Gaceta Parlamentaria, año XI, número 2425-II, miércoles 16 de enero de 2008

Iniciativas

Que reforma la fracción I del artículo 98 del Código Civil Federal, a cargo de la diputada Sara Latife Ruiz Chávez, del Grupo Parlamentario del PRI.

Que adiciona un párrafo cuarto a la fracción VI del Apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Pablo Leopoldo Arreola Ortega, del Grupo Parlamentario del PT.

Que reforma las fracciones V, XIII, XVI y XXXIX del artículo 8 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, a cargo del senador Alejandro Moreno Cárdenas, del Grupo Parlamentario del PRI.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Adolfo Mota Hernández, del Grupo Parlamentario del PRI.

Que adiciona los incisos d) y e) a la fracción III del artículo 42 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a cargo del Grupo Parlamentario del PRI.

Que reforma el artículo 201 del Código Penal Federal, a cargo del senador Adolfo Toledo Infanzón, del Grupo Parlamentario del PRI.

Proposiciones

Con punto de acuerdo, por el que la Comisión Permanente manifiesta su solidaridad con el pueblo de Ucrania y se adhiere al pronunciamiento del presidente de Ucrania para reconocer el holodomor de los años 1932-1933 como un acto de genocidio contra ese pueblo, a cargo de la diputada Adriana González Carrillo, en nombre de la diputada Omeheira López Reyna, del Grupo Parlamentario del PAN.

Con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal a revisar integralmente las tarifas eléctricas del país y a citar a comparecer a los titulares de la Comisión Federal de Electricidad, de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro y de la Comisión Reguladora de Energía, a cargo del senador José Eduardo Calzada Rovirosa, del Grupo Parlamentario del PRI.

Con punto de acuerdo, relativo a la instalación del confinamiento de residuos tóxicos en Zimapán, Hidalgo, a cargo del diputado Salvador Ruiz Sánchez, del Grupo Parlamentario del PRD.

Con punto de acuerdo, sobre el derrame de hidrocarburos en la sonda de Campeche, a cargo del senador Jorge Legorreta Ordorica, del Grupo Parlamentario del PVEM.

Con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal a documentar el posible daño a los productores nacionales del campo y determinar con un diagnóstico serio los signos de una amenaza al campo mexicano e impulsar todas las acciones en el marco del Capítulo VIII, "Medidas de Emergencia", del TLCAN, a cargo del diputado Cuauhtémoc Velasco Oliva, del Grupo Parlamentario de Convergencia.

Con punto de acuerdo, por el que la Comisión Permanente formula un llamado urgente al gobierno federal para que instaure diversas acciones relativas al Capítulo Agropecuario del TLCAN, a cargo del diputado Pablo Leopoldo Arreola Ortega, del Grupo Parlamentario del PT.

Con punto de acuerdo, por el que la Comisión Permanente expresa su repudio al asesinato de la ex primera ministra de Pakistán y reitera su enérgica condena a la violencia y al terrorismo, en cualquiera de sus manifestaciones, a cargo del diputado Carlos Alberto García González, en nombre de la Segunda Comisión.

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a las Cámaras de Diputados, y de Senadores que mediante sus Juntas de Coordinación Política consideren crear una comisión especial de observación plural de legisladores que acuda a Quintana Roo durante el proceso electoral que se celebrará el 3 de febrero de 2008, a cargo de la diputada Yolanda Mercedes Garmendia Hernández, del Grupo Parlamentario del PAN.

Con punto de acuerdo, para atender los daños provocados por derrame de Pemex en Río Blanco, Veracruz, y revisar la situación de seguridad de los ductos de la empresa, a cargo del diputado Adolfo Mota Hernández, del Grupo Parlamentario del PRI.

Con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno federal a solucionar por la vía pacífica el conflicto laboral en la mina de cobre de Cananea, Sonora; y al gobierno de ese estado, a respetar el derecho de manifestación de los integrantes de la sección 65 del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana, a cargo del diputado Carlos Navarro López, del Grupo Parlamentario del PRD.

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a publicar los programas sectoriales, especiales, institucionales y regionales en el Diario Oficial de la Federación, a cargo de la diputada María del Pilar Ortega Martínez, del Grupo Parlamentario del PAN.

Con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal a elaborar un programa integral destinado a mejorar las condiciones de vida de los integrantes del Ejército Mexicano, a cargo del senador Carlos Lozano de la Torre, del Grupo Parlamentario del PRI.

Con punto de acuerdo, respecto a la modificación de las Reglas de Operación del Proárbol, ejercicio 2008, a cargo del senador Silvano Aureoles Conejo, del Grupo Parlamentario del PRD.

Con punto de acuerdo, por el que la Comisión Permanente exhorta a los titulares del Poder Ejecutivo de los estados, a las legislaturas locales, al jefe del Gobierno del Distrito Federal y a la Asamblea Legislativa a realizar las adecuaciones legales necesarias a fin de aumentar la edad mínima para contraer matrimonio, a cargo del senador Guillermo Tamborrel Suárez, del Grupo Parlamentario del PAN.

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al secretario de Comunicaciones y Transportes a convocar a una mesa de concertación de acciones con el sector de autotransporte de carga, público y privado, para promover la competitividad y la seguridad, respecto a la PROY-NOM-012-SCT-2003, a cargo del diputado Gregorio Barradas Miravete, del Grupo Parlamentario del PAN.

Con punto de acuerdo, en favor de los migrantes mexicanos en Estados Unidos de América, a cargo del diputado Salvador Barajas del Toro, del Grupo Parlamentario del PRI.

Con punto de acuerdo, relativo a la protección de los humedales mexicanos, principalmente los ecosistemas de manglar, a cargo de la diputada Aleida Alavez Ruiz, del Grupo Parlamentario del PRD.

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Economía a establecer, con apoyo de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de la Administración General de Aduanas, un programa para el control ambiental de vehículos importados usados, a cargo del diputado Manuel Portilla Diéguez, del Grupo Parlamentario del PVEM.

Con punto de acuerdo, por el que se cita a comparecer al secretario del Trabajo y Previsión Social y al director general de Petróleos Mexicanos a fin de que informen respecto a las medidas adoptadas para garantizar los derechos laborales de los trabajadores y de los contratos otorgados a las empresas subcontratadoras en la sonda de Campeche, a cargo del diputado Cuauhtémoc Velasco Oliva, del Grupo Parlamentario de Convergencia.

Con punto de acuerdo, por el que la Comisión Permanente condena la represión policial y militar contra mineros de Cananea y plantea que se integre una comisión de investigación plural por los grupos parlamentarios representados en la LX Legislatura, a cargo del diputado Pablo Leopoldo Arreola Ortega, del Grupo Parlamentario del PT.

Con punto de acuerdo, por el que exhorta al Ejecutivo federal a remitir un informe sobre el cumplimiento de las recomendaciones emitidas por el Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias de Naciones Unidas, que visitó el país del 27 de octubre al 10 de noviembre de 2002, a cargo de integrantes de la Primera Comisión.

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Comisión Permanente a guardar un minuto de silencio en honor de los agentes federales muertos en la lucha contra el narcotráfico, especialmente en Reynosa, Tamaulipas, y en Tijuana, Baja California, a cargo del diputado Marco Heriberto Orozco Ruiz Velazco, del Grupo Parlamentario del PAN.

Con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal a revisar y modificar el Capítulo Agrario del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, a cargo del Grupo Parlamentario del PRI.

Con punto de acuerdo, relativo al traslado de los detenidos Héctor Galindo Gochicoa, Felipe Álvarez Hernández e Ignacio del Valle Medina al centro penitenciario correspondiente en el estado de México, a cargo de la diputada Aleida Alavez Ruiz, del Grupo Parlamentario del PRD.

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores a exigir a la banca privada y a las entidades financieras de la república la aceptación de la matrícula consular como identificación oficial, a cargo de la senadora Adriana González Carrillo, del Grupo Parlamentario del PAN.

Con punto de acuerdo, para recibir información de la Fiscalía Especializada en Delitos Cometidos contra Periodistas, a cargo del senador Alejandro Moreno Cárdenas, del Grupo Parlamentario del PRI.

Con punto de acuerdo, respecto a la liberación de Clara Rojas y Consuelo González por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia a la misión humanitaria comandada por la Cruz Roja Internacional y coordinada por autoridades venezolanas y colombianas, a cargo de la diputada Ruth Zavaleta Salgado, del Grupo Parlamentario del PRD.

Con punto de acuerdo, a fin de solicitar al Ejecutivo federal que amplíe el plazo de beneficios fiscales y administrativos para obligaciones de seguridad social de los patrones del campo, a cargo del Grupo Parlamentario del PAN.

Con punto de acuerdo, para exhortar a las legislaturas locales a armonizar sus códigos y leyes de instituciones y procedimientos electorales, a cargo de la diputada Laura Angélica Rojas Hernández, del Grupo Parlamentario del PAN.

Con punto de acuerdo, para exhortar al titular del Poder Ejecutivo federal, a los gobernadores de Jalisco y de Colima, y a los ayuntamientos de la zona limítrofe entre ambos estados a ejercer todas las acciones que contribuyan al mantenimiento de la paz y del orden público en esa región, privilegiando la adecuación al punto de acuerdo aprobado por el Senado de la República el 22 de noviembre de 2007, a cargo del senador Rogelio Rueda Sánchez, del Grupo Parlamentario del PRI.

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a crear una comisión de seguimiento, supervisión y fiscalización de los recursos donados para reconstruir Tabasco, a cargo del Grupo Parlamentario del PRD.

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a cumplir lo establecido en el artículo quinto transitorio de la Ley Federal de Seguridad Privada y a expedir con la mayor brevedad su reglamento, a cargo del senador Luis Walton Aburto, del Grupo Parlamentario de Convergencia.

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes que informe sobre la situación del tramo ferroviario Oaxaca-Tehuacán, a cargo del senador Adolfo Toledo Infanzón, del Grupo Parlamentario del PRI.

Con punto de acuerdo, sobre el desalojo en la comunidad de San Juan de Guadalupe, San Luis Potosí, a cargo del Grupo Parlamentario del PRD.

Con punto de acuerdo, relativo a la situación que guarda el sistema hídrico en México, a cargo del diputado Adolfo Mota Hernández, del Grupo Parlamentario del PRI.

Con punto de acuerdo, respecto a la utilización de gases lacrimógenos en la frontera México-Estados Unidos, a cargo de la diputada Ruth Zavaleta Salgado, del Grupo Parlamentario del PRD.

Con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno federal a solicitar una explicación a su similar de Estados Unidos de América sobre el lanzamiento de gases lacrimógenos en la frontera, a cargo del Grupo Parlamentario del PRD.

Con punto de acuerdo, para exhortar al ayuntamiento de Uruapan y a la Secretaría de Urbanismo y Medio Ambiente de Michoacán a investigar el procedimiento de autorización y estudiar el impacto ambiental de los desarrollos habitacionales del área de El Zapien, a cargo del diputado Fausto Fluvio Mendoza Maldonado, del Grupo Parlamentario del PRD.

Con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno del estado de México a analizar la enajenación y desaparición del conjunto de investigación agrícola Sedagro, en Metepec, a cargo del Grupo Parlamentario del PRD.

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Secretaría de la Función Pública a solicitar a las autoridades correspondientes que realicen los embargos precautorios a los ex funcionarios sancionados y den vista al Ministerio Público por la probable participación en conductas delictivas; y a inhabilitar de manera indefinida la empresa Gutsa Infraestructura, SA de CV, a cargo del Grupo Parlamentario del PRD.

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Auditoría Superior de la Federación a informar a esta soberanía sobre el inicio del procedimiento del fincamiento de responsabilidades resarcitorias contra Gutsa Infraestructura, SA de CV, respecto a las obras asignadas mediante licitaciones públicas de la terminal dos y el distribuidor vial dos del aeropuerto internacional de la Ciudad de México, a cargo del Grupo Parlamentario del PRD.

Con punto de acuerdo, a fin de solicitar al gobierno de Nayarit y a la Comisión Federal de Electricidad un informe detallado y la aplicación adecuada de 33 millones de pesos por el concepto de subsidio de tarifas de electricidad para la costa norte de ese estado, a cargo del diputado Francisco Javier Castellón Fonseca, del Grupo Parlamentario del PRD.

Con punto de acuerdo, relativo a la contaminación y las irregularidades cometidas por Asia Automotores, SA de CV, en la operación de la concesión de un confinamiento de residuos sólidos urbanos en Ecatepec de Morelos, México, a cargo de la diputada Aleida Alavez Ruiz, del Grupo Parlamentario del PRD.

Con punto de acuerdo, para solicitar la comparecencia del secretario del Trabajo y Previsión Social en torno al violento desalojo de los mineros de Cananea, Sonora, a cargo del Grupo Parlamentario del PRD.

Iniciativas

QUE REFORMA LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 98 DEL CÓDIGO CIVIL FEDERAL, A CARGO DE LA DIPUTADA SARA LATIFE RUIZ CHÁVEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI

Con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en el artículo 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta honorable Cámara de Diputados la presente iniciativa con proyecto de decreto que modifica la fracción primera del artículo 98 del Código Civil Federal con el objetivo de que el pasaporte sea un documento válido para contraer matrimonio, a fin de permitir a la ciudadanía un acceso más ágil y sencillo a los trámites administrativos de índole civil, como es el caso del matrimonio, en virtud de la siguiente:

Exposición de Motivos

El matrimonio se define como una institución social, legítimamente reconocida por la sociedad, dicho acto consiste en la unión de dos personas, que por voluntad propia, desean establecer una comunidad de vida, Asimismo, constituye uno de los pilares que permiten conformar una familia, la cual, a su vez, es considerada la célula de la sociedad.

El acto matrimonial, constituye uno de los temas más importantes del derecho civil al cual se le ha dedicado especial atención dada la relevancia que representa para el desarrollo y la conformación de la sociedad mexicana, no sólo en el orden jurídico, sino igualmente en el moral y en el social.

El matrimonio es un acto administrativo de índole civil, por ello, con el objetivo de permitir a la ciudadanía un fácil acceso a los sistemas y trámites burocráticos, es necesario modificar y simplificar los ordenamientos jurídicos existentes a fin de fomentar una eficaz prestación del servicio público que se ofrece en los actos civiles que se realicen.

La figura del matrimonio como institución fundamental del derecho civil, para llegar a concretarse, requiere de cumplir con una serie de reglas y requisitos establecidos en diversos ordenamientos, en esa tesitura, hoy en día se requiere de continuar adecuando la normatividad correspondiente a fin de facilitar que un mayor número de personas puedan realizar dicho acto civil.

Cabe señalar que durante el año 2005 se signaron 595 mil 713 matrimonios, un 0.8 por ciento menos con respecto al 2004; asimismo, las personas casadas o en unión libre suman aproximadamente 37 millones.

Por otra parte, es por todos conocido que nuestro país es uno de los destinos turísticos más frecuentados de América, los visitantes extranjeros en su visita dejan una importante derrama económica que impacta de manera positiva en la región.

Dentro de los motivos que muchos turistas temen al venir a nuestro país se encuentra el relacionado con la celebración de matrimonios, ya que es cada vez mayor el número de parejas de procedencia extranjera que eligen a México como una de las alternativas para realizar la unión conyugal en términos legales. El denominado "turismo de boda" es uno de los elementos que componen la amplia gama del sector turístico procedente de otros países, de igual forma, no debemos perder de vista que el turismo representa una cantidad importante de los ingresos que se obtienen por divisas.

De acuerdo con cifras proporcionadas por el Instituto Nacional de Geografía, Estadística e Informática, en el año 2006 más de 11 mil 200 extranjeros contrajeron nupcias en territorio nacional, lo que representa cerca del dos por ciento del total de los matrimonios que se celebran en México.

Sin embargo, es importante señalar que existen dificultades que afectan la concertación de matrimonios entre extranjeros, y de la complejidad que enfrentan para realizar los trámites necesarios que les permitan celebrar dicho acto civil. En razón de lo anterior, es que propongo reformar el Código Civil Federal, con el objetivo de que los extranjeros que deseen celebrar su matrimonio en nuestro país, puedan identificarse con su pasaporte y se le considere de igual manera como un documento de acreditación de identidad, debidamente reconocido a nivel internacional, además de su acta de nacimiento, debidamente apostillada en términos de la Convención de La Haya.

En otros países ya se han realizado las adecuaciones que permiten a los extranjeros casarse presentando su pasaporte como el documento con la suficiente validez legal para funcionar como una identificación oficial, con ello el turismo de boda se ha incrementado generando un impacto positivo en los ingresos de divisas. En el contexto de la globalización, México no debe permanecer al margen de los cambios que permiten una mayor integración y desarrollo de las naciones.

En razón de lo anteriormente expuesto pongo a consideración de esta honorable Cámara de Diputados la siguiente iniciativa con

Proyecto de Decreto

Único. Se reforma la fracción I del artículo 98 del Código Civil Federal, para quedar como sigue:

Artículo 98. Al escrito a que se refiere el artículo anterior, se acompañará:

I. El acta de nacimiento o pasaporte de los pretendientes y en su defecto un dictamen médico que compruebe su edad, cuando por su aspecto no sea notorio que el varón es mayor de dieciséis años y la mujer mayor de catorce;

II. – VII. …

Transitorios

Primero. El presente decreto entrara en vigor a partir de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de enero del 2008.

Diputada Sara Latife Ruíz Chávez (rúbrica)

QUE ADICIONA UN PÁRRAFO CUARTO A LA FRACCIÓN VI DEL APARTADO A DEL ARTÍCULO 123 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, A CARGO DEL DIPUTADO PABLO LEOPOLDO ARREOLA ORTEGA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PT

El suscrito, diputado federal a la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55, fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión la presente iniciativa con proyecto de decreto, que adiciona un cuarto párrafo a la fracción VI del Apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, conforme a la siguiente

Exposición de Motivos

Desempleo es la "situación en que una persona no encuentra oportunidad de ser ocupada de manera formal en una actividad remunerativa".

El desempleo es un fenómeno que deriva del comportamiento estructural de la economía, y puede explicarse por varias razones:

La primera es de carácter histórico, pues se vincula con el despojo de las tierras de los campesinos y la transformación de éstos en obreros asalariados que, para subsistir, tienen que vender su fuerza de trabajo.

Las tierras despojadas son convertidas en propiedad privada y utilizadas para producir bienes con fines de lucro, que son lanzados al mercado de forma generalizada.

Muchos de los campesinos despojados vuelven a ser ocupados en la propia agricultura en calidad de asalariados; la mayoría tiene que emigrar a la ciudad, donde son absorbidos parcialmente en la industria, el comercio y los servicios, y otra parte no encuentra ocupación y pasa a formar parte de los desempleados, o bien, se ocupan en actividades informales.

La segunda tiene que ver con el comportamiento de una parte del capital que es invertido en el proceso productivo.

Nos referimos al conjunto de medios de producción representado por el capital físico invertido con relación a la cantidad de obreros ocupados para movilizar esa inversión.

Esta inversión física crece como tendencia histórica, de forma más rápida que la cantidad de obreros ocupados en una rama productiva o en una empresa.

Esto provoca con el paso del tiempo que los obreros sean sustituidos por el mayor uso de máquinas, mientras que la cantidad de obreros ocupados va siendo desplazada del proceso productivo y lanzada al desempleo. Este fenómeno de desplazamiento del trabajo por el capital es consustancial al sistema capitalista.

Una tercera razón tiene relación con la tendencia del propio desarrollo capitalista, que va intensificando la competencia entre los empresarios. Muchos desaparecen y su lugar es ocupado por el más competitivo. El resultado final es la creación de monopolios y oligopolios que concentran la riqueza y determinan las condiciones de contratación laboral y de abastecimiento de materias primas y de bienes finales, exportando capitales a otras partes del mundo, con lo cual reducen las posibilidades de invertir en nuevas empresas, lo que cancela la creación de empleos en el mercado interno.

La competencia entre empresarios por el control de los mercados se convierte en otra fuente adicional de desempleo, por la quiebra de empresas, la fusión o absorción de algunas de ellas, que se ven sometidas a rígidos procesos de reestructuración, que al final termina con el despido de personal.

Una cuarta se refiere a la obsolescencia de maquinaria y equipo y a la tecnología avanzada que propicia la utilización de menor número de trabajadores, los que en esa circunstancia son despedidos.

Por último, habrá que agregar el comportamiento cíclico de la economía capitalista.

En la etapa de expansión del ciclo económico, el crecimiento de las inversiones y la prosperidad de los negocios hacen que el desempleo disminuya y repercuta favorablemente en el aumento del ingreso de los trabajadores.

En épocas de crisis recesivas o depresivas, la tendencia es opuesta porque en estas fases el desempleo tiende a crecer como resultado del despido de cientos de miles de trabajadores de las actividades económicas, propiciando que sus condiciones de vida los lleven a la pobreza extrema.

El desempleo es un fenómeno estructural exclusivo del sistema capitalista porque no depende de la voluntad de los individuos permanecer ociosos, sino de los factores estructurales aludidos.

En la sociedad capitalista, el desempleo es un fenómeno presente en todo momento, incluso en etapas de prosperidad, ya que la población sobrante o que no está incorporada a las actividades productivas es un poderoso instrumento para regular los salarios y mantenerlos a la baja y, con ello, favorecer el establecimiento de menores costos en las empresas y, en consecuencia, un aumento de las ganancias de éstas.

En el caso específico de México, el desempleo empezó a convertirse en un fenómeno permanente del sistema económico desde los años cuarenta del siglo pasado, debido al rápido proceso de industrialización que emprendió el país desde esa década, aunque subordinado al exterior y precario en algunas industrias.

Este fenómeno se acrecentó y tomó dimensiones insospechadas en los años setenta y ochenta, cuando México experimentó una gran crisis estructural, producto del agotamiento del modelo de industrialización basado en la sustitución de importaciones y el intervencionismo keynesiano.

El proceso de creciente desempleo se acompañó de una brutal caída del poder adquisitivo de los salarios, que alcanza de 1976 a la fecha más de 80 por ciento.

Junto a lo anterior, también se acrecentó la pobreza del pueblo mexicano, que la propia Sedesol estima en más de la mitad del total de la población; en pobreza extrema reconoce oficialmente a más de 26 millones.

Actualmente, el INEGI estima que el desempleo abierto en la economía mexicana representa más de 4 por ciento respecto al total de la PEA, formada por más de 43 millones de mexicanos; es decir, 1 millón 800 mil mexicanos.

El desempleo abierto muestra la situación en que se encuentra una persona de 12 años o más que en la semana de referencia no tenía trabajo, pero lo buscó activamente, sin encontrarlo.

Sin embargo, esta cifra de desempleo abierto es totalmente engañosa porque la metodología que se utiliza para el cálculo es insuficiente y no representa la realidad del mercado laboral con relación al desempleo que aqueja a la población mexicana. Es inaudito y tendencioso que se considere que una persona que trabaja un día a la semana no es desempleada.

En ese juego perverso de las cifras, en el sexenio pasado se estableció la tesis inasible de que una persona con un ingreso diario de 20 pesos era un individuo en pobreza extrema y el mismo sujeto, si ganaba 21 pesos, era nada más un pobre.

Por otra parte, más de 25 millones de nuestros compatriotas, que representan más de la mitad de la PEA, no tienen prestaciones laborales.

Asimismo, casi 3.5 millones de trabajadores agrupados en la PEA tienen algún tipo de trabajo donde sobreviven sólo con las propinas que reciben; por ejemplo, empleados de gasolineras.

La propia OCDE, en el informe Perspectivas de empleo 2004, sitúa a México como uno de los países con índices más elevados del subempleo entre los 30 integrantes de la organización.

Esta descripción de las condiciones laborales de nuestra nación sumerge a los trabajadores en la desesperanza cuando nos enteramos de que casi 6 millones ganan menos de 1 salario mínimo.

La desigualdad de oportunidades laborales se conjunta con la aguda concentración del ingreso, pues 70 por ciento del ingreso nacional se encuentra en manos de las 100 familias más ricas del país, mientras que el resto de la población se hunde en la miseria.

Esto nos lleva a concluir que el problema de México no es de falta de riqueza, sino de la injusta distribución de ésta.

Por esa razón, el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo está convencido de que los problemas de desempleo que enfrentan millones de compatriotas debe tener una solución inmediata.

Nuestra propuesta va en el sentido de crear un seguro de desempleo para los trabajadores mexicanos.

En muchas otras partes del mundo, el seguro de desempleo existe como una medida de compensación social ante la desigualdad económica que provoca el sistema capitalista.

En Latinoamérica, Argentina, Chile y Brasil marchan a la vanguardia en la materia. En el país solamente el Gobierno de la Ciudad de México ha instaurado un programa de seguro de desempleo. El caso de las naciones escandinavas resulta ejemplar, ya que el Estado es responsable de los ciudadanos desde que nacen hasta que mueren.

Las naciones desarrolladas y capitalistas como Estados Unidos y otros miembros de la OCDE tienen implantada esta protección social para el trabajador.

Pensamos que ha llegado la hora de cumplir con el pueblo trabajador del país.

El Partido del Trabajo apuesta por la solución de este flagelo social, que hoy por hoy ha excluido de las oportunidades de progreso y de desarrollo social a millones de mexicanos.

La propuesta que el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo efectúa en esta instancia es la equivalente al importe de 2 salarios mínimos imperante en el Distrito Federal en la actualidad, por un año calendario. En otras palabras, serían 110 pesos diarios para favorecer a cuando menos 10 millones de trabajadores desempleados. Debe recordarse que la propia Secretaría del Trabajo y Previsión Social acaba de señalar que hay en el país 19 millones 200 mil personas ocupadas en la economía informal.

Además, ese monto sería para beneficiar a millones de mexicanos, que no sería comparable en ningún momento ni circunstancia con el otorgado al Fobaproa-IPAB, por más de 1 billón 300 mil millones de pesos, para favorecer a los banqueros que defraudaron el erario federal.

Nuestro grupo parlamentario presentó ante la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión una iniciativa que ha permanecido en la congeladora desde septiembre de 2004 porque los partidos mayoritarios no han tenido voluntad política, interés ni sensibilidad para atender un problema que flagela a millones de familias desposeídas y marginadas para que, congruentemente con la iniciativa que hoy proponemos, se adicionen un Título Séptimo y un Capítulo Único a la Ley del Seguro Social.

Proponemos que los recursos financieros para sostener el programa seguro de desempleo sean aprobados por la Cámara de Diputados, al amparo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Por las consideraciones expuestas y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55, fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión la presente iniciativa con proyecto de

Decreto que adiciona un párrafo cuarto a la fracción VI del Apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 123. …

A. …

I. a V. …

VI. …

…

Los trabajadores que se rigen por este apartado, cuando sean despedidos de sus fuentes de trabajo, con base en la Ley Federal del Trabajo, gozarán de un seguro de desempleo, en los términos y con las condiciones que señale la Ley del Seguro Social.

Transitorio

Artículo Único. La presente ley entrará en vigor a partir del día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Diputado Pablo Leopoldo Arreola Ortega (rúbrica)

QUE REFORMA LAS FRACCIONES V, XIII, XVI Y XXXIX DEL ARTÍCULO 8 DE LA LEY GENERAL DE PESCA Y ACUACULTURA SUSTENTABLES, A CARGO DEL SENADOR ALEJANDRO MORENO CÁRDENAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI

El suscrito, senador Alejandro Moreno Cárdenas, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y por el artículo 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, somete a la consideración de esta Comisión Permanente, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman las fracciones V, XIII, XVI y XXXIX del artículo 8° de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, fundamentada en la siguiente

Exposición de Motivos

La pesca y la acuacultura son actividades estratégicas en el desarrollo económico y social de los estados integrantes de la federación.

Los estados con actividades preponderantes de pesca y acuacultura, tienden a realizarlas a lo largo de los litorales, zonas económicas exclusivas y en las localidades costeras de sus municipios.

Se trata entonces, de actividades que implican un accionar rápido y consistente, que por sobre todo, deben lograr la conjunción de la federación con las entidades federativas, el Distrito Federal y los municipios para colocar tales cuestiones en la agenda nacional; es decir, sólo la efectiva colaboración de los tres órdenes de gobierno establecerá el mejor aprovechamiento y rentabilidad de los recursos pesqueros y acuícolas del país.

Se trata por tanto de diversificar nuestros proyectos estratégicos en la materia, a fin de dar un valor agregado a sus productos, crear nuevos nichos de aprovechamiento; al tiempo, de impulsar esquemas de financiamiento accesibles.

Por citar un ejemplo, la actividad pesquera en Campeche se desarrolla a lo largo de 523 kilómetros de litoral y una zona exclusiva de 7 mil 905 kilómetros en las localidades costeras de los municipios de Calkiní, Campeche, Champotón, Carmen y Palizada.

Asimismo, en el estado, la pesca la desarrollan más de 11 mil 420 productores, que se agrupan en sociedades cooperativas, uniones de pescadores, sociedades de solidaridad social, permisionarios, acuicultores e industria, lo que lo ubica dentro de los primeros lugares a nivel nacional por la producción que registra.

En estas circunstancias, para los estados con litorales, el sector pesquero y acuícola son prioridades de sus gobiernos; sin embargo, siguiendo con el caso de Campeche que desde la instalación de Petróleos Mexicanos en sus costas, los mejores bancos de explotación de pesquera están dentro de la áreas restringidas por la actividad petrolera, que actualmente, ocupa el 82 por ciento de la zona identificada como área de pesca, dejando sólo el 18 por ciento de la zona para realizar la actividad; en consecuencia, se ha sobreexplotado el recurso disponible en las áreas permitidas para la actividad por la concentración del esfuerzo pesquero en una zona determinada; inclusive, el desplazamiento de las áreas no es sólo para la pesca de altura (la de mayor rentabilidad), la pesca de ribera (que se realiza todo el año), también se ve afectada cuando se realizan trabajos de exploración sísmica en busca de nuevos yacimientos de petróleo y gas natural que naturalmente limitan las operaciones de los pescadores ribereños.

De ahí, que los gobiernos estatales y municipales deben contribuir con las autoridades federales al ordenamiento pesquero, la vigilancia y transparencia de los recursos para el desarrollo de la infraestructura en proyectos prioritarios que impulsen la integración de los productores pesqueros y acuícolas a las cadenas productivas; además de promover la diversificación de las actividades del sector pesquero con nuevos nichos de aprovechamiento.

Es innegable, la pesca y la acuacultura, tienen serios problemas para obtener financiamiento; por lo que, deben instrumentarse y operarse, a través de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación esquemas de financiamiento viables, transparentes, ágiles y oportunos, acordes a las necesidades especificas de cada estado, municipio y Distrito Federal, que favorezcan la consolidación y desarrollo de estos sectores primarios.

Nuestra línea de acción, será favorecer la integración conjunta de un fondo común de riesgos para desastres naturales y no naturales; además, de instrumentar esquemas de financiamiento y aprovechamiento de recursos con la participación de los tres niveles de gobierno, organismos descentralizados (Pemex por ejemplo), instituciones financieras, fundaciones, fideicomisos, parafinancieras, entre otras fuentes, para gestionar la aportación de recursos provenientes de instancias gubernamentales y no gubernamentales, con base en planteamientos de los propios estados, municipios y Distrito Federal en aras de garantizar la generación amplia de fondos de apoyo permanente a la pesca y acuacultura.

En esta cadena de actores, evitemos que por falta de recursos económicos oportunos, los estados, municipios y Distrito Federal no implementen debidamente sus programas de pesca y acuacultura, por la dificultad de acceso a créditos accesibles.

Con el fin de promover un planteamiento compartido para la gestión de riesgos, planteamos la integración de un fondo común para el resarcimiento de los daños ocasionados por desastres naturales y no naturales.

Hechos acaecidos como el descontrol del pozo de producción de aceite y gas Kab-121, que por muchos días ardió en la Sonda de Campeche ha producido afectaciones irreversibles en la pesca del estado (que incluso especialistas estadounidenses han recomendado a las autoridades de Pemex clausurarlo para evitar más daños ecológicos), dado que por sus efectos altamente contaminantes se ven reducidas considerablemente las áreas para la actividad pesquera; a su vez, es imperativo que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación conjuntamente con este Congreso de la Unión coadyuve en el resarcimiento de los daños, a fin de que Petróleos Mexicanos indemnice con toda prontitud a Campeche y/o cualquier otro estado de la federación que sufra daños ecológicos por las actividades petroleras de la paraestatal.

Hoy más que nunca tenemos que seguir poniendo énfasis en nuestro crecimiento y fortalecimiento. Ampliando nuestros horizontes y expandiendo nuestras posibilidades.

Con base en lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración de la honorable Cámara de Senadores, la siguiente iniciativa con

Proyecto de Decreto

Artículo Primero. Se reforman las fracciones V, XIII, XVI y XXXIX del artículo 8° de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, para quedar como siguen:

Artículo 8o. Corresponde a la Sagarpa el ejercicio de las siguientes facultades:

I – IV (…)

V. Coadyuvar con los tres órdenes de gobierno y las instituciones de investigación para expedir los decretos, modificar o suprimir y fijar las épocas y zonas de veda, de carácter general o local, para el manejo sustentable de los recursos pesqueros y acuícolas, además de proponer la diversificación de tales sectores con nuevos nichos de aprovechamiento;

VI – XII (…)

XIII. Proponer al titular del Ejecutivo federal el presupuesto destinado al sector pesca y acuacultura, que deberá considerar necesariamente los programas estatales, del Distrito Federal y los municipios, mismos que incluirán al menos lo siguiente: integración conjunta de un fondo común de riesgos para desastres naturales y no naturales, fortalecimiento de la cadena productiva, ordenamiento pesquero, organización y capacitación, investigación e infraestructura;

XIV – XV (…)

XVI. Coordinar y supervisar la operación de los programas de administración y regulación pesquera y acuícola e impulsar esquemas de financiamiento accesibles para dichos sectores, con la participación de los tres niveles de gobierno, organismos descentralizados, instituciones financieras, fundaciones, fideicomisos, parafinancieras, entre otras, con fines de desarrollar proyectos de inversión viables;

XVII – XXXVIII (…)

XXXIX. Determinar las infracciones e imponer las sanciones administrativas que correspondan por incumplimiento o violación a los ordenamientos mencionados en la presente ley y coadyuvar según sea el caso, para el cobro de las indemnizaciones por resarcimiento de daños y

XL (…)

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. A través de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación se actualizará y adecuará el Reglamento de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, para los efectos del presente decreto.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, a 16 de enero de 2008.

Senador Alejandro Moreno Cárdenas (rúbrica)

QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, A CARGO DEL DIPUTADO ADOLFO MOTA HERNÁNDEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI

El que suscribe, el diputado Adolfo Mota Hernández de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 fracción II y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55 fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, se permito someter a la consideración de la honorable Cámara de Diputados la presente iniciativa con proyecto de decreto mediante el cual se reforman y adicionan el Título Primero, Capítulo I, los artículos 1o., al cual se le reforman su párrafo primero; 3o. párrafo segundo y fracción II inciso C; 15; 19 cuarto párrafo; 20 fracción IX del Apartado A; 21, quinto párrafo; 102 Apartado B; 103 fracción I; 105 fracción I, a la que le adiciona un inciso l); 109 fracción III; 110, párrafos primero y segundo; 111, párrafos primero y quinto; 113 y 133, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con arreglo en el siguiente:

A. Propósitos generales y específicos de la iniciativa.

Se cambia la denominación del Título Primero, Capítulo I, referente a las Garantías Individuales y se sustituye por el término "De los Derechos Humanos".

De forma genérica el motivo de la presente iniciativa, que no es otro que el de profundizar en la constitucionalización de los derechos humanos y fortalecer el sistema de la defensa de los mismos.

Para alcanzar tal objetivo, esta propuesta de reformas aspira a enriquecer la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los siguientes rubros específicos:

Reconocer y fundamentar los derechos humanos que se establecen en la propia ley suprema y el orden jurídico nacional e internacional.

Promover los derechos humanos como parte de la filosofía educativa, del sistema de justicia y de las funciones de seguridad pública.

Preservar que durante el proceso el inculpado goce de los derechos humanos y garantías que reconocen y otorgan la Carta Magna y los tratados internacionales relativos a la materia.

Ampliación del ámbito de competencia del Juicio de Amparo en materia de Derechos Humanos.

Aplicación de sanciones a los servidores públicos que violen los derechos humanos en el ejercicio de sus funciones.

Incluir al presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos dentro de los servidores públicos sujetos a juicio político.

Conceder fuero al presidente y a los visitadores generales de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a nivel federal, y también al presidente o procurador de derechos humanos y visitadores generales de las entidades federativas.

Insertar dentro de las obligaciones de los servidores públicos la salvaguarda de los derechos humanos.

Modificación de la pirámide jurídico nacional, en la que se otorgue supremacía a los tratados internacionales mencionados en materia de derechos humanos, respecto de los ordenamientos secundarios a nivel federal y estatal, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las constituciones o leyes de los estados.

El carácter enunciativo y no limitativo de esta proposición de reformas constitucionales, se alienta en el hecho de que en todos los medios sociales, políticos, culturales, no gubernamentales y académicos del país, existen preocupaciones teóricas y prácticas, ante algunas indefiniciones conceptuales, pero sobre todo, ante las situaciones de injusticia que padecen muchos mexicanos.

B. Justificación de la presente iniciativa de reformas y adiciones

Título Primero.

Capítulo I.

Desde su promulgación, la Carta Magna ha concebido el tema de los derechos fundamentales del hombre bajo la idea de las "garantías individuales", siguiendo la tradición jurídica nacional, con excepción de lo dispuesto en la Constitución de 1857, que empleó la idea de los "derechos del hombre".

La denominación de las prerrogativas fundamentales es un aspecto que más allá de lo semántico, requiere ser conciliado con el desarrollo universal en la materia. La evolución teórica y jurídica de los derechos humanos ha alcanzado nuevas dimensiones que rebasa el reconocimiento y protección de las libertades individuales tradicionalmente reconocidas, al escenario de otros muchos derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales.

Así, y ante el riesgo de que se quede corta la noción de "garantías individuales", que da nombre al Capítulo Primero del Primer Título de la Constitución, la iniciativa propone que se titule "De los Derechos Humanos".

De aprobarse esta propuesta, la Constitución General de la República alcanzaría congruencia conceptual con los instrumentos de derecho internacional que cuando se refieren a los derechos fundamentales del hombre, hablan de derechos humanos y no simplemente de garantías individuales, involucrando muchos otros aspectos de orden económico, social, cultural, civil y político.

Artículo 1

Respecto de esta disposición, se hacen las siguientes propuestas de reforma y adición:

a) Con el propósito de que el orden jurídico mexicano no se permita ninguna distinción arbitraria entre derecho interno e internacional, a la hora de tutelar los derechos humanos y garantías de los habitantes de los Estados Unidos Mexicanos, es insoslayable que desde la apertura del texto constitucional se disponga que todo individuo gozará de los derechos humanos y sus garantías dispuestos en el mismo, pero también, de los previstos en los más importantes tratados internacionales aprobados en términos del artículo 133 constitucional, y que tienen parte del ordenamiento jurídico mexicano después de haber entrado en vigencia en nuestro sistema.

b) De acuerdo con los antecedentes constitucionales, iusinternacionales y doctrinales de que dispone México, la Carta Magna debe pasar del simple otorgamiento o amparo de derechos humanos, al reconocimiento de los mismos.

Si bien es cierto que algunos constitucionalistas defienden la postura contraria, es decir, que es el Estado nacional el que crea los derechos con base en los valores de la sociedad y de los individuos, no lo es menos que el derecho mexicano tiene en la Constitución de 1857 un precedente que apoya la tesis del reconocimiento en la reclamación de los derechos inherentes al hombre, la cual quedó establecida en su artículo primero.

"Artículo 1. El pueblo mexicano reconoce, que los derechos del hombre son la base y el objeto de las instituciones sociales. En consecuencia declara, que todas las leyes y todas las autoridades del país, deben respetar y sostener las garantías que otorga la presente Constitución".

A su vez, el preámbulo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, establece que:

"...la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana". Entre los teóricos de los derechos humanos, el español Salvador Vergés parece coincidir con la esencia de esta postura, al establecer que los derechos humanos son: "Aquellas exigencias que brotan de la propia condición natural de la persona humana, y que, por ende, reclaman su reconocimiento, su respeto e incluso su tutela y protección por parte de todos; pero especialmente de quienes estén constituidos en autoridad" (Derechos Humanos: Fundamentación, Madrid, 1997)." De lo anterior se colige que los derechos humanos se sustentan primeramente en el reconocimiento de los mismos, aceptando su obligatoriedad, su carácter universal y su aceptación como requisito de la convivencia humana. No le corresponde al Estado ni a sus leyes otorgar derechos, sino reconocerlos porque son inherentes a la naturaleza humana.

En esa virtud, se propone incluir los conceptos de reconocimiento para los derechos humanos:

En los Estados Unidos Mexicanos todo individuo gozará de la protección de los derechos humanos que reconocen esta Constitución y los tratados internacionales siguientes: Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; Convención Americana sobre Derechos Humanos "Pacto de San José" de Costa Rica, los cuales no podrán restringirse ni suspenderse, sino en los casos y con las condiciones que ella misma establece.

Artículo 3

En el contexto del derecho interno e internacional, así como en los elementos teóricos de los derechos humanos, la idea de la promoción de éstos se considera una condición sine qua non para su goce pleno.

Por consecuencia, es indispensable que el artículo tercero constitucional, relativo a la educación, sea adicionado para establecer que el respeto y promoción de los derechos humanos será uno de los fines de la instrucción que imparta el Estado.

Si esta proposición llegase a ser aprobada, se estaría recogiendo la histórica proclama de la Asamblea General de la ONU, que sirve de proemio a la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948:

"La Asamblea General proclama la presente Declaración Universal de Derechos Humanos como ideal común por el que todos los pueblos y naciones deben esforzarse, a fin de que tanto los individuos como las instituciones, inspirándose constantemente en ella, promuevan mediante la enseñanza y la educación, el respeto a estos derechos y libertades, y aseguren, por medidas progresivas de carácter nacional e internacional, su reconocimiento y aplicación universales y efectivos tanto entre los pueblos de los Estados Miembros como entre los territorios colocados bajo su jurisdicción". La misma Declaración abundaría en el valor de su educación como medio de promoción de los derechos humanos, al establecer en su articulado lo siguiente: "Artículo 26. 2. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto de los derechos humanos y a las libertades fundamentales, favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos; y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz". En esa aspiración la de que la Carta Magna guarde congruencia con las declaraciones universales aceptadas por México, se hacen adiciones al primer párrafo y al inciso c) de la fracción II del artículo 3, para que el tema de los derechos humanos esté explícitamente en la orientación educativa nacional.

Artículos 15, 19, 20 y 21

En congruencia con la idea de incorporar y reconocer la concepción de derechos humanos en el texto constitucional, al lado de la noción clásica de garantías, el artículo 15 se adiciona para que la prohibición de celebrar tratados de extradición al que se refiere, implique expresamente la contradicción de los derechos humanos como causa para no celebrarlos.

En el mismo tenor, y con el ánimo de reiterar la supremacía de los tratados internacionales sobre derechos humanos en el cuerpo de la ley fundamental, al quinto párrafo del artículo 19 se incorpora su mención expresa, como parte del fundamento protección constitucional de los reos sometidos al sistema penitenciario; y se adiciona el cuarto párrafo del artículo 21, para que quede asentado, de forma puntual, que uno de los principios que regirán la actuación de las instituciones policiales será el respeto a los derechos humanos.

Nunca será suficiente que el legislador ordinario o el Constituyente Permanente, insistan en esta premisa para que la dignidad de las corporaciones de seguridad pública, corresponda a la dignidad de los ciudadanos.

Como lo expresamos con anterioridad, no tienen sentido dejar a las interpretaciones de jurisconsultos o legos de la Carta Magna, para que la autoridad asuma su obligación de crear condiciones que permitan a cada persona o grupo social, gozar de sus derechos y libertades fundamentales.

Artículo 102

Siendo el Apartado B del artículo 102 el que le confiere rango constitucional al ombudsman, o sea, a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, ocupa de la adecuación terminológica correlativa a los cambios propuestos a otros numerales, y concretamente en cuanto a la idea los derechos humanos que el orden jurídico reconoce y ampara.

En congruencia con nuestra tesis de que los derechos humanos no son otorgados por la Constitución, sino reconocidos, la precisión conceptual reviste la mayor importancia para que el constitucionalismo mexicano retome la idea de que los derechos humanos son "inherentes" al ser humano.

Artículo 103

La presente iniciativa propone que la fracción I del artículo 103 sea ampliada para que sea procedente cuando se violen los derechos humanos reconocidos y amparados por la Constitución y los tratados internacionales siguientes, a saber: Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; Convención Americana sobre Derechos Humanos "Pacto de San José de Costa Rica", firmados y ratificados de acuerdo a la misma.

Artículo 105

Consideramos es importante que se confiera a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos la facultad de promover controversias constitucionales con toda legitimidad, a las que se refiere el artículo 105 de la propia Constitución, en asuntos de su competencia.

Artículo 110

Se propone incluir al presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos dentro de los servidores que podrán ser sujetos a juicio político conforme al artículo 110, ya que su importante función no puede estar al margen de los principios fundamentales de la probidad republicana. Así como se le otorga la protección del fuero, debe señalarse una responsabilidad de carácter político, ya que de no hacerlo estaríamos ante una institución que no rendiría cuentas ante nadie.

Recogido de diversas expresiones ciudadanas, se considera necesario considerar como otra causal de juicio político, la violación sistemática de los derechos humanos.

Aunque las ramas constitucional, penal o de responsabilidades administrativas contemplan las violaciones graves a la Constitución como razón para incoar juicio político a un mal servidor público, no deja de ser necesario aclarar que la vulneración de los derechos fundamentales, de forma persistente, constituye una falta que amerita su tipificación concreta.

Dentro del mismo apartado de responsabilidades oficiales, se propone que las leyes de responsabilidades federales o estatales a que se refieren los artículos 109 y 113, consideren los actos u omisiones que afecten el respeto a los derechos humanos como causa de sanción administrativa, y que asimismo, que sean causal de juicio político conforme al artículo 110.

No puede ser sólido un estado de derecho con la simple proclamación de derechos humanos o la prescripción de procedimientos garantistas, si no cuenta con medios de sanción administrativa, penal y política para aquellos malos servidores públicos que vulneran la dignidad de los gobernados.

Si la amenaza de un castigo procede de la Constitución, ninguna ley ordinaria podrá eludir el establecimiento de sanciones por acciones u omisiones oficiales contrarias al orden jurídico y que particularmente sean violatorias de los derechos humanos.

Artículos 111 y 113

Finalmente y por la misma razón antes expuesta de que es delicado el ejercicio del cargo de presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la Constitución lo debe proteger, tanto a nivel federal como de las entidades federativas, de aquellas acciones a restarle autonomía.

De ahí que se adicione al artículo en comento para que se contemple a los titulares de estos organismos dentro de la relación de servidores que gozan de fuero, es decir, que será necesario la declaración de procedencia legislativa para ejercer la acción penal en su contra.

Con esta precisión constitucional, es nuestro deseo recoger el espíritu de Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en cuyo artículo 13 se establece la protección indispensable del presidente y visitadores generales de la misma.

Artículo 13 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos

El presidente de la Comisión Nacional y los visitadores generales no podrán ser detenidos ni sujetos a responsabilidad civil, penal o administrativa, por las opiniones y recomendaciones que formulen, o por los actos que realicen, en ejercicio de las funciones propias de sus cargos que les asigna esta ley.

Considerando que la labor de los visitadores generales a nivel nacional y de las entidades federativas, requiere el mismo grado de protección que los presidentes o procuradores estatales de los organismos protectores de los derechos humanos, se hace extensiva esta protección constitucional para que tengan la suficiente independencia.

Artículo 133

De la mayor importancia consideramos que son las propuestas que ahora hacemos respecto de este artículo constitucional, porque se pretende modificar la pirámide jurídica nacional que del mismo se desprende.

Por lo que toca a la jerarquía o grado de prevalecía que tienen los tratados internacionales firmados y ratificados por México, la tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación del 28 de octubre de 1999, interpretó que los tratados internacionales firmados y ratificados por México, tal y como los relativos a los derechos humanos, se ubican jerárquicamente por encima de las leyes federales y locales y en un segundo plano sólo con respecto a la Constitución.

Ya esbozamos en apartados anteriores nuestro objetivo de que el derecho internacional de los derechos humanos tenga supremacía sobre el derecho interno, y por ello, hacemos las siguientes propuestas de reforma:

Como señalamos con antelación, los compromisos internacionales que en este terreno no deben apreciarse como la imposición de uno o varios Estados sobre el nuestro, sino que al ser ratificados conforme al derecho interno, se colocan como otro atributo de nuestra indiscutible soberanía.

Honorable Cámara de Diputados

Las propuestas de reformas y adiciones constitucionales que en esta ocasión planteamos ante esta soberanía, son producto del análisis ponderado de innumerables expresiones individuales o sociales que se han pronunciado por el fortalecimiento del estado de derecho.

Nuestra labor ha sido recogerlas y ponerlas, por medio de la presente iniciativa, en el debate del Congreso Constituyente Permanente, para que en la pluralidad, construyamos un nuevo derecho constitucional de los derechos humanos.

Algunos de los cambios constitucionales que sugerimos, han sido motivo de otras iniciativas o debates parlamentario que aún no han logrado concretizarse, y que queremos respaldar o ampliar por este medio.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración de esta Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión, el siguiente proyecto de

Decreto que reforma y adiciona a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de los derechos humanos

Artículo Único. Se reforma y adiciona el Título Primero, Capítulo I, los artículos 1, al cual se le reforman sus párrafos primero y tercero; 3 párrafo segundo y fracción II inciso c; 15; 19 cuarto párrafo; 20 fracción IX del apartado A; 21 quinto párrafo; 102 apartado B; 103 fracción I; 105; 108; 109 fracción III; 110, párrafos primero y segundo; 111, párrafos primero y quinto; 113 y 133, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Título Primero

Capítulo
De los derechos humanos.

Artículo 1o.

En los Estados Unidos Mexicanos todo individuo gozará de los derechos humanos que reconocen esta Constitución y los siguientes tratados internacionales firmados y ratificados; Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; Convención Americana de Derechos Humanos "Pacto de San José" de Costa Rica, y de las garantías que la misma otorga, los cuales no podrán restringirse ni suspenderse, sino en los casos y con las condiciones que ella misma establece.

Artículo 3o.

Todo individuo tiene derecho a recibir educación. El Estado...

La educación que imparta el Estado tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la patria y la conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia, en la justicia yel respeto a los derechos humanos.

I. ...

II. ...

...

c). Contribuirá a la mejor convivencia humana, tanto por los elementos que aporte a fin de robustecer en el educando, junto con el aprecio para la dignidad de la persona y la integridad de la familia, la convicción del interés general de la sociedad, cuanto por el cuidado que ponga en sustentar los ideales de fraternidad e igualdad de derechos de todos los hombres y respeto a los derechos humanos, evitando los privilegios de razas, de religión, de grupos, de sexos o de individuos;

...

Artículo 15.

No se autoriza la celebración de tratados para la extradición de reos políticos, ni para la de aquellos delincuentes del orden común que hayan tenido en el país donde cometieron el delito, la condición de esclavos; no de convenios o tratados en virtud de los que se alteren los derechos humanos y garantías reconocidos y otorgados por esta Constitución para el hombre y el ciudadano.

Artículo 19.

Ninguna detención...

Este plazo podrá...

Todo proceso se seguirá...

Toda violación a los derechos humanos y garantías reconocidos y otorgados por esta Constitución y los tratados internacionales firmados y ratificados en esta materia, todo mal tratamiento en la aprehensión o en las prisiones, toda molestia que se infiera sin motivo legal; toda gabela o contribución, en las cárceles, son abusos que serán corregidos por las leyes y reprimidos por las autoridades.

Artículo 20.

En todo proceso de orden penal...

A. Del inculpado:

I. a VIII.

IX. Desde el inicio de su proceso será informado de los derechos humanos y garantías que en su favor reconoce y consigna esta Constitución y los tratados internacionales firmados y ratificados en esta materia, y tendrá derecho a una defensa adecuada, por sí, por abogado, o por persona de su confianza. Si no quiere o no puede nombrar defensor, después de haber sido requerido para hacerlo, el juez le designará un defensor de oficio. También tendrá derecho a que su defensor comparezca en todos los actos del proceso y éste tendrá obligación de hacerlo cuantas veces se le requiera; y,

X. ...

...

Los derechos humanos y las garantías previstas en las fracciones I, V, VII y IX también serán observadas durante la averiguación previa, en los términos y con los requisitos y límites que las leyes establezcan; lo previsto en la fracción II no estará sujeto a condición alguna.

A. De la víctima o del...

Artículo 21.

La imposición de penas es...

Si el infractor fuese...

Tratándose de...

Las resoluciones...

La seguridad pública es una función a cargo de la federación, el Distrito Federal, los estados y los municipios, en las respectivas competencias que esta Constitución señala. La actuación de las instituciones policiales respetará los derechos humanos y se regirá por los principios de legalidad, eficiencia, profesionalismo y honradez.

La federación ...

Artículo 102.

A. La ley organizará el...

B. El Congreso de la Unión y las legislaturas de las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, establecerán organismos de protección de los derechos humanos que reconoce y ampara el orden jurídico mexicano, los que conocerán de quejas en contra de actos u omisiones de naturaleza administrativa provenientes de cualquier autoridad o servidor público, con excepción de los del Poder Judicial de la Federación, que violen estos derechos.

...

Artículo 103.

Los tribunales de la federación resolverán toda controversia que se suscite:

I. Por leyes o actos de la autoridad que violen los derechos humanos y sus garantías reconocidos y amparados por esta Constitución y por los tratados internacionales, como son, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; Convención Americana sobre Derechos Humanos "Pacto de San José de Costa Rica", firmados y ratificados de acuerdo a la misma.

II. y III. ...

Artículo 105.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá, en los términos que señale la ley reglamentaria, de los asuntos siguientes:

I. De las controversias constitucionales que, con excepción de las que se refieren a la materia electoral...

a) a k) ...

l) La Comisión Nacional de los Derechos Humanos y los poderes federales, estatales y del Distrito Federal, así como de los municipios.

...

Artículo 109.

El Congreso de la Unión y las Legislaturas de los estados, dentro de los ámbitos de sus respectivas competencias, expedirán las leyes de responsabilidades de los servidores públicos.

I. a II. ...

III. Se aplicarán sanciones administrativas a los servidores públicos por los actos y omisiones que afecten el respeto a los derechos humanos, la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deban observar en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones.

...

Artículo 110.

Podrán ser sujetos de juicio político los senadores y diputados al Congreso de la Unión, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los Consejeros de la Judicatura Federal, los secretarios de despacho, los jefes de departamento administrativo, los diputados a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, el jefe de Gobierno del Distrito Federal, el procurador general de la República, el procurador general de Justicia del Distrito Federal, los magistrados de circuito y jueces de distrito, los magistrados y jueces del fuero común del Distrito Federal, los consejeros de la Judicatura del Distrito Federal, el consejero presidente, los consejeros electorales, y el secretario ejecutivo del Instituto Federal Electoral, los magistrados del Tribunal Electoral, el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, los directores generales y sus equivalentes de los organismos descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria, sociedades y asociaciones asimiladas a éstas y fideicomisos públicos.

Los gobernadores de los estados, diputados locales, magistrados de los tribunales superiores de Justicia locales y, en su caso, los miembros de los Consejos de las Judicaturas locales, sólo podrán ser sujetos de juicio político en los términos de este título por violaciones graves a esta Constitución y a las leyes federales que de ella emanen, por la violación sistemática de los derechos humanos, así como por el manejo indebido de fondos y recursos federales, pero en este caso la resolución será únicamente declarativa y se comunicará a las legislaturas locales para que, en ejercicio de sus atribuciones, procedan como corresponda.

...

Artículo 111.

Para proceder penalmente contra los diputados y senadores al Congreso de la Unión, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral, los consejeros de la Judicatura Federal, los secretarios de despacho, los jefes de departamento administrativo, los diputados a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, el jefe de Gobierno del Distrito Federal, el procurador general de la República y el procurador general de Justicia del Distrito Federal, así como el consejero presidente y los consejeros electorales del Consejo General del Instituto Federal Electoral y el presidente y visitadores generales de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, por la comisión de delitos durante el tiempo de su encargo, la Cámara de Diputados declarará por mayoría absoluta de sus miembros presentes en sesión, si ha o no lugar a proceder contra el inculpado.

Si la resolución...

Si la Cámara...

Por lo que toca al...

Para poder proceder penalmente por delitos federales contra los gobernadores de los estados, diputados locales, magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia de los estados y, en su caso, los miembros de los consejos de las Judicaturas locales y el presidente y visitadores generales del organismo estatal de protección de los derechos humanos, se seguirá el mismo procedimiento establecido en este artículo, pero en este supuesto, la declaración de procedencia será para el efecto de que se comunique a las legislaturas locales, para que en ejercicio de sus atribuciones procedan como corresponda.

...

Artículo 113.

Las leyes sobre responsabilidades administrativas de los servidores públicos, determinarán sus obligaciones a fin de salvaguardar el respeto a los derechos humanos, la legalidad, la honradez, lealtad, imparcialidad, y eficiencia en el desempeño de sus funciones, empleos, cargos y comisiones; las sanciones aplicables por los actos u omisiones en que incurran, así como los procedimientos y las autoridades para aplicarlas. Dichas sanciones, además de las que señalen las leyes, consistirán en suspensión, destitución e inhabilitación así como en sanciones económicas y deberán establecerse de acuerdo con los beneficios económicos obtenidos por el responsable y con los daños y perjuicios patrimoniales causados por sus actos u omisiones a que se refiere la fracción III, del artículo 109, pero que no podrán exceder de tres tantos de los beneficios obtenidos o de los daños y perjuicios causados.

Título Séptimo
Prevenciones Generales

Artículo 133.

Esta Constitución; los tratados internacionales que están de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el presidente de la república con la aprobación y ratificación del Senado y; las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella, en ese orden serán la ley suprema de toda la Unión.

Los jueces y demás autoridades de las entidades federativas y de los municipios se arreglarán a dicha Constitución, tratados internacionales, y leyes, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes de los estados.

Artículos Transitorios

Artículo Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo segundo. Al entrar en vigor estas reformas, el Congreso de la Unión y las legislaturas de las entidades federativas deberán realizar las adecuaciones a las leyes federales y constituciones locales que procedan y reglamenten lo aquí establecido.

Palacio Legislativo de San Lázaro, México, Distrito Federal, a 16 de enero de 2008.

Diputado Adolfo Mota Hernández (rúbrica)

QUE ADICIONA LOS INCISOS D) Y E) A LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 42 DE LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA, A CARGO DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI

Los suscritos diputados federales integrantes de diferentes Grupos Parlamentarios representados en esta honorable Cámara de Diputados, y con fundamento en el artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a esta soberanía la siguiente iniciativa que adiciona los incisos d) y e) a la fracción III del artículo 42 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, con la finalidad de que esta soberanía participe en el diseño, formulación y aprobación de las reglas de operación de los diversos programas establecidos en el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación que anualmente aprueba esta soberanía.

Expocisión de Motivos

Como es sabido por todos ustedes, año con año esta soberanía hace grandes esfuerzos por reorientar el Presupuesto de Egresos de la Federación para que su distribución sea justa, equitativa y responda a las grandes necesidades de los diferentes sectores de la población; sin embargo, la población objetivo a la que se destinan los recursos así como las entidades federativas y Distrito Federal se quejan constantemente por el retraso y la distorsión de los mismos; esto obedece a que las reglas de operación que elabora el Ejecutivo federal no reflejan la diversidad del país y con frecuencia no se ajustan a la orientación que desde esta soberanía se le da al presupuesto.

Para el año 2008, esta soberanía aprobó dentro del decreto de Presupuesto de Egresos, el Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural sustentable, logrando asignar los recursos más altos en la historia de México para el Sector Agropecuario de nuestro país, que sin lugar a dudas aún es inferior para las necesidades que requiere este sector.

Paralelamente cuando el Ejecutivo federal entregó a esta soberanía el pasado 8 de septiembre el proyecto de decreto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal de 2008, se comprometió a establecer nuevas reglas de operación que simplificarán los requisitos, se transparentará su uso y destino, se articulará con las entidades federativas y el Distrito Federal para atender las necesidades y particularidades regionales con la política agrícola nacional y facilitar el acceso por parte de los productores a los recursos de los diversos programas, sin embargo recientemente el Ejecutivo federal dio a conocer los proyectos de nuevas reglas de operación para la aplicación de los programas establecidos en el Programa Especial Concurrente. Dichos proyectos de nuevas reglas de operación no reflejan los objetivos y espíritu de los legisladores plasmado en el decreto de Presupuesto de Egresos de 2008.

En virtud de lo anterior esta honorable Cámara de Diputados deberá actuar en consecuencia y mandatar a través de la reforma a esta ley para que juntos poder Ejecutivo y Poder Legislativo trabajen en el diseño de las reglas de operación que permitan una eficiente y oportuna entrega de recursos y que estos tengan relación con el Presupuesto de Egresos y se logre el mayor impacto posible con el uso de los mismos, propiciando además una amplia participación de las organizaciones de productores, de las entidades federativas y el Distrito Federal en la aportación de elementos para el diseño del Presupuesto y sus correspondientes reglas de operación.

Por lo anteriormente expuesto sometemos a esta soberanía la siguiente iniciativa que adiciona los incisos d) y e) a la fracción III del artículo 42 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria para quedar como sigue:

Articulo Único: Se adicionan un inciso d) y e) a la fracción III del artículo 42 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria

Artículo 42…

I…

II….

III…

a)…

b)….

c)…

d) Los proyectos de reglas de operación para los programas que requieran de dichas reglas particularmente los establecidos en el anexo del Programa Especial Concurrente.

e) Las reglas de operación serán revisadas y en su caso modificadas por la honorable Cámara de Diputados para lograr articulación entre reglas y presupuesto y se aprobarán conjuntamente con el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación.

IV a IX…

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación

Diputados: Héctor Padilla Gutiérrez, Ismael Ordaz Jiménez, Jorge Estefan Chidiac, José Luis Blanco Pajón, Mayra Gisela Peñuelas Acuña, Daniel Amador Gaxiola, Gerardo Octavio Vargas Landeros, Gilberto Ojeda Camacho, Diego Aguilar, Sergio González García, Aracely Escalante Jasso, Tomás Gloria Requena, Jesús Manuel Patrón Montalvo, Rubén Escajeda Jiménez, Gustavo Mendívil Amparán, Ramón Barajas López, Salvador Barajas del Toro, Pedro Montalvo Gómez, Alfredo Barba Hernández, Gustavo Pedro Cortés, Marina Arvizu Rivas, Elsa Conde Rodríguez, Armando García Méndez, Susana Monreal Ávila, Mónica Fernández Balboa, Carlos Navarro López, Jesús Humberto Zazueta Aguilar, José Manuel del Río Virgen, Oralia Vega Ortiz, Isael Villa Villa, (rúbricas).

QUE REFORMA EL ARTÍCULO 201 DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL, A CARGO DEL SENADOR ADOLFO TOLEDO INFANZÓN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI

El suscrito, senador Adolfo Toledo Infanzón, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y por el artículo 55 fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, me permito someter a la consideración de esta Comisión Permanente, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el inciso a) del artículo 201 del Código Penal Federal, fundamentada en la siguiente

Exposición de Motivos

El consumo de alcohol entre los jóvenes de nuestro país representa un problema de salud que necesita ser combatido de manera pronta y eficaz.

Esta situación es alarmante ya que el alcohol es una sustancia socialmente aceptada y el nivel de riesgo que percibe la población es muy bajo e, incluso, las restricciones impuestas a su venta para menores no son del todo cumplidas.

De conformidad con la Encuesta sobre Consumo de Drogas en Estudiantes 2006, dada a conocer por la Secretaria de Educación Pública, durante los pasados tres años, el abuso de bebidas alcohólicas se incrementó en más de uno por ciento, por lo que ahora afecta al 25.2 por ciento de los adolescentes. La encuesta, que fue contestada por más de 10 mil adolescentes y jóvenes, da cuenta de la situación se agrava en varias entidades federativas, en comparación con otras entidades.

Por ejemplo, en Aguascalientes la ingestión constante de bebidas alcohólicas alcanza al 40 por ciento de la población de bachillerato, problemática que ubica a esa entidad en el primer sitio. También llama la atención ese estado porque en el bachillerato este problema llega a cifras de 50.8 por ciento en el sector varonil y 32.8 por ciento en el femenil.

Por su parte, en el Distrito Federal el porcentaje para los varones es de 38.9 por ciento y para ellas de 31.5 por ciento, debiendo destacarse que en las secundarias del Distrito Federal el 29.8 por ciento de los adolescentes han ingerido alcohol, mientras que en el bachillerato, ese porcentaje casi se duplica. En cuanto a la edad, se observa que el porcentaje de consumidores de 14 años o menos es de 55.7 por ciento y quienes tienen 18 años o más es de 86.8 por ciento.

Aunado a lo anterior, una encuesta realizada por la Secretaría de Salud del Distrito Federal en 500 de las 3 mil secundarias y preparatorias en el Distrito Federal, reveló que uno de cada cuatro jóvenes menores de 18 años en la ciudad se embriaga al menos tres veces al mes, lo cual implica que el alcoholismo es la adicción más grave entre la población.¹

De esta forma, en la capital de la república, la incidencia de la dependencia al alcohol en comparación con otras drogas es 10 veces a una, mientras 2 por ciento de la población juvenil tiene problemas con otras drogas, 25 por ciento lo tiene con el alcohol, situación que ha incidido en problemas tales como los accidentes automovilísticos, las riñas, la violencia, las relaciones sexuales no protegidas y los embarazos no deseados.

Ahora bien, si es nuestra intención atacar esta problemática desde su raíz, primeramente necesitamos ubicar aquellos fenómenos que hacen que el cumplimiento de la ley sea laxo o de plano inexistente.

La prohibición de vender alcohol a menores de edad en establecimientos mercantiles no ha dejado de ser más que un buen deseo, ya que, en la práctica, tal prohibición carece de eficacia, esto gracias a que la Secretaría de Salud carece de una estructura suficiente que le permita agotar sus facultades de supervisión previstas en la Ley General de la materia.

Debemos reconocer también que la publicidad ha asociado la diversión y los ambientes relajados con el consumo de bebidas embriagantes, lo cual ha producido una serie de estereotipos que invitan a los jóvenes a imitar a los modelos que les son presentados a través de los medios de comunicación.

Asimismo, resulta necesario destacar que la entendible necesidad de esparcimiento por parte de los jóvenes es satisfecha en establecimientos mercantiles, tales como discotecas, bares o centros de espectáculos que en muchos de los casos omiten verificar la mayoría de edad de sus clientes, esto a fin de allegarse de ganancias ilícitas que, a fin de cuentas, redundan en un problema de salud pública.

Estadísticas de la Asociación Nacional de la Industria de Discotecas, Bares y Centros de Espectáculos, AC, revelaron que, al menos en el año 2000 se destaparon 77 millones de litros de alcohol en establecimientos, se recibieron alrededor de 300 millones de clientes de los cuales el 70 por ciento fue gente joven de los 14 a los 26 años de edad, el 80 por ciento de los jóvenes menores de 18 años consumieron más de una copa completa, y que, de los 77 millones de litros de alcohol destapados en el 2000, el 42 por ciento fue consumido por mujeres.

Desgraciadamente, no tenemos elementos para presumir que tales cifras, a pesar de los años transcurridos, hayan perdido su vigencia.

En tal virtud, y toda vez que corresponde al Congreso de la Unión legislar en materia de salud pública, es que proponemos que sea reforma el artículo 201 del Código Penal Federal en su inciso a), con el fin de eliminar el término "habitual" de la descripción típica del delito de corrupción de menores, esto a fin de que puedan ser objeto de una pena de prisión y multa, aquellos dueños, empresarios, administradores, gerentes, directores o empleados que fomenten, consientan o toleren que en un establecimiento mercantil se obligue, induzca, facilite o procure el consumo de bebidas embriagantes a menores de edad o una o varias personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o una o varias personas que no tienen capacidad para resistirlo, no importando si el hecho ocurre en una o varias ocasiones.

De conformidad con lo anterior, y al no existir el requerimiento de que el consumo de bebidas alcohólicas sea habitual, los empresarios dedicados a la venta de vinos y licores y aquellos que tienen lugares de diversión, se verán precisados a ser más escrupulosos en la atención a su clientela, debiendo comprobar en todo caso la mayoría de edad de quienes soliciten sus servicios, tal y como ya ocurre en otros países de nuestro hemisferio, como Costa Rica, los Estados Unidos y Puerto Rico, entre otros.

Es necesario también que la población sea consciente del problema grave que se genera en la infancia y en la adolescencia cuando el abuso del alcohol se tolera o incluso se incentiva en el seno de una familia. En estados con altos índices de marginación y ante la desinformación o irresponsabilidad de la población, resulta común que sean los propios adultos los primeros que induzcan al consumo de alcohol a los menores de edad, siendo estos sus propios hijos, sobrinos o con algún otro parentesco o relación. No podemos quedarnos sin hacer nada. La violencia intrafamiliar y el ausentismo laboral son las razones por las que debemos proteger a nuestros hijos del abuso del alcohol.

Es por lo anteriormente expuesto, que se propone el siguiente

Proyecto de Decreto

Artículo Único. Se reforma el inciso a) del artículo 201 del Código Penal Federal, para quedar como sigue:

Articulo 201. Comete el delito de corrupción, quien obligue, induzca, facilite o procure a una o varias personas menores de 18 años de edad o una o varias personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o una o varias personas que no tienen capacidad para resistirlo a realizar cualquiera de los siguientes actos:

a) Consumo de bebidas alcohólicas;

b) – f) (…)

(…)

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor a partir del día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Nota:
1. Simón, Angélica. Alcohol: adicción de 25% de menores estudiantes. El Universal. 16 de septiembre de 2007.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 16 de enero de 2008.

Senador Adolfo Toledo Infanzón (rúbrica)

Proposiciones

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE LA COMISIÓN PERMANENTE MANIFIESTA SU SOLIDARIDAD CON EL PUEBLO DE UCRANIA Y SE ADHIERE AL PRONUNCIAMIENTO DEL PRESIDENTE DE UCRANIA PARA RECONOCER EL HOLODOMOR DE LOS AÑOS 1932-1933 COMO UN ACTO DE GENOCIDIO CONTRA ESE PUEBLO, A CARGO DE LA DIPUTADA ADRIANA GONZÁLEZ CARRILLO, EN NOMBRE DE LA DIPUTADA OMEHEIRA LÓPEZ REYNA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN

La que suscribe, diputada Omeheira López Reyna, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LX Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución con base en las siguientes

Consideraciones

En la tormentosa historia del siglo XX, el holodomor (hambruna) de los años 1932-1933, llevado a cabo contra el pueblo ucraniano, ocupa un lugar especial. Esta acción terrorista global fue efectuada por el régimen estalinista contra la población pacífica y al menos 10 millones de ucranianos fueron muertos por hambre organizada para lograr un objetivo político criminal -el debilitamiento y exterminio de los campesinos ucranianos libres- base social de la nación, de sus tradiciones, su fundamento, moral y autenticidad.

El hambre de 1932-1933 se extendió prácticamente a todas las regiones de Ucrania, que en aquel entonces era parte integrante de la URSS. No fue un fenómeno natural, sino una acción administrativa cínica, ejecutada en forma consciente, como lo han atestiguado los documentos de la época.

En el país se disponía de suficiente cantidad de trigo, pero este fue vendido al exterior. Por órdenes del gobierno estaba vedado cualquier comercio en zonas rurales, se prohibió abastecer las aldeas de alimentos, fueron perseguidos y condenados a 10 años de cárcel, inclusive a fusilamiento, a todos aquellos que usaban el trigo para el pago de salarios. Estos hechos están documentados en los archivos oficiales de los organismos del gobierno de entonces.

Los investigadores mencionan diversas cantidades de muertos por el holodomor. Sea cual fuere el caso, se trata de millones de inocentes víctimas que perdieron su vida por este motivo. Evidentemente, el criterio de apreciación de la magnitud de la tragedia no sólo está en la cantidad, sino en la capacidad de cada persona de tomar el dolor ajeno como suyo propio. La universalidad de esta catástrofe nacional sólo puede ser entendida con la profundidad de la conmoción interna de todo aquel que se considere una persona civilizada.

El profesor O. Shulhin, jefe de gobierno de la República Democrática de Ucrania, exiliado en París, dirigió una nota a la Liga de las Naciones y a la Cruz Roja Internacional sobre las horrendas consecuencias del hambre allí organizado. Sin embargo, los círculos políticos y empresariales de los países extranjeros observaban, en silencio, el desarrollo de la tragedia, o simplemente no la querían ver, engañados por la efectiva propaganda del régimen estalinista.

Es por tanto que nosotros desde esta tribuna debemos manifestar enérgicamente nuestro rechazo a todo acto que violente en cualquier grado la dignidad humana de las personas y más aun cuando se trata de crímenes contra la humanidad, como el genocidio, que es un crimen que puede manifestarse por los actos cometidos en tiempos de guerra o paz, con la intención de destruir total o parcialmente un grupo nacional, étnico, racial o religioso, empleando para ello diversos procedimientos, como el sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física total o parcial, mecanismo utilizado en perjuicio del pueblo ucraniano. Actualmente no reconocido, no obstante que cumple con los requisitos del artículo II de la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio.

Gracias a los esfuerzos de la emigración ucraniana fue formada una comisión del Congreso de los Estados Unidos de Norteamérica, encabezada por el científico James Mace, a cuyas instancias, en el año de 1986, el holodomor de 1932-1933 en Ucrania fue denominado genocidio. Poco tiempo después, en noviembre de 1989, una comisión de eminentes juristas, presidida por el prestigioso profesor de la Universidad de Stockholm, doctor Jacob Sandberg, dictaminó que la hambruna provocada por el régimen soviético, fue un genocidio contra el pueblo ucraniano.

El 14 de mayo del 2003, al conmemorarse el 70 aniversario del holodomor, fue convocada una sesión especial de la Verjovna Rada (Parlamento) de Ucrania. Los integrantes de esta sesión aprobaron una proclama al pueblo ucraniano, donde reconocen que "… el holodomor fue conscientemente organizado por el régimen estalinista y debe ser públicamente condenado por la sociedad ucraniana y por toda la comunidad internacional, debido a la cantidad de víctimas, como uno de los más grandes genocidios de la historia mundial".

En ese mismo año en la 58a. Sesión de la Asamblea General de la ONU, por primera vez en la historia de esta alta organización, hubo una declaración conjunta de las delegaciones de los Estados miembros que designó al holodomor como una tragedia nacional del pueblo ucraniano, declaró los pésames a sus víctimas y apeló a todos los Estados miembros de la organización, a sus entidades especializadas, a los fondos y asociaciones civiles, tributar homenaje a la memoria de todos aquellos que fallecieron en éste trágico periodo de historia.

En la reunión plenaria de la Asamblea General de la ONU del 15 de septiembre de 2005, el actual presidente de Ucrania, Víctor Yushchenko, en su alusión a los jefes de Estado presentes, apeló "en nombre de una nación que ha perdido 10 millones de personas por el holodomor-genocidio" a conocer toda la verdad sobre crímenes contra la humanidad y, para así tener la seguridad que la indiferencia no estimulará a los criminales.

El 28 de noviembre de 2006, la Verjovna Rada de Ucrania aprobó la Ley sobre el holodomor en Ucrania de los años 1932-1933, propuesta por el presidente de Ucrania, Víctor Yushchenko, en la que se declara el holodomor como un genocidio contra el pueblo ucraniano. En su preámbulo se incluye la definición del genocidio, de acuerdo a la jurisprudencia internacional aceptada. Establece esta ley también que la negación de este terrible acontecimiento se considera una burla a la memoria de los millones de víctimas de la tragedia, una humillación a la dignidad del pueblo ucraniano y es ilegal.

Es importante señalar que 13 países han reconocido a este acto de terror como genocidio contra el pueblo de Ucrania. Por nuestra parte, sería también muy importante, a nivel internacional, que México, como miembro de la ONU y nación que siempre ha manifestado su repudio hacia este tipo de actos y crímenes en contra de la humanidad, se adhiera a este reconocimiento del holodomor como un crimen de genocidio en contra del pueblo ucraniano.

Por último, es importante remarcar el hecho de que este año se conmemora el 75 aniversario de la gran tragedia, motivo por el cual Ucrania presentará ante la Asamblea General de la ONU, una nueva propuesta dirigida a declarar el holodomor de los años 1932-1933 un genocidio contra el pueblo ucraniano. Ayudando de este modo a renovar la justicia histórica, recordar a las víctimas y advertir una vez más sobre las horrorosas consecuencias de actividades de regímenes totalitarios de cualquier signo y color, tanto del pasado como del presente y futuro.

Por lo anterior, someto a la consideración de esta soberanía el siguiente:

Punto de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión expresa su solidaridad con el pueblo ucraniano, con motivo del septuagésimo quinto aniversario de la trágica hambruna de los años 1932-1933, calificado este hecho como un acto de genocidio.

Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión manifiesta su rechazo a todo acto de totalitarismo y de crímenes perpetrados contra la humanidad en todas sus formas, al mismo tiempo que apela a los principios de justicia y respeto mutuo entre los países, para que hechos de esta naturaleza no vuelvan a repetirse.

Tercero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta al Ejecutivo federal para que se solidarice con el pueblo ucraniano adhiriéndose a la petición de Ucrania para declarar el holodomor de los años 1932-1933, como un acto de genocidio en contra del pueblo ucraniano.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, a 9 de enero de 2008.

Diputada Omeheira López Reyna (rúbrica)

CON PUNTO DE ACUERDO, PARA EXHORTAR AL EJECUTIVO FEDERAL A REVISAR INTEGRALMENTE LAS TARIFAS ELÉCTRICAS DEL PAÍS Y A CITAR A COMPARECER A LOS TITULARES DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, DE LA COMPAÑÍA DE LUZ Y FUERZA DEL CENTRO Y DE LA COMISIÓN REGULADORA DE ENERGÍA, A CARGO DEL SENADOR JOSÉ EDUARDO CALZADA ROVIROSA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI

El que suscribe, senador integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de conformidad con lo previsto en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión la presente proposición con punto de acuerdo, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

El pasado 26 de diciembre de 2007, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo mediante el cual la Secretaría de Hacienda y Crédito Público autoriza a la Comisión Federal de Electricidad y a la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, ajustar, modificar y reestructurar las tarifas para suministro y venta de energía eléctrica por las variaciones en los precios de los combustibles y la inflación nacional.

En este acuerdo se modifican los factores de ajuste por combustibles que mensualmente establecerán las tarifas eléctricas que cobran los organismos citados. Los nuevos factores incrementarán el precio de las tarifas eléctricas al considerar nuevas fórmulas para determinar el precio de los combustibles que se utilizan en la generación y distribución de energía eléctrica. El gas natural alcanzó altos precios durante el año pasado y se pronostica que aumentará aún más en este 2008, por lo que el ajuste que se realizó en la determinación del precio de este combustible, ha ocasionado que se espere un incremento de 8 por ciento en el costo de la energía eléctrica sólo durante el presente mes, como lo han manifestado representantes de la industria.

A pesar del anuncio de mantener las tarifas eléctricas realizado por el Ejecutivo Federal, las tarifas se incrementaron sensiblemente a fin de año y seguirán haciéndolo cada mes de este año, especialmente para los usuarios domésticos.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, emitió un acuerdo el día 7 de enero pasado en el que se establece que se aplicará un descuento de 5 por ciento a los consumos básicos de energía de media tensión, y una disminución del 30 por ciento en los consumos adicionales de electricidad en la tarifa de hora punta de alta tensión. Este acuerdo se emitió con el fin de instrumentar medidas tarifarias que promuevan la competitividad del sector industrial, así como igualar los cargos tarifarios en todo el Sistema Interconectado Nacional para las tarifas industriales de alta tensión, y aplicar además una reducción general del 5 por ciento en todos los cargos del sector comercial y a los usuarios industriales de media tensión.

No obstante lo anterior, las medidas compensatorias anunciadas no benefician a la mayoría de la población. Por las reacciones que ha suscitado el anuncio entre los principales organismos empresariales, no se percibe el propósito de la Federación de promover la competitividad del sector industrial, que se expresa en el mencionado acuerdo, por lo que se hace necesario conocer más a fondo cuales pueden ser los alcances de los ajustes tarifarios, pero sobre todo porqué no se ha considerado beneficiar a los usuarios domésticos, como fue el compromiso que asumió el gobierno federal y que ha sido una demanda permanente de los ciudadanos y, por el contrario, se espera un incremento de 2.9 por ciento en las tarifas residenciales de alto consumo.

El asunto de las tarifas eléctricas reviste la mayor importancia, no solamente porque la energía eléctrica es fundamental para el desarrollo de las actividades productivas y de servicios, sino también es un insumo básico para lograr una mejor calidad de vida. Baste recordar que, junto con el consumo de combustibles, el pago de energía eléctrica representa hasta el 10 por ciento del gasto de los hogares mexicanos. Es así que el comportamiento de los precios de la electricidad tiene necesariamente un impacto en la vida social y en la actividad económica, por lo que debemos estar muy atentos a que su comportamiento no incida negativamente en el comportamiento general de los precios.

Esta preocupación es mayor, en el caso de las regiones en donde se presentan condiciones climatológicas que ya sea por temperaturas elevadas en el verano, o por temperaturas muy bajas en invierno, requieren de un elevado consumo de electricidad para sistemas de enfriamiento o calefacción, según sea el caso. Las tarifas elevadas afectan a las familias de menores recursos que ven aún más mermada su calidad de vida al tener que elegir entre comer o pagar altos recibos de energía eléctrica. El país no puede ser indiferente ni oponer la razón técnica a la justicia y la solidaridad del servicio público.

Asimismo, el Grupo Parlamentario del PRI asumió un compromiso con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de integrar a la reforma fiscal la reducción sustantiva de las tarifas eléctricas en horario punta y para la población en regiones y entidades en las que el consumo se incrementa por cuestiones climáticas.

Nuestro grupo parlamentario en el momento de analizar la Reforma Fiscal, atendió las propuestas y preocupaciones de numerosas organizaciones sociales, académicas y empresariales; para que la reforma estimulara el empleo, impulsara el crecimiento económico, promoviera la inversión y contribuyera a mejorar las condiciones de competitividad en el país.

Por este motivo, incluimos responsablemente modificaciones que recogían estas inquietudes y votamos a favor de la reforma fiscal con el acuerdo que se revisarían y disminuirán las tarifas eléctricas. Los descuentos introducidos mediante el decreto publicado el día 7 de enero pasado, parecen cumplir las promesas del Ejecutivo para revisar las tarifas eléctricas y reducir el gasto de los mexicanos en este rubro.

Sin embargo, la realidad es otra, porque mediante el acuerdo publicado el día 26 de diciembre de 2007, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público realiza modificaciones en los factores de ajuste por combustibles que dan como resultado un aumento muy significativo para este año y que afectará negativamente a los usuarios domésticos y que no alcanza a resolver el problema de los consumidores de media y alta tensión.

La propia dependencia reconoce que a causa de los incrementos registrados en los precios internacionales de los combustibles, la aplicación de la fórmula de ajuste resultó este mes en un aumento de las tarifas eléctricas. Con los ajustes que se realizarán en las tarifas eléctricas por los factores de ajustes en el precio de los combustibles, los descuentos del 5 y 30 por ciento que se ha ofrecido a los usuarios de alta y media tensión, se convertirán en realidad en pagos mayores a los del 2007 hasta en 3 por ciento a los usuarios domésticos –que no cuentan con descuento alguno–, y para los usuarios de alta y media tensión en el mejor de los casos serán pagos iguales al año anterior o menores en sólo un 4 y 5 por ciento en los pagos realizados. Lo anterior, aun con el riesgo de futuros ajustes por los esperados incrementos en los precios del gas natural y otros combustibles.

No podemos esperar a conocer hasta que lleguen los recibos de luz para conocer en realidad cuánto se pagará por la electricidad y cuánto representarán en pesos y centavos los aumentos y descuentos, y si estimularán o no la productividad de los industriales.

Por lo expuesto, el Grupo Parlamentario del PRI considera preciso que se requiera la presencia en esta soberanía de funcionarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; de la Comisión Federal de Electricidad; de Luz y Fuerza del Centro; y de la Comisión Reguladora de Energía en esta Soberanía con el fin de que expliquen el alcance y efectos de los acuerdos que se emitieron y que modifican las tarifas de energía eléctrica a partir del inicio del presente año.

En consecuencia, esta propuesta se orienta a dar una respuesta definitiva a la amplia demanda social de tarifas eléctricas más justas y a concretar los ofrecimientos que menudean en época electoral y que no se concretan en beneficios palpables en el bolsillo y el bienestar de la mayoría de la población.

Con estos antecedentes, consideramos conveniente proponer a esta asamblea la siguiente proposición con carácter de urgente resolución:

Punto de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al Ejecutivo federal a emprender de manera urgente el análisis y revisión integral de las tarifas eléctricas de todas las regiones y entidades del país, considerando los puntos de vista expresados en los diversos puntos de acuerdo e iniciativas formuladas por el Congreso de la Unión en la materia; buscando con lo anterior, un sistema tarifario más justo que tome en cuenta las necesidades de las distintas entidades federativas y de la regiones en el país, así como recuperar la calidad de vida de los grupos populares afectados por su elevado costo.

Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita la comparecencia ante el pleno de esta soberanía de los titulares de la Comisión Federal de Electricidad, Luz y Fuerza del Centro, y de la Comisión Reguladora de Energía a efecto de realizar un análisis exhaustivo de los efectos y alcances de los acuerdos del 26 de diciembre de 2007 y del 7 de enero de 2008; así como de las condiciones o circunstancias que retrasan o han impedido la homologación de las tarifas eléctricas para el consumo doméstico en la república.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, a 16 de enero de 2008.

Senador José Eduardo Calzada Rovirosa (rúbrica)

CON PUNTO DE ACUERDO, RELATIVO A LA INSTALACIÓN DEL CONFINAMIENTO DE RESIDUOS TÓXICOS EN ZIMAPÁN, HIDALGO, A CARGO DEL DIPUTADO SALVADOR RUIZ SÁNCHEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD

Considerandos

Primero. La Constitución General de la República establece en el artículo 4o. que "toda persona tiene derecho a la protección de la salud… a un medio ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar… toda familia tiene derecho a disfrutar de una vivienda digna y decorosa".

Segundo. La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales tiene a su cargo fomentar la protección de los recursos naturales; establecer en correspondencia con autoridades locales normas oficiales sobre preservación y restauración de la calidad del ambiente, ecosistemas naturales, aprovechamiento de los recursos naturales, flora, fauna, descarga de aguas residuales, minería, materiales peligrosos y residuos sólidos peligrosos; vigilar con autoridades locales el cumplimiento de leyes y de normas oficiales, así como las sanciones correspondientes; evaluar y dictaminar el impacto ambiental de proyectos de desarrollo que le presenten el sector público, el social y el privado; y resolver sobre los estudios de riesgo ambiental y los programas para la prevención de accidentes con incidencia ecológica.

Tercero. A la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente corresponde contribuir al desarrollo sustentable y hacer cumplir las leyes en materia ambiental, teniendo a su cargo la vigilancia y evaluación de los ordenamientos jurídicos aplicables a la vigilancia y evaluación de la contaminación ambiental, preservación y protección de los recursos forestales vida silvestre y áreas naturales protegidas, así como en materia de impacto ambiental y ordenamiento ecológico de competencia federal; y establecer políticas y lineamientos administrativos para tal efecto; recibir, investigar y atender o, en su caso, determinar y canalizar ante las autoridades competentes las denuncias por incumplimiento de las disposiciones jurídicas aplicables a los recursos, a los bienes, a las materias y a los ecosistemas, salvaguardar los intereses de la población; y emitir resoluciones derivadas de los procedimientos administrativos en el ámbito de su competencia.

Cuarto. La Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente establece en el artículo 172: "Cuando la gravedad de la infracción lo amerite, la autoridad solicitará a quien los hubiere otorgado la suspensión, revocación o cancelación de la concesión, permiso, licencia y, en general, toda autorización otorgada para la realización de actividades comerciales, industriales o de servicios, o para el aprovechamiento de recursos naturales que haya dado lugar a la infracción". Por su parte, el artículo 175 dice a la letra que "la secretaría podrá promover ante las autoridades federales o locales competentes, con base en los estudios que haga para ese efecto, la limitación o suspensión de la instalación o del funcionamiento de industrias, comercios, servicios, desarrollos urbanos, turísticos o cualquier actividad que afecte o pueda afectar el ambiente o los recursos naturales, o causar desequilibrio ecológico o pérdida de la biodiversidad.

Quinto. Es necesario asumir un papel responsable y evitar tajantemente anteponer los intereses económicos a los de la nación, especialmente a los de nuestras comunidades, parte del mosaico pluriétnico y cultural que nos da identidad. Tampoco es ético y ajustado a las responsabilidades de los servidores públicos engañar a los habitantes con argumentos que reclaman el desarrollo económico de la región ignorando los derechos elementales de cualquier ser humano, como la salud, la alimentación y la vivienda.

Sexto. Recordar que los signos actuales de la democracia y del quehacer gubernamental son la coparticipación y correspondencia en la toma de decisiones. De la misma manera, subrayar que la característica fundamental de cualquier política pública es que en su formulación e implantación la participación de la población directamente involucrada es fundamental.

Séptimo. Los residuos tóxicos son los que poseen alguna de las características de corrosividad, reactividad, explosividad, toxicidad o inflamabilidad, o que contengan agentes infecciosos que les confieran peligrosidad. En ese entendido, contar con plantas para el manejo y confinamiento de los residuos sólidos es de suma importancia, ya que permite un control sobre los desechos. Sin embargo, la construcción de esos centros debe emprenderse en sitios adecuados a fin de minimizar los impactos negativos.

Octavo. El proyecto de construcción y operación de una planta para el tratamiento, la estabilización y el confinamiento de residuos industriales peligrosos en Zimapán, Hidalgo, omitió la realización de la consulta ciudadana que establece la Ley de Equilibrio Ecológico. Representantes de la empresa española Befesa y del ayuntamiento expresaron que las obras formaban parte de la construcción de una recicladora, cuando en realidad se trataba de la construcción de una planta de confinamiento, según se constata en declaraciones del presidente municipal del 22 de junio de 2007. La situación provocó el descontento y las acciones de protesta por parte de la población, lo que desencadenó acciones represivas e intimidatorias de autoridades estatales y municipales; muestra de ello es la presencia constante de alrededor de mil elementos policiacos en la comunidad.

Noveno. En virtud de lo anterior, especialistas en la materia (geólogos, geofísicos, economistas, médicos, abogados ambientalistas, sociólogos) han vertido sus opiniones, todas sustentadas en la inviabilidad de instalar esta planta. Resaltan la cercanía del confinamiento, a escasos 7 kilómetros, de núcleos población mayores de 10 mil habitantes, lo que viola la Norma Oficial Mexicana NOM-055-SEMARNAT; y la incompatibilidad del aire, suelo y subsuelo de Zimapán, ya que posee graves problemas de contaminación debido a la presencia de alto contenido de arsénico en el agua, partículas de plomo en el aire, lo cual ocasiona que este municipio ocupe el primer lugar estatal en enfermedades crónico-degenerativas.

Los especialistas han expresado que al entrar en operación esta planta provocará un desequilibrio ecológico, ya que especies endémicas de flora y fauna serán arrancadas de su hábitat natural. En cuanto a la comunicación y transportación, será una afluencia diaria de más de 120 tractocamiones con un contenido de 4 mil toneladas de residuos peligrosos, que transitarán por caminos sinuosos, estrechos y en malas condiciones, recorriendo poblaciones como Ixmiquilpan, Jacala, Chapulhuacán, Tamazunchale, Querétaro, Ezequiel Montes y Cadereyta, y sobre la cortina de la presa hidroeléctrica Zimapán.

Es de resaltar también la existencia de la falla geológica denominada "Cabalgadura del Doctor" a escasos 2 kilómetros de la zona, así como la de grutas de aguas termales denominadas "de Saja", cuyos mantos acuíferos se interconectan con zonas turísticas del estado de Hidalgo y Querétaro, poniendo en riesgo la viabilidad el proyecto hidráulico Acueducto II, impulsado por el gobierno estatal de Querétaro, el cual pretende resolver el suministro de agua por los próximos 30 años. Autoridades estatales, y diputados locales y federales queretanos han expresado preocupación porque se atenta contra la estabilidad y salud de la población.

Décimo. Hay un ambiente de confrontación, desinformación y malestar de la población, que puede desencadenar en un ambiente de mayor agresión y confrontación entre autoridades, empresa y pobladores. Que la Semarnat y demás autoridades en materia ambiental asuman funciones de promoción de inversión privada, particularmente extranjera, pone en serio riesgo sus obligaciones, como la protección y preservación del ambiente, además de arrogarse funciones propias de la Secretaría de Economía. Esta soberanía no puede ni debe mantenerse al margen. Contrariamente, debe haber una actitud de apertura y solidaridad con la gente afectada, que en innumerables ocasiones ha expresado desesperanza por la falta de receptividad del Ejecutivo estatal. En consecuencia, y por lo inicialmente fundamentado, ponemos a consideración de esta soberanía lo siguiente:

Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente a iniciar procedimiento y resolución administrativa por las presuntas irregularidades presentadas en el procedimiento de autorización de impacto ambiental liberada por la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a Sistemas de Desarrollo Sustentable, SA de CV, empresa subsidiaria mexicana de Befesa, respecto a la instalación del confinamiento de residuos tóxicos en la comunidad de Botiñha, municipio de Zimapán, Hidalgo.

Segundo. Exhortar al ayuntamiento de Zimapán, Hidalgo, a ser receptivo y sensible respecto a la principal demanda de los pobladores del municipio y no otorgue la renovación de la licencia de construcción a Sistemas de Desarrollo Sustentable, SA de CV, en función del conflicto social que se ha generado en la región por el riesgo latente y las consecuencias de la instalación del confinamiento de residuos tóxicos y las irregularidades que se dieron en torno de la generación del permiso.

Tercero. La Comisión Permanente acuerda crear una comisión plural de legisladores que constate en sitio las condiciones ambientales, geofísicas e hidrológicas, así como de riesgo a la salud de la población que implicaría la instalación del confinamiento operado por Sistemas de Desarrollo Sustentable, SA de CV, empresa subsidiaria mexicana de Befesa.

Diputado Salvador Ruiz Sánchez (rúbrica)

CON PUNTO DE ACUERDO, SOBRE EL DERRAME DE HIDROCARBUROS EN LA SONDA DE CAMPECHE, A CARGO DEL SENADOR JORGE LEGORRETA ORDORICA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PVEM

Jorge Legorreta Ordorica y Manuel Portilla Dieguez, integrantes de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en los artículos 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116 y 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentan la siguiente proposición con punto de acuerdo, con base en las siguientes:

Consideraciones

Como todos sabemos, el 23 de octubre se presentó la colisión de una plataforma petrolera con el pozo KAB 101, provocando un derrame de petróleo en una emergencia donde, por irresponsabilidad de los encargados de la plataforma (además de los encargados en tierra), hubo más de veintiún personas muertas.

Desde ese momento denunciamos que este era un accidente muy importante, tal vez el mayor ocurrido desde el derrame del Pozo Ixtoc en 1979.

Sin embargo, las autoridades ambientales, así como la propia empresa Pemex, minimizaron los daños y ocultaron los datos reales. Por ejemplo, se dijo que el pozo KAB 101 producía un promedio de 500 barriles diarios, mientras los registros oficiales demostraban que producía mil 500 barriles por día y eso era lo que se derramaba.

Se ha demostrado científicamente que los derrames de hidrocarburos como este, provocan daño a la vida marina, ya que los componentes de los hidrocarburos pasan a formar parte de la cadena alimenticia porque los animales bivalvos, como son los ostiones y mejillones, absorben el petróleo que se acumula en sus tejidos, convirtiéndolos en alimentos con diversas grados de toxicidad para el ser humano. Si los niveles de hidrocarburos son altos en el medio marino, pueden llegar incluso a obstruir sus sistemas respiratorios y matarlos.

De igual manera, animales que dependen de peces para su supervivencia, se ven afectados por los altos grados de toxicidad y envenenamiento de sus presas. También existe un daño a la vegetación marina, ya que obstruye e impide la fotosíntesis (tan indispensable para la base de la vida marina) de la cual dependen todos los animales que forman parte de la cadena alimenticia.

Los daños a la vida marina, manglares, pesca y acuacultura y, por tanto, a la economía local y regional, son también impredecibles.

Con fecha 15 de noviembre, el Senado de la República aprobó un punto de acuerdo en el que se solicitaba, tanto a la Semarnat como a la Profepa, determinaran el alcance y los impactos presentes y probables a los ecosistemas marinos y costeros, derivados del derrame de hidrocarburos ocurrido en la Sonda de Campeche. También se solicitó a la Conapesca realizara la investigación sobre los impactos en las pesquerías de la zona. De la misma forma se solicitó a la Secretaría de Trabajo y a Pemex se garantizara la debida atención a los deudos y la revisión exhaustiva de las causas que provocaron la muerte de dichos trabajadores. Hasta el momento nada se ha informado.

A pesar de que hubo varias ocasiones en que Pemex declaraba que ya había controlado el derrame, los medios dejaron ver la llegada de hidrocarburos a las costas y a los manglares, hecho que pasó a segundo término por el desastre provocado por las lamentables inundaciones ocurridas en Tabasco.

Es así que sólo hasta el día 17 de diciembre Pemex declaraba que ya había logrado el control efectivo del pozo KAB 101.

Hoy es tiempo de iniciar las acciones de restauración. Muchos de los daños se llevaron a cabo en la zona de Laguna de Términos. Ésta es un área natural protegida decretada en 1995, misma que cuenta con un plan de manejo elaborado.

Además, se creó el consejo consultivo dependiente directo de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), en el que se encuentran representados todos los sectores productivos del área protegida. Dentro de este consejo existe un subcomité técnico-científico que es el encargado de dirigir los destinos del dinero disponible. En este caso, las acciones de este consejo consultivo resultan de primer orden para otorgar certeza jurídica y confianza a la población afectada, ya que todos los sectores están representados. Además, se creó un fideicomiso precisamente para obras de remediación para este tipo de casos.

Sin embargo, y a pesar de haber sido creado con actores de todos los sectores de la sociedad incluyendo académicos y científicos y la misma empresa Pemex, este consejo no ha tenido actividad en los últimos 5 años.

Por tanto y siendo el canal institucional correcto para el manejo del presupuesto destinado para las acciones de remediación por los daños provocados en el área natural protegida Laguna de Términos, es muy importante que este consejo consultivo se reactive y tome el liderazgo en estas acciones. Parte de las acciones del consejo son definir los criterios ambientales que normaran las actividades petroleras en el área.

Por lo anterior, además de insistir en que las diversas dependencias involucradas tomen acción y entreguen los informes que requirió el Senado de la República, resulta necesario solicitar a la Conanp, intervenga sin dilación y reactive el consejo consultivo del área natural protegida Laguna de Términos.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a su consideración el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión solicita respetuosamente a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, a la Comisión Nacional de Pesca y Acuacultura, así como a Petróleos Mexicanos, rindan un informe completo acerca de todas las acciones tomadas para limitar el daño a los ecosistemas marinos y costeros, así como el impacto en dichos ecosistemas y actividades pesqueras.

Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión solicita respetuosamente a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas que, en el ámbito de sus atribuciones, reactive las actividades del consejo consultivo del área natural protegida Laguna de Términos, en Campeche, a fin de que retome las actividades que habían llevado a una buena conducción ambiental de dicha área y se proceda a otorgar financiamiento para la remediación de áreas afectadas por el derrame de hidrocarburos en la zona, por las vías institucionales, para tal efecto.

Senador Jorge Legorreta Ordorica (rúbrica)

Diputado Manuel Portilla Diéguez (rúbrica)

CON PUNTO DE ACUERDO, PARA EXHORTAR AL EJECUTIVO FEDERAL A DOCUMENTAR EL POSIBLE DAÑO A LOS PRODUCTORES NACIONALES DEL CAMPO Y DETERMINAR CON UN DIAGNÓSTICO SERIO LOS SIGNOS DE UNA AMENAZA AL CAMPO MEXICANO E IMPULSAR TODAS LAS ACCIONES EN EL MARCO DEL CAPÍTULO VIII, "MEDIDAS DE EMERGENCIA", DEL TLCAN, A CARGO DEL DIPUTADO CUAUHTÉMOC VELASCO OLIVA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE CONVERGENCIA

Los suscritos, diputados federales Alejandro Chanona Burguete y Cuauhtémoc Velasco Oliva, del Grupo Parlamentario de Convergencia en la Cámara de Diputados, LX Legislatura, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentan ante la Comisión Permanente la siguiente proposición con punto de acuerdo, de urgente u obvia resolución, para exhortar al Ejecutivo federal a documentar el posible daño a los productores nacionales del campo y determinar con un diagnóstico serio los signos de una amenaza al campo mexicano; y actuar en consecuencia con el Capítulo VIII del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y, en su caso, tomar las medidas de emergencia transitorias que sean necesarias, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La falta de previsión de los gobiernos de la república para atender el cumplimiento del calendario de eliminación arancelaria, acordado en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), nos exige ahora tomar medidas urgentes para afrontar todas sus consecuencias.

La liberalización arancelaria del frijol, del maíz, de la caña de azúcar y de la leche en polvo plantea un escenario que requiere de forma urgente nuestra atención y acción.

La situación del campo mexicano en general es grave por el abandono a que ha estado sujeto. Sabemos que nuestros campesinos se han visto obligados a abandonar el cultivo de la tierra. De hecho, la superficie de tierra cultivable en México se redujo 16 por ciento entre 1985 y 2007.

Así, nuestra capacidad productiva se ha contraído. Mientras que en México la razón del costo de hectárea cultivada por toneladas producidas de maíz es de 80 dólares por 2.4 toneladas de grano, en Estados Unidos es de 20 dólares por 8.4 toneladas.

De forma paralela, la capacidad productiva de frijol por hectárea cultivada en México es de 600 kilogramos, mientras que en Estados Unidos es de mil 800 kilogramos.

La situación es grave si se considera que 22 por ciento de la fuerza laboral de México se concentra en el campo; y que la producción de maíz ocupa 60 por ciento; el cultivo de frijol es el segundo empleador de la fuerza laboral agrícola.

Nuestra balanza comercial es deficitaria. De 1985 a 2007 creció en 192 por ciento. Para el caso del maíz, se estima que en 2007 nuestras exportaciones disminuyan 65 por ciento. En tanto, las exportaciones de frijol en 2006 disminuyeron 67 por ciento.

Ese escenario muestra con toda claridad que la importación indiscriminada de estos granos agravará sensiblemente la precaria situación del campo mexicano. El daño que provocarán al sector agrícola las importaciones es inminente.

Adicionalmente, debe señalarse que los apoyos y subsidios que Estados Unidos otorga a su sector agrícola son mayores que en México, lo que provoca competencia desleal e inicua.

Nuestro vecino del norte subsidia la agricultura en cerca de 26 mil dólares al año por productor; mientras que en México esta cifra es de 700 dólares.

Estamos en la antesala de la afectación a 30 millones de mexicanos vinculados, directa o indirectamente a esta actividad agrícola; del descontento popular por el incremento de la tortilla y otros productos básicos; y de mayor abandono del campo y de emigración al vecino del norte. Ya el Banco Mundial señaló que en los últimos 10 años fue de un cuarto de la población campesina.

En ese contexto, esta soberanía no puede regatear su apoyo al campo y a los campesinos mexicanos. En este momento crítico, el Congreso de la Unión debe asumir su responsabilidad e impulsar un conjunto de iniciativas en apoyo de la agricultura nacional. La propuesta que hoy presentamos se inscribe en tal corriente y es suplementaria a otros actos de esta Cámara.

Hagamos efectivas todas las previsiones consideradas en el TLCAN; no sólo las relativas a la eliminación arancelaria sino, también, con mayor fuerza, las que nos ayudan a proteger nuestra economía. No sólo puede insistirse en la renegociación del TLCAN: también podemos invocar los artículos 801 a 805, donde claramente se consagra que las partes pueden tomar medidas de emergencia transitorias cuando se identifica un daño o una amenaza a los productos y a los productores de un país miembro.

En consideración de lo anterior, nos permitimos someter a la aprobación de la Comisión Permanente la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

De urgente u obvia resolución

Único. Se exhorta al Ejecutivo federal a documentar el posible daño a los productores nacionales del campo y determinar con un diagnóstico serio los signos de una amenaza al campo mexicano e impulsar todas las acciones que en el marco del Capítulo VIII, "Medidas de Emergencia", del Tratado de Libre Comercio de América del Norte se prevén para proteger al campo mexicano.

Sede de la Comisión Permanente, a 9 de enero de 2008.

Diputados: Alejandro Chanona Burguete, Cuauhtémoc Velasco Oliva (rúbrica).

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE LA COMISIÓN PERMANENTE FORMULA UN LLAMADO URGENTE AL GOBIERNO FEDERAL PARA QUE INSTAURE DIVERSAS ACCIONES RELATIVAS AL CAPÍTULO AGROPECUARIO DEL TLCAN, A CARGO DEL DIPUTADO PABLO LEOPOLDO ARREOLA ORTEGA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PT

A 13 de años de que entró en vigor el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, ha quedado demostrado que el propósito fundamental era reforzar la relación de negocios de las empresas asentadas en territorio mexicano, con sus contrapartes estadounidense y canadiense.

A los tecnócratas mexicanos negociadores del TLC nunca preocupó el interés del pueblo, ni mucho menos la situación de los micro, pequeños y medianos productores.

Sólo tenían en mente promover los negocios del gran capital nacional e internacional, como la evidencia ha probado en todos estos años de libre comercio con nuestros socios del norte.

Demagógicamente difundieron la idea de que los trabajadores tendrían mayores oportunidades de empleo y de ingreso, mejorando con ello su nivel de vida. Los dólares formarían parte de la economía cotidiana en nuestro país.

Efectivamente, México ha recibido gran cantidad de dólares por las exportaciones que se realizan al mercado mundial, sólo que la mayor parte de éstos queda depositada en bancos extranjeros, debido a la sobrevaluación cambiaria, que sirve de pretexto a los empresarios para no traer dólares baratos al país porque eso implica perder parte del poder adquisitivo de sus exportaciones.

Este hecho lo documentan fehacientemente el Banco de México y la OCDE, cuando señalan que más de 70 mil millones de dólares están depositados en bancos del exterior, cuyos propietarios son capitalistas mexicanos.

En cambio, esos empresarios utilizan los dólares baratos que envían los migrantes mexicanos a sus familias para comprar empresas en el extranjero.

Los dólares llegan al país gracias a los migrantes, al petróleo y al turismo, y por el narcotráfico, no por los empresarios mexicanos.

¿Dónde están las supuestas ventajas que traería para el pueblo mexicano la firma de un acuerdo comercial de tal envergadura como el TLC?

Calderón afirma que tenemos más empleos remunerados y mejores salarios. ¿Dónde están, que no los vemos? Millones de mexicanos están en la economía del ambulantaje, el desempleo y la migración.

Nuestro PIB pasó de 421 mil millones de dólares a 892 mil millones de dólares en los años trascurridos del TLC.

Mientras, los ingresos por exportaciones de bienes, servicios y transferencias pasaron de 78 mil millones de dólares en 1994 a 250 mil millones de dólares en 2006.

Nadie puede negar que la inserción de México en el mercado mundial se amplió, pero el asunto de fondo es que los únicos beneficiarios de esta mayor integración son los grandes empresarios industriales y agrícolas.

Este hecho es irrebatible, pero las consecuencias también son irrefutables porque hoy tenemos mayor número de migrantes que cruzan la frontera cada año, pueblos enteros en el campo ya sin hombres e incluso muchos ya no existen, producto de la migración masiva.

Los productores de caña de azúcar, maíz, frijol, trigo, carne de cerdo y leche, por mencionar los casos más delicados, sufren los brutales efectos de la desgravación arancelaria total, como resultado de los acuerdos del TLC.

Los datos son demoledores: hasta octubre de 2007, las importaciones mexicanas del sector agrícola sumaban 10 mil 500 millones de dólares, mientras que las exportaciones ascendían a 8 mil 500. Lo mismo ha sucedido desde 1994: hemos comprado 10 mil 900 millones de dólares en 2006 y las ventas llegaron a 9 mil 400 millones de dólares.

Entonces, los legisladores no nos podemos quedar con los brazos cruzados ante la cerrazón y la pasividad de un Ejecutivo federal proclive a los beneficiarios del TLC, como en días pasados quedó de manifiesto en el caso de los productos farmacéuticos, a los que sí se está protegiendo de la competencia extranjera.

Para el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, es más que claro que Calderón no tiene la menor intención de poner a debate el Capítulo Agropecuario del TLC, como lo manifestó en su alocución de principio de año.

Pensamos que es equivocado asumir que ya nada puede hacerse para negociar; nuestra posición estriba en que el Capítulo Agropecuario sí es renegociable en tanto forme parte de la agenda bilateral sobre narcotráfico y migración.

En esas condiciones, los legisladores del Partido del Trabajo consideran que, dadas las graves repercusiones que tiene el TLC sobre los productores del campo y de las pequeñas y medianas industrias, es necesario que el Ejecutivo federal tome la iniciativa de renegociarlo.

Para ello proponemos que se instauren las medidas compensatorias necesarias que reviertan los efectos de la competencia desigual que significa el tratado.

Asimismo, se instaure de inmediato un plan emergente que pueda paliar la situación del campo y de los micro, pequeños y medianos empresarios.

También, que se constituya por Estados Unidos y Canadá un fondo financiero para mitigar los efectos de la polarización regional que ha alentado el acuerdo en la economía de México, como lo hizo la Unión Europea cuando incorporó países de menor desarrollo a la unión económica.

Por las consideraciones expuestas, el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión hace un urgente llamado al Gobierno federal para que se instauren las siguientes acciones:

Primera. Que la administración federal se aboque de inmediato a renegociar el Capítulo Agropecuario del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá.

Segunda. Se instauren las medidas compensatorias necesarias que reviertan los efectos de la competencia desigual que significa este tratado.

Tercera. Se instaure de inmediato un plan emergente que pueda paliar la situación del campo y de los micro, pequeños y medianos empresarios.

Cuarta. Que el Ejecutivo federal solicite que se constituya por Estados Unidos y Canadá un fondo financiero para mitigar los efectos de la polarización regional.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a nueve de enero de dos mil ocho.

Diputado Pablo Leopoldo Arreola Ortega (rúbrica)

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE LA COMISIÓN PERMANENTE EXPRESA SU REPUDIO AL ASESINATO DE LA EX PRIMERA MINISTRA DE PAKISTÁN Y REITERA SU ENÉRGICA CONDENA A LA VIOLENCIA Y AL TERRORISMO, EN CUALQUIERA DE SUS MANIFESTACIONES, A CARGO DEL DIPUTADO CARLOS ALBERTO GARCÍA GONZÁLEZ, EN NOMBRE DE LA SEGUNDA COMISIÓN

Quienes suscriben, integrantes de la Segunda Comisión de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración del Pleno de esta Comisión Permanente, la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución por el que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión expresa su repudio al asesinato de la ex primera ministra de Pakistán, Benazir Bhutto, y reitera una enérgica condena a la violencia y al terrorismo en cualquiera de sus manifestaciones al tenor de las siguientes

Consideraciones

El pasado 27 de diciembre, la lideresa opositora y ex primera ministra de Pakistán, Benazir Bhutto, murió a consecuencia de un atentado suicida cometido durante un mítin electoral en la ciudad de Rawalpindi, cerca de Islamabad.

Bhutto, quien participaría en las elecciones legislativas del próximo 8 de enero, habría fallecido tras recibir un disparo en la cabeza durante el ataque, en el que también murieron al menos 25 personas según preciso el propio gobierno pakistaní.

Bhutto, quien regresó en octubre pasado a Pakistán tras casi nueve años de exilio, era considerada como uno de los principales líderes de la oposición contra el gobierno del presidente Pervez Musharraf y ya había sido objetivo de ataques violentos de parte del extremismo islámico aunque hasta entonces había salido ilesa de los mismos.

Dos veces primera ministra de Pakistán (1988-1990) y (1993-1996), Bhutto heredó la dirección del Partido Popular de Pakistán, fundado en 1967 por su padre y era, sin duda, uno de los personajes más importantes de la política pakistaní e internacional. Su magnicidio ha provocado una reacción internacional de repudio y consternación al mismo tiempo que ha encendido los ánimos y la confrontación política en un país donde los extremismos y los radicalismos están desafortunadamente muy lejos de haberse erradicado.

Con dolor y tristeza, la comunidad internacional ha venido atestiguando la forma en que este cobarde asesinato ha contribuido a minar el proceso democrático en curso en Pakistán y ha dado un golpe severo a la economía y a la paz internacional.

Ni la violencia ni el terrorismo en ninguna de sus manifestaciones puede ofrecer una solución a los conflictos que experimenta el mundo en el siglo XXI. Sólo la tolerancia, la democracia, el pluralismo y el respeto a la ley abonan a la concordia, a la paz y al respeto frente a visiones antagónicas de una misma realidad.

Por las consideraciones anteriormente expuestas, se somete a la consideración del Pleno de esta Comisión Permanente, la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión expresa su repudio al asesinato de la ex primera ministra de Pakistán, Benazir Bhutto, y reitera una enérgica condena a la violencia y al terrorismo en cualquiera de sus manifestaciones.
Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a 4 de enero de 2008.

Diputado Carlos Alberto García González (rúbrica)
Presidente

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE SOLICITA A LAS CÁMARAS DE DIPUTADOS, Y DE SENADORES QUE MEDIANTE SUS JUNTAS DE COORDINACIÓN POLÍTICA CONSIDEREN CREAR UNA COMISIÓN ESPECIAL DE OBSERVACIÓN PLURAL DE LEGISLADORES QUE ACUDA A QUINTANA ROO DURANTE EL PROCESO ELECTORAL QUE SE CELEBRARÁ EL 3 DE FEBRERO DE 2008, A CARGO DE LA DIPUTADA YOLANDA MERCEDES GARMENDIA HERNÁNDEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN

El diputado federal del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LX Legislatura, Gregorio Barradas Miravete en representación de los diputados Yolanda Mercedes Garmendia Hernández, de Quintana Roo; Ángel Rafael Deschamps Falcón, de Veracruz; Martha Cecilia Díaz Gordillo, de Chiapas; Gerardo Antonio Escaroz Soler, Joaquín de Jesús Mena, Lizbeth Evelia Medina Rodríguez, María Sofía del Perpetuo Socorro Castro Romero, de Yucatán; Marco Salas Contreras, Pedro Pulido Pecero, de Veracruz; y Gerardo Priego Tapia, de Tabasco, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a esta asamblea las consideraciones que a continuación se narran y el punto de acuerdo que más adelante se indica.

Consideraciones

No cabe duda que hoy en día, el proceso democrático en México necesita fortalecerse, y esto sólo se darán la medida en que los actores políticos respeten los principios que rigen a los procesos electorales.

En este sentido la equidad, imparcialidad, objetividad, certeza e independencia deben ser postulados básicos para el buen desarrollo de procesos comiciales.

La importancia de un proceso electoral va más allá, del triunfo de uno u otro partido político, debemos comprender que es la justificación misma de la democracia, ya que es mediante estos procesos que el ciudadano elige en ejercicio de sus derechos la integración de su gobierno y los representantes que deberán velar por los intereses de la sociedad en general.

En este contexto, no sólo las autoridades electorales, cualquiera que sea su naturaleza administrativa o jurisdiccional, deben garantizar con su actuación, el respeto irrestricto al marco legal vigente y a los principios rectores en materia electoral, por parte de todos los actores del proceso, y los terceros involucrados en el mismo.

Sólo de esta manera tendremos una jornada cívica ejemplar, donde el ejercicio libre del sufragio sea el único que decida el destino de Quintana Roo.

Hace pocas semanas en este recinto legislativo aprobamos una reforma a la Constitución de la República en materia electoral, en esta se contemplaban diversos temas, que eran urgentes para garantizar el buen desarrollo de las elecciones y de la democracia en el país.

El Congreso decidió no permitir en adelante la intervención de los gobiernos que pudiesen generar ventajas indebidas a favor de un candidato o detrimentos de otro. En el mismo dictamen consideramos que el país merece y requiere campañas basadas en ideas y propuestas, no más en la descalificación entre candidatos, partidos o terceros que alteren la equidad en el proceso.

En palabras de Kofi Annan "La voluntad de la gente tiene que ser la base de la autoridad gubernamental. Este es el fundamento de la democracia. Este es el fundamento del buen gobierno, el cual le dará a cada ciudadano... Un papel real y duradero en el futuro de sus sociedades."

Es por esta razón, que se debe privilegiar la voluntad ciudadana de los quintanarroenses de elegir libremente a sus gobernantes, y que las contiendas electorales no se conviertan en simple lucha de partidos, sino que prevalezca la equidad entre candidatos, y la certeza de que los autoridades electorales actuaran con objetividad y profesionalismo, garantizando así que serán los únicos que determinen el resultado de las elecciones.

Acción Nacional esta convencido de que la democracia es y debe seguir siendo la única manera de acceder a los distintos cargos de gobierno, en este sentido se pronuncia una vez más, por el respeto irrestricto de la misma y de los valores fundamentales que la rigen. Es por esta razón que los gobiernos y sus recursos, en sus distintos ámbitos de competencia deben de estar al servicio de la población, y no sean utilizados con fines electorales, que privilegien la ilegalidad y nulifiquen la competencia justa en los procesos electorales.

También es necesario establecer que la Cámara de Diputados, en ejercicio de sus facultades de vigilancia y control no altera el sano desarrollo del procedimiento electoral, ya que no interviene políticamente en el mismo, respetando así la autonomía de los comicios electorales y las facultades de los órganos creados para dicho fin. En este sentido, en el pasado ya se han aprobado puntos de acuerdo que se han constituido como referentes importantes para la consolidación de un sistema político democrático, que garanticen condiciones equitativas de competencia electoral. Con fundamento en esos acuerdos se han integrado comisiones plurales encargadas de vigilar que no se desviaran recursos públicos en diversos procesos electorales locales, o se generen otro tipo de conductas que puedan poner en duda e incertidumbre el resultado de los comicios, de la misma manera poder allegarse de todos los elementos probatorios para proceder conforme a sus atribuciones constitucionales y legales.

En este orden de ideas, cabe decir que el próximo 3 de febrero se llevarán a cabo elecciones en Quintana Roo, mediante las cuales se elegirán 33 cargos de elección popular: 8 presidencias municipales, 15 diputados de mayoría relativa y 10 diputados de representación proporcional.

Sólo en la medida en que el proceso electoral se desarrolle en un ambiente de transparencia, se incrementará la confianza de los electores en las autoridades, en los candidatos, en los partidos y en otros actores políticos que intervengan en el proceso.

Sólo de esta manera tendremos una jornada cívica ejemplar, con una amplia participación ciudadana donde el ejercicio libre del sufragio sea el único que decida el destino de Quintana Roo.

Compañeras y compañeros diputados, nuestra obligación como representantes populares, es defender el legal y sano ejercicio de los derechos políticos de los ciudadanos, es en virtud de la democracia que nosotros nos encontramos aquí, por consiguiente es nuestro deber defenderla.

Por ello y en virtud de las consideraciones expuestas es que solicitamos al Pleno de esta soberanía lo siguiente:

Acuerdo

Primero. Se solicita a la Cámara de Diputados y a la Cámara de Senadores que a través de sus respectivas Juntas de Coordinación Política consideren la creación e integración de una Comisión Especial de observación plural de legisladores que acuda al estado de Quintana Roo a observar y dar testimonio del desarrollo del proceso electoral que se celebrará el próximo 3 de febrero de 2008.

Segundo. Que entre las actividades a desarrollar por la comisión a que se alude en el numeral que antecede, y con respeto a la soberanía de Quintana Roo, sea la de vigilar la legalidad, la imparcialidad y el respeto irrestricto de la voluntad popular, así como la de atender que no se desvíen recursos públicos en forma indebida para actividades electorales, todo ello con el fin de coadyuvar al buen desarrollo del proceso electoral en Quintana Roo.

Tercero. Hágase del conocimiento a las autoridades electorales de Quintana Roo de la integración de la Comisión Especial, para el debido cumplimiento de sus actividades.

Cuarto. Se exhorta al Instituto Federal Electoral a que por conducto de la Comisión de Vigilancia del mismo se haga una auditoria en el estado por las presuntas irregularidades en el registro al padrón electoral.

Dado en el Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, a 16 de enero de 2008.

Diputada Yolanda Mercedes Garmendia Hernández (rúbrica)

CON PUNTO DE ACUERDO, PARA ATENDER LOS DAÑOS PROVOCADOS POR DERRAME DE PEMEX EN RÍO BLANCO, VERACRUZ, Y REVISAR LA SITUACIÓN DE SEGURIDAD DE LOS DUCTOS DE LA EMPRESA, A CARGO DEL DIPUTADO ADOLFO MOTA HERNÁNDEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI

El que suscribe, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de conformidad con lo previsto en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión la presente proposición con punto de acuerdo, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

El 11 del presente mes, el estado de Veracruz fue víctima nuevamente de un percance relacionado con los ductos de Petróleos Mexicanos, que provocó severos daños al ambiente, acentuó la desconfianza y el temor de la población que vive cerca de instalaciones de la paraestatal e incrementó la preocupante estadística de accidentes que han producido una situación constante de deterioro de la seguridad que ofrece Pemex.

De acuerdo con la información reportada por las autoridades estatales y por la superintendencia de Pemex en la región de Río Blanco, Veracruz, la delincuencia que extrae ilegalmente combustible de los ductos propició un fuerte daño en las líneas de conducción del tramo Minatitlán-México en dicho municipio, provocando la fuga de alrededor de 15 mil litros de combustóleo; la presión hizo que se proyectara a una altura de 20 metros y que se extendiera en un radio de 5 mil metros cuadrados en áreas verdes, viviendas y automóviles particulares.

Gracias a la intervención oportuna del Ejército Mexicano y de corporaciones de protección civil de Orizaba, Ixtac, Nogales y Río Blanco, además de los bomberos, la Cruz Roja y seguridad pública de Ciudad Mendoza, se desalojó a 354 personas y se atendió a dos policías intoxicados, quines fueron hospitalizados y se encuentran fuera de peligro.

Al día de hoy se han recuperado más de 10 mil litros del combustible regado, aunque llevará un tiempo mayor el saneamiento de 5 mil hectáreas de pastizales afectadas por el derrame. El accidente pudo haber sido más grave, ya que ocurrió en una zona conurbada con muchas unidades habitacionales, donde tienen su hogar miles de familias veracruzanas. Adicionalmente, existe el riesgo de que se hayan afectado los mantos freáticos de la zona, lo cual puede contaminar el agua potable que se distribuye entre la población.

En el largo conteo de accidentes petroleros, que son una constante en todo el sureste del país, a sólo medio mes de 2008 ya es el segundo, toda vez que el primero fue hace pocos días, precisamente en Papantla, Veracruz. Aunque éste no alcanzó el nivel de daño del derrame del año pasado en Jesús Carranza, que afectó tres importantes ríos de la zona sur, es preocupante iniciar el año con estos incidentes, que tienen en situación de franco temor a numerosas poblaciones de Veracruz, Tabasco, Chiapas y Campeche, por citar algunas.

Pese a este incidente, queremos subrayar la oportuna intervención de las autoridades señaladas y del DIF estatal, que con celeridad entregó diversos enseres, como cobertores, colchonetas y alimentos para las personas desalojadas. Está previsto que se siga otorgando el apoyo por espacio de un mes, hasta que estas personas puedan retornar con tranquilidad a sus hogares.

En esta tribuna quiero señalar que los nuevos derrames en las instalaciones de Pemex evidencian dos preocupantes aspectos de debilidad de esa empresa pública: por un lado, la antigüedad de los ductos, que en su mayoría tienen hasta 49 años de funcionamiento, aunque su vida útil se calcula en 30 años; y en segundo lugar, es innegable, y la propia empresa lo ha reconocido, que es incapaz de efectuar una vigilancia efectiva de sus instalaciones y sus ductos, que son objeto frecuente del sabotaje y la piratería, sin contar con los atentados atribuidos al EPR.

Como resultado de los frecuentes derrames petroleros, tan sólo con Veracruz Pemex tiene un pasivo ambiental calculado en 30 mil millones de pesos, acumulados desde 2004, el cual no ha podido cumplir, culpando reiteradamente al excesivo castigo fiscal que enfrenta por parte de la federación.

Esta proposición tiene el objetivo de denunciar la inseguridad que viven muchos municipios donde hay ductos e instalaciones petroleros por los frecuentes derrames y también llama a replantear los esquemas de administración y financiamiento actuales de la empresa, que la obligan a mantener servicios e infraestructura con una vida de casi el doble de la permisible tecnológicamente. Si bien es una empresa de todos los mexicanos, en sus condiciones actuales, Pemex sencillamente no cumple con eficiencia a toda la sociedad.

Por lo expuesto, propongo a esta asamblea la siguiente proposición, con carácter de urgente resolución:

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión expresa su preocupación por el segundo derrame de hidrocarburos que ocurre en este año y que afectó la población de Río Blanco, Veracruz. Al mismo tiempo, se solidariza con la población afectada y con sus autoridades para la recuperación de la tranquilidad y el resarcimiento del daño económico y ambiental provocado, exhortando a Pemex, a la Conagua y a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente para que hagan su mayor esfuerzo para reparar las afectaciones en el menor tiempo posible, informando por escrito de sus resultados a esta representación popular.

Segundo. Asimismo, propone que se analice con la mayor seriedad la situación operativa, administrativa y financiera de Pemex para encontrar fórmulas que permitan una mayor y mejor inversión en infraestructura, seguridad de las instalaciones y vigilancia de los ductos.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, a 16 de enero de 2008.

Diputado Adolfo Mota Hernández (rúbrica)

CON PUNTO DE ACUERDO, PARA EXHORTAR AL GOBIERNO FEDERAL A SOLUCIONAR POR LA VÍA PACÍFICA EL CONFLICTO LABORAL EN LA MINA DE COBRE DE CANANEA, SONORA; Y AL GOBIERNO DE ESE ESTADO, A RESPETAR EL DERECHO DE MANIFESTACIÓN DE LOS INTEGRANTES DE LA SECCIÓN 65 DEL SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES MINEROS, METALÚRGICOS Y SIMILARES DE LA REPÚBLICA MEXICANA, A CARGO DEL DIPUTADO CARLOS NAVARRO LÓPEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD

El que suscribe, Carlos Ernesto Navarro López, diputado federal e integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a la consideración de esta soberanía la proposición con punto de acuerdo, con carácter de urgente y obvia resolución, para denunciar la represión contra los trabajadores de la mina de Cananea, al tenor de los siguientes

Antecedentes

El 16 de octubre de 2007 presentamos ante el Pleno de la honorable Cámara de Diputados un punto de acuerdo para evitar los hechos que ocurrieron el viernes 11 de enero, y lo que sigue sucediendo hasta el día de hoy, en la mina de cobre Mexicana de Cananea ubicada en el municipio sonorense del mismo nombre. Lamentablemente, al no alcanzar la votación requerida, para ser considerado de urgente y obvia resolución, fue turnado a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, sin que hasta la fecha haya sido dictaminado.

El punto de acuerdo en mención fue signado también por los diputados Rosario Ortiz Magallón y José Antonio Almazán González, quienes denunciamos las graves condiciones de inseguridad y falta de higiene que existen, en la mina propiedad del Grupo Minera México.

Como se recordará, el 30 de julio de 2007 los trabajadores de la mina de cobre Mexicana de Cananea, Sonora, pertenecientes a la sección 65 del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana emplazaron a huelga a la empresa Industrial Minera México, SA de CV, subsidiaria de Grupo México, propiedad de Germán Larrea Mota Velasco.

Su principal petición se basa en la demanda de mejores condiciones de seguridad e higiene tal como lo establece la Constitución Política de nuestro país, la Ley Federal del Trabajo y su propio contrato colectivo de trabajo.

Desde un principio los trabajadores mineros han enfrentado la colusión evidente que existe entre Grupo México y las autoridades laborales. Muestra de lo anterior es el hecho de que el Lic. Javier Lozano, titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, anunciara horas antes de que lo hiciera la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, el 7 de agosto de 2007, que las huelgas en Cananea, Taxco y Sombrerete, serían declaradas inexistentes.

Ahora bien, respecto al fallo que se notificó el pasado viernes a las 11:30 de la mañana, resulta necesario enfatizar que en este nuevo intento por desconocer el legítimo derecho de los trabajadores mineros se procedió de manera similar al anterior.

La Junta Federal de Conciliación y Arbitraje volvió ha declarar inexistente la huelga, pese a que el 16 de agosto de 2007 los trabajadores habían logrado un amparo emitido por el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Laboral. Así como la determinación de legalidad de la huelga, el 17 de diciembre, por parte del Primer Tribunal Colegiado en materia de Trabajo.

La resolución de la autoridad laboral está basada en una acción por demás mezquina, y hasta burlona, ya que después de más de cinco meses de que comenzó la huelga, la Junta se dio cuenta "que ésta no inició en el minuto exacto que fue señalado para su emplazamiento".

En el mismo resolutivo, la Junta Federal reconoce que existen las condiciones de inseguridad laboral, es decir, acepta que las demandas de los trabajadores son justas y apegadas a la realidad.

La dependencia federal señala en su boletín de prensa 002 con fecha 11 de enero de 2007: "La Secretaría del Trabajo y Previsión Social se mantendrá atenta a los esfuerzos que se lleven a cabo para reforzar las condiciones de seguridad e higiene en las instalaciones de la mina de Cananea y, una vez que sean normalizadas las actividades en este centro de trabajo, se dispondrá el desahogo de una inspección extraordinaria en la materia para verificar que Mexicana de Cananea, SA de CV, cumpla las normas aplicables".

Asimismo, nuevamente se volvió a favorecer a la empresa al ser notificada con mucha antelación sobre la declaración de inexistencia.

Además, el envío de la fuerza pública federal para desalojar a los huelguistas ocurrió viarias horas antes de que fuera notificado el sindicato, ya que arribaron el día jueves por la noche, tal como lo documentaron los medios informativos del estado de Sonora.

Al enviar la fuerza pública, y seguir manteniendo su presencia, se están utilizando recursos públicos por montos millonarios para defender los intereses económicos de una empresa privada como lo es la subsidiaría de Grupo México. Ya que los trabajadores, el sábado 12 de enero, lograron la suspensión provisional respecto del fallo emitido por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, otorgado por el Juzgado Sexto de Distrito en materia de Trabajo en el Distrito Federal, derivada del amparo promovido por el propio sindicato. En ese sentido, la presencia de la fuerza policial federal no tiene razón jurídica.

Pero lo más grave es la represión que se ejerció, y se sigue ejerciendo, por parte de Felipe Calderón, en contra del pueblo de Cananea. Durante el desalojo de las instalaciones de la mina se utilizaron gases lacrimógenos, y varios mineros resultaron gravemente golpeados.

A lo largo de estos días, tal como lo declaró Sergio Tolano, dirigente de los mineros de Cananea, ha habido amenazas, actos de intimidación y hostigamiento por parte de las fuerzas policiacas.

Cabe mencionar también la complicidad y complacencia del Gobierno de Sonora, encabezado por Eduardo Bours quién prestó auxilio a las fuerzas federales que han estado realizando medidas violentas en contra de los trabajadores. Al respecto, la intervención estatal en la represión se realizó con base en un oficio sin validez, toda vez que carecía de firma, emitido supuestamente por el Presidente de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, el Lic. Miguel Ángel Gutiérrez Cantú, solicitándole su colaboración para consumar el desalojo, tal como está consignado en el portal informativo de Internet Kiosco Mayor.

Como se señala en el punto de acuerdo presentado con anterioridad, es necesario recordar que Grupo México es responsable de la muerte de 65 mineros ocurrida el 19 de febrero de 2006 en las instalaciones de la mina de carbón Pasta de Conchos, en San Juan de Sabinas, Coahuila, por no ofrecer las medidas mínimas de seguridad para laborar ahí y soslayar las denuncias que vaticinaban una tragedia como la que efectivamente ocurrió.

De 2005 a 2006, la empresa obtuvo ganancias por más de 148 por ciento. Tan sólo en el primer trimestre del 2007, Grupo México reportó ganancias por más de 11 mil millones de pesos, lo que representa un incremento del 48 por ciento respecto de ese mismo lapso el año anterior. Tal y como lo aseguró en su momento el obispo de Saltillo, Raúl Vera López, quién vivió de cerca el siniestro de Pasta de Conchos, esas ganancias son a costa de la seguridad de los mineros de todo el país que trabajan para la empresa de Germán Larrea.

Por lo expuesto, someto ante esta soberanía la aprobación de la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al gobierno federal a retirar inmediatamente a la Policía Federal Preventiva, así como, para solucionar exclusivamente por la vía pacifica, con estricto apego a la ley y el respeto a los derechos laborales, las demandas de los trabajadores de la mina de cobre Mexicana de Cananea, Sonora, integrantes de la sección 65 del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana.

Segundo. Se exhorta a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social ha que verifique en forma inmediata el cumplimiento de las obligaciones patronales en materia de seguridad e higiene en dicho centro de trabajo.

Tercero. Se exhorta al gobierno constitucional del estado de Sonora a respetar las manifestaciones que, en ejercicio de las garantías individuales que consagra nuestra Constitución, realicen los trabajadores a que alude el punto anterior.

Cuarto. Finalmente, se exhorta a las partes involucradas en este conflicto a encontrar por la vía del diálogo una solución a este conflicto en un marco de respeto a los derechos individuales y colectivos consagrados en el artículo 123 constitucional, la Ley Federal del Trabajo, el contrato colectivo de trabajo vigente y las demás disposiciones que sean aplicables.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de enero de 2008.

Diputado Carlos Ernesto Navarro López (rúbrica).

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A PUBLICAR LOS PROGRAMAS SECTORIALES, ESPECIALES, INSTITUCIONALES Y REGIONALES EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, A CARGO DE LA DIPUTADA MARÍA DEL PILAR ORTEGA MARTÍNEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN

Los suscritos, diputados María del Pilar Ortega Martínez y Ector Jaime Ramírez Barba y senador Humberto Andrade Quezada, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo para exhortar al Ejecutivo federal a publicar los planes sectoriales en el Diario Oficial de la Federación, al tenor de las siguientes

Consideraciones

En nuestro país, de conformidad con la Ley de Planeación, la planeación nacional del desarrollo es la ordenación racional y sistemática de acciones que, con base en ejercicio de sus atribuciones, el Ejecutivo federal realiza en materia de regulación y promoción de la actividad económica, social, política, cultural, de protección al ambiente y aprovechamiento racional de los recursos naturales, que tiene como propósito la transformación de la realidad del país.

Dicha planeación se realizará a través de un sistema de planeación democrática en el que con la consulta de la sociedad y la consulta y recomendaciones del Congreso de la Unión se llega a un documento que permite la planeación nacional. Es decir, todos los actores interesados participan en la conformación de planes y programas que fomentan el desarrollo nacional.

El producto de este ejercicio democrático es el Plan Nacional de Desarrollo, en virtud del cual se ejercen las acciones de gobierno a lo largo de un sexenio para fomentar el desarrollo y la sustentabilidad en el país.

Además de dicho plan, se establecen los "programas sectoriales", a través de los cuales las distintas dependencias de la administración pública federal participan en la planeación democrática. Dichos planes guían la actuación de dichas dependencias y la ejecución de las políticas públicas, considerando siempre el alcanzar un país más desarrollado, que ofrezca mejores oportunidades y calidad de vida a sus habitantes en el contexto de una visión a futuro.

Sumado al Plan Nacional y a los planes sectoriales, también se generan planes institucionales, regionales y especiales elaborados por las distintas entidades de la administración pública federal.

En cumplimiento de la Ley de Planeación, el Plan Nacional de Desarrollo 2007–2012 se publicó el 31 de mayo de 2007 en el Diario Oficial de la Federación.

Es de destacarse que en la administración del presidente Calderón, este plan fue el que más pronto se ha publicado en comparación con los últimos sexenios.

Además, tanto el Plan Nacional de Desarrollo como los planes sectoriales que de él derivan, contienen estrategias, objetivos y líneas de acción claras que permiten sujetar la acción del gobierno a indicadores del desempeño y a la evaluación y monitoreo ciudadano. Esta es en realidad la innovación de la planeación democrática en estos tiempos.

Esta característica tan innovadora también la comparten los planes institucionales y especiales que han sido presentados, como el caso del Programa Nacional de Salud 2007–2012.

Un ejemplo de ello es que este programa contiene un esquema epidemiológico nacional y una prospectiva de lo que el Sistema Nacional de Salud tendría que ser hacia el 2030. Para lograr lo anterior, el programa contiene 5 objetivos sectoriales y 10 líneas estratégicas de las cuales emanan 64 líneas de acción; todas ellas serán evaluadas a través del seguimiento de indicadores y la verificación del cumplimiento de las metas comprometidas.¹

Como podemos observar, los planes y programas sirven, no sólo para esquematizar la acción de gobierno, sino para someter dicha acción a indicadores del desempeño y a la evaluación de la ciudadanía, además de ligar dichas acciones a recursos públicos que logren el cumplimiento de metas y objetivos.

Sobra decir que en dicho esquema de planeación democrática es fundamental la publicidad de dichos planes y programas. Por ello, la Ley de Planeación contempla en sus artículos 30 y 31 la publicación del Plan Nacional de Desarrollo y de los programas sectoriales en el Diario Oficial de la Federación. De dichas disposiciones se entiende que también los programas institucionales, regionales y especiales deberían de publicarse en el Diario Oficial de la Federación dado que emanan del propio Plan Nacional de Desarrollo y tienen su fundamento en el Sistema de Planeación Democrática.

Sin embargo, por alguna razón, aún no se han publicado en el Diario Oficial los programas sectoriales ni algunos de los programas institucionales o especiales, como es el caso del Programa Nacional de Salud 2007–2012. Es por ello que resulta fundamental exhortar al Ejecutivo a publicarlos lo antes posible para darles carácter de oficial y obligatoriedad, además de lograr la transparencia y publicidad necesaria.

El objetivo de este punto de acuerdo es entonces exhortar al Ejecutivo federal a publicar los programas sectoriales derivados del Plan Nacional de Desarrollo, así como los programas institucionales, especiales y regionales que ya hayan sido presentados y no se encuentren publicados.

Por lo anteriormente expuesto, pongo a consideración de esta honorable asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta al Ejecutivo federal a que publique en el Diario Oficial de la Federación los programas sectoriales que hayan sido presentados a la sociedad, pero que no se encuentren publicados en dicho órgano de difusión. Así como a publicar los programas institucionales, especiales y regionales que se encuentren en la misma situación; lo anterior en cumplimiento de las disposiciones establecidas en la Ley de Planeación.

Nota:
1. Córdova Villalobos, José Ángel. Discurso pronunciado el 29 de noviembre de 2007 en Santiago Yogaza, Oaxaca.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de enero de 2008.

Diputados Ector Jaime Ramírez Barba (rúbrica), Pilar Ortega Martínez. Senador Humberto Andrade Quezada.

CON PUNTO DE ACUERDO, PARA EXHORTAR AL EJECUTIVO FEDERAL A ELABORAR UN PROGRAMA INTEGRAL DESTINADO A MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA DE LOS INTEGRANTES DEL EJÉRCITO MEXICANO, A CARGO DEL SENADOR CARLOS LOZANO DE LA TORRE, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI

Los que suscriben, senadores integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LX Legislatura del Congreso de la Unión, de conformidad con lo previsto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a la consideración de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión la presente proposición con punto de acuerdo, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

Mientras los medios de comunicación nos reportaban hace unos días, sangrientos combates de miembros del Ejército mexicano -y otras corporaciones de seguridad- con bandas armadas del crimen organizado, nos daban cuenta también del elevado número de quienes abandonan sus filas y, más preocupante aún, que tres de cada diez desertores de las Fuerzas Armadas, se incorporan al crimen organizado.

Si contextualizamos esta noticia nos daremos cuenta de lo delicado de la situación.

En Tamaulipas hubo un enfrentamiento con un saldo de cinco militares y otros tantos policías heridos. Por el lado de los delincuentes hubo cinco sicarios muertos, diez heridos e igual número de detenidos.

Desafortunadamente, son cada vez más recurrentes este tipo de encuentros violentos en los que soldados y policías exponen la vida en cumplimiento de su deber, enfrentados a verdaderos ejércitos de delincuentes con enorme capacidad de fuego, en una lucha que ha demandado cada vez una mayor intervención del ejército mexicano, por ser la institución mejor preparada ante la dimensión de los desafíos del crimen organizado aunque, lamentablemente, por eso mismo se le ha sometido a un enorme desgaste.

No olvidemos que el Ejército debe cumplir también con otras tareas que la ley le fija, como es defender la integridad, la independencia y la soberanía de la nación, lo que tiene que ver con el resguardo de instalaciones estratégicas, o el auxilio a la población en casos de desastres naturales, el mantenimiento del orden en estos casos y el restablecimiento de las condiciones normalidad después de esos desastres, como aún lo estamos viendo en Tabasco. Son los soldados y marinos mexicanos los primeros en estar al lado de la población afectada por las inclemencias del tiempo, por su gran disciplina y sentido de responsabilidad.

Por ello, es por demás preocupante enterarnos del fenómeno de la deserción. De acuerdo con los datos de la Secretaría de la Defensa Nacional, citados por Carlos Marín en Milenio, entre 2002 y 2006 abandonaron las filas del Ejército 151 mil 533 militares. Aunque son variadas las causas, como retiro, solicitud de baja, mala conducta, defunción, la causa mayor es la deserción.

Los datos indican que en 5 años el Ejército tuvo que renovar más del 70 por ciento de sus filas, y todo el que haya viajado en metro en estos años habrá podido constatar los esfuerzos que realizan las juntas de reclutamiento militar para convencer a jóvenes a incorporarse a las distintas corporaciones del Ejército, instalando módulos o repartiendo volantes en la terminales de mayor afluencia.

Quienes se incorporan lo hacen más por necesidad que por vocación y esto hace que la dura vida militar, el elevado riesgo de las misiones, la lejanía de la familia y del lugar de origen y, de manera particular los bajos salarios ante el cúmulo de riesgos y de responsabilidades, empuje a los jóvenes soldados a la deserción. Lo más grave es que, si la información que ha trascendido es verídica, un tercio de quienes desertan se incorporan al crimen organizado, lo cual sería explicable por el poder corruptor de los cuantiosos recursos que manejan las organizaciones de dedicadas al tráfico de drogas y a otras actividades ilícitas.

El sistema tampoco permite pensar en la carrera militar como una opción para los jóvenes con ambiciones de superación, no es posible y mucho menos atractivo, que un general se jubile sólo con su sueldo base, lo que resulta que muchos de estos tengan que reincorporarse a la vida militar en el mejor de los casos.

El problema de la vocación alcanza también a las instituciones del sistema educativo militar. De acuerdo con datos del 2004, en ese año la matrícula descendió de un promedio de mil inscripciones anuales a apenas 479 ingresos en el Heroico Colegio Militar. La Secretaría de la Defensa puso en marcha una intensa campaña para despertar en más jóvenes la vocación del servicio de las armas, cuyos resultados sería importante conocer, aunque ante el creciente número de deserciones, es poco probable que el crecimiento de la matrícula haya tenido un comportamiento ascendente.

Es claro que ante el tamaño del problema no basta el endurecimiento de las medidas disciplinarias o las amenazas de duros castigos, aunque estos sean necesarios, sobre todo para quienes se incorporan al crimen organizado. Se requiere además generar las condiciones materiales y los estímulos económicos y de reconocimiento social que propicien la permanencia de los elementos del Ejército en sus puestos, y atraigan a más jóvenes a la vocación militar en sus distintas facetas. Nuestro grupo parlamentario considera que este tema es de gran importancia para la seguridad nacional, en el contexto del combate al crimen organizado que ha llegado a desafiar abiertamente a las instituciones del Estado.

Si bien es cierto que a partir de enero de este año los salarios se incrementaron de manera proporcional –los más bajos hasta el 40 por ciento- esto apenas fue suficiente para recuperar algo del terreno perdido, ya que los salarios continúan siendo muy bajos.

El sueldo neto de soldados y marinos en 2006 fue de 3 mil 865 pesos al mes, y con el aumento quedará en 5 mil 217 pesos; los cabos que ganan 4 mil 207 recibirán 5 mil 679 pesos; sargentos segundo y tercer maestres pasarán de 4 mil 974 a 6 mil 714 pesos, y los sargentos primeros que ganaban 5 mil 219 recibirán 7 mil 45 pesos. Los oficiales de menor rango tuvieron un aumento, aunque en menor proporción que sus compañeros de tropa.

Se requiere hacer un esfuerzo mayor para que los soldados y sus familias cuenten con mejores servicios educativos y de salud, vivienda digna, que vean compensados los elevados riesgos que corren con el fortalecimiento de su vida familiar, propiciada por la propia institución armada, así como también con la adecuada compensación económica y el reconocimiento de la sociedad a sus esfuerzos. El espíritu de cuerpo y la moral del Ejército se fortalecen con una vida familiar cohesionada y sin privaciones, y los estímulos, no sólo económicos sino de reconocimiento, son un acicate para su mejor desempeño.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al Ejecutivo federal a elaborar un programa integral encaminado a mejorar los ingresos y las condiciones de vida de los soldados y marinos mexicanos, en un sentido amplio, considerando el bienestar de sus familias en los aspectos de educación, salud y vivienda, así como también el estímulo a la convivencia familiar y el reconocimiento social a su desempeño, de tal manera que se fortalezca la moral del Ejército y la Armada, en cumplimiento de sus delicadas tareas, y se coadyuve a disminuir los casos de deserción.

Segundo. Asimismo, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita al secretario de la Defensa Nacional información estadística oficial sobre los casos de deserción en el Ejército y la valoración de dicha dependencia sobre las razones del elevado número de deserciones, en caso de confirmarse dicha información.

Tercero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita al titular del ramo las acciones que se han realizado con el fin de promover el crecimiento de la matrícula en el sistema educativo militar, sus resultados, así como los esfuerzos adicionales que se requieren.

Senadores: Fernando Castro Trenti (rúbrica), Alfonso Elías Serrano, Alejandro Moreno Cárdenas (rúbrica), José Calzada Rovirosa (rúbrica), Adolfo Toledo Infanzón (rúbrica), Carlos Lozano de la Torre (rúbrica).

CON PUNTO DE ACUERDO, RESPECTO A LA MODIFICACIÓN DE LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROÁRBOL, EJERCICIO 2008, A CARGO DEL SENADOR SILVANO AUREOLES CONEJO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD

Punto de Acuerdo

Punto Resolutivo

Se exhorta al Ejecutivo federal para que en el ejercicio de sus atribuciones, gire sus apreciables instrucciones a los titulares de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, maestro en ciencias Juan Rafael Elvira Quezada y al director general de la Comisión Nacional Forestal, biólogo José Cibrián Tovar para que:

A) Sean llevadas a cabo las modificaciones que correspondan a las Reglas de Operación del Programa Pro-Árbol, que resulten de aplicar con estricto apego a lo dispuesto por el artículo 25 de la Carta Magna y particularmente a lo que se refieren los párrafos sexto, séptimo y octavo del artículo en comento;

B) Otorguen una prorroga a todos los posibles beneficiarios y aspirantes al Programa Pro-Árbol (Ejercicio de 2008), con el objeto de que los términos fatales a los que se refiere la convocatoria publicada el día de hoy en el Diario Oficial de la Federación y aplicables a las Reglas de Operación del programa en cita, corran a partir del 1 de febrero del año en curso.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 16 de enero de 2008.

Senador Silvano Aureoles Conejo (rúbrica)

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE LA COMISIÓN PERMANENTE EXHORTA A LOS TITULARES DEL PODER EJECUTIVO DE LOS ESTADOS, A LAS LEGISLATURAS LOCALES, AL JEFE DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL Y A LA ASAMBLEA LEGISLATIVA A REALIZAR LAS ADECUACIONES LEGALES NECESARIAS A FIN DE AUMENTAR LA EDAD MÍNIMA PARA CONTRAER MATRIMONIO, A CARGO DEL SENADOR GUILLERMO TAMBORREL SUÁREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN

Adriana González Carrillo y Guillermo Tamborrel Suárez, senadores de la república de la LX Legislatura, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a la consideración del Pleno de esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los titulares del Poder Ejecutivo de los estados, a las legislaturas estatales, al jefe del Gobierno del Distrito Federal y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, a realizar las adecuaciones legales necesarias para aumentar la edad mínima para contraer matrimonio, con base en las siguientes

Consideraciones

300 millones de niñas y niños están expuestos a la violencia, la explotación y los abusos, incluidas las peores formas de trabajo infantil y esclavitud en conflictos armados; asimismo, están sometidos a prácticas dañinas como la mutilación genital femenina y el matrimonio infantil, señala el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia.

Sobre el último punto, resulta inadmisible que en el siglo XXI persistan prácticas mediante las cuales las niñas son obligadas a casarse. Situación que las obliga a dejar sus estudios y las priva de la búsqueda de sus sueños materiales y personales.

Seguramente muchas de las niñas que se casaron, se "juntaron" o fueron obligadas a ello, quisieron ser doctoras, maestras, licenciadas, ingenieras, etétera, o incluso casarse y compartir la vejez con el hombre que ellas eligieron y no con aquel al que fueron entregadas simplemente por la entrega de una despensa, un animal de crianza, un burro o un caballo.

Estimaciones de la Red por los Derechos de la Infancia indican que en el país hay 388 mil 831 niños y niñas entre 12 y 17 años de edad que están casados o viven en unión libre.

Resulta lamentable que la mayoría de los códigos civiles en el país no establezcan como la edad mínima para casarse los 18 años, pues debemos recordar que toda persona que no ha cumplido esa edad debe ser considerada como niña o niño y, por tanto, debe recibir la mayor asistencia por parte del Estado para su supervivencia y sano desarrollo.

De acuerdo con un importante estudio de la Red, la mayoría de los códigos civiles de los estados, 25 en total, establecen como las edades mínimas para casarse las de 14 años para mujeres y 16 años tratándose de los hombres.

Por otra parte, el estudio señala que los códigos civiles de Chiapas, Jalisco, Morelos y Puebla consideran a los 16 años, tanto para niñas como niños, la edad mínima para casarse. Por su parte, Baja California Sur establece la edad de 18 años para los varones y 16 para las mujeres.

De acuerdo con esas investigaciones, únicamente los códigos civiles de Guerrero e Hidalgo establecen los 18 años, tanto para el hombre como para la mujer, como edad mínima para contraer matrimonio.

En el Distrito Federal, los menores de edad podrán contraer matrimonio siempre que ambos hayan cumplido 16 años. Para tal efecto, se requerirá del consentimiento del padre o la madre o en su defecto el tutor; y a falta o por negativa o imposibilidad de éstos, el juez de lo familiar suplirá dicho consentimiento, el cual deberá ser otorgado atendiendo a las circunstancias especiales del caso.

También es lamentable que en varios códigos penales a los aprovechados que abusan de las niñas por medio del engaño se les perdone simplemente si se casan con ellas.

Lo anterior es una clara muestra de cómo en el plano legislativo el interés superior de la infancia ha quedado relegado, ya sea por la omisión de quienes debemos legislar a su favor o bien porque en muchos de los casos prevalecen los intereses o la conveniencia de los padres.

No debemos olvidar que ante todo y por encima de todo debe estar el bienestar del niño, en congruencia con el principio del interés superior de la infancia plasmado en la Convención sobre los Derechos del Nino, precepto que debe guiar la expedición de las normas y la hechura de las políticas públicas en cualquiera de sus vertientes.

Sobre ese orden de ideas, es de destacar que desde el 10 de noviembre de 1982 fue aprobada por el Senado de la República, la Convención sobre el Consentimiento para el Matrimonio, la edad mínima para contraer matrimonio y el registro de los matrimonios, cuya entrada en vigor para México fue el 23 de mayo de 1983.

Esta convención menciona en su preámbulo que los Estados deberán dictar las disposiciones adecuadas con objeto de abolir dichas costumbres, antiguas leyes y prácticas, entre otras cosas, que aseguren la libertad completa en la elección del cónyuge, aboliendo totalmente el matrimonio de los niños y la práctica de los esponsales de las jóvenes antes de la edad núbil, y que adoptarán las medidas legislativas necesarias para determinar la edad mínima para contraer matrimonio.

Sin embargo, hasta el momento no se han realizado cambios trascendentales en las leyes o acciones programáticas relevantes para cumplir con ese mandato.

Por otra parte, la Convención sobre los Derechos del Niño establece de forma indirecta la necesidad de aumentar la edad mínima para contraer matrimonio, inicialmente desde la definición de niño como todo ser humano menor de 18 años. A su vez, el Comité de los Derechos del Niño de la Organización de las Naciones Unidas, al emitir sus recomendaciones a nuestro Estado en el año 2006, externó su preocupación porque en México la edad mínima para contraer matrimonio sea tan baja y distinta para las niñas (14) y los niños (16), manifestando en consecuencia la siguiente recomendación al Estado mexicano:

"El comité alienta al Estado parte a que aumente la edad mínima para contraer matrimonio, tanto para las niñas como para los niños, y establezca la misma edad para ambos a un nivel internacionalmente aceptable. El comité también aconseja al Estado parte que emprenda campañas de información y adopte otras medidas para impedir los matrimonios precoces. A este respecto, el comité se refiere también a la recomendación del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales". A pesar de ello, actualmente se siguen manteniendo esas edades y, como se mencionó, no existen cambios significativos para elevar la edad mínima para contraer matrimonio, además de prevalecer una escasa presencia de políticas públicas encaminadas a fomentar y evitar los matrimonios precoces en niños y adolescentes.

Así también el Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, Especialmente Mujeres y Niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, aprobado por el Senado el 22 de octubre de 2000 y publicada su promulgación el 10 de abril de 2003, manifiesta que para los fines del mismo debe entenderse por trata de personas entre otras cosas la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación.

El protocolo manifiesta que esa explotación incluirá, como mínimo entre otras cosas, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud y la servidumbre, aspectos que ocurren cotidianamente como práctica, costumbre o uso común en los Estados.

En concordancia con ello, la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, aprobada el año pasado, manifiesta en su artículo 5 que debe entenderse por trata de personas:

"Comete el delito de trata de personas quien promueva, solicite, ofrezca, facilite, consiga, traslade, entregue o reciba, para sí o para un tercero, a una persona, por medio de la violencia física o moral, engaño o el abuso de poder para someterla a explotación sexual, trabajos o servicios forzados, esclavitud o prácticas análogas a la esclavitud, servidumbre, o a la extirpación de un órgano, tejido o sus componentes". Igualmente, dicha ley establece que tratándose de personas menores de edad o que no tengan la capacidad para comprender el significado del hecho o tengan capacidad para resistirlo, no se requerirá acreditación de los medios comisivos, esto es que la carga de la prueba correrá a cargo de la persona que sea acusada de trata; siendo, como hemos visto, delgada la línea entre estas conductas reprochables y las costumbre que se desarrollan en muchos estados de la república.

Es inadmisible que a nuestra niñez se le dé un valor como si se tratase de mercancías; es decir, objetos sujetos al comercio.

No sabemos cuántas de esas niñas y jovencitas han sido engañadas, ultrajadas y después usadas por sinvergüenzas que posteriormente las prostituyen en las grandes ciudades como la ciudad de México.

Es por ello que no debemos ser omisos ante esta lamentable realidad y debemos impulsar todas aquellas acciones que protejan a nuestra niñez de explotación y abusos.

Nos queda claro que este problema no se resuelve solamente con las modificaciones legislativas a las que invita el presente punto de acuerdo, puesto que este problema tiene una connotación cultural importante.

Es por ello que también se invita a los gobiernos estatales a establecer programas de orientación a niños, adolescentes y a sus familias en materia de matrimonio y sus responsabilidades, para que en su momento y llegada una edad razonable asuman esta comunión con plena conciencia y compromiso.

Por lo anteriormente argumentado, se somete a la consideración de esta honorable Comisión Permanente, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los titulares del Poder Ejecutivo de los estados, a las legislaturas estatales, al jefe del Gobierno del Distrito Federal y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a realizar las adecuaciones legales necesarias para aumentar la edad mínima para contraer matrimonio a los 18 años, realizando en paralelo, políticas públicas y programas encaminados a evitar las causas que ocasionan matrimonios precoces o a temprana edad.

Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los titulares del Poder Ejecutivo de los estados, a las legislaturas estatales, al jefe del Gobierno del Distrito Federal y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a realizar las adecuaciones legales necesarias para eliminar dentro de la figura del estupro, la excluyente de responsabilidad para el probable responsable cuando contraiga matrimonio con el adolescente o la adolescente, con el propósito de evitar que, bajo el amparo de esa figura, los responsables de actos reprochables evadan la correspondiente responsabilidad penal.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de enero de 2008.

Senadores: Guillermo Tamborrel Suárez (rúbrica), Adriana González Carrillo.

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL SECRETARIO DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES A CONVOCAR A UNA MESA DE CONCERTACIÓN DE ACCIONES CON EL SECTOR DE AUTOTRANSPORTE DE CARGA, PÚBLICO Y PRIVADO, PARA PROMOVER LA COMPETITIVIDAD Y LA SEGURIDAD, RESPECTO A LA PROY-NOM-012-SCT-2003, A CARGO DEL DIPUTADO GREGORIO BARRADAS MIRAVETE, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN

El suscrito, diputado federal Gregorio Barradas Miravete, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LX Legislatura, con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite someter a consideración de esta soberanía una proposición con punto de acuerdo, con base en los siguientes

Antecedentes

La Norma de Peso y Dimensiones de los vehículos de autotransporte que autoriza 81.5 ton para los fulles, ha sido un tema de debate de los últimos 13 años, que la Secretaría de comunicaciones y Transportes, no ha podido resolver por falta de aceptar estudios técnicos y económicos que demuestren los efectos reales de reducir a 75.5 ton. el peso a las configuraciones con doble remolque, así como de otras unidades sencillas.

Por el contrario, existen estudios realizados por el Instituto de ingeniería de la UNAM, del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, de la Universidad Autónoma de Nuevo León, del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente (ITESO) y del Instituto Mexicano del Transporte (IMT) que señalan que las configuraciones doblemente articuladas con PBV superior a 80 ton. se encuentran dentro del margen de seguridad de las estructuras y dañan menos a los puentes.

Consideraciones

Punto 1. Para el desarrollo de México e impulsar la competitividad del autotransporte y lograr la expansión económica, se debe ser congruente con los propósitos de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal (LCPAF; DOF 22 dic. 1993) que rige a este sector y que señala, "la importancia de llevar a cabo la construcción de carreteras con más de medio siglo de existencia, cuyas características fueron realizadas para un tipo de transporte que no se asemeja en nada a los modernos vehículos, pues las especificaciones son diferentes en cuanto al peso y dimensiones. Se requiere de carreteras adecuadas en cuanto a diseño y soportes técnicos que fijen a nivel de Ley las reglas rectoras de caminos, puentes y autotransporte federal".

La SCT no cuenta con las normas oficiales mexicanas que determinan las características y especificaciones técnicas de los caminos y puentes que establece la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, solamente ha mostrado normas y manuales técnicos o referencias de especificaciones internacionales de la American Association of State Higway and Transportation Officiales (AASHTO), que no tienen el rango jurídico y los efectos de aplicación como lo indica la ley de la materia.

La propuesta de disminución del peso bruto vehicular tendría implicaciones económicas estimadas en más de 3 mil millones de pesos anuales, afectando a los usuarios, consumidores y a la competitividad del país.

Por tanto, no se puede hablar de un exceso de peso y dimensiones de los vehículos de carga, puesto que no existen las NOM que indiquen la resistencia y capacidad de los pavimentos y puentes, y por eso no se puede establecer un límite de peso y dimensiones técnicamente sustentado; además la misma SCT, a partir del reglamento de peso y dimensiones de 1980, autorizó 77.5 ton. para los vehículos fulles y dio incrementos de peso a las configuraciones sencillas que de acuerdo a sus propios estudios, deterioran en mayor grado respecto de los fulles, la infraestructura de caminos y puentes (ver anexo de "Costo de Deterioro de Pavimento por Tipo de Vehículo").

Punto 2. Tráfico en las carreteras

De acuerdo con el reglamento y la NOM de peso y dimensiones vigente, los fulles están confinados a transitar en carreteras tipo ET, A y B de 4 y 2 carriles, donde prácticamente los autobuses no circulan y los pocos que lo hacen no tienen filtros para rebasar dado que las autopistas tienen carriles más amplios y exclusivos para el tránsito de carga.

En términos reales la mayoría (80 por ciento) de los usuarios de la población económicamente activa que se transportan a diario de sus hogares a sus trabajos o escuelas (2,360 millones de pasajeros), lo hacen en autobuses de servicios inferiores al de primera de lujo y ejecutivo, corridas que utilizan comúnmente rutas de carreteras secundarias o alimentadoras, ya que la mayoría de sus orígenes y destinos, están en todas las ciudades medianas o poblaciones menores que no cuentan con autopistas, por lo que los lentos tránsitos se originan por la propia geometría de las carreteras y de los propios autobuses, como de los automóviles y camiones de carga unitarios y sencillos autorizados en esas carreteras que no son fulles, además de los consecuentes conflictos viales que se generan a las entradas de las ciudades por la falta de infraestructura vial.

Punto 3. Impacto económico

La SCT basado en un estudio que contrató al Instituto del Transporte de Texas (ITT), argumenta que el mantener el peso vigente de 81.5 ton. en lugar de 75.5 ton. al full, en la nueva Norma Oficial Mexicana NOM-012-SCT-2-2003, gastaría más de 9 mil millones de pesos por sustitución de puentes y mantenimiento de carreteras, que incluye el paso de todos los vehículos (automóviles, autobuses y camiones) que transitan en las carreteras. El estudio solamente tomó en cuenta los efectos que genera el full, sin medir los efectos totales de las 18 configuraciones restantes autorizadas por la SCT, además de que los cálculos son erróneos por considerar los costos de operación basados en el Peso Bruto Vehicular en lugar de considerar la Carga Útil, que es la que paga el flete ( ver Anexo, "Análisis disminución de 6 tons."), y según el ITT el resultado se observa como un beneficio para el país, y corregido se transforma en un impacto para la industria.

Por ello, de aprobarse la disminución del PBV a 75.5 ton. para el T3-S2-R4 (full), las implicaciones económicas, estimadas son más de 3,000 millones de pesos anuales, negativos para las empresas afectadas, para los consumidores y por tanto, para el país.

Los incrementos de costos aquí señalados impactarán los precios al consumidor y en mayor grado, a aquellos productos de bajo precio y alto peso (productos agrícolas y alimentos, etcétera), para los cuales el transporte es un elemento relevante de sus costos totales.

La Comisión Federal de Competencia (Cofeco), en respuesta dirigida a la Cofemer, recomienda revisar otras opciones en lugar de disminuir el PBV autorizado a las configuraciones doblemente articuladas, buscando evitar consecuencias negativas para los consumidores en general (se anexa oficio para análisis en la comisión).

Punto 4. Seguridad

Con base en el Anuario estadístico de accidentes en carreteras federales del estudio técnico No. 36 del IMT-2006, elaborado con información de la Direcciones Generales de Autotransporte Federal y de Servicios Técnicos de la SCT y la base de datos de la Policía Federal de Preventiva (PFP), se registra que en los últimos 10 años, se han reducido en un 52 por ciento el número de accidentes carreteros, y de acuerdo a los factores de participación resulta que el conductor participa con el 72.5 por ciento, la infraestructura con el 15.4 por ciento, los agentes naturales con el 8 por ciento y el vehículo incide en el 4.1 por ciento del 100 por ciento de total de accidentes carreteros; de este 4.1 por ciento las causas más comunes son: las llantas, frenos, ejes, dirección y suspensión y lo que menos afecta es el sobrepeso que representa sólo 0.2 por ciento y prácticamente el exceso de dimensiones es nulo (0 por ciento); podemos ver que el vehículo por su tamaño es el que menos impacta en el índice de accidentes en carreteras (se anexa estudio técnico No. 36, 2006 del IMT).

Punto 5. Medio ambiente

La configuración doblemente articulada T3S2R4 (full) es la que menos daño ocasiona al medio ambiente, toda vez que es la que menor cantidad de emisiones contaminantes emite al medio ambiente por tonelada/km transportada debido a que consume menor cantidad de combustible al transportarse con carga, además de que al movilizarse en vacío transporta también en un sólo viaje dos remolques a su destino regular, menor consumo de lubricantes y neumáticos por unidad de toneladas transportadas.

En conclusión, el T3S2R4 relativamente con otras configuraciones afecta menos al ambiente. De requerirse más viajes y éstos migrar a otras configuraciones impactaría de forma negativa al medio ambiente.

Punto 6. Regulación internacional

Red internacional de carreteras (TLCAN)

Se observa una gran discrepancia en los sistemas carreteros en cuanto a su longitud, que por supuesto esta acotado a los tamaños de cada país; no obstante, podemos señalar que nuestros socios comerciales han planeado una estrategia comercial basado en la competitividad ya que han establecido redes carreteras donde permiten el tránsito de camiones más grandes y pesados, con esto se puede ver que las capacidades de los puentes en esos países no es una limitante para la circulación de las cargas que deben moverse de una región a otra.

La normatividad aplicable a nivel internacional es competencia de cada país por otra parte si en México ya contamos con ventajas competitivas en la operación del autotransporte y los sistemas de transportación son propios de cada país y para intercambiar productos cada quien se sujetará a las regulaciones domesticas al país que requiera ingresar, de acuerdo con las reglas de operación, resultado de los acuerdos trilaterales del TLCAN.

Cabe mencionar que EU cuenta con permisos especiales para cargar mayores pesos en forma estatal, un ejemplo son los estados de IOWA permite 230 mil libras = 104.3 ton., Connecticut permite 210 mil libras = 95.3 ton., Minesota permite 201 mil libras = 91.0 Ton., Massachussets no establece límites de peso, entre otros.

Punto 7. Verificación

La SCT cuenta con un sistema de verificación de peso y dimensiones en carretera que no opera al 100 por ciento por falta de mantenimiento, para hacer cumplir la Norma, desde el año 2000 solamente cuenta 10 centros de pesaje, en los últimos años no se ha han ejercido los presupuestos para este rubro, como ejemplo en el ejercicio 2007, se lanzó la Licitación Pública Internacional No. 00009007-001-07 para la adquisición de báscula portátil con oficina y sistema de pesaje en movimiento (ITS), misma que fue Cancelada, por que no se pudo concretar la autorización de la SHCP, para la formulación del contrato(se adjunta Fallo SCT-FI-10-23).

Punto de Acuerdo

Único. Que el secretario de Comunicaciones y Transportes convoque a una mesa de concertación de acciones con la participación de la academia mexicana y la industria del sector de autotransporte de carga, público y privado, para promover la competitividad y la seguridad en lo relativo a los pesos y las dimensiones que debe regir en la Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-012-SCT-2-2003, "Peso y dimensiones máximas con que pueden circular los vehículos de autotransporte que transitan en los caminos y puentes de jurisdicción federal", antes de la publicación oficial en el DOF de la norma, y motivando la inversión del sector privado. considerando la conectividad de los ejes carreteros para el desarrollo económico del país.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de enero de 2008.

Diputado Gregorio Barradas Miravete (rúbrica)

CON PUNTO DE ACUERDO, EN FAVOR DE LOS MIGRANTES MEXICANOS EN ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, A CARGO DEL DIPUTADO SALVADOR BARAJAS DEL TORO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI

Como es bien sabido, la migración internacional es uno de los mayores fenómenos globales que se vive en todo el mundo en nuestros días, en el mundo moderno la movilidad de personas que cruzan las fronteras y límites internacionales es cada vez mayor, e incluso hacia países distantes.

Recientes estudios demuestran que en la gran mayoría de los casos, los movimientos poblacionales obedecen a estímulos relacionados con la búsqueda de mejores condiciones de vida, mediante diversos y complejos factores estructurales, como las diferencias económicas, la creciente interdependencia y las intensas relaciones e intercambios entre naciones.

Por supuesto, el caso de la migración entre México y los Estados Unidos de América, no es una excepción, al contrario, es actualmente uno de los más dinámicos a nivel internacional. Dicho movimiento representa un complejo fenómeno, que cuenta con una amplia tradición histórica y con raíces cimentadas en los dos lados de la frontera.

Entre algunos de los más importantes factores que han contribuido al dinamismo de este complejo y elaborado sistema migratorio, se encuentran la constante demanda de mano de obra mexicana en los sectores agrícolas, industrial y de servicios en la llamada Unión Americana; así como la gran diferencia salarial entre nuestro país y el vecino del norte; la elevada tasa de crecimiento poblacional de México en edad laboral; la escasa movilidad de nuestra economía para incorporar el excedente de mano de obra; y sobre todo, debido al factor de tradición migratoria hacia ese país que se vive en diversos estados de la república mexicana.

Es conveniente recalcar que los trabajadores mexicanos son considerados, en muy diversos sectores de la actividad económica como un componente esencial del trabajo manual realizado en los Estados Unidos; máxime ahora, cuando se prevé que ese país enfrentará en los próximos años una aguda escasez de fuerza laboral.

Según datos del Consejo Nacional de Población (Conapo) desde 1998 y hasta 2008, podría acumularse en los Estados Unidos un excedente de hasta 5 millones de empleos sin trabajadores para ocuparlos, al mismo tiempo más de la mitad de los empleos creados requerirían personal con un modesto entrenamiento y una educación formal por debajo del nivel de preparatoria.

No obstante todo lo anterior, el clima antimigrante hacia los mexicanos en los Estados Unidos ha crecido de manera alarmante.

La discriminación y la marcada xenofobia hacia nuestros paisanos ha sido de tal magnitud, que ha llegado hasta el asesinato, lo que ha encendido focos rojos en el país y por ello se hizo necesario que en una de las sesiones pasadas de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, todas las fuerzas aquí representadas nos uniéramos para solicitar el puntual esclarecimiento del caso de los cuatro mexicanos –originarios de San Luis Potosí– que fueron ultimados hace unas semanas en el condado de Hamilton, en el estado de Ohio, Estados Unidos.

Sin embargo, de nada o poco servirá que levantemos la voz, si el clima de hostigamiento y persecución; si la discriminación y la xenofobia; si la constante violación de los derechos humanos más elementales de los mexicanos en Estados Unidos, e incluso de nuestro lado de la frontera, como vimos hace apenas unos días cuando agentes migratorios estadounidenses lanzaron bombas de gas lacrimógeno hacia nuestro territorio, sigue siendo cosa de todos los días por parte de autoridades de ese país.

Igualmente, si de manera muy lamentable nos percatamos constantemente que la aportación que realizan los migrantes mexicanos a la economía estadounidense y el tema migratorio, no sean discutidos formalmente en el debate electoral estadounidense, con miras a las elecciones presidenciales de 2008.

Sin duda que este clima de hostilidad y endurecimiento de las medidas anti inmigrantes mantiene sumamente angustiados a nuestros connacionales que residen Estados Unidos, en donde, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Latinos 2007 y que fue difundida por el Pew Hispanic Center, más de la mitad de los hispanos en edad adulta temen ser objeto de redadas y deportaciones, o que un familiar, o amigo cercano lo sea.

Tal acoso, incluso logra llegar hasta residentes legales en Estados Unidos, quienes son frecuentemente detenidos por la policía local para verificar su estancia de manera documentada, y contra quienes se registran también múltiples abusos.

Es por ello que, los legisladores de mi Partido, el Revolucionario Institucional, consideramos que se torna urgente que el Gobierno Federal implemente acciones eficaces tendentes a evitar que se siga discriminando y atacando a nuestros connacionales, lo que en gran parte será posible si logramos cambiar de una vez por todas la errónea percepción, el mal encauzado y dañino sentimiento anti inmigrante en contra de nuestros connacionales, que a la fecha existe entre muchos sectores de la sociedad y el gobierno estadounidenses.

Es en virtud a las anteriores consideraciones que me permito someter a esta Soberanía, la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Único. Con objeto de tratar de cambiar el sentimiento xenofóbico que actualmente existe en los Estados Unidos de América, en contra de los migrantes mexicanos, la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión hace llegar un urgente exhorto al titular del Ejecutivo federal, a fin de que instruya a nuestra embajada y consulados en los Estados Unidos, para que desarrollen estrategias inmediatas y eficaces de acercamiento y cabildeo con las más altas autoridades gubernamentales a nivel federal y estatal y con los principales actores políticos y económicos de ese país, que resalten las enormes aportaciones que los migrantes mexicanos, señaladamente los indocumentados, hacen y han hecho históricamente a la economía, la fuerza laboral y la cultura de los Estados Unidos de América, entre otras muchas más.

Salón de Sesiones de la Honorable Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 16 de enero de 2008.

Diputado Salvador Barajas del Toro (rúbrica)

CON PUNTO DE ACUERDO, RELATIVO A LA PROTECCIÓN DE LOS HUMEDALES MEXICANOS, PRINCIPALMENTE LOS ECOSISTEMAS DE MANGLAR, A CARGO DE LA DIPUTADA ALEIDA ALAVEZ RUIZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD

El estado en que se encuentran los humedales mexicanos es verdaderamente grave, principalmente lo que tiene que ver con los ecosistemas de manglar, que indiscutiblemente se han convertido en uno de los principales obstáculos para los objetivos del sistema.

Hasta el momento no existe un informe gubernamental, que utilice metodologías adecuadas y no para dejar en una posición muy cómoda al gobierno, sobre el estado que guardan los humedales mexicanos. Existen estudios e inventarios sobre manglares hechos por diversas entidades como el Instituto Nacional de Ecología y la Conabio, sin embargo, se utilizaron metodologías distintas, lo que hace impreciso el conocimiento sobre el estado real de estos ecosistemas.

En los últimos dos años se redujeron 230 mil hectáreas de manglares, pasando de 880 mil a 650 mil hectáreas. Sin embargo, y coincidente con la instauración del régimen neoliberal en México, el ecosistema de manglar desapareció en un 75 por ciento, esto propiciado fundamentalmente por obras turísticas, construcción de carreteras, relleno por cambio de usos de suelo y por la tala clandestina.

En lugares como Cancún, el proyecto de desarrollo en su tercera fase implica la destrucción de por lo menos 100 hectáreas de mangle, mientras que en la isla Cancún, este ecosistema desapareció por completo.

La desaparición del manglar también se da a lo largo del litoral mexicano. En zonas como Pichilingue-Balandra, isla San José, isla del Espíritu Santo, Loreto y Mulegé, en el Golfo de California existen planes turísticos que conllevan a la depredación de humedales a cambio de cuartos de hotel y campos de golf. En Guerrero, Sonora, Colima, Veracruz, Oaxaca, por sólo citar algunos, también se observan procesos drásticos de degradación del manglar.

Uno de los últimos ejemplos de los procesos de devastación de los humedales mexicanos lo da el cabildo del Puerto de Veracruz, el cual ha decidido modificar el uso suelo en predios del área natural protegida municipal Laguna de Tarimoya, constituida desde 1993 y que desde 2005 forma parte de la lista de humedales de importancia internacional inscrita por el gobierno federal ante el secretariado de la Convención Ramsar. La sociedad ya ha levantado la voz ante este atropello de un grupo de políticos que ignoran los propios acuerdos gubernamentales y las convenciones internacionales de las que formamos parte y, por tanto, se evidencia su falta de conocimiento de los temas de conservación ambiental. Por ello es urgente que la Semarnat y la PGR tomen las medidas conducentes para que no se afecten estos humedales.

Durante la gestión del director general de Impacto y Riesgo Ambiental Ricardo Juárez Palacios se cometieron presuntamente las mayores violaciones en contra de la legislación ambiental por la cual se afectó a numerosas hectáreas de manglar en toda la república, toda vez que el sistema privilegia el interés financiero sobre la protección ambiental. Este funcionario, por ejemplo, autorizó las manifestaciones de impacto ambiental para proyectos en Marina Careyes y La Huerta, en la zona de influencia de la reserva de la biosfera Chamela-Cuixmala, en Jalisco, a favor del empresario Roberto Hernández para el caso Careyes, a ocho días de la salida de Fox de Los Pinos.

En igual estado se encuentran las autorizaciones con relación a los casos de la autorización de la terminal de gas natural licuado de la empresa Chevron en las islas Coronado; la autorización de un delfinario en el club recreativo Playa Palancar en Cozumel, Quintana Roo; el proyecto Costa Cancún; y la posible autorización de la creación del puerto interno en la laguna de Cuyutlán, en el estado de Colima, entre otros casos.

Compañeros legisladores, ante este escenario debemos unirnos de manera urgente y decisivamente en la protección de estos últimos reductos de zonas de manglar que quedan en el territorio nacional.

Cuando un manglar se corta significa una pérdida irreversible para el patrimonio nacional, ya que es falso que estas especies puedan replantarse o llevarse a un vivero, como algunas autoridades lo han sugerido.

Desde esta tribuna conmino a las y los compañeros legisladores a no hacer una contrarreforma a la Ley General de Vida Silvestre que tanto costó su aprobación en febrero de 2007 y que contó con el consenso partidista que las decisiones ambientales requieren.

No podemos permitir que las presiones de los inversionistas, principalmente del ramo turístico, sobrepasen la defensa del territorio nacional y sus recursos. Si existen legisladores que tengan intereses con los capitales que pretenden devastar los ecosistemas lo más ético sería que renunciaran a sus curules, porque las mayorías no vamos a permitir que se afecte a un manglar más.

Para ello requerimos que se nos informe sobre el estado real en el que se encuentran los humedales mexicanos, principalmente las zonas de manglar y que la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas inicie de manera urgente los estudios técnicos con base en los estudios ya elaborados por el INE y la Conabio, así como los elaborados por distintas organizaciones ambientalistas, para que de una vez por todas se declaren a todas las zonas de manglar del territorio nacional sujetas al régimen de áreas naturales protegidas, bajo la categoría de santuarios o áreas de protección de flora y fauna.

Ese debe ser el mensaje de la autoridad ambiental, si es que es en serio su política de protección ambiental, particularmente para estos ecosistemas.

Con base en lo anteriormente expuesto y con fundamento en el artículo 59 del Reglamento Interior para el Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración del Pleno la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Relativo a la protección de los humedales mexicanos, principalmente los ecosistemas de manglar.

Primero. Se solicita a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales del gobierno federal, a través de la Comisión Nacional del Agua, de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, para que presente ante esta Comisión Permanente un informe sobre el estado que guardan los humedales mexicanos, particularmente los manglares.

Asimismo, emita un reporte sobre las distintas autorizaciones de impacto ambiental que ha otorgado del 1 de diciembre del año 2000 hasta el día que emita el reporte, que involucre afectaciones a humedales, particularmente a ecosistemas de manglar.

Segundo. Se solicita a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas iniciar, de manera urgente, la elaboración de los estudios técnicos que conlleven a decretar a todos los ecosistemas de manglar de las costas mexicanas áreas naturales protegidas bajo la categoría de santuarios.

Tercero. Se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la Procuraduría General de la República ha investigar y aplicar las sanciones correspondientes, incluso la comisión de delitos de carácter penal, con relación a la decisión del cabildo del ayuntamiento de Veracruz de modificar el uso de suelo que afecta los humedales de la laguna Vergara-Tarimoya, incluida como sitio inscrito por México ante la Convención Internacional sobre Humedales, comúnmente llamada Convención Ramsar, además de ser un área natural protegida municipal.

Cuarto. Se exhorta al secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales ha comunicar a la Comisión Permanente sobre las acciones emprendidas por esas dependencia para investigar la presunta comisión de violaciones a la legislación ambiental por el otrora director general de Impacto y Riesgo Ambiental, Ricardo Juárez Palacios; y a la Secretaría de la Función Pública sobre la resolución de las más de 19 quejas presentadas en contra de este personaje.

Dado en el Salón Legisladores del Palacio Legislativo, a 9 de enero de 2008.

Diputada Aleida Alavez Ruiz (rúbrica)

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA A ESTABLECER, CON APOYO DE LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES Y DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE ADUANAS, UN PROGRAMA PARA EL CONTROL AMBIENTAL DE VEHÍCULOS IMPORTADOS USADOS, A CARGO DEL DIPUTADO MANUEL PORTILLA DIÉGUEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PVEM

Ana María Ramírez Cerda y Manuel Portilla Dieguez, integrantes de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en el artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; en el artículo 116 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y del artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentamos la siguiente proposición con punto de acuerdo, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

A partir de la entrada en vigor del decreto por el que se establecen las condiciones para la importación definitiva de vehículos automotores usados, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el 22 de agosto de 2005, se dio un gran número de impactos en nuestro país, tanto económicos como ambientales.

Este decretó permitió la entrada de vehículos usados provenientes de los Estados Unidos de América y Canadá a nuestro país. Estos vehículos tienen una antigüedad promedio de 10 a 15 años, por lo cual son muy deficientes energéticamente y por consecuencia altamente contaminantes, en términos de emisiones a la atmósfera derivado del alto consumo de combustible.

Desde la entrada en vigor del decreto, han ingresado al país 2.4 millones de unidades, tan sólo en el 2006 se regularizaron 1.2 millones de vehículos usados, cantidad superior a los 1.1 millones de autos nuevos vendidos en México.

Según el reporte de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores, AC (AMDA) en el 2007, disminuyó el 3.3 por ciento la venta de vehículos nuevos, al pasar de un millón 130 mil 667 autos vendidos en 2006 a un millón 93 mil 294 unidades en el 2007. Debido principalmente a la descontrolada importación de vehículos usados de Estados Unidos.

Es importante considerar que los vehículos usados, pagan menos impuestos y no son revisados jurídica y técnicamente.

De acuerdo a 10 inventarios de emisiones a la atmósfera con los que cuenta la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, el sector transporte, compuesto por vehículos particulares, taxis, camiones de carga, autobuses, etcétera, es responsable de entre el 80 y 90 por ciento de la contaminación del aire, por monóxidos de carbono y el 60 por óxidos de nitrógeno.¹

Asimismo, el Centro Mario Molina para Estudios Estratégicos sobre Energía y Medio Ambiente, reveló que más del 70 por ciento de la contaminación atmosférica que aqueja a las zonas metropolitanas del país provienen de automotores. Además, detectó que tan sólo en Ciudad Juárez, Chihuahua, el parque vehicular es de 450 mil unidades de las cuales en 90 por ciento son fronterizas.

Es importante destacar que existe incertidumbre del estado mecánico de los vehículos ya que pueden o no contar con las tecnologías de control de emisiones similares a las de la flota vehicular nacional, ya que Estados Unidos no exige una verificación de los mismos y los vehículos importados en su mayoría son autos que en deshuesaderos de EU y Canadá se compran 50 por ciento menos que en México.

En un estudio realizado por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales referente a las consecuencias e impactos en México por la importación de vehículos usados², se determinó que el 43 por ciento de estos, no presentaron una verificación vehicular, y el 56 por ciento si la presentó, sin embargo de esta cifra sólo el 14 por ciento de los vehículos la realizaron un año antes de su importación.

Asimismo, la Semarnat reportó que las emisiones por importación de un millón 958 mil 571 vehículos usados con un recorrido promedio de 15 mil kilómetros por año, fueron el dióxido de carbono (8 millones 666 mil 677 toneladas por año), dióxido de carbono equivalente (9 mil254 toneladas por año por metano y 295 mil 989 por oxido nitroso), monóxido de carbono (un millón 407 mil 656 toneladas por año), entre otros.

Como ya sabemos, uno de los desafíos globales que enfrenta la humanidad, es el cambio climático, mismo que en nuestro país ha ocasionado un gran número de desastres que han afectado a diversos grupos de la población, con inundaciones y sequías. Por lo cual, se estableció la estrategia nacional de cambio climático, la cual cuenta con diversas medidas para evitar o disminuir emisiones al ambiente, de estas medidas, cuatro en conjunto evitan la misma cantidad de dióxido de carbono equivalente que se está generado con la importación de vehículos usados (9 mil 254 toneladas por año).³

Si bien es cierto que con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, a partir del 1o de enero de 2009, México no podrá adoptar ni mantener una prohibición o restricción a la importación de vehículos originarios usados, provenientes de territorio de Canadá o de Estados Unidos que tengan por lo menos 10 años de antigüedad. También lo es el problema del cambio climático y sus consecuencias por lo que no se puede dejar de lado un tema que ha provocado a nivel mundial pérdidas económicas y humanas.

El Partido Verde Ecologista de México está convencido de que debemos ser congruentes con las acciones que se realizan en materia de cambio climático, y generar alternativas que den solución favorable al problema de emisiones de gases de efecto invernadero. Por lo que es necesario generar herramientas que permitan que los vehículos usados importados garanticen las condiciones mecánicas y el cumplimiento de estándares ambientales.

En atención a lo anteriormente expuesto, el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en esta soberanía somete a consideración de este honorable pleno la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Economía a establecer con apoyo la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y la Administración General de Aduanas, un programa para el control ambiental de vehículos importados usados.

Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Economía a incorporar como requisito para la importación definitiva de vehículos usados, una constancia de emisiones a la atmósfera.

Notas
1. http://www.semarnat.gob.mx/gestionambiental/calidaddelaire/Pages/InventarioNacionaldeEmisiones.aspx
2. http://www.ctsmexico.org/congreso/pdfs/IMPORTACION % 20DE %20VEHICULOS %20USADOS, %20CONSECUENCIAS %20E %20IMPACTOS %20EN %20MEXICO, %20EDUARDO %20OLIVARES.pdf
3. http://www.ctsmexico.org/congreso/pdfs/IMPORTACION %20DE %20VEHICULOS %20USADOS, %20CONSECUENCIAS %20E %20IMPACTOS %20EN %20MEXICO, %20EDUARDO %20OLIVARES.pdf

Dado en el salón Legisladores de la República, sede de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, durante el primer receso del segundo año de ejercicio de la LX Legislatura, a los 16 días del mes de enero de 2008.

Diputados: Ana María Ramírez Cerda, Manuel Portilla Diéguez (rúbrica).

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE CITA A COMPARECER AL SECRETARIO DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL Y AL DIRECTOR GENERAL DE PETRÓLEOS MEXICANOS A FIN DE QUE INFORMEN RESPECTO A LAS MEDIDAS ADOPTADAS PARA GARANTIZAR LOS DERECHOS LABORALES DE LOS TRABAJADORES Y DE LOS CONTRATOS OTORGADOS A LAS EMPRESAS SUBCONTRATADORAS EN LA SONDA DE CAMPECHE, A CARGO DEL DIPUTADO CUAUHTÉMOC VELASCO OLIVA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE CONVERGENCIA

El suscrito, diputado federal integrante del Grupo Parlamentario de Convergencia de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía la proposición con punto de acuerdo por el que se cita a comparecer al titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), para que presente un informe de las medidas adoptadas para garantizar los derechos laborales de los trabajadores de las empresas subcontratadoras de Pemex en la sonda de Campeche, así como para citar a comparecer al director de Petróleos Mexicanos para que presente un informe sobre los contratos otorgados por la paraestatal a empresas subcontratadoras en la sonda de Campeche.

Consideraciones

Desde el 2004 a la fecha los accidentes y. el fallecimiento de los trabajadores en actividades petroleras han sido constantes, al registrarse en este periodo 22 siniestros graves en instalaciones de Pemex con un resultado de 157 fallecidos, 14 de ellos en Tabasco, Veracruz, Guanajuato y Tlaxcala (111 fallecidos); y 8 accidentes más se han contabilizado en la sonda de Campeche (con un saldo de 46 decesos).

En lo que a la Sonda de Campeche se refiere presente un punto de acuerdo en el mes de julio de 2007, que fue aprobado por esta Comisión Permanente, para que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y Pemex revisaran y tomaran las medidas necesarias para garantizar tanto la seguridad de los trabajadores de las empresas subcontratadoras, como de sus condiciones laborales, ya que de acuerdo con la información que disponemos a julio de 2007 se habían registrado más de 5 mil denuncias de trabajadores por violación a sus derechos laborales.

La STPS por conducto del subsecretario de Trabajo, Seguridad y Previsión Social, el doctor Álvaro Castro Estrada, nos informó que esta dependencia lleva a cabo en forma permanente inspecciones tanto de condiciones generales de trabajo, como de condiciones generales de seguridad e higiene en el trabajo, para lo cual cuenta con un programa anual de trabajo en el estado de Campeche en donde durante en 2006, se efectuaron 421 inspecciones a 179 centros de trabajo que beneficiaron a 28 mil 568 trabajadores; y de enero a julio de 2007, se han realizado 218 inspecciones a 117 empresas, beneficiando a 21 mil 851 trabajadores, incluyendo a las empresas subcontratistas.

Se informó también a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión que la STPS promovió la creación de una unidad de verificación en Pemex, la cual cuenta con plena capacidad y autonomía técnica, que se encarga de vigilar las condiciones de seguridad en que operan los recipientes sujetos a presión y calderas que se tienen instalados en los centros de trabajo de la paraestatal con la finalidad de prevenir accidentes de trabajo, realizando pruebas de seguridad a poco más de 2 mil equipos, con lo que se mantiene una continua vigilancia del cumplimiento de la normatividad laboral, en especial la relacionada con la seguridad e higiene en el trabajo de las empresas contratistas de Pemex.

Por tal motivo, el pasado 15 de octubre con el apoyo del Frente Unido de Marinos Mercantes, diversos legisladores visitamos la sonda de Campeche, donde Pemex cuenta con más de 100 plataformas marítimas, y laboran 13 mil 500 personas, de éstas, 4 mil 500 se encuentran contratadas directamente por la paraestatal y el resto por compañías prestadoras de servicios, para conocer las condiciones en que laboran los marinos mexicanos y extranjeros, en lo que pudimos constatar la falta de medidas de seguridad para los trabajadores que laboran en las empresas subcontratadoras por Pemex.

Por ello, no es de sorprender los accidentes en la sonda de Campeche ocurridos en el mes de octubre; el primero, el 12 de octubre en el cuarto de máquinas del barco Seba’an, perteneciente a la empresa Oceanográfica, con el saldo de un trabajador muerto; el segundo, ocurrido en el buque Oficina porvenir, el 21 de octubre de 2007, de una empresa privada con 14 personas a bordo, que le costó la vida a un trabajador; y por último, el ocurrido el 23 de octubre de 2007, en la plataforma petrolera Usumacinta. Situación que nos obligó a acudir a la sonda de Campeche acompañados esta vez por visitadores de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). Hoy ratificamos después de haber constatado de viva voz de los trabajadores de la sonda de Campeche un listado de violaciones laborales que se cometen de parte de estas empresas contratadas por Petróleos Mexicanos, tales como:

Se obliga al trabajador a firmar contratos de trabajo en blanco para ser rellenados conforme a los intereses del patrón, ejemplo de ello es Catemar de México, SA, quien contrata a su personal por medio de la compañía Mano de Obra del Caribe, SC, que obliga a los trabajadores a firmar contratos en blanco y en los recibos de pago se indica que el horario es de lunes a sábado, aunque los hacen trabajar también los domingos por un sueldo de 50 pesos diarios.

No se paga salario por los días de descanso.

Se hace firmar al trabajador renuncias anticipadas a su trabajo o sus derechos.

Estas empresas arguyen en trabajar bajo contratos de obra determinada, para no pagar antigüedad.

Se afilia a los trabajadores a sindicatos "blancos", en donde ocurre que las hojas de afiliación se firman en blanco.

No existe capacitación alguna para el trabajo, siendo este de alto riesgo.

Las prestaciones de ley como aguinaldo y vacaciones no son pagadas, o bien son cubiertas con cantidades ínfimas sólo para cubrir los requisitos ante la ley.

Es constante que los salarios que reciben no concuerdan con los que se informan al Instituto Mexicano del Seguro Social y al Infonavit, y que cuando un empleado se presenta a solicitar atención médica ha sido dado de baja, cuando en sus percepciones saláriales se les descuentan las cuotas correspondientes puntualmente.

El reparto de utilidades es nulo o se da en cantidades irrisorias, que hace pensar que las contratistas evaden al fisco.

No existe una estabilidad en el empleo porque se reflejan despidos masivos injustificados en el mes de diciembre y la recontratación de nuevo personal con el fin de evadir el pago de aguinaldos y vacaciones.

Existen amenazas de despido, siendo un mecanismo de control para evitar que lidien por mejorar las condiciones de trabajo.

No se les respeta el derecho a pago de viáticos y ni tampoco la empresa les proporciona una habitación higiénica y decorosa, en los términos del artículo 30 en relación al artículo 28 de la LFT.

El servicio médico está negado para los trabajadores durante su estancia en las plataformas, lo único a que tienen derecho, y eso en ocasiones, es a recibir primeros auxilios, pero estos no incluyen el traslado a tierra y éste, se hace en inseguras embarcaciones.

Los salarios no corresponden a categorías, sino que son totalmente discrecionales, ya que para un mismo nivel de trabajo ganan cantidades diferentes, es decir no se cumple la máxima de "a trabajo igual, salario igual", por lo que la lista de violaciones es sumamente larga.

El precario salario que reciben se les suele pagar en abonos, inclusive con cheques sin fondos.

La mayor parte los trabajadores son contratados mediante triangulaciones; es decir, pactan con una empresa, otra les paga y desarrollan el trabajo operativo bajo las órdenes de una más.

Además, hay trabajadores de los barcos de abastecimiento o de las plataformas semisumergibles de servicio con jornadas de 12 horas diarias por periodos de 28 días de labor por 14 de descanso.

Todo lo antes mencionado, ha contribuido a crear un clima de extrema explotación para los trabajadores de las compañías prestadoras de servicios a Pemex, esto nos obliga preguntar ¿qué hace la Secretaría del Trabajo y Previsión Social ante estos abusos?

En Convergencia tenemos una permanente preocupación por los derechos laborales de los trabajadores de las empresas subcontratadoras de Pemex, por ello pugnamos porque el Estado cumpla su obligación constitucional de garantizar a cada persona el goce de esos derechos.

Por lo expuesto, el Grupo Parlamentario de Convergencia propone a esta soberanía un punto de acuerdo con el fin de que el secretario del Trabajo y Previsión Social informe a esta representación sobre la situación de los derechos laborales en las empresas subcontratadoras de Pemex, y que el director de Pemex presente un informe de las condiciones en que se contratan a las empresas subcontratantes de esa paraestatal en la sonda de Campeche.

Punto de Acuerdo

Primero. Se cita a comparecer al titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para que presente un informe de las medidas adoptadas para garantizar los derechos laborales de los trabajadores de las empresas subcontratadoras de Pemex en la sonda de Campeche.

Segundo. Se cita a comparecer al director de Pemex para que presente un informe detallado de cómo y a qué empresas se otorgan los contratos en la sonda de Campeche, así como las condiciones de trabajo en las que operan.Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de enero de 2008.

Diputado Cuauhtémoc Velasco Oliva (rúbrica)

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE LA COMISIÓN PERMANENTE CONDENA LA REPRESIÓN POLICIAL Y MILITAR CONTRA MINEROS DE CANANEA Y PLANTEA QUE SE INTEGRE UNA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN PLURAL POR LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS REPRESENTADOS EN LA LX LEGISLATURA, A CARGO DEL DIPUTADO PABLO LEOPOLDO ARREOLA ORTEGA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PT

El suscrito, diputado Pablo Arreola Ortega, con fundamento en el Artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a esta Soberanía el siguiente punto de acuerdo, de obvia y urgente resolución, bajo las siguientes:

Consideraciones

Una vez más la administración federal en turno, tutelada por Felipe Calderón Hinojosa, hace uso de su poder político presupuestario, administrativo, y de mando de fuerzas policíacas y militares, para reprimir una de las expresiones más genuinas del movimiento social en general y del obrero en particular.

En esta ocasión, reprimió en Cananea a los mineros huelguistas, que en pleno uso de sus derechos constitucionales, tenían en su poder las instalaciones de la minera propiedad del lamentablemente famoso Grupo México, a cuya cabeza se encuentra Germán Larrea Mota Velasco.

Existe el antecedente de que desde hace seis meses, el conflicto obrero-patronal estaba en estudio por parte de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, que como es sabido, es manipulada por el secretario de Trabajo y Previsión Social, Javier Lozano Alarcón.

Como se recordará, no solamente se le vincula con los 206 millones de dólares encontrados en una casa de las Lomas de Chapultepec y como manipulador de los eventos ocurridos en Pasta de Conchos y quien ha dado muestras de su proclividad a beneficiar a ultranza al capitalismo rampante.

A pesar de que la huelga de los mineros de Cananea es legal y legítima, Felipe Calderón, Lozano Alarcón y Bours Castello en calidad de lacayos de Germán Larrea y de los grandes capitalistas asentados en el país, no dudaron en mostrar el verdadero rostro del Estado mexicano y a quien sirve la justicia en este país.

Sin escrúpulos ni consideración alguna, reprimieron de manera brutal a los mineros de Cananea, tal como lo hizo la dictadura de Porfirio Díaz en 1906.

No les importó que a pesar de que el juez de amparo haya otorgado la suspensión del acto reclamado consistente en la declaratoria de inexistencia de la huelga.

Esta acción represora del Estado mexicano hacia los trabajadores muestra como seguirá siendo la administración de Calderón si lograra concluir su sexenio y si antes el pueblo mexicano no le pone un alto al entreguismo que mantiene con los grandes empresarios.

Por lo anteriormente expuesto, los huelguistas en uso de sus derechos constitucionales, presentaron un nuevo amparo para obtener la protección de la justicia federal, mismo que les fue concedido en los términos solicitados, por lo que la huelga subsiste.

Los hechos acaecidos se insertan en el esquema del proyecto neoliberal que Calderón Hinojosa cumple al pie de la letra.

O las cosas se resuelven a su gusto, o la represión por la vía de la fuerza armada se lleva a cabo de manera inmediata como en Cananea.

Desde esta tribuna queremos decirles a los trabajadores mineros de Cananea, que no están solos en su lucha. Que los legisladores del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo y sus militantes y simpatizantes apoyamos este movimiento, que forma parte de las demandas de democratización de la sociedad mexicana y del Estado.

Por las razones anteriores, el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo propone a esta soberanía un punto de acuerdo en que se haga no sólo un extrañamiento severo a las conductas ilegales y represivas de Calderón Hinojosa, Bours Castelló, Lozano Alarcón y las instituciones que dependen de ellos, como son la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, la Policía Federal Preventiva y la Policía Estatal.

Asimismo, solicitamos que se integre de inmediato una Comisión Investigadora que determine las responsabilidades en que se haya incurrido y que además cesen de inmediato las incursiones policíacas federal y estatal, en los siguientes términos.

Artículo Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, reprueba severa y expresamente, las conductas ilegales y represivas de Felipe Calderón Hinojosa, Eduardo Bours Castelló y Javier Lozano Alarcón, de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje y de los titulares de la Policía Federal Preventiva y de la policía estatal de Sonora.

Artículo Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión conformará una Comisión Investigadora de los sucesos acaecidos en Cananea, Sonora para deslindar responsabilidades y que se emprendan las acciones penales que correspondan. Asimismo, demanda enérgicamente el cese la represión emprendida por las autoridades federales y estatales mencionadas en el párrafo anterior.

Dado en el Palacio legislativo de San Lázaro, a 16 de enero de 2008.

Diputado Pablo Leopoldo Arreola Ortega (rúbrica)

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A REMITIR UN INFORME SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES EMITIDAS POR EL GRUPO DE TRABAJO DE DETENCIONES ARBITRARIAS DE NACIONES UNIDAS, QUE VISITÓ EL PAÍS DEL 27 DE OCTUBRE AL 10 DE NOVIEMBRE DE 2002, A CARGO DE INTEGRANTES DE LA PRIMERA COMISIÓN

Los suscritos, miembros de diversos grupos parlamentarios, integrantes de la Primera Comisión de trabajo –Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia– de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, de la LX Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, fracción III, del la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, nos permitimos poner a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

Durante los días del 27 de octubre al 10 de noviembre de 2002 visitó nuestro país el Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias de Naciones Unidas, para hacer una valoración de los rezagas en los grandes temas pendientes en cuanto al sistema de justicia mexicano.

En el informe sobre su visita a México el Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias reconoce algunos avances generales realizados por el país, pero también señala su preocupación por la relación entre las detenciones arbitrarias y el sistema de averiguación previa, la flagrancia equiparada, la corrupción, los operativos de seguridad, el régimen de ejecución de la pena, el arraigo y las deficiencias de la defensa de oficio. Asimismo señala su preocupación por las deficiencias del amparo para combatir la detención arbitraria, el sistema de justicia para menores, la impunidad de responsables de detención arbitraria y la administración de justicia por parte de tribunales militares.

Las recomendaciones emitidas por el grupo de trabajo reafirman las que ya habían formulado tanto la relatora sobre Ejecuciones Extrajudiciales, como los relatores sobre Tortura e Independencia de Jueces y Abogados, y el Comité contra la Tortura, el Comité de Derechos Humanos, todos ellos de Naciones Unidas, así como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Particularmente importante es la recomendación de que las desapariciones forzadas cometidas por militares deben ser de competencia de la jurisdicción civil ordinaria.

Asimismo, resulta contundente la recomendación en el sentido de que se observe una "estricta separación entre tareas militares y tareas policiales en funciones de orden público. A pesar de que recomendaciones similares han sido emitidas por la relatora sobre Ejecuciones Extrajudiciales, el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, los cuerpos policiacos de seguridad pública como la Policía Federal Preventiva continúan militarizándose.

Las observaciones realizadas por el grupo de trabajo revelaban el carácter representativo de los problemas que en materia de detenciones arbitrarias existen en México.

Cuando el Estado procesa penalmente a alguna persona, se pone a prueba el compromiso por la defensa y protección de los derechos humanos. Cuando los encargados de hacer cumplir la ley someten al detenido a torturas o malos tratos, cuando se fabrican pruebas y se condenan inocentes, cuando los juicios son injustos, el sistema de justicia de cualquier país se pone en duda, "la injusticia en cualquier parte es una amenaza a la justicia en todas partes", señaló Martin Luther King.

Es por esto que se requiere entender a la detención arbitraria como un concepto que abarca no sólo la detención de una persona fuera de los casos que prevé el articulo 16 de la Constitución mexicana, sino los supuestos de privación de la libertad por virtud de una sentencia cuyo régimen impide la libertad anticipada y las normas inadecuadas en materia de reconocimiento de inocencia.

La forma de centrar la política exterior mexicana en la defensa de los derechos humanos consiste en la armonización del derecho interno con el cuerpo de derecho internacional de derechos humanos, está relacionada con el deber de cumplir los propios compromisos que se derivan de organismos o mecanismos internacionales cuando éstos se pronuncian sobre violaciones a derechos humanos en nuestro país.

En el ámbito concreto de la justicia penal internacional la mejor manera de cooperar en materia de derechos humanos es adecuar el derecho mexicano a los estándares internacionales como lo precisa el Estatuto de Roma; y ésta será una de las principales tareas que enfrente el Congreso mexicano en los días por venir.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración, como asunto de urgente resolución, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al Ejecutivo federal a remitir, de manera urgente, el informe sobre el cumplimiento de las recomendaciones emitidas por el Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias de Naciones Unidas, que visitó nuestro país del 27 de octubre al 10 de noviembre de 2002 y que se encuentran pendientes de cumplimiento desde esas fechas, así como remitir dicha información a esta soberanía.

Dado en el salón de sesiones de la Primera Comisión de trabajo –Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia– de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a los quince días del mes de enero del año dos mil ocho.

Diputados: Aleida Alavez Ruiz (rúbrica), presidenta; Joel Arellano Arellano (rúbrica), secretario; Adolfo Mota Hernández (rúbrica), secretario; María del Pilar Ortega Martínez (rúbrica), Omeheira López Reyna, Salvador Ruiz Sánchez (rúbrica).

Senadores: Héctor Pérez Plazota (rúbrica), Jorge Andrés Ocejo Moreno (rúbrica), Humberto Andrade Quezada (rúbrica), Alejandro Moreno Cárdenas, Alfonso Elías Serrano, Fernando Jorge Castro Trento, Silvano Aureoles Conejo, Francisco Javier Castellón Fonseca (rúbrica), Jorge Legorreta Ordorica.

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA COMISIÓN PERMANENTE A GUARDAR UN MINUTO DE SILENCIO EN HONOR DE LOS AGENTES FEDERALES MUERTOS EN LA LUCHA CONTRA EL NARCOTRÁFICO, ESPECIALMENTE EN REYNOSA, TAMAULIPAS, Y EN TIJUANA, BAJA CALIFORNIA, A CARGO DEL DIPUTADO MARCO HERIBERTO OROZCO RUIZ VELAZCO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN

El suscrito diputado federal de la LX Legislatura, Marco Heriberto Orozco Ruiz Velazco, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo establecido en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta soberanía el siguiente punto de acuerdo.

"Ningún mal lesiona tanto a México como la inseguridad y la delincuencia, no hay mayor agravio a la sociedad que un delito impune, no hay desarrollo posible ni futuro imaginable si no hay garantías de certidumbre, de seguridad e integridad física y patrimonial para todos los mexicanos" estas palabras fueron dichas por el procurador general de la República, Eduardo Medina Mora y expresan la necesidad de combatir la inseguridad y la delincuencia en todas sus facetas.

Desde el inicio de este sexenio se ha observado una clara acción por parte de todos los ámbitos de gobierno, para erradicar el narcotráfico de nuestro país y crear un México en donde reine la paz y la tranquilidad para todos los mexicanos.

Son varias las entidades federales que han trabajado para combatir al crimen organizado y que ha logrado excelentes resultados, todas ellas han padecido las bajas de algunos de sus miembros por llevar a cabo su tarea y cumplir hasta las últimas consecuencias la razón de su existencia: el trabajar como una institución eficaz y confiable integrada por hombres y mujeres con elevados valores y principios morales, con capacidad y actitud profesional, aplicando métodos, técnicas y sistemas científicos de investigación, que orientan la toma de decisiones, la elaboración de programas y la conducción de operativos.

Esta lucha contra el crimen organizado ya ha tenido numerosos logros, pues desde el año pasado se han erradicado y fumigado cerca de 200 mil plantíos de mariguana y amapola, se han destruido 737 pistas de aterrizaje y 220 campamentos, incluso se le arrebataron al narcotráfico cerca de 205 millones de dólares.

Dichos resultados se han conseguido gracias a la excelente estructura orgánica y a la creación de diversas áreas especializadas en el combate contra el crimen, además de la generación de un soporte técnico, jurídico y administrativo más eficiente, así como el trabajo conjunto y coordinado de diversas instituciones como son la Sedena, la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad Pública, la PGR y por consiguiente, gracias a los militares y a los agentes federales, los cuales han puesto todo lo que está de su parte, sin importarles las amenazas, los riesgos y sufrimientos para entablar esta lucha frontal contra el crimen organizado.

En uno de sus discursos el presidente Felipe Calderón, mencionó que esta lucha contra el crimen organizado no iba a ser una tarea fácil, que iba a costar mucho dinero e incluso varias vidas humanas y eso lo estamos constatando.

Nada más por mencionar un dato y para darnos cuenta de la margnitud del problema, en el estado de Nuevo León, durante el año 2007, fueron ejecutados 107 personas, de las cuales 33 eran policías o militares. En casi todos los meses, hemos escuchado que algún policía, militar o agente federal ha sufrido alguna emboscada o ha sido acribillado, los casos más sonados son los que ocurrieron en agosto donde fueron ejecutados 3 agentes federales que habían participado en el caso del empresario de origen chino Zhen Li Ye Gon, en septiembre fue asesinado Jorge Eduardo Rodríguez Pombo, comandante de la Agencia Federal de Investigaciones en Mexicali, asimismo fueron asesinados otros 2 agentes en la ciudad de Monterrey en el mismo mes, y en noviembre del mismo año, fue asesinado un ex alcalde de río Bravo, Tamaulipas y 2 agentes federales. Podría seguir enumerando pero no me alcanzaría el tiempo.

Dado que la labor de ser agente federal o militar no es una tarea fácil, considero que debemos honrar la memoria de dichos elementos que han dado su vida y su sangre defendiendo los valores y principios de nuestra nación, muy especialmente a los agentes federales Miguel Ángel Aguilar López y Arturo Flores Fajardo, asesinados brutalmente la semana pasada en Reynosa, Tamaulipas y a los agentes José de Jesús Arias Rico, Elbert Escobedo Márquez y Margarito Pérez Saldaña quienes murieron el día de ayer en Tijuana, Baja California, en cumplimiento de su deber.0

Dichos agentes murieron al cumplir, vivir y defender los principios que se les imparten en la agencia policiaca: honor, valor y justicia.

En razon de lo anterior me permito poner a consideración de esta honorable asamblea el siguiente:

Punto de Acuerdo

De urgente resolución.

Primero. Por el que se exhorta a la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión a guardar un minuto de silencio en honor de los agentes federales que han muerto en esta lucha contra el narcotráfico, especialmente por los que murieron la semana pasada en Reynosa, Tamaulipas y el día de ayer en Tijuana, Baja California.

Segundo. Se haga público un reconocimiento por parte de ambas Cámaras a dichos agentes federales asesinados en estas dos semanas y se haga llegar a sus familias dicho reconocimiento.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de enero de 2008.

Diputado Marco Heriberto Orozco Ruiz Velazco (rúbrica)

CON PUNTO DE ACUERDO, PARA EXHORTAR AL EJECUTIVO FEDERAL A REVISAR Y MODIFICAR EL CAPÍTULO AGRARIO DEL TRATADO DE LIBRE COMERCIO DE AMÉRICA DEL NORTE, A CARGO DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el suscrito diputado federal Tomás Gloria Requena integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en la LX Legislatura, somete a la consideración de esta soberanía, para efecto de que sea considerada como un asunto de urgente y obvia resolución la siguiente proposición basada en las siguientes

Consideraciones

Ante la inminente apertura arancelaria en el 2008 en materia de comercio agropecuario dentro del Tratado de Libre Comercio con América del Norte, el riesgo de que se afecte a muchas familias que viven del campo es real, siendo cada vez más notorias las desigualdades con los productores de Estados Unidos de América y Canadá, ocasionando desregularización de aquellos productos considerados sensibles en México como son: maíz, fríjol, leche y azúcar. Hoy coincidimos los legisladores con las múltiples voces que se han alzado en torno al daño que se ocasiona con la apertura comercial indiscriminada.

Estudiosos del tema y organizaciones campesinas han señalado que la crisis de la agricultura mexicana se ha agudizado durante la vigencia del Tratado de Libre Comercio de América del Norte; en el campo mexicano los efectos de la apertura de este tratado, han sido negativos para la mayoría del sector, tan sólo en el año 2004, a 10 años de su firma, se registró un déficit acumulado de 16 mil millones de dólares en el comercio exterior agropecuario (INEGI), y la apremiante situación que se vive al llegar el 2008, nos obliga a recordar que el Estado es el responsable de promover el desarrollo económico social bajo los principios de seguridad nacional, lo anterior en cumplimiento al artículo 25 constitucional.

Artículo 25. "Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable, que fortalezca la soberanía de la nación y su régimen democrático y que, mediante el fomento del crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad protege esta Constitución..."

Por lo que esperamos que el Poder Ejecutivo federal se sensibilice ante la demanda de uno de los sectores más desprotegidos del país, y se renegocie el TLCAN, a efecto de que nuestro país esté en condiciones iguales con los otros países, y no estar en desventaja para competir con las producciones extranjeras.

Es evidente que en un mercado en donde impera la inequidad y la desprotección, no se cuente con las condiciones necesarias para competir. Dada esta desigualdad es apremiante revisar dicho tratado específicamente lo concerniente al sector agropecuario, deben ser replanteadas las condiciones de comercialización a efecto de no seguir afectando el desarrollo del campo mexicano. La desgravación arancelaria debe ser el primer punto a revisar y analizar los efectos de dicho acuerdo a la economía del país.

Debemos proteger al sector agrícola ante una economía como la de nuestros vecinos del norte, y ayudar a los agricultores mexicanos, sería un error hacer caso omiso de sus demandas, esto generaría un conflicto económico social en el agro mexicano, considerando que el campo es la base de nuestra sociedad, no se debe permitir que se continué afectando con una situación de desigualdad y marginación la cual ocasiona más pobreza.

Es nuestro deber como legisladores exigir al Poder Ejecutivo federal que se pueda hacer una revisión, que se busque la forma de modificar ese tratado y de revisar la protección para el campo mexicano.

En razón de lo anterior, me permito presentar ante esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Poder Ejecutivo federal para que en el ámbito de sus atribuciones y obligaciones plantee de manera urgente, la revisión del capítulo agropecuario del Tratado de Libre Comercio de América del Norte.

Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a los secretarios de Agricultura, Desarrollo Social, Economía y Hacienda y Crédito Publico, para que presenten a la brevedad los planes de contingencia y de desarrollo para el sector agrícola del país.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de enero de 2008.

Diputado Tomás Gloria Requena (rúbrica)

CON PUNTO DE ACUERDO, RELATIVO AL TRASLADO DE LOS DETENIDOS HÉCTOR GALINDO GOCHICOA, FELIPE ÁLVAREZ HERNÁNDEZ E IGNACIO DEL VALLE MEDINA AL CENTRO PENITENCIARIO CORRESPONDIENTE EN EL ESTADO DE MÉXICO, A CARGO DE LA DIPUTADA ALEIDA ALAVEZ RUIZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD

La suscrita, diputada Aleida Alavez Ruiz, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, pone a consideración de esta soberanía una proposición con punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El 22 de octubre de 2001 la Secretaría de Comunicaciones y Transportes anunció la decisión de construir el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México en el estado de México, a partir de dicho anuncio se emitió por parte del gobierno federal un decreto expropiatorio que afectaba 4 mil 550 hectáreas ejidales de los Municipios de San Salvador Atenco y Texcoco por las que se pagarían alrededor de siete pesos el metro cuadrado.

Durante los años 2001, 2002 y 2003 los ejidatarios de San Salvador Atenco, Texcoco, iniciaron acciones legales para impugnar el decreto expropiatorio, obteniendo entre otras cosas la suspensión vía juicio de amparo del decreto expropiatorio. En esos mismos años la Procuraduría General de Justicia del Estado de México y la Procuraduría General de la República, iniciaron en contra de varios campesinos integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra diversas averiguaciones previas hasta ascender a la cantidad de sesenta indagatorias, 52 de fuero común y 8 del fuero federal; asimismo se incoaron 5 procesos penales en contra de algunos integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra.

Los días 22 y 23 de julio, el agente del Ministerio Público auxiliar del Procurador y el Subprocurador de Justicia en Texcoco autorizaron la reserva de las 52 averiguaciones previas del fuero común, derivado de una revisión exhaustiva de las 52 de las averiguaciones del fuero común que realizaron conjuntamente los representantes legales del Frente del Pueblos en Defensa de la Tierra y los representantes ministeriales de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, se llegó a la conclusión que de las diligencias realizadas por el Ministerio Público en las 52 averiguaciones previas no se desprendían elementos que integraran el cuerpo del delito y la probable responsabilidad de los indiciados.

El 18 de agosto de 2003, el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, el Gobierno del Estado de México y el Gobierno Federal, suscribieron un Acuerdo Político que puso fin a la problemática social derivada de la emisión del Decreto Expropiatorio, entre los compromisos a destacarse encontramos los siguientes:

a) En el punto tercero del acuerdo político, el gobierno del estado de México y el gobierno federal se comprometieron a no ejercer ningún tipo de acción jurídica en contra de los activistas y organizaciones sociales que participaron durante el movimiento por la defensa de la tierra.

b) En el punto quinto del acuerdo político, los gobiernos estatal y federal se comprometieron a dar continuidad a la mesa de diálogo que dio sustancia al acuerdo político, para tratar los puntos relativos a los planes y proyectos productivos de la región y la seguridad pública.

El 3 de mayo 2006, aproximadamente a las 07:00, unos 200 agentes de la policía municipal y de la Agencia de Seguridad Estatal se disponían a desalojar a un grupo de vendedores de flores ambulantes cerca del mercado municipal de Texcoco, en forma violenta retiraron a los comerciantes establecidos en las banquetas del propio mercado, encontrándose entre éstos, personas de avanzada edad, mujeres y menores, a quienes golpeaban sin razón. Ese mismo día los elementos de la fuerza pública del gobierno del estado de México, reprimieron y privaron de su libertad a un grupo de floricultores que previamente habían acordado con la autoridad municipal la autorización para que se instalaran los días 3 y 10 de mayo a las afueras del mercado municipal a comercializar sus productos, el resultado fueron 101 detenidos.

Los enfrentamientos del 3 de mayo dejaron la muerte de Francisco Javier Cortés Santiago, de 14 años, como resultado de un impacto de bala. En las horas que siguieron, a los disturbios iniciales, los campesinos se enfrentaron a los policías; posteriormente, hubo nuevos enfrentamientos cuando varios centenares de campesinos bloquearon la carretera que une los municipios de Texcoco y Lechería. Cientos de policías de seguridad del estado de México se habían añadido al operativo practicando numerosas detenciones en respuesta a los actos violentos, haciendo uso generalizado de gases lacrimógenos, amenazando a manifestantes con armas de fuego y pateando y golpeando con toletes a las personas ya sometidas.

El 3 de mayo de 2006 en el municipio de Texcoco agentes antimotines del estado de México, lanzan gases lacrimógenos contra la casa ubicada en la Calle de Morelos, lugar donde se encontraban los floricultores y miembros del Frente de Pueblos Unidos en Defensa de la Tierra, deteniendo sin orden de aprehensión a Ignacio del Valle y a 28 personas más.

De las acciones represivas de los cuerpos policíacos federales, estatales y municipales del día 4 de mayo de 2006, el joven Alexis Benhumea Hernández, de 19 años, fue gravemente herido en la cabeza, al parecer, por un proyectil de gas lacrimógeno disparado por la policía el día 4 en San Salvador Atenco, inmediatamente después de ser herido su padre lo llevó a una casa particular y pidió asistencia médica de urgencia. Sin embargo, el cordón policial alrededor de la población impidió la entrada de ambulancias. Un médico local y su hija que intentaron asistir al joven fueron golpeados y detenidos por la policía en la calle y acusados de estar involucrados en los actos violentos.

Alexis Benhumea fue trasladado por la tarde a un hospital de la Ciudad de México, fallece el día 7 de junio en un hospital de la Ciudad de México.

Asimismo, del lugar de su detención a las instalaciones de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México y a las del Centro Preventivo y de Readaptación Social "Santiaguito" en Almoloya de Juárez, Estado de México, los detenidos fueron objeto de un trato cruel y degradante, ya que se les propinaron golpes con los pies, manos, toletes, escudos y una vez que fueron bajados de los camiones, al llegar al citado penal, de nueva cuenta fueron golpeados por filas de elementos policiacos que se encontraban esperándolos, que una vez dentro de dicho Centro, personas vestidas de negro totalmente los azotaban en contra de una pared y los pateaban, ordenándoles colocar la cabeza hacia abajo, para posteriormente concentrarlos a todos (mujeres, hombres, menores y extranjeros) en un espacio que, de acuerdo con la investigación realizada por personal de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, se trata del área de visitas.

Con motivo de los hechos suscitados el 3 y 4 de mayo de 2006, fueron privados de su libertad y sometidos a proceso cerca de 200 personas entre las cuales se encuentran integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, Defensores de Derechos Humanos, Floricultores, Activistas pertenecientes a diversas organizaciones sociales y estudiantiles y gente de las comunidades que al momento del operativo transitaban por la calle o se encontraban en el interior de sus viviendas las cuales objeto de allanamiento por parte de las fuerzas policiacas.

Las personas identificadas como lideres del movimiento, Héctor Galindo Gochicoa, Felipe Álvarez Hernández e Ignacio Del Valle Medina fueron recluidos en el Centro Federal de Readaptación Social número 1 "Altiplano", acusado de delitos del fuero común.

Los delitos del fuero común que se imputan a los detenidos son los de secuestro equiparado, robo calificado con violencia, lesiones calificadas, daños dolosos, por incendio, sedición y ataques a las vías generales de comunicación.

En septiembre de 2007 les fue ratificada la sentencia de 67 años 6 meses de prisión, lo que a todas luces es una sanción desproporcionada y alejada del ánimo de justicia.

Este patrón de sanción es el mismo empleado en el caso de los hermanos Sosa Villavicencio por el conflicto oaxaqueño, con la aprehensión de los líderes de sus movimientos se pretende desarticular el descontento social que originó dichos acontecimientos.

Es necesario advertir que como se ha señalado los delitos que se imputan a los presos de Atenco corresponden a la competencia del fuero común, por lo que resulta un exceso de la autoridad estatal mantenerlos recluidos en penales federales de alta seguridad.

Otro punto de la ilegal detención de los compañeros de Atenco en penales de máxima seguridad, es el hecho de que no se reúnen en ellos los requisitos que establece el Reglamento de los Centros Federales de Readaptación Social en las fracciones I y II de su artículo 26, puesto que no se les han practicado los estudios clínico-criminológico o de personalidad.

En consecuencia, debemos pugnar por garantizar los derechos fundamentales de certeza jurídica y del debido proceso y con ello, conciliar el estado de derecho sin criminalizar la lucha social por revanchas políticas.

Por lo anterior, y con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Unidos Mexicanos, el suscrito pone a consideración de este Pleno la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. Se solicita al comisionado de Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de Seguridad Pública Federal y al gobernador y Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, instruyan, en términos del último párrafo del artículo 18 constitucional, el traslado de los detenidos Héctor Galindo Gochicoa, Felipe Álvarez Hernández e Ignacio del Valle Medina al centro penitenciario correspondiente en el estado de México.

Segundo. Se solicita a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que dicte las medidas cautelares correspondientes para garantizar la seguridad e integridad de los detenidos mencionados en el párrafo que antecede, para su traslado y permanencia en dichos centros penitenciarios.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a dieciséis de enero de dos mil ocho.

Diputada Aleida Alavez Ruiz (rúbrica)

CON PUNTO DE ACUERDO, PARA EXHORTAR A LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES A EXIGIR A LA BANCA PRIVADA Y A LAS ENTIDADES FINANCIERAS DE LA REPÚBLICA LA ACEPTACIÓN DE LA MATRÍCULA CONSULAR COMO IDENTIFICACIÓN OFICIAL, A CARGO DE LA SENADORA ADRIANA GONZÁLEZ CARRILLO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN

Quien suscribe, Adriana González Carrillo, senadora integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LX Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración del Pleno de esta Comisión Permanente, la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores a exigir a la banca privada y a las entidades financieras de la república el reconocimiento de la matrícula consular como documento oficial de identificación en virtud de las siguientes

Consideraciones

El registro consular es una práctica común que realizan las representaciones de cada país en el extranjero. Su propósito es facilitar el acceso a la protección y a los servicios consulares a sus nacionales y proveerles de un medio de identificación oficial segura y confiable.

Desde 1871, el gobierno de México ha expedido matrículas consulares en Estados Unidos y otros países. Pero es a partir de marzo de 2002 cuando las autoridades mexicanas diseñaron una nueva versión en forma de Matrícula Consular de Alta Seguridad (MCAS) y lanzaron una agresiva labor de promoción para asegurar que la mayoría de los mexicanos en Estados Unidos cuenten con este documento de identidad. Desde entonces se ha impulsado una campaña para promover activamente la aceptación de estas matrículas como identificación válida para abrir cuentas bancarias y tener acceso a otros servicios en sus localidades de residencia.

Con apego a lo dispuesto en la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, el gobierno de México ha venido ejerciendo su derecho a emitir la matrícula consular y a promover su aceptación como un medio seguro de identificación.

La matrícula consular permite a las autoridades mexicanas localizar a nuestros connacionales en el exterior más fácilmente y proporcionar información a sus familias; en caso de accidente, fallecimiento, arresto o detención permite a las autoridades cumplir con sus obligaciones de aviso consular; hace posible que los mexicanos en el extranjero puedan hacer trámites financieros como abrir una cuenta bancaria, tener acceso a servicios públicos y obtener, en algunos casos, licencias de manejo como ocurre en algunos estados de la Unión Americana.

En general, por tratarse de un documento de alta confiabilidad y seguridad, la matrícula es aceptada, tan sólo en los Estados Unidos, por numerosas oficinas de gobiernos estatales y departamentos de policía, para inscribirse en bibliotecas y escuelas públicas y para efectuar un sinnúmero de trámites útiles para la vida diaria.

Más aún, el acceso al sistema bancario para un gran número de mexicanos en Estados Unidos, debido a la aceptación de la matrícula consular en más de 170 instituciones financieras de ese país, ha provocado que el costo promedio de los envíos de remesas haya venido disminuyendo lo cual ha contribuido a mejorar el nivel de vida de nuestros connacionales y sus familias.

En México, dos reformas legales de gran envergadura hicieron de la matrícula consular un documento probatorio de la nacionalidad mexicana y un documento válido para hacer transacciones financieras en nuestro país. Por un lado, el pasado 5 de noviembre de 2004 el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores con proyecto de decreto para reformar el artículo 3 de la Ley de Nacionalidad a efecto de incluir a la matrícula consular en el listado de documentos probatorios de la nacionalidad mexicana. La minuta fue aprobada por este Senado de la República el 7 de diciembre de 2004 y la reforma fue publicada el 12 de enero de 2005 en el Diario Oficial de la Federación.

Por otro lado, desde el 14 de mayo de 2004, todas las instituciones financieras mexicanas están obligadas a reconocer a las matrículas consulares de alta seguridad como documento válido de identificación de sus clientes. Lo anterior debido a que en esa fecha se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto mediante el cual se reformaron y adicionaron diversas disposiciones de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito (LGOACC) para garantizar que diversas instituciones financieras establezcan normas y procedimientos de identificación de sus clientes, entre los que destaca la aceptación de las matrículas como documento probatorio de identidad del usuario de servicios financieros.

Las 13 medidas de protección que convierten a la matrícula consular en un documento confiable y sumamente difícil de falsificar, defendidas incluso por el Departamento del Tesoro estadounidense, deberían facilitar aún más su aceptación ante trámites bancarios y financieros en México.

A pesar de todo esto, no todas las instituciones financieras y bancarias en México reconocen la matrícula consular como identificación válida lo cual no sólo va en contra de la ley sino del sentido natural de congruencia y reciprocidad que implica su aceptación, en cambio, en instituciones financieras y bancarias en Estados Unidos.

Para ello, el Instituto de los Mexicanos en el Exterior (IME) en coordinación con la Dirección General de Protección y Asuntos Consulares de la Cancillería, y la Coordinación de Asuntos Internacionales de la Secretaría de Hacienda establecieron un grupo de trabajo con representantes de la Asociación de Bancos de México (ABM) buscando que su Comité de Seguridad dé el visto bueno para que la banca comercial acepte plenamente la matrícula consular como medio válido de identificación.

No obstante, los reclamos sobre el hecho de que aún algunos bancos mexicanos no aceptan la matrícula consular como identificación válida para efectuar trámites financieros han venido aumentando en los últimos meses y esto debe ocupamos a las distintas instancias del poder público para encontrar una solución expedita y definitiva a este grave problema.

Por las consideraciones anteriormente expuestas, se somete a la consideración del Pleno de esta Comisión Permanente, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores a exigir a la banca privada y a las entidades financieras de la república el reconocimiento de la matrícula consular como documento oficial de identificación.

Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros a emprender las medidas necesarias a fin de asesorar y defender debidamente a quienes se les niegue el servicio por presentar una matrícula consular como identificación para efectuar trámites bancarios y financieros.

Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 16 de enero de 2008.

Senadora Adriana González Carrillo (rúbrica)

CON PUNTO DE ACUERDO, PARA RECIBIR INFORMACIÓN DE LA FISCALÍA ESPECIALIZADA EN DELITOS COMETIDOS CONTRA PERIODISTAS, A CARGO DEL SENADOR ALEJANDRO MORENO CÁRDENAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI

El suscrito senador de la LX Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del PRI, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 42 de la Ley Orgánica, 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta honorable Comisión Permanente el siguiente punto de acuerdo con carácter de urgente resolución, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

A pesar de que nuestro país ha mejorado la profundidad de su democracia, principalmente por el fortalecimiento del Poder Legislativo y el acotamiento creciente del predominio presidencial, subsisten graves deficiencias en tres temas fundamentales: la participación ciudadana, los derechos humanos y el ejercicio irrestricto de la libertad de prensa. En el caso del periodismo, se ha convertido en una de las profesiones más riesgosas. Es vergonzoso para el país el recuento formulado por diversos organismos no gubernamentales que han contabilizado en los años recientes cientos de agresiones contra periodistas y medios de comunicación en todo el país.

En la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en los artículos 6o. y 7o. se consagran los derechos constitucionales a la libertad de expresión y de información, correspondiendo a los Poderes del Estado impulsar acciones que fortalezcan su pleno respeto.

Nuestra Carta Magna señala como prioridades las garantías de expresión, opinión y pensamiento como base de la relación entre el Estado y los ciudadanos, en donde es fundamental el desempeño libre del periodismo.

Este trabajo requiere del más firme compromiso de la ley y del gobierno para que se ejerza cabalmente y exige garantía para que se combata toda amenaza al ejercicio profesional de los comunicadores, así como a su patrimonio y a su integridad física. No hacerlo implica abrir la puerta para al abuso y al autoritarismo. Lamentablemente las amenazas contra los periodistas no sólo provienen de personeros del poder público, sino también, recientemente, de las organizaciones delictivas cuyo poder se ve amenazado por la labor de investigación y denuncia de los medios de comunicación, en especial por la delincuencia organizada y el narcotráfico.

Durante el año 2007, al menos 134 trabajadores de la prensa resultaron muertos en la realización de su trabajo, como informó recientemente la Federación Internacional de Periodistas (FIP). En el plano internacional, México figuró entre los lugares más peligrosos para los periodistas.

Según la lista de la FIP, el Medio Oriente fue por mucho la región más mortífera, con 68 muertes; seguido por Somalia, con ocho; Paquistán, con siete; México y Sri Lanka, con seis cada uno, y Filipinas, con cinco.

Además de las 134 muertes en el 2007, 37 trabajadores de los medios informativos fallecieron por accidentes durante su trabajo, con lo que su número aumento a 171.

Evidentemente, el conteo de periodistas fallecidos en el ejercicio de su profesión no evidencia por sí mismo la gravedad de las condiciones en que trabajan, en virtud de que las amenazas directas o por distintos medios son un asunto de todos los días, para amedrentarlos y evitar la difusión de tantas irregularidades, anomalías y abusos que se cometen en contra de la sociedad, de la paz, de la salud y de la legalidad.

El índice de incidentes es muy alto, a pesar de que este Congreso aprobó la despenalización de la difamación y la calumnia, que eran dos reminiscencias verdaderamente inquisitoriales y, también, a pesar del compromiso público asumido en esta Cámara por el secretario de Gobernación quien, en nombre del presidente, del gobierno y del suyo se comprometió con la garantía plena de la libertad de expresión.

El año pasado, el Ejecutivo emitió el acuerdo A/031/06 por el que se creó la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra Periodistas. La fiscalía se adscribe a la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Atención a Víctimas y Servicios a la Comunidad de la PGR.

Entre las funciones de este organismo se encuentra dirigir, coordinar y supervisar las investigaciones y, en su caso, la persecución de los delitos cometidos contra periodistas nacionales y extranjeros en México, perpetrados con motivo de su ejercicio profesional.

No obstante la creación de esta entidad burocrática, la opinión pública y los legisladores no percibimos que mejore realmente la situación en que se efectúa el desempeño periodístico y, al contrario, continúan las amenazas de todo género contra la prensa.

Por ello, consideramos que es prioritario que el Ejecutivo, por conducto del titular de la fiscalía anteriormente mencionada rinda a esta soberanía un informe detallado de su actuación, de los avances que tenga, de los obstáculos que encuentra en su función y de las metas que tiene planteadas para enfrentar este preocupante clima de persecución contra los trabajadores de los medios informativos.

Por lo anteriormente expuesto, someto a su consideración el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se solicita a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra Periodistas, adscrita a la PGR, que presente ante el Poder Legislativo un informe de los avances con que cuente desde su creación hasta la fecha, en el ejercicio de sus atribuciones, los objetivos planteados para el presente año, las denuncias atendidas y el número de investigaciones resueltas y en curso.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 9 de enero de 2008.

Senador Rafael Alejandro Moreno Cárdenas (rúbrica)

CON PUNTO DE ACUERDO, RESPECTO A LA LIBERACIÓN DE CLARA ROJAS Y CONSUELO GONZÁLEZ POR LAS FUERZAS ARMADAS REVOLUCIONARIAS DE COLOMBIA A LA MISIÓN HUMANITARIA COMANDADA POR LA CRUZ ROJA INTERNACIONAL Y COORDINADA POR AUTORIDADES VENEZOLANAS Y COLOMBIANAS, A CARGO DE LA DIPUTADA RUTH ZAVALETA SALGADO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD

El pasado jueves 10 de enero, fueron rescatadas las ciudadanas colombianas Clara Rojas ex candidata a la Vicepresidencia de Colombia y la ex congresista Consuelo González, privadas de su libertad desde hace aproximadamente 6 años por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

Las gestiones realizadas por los gobiernos de Venezuela, Cuba, Francia y Colombia, mostraron al mundo la posibilidad real de liberación de estas dos mujeres y abrieron un espacio político para la liberación de otras personas que están en poder de las FARC.

El esfuerzo realizado por estos países y la colaboración determinante de la Cruz Roja Internacional demostraron que el multilateralismos es la vía para la solución pacifica de los conflictos internacionales y es el método más eficaz para acercar a las partes en conflicto y buscar a partir de la diplomacia la paz en el mundo.

México debe por principios contribuir a este multilateralismo y promover la paz en la región latinoamericana, es parte de nuestro interés nacional y como tal debemos hacer un esfuerzo todos los actores políticos nacionales.

La liberación de Clara Rojas y Consuelo González abre la esperanza a los familiares de otros ciudadanos privados de su libertad por las FARC para seguir en la lucha de su liberación. Tenemos conciencia que los asuntos internos de Colombia serán resueltos por las autoridades y el pueblo de esta nación sudamericana, pero queremos expresarles nuestro apoyo y solidaridad a fin de seguir estas gestiones que permitan el regreso a sus hogares de todas las personas retenidas y hacemos votos para que la paz llegue pronto a este país.

Creemos que la privación de la libertad de ciudadanos de cualquier país no es una estrategia de lucha y pedimos que el diálogo sea constante para acordar soluciones a los conflictos que aquejan a las sociedades del mundo.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos mexicanos, la suscrita Diputada Federal Ruth Zavaleta Salgado integrante del Grupo Parlamentario del PRD pone a consideración de la asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión expresa a los gobiernos de Venezuela, Colombia y a la Cruz Roja Internacional, sus más sinceras felicitaciones por el éxito obtenido en la liberación de las ciudadanas colombianas Clara Rojas y Consuelo González, que se encontraban privadas de su libertad por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

Segundo. La Comisión Permanente confía en que esta liberación traiga consigo la apertura de un espacio de negociación entre los involucrados para la liberación del resto de las personas retenidas y se reafirme la posibilidad de diálogo y la negociación como la vía para la solución pacífica de los conflictos.

Dado en el Salón Legisladores de la República, Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de enero de 2008.

Diputada Ruth Zavaleta Salgado (rúbrica)

CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE SOLICITAR AL EJECUTIVO FEDERAL QUE AMPLÍE EL PLAZO DE BENEFICIOS FISCALES Y ADMINISTRATIVOS PARA OBLIGACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS PATRONES DEL CAMPO, A CARGO DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN

Martha Leticia Sosa Govea, senadora de la República de la LX Legislatura e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo para solicitar al Ejecutivo federal, amplíe el plazo de beneficios fiscales y administrativos a los patrones del campo en relación a sus obligaciones de seguridad social, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Como bien saben ha sido de mi especial interés, la condición de la seguridad social que se otorga a los trabajadores del campo, esto en virtud de que la mayoría de los jornaleros agrícolas no se encuentran asegurados, según datos del INEGI.

Por otra parte este sector se vuelve altamente vulnerable debido a sus peculiares circunstancias de trabajo, pese a que los jornaleros o trabajadores eventuales del campo son sujetos integrales al régimen de la seguridad social.

Razón que motivó que el pasado 20 de junio de 2007 algunos compañeros senadores y una servidora presentáramos, un punto de acuerdo mediante el cual, respetuosamente se solicitó al Ejecutivo federal emitiera un nuevo decreto, con el fin de otorgar una prórroga del anterior, sobre los beneficios fiscales y administrativos con relación a sus obligaciones de seguridad social; dicho decreto fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el pasado 24 de julio de 2007 por un período de seis meses.

No obstante, cabe destacar que este problema en el campo mexicano cuenta ya con una historia de poco más de 13 años, por otra parte, en aras de fortalecer con seriedad y congruencia al sector de los trabajadores eventuales del campo, es necesario tomar en cuenta los siguientes factores:

1. El decreto emitido por el presidente Felipe Calderón Hinojosa el día 24 de julio de 2007, comenzó a correr un plazo por seis meses, mismo que corresponde al receso de producción agrícola otoño-invierno.

2. El 21 de septiembre de 2007, es decir, dos meses después de haberse emitido el decreto en comento, fueron dadas a conocer, al Consejo Técnico del IMSS, las reglas para la aplicación del decreto por el que se otorgan beneficios fiscales a los patrones y trabajadores eventuales del campo.

3. La etapa de siembras u trasplantes del ciclo otoño-invierno que es el que está activo, termina el 31 de enero del presente año y la producción de las primeras siembras de septiembre se empezó a recolectar apenas a principios de diciembre, de modo que los incrementos importantes de en la afiliación están por darse en los meses de febrero y marzo.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, la suscrita somete a la consideración de esta soberanía, de urgente resolución el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta atenta y respetuosamente al Ejecutivo federal para que en el ejercicio de sus facultades constituciones, otorgue una prórroga por seis meses a partir de la fecha de vencimiento del anterior decreto es decir a partir de este 25 de enero de 2008.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República a los 16 días de enero de 2008.

Senadora Martha Leticia Sosa Govea (rúbrica)

CON PUNTO DE ACUERDO, PARA EXHORTAR A LAS LEGISLATURAS LOCALES A ARMONIZAR SUS CÓDIGOS Y LEYES DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES, A CARGO DE LA DIPUTADA LAURA ANGÉLICA ROJAS HERNÁNDEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN

El Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, a través de la suscrita, diputada Laura Angélica Rojas Hernández, perteneciente a la LX Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, conforme a las siguientes

Consideraciones

El proceso de globalización y el desarrollo propio de las sociedades contemporáneas han traído consigo una mayor diferenciación de las sociedades a su interior y una complejización de las relaciones sociales. En este contexto han surgido diversos movimientos que ya no solamente buscan objetivos económicos o de clase, sino que reivindican demandas relacionadas con la identidad, el género, el origen étnico, la raza o las capacidades, entre otros.

Uno de los elementos centrales que este tipo de movimientos pretende poner a discusión pública, son los derechos de ciudadanía, ya que por mucho tiempo el modelo de ciudadanía universal excluyó de esos derechos a diversos grupos. Es decir, las personas afro-descendientes, las mujeres, los grupos indígenas o las personas con discapacidad fueron excluidos del ejercicio de estos derechos o simplemente no gozaron de las oportunidades para hacerlos efectivos.¹ Entre las consecuencias más importantes de este hecho se encuentra la subrepresentación de estos grupos y de sus intereses en la discusión de los asuntos públicos y en la toma de decisiones.

En este contexto surge la idea de la democracia paritaria desde la década pasada e incorpora en la agenda de la consolidación y robustecimiento de las democracias "la necesidad de construir una institucionalidad que represente la diversidad social y reconozca nuevas formas de relación entre el Estado y la sociedad".²

Desde la perspectiva de género, la democracia paritaria aparece, en principio, como la participación equilibrada de mujeres y hombres en la toma de decisiones. Este planteamiento tiene 2 puntos de partida: 1) el reconocimiento de que las mujeres han visto restringidas sus oportunidades para acceder a los espacios públicos, así como para el desarrollo de actividades que van más allá del ámbito doméstico; y 2) el hecho de que las mujeres constituyen la mitad de la sociedad, de las experiencias humanas, de las inteligencias y de las capacidades, por lo que su infrarrepresentación implica una pérdida para la sociedad.

En términos amplios, lo que se pretende con la paridad es subsanar la exclusión que durante años han enfrentado las mujeres de los espacios públicos, del ejercicio del poder, de la definición de asuntos de interés común, de los espacios de representación social y política e incluso de la toma decisiones en las relaciones familiares y de pareja, buscando con ello su plena incorporación a la vida democrática y el ejercicio cabal de su ciudadanía.

La paridad nos permite referirnos a las condiciones necesarias para alcanzar una participación equilibrada, las cuales fundamentalmente se centran en: la igualdad de oportunidades para el desarrollo de las capacidades de mujeres y hombres, así como para el acceso a los espacios de participación; y la igualdad en el trato entre ambos sexos en las aspiraciones de participación y el desempeño de los cargos de representación y toma de decisiones.

En nuestro país se han dado ya pasos fundamentales para la plena incorporación de las mujeres en la toma de decisiones. La reciente reforma al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe), establece diversas disposiciones para garantizar la equidad y paridad de género.

Así se establece, entre otras, la obligación de los partidos políticos nacionales de garantizar la equidad y procurar la paridad de los géneros en sus órganos de dirección y en las candidaturas a cargos de elección popular. Deberán también promover y garantizar, la igualdad de oportunidades y procurarán la paridad de género en la vida política del país, a través de postulaciones a cargos de elección popular en el Congreso de la Unión, tanto de mayoría relativa como de representación proporcional.

En términos amplios, lo que se pretende con la paridad es subsanar la exclusión que durante años han enfrentado las mujeres de los espacios públicos, del ejercicio del poder, de la definición de asuntos de interés común, de los espacios de representación social y política e incluso de la toma de decisiones en las relaciones familiares y de pareja, buscando con ello su plena incorporación a la vida democrática y el ejercicio cabal de su ciudadanía.

No obstante la reciente publicación de las reformas del Cofipe en el Diario Oficial de la Federación, consideramos necesario y pertinente impulsar las reformas necesarias que homologuen las legislaciones estatales con las nuevas disposiciones en la materia en el ámbito federal.

Por ello y de conformidad con el artículo 58 del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, propongo el presente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputadosexhorta respetuosamente a las legislaturas locales para que armonicen sus códigos y leyes de instituciones y procedimientos electorales con el fin de promover la paridad entre hombres y mujeres conforme a las modificaciones recién aprobadas al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales Cofipe.

Notas
1. Nash, K. (2000), Contemporary political sociology, Oxford, Blackwell.
2. Comisión Económica para América Latina (2007), El aporte de las mujeres a la igualdad en América Latina y el Caribe, publicación a propósito de la décima Conferencia regional sobre la mujer de América Latina y el Caribe, realizada en Quito, Ecuador, Naciones Unidas/Cepal.

Palacio Legislativo de San Lázaro.- México, Distrito Federal, a 16 de enero de 2008.

Diputada Laura Angélica Rojas Hernández (rúbrica)

CON PUNTO DE ACUERDO, PARA EXHORTAR AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL, A LOS GOBERNADORES DE JALISCO Y DE COLIMA, Y A LOS AYUNTAMIENTOS DE LA ZONA LIMÍTROFE ENTRE AMBOS ESTADOS A EJERCER TODAS LAS ACCIONES QUE CONTRIBUYAN AL MANTENIMIENTO DE LA PAZ Y DEL ORDEN PÚBLICO EN ESA REGIÓN, PRIVILEGIANDO LA ADECUACIÓN AL PUNTO DE ACUERDO APROBADO POR EL SENADO DE LA REPÚBLICA EL 22 DE NOVIEMBRE DE 2007, A CARGO DEL SENADOR ROGELIO RUEDA SÁNCHEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI

Punto de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo federal, a los gobernadores de Jalisco y de Colima, así como a los ayuntamientos de la zona limítrofe entre ambas entidades federativas, a efecto de que ejerzan todas aquellas acciones que contribuyan al mantenimiento de la paz y el orden público en dicha región del país, privilegiando la adecuada prestación de los servicios públicos básicos a sus habitantes.

Segundo. Se exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo federal, al igual que a los gobernadores de de Jalisco y de Colima a fin de que observen el punto de acuerdo aprobado por el Senado de la República el 22 de noviembre de 2007, hasta en tanto sea dictada una solución que ponga fin al conflicto limítrofe que enfrenta a ambas entidades federativas.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, a 16 de enero de 2008.

Senador Rogelio Rueda Sánchez

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A CREAR UNA COMISIÓN DE SEGUIMIENTO, SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS DONADOS PARA RECONSTRUIR TABASCO, A CARGO DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD

La suscrita diputada Mónica Fernández Balboa, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito someter a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, por la que se exhorta a la creación de la Comisión para el seguimiento, supervisión y fiscalización de los recursos que se han donado para la reconstrucción del estado de Tabasco, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Los acontecimientos ocurridos en el estado de Tabasco han hecho que los mexicanos participen de manera activa con aportaciones para la reconstrucción de dicha entidad, comprendiendo que se necesitaba un apoyo urgente.

Asimismo, a través de los medios de comunicación nos hemos enterado que la Secretaria de Relaciones Exteriores recibió de gobiernos de diferentes naciones (Canadá, Estados Unidos, Belice, Chile, Cuba, Honduras, Panamá, Perú, Alemania, Chipre, Dinamarca, España, Flandes (Bélgica), Francia, Irlanda, Italia, Polonia, Reino Unido, República Checa, Santa Sede, Suiza, China, Japón, India, Israel, República del Congo), organismos internacionales (Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN),Corporación Andina de Fomento (CAF), Organización de Estados Americanos (OEA), Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Oficina de Coordinación de las Naciones Unidas para Asuntos Humanitarios (OCHA), Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS), Programa Mundial de Alimentos (PMA), Organización Internacional para las Migraciones (OIM), Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), Programa de Medio Ambiente de las Naciones Unidas (PNUMA), ONU–HABITAT, Organización de las Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y la Cultura (UNESCO), Médicos sin Fronteras), empresas, organizaciones de la sociedad civil y de ciudadanos de todo el mundo, ayuda internacional para la población afectada que se ha materializado bajo tres modalidades: en especie; asesoría técnica y en efectivo.

En tal sentido, el periódico Reforma público el día 7 de enero del año en curso que la Secretaria de Relaciones Exteriores informó haber recibido 11 millones 200 mil dólares de organismos internacionales para afectados de Tabasco y Chiapas.

Siendo este tema de preocupación de los legisladores me permito hacer referencia al punto de acuerdo que la Tercera Comisión, Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, de la Comisión Permanente, sometió a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el pasado 9 de enero por la Comisión Permanente aprobándose en esta misma fecha, que dice: "Primero. Se exhorta a las secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Relaciones Exteriores, dentro del ámbito de sus competencias, a enviar a esta soberanía un informe detallado de los montos recabados en donativos aportados para mitigar los daños ocasionados en los estados de Tabasco y Chiapas, así como el destino de los mismos, en un plazo no mayor de 15 días naturales. ..."

Cabe resaltar que también a través de los medios de comunicación nos hemos enterado de que las donaciones que los ciudadanos de todo el país, de buena voluntad, donaron en las instituciones bancarias, quedan al libre albedrío de las mismas en su destino; esto es que son los propios bancos los que han estado aplicando los recursos. De acuerdo a la Asociación de Bancos de México, los recursos captados por la banca para los damnificados de los estados del sureste mexicano que comprenden los depósitos de los clientes y los donativos de las instituciones sumaron 262.9 millones de pesos, de los cuales 108.4 millones corresponden a aportaciones realizadas por los propios bancos.

El destino de los recursos, de acuerdo con el presidente del organismo, Enrique Castillo, será la reconstrucción de infraestructura y equipamiento, así como la reactivación económica de ambas entidades.

Dicha asociación decidió distribuir el recurso de la siguiente forma: 106.5 millones para las zonas afectadas a través de la organización "Unidos por ellos"; 4.2 millones para la Cruz Roja Mexicana; 31.6 millones al gobierno de Tabasco; 10.4 millones al gobierno de Chiapas; y 50 millones al gobierno federal.

De los 60 millones restantes no se ha dado cuenta, esto sin mencionar que mientras no se entreguen a las entidades, instituciones u organizaciones las aportaciones siguen generando intereses.

Lo cual no deja de ser patético para los tabasqueños, ya que es increíble que sean los banqueros quienes decidan cuales son las necesidades de nuestro pueblo. Resultando que hasta el momento, no se ha informado quién tiene y a cuánto ascienden los recursos internacionales donados, ni los que se recaudaron en la cuenta a nombre de la Secretaria de Finanzas del estado de Tabasco.

Por tal motivo, la Comisión Permanente aprobó el punto de acuerdo antes citado en el que también se dice:

"... Segundo. Se exhorta a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores envíe a esta soberanía un informe detallado de los montos recabados por las instituciones bancarias destinados a mitigar los daños ocasionados en los estados de Tabasco y Chiapas, destino de los mismo y monto de los intereses generados, en un plazo no mayor a quince días naturales". Esto se explica de alguna manera, debido a la desconfianza que se ha generado en la entidad ante presuntos actos de corrupción vinculados al gobierno estatal, (basta recordar la avioneta encontrada en Mérida con 8 millones de pesos en efectivo), instituciones privadas han decidido participar de manera directa en la reconstrucción del estado y en el reparto de víveres a los damnificados.

Por lo que ante un problema que requiere de la atención y visión de diputados que servimos al pueblo, que venimos de éste y que en momentos de necesidad actuamos de manera pronta y expedita. Nuestra intervención como legisladores federales se hace más patente cuando en la legislatura local del estado de Tabasco propusieron que no entrara en vigor la Ley de Transparencia, aprobándose una prórroga para su entrada en vigor en el Congreso local, además de que al tiempo, el gobierno del estado, solicita al propio Congreso autorización para contraer endeudamiento por 4 mil millones de pesos.

Es claro que pese a los esfuerzos que hasta el momento se han hecho para dar solución y ayuda a Tabasco y a los tabasqueños, las mismas han sido insuficientes y han rendido hasta el momento escasos frutos, que además han generado desconfianza. Por lo que resulta urgente la participación de los legisladores para transparentar y vigilar el uso de los recursos que para la reconstrucción del estado de Tabasco se han destinado, con escasa o nula transparencia a la fecha.

De la grave situación que enfrentan los habitantes de Tabasco, que ha dejado a más de la mitad de la población con afectaciones severas tras las fuertes lluvias y los desbordamientos de los ríos que se encuentran en el estado, surge la necesidad de impulsar la creación de una Comisión para el seguimiento y fiscalización de los recursos que obtenga el gobierno local para la reconstrucción del estado de Tabasco, con la finalidad de mantener un enfoque de orden, coordinación, inversión, transparencia y responsabilidad.

El gobierno federal en concordancia con el gobierno del estado y los gobiernos municipales, deberán describir puntualmente los lineamientos de actuación y participación de cada una de las dependencias, para que mediante su liderazgo, capacidad y experiencia contribuya a evitar la duplicidad de esfuerzos y permita la eficiencia y optimización de los recursos disponibles, garantizando la transparencia en la utilización de los recursos.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta honorable Cámara de Diputados la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión resuelva la creación de la Comisión para el seguimiento, supervisión y fiscalización de los recursos que se han donado tanto a través del gobierno federal como del gobierno del estado de Tabasco, incluyendo el préstamo de 4 mil millones de pesos, y las donaciones depositadas en los bancos para la reconstrucción del estado de Tabasco que se integrara por ocho legisladores federales, y entrará en funciones de inmediato.

Segundo. Los legisladores (senadores y diputados) federales serán nombrados por la propia Comisión Permanente, aprobados por la mayoría de los legisladores presentes, los cuales deberán determinarse al momento de la aprobación del presente punto de acuerdo.

Tercero. La Comisión para el seguimiento, supervisión y fiscalización de los recursos, antes descrita, tendrá como objetivo vigilar que se garantice la transparencia, eficiencia y correcta aplicación de los recursos, que permita la pronta restauración de la infraestructura y las condiciones normales de vida en la entidad, así como, la generación de mecanismos de prevención para evitar contingencias causadas por inundaciones de este tipo en la entidad.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de enero de 2008.

Diputada Mónica Fernández Balboa (rúbrica)

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A CUMPLIR LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO QUINTO TRANSITORIO DE LA LEY FEDERAL DE SEGURIDAD PRIVADA Y A EXPEDIR CON LA MAYOR BREVEDAD SU REGLAMENTO, A CARGO DEL SENADOR LUIS WALTON ABURTO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE CONVERGENCIA

Senador Luis Walton Aburto, integrante de la LX Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía, presentamos la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes:

Consideraciones

Todos sabemos que la seguridad pública es una función a cargo del Estado en sus tres órdenes de gobierno, con el propósito de mantener la tranquilidad y seguridad de todos los ciudadanos de conformidad con el artículo 21 de la Constitución.

El marco legal que rige la seguridad pública contempla la regulación de las empresas de seguridad privada, en virtud de que, proporcionan servicios auxiliares en la función de seguridad pública a la ciudadanía, de conformidad con lo dispuesto por la Ley Federal de Seguridad Privada y la Ley General que Establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

La actividad de la seguridad privada ha tenido un crecimiento en nuestro país, principalmente en los últimos 15 años, que ha obligado a revisar y actualizar el marco legal de la seguridad pública y su impacto en la ciudadanía, en virtud de que las empresas que ofrecen estos servicios, han ocupado los espacios que no pueden ser cubiertos por elementos de seguridad pública, por tanto su existencia se constituye en un medio válido en la prevención del delito y contribuye en cierta medida al mantenimiento de la seguridad ciudadana.

Actualmente existen alrededor de 350 empresas de seguridad privada registradas en un padrón federal en la Secretaría de Seguridad Pública, a las cuales se les han aplicado sanciones que van desde la amonestación, pasando por la revocación de autorización, hasta su clausura temporal o permanente. Asimismo, no se cuenta con un registro real de aquellas empresas que prestan sus servicios al margen de la normatividad aplicable y sin la autorización de la Secretaría de Seguridad Publica Federal.

Aunado a ello, el Instituto Ciudadano de Estudios sobre la Inseguridad AC ha señalado que, en México, se cometen 11 mil 200 delitos por cada cien mil habitantes al año y que en Baja California y Distrito Federal, son los lugares donde se los que tienen mayor incidencia, ya que se cometen 20 mil 720 y 19 mil 603 delitos respectivamente.

Asimismo, señala dicho instituto que la percepción de la inseguridad por parte de la ciudadanía, se debe entre otros factores a que "al pasar el tiempo sin que se vea satisfecha la demanda ciudadana de mayor seguridad, la sensación de amplios sectores de la población no es de que el problema permanece igual sino de que, al no haberse resuelto, sigue creciendo.

Esto ha obligado a elaborar un marco legal adecuado a la realidad actual, para que el Estado cuente con un control eficiente sobre las empresas de seguridad privada, en cuanto su actuación y desempeño y que la operación y prestación de los servicios se realice con responsabilidad, honradez, y profesionalismo.

En este contexto, fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 6 de julio de 2006, la Ley Federal de Seguridad Privada, que tiene por objeto regular la prestación de los servicios de seguridad privada, en las modalidades previstas en la misma y su reglamento, así como su infraestructura, equipo e instalaciones.

La ley contempla la coordinación de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, con los prestadores de los servicios de seguridad privada; y dentro de los rubros importantes se encuentran: la capacitación y adiestramiento del personal, la aplicación de exámenes médicos, psicológicos y toxicológicos al personal operativo en instituciones autorizadas. Así como, que cuenten con los conocimientos sobre el respeto a los derechos humanos, con la finalidad de evitar actos contrarios a la dignidad y derechos de las personas.

Asimismo, contiene dos aspectos de relevancia, como es la implementación de un registro nacional de empresas, personal y equipo de seguridad privada, que contendrá la información necesaria para la supervisión, control, vigilancia y evaluación de los prestadores de servicios, así como de su armamento y equipo. El otro punto, es lo relativo a la prestación de los servicios de blindaje, en lo que corresponde al control sobre su equipamiento y comercialización de este tipo de vehículos.

En este orden de ideas, el artículo quinto transitorio de la ley establece que el reglamento, deberá expedirse dentro de un plazo no mayor de noventa días hábiles siguientes a la fecha en que entre en vigor. De lo anterior, se puede señalar que si la ley se publicó el 6 de julio del 2006, el reglamento debió de expedirse en el mes de noviembre de mismo año, por lo que han transcurrido más de un año sin que se haya realizado.

Si bien es cierto, que dicho artículo quinto transitorio es una norma imperfecta, y que es facultad exclusiva de dicho poder, la expedición del reglamento referido, la consecuencia jurídica en el caso del incumplimiento por parte del titular del Ejecutivo federal, es que las empresas de seguridad privada continúen reguladas con disposiciones no acordes al marco legal vigente, ya que sigue aplicándose el Reglamento de los Servicios de Seguridad Privada, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de octubre de 2004, pero ello no justifica la omisión de expedir una norma que se dirige a regular la actividad de las empresas que prestan servicios de seguridad privada, lo cual resulta imprescindible.

Por lo anteriormente expuesto, someto a esta asamblea el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta respetuosamente al titular del Ejecutivo federal, a fin de que cumpla lo establecido en el artículo quinto transitorio de la Ley Federal de Seguridad Privada y expida a la mayor brevedad posible su reglamento.

Senado de la República, a 16 de enero de 2008.

Senador Luis Walton Aburto (rúbrica)

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE SOLICITA A LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES QUE INFORME SOBRE LA SITUACIÓN DEL TRAMO FERROVIARIO OAXACA-TEHUACÁN, A CARGO DEL SENADOR ADOLFO TOLEDO INFANZÓN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI

El suscrito, senador Adolfo Toledo Infanzón, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de conformidad con lo previsto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo con base en las siguientes:

Consideraciones

En el sur del país, es donde persisten los mayores rezagos y los niveles más altos de marginación y pobreza. La mayoría de las actividades económicas continúan siendo de baja productividad y no hemos logrado la competitividad necesaria en materia económica. Dentro de esta región, Oaxaca, es uno de los estados con mayor grado de marginación, ocupando el tercer lugar a nivel nacional.

Varios factores inciden en esta problemática, especialmente los altos costos de producción que en mucho tienen que ver con los elevados costos de transporte y la ausencia de una infraestructura y conectividad eficiente dentro de la región y entre ésta y el resto del país.

En este contexto, la infraestructura física, especialmente en comunicaciones, es un elemento fundamental para lograr el mejoramiento de la calidad de vida y el fortalecimiento del desarrollo productivo del estado. Por ello, se ha impulsado el desarrollo y operación de infraestructura carretera, portuaria, aeroportuaria y ferroviaria, siendo ésta última la que nos preocupa y ocupa en esta ocasión.

Una de las más importantes vías de comunicación de la entidad con el centro del país, es la vía ferroviaria Oaxaca-Tehuacán, tramo que fue concesionado a Ferrosur, SA de CV, y cuyo título de concesión fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de octubre de 2005.

No obstante, esta ruta funciona parcialmente ya que el tramo Sánchez-Oaxaca dejó de operar hace tres años, lo que ha provocado que el acceso de carga comercial del centro del país a Oaxaca se vea restringido, ocasionando el aumento de hasta un 300 por ciento de los costos logísticos para la distribución de bienes de las empresas oaxaqueñas.

La empresa Ferrosur ha argumentado que este tramo no opera en virtud de que se han perdido alrededor de 45 kilómetros de vías y que no se ha finalizado el proceso del acta de entrega-recepción. Sin embargo, el numeral 5.1 del título de concesión establece que la vigencia de la concesión será, cito "…contados a partir de la fecha de conclusión de la diligencia de entrega-recepción de las vías cortas y de los bienes, o a partir del 1 de diciembre de 2005, lo que ocurra primero". De lo anterior se deriva que independientemente de la entrega-recepción, los derechos y obligaciones del concesionario y de la STC tuvieron efectos a partir del 1 de diciembre de 2005.

En diversas ocasiones, el gobierno del estado ha solicitado a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes su intervención para la rehabilitación de esta importante vía. Asimismo, en septiembre del año pasado, diputados de la Comisión sur-sureste y funcionarios estatales sostuvieron una reunión con el subsecretario de Transportes de la SCT donde se planteó esta situación.

Hasta ahora no hemos obtenido ninguna respuesta por parte del gobierno federal, mucho menos el compromiso de dar cumplimiento a lo establecido en el título de concesión, aun cuando la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario le otorga todas las facultades, derechos y obligaciones en la materia a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

Compañeras y compañeros legisladores, un factor determinante de atraso de los estados del sur, como Oaxaca, es la insuficiencia de infraestructura física.

Por lo anteriormente expuesto, me permito someter a esta soberanía el siguiente:

Punto de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes informe de manera puntual, sobre las acciones que se han tomado para la reactivación del tramo ferroviario Sánchez-Oaxaca.

Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión manifiesta su inconformidad por la falta de atención del gobierno federal a cumplir con lo establecido en el título de concesión otorgado por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a Ferrotur, SA de CV, y le solicita llevar a cabo las acciones pertinentes para reestablecer de manera inmediata el servicio ferroviario en la ruta Oaxaca-Tehuacán.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, a 9 de enero de 2008.

Senador Adolfo Toledo Infanzón (rúbrica)

CON PUNTO DE ACUERDO, SOBRE EL DESALOJO EN LA COMUNIDAD DE SAN JUAN DE GUADALUPE, SAN LUIS POTOSÍ, A CARGO DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD

La suscrita, diputada Maricela Contreras Julián, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, somete a la consideración de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, la siguiente proposición con punto de acuerdo, en relación al desalojo de una comunidad en el poblado de San Juan de Guadalupe en San Luis Potosí, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

En diversos medios de comunicación locales y de circulación nacional, se dio cuenta de un "golpe artero y mortal contra los pobres", asestado por el gobernador de San Luis Potosí, Marcelo de los Santos Fraga, ya que ordenó el desalojo y despojo de ocho familias, en el predio La Ladrillera de la comunidad de San Juan de Guadalupe.

Mediante una carta a la opinión pública, firmada por los representantes comuneros de San Juan de Guadalupe y sus anexos Tierra Blanca y San Miguelito, se describe lo siguiente:

"… 2. Este sábado con fecha 12 de enero del 2008, poco antes de las 6 de la mañana, un grupo de aproximadamente mil policías estatales, apoyados por elementos de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI) con armas de alto poder y con uniformes de combate, encabezados por el agente del Ministerio Público del fuero común, licenciado Omar Almendárez Pardo, allanaron las viviendas de los descendientes de comuneros Cenobia Bravo Hernández y Feliciano Jasso Llanas y de sus seis hijos que viven con sus respectivas familias, en el domicilio ubicado y que colinda con las calles Los Jassos, Luis Donaldo Colosio, del Río y Primera Norte, en la comunidad que representamos. 3. Algunos de los invasores iban encapuchados y vestidos de negro, abrieron la puerta del domicilio mencionado a patadas, insultaron a los habitantes que se encontraban durmiendo, con excepción de Fernando Jasso Bravo, a quien sometieron e hicieron que se colocara los brazos detrás de la cabeza. Luego los obligaron a salir a todos, que en total fueron 21 personas, incluyendo 10 menores de edad (la más pequeña tiene un año) quienes permanecen hasta el momento a la intemperie.

4. Introdujeron con ellos a algunos jóvenes con aspecto de pandilleros que se dedicaron a recoger los muebles y demás objetos propiedad de los poseedores del terreno, aventándolos a camiones que estaban afuera. Saquearon lo que encontraron y ya no dejaron ingresar a los dueños de las viviendas. Aparte de los muebles y la ropa, había en las viviendas cajas de juguetes que la señora Cenobia vende en "La Feria del Juguete", así como 12 mil pesos en efectivo que tenía como producto de las ventas de diciembre y de reyes. Amenazan con derribar las construcciones.

5. Interrogado sobre las razones de su proceder, el licenciado Omar Almendárez Pardo dijo que él obedece a una orden de restitución provisional de la posesión, a favor de la promotora del estado, dictada en la averiguación previa 2-II/2005. Manifestó no saber el término de esa provisionalidad y que ésta podría ser indefinida y se negó a entregar a los descendientes de comuneros un mandamiento escrito de autoridad competente, fundado y motivado. Este terreno está dentro del perímetro confirmado y titulado a nuestra comunidad de San Juan de Guadalupe y sus anexos, Tierra Blanca y San Miguelito."

El desalojo de estas familias se enmarca dentro de la realización del proyecto del nuevo anillo periférico el cual, según datos a conocer por los propios comuneros tendrá un costo de 2 mil 150 millones de pesos y que es convalidado por Felipe Calderón, a través de su secretario de Comunicaciones y Transportes, Luis Téllez, pues en días pasados se firmó el convenio para la construcción del mismo y que implica, según datos de un diario local, dos etapas, mismas que se describen así:

"…en una primera etapa de la obra y en aproximadamente 3 mil 156. 01 hectáreas de la Sierra de San Miguelito se pretende construir un fraccionamiento club de golf que constaría de 452.096 hectáreas, un centro comercial en 22 hectáreas, un desarrollo corporativo en 70.19 hectáreas, un complejo de departamentos y habitaciones residenciales en 396.99, tiendas departamentales en 129.95, médica centro en 76.02, centros escolares en aproximadamente 99.42, una ciudad universitaria y centro cultural en 32.85, un desarrollo hotelero en 14.22 hectáreas, un cementerio en 47.31, un área para campismo en 58.39, escala de montaña en 9.55, paraderos en 3.82 hectáreas, un paradero turístico con cabañas en 21.29 hectáreas, una cadena de restaurantes en 157.59, un desarrollo escultórico en 44.20 hectáreas, una reserva ecológica de mil 78.12 hectáreas y un complejo de gasolineras y área para estación de bomberos, entre otros… para la segunda etapa del proyecto que constaría de 11 mil 324.23 hectáreas se planea la construcción de suelo en pendiente de mil 105.16, suelo en pendiente media con 985.18 hectáreas y vialidades en 63.03 hectáreas, un 15 por ciento para futuros desarrollos de mil 375.78 hectáreas y una reserva ecológica de 7 mil 796.09 hectáreas."¹ A pesar de que los comuneros han solicitado informes sobre dicho proyecto, se les ha negado su derecho a conocer sobre el mismo.

No es nada nuevo que el gobernador de San Luis Potosí se encuentre inmiscuido en actos de violencia contra habitantes de esa entidad federativa. Basta con recordar que el Día del Trabajo, el 1 de mayo de 2007, se dio una brutal represión policíaca en contra de los participantes de estas jornadas de lucha, en las que los excesos en el ejercicio del poder y los abusos de los cuerpos policíacos, dieron como resultado la consignación de cinco estudiantes universitarios y un menor de edad que se manifestaban en contra de la operación de la Minera San Xavier.

Tampoco es novedoso, que este personaje, Marcelo de los Santos, atente contra el patrimonio de los potosinos y responda más a los interés de aquellos acaparadores de riquezas que desarrollan proyectos de desarrollo en comunidades. Ahí tenemos el proyecto de Minera San Xavier que se inscribe en el proyecto denominado Ciudad Satélite, el cual ha sido señalado como trasgresor de la autonomía municipal y ordenamientos ambiéntales, proyecto que sin estar legalmente afianzado ya es materia del ofertas tentadoras para dirigentes obreros a los que se les ha prometido 300 lotes para la edificación de viviendas; además ha causado intromisiones en la vida de los sindicatos obreros como el del Sindicato Independiente de Trabajadores del Ayuntamiento de San Luis Potosí y el de los trabajadores de la Vidriera San Luis, entre otros.

Es inaceptable y condenable la represión de los cuerpos policíacos, que están al mando del gobernador Marcelo de los Santos Fraga de extracción panista, y que cuenta con una larga trayectoria de acusaciones de corrupción, de persecución y represión en contra de sus enemigos ideológicos, y ha sido señalado como un sistemático violador de los derechos humanos.

También es condenable el actuar de elementos de los cuerpos policiales federales en este desalojo, tal como fue denunciado por las autoridades comunales. Su actitud demuestra que están en la calle, no para librar la lucha contra el narcotráfico, sino que ha sido el pretexto de Calderón para que este tipo de cuerpos de seguridad se conviertan en aparatos represores y defensores de los intereses de unos cuantos, por encima del interés de la población.

Finalmente, la juez segunda de distrito otorgó la suspensión de plano a los comuneros de San Juan de Guadalupe, en contra del desalojo perpetrado el sábado pasado, lo que implica que la fuerza pública deben retirarse del área invadida y permitir que los comuneros regresen a ocupar sus viviendas.

Condenamos la violencia con la que se dio el desalojo de familias en la comunidad de San Juan de Guadalupe y exigimos que el gobierno de San Luis Potosí respete el marco jurídico y el patrimonio cultural de los potosinos. No es con violencia, como podrán acallar las voces que demandan respeto a los derechos humanos y que muestra a la opinión pública la verdadera cara de la derecha que viene usurpando el poder.

Por ello, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta soberanía el siguiente:

Punto de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, exhorta al gobierno de San Luis Potosí para que acate la orden de la juez segunda de distrito, lo que implica el retiro inmediato de los cuerpos policiacos del predio de los comuneros de San Juan de Guadalupe.

Segundo. Se exhorta al gobierno de San Luis Potosí para que resuelva el conflicto con los comuneros de San Juan de Guadalupe, con pleno respeto a los derechos humanos, apego al marco jurídico y con base en un diálogo entre las partes interesadas.

Tercero. Se solicita a la Secretaría de Seguridad Pública del gobierno federal remita a esta soberanía, en un plazo máximo de 15 días naturales, un informe sobre la participación de elementos de la Policía Federal en los hechos que se narran en el presente acuerdo.

Nota
1) Artículo periodístico "Desconocen comuneros de San Juan de Guadalupe construcción de Anillo Periférico", publicada en La Jornada de San Luis, del 6 de enero de 2008.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, a 16 de enero de 2008.

Diputada Maricela Contreras Julián (rúbrica)

CON PUNTO DE ACUERDO, RELATIVO A LA SITUACIÓN QUE GUARDA EL SISTEMA HÍDRICO EN MÉXICO, A CARGO DEL DIPUTADO ADOLFO MOTA HERNÁNDEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI

El suscrito, Adolfo Mota Hernández, diputado de la LX Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del PRI, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración del Pleno un punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución, al tenor de las siguientes

Consideraciones

México en su geografía, es en su mayoría un territorio árido o semiárido (en un 56 por ciento) y el 67 por ciento de las lluvias caen en los meses de junio a septiembre.

En el país llueve aproximadamente 1 mil 511 kilómetros cúbicos de agua al año, el equivalente a una piscina de un kilómetro de profundidad del tamaño de la capital del país, el Distrito Federal. El promedio de lluvia es de unos 711 milímetros al año, no es mucho comparado con otros países.

Más del 70 por ciento del agua que llueve en el México se evapora y regresa a la atmósfera, el resto escurre por los ríos o arroyos o se infiltra. En los estados del norte llueve tan sólo el 25 por ciento del total.

En la parte angosta del país, que ocupa el 27.5 por ciento del territorio cae la mayoría del agua de lluvia (49.6 por ciento), siendo los estados del sur-sureste (Chiapas, Oaxaca, Campeche, Quintana Roo, Yucatán, Veracruz y Tabasco), los cuales presentan los índices elevados de lluvia.

Tenemos estados más secos como el de Baja California, donde tan sólo llueve un promedio de 199 milímetros por año. En contraste con Tabasco que recibe 2 mil 588 milímetros de agua cada año.

En los ríos del país escurren aproximadamente 400 kilómetros cúbicos de agua anualmente, incluyendo las importaciones de otros países y excluyendo las exportaciones. Aproximadamente el 87 por ciento de este escurrimiento se presenta en los 39 ríos principales y cuyas cuencas ocupan el 58 por ciento de la extensión territorial continental.

El 65 por ciento del escurrimiento superficial pertenece a siete ríos: Grijalva-Usumacinta, Papaloapan, Coatzacoalcos, Balsas, Pánuco, Santiago y Tonalá, cuya superficie representa el 22 por ciento de la del país. Los ríos Balsas y Santiago pertenecen a la vertiente del Pacífico y los otros cinco a la vertiente del Golfo de México. Por la superficie que abarcan destacan las cuencas de los ríos Bravo y Balsas. Por su longitud destacan los ríos Bravo, Grijalva-Usumacinta.

El año pasado se presentaron una serie de fenómenos naturales que afectaron el país, específicamente las lluvias atípicas que azotaron fuertemente el sur como fue el caso de Chiapas, Tabasco y Veracruz. En la primera entidad el reblandecimiento por las constantes lluvias ocasionó un deslizamiento de tierra consecuencia de las características geográficas de la zona provocaron una ola de gran magnitud muriendo alrededor de 26 personas.

En el estado de Veracruz se suscitaron diferentes inundaciones y desbordamientos de los ríos Pánuco, el Moctezuma y el Tamesí, resultando 50 mil personas damnificadas y más de 10 mil viviendas afectadas.

En Tabasco tuvimos un problema aun mayor que no puede volverse a repetir y es el de mayor complejidad hidrológica por estar constituido por una planicie costera donde escurren corrientes del sur, la falta de la prevención en el seguimiento oportuno en la estructura hidráulica por parte de la Conagua, habrá que preguntarse aquí que paso con la planeación y el uso de recursos que Pemex ha otorgado para obras contra inundaciones, así como que ha hecho el gobierno federal para detectar los problemas hidráulicos.

Por lo anterior es importante saber que hará el Ejecutivo federal sobre este importante tema del agua, ya que lo disponible representa menos del 1 por ciento de toda el agua potable existente, y aunado a lo anterior, no debemos olvidar que la humanidad la está contaminando, además de estar desperdiciando las reservas del vital líquido.

La preocupación sobre el tema del agua se ha venido incrementando lo que dio motivo para que en 1996 se organizarán dos entidades mundiales en torno al tema: el Consejo Mundial del Agua y la Asociación Mundial del Agua, y en donde los mexicanos fuimos anfitriones de un foro mundial en el año 2006.

Dicho foro propicio la participación y el diálogo de múltiples actores que aseguren un mejor nivel de vida para la humanidad y un comportamiento social más responsable hacia los usos del agua, en congruencia con la meta de alcanzar un desarrollo sostenible.

En la clasificación mundial, México está considerado como un país de disponibilidad baja de agua. En tanto que los países más ricos en disponibilidad de agua son Canadá y Brasil.

Tuvimos un gran foro y es fundamental saber cual será la utilización de nuestro vital líquido y que hará el gobierno federal para hacer más eficiente el uso racional de dicho líquido, por lo que es prioritario conocer los programas, proyectos y sistemas a implantar en materia hídrica en este año que comienza, para el beneficio de nosotros, los mexicanos.

Por lo anterior sometemos a esta Comisión Permanente la siguiente proposición de punto de acuerdo de urgente y obvia resolución:

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal para en marco de sus atribuciones, instruya a la Comisión Nacional del Agua en el rediseño del Plan Hídrico Nacional para este sexenio, acorde con las necesidades del país, el fenómeno del cambio climático y que privilegie la cultura de la prevención de desastres naturales.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, DF, a 9 de enero de 2008

Diputado Adolfo Mota Hernández (rúbrica)

CON PUNTO DE ACUERDO, RESPECTO A LA UTILIZACIÓN DE GASES LACRIMÓGENOS EN LA FRONTERA MÉXICO-ESTADOS UNIDOS, A CARGO DE LA DIPUTADA RUTH ZAVALETA SALGADO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD

El pasado viernes 11 de enero, diferentes medios de comunicación dieron cuenta de el lanzamiento de gases lacrimógenos por partes de agentes de la Patrulla Fronteriza a la ciudad de Tijuana, particularmente a la colonia Libertad de este mismo municipio.

Los medios han mostrado los artefactos lanzados desde territorio norteamericano, afectando hogares de nacionales y molestias de salud a consecuencia de los gases.

Esta situación no contribuye de manera positiva a la relación bilateral y menos ayuda a la difícil situación prevaleciente en este cruce fronterizo, se supone que existe coordinación entre autoridades de ambos lados de la frontera y ambas están obligadas a colaborar según los procedimientos previstos y evitar este tipo de acciones unilaterales.

Nada justifica esta acción y si enrarece el clima de cooperación en la frontera y pone en riesgo el acuerdo de asumir la frontera como un tema de responsabilidad compartida.

Suscribimos el comunicado emitido por la Secretaría de Relaciones Exteriores el viernes pasado en el cual el gobierno de México emprenderá una investigación exhaustiva sobre estos hechos que han afectado las viviendas de residentes mexicanos en la frontera, con el objetivo de, sobre esa base, tomar las medidas que sean pertinentes.

Sin embargo creemos necesario que esta dependencia federal (SRE) y la Procuraduría General de la República soliciten a las autoridades de Estados Unidos una investigación exhaustiva y actuar en consecuencia, partiendo de los espacios institucionales acordados por ambas partes como lo son los mecanismos de enlace fronterizo y los protocolos de colaboración para combatir la violencia fronteriza.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la suscrita diputada federal Ruth Zavaleta Salgado, integrante del Grupo Parlamentario del PRD, pone a consideración de la asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión expresa su más energético rechazo a la utilización de gases lacrimógenos como armas de disuasión, por parte de las autoridades fronterizas de Estados Unidos en la frontera entre San Diego–Tijuana.

Segundo. Se solicita a la Secretaría de Relaciones Exteriores y a la Procuraduría General de la República enviar una solicitud de investigación a las autoridades de Estados Unidos a fin de indagar los hechos acontecidos y sancionar a los responsables.

Dado en el salón Legisladores de la República, Palacio Legislativo de San Lázaro a los 16 días del mes de enero del 2008.

Diputada Ruth Zavaleta Salgado

CON PUNTO DE ACUERDO, PARA EXHORTAR AL GOBIERNO FEDERAL A SOLICITAR UNA EXPLICACIÓN A SU SIMILAR DE ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA SOBRE EL LANZAMIENTO DE GASES LACRIMÓGENOS EN LA FRONTERA, A CARGO DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD

El que suscribe, Jesús Humberto Zazueta Aguilar, integrante de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior de Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicito se someta a consideración de esta asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo, de conformidad con las siguientes

Consideraciones

1. En días recientes nos enteramos de que agentes de la patrulla fronteriza de Estados Unidos lanzaron gases lacrimógenos contra los habitantes de la colonia popular Libertad, en Tijuana, en la zona limítrofe con San Diego. De acuerdo con información de la prensa mexicana, elementos de la Dirección de Seguridad Pública municipal recogieron cuatro granadas, dos de ellas sin detonar.

2. No es la primera ocasión que agentes fronterizos lanzan bombas lacrimógenas a territorio mexicano con el argumento de cuidar su integridad y responder así a las agresiones -pedradas- de que presuntamente son objeto. Este tipo de acciones ponen en peligro no sólo la salud sino el patrimonio de los colonos que viven en las inmediaciones de la garita de Tijuana.

3. Las agresiones de los agentes de la patrulla fronteriza contra ciudadanos mexicanos se han vuelto cosa de todos los días. Un informe elaborado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) sobre impunidad y muerte en la frontera norte destaca que en 4 mil 745 días se ha presentado igual número de muertes de migrantes, es decir, un deceso al día en promedio.

4. Adicionalmente, durante 2007 se ha superó el récord de mexicanos muertos a manos de autoridades policíacas y migratorias de Estados Unidos. De acuerdo con información de la SRE, de 2005 a la fecha, de los 14 homicidios registrados, cuatro ocurrieron en 2005, tres en 2006 y siete en 2007. La propia dependencia ha identificado un incremento de la violencia en la frontera donde desde hace un par de años se han presentado 750 incidentes violentos, la mitad de ellos entre la frontera de California y Baja California. Tan sólo en lo que va de la administración de Felipe Calderón han muerto alrededor de 300 migrantes en su intento por atravesar la frontera de manera indocumentada hacia Estados Unidos.

5. No obstante lo anterior, la respuesta del Ejecutivo federal ante la violencia, el acoso e incluso los asesinatos de nuestros migrantes, ha sido tibia y desorganizada. Con relación al asunto de los gases lacrimógenos, la SRE manifestó en un comunicado que el gobierno de México emprenderá una investigación exhaustiva sobre estos hechos que han afectado las viviendas de residentes mexicanos en la frontera, con la finalidad de, sobre esa base, tomar las medidas que sean pertinentes.

6. Pensamos que no es suficiente con lo anunciado por la Cancillería; es preciso que el Ejecutivo federal tome acciones contundentes para frenar las agresiones que los agentes de la patrulla fronteriza estadounidense han estado llevando a cabo contra la población mexicana. El Ejecutivo federal y los consulados de la frontera norte deben estar más atentos que nunca para denunciar violaciones de derechos humanos de los mexicanos.

Por lo anteriormente expuesto y fundado sometemos a su consideración el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta al Ejecutivo federal a enviar una nota diplomática de protesta al gobierno de Estados Unidos por las constantes agresiones que sufren nuestros connacionales y por el lanzamiento de granadas de gas lacrimógeno a nuestro país a manos de sus agentes fronterizos.

Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta al Ejecutivo federal a solicitar a la brevedad al gobierno de los Estados Unidos de América información completa y certera sobre los hechos relacionados con el lanzamiento de granadas y de gas lacrimógeno por parte de agentes de la patrulla fronteriza estadounidense contra la población mexicana residente en la frontera entre Tijuana y San Diego.

Tercero. Que la Secretaría de Relaciones Exteriores informe puntualmente a esta Comisión Permanente sobre la respuesta recibida por parte del gobierno de Estados Unidos.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de enero de 2007.

Diputado Jesús Humberto Zazueta Aguilar (rúbrica)

CON PUNTO DE ACUERDO, PARA EXHORTAR AL AYUNTAMIENTO DE URUAPAN Y A LA SECRETARÍA DE URBANISMO Y MEDIO AMBIENTE DE MICHOACÁN A INVESTIGAR EL PROCEDIMIENTO DE AUTORIZACIÓN Y ESTUDIAR EL IMPACTO AMBIENTAL DE LOS DESARROLLOS HABITACIONALES DEL ÁREA DE EL ZAPIEN, A CARGO DEL DIPUTADO FAUSTO FLUVIO MENDOZA MALDONADO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD

El suscrito, diputado federal del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática ante la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite someter a la alta consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo, de urgente u obvia resolución, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La ciudad de Uruapan, Michoacán, es un ejemplo de como los asentamientos urbanos avanzan sobre tierras agropecuarias o forestales.

Se puede afirmar, que ninguna ciudad del país escapa a esta situación, ya que en ellas la demanda de la población por tener vivienda es lo cotidiano. Muchas veces esta demanda sacrifica al ambiente, sin pensar en las consecuencias no sólo de las inmediatas, sino también las del futuro.

Por ello, el pasivo ambiental del país crece día con día. Las consecuencias en las ciudades son mayor contaminación del agua, del suelo, y la atmósfera, falta de espacios verdes, pérdida de las mejores tierras productivas para actividades agropecuarias, sólo por citar algunos efectos de esta presión sobre el espacio urbano.

Ante esta situación sin duda alguna, nosotros como legisladores tenemos que promover acciones para armonizar la forma de vida con el entorno. Siempre nos debe preocupar que haya denuncias de posibles daños ambientales ante alguna nueva actividad humana. Por ello, este punto de acuerdo considera como eje principal la defensa del medio ambiente y el equilibrio ecológico en relación con el crecimiento urbano.

Se exhorta al Ejecutivo federal a realizar, a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), para que un predio denominado El Zapién o Taximácuaro, en Uruapan, Michoacán, se realicen los estudios necesarios para hacer un área natural protegida.

En este caso, hay señalamientos sobre posibles perjuicios ecológicos a un predio de siete hectáreas denominado Aurora Boreal, en Uruapan. Ahí se pretende realizar la construcción de un nuevo fraccionamiento habitacional. Se dice que este predio forma parte de las 300 hectáreas de un predio denominado El Zapien o Taximácuaro y que se localiza en una zona de conservación ecológica.

Resulta, que no es el desarrollo Aurora Boreal la punta de lanza para acabar con el predio El Zapien, como se señala en el punto de acuerdo, antes mencionado. La punta de lanza es de quienes han estado en los últimos años autorizando fraccionamientos en dicha área de El Zapien, que son los anteriores ayuntamientos de Uruapan, ellos generaron los precedentes, que colocan en una situación complicada al actual ayuntamiento.

En el año 2001, el 14 de diciembre, se autorizó en dicha zona el conjunto habitacional Paseos de Taximácuaro, por el director de desarrollo urbano municipal, fue un primer pellizco de 8.2 hectáreas al área que dicen se quiere proteger. Lo interesante es que en ese entonces el presidente municipal de Uruapan era el ahora actual secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), ingeniero Juan Rafael Elvira Quesada, máximo responsable de la política ambiental en el país.

En el año 2002 se autorizan dos desarrollos habitacionales más por el gobierno municipal: el Pedregal de San Miguel por 5.1 hectáreas y El Zapien por 3.4 hectáreas, ambos bajo la presidencia municipal de la señora Jesús María Dóddoli Murguía.

Un cuarto desarrollo habitacional en la misma área, denominado De la Santa Cruz, se autoriza en el año 2004. Su superficie es de 14.1 hectáreas y es bajo la presidencia municipal del ingeniero Prisciliano Jiménez Rosales.

Sólo estas 4 autorizaciones suman un total de 30.8 hectáreas (el 10 por ciento de lo que se dice se quiere proteger).

Además, el punto de acuerdo ya aprobado, no considera que hay otros asentamientos como es el caso del fraccionamiento El Capulín, el empaque procesadora Calavo, el empaque West Pack, la Modelo de Uruapan, asentados en la parte norte de la cuenca del río Cupatitzio y colindante del área que se pretende declarar "natural protegida" autorizados por los citados anteriores gobiernos municipales en la misma área, que todos queremos se proteja. En ese sentido, es necesario realizar un diagnóstico ambiental más amplio, no se debe reducir el caso a un único fraccionamiento.

Hay que estudiar que esta pasando en el área y que tipos de sinergias se están generando con estos asentamientos humanos ya autorizados. Por ello, consideramos que hay que realizar un diagnóstico integral de impacto ambiental de todos los desarrollos habitacionales autorizados en el área de El Zapien. Queremos saber, el grado de afectación que éstos han originado y, en su caso, como mitigarlos.

Por lo anteriormente expuesto, someto a esta soberanía la aprobación de la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorta al honorable ayuntamiento de Uruapan para que en el ámbito de su competencia, realice una investigación sobre posibles conductas irregulares en el procedimiento para otorgar autorizaciones de los desarrollos habitacionales ubicados en el área de El Zapien, y que se señala como zona de conservación ecológica en Uruapan, Michoacán.

Segundo. Se exhorta a la Secretaría de Urbanismo y Medio Ambiente de Michoacán a realizar por cuenta propia, y con el visto bueno de universidad del estado un estudio en su conjunto del impacto ambiental de los desarrollos habitacionales ya autorizados, así como de aquellos proyectos de desarrollo urbano en tramite de autorización, ubicados en el área de El Zapien, en Uruapan, Michoacán.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de enero de 2007.

Diputado Fausto Fluvio Mendoza Maldonado (rúbrica)

CON PUNTO DE ACUERDO, PARA EXHORTAR AL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO A ANALIZAR LA ENAJENACIÓN Y DESAPARICIÓN DEL CONJUNTO DE INVESTIGACIÓN AGRÍCOLA SEDAGRO, EN METEPEC, A CARGO DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD

Luis Sánchez Jiménez, en su carácter de diputado federal por el Partido de la Revolución Democrática en la LX legislatura, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, suscribe la presente proposición con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno del estado de México a detener la enajenación y desaparición del conjunto de investigación agrícola Sedagro.

Consideraciones

Con fecha 15 de diciembre de 2007, en el marco de la aprobación del paquete fiscal de 2008, el Pleno de la LVI Legislatura del estado de México aprobó la desincorporación a título oneroso del Conjunto Sedagro, un campo de experimentación e investigación agrícola ubicado en el municipio de Metepec, estado de México, a fin de convertirlo en lo que se ha dado en llamar "Ciudad Administrativa Bicentenario".

La aprobación del dictamen correspondiente se dio a partir de una iniciativa presentada por el gobernador del estado, Enrique Peña Nieto, con lo cual la legislatura local avala desincorporar del patrimonio público, y posteriormente enajenar a título oneroso, una superficie de 1 millón 42 mil 840 metros cuadrados, en el que se encuentran inmuebles del centro de investigación, terrenos de experimentación agrícola y áreas boscosas.

En este espacio, el gobierno de Enrique Peña Nieto, a través de un fideicomiso, propone llevar a cabo la implementación para el desarrollo de un conjunto urbano que incluya nuevas oficinas administrativas para el Gobierno del estado, a fin de reubicar a cerca de cuatro mil funcionarios públicos, que actualmente laboran en distintas dependencias locales ubicadas en Toluca y que se rentan.

Para llevar a cabo este desarrollo urbano, el gobierno del estado diseñó una estructura jurídica, técnica y financiera para la ejecución del proyecto integral urbano y la construcción de las oficinas administrativas; esta estructura plantea la posibilidad de que un desarrollador adquiera los inmuebles a través de un fideicomiso, previa autorización de esa legislatura para su desincorporación, sobre los cuales ejecutará el proyecto integral urbano, pagando en especie al estado de México, con la construcción y entrega de oficinas administrativas para la administración pública estatal y otros inmuebles.

Así se establece que el desarrollador que realice el proyecto recibirá del gobierno estatal el predio Sedagro con una superficie de 100 hectáreas y a cambio deberá ofrecer una contraprestación pagadera en especie mediante la entrega de las oficinas administrativas y otros inmuebles que sea igual o superior al valor del avalúo realizado por el Instituto de Información e Investigación Geográfica, Estadística y Catastral del Estado de México que estimó su valor comercial en 843 millones 732 mil 899.66 pesos. En el predio Sedagro se desarrollaráun centro de convenciones y exposiciones, áreas comerciales y de servicios, así como desarrollo de unidades habitacionales.

En mi calidad de diputado y ciudadano mexiquense coincido con la creación de proyectos que promuevan el crecimiento urbano ordenado, que fortalezcan la economía local, fomenten el empleo y ayuden a descentralizar el ejercicio de gobierno.

Sin embargo, la propuesta de construir la Ciudad Administrativa Bicentenario ha generado oposición de un sector representativo de ciudadanos y ciudadanas, particularmente de habitantes de Metepec, fundamentado el método implantado en la toma de decisión, de manera apresurada con la que fue aprobado el dictamen en la legislatura local, no es una buena señal.

Es importante que decisiones como éstas sean tomadas con la ciudadanía y que al mismo tiempo se transparenten, para que con ello se generen las condiciones de credibilidad, legitimidad y la rendición de cuentas de gobernantes a gobernados; y en ningún momento sembrar la duda sobre posibles elementos de corrupción que pueden aparentar que el proyecto de construcción ya ha sido licitado, sin que la legislatura haya aprobado la enajenación de este bien público.

Ocupo la máxima tribuna de la nación para trasmitirles a ustedes, compañeras y compañeros legisladores y a la opinión pública nacional, otro punto de vista con el objetivo de analizar detenidamente la propuesta de Ciudad Administrativa Bicentenario, ya que en este marco se han levantado voces y planteamientos de inconformidad de los vecinos de Metepec, dirigentes de organizaciones de la sociedad civil, ambientalistas, especialistas y líderes locales, quienes no están de acuerdo en la construcción de este desarrollo urbano, ello reclama nuestra atención como legisladores y representantes del pueblo.

Expreso la necesidad de revisar la propuesta de este proyecto que pretende por un lado promover el desarrollo económico de la zona y así de Metepec, y por otro, no ha sido difundido ampliamente ni dado a conocer, así como no ha sido lo suficientemente planteado a la población implicada.

Los argumentos presentados por el gobernador Enrique Peña Nieto para proponer la construcción de Ciudad Administrativa Bicentenario estriban en fomentar el desarrollo urbano de la región, al mismo tiempo que genera empleos; sin embargo, es importante tomar en cuenta, que para este tipo de proyectos que forman parte de políticas públicas amplias, uno de los pasos es el análisis y estudio profundo de impactos, como una parte medular del "ciclo de políticas públicas", y como parte de la fase de diseño de éstas.

El municipio de Metepec se caracteriza por tener el mayor número de centros comerciales a nivel regional y el mayor número de escuelas, predominado las de tipo particular. Además, cuenta con equipamiento de salud de corte regional con un sistema público y particular, siendo el foco de atención para los inversionistas de bienes raíces. El proyecto si bien intenciona un mayor desarrollo para la zona, toca también tomar en cuenta que la propuesta del proyecto está centrado en una región con infraestructura de servicios suficiente, y por otro lado, existen otras zonas de menor poder económico así como marginal en el mismo municipio o del valle de Toluca, que necesitan infraestructura para el desarrollo de mejores condiciones de calidad de vida así como para el aprovechamiento de recursos y empleos necesarios para el mejor desarrollo de la zona.

Metepec tiene un alto índice de concentración urbana, superior a la que refleja la región. El área urbana continúa consumiendo el suelo destinado a las actividades primarias por lo que debe frenarse la transformación del suelo agrícola en urbano, ello tiene un impacto, el cual es necesario tomar en cuenta y analizar.

Es de destacar la importancia del impacto ambiental, el territorio propuesto para llevar a cabo este proyecto representa una de las áreas verdes más importantes en la zona, por ello es necesario analizar si la construcción que se pretende no se cifra únicamente en la conservación o no de los árboles que se encuentran en el Conjunto Sedagro, sino que se tienen que considerar las afectaciones a las áreas verdes, la contaminación atmosférica por el incremento del parque vehicular, la presión creciente sobre los mantos freáticos, el aumento en la generación de residuos sólidos, así como el cambio de la imagen urbana. Recordemos que en la anterior administración encabezada por Arturo Montiel Rojas se destinaron importantes recursos humanos, materiales y económicos al Conjunto Sedagro bajo el planteamiento de ser un "pulmón verde" para el valle de Toluca.

Otra discusión es la referente a los inmuebles y terrenos del Conjunto Sedagro son ubicados como un bien público y la obligación del gobierno, especificada en la Ley de Bienes del Estado de México, es garantizar que los bienes públicos se mantengan como tales, sobre todo aquellos que representan un espacio que beneficia a los habitantes de la región como en este caso.

Por lo anterior, someto a la consideración de esta honorable soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita al gobernador del estado de México, Enrique Peña Nieto, la información documental precisa sobre el proyecto Ciudad Administrativa Bicentenario, incluidos los estudios de impacto ambiental y regional que sustenten la viabilidad del mismo.

Segundo. Se hace un atento exhorto al gobernador del estado de México, Enrique Peña Nieto, para generar una investigación académica para analizar la pertinencia de la utilización y con ello el impacto ambiental, así como económico-social para el proyecto Ciudad Administrativa Bicentenario, ante ello, se detenga la desincorporación del patrimonio público y enajenación a título oneroso, de una superficie de 1 millón 42 mil 840 metros cuadrados, en el que se encuentran inmuebles del centro de investigación, terrenos de experimentación agrícola y áreas boscosas del Conjunto Sedagro.

Tercero. Se hace un atento exhorto al gobernador del estado de México, Enrique Peña Nieto, para que se dé a conocer y transparente el proceso de toma de decisiones de la propuesta de este proyecto, así como los mecanismos y responsabilidades tanto de privados, como de las instancias estatales responsables del proyecto. Y por otro lado, se tome en cuenta la voz de los y las habitantes e interesados en la zona sobre su parecer así como sus propuestas en torno a este proyecto.

Cuarto. Se hace un atento exhorto al gobernador del estado de México, Enrique Peña Nieto, y a la LVI Legislatura del estado de México para analizar y tomar en cuenta la posibilidad de otros terrenos en la zona para llevar a cabo este proyecto.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de enero de 2008.

Diputado Luis Sánchez Jiménez (rúbrica)

CON PUNTO DE ACUERDO, PARA EXHORTAR A LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA A SOLICITAR A LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES QUE REALICEN LOS EMBARGOS PRECAUTORIOS A LOS EX FUNCIONARIOS SANCIONADOS Y DEN VISTA AL MINISTERIO PÚBLICO POR LA PROBABLE PARTICIPACIÓN EN CONDUCTAS DELICTIVAS; Y A INHABILITAR DE MANERA INDEFINIDA LA EMPRESA GUTSA INFRAESTRUCTURA, SA DE CV, A CARGO DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD

El que suscribe, diputado federal Hugo Eduardo Martínez Padilla, integrante del Grupo Parlamentario del PRD de la LX Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite presentar ante esta soberanía una proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La Secretaría de la Función Pública, el pasado 3 de diciembre de 2007, sancionó económicamente e inhabilitó a algunos ex funcionarios de Caminos y Puentes Federales y Servicios Conexos (Capufe), por concepto de violación de procedimientos de contratación a la empresa Gutsa Infraestructura, SA de CV. Al respecto, el 6 del mismo mes, diversos medios de comunicación señalaron que la propia secretaría había sancionado a siete ex funcionarios de Capufe, e impuesto sanciones económicas, por irregularidades administrativas y por haber efectuado pagos indebidos a la empresa.

Las sanciones fueron publicadas en el Sistema de Registro de Servidores Públicos Sancionados. En el caso de Manuel José Castellanos Cervera, ex director jurídico de Capufe, fue inhabilitado por un periodo de 15 años y una sanción económica de 42 millones 276 mil 533.40 pesos; Manuel Zubiría Maqueo, ex director de Capufe, por una inhabilitación de 11 años y una sanción económica de 42 millones 276 mil 533.40 pesos; Pedro Antonio Ramírez Cetina, ex gerente de Administración, es inhabilitado por 13 años y una multa de 42 millones 276 mil 533.40 pesos y Sergio Emilio Segura Ortega con una suspensión de 30 días.

También, destacan los que no aparecen en dicho Sistema como son los casos de Ignacio Peña Aburto, ex director Técnico, inhabilitado durante un año, Ricardo Héctor René Basurto Cortés, delegado de la Zona Centro-Sur de Capufe, inhabilitado por ocho meses y Eduardo Gerardo Tirado del Río, actual gerente de Licitaciones de Capufe, inhabilitado sólo por 30 días.

Por otra parte, la Secretaría de la Función Pública, el día 10 de diciembre de 2007, informó a través del Diario Oficial de la Federación, mediante la circular UNAOPSPF/309/DS/029/2007, que se había resuelto el procedimiento fincado a la empresa Gutsa Infraestructura, SA de CV, por lo que se hacía del conocimiento a todas las autoridades de la administración pública federal, estados y municipios, que deberían abstenerse de recibir propuestas o celebrar contrato alguno con la empresa, en términos de la fracción XXIII del artículo 33 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, por el lapso de un año, contado a partir del día siguiente al de su publicación, sin hacer alusión o mención de alguna sanción o multa económica a la empresa.

Mientras que en el Directorio de Proveedores y Contratistas Sancionados que aparece en la página de Internet de la Secretaría, se informa de la inhabilitación correspondiente del mismo plazo y una multa por un monto de 283,192 pesos, por haber subcontratado la ejecución de los trabajos derivados de los contratos números 148-228/03MF209-6108 y 161-226/03MF209-6108, que le adjudicó Capufe en contravención a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, con lo que se hizo acreedora a las sanciones previstas en los artículos 77 y 78 de la ley en la materia.

Por lo anterior, y debido a que las investigaciones realizadas por Capufe y la Secretaría de la Función Pública (SFP), dieron entrada a la existencia de irregularidades de estos funcionarios y el resultado de las investigaciones efectuadas así lo confirman, se solicita a las autoridades correspondientes realizar los embargos precautorios a los ex funcionarios sancionados por Capufe, para garantizar la aplicación de la justicia y se de vista al Ministerio Público por el probable daño a la hacienda pública federal para que se inicien las averiguaciones previas correspondientes.

Cabe precisar que el periodo de inhabilitación para la empresa mencionada, es una "sanción ligera" considerando los daños que ésta ha generado a la Hacienda Pública Federal, no sólo en el retraso en la entrega de las obras de mantenimiento y rehabilitación de los tramos de la Autopista del Sol, que finalmente no concluyó, sino, también por la ilegal indemnización solicitada y pagada por Capufe y por las otras obras contratadas que también presentaron irregularidades otorgadas durante el sexenio de Vicente Fox Quesada, como lo fue su participación en la construcción de la Biblioteca Vasconcelos y la terminal 2 del aeropuerto internacional de la Ciudad de México.

No se omite mencionar que quedan asuntos pendientes para las autoridades de la Función Pública y de la Auditoría Superior de la Federación, como lo es, la facultad para imponer fincamiento de responsabilidad resarcitoria contra la empresa, por el daño patrimonial ocasionado a la hacienda pública federal por el cobro de los 100 millones 260 mil 553 pesos como indemnización autorizada por estos funcionarios sancionados.

Por ello se considera apremiante solicitar a la Secretaría de la Función Pública, inicie el proceso de inhabilitación de manera indefinida a la empresa Gutsa Infraestructura, SA de CV, para participar de manera directa en licitaciones o adjudicaciones directas de obras públicas o por interpósita persona en las dependencias del gobierno federal, estados y municipios, que le sean rescindidos los contratos adjudicados que actualmente se tengan formalizados, en tanto se concluyan las investigaciones solicitadas con anterioridad, por el que suscribe la presente proposición y por el diputado José Alfonso Suárez del Real, con relación a los contratos de las obras otorgados a está empresa en la construcción de la Biblioteca José Vasconcelos y la terminal 2 del aeropuerto internacional de la Ciudad de México.

Por lo expuesto, se pone a consideración de la Comisión Permanente la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de la Función Pública a solicitar a las autoridades correspondientes que realicen los embargos precautorios y de vista al Ministerio Público a efecto de que inicie la averiguación previa por la probable participación en la comisión de conductas delictivas de los ex funcionarios sancionados.

Segundo. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de la Función Pública lleve a cabo el procedimiento de inhabilitación indefinida a la empresa Gutsa Infraestructura, SA de CV, para que no pueda participar de manera directa o por interpósita persona, en licitaciones o adjudicaciones directas de obras públicas en las dependencias del gobierno federal, estados y municipios y le sean rescindidos los contratos adjudicados que actualmente tenga formalizados, mientras se concluyan las investigaciones a que haya lugar.

Tercero. Se exhorta respetuosamente a la Auditoría Superior de la Federación para que inicie el procedimiento de sanción resarcitoria contra la empresa Gutsa Infraestructura, SA de CV, por la ilegal indemnización recibida de 100 millones 260 mil 553 pesos.

Cuarto. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de la Función Pública y a la Auditoría Superior de la Federación informen a esta soberanía de las acciones emprendidas, en un plazo no mayor de 45 días naturales.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, a 16 de enero de 2008.

Diputado Hugo Eduardo Martínez Padilla (rúbrica)

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN A INFORMAR A ESTA SOBERANÍA SOBRE EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO DEL FINCAMIENTO DE RESPONSABILIDADES RESARCITORIAS CONTRA GUTSA INFRAESTRUCTURA, SA DE CV, RESPECTO A LAS OBRAS ASIGNADAS MEDIANTE LICITACIONES PÚBLICAS DE LA TERMINAL DOS Y EL DISTRIBUIDOR VIAL DOS DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A CARGO DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD

El que suscribe, diputado Hugo Eduardo Martínez Padilla, integrante del Grupo Parlamentario del PRD, de la LX Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite presentar ante esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El proyecto de modernización y ampliación del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México "Benito Juárez" (AICM), surgió con la finalidad de ofrecer mejores servicios y atención a los usuarios que utilizan.

Gutsa Infraestructura, SA de CV como empresa constructora ha participado activamente y de manera irregular en obras públicas efectuadas por el sexenio anterior, que aún no han sido concluidas y siguen demandando recursos públicos, como es el caso de las obras de la megabiblioteca José Vasconcelos, Autopista del Sol (que le rescindió CAPUFE, los dos contratos, el 26 de junio de 2007) y el montaje de la estructura de la terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, mediante contrato 09085002-042-05, cuyo monto original era de 597.4 millones de pesos.

Como resultado de la revisión de la Cuenta Pública 2005, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) dio a conocer irregularidades en relación a la obra asignada a la empresa en cuestión, en el cual el resultado 4 arrojó las observaciones números 30 y 31 que señalan lo siguiente:

"La entidad realizó un pago en exceso al contratista, en la estimación dos por un monto de 26.8 miles de pesos, en virtud de que en la trabe metálica TM-4, adicionó el 3.5 por ciento de descalibre aun cuando el costo unitario lo incluye y la especificación general de construcción número III, estructura metálica de la licitación pública internacional número 09085002-042-05, específica que los números generadores de las estimaciones deberán incluir el descalibre. El pago contravino los artículos 53 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas, 84, fracciones I y II, de su reglamento y de la especificación general de construcción, número III, estructura metálica de la licitación pública internacional número 09085002-042-05".

"La entidad pagó indebidamente 739.0 miles de pesos en la estructura metálica de la terminal 2 del aeropuerto, en virtud de que se realizaron empalmes no autorizados en secciones de menos de 9.00 metros integrados de la manera siguiente: 494.6 miles de pesos en 80 trabes tipo TS1.101.-IR 305X52.2 kilogramos/metros, que suman en total 34.25 toneladas y en 5 trabes principales TM3.1-02; un monto de 89.0 miles de pesos con 5.836 toneladas, de trabes ubicadas en el mezanine del dedo sur, y 155.4 miles de pesos, en 30 trabes TS1.3-01, con 10.77 toneladas, ubicadas en el nivel de azotea, en contravención de lo dispuesto en los artículos 53 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas, 84, fracciones I y II, de su reglamento, la especificación particular del contrato NC número 3 estructura metálica inciso 5, secciones prefabricadas y la cláusula décima octava contractual".

También le fue asignada por Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA), según consta en el boletín de prensa emitido por esta dependencia en conjunto con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de fecha del 10 de mayo de 2006, la licitación pública internacional número 0908500200906 para la construcción del distribuidor vial 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, cuyo costo original ascendía a 491 millones de pesos.

Dicha obra se proyectó que comenzaría a operar el 6 de febrero 2007, sin embargo, fue inaugurada hasta el día 15 de noviembre del mismo año, por lo que nuevamente la empresa en comento está involucrada en obras que no son ejecutadas conforme a los criterios de eficiencia y transparencia, la no entrega en el tiempo comprometido y la no aplicación de los recursos públicos de manera transparente y legal.

Finalmente, de las visitas de supervisión realizadas por los auditores de la Secretaría de la Función Pública y de la Auditoria Superior de la Federación, se considera pertinente que se cuentan con los elementos necesarios para que se inicie el proceso del fincamiento de responsabilidades resarcitorias, con fundamento en los artículos 45, 46, 47, 48, 49, 50, 50 y 51 de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación.

Por lo anteriormente expuesto, se pone a consideración de la Comisión Permanente la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorta respetuosamente a la Auditoría Superior de la Federación informe por escrito a esta soberanía, sobre el inicio del procedimiento del fincamiento de responsabilidades resarcitorias contra la empresa Gutsa Infraestructura, SA de CV, respecto a las obras asignadas mediante licitaciones públicas de la terminal 2 y el distribuidor vial 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México "Benito Juárez".

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, a 16 de enero de 2008.

Diputado Hugo Eduardo Martínez Padilla (rúbrica)

CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE SOLICITAR AL GOBIERNO DE NAYARIT Y A LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD UN INFORME DETALLADO Y LA APLICACIÓN ADECUADA DE 33 MILLONES DE PESOS POR EL CONCEPTO DE SUBSIDIO DE TARIFAS DE ELECTRICIDAD PARA LA COSTA NORTE DE ESE ESTADO, A CARGO DEL SENADOR FRANCISCO JAVIER CASTELLÓN FONSECA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD

El que suscribe, Francisco Javier Castellón Fonseca, senador de la república por Nayarit a la LX Legislatura, e integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD), con fundamento en el artículo 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 122 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a esta honorable asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo para solicitar al gobierno de Nayarit y a la Comisión Federal de Electricidad un informe detallado y la aplicación adecuada de 33 millones de pesos, por concepto de subsidio a las tarifas de energía eléctrica para la costa norte de Nayarit, con base en las siguientes

Consideraciones

El pasado jueves 10 de enero, el periódico La Jornada publicó una nota firmada por su corresponsal en Nayarit, Jesús Narváez Robles, en la que se narra un problema que actualmente viven los municipios del norte de Nayarit, relacionado con el subsidio a las tarifas eléctricas en la entidad.

Dicho problema radica en que el año pasado, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) entregó al gobierno del estado de Nayarit 33 millones de pesos para subsidiar las tarifas de energía eléctrica en la costa norte del estado. A su vez, la Secretaría de Finanzas estatal entregó la primera parte de dicho subsidio, 15 millones de pesos, a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) sin embargo, ésta decidió no aplicarla para dicho fin y utilizó el dinero destinado al subsidio para cobrar un adeudo que Nayarit tenía con la comisión desde el año 2002.

Según declaraciones hechas por el secretario de Finanzas de Nayarit, Gerardo Gangoiti Ruiz, se entregaron 15 millones de pesos a la CFE para que aplicara los descuentos en los recibos de los habitantes de los municipios del norte del estado, pero llegó el mes de diciembre y los nayaritas no vieron reflejado el subsidio en sus recibos, pues en algunos casos se les seguían cobrando hasta 2 mil pesos.

Fue a través de un convenio que el gobierno de Nayarit le entregó a la Comisión Federal de Electricidad un anticipo, 15 millones de pesos, para el subsidio a la zona costera, pero la paraestatal tomó ese anticipo como parte del pago de los subsidios a las tarifas 1 D que se aplicaron en el año 2002.

Cabe recordar que en ese año, ante diversas protestas por los altos cobros de electricidad, la CFE decidió bajar las tarifas, aplicando un subsidio a los usuarios de las zonas más calurosas de Nayarit. Fue así que resultaron beneficiados los municipios de Acaponeta, Tecuala, Santiago Ixcuintla, Ruiz, Rosamorada y Tuxpan.

En 2002 en estos municipios se aplicó la tarifa 1 D (60 centavos por kilovatio) y no la 1 B (1.80 centavos por kilovaltio) que es la que se viene aplicando actualmente.

En la nota publicada por el periódico La Jornada, se corrobora la forma de actuar de la CFE, pues el superintendente de ésta en el norte del país, Manuel Magaña Vega, reconoció que la dependencia decidió cobrarse adeudos generados por las rebajas a las tarifas en años anteriores, por lo que el anticipo entregado por el gobierno estatal tuvo ese fin.

En declaraciones hechas al periódico, Magaña Vega justificó esta decisión, pues según él, ese dinero debe restituírsele a la empresa, ya que la tarifa 1D no puede aplicarse oficialmente en Nayarit, pues según la ley, este tipo de tarifa sólo es ajustable en las zonas donde hay una temperatura superior a los 33 grados centígrados la mayor parte del año.

Pero lo que desconoce este funcionario de la CFE es que en los municipios costeros de Nayarit, en el verano la temperatura llega hasta los 42 grados centígrados, y pocas veces baja hasta 30.

No omito mencionar que en una reunión de trabajo en el Senado de la República, de la Comisión Especial para determinar las causas del bajo financiamiento para el desarrollo y del elevado monto de la deuda pública y sus instrumentos, a la cual pertenezco, cuestioné al director general de la Comisión Federal de Electricidad, Alfredo Elías Ayub, acerca de la aplicación de este tipo de subsidios, a lo que me respondió que su aplicación era un asunto "muy complicado", pues la Secretaría de Hacienda es quien entrega el recurso a los estados y estos a su vez los otorgan a la comisión.

Desde entonces he venido denunciando a través de diferentes medios de comunicación, que la CFE pretende quedarse con el subsidio de 33 millones de pesos, pues el anticipo otorgado por la Secretaría de Finanzas estatal, no se usó en subsidiar el servicio de energía eléctrica para la presente temporada, sino que había sido utilizado como un pago parcial de un supuesto adeudo a causa de una vieja reducción de tarifas y que ese dinero iría a parar a la caja de la comisión.

Al no tener una reglamentación, la aplicación de esos recursos es de manera discrecional, que es lo que está haciendo la Comisión Federal de Electricidad, pues la empresa tomó el pago anticipado de 15 millones como un pago por la deuda que el estado contrajo con ella en años pasados.

Otro problema es que la deuda que tiene Nayarit con la Comisión Federal de Electricidad desde 2002 asciende a los cerca de 100 millones de pesos, y si la paraestatal se sigue cobrando viejas deudas, entonces de nada servirán los 33 millones de pesos (de los cuales aún quedan 18 millones sin entregar) que la Secretaría de Hacienda entregó para que se destinarán a subsidiar las tarifas eléctricas de la costa norte de Nayarit.

Realmente es una burla que se tome ese dinero a manera de "pago de adeudos", pues el dinero no es para eso, ya que el subsidio es para las tarifas eléctricas de los usuarios del norte de Nayarit, subsidio que no se está aplicando de esa manera.

Por todo lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de la asamblea de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión solicita respetuosamente al gobierno de Nayarit, con pleno respeto de sus atribuciones y de la soberanía de esa entidad federativa, un informe detallado sobre el pago de 33 millones de pesos hecho a la Comisión Federal de Electricidad, por el concepto de subsidio a las tarifas de energía eléctrica para la costa norte de Nayarit.

Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Comisión Federal de Electricidad a aplicar adecuadamente los 33 millones de pesos por concepto de subsidio a las tarifas de energía eléctrica para la costa norte de Nayarit, así como un informe detallado del destino de dichos recursos entregados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través del gobierno de Nayarit.

Tercero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, en términos de lo dispuesto por el segundo y tercer párrafo de la fracción I del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solicita a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación solicite a la Auditoría Superior de la Federación llevar a cabo una auditoría sobre los recursos que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que por medio del gobierno de Nayarit entregó a la Comisión Federal de Electricidad por concepto de subsidio a las tarifas de energía eléctrica para la costa norte de Nayarit, y haga del conocimiento de la misma a esta soberanía.

Senador Francisco Javier Castellón Fonseca (rúbrica)

CON PUNTO DE ACUERDO, RELATIVO A LA CONTAMINACIÓN Y LAS IRREGULARIDADES COMETIDAS POR ASIA AUTOMOTORES, SA DE CV, EN LA OPERACIÓN DE LA CONCESIÓN DE UN CONFINAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS EN ECATEPEC DE MORELOS, MÉXICO, A CARGO DE LA DIPUTADA ALEIDA ALAVEZ RUIZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD

Las suscritas Maribel Alva Olvera y Aleida Alavéz Ruíz , diputadas federales de la LX Legislatura del Congreso de la Unión e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 61 y 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en lo previsto por el artículo 58 y del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a la consideración de esta Comisión Permanente, la siguiente proposición con punto de acuerdo, con, al tenor de las siguientes antecedentes y consideraciones:

Antecedentes

1. Por acuerdo de cabildo del honorable ayuntamiento constitucional del municipio de Ecatepec de Morelos, estado de México, 2003-2006, el 22 de junio de 2005, se aprobó concesionar el servicio público de tratamiento y disposición final de residuos sólidos no peligrosos a favor de terceros en virtud de lo cual se tramitó y obtuvo la autorización del Congreso local del estado de México, de la LV Legislatura, mediante el decreto número 147 publicado el 5 de agosto de 2005, en la Gaceta del Gobierno del estado de México, en la cual se autorizó la concesión por un periodo de 20 años.

2. El honorable ayuntamiento de Ecatepec realizó la licitación pública nacional número LPN-MECONC/01/2005, por la totalidad de los proyectos relacionados para la disposición final de residuos sólidos no peligrosos a partir de la inconclusa planta enfardadora propiedad del honorable ayuntamiento, contemplando su transformación , habilitación, finalización de la construcción y operación como planta procesadora de basura, con un proceso de compostación-desecación, así como continuar con el proceso de confinamiento en el relleno sanitario, saneando las celdas que se concluyan y habilitando celdas que se requieran para confinar rechazos que genere la planta y garantizar la disposición final.

3. Con fecha 6 de octubre de 2005, el honorable ayuntamiento constitucional 2003-2006 de Ecatepec, otorgó a Asia Automotores de México, SA de CV, la concesión número LPN/CONC/01/2005, para la prestación del servicio público de tratamiento y disposición final de residuos sólidos no peligrosos. Al respecto cabe comentar que la empresa ganadora de la licitación no contaba con la experiencia en el manejo de rellenos sanitarios ya que el giro de la misma es del ramo automotriz.

4. Una vez iniciada la administración 2006-2009, se emprendieron acercamientos y líneas de coordinación con la empresa concesionaria, a efecto de dar cumplimiento a sus obligaciones en los términos señalados en la propia concesión y a lo señalado por la norma ecológica que establece los lineamientos de operación para el manejo de residuos sólidos urbanos (NOM 083 SEMANARNAT- 2003) sin resultados que permitan observar un manejo adecuado del confinamiento.

5. Ante las diversas irregularidades en la operación del confinamiento la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, emitió una resolución administrativa número PFPA/ZMVM/ 47/ 0037-07 que implicó una multa y diversas recomendaciones que a la fecha no se han cumplido.

Consideraciones

1. La operación inadecuada de la planta de tratamiento y disposición final de residuos ha generado un grave problema de contaminación ambiental y salud pública lo que ha desencadenado en el deterioro a la salud de los habitantes de Santa María Chiconautla mismos que han presentado un sinnúmero de quejas ante el ayuntamiento de Ecatepec.

2. Lo que fue proyectado como un sitio para el tratamiento especializado de de residuos es hoy un tiradero a cielo abierto cuya operación incumple las normas básicas; por ejemplo, la laguna de lixiviados no cuenta con mecanismos físicos de contención como geomembranas por lo que los contaminantes han perneado y filtrado el manto acuíferos, tampoco hay caminos de acceso y evacuación, ni cercas perimetrales, por lo que abunda y se reproduce fauna nociva. El confinamiento no cuenta con aduana para la clasificación de los residuos, tampoco con basculas, ni zona de amortiguamiento, ni monitoreo de lixiviados, ni programa de monitoreo de flujo hidráulico, ni planta enfardadora y tampoco con celdas rehabilitadas.

3. Por todo lo anterior, es claro que la empresa viola de principio a fin Norma Oficial Mexicana NOM- 083 SEMANARNAT- 2003 y diversas disposiciones de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos Sólidos, de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y del Código de la Biodiversidad del estado de México.

Por las consideraciones y antecedentes anteriormente expuestos, sometemos al pleno de esta Comisión Permanente la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. Con pleno respeto al ámbito de sus respectivas competencias, la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión LX Legislatura exhorta al honorable ayuntamiento de Ecatepec de Morelos, estado de México a emprender las medidas administrativas necesarias y que el marco jurídico le confiere a fin de garantizar el adecuada operación del confinamiento de residuos sólidos urbanos establecido en la localidad de Santa María Chiconautla.

Segundo. Con pleno respeto al ámbito de sus respectivas competencias, la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión LX Legislatura exhorta a la Secretaría de Salud del estado de México para que a través de su jurisdicción local emprenda un estudio epidemiológico en la zona de María Chiconautla.

Diputadas: Maribel Alva Olvera (rública), Aleida Alavéz Ruíz.

CON PUNTO DE ACUERDO, PARA SOLICITAR LA COMPARECENCIA DEL SECRETARIO DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL EN TORNO AL VIOLENTO DESALOJO DE LOS MINEROS DE CANANEA, SONORA, A CARGO DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD

El suscrito José Antonio Almazán González, diputado federal e integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a esta soberanía, con carácter de urgente y obvia resolución, la siguiente proposición con punto de acuerdo, con objeto de solicitar la comparecencia del licenciado Javier Lozano Alarcón, secretario del Trabajo y Previsión Social, en torno al violento desalojo de los mineros de Cananea, Sonora, acaecido el pasado 11 de enero.

Consideraciones

A poco más de un siglo de la histórica huelga de Cananea reprimida salvajemente en el año de 1906, un gobierno sin memoria histórica y sin respeto alguno a nuestra Constitución, ha ordenado una nueva, ominosa y criminal represión contra los mineros de este mismo municipio de Sonora, que están en huelga desde el 30 de julio de 2007 demandando mejores condiciones de seguridad e higiene, para evitar homicidios industriales como los de Pasta de Conchos.

En el caso, el derecho se usó de manera tramposa e inmoral, ya que antes de que el sindicato minero fuera notificado de la declaración de inexistencia de la huelga resuelta por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje en contra de los mineros de la sección 65, de Cananea, Sonora; ya desde las 5 de la mañana del pasado 11 de enero, había comenzado el despliegue de las fuerzas represivas integradas por militares y policías federales y estatales, las cuales a las 10 de la mañana comenzaron la agresión. El saldo final fue de 40 trabajadores heridos, 5 detenidos, y 5 desaparecidos, incluida la esposa de un trabajador.

Con la intervención de entre 800 y mil agentes de seguridad, se violó de manera flagrante el artículo 123 constitucional, que consagra como garantía constitucional el derecho de huelga; pero de manera más específica se desconoció lo establecido por el artículo 932 de la Ley Federal del Trabajo, ya que además de que el sindicato minero no fue legalmente notificado, como quedó dicho, se desconoció el término de 24 horas que los trabajadores tenían para regresar a su trabajo. Es decir, los trabajadores fueron tratados como si la huelga hubiera sido declarada ilícita y no inexistente, como fue el caso. Esto sin menoscabo de señalar que tal declaración de inexistencia careció de absoluta base legal.

A estas horas no sólo siguen las fuerzas represivas en la mina de Cananea, Sonora, sino que en abierta violación de la suspensión provisional decretada por el sexto juez de distrito en materia laboral, se busca romper la huelga mediante la contratación de esquiroles. En general, la ciudad de Cananea vive un verdadero estado de sitio.

Con el violento desalojo de los mineros de Cananea, Sonora, no sólo se continúa con la política de absoluto menosprecio de los derechos del pueblo trabajador, sino con la criminalización de sus luchas. Sin medir las consecuencias, que esto puede traer a la paz social. En este sentido, debe destacarse la inconstitucional intervención de miembros del Ejército mexicano en el desalojo.

Incumpliendo la obligación que tiene establecida en el artículo 40 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y que a la letra dice en su fracción I, que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social está obligada a: "I. Vigilar la observancia y la aplicación de las disposiciones contenidas en el artículo 123 y otros de la Constitución Federal; en la Ley Federal del Trabajo y sus reglamentos;" el señor Javier Lozano Alarcón al igual que la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje se han transformado en fieles cancerberos de los intereses del capital, como en este caso defensores a ultranza del Grupo México, echando por la borda su obligación establecida en el artículo citado.

Cuando se rompe la política y el diálogo, y se preferencia, la persecución y la represión, sólo se difiere la verdadera solución de los problemas, que debe estar basada en la legalidad y la justicia.

Con la persecución sistemática de las luchas sociales, en el fondo se busca romper toda resistencia a un proyecto que busca transformar al país, en un paraíso de neoesclavitud asalariada, al servicio especialmente de las trasnacionales y de una plutocracia nacional, insaciables.

Por todo lo expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, con el carácter de urgente y obvia resolución, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, solicita la comparecencia del licenciado Javier Lozano Alarcón, secretario del Trabajo y Previsión Social, para que informe sobre el violento desalojo de los trabajadores de la mina de Cananea, Sonora pertenecientes a la sección 65 del Sindicato de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana, acaecida el pasado 11 de enero.

Segundo. Se exhorte a los Ejecutivos federal y local:

a) A que respeten el derecho de huelga en el marco de la suspensión provisional decretada por el juez sexto de distrito en materia laboral y, en general, en respeto a nuestro marco jurídico;

b) Acuerden la inmediata salida de Cananea, Sonora de las fuerzas militares y policíacas;

c) A que de manera inmediata presenten a los desaparecidos: cuatro trabajadores y la esposa de un minero;

d) Den inicio a los procedimientos para el deslinde de las responsabilidades que legalmente procedan, incluidas las de carácter penal; y,

e) Finalmente, a que en todo momento se privilegien las vías del diálogo y la negociación.

Tercero. Se creé un grupo de trabajo con diputados pertenecientes a todos los grupos parlamentarios, para que acudan a Cananea, Sonora y puedan constar el respeto a las garantías individuales y derecho de huelga, de los trabajadores de este centro de trabajo y de la población en general.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de enero de 2008.

Diputado José Antonio Almazán González (rúbrica)