián
Presidenta
DEL COMITÉ DEL CENTRO DE ESTUDIOS DE LAS FINANZAS PÚBLICAS
A la reunión plenaria que se verificará el martes 15 de julio, de las 12:00 a las 15:00 horas, en el salón de usos múltiples número 1 del edificio I.
Atentamente
Diputado Moisés Alcalde Virgen
Presidente
DE LA COMISIÓN DE EQUIDAD Y GÉNERO
A la reunión con su homónima del Senado de la República, que se llevará a cabo el miércoles 16 de julio, a las 15:00 horas, en la sala Heberto Castillo, situada en el piso 12 de la torre El Caballito.
Atentamente
Diputada Maricela Contreras Julián
Presidenta
DE LA COMISIÓN BICAMARAL DEL CANAL DE TELEVISIÓN DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
A la duodécima sesión de trabajo, que se llevará a cabo el miércoles 16 de julio, a las 17:00 horas, en la sala Isidoro Olvera del Senado de la República, situada en Donceles 14, primer piso.
Orden del Día
DE LA COMISIÓN DE TURISMO
A la vigésima tercera reunión de mesa directiva, que se verificará el miércoles 23 de julio, a las 10:30 horas, en el salón B del edificio G.
Orden del Día
DE LA COMISIÓN DE TURISMO
A la vigésima quinta reunión plenaria, que se verificará el miércoles 23 de julio, a las 13:00 horas, en el salón B del edificio G.
Orden del Día
DE LA COMISIÓN DE VIVIENDA
A la decimoctava reunión de mesa directiva, que se llevará a cabo el jueves 31 de julio, a las 9:30 horas, en la sala de juntas del órgano legislativo convocante, situada en el edificio D, segundo piso.
Orden del Día
DE LA COMISIÓN DE VIVIENDA
A la decimoséptima reunión ordinaria, que se llevará a cabo el jueves 31 de julio, a las 12:00 horas, en el salón E del edificio G.
Orden del Día
DE LA COMISIÓN DE RÉGIMEN, REGLAMENTOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS
Al proceso de presentación de aspirantes a recibir la Medalla al Mérito Cívico "Eduardo Neri, Legisladores de 1913", respecto del cual la recepción de candidaturas concluirá el viernes 29 de agosto.
La LX Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en el decreto que instituye la Medalla al Mérito Cívico "Eduardo Neri, Legisladores de 1913" y su reglamento
Convoca
A la Cámara de Senadores, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a la Presidencia de la República y las secretarías de Estado, a los gobiernos de las entidades federativas, a las universidades públicas y a las privadas, a las asociaciones técnicas, científicas y culturales, y demás instituciones representativas de la sociedad, para que propongan la candidatura de quien consideren merecedor de recibir la
Medalla al Mérito Cívico "Eduardo Neri, Legisladores de 1913"
Instituida para reconocer al ciudadano o a la ciudadana mexicana que se haya distinguido relevantemente, sirviendo a la colectividad nacional y a la república, destacando por sus hechos cívicos o políticos.
Lo anterior, por el acuerdo que tome la Cámara de Diputados en sesión pública, en atención al dictamen que presente la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.
Conforme a las siguientes
Bases
I. Las propuestas deberán ser dirigidas a los Secretarios de la Cámara de Diputados, sita en avenida Congreso de la Unión número 66, colonia El Parque, delegación Venustiano Carranza, código postal 15969, México, DF, edificio A, segundo piso, y habrán de contener los siguientes datos:
III. Lo no previsto en la presente convocatoria será resuelto inapelablemente por la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.
Atentamente
Diputada Ruth Zavaleta Salgado
Presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de
Diputados
Diputado Carlos Chaurand Arzate
Presidente
Al diplomado Gestión, evaluación y liderazgo para la reforma del Estado, que –con la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, División de Educación Continua y Vinculación, de la Universidad Nacional Autónoma de México– se llevará a cabo hasta el 20 de octubre, los lunes, miércoles y viernes, comprendidos de las 8:00 a las 10:00 horas, en el auditorio norte (edificio A, segundo piso).
El diplomado está dirigido a legisladores, asesores parlamentarios, estudiantes e investigadores (de ciencia política, administración pública, derecho, sociología, economía, relaciones internacionales o antropología), servidores públicos de los tres ámbitos, académicos y personas relacionadas con la investigación, el servicio público, la organización y el liderazgo político y partidista, la participación ciudadana y el impulso de las pautas para la transformación del Estado mexicano, en cualquiera de sus ámbitos, que deseen ampliar conocimientos y desarrollar habilidades en la gestión del cambio político, en el contexto de la reforma del Estado.
Informes e inscripciones hasta el 23 de mayo de 2008, de las 10:00 a las 15:00 horas, en los teléfonos 5628 1300 y 5420 1760, extensiones 1248 y 5089, 55 3666 5185, 55 3225 1261; en la dirección de correo electrónico conocimientoglobal@yahoo.com; y en el módulo instalado en la plaza principal del Palacio Legislativo de San Lázaro, frente al edificio G.
Cupo limitado.
Se otorgará constancia con valor curricular.
Objetivo general
Evaluar los conceptos fundamentales y las propuestas
de los modelos de reforma del Estado en México.
Metodología
Se desarrollarán 6 módulos, con 60 sesiones de trabajo los lunes, miércoles y viernes, de las 8 a las 10 de la mañana, en el auditorio norte del Palacio Legislativo de San Lázaro.
La dinámica de trabajo del diplomado contará de seis módulos de trabajo.
En el diplomado participarán como ponentes investigadores, profesores de educación superior, funcionarios públicos y responsables de organismos no gubernamentales, con la idea de generar una discusión multidisciplinaria sobre los temas descritos y de establecer metodologías que permitan evaluar objetivamente dicho proceso y construir herramientas metodológicas de evaluación y desarrollo de líderes de cambio político.
Evaluación: 80 por ciento de asistencia como mínimo y las evaluaciones aplicadas en cada módulo.
Módulo II. La Reforma Electoral
11 de julio
DE LA COMISIÓN DE ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES
Junto con el Instituto Nacional de Rehabilitación, el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia y los Consejos Nacional y Consultivo para las Personas con Discapacidad, al foro Retos legislativos, políticas públicas y presupuestales para personas con discapacidad, que se llevará a cabo el viernes 11 de julio, en el auditorio Nanahuátzin del Instituto Nacional de Rehabilitación, situado en calzada México-Xochimilco número 289, colonia Arenal de Guadalupe, código postal 14389, Ciudad de México, teléfono 5999-1000.
Programa
Viernes 11 de julio
10:00 a 11:30. Desarrollo social
10:00 a 10:15. Maestra Lidya Madero García, titular
del Instituto Nacional de Desarrollo Social.
10:15 a 10:30. Licenciada Magdalena Adriana González
Furlong, del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores.
10:30 a 10:45. Ingeniero Santiago Velázquez Duarte,
presidente de Vida Independiente, AC.
10:45 a 11:30. Participación de la Secretaría
de Desarrollo Social.
11:30 a 15:10. Asistencia social
11:30 a 12:00. Doctor Sergio Medina González, del DIF nacional.
Panel de marco jurídico
12:00 a 12:30. Senador Guillermo Suárez Tamborrel,
presidente de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables
del Senado de la República.
12:30 a 12:45. José Luis Galeana Beltrán,
coordinador del Comité de Legislación y Derechos Humanos
del Consejo Consultivo de las Personas con Discapacidad.
12:45 a 13:00. Wilfredo Guzmán Jara, presidente
de la Organización Mundial de Personas con Discapacidad.
13:00 a 13:30. Diputada Esperanza Morelos Borja, presidenta
de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables en la Cámara
de Diputados.
Panel de presupuesto
13:30 a 13:50. Participación de la Subsecretaría
de Egresos de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público.
13:50 a 14:10. Diputado Moisés Alcalde Virgen,
integrante de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
14:10 a 14:30. Doctor Héctor Juan Villarreal Páez,
del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas.
14:30 a 14:50. Licenciado Genaro Santana Moronati, especialista
en el Presupuesto de Egresos de temas sociales.
14:50 a 15:10. Contador público Federico Fleischmann
Loredo, coordinador del Consejo Consultivo de las Personas con Discapacidad
y Presidente de Libre Acceso, AC.
15:10 a 15:30. Presentación de relatorías
del Foro de discapacidad.
Entrega de reconocimientos, y conclusiones de las diputadas
y los diputados.
Clausura
Comida
Atentamente
Diputada María Esperanza Morelos Borja
Presidenta
DE LA COMISIÓN DE CULTURA
A la exposición Pintura Infantil por la Vida, Derechos del Concebido, AC, y Pequeñas Pinceladas de Amor, que permanecerá hasta el viernes 11 de julio en el vestíbulo principal del Palacio Legislativo.
Atentamente
Diputado Emilio Ulloa Pérez
Presidente
DE LA COMISIÓN DE CULTURA
A la exposición Grupo de Amistad México-Eslvaquia, 8 mágico de la Embajada de la República Eslovaca, que permanecerá del lunes 14 al viernes 25 de julio y se inaugurará el martes 15, a las 12 horas, en el vestíbulo principal.
Atentamente
Diputado Emilio Ulloa Pérez
Presidente
DEL DIPUTADO ARNOLDO OCHOA GONZÁLEZ
A la presentación de Apuntes sobre la transición en el Poder Legislativo mexicano: la reelección inmediata, la regulación del cabildeo y la disciplina de los legisladores federales, libro del maestro Alfonso del Rosal y Hermosillo, que se llevará a cabo el lunes 14 de julio, a las 12:00 horas, en el salón Legisladores de la República.
Participarán como comentaristas los senadores Minerva Hernández Ramos y Francisco Arroyo Vieyra, el magistrado Miguel Covián Andrade, y los diputados Alfredo Ríos Camarena y Arnoldo Ochoa González, este último como moderador.
Atentamente
Diputado Arnoldo Ochoa González
Vicepresidente
DE LA COMISIÓN DE ECONOMÍA
Al foro Apertura de la inversión extranjera en el sector de telefonía fija, que se verificará el martes 15 de julio, de las 9:30 a las 15:00 horas, en el salón de protocolo del edificio C.
Atentamente
Diputada Adriana Rodríguez Vizcarra Velázquez
Presidenta
DEL CENTRO DE ESTUDIOS SOCIALES Y DE OPINIÓN PÚBLICA
Al seminario El parlamento eficaz en la democracia moderna, comunicación y legisladores, en coordinación con el Centro Interamericano de Gerencia Política de Miami, que se llevará a cabo del miércoles 16 al viernes 18 de julio, de las 9:00 a las 19:00 horas, en el auditorio del edificio E.
Atentamente
Doctor Francisco Guerrero Aguirre
Director General
DE LA COMISIÓN DE ECONOMÍA
Al foro Diagnóstico y perspectivas del sector automotor, que se verificará el miércoles 16 de julio, de las 9:30 a las 18:00 horas, en los salones A y B del hotel Fiesta Inn de Puebla, situado en la carretera lateral de la autopista México-Puebla número 7735, ex Rancho Moratilla.
Atentamente
Diputada Adriana Rodríguez Vizcarra Velázquez
Presidenta
DEL CENTRO DE ESTUDIOS SOCIALES Y DE OPINIÓN PÚBLICA
A la mesa de discusión y análisis número 18, Acciones para posicionar el trabajo legislativo en la opinión pública, que se efectuará el miércoles 16 de julio, de las 12:00 a las 14:00 horas, en salón de usos múltiples número 2 del edificio I.
Atentamente
Doctor Francisco Guerrero Aguirre
Director General
DE LA COMISIÓN DE CULTURA
A la exposición pictórica Andares IV, que permanecerá hasta el viernes 18 de julio en el vestíbulo del edificio A.
Atentamente
Diputado Emilio Ulloa Pérez
Presidente
DE LA COMISIÓN DE CULTURA
A la exposición Medallas, placas y rastrillos, que permanecerá del lunes 21 al viernes 25 de julio y se inaugurará el martes 22, a las 11 horas, en el vestíbulo principal.
Atentamente
Diputado Emilio Ulloa Pérez
Presidente
DEL COMITÉ DE COMPETITIVIDAD Y DEL CENTRO DE ESTUDIOS SOCIALES Y DE OPINIÓN PÚBLICA
A la presentación del libro Situación de la competitividad en México, que se llevará a cabo el martes 22 de julio, a las 17:00 horas, en el salón Legisladores de la República, situado en el segundo piso del edificio A.
Atentamente
Diputado Mariano González Zarur
Presidente del Comité
DEL CENTRO DE ESTUDIOS SOCIALES Y DE OPINIÓN PÚBLICA
A la mesa de discusión y análisis número 19, Conceptos y medición de la calidad de vida, que se llevará a cabo el miércoles 23 de julio, de las 12:00 a las 14:00 horas, en el salón de usos múltiples 2 del edificio I.
Atentamente
Doctor Francisco Guerrero Aguirre
Director General
DE LA COMISIÓN ESPECIAL DE ESTUDIOS DE LAS POLÍTICAS PARA LA MIGRACIÓN INTERNA
Al diplomado Gobernabilidad, equidad y desarrollo: las migraciones del México urbano que, en coordinación con la Escuela de Graduados en Administración y Política Pública del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, se llevará a cabo entre el viernes 25 de julio y el sábado 6 de diciembre, en el auditorio norte del Palacio Legislativo de San Lázaro, situado en el edificio A, segundo piso.
Presentación
El siglo XXI se caracteriza por importantes movimientos migratorios en dos planos: en el internacional los países otrora colonias de diversas metrópolis reciben amplios grupos de personas que, además de buscar mejores formas de vida en países desarrollados se movilizan en función de la cultura que les heredaron las naciones coloniales, toda vez que la lengua, la historia común, la alimentación, las costumbres e incluso la religión favorecen su integración, aunque fuere en un nivel relativo por el frecuente rechazo de dichas sociedades a recibirlos en su estructura económica y social.
No obstante lo anterior, se prevé que estas corrientes modifiquen el mapa geopolítico del planeta en su conjunto, toda vez que tan sólo por el creciente problema del hambre que afecta en su vertiente extrema a la tercera parte de la población mundial o por el desempleo absoluto que abarca a casi 200 millones de personas, se estima que entre América Latina, Asia y África tienen un universo superior a 300 millones de personas susceptibles de abandonar sus comunidades y países hacia el norte del globo terráqueo.
En nuestro continente, la realidad migratoria más apremiante es el flujo de sudamericanos y mexicanos que trascienden la frontera mexicano-estadounidense, con un volumen anual de casi 500 mil personas, según estimaciones del Instituto Internacional de las Migraciones. Estos datos abarcan la emigración ilegal, aunque la de carácter documentado es sumamente importante en sus efectos económicos, sociodemográficos y culturales, poniendo como ejemplo que en esa misma frontera se efectúan cerca de 3 millones de cruces al año, lo que explica la oposición de los estados del sur de Estados Unidos al cierre total de la frontera mediante un muro metálico, lo que provocaría pérdidas cuantiosas para el comercio de ambos países.
La otra vertiente migratoria, la interna, acentuada principalmente por los rápidos procesos de urbanización, de secundarización y de terciarización de la economía que se producen desde la década de los años 70 del siglo pasado, cambió el número de ciudades importantes y transformó las metrópolis en megalópolis, pero su cambio más relevante será en la concepción cultural, administrativa y jurídica con que se ha diseñado la arquitectura geográfica del Estado Moderno. En este sentido, los estudios de urbanismo, movimientos poblacionales y hábitat de instituciones públicas, privadas y de investigación de todo el mundo coinciden en que la idea de región, estados, provincias y municipios está totalmente rebasada y que, tras el debilitamiento de la nación y de las unidades secundarias, como fruto de la globalidad, emerge como conglomerado humano central el de las ciudades.
Lo anterior significa que las ciudades, a diferencia de los municipios, asumen las funciones clásicas del desarrollo urbano, los servicios y la administración y les agregan responsabilidades de gestión, integración cultural, proyecto común, interculturalidad, gestión intergubernamental propia, entre otras. El advenimiento de las ciudades entra en contradicción con el modelo municipal, de tal modo que las grandes urbes, como la Ciudad de México, generan regiones diferenciadas, aisladas y en verdadero conflicto, semejantes a guetos urbanos, que carecen de una identidad y proyecto común.
Esto hace necesaria la evolución del tratamiento académico, político y legislativo de las migraciones en todo el territorio, ya que los efectos de los flujos directos o indirectos de migrantes que provocaron una región polvorín en toda la frontera norte mexicana se está reproduciendo en el altiplano, el centro y el sur de todo el país.
Este fenómeno es relativamente nuevo para las políticas públicas y para su tratamiento en el ámbito legislativo. De ahí el acierto de que la LX Legislatura de la Cámara de Diputados crease la Comisión Especial para el Estudio de las Políticas para las Migraciones Internas.
En seguimiento de nuestro programa de trabajo, hemos entablado un proceso de coordinación y consulta con diversas entidades públicas y de investigación que permitan acciones concretas como un diagnostico objetivo, el impulso al estudio de estos fenómenos desde una perspectiva nueva, el análisis del marco jurídico aplicable y una convocatoria amplia a toda la sociedad para participar en nuestros trabajos.
Como fruto de ello, se ha convenido con el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, a través de su Escuela de Graduados en Administración y Políticas Públicas, que posee experiencia de investigación y docentes de elevada calidad en estos temas, para impulsar el diplomado Gobernabilidad, equidad y desarrollo: las migraciones del México urbano, que permita atraer a nuestra Institución el aporte de los académicos, en conjunción con la invitación a instituciones federales, estatales y municipales para profundizar en su estudio, con el valor añadido de que ofrece un valor curricular ampliamente consolidado como mecanismo de actualización profesional continua, que tiene amplia aceptación y validez como alternativa ante estudios de ciclo largo como las maestrías.
Con este proyecto, nuestra institución consolida su decisión de ser un espacio abierto para la ciudadanía y para nuestras instituciones educativas, que también fortalezca con seriedad, responsabilidad y calidad técnica nuestro trabajo legislativo, en atención a la compleja agenda pública surgida de los fenómenos contemporáneos y la demanda social, que exige nuevos tratamientos, nuevas normas y nuevas políticas públicas, en materia territorial, urbana poblacional y migratoria.
Dirigido a legisladores, asesores parlamentarios, estudiantes e investigadores (de ciencia política, administración pública, derecho, sociología, economía, antropología), funcionarios públicos, académicos y personas relacionadas con los temas de diseño, gestión y la administración de los fenómenos de las migraciones, el desarrollo urbano, gobierno metropolitano, y desarrollo regional y social.
Informes
Del 19 de mayo al 3 de julio de 2008 de 10:00 a 15:00 horas, en los teléfonos 5628 1300, extensiones 3856, 3836, 58215, 58216 y 58217; 01 800 718 4291, 04455 3666 5185, 04455 3225 1261; y en la dirección de correo electrónico conocimientoglobal@yahoo.com, así como en la Comisión Especial de estudios de las políticas para la migración interna, edificio F, planta baja, Palacio Legislativo de San Lázaro.
Cupo limitado.
Se otorgará constancia con valor curricular.
Objetivo general
Analizar y proponer una política integral eficaz sobre migraciones internas en México y, al mismo tiempo, evaluar las acciones y estrategias interdisciplinarias e interinstitucionales que se generan para lograr dicho objetivo.
Metodología
Se realizarán cinco módulos, con 20 sesiones de trabajo, los viernes de 15:00 a 20:00 horas, y los sábados de 9:00 a 14:00 horas, en el auditorio norte del Palacio Legislativo de San Lázaro, situado en el edificio A, segundo piso.
La dinámica de trabajo para el diplomado será a través de cinco módulos de trabajo, en los cuales se analizarán los siguientes temas: "Los procesos de urbanización y metropolización", "Perspectivas de desarrollo regional", "Migración interna, integración y expulsión", "Empleo y bienestar en los nuevos procesos migratorios", "Emigración e inmigración, remesas y desarrollo local", "Políticas para la migración interna, gobernabilidad, democracia y coordinación federalista".
Los ponentes que participarán serán investigadores, profesores de educación superior, funcionarios públicos y responsables de organismos no gubernamentales, con la idea de generar una discusión multidisciplinaria sobre los temas antes descritos y llegar a establecer metodologías que ayuden a consolidar las acciones de gobierno y esto sea traducido en un mayor nivel de gobernabilidad social y rendimiento institucional.
Evaluación
80 por ciento de asistencia como mínimo y las evaluaciones aplicadas en cada módulo.
Módulo I. Los procesos de urbanización
y metropolización.
Fechas: 25 y 26 de julio, y 8 y 9 de agosto.
Ejes temáticos
Ejes temáticos
Ejes temáticos
Ejes temáticos
Ejes temáticos
DEL CENTRO DE ESTUDIOS SOCIALES Y DE OPINIÓN PÚBLICA
A la presentación de la Revista Legislativa de Estudios Sociales y de Opinión Pública, que tendrá verificativo el miércoles 30 de julio, de las 17:30 a las 19:00 horas, en el salón de usos múltiples número 2 del edificio I.
Atentamente
Doctor Francisco Guerrero Aguirre
Director General