El que suscribe, diputado federal por el estado de Hidalgo, Lorenzo Daniel Ludlow Kuri, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con base en la facultad que me confiere el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 58 y 60 del reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito someter a consideración del Pleno de la honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, la proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular del Ejecutivo de estado de Hidalgo, respecto a la atribución que otorga la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 115, fracción V, inciso d), a los municipios relativo a autorizar, controlar y vigilar la contribución por el uso de suelo, así como abstenerse de intentar cobrar el impuesto predial en los municipios.
Exposición de Motivos
Consciente de la problemática que enfrenta los municipios de nuestro país en cuanto a la falta de recaudación en sus territorios, derivada de la inconsistencia de la aplicación del federalismo que ha sido creado precisamente para otorgarle la autonomía de los municipios que les otorga la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dado que éstos han sido rebasados por los estados que han hecho propias esas facultades que les permiten recaudar los impuestos propios, como lo es la contribución por uso de suelo, a lo cual debo hacer las siguientes consideraciones.
El municipio surgió con la necesidad del hombre de agruparse socialmente para hacer posible su convivencia y protección. De esta manera, el municipio ha sido la reunión de varios individuos o familias ligadas entre sí por el vínculo de muchos siglos y de hábitos no interrumpidos, de propiedades comunes, de cargas solidarias y de todo lo que contribuye a conformar lo que podría denominarse como una sociedad natural domiciliada.
Por ello, la existencia de los municipios ha tenido profundos cimientos sociales que se han desarrollado con la influencia del poder público. Nació de la vida en común, del disfrute pro indiviso de ciertos bienes y de todas.
Las relaciones que de aquí se derivaban, no ha sido una simple circunscripción territorial con un fin político, sino una sociedad en la que el fin religioso, el científico, el artístico, el económico y en una palabra, todo cuanto ha de cumplir el hombre, se ha desarrollado y ha dado medios para su consecución.
El municipio ha sido la forma de gobierno que ha estado más cerca del individuo y que es y ha sido uno de los elementos básicos en que descansa nuestra organización social y política. En el municipio se ha estado en contacto con la vida cívica en sus distintas fases, tanto electorales como patrióticas que han ocupado la atención ciudadana.
La Constitución de nuestro país ubica al municipio libre como base de división territorial y de la organización política y administrativa de los estados.
La palabra y concepto jurídico de municipio surgió por vez primera en Roma.
El vocablo municipio proviene del latín, que se compone de dos palabras: el sustantivo manus munare que se refiere a cargas y obligaciones, tareas, oficios; y del verbo capere, que significa tomar, hacerse cargo de algo, asumir ciertas cosas. De estos vocablos se debía entender, que a cambio de gobernarse a sí mismos los pueblos sometidos por Roma, debían pagar un tributo en suma el manus y el capere.
De la conjunción de estas dos palabras surgió el término municipium, que definió etimológicamente a las ciudades en las que los ciudadanos tomaban para sí las cargas necesarias, tanto personales como patrimoniales, para atender los asuntos y servicios locales de esas comunidades.
El concepto de munícipe hace alusión a gobernantes y a los habitantes de las circunscripciones municipales, o municipia, término para referirse a las ciudades que en el derecho romano otorgó la calidad de autónomas en su manejo administrativo.
Se entiende por municipio a la institución jurídica, política y social que tiene como finalidad organizar a una comunidad en la gestión autónoma de sus intereses de convivencia primaria y vecinal, que está regida por un ayuntamiento y que es, con frecuencia, la base de la división territorial y de la organización política de un estado
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos considerada en la dogmática jurídica como el sustento normativo fundamental, contempla al municipio como base de la división política y administración territorial de los estados.
La definición que expresamente contempla nuestra legislación, lo ha definido, estructurado y regulado en el artículo 115 vigente de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
"Los estados adoptarán para su régimen interior la forma de gobierno republicano, representativo, popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización política y administrativa el municipio libre".
Se entiende por autonomía municipal el derecho del municipio para que, dentro de su esfera de competencias, elija libremente a sus gobernantes, se otorgue sus propias normas de convivencia social, resuelva sin intervención de otros poderes los asuntos propios de la comunidad; cuente, además, con renglones propios de tributación y disposición libre de su hacienda y, finalmente, que estas prerrogativas estén definidas y garantizadas en el ordenamiento supremo del Estado a través del pacto federal.
La octava reforma realizada al artículo 115 constitucional representó el avance más importante que en toda la historia del municipio mexicano se había registrado; fue publicada en el Diario Oficial del 3 de febrero de 1983. Aseveración que se aprecia en que se fijó expresamente la fuente de los ingresos municipales, contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria, sobre la prestación de los servicios públicos y las participaciones federales básicamente; reiteró, también expresamente, la facultad reglamentaria de los municipios, introduciendo la instancia previa de las llamadas bases normativas de procedencia estatal; enumeró los servicios públicos a cargo de los municipios; con todo y lo cuestionable, dejó a la legislatura de los estados la aprobación de la Ley de Ingresos y el presupuesto de egresos de los municipios, pero a favor del fortalecimiento municipal, le otorgó a éstos la atribución de elaborar y aprobar su presupuesto de egresos. De avanzada, la facultad para crear empresas paramunicipales, el otorgamiento de facultades en materia ecológica y de reserva territorial, así como lo referente a la facultad para celebrar convenios con la federación, estados e intermunicipales que tuvieran por objeto el mejoramiento y eficiencia de los servicios públicos de su competencia.
Consideraciones
La reforma de 1983 continúa la línea economicista del constituyente de 1917, en razón de seguir potenciando los elementos económicos sobre los políticos; aunque tal criterio (económico) es virtualmente una realidad más bien teórica que fáctica.
Así tenemos, que de la totalidad de ingresos tributarios del país, se destina un 80 por ciento a la federación, un 17 por ciento a los estados y un 3 por ciento a los 2 mil 439 municipios de nuestra nación; siendo la realidad en cuanto a participación económico destinada a los municipios —todo se deja a los famosos convenios de coordinación fiscal, en los cuales no puede tener injerencia el municipio, ochenta y tres años después de haber sido promulgado el artículo 115 constitucional y de haber tenido algunas modificaciones, el municipio aún continúa luchando por alcanzar sus propósitos de autonomía–. El municipio no ha contado con los instrumentos necesarios para hacer efectiva su autonomía económica y política. Le ha sido muy difícil sacudirse el proceso histórico que le impuso una política centralizadora que determinó una relación de subordinación en relación con los otros órdenes de gobierno.
El municipio en México ha dado pasos adelante, sin embargo, el proceso de maduración política de la sociedad civil mexicana requiere de un municipio responsable ante los ciudadanos y de una institución que garantice el desarrollo político y social. Para que con ello se vitalice a los estados y a la federación.
La Comisión de Fortalecimiento al Federalismo de la LIX legislatura indico:
Que uno de los propósitos de fortalecer al federalismo es precisamente poner en claro las facultades que la autonomía propia les establece y hago la siguiente cita del artículo:
De conformidad con lo dispuesto en el párrafo anterior, los ayuntamientos en el ámbito de su competencia, establecerán mediante acuerdos tributarios de observancia general, las cuotas y tarifas aplicables a impuestos, derechos, contribuciones de mejoras y las tablas de valores unitarios de suelo y construcciones que sirvan de base para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria.
Las legislaturas de los estados aprobarán las leyes de ingresos municipales en donde se establecerán las hipótesis normativas que causen el pago de contribuciones y prevean los distintos supuestos de ingresos municipales. Los presupuestos de egresos serán aprobados por los ayuntamientos con base en sus ingresos disponibles.
En el estado de Hidalgo se ha caído en una práctica por parte del gobierno del estado que ha violentado la autonomía de estos al cobrar el impuesto por uso de suelo, lo cual es facultad completa exclusiva de los municipios, ya que esta contribución les beneficia directamente para la aplicación de recursos para obra de las localidades, de la misma manera y como es el caso de algunos, principalmente los que se encuentran en la periferia de Pachuca, donde se le ha solicitado que el impuesto predial se permita se cobre a través del gobierno del estado lo cual es incomprensible, ya que repito son facultades exclusivas de los ayuntamientos estos cobros y no existe ninguna salvedad que les permita a los gobiernos de los estados recaudar este tipo de contribuciones, como es el caso de Hidalgo en el que se hace firmar convenios entre el municipio y el gobierno estatal, por el cual, al último le faculta a realizar estas recaudaciones debido a que algunos no cuentan con su plan de desarrollo municipal.
Por otra parte, es menester puntualizar que los municipios involucrados son los que se encuentran cerca de donde se construirá el aeropuerto, por lo cual éstos se verán beneficiados económicamente al expedir permisos de uso de suelo así como también cobraran el impuesto predial de las empresas y desarrollos que se establezcan alrededor del aeropuerto por lo que generará una gran derrama de este cobro de impuestos.
El gobierno del estado de Hidalgo ha empezado a presionar a los munícipes para que la contribución de estos impuestos la cobre a través de sus mecanismos, por lo que claramente existe la intención de quitarles esa fuente de ingresos que les generara mejore condiciones de vida para los habitantes de cada uno de los municipios involucrados.
Por lo antes expuesto y con el propósito de fortalecer el federalismo, como consecuencia la autonomía municipal y que estos tengan una recaudación de su hacienda más amplia, se realizan las siguientes propuestas.
Con base a lo dispuesto en los artículos 58 fracción I, II, III, artículo 59 y artículo 60 del Reglamento para el Gobierno Interior someto al pleno de esta soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero. Se solicita al titular del Ejecutivo del gobierno del estado de Hidalgo para que emita un informe de los municipios que recaudan la contribución por el concepto de permiso de uso de suelo.
Segundo. Se exhorta al titular del Ejecutivo del gobierno del estado de Hidalgo a que indique a sus 84 municipios que la contribución por permiso y contribución de uso de suelo la realicen por sus propios medios y que dicha contribución se establezca en las bases de su hacienda municipal.
Tercero. Se exhorta al titular del Ejecutivo del gobierno del estado de Hidalgo establezca las bases y se les reintegre de forma retroactiva las contribuciones por uso de suelo e impuesto predial a los municipios desde el año 2005.
Cuarto. Se exhorta al titular del Ejecutivo del gobierno del estado de Hidalgo para que se abstenga de intentar cobrar la contribución por impuesto predial de los municipios.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de febrero de 2008.
Diputado Daniel Ludlow Kuri (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA AL GOBIERNO FEDERAL A PAGAR DE INMEDIATO AL SISTEMA DE AGUAS
DE LA CIUDAD DE MÉXICO SUS ADEUDOS POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE
AGUA POTABLE, A CARGO DEL DIPUTADO GERARDO VILLANUEVA ALBARRÁN,
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
El suscrito, diputado del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, integrante de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite someter esta proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
El agua potable es un bien público fundamental, indispensable para la subsistencia humana. El costo que implica ponerla a disposición de la población se traduce en una obligación de pago que no puede ser desdeñada ni postergada.
Es obvio que quienes tienen la responsabilidad de predicar con el ejemplo en términos de cumplimiento de sus obligaciones cívicas, como es el pago de este valioso recurso, son, en primer término, los organismos públicos y las entidades gubernamentales.
Por eso, es injustificable la actitud morosa, reiterada y constante, que han tenido en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales con el Distrito Federal, diversas dependencias y entidades del gobierno federal.
No es justo que mientras miles de ciudadanos se abastecen mediante pipas y tienen consumos menores a 65 litros de agua por día, otros, entre los que se encuentran las dependencias federales morosas, tengan disponibilidad de hasta 450 litros por persona diarios y que no paguen por ello.
El gobierno del Distrito Federal ha otorgado facilidades excesivas en el cobro de agua. Incluso ha negociado el pago con los grandes deudores, tanto públicos como privados, para lograr la liquidación de esos créditos fiscales.
De acuerdo con la prensa nacional, el Sistema de Aguas de la Ciudad de México ha intentado lograr un acuerdo de pago con 125 instituciones federales que, en conjunto, adeudan 4 mil 600 millones de pesos.1
Alrededor de 100 organismos o dependencias públicas han respondido a dicho ofrecimiento, acordando el finiquito de pago, como es el caso de la Cámara de Diputados, la presidencia de la república, el Estado Mayor Presidencial, el aeropuerto internacional Benito Juárez y el Banco Nacional de Obras, entre otros.2
La presidencia de la república, por ejemplo, ha reconocido adeudos por 2 millones 711 mil pesos, y se encuentra negociando la cancelación de los recargos, que ascienden aproximadamente a 400 mil pesos.3
La Secretaría de Gobernación también ha reconocido su adeudo por 1 millón 435 mil pesos; la Secretaría de Comunicaciones, por 868 mil pesos; la Secretaría de la Función Pública, por 230 mil pesos, y la Secretaría de Seguridad Pública, por 2 millones 300 mil pesos.
La Secretaría de Educación Pública, por su parte, debe cerca de mil millones de pesos, y actualmente está identificando junto con el Sistema de Aguas los inmuebles utilizados como escuelas y los que corresponden a oficinas administrativas, con el fin de exentar el adeudo correspondiente a los planteles educativos.4
En el caso de la Comisión Federal de Electricidad, se ha otorgado un crédito para afrontar los adeudos pendientes, que ascienden a 333 mil pesos.
Otras dependencias deudoras han sido reticentes al pago, como la Secretaría de Energía, que hasta que le fue suspendido el servicio inició el trámite de liquidación del adeudo.5
Sin embargo, del propio gobierno federal, hay dependencias que no sólo no han liquidado sus adeudos por concepto de consumo de agua, sino que ni siquiera los han querido reconocer, como es el caso de Petróleos Mexicanos, que debe más de 25 millones de pesos.6
También se encuentran bajo esta condición la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que debe 5 millones de pesos; Luz y Fuerza del Centro, que adeuda 11 millones de pesos; el Instituto Nacional del Fondo para la Vivienda de los Trabajadores (Infonavit), 2 millones de pesos; el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), 11 millones 800 mil pesos; Ferrocarriles Nacionales de México, 18 millones de pesos; la Comisión Nacional del Agua, 2 millones 800 mil pesos; el Estado Mayor Presidencial, 7 millones 830 mil 869 pesos; la Secretaría de la Defensa Nacional, 215 millones 834 mil 872 pesos y la delegación del ISSSTE Zona Norte, que debe 227 millones 482 mil 149 pesos.7
Por otro lado, tampoco se han presentado a cubrir sus adeudos de agua, el Consejo de la Judicatura Federal, que adeuda 6 millones 591 mil 848 pesos, ni la Auditoría Superior de la Federación, que debe 779 mil 784 pesos.8
Con el fin de aclarar los adeudos correspondientes y acordar las fechas de pago, el Sistema de Aguas de la Ciudad de México ha informado que ha llevado a cabo más de 100 reuniones de trabajo con diversas dependencias federales, las cuales han tenido como fruto la firma de compromisos de liquidación en distintos plazos.
Sin embargo, el Sistema de Aguas ha señalado que algunas dependencias no han respondido a la carta de invitación en la que se les indicó el adeudo y se les ofrecieron las facilidades de pago. Por ello, el gobierno de la ciudad ha tenido que recurrir a la suspensión del suministro correspondiente.
Por lo anterior, inmuebles del Poder Judicial de la federación, de Diconsa, del Nacional Monte de Piedad, de la Hemeroteca del periódico Nacional, de la Secretaría de la Defensa Nacional, del ISSSTE, de Ferrocarriles Nacionales de México, del Banco de Comercio Exterior, de Talleres Gráficos de la Nación y de la Secretaría de Salud se encuentran actualmente en riesgo de que les sea suspendido el suministro de agua.
El gobierno del Distrito Federal a través del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, efectúa 2 mil 500 cortes de agua cada año, de los cuales la mayor parte procede de usuarios no domésticos. De ese total, en el último año, sólo dos cortes de servicio se hicieron a dependencias federales, por lo que de hecho las dependencias del gobierno federal habían tenido un trato preferencial como usuarios del sistema.
El adeudo total acumulado por pago de servicio de agua en el Distrito Federal es de aproximadamente 10 mil millones de pesos, de los cuales las dependencias federales adeudan cerca de 4 mil 600 millones. Si la federación pagara estos recursos, se lograría mejorar el mantenimiento a la red de agua potable y financiar las nuevas plantas de tratamiento de agua que son necesarias.9
Durante años, el gobierno federal sustentó su negativa de pago en la errónea interpretación de la exposición de motivos de una reforma constitucional realizada al artículo 115 en 1997, en la que se eximía del pago del impuesto predial a los edificios públicos de la federación, sin embargo, no se incluían las tarifas del servicio de agua.10
Las inversiones que hace el gobierno de la ciudad este año en materia hidráulica son 114 por ciento superiores a las realizadas el año pasado. Tan sólo en drenaje, se están invirtiendo mil 270 millones de pesos en 2007, a los que se agregan mil 200 millones que paga el Distrito Federal por el suministro de agua en bloque que se van al fideicomiso mil 928 para la construcción de infraestructura, lo que resulta en más de cuatro veces lo invertido en 2006, que fue de 560 millones de pesos.11
El dinero adeudado ayudaría en gran medida a resolver los problemas de suministro, abasto y mantenimiento de la red de drenaje y agua potable en la Ciudad de México. Adicionalmente, contribuiría a llevar a cabo la sustitución de parte de la tubería y de diversos componentes de los más de 14 mil kilómetros de redes hidráulicas existentes, las que en algunos casos cuentan con hasta 70 años de antigüedad.
Además, el gobierno del Distrito Federal tiene programada la construcción de un túnel profundo abajo del Gran Canal, con el fin de ayudar a desalojar las aguas pluviales. Este proyecto, que tendrá un costo de 2 mil millones de pesos, se edificará entre 2008 y 2010. Si las dependencias federales pagasen al menos los 2 mil 500 millones de pesos que se han estimado al restarles del adeudo original las exenciones de hospitales, escuelas y recargos, no sólo estaría cubierta esta importante obra de infraestructura hidráulica, sino que se tendría un excedente para amortizar los trabajos de mantenimiento ya mencionados, que costarán cerca de 81 millones de pesos.
El monto adeudado tiene tal relevancia que, comparado con diversas partidas asignadas a temas sustantivos en el presupuesto del Distrito Federal para el año 2008, representaría más del 10 por ciento del presupuesto asignado a las 16 delegaciones del Distrito Federal, que es de 21 mil 804 millones de pesos. También equivale aproximadamente a la mitad del presupuesto asignado para este mismo año en educación, que es 5 mil 171 millones de pesos; a cerca del la tercera parte del presupuesto de salud, que corresponde a 7 mil 848 millones de pesos; a poco más del 10 por ciento del destinado a seguridad, que es de 22 mil 323 millones, y es ocho veces mayor que el fondo creado para las delegaciones del Distrito Federal, estimado en 300 millones de pesos, que se usará para sustitución de viviendas de alto riesgo.12
Finalmente, como un aspecto básico en la generación de la cultura del respeto del agua y de equidad en la nación, es fundamental que el gobierno federal reconsidere el hecho de que las dependencias federales no están pagando por el suministro de este bien público no sólo en el Distrito Federal, sino en todo el país. Sólo en el Distrito Federal se estima que son mil 600 las oficinas federales que no cubren el pago correspondiente por el servicio.
Por eso, el Sistema de Aguas de la Ciudad de México, al requerir el pago por el consumo, sólo actúa conforme a derecho, como lo hace cualquier otra institución prestadora de servicios gubernamentales o privados, como la Compañía de Luz y Fuerza del Centro o Teléfonos de México. Más aún cuando el Código Financiero del Distrito Federal faculta a la autoridad local para cortar el suministro del agua cuando se acumulen dos o más bimestres sin liquidar.
Los diputados federales rechazamos rotundamente que mientras la Comisión Nacional del Agua decide incrementar en 18.8 por ciento la cuota por el suministro que llega del sistema Cutzamala a la Ciudad de México, las dependencias federales se nieguen a pagar sus adeudos con la propia ciudad.13
Por las razones expuestas, someto a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al gobierno federal a pagar de forma pronta y expedita al Sistema de Aguas de la Ciudad de México, el total de sus adeudos por concepto de suministro de agua potable.
Notas:
1) Gobierno del Distrito Federal, Boletines número
846 de fecha 27-09-07 y número 1069 de 26-11-07.
2) Gobierno del Distrito Federal, Boletín número
1077 de fecha 27-11- 07.
3) Diarios Reforma del 27-09-07 y Milenio del 5-12-07.
4) Gobierno del Distrito Federal, Boletín número
1069 26 nov 07.
5) Gobierno del Distrito Federal, Boletín número
1077.
6) Diario El Universal del 27-11-07.
7) Gobierno del Distrito Federal, Boletín número
846 del 27-09-07, diario El Universal y diario La Jornada del 28-09-07.
8) Diario La Jornada del 28-09-07.
9) Gobierno del Distrito Federal, Boletín número
846 del 27-09-07 y Programa Hechos AM por Internet, del 27-11-07.
10) Idem. Op. cit.
11) Gobierno del Distrito Federal, Boletín número
821 del 21-09-07.
12) Proyecto de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal
para el Ejercicio Fiscal 2008.
13) Gobierno del Distrito Federal, Boletín número
815 del 19-09-07 y diario El Universal del 27-11-07.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de febrero de 2008.
Diputado Gerardo Villanueva Albarrán (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A IMPULSAR LA FIRMA DE UN ACUERDO MIGRATORIO,
A CARGO DEL DIPUTADO EDMUNDO RAMÍREZ MARTÍNEZ, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PRI
El suscrito, diputado federal de la LX Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del PRI, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración del pleno el siguiente punto de acuerdo, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
La movilidad internacional de la mano de obra se ha incrementado debido a la dinámica de la globalización, al tiempo que se han acelerado los niveles de explotación y desregulación. La falta de protección jurídica para los trabajadores migrantes resulta ser muy atractivo como un instrumento para mantener la competitividad, cuando se ven obligados a trabajar en situaciones en que no son aplicadas las condiciones de trabajo mínimas indispensables consagradas en las legislaciones e instrumentos internacionales. Los migrantes en situación irregular son particularmente vulnerables debido a que los temores de aprehensión y deportación los desalientan a sindicarse y los exponen a condiciones de trabajo peligrosas.
Abandonar su propio país para trabajar en el extranjero o comenzar una nueva vida en otra parte constituye una empresa que está sembrada de dificultades, por lo que si bien la migración a otro país puede incrementar las oportunidades y contribuir al mejoramiento de los niveles de vida, no cabe duda que puede suponer también obstáculos y penurias, en donde los trabajadores migrantes encaran a menudo la discriminación, ya sea en forma colectiva o individual, siendo a su vez, objeto de hostilidad y explotación.
De acuerdo con datos oficiales de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, las cifras de la migración internacional se duplicaron entre 1975 y 2000, pasando de 75 millones a 150 millones de personas que viven fuera de sus lugares de origen (incluyendo los migrantes laborales, sus dependientes, refugiados e inmigrantes permanentes).
Hoy en día, debido a la complejidad de nuestra sociedad y a los constantes problemas de búsqueda de oportunidades y conflictos regionales, el fenómeno de la migración ha crecido hasta convertirse en una situación global. Como cualquier hecho humano, la migración implica amenazas y oportunidades para las sociedades y los países, tanto para los que emiten como para los que reciben.
Entre las oportunidades para los países que reciben inmigrantes, está el incrementar su capital humano y la posibilidad de enriquecer su cultura. Por su parte, los países de origen pueden recibir remesas o disminuir la presión social en sus comunidades.
La causa principal de la migración se encuentra en las estrategias económicas de las familias, en donde la decisión de emigrar no es individual, sino que se adopta en el seno de una familia que decide enviar a uno o varios de sus miembros a países desarrollados, mientras que otros permanecen en el país en desarrollo asumiendo otras responsabilidades familiares.
En la actualidad, la magnitud de los problemas vinculados con la migración, ha llevado a que ésta, sea cada vez más un tema de preocupación para muchos gobiernos. En el caso particular de México, es claro que el gobierno no puede quedarse de brazos cruzados viendo cómo las autoridades estadounidenses violan continuamente los derechos humanos y laborales de los migrantes mexicanos.
Si bien el problema de la migración hacia Estados Unidos se ha incrementado considerablemente en los últimos años, no podemos olvidar que este aumento ha traído consigo un problema aún más severo, el alto número de connacionales que pierden la vida al tratar de cruzar la frontera.
Toda vez que no existen cifras oficiales, se estima que durante los últimos 10 años más de 3 mil personas han perdido la vida en su intento de llegar a Estados Unidos. De acuerdo con otras fuentes, más de 5 mil personas han perecido durante los últimos 13 años. Es decir, al año cerca de 300 personas pierden la vida en el intento.
La percepción negativa que tiene el gobierno estadounidense en relación a la migración, ha generado el maltrato de los trabajadores migrantes, lo que en algunos casos culmina en no reconocer sus derechos humanos.
La xenofobia creciente en el país vecino ha exacerbado la hostilidad contra los trabajadores migrantes mexicanos e intensificado las dificultades que enfrentan día con día; asimismo, el incremento sostenido de la magnitud de los incidentes que entrañan violaciones de los derechos laborales de los trabajadores migrantes en cuanto a sus condiciones justas de trabajo sigue siendo causa de preocupación a la luz de las normas establecidas en los instrumentos legales nacionales e internacionales destinados a proteger sus derechos.
Por lo anterior, si se quiere promover el respeto de las normas legales y derechos de los trabajadores migrantes, es necesario que el gobierno mexicano haga hincapié sobre la necesidad de generar un acuerdo migratorio, en el cual se garanticen y reconozcan los derechos de los trabajadores migrantes.
En este sentido y de acuerdo con un estudio realizado por las Naciones Unidas, a nivel mundial, los migrantes internacionales alcanzaron los 191 millones en 2005. Esto significa que cerca del 3 por ciento de la población mundial ha cambiado de país; cerca de la mitad de los migrantes alrededor del mundo son mujeres, superando en número a los migrantes masculinos:
Asimismo, de acuerdo a cifras oficiales, más de 10 millones de mexicanos viven en Estados Unidos, si consideramos a sus hijos, que por derecho pueden reclamar la ciudadanía mexicana, esta cifra podría elevarse a cerca de 25 millones de personas, es decir, 1 de cada cuatro mexicanos vive fuera del país.
La importancia de los mexicanos radicados en el extranjero se ve reflejada en la cantidad de remesas enviadas a nuestro país, que de acuerdo al Banco de México, en 2006 ascendieron a 23 mil 742 millones de dólares, mientras que para el 2007 el dinero enviado desde Estados Unidos a nuestro país tuvo un incremento del 1.25 por ciento.
Sin embargo, los migrantes se encuentran con un gran problema en la búsqueda del tan anhelado sueño americano, el de los denominados "polleros", ya que éstos, aprovechándose de su necesidad, les cobran entre 5 mil y 10 mil dólares por pasar la frontera, con el alto riesgo de que en el intento los dejen a su suerte.
Por otra parte, de acuerdo con un reporte publicado por la Secretaría de Gobernación, los 6.8 millones de migrantes mexicanos que forman parte del sector laboral estadounidense se encuentran dentro de la categoría de "pobres", ya que están considerados como la comunidad migrante peor pagada en dicho país, por ejemplo un migrante salvadoreño percibe un promedio anual de 25 mil dólares, mientras que un migrante mexicano gana 23 mil dólares en el mismo lapso, lo cual resulta realmente indignante.
Si bien los problemas a los que se enfrentan los migrantes mexicanos no podrán ser solucionados fácilmente, nos dan algunas pautas para buscar una solución integral que permita disminuir paulatinamente los abusos y violaciones a sus derechos humanos.
De esta manera, resulta evidente que mientras tengamos una brecha tan grande en el tema del desarrollo con Estados Unidos, difícilmente se podrá detener el flujo migratorio, toda vez que se genera una situación de demanda de trabajo y de falta de oportunidades en el lugar de residencia.
En tal virtud, es necesario lograr un acuerdo con el gobierno de Estados Unidos de América, en donde se busque primordialmente, garantizar que las autoridades de dicho país brinden condiciones que, por el simple hecho de ser personas, merecen nuestros migrantes mexicanos, logrando con esto respetar su dignidad y estatuto de ser humano, evitando así, que estos sigan siendo víctimas de abusos.
Con base en lo anterior, es necesario tener en cuenta que todos los trabajadores migrantes son seres humanos que poseen derechos y libertades fundamentales inalienables, los cuales han sido reconocidos universalmente en instrumentos de derecho internacional como la Declaración Universal de Derechos Humanos, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1948, por lo que el desafío principal a que se enfrenta el Estado mexicano es el de tomar las medidas necesarias para promover el respeto efectivo de estos derechos, así como los derechos laborales de los trabajadores migrantes, por lo que es necesario que desde el Ejecutivo se promuevan medidas concretas para conseguirlo.
Recientemente, en territorio estadounidense nuestros connacionales han sido objeto de planes antiinmigrantes por la cercanía de las elecciones presidenciales de dicho país, asimismo hemos visto como los gobiernos federal, estatales y municipales han endurecido las leyes para desalentar la contratación de mano de obra migrante, aumentando a su vez las redadas y deportaciones, imponiendo también, restricciones para la expedición de licencias de conducir y acceder a servicios públicos lo cual claramente viola sus derechos y pone en riesgo su estabilidad económica y la de sus familias.
Por lo anteriormente expuesto y fundamentado someto ante esta asamblea la siguiente proposición con:
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta al Ejecutivo federal a fin de que impulse la firma de un acuerdo migratorio, en el cual se garantice el respeto de los derechos humanos de los migrantes mexicanos y, en el caso de los trabajadores migrantes, el pleno ejercicio y respeto de sus derechos laborales en territorio estadounidense.
Palacio Legislativo de San Lázaro a 5 de febrero de 2008.
Diputado José Edmundo Ramírez Martínez
(rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA AL JEFE DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, A LA SEP Y AL INAH
A EMPRENDER LAS ACCIONES NECESARIAS PARA DETENER LA DEMOLICIÓN DE
EDIFICIOS Y MONUMENTOS DEL CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
QUE FORMAN PARTE DEL PATRIMONIO CULTURAL, A CARGO DEL DIPUTADO JOSÉ
LUIS VARELA LAGUNAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE CONVERGENCIA
El suscrito, diputado federal José Luis Varela Lagunas, integrante del Grupo Parlamentario Convergencia de la LX Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable asamblea la proposición con punto de acuerdo para exhortar al Jefe de Gobierno del Distrito Federal a detener la demolición de edificios ubicados en el centro histórico de la Ciudad de México que forman parte de su patrimonio cultural; y a la Secretaría de Educación Pública y el Instituto Nacional de Antropología e Historia, para emprender las acciones necesarias para evitar la destrucción y demolición de los edificios y monumentos históricos de la Ciudad de México, al tenor de las siguientes:
Consideraciones
La demolición de los múltiples edificios y monumentos históricos que estaban ubicados en el centro histórico de la Ciudad de México considerados patrimonio histórico cultural de la humanidad por la UNESCO, llevada a cabo por el jefe de Gobierno del Distrito Federal, por el secretario de Obras Públicas y Servicios, y demás funcionarios subordinados, sin autorización del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), en los últimos meses del año dos mil siete; resulta antijurídico, por causar un daño material y patrimonial al Estado mexicano.
El artículo 38, fracciones XIX, XX y XXI, de la Ley Orgánica de la los Administración Pública Federal considera entre los asuntos de la competencia de la Secretaría de Educación Pública:
XXI. Conservar, proteger y mantener los monumentos arqueológicos, históricos y artísticos que conforman el patrimonio cultural de la nación, atendiendo las disposiciones legales en la materia;
Dentro de los principios de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos (LFMZAAH) está la conservación y preservación de estos edificios y monumentos, que constituyen el patrimonio histórico y cultural de la humanidad.
El objeto de esta ley es de interés social y nacional y sus disposiciones de orden público.
El artículo 2o. de la LFMZAAH, establece que "es de utilidad pública la investigación, protección, conservación, restauración y recuperación de los monumentos arqueológicos, artísticos e históricos y de las zonas de monumentos.
La Secretaría de Educación Pública, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, el Instituto Nacional de Bellas Artes y los demás institutos culturales del país, en coordinación con las autoridades estatales, municipales y los particulares, realizarán campañas permanentes para fomentar el conocimiento y respeto a los monumentos arqueológicos, históricos y artísticos.
El Instituto Nacional de Antropología e Historia y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, de acuerdo con lo que establezca el reglamento de esta ley, organizarán o autorizarán asociaciones civiles, juntas vecinales, y uniones de campesinos como órganos auxiliares para impedir el saqueo arqueológico y preservar el patrimonio cultural de la nación. Además se establecerán museos regionales".
El artículo 3o. de la LFMZAAH dispone que "la aplicación de esta ley corresponde a:
III. El secretario del Patrimonio Nacional;
IV. El Instituto Nacional de Antropología e Historia;
V. El Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura
y
VI. Las demás autoridades y dependencias federales,
en los casos de su competencia".
Asimismo, el artículo 52 de la LFMZAAH dispone: "al que por medio de incendio, inundación o explosión dañe o destruya un monumento arqueológico, artístico o histórico, se le impondrá prisión de dos a diez años y multa hasta por el valor del daño causado.
Al que por cualquier otro medio dañe o destruya un monumento arqueológico, artístico o histórico, se le impondrá prisión de uno a diez años y multa hasta por el valor del daño causado".
Resulta imperioso y necesario evitar y detener la destrucción y demolición de los edificios y monumentos históricos. Debemos reconocer que es importante e indispensable, la conservación, preservación, protección y mantenimiento de estos edificios y monumentos que enorgullecen no únicamente al Distrito Federal, sino a toda la República Mexicana, y que constituyen un patrimonio histórico y cultural, de nuestro país y de la humanidad, declarado así por la UNESCO.
Por lo antes expuesto y fundamentado, someto a consideración del Pleno de esta Cámara de Diputados, para su análisis, discusión y en su caso aprobación, el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero. Exhortar al jefe de Gobierno del Distrito Federal a detener cuanto antes la demolición de los edificios y monumentos históricos ubicados en el centro histórico del Distrito Federal, en particular los inmuebles que se encuentran inscritos en el registro especial que prevé la ley de la materia. Además, solicitarle el decreto de expropiación de los edificios demolidos en el centro histórico de la Ciudad de México y la intervención de la Procuraduría General de la República (PGR) para aplicar las sanciones a que haya ha lugar.
Segundo. Exhortar a la ciudadana secretaria de Educación Pública, ya que es la superior jerárquica del director del INAH, para que informe a esta Legislatura (Cámara de Diputados), sobre las Medidas que está tomando sobre la Demolición de los edificios Históricos, ordenados por el jefe de Gobierno del Distrito Federal y sus subordinados.
Tercero. Solicitar al Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) los convenios en copia certificada que tuvo con el jefe de Gobierno del Distrito Federal, a través de la Consejería Jurídica, sobre las solicitudes de expropiación de los edificios demolidos en el Centro Histórico.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los cinco días del mes de febrero de 2008.
Diputado José Luis Varela Lagunas (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA AL TITULAR DE LA SEMARNAT Y A LAS AUTORIDADES AMBIENTALES DE
LOS ESTADOS A ESTABLECER POLÍTICAS PÚBLICAS COORDINADAS EN
MATERIA DE GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS, A CARGO DEL
DIPUTADO ÓSCAR GONZÁLEZ MORÁN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PAN
El que suscribe, Óscar González Morán, en mi calidad de diputado federal en la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, por este conducto solicito respetuosamente a la presidencia de la honorable Cámara de Diputados, con fundamento en el artículo 23, numeral 1, inciso f) de la ley orgánica del congreso general de los estados unidos mexicanos, y los artículos 58 y 59 del reglamento para el Gobierno interior del Congreso General de los Estados Unidos mexicanos, someta a consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la Semarnat, así como a las autoridades ambientales de los estados, a establecer políticas publicas coordinadas entre Federación y Entidades, en materia de gestión de residuos sólidos urbanos, al tenor de las siguientes:
Consideraciones
En la actualidad, la basura, representa un enorme problema de carácter social y que tiene su impacto directo en el medio ambiente afectando así a las personas que vivimos en él.
El cada vez más grave problema de producción de basura es preocupante, en la medida que como sociedad no realicemos, ni adoptemos conductas responsables que tengan y busquen la finalidad de disminuir la producción de basura, y la reglamentación de la misma.
La mala cultura de separación de residuos aunado a la nula educación escolar respecto de este tema en particular, contribuyen a que en México se este enfrentando este enorme problema sin precedentes y que, hasta ahora estemos perdiendo la batalla contra la basura y se está volviendo incontrolable mientras que no tomamos decisiones que ayuden a disminuir el problema.
La cuestión de los residuos sólidos se centra, principalmente, en su generación y en la medida de que no adoptemos políticas encaminadas a la no producción de la basura no podremos a tacar el verdadero problema, porque aunque implantemos medidas adecuadas para el control de los residuos, nunca serán suficientes para combatir la dificultad de forma radical.
Otro eje neural de este problema es el nulo control en cuanto la disposición de los residuos generados. "en ausencia de regulaciones estrictas para la disposición de residuos sólidos, estos serán arrojados al menor costo para el individuo, empresa u otro generador que los haya creado a través del consumo o de la producción (Duston).
Es inevitable establecer reglamentación dura para aquellos generadores de residuos que los dispongan de manera irresponsable a fin de incrementar la capacidad de recuperación de residuos y por ende se dé un mejor tratamiento a los mismos.
En la actualidad en México se produce 0.9 de kilogramo de basura por persona al día lo que significa que diariamente estamos produciendo cantidades de basura incalculables haciendo un gran daño a medio donde vivimos. Es en las zonas metropolitanas donde se concentra esta producción, por ejemplo, en el Distrito Federal se produce 1.4 kilogramos per-capita por día, lo que demuestra que viven mayor riesgo las zonas urbanas.
Este problema debe ser atendido de manera estratégica y sistemática por el Estado mexicano, de no hacerse así, estaremos condenándonos a la catástrofe. Es menester, que todos los involucrados, gobierno y sociedad, tomemos este asunto con mayor responsabilidad, mayor educación y así, habremos de mejorar la calidad de vida a través de tener un medio ambiente sano.
Por lo anteriormente expuesto, me permito presentar ante esta soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
De urgente y obvia resolución.
Único. Por el que se exhorta al titular de la Semarnat, así como a las autoridades ambientales de los estados, a establecer políticas publicas coordinadas entre la federación y las entidades en materia de gestión de residuos sólidos urbanos.
Dado en Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de febrero de 2008.
Diputado Óscar González Moran (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, RELATIVO
A LA HUELGA EN LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA, A CARGO DE
LA DIPUTADA ROSARIO ORTIZ MAGALLÓN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL
PRD
La suscrita, diputada federal, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LX Legislatura, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, relativo a la huelga en la Universidad Autónoma Metropolitana, al tenor de las siguientes
Consideraciones
A las 23 horas del pasado viernes 1o. de febrero, los más de 5 mil trabajadores sindicalizados de la Universidad Autónoma Metropolitana iniciaron una huelga en esa casa de estudios, demandando un incremento salarial de 35 por ciento y la reparación de diversas violaciones al contrato colectivo de trabajo, en especial las relacionadas con la contratación de personal para la nueva unidad, ubicada en Cuajimalpa.
A casi una semana del estallamiento, esta huelga, que afecta las actividades académicas de más 45 mil alumnos y que obligó a suspender el proceso de ingreso de la nueva generación de licenciatura, se encuentra en un momento delicado. Sin que haya habido pláticas conciliatorias ante la autoridad laboral, el patrón decidió retirar la oferta presentada: la reapertura del Centro de Desarrollo Infantil cerrado unilateralmente en 2004, basificación de trabajadores administrativos y académicos, creación de nuevas plazas y un ofrecimiento de incremento de 4.25 por ciento al salario y 1.2 por ciento en prestaciones. Esta actitud refleja una posición de intolerancia y autoritarismo que no debería tener lugar en un conflicto con esta trascendencia, pero además, presiona al sindicato a buscar una estrategia acorde a la posición de enfrentamiento de los representantes de la institución.
En los últimos tiempos, los conflictos laborales han tomado un cauce lamentable. Tenemos la represión abierta y concertada contra los mineros de Cananea o la actitud abiertamente pro patronal de autoridades laborales que debieran buscar como la ley se los ordena, la armonía entre intereses naturalmente encontrados, como son los del capital y el trabajo. Ejemplo de esto último, fue que son conflictos de pretendida naturaleza económica como en el caso de los trabajadores vidrieros de San Luis Potosí, los huleros, los trabajadores de la industria nuclear o los sobrecargos de aviación. Sería lamentable que el sector de trabajadores universitarios reciba un trato de este tipo.
Con la exhortación que forma parte de este acuerdo, hacemos votos para que esta huelga se resuelva lo más pronto posible, conforme a derecho y a la justicia, principios que la autoridad laboral y los representantes de la UAM, junto con el diálogo y la concertación, deberán poner por delante para atender esta problemática.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, la suscrita diputada federal somete a consideración de esta honorable asamblea el siguiente punto de acuerdo, pidiendo que sea considerado como de urgente resolución.
Punto de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, en un marco de respeto absoluto a las autonomías universitaria y sindical, exhorta a la Rectoría General de la Universidad Autónoma Metropolitana y al Sindicato Independiente de Trabajadores de dicha casa de estudios a privilegiar el diálogo para encontrar una solución equitativa y pronta a la huelga estallada el primero de febrero pasado.
Segundo. Así mismo, exhorta a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a conducirse en un marco de respeto absoluto a los derechos individuales y colectivos de los trabajadores en huelga y a coadyuvar, de acuerdo a sus atribuciones legales, a resolver este conflicto conforme a derecho.
Tercero. Finalmente, exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a que estudie la posibilidad de otorgar recursos extraordinarios para que la Universidad Autónoma Metropolitana pueda atender las demandas de sus trabajadores.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de febrero de 2008.
Diputada Rosario Ortiz Magallón (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA AL TITULAR DE LA SEMARNAT A ESTABLECER SISTEMAS DE DEPÓSITO-REEMBOLSO
PARA ENVASES DE PET Y DISMINUIR CON ELLO LA GENERACIÓN DE ESE TIPO
DE MATERIALES CONTAMINANTES, A CARGO DEL DIPUTADO ÓSCAR GONZÁLEZ
MORÁN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
El que suscribe, Óscar González Morán, en su calidad de diputado federal en la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, por este conducto solicita respetuosamente a la presidencia de la Cámara de Diputados, con fundamento en el artículo 23, numeral 1, inciso f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos mexicanos, somete a consideración de la Asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Los problemas ambientales que presenta actualmente nuestro país son, en buena medida, por la alta generación de plásticos que después de su uso primario quedan sin utilización ni reciclaje, siendo elementos de alto valor en la reutilización, y esto una actividad que bien podría disminuir considerablemente la generación de ellos.
La generación de basura anual para México es de 35 millones 383 mil 100 toneladas, y 2 mil 162 toneladas de plásticos (INEGI, 2005), que son arrojadas de manera indiscriminada en un alto porcentaje en las calles y en basureros sin control y sin que se pueda dar remedio mientras que la generación de estos materiales no disminuya de manera considerable.
El incremento de la producción y el consumo de PET, ha sido en buena medida por el alto consumo de refresco en México, que para 2005 fue de 400 militros per cápita por día, cifra que además es alarmante no sólo por el problema de los residuos sino, el de la salud. El 71 por ciento de refresco que se consume en nuestro país viene envasado en botellas de plástico.
Sin duda las botellas de plástico han dado enormes ventajas como el fácil manejo, la menor frecuencia de accidentes y su bajo costo, respecto de las botellas de vidrio en el envase principalmente de refrescos, sin embargo han generado una externalidad negativa, que significa que se cubrió una necesidad pero se ha generado otro problema, el de la contaminación, en calles, cuerpos de agua y áreas naturales principalmente, además del gran volumen que ocupan en tiraderos o rellenos sanitarios y en ausencia de políticas encaminadas a inhibir su generación el problema, se esta incrementando haciéndose incontrolable (Ávila S. 2005).
El estado mexicano debe establecer políticas públicas encaminadas a la no generación de este tipo de residuos, por su alto valor de reutilización y reciclaje y por el alto impacto que ocasionan en detrimento del medio ambiente y la contaminación visual de nuestras ciudades.
El sistema depósito reembolso es un mecanismo de acopio donde el consumidor deja un importe por llevarse el producto en cierto envase y recupera el importe cuando devuelve ese envase. Este sistema ha dejado buenos resultados para los envases de vidrio; es decir, es un medio que está probado y que podría disminuir la cantidad generada de botellas de plástico.
Según un estudio realizado por Instituto Nacional de Ecología, concluyó que el 87 por ciento de los envases de plástico podrían ser retornados con sólo 2 pesos de importe, cantidad menor a la que actualmente se utiliza para los envases de vidrio, lo que significa que si se implementara este sistema para los envases de plástico habría buenos frutos para contrarrestar los efectos de la contaminación por envases PET. Y además se probó con este estudio que las personas que están con mayor disposición a dejar el importe son los de clase media y baja, lo que significa que no causaría impacto económico en las personas de este estrato social.
Por lo anteriormente expuesto, me permito presentar ante esta soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta al titular de la Semarnat a establecer, en el ámbito de su competencia y en el marco de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los residuos, sistemas de deposito-reembolso para envases de PET, a fin de disminuir la generación de este tipo de materiales contaminantes.
Dado en Palacio Legislativo de San Lázaro.
Diputado Óscar González Moran (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A INSTAURAR MEDIANTE LA SAGARPA UN PROGRAMA
ESPECIAL DE APOYO A LOS PRODUCTORES DE AMARANTO, A CARGO DEL DIPUTADO OTHÓN
CUEVAS CÓRDOVA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
El suscrito, diputado federal Othón Cuevas Córdova, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución, a fin de exhortar al titular del Poder Ejecutivo federal, por conducto de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), a instaurar un programa especial de apoyo a los productores de amaranto del país, así como a convocar a la constitución formal del sistema-producto del amaranto a nivel nacional, al tenor de los antecedentes y las consideraciones siguientes.
Antecedentes
Reconociendo la importancia del sector rural en México, en el Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006 se incluyó el crecimiento con calidad del sector rural como una de las tres grandes áreas de atención estratégica de las políticas públicas del gobierno federal.
Se determinó que el impulso de las cadenas productivas debe permitir el tránsito de la producción primaria a los encadenamientos de la industria, los servicios y mercados terminales, así como el cambio de una política exclusivamente de fomento productivo a otra que conjugue las de infraestructura, de ordenamientos de mercado y las de desarrollo social y humano.
Adicionalmente, la Sagarpa planteó en su programa sectorial como enfoque de cadenas productivas la inclusión desde la planeación de las actividades de cada una de las unidades de producción hasta la entrega del producto al consumidor final, pasando por la producción primaria, el procesamiento, el manejo posterior a la cosecha, el transporte y la comercialización en los mercados internos o externos, con base en los sistemas-producto.
La finalidad de esta directriz fue privilegiar la investigación para producir, cosechar y procesar a menor costo, a fin de elevar la productividad, la calidad de los productos y la economía del sector rural, y estimular un entorno ambiental favorable.
La Ley de Desarrollo Rural Sustentable, publicada en diciembre de 2001, establece en el artículo 149 que la Comisión Intersecretarial promoverá la organización e integración de sistemas-producto, como comités del Consejo Mexicano para el Desarrollo Rural Sustentable, con la participación de los productores agropecuarios, agroindustriales y comercializadores y sus organizaciones.
En esta ley, la integración de cadenas se refiere al desarrollo de alianzas estratégicas mediante la formación y formalización de comités sistemas-producto, donde estos comités constituirán los mecanismos de planeación, comunicación y concertación permanente entre los actores económicos que forman parte de las cadenas productivas.
Por cada producto básico o estratégico, mandata el artículo 150 de la citada ley, se establecerá un comité nacional sistema-producto, el cual llevará al Consejo Mexicano los acuerdos tomados en su seno.
La integración de los comités nacionales se concibió en un solo comité nacional por sistema-producto, integrado con un representante de la institución responsable del sistema-producto correspondiente, que lo presidirá con los representantes de las instituciones públicas competentes en la materia; con representantes de las organizaciones de productores, de las cámaras industriales y de servicios involucrados directamente en la cadena producción-consumo y por otros representantes que establezcan los integrantes del comité en su reglamento interno.
Además, como elemento integrador y ordenador de las políticas públicas y de las acciones de las diferentes dependencias y entidades gubernamentales que actúan en el sector rural, la Ley de Desarrollo Rural Sustentable estableció en el artículo 14 instaurar el Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable de conformidad con lo establecido en la propia ley, así como en la de Planeación.
Este programa, publicado en 2003, retoma en sus políticas específicas el impulso de las cadenas productivas, estableciendo como objetivo integrar y fortalecer las cadenas productivas que favorezcan mayor competitividad y que faciliten una estructura más eficiente de comercialización de la producción rural, retomando también el objeto de lograr mayor retención del excedente económico por parte del productor primario.
Para dar mayor solidez a la participación de los agentes económicos del medio rural, el 28 de abril de 2003 se firmó el Acuerdo Nacional para el Campo, entre el Ejecutivo y sus representantes federales en el ámbito rural, los gobiernos estatales, las representaciones de las organizaciones campesinas y de productores, investigadores e instancias de enseñanza.
Este acuerdo define los cambios estructurales que se requieren para enfrentar el grave deterioro de amplios sectores de la producción y la sociedad rural, con una perspectiva de desarrollo nacional de largo plazo, mediante el aumento de la productividad, rentabilidad, competitividad, transformación y diversificación productiva, que permitan el aumento de la producción, el ingreso rural, el dinamismo económico en las zonas rurales, y el aprovechamiento sustentable de todas las potencialidades productivas del país, así como mediante políticas de desarrollo humano social, que contribuyan a reducir de manera efectiva las desigualdades sociales existentes.
De manera específica, el Acuerdo Nacional para el Campo centra el tema de los sistemas-producto en el numeral 220, y se refiere a "fortalecer la organización e integración de los productores agropecuarios, forestales, pesqueros, agroindustriales, comercializadores y sus organizaciones en comités sistemas-producto para la planeación, comunicación y concertación permanente entre los actores de cadenas productivas, a través de los cuales se podrán concertar programas agroindustriales, de desarrollo y expansión de mercados o el impulso de las modalidades de producción por contrato y asociaciones estratégicas y, de esa manera, elevar su competitividad, eficiencia y equidad de la distribución de valor conforme a lo aportado por los actores".
Empero, la problemática que afecta la producción, la comercialización, la distribución y el consumo del amaranto en el país conlleva a plantear las siguientes
Consideraciones
Pese a la normativa institucional y a los programas establecidos, la producción, la comercialización, la distribución y el consumo de amaranto en el país están prácticamente abandonados.
Las zonas de cultivo de amaranto son las mismas de la época precolombina, donde Puebla genera el mayor volumen, con 51 por ciento de la producción total nacional; le siguen Morelos, Tlaxcala, Distrito Federal, estado de México y Guanajuato, con 22, 18, 19, 6 y 2 por ciento, respectivamente. Otros estados, como Oaxaca y Chiapas, en los últimos años han demostrado vocación para el cultivo de este producto y han incursionado en él, apoyados en los muy escasos recursos de los productores locales.
De acuerdo con cifras del Servicio de Información Estadística Agroalimentaria y Pesquera, al término del año agrícola 2005 se obtuvieron 2 mil 917 toneladas de amaranto, como resultado de haber sembrado en los estados productores una superficie superior a 2 mil hectáreas. Para el ciclo agrícola 2006, dicha extensión se incrementó hasta 5 mil hectáreas.
Pese a esta escasa producción, el amaranto forma parte de las tradiciones más genuinas de la comida mexicana. En efecto, con el amaranto, que se consume principalmente como cereal reventado y al que también se le conoce como "huatli", "bledo" o "alegría", se preparan granolas, tamales, atoles, pinole y mazapán. También se elaboran cereales enriquecidos, tortillas, galletas, panqués, horchata, bebidas chocolatadas, hojuelas, harinas, chiles rellenos y croquetas, entre otros muchos productos.
El consumo de amaranto representa una alternativa alimenticia con alto valor nutricional, ya que contiene el doble de proteínas que el maíz y arroz, y entre 60 y 80 por ciento más que el trigo; supera también en nivel de proteínas y aminoácidos a la leche, el huevo y la carne.
Además, los valores de lípidos, fibra cruda y cenizas del amaranto superan el contenido de otros cereales, lo que lo hace un alimento muy valioso en este grupo de alimentos.
En síntesis, debido a sus cualidades nutritivas, el amaranto tiene el potencial de convertirse en uno de los principales alimentos de la humanidad en este nuevo siglo. Su calidad alimenticia es excepcional para el ser humano; cuando se combina con otros cereales, da como resultado un alimento que se acerca al ideal para consumo humano descrito por la FAO.
A la planta, que todavía se encuentra subutilizada en el país, también se pueden sacar ventajas como artículo de ornato y para preparar sopas y ensaladas a partir de las hojas. De la semilla se extraen colorantes que pueden ser aprovechados en los sectores productivos, y el tallo sirve de rastrojo. Presenta además mayor resistencia a la sequía, pues requiere menor cantidad de agua que otros cultivos.
Tal vez por todas estas cualidades el vocablo amaranto provenga de una raíz griega que significa "inmarcesible".
Sobre esta base, no resulta entonces extraño constatar que en la actualidad se desarrollan en el país y a escala internacional investigaciones para potenciar el aprovechamiento del amaranto, ya que también se podría usar en las áreas de panificación, galletería, pastas, embutidos y alimentos infantiles, entre otras.
Debido a sus características agrícolas y nutricionales, el amaranto es considerado la planta más prometedora para el desarrollo económico por la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos y por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación.
El amaranto no es sólo una planta: representa la oportunidad de crear toda una nueva industria, con los consiguientes beneficios para el campo, las empresas, el comercio y la investigación científica y tecnológica que conlleva la tarea. El amaranto es la posibilidad de crear un verdadero motor para el desarrollo nacional. El país que capitalice este potencial logrará importantes beneficios para la salud y la economía de su población.
Compañeros legisladores: no debemos pasar por alto que el producto del amaranto, dadas sus cualidades nutritivas –científicamente probadas–, es demandado en los mercados internacionales, por lo que es urgente unir esfuerzos y aprovechar estos nichos de mercado.
Sin embargo, los programas de apoyo concurrente instaurados en los últimos años han ignorado o despreciado el potencial del amaranto, dejando en el total abandono a este tipo de productores.
Hasta hoy, únicamente los productores, industrializadores y comercializadores de amaranto se encuentran organizados en la capital del país en torno a un sistema-producto, lo que les permite obtener mayores ganancias que benefician todos los eslabones de la cadena.
Por consiguiente, nuestra convicción es que dicha experiencia debe extenderse al resto de las zonas productoras de amaranto del país a efecto de incentivar su recuperación en el mercado interno, aprovechar las oportunidades del comercio internacional y elevar el nivel de vida de todos los involucrados en este sistema-producto.
Como se apuntó, actualmente se cultivan alrededor de 5 mil hectáreas en México, pero si el país se organiza productivamente en este rubro puede, en el corto plazo, aumentar dicha extensión hasta en siete veces, lo que representaría un beneficio para un segmento muy importante de productores del sector social que tienen en esta actividad su sustento.
En suma, se trata de que los productores de amaranto en México se organicen en una cadena productiva a fin de obtener mayores ventajas en la producción y comercialización de este cultivo, sumamente atractivo para la población mundial y del que el país es cuna de origen, empezando por poner en marcha un programa concurrente de apoyo a sus productores.
Por lo anterior, solicito su valioso apoyo y consideración en la aprobación del presente punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución, que subsanará un problema añejo del sistema agroalimentario nacional, potenciando la capacidad empresarial y mejorando las condiciones de vida de todos los involucrados en el ciclo productivo del amaranto en el país, al tiempo que se hacen extensivos a este sistema-producto los beneficios de los programas institucionales establecidos al efecto; ello, a partir de la aprobación de la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. El Pleno de la Cámara de Diputados exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal, por conducto de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, para que, con la mayor brevedad, implante un programa emergente de apoyo a los productores de amaranto del país, así como a convocar a todos los involucrados en la cadena productiva del amaranto a la constitución del sistema-producto del amaranto a escala nacional.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de febrero de 2008.
Diputado Othón Cuevas Córdova (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA A LAS AUTORIDADES LOCALES A LLEVAR A CABO LAS MEDIDAS NECESARIAS
PARA QUE A LAS MUJERES PRIVADAS DE LA LIBERTAD, EN PRISIÓN PREVENTIVA
O EN COMPURGACIÓN DE LA PENA, SE DESTINE UN LUGAR SEPARADO DEL DE
LOS HOMBRES, A CARGO DEL DIPUTADO JOSÉ LUIS MURILLO TORRES, DEL
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
El suscrito diputado, con las facultades que se me confiere lo dispuesto en los artículos 58 y 60, primer párrafo, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de ésta honorable asamblea proposición con punto de acuerdo, a fin de que se exhorte a las entidades federativas a llevar a cabo las medidas necesarias para que se dé cabal cumplimiento a lo estipulado en el segundo párrafo del artículo 18 de nuestra Carta Magna, en el sentido de destinar un lugar separado al de los hombres para aquellas mujeres que se encuentren privadas de su libertad, ya sea en prisión preventiva, o bien compurgando una sanción, de conformidad con la siguiente
Exposición de Motivos
La violencia contra la mujer es un problema que se vive cotidianamente y se manifiesta de diversas formas, es decir física, sexual y emocionalmente y puede presentarse tanto a nivel público como privado. Este tema se ha considerado como prioritario a nivel mundial, ya que impide el desarrollo de la mujer en todas las áreas, se ha reconocido que tal violencia impide el logro de sus objetivos de igualdad, desarrollo y paz, viola y menoscaba o impide su disfrute de los derechos humanos y las libertades fundamentales.
Tanto en México como en otros países, las conductas violentas se han considerado como "naturales" respecto al trato a las mujeres, aunque las normas aceptadas y la cotidianeidad las han mantenido ocultas. Por citar un ejemplo de la violencia generada en contra de las mujeres, tenemos que, según estadísticas, en el estado de Nuevo León, entre el año 2000 y 2002, los medios de comunicación locales reportaron 54 mujeres asesinadas por su esposo, pareja, novio o amigo, éstas presentaban características similares, ya que la mayoría trabajaba fuera de su casa, eran maltratadas en sus hogares, habían abandonado su domicilio por lo menos en una ocasión y todas presentaban dificultad para romper el silencio y denunciar a su agresor. En la actualidad y a pesar de las tradiciones y costumbres, de hecho el maltrato de la mujer es condenado en todas las sociedades.
Aunado a todo esto compañeros, tenemos el grave problema de las mujeres que viven en reclusión, que pareciera que cumplen una doble sentencia: la pena propia de la infracción a la norma jurídica y la condena social derivada de su propia situación de género.
En México hay casi diez mil setecientas mujeres encarceladas en los más de 450 presidios que existen en el país, las que se ven más afectadas al no tener áreas específicamente construidas para mujeres.
Este tema de los centros de reclusión en el país es un asunto prácticamente desatendido y demanda que la situación de la prisión preventiva y las instalaciones diferenciadas para hombres y mujeres sea resuelto en definitiva, ya que las condiciones en las que actualmente se aloja a las detenidas no cumplen con lo preceptuado en el artículo 18 de nuestra Constitución Política.
Aunado a los problemas propios de la reclusión, las mujeres son generalmente abandonadas por la familia y no cuentan con apoyo económico para sufragar sus gastos, el acceso a la educación es menor, mientras que el acceso a los servicios de salud y salud reproductiva, el derecho a la visita íntima y las preliberaciones son aspectos que también destacan por la serie de violaciones a los derechos humanos de que son objeto las reclusas.
La lucha por lograr el pleno goce de derechos de quienes se encuentran privados de su libertad no debe cesar, porque es imposible concebir un Estado democrático en el que la práctica violatoria de los derechos de las personas siga siendo algo común y cotidiano, como ocurre a los reclusos y reclusas en nuestro país.
Inconcebible resulta también ver como en la mayoría de los casos, las internas, en situación preventiva o sentenciadas "permanecen en anexos improvisados de los reclusorios varoniles, en muchos de los casos tienen que compartir con los reos las áreas de servicios, tales como consultorios médicos, áreas escolares, patios y cocinas.
Como ya se comentó, además de las molestias y agresiones de que frecuentemente son objeto, esta situación es contraria a la exigencia constitucional de que las mujeres purguen sus condenas en lugares separados de los destinados a los hombres.
Por otra parte resulta preocupante que en la mayoría de los centros de readaptación social no cuenten con alternativas laborales para las mujeres en reclusión.
El mismo artículo 18 constitucional precisa que el trabajo, junto con el estudio y la capacitación para el trabajo, es un medio para la readaptación social.
Esto, sin embargo, esta obstaculizado por varias condiciones, por ejemplo, no existe una reglamentación del trabajo al in al interior de los cerezos, por lo que el trabajo no es obligatorio; situación que se evidencia especialmente con las mujeres, los espacios no son adecuados para ellas y lo que es peor para sus hijos, sus actividades son consideradas como "terapia ocupacional", más que como un medio para la readaptación social , tareas productivas, competitivas, que les permitan contar con alguna remuneración o una verdadera instrucción para reinsertarse al mundo laboral una vez que sean liberadas, por lo tanto aquí también existe desigualdad comparativamente con las condiciones y actividades de los internos.
En México existen 447 Centros de Reclusión y "en aproximadamente 200 del total de éstos centros, acondicionan una pequeña sección que alberga población femenina pues, con la excepción de unos cuantos centros, no existen en México instituciones penitenciarias exclusivamente para mujeres, por otra parte, simplemente no existen prisiones de máxima seguridad para mujeres, ni siquiera se está planeando, como es el caso de los reclusorios para varones.
Debemos compañeros, en primera instancia pugnar por que se dé cabal cumplimiento a lo preceptuado en el artículo 18 de la Constitución, en el sentido de que cada entidad federativa cuente con instalaciones adecuadas para la reclusión de mujeres, que cumplan con las necesidades concretas de éstas, también para que puedan tener una capacitación real para el trabajo, a través de una alta preparación que les permita estar calificadas para trabajos bien remunerados, al momento de que se incorporen al ámbito productivo.
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de ésta honorable asamblea, el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. A fin de que se exhorte a las entidades federativas a llevar a cabo las medidas necesarias para que se dé cabal cumplimiento a lo estipulado en el segundo párrafo del artículo 18 de la Carta Magna, en el sentido de destinar un lugar separado al de los hombres, para aquellas mujeres que se encuentren privadas de su libertad, ya sea en prisión preventiva, o bien compurgando una sanción.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de febrero de 2008.
Diputado José Luis Murillo Torres (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE SOLICITA A LA STPS QUE INTERVENGA EN EL CONFLICTO DE INDUSTRIAS OCOTLÁN,
A CARGO DE LA DIPUTADA MARICELA CONTRERAS JULIÁN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PRD
La suscrita, diputada Maricela Contreras Julián, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, somete a la consideración punto de acuerdo relacionado con el conflicto laboral en Industrias Ocotlán, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Industrias Ocotlán es una empresa textil, propiedad del empresario Isaac Saba Rafoul, quien desde el 30 de marzo de 2007 decidió cerrar la empresa sin respetar los derechos laborales y constitucionales de 480 trabajadores que tenían una antigüedad de 45 años.
Sólo en un país como el nuestro, donde los derechos laborales no son respetados por grandes empresarios, nos podemos encontrar con una situación así:
Isaac Saba Rafoul, con sus diversas inversiones, es uno de los hombres más poderosos de México. Además, ha aparecido en varias ocasiones como uno de los más ricos del mundo en la revista Forbes, y pretendió adquirir Aeroméxico, la principal aerolínea del país, por 249 millones de dólares. Sin embargo, no puede (o no quiere) pagar las prestaciones y liquidaciones de sus trabajadores de Industrias Ocotlán, estimadas en de 223 millones de pesos. Ante esta situación inverosímil, las autoridades laborales no han hecho nada.
Por si no fuera poco esta negativa de uno de los empresarios más ricos de México, que viola los derechos de los trabajadores, que son irrenunciables y están consagrados en la propia Constitución, Isaac Saba presentó ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje un amparo ante la calificación de existencia de la huelga, cuando ya existía un recuento de 100 por ciento de votos emitido por los trabajadores en favor de la huelga.
De igual forma, con la finalidad de negarse a respetar los derechos de los trabajadores, el mismo Isaac Saba presentó de manera extemporánea un conflicto de carácter económico, el cual fue aceptado por las autoridades laborales, pese a que los dichos en que se basan carecen de argumentación y están fuera de la realidad. Este conflicto de carácter económico es formulado por sus representantes legales y encubiertos por Rioma Ingenieros Consultores, SC, para dictaminar que la situación de Industrias Ocotlán es culpa del contrabando, de la competencia y, sobre todo, de que sus ventas están concentradas en un mínimo de clientes, además de que su maquinaria tiene ya muchos años de uso, por lo que es obsoleta; asimismo, que los salarios son altos, por lo que no permiten a la empresa ser competitiva.
La falta de respeto de los derechos laborales por Isaac Saba y la insensibilidad de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para atender el asunto orillaron a los textileros de Ocotlán a permanecer cuatro horas en plantón frente a la compañía distribuidora de medicinas propiedad de Isaac Saba Rafoul, aquí, en la Ciudad de México, obteniendo el compromiso de los representantes patronales de establecer una mesa de negociación para solucionar el problema que afecta a los obreros textileros despedidos sin el pago de liquidación.
Algunos medios de información reprodujeron la siguiente nota que describió la manifestación:
Alrededor de las 9 de la mañana de ayer, aproximadamente 300 trabajadores de la textilera Ocotlán, también propiedad de Saba, se apostaron frente a las puertas de la empresa de distribución de medicamentos, situada en avenida Taxqueña, e impidieron la entrada y salida de vehículos, en demanda del pago de salarios caídos y prestaciones que les adeudan desde hace casi un año.
Pese a las "intimidaciones", los textileros mantuvieron su plantón, en el cual recibieron el apoyo de sindicalistas de Vidriera del Potosí, General Tire y Euzkadi, entre otros.
En entrevista, Claudio Martínez Buenrostro, secretario general de la sección 8 de Sindicato de Trabajadores de la Industria Textil, Similares y Conexos de la República Mexicana, indicó que la textilera adeuda a los trabajadores 220 millones de pesos, "pero quiere que nos conformemos con sólo 36 millones".
Pero ésta no ha sido la única manifestación que han realizado, pues el pasado 14 de enero alrededor de 400 textileros de Ocotlán fueron a las oficinas de Isaac Saba, en Lomas de Chapultepec, para expresarle su inconformidad con las raquíticas indemnizaciones que ofrece el multimillonario empresario tras declarar en quiebra la empresa.
En el país se vive crisis de empleo; resulta muy grave el cierre de fuentes de trabajo, y más cuando se trata de un empresario de reconocida solvencia económica, que además fue apoyado en su momento por el Fobaproa. Además, resulta muy grave para la economía de la región y para cientos de familias el hecho de que 480 trabajadores pierdan su fuente de empleo, y más aún si a éstos no fueron respetados los derechos laborales.
La huelga de los trabajadores de Ocotlán fue en respuesta a una actitud irresponsable de uno de los empresarios más ricos de México, Isaac Saba, pues de manera intencional dejó de pagar salarios y prestaciones, de cubrir los costos de sostenimiento de la textilera, como pagar la luz o dar mantenimiento a la maquinaria.
Finalmente, hay que decir que el cierre de esta empresa ocurre con la complacencia y simulación de las autoridades panistas, tanto las de Ocotlán como las de Jalisco, y deja en evidencia –una vez más– las mentiras del gobierno ilegítimo, y en particular del presidente espurio, quien se autodefinió como "presidente del empleo"; ¡vaya burla para el pueblo de México y, en especial, para los textileros de Ocotlán!
Por ello, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados exhorta al secretario del Trabajo y Previsión Social a intervenir de manera urgente en el conflicto laboral de Industrias Ocotlán y a vigilar que la solución que se le dé sea con irrestricto respeto de los derechos de los trabajadores.
Asimismo, se solicita que remita un informe a esta soberanía, en un plazo de 30 días hábiles, sobre las acciones que tome para cumplir el presente acuerdo.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de febrero de 2008.
Diputada Maricela Conteras Julián (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA A LOS TITULARES DE LA SSP, DE LOS GOBIERNOS LOCALES Y DE LOS
CENTROS PENITENCIARIOS DEL PAÍS A REVISAR LA NORMATIVIDAD EN MATERIA
DE READAPTACIÓN SOCIAL, A FIN DE QUE PROPONGAN REFORMAS QUE PERMITAN
RESTRINGIR LAS LLAMADAS TELEFÓNICAS QUE SE REALIZAN DESDE DICHOS
CENTROS E IMPLANTAR UN SISTEMA DE BLOQUEO DE ÉSTAS, A CARGO DEL
DIPUTADO JOSÉ LUIS MURILLO TORRES, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
El suscrito diputado, con las facultades que se me confiere lo dispuesto en los artículos 58 y 60, primer párrafo, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de la honorable asamblea, proposición con punto de acuerdo, a fin de que esta soberanía exhorte, en forma respetuosa, en el ámbito de colaboración de los Poderes, al secretario de Seguridad Pública federal, así como a los titulares de las entidades federativas a través de los titulares de los centros penitenciarios (Ceresos y centros preventivos de reclusión) del país, a efecto de que lleven a cabo una revisión exhaustiva de la normatividad en materia de readaptación social y en su caso propongan las reformas conducentes con la finalidad de que sean restringidas las llamadas a teléfonos celulares desde los centros de detención, o bien que se implante un sistema de bloqueo de este medio de comunicación desde el interior de los mencionados centros:
Exposición de Motivos
En la actualidad, los sistemas de seguridad de los centros de reclusión resultan obsoletos, basta mencionar un ejemplo de lo anterior para darnos cuenta de la ineficiencia de éstos en los centros de readaptación social, ya sea del fuero común o federal; al efecto mencionaré lo siguiente:
Los internos usan los teléfonos públicos y celulares para planear y realizar desde el interior de los penales delitos como el robo, extorsión, motines, evasiones; y en forma reciente, la delincuencia ha encontrado una nueva forma de hacerse allegar recursos, lastimando a la sociedad desde su confinamiento y violentando la ley por medio del llamado "secuestro virtual".
La realidad es que las alarmas, sensores, cámaras de circuito cerrado y detectores de metales quedaron rebasados por la tecnología, aunado a la fuerte corrupción imperante, funcionarios deshonestos en colusión con familiares y con los mismos internos, es que logran introducir todo tipo de aparatos de intercomunicación (teléfonos celulares, radiotransmisores o cualquier otro aparato o sistema de comunicación electrónica).
Resulta que el uso de teléfonos celulares es una práctica común dentro de los centros de readaptación social, desde donde los delincuentes operan con la mayor tranquilidad, algunos los usan para llamar a sus familias, pero muchos otros coordina sus fechorías desde la Cárcel, a tal grado que muchos secuestros y extorsiones son planeados desde un penal.
Sabemos que éste tipo de aparatos están prohibidos al interior de los centros de reclusión, pero a los internos les resulta relativamente sencillo tener acceso a ellos, al coludirse con personal corrupto y pagar tarifas a custodios y personal administrativo por permitir el acceso de éstos aparatos de comunicación.
Es una situación preocupante que nuestro sistema penitenciario mexicano no ofrezca las condiciones mínimas de seguridad, ni para sus internos y más preocupante y hasta vergonzoso resulta que no pueda ofrecer seguridad para el ciudadano honesto y que se piensa liberado y protegido, al saber que el delincuente se encuentra a buen recaudo de la autoridad.
Por lo que, con la finalidad de combatir la delincuencia al interior de todos los centros de reclusión en el país, es necesario instaurar diversas acciones encaminadas a evitar que los delincuentes sigan operando y manejando sus organizaciones desde su confinamiento.
Tales medidas pudieran ir desde la realización de limpias entre el personal de custodia, hasta la rotación constante de éste personal entre un penal y otro; la realización constante de operativos y revisiones de éstos centros a nivel nacional, incluso la revisión del personal de custodia y administrativo que ingresa con fines laborales a éstos centros preventivos de readaptación; incluyendo entre éstas el bloqueo de la señal telefónica de los celulares (que pudieran existir de forma indebida) en poder de los internos.
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de la honorable asamblea el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta en forma respetuosa, en el ámbito de colaboración de los Poderes al secretario de Seguridad Pública Federal, así como a los titulares de las entidades federativas a través de los titulares de los centros penitenciarios (Ceresos y centros preventivos de reclusión) del país, a efecto de que lleven a cabo una revisión exhaustiva de la normatividad en materia de readaptación social y, en su caso, propongan las reformas conducentes con la finalidad de que sean restringidas las llamadas a teléfonos celulares desde los centros federales de detención, o bien se implante un sistema de bloqueo de éste medio de comunicación desde el interior de éstos centros de reclusión.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de febrero de 2008.
Diputado José Luis Murillo Torres (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que
se exhorta a los titulares de los gobiernos locales, de los centros penitenciarios
del país y de prevención y readaptación social, órgano
administrativo desconcentrado de la secretaría de seguridad pública
federal, a llevar a cabo revisiones minuciosas y periódicas en los
centros federales de readaptación social para controlar el ingreso
de artículos y sustancias prohibidos, a cargo del diputado José
Luis Murillo Torres, del Grupo Parlamentario del PAN
El suscrito diputado, con las facultades que se le confieren en lo dispuesto en los artículos 58 y 60 (primer párrafo), del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta honorable asamblea, proposición con punto de acuerdo, a fin de que se exhorte respetuosamente a los titulares de las entidades federativas para que, a su vez, instruyan a los titulares de los centros penitenciarios (Ceresos y centros preventivos de reclusión) del país, para que lleven a cabo revisiones profundas y periódicas al interior de estos centros, a efecto de controlar el ingreso de artículos y sustancias prohibidas, detectar deficiencias y así garantizar las condiciones de seguridad de la población penitenciaria en general, así mismo se exhorte al titular del órgano administrativo desconcentrado Prevención y Readaptación Social dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, para que lleve a cabo revisiones profundas y periódicas al interior de los centros federales de readaptación, con la misma finalidad, al tenor de la siguiente:
Exposición de Motivos
Solamente en la Ciudad de México, existen ocho centros penitenciarios: tres centros preventivos varoniles, norte, oriente y sur; dos centros preventivos femeniles, norte y oriente; una penitenciaría para varones, Santa Martha Acatitla y una destinada para las mujeres que se encuentra al sur de la ciudad.
En total en nuestro país existen un total de 455 reclusorios, entre municipales, estatales y federales, la mayoría de estas prisiones carecen de instalaciones, equipo y personal necesario para brindar atención y seguridad a la población penitenciaria, la vida al interior de las cárceles es extremadamente precaria, debido al hacinamiento, malos tratos y por consecuencia la excesiva violencia que se ejerce al interior de estos centros de reclusión.
En fin la problemática carcelaria en México, parece estar fuera de control y la principal causa de esto es que las autoridades del sistema penitenciario parecen estar involucradas en los problemas más graves, tales como el ingreso de substancias prohibidas, armas, aparatos de comunicación, en fin una serie de elementos que ponen en peligro la integridad y salud de los internos y más grave aún la tranquilidad del ciudadano común y con un modo honesto de vida.
Pero que si se encuentra a merced de estos individuos al hacerlos víctimas de chantajes por medio de aparatos de comunicación (celulares), que coludidos con personal de los centros pueden ingresar a las prisiones. Otro de los problemas, como ya se mencionó, y que ha sido señalado con mucha insistencia en los centros penitenciarios, es el consumo y distribución de diversos tipos de droga, por lo que el porcentaje de internos que consumen alguna substancia prohibida es elevado, sin embargo los programas para atacar el consumo de drogas al interior de los reclusorios son poco efectivos, ya que el tratamiento en la mayoría de los internos sólo consiste en pláticas hacia la población que acepte participar en reuniones y, por lo tanto, los resultados son poco efectivos ya que no puede haber algún tipo de exactitud en cuanto a la efectividad de este tipo de tratamiento.
La falta de tratamiento especializado y concretamente la ausencia de clínicas contra adicciones al interior de las prisiones, ha dado como resultado que los programas que se llevan a cabo se conciban conforme a las circunstancias y limitaciones que hay en las prisiones. La postura sobre el tráfico de drogas al interior de las prisiones, insiste en negar esta situación, con la finalidad de evitar la imagen de las prisiones como centros que fomentan el consumo de drogas, postura que no ayuda en mucho para llevar a cabo programas que logren, no erradicar totalmente el consumo de drogas, pero si una disminución gradual que involucre no sólo a autoridades e internos adictos, sino también al grupo familiar, indispensable para alcanzar una rehabilitación completa.
Por otra parte es necesario poner el mayor esfuerzo del personal de custodia y seguridad en zonas estratégicas, tales como los módulos de máxima seguridad, los dormitorios conflictivos, zonas de correcciones disciplinarias, áreas de trabajo, torres de vigilancia y los espacios de acceso a las penitenciarías, como la aduana de personas y vehículos; lo anterior con la finalidad de ir cerrando los espacios y momentos en los que el interno se ve tentado a infringir la reglamentación de los centros penitenciarios.
Con esto, compañeros, sólo he pretendido establecer algunos de los puntos fundamentales para entender la dinámica real de los centros penitenciarios, independientemente de las disposiciones jurídicas y reglamentaciones que pretenden dar un sustento legal a la institución penitenciaria. Sin duda el tema de las prisiones y su objetivo de readaptación al medio social, así como sus limitaciones en cuestiones de seguridad interna, aunado a la corrupción que impera en estos centros, nos hace necesario hacer el esfuerzo de forma conjunta, a fin de que a quien se encuentre privado de su libertad no le sean transgredidos sus derechos fundamentales, salvo los explícitamente afectados por la ley, por su condición de internos. Al mismo tiempo y al verse impedidos de utilizar substancias prohibidas, harán más fácil su readaptación al medio social, al no tener consigo armas o material con el que pudieran elaborarlas, habría más seguridad al interior de los centros y al no contar en su poder con aparatos de comunicación se verían impedidos y tentados a llevar a cabo los chantajes telefónicos, acción que pone en riesgo la integridad de la población en general.
Por lo anteriormente expuesto someto a la consideración de esta honorable asamblea, el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero. Se exhorte al titular del órgano administrativo desconcentrado Prevención y Readaptación Social dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, para que lleve a cabo revisiones profundas y periódicas al interior de los centros federales de readaptación, a efecto de controlar el ingreso de artículos y sustancias prohibidas, detectar deficiencias y así garantizar las condiciones de seguridad de la población penitenciaria en general.
Segundo. Se exhorta respetuosamente a los titulares de las entidades federativas para que a su vez instruyan a los titulares de los centros penitenciarios (Ceresos y centros preventivos de reclusión) del país, para que lleven a cabo revisiones profundas y periódicas al interior de estos centros, a efecto de controlar el ingreso de artículos y sustancias prohibidas, detectar deficiencias y así garantizar las condiciones de seguridad de la población penitenciaria en general.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro a 11 de diciembre de 2007.
Diputado José Luis Murillo Torres (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A IMPLANTAR MEDIANTE LA SAGARPA LAS ACCIONES
CONDUCENTES A DETENER EL USO DE ARTES DE PESCA NO SELECTIVAS EN EL POLÍGONO
DEL ÁREA DE REFUGIO PARA LA PROTECCIÓN DE LA VAQUITA, A CARGO
DEL DIPUTADO LUIS FERNANDO RODRÍGUEZ AHUMADA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PAN
El suscrito diputado federal de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario Partido Acción Nacional, Luis Fernando Rodríguez Ahumada, en uso de las facultades que me confieren los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta honorable Cámara de Diputados el presente punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
I. Consideraciones
Con el paso del tiempo, el ser humano ha adquirido la conciencia del valor toral que significa la protección de su medio ambiente y el cuidado de las diversas especies que habitan en él. Con ello, encontramos de manera sucedánea la conciencia de conservar la diversidad biológica, mediante el establecimiento de las áreas naturales protegidas (ANP), debido a que estriban en principios de conservación y protección que tienen como objetivo definido promover el desarrollo sustentable reconocido en la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Medio Ambiente (LGEEPMA).
En el país como en el mundo entero, se ha implantado de manera satisfactoria y benéfica para el medio ambiente una modalidad de las ANP denominada "reserva de la biosfera", que es la que ocupa más extensión en el territorio mexicano.
En concordancia plena con el Programa de Medio Ambiente y Recursos Naturales 2001-2006, hasta el 2002, existían 127 ANP cubriendo aproximadamente 17 millones 56 mil 600 hectáreas. De las cuales el 61.19 por ciento correspondía a reservas de la biosfera.
La región que incluye el alto Golfo de California y el delta del río Colorado fue decretada y publicada como reserva de la biosfera el 10 de junio de 1993. Dicha reserva esta ubicada entre los 31°00`- 32°10` norte y 113°30`-115°15` de oeste y tiene una extensión de 934 mil 756 hectáreas, dentro de la cual se ubican dos zonas de manejo: La zona núcleo, con 164 mil 779 hectáreas y la zona de amortiguamiento, con 769 mil 967 hectáreas 1. La declaratoria de la biosfera se debió a la necesidad de la conservación de algunas especies que allí habitan de manera temporal o permanente, lo cual se relaciona con características hidrográficas muy particulares2.
Para profundizar en cuanto a los objetivos específicos de la reserva de la biosfera3, podemos argüir que:
2. Otorgan protección permanente a especies endémicas como la totoaba, la vaquita marina, el pupo del desierto y una gran variedad de especies de aves;
3. Regulan las actividades productivas para la protección de recursos naturales, y
4. Promueven las actividades económicas alternativas que incrementen el nivel de vida de la población residente.
Desde los años 20 la explotación de los recursos pesqueros en el alto Golfo de California (Puerto Peñasco, San Felipe y golfo de Santa Clara) fue el motor del crecimiento económico y demográfico en la región. En un primer momento fue la totoaba, cuya pesca de hecho favoreció la creación de algunos de estos poblados pesqueros, empero, pronto dejó de ser la base económica y en la década de los 40 las capturas disminuyeron drásticamente.
La forma de la pesca varía de acuerdo al tipo de animal que se desea capturar. Las denominadas faenas de pesca varían dependiendo de la pesquería (artesanal o industrial), y del recurso (residente o estacional).
Dadas las características físicas del alto Golfo, las actividades agropecuarias y mineras son prácticamente inexistentes, por lo que la población ocupada en el sector primario se dedica primordialmente a las actividades pesqueras.
En el alto Golfo habita la marsopa vaquita (mejor conocida como vaquita marina), que siendo el único mamífero endémico de México, además de tener el rango de distribución más restringido de todos los cetáceos, es también una especie en peligro de extinción. Esta clasificada dentro de las categorías más críticas de las especies amenazadas por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN-1996), la Convención Internacional para el Tráfico de Especies en Peligro de Fauna y Flora Silvestres (CITES, 1997) y la norma oficial mexicana (NOM059-SEMARNAT 2001).
Es considerada endémica de México porque sólo se distribuye en el alto Golfo de California y en la región más nórdica del golfo Norte. Todas las evidencias indican que su distribución siempre ha estado restringida a esta zona, aunque algunos investigadores llegaron a considerar que históricamente también se le encontraba a lo largo de todo el Golfo de California hasta las islas Marías. Estudios realizados sobre el hábitat de los cetáceos a nivel mundial desde 1972, señalan que el hábitat potencial de la vaquita sólo podría extenderse hacia el sur del alto Golfo cerca del límite sur de isla Tiburón, en Sonora. Además, no existen evidencias físicas que apoyen una extensión del rango de distribución de vaquita más allá del golfo Norte4.
Los elementos neurálgicos que nos permiten dilucidar el peligro inminente de extinción por el que atraviesa la vaquita marina, están sustentados en la lista que realizó para la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), uno de los más reconocidos cetólogos en el mundo allá por la década de los 705. Además de la captura incidental en artes de pesca indicó que la falta de flujo del río Colorado y la contaminación podrían afectar a esta especie. Posteriormente se argumentó que la endogamia6, por el tamaño pequeño de la población, la condenaba a la extinción. Un factor más que se consideró como influyente para la extinción fue la contaminación. Sin embargo, un análisis de los factores de riesgo confirmó lo que la mayoría de los investigadores sospechaban: que el principal factor de riesgo es la mortalidad incidental en redes de pesca agalleras y de arrastre7.
Este último tipo de redes son nocivas porque disminuyen la población de la vaquita marina. El problema es que, en términos generales y dependiendo del tipo de fondo marino, es un arte de pesca muy nocivo para la fauna bentónica (fondo marino) y para la fauna que se alimenta de ella.
En el país se sabe que la captura incidental (a la que no esta dirigida la pesca) puede ser igual o un poco mayor a la pesca objetivo (la que se comercializa) debe tomarse en cuenta que esto varía de una región a otra y de una temporada a otra. Sin embargo, existen ejemplos notables en países como Canadá que llevaron a cabo modificaciones sustanciales a este tipo de redes y lograron bajar la captura incidental 98 por ciento. En muchas ocasiones la industria pesquera en el país ha dado muestras de ser muy responsable con el medio ambiente, lo que nos indica, que hay esperanza para conservar los ecosistemas y disfrutar de los productos que el mar nos provee.
El 8 de septiembre de 2005, el gobierno mexicano a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales decretó el acuerdo mediante el cual se estableció el área de refugio para la protección de la vaquita, donde se determina que en la porción occidental del alto Golfo de California, frente a las costas de Baja California, en las proximidades del puerto de San Felipe, se encuentra la zona de mayor concentración de la vaquita.
Dicho acuerdo expresa también que el estudio de avistamiento de la vaquita demuestra que la distribución de la misma no se limita al polígono de la reserva de la biosfera del alto Golfo de California y de la delta del río Colorado, sino que excede tales límites, por lo que resulta necesario establecer un área de refugio para la protección de esta especie acuática que abarque tanto la zona dentro del área natural protegida como fuera de ella8.
Consecuentemente y de manera supletoria, se elaboró el Programa de Protección de la Vaquita dentro del área de refugio, ubicada en la porción occidental del alto Golfo de California, que contiene las coordenadas exactas del lugar de refugio, así como los lineamientos de manejo y conservación de la especie.
El artículo preambulatorio para fines del presente punto de acuerdo es el 4.2.1.1, donde se expresa que "la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca) en el marco de sus atribuciones y en coordinación con los gobiernos de Sonora, Baja California y el sector pesquero de ribera fortalecerá y terminará el proceso de individualización de permisos de pesca y demás instrumentos enmarcados en el programa de ordenamiento pesquero que permitan una pesca responsable y sustentable en las comunidades de San Felipe, Santa Clara y puerto Peñasco".
El siguiente artículo enmarca de manera diáfana las acciones a seguir para evitar a toda costa la pesca incidental y el establecimiento del polígono de exclusión de pesca con cualquier tipo de redes agalleras o de arrastre, además de evaluaciones técnicas, limitación de embarcaciones de altura, utilización de excluidores de tortugas y peces grandes, utilización de excluidores de peces juveniles y utilización de monitoreo satelital.
No obstante el marco normativo imperante para proteger a la vaquita marina, en la práctica se siguen utilizando como artes de pesca las redes agalleras y de arrastre que tanto dañan al ecosistema marino.
Por lo anteriormente expuesto presento ante esta soberanía la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Primero. Se exhorta al Ejecutivo federal a que a través de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) implante de manera consistente las acciones que lleven a detener el uso de las artes de pesca no selectivas, dentro del polígono del área de refugio para la protección de la vaquita.
Segundo. Que las autoridades del sector pesquero y la sociedad civil organizada trabajen de manera conjunta para disminuir el tamaño de la flota de arrastre, que actualmente esta sobredimensionada, y que se lleven a cabo investigaciones para diseñar redes que disminuyan significativamente la captura incidental.
Tercero. Se exhorta al Ejecutivo federal a que considere en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2008 programas productivos que sirvan de apoyo a las comunidades pesqueras desplazadas producto del redimensionamiento de la flota pesquera mexicana.
Notas:
1) Plan de Manejo 1994
2). Álvarez-Borrego y Lara-Lara 1991, Álvarez-
Borrego 2001.
3). Diario Oficial, 1993.
4). Silber and Norris, 1991
5). Para conocer de manera profunda el estudio de los
factores de riesgo, consultar el estudio "Todo lo que quería saber
de la vaquita…" de los Investigadores del Instituto Nacional de Ecología
doctor Lorenzo Rojas Bracho y maestro en ciencias Armando Jaramillo Legorreta.
6) Endogamia. Apareamiento entre individuos que tienen
uno o más antepasados en común. El caso más extremo
es la autofecundación que se da de manera natural en muchas plantas
y en algunos animales primitivos.
7) Rojas-Bracho and Taylor, 1999.
8) Para observar las especificaciones del área
de refugio ver el Acuerdo Mediante el cual se Establece el Área
de Refugio para la Protección de la Vaquita.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de febrero de 2007.
Diputado Luis Fernando Rodríguez Ahumada (rúbrica)
El suscito, diputado federal, Moisés Dagdug Lutzow, integrante del Grupo Parlamentario de la Revolución Democrática, con fundamento por lo establecido en el artículo 21, fracción XVI, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicita respetuosamente a la Presidencia de la Mesa Directiva que formule una excitativa a la Comisión de Hacienda y Crédito Público para que presenten el dictamen correspondiente, con base en los siguientes
Antecedentes
Durante la sesión del día 6 de septiembre de 2007, el suscrito presentó la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 261, de la Ley Federal de Derechos, y el artículo 2-A, fracción II, de la Ley de Coordinación Fiscal.
La Presidencia de la Cámara de Diputados turnó dicha iniciativa a la Comisión de Hacienda y Crédito Público por ser un tema de su competencia, a objeto de que emitiera el dictamen correspondiente.
En razón de lo anterior se expresan las siguientes
Consideraciones
Primero. En los lugares donde se efectúa la extracción material y en aquellos donde se procesan y exportan los hidrocarburos, se resienten todo un cúmulo de efectos negativos para el medio ambiente y la población. Entre ellos podemos señalar los derivados de la insuficiencia de la infraestructura municipal básica, como consecuencia de un acelerado crecimiento demográfico; contaminación de suelos y mantos acuíferos; derrames en ríos, litorales y esteros; hacinamiento de la población en condiciones insalubres; afectaciones a las actividades económicas persistentes con las consecuentes secuelas de desempleo y tensiones sociales derivadas; entre muchos efectos.
Segundo. Ante estos efectos negativos, la población voltea siempre en primera instancia hacia las autoridades municipales, quienes cuentan con recursos muy limitados para hacer frente a las necesidades de la población. La situación se agudiza si no hay un adecuado entendimiento político entre los tres niveles de gobierno. Frente a esta realidad, tanto en la Ley Federal de Derechos como en la de Coordinación Fiscal, se prevén ya recursos directos a los municipios por los cuales se exportan los hidrocarburos. Inexplicablemente, no están considerados los municipios en cuyo territorio se realiza la extracción de los hidrocarburos ni aquellos en los cuales estos se transforman en los destilados que sirven de base para toda nuestra actividad económica. Es innegable que en ambos casos se resienten los efectos señalados. La situación ambiental de Comalcalco o Centla, en Tabasco; así como los índices de contaminación de Salamanca, Guanajuato, son lamentables botones de muestra.
Por lo expuesto, y habiéndose cumplido con exceso el plazo que establece el artículo 87 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a usted ciudadana Presidenta de la Mesa Directiva, atentamente solicito:
Único. En los términos del artículo 21, fracción XVI, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, excite y envíe el presente documento a la Comisión de Hacienda y Crédito Público para que formule el dictamen correspondiente a la iniciativa mencionada.
Diputado Moisés Félix Dagdug Lutzow (rúbrica)
A LA COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES, A SOLICITUD DEL DIPUTADO MOISÉS DAGDUG LÜTZOW, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
EL suscito, diputado federal Moisés Dagdug Lutzow, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo establecido en el artículo 21, fracción XVI, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicita respetuosamente a la Presidencia de la Mesa Directiva que formule una excitativa a la Comisión de Puntos Constitucionales para que presente el dictamen correspondiente, con base en los siguientes
Antecedentes
Durante la sesión del día 9 de octubre de 2007, el suscrito presentó la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un párrafo al artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Dicha iniciativa tiene como propósito establecer que los programas y proyectos de inversión que abarquen varios ejercicios fiscales tengan garantizadas las asignaciones presupuestarias correspondientes.
La Presidencia de la Cámara de Diputados turnó dicha iniciativa a la Comisión de Puntos Constitucionales, por ser un tema de su competencia, a objeto de que emitiera el dictamen correspondiente.
En razón de lo anterior, se expresan las siguientes
Consideraciones
Primera. El artículo 74 constitucional ha venido regulando, desde la entrada en vigor de la Constitución de 1917, la facultad exclusiva de la Cámara de Diputados para aprobar anualmente el proyecto de Presupuesto de Egresos y revisar la cuenta pública del año anterior.
Segunda. En el Presupuesto de Egresos de la Federación se concentran los recursos públicos que emplean las dependencias federales y, en algunos casos, las estatales y municipales, para satisfacer sus requerimientos financieros. Éste es el instrumento más poderoso del gobierno federal, junto con la Ley de Ingresos de la Federación y la política monetaria, para incidir en la evolución económica del país.
Tercera. El Presupuesto de Egresos de la Federación es un instrumento legal establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 74, donde se establece: "Aprobar anualmente el Presupuesto de Egresos de la Federación, previo examen, discusión y, en su caso, modificaciones del proyecto enviado por el Ejecutivo federal, una vez aprobadas las contribuciones que, a su juicio, deban decretarse para cubrirlo, así como revisar la Cuenta Pública del año anterior".
Cuarta. Es precisamente la temporalidad anual del Presupuesto uno de los substanciales problemas del marco jurídico en materia presupuestaria que impactan a los programas y proyectos de inversión. Es así que tanto la administración pública federal como la estatal y la municipal, al iniciar sus programas o proyectos de inversión de mediano y largo plazos en repetidas ocasiones, por no tener la fuente de financiamiento durante su tiempo de vida quedan inconclusos; y el escenario se empeora todavía más cuando ya han sido evaluados como socialmente rentables para el país.
Quinta. Es vital para los programas y proyectos de inversión, asegurarles su capitalización en el mediano y largo plazos, que les garantice la viabilidad y certidumbre financiera para todo el periodo de su ejecución; lo anterior, asegura su conclusión y en consecuencia acrecienta el patrimonio nacional en aquellos programas y proyectos de inversión que son provechos para el desarrollo de nuestra nación.
Sexta. La Carta Magna de 1917 y las leyes reglamentarias de la materia, a lo largo de estos años, han conferido al Congreso de la Unión, particularmente a esta Cámara, suficiente autoridad en materia presupuestaria y de supervisión del gasto público. Sin embargo, tales preceptos normativos no se han convertido en mecanismos efectivos para aumentar la planeación del gasto público; contribuyendo así, a evitar los malos manejos, la ineficiencia gubernamental y la corrupción que actualmente, sigue lacerando al Estado mexicano.
Por lo expuesto y habiéndose cumplido con exceso el plazo que establece el artículo 87 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a usted, ciudadana Presidenta de la Mesa Directiva, atentamente solicito
Único. En los términos del artículo 21, fracción XVI, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, que excite y envíe el presente documento a la Comisión de Puntos Constitucionales para que formule el dictamen correspondiente a la iniciativa mencionada.
Diputado Moisés Félix Dagdug Lutzow (rúbrica)
A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, A SOLICITUD DEL DIPUTADO MOISÉS DAGDUG LÜTZOW, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
EL suscito, diputado federal Moisés Dagdug Lützow, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo establecido en el artículo 21, fracción XVI, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicita respetuosamente a la Presidencia de la Mesa Directiva que formule una excitativa a la Comisión de Hacienda y Crédito Público para que presenten el dictamen correspondiente, con base en los siguientes
Antecedentes
Durante la sesión del día 27 de noviembre de 2007, el suscrito presentó la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el cuarto párrafo del artículo 2o. de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, a objeto de que los municipios de Balancán y Tenosique del estado de Tabasco, adquieran la condición de región fronteriza para efectos fiscales.
La Presidencia de la Cámara de Diputados turnó dicha iniciativa a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, por ser un tema de su competencia, a objeto de que emitiera el dictamen correspondiente.
En razón de lo anterior se expresan las siguientes
Consideraciones
Primera. El artículo 2o. de la Ley del Impuesto al Valor Agregado establece que los contribuyentes residentes en la región fronteriza aplicarán una tasa del 10 por ciento, y no la tasa general del 15 por ciento, a los actos o actividades por los que se deba pagar el impuesto al valor agregado, siempre que la entrega material de los bienes o la prestación de servicios se lleve a cabo en esa región.
Segunda. La aplicación de la tasa del 10 por ciento en el artículo antes aludido se ha justificado bajo el hecho de que las condiciones geográficas existentes en la región fronteriza hacen que los consumidores nacionales se vean motivados a realizar la adquisición de bienes y servicios en las ciudades fronterizas limítrofes de los Estados Unidos de América, con el consiguiente impacto desfavorable en la economía de dicha región.
Tercera. Dicho precepto no considera a los mexicanos que habitan la región fronteriza colindante con la República de Guatemala que igualmente enfrentan problemas de competitividad impositiva. Tabasco comparte con la República de Guatemala una franja fronteriza de 118 kilómetros, cuyos límites abarcan los municipios de Balancán y Tenosique, jurisdicciones que han venido padeciendo los efectos de esta dispar competencia impositiva, particularmente en los impuestos al consumo, motivo por el cual resulta impostergable atender la existencia de dicha circunstancia.
Cuarta. La presente iniciativa tiene el espíritu de plantear la necesidad de contar con tasas impositivas competitivas frente a los países vecinos, en virtud de que por ejemplo en Estados Unidos los gravámenes al consumo observan impuestos del 6 al 8 por ciento, por eso, la necesidad de que nuestros connacionales que habitan en las regiones fronterizas contiguas con dicho país, o bien, cuyos principales negocios se realizan con el mismo, como el caso del estado de Quintana Roo, gocen de una tasa preferencial reducida en el impuesto al valor agregado. En el caso de las entidades del sureste mexicano, este asunto sólo se circunscribe a la franja de 20 kilómetros en torno de la frontera con los países de Centroamérica.
Quinta. Con esos razonamientos que se propone se aplique el tratamiento fiscal en materia del impuesto al valor agregado de la región fronteriza del norte del país y la del estado de Quintana Roo, a los municipios de Balancán y Tenosique con la finalidad de promover su economía y proyectar su situación competitiva en un entorno globalizado.
Por lo expuesto y habiéndose cumplido con exceso el plazo que establece el artículo 87 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a usted, ciudadana Presidenta de la Mesa Directiva, atentamente solicito
Único. En los términos del artículo 21, fracción XVI, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, excite y envíe el presente documento a la Comisión de Hacienda y Crédito Público para que formule el dictamen correspondiente a la iniciativa mencionada.
Diputado Moisés Félix Dagdug Lützow
(rúbrica)