Las suscritas, Omeheira López Reyna y Esmeralda Cárdenas Sánchez, diputadas federales, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LX Legislatura de la honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 55 fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración del Congreso de la Unión, la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Penal Federal, del Código de Justicia Militar, de la Ley General de Salud, así como del Código Federal de Procedimientos Penales, a fin de adecuar nuestro marco jurídico a lo previsto por el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, misma que se fundamenta y motiva bajo la siguiente:
Exposición de Motivos
El derecho humanitario surge de la preocupación humanista que las personas experimentaban al presenciar la situación de abandono y extremo sufrimiento en que se encontraban los heridos al término de un conflicto armado, surgiendo así en 1863 como primer avance el Comité Internacional de Socorro a los Militares y Heridos, que se denominó posteriormente en el Comité Internacional de la Cruz Roja, posteriormente en 1864 se llevó a cabo la primera Conferencia Internacional para Mejorar la Suerte de los Herido y Enfermos de las Fuerzas Armadas en Campaña, así como la Declaración de San Petersburgo sobre la Prohibición de Proyectiles Ligeros Explosivos o Incendiarios. Estos dos últimos documentos, marcaron el inicio del derecho internacional humanitario.
Posteriormente se celebraron las conocidas conferencias de la Haya, su objetivo era actualizar las medidas de la Convención de Ginebra y de las normas de derecho humanitario al mismo tiempo que introdujeron disposiciones novedosas frente al desarrollo de los métodos de guerra. Así, se adoptaron medidas tales como la prohibición de determinados tipos de armas, la regulación sobre el uso de minas submarinas automáticas de contacto, la prohibición de lanzar proyectiles y explosivos desde los globos, entre otros.
El esfuerzo que culminó con la adopción de los documentos emanados de ambas conferencias respondió en gran medida a la inquietud de personas y gobiernos que manifestaban un claro rechazo al uso de armas crueles que infligían sufrimientos inhumanos e innecesarios a los soldados y beligerantes. Este movimiento contribuyó de manera fundamental a los esfuerzos por establecer normas que regularan los efectos de las armas en los seres humanos.
Concretamente en el caso de México, la celebración de las dos conferencias de Paz de La Haya de 1899 y 1907 tuvo un significado particular ya que marcó el inicio de su participación en conferencias multilaterales. El gobierno de México buscaba consolidar su papel de Estado fraterno con las situaciones bélicas e independientes en las relaciones internacionales. Al participar con las potencias europeas y Estados Unidos en la primera conferencia, México asumía su papel en el mundo y recibía un reconocimiento de potencia y Estado humanitario que tanto importaba al gobierno de esa época. De acuerdo con las actas de la conferencia, México fue el único país de América Latina que participó en la Conferencia de la Paz de La Haya en 1899, y el primero de la región en ratificar sus convenciones. México inició su participación con el envío de representantes a la Conferencia de la Paz celebrada en La Haya el 18 de mayo de 1898; firmó la Convención el 29 de julio de 1899 y la ratificó en 1901.
De lo que advertimos que la codificación de las prácticas humanitarias en el ámbito de la guerra ha ocupado desde entonces un espacio permanente en el proceso de elaboración de normas de la conducta humanitarias convertidas en obligaciones internacionales, mismas que han sido reconocidas por nuestro país, pese a que es bien sabido que México es un país que no sufre de conflictos bélicos, sin embargo desde años atrás se ha mostrado preocupado por velar en todo momento por el derecho humanitario internacional.
En ese sentido, la necesidad de una Corte Penal Internacional ha estado en el ambiente desde principios del siglo pasado. Después de la Primera Guerra Mundial se firmaron los tratados de paz de Versalles, en 1919, en donde se contempló juzgar al káiser Guillermo II de Alemania, sin éxito alguno.
Es hasta después de la Segunda Guerra Mundial, en el año de 1945 que se instauró el Tribunal Penal Internacional de Nüremberg y en 1946 se estableció el del Extremo Oriente.
Posteriormente debido al conocido caso de Adolfo Eichman a quien Israel secuestró y llevó a Jerusalem para enfrentar un juicio por los crímenes cometidos, para la comunidad internacional representó un recordatorio de la inminente necesidad de una Corte Penal Internacional.
Tras diversos sucesos lamentables y a través de una lenta tarea en 1994 la Asamblea General de Naciones Unidas crea el comité ad hoc para el establecimiento de una Corte Penal Internacional.
Finalmente del 15 de junio al 17 de julio de 1998 se celebró la conferencia de plenipotenciarios para la Corte Penal Internacional en Roma. Al terminar la conferencia, 120 Estados –entre ellos México– votaron a favor del Estatuto, habiendo 21 abstenciones y 7 Estados en contra.
Este nuevo avance producto de la lucha contra la impunidad respecto de los crímenes más graves a nivel internacional, es el resultado de consensos y negociaciones políticas, que dejaron fuera algunos temas que tal vez de haberse incluido hubieran hecho imposible la firma del Estatuto.
El Estatuto es producto de largas y difíciles negociaciones, es un instrumento jurídicamente perfectible; es el resultado de consensos mediante los cuales se buscó plasmar los principios jurídicos mas importantes de los diferentes sistemas legales para que los países que participaron quedaran representados y así poder tener un instrumento que nos permita dar un paso adelante en la lucha contra la impunidad a nivel mundial.
En ese sentido, nuevamente advertimos que México no ha sido ajeno al proceso de internacionalización de la protección de los derechos humanos y como se observa ha dejado constancia en los anales de la comunidad internacional de sus contribuciones a la conformación de un orden jurídico enderezado hacia su constante perfeccionamiento.
Como ha quedado señalado con anterioridad, el país ha sido un importante actor en la defensa del derecho internacional humanitario, por ello, en el mes de junio de 1998, el Estado mexicano, junto con 119 Estados más, apoyó la aceptación del Estatuto de Roma.
En consecuencia de lo anterior, partiendo de la convicción de que los principios que sustentan el Estatuto de Roma, constituyen convicciones esenciales de la nación mexicana, es que el Ejecutivo federal presentó en diciembre de 2001, al Senado de la República, una iniciativa de reforma constitucional encaminada a reconocer desde la Carta Magna, la jurisdicción de la Corte Penal Internacional.
En dicha iniciativa se reconoce el compromiso ineludible del Estado mexicano por conciliar su orden normativo interno con el derecho internacional que, a través de los instrumentos de los que nuestro país sea parte, promueva estos principios, en clara alusión al Estatuto de Roma, a las convenciones de Ginebra y otras encaminadas a la protección de los derechos humanos de las personas.
De manera particular, se hace una reflexión respecto al constante avance y perfeccionamiento que el marco jurídico en materia de protección de los derechos humanos debe tener en virtud del creciente reconocimiento de que este campo ha dejado de pertenecer de manera exclusiva a la jurisdicción interna de los Estados, lo cual se ha visto reflejado en el instrumento internacional que se pronuncia por el establecimiento de un orden internacional encargado de actuar de manera complementaria a la jurisdicción de un país, cuando éste no ha querido o no ha podido impartir justicia, por la comisión de crímenes de grave trascendencia para la comunidad internacional en su conjunto.
Una vez presentada la iniciativa de reforma constitucional, el proceso de discusión fue arduo y complicado para llegar a un acuerdo en el seno del Congreso de la Unión, sin embargo, prevaleció la premisa de avanzar hacia un Estado de justicia y de mayor seguridad en el respeto a los derechos humanos, facilitando la participación de México en la lucha internacional contra la impunidad y evitando cualquier posible incompatibilidad entre el ordenamiento internacional y nuestra ley fundamental.
Cabe señalar que Acción Nacional respaldó en todo momento la aprobación de la reforma constitucional, señalando que el Estatuto de la Corte Penal Internacional otorgaría a la sociedad una garantía adicional a las existentes en materia de justicia, cuyo principal objetivo era eliminar la impunidad y juzgar conforme a derecho a quien cometa un delito tipificado en el Estatuto.
Dicha reforma constitucional, iniciada a instancia del Poder Ejecutivo fue aprobada con modificaciones por parte del Poder Legislativo, sin llegarse a desvirtuarse en cuanto al fondo, el poder reconocer a nivel constitucional la jurisdicción de la Corte Penal Internacional.
Con este importante paso, el propio Poder Legislativo, al dar reconocimiento a la jurisdicción de la Corte Penal Internacional en el país, reafirmó su convicción en el sentido de que el genocidio, los crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad no pueden tener justificación alguna, ni sus responsables pueden quedar sin castigo, y de que el Estado mexicano contribuirá en todo momento a través de una cooperación internacional a lograr dicho objetivo.
Hoy podemos señalar que el país, mediante consenso del propio Constituyente Permanente, ha reconocido de manera expresa (en su máximo ordenamiento normativo) la existencia de la jurisdicción de la Corte Penal Internacional, con lo cual se termina el debate respecto a la intervención que en un determinado momento podría tener la referida corte, en relación a la jurisdicción del país, derivado del tratado internacional signado por nuestro país y que en virtud de lo previsto por el artículo 133 constitucional, junto con la Constitución y las leyes que emanen del Congreso de la Unión, constituye ley suprema de la Unión al ser coincidente con la propia ley fundamental.
En tal virtud, una vez aprobada la reforma constitucional, la cual se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 20 de junio de 2005, existieron las condiciones constitucionales adecuadas para proceder a la ratificación por parte del Senado de la República, del Estatuto de Roma.
Cabe señalar que en dicho proceso, Acción Nacional se pronunció en todo momento en sentido favorable respecto de la ratificación, justificando su decisión bajo las siguientes consideraciones:
No es un sistema menor lo que es está aprobando, no es una aprobación de un tratado más, es el reconocer el establecimiento de un modelo de justicia humanitario de naturaleza internacional, para el presente y el futuro.
Se observa cómo la evolución del derecho penal puede darse verdaderamente a un reconocimiento que tiene que ver no solamente con el delincuente y su castigo para acabar con la impunidad, sino también el reconocimiento de los derechos de las victimas, que ya no se circunscriben sólo a la protección que tienen que tener, sino también al derecho que tienen esas victimas a la justicia, a la verdad y a la reparación del daño; situaciones novedosas e inéditas en nuestro constitucionalismo, pero que serán una realidad cuando día a día se acredita el trabajo de la Corte Penal Internacional.
Con la ratificación del Estatuto, tenemos una tarea por demás importante, el llevar a cabo la adecuación del marco jurídico mexicano a fin de que sus postulados sean una realidad, que trascienda y no solamente a los connacionales con estas leyes de implantación, sino que sean ejemplo para la humanidad futura y desde luego buscando ante todos, que en el horizonte de mundialización de la justicia vivamos juntos nosotros y nuestros hijos, una vida mejor.
Precisamente para que en el ámbito internacional esta tradición humanista de México pudiera también coadyuvar a que en el ámbito internacional no quedara impune este tipo de delitos, por supuesto que México ha impulsado también la creación de esta Corte Penal Internacional. Estamos dando un paso muy importante.
Es evidente, que ante la ratificación por parte del Estado mexicano de diversos instrumentos internacionales en materia de derecho internacional humanitario, surge la obligación de hacer efectivos los postulados previstos en dichos tratados, (como lo es el Estatuto de Roma) en nuestro derecho interno, a fin de lograr la efectividad de los mismos.
En ese sentido, será necesario realizar un diagnóstico de nuestra legislación interna en relación con los compromisos internacionales contraídos por México, a fin de lograr conciliar el orden normativo interno con el derecho internacional.
Al respecto, es de señalarse que el Ejecutivo federal con el respaldo de Acción Nacional, en pleno reconocimiento a esta situación, envío (en marzo de 2004) una iniciativa de reforma integral al sistema de justicia y seguridad pública, en donde entre otros aspectos se prevé la imprescriptibilidad de los delitos contra la humanidad (violaciones a los deberes de humanidad, genocidio y desaparición forzada de personas), en concordancia a las reformas que en este ámbito internacional se han verificado, ello en virtud de la necesidad de contemplar la imprescriptibilidad de este tipo de delitos, por tratarse de conductas que por su extrema gravedad y por los estragos que provocan en una sociedad no deben dejar de castigarse.
Inclusive, como una terminación importante en la protección de los derechos humanos, la Suprema Corte de Justicia determinó la no prescripción en delitos de lesa humanidad, tomando en consideración para tal efecto los instrumentos internacionales en derecho humanitario ratificados por el Estado mexicano, lo que demuestra el avance en las instituciones y marco jurídico para ocuparse de temas tan relevantes a la vista de la comunidad internacional.
Por su parte, otro aspecto de vital importancia que no debe desconocerse, es el hecho de que ya existe actualmente un camino recorrido respecto a acciones emprendidas por México en materia de derecho humanitario.
En efecto, el país a lo largo de su historia ha sido un actor importante en el contexto internacional la búsqueda de soluciones eficaces en la lucha contra los crímenes de grave trascendencia para la comunidad mundial en su conjunto, es así que nuestro orden normativo vigente, ya sanciona delitos como el genocidio, la violación a los deberes de humanidad, la desaparición forzada de personas, la tortura, la toma de rehenes, los crímenes en conflicto armado cometidos en contra de: población civil, en contra de personal habilitado por el derecho internacional para utilizar los emblemas distintivos de los Convenios de Ginebra, en contra de participantes en misiones de mantenimiento de paz o de asistencia humanitaria, en contra de edificios dedicados a la beneficencia, los hospitales y otros lugares en que se agrupa a enfermos y heridos, entre otros por señalar algunos.
En suma, se puede señalar que unos de los avances más significativos en los últimos años, que se ha suscitado en la esfera jurídica internacional, concretamente en materia de acciones de derecho internacional humanitario, ha sido la aprobación del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, cuyo establecimiento ocupa en la actualidad un lugar fundamental en la agenda mundial.
Esta nueva acción por parte de la comunidad internacional, ha tenido su justificación en respuesta a los evidentes abusos y crímenes de lesa humanidad y de guerra, cometidos en diversos países del mundo, que debido a la corrupción y prácticas contrarias a la justicia y protección de los derechos humanos, quedaron impunes.
Por ello, derivado del consenso internacional, la Corte Penal Internacional emerge como la primera instancia internacional permanente, con capacidad de juzgar (a través de un sistema de jurisdicción complementaria) a los individuos que hayan cometido crímenes de grave trascendencia para la comunidad mundial en su conjunto (como el genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra) cuando las jurisdicciones nacionales no puedan o no tengan la voluntad de hacerlo.
Lo anterior, bajo la óptica de que el propósito fundamental de la Corte Penal no es el de sustituir o suplantar a las jurisdicciones nacionales en el conocimiento de este tipo de delitos, pues ello implicaría una posible vulneración a la jurisdicción interna de cada país, por el contrario, su función se ejercerá de manera complementaria a ellas, en aras de evitar que por cualquier acción u omisión voluntaria por parte del propio Estado, e incluso, por imposibilidad de este, se genere impunidad.
En otras palabras, el Estatuto de Roma convoca en sí mismo a los Estados para que sean ellos por regla general quienes ejerzan competencia sobre los delitos señalados en el propio Estatuto, de ahí la necesidad de contar con marcos normativos nacionales acordes –en cuanto a su contenido y alcance– a lo previsto por el propio Estatuto de Roma, de manera tal que desde la legislación interna de cada país se asegure la sanción una efectiva sanción de los delitos de genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra.
Luego entonces, el respaldo por parte de la comunidad internacional (incluido México) hacia los tratados de derecho internacional humanitario, así como hacia las instituciones de justicia internacional, como en este caso lo es la Corte Penal Internacional, debe ser visto y entendido como un respaldo a la legalidad y a la justicia mundial, como un acto de cooperación y colaboración entre naciones, a fin de lograr un mundo más justo y más humano, recordando en todo momento que la protección de los derechos humanos constituye un valor universal así como una obligación individual y colectiva de los Estados.
Inclusive, actualmente el propio Ejecutivo federal en el Plan Nacional de Desarrollo, recientemente publicado, en congruencia con estos postulados, ha previsto como uno de sus objetivos rectores la obligación de México de participar en el objetivo universal de difundir y proteger el pleno goce de los derechos humanos, debiendo en consecuencia tomar medidas contundentes para avanzar con celeridad hacia los estándares internacionales en la materia y establecer los mecanismos para hacer efectivo el respeto a los instrumentos internacionales.
En tal virtud se estima que México con independencia de los avances que en el orden legislativo ha tenido en materia de protección de los derechos humanos, tiene la obligación de seguir participando en la definición de un justo orden internacional, partiendo en primera instancia, del perfeccionamiento de su marco jurídico interno a fin de materializar desde su orden normativo interno una justa y eficaz colaboración con la comunidad internacional en aras del bien común de la humanidad.
En consecuencia de lo anteriormente señalado, cabría precisar que dada la amplitud del marco normativo penal, este prevé conductas como el homicidio, las lesiones, la violación, el embarazo forzado, la esterilización forzada, por mencionar algunos, que en determinado momento podría actualizarse a las hipótesis previstos por el Estatuto, dada la generalidad en que se encuentra planteados.
No obstante, si bien diversas conductas previstas por el Estatuto de Roma se encuentran ya contempladas en el actual marco jurídico, también es cierto que existen otras que no se encuentran previstas a cabalidad en las leyes vigentes.
En ese sentido se plantea la conveniencia de establecer diversas adecuaciones legales al marco jurídico a fin de ampliar el marco protector de las normas penales en franca sintonía a lo establecido por el Estatuto de Roma, sin dejar de apreciar que en algunos casos la gravedad y consecuente penalidad de las conductas establecidas por el Estatuto, distan de la penalidad prevista por el derecho común (ejemplo: no sería lo mismo un homicidio perpetrado en tiempos de guerra de un militar contra un civil, que el homicidio de un civil contra otro civil en tiempo de paz).
Así las cosas, consientes de que la experiencia internacional nos ha llevado a reconocer que en el proceso de adaptación del derecho interno al Estatuto de Roma, existen diversos sistemas de recepción de las normas internacionales, dadas las características de nuestro marco jurídico, se ha optado en la presente iniciativa por un esquema mixto en donde por una parte, se establecen como delitos específicos sólo aquellas conductas que en virtud de su complejidad, necesariamente requieren de un delito específico en la materia, en tanto que las demás conductas puedan ser sancionadas por los tipos penales genéricos establecidos por la legislación común, diferenciándose en cuanto a su penalidad.
Lo anterior con el objetivo fundamental de lograr efectiva sanción de los delitos de lesa humanidad, genocidio, crímenes de guerra y demás delitos contra el derecho humanitario, de manera compatible con nuestro régimen jurídico.
En ese sentido, la presente iniciativa plantea lo siguiente:
• Se crea en el Código Penal Federal el tipo penal de lesa humanidad, como un tipo compuesto que se actualiza con conductas ilícitas ya tipificadas en el derecho penal interno pero que dadas las circunstancias de modo, tiempo, lugar y calidad en el sujeto pasivo dan lugar a actualizar y sancionar con mayor rigor dichos tipos básicos.
La razón por la cual se reforma y, en su caso, se crean los tipos penales de genocidio y lesa humanidad, respectivamente, es en virtud de que su acreditación no requiere de circunstancias específicas como lo es el conflicto armado, es decir, obedecen a naturaleza distinta por ello a diferencia de los crímenes de guerra, se estima adecuado plasmarlos en el Código Penal Federal.
• En el Código de Justicia Militar se modifican y crean diversos tipos penales a fin de tipificar las conductas descritas en el Estatuto de Roma como crímenes de guerra, y en igualdad de circunstancias con el delito de lesa humanidad, se estimó oportuno crear un tipo compuesto en el cual los delitos ya vigentes sumados a las circunstancias de tiempo, modo y lugar y calidad especifica en el sujeto pasivo, permiten tipificar y sancionar los crímenes de guerra, complementando aquellos vigentes que ya revisten esas características a fin de adecuarlos a las conductas descritas en el Estatuto. Para ello, a su vez se hizo necesario incorporar las calidades de las personas protegidas así como de los objetos protegidos.
• Como complemento de la iniciativa de reforma constitucional que adicionalmente se propone a este respecto, establecer tanto en el Código Penal Federal como el Código de Justicia Militar la imprescriptibilidad del delito de genocidio, los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra, ello también con la finalidad de dar cumplimiento a la obligación que tiene el país de adecuar su legislación interna con base en los instrumentos internacionales ratificados.
• Se crea en la Ley General de Salud un tipo penal, necesario en nuestro marco jurídico y que además cumplimenta lo exigido por el derecho internacional y es precisamente la esterilización forzada, pues si bien ya se tipifica el embarazo forzado en dicho cuerpo legal, existe una laguna jurídica respecto de este tipo de conductas ilícitas de las cuales llegan a ser victimas en la mayoría de los casos las mujeres, por dicha razón se estima oportuno la creación de dicho tipo penal.
• Se incorporan al catálogo de delitos graves previstos por el Código Penal Federal y en su caso por el Código de Justicia Militar, algunos nuevos tipos penales debido a su gravedad e implicaciones que se generan en cuanto a su comisión.
Es preciso destacar que la ubicación de los tipos penales se hizo con base en la naturaleza y especialidad de las conductas tipificadas, sin que ello represente un problema competencial, pues bien recordemos que recientemente la Suprema Corte de Justicia, emitió el siguiente criterio:
Delitos contra la disciplina militar a que se refiere la fracción I del artículo 57 del Código de Justicia Militar. Para su acreditación basta que el sujeto que los realice tenga la calidad de militar en activo.
Del análisis del artículo 57 del Código de Justicia Militar, que establece los delitos contra la disciplina militar, se deduce un origen diferenciado de ese tipo de conductas delictivas: 1) cuando se actualizan las hipótesis contenidas en el libro segundo del referido código, y 2) los delitos del fuero común o federal cometidos por militares cuando se actualicen los supuestos previstos en los diversos incisos de su fracción II. Ahora bien, para acreditar los delitos contra la disciplina militar a que se refiere la fracción I del citado artículo 57 –los especificados en el libro segundo del ordenamiento señalado–, sólo se requiere que el agente del delito tenga la calidad de militar en activo, es decir, que pertenezca a la institución armada, con independencia de que en el momento de la comisión delictiva esté fuera de servicio o del horario normal de labores, o franco. Esta previsión tiene como finalidad conservar la disciplina militar, requisito indispensable para el debido funcionamiento del Ejército, lo que necesariamente justifica la tipificación de conductas específicas a las que se atribuyen sanciones ejemplares. De lo contrario podría concluirse que aunque ciertas conductas se prevean en el Código de Justicia Militar no se sancionarían, o se llegaría al absurdo de no poder acreditar los delitos considerados como graves –a los que incluso se castiga con pena de muerte, como traición a la patria, espionaje o rebelión– por el hecho de que en ellos no se hace especificación alguna en el sentido de que pueden cometerse estando o no en servicio.
1a./J. 148/2005
Contradicción de tesis 105/2005-PS. Entre las sustentadas por los tribunales colegiados primero y segundo, ambos en materia penal del primer circuito. 28 de septiembre de 2005. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Juan N. Silva Meza. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Miguel Enrique Sánchez Frías. Tesis de jurisprudencia 148/2005. Aprobada por la primera sala de este alto tribunal, en sesión de fecha veintiséis de octubre de dos mil cinco.
Lo cual deja en claro que la competencia prevalece con base en la calidad del sujeto infractor, lo cual si bien durante décadas dio lugar a múltiples criterios interpretativos que se contraponen, pertinentemente la Suprema Corte de Justicia en el 2005 resolvió dicha contradicción de tesis dando fin a dicha discusión, permitiendo así afirmar, que sin importar que los militares estén francos, fuera de labores, en su domicilio, para que sean juzgados por la justicia militar, es decir, cuando en la comisión de un ilícito se vea involucrado un militar en activo conocerá siempre la jurisdicción militar, pues dicha calidad como militar nunca la pierde, ya que al estar en activo, significa que se encuentra prestando sus servicios en el Ejército Mexicano, lo que interpretado a contrario sensu implica que los particulares puedan cometer delitos contra la disciplina militar, en cuyo caso serán juzgados por las autoridades del fuero común, independientemente de la naturaleza del ordenamiento transgredido.
Finalmente, cabría señalar que Acción Nacional, se ha pronunciado en la necesidad de estimular, perfeccionar y adaptar el derecho internacional público positivo a fin de dotarle de mayor fuerza, debiendo en consecuencia, ampliar la competencia para permitir actuaciones más justas de autoridades internacionales, imparciales, no unilaterales, previamente establecidas, en defensa de los derechos humanos y en otras materias cuando así lo exijan el bien común de la humanidad.
En ese sentido, el reconocimiento de la jurisdicción de la Corte Penal Internacional por parte del país, representa un ejemplo de la materialización de los anhelos del Estado mexicano en la búsqueda de un orden mundial más justo y humanitario, sin embargo, la labor aún continúa en el arduo objetivo de avanzar en el establecimiento de condiciones adecuadas de debido respeto a los derechos humanos, tanto a la luz del derecho interno como del derecho internacional.
Por ello, el objetivo principal de esta iniciativa es abonar en el proceso de adaptación de la legislación interna a los postulados internacionales en materia de derecho internacional humanitario, a fin de lograr en todos los sentidos una legislación nacional que materialice y haga efectivos las disposiciones establecidas en el Estatuto de Roma, debiendo en consecuencia, precisar, modificar o reformar en lo que resulte necesario el marco normativo correspondiente, reconociendo a su vez que actualmente nuestro marco jurídico, ya sanciona diversas conductas que atentan contra el derecho humanitario.
Por la situación anteriormente expuesta, los legisladores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentamos con todo respeto a consideración de ésta honorable Cámara de Diputados, la presente iniciativa con proyecto de
Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Penal Federal, del Código de Justicia Militar y de la Ley General de Salud.
Primero. Se adiciona un párrafo segundo al artículo 104; se reforma el numeral 149 Bis; se adiciona el numeral 149 Bis 1, del Código Penal Federal, para quedar como sigue:
Artículo 104. ...
El genocidio, los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra son imprescriptibles.
Delitos Contra la Humanidad
Capítulo II
Genocidio
Artículo 149-Bis. Comete el delito de genocidio el que con el propósito de destruir, total o parcialmente a uno o más grupos nacionales o de carácter étnico, racial o religioso, perpetrase por cualquier medio, delitos contra la vida de miembros de aquellos, o impusiese la esterilización masiva o cualquier otra medida, con el fin de impedir la reproducción del grupo.
Por tal delito se impondrán de veinte a cuarenta años de prisión y multa de cuatrocientos a mil doscientos días.
Si con idéntico propósito se llevaren a cabo ataques a la integridad física, psicoemocional o a la salud de los miembros de dichas comunidades o se trasladaren de ellas a otros grupos menores de edad, empleando para ello la violencia física o moral, la sanción será de quince a treinta años de prisión y multa de doscientos a mil días.
...
...
Capítulo III
Delito de lesa humanidad
Artículo 149 Bis 1. Al que lleve a cabo de manera dolosa, generalizada y sistemática una línea de conducta en contra de la población civil, de conformidad con la política de un Estado o de una organización realizando para tal efecto algunas de las conductas previstas en los artículos 149 Bis, 202, 203, 203 Bis, 204, 205 Bis, 206, 206 Bis, 215 A, 215 B, 215 C, 215 D, 259 Bis, 260, 261, 262, 263, 265, 265 Bis, 266, 266 Bis, 302, 364, 365, 365 Bis, 366, 366 Bis, 366 Ter, 366 Quáter del Código Penal Federal, 5 y 6 de la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, 3 y 5 de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura y 466 Bis de la Ley General de Salud, se le impondrá de treinta a sesenta años de prisión y multa de setecientos a mil doscientos días.
Segundo. Se adiciona una fracción V al numeral 190; se reforma los numerales 209, 215, 330, 423; se adicionan los numerales 209 Bis, 209 Ter, 209 Quáter, 217 Bis, 217 Ter, 217 Quáter, 330 Bis, 330 Ter, 330 Quáter y 799 segundo párrafo del Código de Justicia Militar, para quedar como sigue:
Artículo 190. Las acciones penales prescribirán en los plazos siguientes:
I. a IV. …
V. El genocidio, los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra son imprescriptibles.
Capítulo III
Delitos contra el derecho de gentes
Artículo 209. Se castigará con pena de diez a quince años de prisión y multa de quinientos a mil salarios, al que en un conflicto armado, destruya o se apodere o saquee o confisque o ataque bienes protegidos.
Artículo 209 Bis. Se castigará con pena de quince a veinte años de prisión y multa de setecientos a mil doscientos salarios, al que en un conflicto armado, realice ataques o represalias o segregación racial, contra personas protegidas.
Artículo 209 Ter. Se castigará con pena de diez a veinte años de prisión y multa de quinientos a mil quinientos salarios, al que en un conflicto armado, sin que medie justificación militar, expulse, traslade o desplace forzadamente de su sitio de asentamiento a la población civil.
Artículo 209 Quáter. Se castigará con pena de seis a quince años de prisión y multa de seiscientos a mil días de salario al que reclute menores de dieciocho años de edad o los obligue a participar directa o indirectamente en las hostilidades o en acciones armadas.
Artículo 215. Se castigará con pena de cinco años de prisión el que sin estar autorizado exija el pago de alguna contribución de guerra, o servicios personales; haga requisición de víveres, o elementos de transporte, tome rehenes, o ejecute cualquiera otra clase de vejaciones en la población civil.
Capítulo V
Delitos contra las personas y bienes protegidos por
el derecho internacional humanitario.
Artículo 217 Bis. Al que en un conflicto armado, comenta alguna de las conductas previstas en los artículos 139, 139 Bis, 139 Ter, 203, 203 Bis, 204, 205 Bis, 206, 206 Bis, 215 A, 215 B, 215 C, 215 D, 225 fracción VI, 259 Bis, 260, 261, 262, 263, 265, 265 Bis, 266, 266 Bis, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 298, 302, 315, 315 Bis, 316, 317, 318, 302, 315, 319, 366 fracción I inciso b), del Código Penal Federal, 203, 215, 217, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 331, 332, 333, 334, 335, 404, 423 fracción VI del Código de Justicia Militar, 5 y 6 de la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, 3 y 5 de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura y 465, 466, 466 Bis de la Ley General de Salud, en contra de personas o bienes protegidos por las disposiciones de los Convenios de Ginebra y sus protocolos adicionales se incrementará hasta una mitad la sanción que le corresponda por la comisión del tipo penal que se actualice.
Artículo 217 Ter. Para los efectos de este Título se entiende por personas protegidas conforme al derecho internacional humanitario:
II. Las personas que no participan en hostilidades y los civiles en poder de la parte adversa.
III. Los heridos, enfermos o náufragos puestos fuera de combate.
IV. El personal sanitario o religioso.
V. Los periodistas en misión o corresponsales de guerra acreditados.
VI. Los combatientes que hayan depuesto las armas por captura, rendición u otra causa análoga.
VII. Quienes antes del comienzo de las hostilidades fueren considerados como apátridas o refugiados.
VIII. Cualquier otra persona que tenga aquella condición en virtud de los Convenios I, II, III y IV de Ginebra de 1949 y los Protocolos Adicionales I y II de 1977 y otros que llegaren a ratificarse.
I. Los de carácter civil que no sean objetivos militares.
II. Los culturales y los lugares destinados al culto.
III. Los indispensables para la supervivencia de la población civil.
IV. Los elementos que integran el medio ambiente natural.
V. Las obras e instalaciones que contienen fuerzas peligrosas.
VI. Cualquier otro bien que tenga aquella condición en virtud de los convenios I, II, III y IV de Ginebra de 1949 y los protocolos adicionales I y II de 1977 y otros que llegaren a ratificarse.
Capítulo IV
Pillaje, devastación, merodeo, apropiación de botín, contrabando, saqueo y violencias contra las personas y bienes, utilización de medios y métodos de guerra ilícitos
Artículo 330. El que, en conflicto armado hiciere innecesariamente uso de las armas o inflinga a cualquier persona prácticas inhumanas o degradantes o cualquier otro acto injustificado de violencia, será castigado con la pena de cinco a diez años de prisión y multa de cien a cuatrocientos salarios.
Artículo 330 Bis. El que, en conflicto armado realice actos de no dar cuartel, o atacar a persona fuera de combate, o de abandonar a heridos o enfermos, o realice actos dirigidos a no dejar sobrevivientes o a rematar a los heridos y enfermos, se le aplicará prisión de diez a quince años y multa de doscientos a quinientos salarios.
Artículo 330 Ter. El que en conflicto armado, emplee métodos o medios concebidos para causar daños extensos, duraderos y graves al medio ambiente natural, se le impondrá la pena de diez a quince años de prisión y multa de cuatrocientos a mil salarios.
Artículo 330 Quáter. El que en conflicto armado, utilice medios o métodos de guerra prohibidos o destinados a causar sufrimientos o pérdidas innecesarias o males superfluos incurrirá, por esa sola conducta, en prisión de seis a diez años, multa de cien a doscientos salarios.
Artículo 423. Se impondrá la pena de un año y seis meses de prisión:
I. a V. ...
VI. A los funcionarios y empleados que nieguen a un prisionero u otra persona su derecho a un juicio justo e imparcial.
Artículo 799. …
Para los efectos del párrafo anterior, se consideran delitos graves los señalados en los artículos siguientes, 203, 204, 205, 206, 208, 209, 209 Bis, 209 Ter, 209 Quáter, 210, 213, 216, 217 Bis, 218 fracciones I y II, 219, 220 primer párrafo, 221, 223, 232, 237, 238 último supuesto, 242 en relación con la fracción III del artículo 241, 250, 251, 252, 253, 254, 264 fracción II en relación con los artículos 261 fracciones II, III y IV y 262 segundo supuesto, 265 fracciones II, III y IV, 267 fracciones III y IV, 272, 274 fracciones I y III, 279 fracción I, 282 fracción III, 285 fracciones III a la IX, 286 último supuesto, 290, 292, 299 fracciones III a la VII, 303 fracciones II y III, 304 fracciones III y IV último supuesto de ambas, 305 fracciones I primer supuesto y II, 307 primer párrafo, 309 segundo supuesto, 311 fracción III primer párrafo segundo supuesto, fracciones I, II y III en relación con el segundo párrafo de esta última fracción, así como la última parte de la misma fracción, 312, 313 fracción I segunda parte, fracciones I, II y III en relación al segundo párrafo de esta última fracción, 315 últimos dos supuestos, 316 primer supuesto, 317, 318 fracciones III a la VI, 319 fracciones I, II y III, 320 tres últimos supuestos, 321, 323 fracciones II y III, 324 fracción IV, segundo párrafo, 330 Bis, 330 Quáter, 334 segundo párrafo, 338 fracción II, 339 fracciones II y III, 340, 341, 352 fracción III primer párrafo, 353 fracción I dos últimos supuestos y fracción II primer párrafo, 355 fracción I, 356 último supuesto, 357, 358 fracción III, 359, 360 último supuesto, 361 último supuesto, 362, 363, 364 excepto fracción I primera parte, 365 fracciones I y II, 366 fracción I, 367, 372 fracciones I y II, 376, 378 fracción I, 379 fracción I, 384, 385, 386, 389, 390 segundo supuesto, 392 fracción I, 395, 397, 398 último supuesto del primer párrafo, 400, 401 y 428.
Tercero. Se adiciona el numeral 466 Bis de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:
Capítulo VI
Delitos
Artículo 466 Bis. Al que sin consentimiento de una persona realice en ella, procedimientos quirúrgicos o de cualquier otra naturaleza, con la finalidad de provocar esterilidad, se impondrá prisión de cinco a quince años de prisión y multa de cien a cuatrocientos días de salario mínimo general vigente en la zona económica de que se trate.
Si se provoca la esterilidad de la persona la sanción se incrementara en un tercera parte.
Cuarto. Se adiciona un inciso 9 a la fracción I, recorriéndose en consecuencia los incisos 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 y 37 para quedar como 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 y 38 respectivamente, todos del Código Federal de Procedimientos Penales, para quedar como sigue:
Artículo 194. …
I. ...
1) a 8) ...
9) Lesa Humanidad, previsto en el artículo 149 bis 1;
10) Evasión de presos, previsto en los artículos 150 y 152;
11) Ataques a las vías de comunicación, previsto en los artículos 168 y 170;
12) Uso ilícito de instalaciones destinadas al tránsito aéreo, previsto en el artículo 172 Bis párrafo tercero;
13) Contra la salud, previsto en los artículos 194, 195, párrafo primero, 195 Bis, excepto cuando se trate de los casos previstos en las dos primeras líneas horizontales de las tablas contenidas en el apéndice I, 196 Bis, 196 Ter, 197, párrafo primero y 198, parte primera del párrafo tercero;
14) Corrupción de personas menores de dieciocho años de edad o de personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o de personas que no tienen capacidad para resistirlo, previsto en el artículo 201; pornografía de personas menores de dieciocho años de edad o de personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o de personas que no tienen capacidad para resistirlo, previsto en el artículo 202; turismo sexual en contra de personas menores de dieciocho años de edad o de personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o de personas que no tienen capacidad para resistirlo, previsto en los artículos 203 y 203 Bis; lenocinio de personas menores de dieciocho años de edad o de personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o de personas que no tienen capacidad para resistirlo, previsto en el artículo 204; trata de personas menores de dieciocho años de edad o de personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o de personas que no tienen capacidad para resistirlo, previsto en el artículo 205; trata de personas, previsto en el artículo 207.
15) Los previstos en el artículo 205, segundo párrafo;
16) Explotación del cuerpo de un menor de edad por medio del comercio carnal, previsto en el artículo 208;
17) Falsificación y alteración de moneda, previsto en los artículos 234, 236 y 237;
18) Falsificación y utilización indebida de documentos relativos al crédito, previsto en el artículo 240 Bis, salvo la fracción III;
19) Contra el consumo y riqueza nacionales, previsto en el artículo 254, fracción VII, párrafo segundo;
20) Violación, previsto en los artículos 265, 266 y 266 Bis;
21) Asalto en carreteras o caminos, previsto en el artículo 286, segundo párrafo;
22) Lesiones, previsto en los artículos 291, 292 y 293, cuando se cometa en cualquiera de las circunstancias previstas en los artículos 315 y 315 Bis;
23) Homicidio, previsto en los artículos 302 con relación al 307, 313, 315, 315 Bis, 320 y 323;
24) Secuestro, previsto en el artículo 366, salvo los dos párrafos últimos, y tráfico de menores, previsto en el artículo 366 Ter;
25) Robo calificado, previsto en el artículo 367 cuando se realice en cualquiera de las circunstancias señaladas en los artículos 372 y 381, fracciones VII, VIII, IX, X, XI, XIII, XV y XVI;
26) Robo calificado, previsto en el artículo 367, en relación con el 370 párrafos segundo y tercero, cuando se realice en cualquiera de las circunstancias señaladas en el artículo 381 Bis;
27) Comercialización habitual de objetos robados, previsto en el artículo 368 Ter;
28) Sustracción o aprovechamiento indebido de hidrocarburos o sus derivados, previsto en el artículo 368 Quáter, párrafo segundo;
29) Robo, previsto en el artículo 371, párrafo último;
30) Robo de vehículo, previsto en el artículo 376 Bis;
31) Los previstos en el artículo 377;
32) Extorsión, previsto en el artículo 390;
33) Operaciones con recursos de procedencia ilícita, previsto en el artículo 400 Bis;
34) Bis. Contra el Ambiente, en su comisión dolosa, previsto en los artículos 414, párrafos primero y tercero, 415, párrafo último, 416, párrafo último y 418, fracción II, cuando el volumen del derribo, de la extracción o de la tala, exceda de dos metros cúbicos de madera, o se trate de la conducta prevista en el párrafo último del artículo 419 y 420, párrafo último.
35) En materia de derechos de autor, previsto en el artículo 424 Bis.
36) Desaparición forzada de personas previsto en el artículo 215-A.
37). En materia de delitos ambientales, el previsto en la fracción II Bis del artículo 420.
II. a XVI. …
Transitorio
Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Diputadas: Omeheira López Reyna (rúbrica),
Esmeralda Cárdenas Sánchez.
CON PROYECTO DE DECRETO, QUE ADICIONA
UN PÁRRAFO VI AL ARTÍCULO 14 DE LA LEY ADUANERA, A CARGO
DE LA DIPUTADA SARA LATIFE RUIZ CHÁVEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PRI
La suscrita diputada federal Sara Latife Ruiz Chávez, integrante de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55, fracción II, 56 y 60 del reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración del Pleno de esta Cámara de Diputados la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se incorpora un sexto párrafo al artículo 14 de la Ley Aduanera.
Exposición de Motivos
La economía mexicana atraviesa por una fase de desaceleración provocada principalmente por la disminución de la demanda externa de productos de exportación en Estados Unidos y por un incremento en los mercados internacionales de materias primas.
En efecto, si bien la crisis del mercado inmobiliario y la reducción en el ritmo de crecimiento de la inversión no residencial ocurridas en Estados Unidos no ha afectado de manera sustancial a la economía mexicana, sí ha implicado una suavización del ciclo económico, que ha repercutido de manera negativa en algunos sectores productivos de la economía, en especial en el sector manufacturero.
Sin embargo, aún persiste el riesgo de transmisión de los problemas por los que está atravesando el mercado hipotecario estadounidense más riesgoso, denominado segmento sub-prime, y su potencial impacto en el consumo privado y en el contagio hacia el mercado financiero en general que termine afectando de forma muy negativa sobre la economía real.
Por otro lado, la economía mexicana se enfrenta a un riesgo mucho mayor que podría repercutir de manera severa en la economía real. Se trata de la disminución de las reservas internacionales, ocasionadas por el derrumbe en las remesas y de la producción del petróleo.
Hasta el momento, dos son los sectores que han mostrado sólidas tasas de crecimiento y que están vinculados con el mercado interno, con los cuales se ha compensado la reducción de las exportaciones donde existe un vínculo estrecho en las relaciones interindustriales de México con Estados Unidos, estas son los servicios y el consumo.
La dinámica reciente del consumo privado y el sector servicios han mantenido tasas de crecimiento de entre el 3 y 5 por ciento. En el caso del sector servicios, la división que más participación ha tenido no sólo para el sector sino también en el Producto Interno Bruto durante 2005, 2006 y lo que va del presente año, ha sido de comercio, restaurantes y hoteles, en cuyo caso la participación ha sido de 19 por ciento, el mayor de todas las divisiones de la actividad económica incluyo de la industria manufacturera.
Y es precisamente a través de esta división de la actividad productiva donde se desarrolla la tercera fuente de ingresos de divisas más importante para el país, el turismo. Es por ello que en el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 se ha definido a esta actividad económica como prioridad nacional, además de que es un fuerte impulsor en la generación de empleos, en la preservación del medio ambiente y en la aportación al desarrollo regional por la derrama económica que genera.
Los ingresos por visitantes internacionales a México mostraron un incremento de 3.2 por ciento en 2006, al registrar 12,176.6 millones de dólares, lo que refleja la afluencia de turistas internacionales con un mayor gasto medio.
En el periodo enero-junio de 2007 ingresaron 6,871.1 millones de dólares, 9.3 por ciento más que en el mismo lapso de 2006, 5,527.8 millones de dólares correspondieron a turistas internacionales de internación y fronterizos y 1,343.3 millones de dólares a excursionistas fronterizos y en crucero.
El gasto medio de los turistas internacionales de internación fue de 766 dólares por estancia, 6.7 por ciento más respecto a igual periodo de 2006; asimismo, los excursionistas internacionales incrementaron su gasto medio en 11.1 por ciento.
Además de la derrama económica que generan los visitantes internacionales a nuestro país con motivos de esparcimiento, el turismo de negocios se ha convertido en una fuente ingresos en divisas mucho más importante.
El turismo de negocios está vinculado con la realización de actividades laborales y profesionales llevadas a cabo en reuniones de negocios con diferentes propósitos y magnitudes, tales como congresos, convenciones, ferias, exposiciones y viajes de incentivo y ha cobrado cada vez más mayor importancia porque mejora la ocupación en temporada baja, contribuye a elevar el gasto medio de los visitantes, eleva la estancia promedio en el país y apoya la generación y distribución del ingreso por turismo en las localidades.
Debido a que el turismo de negocios es un sector potencialmente que puede ser explotado para no sólo contrarrestar los riesgos que presenta el país a nivel internacional, sino también para promover el crecimiento del país a través de una mayor captación de divisas, en marco del Proyecto Nacional de Facilitación Turística, al mes de junio de 2007 se concluyeron 32 de los 38 temas generales que lo conforman, con un avance acumulado de 84 por ciento, y corresponden en su mayoría a trabajos de simplificación administrativa y mejora regulatoria.
Entre sus principales avances destacan la publicación en el Diario Oficial de la Federación de las reglas misceláneas para simplificar el régimen de importación temporal de bienes destinados a la realización de congresos, convenciones, ferias y exposiciones.
Al respecto el 2 de marzo de 2001, se publicó la decimoprimera resolución de modificaciones a la Resolución Miscelánea de Comercio Exterior para 2000, dando vigencia a la utilización del cuaderno ATA. México adoptó la figura del cuaderno ATA para la facilitación de importaciones temporales a nuestro país, principalmente de bienes para la realización de ferias y convenciones internacionales, industria fílmica, muestras comerciales y material publicitario, utilizándose en lugar de los documentos aduaneros nacionales.
Adicionalmente, mediante las reglas de carácter general en materia de comercio exterior para 2002, publicadas el 31 de mayo del 2002, se facilita la importación temporal de las mercancías que se destinan a convenciones y congresos internacionales, pues se dispone que no se requerirá comprobar su retorno al extranjero, siempre que su valor unitario no exceda al equivalente en moneda nacional o extranjera a 50 dólares de los Estados Unidos de América.
Asimismo, el 17 de abril del 2003, se publicaron las reglas de carácter general en materia de comercio exterior para 2003, por las cuales se amplía el beneficio señalado en el párrafo anterior, al otorgar la posibilidad de importar mercancías, sin comprobar su retorno, cuando ostenten marcas, etiquetas o leyendas que las identifiquen como destinadas al evento de que se trate siempre que su valor unitario no exceda de 50 dólares de los Estados Unidos de América; o de 20 dólares cuando las mercancías sean identificadas con el logotipo, marca o leyenda del importador, expositor o patrocinador siempre que se trate de mercancías distintas de las que éstos, en su caso, enajenen.
Finalmente, en 2006 se mantiene la figura del cuaderno ATA y la facilitación para importar mercancías destinadas a congresos y convenciones internacionales, a través de las reglas de carácter general en materia de comercio exterior para 2006, publicadas el 31 de marzo de ese año.
Ante un contexto en donde la expansión y globalización del comercio mundial ha llevado, en los últimos años, a un crecimiento considerable de las exportaciones e importaciones temporales de todo tipo de mercancías, desempeñando un papel fundamental en el comercio internacional la posibilidad de trasladar mercancías de un lugar a otro con la mayor rapidez y los menores obstáculos posibles, es necesario continuar fomentando la internación temporal de mercancías para ferias, exposiciones y congresos.
Si bien con los cuadernos ATA se permite la libre admisión exenta de derechos de importación de una amplia categoría de mercancías destinadas a ser presentadas o utilizadas en ferias, exposiciones comerciales o actos similares, muestras comerciales y material profesional, se considera necesario dar un mayor impulso a la presentación de estos eventos que generan una importante fuente de divisas.
En congruencia con lo anterior y con el propósito de fomentar aún más el turismo de negocios en hoteles, se propone a esta soberanía que en aquellos casos en donde los empresarios extranjeros requieran presentar convenciones, congresos y feria internacionales para mostrar bienes de origen extranjero en nuestro país y que no cuenten con el cuaderno ATA, puedan realizar estos eventos brindándoles mayores facilidades administrativas.
Por lo anteriormente expuesto se propone modificar el artículo 14 A de la Ley Aduanera, para que los hoteles autorizados por la Secretaría de Administración Tributaria, donde se lleven a cabo congresos, convenciones o ferias internaciones puedan fungir temporalmente como recintos fiscalizados en aquellos casos en donde los empresarios extranjeros no cuenten con cuaderno ATA y cuyas mercancías sean distintas de alimentos y bebidas, al tenor de las siguientes consideraciones:
Único. Se incluye el párrafo sexto al artículo 14 para quedar como sigue:
Artículo 14. El manejo, almacenaje y custodia de las mercancías de comercio exterior compete a las aduanas.
Los recintos fiscales...
El Servicio de Administración Tributaria podrá otorgar concesión para que los particulares presten los servicios de manejo, almacenaje y custodia de mercancías, en inmuebles ubicados dentro o fuera de los recintos fiscales, en cuyo caso se denominarán recintos fiscalizados. La concesión se otorgará mediante licitación conforme a lo establecido en el reglamento e incluirá el uso, goce o aprovechamiento del inmueble donde se prestarán los servicios.
Para obtener la concesión...
Las concesiones se podrán otorgar...
Al término de la concesión...
En el caso de que el Servicio de Administración Tributaria otorgue concesión para que los particulares presten los servicios de manejo, almacenaje y custodia de mercancías, en inmuebles ubicados fuera de los recintos fiscales, sólo podrá ser de manera temporal, en un plazo no mayor de 30 días y en hoteles donde se realicen convenciones, congresos o ferias internacionales.
México, DF, a 4 de enero de 2008.
Diputada Sara Latife Ruiz Chávez (rúbrica)
CON PROYECTO DE DECRETO, QUE REFORMA
LOS INCISOS B) Y C) Y ADICIONA UN INCISO D) AL ARTÍCULO 3o. DE LA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, A
CARGO DEL DIPUTADO MANUEL PORTILLA DIÉGUEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PVEM
Jorge Emilio González Martínez y Manuel Portilla Diéguez, integrantes de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en los artículos 3o. fracción VIII; 71, fracción II; 72; 73, fracciones XXV y XXX, y 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 116 y 122 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 55 fracción II, 56, 63 64 176 y 179 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicitamos se turne a las comisiones que correspondan, para su dictamen y posterior discusión en el Pleno de la Cámara de Diputados de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, la presente iniciativa con proyecto de decreto con base en la siguiente:
Exposición de Motivos
La educación como factor de desarrollo económico para cualquier país es trascendental, debido que la inversión en capital humano se verá reflejado en el bienestar social. Asimismo lo establecido en el artículo 3o. de la Carta Magna, garantiza la educación gratuita como un derecho, como el amor a la patria y la conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia y en la justicia.
Sin embargo, en la actualidad las necesidades de la población a nivel global han provocado una sobreexplotación de los recursos naturales atentando con la satisfacción de las presentes y futuras generaciones. Por tanto es indiscutible el establecimiento de un modelo educativo que fomente un desarrollo sustentable que no ponga en peligro los recursos naturales y que sostengan los procesos ecológicos que sustentan la vida en el planeta.
De igual forma, el espíritu de esta iniciativa tiene como finalidad, establecer como derecho constitucional el de recibir una educación que fomente la conciencia ambiental, tanto en la concepto de individuo y sociedad en el cuidado de su entorno.
La educación ambiental contribuye al conocimiento de la población desde temprana edad al manejo y conservación de los recursos naturales, así como la creación de conciencia en la gente sobre la problemática del deterioro del medio ambiente y la búsqueda de opciones para convivir con la naturaleza sin detener el desarrollo económico de un país. Esta formación académica cimentará valores, aptitudes y actitudes para comprender la interrelación del hombre y su entorno natural.
Este modelo educativo debe capacitar a los maestros sobre temas de fundamentos de ecología, geología, meteorología, geografía física, botánica, química, física; así como temas de protección civil en caso de desastres naturales.1 Estos conocimientos en el educando derivarán en un mayor criterio del cuidado del medio ambiente y las repercusiones que conlleva en si su deterioro.
Los inicios del tema de educación ambiental como tal, tiene su primera expresión formal en 1968, con la creación del Consejo de Educación Ambiental de la Universidad de Reading, Inglaterra.
Es pues, en Estocolmo, Suecia, en el año 1972, donde se establece el Principio 19, que señala a la letra:
Es indispensable una educación en labores ambientales, dirigida tanto a las generaciones jóvenes como a los adultos, y que preste la debida atención al sector de la población menos privilegiada, para ensanchar las bases de una opinión pública bien informada y de una conducta de los individuos, de las empresas y de las colectividades, inspirada en el sentido de su responsabilidad en cuanto a la protección y mejoramiento del medio en toda su dimensión humana. Es también esencial que los medios de comunicación de masas eviten contribuir al deterioro del medio humano y difundan, por el contrario, información de carácter educativo sobre la necesidad de protegerlo y mejorarlo, a fin de que el hombre pueda desarrollarse en todos los aspectos.
Este evento alertó al mundo de la crisis ecológica global y advirtió de los efectos que la acción humana puede tener en el entorno ambiental, por lo que se toma la iniciativa de plantear cambios a los estilos de desarrollo actuales.
La década de los 70 es caracterizada, entre otros factores, por la preocupación de la comunidad internacional en temas ambientales, desde Estocolmo, Suecia (1972), pasando por Belgrado (1975) y llegando hasta Tbilisi, URSS (1977), se da una evolución del concepto de educación ambiental en el ámbito institucional, alejándose cada vez más del conservacionismo ecológico, que no mostraba capacidad alguna en un cambio de conducta o actitudes individuales y colectivas contrarias a la conservación.2 Por tanto, el avance en la materia es el acuerdo de la incorporación de la educación ambiental a los sistemas de educación, estrategias, modalidades y la cooperación internacional, en donde no basta sensibilizar a la gente, sino modificar actitudes, proporcionar nuevos conocimientos y criterios, así como promover la participación activa y la práctica comunitaria en la solución de problemas ambientales.
En 1987 en la ciudad de Moscú, Rusia, surgió la propuesta de una estrategia internacional para la acción en el campo de la educación y formación ambiental para los años 1990-1999, en donde se abarcó la problemática ambiental dirigida al combate a la pobreza, la explosión demográfica y la equidad en la distribución de recursos.
En 1992 en la ciudad de Río de Janeiro, Brasil, se realizó la Cumbre de la Tierra, en el cual surge el documento Agenda XXI, en donde se establece una parte la educación ambiental y el conocimiento científico, con un papel fundamental para la búsqueda de un desarrollo sustentable y como generador de información para la formulación de políticas sobre medio ambiente y progreso (UNCED, 1992).
De igual forma, en el Foro Global Ciudadano de Río 92, se aprobaron 33 tratados. Uno de ellos lleva por título Tratado de Educación Ambiental hacia Sociedades Sustentables y de Responsabilidad Global, el cual parte de señalar a la educación ambiental como un acto para la transformación social, no neutro sino político, contemplando a la educación como un proceso de aprendizaje permanente basado en el respeto a todas las formas de vida. En este tratado se emiten 16 principios de educación hacia la formación de sociedades sustentables y de responsabilidad global. En ellos se establece la educación como un derecho de todos, basada en un pensamiento crítico e innovador, con una perspectiva holística y dirigida a tratar las causas de las cuestiones globales críticas y la promoción de cambios democráticos. Asimismo se critica la pérdida de valores humanos, la alineación y la falta de participación ciudadana en la construcción de un futuro sustentable.
También en América Latina se realizaron reuniones regionales y nacionales celebradas en Chosica, Perú en 1976; Managua, Nicaragua en 1982; Cocoyoc, México en 1984; Caracas, Venezuela en 1988; Buenos Aires, Argentina en 1988; Brasil en 1989 y Venezuela en 1990. La aportación de dichas reuniones fue la superación de la educación ecológica como un sistema cerrado, con la enseñanza de contenidos propios emanados de la ecología, y que, obviando la necesidad de múltiples mediaciones entre teoría y práctica, afirmaban estar en capacidad de educar para transformar las condiciones materiales hacia un medio menos contaminado y depredado3.
La educación ambiental es una actividad cada vez más reconocida por gobiernos, organismos internacionales y organizaciones no gubernamentales (ONG) como una herramienta útil en la difusión de la problemática ambiental y como promotora de prácticas conservacionistas. Como campo de acción específico, la educación ambiental ha reconocido que su labor fundamental es promover el conocimiento, cuidado y mejor aprovechamiento de los recursos naturales, a través del desarrollo de patrones de comportamiento humano que no sean destructivos del medio natural donde se desarrollan las sociedades.
Este proceso educativo lleva un proceso a mediano plazo y comienza desde la transmisión de conocimientos y valores en las familias, así como la influencia de medios masivos de información y los sistemas formales de escolarización. Aunado a esto, el modelo educativo de desarrollo sustentable, contribuye en el medio rural en la labor de creación de conciencia sobre problemas ambientales y el cuidado del entorno, derivando en un papel protagonista del poblador rural en la intervención activa en las decisiones sobre la gestión de sus recursos naturales.
Por ende los problemas ambientales no son la suma de problemas aislados, sino el resultado de fenómenos sinérgicos, y que la responsabilidad de los gobiernos debe compartirse con la sociedad, lo que implica la desconcentración del poder y descentralización administrativa.
Actualmente, la educación ambiental debe fomentar el desarrollo sustentable en los educandos para poder cimentar conocimientos en la materia que puedan ser pragmáticos en la vida diaria de la población del país. Es necesario establecer un modelo educativo que sensibilice sobre los problemas como el cambio climático, el agotamiento de recursos no renovables y la contaminación por mencionar algunos ejemplos.
Por lo anteriormente expuesto, los diputados –integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México–, respetuosamente sometemos a su consideración el siguiente proyecto de:
Decreto mediante el cual se reforma el inciso b) y c); y se adiciona un inciso d) al artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Artículo Único. Se reforma el inciso b) y c); y se adiciona un inciso d) al artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
Artículo 3o. ...
...
II.
a) Será democrático, considerando a la democracia no solamente como una estructura jurídica y un régimen político, sino como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo;
b) Será nacional, en cuanto –sin hostilidades ni exclusivismos– atenderá a la comprensión de nuestros problemas, al aprovechamiento de nuestros recursos, a la defensa de nuestra independencia política, al aseguramiento de nuestra independencia económica y a la continuidad y acrecentamiento de nuestra cultura,
c) Contribuirá a la mejor convivencia humana, tanto por los elementos que aporte a fin de robustecer en el educando, junto con el aprecio para la dignidad de la persona y la integridad de la familia, la convicción del interés general de la sociedad, cuanto por el cuidado que ponga en sustentar los ideales de fraternidad e igualdad de derechos de todos los hombres, evitando los privilegios de razas, de religión, de grupos, de sexos o de individuos; y
d) Fomentará las bases culturales, técnicas y científicas para el establecimiento de un modelo educativo nacional de desarrollo sustentable, que estimule en el educando su iniciativa y su sentido de responsabilidad social y ambiental, para alcanzar los fines a los que se refiere este artículo.
Transitorios
Artículo Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro sede de la Comisión Permanente del primer receso del segundo año de ejercicio de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, a 4 de enero del año 2008.
Notas
1) N.J. Smith-Sebasto, Environmental Issues Information
Sheet, ed. University of Illinois Cooperative Extension Service, 1997.
2) González G. Édgar, De Alba, Alicia,
et. Al. Hacia una estrategia nacional y plan de acción de Educación
Ambiental. Semarnap. Sep, segunda edición. 1995.
3) Foladori Guillermo. El pensamiento
ambientalista. En: Tópicos en educación ambiental. Vol
2, número 5. Agosto 2000.
Diputado Jorge Emilio González Martínez
Diputado Manuel Portilla Diéguez (rúbrica)
CON PROYECTO DE DECRETO, QUE ADICIONA
EL ARTÍCULO 22 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, A CARGO DE LA DIPUTADA OMEHEIRA LÓPEZ
REYNA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
Las suscritas, Omeheira López Reyna y Esmeralda Cárdenas Sánchez, diputadas federales, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LX Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 fracción II y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 55 fracción II, 56, 62, 135 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten, a consideración de este honorable Congreso de la Unión, la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, misma que se fundamenta y motiva bajo la siguiente:
Exposición de Motivos
Los crímenes de lesa humanidad son una catástrofe del humanismo, son crímenes de alcance universal y de los cuales desafortunadamente se tienen múltiples datos históricos, pues como olvidar que en el año de 1933 con el ascenso de Adolf Hitler como canciller el partido nazi, surgió una de las masacres más brutales y masivas del mundo pues, tras su afán de reestructurar la composición étnica de Europa, realizó múltiples asesinatos para el exterminio de todos los judíos europeos y de la población gitana europea.
Tampoco podemos olvidar los hechos atroces perpetrados en 1939 como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial. Acontecimientos seguidos por las acciones inhumanas denominadas "crimen sin nombre" que se perpetraron en 1941 como consecuencia de la invasión de la Alemania nazi a la Unión Soviética.
Pese al avance que significó la creación del Tribunal Militar Internacional en Nuremberg y el mensaje internacional que representó el procesamiento de líderes nacionales en el periodo de 1950 y 1987 se perpetuaron nuevamente crímenes masivos contra poblaciones civiles, producto de las secuelas de la Segunda Guerra Mundial y durante la Guerra Fría, sin embargo, esos crimines no fueron castigados pese al compromiso adquirido por diversos países.
Dichas masacres continuaron hasta situarnos en las atrocidades que se dieron en las guerras de la ex Yugoslavia, mismas que se caracterizaron por los crímenes de guerra masivos y los crímenes contra la humanidad. El conflicto en Bosnia (1992-1995) produjo en Europa algunos de los peores enfrentamientos y masacres desde la Segunda Guerra Mundial. En un pueblo, Srebrenica, 7 mil 800 hombres y niños fueron asesinados por fuerzas serbias, creándose como consecuencia el Tribunal Criminal Internacional de la ex Yugoslavia (TCIY) en La Haya.
Asimismo, otro de los hechos atroces sufridos por la humanidad fue el conocido genocidio en Ruanda, se asesinaron a más de 800 mil personas, fue un asesinato de escala, alcance y rapidez devastador. Lo que a su vez dio lugar a la creación del Tribunal Criminal Internacional de Ruanda.
Y finalmente en el 2004 las declaraciones del entonces secretario de Estado de los Estados Unidos de América, Colin Powell donde reconoce que el genocidio ha sido cometido en Darfur y que el gobierno de Sudán y el Janjaweed llevan la responsabilidad.
Es innegable que todos estos acontecimientos atroces no se pueden ignorar, pues como olvidar hechos acontecidos en Auschwitz en donde niños y mujeres embarazadas fueron gaseados. En Ruanda donde los niños fueron sistemáticamente suprimidos, las mujeres embarazadas fueron a menudo eviscesaradas, se dice que cuando se atrapaba una mujer tuti embarazada primero se le perforaba el estómago con la hoja de un cuchillo con el despreciable objetivo de eliminar su raza. En Alemania, en 1934, se masacraron a los nacidos de uniones de soldados negros del ejército francés y a mujeres alemanas en la Primera Guerra Mundial. En Noruega, las autoridades experimentaban en los años cincuenta y sesenta drogas mortales en niños nacidos de padre alemán durante la guerra, convertidos en parias después de 1945, retirados de su familia y colocados en instituciones especiales con la etiqueta de enfermo mental.
Es así, como la perpetración de múltiples hechos inhumanos hicieron inolvidables a personajes como Stalin, Mao, Franco, Salazar, Hiro Hito, Pol Not, Kim, Nixon, Kissinger, Amin Dada, Mobutu, Hasan II, Hoffa, Cosescou, Somoza, Pinochet, Strossner, Videla, Medici, Trujillo, Fujimori, Pérez-Jiménez, Suharto, Saddam, quienes valiéndose y abusando de la posición de poder que gozaban cometieron actos sumamente crueles e inhumanos.
Debido a esta historia de masacres perpetradas por individuos desbordados que, valiéndose de una posición de poder en algún país, han realizado atrocidades contra la humanidad, en su mayoría impunes, han enseñado al mundo, que deben emplearse todos los mecanismos legales necesarios para evitar que se repita la historia.
Sin embargo, violaciones masivas y crueles a la humanidad, son realidades que importan a la comunidad internacional, para lo cual, como ya se mencionó, se fueron creando a lo largo de la historia distintos órganos para juzgar y sancionar, órganos e individuos cuyo comportamiento se encuentra regulado por las normas del derecho internacional público.
Por ello, nos regimos por un derecho internacional humanitario así como por el derecho internacional de los derechos humanos, los cuales velan por el irrestricto respeto a la persona, su vida, su salud, su dignidad, de forma tal, que uno constituye el complemento del otro.
Sin embargo, el punto más débil, y a la vez el más fuerte, del derecho internacional público y en esto aplica al derecho internacional de los derechos humanos y derecho internacional humanitario, es que, en esta disciplina, la voluntad de los Estados es el principio y el fin de todo lo que puede lograrse en estos sistemas de protección de los humanos. Esto es, dependiendo de la perspectiva de donde se analice, pues hoy en día, en virtud de la voluntad de los Estados y su cooperación es que tenemos desde un marco jurídico hasta instancias jurisdiccionales internacionales, pero también por otro lado es que existen graves problemas, situaciones en que se violentan derechos humanos y nada puede hacerse pues el Estado no juzga y no permite injerencias de organizaciones o sugerencias de las comisiones de derechos humanos.
En este sentido, el Estado mexicano, es parte de ambos sistemas de protección; sin embargo, hay mucho que aún debe hacerse para lograr que fácticamente se apliquen; es decir, que ante situaciones de graves violaciones ya sea que ocurran o que el responsable se encuentre en el territorio del Estado mexicano, debe contar con la capacidad suficiente para enfrentar las obligaciones que derivan de nuestra firma y ratificación de los instrumentos internacionales.
Estos instrumentos internacionales, de los cuales derivan dichas obligaciones son precisamente la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de Lesa Humanidad, que se ratificó el 15 de marzo de 2002 y la cual dispone en su artículo primero que los crímenes de guerra y de lesa humanidad que enumera, dentro de los que se halla el genocidio, son imprescriptibles, cualquiera que sea la fecha en que se hayan cometido; el Estatuto de Roma cuyo numeral 29 señala que los crímenes de la competencia de la Corte no prescribirán, entre los cuales menciona al genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra; en este rubro México respecto de la adopción del Estatuto de Roma tiene la obligación de cumplir con el principio de complementariedad, que implica el poder el juzgar estos crímenes con sus autoridades pero con base en leyes afines a lo contenido en el Estatuto de Roma, de no hacerlo así la Corte Penal Internacional podrá intervenir y juzgar a los individuos que no pudo juzgar el Estado mexicano.
Por ello, consideramos oportuno que dicha propuesta de imprescriptibilidad de hechos tan atroces, debe ser adoptada y clarificada por el Estado mexicano, a fin de impedir la impunidad en este ámbito, por ello se propone plasmar en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que los crímenes de lesa humanidad, genocidio y crímenes de guerra sean imprescriptibles, fortaleciendo así la protección a la integridad, dignidad, libertad, y vida de las personas, que debe prevalecer en todo sistema jurídico de representación democrática, y ante todo no podemos permitir que estos crímenes queden impunes.
Otra de las razones por las cuales se propone que esta reforma sea a nivel constitucional es que nos encontrarnos ante una clara excepción a las disposiciones generales en materia de prescripción, por ello, la misma debe implementarse en nuestra Carta Magna a fin de que no pueda ser criticada o lo que sería peor, se declarase inaplicable por contravenir a la Constitución Federal, por ello al tratarse de un régimen de excepción se propone incluirla en el numeral 22 que se caracteriza por contener disposiciones de naturaleza similar, y así se lograría dotar a dicha propuesta de armonía y congruencia, en relación al texto vigente.
Asimismo, a fin de destacar que el respeto a los derechos humanos y humanitarios por su trascendencia se anteponen a cualquier otro principio vigente en la Constitución, pues la protección en los valores fundamentales interesa a toda la sociedad mundial, se propone plasmar la imprescriptibilidad de dichos crímenes, con base en interpretación progresiva y sistemática que consiste en adaptar los textos constitucionales a la dinámica de la comunidad internacional del presente, con independencia de la obligación que de ellos emana.
Por ello, la presente reforma representa la firme convicción de que México, comparte con la comunidad internacional la postura de que ciertos crímenes no pueden quedar sin castigo sin importar el tiempo que haya transcurrido desde su comisión ni el rango o posición de sus perpetradores.
No omitimos mencionar que Ecuador, Paraguay, España, Francia, Venezuela entre otros, ante dicho compromiso internacional y motivados por la misma preocupación han modificado sus legislaciones, a efecto de prever la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad, de guerra y genocidio, inclusive alguno de ellos prevén la imprescriptibilidad en el caso de secuestro, tortura, homicidio.
Por ello, señores legisladores, los conmino a que reflexionen sobre la trascendencia de la presente reforma, pues no podemos olvidar que fueron necesarias varias décadas de esfuerzos inalcanzables para que la lucha contra la impunidad quedara plasmada en un instrumento internacional vinculante y de alcance universal, que afirma de manera categórica que el genocidio, los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra no pueden justificarse bajo ninguna circunstancia.
Debemos de pensar que ningún país está exento de sufrir males fatales llevados a cabo por el desbordamiento de gobernantes quienes, abusando de su poder, han masacrado países, no podemos permitir que dichas atrocidades ocurran y mucho menos podemos permitir que queden impunes, por ello los invito a reflexionar sobre la gravedad y urgencia de este tema.
México ha pugnado siempre por un respeto irrestricto a los derechos humanos, esta no puede ser la excepción, actuemos de forma responsable y solidaria, no permitamos que la sociedad mexicana sea víctima de una mente perversa, que sea capaz de matar de forma cruel a nuestros niños, mujeres, ancianos y no sólo ello que cometa la peor de las bajezas antes de su muerte.
La responsabilidad por dichos crímenes debe ser sometida a la impartición de justicia por instancias jurisdiccionales internacionales o nacionales ante las graves violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario, no importa cual, importa que exista sanción y un sistema firme que inhiba la comisión de tales atrocidades a la humanidad.
Proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Primero. Se adiciona un párrafo segundo, recorriéndose en consecuencia los actuales párrafos segundo y tercero, para quedar como tercero y cuarto respectivamente, todos del numeral 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
Artículo 22. …
El genocidio, los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra son imprescriptibles.
...
...
Transitorios
Único. La presente reforma entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Diputadas: Omeheira López Reyna (rúbrica),
Esmeralda Cárdenas Sánchez.
CON PROYECTO DE DECRETO, QUE ADICIONA
LOS ARTÍCULOS 113 BIS Y 123 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS
PENALES, A CARGO DE LA DIPUTADA LAURA ANGÉLICA ROJAS HERNÁNDEZ
Y SUSCRITA POR DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
La suscrita, Laura Angélica Rojas Hernández y demás diputados federales, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, en la LX Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 55, fracción II, 56, 62 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración de este honorable Congreso de la Unión, la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 113 Bis y se adiciona un último párrafo al artículo 123 del Código Federal de Procedimientos Penales, que se fundamenta y motiva bajo la siguiente
Exposición de Motivos
Uno de los temas más recurrentes en nuestro país, sin duda, lo es el de la Seguridad Pública y, es que no es para menos, es evidente el aumento de la incidencia delictiva, lo que ocasiona inseguridad y temor en la sociedad. En efecto, un gran porcentaje de mexicanos tiene una intensa percepción de inseguridad y violencia. De acuerdo con la segunda encuesta nacional sobre inseguridad en las entidades federativas del Instituto Ciudadano de Estudios sobre la Inseguridad (ICESI), 44 por ciento de los mexicanos se sienten algo o muy inseguros. Los encuestados perciben que la capacidad de respuesta de las autoridades encargadas de la seguridad pública y la procuración de justicia tiene muchas limitaciones e ineficiencias, y que la mayoría de los delitos quedan impunes1.
En México, más del 90 por ciento de los delitos denunciados quedan impunes. Los presuntos responsables no son puestos jamás a disposición de un juez, lo que indica que la averiguación previa es la fase del procedimiento penal en la que se fragua primordialmente la impunidad2.
Esta incapacidad de respuesta frente a la delincuencia inquieta a los mexicanos y desincentiva la participación de la sociedad en conformar un frente común y activo con las autoridades. El 82 por ciento de las víctimas decide no denunciar el delito ante las autoridades competentes. La principal razón que aducen es que denunciar "es una pérdida de tiempo" (43 por ciento). En segundo lugar se apunta "desconfianza en la autoridad" (16 por ciento)3.
Más del 80 por ciento de los mexicanos declaran confiar poco o nada en sus jueces. México se ubica como el país con mayor percepción sobre corruptibilidad de jueces, entre 17 países de la región4.
Ante el desafío de enfrentar las altas tasas delictivas y al crimen organizado se ha puesto en evidencia la crisis del sistema de seguridad ciudadana y justicia penal. De hecho, uno de los principales factores de los fenómenos de inercia delictiva y consolidación del crimen organizado es la ineficiencia institucional, que se traduce en elevados indicadores de impunidad, alta proporción de reincidencia y violación a los derechos humanos, entre otros. Los datos anteriores ocasionan que la justicia penal se perciba como un sistema ineficiente y corrupto.
Las causas principales de esta ineficiencia y corrupción se deben a fallas estructurales que presenta el sistema. Esto significa que el problema no siempre radica en conductas ilegales, sino en leyes y procedimientos penales obsoletos y contraproducentes 5.
Desafortunadamente en la experiencia, las actuaciones ministeriales y judiciales suelen apartarse de los contenidos constitucionales y legales, anteponiendo en sus actuaciones las directrices marcadas en acuerdos, circulares o memorandos, que ni siquiera figuran en la pirámide legislativa a que se refiere el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Una práctica común es que el Ministerio Público antes de iniciar una averiguación previa a partir del conocimiento que tiene de un hecho presuntamente constitutivo de un delito, realiza una valoración ex ante, que en muchos casos, lo lleva a levantar un acta circunstanciada en lugar de dar inicio a la actuación que constitucionalmente está obligado a integrar, lo cual demerita en perjuicio de los gobernados, ello al amparo de un acuerdo dictado por el titular de la procuraduría a la que pertenezca.
En algunas entidades federativas, existen acuerdos emitidos por el respectivo procurador general de justicia del estado, en los que se establecen directrices acerca del uso de las actas circunstanciadas, en los que prevalecen las siguientes ordenanzas:
• Por la propia naturaleza del acta circunstanciada, el Ministerio Público no debe emplear medidas de apremio; ordenar el aseguramiento de bienes; solicitar a la autoridad judicial órdenes de arraigo o de cateo; ordenar la detención o retención de persona alguna; ejercitar la acción penal; ni recibir objetos que se pretendan dejar en depósito.
• Así también, se establece cuándo se considerará conductas o hechos que por su propia naturaleza o por carecer de elementos constitutivos, aún no pueden ser estimados como delictuosos, entre ellos se destaca la pérdida de documentos, identificaciones, objetos y personas en su caso; los hechos donde se presuma que su incumplimiento únicamente generará responsabilidades de carácter civil, administrativo o laboral, salvo en el caso que el denunciante o querellante acompañe medios de convicción suficientes que objetivamente demuestren la existencia del dolo penal en las partes involucradas; los partes o informes de cualquier corporación policial que no constituyan por sí mismos denuncia o querella; los delitos perseguibles por querella que se formulen por personas no facultadas para ello; y los anónimos.
La preocupación de esta legisladora estriba básicamente en aquéllos casos en que desaparecen personas. Ya que si bien es innegable que existe una alta incidencia de casos en los que los padres de familia acuden a la agencia del Ministerio Público a denunciar la desaparición de sus menores hijos, que se resuelven favorablemente cuando finalmente se descubre que aquéllos solamente se fueron de "pinta", o abandonaron voluntariamente sus hogares por problemas con los padres u otros familiares y fueron a refugiarse en casas de amigos, vecinos o parientes; cierto es también que mucho de estos casos obedecen tristemente a casos de privación ilegal de la libertad, ya con fines de secuestro, de explotación sexual, de tráfico de órganos, etcétera. Y por estos casos, aunque constituyeran una minoría (lo cual estimamos incierto), la autoridad ministerial no debe minimizar el hecho, sino por el contrario, debe inmediatamente a proceder a hacer las labores de investigación necesarias para determinar el paradero de la persona desaparecida, ya sea menor o mayor de edad –aunque claro está, respecto de los primeros, existe mayor preocupación ante la obviedad de las circunstancias-, a efecto de inhibir en la medida de lo posible los efectos de un hecho criminal que, en su caso, se esté fraguando.
Según datos reportados por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), la trata de personas representa un negocio global de 32 mil millones de dólares al año. Que en sólo dos años el tráfico de personas "para fines de explotación sexual, laboral, en prácticas similares a la esclavitud o trabajo forzado, o para la extracción de órganos", triplicó el momento de los recursos obtenidos por este negocio, dejando, incluso, atrás a el tráfico ilegal de armas6.
Lo anterior significa que anualmente se trafica entre uno y dos millones de mujeres, hombres, niñas y niños para fines de explotación, y los victimarios ganan entre 4 mil y 50 mil dólares por persona, dependiendo del lugar de origen y destino de la víctima. La trata incluye la captación, trasladado, acogida o recepción de personas con amenazas o engaños con fines de explotación7.
Por eso, considero necesario establecer de manera expresa dentro del Código Federal de Procedimientos Penales que el inicio de una averiguación previa no debe ser condicionada, salvo que se requieran presupuestos procesales como la querella u otro equivalente, pero en los delitos oficiosos no debe existir impedimento alguno para que las pesquisas den inicio, sobre todo si con ello pueden evitarse consecuencias nefastas de actuar con prontitud.
Cabe destacar que la intención de esta iniciativa no es la de aumentar de manera injustificada las cargas de trabajo del Ministerio Público, sino la de hacer que éste cumpla con la obligación que constitucionalmente le corresponda, para lo cual, en ejercicio de sus funciones, deberá observar el orden jerárquico de las disposiciones legales, acatando en primer lugar la disposición constitucional, enseguida las leyes secundarias y finalmente los demás ordenamientos que rijan su actuación en el orden respectivo, sin que lo anterior signifique que deba agotar, dentro del procedimiento de investigación, todos los medios a su alcance, sino los que sean necesarios de acuerdo a las particularidades del caso en concreto. Así, por ejemplo, dará aviso a la Secretaría de Relaciones Exteriores y autoridades migratorias correspondientes, acerca de la desaparición de una persona una vez que hayan transcurridos cuarenta y ocho horas de su desaparición, a fin evitar que aquélla pueda ser trasladada o entregada fuera del territorio nacional, siempre que exista el riesgo fundado para ello.
Es importante acotar que la investigación realizada dentro de las primeras horas en que desaparece una persona resultan de vital importancia, porque en el supuesto de que, efectivamente aquélla hubiera desaparecido por haber sido víctima de un delito, existe una alta probabilidad de evitar daños colaterales, como lo es el de impedir que sea trasladada o entregada fuera del territorio nacional, abusada sexualmente o incluso asesinada.
Cabe precisar además que la referencia a la desaparición de una persona es en sentido general y no en estricto sentido aludiendo al delito de "desaparición forzada de persona", lo cual es necesario precisar a fin de evitar sucesivas confusiones.
Sin embargo, no se soslaya el hecho de que, en ciertos delitos, es exigible como requisito de procedibilidad la querella de parte ofendida, verbigracia en el caso de traslado o entrega del menor a que se refiere el artículo 366 Quáter del Código Penal Federal, cuando éste se realice sin el propósito de obtener un beneficio económico indebido, o la persona que reciba al menor tenga el propósito de incorporarlo a su núcleo familiar; o en el caso a que se refiere el artículo 365 Bis del mismo ordenamiento, relativo a la privación ilegal de la libertad con fines sexuales (rapto), por lo tanto, el inicio de las averiguaciones en estos casos queda supeditada a la satisfacción de este requisito.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, me permito someter a la elevada consideración del honorable Congreso de la Unión, la siguiente iniciativa de
Decreto por el que se adiciona el artículo 113 Bis, así como un último párrafo al artículo 123 del Código Federal de Procedimientos Penales
Artículo Único. Se adiciona el artículo 113 Bis, así como un último párrafo al artículo 123 del Código Federal de Procedimientos Penales, para quedar como sigue:
Artículo 113 Bis. Cuando se denuncie la desaparición de una persona y dicha desaparición actualice algún delito que no requiera requisito de procedibilidad o presupuesto procesal para su persecución, el Ministerio Público sin más trámite, de manera inmediata y sin exigir requisito de temporalidad alguno, dará inicio a la averiguación previa correspondiente y ordenará las diligencias necesarias para encontrar a la persona desaparecida.
En el caso de que se trate de un delito que requiera para su persecución de algún requisito procedibilidad o presupuesto procesal, el Ministerio Público deberá de observar lo señalado en el párrafo anterior, tan pronto como este requisito o presupuesto sea satisfecho
Artículo 123. ...
...
...
Cuando exista el riesgo fundado de que la persona privada de su libertad, pueda ser trasladada fuera del territorio nacional, el Ministerio Público dará aviso a la Secretaría de Relaciones Exteriores, así como a las autoridades migratorias correspondientes, para que realicen dentro del ámbito de su competencia todas aquéllas acciones tendientes a evitar que aquélla pueda ser trasladada o entregada fuera del territorio nacional.
Transitorios
Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Notas:
1. Estudio realizado por el doctor Luis de la Barreda
Solórzano y el maestro Guillermo Zepeda Lecuona, "Reforma al Ministerio
Público y a la Defensa Penal en México", diciembre de 2004,
Instituto Ciudadano de Estudios sobre la Inseguridad (ICESI).
2. Ibídem.
3. Ibídem.
4. Cifras proporcionadas en el Portal de Desarrollo del
Consejo Mexicano para el Desarrollo Económico y Social.
5. Portal de Desarrollo del Consejo Mexicano para el
Desarrollo Económico y Social.
6. Datos citados por Zúñiga, Juan Antonio,
La Jornada, México, 6 de noviembre de 2006.
7. Ibídem.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de diciembre de 2007.
Diputados: Laura Angélica Rojas Hernández,
Omar Antonio Borboa Becerra, Luis Gustavo Parra Noriega, Gildardo Guerrero
Torres, Mario Eduardo Moreno Álvarez, Pedro Armendáriz García,
Jesús de León Tello, (rúbricas).
El suscrito, diputado federal Carlos Alberto García González de la LX Legislatura e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta ante esta honorable asamblea el siguiente punto de acuerdo por el que se solicita al titular del Ejecutivo federal a que instruya a las dependencias y entidades involucradas en el despacho aduanero a que homologuen sus horarios de trabajo en las aduanas del país, bajo las siguientes
Consideraciones
La globalización integra a las economías del mundo, haciendo que el intercambio de bienes y servicios sea una constante. Las aduanas, bajo este contexto, son infraestructura fundamental para el intercambio comercial con el resto del mundo.
En nuestro país, en materia de aduanas, reconocemos el esfuerzo que lleva a cabo la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Servicio de Administración Tributaria, así como la propia Administración General de Aduanas, sin duda, el Plan de Modernización Aduanera, que se presentó en marzo pasado, así como el Plan Estratégico Aduanero Bilateral, suscrito en agosto con el gobierno de Estados Unidos, son prueba inequívoca de que existe voluntad de mejorar nuestro sistema aduanero.
Sin embargo, también reconocemos que hay mucho que hacer en las aduanas del país, existen tareas pendientes que necesitan muchos recursos económicos como la inversión en tecnología y en infraestructura, pero hay tareas que se pueden llevar a cabo de manera administrativa que lograrían elevar la competitividad de la aduana y el comercio exterior de México.
Tal es el problema que expusieron recientemente diversos sectores y operadores del comercio exterior durante una reunión de trabajo con el Comité de Competitividad de esta Cámara de Diputados. No existe una coordinación de horarios entre las dependencias y entidades involucradas en el despacho aduanero con la aduana, esto es, que llegan los camiones o los contenedores a la aduana y resulta que no pueden entrar o salir del país porque los funcionarios de la dependencia o entidad competente ya salieron de trabajar o aun no llegan.
Compañeros legisladores, la comunidad de comercio exterior de nuestro país solicita nuestra intervención a fin de que los funcionarios de las diferentes dependencias y entidades, por ejemplo de las secretarías de Salud, de Agricultura o de la Procuraduría Federal del Medio Ambiente, que tienen como facultad revisar las mercancías de su competencia, tengan los mismos horarios de trabajo que la aduana, es decir, que mientras esté abierta la aduana, todos los servidores públicos del gobierno federal se encuentren en funciones para despachar todo tipo de mercancías.
Tenemos una gran ventaja competitiva por nuestra colindancia con los Estados Unidos, que es el primer mercado del mundo, pero esta ventaja se ve mermada y disminuida, por la falta de coordinación y voluntad política de las dependencias y entidades que coadyuvan en el despacho de las mercancías en las diferentes aduanas de nuestro país.
Nuestras empresas y la competencia mundial nos obligan a que el proceso de cruce en las aduanas sea más rápido y eficiente, por lo que es primordial que mientras estén en horario de trabajo las 49 aduanas del país, se puedan introducir o extraer del país todo tipo de mercancías, bajo la supervisión de todas las dependencias y entidades responsables en el despacho aduanero, esto será, sin duda, un gran avance en materia de competitividad de las mercancías nacionales y de la aduana de México.
Por lo anterior, someto a la consideración de esta honorable asamblea, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero. Se solicita respetuosamente al titular del Ejecutivo federal a que instruya a las dependencias y entidades involucradas en el despacho aduanero a que homologuen sus horarios de trabajo con las aduanas del país.
Segundo. Se solicita respetuosamente al titular de la Administración General de Aduanas a que informe, cada tres meses, al Congreso de la Unión sobre el avance en los trabajos de coordinación entre las dependencias y entidades del gobierno federal para la homologación de los horarios en las aduanas.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 4 días del mes de enero del año 2008.
Diputado Carlos Alberto García González
(rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA EXHORTAR
AL EJECUTIVO FEDERAL A REVISAR Y EVALUAR LAS DISPOSICIONES DEL SECTOR AGROPECUARIO
DEL TRATADO DE LIBRE COMERCIO DE AMÉRICA DEL NORTE, A CARGO DEL
DIPUTADO SALVADOR MANUEL BARAJAS DEL TORO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL
PRI
El que suscribe, diputado federal de la LX Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del PRI, con fundamento en los artículos 58, 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración del pleno el siguiente punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, al tenor de los siguientes
Motivos
En el marco de la apertura del sector agropecuario, dentro del contexto del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, han sido evidentes los desequilibrios del sector agrícola mexicano que en muchas décadas no se han corregido, lo anterior ha derivado en un aumento en los precios de los productos básicos, generando un rechazo de millones de campesinos mexicanos que ven afectados sus intereses.
A pesar de que en años anteriores se aumentó el presupuesto para el campo, el abandono y mal uso de los recursos han ocasionado que sean insuficientes para mitigar la crisis que se vive en el agro, haciendo cada vez más notorias las desigualdades con los productores de Estados Unidos y Canadá.
Lamentablemente, la inversión extranjera directa en el sector agropecuario, desde la entrada en vigor del TLCAN, se canalizó a la agroindustria y no a la producción primaria, provocando disparidades en la política de compensación, en donde los trabajadores agrícolas sin tierra han sido excluidos y los productores con más de cien hectáreas reciben dos veces más recursos que los campesinos con menos de una.
El problema de la liberalización comercial no sólo provocará graves problemas sociales y económicos en las comunidades rurales dedicadas a la agricultura sino que además, al final del día, provocará una mayor migración del campo a la ciudad y a los Estados Unidos, haciendo más notorio el crecimiento de la pobreza y aumento de la marginación rural. Para nosotros los mexicanos, no es sólo un asunto económico, sino un asunto de seguridad nacional.
La realidad del asunto es que las compañías trasnacionales de los alimentos están controlando los mercados y destruyendo la capacidad de los pequeños productores mexicanos, que no pueden competir contra las importaciones en sus propios mercados. Lo anterior, está llevando a la ruina a los campesinos que producen más caro debido a que el precio de los insumos es mayor y los apoyos que reciben no se comparan con los que cuentan los agricultores de Estados Unidos y Canadá.
Si bien con la firma del Tratado de Libre Comercio se preveía que la economía de los países integrantes dicho tratado mejoraría de manera integral, desafortunadamente nuestra economía se ha ido rezagando, ya que durante los 13 años de vigencia del TLCAN se perdieron 2 millones de empleos y las remuneraciones de los trabajadores agropecuarios tuvieron una fuerte caída.
Lo que debemos buscar, es que el Ejecutivo federal se sensibilice a la demanda de uno de los sectores más desprotegidos en nuestro país; que si bien en Estados Unidos y Canadá hay subsidios y apoyos importantes para el campo, nuestro país debe de competir con las mismas condiciones con que cuentan esas naciones, dejando en claro, que el campo mexicano no está en condiciones de competir con la producciones foráneas.
Ante la inequidad representada por el Tratado de Libre Comercio en el capítulo del Sector Agropecuario, es necesario revisar dicho tratado evitando se limite el desarrollo del campo mexicano.
La desgravación arancelaria en materia de comercio agropecuario debe servir como inicio para un replanteamiento del aparato productivo agrícola mexicano y, sobre todo, para hacer un análisis objetivo de las ventajas y desventajas de dicho acuerdo y los efectos en la economía mexicana.
No podemos dar marcha atrás ni regresar al país a una época de economía cerrada con una política proteccionista, en la que los sectores industriales y productivos vuelvan a ser ineficientes y carentes de competitividad internacional sólo por un nacionalismo mal entendido.
Por ello, debemos replantear las disposiciones contenidas en el TLCAN, ponderando las indudables ventajas que el tratado ha conllevado para el país, pero no afectando los intereses de los sectores más desprotegidos y vulnerables de México.
Si bien el descuido al sector agrícola es evidente, estamos a tiempo de que se haga un gran pacto nacional en apoyo al agro para evitar un nuevo conflicto social.
Debemos evaluar, actuar con rapidez y proteger al sector agrícola ante una economía como la norteamericana, que merma la generación de empleos e incrementa las desigualdades de entre los mexicanos.
Compañeras y compañeros legisladores: siendo el campo la base de toda sociedad, no debemos permitir que arrasen con él, ya que sólo traería una mayor desigualdad en nuestro país.
El tiempo de ayudar a los agricultores mexicanos es ahora, nosotros como legisladores debemos tenderles la mano para que su situación de marginación y pobreza no se vea más acrecentada.
Es evidente que un mercado en el que imperan la inequidad, la desprotección y la desigualdad, no existen las condiciones necesarias para competir.
Por ello, debemos evitar los conflictos y ofrecer soluciones diferenciadas a los retos que plantea la apertura comercial del sector agropecuario, en aras de fortalecer el campo mexicano.
En razón de lo anterior someto a consideración el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal para que en el ámbito de sus atribuciones plantee de manera urgente, con el respaldo del Congreso de la Unión, la revisión del capítulo Agrario del TLCAN ante sus socios comerciales. Lo anterior con el objetivo de mitigar la desigualdad existente entre la producción agrícola mexicana frente a las de Estados Unidos y Canadá.
Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión hace llegar un atento, pero urgente exhorto a los secretarios de Agricultura, Desarrollo Social, Economía y Hacienda y Crédito Público, para que presenten a la brevedad ante esta soberanía los planes de contingencia y de desarrollo a mediano plazo, para paliar y propiciar una mejoría en el sector agrícola en el país.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de enero de 2008.
Diputado Salvador Barajas del Toro (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA EXHORTAR
A LAS SECRETARÍAS DE ECONOMÍA Y DE HACIENDA Y CRÉDITO
PÚBLICO, A QUE ESTABLEZCAN UNA MESA DE DIÁLOGO Y NEGOCIACIÓN
CON LAS ORGANIZACIONES CAMPESINAS PARA ANALIZAR Y ESTABLECER LAS MEDIDAS
QUE PERMITAN RESOLVER LA SITUACIÓN DEL SECTOR AGROPECUARIO, SUSCRITA
POR LOS DIPUTADOS JAVIER GONZÁLEZ GARZA, RUTH ZAVALETA SALGADO,
ALEIDA ALAVEZ RUIZ, FAUSTO FLUVIO MENDOZA MALDONADO Y SALVADOR RUIZ SÁNCHEZ,
INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
Con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los diputados Javier González Garza, Ruth Zavaleta Salgado, Aleida Alavez Ruiz, Fausto Fluvio Mendoza Maldonado y Salvador Ruiz Sánchez, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, suscriben la presente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución para exhortar a las Secretarías de Economía, y de Hacienda y Crédito Público a establecer una mesa de diálogo y negociación con las organizaciones campesinas para analizar y establecer las medidas que permitan resolver la situación del sector agropecuario, bajo las siguientes
Consideraciones
Primera. Que la mayoría de los productores agropecuarios nacionales han sido gravemente afectados por el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, dadas las asimetrías que existen entre nuestra agricultura y la de nuestros socios comerciales, sobre todo Estados Unidos, en materia de condiciones agroclimáticas, políticas de fomento, subsidios, etcétera, al punto que sólo 6 de cada 100 productores están en posibilidad de competir ventajosamente en el marco del TLCAN.
Segunda. Que con la entrada en vigor de la última etapa, dicho tratado en materia agropecuaria se somete a una gran incertidumbre, tanto a productores como consumidores nacionales. Dado que no existe una reserva estratégica de granos de control público, los productores estarán expuestos a la competencia de importaciones a precio dumping, mientras que los consumidores podrán sufrir en cualquier momento lo efectos perniciosos del desabasto y carestía de alimentos producidos por las exportaciones sin control de productos básicos.
Tercera. Que muy diversas organizaciones campesinas y algunos gobernadores e incluso algunos congresos de los estados de la república se han venido manifestando desde hace varios meses, demandando la renegociación del TLCAN en materia agropecuaria o, cuando menos, la implementación de un sistema intersecretarial e intersectorial de control de importaciones y exportaciones en el contexto de la entrada en vigor de la última etapa del tratado en materia agropecuaria. Al primer minuto del primer día de este año, diversas organizaciones de la campaña "Sin maíz no hay país y sin frijol tampoco" realizaron un muro humano en el Puente Internacional de Córdova en Ciudad Juárez para urgir la atención a las citadas demandas.
Cuarta. La inestabilidad de las condiciones económicas generales del país inducidas por las políticas de ajuste y los efectos que acarrearán el aumento de las gasolinas, el impuesto empresarial a tasa única, el aumento de los precios internacionales de los alimentos básicos, hace necesario que el Estado mexicano apoye decididamente a sus productores, sobre todo a los campesinos e indígenas.
Por todo lo anterior, sometemos ante esta Comisión Permanente, el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión muestra su preocupación ante estos hechos y resuelve exhortar a las Secretarías de Economía, y de Hacienda y Crédito Público, a establecer a la brevedad una mesa de diálogo y negociación con las organizaciones campesinas en el marco del Consejo Mexicano para el Desarrollo Sustentable con el propósito de analizar y establecer las medidas que permitan resolver la situación del sector agropecuario.
En la sede de la Comisión Permanente, a 4 de enero de 2008.
Diputados: Javier González Garza, Ruth Zavaleta
Salgado, Aleida Alavez Ruiz, Fluvio Mendoza Maldonado, Salvador Ruiz Sánchez,
(rúbricas).
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA EXHORTAR
A LAS SECRETARÍAS DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, DE
RELACIONES EXTERIORES; A LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES
A QUE ENVÍEN A ESTA SOBERANÍA UN INFORME DETALLADO DEL MONTO
TOTAL RECAUDADO POR LOS DONATIVOS PARA MITIGAR LOS DAÑOS OCASIONADOS
POR LAS INUNDACIONES EN LOS ESTADOS DE TABASCO Y CHIAPAS, A CARGO DEL DIPUTADO
CUAUHTÉMOC VELASCO OLIVA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE CONVERGENCIA
Honorable Asamblea:
El suscrito diputado federal, integrante del Grupo Parlamentario de Convergencia de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con base en los artículos 23, numeral 1, inciso f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos someto a la consideración de esta soberanía la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a la Secretaría de Relaciones Exteriores y a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, envíen a esta soberanía, en el ámbito de sus competencias, un informe detallado del monto total recaudado por concepto de donativos nacionales y extranjeros para mitigar los daños ocasionados por las inundaciones en los estados de Tabasco y Chiapas, así como el destino que se dio a tales recursos.
Consideraciones
En México tenemos una indiscutible costumbre por la ayuda solidaria, misma que hemos desarrollado debido a experiencias muy dolorosas en donde muchos mexicanos han perdido su patrimonio y, lo que es peor, la vida. Una larga lista de casos podría llenar este documento, pero lo verdaderamente importante por destacar es la cultura de la solidaridad que nos caracteriza como nación.
El caso más reciente que demuestra este hecho son los desastres en Tabasco y Chiapas, y que no está de más decirlo, no fueron desastres naturales, sino producto de la corrupción y engaño de las autoridades. Estos desastres motivaron que millones de mexicanos, gobiernos extranjeros, asociaciones nacionales e internacionales y personas altruistas realizaran aportaciones, que representan recursos importantes cuyo destino y aplicación nosotros como legisladores estamos obligados a vigilar.
Esta situación se deriva de otro hecho que debemos analizar y reformar, me refiero a la falta de una legislación clara y puntual que regule el flujo de los recursos provenientes de donativos. De acuerdo con expertos en el tema, es bien sabido que en México no existe evasión fiscal más "elegante" que hacer donaciones deducibles de impuestos.
Según la Asociación de Bancos de México, los recursos captados por la banca para los damnificados de Tabasco y Chiapas, y que comprenden los depósitos de los clientes y los donativos de las instituciones sumaron 262.9 millones de pesos, de los cuales 108.4 millones de pesos correspondieron a aportaciones realizadas por los propios bancos. El destino de los recursos, a decir del presidente del organismo, Enrique Castillo Sánchez Mejorada, será la reconstrucción de infraestructura y equipamiento, así como a la reactivación económica de ambas entidades. En este rubro destaca la aportación del empresario Roberto González Barrera, presidente del grupo Banorte, que ascendió a 100 millones de pesos.
La Asociación de Bancos de México "decidió" distribuir el recurso de la siguiente forma: 106.5 millones de pesos se canalizaron a las zonas afectadas a través de la organización Unidos por Ellos; 4.2 millones de pesos se destinaron a la Cruz Roja Mexicana; 31.6 millones de pesos al gobierno de Tabasco; 10.4 millones de pesos al gobierno de Chiapas y 50 millones de pesos al gobierno federal. Dando un total de 202 millones de pesos, y de los 60 millones restantes no se ha dado cuenta, esto sin mencionar que mientras no se entreguen a las entidades, instituciones u organizaciones las aportaciones siguen generando intereses.
Por su parte, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) dio a conocer que se habían recibido 11 millones 200 mil dólares como ayuda internacional para Tabasco y Chiapas. La dependencia indicó que la contribución la hicieron 27 países y 16 organismos internacionales, tanto con dinero como con suministros en especie y ayuda técnica.
Sin embargo, el informe presentado por la SRE, señala en varios de los casos como receptores de la ayuda a organizaciones no gubernamentales (ONG), sin precisar sus nombres o datos que permitan determinar su localización, y mencionando en el rubro de "receptor y punto de entrega del donativo" a "ONG no precisadas". Asimismo, donativos de diversos países y organismos internacionales permanecen en estatus de ofrecimiento, y se desconoce el monto de tales ofrecimientos o si estos han cambiado de estatus.
A estos hechos debemos sumar la denuncia mediática realizada por el Consejo Ciudadano para la Reconstrucción de Tabasco, al señalar que a principios del mes de diciembre las sumas millonarias que se obtuvieron de las donaciones nacionales e internacionales aún no aparecían en la entidad, generando con ello confusión y desconfianza entre la ciudadanía por las elevadas cifras dadas a conocer y que no se habían aplicado.
Ante estas irregularidades, es evidente la necesidad de contar con la información completa para tener una idea íntegra de los recursos captados a través de donativos, así como el destino y uso que se dará a los mismos. De igual manera, desastres como los ocurridos en Tabasco y Chiapas hacen patente la urgencia de legislar sobre la forma en que las instituciones bancarias y las dependencias gubernamentales, de cualquier nivel, podrán recibir y utilizar las aportaciones económicas hechas por particulares, organismos internacionales u otras naciones.
Por lo antes expuesto, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, dejando asentado que en Convergencia estamos trabajando, como parte de nuestra agenda política, en una iniciativa de ley que subsane estas deficiencias, eliminando las suspicacias y corruptelas, consecuencia de la falta de una ley que regule de manera transparente el desempeño de un sinnúmero de fundaciones y asociaciones civiles, así como el origen y destino de los recursos captados a través de donativos.
Proposición con Punto de Acuerdo
Primero. Se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a presentar un informe detallado de los montos recabados por concepto de donativos para mitigar los daños en los estados de Tabasco y Chiapas, aportados por empresas, bancos, particulares, organismos internacionales y gobiernos extranjeros; así como el destino de los mismos.
Segundo. Se exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a presentar un informe detallado de los montos recabados por las representaciones del país en el extranjero, por concepto de donativos para mitigar los daños en los estados de Tabasco y Chiapas, así como el destino de los mismos.
Tercero. Se exhorta a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores a presentar un informe detallado de los montos recabados por las instituciones bancarias nacionales y extranjeras que operen en el país, por concepto de donativos para mitigar los daños en los estados de Tabasco y Chiapas, así como el destino de los mismos y el monto generado por concepto de intereses.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de enero de 2008.
Diputado Cuauhtémoc Velasco Oliva (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
LA COMISIÓN PERMANENTE CONDENA LOS HECHOS OCURRIDOS SOBRE LOS CONNACIONALES
ASESINADOS EN TERRITORIO NORTEAMERICANO, A CARGO DEL DIPUTADO CARLOS ALBERTO
GARCÍA GONZÁLEZ, A NOMBRE DE LA SEGUNDA COMISIÓN DE
TRABAJO
A nombre de la Segunda Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al primer receso del segundo año de la LX Legislatura, y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito someter a la consideración de esta honorable Asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, de urgente u obvia resolución, al tenor de las siguientes:
Consideraciones
El pasado lunes 17 de diciembre de 2007, el Consulado de México en Indianápolis recibió información sobre el fallecimiento de cuatro connacionales, originarios de la comunidad El Zacatón, municipio de Villa de Ramos, San Luis Potosí, en la localidad de Sharonville, condado de Hamilton, Ohio.
Inmediatamente, la representación entró en contacto con las autoridades locales, que confirmaron los decesos, indicando que los cadáveres mostraban heridas por arma blanca. En ese sentido se solicitó una amplia investigación sobre las circunstancias en que habrían ocurrido estos lamentables hechos, misma que permitiera identificar a los presuntos responsables.
El Consulado localizó a los familiares de las víctimas en San Luis Potosí, ofreciéndoles asistencia y orientación; con apoyo de las familias fue posible confirmar la identidad de los fallecidos quienes respondían al nombre de Manuel Dávila Dueñas, de 31 años; José de Jesús Dávila Dueñas de 21 años; Lino Guardado Dávila de 43 años; y Conrado López Guardado de 20 años.
Con fecha 2 de enero de 2008, fueron repatriados los cuerpos de los cuatro potosinos radicados en el extranjero, sin embargo, se ha reconocido que en este momento apenas se han iniciado las investigaciones por parte de las autoridades norteamericanas sobre los hechos, sin que se hayan divulgado las líneas de investigación sobre las que se trabaja en el presente caso.
Al ser cuestionadas dichas autoridades sobre una fecha probable para conocer los avances de las investigaciones e incluso el móvil del homicidio, se advierte que hasta ahora no hay indicios de que se trate de un crimen de carácter racial.
En esta tesitura, este Congreso de la Unión condena los hechos ocurridos y comprometidos a fortalecer las acciones legislativas y gubernamentales para revertir la violencia que sufren día a día nuestros connacionales en la frontera norte y dentro de todo el territorio norteamericano, es que sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución:
Punto de Acuerdo
Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, condena los hechos ocurridos sobre los connacionales asesinados en territorio norteamericano.
Segundo. Se exhorta a la SRE a que brinde a los deudos, orientación jurídica a fin de que recuperen sueldos devengados, pólizas sin reclamar y las pertenencias de los finados.
Tercero. Que a través de los canales diplomáticos que correspondan, la SRE verifique el cumplimiento del apoyo que concierna otorgar al estado de Ohio mediante el programa estatal de ayuda a víctimas de crímenes violentos, así como el total esclarecimiento de los homicidios perpetrados.
Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a 4 de enero de 2008.
Diputado Carlos Alberto García González
(rúbrica)
Presidente
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
LA COMISIÓN PERMANENTE MANIFIESTA SU MÁS ENÉRGICO
REPUDIO A LAS ACCIONES DE XENOFOBIA PERPETRADAS CONTRA LA MIGRACIÓN
INDOCUMENTADA EN LOS ESTADOS UNIDOS Y SU RESPALDO A UNA CRUZADA PARA LA
DEFENSA DE LOS MIGRANTES, A CARGO DE LA SENADORA ADRIANA GONZÁLEZ
CARRILLO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
Quien suscribe, Adriana González Carrillo, senadora integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LX Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración del Pleno de esta Comisión Permanente, la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión manifiesta su más enérgico repudio a las acciones de xenofobia perpetradas contra la inmigración indocumentada en los Estados Unidos y su respaldo a una cruzada para la defensa de los migrantes en virtud de las siguientes
Consideraciones
En las últimas semanas, las denuncias de una ola de xenofobia en Estados Unidos han aumentado notablemente a partir de la multiplicación de redadas masivas de inmigrantes indocumentados y de otras naciones de corte represivo y antiinmigrante en ese país. Frente al ambiente político y electoral que vivirá Estados Unidos el próximo año, se reconoce que estas acciones podrían extenderse y que, en general, 2008 será un año poco favorable para los migrantes indocumentados y su lucha por mejores condiciones de vida y respeto a sus derechos humanos.
Nuestros 6.2 millones de connacionales indocumentados en Estados Unidos reciben cada vez con mayor frecuencia e intensidad un constante trato discriminatorio y son víctimas sistemáticas de las redadas policiales y deportaciones masivas e indiscriminadas que los separan de sus familias, violan sus derechos humanos y les niegan los derechos consulares consagrados en la Convención de Viena de 1963.
En diciembre pasado, autoridades federales de los Estados Unidos informaron que el número de arrestos de inmigrantes indocumentados acusados de distintos delitos o simplemente con órdenes de deportación se duplicaron al pasar de 15 mil 452 en 2006 a 30 mil 408 en lo que va de 2007. Al mismo tiempo, el Ejecutivo estadounidense promulgó una partida de mil 200 millones de dólares para la construcción de muros en la frontera con México como parte del Presupuesto Federal para 2008 de ese país. Sin explicitar la localización o el tipo de muro –decisión que en su momento tomará el Departamento de Seguridad Interna de Estados Unidos– el Congreso estadounidense, por su parte, aprobó levantar más de 500 kilómetros de vallas y muros que serán construidos ese año y que, sin duda, no harán más que afectar severamente la vida cotidiana de la frontera, una de las más dinámicas del mundo en materia de intercambio de personas, mercancías y servicios.
En este contexto resulta sumamente importante esclarecer el caso de los cuatro mexicanos originarios de San Luis Potosí y presuntamente asesinados hace algunas emanadas en el condado de Hamilton, en el estado de Ohio. Toca al Congreso, igual que al Ejecutivo, insistir en una amplia investigación sobre las circunstancia en que estos lamentables hechos tuvieron lugar.
Al mismo tiempo, en distintas entidades de la Unión Americana, las iniciativas anti inmigrantes avanzan y empiezan a incorporarse en el derecho vigente. Es el caso de Arizona que se ha convertido en una tema central del debate migratorio por la entrada en vigor este 1 de enero de duras restricciones contra los indocumentados y quienes los contraten. De acuerdo con la legislación HB2779 aprobada por la legislatura estatal, se penaliza a las compañías que contraten indocumentados con la suspensión de sus licencias por diez días, la primera vez, y con la revocación de las mismas si reinciden.
Este clima de hostilidad y endurecimiento de las medidas anti inmigrantes mantiene sumamente angustiados a nuestros connacionales que residen en Estados Unidos. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Latinos 2007, levantada del 3 al 9 de noviembre pasado y difundida por el Pew Hispanic Center, más de la mitad de los hispanos en edad adulta temen ser objeto de estas redadas y deportaciones o que un familiar o amigo cercano lo sea. El acoso alcanza a residentes legales en Estados Unidos quienes son frecuentemente detenidos por la policía local para comprobar su estancia documentada y contra quienes se verifican también múltiples abusos.
Todo ello a pesar de que distintas entidades y grupos de expertos han venido publicando estudios y análisis que demuestran el sobresaliente nivel de aportación que los inmigrantes indocumentados hacen a la economía y la sociedad estadounidense. Es el caso del reporte más reciente del Consejo de Asesores Económicos de la Casa Blanca que admite que los estadounidenses se benefician con el trabajo de los inmigrantes en tanto que no sustituye sino que complementa el trabajo de los nativos y, por lo tanto, que los inmigrantes hacen una aportación relevante al crecimiento económico de Estados Unidos.
Adicionalmente, el reporte concluye que los inmigrantes representan una porción crítica de la fuerza de trabajo estadounidense que contribuye a la productividad y al desarrollo tecnológico, que los inmigrantes y sus hijos se asimilan fácilmente a la cultura y la lengua de ese país, que la tasa de criminalidad es menor entre indocumentados que entre estadounidenses nativos y que el impacto de la inmigración en materia fiscal es de tal magnitud que se encuentra muy por debajo de lo que en realidad reciben en forma de servicios públicos.
En este contexto, el Presidente Calderón ha convocado a una Cruzada para la Defensa de los Migrantes ante un sentimiento anti mexicano que parece generalizado en los Estados Unidos. Ante Embajadores y Cónsules de México en Estados Unidos y Canadá, el Presidente les instruyó a conformar una estrategia para la defensa de los mexicanos en el exterior ante el encono y la animadversión que se han venido generalizando en su contra. Para ello les ordenó participar en debates públicos, utilizar los medios de comunicación para difundir argumentos a favor de los migrantes y sus aportaciones económicas y sociales, apoyarse en el trabajo de distintas organizaciones gubernamentales y, en general, a adoptar una actitud más activa y vigilante de que se evite el trato como criminales a quienes buscan un mejor futuro trabajando honradamente y aportando a la sociedad que visitan.
Al mismo tiempo, el presidente Felipe Calderón exigió a los aspirantes a la Presidencia de Estados Unidos no utilizar a los migrantes mexicanos como "rehenes temáticos" en sus campañas políticas, advirtió que se impulsarán acciones diplomáticas "al más alto nivel" para sensibilizar a las autoridades estadounidenses de la importancia de parar la persecución anti – mexicana, se insistirá en la necesidad de una reforma legal en materia migratoria y se pondrá en marcha un plan mediático para ganar la batalla ante la opinión pública norteamericana. Además, en diciembre pasado, el Presidente Calderón visitó Tijutana y anunció un programa de repatriación de migrantes que mucho hará para responder a la injusticia de las acciones unilaterales y xenófobas emprendidas en Estados Unidos.
Finalmente, el Presidente se ha comprometido a solicitar al Congreso el permiso correspondiente para efectuar una visita a distintos puntos de la Unión Americana, durante el primer trimestre de 2008, a fin de redoblar los esfuerzos de protección y defensa de los mexicanos en ese país.
Por las consideraciones anteriormente expuestas, se somete a la consideración del Pleno de esta Comisión Permanente, la siguiente proposición con:
Punto de Acuerdo
Primero. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión manifiesta su más enérgico repudio a las acciones de xenofobia perpetradas contra la inmigración indocumentada en los Estados Unidos, especialmente las redadas y deportaciones masivas registradas en los últimos meses, y exhorta al Ejecutivo Federal, para que a través de los canales diplomáticos y consulares correspondientes se fortalezcan y profundicen las acciones de protección y defensa de los migrantes mexicanos en Estados Unidos.
Segundo. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión expresa su respaldo al Presidente de la República en la Cruzada para la Defensa de los Migrantes así como a las acciones que tanto el Titular del Poder Ejecutivo Federal como los Cónsules mexicanos en la Unión Americana estarán implementado para responder a las acciones de corte represivo y xenófobo que contra la inmigración indocumentada se registran en ese país.
Tercero. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión reafirma la importancia de respetar los derechos consulares de los migrantes de acuerdo con lo dispuesto por la Convención de Viena de 1963 y exhorta al Ejecutivo Federal a seguir de cerca el proceso de ejecución de la Sentencia de la Corte Internacional de Justicia en el denominado "Caso Avena" para revisar y reconsiderar los juicios y las sentencias de los 51 connacionales mexicanos condenados a muerto en los Estados Unidos.
Cuarto. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión insiste en que no son vallas ni leyes restrictivas lo que se necesita para estimular la integración y la cooperación entre dos naciones vecinas, hermanas y socias por lo que reitera su rechazo a la construcción de barreras y muros en nuestra frontera común así como a la promulgación de leyes que restrinjan los derechos humanos de nuestros connacionales.
Quinto. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión se pronuncia por una reforma migratoria integral, rechazando toda aquella propuesta o iniciativa que no abone a una solución en el esquema de la responsabilidad compartida, que no tome en cuenta la importancia de la reunificación familiar y que contravenga los derechos humanos y el derecho internacional.
Sexto. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, resuelve que a través de los canales institucionales establecidos por la diplomacia parlamentaria, se haga del conocimiento del Congreso de los Estados Unidos de América el contenido íntegro de este Punto de Acuerdo.
Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a 4 de enero de 2008.
Senadora Adriana González Carrillo (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE CITA A COMPARECER AL DOCTOR JESÚS REYES HEROLES GONZÁLEZ-GARZA,
DIRECTOR GENERAL DE PETRÓLEOS MEXICANOS, A CARGO DEL SENADOR ADOLFO
TOLEDO INFANZÓN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
El suscrito, senador Adolfo Toledo Infanzón, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de conformidad con lo previsto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo con base en las siguientes:
Consideraciones
Durante el mes de noviembre del año que acaba de finalizar, la paraestatal Petróleos Mexicanos, inició el cambio de los términos del contrato laboral de más de 30 mil empleados de confianza del corporativo y sus filiales tales como Pemex Exploración y Producción, Pemex Refinación, Pemex Gas y Petroquímica Básica y Pemex Petroquímica.
La modificación consiste en sustituir la llamada "Tarjeta de Trabajo" por un nuevo "Contrato Individual de Trabajo" (CIT), proceso que se espera culminar durante el primer trimestre de este año.
Esta estrategia promovida por Pemex, ha generado una gran inquietud entre el personal de confianza en virtud de que ven violentados derechos laborales adquiridos con anterioridad que no son considerados en el contrato que les han solicitado firmar, en algunas ocasiones de acuerdo a sus declaraciones, bajo presión de sus superiores.
De acuerdo con la Unión Nacional de Trabajadores de Confianza de la Industria Petrolera, el nuevo contrato individual de trabajo no cumple con las formalidades legales esenciales para su firma, así mismo, no toma en cuenta o elimina derechos laborales adquiridos tales como su antigüedad, el derecho a ser reinstalado en caso de despido injustificado, el pago de tiempos extras; además de no estipular de manera clara y precisa las prestaciones y derechos a que es acreedor el trabajador, ni establecer las funciones específicas a realizar. Todo ello, en un claro perjuicio de los trabajadores.
En este sentido, la paraestatal ha sostenido que el nuevo contrato individual no afecta los derechos de los trabajadores y que los cambios que se están realizando obedecen al propósito de optimizar el funcionamiento de la empresa y fortalecer el proceso de modernización administrativa de la organización.
Hasta ahora, señoras y señores Legisladores, desconocemos el número de empleados de confianza que han firmado dicho contrato individual, sin embargo, es nuestra obligación velar por el respeto y el cumplimiento de los derechos laborales establecidos en nuestra leyes.
Es por ello, que me permito solicitar a esta honorable Asamblea, la comparecencia del director general de Petróleos Mexicanos, el doctor Jesús Reyes Heroles, para que nos explique los términos en que se encuentra elaborado este nuevo contrato individual de trabajo, los objetivos y fines por los que se ha implementado esta estrategia, así como la forma en que se garantizarán los derechos laborales de los trabajadores del organismo.
Cabe mencionar, que en algunos medios de comunicación se ha publicado que uno de los motivos por lo que se está implementando este cambio de contrato es para abatir el costo de la nómina de la paraestatal, por lo que me parece indispensable, que el director de Pemex nos explique qué otros mecanismos está utilizando para este objetivo, ya que éste no se puede lograr sin la revisión de las altas percepciones que tienen directores, subdirectores y gerentes.
Compañeras y compañeros legisladores, no podemos quedarnos impasibles ante una posible reducción, desaparición o incumplimiento de los derechos laborales de ningún trabajador, por ello creo indispensable contar con la información suficiente sobre este importante tema y asegurarnos que los trabajadores no sigan viendo disminuidos o violentados sus derechos por temor a perder su empleo al enfrentarse a prácticas de gobiernos insensibles.
Por lo anteriormente expuesto, me permito someter a esta soberanía el siguiente:
Punto de Acuerdo
Único. La Comisión Permanente del H. Congreso de la unión, solicita la comparecencia del doctor Jesús Reyes Heroles, director general de Petróleos Mexicanos, para que informe a esta soberanía sobre los términos en que se encuentra elaborado el nuevo "contrato individual de trabajo" para empleados de confianza de la paraestatal, así como las medidas implementadas para garantizar los derechos laborales de estos trabajadores.
Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a 4 de enero de 2008.
Senador Adolfo Toledo Infanzón (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA SOLICITAR
A LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS Y A LA COMISIÓN
DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE OAXACA, A QUE DICTEN LAS MEDIDAS CAUTELARES
NECESARIAS A EFECTO DE GARANTIZAR LA SEGURIDAD E INTEGRIDAD FÍSICA
Y PSICOLÓGICA DE LOS MENORES Y SUS FAMILIARES POR AGRESIONES SEXUALES
EN COLEGIOS PARTICULARES EN DICHA ENTIDAD, A CARGO DE LA DIPUTADA ALEIDA
ALAVEZ RUIZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
La suscrita, diputada Aleida Alavez Ruiz, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LX Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78 fracción III, del la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, nos permitimos poner a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, al tenor de las siguientes:
Consideraciones
Elementos aportados en la averiguación previa 191/DS/2007, radicada en la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Contra la Mujer de la Procuraduría de Justicia del estado de Oaxaca, a cargo de Aída Gómez Piñón, en el que se consigna el abuso sexual de un menor de 4 años de edad, escolar del Colegio San Felipe de la ciudad de Oaxaca, se describen los abominables hechos mediante los cuales la profesora Magdalena García Soto entregaba al educando bajo presiones a su catedrático de computación, quien lo conducía al salón de gimnasia, ubicado en el tercer piso del centro educativo. En ese lugar, Adán Salvador y Constantino García, lo amordazaban y le ataban las manos para ultrajarlo sexualmente.
El menor refiere que Adán Salvador y Constantino García usaban una cámara (al parecer fotográfica) mientras lo mancillaban.
Estos horrorosos pasajes de la vida de un pequeño de tan sólo 4 años de edad, deben despertar el azoro y al mismo tiempo la acción inmediata de los representantes sociales, quienes no podemos exigir menos que justicia y castigo a los depredadores sexuales.
A partir de la denuncia de estos acontecimientos, el menor, la madre del niño Leticia Valdés Martell y su familia, han sido víctimas de amenazas, acoso policial, intimidaciones, difamaciones, y la más reciente joya de la corrupción, Rafael Aragón Curi, ex director del DIF del estado, ofreció a al abogado y a la del menor, para que retiren la denuncia, la cantidad de 6 millones de pesos.
Este caso y otros que se presentaron en Oaxaca, no son ajenos al conocimiento de este Congreso, el 15 de octubre de 2007, en el Senado de la República se presentaron 4 madres para presentar una denuncia pública por el abuso sexual cometido contra sus hijos todos ellos niños de 4 años de edad. Tres de ellos dentro del Instituto Miguel de Cervantes ubicado en Villa de Etla; el otro en la ciudad de Oaxaca en el Instituto San Felipe.
Tres madres del distrito de Etla, quienes prefirieron guardar anonimato por las distintas amenazas de las que han sido objeto, a las que llamaremos "Ana N.", "Claudia N." y "Lucía N.", fueron notando distintos cambios en las conductas de sus hijos y muestras físicas de maltrato, golpes y abusos como: "cortaditas y llagas en la colita" denuncian; por lo que acudieron con sus pediatras y psicólogas; las cuáles a través de juegos, dibujos y terapias distintas identificaron la agresión de la que habían sido victimas los pequeños. Huella perdurable e innegable de dicho abuso sexual es que lamentablemente los tres pequeños del distrito de Etla fueron contagiados de una enfermedad de transmisión sexual, herpes tipo 2.
En el caso del Instituto Miguel de Cervantes, el "teacher", "viejito" (como lo llaman los niños) Domingo Ramírez Ramírez ha sido dos veces detenido, siendo la primera ocasión liberado bajo el pago de una fianza de 10 mil pesos, en este momento sigue preso pero con un proceso de apelación; los otros cómplices y responsables (hijos y esposa), aún siguen libres. Sobre la denuncia contra el Instituto San Felipe sólo una de las responsables ha sido detenida, la profesora Magdalena García Soto, los otros dos abusadores aún siguen libres: Adán Salvador Pérez Ramírez y Hugo Gabriel Constantino García.
En ambos casos, no solo hemos sido testigos de la falta de acción oportuna de la autoridad, por el contrario las familias se han encontrado con negligencia, tratos despóticos tanto en la Comisión Estatal de Derechos Humanos del estado de Oaxaca, así como en la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Contra la Mujer, cuya titular, Aída Gómez Piñón, incluso ha tenido falta de sensibilidad y de apego a la aplicación de la ley que ha llegado al insólito extremo de ofrecer un acuerdo "conciliatorio" entre ambas partes; ya que, denuncia la madre, la fiscal "reconoce" la gran influencia de la directora del Instituto San Felipe.
Es inadmisible que en un supuesto estado de derecho, a las víctimas, máxime tratándose de infantes, se les someta durante el proceso de denuncia a largas horas de interrogatorios, pese a la súplica en algunos casos de varios de estos para no seguir declarando. Así también autoridades distintas han realizado comentarios de descalificación sobre las declaraciones de los menores mencionando que son simplemente "dibujitos, monitos", que el lenguaje que utilizan los pequeños es producto de fantasías, como si los delincuentes fueran éstos.
La vinculación de servidores públicos en activo del estado de Oaxaca con la defensa de los depredadores sexuales y las omisiones para dar celeridad a los procesos ponen en entredicho el estado de derecho y el acceso a la impartición de justicia; por lo que el llamado de atención que haga esta Comisión Permanente para el esclarecimiento y protección de las familias que enfrentan estas delicadas situaciones no será banal.
El abuso sexual no es una fantasía, existe y es un negocio muy rentable a nivel mundial, reportando ganancias de 7 billones de dólares, convirtiéndolo en el tercer negocio más fuerte del mundo. En América Latina más de 6 millones de niñas y niños son objeto de agresiones severas, incluida la sexual, comentan que cerca de 16 mil menores de edad mexicanos son víctimas de abuso y comercio sexual, con secuelas que ponen en riesgo su arribo a la mayoría de edad.
La red de pederastas, es internacional, ha encontrado resguardo donde la impunidad y corrupción son moneda de cambio de todos los días, estos hechos que ponen en riesgo a la sociedad, requieren de una acción contundente del Estado mexicano mediante la elaboración de nuevas políticas públicas tendientes a reconocer y enfrentar el problema como medida de salvaguarda de los intereses fundamentales de lo más valioso del futuro de México: sus niños.
Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración, como asunto de urgente resolución, la siguiente proposición con:
Punto de Acuerdo
Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y a la Comisión de Derechos Humanos del estado de Oaxaca, que dicten las medidas cautelares necesarias, a efecto de garantizar la seguridad e integridad física y sicológica de los menores y familiares de los menores denunciantes de agresiones sexuales en los colegios particulares "San Felipe" de la ciudad de Oaxaca y del Instituto "Miguel de Cervantes" ubicado en Villa de Etla de la misma entidad federativa.
Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, con pleno respeto a la soberanía de las entidades federativas, exhorta al gobernador del estado de Oaxaca, a que realice las gestiones necesarias para el esclarecimiento y sanción de los responsables de los lamentables hechos descritos en el cuerpo del presente documento, y en el momento oportuno informe a esta Comisión Permanente los avances de sus gestiones.
Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 4 de enero de 2008.
Diputada Aleida Alavez Ruiz (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE CITA A COMPARECER AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE TRABAJO Y PREVISIÓN
SOCIAL Y AL DIRECTOR GENERAL DE PETRÓLEOS MEXICANOS, PARA QUE PRESENTEN
INFORMES RESPECTO A LAS MEDIDAS ADOPTADAS PARA GARANTIZAR LOS DERECHOS
LABORALES DE LOS TRABAJADORES Y DE LOS CONTRATOS OTORGADOS A LAS EMPRESAS
SUBCONTRATADORAS EN LA SONDA DE CAMPECHE, A CARGO DEL DIPUTADO CUAUHTÉMOC
VELASCO OLIVA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE CONVERGENCIA
El suscrito, diputado federal integrante del Grupo Parlamentario de Convergencia de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía la proposición con punto de acuerdo por el que se cita a comparecer al titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), para que presente un informe de las medidas adoptadas para garantizar los derechos laborales de los trabajadores de las empresas subcontratadoras de Pemex en la sonda de Campeche, así como para citar a comparecer al director de Petróleos Mexicanos para que presente un informe sobre los contratos otorgados por la paraestatal a empresas subcontratadoras en la sonda de Campeche.
Consideraciones
Desde el 2004 a la fecha los accidentes y. el fallecimiento de los trabajadores en actividades petroleras han sido constantes, al registrarse en este periodo 22 siniestros graves en instalaciones de Pemex con un resultado de 157 fallecidos, 14 de ellos en Tabasco, Veracruz, Guanajuato y Tlaxcala (111 fallecidos); y 8 accidentes más se han contabilizado en la sonda de Campeche (con un saldo de 46 decesos).
En lo que a la Sonda de Campeche se refiere presente un punto de acuerdo en el mes de julio de 2007, que fue aprobado por esta Comisión Permanente, para que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y Pemex revisaran y tomaran las medidas necesarias para garantizar tanto la seguridad de los trabajadores de las empresas subcontratadoras, como de sus condiciones laborales, ya que de acuerdo con la información que disponemos a julio de 2007 se habían registrado más de 5 mil denuncias de trabajadores por violación a sus derechos laborales.
La STPS por conducto del subsecretario de Trabajo, Seguridad y Previsión Social, el doctor Álvaro Castro Estrada, nos informó que esta dependencia lleva a cabo en forma permanente inspecciones tanto de condiciones generales de trabajo, como de condiciones generales de seguridad e higiene en el trabajo, para lo cual cuenta con un programa anual de trabajo en el estado de Campeche en donde durante en 2006, se efectuaron 421 inspecciones a 179 centros de trabajo que beneficiaron a 28 mil 568 trabajadores; y de enero a julio de 2007, se han realizado 218 inspecciones a 117 empresas, beneficiando a 21 mil 851 trabajadores, incluyendo a las empresas subcontratistas.
Se informó también a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión que la STPS promovió la creación de una unidad de verificación en Pemex, la cual cuenta con plena capacidad y autonomía técnica, que se encarga de vigilar las condiciones de seguridad en que operan los recipientes sujetos a presión y calderas que se tienen instalados en los centros de trabajo de la paraestatal con la finalidad de prevenir accidentes de trabajo, realizando pruebas de seguridad a poco más de 2 mil equipos, con lo que se mantiene una continua vigilancia del cumplimiento de la normatividad laboral, en especial la relacionada con la seguridad e higiene en el trabajo de las empresas contratistas de Pemex.
Por tal motivo, el pasado 15 de octubre con el apoyo del Frente Unido de Marinos Mercantes, diversos legisladores visitamos la sonda de Campeche, donde Pemex cuenta con más de 100 plataformas marítimas, y laboran 13 mil 500 personas, de éstas, 4 mil 500 se encuentran contratadas directamente por la paraestatal y el resto por compañías prestadoras de servicios, para conocer las condiciones en que laboran los marinos mexicanos y extranjeros, en lo que pudimos constatar la falta de medidas de seguridad para los trabajadores que laboran en las empresas subcontratadoras por Pemex.
Por ello, no es de sorprender los accidentes en la sonda de Campeche ocurridos en el mes de octubre; el primero, el 12 de octubre en el cuarto de máquinas del barco Seba’an, perteneciente a la empresa Oceanográfica, con el saldo de un trabajador muerto; el segundo, ocurrido en el buque Oficina porvenir, el 21 de octubre de 2007, de una empresa privada con 14 personas a bordo, que le costó la vida a un trabajador; y por último, el ocurrido el 23 de octubre de 2007, en la plataforma petrolera Usumacinta. Situación que nos obligó a acudir a la sonda de Campeche acompañados esta vez por visitadores de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). Hoy ratificamos después de haber constatado de viva voz de los trabajadores de la sonda de Campeche un listado de violaciones laborales que se cometen de parte de estas empresas contratadas por Petróleos Mexicanos, tales como:
No se paga salario por los días de descanso.
Se hace firmar al trabajador renuncias anticipadas a su trabajo o sus derechos.
Estas empresas arguyen en trabajar bajo contratos de obra determinada, para no pagar antigüedad.
Se afilia a los trabajadores a sindicatos "blancos", en donde ocurre que las hojas de afiliación se firman en blanco.
No existe capacitación alguna para el trabajo, siendo este de alto riesgo.
Las prestaciones de ley como aguinaldo y vacaciones no son pagadas, o bien son cubiertas con cantidades ínfimas sólo para cubrir los requisitos ante la ley.
Es constante que los salarios que reciben no concuerdan con los que se informan al Instituto Mexicano del Seguro Social y al Infonavit, y que cuando un empleado se presenta a solicitar atención médica ha sido dado de baja, cuando en sus percepciones saláriales se les descuentan las cuotas correspondientes puntualmente.
El reparto de utilidades es nulo o se da en cantidades irrisorias, que hace pensar que las contratistas evaden al fisco.
No existe una estabilidad en el empleo porque se reflejan despidos masivos injustificados en el mes de diciembre y la recontratación de nuevo personal con el fin de evadir el pago de aguinaldos y vacaciones.
Existen amenazas de despido, siendo un mecanismo de control para evitar que lidien por mejorar las condiciones de trabajo.
No se les respeta el derecho a pago de viáticos y ni tampoco la empresa les proporciona una habitación higiénica y decorosa, en los términos del artículo 30 en relación al artículo 28 de la LFT.
El servicio médico está negado para los trabajadores durante su estancia en las plataformas, lo único a que tienen derecho, y eso en ocasiones, es a recibir primeros auxilios, pero estos no incluyen el traslado a tierra y éste, se hace en inseguras embarcaciones.
Los salarios no corresponden a categorías, sino que son totalmente discrecionales, ya que para un mismo nivel de trabajo ganan cantidades diferentes, es decir no se cumple la máxima de "a trabajo igual, salario igual", por lo que la lista de violaciones es sumamente larga.
El precario salario que reciben se les suele pagar en abonos, inclusive con cheques sin fondos.
La mayor parte los trabajadores son contratados mediante triangulaciones; es decir, pactan con una empresa, otra les paga y desarrollan el trabajo operativo bajo las órdenes de una más.
Además, hay trabajadores de los barcos de abastecimiento o de las plataformas semisumergibles de servicio con jornadas de 12 horas diarias por periodos de 28 días de labor por 14 de descanso.
En Convergencia tenemos una permanente preocupación por los derechos laborales de los trabajadores de las empresas subcontratadoras de Pemex, por ello pugnamos porque el Estado cumpla con su obligación constitucional de garantizar a cada persona el goce de esos derechos.
Por lo antes expuesto, el Grupo Parlamentario de Convergencia propone a esta soberanía un punto de acuerdo con el fin de que el secretario de Trabajo y Previsión Social informe a esta representación sobre la situación de los derechos laborales en las empresas subcontratadoras de Pemex, y que el director de Pemex presente un informe de las condiciones en que se contratan a las empresas subcontratantes de esa paraestatal en la sonda de Campeche.
Punto de Acuerdo
Primero. Se cita a comparecer al titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para que presente un informe de las medidas adoptadas para garantizar los derechos laborales de los trabajadores de las empresas subcontratadoras de Pemex en la sonda de Campeche.
Segundo. Se cita a comparecer al director de Pemex para que presente un informe detallado de cómo y a qué empresas se otorgan los contratos en la sonda de Campeche, así como las condiciones de trabajo en las que operan.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de enero de 2008.
Diputado Cuauhtémoc Velasco Oliva (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
LA COMISIÓN PERMANENTE RECHAZA LA VIOLENCIA Y HACE VOTOS PARA EL
RESTABLECIMIENTO DE LA PAZ, EL DIÁLOGO POLÍTICO Y LA UNIDAD
NACIONAL DE LA HERMANA REPÚBLICA DE KENYA, A CARGO DEL DIPUTADO
CARLOS ALBERTO GARCÍA GONZÁLEZ, A NOMBRE DE LA SEGUNDA COMISIÓN
DE TRABAJO
Quienes suscriben, integrantes de la Segunda Comisión de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración del Pleno de esta Comisión Permanente, la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución por el que la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión rechaza la violencia y hace votos para el restablecimiento de la paz, el diálogo político y la unidad nacional en la hermana República de Kenia al tenor de las siguientes
Consideraciones
A partir de la disputada reelección del presidente keniano, Mwai Kibaki, el pasado 27 de diciembre, este importante país africano se ha visto inmerso en lo que podría ser el conflicto más grave que ha vivido en décadas. Más de 330 muertos, aproximadamente 100 mil desplazados y un número incalculable de heridos es el saldo de una jornada de violencia donde el Gobierno y la oposición se acusan mutuamente de "genocidio" y "limpieza étnica".
En pocos días una de las democracias más estables de África con una economía y cultura sumamente relevantes para el continente se ha convertido en un escenario de confrontación de históricas rivalidades tribales a partir de una crisis eminentemente electoral.
Tan sólo el martes pasado en la localidad de Eldoret, a apenas 300 kilómetros de la capital, Nairobi, una turba enfurecida prendió fuego a una iglesia pentecostal donde cientos de personas, integrantes de la tribu Kikuyu, buscaban refugiarse de la violencia provocando la muerte, al quemarlas vivas, de al menos 50 de ellas.
El desacuerdo sobre el resultado electoral ha hecho estallar lo que algunas agencias internacionales ya han calificado como un desastre humanitario por el desabasto alimentario y de salud, las restricciones impuestas a los transportes, las comunicaciones y al suministro internacional de ayuda, el desplazamiento de personas y la amenaza latente de que el conflicto político devenga en un conflicto étnico entre las tribus Kikuyu –a la que pertenece Kibaki– y Luo –a la que pertenece el principal opositor Raila Odinga.
La propia ONU ha denunciado que a causa de este conflicto el pasillo de transportes desde el puerto de Mombasa a través de Kenia, estando restringido, obstruye también la cadena de suministro a sus operaciones humanitarias y de paz en la región entera, es decir, en Sudán, en Uganda y en algunas regiones del Congo.
La comunidad internacional en su conjunto, la Organización de las Naciones Unidas, la Unión Africana –con el respaldo de los Gobiernos de Gran Bretaña y Estados Unidos– y la Cruz Roja Internacional se han volcado a buscar fórmulas para mediar y poner freno a esta grave crisis.
Sin duda, resulta lamentable que los resultados de las recientes elecciones presidenciales en Kenia se hayan traducido en la pérdida de vidas humanas, en desplazados huyendo de la violencia y en un clima general de encono entre los principales actores políticos de ese país.
Por tanto conviene hacer un llamado a los líderes políticos y sociales de ese país a fin de instrumentar un cese al fuego, restablecer la paz y acordar los mecanismos idóneos para recuperar el diálogo, la reconciliación y el apoyo pleno a las instituciones y la vida democrática en Kenia.
Por las consideraciones anteriormente expuestas, se somete a la consideración del Pleno de esta Comisión Permanente, la siguiente proposición con:
Punto de Acuerdo
Primero. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión se solidariza con los familiares de las víctimas de la violencia desatada en Kenia.
Segundo. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión rechaza la violencia y hace votos para el restablecimiento de la paz, el diálogo político y la unidad nacional en la hermana República de Kenia y se pronuncia por una pronta solución al conflicto mediante los cauces institucionales y democráticos del país africano.
Tercero. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión respalda el trabajo de los funcionarios a cargo de la Embajada Mexicana en Kenia y reconoce la importante labor que desempeñan para la protección de los mexicanos que residen en ese país.
Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a 4 de enero de 2008.
Diputado Carlos Alberto García González
(rubrica)
Presidente
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA EXHORTAR
AL INEGI PARA QUE FORTALEZCA LAS ACCIONES RELATIVAS A LA CUANTIFICACIÓN
PRECISA DE LOS GRUPOS VULNERABLES Y OTROS GRUPOS ESPECIALES DE POBLACIÓN,
A CARGO DEL SENADOR GUILLERMO ENRIQUE MARCOS TAMBORREL SUÁREZ, DEL
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
Guillermo Tamborrel Suárez, senador de la república de la LX Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración del Pleno de esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente exhorta al Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) a fortalecer las acciones relativas a la cuantificación precisa de los grupos vulnerables y otros grupos especiales de población, con base en las siguientes
Consideraciones
El Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), es la institución encargada de generar la información estadística y geográfica en el país. Entre sus principales productos se encuentran los censos de población, los conteos de población, los censos económicos, las encuestas de ingreso-gasto y las cuentas nacionales, entre muchos más.
El INEGI ha realizado sus labores con un profesionalismo ejemplar, lo cual le ha dado el prestigio y la credibilidad de la que goza, a pesar de tener desde su creación, el 25 de enero de 1983, una figura jurídica que puede considerarse limitada, al constituirse en un órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
Su creación obedeció a la necesidad de garantizar la mejora sustancial en la calidad y homogeneidad de la información y hacer posible la conjunción de esfuerzos de las diferentes instancias y niveles de gobierno en la integración de la información estadística y geográfica para el diseño y la instrumentación del Plan Nacional y los programas sectoriales y regionales de desarrollo.
De acuerdo con el propio INEGI, actualmente su principal objetivo radica en generar, integrar y proporcionar información estadística y geográfica de interés nacional, así como normar, coordinar y promover el desarrollo de los Sistemas Nacionales Estadístico y de Información Geográfica, con objeto de satisfacer las necesidades de información de los diversos sectores de la sociedad.
En materia de grupos vulnerables, particularmente los niños y las niñas, las personas adultas mayores y las personas con discapacidad, así como otros grupos especiales de población como las mujeres y los indígenas, es de reconocer el esfuerzo realizado en el XII Censo General de Población y Vivienda 2000, en cuyos resultados definitivos se dio cuenta del número de mujeres, hombres, niños, jóvenes, adultos y personas mayores que hubo en el periodo censal; así como su nivel educativo, la participación en la actividad económica, el acceso a la seguridad social y a los servicios de salud, entre otros aspectos socioeconómicos más.
Gracias a este censo, también se pudo conocer cuánta población indígena hay en México, número de hablantes por cada tipo de lengua indígena, por género y por edad.
Igualmente se informó del número de personas que tienen alguna discapacidad de largo plazo por sexo y edad.
Los datos que genera la institución responsable de las estadísticas en el país tienen una gran importancia para todo tipo de asuntos y decisiones de orden público y privado. Por mencionar algunas facetas de su utilidad podemos mencionar, sólo como algunos ejemplos, las siguientes:
Para formular, instrumentar y evaluar políticas y programas públicos en materia sociodemográfica
Para la eficaz adecuación de las leyes y la expedición de otro tipo de instrumentos normativos.
Para la asignación de recursos públicos en los presupuestos de egresos.
Para apoyar la investigación científica y tecnológica.
Para la planeación de actividades comerciales, industriales y de servicios.
Para la demarcación de las circunscripciones electorales y la organización de los sufragios.
Para la planeación del desarrollo urbano.
Un ejemplo concreto de la falta de claridad en su dimensión, lo representan las personas con discapacidad. El INEGI calcula la existencia en México de casi 2 millones de personas con discapacidad permanente, mientras que las organizaciones civiles calculan unos 7 millones y la Organización Mundial de la Salud estima que se trata del 10 por ciento de la población total, es decir, cerca de 10 millones de personas.
Lamentablemente, nos encontramos con que las estadísticas de personas con discapacidad no son las únicas que presentan claroscuros, ya que lo mismo sucede con indígenas, mujeres víctimas de violencia, niñas, niños, adolescentes y adultos mayores en situaciones de vulnerabilidad.
Esa diversidad de diagnósticos confunde y no auxilia a las autoridades y a los particulares a tomar o diseñar las medidas para cambiar la realidad de las personas que se encuentran en mayor indefensión y desventaja.
Cabe señalar que el hecho de tener cifras 100 por ciento precisas no es del todo suficiente, pero sin duda el hecho de contar con estudios sociodemográficos precisos, nos daría luz sobre la situación en la que estamos, nos guiaría para sentar las bases necesarias para saber por dónde empezar, en dónde poner mayor atención y en qué es lo que debemos enfatizar.
En otras palabras, a partir de estos estudios se tendría una idea más precisa de los problemas a los que tendríamos que enfrentarnos y se contaría con la base empírica que nos auxiliaría en el diseño de las acciones, las cuales deben de ser las más idóneas al conocer lo que se deberán atacar.
Por ello, es necesario que esta institución ponga especial énfasis en los grupos en situación de vulnerabilidad, aunque debemos dejar claro que desgraciadamente eso no basta, ya que aún existen sectores de la sociedad con un nivel de apertura y sentido común tan obsoleto, que en muchas de las ocasiones cuando los encuestadores van a sus casas, esconden, textualmente hablando, a las personas con discapacidad que viven con ellos con el pretexto de que les "da pena" que la gente los vea.
Este es tan sólo un ejemplo que refleja la importancia de la participación y cooperación de la sociedad y las familias de las personas con discapacidad.
Es por la razón descrita en el párrafo anterior, que el INEGI debe poner especial atención al momento de recabar los datos, para lo que tendrán que diseñar las estrategias necesarias que garanticen que los datos que expidan sean los más apegados a la realidad.
Sé que no es tarea fácil llevar a cabo la petición que les estoy haciendo, sin embargo estoy seguro que con la gran capacidad que caracteriza al instituto, la cual lo ha colocado como una de las instituciones gubernamentales más reconocidas por su esfuerzo y trabajo, se logrará cumplir con este requisito de manera sobresaliente y asimismo nos auxiliará, como legisladores, a impulsar desde la legislación y desde nuestras facultades de control y presupuestaria, a los grupos que más lo necesitan gracias a fuentes estadísticas sólidas que reflejen la realidad de estos grupos sociales que se encuentran en mayor desventaja respecto de los demás.
Es por eso que juntos debemos trabajar, para que así cada quien con sus atribuciones y obligaciones, a sabiendas que el país necesita de nuestro accionar para progresar, logremos que México se convierta en la nación por la que siempre hemos luchado.
Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración del Pleno de esta soberanía, la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta respetuosamente al Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) a continuar y fortalecer las acciones para la generación de estadísticas sobre grupos vulnerables, especialmente las personas con discapacidad, así como otros grupos de población como mujeres e indígenas, en lo referente a su dimensión, características y condiciones en las que se encuentran, tanto en el Censo General de Población y Vivienda 2010, los conteos de población y en general en todos los productos estadísticos que genere.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de enero de 2008.
Senador Guillermo Tamborrel Suárez (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA EXHORTAR
AL TITULAR DEL EJECUTIVO FEDERAL A QUE IMPLANTE LAS MEDIDAS NECESARIAS
A FIN DE QUE LOS INCREMENTOS EN LOS PRECIOS Y TARIFAS DE LOS BIENES Y SERVICIOS
NO IMPACTEN NEGATIVAMENTE LA ECONOMÍA FAMILIAR, A CARGO DEL DIPUTADO
ADOLFO MOTA HERNÁNDEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta Soberanía, la presente Proposición con Punto de Acuerdo, con carácter de urgente y obvia resolución, al tenor de los siguientes:
Motivos
Todos los mexicanos sabemos que a principio de cada año la escalada de precios de los bienes y servicios se presenta de manera automática, ello derivado de la propia dinámica de la economía mundial y los efectos que puede generar en nuestro País.
No debemos olvidar que desde hace más de 10 años la inflación, es decir, el incremento de los precios de los bienes y servicios, ha sido una de las variables económicas a la cual el Banco de México le ha dado una atención particular, ello con el objetivo de mejorar el poder adquisitivo de las familias mexicanas.
El incremento en el salario mínimo, que para este año fue menor al 4 por ciento, no permite subsanar los efectos negativos que deben padecer los millones de trabajadores que perciben dicha remuneración, el monto de la percepción mínima es insuficiente para hacer frente a los gastos de una familia.
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía en los resultados de la Encuesta Nacional Ingreso y Gasto de los Hogares señala que entre 2004 y 2006, el gasto corriente monetario de los hogares creció en 7.5 por ciento, a precios constantes; incrementándose los gastos relacionados con la salud, el vestido y la limpieza de la casa, así como en enseres domésticos.
Los principales componentes del gasto monetario tienen por destino la alimentación de los integrantes de los hogares (29.4 por ciento), el transporte (18.9 por ciento), la educación y el esparcimiento (15.5 por ciento), los cuidados personales (10.9 por ciento) y las erogaciones que se hacen en la vivienda (8.9 por ciento).
Estimaciones de realizadas por analistas financieros, con base en información de la Procuraduría Federal del Consumidor, señalan que el incremento de la canasta básica en el año 2007 fue del 35 por ciento, en tanto que, según el INEGI, el aumento del ingreso de las familias fue de 23 por ciento en promedio. Los productos que más se encarecieron a lo algo del año fueron: la lenteja, la harina de trigo, el frijol negro y los alimentos procesados para niños.
Lo mencionado anteriormente nos da una idea más clara de la forma en como resultan afectadas las familias debido a los incrementos de los precios, en relación a ello cabe mencionar que en varias entidades del país ya se han empezado a sentir los efectos del alza de los precios, principalmente en servicios como el transporte y en productos como el azúcar, la harina, el huevo, el aceite vegetal, la mantequilla, la leche y la tortilla.
El incremento de los precios es, por mucho, mayor al aumento de los salarios, asimismo, la diferencia salarial que existe en las entidades al ubicarse en diferentes zonas geográficas, agudiza el problema de la insuficiencia del poder adquisitivo.
Como representantes de la sociedad tenemos la obligación de procurar por que las familias mexicanas se desarrollen en un entorno favorable, que les permita tener una mejor calidad de vida y un nivel de ingreso que les sea suficiente para hacer frente a sus necesidades.
Es necesario insistir en señalar que el incremento en el precio de la gasolina que el Congreso de la Unión aprobó el año pasado se dará de manera gradual a lo largo del año, por ello no debe ser utilizado como una justificante para incrementar los precios de los bienes y los servicios.
Es prioritario que al inicio del presente año, se implanten las medidas necesarias que permitan subsanar los efectos que ocasiona el alza de los precios y tarifas de los bienes y servicios. No es suficiente con implantar mecanismos de compensación, aunado a ello es necesario sancionar de manera expedita y con apego a la ley todos los abusos que se pudieran presentar bajo el argumento del incremento natural de los precios.
En razón de lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta soberanía, con carácter de urgente y obvia resolución, la siguiente proposición con:
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta al titular del Ejecutivo federal, en el ámbito de sus atribuciones para que:
1. Implante las medidas necesarias que permitan, a las familias mexicanas, subsanar los efectos negativos del incremento de los precios de los bienes y servicios.
2. Se sancione, de manera inmediata y con fundamento en la ley, a los particulares e instituciones públicas que incurran en prácticas ilegales con el argumento del incremento de los precios de bienes y servicios.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de enero de 2008.
Diputado Adolfo Mota Hernández (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
LA COMISIÓN PERMANENTE EXTIENDE UNA CORDIAL FELICITACIÓN
AL PRESIDENTE ELECTO DE GUATEMALA POR SU PRÓXIMA TOMA DE PROTESTA,
A CARGO DEL DIPUTADO CARLOS ALBERTO GARCÍA GONZÁLEZ, A NOMBRE
DE LA SEGUNDA COMISIÓN DE TRABAJO.
Quienes suscriben, integrantes de la Segunda Comisión de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración del Pleno de esta Comisión Permanente, la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución por el que la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión extiende una cordial felicitación al Presidente electo de Guatemala, ingeniero Álvaro Colom Caballeros, por su próxima toma de protesta y le desea éxito en su encargo al tenor de las siguientes
Consideraciones
Hace más de 180 años, México y Guatemala establecimos como naciones independientes relaciones diplomáticas. El 1 de septiembre de 1824, México y Guatemala, nos reconocimos como naciones vecinas que, entre muchos rasgos culturales, sociales e históricos, compartimos una frontera de 967 kilómetros a lo largo y ancho de la cual conviven más de un millón de mexicanos y medio millón de guatemaltecos que ahí residen.
Guatemala es la economía más grande de Centroamérica y, al mismo tiempo, nuestra puerta natural de entrada a esa región. La magnitud y el potencial de la economía guatemalteca hacen sentir su peso en la región toda vez que supone aproximadamente 35% del total. Su peso político y diplomático tampoco es menor, lo mismo que su importancia para la seguridad y el desarrollo de la región mesoamericana.
En Guatemala, los mexicanos hemos identificado un espacio de oportunidades para la cooperación y una prioridad sobresaliente para nuestra política exterior. Baste recordar, para ello, que fue el primer país que el Presidente de la República visitó en octubre como parte de su primera gira internacional como Presidente electo.
Después de un proceso electoral ejemplar por su transparencia y por el comportamiento de todos los actores políticos en apoyo incondicional al resultado, el ingeniero Alvaro Colom resultó vencedor en la segunda vuelta con más del 52% de los votos.
Hasta el momento no hay declaración pública del ingeniero Colom que no denote un profundo compromiso con objetivos, causas y valores que compartimos los mexicanos. Así, el próximo presidente de Guatemala, que asumirá su encargo a partir del próximo 14 de enero, afirmó que trabajaría por la unidad y la conciliación de Guatemala dejando de lado los intereses de su partido para asumir el de todos los guatemaltecos.
Además, resulta especialmente satisfactorio constatar que temas cruciales como el combate a la pobreza y la lucha contra el narcotráfico son, hoy más que nunca, prioridades compartidas por nuestros gobiernos.
Como lo ha demostrado a través de su prolífica trayectoria política y social, en el Congreso Mexicano estamos convencidos que el ingeniero Colom seguirá trabajando con ahínco en favor del desarrollo, la democracia y la paz de Guatemala y, desde luego, de nuestra gran familia latinoamericana.
Más aún, el próximo 14 de enero se abre una nueva etapa para la política guatemalteca y, con su administración, para las relaciones, el diálogo y la cooperación entre nuestros países.
Por ello, este momento representa una gran oportunidad para estrechar la cooperación y adquirir un fuerte compromiso desde México para atender los problemas comunes que presenta nuestra vecindad y, desde luego, la frontera sur.
En consecuencia creemos pertinente no sólo enviar una sincera felicitación al presidente Colom a propósito de su toma de protesta el próximo 14 de enero al tiempo de desearle el mayor de los éxitos en este encargo que tan dignamente le han conferido los guatemaltecos sino, más importante todavía, reiterar el compromiso del Congreso Mexicano para dar solución a los problemas comunes y cauce a las oportunidades de cooperación entre nuestros países.
En esta medida es que resulta indispensable retomar una agenda interparlamentaria entre México y Guatemala que profundice la agenda diplomática y acompañe los proyectos de los Ejecutivos de ambos países en el fortalecimiento de nuestras relaciones de amistad y cooperación.
Recuperar las reuniones interparlamentarias periódicas con Guatemala que hace varios años no se celebran abonaría al diseño de un indispensable esquema de cooperación parlamentaria en estas materias con nuestros vecinos de la frontera sur.
Por las consideraciones anteriormente expuestas, se somete a la consideración del Pleno de esta Comisión Permanente, la siguiente proposición con:
Punto de Acuerdo
Primero. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión extiende una cordial felicitación al presidente electo de Guatemala, ingeniero Álvaro Colom Caballeros, por su próxima toma de protesta y le desea éxito en su encargo.
Segundo. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión se pronuncia por la pronta reanudación de las reuniones interparlamentarias anuales entre el Congreso Mexicano y el Congreso de la República de Guatemala.
Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a 4 de enero de 2008.
Diputado Carlos Alberto García González
(rúbrica)
Presidente
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL –A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA
DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES Y DE CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS
Y SERVICIOS CONEXOS–, A QUE ANALICE LA SITUACIÓN DEL AFORO VEHICULAR,
LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD Y LA CALIDAD DE LA CARRETERA INTERNACIONAL
MÉXICO 15, A EFECTO DE INCLUIRLA EN EL PROGRAMA DE CONGELAMIENTO
DE TARIFAS DE PEAJE, A CARGO DEL SENADOR ALFONSO ELÍAS SERRANO,
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI.
El pasado 19 de diciembre de 2007, el presidente de la república, Felipe Calderón Hinojosa, anunció la reducción en las cuotas de peaje en las carreteras federales del país durante la temporada vacacional, así como el congelamiento de las tarifas para el año 2008.
La selección de las autopistas, objeto de descuentos y congelamiento de cuotas, se basó en su participación total en el aforo vehicular y su nivel actual de cuota, ubicándose su mayoría en el centro y noreste del país, excluyendo de dicho programa al tramo Nogales-Estación Don de la carretera internacional México 15.
Sin embargo, según recientes declaraciones del superintendente de operación de Capufe, la decisión de excluir a Sonora del programa mencionado se fundamentó en la consideración de que las carreteras federales en Sonora cuentan con tarifas de peaje económicas.
Lo anterior revela que el gobierno federal no tomó en cuenta las dos principales razones en las que se basó para la selección de carreteras sujetas a descuentos y al congelamiento de cuotas, para el caso del tramo ubicado en el estado de Sonora.
La primera de ellas es la relativa al aforo vehicular, ya que en los últimos cuatro años en el tramo Estación Don-Nogales se ha incrementado en un 24 por ciento el tráfico, pasando de 10.5 millones de automóviles en 2004 a 13 millones en 2007, y que en periodos vacacionales presenta incrementos superiores al 40 por ciento respecto de otros periodos, ya que la carretera internacional México 15, es uno de los principales puntos de salida de los vacacionistas mexicanos que transitan rumbo a Estados Unidos, y de entrada para nuestros paisanos provenientes de la Unión Americana. En este mismo periodo se han incrementado los ingresos de la carretera en un 40 por ciento.
Y la segunda situación que se omitió es la relativa a las condiciones y calidad de la infraestructura carretera y su relación con el costo del peaje.
De acuerdo a estudios publicados, en el estado 440 kilómetros de la carretera de cuatro carriles están en malas condiciones, y 230 kilómetros se encuentran en estado regular.
Estas condiciones se reflejan en un gran incremento en el número de percances ocurridos en este tramo durante los últimos cuatro años, acumulándose más de mil 100 heridos y alrededor de 330 decesos, en los cerca de 4 mil 600 accidentes presentados. Tan sólo en el 2007 se registraron más de 190 accidentes fatales, cifra que asciende a más de tres veces de los ocurridos en el 2004.
Pero además, la inversión en mantenimiento y obras de mejora de la carretera se ha disminuido claramente en los últimos cinco años, pues de destinarse en el 2003 cerca del 50 por ciento de los ingresos provenientes de las cuotas de peaje a mantener y mejorar las condiciones de la carretera, en el 2007 sólo se destinó el 14 por ciento, ocasionándole un gran deterioro.
Asimismo, encuesta tras encuesta y sondeo tras sondeo, publicados en los distintos medios de comunicación sonorenses, revelan el enorme descontento que existe entre los usuarios de la carretera de cuatro carriles por el alto costo de las cuotas y las pésimas condiciones de los tramos.
Incluso, el titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Sonora ha calificado públicamente a la señalada carretera como un peligro para la integridad física de los mexicanos y a su falta de mantenimiento como una violación a los derechos fundamentales de los individuos.
En este sentido, es que presento ante esta honorable Comisión Permanente la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Comisión Permanente, del honorable Congreso de la Unión, hace un respetuoso exhorto al Ejecutivo federal, para que por conducto de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, analice la situación del aforo vehicular, las condiciones de seguridad y la calidad del tramo Nogales-Estación Don de la carretera internacional México 15, a efecto de incluir a dicha rúa en el programa de congelamiento de tarifas de peaje en las carreteras federales para el ejercicio fiscal de 2008 y descuentos en las mismas durante periodos vacacionales, anunciado por el propio Ejecutivo federal el pasado 19 de diciembre del 2007.
Por ser un asunto que amerita pronta acción, solicito a esta honorable Comisión Permanente, por conducto de su Presidenta, se considere la presente proposición como de urgente y obvia resolución.
Senador Alfonso Elías Serrano (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
LA COMISIÓN PERMANENTE RECONOCE Y AGRADECE EL GESTO DE HERMANDAD
DEL SENADO DE LA REPÚBLICA DE CHILE QUE APROBÓ SOLICITAR
A LA PRESIDENTA, QUE HAGA UN FIRME RECLAMO AL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS
DE AMÉRICA POR LA CONSTRUCCIÓN DEL MURO EN SU FRONTERA CON
MÉXICO, A CARGO DEL DIPUTADO CARLOS ALBERTO GARCÍA GONZÁLEZ,
A NOMBRE DE LA SEGUNDA COMISIÓN DE TRABAJO
A nombre de la Segunda Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al primer receso del segundo año de la LX Legislatura, y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito someter a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, de urgente u obvia resolución, al tenor de las siguientes:
Consideraciones
El pasado 2 de enero, el Senado de la República de Chile, aprobó solicitar a la señora presidenta de aquel país, Michelle Bachelet, que haga llegar al Gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica una protesta por su decisión de seguir construyendo un muro en la frontera con la República Mexicana.
Esta propuesta de nuestros colegas chilenos, sin duda, es un gesto de hermandad y de buena voluntad con el pueblo mexicano.
A decir de los autores de este llamado; "la construcción de este muro en la frontera de los Estados Unidos y México, el cual afecta principalmente a personas de origen latino, sólo puede entenderse como una medida racista, que vulnera diversos convenios y tratados suscritos en materia de Derechos Humanos por la comunidad internacional".
En general, este acuerdo aprobado por el Senado Chileno propone que la Presidenta Bachelet instruya, si lo tiene a bien, al Ministro de Relaciones Exteriores, para que en representación del Senado haga llegar la protesta al gobierno, a la Cámara Alta y a la Cámara de Representantes de Estados Unidos.
En tal sentido, someto a la consideración de esta honorable Asamblea la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
De urgente u obvia resolución.
Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, reconoce y agradece el gesto de hermandad del Senado de la República de Chile que aprobó solicitar a la Presidenta Michelle Bachelet que haga un firme reclamo al gobierno de los Estados Unidos de América por la construcción del muro en su frontera con México, por considerarlo una agresión y acto discriminatorio contra los latinoamericanos. Al mismo tiempo reitera la amistad del Congreso Mexicano con el gobierno y el pueblo chileno.
Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a 4 de enero de 2008.
Diputado Carlos Alberto García González
(rúbrica)
Presidente
CON PUNTO DE ACUERDO, RELATIVO
A LA SITUACIÓN QUE GUARDA EL SISTEMA HÍDRICO EN MÉXICO,
A CARGO DEL DIPUTADO ADOLFO MOTA HERNÁNDEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PRI
El suscrito Adolfo Mota Hernández, diputado de la LX Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del PRI, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración del Pleno el siguiente punto de acuerdo de urgente y obvia resolución al tenor de las siguientes.
Consideraciones
México en su geografía, es en su mayoría un territorio árido o semiárido (en un 56 por ciento) y el 67 por ciento de las lluvias caen en los meses de junio a septiembre.
En el país llueve aproximadamente 1 mil 511 kilómetros cúbicos de agua al año, el equivalente a una piscina de un kilómetro de profundidad del tamaño de la capital del país, el Distrito Federal. El promedio de lluvia es de unos 711 milímetros al año, no es mucho comparado con otros países.
Más del 70 por ciento del agua que llueve en el México se evapora y regresa a la atmósfera, el resto escurre por los ríos o arroyos o se infiltra. En los estados del norte llueve tan sólo el 25 por ciento del total.
En la parte angosta del país, que ocupa el 27.5 por ciento del territorio cae la mayoría del agua de lluvia (49.6 por ciento), siendo los estados del sur-sureste (Chiapas, Oaxaca, Campeche, Quintana Roo, Yucatán, Veracruz y Tabasco), los cuales presentan los índices elevados de lluvia.
Tenemos estados más secos como el de Baja California, donde tan sólo llueve un promedio de 199 milímetros por año. En contraste con Tabasco que recibe 2 mil 588 milímetros de agua cada año.
En los ríos del país escurren aproximadamente 400 kilómetros cúbicos de agua anualmente, incluyendo las importaciones de otros países y excluyendo las exportaciones. Aproximadamente el 87 por ciento de este escurrimiento se presenta en los 39 ríos principales y cuyas cuencas ocupan el 58 por ciento de la extensión territorial continental.
El 65 por ciento del escurrimiento superficial pertenece a siete ríos: Grijalva-Usumacinta, Papaloapan, Coatzacoalcos, Balsas, Pánuco, Santiago y Tonalá, cuya superficie representa el 22 por ciento de la del país. Los ríos Balsas y Santiago pertenecen a la vertiente del Pacífico y los otros cinco a la vertiente del Golfo de México. Por la superficie que abarcan destacan las cuencas de los ríos Bravo y Balsas. Por su longitud destacan los ríos Bravo, Grijalva-Usumacinta.
El año pasado se presentaron una serie de fenómenos naturales que afectaron el país, específicamente las lluvias atípicas que azotaron fuertemente el sur como fue el caso de Chiapas, Tabasco y Veracruz. En la primera entidad el reblandecimiento por las constantes lluvias ocasionó un deslizamiento de tierra consecuencia de las características geográficas de la zona provocaron una ola de gran magnitud muriendo alrededor de 26 personas.
En el estado de Veracruz se suscitaron diferentes inundaciones y desbordamientos de los ríos Pánuco, el Moctezuma y el Tamesí, resultando 50 mil personas damnificadas y más de 10 mil viviendas afectadas.
En Tabasco tuvimos un problema aun mayor que no puede volverse a repetir y es el de mayor complejidad hidrológica por estar constituido por una planicie costera donde escurren corrientes del sur, la falta de la prevención en el seguimiento oportuno en la estructura hidráulica por parte de la Conagua, habrá que preguntarse aquí que paso con la planeación y el uso de recursos que Pemex ha otorgado para obras contra inundaciones, así como que ha hecho el gobierno federal para detectar los problemas hidráulicos.
Por lo anterior es importante saber que hará el Ejecutivo federal sobre este importante tema del agua, ya que lo disponible representa menos del 1 por ciento de toda el agua potable existente, y aunado a lo anterior, no debemos olvidar que la humanidad la está contaminando, además de estar desperdiciando las reservas del vital líquido.
La preocupación sobre el tema del agua se ha venido incrementando lo que dio motivo para que en 1996 se organizarán dos entidades mundiales en torno al tema: el Consejo Mundial del Agua y la Asociación Mundial del Agua, y en donde los mexicanos fuimos anfitriones de un foro mundial en el año 2006.
Dicho foro propicio la participación y el diálogo de múltiples actores que aseguren un mejor nivel de vida para la humanidad y un comportamiento social más responsable hacia los usos del agua, en congruencia con la meta de alcanzar un desarrollo sostenible.
En la clasificación mundial, México está considerado como un país de disponibilidad baja de agua. En tanto que los países más ricos en disponibilidad de agua son Canadá y Brasil.
Tuvimos un gran foro y es fundamental saber cual será la utilización de nuestro vital líquido y que hará el gobierno federal para hacer más eficiente el uso racional de dicho líquido, por lo que es prioritario conocer los programas, proyectos y sistemas a implantar en materia hídrica en este año que comienza, para el beneficio de nosotros los mexicanos.
Por lo anterior sometemos a esta Comisión Permanente la siguiente proposición de punto de acuerdo de urgente y obvia resolución:
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal para en marco de sus atribuciones, instruya a la Comisión Nacional del Agua en el rediseño del Plan Hídrico Nacional para este sexenio, acorde con las necesidades del país, el fenómeno del cambio climático y que privilegie la cultura de la prevención de desastres naturales.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, DF, a 4 de enero de 2008
Diputado Adolfo Mota Hernández (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
LA COMISIÓN PERMANENTE EXPRESA SU REPUDIO AL ASESINATO DE LA EX
PRIMERA MINISTRA DE PAKISTÁN Y REITERA SU ENÉRGICA CONDENA
A LA VIOLENCIA Y AL TERRORISMO EN CUALQUIERA DE SUS MANIFESTACIONES, A
CARGO DEL DIPUTADO CARLOS ALBERTO GARCÍA GONZÁLEZ, A NOMBRE
DE LA SEGUNDA COMISIÓN DE TRABAJO
Quienes suscriben, integrantes de la Segunda Comisión de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración del Pleno de esta Comisión Permanente, la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución por el que la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión expresa su repudio al asesinato de la ex primera ministra de Pakistán, Benazir Bhutto, y reitera una enérgica condena a la violencia y al terrorismo en cualquiera de sus manifestaciones al tenor de las siguientes
Consideraciones
El pasado 27 de diciembre, la lideresa opositora y ex primera ministra de Pakistán, Benazir Bhutto, murió a consecuencia de un atentado suicida cometido durante un mítin electoral en la ciudad de Rawalpindi, cerca de Islamabad.
Bhutto, quien participaría en las elecciones legislativas del próximo 8 de enero, habría fallecido tras recibir un disparo en la cabeza durante el ataque, en el que también murieron al menos 25 personas según preciso el propio gobierno pakistaní.
Bhutto, quien regresó en octubre pasado a Pakistán tras casi nueve años de exilio, era considerada como uno de los principales líderes de la oposición contra el gobierno del presidente Pervez Musharraf y ya había sido objetivo de ataques violentos de parte del extremismo islámico aunque hasta entonces había salido ilesa de los mismos.
Dos veces primera ministra de Pakistán (1988-1990) y (1993-1996), Bhutto heredó la dirección del Partido Popular de Pakistán, fundado en 1967 por su padre y era, sin duda, uno de los personajes más importantes de la política pakistaní e internacional. Su magnicidio ha provocado una reacción internacional de repudio y consternación al mismo tiempo que ha encendido los ánimos y la confrontación política en un país donde los extremismos y los radicalismos están desafortunadamente muy lejos de haberse erradicado.
Con dolor y tristeza, la comunidad internacional ha venido atestiguando la forma en que este cobarde asesinato ha contribuido a minar el proceso democrático en curso en Pakistán y ha dado un golpe severo a la economía y a la paz internacional.
Ni la violencia ni el terrorismo en ninguna de sus manifestaciones puede ofrecer una solución a los conflictos que experimenta el mundo en el siglo XXI. Solo la tolerancia, la democracia, el pluralismo y el respeto a la ley abonan a la concordia, a la paz y al respeto frente a visiones antagónicas de una misma realidad.
Por las consideraciones anteriormente expuestas, se somete a la consideración del Pleno de esta Comisión Permanente, la siguiente proposición con:
Punto de Acuerdo
Único. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión expresa su repudio al asesinato de la ex primera ministra de Pakistán, Benazir Bhutto, y reitera una enérgica condena a la violencia y al terrorismo en cualquiera de sus manifestaciones.
Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a 4 de enero de 2008.
Diputado Carlos Alberto García González
(rúbrica)
Presidente
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE SOLICITA A LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES QUE VIGILEN LAS CASAS DE
EMPEÑO PARA EVITAR ABUSOS A LAS FAMILIAS MEXICANAS, A CARGO DEL
SENADOR ALEJANDRO MORENO CÁRDENAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
Punto de Acuerdo
Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión realiza un atento llamado al titular del Poder Ejecutivo federal para que, a través de sus dependencias y de las autoridades correspondientes, se encuentren atentas para evitar cualquier tipo de abuso hacia las familias mexicanas de parte de casas de empeño en el país, ante la afluencia creciente de personas que en esta temporada acuden a estos centros a empeñar a sus pertenencias.
Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión solicita al titular del Poder Ejecutivo federal que remita un informe detallado a esta soberanía con respecto a los avances en la aplicación de la norma oficial mexicana NOM-179-SCFI-2007, servicios de mutuo con interés y garantía prendaria, que regulará a todas las personas físicas o sociedades mercantiles no reguladas por leyes financieras, que en forma habitual o profesional realicen contrataciones u operaciones de mutuo con interés y garantía prendaria.
Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, a 4 de diciembre de 2007
Atentamente
Senador Alejandro Moreno Cárdenas (rúbrica)