• De la Secretaría de Cultura del Gobierno del Distrito Federal.

• De la Secretaría de Seguridad Pública de Aguascalientes.

• De la Comisión Estatal del Agua de Sonora.

• De la Dirección General de Petróleos Mexicanos, con el que remite informe de los ingresos netos obtenidos en flujo de efectivo correspondientes al periodo enero-noviembre, comparado con el presupuesto original.

• De la Secretaría de Gobernación, cuatro por los que se solicita el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos Claudia Michelle Artola Padilla, Jesús Fernando Solís Bustillo, Fernando Flores Grajales, Mariana González Pedrajo, Giselle Santos Burgoa Márquez, Gabriela Soto Urías y Julio César Salcedo Aguiar puedan prestar servicios en las Embajadas de Australia, de la República de Polonia y de Estados Unidos de América en México; e informa que los ciudadanos Enrique Carmona Ortega, Nancy Lorena Flores Castellanos y Carlos Zertuche Santillán han dejado de prestar servicios a gobiernos extranjeros.

• De la Secretaría de Gobernación, tres con los que remite contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados.

• De la Secretaría de Gobernación, cuatro con los que remite contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Senadores.

• Que adiciona un tercer párrafo al artículo 101 y uno último al 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Lariza Montiel Luis, del Grupo Parlamentario del PAN.

• Que reforma y adiciona los artículos 2, 23, 58 y 77, y adiciona uno 32 Bis a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a cargo del diputado Carlos Altamirano Toledo, del Grupo Parlamentario del PRD.

• Que reforma diversas disposiciones de las Leyes del Banco de México, y de Instituciones de Crédito, a cargo del diputado Juan Nicasio Guerra Ochoa, del Grupo Parlamentario del PRD.

• Con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal a considerar a través de la Secretaría de Energía y de Petróleos Mexicanos la instalación de la refinería anunciada por el presidente de la república y la construcción de un complejo petroquímico en Tabasco, suscrita por los diputados César Duarte Jáquez, Raúl Cervantes Andrade, José Ascensión Orihuela Bárcenas y José Rubén Escajeda Jiménez, del Grupo Parlamentario del PRI.

• Con punto de acuerdo, relativo a los atentados en locales comerciales en Ciudad Juárez, Chihuahua, a cargo del diputado Manuel Portilla Diéguez, del Grupo Parlamentario del PVEM.

• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las Secretarías de Comunicaciones y Transportes, y de Seguridad Pública a implantar un programa para salvaguardar la integridad física de los usuarios en carreteras y autopistas nacionales en la temporada navideña, suscrita por el diputado Manuel Portilla Diéguez y el senador Javier Orozco Gómez, del Grupo Parlamentario del PVEM.

• Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la secretaria de Educación Pública a instruir a las escuelas públicas de los niveles básico y medio para facilitar las visitas a los museos como parte fundamental de la formación cultural y educativa, suscrita por los diputados Alejandro Landero Gutiérrez, María de las Nieves Noriega Blanco Vigil y Margarita Arenas Guzmán, del Grupo Parlamentario del PAN.

• Con punto de acuerdo, por el que se solicita la comparecencia del secretario de Economía para que explique las medidas de desgravación arancelaria publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 16 de diciembre de 2008, suscrita por el senador Eloy Cantú Segovia, del Grupo Parlamentario del PRI.

• Con punto de acuerdo, a fin de que se invite al secretario de Hacienda y Crédito Público a una reunión con la finalidad de analizar el panorama y futuro de la economía mexicana para 2009, a cargo del diputado Iztcóatl Tonatiuh Bravo Padilla, del Grupo Parlamentario del PRD.

• Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al titular de la Semarnat a denegar la autorización del proyecto Pista Coyotillos porque representa un riesgo para la rana de madriguera, suscrita por el diputado Manuel Portilla Diéguez y el senador Javier Orozco Gómez, del Grupo Parlamentario del PVEM.

• Con punto de acuerdo, por el que se solicita al Ejecutivo federal que remita a través de Petróleos Mexicanos, en un plazo no mayor de ocho días, un informe detallado sobre los términos de la contratación para la perforación de pozos petroleros en Chicontepec, a cargo del diputado Cuauhtémoc Velasco Oliva, del Grupo Parlamentario de Convergencia.

• Con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal, y a los gobiernos de los estados, al del Distrito Federal y a los de los municipios a impulsar desde sus respectivos ámbitos de competencia la conmemoración del Día Internacional del Migrante, el 18 de diciembre, a cargo del senador Ángel Alonso Díaz-Caneja, del Grupo Parlamentario del PAN.

• Con punto de acuerdo, para exhortar al secretario de Hacienda y Crédito Público a suspender el injustificado incremento semanal de los precios de las gasolinas y del diesel, a cargo del senador Ramiro Hernández García, del Grupo Parlamentario del PRI.

• Con punto de acuerdo, para exhortar al secretario de Salud a presentar por escrito la decisión anunciada el pasado 26 de noviembre respecto a la no reubicación del hospital psiquiátrico infantil Doctor Juan N. Navarro, suscrita por la diputada Valentina Valia Batres Guadarrama, del Grupo Parlamentario del PRD.

• Con punto de acuerdo, por el que se solicita al secretario de Desarrollo Social que instaure las medidas conducentes a implantar "estufas ecológicas" en las comunidades indígenas y campesinas del país que actualmente utilizan fogón abierto para cocinar, a cargo del senador Javier Orozco Gómez, del Grupo Parlamentario del PVEM.

• Con punto de acuerdo, para exhortar al Instituto Nacional de Antropología e Historia a suspender los trabajos que realizan en la zona arqueológica de Teotihuacán por el "espectáculo de luz y sonido", a cargo del diputado Ramón Valdés Chávez, del Grupo Parlamentario de Convergencia.

• Con punto de acuerdo, para exhortar al titular de la Sagarpa a desarrollar con su homólogo de la Sedesol un programa urgente de compra de la sobreoferta de leche fluida, a cargo del senador Ramiro Hernández García, del Grupo Parlamentario del PRI.

• Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al titular del Ejecutivo federal a mejorar las condiciones laborales de los trabajadores agrícolas mexicanos y a integrar una subcomisión para atender y proponer soluciones a los trabajadores agrícolas temporales, suscrita por el diputado Alberto Amaro Corona, del Grupo Parlamentario del PRD.

• Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la SHCP y a la Sagarpa que las reglas de operación de los programas agropecuarios para 2009 se lleven a cabo en tiempo y forma, suscrita por el senador Adolfo Toledo Infanzón, del Grupo Parlamentario del PRI.

• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SCT a realizar un programa urgente para revertir el deterioro de la carretera transístmica en Oaxaca, a cargo del diputado Carlos Altamirano Toledo, del Grupo Parlamentario del PRD.

• Con punto de acuerdo, para exhortar a los secretarios de Gobernación, y del Trabajo y Previsión Social a realizar gestiones ante las autoridades correspondientes a efecto de que se libere de inmediato al presidente del Consejo de Vigilancia del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana, suscrita por los diputados Rosario Ignacia Ortiz Magallón y José Antonio Almazán González, del Grupo Parlamentario del PRD.

• Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Secretaría de Relaciones Exteriores que informe sobre el caso del ciudadano cubano-estadounidense Félix Batista, presuntamente secuestrado este 10 de diciembre en Saltillo, Coahuila, a cargo del diputado Octavio Martínez Vargas, del Grupo Parlamentario del PRD.

• Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Sociedad Hipotecaria Federal, SNC, que entregue inmediatamente un informe detallado de los peritos valuadores que no cumplieron el plazo de tres años para obtener su cédula profesional de posgrado, a cargo del diputado Octavio Martínez Vargas, del Grupo Parlamentario del PRD.

• Con punto de acuerdo, a fin de solicitar a las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, y de Educación Pública que destinen recursos extraordinarios por única vez a la Universidad Autónoma del Estado de Morelos para cubrir el adeudo que tiene con el Infonavit, a cargo del diputado Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla, del Grupo Parlamentario del PRD.

Secretarios de la Comisión Permanente
Presentes

La Secretaría de Cultura del Gobierno del Distrito Federal ha programado la ceremonia cívica conmemorativa del 102 aniversario de la huelga de Río Blanco el próximo 7 de enero, a las 10:00 horas, en el Museo Nacional de la Revolución, situado en la Plaza de la República y Ponciano Arriaga, colonia Tabacalera, delegación Cuauhtémoc.

Por lo anterior, me permito solicitar a ustedes los nombres de los legisladores de esta Comisión Permanente que asistirán al acto cívico de referencia.

Agradezco las atenciones a la presente y les reitero las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

Atentamente
Licenciada María Guadalupe Lozada León
Coordinadora
 
 
 

DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DE AGUASCALIENTES

25 de noviembre de 2008.

Diputada Martha Hilda González Calderón
Vicepresidenta de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión
Presente

En contestación a su oficio número D.G.P.L. 60-11-12-1789, expediente número 4388, me permito informar a usted que el procedimiento de incorporación de los elementos de seguridad pública que se realiza a través de este instituto es el siguiente:

El artículo 1o. de la Ley Orgánica del Instituto Estatal de Seguridad Pública establece que su objeto es el reclutamiento, la selección y la preparación profesional de los integrantes y aspirantes a formar parte de las instituciones de seguridad pública del estado.

Se elaboran las convocatorias correspondientes con base en los requisitos de ingreso establecidos en el artículo 54 del reglamento interior del propio instituto, así como los señalados en los ordenamientos que rigen las instituciones a las que se incorporarán como elementos operativos.

La difusión de las convocatorias respectivas se realiza de la siguiente manera:

Medios de comunicación (periódicos, anuncios por radio y televisión)

Bolsa de trabajo de las instituciones de educación media y superior.

Bolsa de trabajo del Servicio Nacional de Empleo.

Instituciones y corporaciones de seguridad pública del estado.

El Capítulo Cuarto del Reglamento de Evaluación Académica del Instituto Estatal de Seguridad Pública establece el procedimiento de selección y valoración, el cual se aplica de la siguiente manera:

Pssicométrico, evaluación psicológica, medico-clínico, físico-atlético, toxicológico, de conocimientos, de habilidades, entrevista socioeconómica o visita domiciliaria, poligráfico, entre otros, de conformidad con el perfil para el puesto, carrera o curso al que aspira o ejerce.

Los exámenes de selección y valoración están dirigidos a evaluar la personalidad, capacidad intelectual, intereses, habilidades, actitudes, estado de salud, condición física, condición socioeconómica (entorno social), nivel de conocimiento, ética y principios de actuación, entre otros.

Las evaluaciones psicométricas, detectan características vocacionales de personalidad y coeficiente intelectual, pero sobre todo miden los aspectos internos del sujeto y su relación con el ambiente: estabilidad emocional, motivación, juicio social del entorno en el que vive, acatamiento de reglas, apego a figuras de autoridad, relaciones interpersonales, etcétera.

Kuder vocacional y personal;

Examen toxicológico, nos permite saber si los evaluados son personas sanas y sin hábitos de uso de sustancias ilegales que afecten el desempeño de sus funciones.

El examen de técnicas de la función policial, cuyo objeto es medir las habilidades o destrezas en el manejo de armas, uso de bastón PR24, conducción de vehículos de emergencia, conducción y detención de probables responsables, uso del equipo de radio comunicación, técnicas de defensa personal, capacidad física, entre otros.

El estudio socio-económico o la entrevista domiciliaria, nos permite verificar de manera directa y objetiva las condiciones de vida, las relaciones familiares, las referencias personales y laborales en las que se desenvuelve el evaluado, así como del entorno en el que vive, a través de la investigación colateral (vecinos).

El examen y entrevistas poligráfica, cuyo objetivo general es coadyuvar en la promoción de la confianza de los integrantes o aspirantes a pertenecer a las corporaciones de seguridad pública, al realizar evaluaciones que nos permitan detectar situaciones y elementos que ponen en riesgo la imagen y seguridad institucionales al quebrantar los principios de actuación que marca la ley.

Sin más por el momento, le reitero mi consideración y respeto.

Atentamente
Sufragio Efectivo. No Reelección.

General de División DEM en Retiro
Rolando Eugenio Hidalgo Eddy (rúbrica)
Secretario de Seguridad Pública del Estado
 
 
 

DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE SONORA

Hermosillo, Sonora, a 5 de diciembre de 2008.

Diputada Hilda González Calderón
Diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela
Vicepresidenta y Secretaria de la Mesa Directiva de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.
México, DF
Presente

En respuesta al oficio número D.G.P.L. 60-II-4-1669 mediante el cual hace del conocimiento al Ejecutivo estatal del punto de acuerdo único en el cual la Cámara de Diputados del honorable Congreso de lo Unión exhorta a todas las entidades federativas, secretarías de Salud, municipios y comisiones estatales de Agua para que se fortalezca la coordinación intersectorlal para asegurar que el agua para uso y consumo humano distribuida por los sistemas de abastecimiento público, cuente con la calidad mínima exigida por la NOM-179-SSA1-1998, que entre sus objetivos está el prevenir y evitar enfermedades derivadas de la in gesta de agua contaminada.

Al respecto me permito informar a usted que esta comisión o través de la coordinación de diversos programas de carácter institucional como lo es el Programa Federalizado Agua Limpia, ha llevado en esta administración estatal acciones que han permitido entregar agua segura para uso y consumo humano mediante:

De igual manera, ha sido elemental el trabajo conjunto que se ha realizado con organismos operadores de agua, ayuntamientos y dependencias estatales y federales para brindar un servicio de calidad conforme lo exige la normatividad en los sistemas de abastecimiento de agua, así como también, el acercamiento al personal para la capacitación con instituciones educativas y de investigación, con temas sobre el adecuado uso y cultura del agua, desinfección normatividad y tratamiento de excretas.

Sin otro particular por el momento, quedo de usted.

Atentamente
Sufragio Efectivo. No Reelección.

Ingeniero Renato Ulloa Valdez (rúbrica)
Vocal Ejecutivo de la Comisión Estatal del Agua
 
 

México, DF, a 17 de diciembre de 2008.

Diputado César Duarte Jáquez
Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados
Presente

Conforme a lo establecido en el artículo 6o. fracción IV, inciso a), del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2008, adjunto a usted los ingresos netos obtenidos en el flujo de efectivo correspondientes al periodo enero-noviembre, comparado con el presupuesto original.

Aprovecho para comentarle que la información de ingresos netos que se le envía se presentará para aprobación y registro correspondientes en el próximo consejo de administración de Petróleos Mexicanos.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

Licenciado Roberto Ortega Lomelín (rúbrica)
Coordinador Ejecutivo

DE LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN, CUATRO POR LOS QUE SE SOLICITA EL PERMISO CONSTITUCIONAL NECESARIO PARA QUE LOS CIUDADANOS CLAUDIA MICHELLE ARTOLA PADILLA, JESÚS FERNANDO SOLÍS BUSTILLO, FERNANDO FLORES GRAJALES, MARIANA GONZÁLEZ PEDRAJO, GISELLE SANTOS BURGOA MÁRQUEZ, GABRIELA SOTO URÍAS Y JULIO CÉSAR SALCEDO AGUIAR PUEDAN PRESTAR SERVICIOS EN LAS EMBAJADAS DE AUSTRALIA, DE LA REPÚBLICA DE POLONIA Y DE ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA EN MÉXICO; E INFORMA QUE LOS CIUDADANOS ENRIQUE CARMONA ORTEGA, NANCY LORENA FLORES CASTELLANOS Y CARLOS ZERTUCHE SANTILLÁN HAN DEJADO DE PRESTAR SERVICIOS A GOBIERNOS EXTRANJEROS

México, DF, a 15 de diciembre de 2008.

Secretarios de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión
Presentes

Por este conducto me permito hacer de su conocimiento que, mediante oficio número DAP.-04170/08, el ministro Armando Álvarez Reina, director general para Asia-Pacífico de la Secretaría de Relaciones Exteriores, solicita que se tramite ante el honorable Congreso de la Unión el permiso a que se refiere la fracción II del Apartado C del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para que las personas que se citan a continuación puedan prestar sus servicios al gobierno extranjero que se menciona.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente
Cuauhtémoc Cardona Benavides (rúbrica)
Subsecretario de Enlace Legislativo
 
 

México, DF, a 28 de noviembre de 2008.

Secretarios de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión
Presentes

Por este conducto me permito hacer de su conocimiento que, mediante oficio número DGE- 03518/08, José Ignacio Madrazo, director general para Europa de la Secretaría de Relaciones Exteriores, solicita que se tramite ante el honorable Congreso de la Unión el permiso a que se refiere la fracción II, Apartado C, del Artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que la persona que se cita a continuación pueda prestar sus servicios al gobierno extranjero que se menciona:

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente
Cuauhtémoc Cardona Benavides (rúbrica)
Subsecretario de Enlace Legislativo
 
 

México, DF, a 25 de noviembre de 2008.

Secretarios de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión
Presentes

Por este conducto me permito hacer de su conocimiento que mediante oficio número DAN-04023 el licenciado Alejandro Estivill Castro, director general para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, solicita que se tramite ante el honorable Congreso de la Unión el permiso a que se refiere la fracción II, Apartado C, del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que la persona que se cita a continuación pueda prestar sus servicios al gobierno extranjero que se menciona:

Al mismo tiempo se informa que las personas que se citan a continuación solicitan la cancelación del permiso que les fue concedido para prestar servicios al gobierno extranjero que se menciona:

Atentamente
Cuauhtémoc Cardona Benavides (rúbrica)
Subsecretario de Enlace Legislativo
 
 

México, DF, a 15 de diciembre de 2008.

Secretarios de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión
Presentes

Por este conducto me permito hacer de su conocimiento que, mediante oficio número DAN-04195, el licenciado Alejandro Estivill Castro, director general para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, solicita que se tramite ante el honorable Congreso de la Unión el permiso a que se refiere la fracción II, Apartado C, del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para que las personas que se citan a continuación, puedan prestar sus servicios al Gobierno extranjero que se menciona:

Al mismo tiempo se informa que la persona que se cita a continuación solicita la cancelación del permiso que le fue concedido para prestar servicios al gobierno extranjero que se menciona:

Atentamente
Cuauhtémoc Cardona Benavides (rúbrica)
Subsecretario de Enlace Legislativo
 
 
 

DE LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN, TRES CON LOS QUE REMITE CONTESTACIONES A PUNTOS DE ACUERDO APROBADOS POR LA CÁMARA DE DIPUTADOS.

México, DF, a 15 de diciembre de 2008.

Secretarios de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión
Presentes

En respuesta del oficio número D.G.P.L. 60-II-1-1834, signado por los diputados César Duarte Jáquez y Manuel Portilla Diéguez, presidente y secretario, respectivamente, de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, me permito remitir para los fines procedentes original del similar número DEP-2520/08 suscrito por Betina C. Chávez Soriano, directora general de Coordinación Política de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), mediante el cual responde el punto de acuerdo relativo a las recomendaciones del Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente
Cuauhtémoc Cardona Benavides (rúbrica)
Subsecretario de Enlace Legislativo
 
 

México, DF, a 5 de diciembre de 2008.

Cuauhtémoc Cardona Benavides
Subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación
Presente

Por instrucciones de la secretaria de Relaciones Exteriores, embajadora Patricia Espinosa Cantellano, y con fundamento en el artículo 16, fracciones I y III, del Reglamento Interior de la SRE, agradecemos de antemano su valiosa intervención para hacer llegar la respuesta adjunta al diputado César Duarte Jáquez, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara Diputados. Lo anterior, en respuesta del punto de acuerdo, aprobado en la sesión del 21 de octubre del año en curso, relativo a las recomendaciones del Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias:

Atentamente
Betina C. Chávez Soriano (rúbrica)
Directora General de Coordinación Política
 
 

México, DF, a 5 de diciembre de 2008.

Diputado César Duarte Jáquez
Presidente de la Mesa Directiva
Cámara de Diputados
Presente

Por instrucciones de la secretaria de Relaciones Exteriores, embajadora Patricia Espinosa Cantellano, y con fundamento en el artículo 16, fracciones I y III, del Reglamento Interior de la SRE, hago referencia al punto de acuerdo, aprobado en sesión celebrada el 21 de octubre del año en curso, relativo a las recomendaciones del Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias:

No obstante lo anterior, y considerando el interés que el Poder Legislativo ha manifestado sobre el tema que se cita, le comento que la SRE, a través de la Dirección General de Derechos Humanos y Democracia, analiza la posibilidad de que el gobierno de México elabore un informe complementario que abarque de 2004 a la fecha.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para reiterarle la seguridad de mi más alta consideración.

Atentamente
Betina C. Chávez Soriano (rúbrica)
Directora General de Coordinación Política
 

Visita a México del Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias, 2002
Respuesta y seguimiento de México a las recomendaciones del grupo de trabajo

l. La política exterior de México en materia de derechos humanos en los últimos años se ha caracterizado principalmente por la apertura e integración plena al sistema internacional de los derechos humanos.

2. Dicha política implica la invitación abierta y permanente al país a órganos internacionales de derechos humanos; la vinculación institucional con el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la suscripción de múltiples instrumentos de derechos humanos y una acción internacional basada en la premisa de que los derechos humanos son universales e inherentes a la persona.

3. En respuesta de la política de invitación abierta, el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias visitó nuestro país en 2002 a fin de investigar la posible arbitrariedad de las detenciones de presos comunes, así como la situación de algunos migrantes detenidos.

4. Como resultado de la visita, el grupo de trabajo emitió en diciembre de 2002 el informe E/CN.4/2003/8/Add.3, el cual contiene recomendaciones para el gobierno de México.

5. En fechas recientes, el Poder Legislativo ha emitido una serie de puntos de acuerdo en que se exhorta al Ejecutivo federal a remitir el informe sobre el cumplimiento de las recomendaciones citadas.

6. La SRE elaboró la respuesta del informe en cuestión, remitida el 15 de marzo de 2003 a nuestra representación permanente ante organismos internaciones con sede en Ginebra, que la hizo llegar oportunamente al grupo de trabajo.

7. En su informe anual de 2003, el grupo de trabajo destacó algunos de los comentarios y de las observaciones que el gobierno de México formuló respecto al informe. Asimismo, agradeció la aplicación de algunas de las recomendaciones.¹

8. En 2004, el grupo de trabajo envió una comunicación al gobierno de México en la que solicitó información adicional sobre las iniciativas tomadas para hacer efectivas las recomendaciones. Tras realizar las debidas consultas con las dependencias involucradas, la SRE remitió el 29 de octubre de 2004 un informe complementario.

9. El grupo de trabajo, en su informe anual de 2004, resaltó algunas de las medidas señaladas por el gobierno de México en el documento de información complementaria.²

Información adicional en materia de detención arbitraria que se ha hecho del conocimiento de otros órganos de tratados de derechos humanos

10. El tema de la detención arbitraria ha sido abordado por el Ejecutivo federal ante otros órganos de tratados de derechos humanos, como el Comité contra la Tortura y el Comité de Derechos Humanos.

11. En la respuesta del gobierno de México sobre las conclusiones y recomendaciones del Comité contra la Tortura de septiembre de 2008³ respecto del tema de la detención arbitraria se informó:

13. Por otra parte, en el informe citado también se señaló que "la CNDH cuenta con un programa de capacitación, en el que se desarrollan cursos dirigidos a servidores públicos del ámbito de la procuración de justicia, de seguridad pública y en materia penitenciaria, con la finalidad de fortalecer las acciones encaminadas a promover el respeto de los derechos humanos".⁵

14. Se indicó que la Procuraduría General de la República desarrolló 24 cursos sobre "la detención: los derechos humanos en la práctica policial", con la finalidad de "prevenir y erradicar la práctica de las detenciones arbitrarias (…), que representa para la institución uno de los principales motivos de queja por presunta violación a derechos humanos ante la CNDH".⁶

15. Respecto a la flagrancia, uno de los temas objeto de las recomendaciones del grupo de trabajo, el gobierno de México señaló en su quinto informe periódico al Comité de Derechos Humanos que "el concepto de flagrancia se ha acotado, delimitado y circunscrito a casos muy precisos, como se establece en el artículo 193 del Código Federal de Procedimientos Penales. En esos casos, el Ministerio Público decretará la retención del indiciado si están satisfechos los requisitos de procedibilidad y si el delito merece pena privativa de libertad; o bien, ordenará la libertad del detenido cuando la sanción no sea privativa de la libertad o alternativa".⁷

Llamamientos urgentes al gobierno de México

16. El grupo de trabajo tiene, como parte de su mandato, la atribución de generar opiniones y llamamientos urgentes respecto de casos específicos. El país ha recibido comunicaciones de ambas índoles, las cuales han sido atendidas oportunamente, dando respuesta al organismo; asimismo, se las ha dado un seguimiento adecuado.⁸

Reforma judicial y sus aspectos positivos en la lucha contra la detención arbitraria

17. La reforma judicial de junio de 2008 tiene grandes atributos que ayudan a la lucha contra la detención arbitraria.

18. Uno de los avances es el aumento de requisitos para que pueda librarse orden de aprehensión. Para ello fue modificado el artículo 16 constitucional, párrafo segundo, que señala que la orden de aprehensión sólo podrá ser emitida por autoridad judicial cuando esté precedida por denuncia o querella cuya sanción sea la pena privativa de la libertad y que obren datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión.

19. Respecto a la detención en caso de flagrancia, en el citado artículo constitucional la reforma consagra que el detenido será puesto a disposición del Ministerio Público y que se realizará un registro inmediato de la detención. Lo anterior disminuye el riesgo de que se cometa la detención arbitraria.

20. Otro de los avances que dicha reforma plasma son las limitaciones para que opere la prisión preventiva. El artículo 18 de la Constitución señala que sólo por delito que merezca pena privativa de libertad habrá lugar a prisión preventiva y establece que el sitio en que se cumpla dicha medida será distinto y separado de los destinados para la extinción de las penas.

21. Las circunstancias excepcionales para que la prisión preventiva sea aplicada las encontramos en las modificaciones del artículo 19 constitucional, que señala que sólo podrá ser aplicada cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparencia del probable responsable al juicio.

22. El artículo 19 también establece que sólo se podrá ordenar de manera oficiosa la prisión preventiva por los delitos de delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro o los cometidos con medios violentos. Es decir, en estos casos sin que medie acusación formal se podrá ordenar la prisión preventiva como medida cautelar.

Notas
1. Informe del Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias E/CN.4/2004/3, diciembre de 2003, páginas 42-44.
2 Informe del Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias E/CN.4/2005/6, diciembre de 2004, páginas 36-38.
3 Respuestas del gobierno del México sobre las conclusiones y las recomendaciones del Comité contra la Tortura (CAT/C/MEX/CO/4), septiembre de 2008.
4 Respuestas del gobierno del México sobre las conclusiones y las recomendaciones del Comité contra la Tortura (CAT/C/MEX/CO/4), septiembre de 2008, página 14.
5 Respuestas del gobierno del México sobre las conclusiones y las recomendaciones del Comité contra la Tortura (CAT/C/MEX/CO/4), septiembre de 2008, página 15.
6 Ídem, página 80.
7 Quinto informe periódico de México al Comité de Derechos Humanos CCP/C/MEX/5, septiembre de 2008, página 267.
8 Véanse informes anuales del grupo de trabajo, http://ap.ohchr.org/documents/dpage_s.aspx?m=117
 
 

México, DF, a 15 de diciembre de 2008.

Secretarios de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión
Presentes

En respuesta al oficio número D.G.P.L. 60-II-3-1909 signado por los diputados César Duarte Jáquez y María Eugenia Jiménez Valenzuela, Presidente y Secretaria, respectivamente, de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número COPLADII/516/08 suscrito por el licenciado Francisco Maass Peña, director general de Planeación e Innovación Institucional de la Procuraduría General de la República, mediante el cual da respuesta al punto de acuerdo relativo al combate a la delincuencia organizada.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente
Cuauhtémoc Cardona Benavides (rúbrica)
Subsecretario de Enlace Legislativo
 
 

México, DF, a 28 de noviembre de 2008.

Licenciado Cuauhtémoc Cardona Benavides
Subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación
Presente

Con el gusto de saludarle y en respuesta al oficio SEL/300/4458/08, mediante el cual comunica el punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, en el que se solicita al Ejecutivo federal, para que a través de la Sedena y SSPF, evalúen la implantación de un operativo conjunto preventivo de combate a la delincuencia organizada, en coordinación con las autoridades competentes del estado de Baja California Sur, para mejorar las condiciones de seguridad en esa entidad, asimismo, se informen las medidas adoptadas en un plazo de 60 días naturales.

Al respecto me permito comentarle que esta institución tomó debido conocimiento del punto de acuerdo que nos ocupa, y se tomaran las acciones pertinentes dentro del ámbito de competencia de esta Procuraduría.

No omito manifestarle que la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada, informó que los agentes del Ministerio Público de la federación adscritos a esa unidad administrativa, de conformidad con la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada que rige su actuación, no tiene facultades de prevención; no obstante personal de la misma podría participar con el intercambio de experiencias para la implantación de un operativo conjunto con carácter preventivo.

Lo anterior lo hago de su conocimiento con fundamento en los artículos 24 y 68, fracción IX, del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República.

Sin otro particular, le reitero la seguridad de mi atenta y distinguida consideración.

Atentamente
Sufragio Efectivo. No Reelección

Licenciado Francisco Maass Peña (rúbrica)
El Director General de Planeación e Innovación Institucional
 
 

México, DF, a 15 de diciembre de 2008.

Secretarios de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión
Presentes

En respuesta del oficio número D.G.P.L.60-II-6-2355, signado por los diputados César Duarte Jáquez y Manuel Portilla Diéguez, presidente y secretario, respectivamente, de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir para los fines procedentes copia del similar número COPLADII/529/08, suscrito por el licenciado Francisco Maass Peña, director general de Planeación e Innovación Institucional de la Procuraduría General de la República, mediante el cual da respuesta al punto de acuerdo relativo a los hechos ocurridos el 15 de septiembre en Morelia, Michoacán.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente
Cuauhtémoc Cardona Benavides (rúbrica)
Subsecretario de Enlace Legislativo
 
 

México, DF, a 28 de noviembre de 2008.

Cuauhtémoc Cardona Benavides
Subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación
Presente

Con el gusto de saludarlo, respondo el oficio número SEL/300/3862/08, mediante el cual comunica el punto de acuerdo, aprobado por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, en el que se solicita que se investiguen los atentados ocurridos el 15 de septiembre de 2008 en Morelia, Michoacán.

Me permito comunicarle que la Unidad Especializada en Investigación de Terrorismo, Acopio y Tráfico de Armas, dependiente de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada, informó que se inició la averiguación previa número PGR/ SIEDO/ UEITA/ 110/08, la cual fue consignada ante el juzgado de distrito en materia penal en Jalisco, dejando triplicado abierto con el número PGR/ SIEDO/ UEITA/ 133/08, a efecto de indagar la posible existencia de otros delitos e identificar a otros partícipes en los hechos ocurridos en la plaza Melchor Ocampo, de Morelia, Michoacán.

Lo anterior lo hago de su conocimiento con fundamento en los artículos 24 y 68, fracción IX, del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República.

Sin otro particular, le reitero la seguridad de mi atenta y distinguida consideración.

Atentamente
Sufragio Efectivo. No Reelección.

Licenciado Francisco Maass Peña (rúbrica)
Director General de Planeación e Innovación Institucional
 
 
 

DE LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN, CUATRO CON LOS QUE REMITE CONTESTACIONES A PUNTOS DE ACUERDO APROBADOS POR LA CÁMARA DE SENADORES

México, DF, a 15 de diciembre de 2008.

Secretarios de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión
Presentes

Por este conducto me permito hacer de su conocimiento que, mediante el oficio número 170/ UCVPS/ DGAVPS/ 1487/ 2008, el doctor Lucio Galileo Lastra Marín, director general adjunto de Vinculación y Participación Social de la Secretaría de Salud, remite información relacionada con el punto de acuerdo, aprobado por ese órgano legislativo en sesión celebrada el 27 de agosto último, relativo a los programas y las acciones para los adultos mayores.

Por lo anterior y con fundamento en lo dispuesto en la fracción XIV del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, le acompaño para los fines procedentes copia del oficio a que me he referido y de su anexo.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente
Cuauhtémoc Cardona Benavides (rúbrica)
Subsecretario de Enlace Legislativo
 
 

México, DF, 5 de diciembre de 2008.

Cuauhtémoc Cardona Benavides
Subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación
Presente

Me refiero al punto de acuerdo aprobado en la sesión de la Comisión Permanente celebrada el 27 de agosto de los corrientes, presentado por la diputada Beatriz Collado Lara, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, cuyo único resolutivo "resalta la creciente necesidad de reforzar los programas y las acciones para los adultos mayores y se exhorta respetuosamente al gobierno federal a mantener y aumentar políticas públicas exitosas mediante el presupuesto para el ejercicio de 2009 en esta materia".

Al respecto, me permito acompañar los comentarios elaborados por el doctor Agustín Lara Esqueda, director del Programa de Salud en el Adulto y en el Anciano, del Centro Nacional de Vigilancia Epidemiológica.

Con base en lo anterior, he de agradecer su amable intervención a efecto de remitir esta información al órgano legislativo, para su desahogo.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente
Doctor Lucio Galileo Lastra Marín (rúbrica)
Director General Adjunto de Vinculación y Participación Social
 

Punto de acuerdo por el que se exhorta al gobierno federal a mantener y aumentar políticas públicas exitosas mediante el presupuesto para el ejercicio de 2009 en materia de adultos mayores

México, DF, a 28 de noviembre de 2008.

Diputada Beatriz Collado Lara

Con relación a la petición de "reforzar los programas y las acciones para los adultos mayores y exhortar respetuosamente al gobierno federal a mantener y aumentar políticas públicas exitosas mediante el presupuesto para el ejercicio de 2009 en esta materia solicitada por la diputada Beatriz Collado Lara, al respecto me permito informar a usted que, en el Programa de Atención al Envejecimiento, se realizan diversas actividades:

Se realizaron seis reuniones en 2007 del Comité Nacional de Atención al Envejecimiento y seis en 2008.

En 2007 se levantó la encuesta Salud, Bienestar y Envejecimiento Yucatán, en 2008 se publicó, y se capacitó al personal para el levantamiento de las encuestas programadas.

Para 2007 se publicaron lineamientos para Centro de Día, y la Guía Clínica de Alteraciones de la Memoria y Depresión. En 2008 se terminaron las guías de incontinencia urinaria, caídas y salud bucal.

Se impartieron dos cursos-talles de capacitación para cuidadores primarios de pacientes con Alzheimer, dirigidos al personal operativo de primer nivel de atención, en coordinación con OPS/OMS, en 2007 y cuatro regionales en 2008; se realizaron dos cursos de deterioro cognoscitivo y depresión en 2007 y tres cursos regionales en 2008, así como un diplomado virtual sobre adulto mayor.

Doctor Agustín Lara Esqueda
Director del Programa de Salud en el Adulto y en el Anciano
 
 

México, DF, a 15 de diciembre de 2008.

Secretarios de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión
Presentes

En respuesta al oficio número CP2R2A-1601, signado por el senador Francisco Arroyo Vieyra, vicepresidente de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir para los fines procedentes copia del similar número COPLADII/517/08, suscrito por el licenciado Francisco Maass Peña, director general de Planeación e Innovación Institucional de la Procuraduría General de la República, mediante el cual responde el punto de acuerdo relativo a los delitos cometidos contra periodistas.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente
Cuauhtémoc Cardona Benavides (rúbrica)
Subsecretario de Enlace Legislativo
 
 

México, DF, a 28 de noviembre de 2008.

Licenciado Cuauhtémoc Cardona Benavides
Subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación
Presente

Con el gusto de saludarle y en respuesta al oficio número SEL/300/2956/08, mediante el cual comunica el punto de acuerdo aprobado por la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, en el que se exhorta al Procuraduría General de la República a investigar, a través de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra Periodistas, los casos de su competencia en forma pronta y expedita, a efecto de sancionar a los autores intelectuales y materiales de los homicidios, desapariciones y agravios contra periodistas y medios de comunicación, así como modificar el acuerdo respectivo para que se amplíen y fortalezcan las facultades y autonomía de la fiscalía.

Al respecto, me permito comunicar que la fiscalía especial, dependiente de la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Atención a Víctimas y Servicios a la Comunidad, informó que desde la fecha de su creación y hasta el 30 de octubre del año en curso, en cumplimiento de sus funciones y de las atribuciones conferidas en el acuerdo de creación número A/031/06, ha atendido la integración y determinación de 268 asuntos, entre averiguaciones previas y actas circunstanciadas, de los cuales ha determinado 194, con 7 consignaciones y 74 se encuentran en trámite.

Lo anterior lo hago de su conocimiento con fundamento en los artículos 24 y 68, fracción IX, del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República.

Sin otro particular, le reitero la seguridad de mi atenta y distinguida consideración.

Atentamente
Sufragio Efectivo. No Reelección.

Licenciado Francisco Maass Peña (rúbrica)
Director General de Planeación e Innovación Institucional
 
 

México, DF, a 15 de diciembre de 2008.

Secretarios de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión
Presentes

En respuesta al oficio número DGPL-1P3A.-6387 signado por el senador José González Morfín, Vicepresidente de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número COPLADII/531/08 suscrito por el licenciado Francisco Maass Peña, director general de Planeación e Innovación Institucional de la Procuraduría General de la República, mediante el cual da respuesta al punto de acuerdo relativo a los hechos ocurridos el 15 de septiembre en la Ciudad de Morelia, Michoacán.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente
Cuauhtémoc Cardona Benavides (rúbrica)
Subsecretario de Enlace Legislativo
 
 

México, DF, a 28 de noviembre de 2008.

Licenciado Cuauhtémoc Cardona Benavides
Subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación
Presente

Con el gusto de saludarle y en respuesta al oficio SEL/300/3880/08, mediante el cual comunica el punto de acuerdo aprobado por el Senado de la República del honorable Congreso de la Unión, en el que se solicita se investiguen los atentados ocurridos el pasado 15 de septiembre de 2008, en la Ciudad de Morelia, Michoacán.

Al respecto me permito comunicarle que la Unidad Especializada en investigación de Terrorismo, Acopio y Tráfico de Armas, dependiente de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada, informó que se inició la averiguación previa PGR/SIEDO/UEITA/110/08, que fue consignada ante el juzgado de Distrito en Materia Penal en el estado de Jalisco, dejando triplicado abierto con el número PGR/SIEDO/UEITA/133/08, a efecto de indagar la posible existencia de otros delitos e identificar a otros partícipes en los hechos ocurridos en la plaza Melchor Ocampo, en Morelia, Michoacán.

Lo anterior lo hago de su conocimiento con fundamento en los artículos 24 y 68, fracción IX, del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República.

Sin otro particular, le reitero la seguridad de mi atenta y distinguida consideración.

Atentamente
Sufragio Efectivo. No Reelección.

Licenciado Francisco Maass Peña (rúbrica)
Director General de Planeación e Innovación Institucional
 
 

México, DF, a 15 de diciembre de 2008.

Secretarios de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión
Presentes

En respuesta al oficio número DGPL-1P3A.-6517 signado por el senador José González Morfín, Vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número CONAPRED/DGAELPP/600/2008 suscrito por el José López Villegas, director general adjunto de Estudios, Legislación y Políticas Públicas del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, mediante el cual responde el punto de acuerdo relativo a la violencia contra las mujeres.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente
Cuauhtémoc Cardona Benavides (rúbrica)
Subsecretario de Enlace Legislativo
 
 

México, DF, a 10 de diciembre de 2008.

Ciudadano Cuauhtémoc Cardona Benavides
Subsecretario de Enlace Legislativo
Secretaría de Gobernación
Presente

Por razón de turno, acuso recibo de su oficio SEL/300/3979/08, por el que hace del conocimiento de la Presidencia de este consejo que el senador José González Morfín, Vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión comunicó a esa secretaría el punto de acuerdo aprobado por el Pleno de ese cuerpo colegiado, del siguiente tenor:

Asimismo, me permito informarle de las acciones y medidas que este organismo ha llevado a cabo con el propósito de prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres:

Atentamente
José López Villegas (rúbrica)
Director General Adjunto
 
 

La suscrita, Lariza Montiel Luis, diputada federal del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional perteneciente a la LX Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, y demás relativos y aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía iniciativa con proyecto de decreto por el cual se adicionan un tercer párrafo al artículo 101 y un último párrafo al artículo 116, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Se denomina magistrado a todo juez que forma parte de un órgano colegiado o tribunal, haciendo mención de un rango superior; esto es, recibe ese nombre la persona que ocupa un cargo público de gran responsabilidad en el ámbito judicial.

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se integra con siete magistrados electorales. Basta la presencia de cuatro magistrados para que pueda sesionar válidamente, y sus resoluciones se toman por unanimidad, mayoría calificada en los casos expresamente señalados en las leyes, o bien, mayoría simple de sus integrantes.

Los magistrados que integran las salas superior y regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación son elegidos por el Senado o, en sus recesos, por la Comisión Permanente, a propuesta de la Suprema Corte. Los que integran la sala superior podrán durar en el encargo un periodo improrrogable de 10 años, mientras los que integran las salas regionales durarán en el encargo ocho años, improrrogables, salvo que sean promovidos a cargos superiores.

En la competencia de dichos juzgadores destaca conocer y resolver en forma definitiva e inatacable las impugnaciones que se presenten sobre la elección para presidente de los Estados Unidos Mexicanos. Asimismo, realizan el cómputo final de dicha elección y, previa resolución, en su caso, se pronuncian sobre las impugnaciones que se hubieren interpuesto sobre ella.

En esa tesitura, y a partir justamente del conocimiento y juicio que puedan adquirir a partir del ejercicio de las facultades señaladas, cuentan también con la responsabilidad de formular la declaración de presidente electo al candidato que haya obtenido mayor número de votos.

Con igual importancia, encontramos que, además, a estos magistrados corresponde resolver en forma definitiva e inatacable los juicios de inconformidad que se interpongan respecto de las elecciones federales de diputados y senadores; conocer, sustanciar y resolver en única instancia los recursos de apelación interpuestos contra los actos y las resoluciones del Consejo General, del consejero presidente y de la Junta General Ejecutiva del Instituto Federal Electoral, así como contra el informe rendido por la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, ante la Comisión Nacional de Vigilancia y el Consejo General del Instituto. Y resolverá en única instancia y en forma definitiva e inatacable los recursos de apelación interpuestos contra actos o resoluciones de la autoridad electoral federal, durante el tiempo en que no se desarrollen procesos electorales.

Fallar en única instancia ratificando, modificando o anulando el acto o resolución reclamado, de conformidad con los términos de la ley en la materia, los juicios de revisión constitucional electoral contra los actos o las resoluciones definitivos y firmes de las autoridades competentes –para organizar, calificar o resolver las impugnaciones de los procesos electorales en las entidades federativas– cuando violen un precepto de la Constitución determinante para el desarrollo del proceso electoral o del resultado final de las elecciones de gobernadores, del jefe del Gobierno del Distrito Federal, de diputados locales o de diputados a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, así como de ayuntamientos o de los titulares de los órganos político-administrativos del Distrito Federal.

Asimismo, tiene capacidad, con fundamento en los artículos 99 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 189 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, para conocer y resolver en forma definitiva e inatacable de impugnaciones de las elecciones federales de diputados, senadores, y presidente, así como el juicio para la protección de los derechos político-electorales de los ciudadanos y juicio de revisión constitucional electoral, medio de control constitucional en la materia, además de los conflictos laborales de funcionarios electorales. Debe garantizar, en el marco de los principios de constitucionalidad, legalidad e imparcialidad, los actos y las resoluciones de los medios de impugnación interpuestos por los diferentes actores en el ámbito electoral.

Una de las principales características que rodea la función jurisdiccional en las diversas disposiciones legales que regulan la integración y el desempeño de los tribunales es la independencia. Sin duda, ésta debe ser considerada la mayor y más importante por el carácter de objetividad e imparcialidad que comprende.

En virtud de ello, y ante una realidad en la que hay una creciente participación de los ciudadanos y, en consecuencia, un mayor grado de involucramiento en las actividades del Estado, antes sólo asequibles para un reducido grupo de interesados, la sociedad demanda seguridad jurídica y que las instituciones democráticas atiendan en tiempo y en forma sus reclamos. En ese sentido, el Poder Judicial de la Federación desempeña un papel importante para garantizar a la sociedad que en la resolución de los conflictos que se pongan a su juicio imperen la absoluta aplicación del derecho y una adecuada interpretación de las normas.

Ahí, el papel del juzgador cobra la trascendencia a que he hecho mención para responder en forma adecuada a los reclamos de justicia.

Es elemental radicar y sostener entre el cuerpo de servidores públicos una plataforma de principios que generen la certeza al ciudadano de que, en todo momento, el desempeño de sus funciones se realiza en un marco de honestidad, eficacia, transparencia y estricta sujeción a la ley.

Reitero: en este momento, la sociedad es más participativa y exige legalidad, transparencia y rendición de cuentas a quienes laboran en el ámbito público. Así, los servidores públicos se encuentran comprometidos a ejercer correctamente sus funciones, a fin de responder a la credibilidad y confianza que la sociedad ha depositado en ellos.

De ahí los grandes esfuerzos de los responsables del ejercicio de gobierno para elevar la precisión, cumplimiento y difusión en la rendición de cuentas. Ello es fundamental en cualquier Estado que se precie de demócrata, pues sólo así se garantiza la relación de su desempeño profesional ante la sociedad, y se pone de manifiesto si éstos actúan con transparencia, responsabilidad, objetividad, legalidad, imparcialidad, calidad y eficiencia. Pero además, contribuye a que el servidor público sepa que de alguna manera está vigilado y que puede ser sancionado en caso de incurrir en una irregularidad.

En el caso de los servidores públicos federales, la regulación de las responsabilidades administrativas tiene su principal fundamento en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los artículos 108, 109, 113 y 114 principalmente. Por otra parte, los artículos 2 y 8 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos complementan los alcances de dicho ordenamiento para el ámbito administrativo.

Esos ordenamientos determinan qué servidores públicos están sujetos al régimen de responsabilidades administrativas; cuáles son las instituciones competentes para aplicar esta norma; cuáles son los principios y las obligaciones que se deben desempeñar en el servicio público; cuáles son las sanciones administrativas que se pueden imponer; qué autoridades son competentes para investigar y sancionar las faltas administrativas; y cuáles son las medidas para dar seguimiento a la situación patrimonial de los servidores públicos.

Por otra parte, la transparencia permite evidenciar los logros y los errores de la actuación cotidiana de nuestros gobernantes, facilitando el acceso a la información pública relevante, lo cual se convierte en un antídoto ideal para erradicar prácticas irregulares como la corrupción, la administración de los datos y documentos públicos, y la incapacidad de las autoridades.

La presente iniciativa tiene como finalidad complementar la base constitucional que establece los límites que normativamente puedan reflejar la voluntad del Estado para garantizar la independencia, imparcialidad y objetividad que distingan a los servidores que se desempeñen como magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y propone concretamente la imposibilidad de ocupar, durante los dos años posteriores a la fecha de su separación de esa función jurisdiccional, cargos en los poderes federales o locales en cuya elección hayan participado, ya sea para su calificación en la etapa de resultados, o bien, que se haya pronunciado respecto de la legalidad o ilegalidad de los actos correspondientes a la etapa de preparación a ella.

Es una realidad que no podemos abstraer la aplicación de principios a un solo ámbito; por el contrario, debemos abonar a la existencia de principios y criterios homogéneos en los órganos de gobierno. En diversas normas aprobadas por esta legislatura se ha puesto de manifiesto la necesidad que la ciudadanía tiene, pero además demanda, de congruencia y razonabilidad en las disposiciones locales y federales. Por ello también se propone incluir esta disposición complementaria en el artículo 116, en la Base III, a efecto de que en las entidades federativas, los magistrados que se encuentren adscritos a los tribunales electorales locales se sujeten a los mismos periodos de inhabilitación en los gobiernos de cualquier orden que hayan estado sometidos a su escrutinio judicial y sobre los que se hayan debido pronunciar en el ejercicio de su función.

Por lo expuesto, y con base a las observaciones mencionadas, someto a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto, por el cual se adicionan un tercer párrafo al artículo 101 y un último párrafo al artículo 116, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo 101

…

Las personas que hayan ocupado el cargo de ministro de la Suprema Corte de Justicia, magistrado de circuito, juez de distrito o consejero de la Judicatura Federal, así como magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral, no podrán, dentro de los dos años siguientes a la fecha de su retiro, actuar como patronos, abogados o representantes en cualquier proceso ante los órganos del Poder Judicial de la Federación.

Los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al retirarse de su encargo, no podrán desempeñar ningún cargo o comisión, por el mismo plazo previsto en el párrafo anterior, en las administraciones federales, estatales, municipales o del Distrito Federal en las que, por motivo de su función jurisdiccional, hayan intervenido para su elección.

…

…

…

Artículo 116. …

…

Primero. La presente reforma entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Hecho lo anterior, las legislaturas de los estados deberán adecuar sus Constituciones y leyes conforme a lo dispuesto en este decreto.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 22 de diciembre de 2008.

Diputada Lariza Montiel Luis (rúbrica)
 
 

QUE REFORMA Y ADICIONA LOS ARTÍCULOS 2, 23, 58 Y 77, Y ADICIONA UNO 32 BIS A LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA, A CARGO DEL DIPUTADO CARLOS ALTAMIRANO TOLEDO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD

El suscrito, diputado federal a la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión por el Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 55, fracción II, y 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 2, 23, 58 y 77, y adiciona un artículo 32 Bis a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria conforme a las siguientes consideraciones

Problema

Durante los tres procesos de aprobación presupuestal, que se han realizado por la actual legislatura se ha discutido entre los grupos parlamentarios y con el Ejecutivo federal los problemas de opacidad, subejercicios y deficiencias en las reglas de operación, que en conjunto, terminan por afectar las decisiones del Legislativo y permiten un margen de discrecionalidad que se pretende reducir.

Con la experiencia de estos tres ejercicios es posible identificar que en los puntos de coincidencia parlamentaria y política hay tres componentes, que se convierten en los objetivos de la actual iniciativa

Propongo que se modifique la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, con cambios en el siguiente sentido:

I. En una primera parte, modificar el artículo 58 de la señalada ley para evitar circunstancias de opacidad en las que, por medio de las adecuaciones presupuestarias, discrecionalmente se modifica el destino de los recursos sin que la Cámara de Diputados y la opinión pública tengan conocimiento oportuno.

Es importante señalar que el artículo señalado, al mismo tiempo que establece como limitante de las adecuaciones presupuestarias el cumplimiento de los objetivos de programas, también permite un amplio conjunto de cambios; de manera que en vez de limitar las adecuaciones en realidad enlista las acciones del Ejecutivo.

Así es posible realizar: a) modificaciones a las estructuras administrativa, funcional y programática, económica, geográfica; b) modificaciones a los calendarios del presupuesto; además de, c) efectuar ampliaciones y reducciones líquidas al PEF. Para complementar, los procedimientos con los que Hacienda acuerda las modificaciones se aplican en los términos que el gobierno fija en el reglamento respectivo.

Con la finalidad de que se mantengan las condiciones de transparencia, en especial una vez que se hayan publicado los calendarios presupuestales, propongo que el Ejecutivo conserve la facultad de realizar adecuaciones, pero que esto se realice informando al Legislativo y a la opinión pública de forma oportuna. Para evitar una saturación de información y hacer un uso adecuado de ésta, planteo que la información sea turnada a las comisiones respectivas de la Cámara de Diputados y que las dependencias la publiquen en sus respectivas páginas electrónicas.

II. Por lo que corresponde al subejercicio, transcribo en primer lugar, la definición de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria respecto del subjercicio, donde se le define como: las disponibilidades presupuestarias que resultan, con base en el calendario de presupuesto, sin cumplir las metas contenidas en los programas o sin contar con el compromiso formal de su ejecución.

Aunque el artículo 23 de la ley establece disposiciones sobre este tema, no han sido suficientes para inhibir esa práctica. Es un hecho público que reportar trimestralmente no ha evitado al gobierno la acumulación de saldos o subejercicios presupuestarios, ni se ha cancelado que al final del ejercicio el Ejecutivo haya realizado cambios importantes al Presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados.

Considerando que es necesario establecer condiciones que garanticen una mayor sujeción a lo establecido por el Legislativo propongo incluir la mecánica de programas prioritarios.

Así planteo establecer la definición correspondiente en el artículo 2 de la Ley, para establecer condiciones en las que atendiendo a su importancia social, determinados programas tendrán condiciones que garanticen su puesta en práctica.

De forma complementaria propongo reformar el artículo 23 de la ley para precisar que el destino de los saldos acumulados al tercer trimestre y los subejercicios se destinarán al conjunto de programas prioritarios definidos por la Cámara de Diputados.

En este sentido propongo adicionar un artículo nuevo para que, en el proceso de aprobación presupuestal, la Cámara de Diputados defina un conjunto de programas prioritarios de forma que el Ejecutivo mantenga posibilidades de realizar cambios, pero sin que pueda transferir recursos de programas prioritarios a los que no lo son, ni reducir los montos de los programas definidos como prioritarios.

De ser aprobados estos planteamientos se acotaría el margen de discrecionalidad del Ejecutivo, pero mantendría la flexibilidad de hacer modificaciones durante los tres primeros trimestres del año y una vez superado ese término, los recursos tendrían que destinarse a los programas prioritarios establecidos por el Legislativo.

III. Finalmente, por lo que hace a las reglas de operación, considero necesario establecer un procedimiento por el cual la Cámara de Diputados tenga la oportunidad real de emitir una opinión al respecto, dejando intocada la facultad final del Ejecutivo de determinarlas, emitirlas y aplicarlas.

La ley reconoce, en sus definiciones, que la finalidad de emitir reglas de operación es lograr un mejor ejercicio presupuestal. Así se consideran las disposiciones a las cuales se sujetan determinados programas y fondos federales con el objeto de otorgar transparencia y asegurar la aplicación eficiente, eficaz, oportuna y equitativa de los recursos públicos asignados a éstos.

Esta intencionalidad, sin embargo, no permite que quien aprueba el destino de los recursos públicos, es decir, la Cámara de Diputados, pueda conocer y opinar sobre disposiciones de tanta relevancia ni ponderar que las reglas emitidas por el gobierno cumplan al menos con las definiciones legales citadas o que tengan las mejores condiciones para la operación de los programas.

Por ello propongo modificar el artículo 77 de la ley para que el procedimiento con el que actualmente se definen las reglas de operación, respetando las validaciones actuales, incorpore la opinión del Legislativo.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta soberanía la iniciativa con

Proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 2, 23, 58 y 77, y adiciona un artículo 32 Bis a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria para quedar como sigue:

Artículo 2. …

En el ejercicio de sus presupuestos, las dependencias y entidades se sujetarán estrictamente a los calendarios de presupuesto autorizados a cada dependencia y entidad en los términos de las disposiciones aplicables, atendiendo los requerimientos de éstas.

Las dependencias y entidades remitirán a la secretaría sus proyectos de calendarios en los términos y plazos establecidos por el Reglamento. La secretaría autorizará los calendarios tomando en consideración las necesidades institucionales y la oportunidad en la ejecución de los recursos.

La secretaría queda facultada para elaborar los calendarios de presupuesto de las dependencias y entidades, cuando no le sean presentados en los términos que establezca el Reglamento.

Los calendarios de presupuesto deberán comunicarse por la secretaría a las dependencias y entidades, así como publicarse en el Diario Oficial de la Federación dentro de los 10 días hábiles posteriores a la publicación del Presupuesto en el propio Diario Oficial de la Federación. A su vez, las unidades de administración de cada dependencia y entidad deberán comunicar los calendarios de presupuesto correspondientes a sus respectivas unidades responsables, así como publicarlos en el Diario Oficial de la Federación a más tardar 5 días hábiles después de recibir la comunicación por parte de la secretaría.

Los calendarios a que se refiere el párrafo anterior deberán ser mensuales.

También se publicará en el Diario Oficial de la Federación el calendario mensual de ingresos derivado de la Ley de Ingresos de la Federación, 15 días hábiles después de la publicación de dicha ley.

La secretaría cumplirá estrictamente los calendarios de presupuesto autorizados a las dependencias en los términos de las disposiciones aplicables e informará al respecto en los informes trimestrales, por dependencia o entidad, por unidad responsable y por programa.

La secretaría reportará en los informes trimestrales a la Cámara de Diputados los saldos en líneas globales por dependencia o entidad, por unidad responsable y por programa, para evitar acumulación de saldos o subejercicios presupuestarios.

Los subejercicios o los saldos acumulados al tercer trimestre del ejercicio presupuestarios se destinarán preferentemente a los programas prioritarios establecidos para cada ejercicio por la Cámara de Diputados.

Artículo 32 Bis.

La Cámara de Diputados establecerá en el decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación, programas que por su importancia social se considerarán prioritarios. En esta circunstancia podrá incluirse la construcción de obras nuevas de infraestructura en zonas marginadas, así como infraestructura para el sector salud, así como programas sociales destinados a grupos vulnerables.

El Ejecutivo podrá realizar las adecuaciones de los programas pero no podrá, sin el consentimiento de la Cámara de Diputados:

Las adecuaciones presupuestarias se realizarán siempre que permitan un mejor cumplimiento de los objetivos de los programas a cargo de las dependencias y entidades, y comprenderán:

Las adecuaciones presupuestarias internas serán autorizadas por las propias dependencias y entidades informando al respecto a la Secretaría, en los términos de lo dispuesto en el Reglamento.

Cuando las adecuaciones presupuestarias representen en su conjunto o por una sola vez una variación mayor al 5 por ciento del presupuesto total del ramo de que se trate o del presupuesto de una entidad, la Secretaría deberá reportarlo en los informes trimestrales. Con base en esta información, la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública podrá emitir opinión sobre dichas adecuaciones.

Las adecuaciones presupuestarias que se realicen en el sector público serán notificadas en un plazo de 10 días a las comisiones respectivas de la Cámara de Diputados y se publicarán en las páginas electrónicas de las dependencias y entidades para el conocimiento público.

Articulo 77.

Con el objeto de cumplir lo previsto en el segundo párrafo del artículo 1 de esta Ley, se señalarán en el Presupuesto de Egresos los programas a través de los cuales se otorguen subsidios y aquellos programas que deberán sujetarse a reglas de operación. La Cámara de Diputados en el Presupuesto de Egresos, podrá señalar los programas, a través de los cuales se otorguen subsidios, que deberán sujetarse a reglas de operación con el objeto de asegurar que la aplicación de los recursos públicos se realice con eficiencia, eficacia, economía, honradez y transparencia. Asimismo, se señalarán en el Presupuesto de Egresos los criterios generales a los cuales se sujetarán las reglas de operación de los programas.

Las dependencias, las entidades a través de sus respectivas dependencias coordinadoras de sector o, en su caso, las entidades no coordinadas serán responsables de emitir las reglas de operación de los programas que inicien su operación en el ejercicio fiscal siguiente o, en su caso, las modificaciones a aquéllas que continúen vigentes sujetándose al siguiente procedimiento:

Palacio Legislativo, a 22 de diciembre de 2008.

Diputado Carlos Altamirano Toledo (rúbrica)
 
 

QUE REFORMA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LAS LEYES DEL BANCO DE MÉXICO, Y DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO, A CARGO DEL DIPUTADO JUAN NICASIO GUERRA OCHOA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD

El suscrito, diputado de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en la fracción II del artículo 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, somete a consideración del Pleno de la Cámara de Diputados, en calidad de cámara de origen, la iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversos artículos de la Ley del Banco de México y de la Ley de Instituciones de Crédito, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

En la última década los mexicanos hemos pagado un rescate bancario que importó enormes sacrificios, no solo en detrimento de la necesaria infraestructura del país sino en restringir los gastos de salud, educación e incluso en materia de seguridad pública. Los intereses asociados a ese rescate y las erogaciones derivadas de los costosos esquemas financieros diseñados por el gobierno federal implicaron desde 1998 que el presupuesto federal se encontrase comprometido en porcentajes sustantivos, dejando un limitado margen de maniobra para nuevos proyectos sociales, así como para el fomento de la actividad agropecuaria y de apoyo efectivo a las Pymes y muchas otras áreas del desarrollo social, las cuales cedieron ante la gravedad de la situación en que colocaron a la república autoridades financieras tolerantes, auditores contables complacientes y funcionarios financieros inexpertos.

El público usuario pasó de ser mero espectador de las grandes decisiones del mundo financiero a ser obligado responsable, deudor y víctima del desastre. La discrecionalidad con que se otorgaron los apoyos financieros y la opacidad con la que se llevaron a cabo las auditorias por parte del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario no permitió identificar a los responsables de los quebrantos y permitió una indebida concentración de los subsidios canalizados al sistema financiero.

Las multimillonarias sumas sólo alcanzaron a remediar la problemática de las clases privilegiadas y se decidió –en forma torpe e inadmisible– extremar las presiones de cobro, aplicando la cultura de pago a los de abajo pero no a quienes dolosamente acumularon enormes pérdidas de capital. Los intermediarios no pedían sino exigían un trato que no estaban dispuestos a dispensar a los deudores.

Los programas gubernamentales promovían, so pretexto de esa nueva cultura, la intolerancia de los intermediarios en contra de los acreditados sobre quienes hizo pesar los costos de la crisis del 94. En tanto se buscaba la comprensión y el apoyo de autoridades financieras nacionales y del exterior, alegando circunstancias extraordinarias y complejas del entorno internacional, se diseño el más regresivo de los rescates en donde la excepción y la flexibilidad se aplicó sólo a banqueros, quienes correspondieron al esfuerzo de la población, recrudeciendo la implacable persecución sobre los deudores, a quienes no se canalizaron sino exiguos apoyos que estaban diseñados no para aliviar la situación de los deudores sino para terminar rápidamente en las arcas de los intermediarios.

Es decir se les dio a los mexicanos la oportunidad de hipotecar su futuro siempre y cuando participaran en programas creados para disminuir su adeudo con el sistema bancario. Esos apoyos simulados a los intermediarios, en los que el deudor no era sino un componente de la formula, sólo propiciaron condiciones de inestabilidad social. Los apoyos no tenían como propósito asegurar vivienda digna, manutención o educación sino en aumentar las cantidades de recursos públicos a disposición de la banca.

Los accionistas de los bancos y sus administradores no enfrentaron con su patrimonio las consecuencias de los autoprestamos y de otros ilícitos que minaron rápidamente la condición financiera de los intermediarios, pasando la carga al sector público el cual, alegando la necesaria protección al sistema de pagos y de la continuidad de la vida crediticia del país, cursó enormes sumas del erario y multiplicó irresponsablemente la deuda pública de la nación. El Ejecutivo federal, al margen de la Constitución, operó un escandaloso mecanismo que no hubiese superado el más superficial análisis político, social e incluso técnico en las Cámaras.

Tras burlar al Congreso, con el apoyo de políticos a modo, dio paso a un sistema financiero ineficiente y no competitivo a nivel internacional, basado en rentas monopólicas y en acuerdos que mantienen las tasas en niveles irreales, gestando un margen financiero que subsidia la incompetencia. Esas condiciones de operación convocan a los grandes participantes internacionales a practicar en México una gran cantidad de abusos que no es posible realizar en los países en los que opera su matriz. Vergonzosamente las filiales situadas en nuestro país son las que mayor contribución a nivel mundial aportan a sus corporativos extranjeros, lo cual no denota calidad o eficiencia sino un entorno regulatorio y de autoridades donde el abuso no tiene comparación con otras regiones del mundo. No existen en el país productos novedosos, ni creativos funcionarios bancarios, sino un complejo de condiciones donde la diferencia entre tasas activas y pasivas sojuzga al deudor ante normas perversamente construidas en contra del tomador del crédito.

A finales del siglo pasado se nos dijo en repetidas ocasiones que no existía alternativa, que la fórmula aplicada era la adecuada y procedente. Ahora vemos que en el más capitalista y tecnocrático de los estados la realidad es otra. El gobierno modelo de los educados en el exterior ha marcado un derrotero distinto con tintes más sociales y con mayor responsabilidad fiscal. Ha dejado caer a grandes consorcios financieros, canalizando los rescates a la economía real. Sus apoyos no son a fondo perdido, construyéndose sobre la base del reembolso, erigiendo al contribuyente como censor y no víctima del saneamiento.

Busca salvaguardar los empleos y no privilegia la supervivencia de intermediarios, dirigiendo su esfuerzo a fincar responsabilidades y a evitar un mercado desordenado de las tasas de crédito, así como a evitar que los errores y torpezas de los operadores bancarios sean pagados mediante elevadas comisiones y tasas exorbitantes. Los programas buscan mantener a los deudores hipotecarios en sus casas y no a asegurar la continuidad de las operaciones del prestamista.

En nuestro país los deudores no sólo enfrentaron los efectos del desorden crediticio originado por el manejo laxo e irresponsable de las políticas de crédito de inexpertos operadores bancarios sino que fueron conminados a cumplir en sus términos los compromisos financieros o acudir a la impagable formula de las unidades de inversión. La teoría de la imprevisión sólo aplicó a los ávidos inversionistas que incursionaron en la banca y no a la población. Los mexicanos debieron cubrir con esfuerzo fiscal el pago de las reservas y pérdidas registradas en bancos y casas de bolsa rescatadas por el Fobaproa y el Fameval, sin que autoridades supervisoras, auditores externos y administradores negligentes dieran la cara a la nación.

Los accionistas de la mayoría de los bancos no cumplieron con los deberes de manejo diligente de la cartera de créditos e incumplieron la obligación de constituir las reservas crediticias; ese es el verdadero riesgo moral y no el ajuste de las deudas. El lamentable mensaje enviado a los operadores bancarios es lo que se trató de evitar con la implantación de la cultura de pago, la forma en que se enfrentó aquella crisis es un error que no debemos repetir.

A sólo diez años vemos que nuevamente se dispensó crédito en forma irreflexiva e irresponsable, de nueva cuenta vemos que en forma concertada e inducida los participantes del mercado propician una escalada en las tasas activas para sufragar y cubrir los deficientes de recuperación, la insuficiencia del valor de las garantías, y la exagerada renta comprometida con sus casas matrices.

Ante las descomunales pérdidas, ni los funcionarios de la banca nacionalizada ni los casabolseros mutados en banqueros supieron aceptar que la relajación en entrega de plásticos, la superficialidad de las evaluaciones de riesgo y la desmedida ansía de recuperar sus inversiones en el corto plazo fueron las reales y efectivas causas de la descapitalización de la banca.

Irracionalmente se inicio en 1995 un proceso en el que se culpó a las normas y ordenamientos jurídicos del colapso. Los supervisores y los irresponsables operadores buscaron la responsabilidad en el sistema jurídico mexicano y responsabilizaron a los tribunales de no comprender porque los intermediarios extraviaban los contratos y pagares, satanizaron al sistema judicial que no entendía porque la velocidad del proceso del crédito los orillaba a no firmar los convenios o a no revisar las inscripciones en los registros públicos, más aún clamaron ante las autoridades que sus novedosos productos tenían que superar las inconvenientes garantías de proceso de los deudores.

Se puso en manos de economistas la redacción de nuestro sistema procesal y de garantías, desnaturalizando figuras milenarias que recogían la experiencia de situaciones de inestabilidad y de seguridad jurídica. Es imposible hoy enumerar la gran cantidad de ordenamientos que se tasajearon a modo de la petición de los acreedores. Se olvidó que los operadores bancarios no aplicaron la ley vigente en ese entonces, ni observaron las normas administrativas y circulares de las supervisoras, y que el origen de sus problemas no era el texto de ley, sino que era la inobservancia de la ley lo que hacía incobrables sus créditos. Se olvidó que el mismo alegato de imprevisión que los libraba de la pena corporal, liberaba o al menos ajustaba la extensión de la obligación de los deudores.

Ante la elevación de las tasas se hacía inviable el proyecto nacional; los representantes jurídicos de la banca obtenían una y otra vez reformas legales. Año con año, ofrecían revitalizar el crédito e impulsar el desarrollo del país con arroyos de financiamiento, a condición de obtener más cambios, que privilegiaran la posición procesal de la banca frente a los deudores.

Durante diez años se degradó el sistema procesal y de garantías al capricho de los otorgadores del crédito, dos o tres veces por año se trastocaban normas sustantivas y adjetivas relacionadas con la banca. Se modificó en los últimos diez años más la legislación financiera que en los doscientos años anteriores. Servidores públicos hacendarios con nula experiencia procesal o con dos o tres años de experiencia en el puesto, impusieron absurdas propuestas como la prenda sin desposesión y otras barbaridades que no denotan sino ignorancia de la evolución de nuestra tradición jurídica.

El fin era noble, el objetivo laudable; sin embargo, no obstante la cruzada de reformas en contra del equilibrio procesal y de las formalidades esenciales del procedimiento, el margen financiero no sólo no se redujo sino que se ha mantenido e incluso ampliado. Los banqueros en los noventa señalaban que las deficiencias de recuperación, imputables a los tribunales y a la falta de reformas, eran un componente importante del exagerado diferencial entre tasas activas y pasivas.

Los promotores de la banca dentro del sector público en busca de ascenso administrativo y seguros de recompensa se dieron a la tarea de promover grupos de estudio para la reformar la legislación financiera. Basta revisar las constantes, superficiales y engorrosas iniciativas procesadas casi sin discusión con el intenso cabildeo de la autoridad hacendaria, para darse cuenta que ya queda poco que pedir a la banca para favorecer su posición.

Hoy, con la normativa de recuperación, un recién egresado de derecho desde un jurídico bancario se encuentra en condición de enfrentar a un experimentado abogado, con notables ventajas el primero de obtener sentencia favorable en tribunales, los cuales cuentan cada vez con menos capacidad de establecer un justo equilibrio entre las partes. Las instancias de autoridad han cumplido, quizá en exceso, atendiendo constantes caprichos y ventajas que suplan la incompetencia de los cuerpos legales de la banca. Los mexicanos hemos cumplido, hemos pagado con nuestros impuestos torpezas y negligencias de los operadores durante las últimas tres décadas.

El compromiso era abatir la inexplicable diferencia entre las tasas activas y pasivas. Hoy, ante diez años de reformas, no queda más explicación que la ineficiencia, enormes gastos, salarios, lujos y dividendos son sufragados por ese margen, el cual alcanza diferenciales que no se vuelven competitivos por ser generalizados en la banca. Son igualmente monopólicos y evidencia de un acuerdo tácito entre los agentes de mercado para mantener un diferencial no técnicamente sustentable.

Los agentes financieros del exterior lejos de permear estrechos márgenes y aportar a la economía mexicana mejores estándares y prácticas rápidamente se contagian de los vicios y excesos tolerados en nuestro sistema y se vuelven los aportantes destacados en sus organizaciones a costa del sacrificio de los mexicanos. Esos operadores incluso se ostentan como valiosos funcionarios cuando no son sino expresión de la capacidad de abuso permitida en un paraíso bancario, muestra del subdesarrollo en el que han colocado a nuestro país las autoridades administrativas.

Ante la inacción de la autoridad financiera se impone acudir a la facultad constitucional y legal para que el Banco de México calcule y determine referenciales con nuestros principales socios comerciales para establecer mejores prácticas en la formación de la relación entre operaciones activas y pasivas. La brutal utilidad de la banca, que en buena parte se transfiere a consorcios en el exterior, está fundada en el inexplicable margen financiero, el cual se gesta en condiciones de falta de efectiva competencia en agravio del público usuario.

Es de lamentar que la actividad del instituto central en materia cambiaria por instrucción de la Comisión de Cambios tenga orientaciones para el mantenimiento artificial de un tipo de cambio con propósitos de apariencia de estabilidad y de promoción política del régimen en turno. Dicha actitud redunda en la abierta posibilidad para intermediarios filiales en nuestro país a acceder a moneda extranjera con precio subsidiado y transferir tales activos adquiridos del banco central a sus matrices en el exterior, situación que esta Cámara debiera investigar con mayor profundidad y detalle.

No obstante tales observaciones, es preciso dotar al Banco de México con facultades y atribuciones para observar el comportamiento del diferencial entre las tasas activas y pasivas en los sistemas financieros de nuestros principales socios comerciales. Desde luego se asumen las diferencias y características particulares de esos sistemas del exterior, sin embargo es de concluir que resulta inusitada, improcedente e inadmisible la disparidad del margen financiero prevaleciente en nuestro país. En tanto que en otras latitudes la retribución que se hace al ahorro e inversión, no guarda distancia de las operaciones de financiamiento en proporciones mayores a cinco o siete puntos, en nuestro país llega a darse diferenciales superiores a cuarenta puntos. Siendo esa injustificada diferencia el origen de las altas rentas que los bancos reportan a sus matrices en el extranjero, y no la eficiencia o habilidad de los administradores bancarios. Es por ello que tras la observación del mercado internacional, de las particularidades de los agregados monetarios nacionales, de la demanda del crédito, de las abundantes reformas legales hechas a favor del sistema bancario, y de los principales riesgos a que está expuesto el cobro de crédito en nuestro país, debe moderarse la pretensión de los agentes financieros en el cobro por accesorios financieros.

Por ello se propone facultar al banco central para hacer efectivo el mandato contenido en el artículo 28 de la Constitución en materia crediticia y proveer al efectivo combate a los monopolios e indebidas prácticas, según lo señalado en el mismo precepto. Previendo además las conductas típicas que atentan contra la formación de opciones justas de financiamiento. Es importante señalar que no obstante que hace más de diez años se dotó al Banco de México con facultades constitucionales para regular la moneda, el crédito y los cambios, el público usuario ha sido abandonado a las fantasiosas leyes del mercado, que ya han hecho estragos en las principales economías del mundo y que debemos abandonar para moderar los efectos del libertinaje financiero.

En consecuencia, someto iniciativa con proyecto de decreto por el que se modifica la Ley del Banco de México y la Ley de Instituciones de Crédito, conforme a los artículos siguientes:

Artículo Primero. Se reforman los artículos 26 y 51 de la Ley del Banco de México, agregando un segundo párrafo al precepto primeramente indicado y una fracción IV al segundo dispositivo legal, para quedar como sigue:

Ley del Banco de México

Artículo 26. …

En protección de los intereses del público, el banco recabará información de los intermediarios bancarios a efecto de determinar el margen financiero existente entre las operaciones activas y pasivas que realicen en territorio nacional. Al efecto se emitirán conforme a lo previsto en el artículo 24 de esta ley, normas de carácter general para la recepción de los datos informativos respecto de las operaciones causantes de pasivo a corto, mediano y largo plazo, segmentados por importe, distinguiendo personas morales de personas físicas, así como respecto de los financiamientos al consumo, hipotecarios y al sector agropecuario.

El Banco de México, con base en la información señalada en el párrafo que antecede, publicará los diferenciales o márgenes existentes entre los promedios de las tasas pasivas y los promedios de las activas que, efectivamente, se ofrezcan en sucursal por cada institución de crédito autorizada para operar en el país.

…

Artículo 51. …

Ley de Instituciones de Crédito

Artículo 48. Las tasas de interés, comisiones, premios, descuentos, márgenes u otros conceptos análogos, montos, plazos y demás características de las operaciones activas, pasivas y de servicios, así como las operaciones con metales preciosos y divisas, que realicen las instituciones de crédito y la inversión obligatoria de su pasivo exigible, se sujetarán a lo dispuesto en la Ley del Banco de México, con el propósito de atender necesidades de regulación monetaria y crediticia.

Las autoridades financieras coordinarán acciones a efecto de evitar prácticas y acuerdos monopólicos que se traduzcan en condiciones usurarias en agravio del público usuario. Al efecto, las instituciones de crédito deberán proporcionar a la Comisión Federal de Competencia datos e información respecto de los términos efectivos en que realicen captación y colocación de recursos en territorio nacional. En la emisión de normas las autoridades escucharan la opinión de la comisión respecto de las condiciones prevalecientes en los mercados nacional e internacional de financiamiento, y en torno las tendencias y evolución de los diferenciales y márgenes financieros entre operaciones activas y pasivas.

Artículo 106. A las instituciones de crédito les estará prohibido

115. …

La Procuraduría General de la República requerirá de la opinión del Banco de México o de la Comisión Federal de Competencia para proceder a la consignación del expediente motivado por la acusación formulada por el afectado, en el supuesto previsto en el artículo 113 bis 5 del presente ordenamiento.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, a 22 de diciembre de 2008.

Diputado Juan Nicasio Guerra Ochoa (rúbrica)
 
 

Los suscritos, César Duarte Jáquez, Raúl Cervantes Andrade, José Ascención Orihuela Bárcenas y José Rubén Escajeda Jiménez, diputados federales de la LX Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta soberanía punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Energía y Petróleos Mexicanos, para que consideren la instalación de la refinería anunciada por el Presidente de la República y la construcción de un complejo petroquímico en el estado de Tabasco. Lo anterior, al tenor de los siguientes

Antecedentes

El pasado 18 de marzo del 2008, el Presidente de la República instruyó a Pemex y a la Secretaría de Energía para que inicien los estudios que determinen la factibilidad técnica, financiera y logística para la construcción de una nueva refinería en el país.

Esta nueva refinería se construirá a más de diez años que inició sus operaciones la última refinería construida en nuestro país, lo que hace ver el retraso tecnológico que tiene nuestra industria petroquímica.

Si bien es cierto, se han llevado a cabo reconfiguraciones en las refinerías de Cadereyta y Morelos por más de 5,000 millones de dólares, con el objetivo de consumir una mayor proporción de crudo Maya, mas no para aumentar su capacidad de procesamiento.

Consideraciones

Los proyectos de una nueva refinería y de un nuevo complejo petroquímico forman parte de una estrategia integral de Pemex que se orienta a superar la situación actual de estancamiento de la producción y la modernización de sus instalaciones, todo ello enmarcado dentro de la estrategia integral de producción y suministro de petrolíferos, concebida en el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012.

El Fideicomiso para el Desarrollo Industrial de Tabasco solicitó al Instituto Mexicano de Ingenieros Químicos, la realización de un estudio de evaluación de localizaciones para la instalación de una nueva refinería y un complejo petroquímico, tomando como puntos base de comparación Tabasco versus Oaxaca; Veracruz; Tamaulipas; y Michoacán.

La localización de la nueva refinería y complejo petroquímico es un aspecto vital para dar viabilidad técnica y económica a un proyecto que por su naturaleza tendrá un ciclo de vida de al menos 30 años.

El estudio comparativo analizó cuatro localizaciones distintas para instalar una refinería de una capacidad de procesamiento de 300,000 barriles diarios y un complejo petroquímico de un millón de toneladas anuales de derivados del etileno.

Los elementos considerados son muy diversos e incluyen factores geográficos, económicos, sociales y estratégicos. Las conclusiones derivadas del estudio comparativo realizado por el Instituto Mexicano de Ingenieros Químicos revelan lo siguiente:

Resulta ocioso comprometer al país en una nueva discusión basada en consideraciones políticas, sobre donde deben ubicarse los nuevos proyectos de la refinería y del complejo petroquímico de Pemex. Las ventajas comparativas que ofrece Tabasco, se encuentran muy por encima de las demás entidades que la demandan.

Los criterios técnicos, financieros y de desarrollo sustentables deben privar por encima de intereses particulares o de grupos políticos. Debe atenderse la experiencia y la infraestructura ya consolidada, antes de abrir nuevos espacios que liberen nuevas tensiones sociales.

La inversión estimada para ambos proyectos a precios actuales, es del orden de 10 mil millones de pesos para la refinería y 5 mil millones de pesos para el complejo petroquímico. Dicha obra permitiría emplear a 14 mil trabajadores de la entidad, durante la fase de construcción, que durará cinco años.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente exhorta al Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Energía y Petróleos Mexicanos, a que consideren la instalación de la nueva refinería anunciada por el Presidente de la República y la construcción de un complejo petroquímico en el estado de Tabasco.

Diputados: César Duarte Jáquez, Raúl Cervantes Andrade, José Ascención Orihuela Bárcenas, José Rubén Escajeda Jiménez (rúbricas)
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, RELATIVO A LOS ATENTADOS EN LOCALES COMERCIALES EN CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA, A CARGO DEL DIPUTADO MANUEL PORTILLA DIÉGUEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PVEM

Manuel Portilla Diéguez, integrante de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en los artículos 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta la siguiente proposición con punto de acuerdo, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

De los 67 municipios de Chihuahua, Ciudad Juárez es la ciudad más poblada, con una población que se dedica principalmente a la actividad manufacturera.

Es una ciudad que se ha caracterizado por su fuerte dinamismo económico y su crecimiento ligado a su condición de ciudad fronteriza. Lo que le ha favorecido para mantener altas tasas de empleo formal, el cual representa quizá el principal activo con el que cuenta este municipio,

El empleo formal aún cuando es generado en su mayor parte por la industria maquiladora proveniente del extranjero, también tiene su fuente en la visión de empresarios de gran calidad que contribuyen al desarrollo de Juárez en el sector del comercio y servicios como restaurantes, bares, hoteles, entre otros.

Es así que de acuerdo con información de la Secretaría de Desarrollo Comercial y Turístico de Chihuahua, se tenía previsto hasta el primer semestre del año que el sector comercio y servicios generara por lo menos 3 mil 635 nuevos empleos en el 2008, derivado de las fuertes inversiones en puerta en materia de centros comerciales, tiendas de conveniencia, restaurantes, negocios de franquicias, hoteles, comercializadoras de vehículos seminuevos y centros nocturnos, entre otros.

No obstante lo anterior y pese a las grandes ventajas económicas de Juárez como ciudad fronteriza, se espera una crisis de desempleo no sólo por la grave crisis económica mundial que vivimos y que afecta, en esta región, en mayor medida al sector manufacturero, sino fundamentalmente por la ola de violencia que ha provocado la guerra entre los cárteles del crimen organizado y que desafortunadamente está paralizando al ramo del comercio y servicios, en virtud de que la quiebra llegó antes de la recesión global y, como consecuencia de la inseguridad que alejó de lugares públicos a la población.

Aun cuando la violencia se extiende casi por todo el territorio de Chihuahua, este año Ciudad Juárez ha sido la región donde se han cometido el mayor número de homicidios atribuidos al narcotráfico, dejando claro que la ola de violencia aumentó desde que se puso en marcha el operativo conjunto "Chihuahua", para alcanzar cifras mensuales sin precedentes.

Por ello, la guerra entre los cárteles de la droga ha dado lugar alrededor de 4 mil 550 muertos en el país, según recuentos periodísticos, de los cuales se han cometido más de mil trescientas ejecuciones sólo en Chihuahua y, en su mayor número, en Ciudad Juárez, además de 39 negocios incendiados por grupos armados. Lo anterior, pese al operativo conjunto Chihuahua.

La violencia se ha recrudecido a tal punto que tan sólo en agosto hubo 218 homicidios; es decir, en promedio 7 por día, siendo víctimas por igual hombres, mujeres, policías y militares.

En noviembre la escalada de violencia se ha intensificado, ya que el hallazgo de cuerpos sin vida con signos de tortura, desmembrados y hasta decapitados son cada vez más frecuentes, y los ataques de grupos armados de narcotraficantes contra la policía han aumentado, siendo el más reciente el ocurrido el pasado 10 de noviembre cuando balearon las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública estatal.

Lo anterior, ha propiciado un campo fértil para la delincuencia organizada donde el sector del comercio y servicios ha sido el más afectado, debido a que se incrementaron los ataques a restaurantes y bares, agencias de autos, centros nocturnos, entre otros.

Lo más grave aún, es que la situación en la que actualmente se encuentran los comerciantes no es reciente, prueba de ello, es el video que se publicó en You Tube el pasado 27 de mayo, donde el crimen organizado advirtió a los empresarios que les llamarían para acordar el "pago de protección" para no ser secuestrados y de acuerdo con información disponible, incendiaron varios comercios, como medida de intimidación.

Peor aún, desde el pasado 22 de octubre más de 400 dueños de pequeñas y medianas empresas y comercios como cadenas de farmacias y auto partes se manifestaron frente a las oficinas de la Secretaría de Hacienda en Ciudad Juárez, en protesta por las extorsiones de narcotraficantes que los están llevando a la bancarrota y manifestaron que a la fecha ya iban 4 mil 500 negocios cerrados en el año por las presiones de la delincuencia.

Como consecuencia de las extorsiones, residentes en Ciudad Juárez han pedido asilo político en El Paso Texas, incluidos policías, empresarios y hasta amas de casa, con el propósito de huir de la violencia generada por la lucha entre los cárteles de la droga, por considerar que las autoridades no tienen la capacidad para brindarles seguridad en su persona y patrimonio.

Como representantes del pueblo no podemos mantenemos al margen de lo que está sucediendo en Ciudad Juárez, fundamentalmente porque el balance de las operaciones contra el narcotráfico deja claro que no se ha logrado una disminución en el número de ejecuciones, por el contrario éstas han aumentado y ahora se han trasladado a la población.

De continuar así, la actividad económica en Ciudad Juárez desaparecerá si el sector del comercio y servicios sigue siendo rehén del crimen organizado mediante el cobro de "protección". Es evidente que el incremento del índice delictivo y la impunidad están atentando gravemente contra la sociedad de Juárez, lo que denota una incapacidad institucional en los tres órdenes de gobierno para otorgar seguridad a los juarences, incumpliendo así los órganos competentes con el mandato constitucional de encargarse de la seguridad pública.

Por una parte, porque la comisión de ilícitos va en aumento en Ciudad Juárez a pesar de la presencia de los militares, ya que desde el 28 de marzo, inició el arribo de personal militar para participar en las acciones de la Operación Conjunta "Juárez".

Época en la que el titular de la Procuraduría General de la República, Eduardo Medina Mora, manifestó que "en Ciudad Juárez el Estado mexicano está dando la batalla, venimos a dar la cara como no lo pueden hacer los criminales, venimos a apoyar a los juarences a la recuperación de su espacio y de su derecho a vivir en paz y tranquilidad".

Sin embargo, desde marzo a la fecha los pobladores de Ciudad Juárez no han recuperado sus espacios, ni muchos menos viven en paz y tranquilos.

Incluso, de acuerdo con información disponible de la Procuraduría General de la República, "el Estado de Chihuahua se encuentra entre las entidades del país donde se registran mayores delitos del fuero federal entre ellos asesinatos relacionados con el crimen organizado, narcotráfico y posesión de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército".

En esta tesitura, la manifestación del presidente Felipe Calderón en el sentido de que "para ganar la guerra contra la delincuencia se requiere la acción coordinada de los tres órdenes de gobierno", es bastante cuestionable. Si bien se han obtenido algunos resultados como la detención de importantes narcotraficantes y decomiso de armas, lo más importante no se ha cumplido "brindar seguridad a los ciudadanos".

En consecuencia, el recrudecimiento de la ola violencia en Ciudad Juárez demanda replantear la estrategia de combate al crimen organizado en Chihuahua, a efecto de que tenga más alcance en las metas y logros de los operativos de seguridad pública y de combate contra la delincuencia organizada. Como legisladores estamos obligados a no tolerar esta escalada de violencia, ni permitir que personas inocentes sigan aumentando las estadísticas de extorsiones, secuestros, robos u homicidios.

En otro sentido, las autoridades estatales y municipales encargadas de la prevención y procuración de justicia han incumplido el mandato constitucional estatal que dispone en su artículo 4 que "toda persona gozará de los derechos reconocidos en la Constitución federal", la cual a su vez dispone en el artículo 21: "la seguridad pública es una función a cargo de la federación, el Distrito Federal, los estados y los municipios, que comprende la prevención de los delitos; la investigación y persecución para hacerla efectiva..."

Asimismo, las autoridades estatales y municipales incumplen lo dispuesto en el 2 de la Ley sobre el Sistema Estatal de Seguridad Pública que dispone: "el servicio de seguridad pública tiene por objeto principal asegurar la tranquilidad, el orden público, así como prevenir la comisión de delitos y procurar la protección que la sociedad otorga a cada uno de sus miembros para la conservación de su persona, sus derechos y sus bienes."

Por su parte, el presidente municipal incumple lo dispuesto en el Reglamento Orgánico de la Administración Pública del municipio de Juárez, estado de Chihuahua, al no mantener la seguridad y tranquilidad y orden público, ni prevenir la comisión de delitos y proteger a las personas en sus derechos como lo dispone el artículo 35.

En consecuencia, es reprobable que las autoridades de Ciudad Juárez no están llevando a cabo las acciones necesarias para contener esta ola de violencia y mucho menos hayan adoptado las medidas necesarias para combatir eficazmente la impunidad respecto de los delitos que se están cometiendo en contra de quienes integran el sector del comercio y servicios.

Es innegable que Ciudad Juárez presenta problemas de inseguridad, calidad de vida y gobernabilidad y constituye desafortunadamente un ejemplo para otros municipios, no sólo en cuanto al aumento de la comisión de ilícitos del orden común y del fuero federal sino de la corrupción con la que actúan sus servidores públicos.

Lo anterior, permite inferir que la prevención y procuración de justicia en Ciudad Juárez ha sido deficiente, no solamente porque la capacidad de respuesta de las autoridades estatales y municipales frente al delito ha sido muy limitada, sino fundamentalmente porque el ambiente de impunidad que se vive en la región, ha sido propiciado por la complacencia de las autoridades estatales y municipales.

En consecuencia, resultaría necesario que en términos del artículo 5 de la Ley sobre el Sistema Estatal de Seguridad Pública, el gobierno de Chihuahua asumiera la prestación de los servicios de seguridad pública, en Ciudad Juárez por imposibilidad de la autoridad municipal para hacerse cargo de éstos por incapacidad administrativa.

Por lo expuesto, y con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el de la voz, en nombre los legisladores del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la LX Legislatura someto a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión condena la incapacidad que han demostrado las autoridades estatales y municipales de Chihuahua para hacer frente a la ola de violencia, extorsiones, secuestros y robos que se cometen por el crimen organizado en contra de quienes integran el sector del comercio y servicios, en Ciudad Juárez.

Segundo. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al gobernador del estado de Chihuahua, para que a través del titular de la Procuraduría de Justicia del estado, en el ámbito de sus atribuciones, ordene que en las averiguaciones previas iniciadas por los actos de extorsión y violencia que se han cometido en contra de quienes integran el sector del comercio y servicios en el municipio de Juárez, se realicen las investigaciones que sean necesarias para sancionar a los responsables, en términos de la legislación aplicable y, se vigile que no se cometan actos de corrupción que fomenten la impunidad.

Tercero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al presidente municipal de Ciudad Juárez, para que en términos del artículo 34 del Reglamento Orgánico de la Administración Pública del municipio de Juárez, estado de Chihuahua, informe a esta soberanía sobre las medidas que se han adoptado para prevenir la comisión de delitos de extorsión, secuestro, homicidio y robo en contra de quienes integran el sector del comercio y servicios en Ciudad Juárez.

Dado en el salón Legisladores de la República, sede de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, durante el primer receso del tercer año de ejercicio de la LX Legislatura, a 22 de diciembre de 2008.

Diputado Manuel Portilla Diéguez (rúbrica)
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LAS SECRETARÍAS DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES, Y DE SEGURIDAD PÚBLICA A IMPLANTAR UN PROGRAMA PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FÍSICA DE LOS USUARIOS EN CARRETERAS Y AUTOPISTAS NACIONALES EN LA TEMPORADA NAVIDEÑA, SUSCRITA POR EL DIPUTADO MANUEL PORTILLA DIÉGUEZ Y EL SENADOR JAVIER OROZCO GÓMEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PVEM

El diputado Manuel Portilla Diéguez y el senador Javier Orozco Gómez, integrantes de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, y del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en el artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el artículo 116 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentan la siguiente proposición con punto de acuerdo, con base en la siguiente.

Exposición de Motivos

El turismo ha sido, y es, una de las actividades económicas más dinámicas y con mayor potencial de crecimiento a nivel mundial.

México cuenta con una extraordinaria cantidad de atractivos naturales y socioculturales que lo convierten en uno de los principales destinos turísticos a nivel mundial. Por ello, de acuerdo con estadísticas de la Organización Mundial del Turismo (OMT), ocupa el octavo lugar en llegadas internacionales y el duodécimo en ingresos por concepto de turismo internacional.

Asimismo, según información de la Secretaría de Turismo "el mercado doméstico es de gran importancia dentro de la actividad turística, ya que se representa alrededor del 80 por ciento de la actividad turística del país".

México, al ser un país con gran riqueza cultural y arqueológica, dispone de infinitas posibilidades turísticas que permiten diversas actividades, a través, entre otros, de la red carretera nacional, la cual permite la comunicación entre los diversos puntos turísticos, y cuyo uso se incrementa durante los periodos vacacionales.

Por ejemplo, según la Secretaría de Turismo, "durante las vacaciones de Semana Santa del presente año, el 25.2 por ciento de los más de 103 millones de mexicanos viajó a algún lugar, y el 89 por ciento de los desplazamientos se realizó por carretera".

En este sentido, de la misma forma que se incrementa el flujo de vehículos a lo largo de la red carretera nacional, también se incrementa el número de accidentes de tránsito.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), de 1997 a 2007 el número de accidentes de tránsito aumentó en un 90 por ciento, con un registro de 248 mil 117 percances durante 1997, y 473 mil 045 incidentes en 2007. No obstante, debemos considerar que, si bien es cierto que los reportes de accidentes de tránsito han aumentado en 10 años, el número de percances durante 2006 y 2007 disminuyó en un 4.2 por ciento en diciembre, esto, de acuerdo a la información del INEGl, que en 2006 registró 42 mil 531 accidentes que, comparativamente con 2007, disminuyeron con mil 777 accidentes menos reportados.

Es importante notar que el aumento de accidentes de tránsito, de 1997 a 2007, no ha sido una constante en todas las entidades federativas. Ejemplo de ello es que en Sonora sólo aumentó el 12 por ciento el número de incidentes dentro de la demarcación. Caso contrario al estado de Morelos, donde aumento en un mil 280 por ciento, ya que en 1997 se reportaron 735 eventos, mientras que en 2007 se registraron 9 mil 411 percances. Esta información se refleja en la siguiente tabla.

Otro dato importante es que el total de víctimas fatales afortunadamente ha disminuido en un 8.3 por ciento de 1997 a 2007, según datos del mismo instituto.

Esto demuestra que la Secretaria de Comunicaciones y Transportes, la Secretaría de Seguridad Pública y la policía de tránsito de los diferentes estados han realizado acciones para dar seguridad a los paseantes. Sin embargo, es necesario redoblar esfuerzos para disminuir aun más el número de víctimas fatales.

De esta información debemos notar que, de acuerdo con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, el número de incidentes, tan sólo en carreteras federales, en el periodo de enero a agosto de 2007 fue de 20 mil 69; mientras que en el mismo periodo de 2008 se registraron 20 mil 87. Si consideramos que en 2006 el número de accidentes fue de 18 mil 879, y que el número de víctimas fatales ha aumentado en un 12.7 por ciento, es notable que hacen falta operativos que disminuyan estas cifras.

Es importante mencionar que dentro de la temporada navideña y de fin de año, que comprendió del 11 de diciembre de 2007 al 7 de enero de este año, hubo 321 muertos y mil 865 heridos en diversos accidentes en las carreteras del país.

En ese entonces, el inspector del Operativo Invierno, Samuel Rivera, comentó a diferentes medios de comunicación que, de acuerdo con el informe de siniestros, el número de accidentes se elevó 8 por ciento en las carreteras nacionales "debido a que cada año hay más vehículos que circulan en las carreteras".

Con el propósito de prevenir accidentes y salvaguardar vidas, en atención al mayor flujo de automóviles en la red carretera, el gobierno federal ha adoptado diversas acciones de seguridad, entre otras la implementación de operativos a través de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (Capufe) y de la Policía federal, pero no han sido suficientes.

Reconocemos la labor de las Secretarías de Comunicaciones y Transportes y de Seguridad Pública en esta materia; por ejemplo, en el operativo de Semana Santa 2008, hubo disminuciones marginales de 3.8 por ciento en el número de accidentes registrados a lo largo de la red carretera nacional; de igual forma, el número de lesionados tuvo una disminución de tres puntos porcentuales, y el número de personas que perdieron la vida, tuvo una disminución de 1.4 por ciento.

Por ello, y tomando en cuenta el índice de accidentes en carreteras durante los periodos de vacaciones, consideramos necesario que las Secretarías de Seguridad Pública y de Comunicaciones y Transportes refuercen las medidas para garantizar la seguridad de quienes utilizan la red carretera nacional durante este periodo vacacional de fin de año.

Exhortamos a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a que, por conducto de Capufe, refuerce el operativo de atención en este periodo vacacional de fin de año, ante la previsión de una mayor afluencia vehicular en sus plazas de cobro; así como, a que todas las unidades que prestan servicios de arrastre de vehículos, y de atención pre hospitalaria, se mantengan en alerta permanente.

Asimismo, exhortamos a la Secretaría de Seguridad Pública para que refuerce el dispositivo de vigilancia en la red de carreteras federales y que cubra las 47 rutas carreteras con las que cuenta el país, con la participación de agentes de la policía federal, a efecto de que se aumente la vigilancia y prevención en la red carretera, ya que durante el periodo de vacaciones de verano, en Durango por ejemplo, según información proporcionada por la Policía Federal Preventiva, este año se redujo la vigilancia y prevención en un 66 por ciento, en comparación con el 2007; pues de 201 mil kilómetros recorridos el año pasado, en este sólo se patrullaron 67 mil.

Por lo expuesto, y con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el de la voz, a nombre los legisladores del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la LX Legislatura, sometemos a consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a que refuerce el operativo de atención que brinda Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos en las carreteras federales, ante la previsión de una mayor afluencia vehicular en las plazas de cobro; así como, a que todas las unidades que prestan servicios de arrastre de vehículos y de atención pre hospitalaria se mantengan en alerta permanente.

Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Seguridad Pública a reforzar los operativos navidad y año nuevo que se implementen en la red de carreteras federales durante este periodo vacacional.

Tercero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Seguridad Pública Federal a coordinar esfuerzos con las Secretarías de Seguridad Pública en los estados para reforzar la vigilancia en la red carretera nacional, durante este periodo vacacional.

Dado en el salón Legisladores de la República, sede de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, durante el primer receso del tercer año de ejercicio de la LX Legislatura, a 22 de diciembre de 2008.

Diputado Manuel Portilla Diéguez (rúbrica)

Senador Javier Orozco Gómez (rúbrica)
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE EXHORTAR A LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA A INSTRUIR A LAS ESCUELAS PÚBLICAS DE LOS NIVELES BÁSICO Y MEDIO PARA FACILITAR LAS VISITAS A LOS MUSEOS COMO PARTE FUNDAMENTAL DE LA FORMACIÓN CULTURAL Y EDUCATIVA, SUSCRITA POR LOS DIPUTADOS ALEJANDRO LANDERO GUTIÉRREZ, MARÍA DE LAS NIEVES NORIEGA BLANCO VIGIL Y MARGARITA ARENAS GUZMÁN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN

Los suscritos, diputados federales Alejandro Landero Gutiérrez, María Elena de las Nieves Noriega Blanco Vigil y Margarita Arenas Guzmán, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta Asamblea, la proposición con punto de acuerdo por el que esta LX Legislatura exhorta a los gobiernos federal y los de las 32 entidades federativas para fomentar el uso y aprovechamiento de los museos del país para fortalecer de manera integral la educación de los alumnos de nivel básico y medio superior.

Consideraciones

El museo es definido por la Real Academia de la Lengua Española como el "edificio o lugar destinado para el estudio de las ciencias, de las letras humanas y artes liberales" y como el "lugar donde, con fines exclusivamente culturales, se guardan y exponen objetos notables pertenecientes a las ciencias y artes...".

Por lo tanto el museo es un vehículo educativo, que sirve al descubrimiento y a la afirmación de la identidad nacional, donde se incluyen obras moral y espiritualmente edificantes.

El concepto de los museos como actualmente los conocemos, nace en Europa, durante la Ilustración en la segunda mitad del siglo XVIII, siendo en París en 1793, teniendo acceso el público a las colecciones reales del Louvre.

En México fue hasta la época de Independencia, cuando el primer presidente de la Republica Mexicana, Guadalupe Victoria, dictó un acuerdo con el cual se creó el primer Museo Nacional (18 de marzo de 1825), con la misión de recopilar la memoria histórica y cultural del nuevo México que estaba en proceso de construcción.

Las piedras esculpidas de las culturas prehispánicas fueron parte de la primer etapa de recolección del Museo Nacional Mexicano (1826), abriendo un espacio para los retratos de virreyes, es así como comienza a crearse una colección más integra y plural, pero aún insipiente para el rico bagaje de la cultura mexicana.

Durante más de cien años, el entonces, Museo Nacional de Arqueología, Historia y Etnografía, incrementó de manera notable su acervo, sin embargo no operaba con normalidad, estando limitada a los intereses de los grupos políticos en el poder, siendo hasta la llegada del general Lázaro Cárdenas que el museo tuvo cauces institucionales; de igual forma, se creó el Instituto Nacional de Antropología e Historia (1939) y el Museo Nacional de Historia del Castillo de Chapultepec, dividiendo el acervo obtenido, en rubros correspondientes a las temáticas que tratase cada museo.

En 1977, el Consejo Internacional de Museos (ICOM, por sus siglas en inglés), que a su vez depende de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO, por sus siglas en inglés), declaró el 18 de mayo como el Día Internacional del Museo, siendo México uno de los ciento noventa y tres Estados miembro de la UNESCO, por lo que desde hace 31 años dicho día es celebrado en nuestro país.

Actualmente los museos de México cuentan con un gran acervo a nivel nacional, que incluyen temas como: Arte, ciencia, tecnología, historia, temas particulares (cera, minería, electricidad), arqueológicos, de personajes, medio ambiente, entre otros.

Éstos están abiertos al público con costos sumamente accesibles e incluso, de forma gratuita para estudiantes y académicos, convirtiéndose en centros de educación que no buscan el lucro y que proporcionan conocimientos complementarios para la educación y formación de los mexicanos, que no pueden ofrecer las instituciones educativas, sean públicas o privadas. Asimismo tienden el puente de acceso al patrimonio artístico de la nación y del mundo.

En México se tienen registrados 1150 museos, contando con 143 de ellos en la Ciudad de México, por lo que se le considera la cuarta ciudad del mundo con más museos. Sin embargo, la cantidad de visitantes a los museos en México ha disminuido, lo que resulta preocupante debido a que los objetivos de los museos, como: educar, formar, crear un reconocimiento de la identidad, conservar y difundir la memoria colectiva, quedan sumamente acotados y sólo para aquellos interesados de forma personal, perjudicando la difusión y creación de la cultura mexicana y del resto del mundo.

Datos de algunos museos que pertenecen a la Asociación Mexicana de Museos y Centros de Ciencia y Tecnología, que alberga veinticuatro museos de México, revelan que en lapsos de sólo seis meses, durante el 2008, la afluencia de visitantes bajo significativamente, llegándose a calcularse en hasta un 50 por ciento de descenso; hace tan sólo 3 años (en 2005), se recibía a más de medio millón de visitantes, siendo que actualmente y hasta septiembre, sólo se recibieron a menos de 300 mil visitantes, lo que refleja la ausencia de alumnos de todos los niveles, catedráticos y visitantes en general y su consecuente desvinculación de los aportes que ofrecen los museos de México.

Alumnos de primaria y secundaria, tienen en promedio a nivel nacional, 7 y 12 materias, respectivamente, siendo consecuentemente natural que exista un enfoque prioritario a cada una de las materias sin tener espacio para actividades complementarias que son necesarias para una formación cultural y educativa integra.

Así mismo no existen programas diseñados para impulsar de manera permanente el uso y aprovechamiento de los museos del país.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración del Pleno de esta asamblea, la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Único. La honorable Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Educación Pública a que instruya a las escuelas públicas del país, de nivel básico y medio, a facilitar la visita de los museos como parte fundamental de la formación cultural y educativa.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 22 de diciembre de 2008.

Diputados: Alejandro Landero Gutiérrez, María Elena de las Nieves Noriega Blanco Vigil, Margarita Arenas Guzmán (rúbricas).
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE SOLICITA LA COMPARECENCIA DEL SECRETARIO DE ECONOMÍA PARA QUE EXPLIQUE LAS MEDIDAS DE DESGRAVACIÓN ARANCELARIA PUBLICADAS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 16 DE DICIEMBRE DE 2008, SUSCRITA POR EL SENADOR ELOY CANTÚ SEGOVIA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI

Eloy Cantú Segovia, Fernando Jorge Castro Trenti, Renán Cleominio Zoreda Novelo, Rogelio Humberto Rueda Sánchez, Ramiro Hernández García, Francisco Herrera León y Jesús Garibay García, senadores de la República en la LX Legislatura, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de la Comisión Permanente la presente proposición con punto de acuerdo para solicitar la comparecencia del secretario de Economía, a fin de que explique las medidas de desgravación arancelaria publicadas en el Diario Oficial el pasado 16 de diciembre de 2008, y presente el informe que sobre esa misma materia le ha solicitado previamente el Senado de la República.

Punto de Acuerdo

Que, dada su naturaleza, solicitamos que sean tramitados como asuntos de urgente y obvia resolución:

Primero. Se cita a comparecer ante esta Comisión Permanente al secretario de Economía, a fin de que explique la motivación, fundamentación y los efectos que fueron considerados para realizar la reducción de diversos aranceles de la tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación, así como las razones por las que no fue atendida la petición que formulara mediante exhorto el Senado de la República, en el sentido de consultar directamente la opinión de los sectores productivos involucrados y determinar la posible existencia de subsidios o prácticas de competencia desleal en otras economías que afectaran directamente a la planta productiva nacional.

Segundo. Se solicita a la Secretaría de Economía, con carácter urgente, el informe pormenorizado de las razones que llevaron a poner a la consideración de la Comisión de Comercio Exterior, y posteriormente publicar el decreto correspondiente a la eliminación del arancel para distintos aceites vegetales, así como las consecuencias económicas y comerciales que dicha reducción traerá consigo y la afectación a los sectores productivos involucrados.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el día 22 de diciembre de 2008.

Senadores: Eloy Cantú Segovia (rúbrica), Fernando Jorge Castro Trenti, Renán Cleominio Zoreda Novelo, Ramiro Hernández García, Rogelio Humberto Rueda Sánchez, Jesús Garibay García, Francisco Herrera León.
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE QUE SE INVITE AL SECRETARIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO A UNA REUNIÓN CON LA FINALIDAD DE ANALIZAR EL PANORAMA Y FUTURO DE LA ECONOMÍA MEXICANA PARA 2009, A CARGO DEL DIPUTADO IZTCÓATL TONATIUH BRAVO PADILLA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD

Los diputados y senadores abajo firmantes, integrantes de diversos grupos parlamentarios del Congreso de la Unión de la LX Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en el segundo párrafo del artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en el artículo 53 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de la Comisión Permanente proposición con punto de acuerdo, en atención de las siguientes

Consideraciones

Primera. La inestabilidad en los mercados financieros originada por la crisis de los créditos "subprime" de agosto de 2007 ha desembocado en una crisis sistémica del crédito y el sistema de pagos en Estados Unidos, no obstante los esfuerzos de diversos bancos centrales en el mundo.

Segunda. En septiembre de 2008, la desaparición de los mayores bancos de inversión del mundo marcó un acelerado declive en las perspectivas sobre la actividad económica en la mayor economía del mundo, causada, principalmente, por la pérdida de confianza entre las Instituciones bancarias y la consiguiente disminución de la disponibilidad de crédito para las empresas y las personas.

Tercera. En octubre, el gobierno federal envió un alcance a los Criterios Generales de Política Económica, sobre los que se construyen la Ley de Ingresos de la Federación (LIF) y el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para el Ejercicio Fiscal de 2009.

En este alcance se consideraron los siguientes cambios:

Cuarta. Las expectativas de crecimiento de la economía mexicana se han deteriorado considerablemente y hay estimaciones de que la cifra será negativa. El precio del barril del petróleo nacional ha rondado los 36.3 dólares, aun cuando la época invernal se espera complicada. Este precio es ligeramente superior a la mitad del presupuestado en la LIF.

Quinta. La evolución de la economía mundial y de los indicadores clave en la presupuestación ha sido negativa, el tipo de cambio se ha depreciado hasta llegar a niveles que rondan los 13.5 pesos por dólar, aún con la intervención del Banco de México.

Sexta. Se estima que la pérdida de empleos en el sector manufacturero alcanzará 120 mil a escala internacional, entre los cuales están trabajadores de la industria automotriz del país. Lo anterior, se agrava ya que existe incertidumbre sobre el funcionamiento de un eventual rescate por parte de las Cámaras de Representantes y el Senado de Estados Unidos para inyectar recursos a sus tres grandes armadoras.

Séptima. El paquete de estímulo y rescate que se aprobó en Estados Unidos por más de 800 mil millones de dólares ha enfrentado diversos problemas de implantación.

En México se anunció el año pasado un programa de infraestructura que no será suficiente para contrarrestar la pérdida de empleos y la desaceleración de la economía, se ha señalado, además, problemas para su pronta implementación.

Octava. La inflación registrada en noviembre ha sido la mayor: 6.23 por ciento en términos anuales de los últimos cinco años.

Novena. Los planes de estímulo implementados por distintas naciones no han dado resultados favorables. Las recientes bajas, prácticamente generalizadas, de las tasas de interés de referencia junto con agresivos planes de gasto como el de Reino Unido.

Por ello, los suscritos consideramos de vital importancia la celebración de una reunión entre el secretario de Hacienda y Crédito Público y la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, con la finalidad de analizar el panorama y futuro de la economía mexicana para 2009 ante la presente crisis financiera y económica internacional.

Por lo expuesto y fundado, se somete a consideración de la Comisión Permanente el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se solicita a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión que, con fundamento en lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en el artículo 53 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, invite al secretario de Hacienda y Crédito Público, Agustín Guillermo Carstens Carstens, a una reunión con la finalidad de analizar el panorama y futuro de la economía mexicana para 2009, ante la presente crisis financiera y económica internacional.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 22 de diciembre de 2008.

Diputado Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla (rúbrica)
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE EXHORTAR AL TITULAR DE LA SEMARNAT A DENEGAR LA AUTORIZACIÓN DEL PROYECTO PISTA COYOTILLOS PORQUE REPRESENTA UN RIESGO PARA LA RANA DE MADRIGUERA, SUSCRITA POR EL DIPUTADO MANUEL PORTILLA DIÉGUEZ Y EL SENADOR JAVIER OROZCO GÓMEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PVEM

El diputado Manuel Portilla Diéguez y el senador Javier Orozco Gómez, legisladores a la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en los artículos 4, párrafo cuarto, y 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 116 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 58, 59, 60 y 176 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y demás disposiciones jurídicas aplicables, se permiten someter, como de urgente y obvia resolución ante esta honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

Como institución política y entidad de interés público, uno de los principales objetivos del Partido Verde Ecologista de México, es la preservación de los elementos naturales que integran los ecosistemas; por ello, en reiteradas ocasiones hemos destacado la responsabilidad de conservar y proteger nuestros recursos naturales.

México, China, India, Colombia y Perú, albergan entre el 60 por ciento y el 70 por ciento de la diversidad biológica conocida en el planeta.

Nuestro país ocupa el primer lugar en el mundo en riqueza de reptiles, el segundo en mamíferos y el cuarto en anfibios y plantas. La diversidad biológica de nuestro país se caracteriza por estar compuesta de un gran número de especies endémicas, es decir, que son exclusivas al país. Aproximadamente el 50 por ciento de las especies de plantas que se encuentran en nuestro territorio son endémicas; esto se traduce en aproximadamente 15 mil especies que, si desaparecieran en México, desaparecerían del planeta. Los reptiles y anfibios tienen una proporción de especies endémicas de 57 por ciento y 65 por ciento, respectivamente, y los mamíferos (terrestres y marinos) de 32 por ciento.¹

Sobre el particular resulta de gran importancia el caso de los anfibios: ranas, sapos, salamandras y cecilias. De acuerdo con el estudio de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad intitulado La diversidad biológica de México: estudio de país, en nuestra nación se encuentran 290 especies de anfibios, de las cuales 174 son endémicas.

En términos porcentuales los anfibios constituyen el 7 por ciento del total de las especies registradas en el país. De éstas, el 60 por ciento son endémicas, lo que da muestra de su singular importancia y explica por qué México tiene el cuarto lugar mundial en riqueza biológica de este grupo de vertebrados.² Cabe destacar que durante el periodo que comprende entre 1980 y el 2004, en América se extinguieron 5 especies de anfibios.³ Los principales factores de declinación de los anfibios son la pérdida de hábitat (fragmentación), enfermedades, elementos contaminantes, cambio climático, limitado rango de distribución y limitada habilidad para dispersarse.

Ahora bien, el tema por el cual ocurro ante esta tribuna, es el grave peligro de extinción en el que se encuentra la rana de madriguera (Smilisca dentata),⁴ Anfibio endémico de nuestro país que hasta antes de una revisión taxonómica había sido clasificado dentro del género Pternohyla⁵ Esta especie de rana, tiene como características distintivas que en la punta de los dedos presenta un ensanchamiento en forma de disco, que es adhesivo, lo cual le permite trepar y sostenerse en superficies lisas.

En el caso de los machos, esta especie mide 6.2 centímetros; mientras que en las hembras el tamaño promedio es de 6.5 centímetros. Aunque el color más común es el verde brillante, con manchas café de diferentes formas, puede presentar otras tonalidades de verde, mientras que el vientre puede ser amarillo crema o blanco. La cabeza es ancha y larga, su cuerpo es robusto y la boca es tan amplia que casi toca los tímpanos.⁶Su principal alimento son los insectos, en particular escarabajos, chapulines y mariposas nocturnas.

El hábitat de la rana de madriguera (Smilisca dentata), se limita a las zonas de pastizales inundables, donde la formación de encharcamientos favorece su reproducción. Al ser una rana de hábitos cavadores, en temporada de estiaje se refugia dentro de galerías construidas en suelos arcillosos, las cuales tienen una profundidad aproximada de 30 centímetros y una longitud de hasta 5 metros.

Durante la época de lluvias intensas, la rana de madriguera sale de la galería para aparearse: "los machos llaman a las hembras desde el interior de estanques temporales o en terrenos inundados que no superan los 30 centímetros de profundidad, ya sea desde la orilla o dentro del estanque donde emiten su reclamo flotando".⁷ Una vez que los huevos son depositados en el agua y disgregados en el fondo del estanque transcurren entre cuatro y cinco semanas para que los renacuajos nazcan.

De acuerdo con las observaciones de campo realizadas por el maestro en ciencias Gustavo E. Quintero Díaz, presidente de Conservación de la Biodiversidad del Centro de México, AC, con sede en el Estado de Aguascalientes, al salir del estanque los renacuajos no han completado su metamorfosis pues todavía tienen el 60 por ciento de su cauda.

De conformidad con la norma oficial mexicana NOM-059-SEMARNAT-2001, "Protección ambiental-especies nativas de México de flora y fauna silvestres-categorías de riesgo y especificaciones para su inclusión, exclusión o cambio-lista de especies en riesgo", la Smilisca dentata, pese a que está en peligro crítico de extinción, está clasificada como especie amenazada. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 58, inciso b), de la Ley General de Vida Silvestre, las especies amenazadas son aquellas que "podrían llegar a encontrarse en peligro de desaparecer a corto o mediano plazos, si siguen operando los factores que inciden negativamente en su viabilidad, al ocasionar el deterioro o modificación de su hábitat o disminuir directamente el tamaño de sus poblaciones".

Asimismo, en la Lista roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), la especie se ha catalogado como "en peligro" porque se encuentra en un área geográfica de distribución menor a los 100 kilómetros cuadrados en la que el terreno está severamente fragmentado.⁸

Un aspecto singular y por demás sorprendente de esta rana es su distribución, pues aún cuando la mayoría de las ranas arborícolas de la familia Hylidae se localizan en climas tropicales, en México la rana de madriguera (Smilisca dentata) se encuentra en un área de menos de 100 kilómetros cuadrados de superficie. Esto la hace la especie con la distribución geográfica más restringida de las ranas arborícolas registradas en México. Muy a pesar de que se tenían registradas sólo 8 localidades en que se distribuía; las últimas observaciones de campo, llevadas a cabo en el periodo 2002-2007, revelan que sólo se observaron ejemplares en 2 localidades. Una al sur de la población Villa Hidalgo, Jalisco, donde se reportó la presencia de tan sólo tres individuos de ranas de madriguera, lo que sugiere que esta población está a punto de extinguirse, mientras que la otra localidad se ubica en el poblado de Buenavista de Peñuelas, Municipio de Aguascalientes, Aguascalientes, donde se encuentra una población que en los dos últimos años se ha logrado reproducir con éxito, no obstante que el número de individuos ha demostrado un decremento significativo por las patentes amenazas a su conservación. Sin embargo, la principal amenaza en Buenavista de Peñuelas es, como en todos los casos, la actividad antrópica, como el cambio en el uso de suelo para actividades ganaderas, agrícolas y urbanas así como la construcción de vías de comunicación.

Según los monitores realizados para la especie dentro del poblado de Buenavista de Peñuelas, en 2005 la población era de 397 ejemplares, para el 2006 había disminuido a 256 ejemplares y, pese a que para el 2007 se cuantificaron 426 ejemplares, en un solo periodo de ese año la población decreció en 126 individuos; para 2008 no se tiene aun un registro de los individuos que integran esta población de la Smilisca dentata; no obstante hasta el mes de agosto se habían realizado 3 muestreos en la zona, los cuales se registraron por lo menos 50 ranas atropelladas; esto debido a que el hábitat se fragmentó por el paso de una carretera. Aunado a lo anterior, los predios donde habita la rana son destinados para actividades agrícolas y pecuarias, lo que provoca la compactación del suelo y su acidez, en detrimento de la especie.

No obstante lo anterior, el Partido Verde Ecologista de México ha sido incisivo en la preservación de la Smilisca dentata y su hábitat, por lo que el pasado día 23 de enero de 2008, los diputados Manuel Portilla Diéguez y Sergio Augusto López Ramírez, presentaron ante la Comisión Permanente de este Congreso de la Unión, una propuesta con punto de acuerdo relativo a la creación del área natural protegida "Santuario de la rana de madriguera (Smilisca dentata)", en el ejido de Buenavista de Peñuelas, municipio de Aguascalientes, Aguascalientes; del mismo modo, el 21 de febrero del 2008, el diputado Juan Gaytán Mascorro, presentó ante la Sexagésima Legislatura del estado de Aguascalientes la proposición con punto de acuerdo relativa la creación de un área natural protegida "Santuario de la rana de madriguera". Asimismo, el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2009, aprobado por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de noviembre del 2008, dentro del Ramo 16, Medio Ambiente, se destino la cantidad de dos millones de pesos al gobierno de Aguascalientes para que por medio del Instituto de Medio Ambiente del estado, ejecute el proyecto de inversión denominado "Protección y conservación de la rana de madriguera (Smilisca dentata)", cuyos objetivos son

La Pista Coyotillos es un proyecto que consiste de la construcción de una pista de carreras tipo Nascar, que se ubicará en un predio de 59.302 hectáreas. Las actividades que comprenden el cambio de uso de suelo consistirán en desmonte, relleno y nivelación del terreno y recubrimiento en algunas zonas con pavimento para el estacionamiento y camino de acceso. Cabe señalar que el óvalo de la pista está en construcción, ya que estas actividades se desarrollan sobre la zona que había sido destinada a cultivo y no presenta vegetación.

El proyecto se ubica sobre la carretera que comunica a Tanque de los Jiménez, cerca del entronque al boulevard que va del aeropuerto de la ciudad hacia la población de Peñuelas.

El total de las 59.302 hectáreas se destinarán a las actividades relacionadas con las carreras de autos, como es una pista, graderías, estacionamiento, áreas de vestidores, etcétera, todas ellas consideradas permanentes, por lo que corresponden al 100 por ciento del total del polígono.

Vale mencionar que en la manifestación de impacto ambiental del proyecto, sujeta a evaluación de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), el propio promovente reconoce que el proyecto se ubica a 550 metros al norte y 115 metros al oriente de la poligonal en que ha sido registrada la población de Smilisca dentata en Peñuelas. Del mismo modo, señala que, "los cuerpos de agua de mayor importancia cercanos al proyecto son un bordo y una pequeña escorrentía localizados al este del polígono, los cuales se encuentran aproximadamente a 200 metros del proyecto. En los alrededores del área es posible observar en su mayoría zonas adecuadas para la captación de agua (bordos). Al este y norte del polígono se detectaron dos zonas de inundación que no son permanentes, ya que solo captan pequeñas cantidades de agua en época de lluvias debido al desnivel del terreno".

Resulta inaceptable establecer que la obra no tendrá impacto acumulativo sobre la población de rana de madriguera, aun cuando se encuentra a una distancia de menos de un kilómetro; los argumentos vertidos por el promovente carecen de certeza y credibilidad, pues el sólo hecho de que los eventos no se realizaren en época de lluvias o por la noche, no son los suficientemente valederos para respaldar la hipótesis de que la población de Smilisca dentata no sufrirá afectación. Resulta totalmente obligatorio que durante la evaluación de impacto ambiental del proyecto, la Semarnat considere todo lo relacionado con los ciclos biológicos, desplazamientos y distribución natural de la rana de madriguera (Smilisca dentata).

Los argumentos expuestos bastan para acreditar que la Smilisca dentata es una especie microendémica cuya única población viable se localiza en Peñuelas, Aguascalientes, en predios contiguos a los del proyecto Pista Coyotillos; que la especie se encuentra catalogada por la NOM-059-SEMARNAT-2001 como amenazada, sugiriéndose que su estado real es en peligro de extinción, ya que actualmente quedan sólo unos cientos de ejemplares; por lo que la fracción III del artículo 35 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente Claramente establece:

En virtud de que la rana de madriguera es una especie en riesgo, cuyas únicas poblaciones se encuentran en peligro de de desaparecer, al amparo del artículo 60 de la Le General de Vida Silvestre, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales se encuentra obligada a promover el desarrollo de proyectos de conservación y recuperación, el establecimiento de medidas especiales de manejo y conservación de hábitat críticos y de áreas de refugio para proteger la especie dentro de las siguientes poligonales:

Considerando que la rana de madriguera podría extinguirse por la construcción de la Pista Coyotillos, sometemos a consideración de esta honorable asamblea, para su aprobación como de urgente y obvia resolución, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a decretar, por medio de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, como área de protección de flora y fauna la superficie donde se asienta la rana de madriguera Smilisca dentata en el poblado de Peñuelas, Aguascalientes, Aguascalientes.

Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a negar, por medio de la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental, y al amparo de lo establecido por el artículo 35, fracción III, inciso b), de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, la autorización en materia a de impacto ambiental del proyecto denominado Pista Coyotillos, promovido por la empresa Maquinaria y Construcciones Cafa, SA de CV, en virtud de que su ejecución representa un grave riesgo para que la rana de madriguera (Smilisca dentata) se extinga.

Tercero. De conformidad con el numeral 6 de las bases de participación de la consulta pública del proyecto denominado Pista Coyotillos, la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión remite íntegramente el presente documento a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para que sea considerado por la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental, como observaciones y propuestas al proyecto Pista Coyotillos, como parte de su consulta pública.

Cuarto. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a los titulares del Poder Ejecutivo del estado de Aguascalientes y del municipio de Aguascalientes a reevaluar los permisos y autorizaciones otorgados a la empresa Maquinaria y Construcciones Cafa, SA de CV, para la construcción de la Pista Coyotillos, considerando el grave impacto que tendrá sobre la última población viable conocida de la rana de madriguera (Smilisca dentata).

Notas
1. Neyra Lucila, y Durand Leticia. 1998. "Biodiversidad". Parte II. Recursos naturales. La diversidad Biológica de México: estudio de país. Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, México, pp. 84, 91 y 92.
2. Idem.
3. Young et al., 2004.
4. En el estado de Jalisco esta especie se conoce como sapo pinto.
5. La antigua clasificación se atribuye a Smith, 1957.
6. Quintero Díaz, Gustavo E. et. al. "Una rana arborícola que vive en túneles". Especies. Revista sobre conservación y biodiversidad. Naturalia, AC, marzo-abril de 2007, p. 27.
7. Quintero Díaz, Gustavo E. "Propuesta de protección de una población del anuro endémico del centro del país (Smilisca dentata) en peligro de desaparecer". México, enero de 2008 (mimeo).
8. Unión Internacional para la Conservación. "V. Criterios para las categorías en peligro critico, en peligro y vulnerable". Categorías y criterios de la Lista roja de la UICN. Versión 3.1, aprobado en la quincuagésima primera reunión del consejo de la UICN, Suiza, 9 de febrero de 2000, p. 17.

Dado en el salón Legisladores de la República, en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, a los veintidós días del mes de diciembre del año dos mil ocho.

Diputado Manuel Portilla Diéguez (rúbrica)

Senador Javier Orozco Gómez
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE SOLICITA AL EJECUTIVO FEDERAL QUE REMITA A TRAVÉS DE PETRÓLEOS MEXICANOS, EN UN PLAZO NO MAYOR DE OCHO DÍAS, UN INFORME DETALLADO SOBRE LOS TÉRMINOS DE LA CONTRATACIÓN PARA LA PERFORACIÓN DE POZOS PETROLEROS EN CHICONTEPEC, A CARGO DEL DIPUTADO CUAUHTÉMOC VELASCO OLIVA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE CONVERGENCIA

El suscrito, diputado federal integrante del Grupo Parlamentario de Convergencia de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con base en los artículos 23, numeral 1, inciso f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de la soberanía proposición con punto de acuerdo mediante el cual la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión solicita al Ejecutivo federal que remita un informe detallado e inmediato, a través del director de Petróleos Mexicanos, sobre los términos de la contratación para la perforación de pozos petroleros en Chicontepec, donde incluya el fundamento legal para su otorgamiento y los montos que comprenden las licitaciones, así como los datos técnicos de los pozos, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El pasado 16 de diciembre de 2008, Petróleos Mexicanos (Pemex), publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF), a través de Pemex Exploración y Producción, la licitación pública internacional número 18575051-044-08, con la que contratará los trabajos de perforación y terminación de 500 pozos de desarrollo que permitirán incrementar la producción de hidrocarburos, como parte de las acciones que se llevan a cabo para intensificar la actividad exploratoria en el paleocanal de Chicontepec.

Conforme a la información de Petróleos Mexicanos, se tiene el propósito de convertir Chicontepec en una cuenca que pueda producir entre 550 mil a 600 mil barriles diarios hacia 2021, lo que, según la paraestatal, representa un reto logístico y de capacidad de ejecución extraordinario, que requerirá del desarrollo y administración de tecnologías especializadas que incrementen la productividad por pozo y reduzca costos.

El 18 de diciembre de 2008, Pemex Exploración y Perforación publicó la licitación pública internacional número 18575051-046-08, ambas licitaciones, según la paraestatal, conforme a los Tratados de Libre Comercio y con la que suman mil los pozos a perforar.

Las referidas licitaciones llaman la atención, pues a poco más de un mes de haberse publicado la reforma a la paraestatal, el gobierno federal ratifica su propósito de dar paso a la inversión privada en áreas estratégicas, como es el caso del petróleo.

De acuerdo con el artículo 27 de nuestra Carta Magna, "tratándose del petróleo y de los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos no se expedirán concesiones y la ley reglamentaria respectiva determinará la forma en que la nación llevará a cabo las explotaciones de esos productos".

A pesar de la reforma energética recientemente aprobada, dicha disposición constitucional sigue vigente y con ella se mantienen los siguientes principios: 1. La propiedad originaria de la nación; 2. La exclusividad de la nación en materia petrolera; y 3. La consecuente prohibición de no otorgar concesiones tratándose de petróleo conforman la base la política nacionalista en materia de petróleo.

En el mismo cuerpo de la Constitución, particularmente en el artículo 25, se reconocen estos principios al señalar con claridad que "el sector público tendrá a su cargo de manera exclusiva las áreas estratégicas que se señalan en el artículo 28, párrafo cuarto, de la Constitución, manteniendo siempre el gobierno federal la propiedad y el control sobre los organismos que en su caso se establezcan".

Esas áreas estratégicas son delimitadas en el artículo 28 constitucional: correos, telégrafos, radiotelegrafía, petróleo y los demás hidrocarburos, petroquímica básica, minerales radiactivos y generación de energía nuclear, electricidad y otras que señala el Congreso.

Por ello, cuando se aprobaron las iniciativas en materia energética, subrayamos la precipitación del gobierno federal, con los Partidos Acción Nacional y Revolucionario Institucional, por aprobar en nuevo esquema bajo el cual habrá de desenvolverse Petróleos Mexicanos.

Por eso, el 27 de agosto presentamos una iniciativa ciudadana de reforma energética que vino a cerrar el paso a los intentos privatizadores y le dio un giro radical a los debates al plantear el fortalecimiento de Petróleos Mexicanos como un organismo del Estado mexicano, y como palanca del desarrollo nacional, pero sobre todo al proponer que la industria petrolera se mantenga como patrimonio exclusivo e irrenunciable de México.

Hoy, como en su momento lo señalamos, evidentemente se ganó mucho. Las iniciativas del titular del Ejecutivo federal y las que posteriormente presentó el Partido Revolucionario Institucional, que pretendían que el despojo se legalizara lo antes posible, fueron modificadas radicalmente en sus objetivos privatizadores.

Querían una reforma sin debate, pero el Frente Amplio empujó para que ese debate pudiera darse y alcanzara a todos los rincones del país.

La reforma que se sometió al Congreso de la Unión representó un triunfo para el movimiento nacional por la defensa del petróleo y para millones de mexicanos que se manifestaron de muy diversas maneras y en forma categórica para revertir la tendencia privatizadora de Petróleos Mexicanos.

Se derrotó la pretensión de aplicar contratos de riesgo. En torno a la autonomía presupuestal, se echó abajo la intención de que la Secretaría de Hacienda continuara aprobando inversiones y modificaciones al presupuesto de Petróleos Mexicanos. También nos opusimos a que Petróleos Mexicanos (Pemex) se sujetara a tribunales internacionales y lo logramos. Se logró que la Auditoría Superior de la Federación vigilara en todo momento los procesos de licitación y que los contratos que suscriba Pemex sean del conocimiento y acceso públicos.

Por ello, Convergencia estuvo de acuerdo en cinco de los 7 dictámenes y los respaldó totalmente con su voto. Sin embargo, prevalecieron lagunas, imprecisiones y ambigüedades que, denunciamos abiertamente, abrirían la puerta a posibles futuros intentos privatizadores y porque a nuestro juicio dan lugar a interpretaciones a conveniencia y a negocios con alto grado de corrupción para beneficio de unos cuantos.

Uno de los peligros latentes para la industria petrolera es la pretensión del gobierno de Calderón, plasmada en la fracción VII del artículo 60 de la Ley de Pemex, de licitar bloques o áreas completas a un solo contratista para actividades de exploración y producción de hidrocarburos.

Los vacíos y omisiones detectados en la nueva Ley de Petróleos Mexicanos permitirían al gobierno y a quienes lo apoyaron a cumplir sus compromisos con las grandes empresas trasnacionales para hacerse de la riqueza petrolera nacional.

Hoy, esas advertencias las comprobamos con el anuncio de Petróleos Mexicanos para la perforación de 500 pozos petroleros en Chicontepec.

Con cientos de pozos en estos 5 años, más los de años anteriores, se ha podido llegar a una producción en Chicontepec de 22 mil barriles diarios oficialmente reportados para el promedio de 2007. Extraoficialmente, se habla de 30 mil barriles diarios actualmente; lo que representa el 3 por ciento de la producción nacional. Una razón por la que la producción aumenta lentamente pese al gran número de perforaciones es que el rendimiento inicial por pozo es bajo, pero sobre todo que la declinación de la producción es rápida.

Si comparamos la producción de Chicontepec con una zona en la que se invierte mucho menos, es decir, el litoral de Tabasco, podemos ver que pese a que la exploración nos indica 100 por ciento de perforaciones positivas, la realidad es que se redujo la producción de 16 perforaciones en 2006 a sólo 6 en 2007.

Lo anterior, a pesar de que el número de perforaciones es muy inferior que las de Chicontepec: en litoral de Tabasco se extrajeron 143 mil barriles diarios en 2006. Si lo comparamos con los 22 mil de Chicontepec, ya en 2007, en el primer caso, con un número muchísimo más bajo de perforaciones, tenemos que la producción fue 6.5 veces más que en el segundo (Chicontepec). Se trata pues de un derroche, destinando los mayores recursos a una zona muy poco productiva.

Pese a esta información, se dice que se aumentará la producción por pozo inyectando nitrógeno y se convoca a otro concurso al respecto (Boletín de Petróleos Mexicanos número 210 del 9 de diciembre). Desafortunadamente el ejemplo de Cantarell con el nitrógeno muestra que se camina hacia el desastre.

En el tercer trimestre de 2008 el envío de gas a la atmósfera representó 19.2 por ciento de la producción total de gas natural, principalmente como resultado del incremento en producción de gas con alto contenido de nitrógeno en la región marina noreste, al haberse rebasado la capacidad instalada para el manejo de gas natural, señala el reporte de resultados financieros de Pemex, al 30 de septiembre de 2008, fechado el 30 de octubre de este mismo año, página 3. Sobre el particular, cabe aclarar que el gas que se envió a la atmósfera fue quemado, como se hace habitualmente.

Se quemó casi una quinta parte de la producción de gas natural, porque el gas está contaminado por el nitrógeno. ¡Y esta situación la quieren repetir en Chicontepec! Evidentemente, Petróleos Mexicanos se encamina de un desastre a otro.

En realidad, como se denunció al aprobarse la reforma a Petróleos Mexicanos, los únicos que van a ganar, como sucede hasta ahora en Chicontepec, son las transnacionales que "ganan" los concursos. A ellos se les paga, haya más o menos producción.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta soberanía proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión solicita al Ejecutivo federal remita en un plazo no mayor a 8 días un informe detallado e inmediato a través del director de Petróleos Mexicanos sobre los términos de la contratación para la perforación de pozos petroleros en Chicontepec, donde incluya el fundamento legal para su otorgamiento y los montos que comprenden las licitaciones, así como los datos técnicos de los pozos.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 22 de diciembre de 2008.

Diputado Cuauhtémoc Velasco Oliva (rúbrica)
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, PARA EXHORTAR AL EJECUTIVO FEDERAL, Y A LOS GOBIERNOS DE LOS ESTADOS, AL DEL DISTRITO FEDERAL Y A LOS DE LOS MUNICIPIOS A IMPULSAR DESDE SUS RESPECTIVOS ÁMBITOS DE COMPETENCIA LA CONMEMORACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL DEL MIGRANTE, EL 18 DE DICIEMBRE, A CARGO DEL SENADOR ÁNGEL ALONSO DÍAZ-CANEJA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN

El que suscribe, Ángel Alonso Díaz Caneja, senador integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LX Legislatura al Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al Ejecutivo federal, gobiernos estatales, Distrito Federal y municipios a que impulsen, desde sus respectivos ámbitos de competencia, la conmemoración del Día Internacional del Migrante, el 18 de diciembre; así como un exhorto a la Secretaría de Gobernación para que, a través del Instituto Nacional de Migración, envíe al Senado de la República un informe sobre la cantidad de migrantes mexicanos que visitaron el territorio nacional durante 2008, el número de connacionales que se quedó a residir en el país, el de visitantes que ingresaron en el periodo vacacional de diciembre, el de extranjeros que se quedó a residir en territorio nacional, y el de mexicanos que durante el periodo vacacional de diciembre no retornó al extranjero. Lo anterior, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El fenómeno social de la migración hoy en día ha tomado fuerza y se ha generalizado en todos los espacios de acción de la población; ello, en gran medida, por la globalización. Actualmente, alrededor de 150 millones de personas viven y trabajan fuera de sus países de origen. La continuidad de este fenómeno ha generado que los países involucrados tomen múltiples medidas al respecto.

México ante el mundo siempre se ha mostrado en favor del respeto a los derechos humanos, y en los diferentes foros internacionales ha sustentado esta postura. Haciendo énfasis en que todas aquellas personas que se encuentran en nuestro país, ya sean hombres o mujeres, independientemente de su nacionalidad, y si cuentan con documentación migratoria o no, gozan de los derechos humanos que les garantiza la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Con relación al tema de migración, México es el país con mayor ingreso de remesas en el mundo, con 19 mil 970.50 millones de dólares aproximadamente, cantidad registrada por el Banco de México durante el 2008. Sumado a esto, actualmente residen en los Estados Unidos de América aproximadamente 11 millones de connacionales, según las últimas cifras del Buró del Censo de la Unión Americana, además de una comunidad creciente denominada población méxico-americana, compuesta por descendientes de mexicanos, que supera los 15 millones de personas. Este fenómeno se debe, en gran medida, a la situación geográfica en la que nos encontramos, que permite, con mayor facilidad, la fluidez de migrantes al vecino país del norte; y, por otro lado, la situación económica y social que atraviesan millones de mexicanos.

La Organización de Naciones Unidades (ONU) ha manifestado su preocupación respecto al fenómeno de la migración y todos los factores que a éste rodean, que van desde los derechos humanos y la calidad laboral, hasta los flujos económicos que le son subyacentes.

El 4 de diciembre de 1990, la Asamblea General de la ONU adopto la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares, antecedente de lo que hoy conocemos como el Día Internacional del Migrante, el cual se proclamó el 18 de diciembre.

La proclamación del 18 de diciembre como Día Internacional del Migrante se debe, entre otros motivos, al creciente número de migrantes existe en el mundo, y a la preocupación internacional por asegurar su protección y el respeto de sus derechos y libertades fundamentales.

Según la Declaración Universal de los Derechos Humanos todos los seres humanos nacemos libres e iguales en dignidad y derechos, y toda persona disfruta de los derechos y libertades proclamados en ella, sin distinción de ningún tipo, en particular de raza, color u origen nacional. Cabe destacar que nuestra constitución federal acoge estos principios.

Con la celebración del Día Internacional del Migrante se pretende, además, reconocer y valorar la enorme contribución de todas estas personas en el avance económico, social y cultural de los países en todo el mundo.

Los estados miembros de la ONU, así como organizaciones intergubernamentales y organizaciones no-gubernamentales, están invitados a observar el Día Internacional del Migrante a través de difusión de información sobre los derechos humanos y las libertades fundamentales de los migrantes, el intercambio de experiencias y la formulación de medidas para protegerlos.

Por todo lo anterior, es importante recordar que México, a través de sus diferentes órganos gubernamentales, fomenta programas sociales que tienen como objetivo brindar seguridad a los connacionales que se encuentran en el exterior, así como alentar y promover los flujos de las personas con un amplio sentido del respeto a sus derechos humanos, ya sea para el regreso a su lugar de origen y/o para la protección de su persona y patrimonio.

A pesar de todo ello, creemos fundamental la necesidad de impulsar en mayor medida la participación de otras instituciones en la defensa y tutela de los derechos de los migrantes, desde los gobiernos estatales y municipales, incluyendo a los poderes legislativos estatales y el Congreso de la Unión hasta los órganos desconcentrados de la administración pública y organizaciones de la sociedad civil.

Por todo lo anteriormente expuesto, someto a la consideración del Pleno de esta soberanía, la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente exhorta al Ejecutivo federal, gobiernos estatales, Distrito Federal y municipios a que impulsen, desde sus respectivos ámbitos de competencia, la conmemoración del a 18 de diciembre como Día Internacional del Migrante, para que la próxima celebración, en 2009, tenga un mayor realce.

Segundo. La Comisión Permanente solicita a la Secretaría de Gobernación para que, a través del Instituto Nacional de Migración, envíe un informe al Senado de la República al inicio del próximo periodo ordinario de sesiones, con la cantidad de migrantes mexicanos que visitaron el territorio nacional durante el 2008, el número de connacionales que se quedó a residir en el país, de visitantes que ingresaron en el periodo vacacional de diciembre, de extranjeros que se quedó a residir en territorio nacional, y de mexicanos migrantes que durante el periodo vacacional de diciembre del mismo año estuvo en el país y no retornó al extranjero.

Cámara de Senadores, a 22 de diciembre de 2008.

Senador Ángel Alonso Díaz Caneja (rúbrica)
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, PARA EXHORTAR AL SECRETARIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO A SUSPENDER EL INJUSTIFICADO INCREMENTO SEMANAL DE LOS PRECIOS DE LAS GASOLINAS Y DEL DIESEL, A CARGO DEL SENADOR RAMIRO HERNÁNDEZ GARCÍA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI

El que suscribe, Ramiro Hernández García, senador de la República por el estado de Jalisco e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en la LX Legislatura de la honorable Cámara de Senadores, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite someter la siguiente proposición con punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución al tenor de las siguientes:

Consideraciones

Primera. En enero de 2008, entró en vigor un decreto firmado por el Ejecutivo federal, en el que se estableció el incremento gradual al impuesto a las gasolinas. Dicho aumento mensual consistía en: 2 centavos, 2.44 centavos y 1.66 centavos, por cada litro de gasolina Magna, gasolina Premium UBA y diesel, respectivamente.

Segunda. El decreto tendría una vigencia de 18 meses, y su objeto sería incrementar la recaudación de recursos, que estarían destinados para el desarrollo de infraestructura en las entidades federativas y sus municipios, según lo estipulado en la propia Ley del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios.

Tercera. El 10 de septiembre pasado el Secretario de Hacienda y Crédito Público, doctor Agustín Carstens Carstens, anuncio la decisión del gobierno federal de eliminar gradualmente los subsidios presupuestales a la gasolina, el principal argumento esgrimido por el funcionario para tan dolorosa y drástica medida, fue que los mexicanos teníamos que pagar el combustible al mismo precio que se pagaba en otros países, concretamente en Estados Unidos de América, porque el gobierno ya no podía sostener la inyección de recursos públicos que en ese momento nos hacía tener una de las gasolinas más baratas del mundo.

Cuarta. El argumento original para elevar el precio del combustible fue que el incremento del subsidio era incosteable, representando una carga financiera insostenible para la Secretaría de Hacienda. La Secretaría de Hacienda estimó en septiembre pasado, que el subsidio al combustible sería de unos 25 mil millones de dólares en el 2008, frente a una estimación inicial de 19 mil millones de dólares. En consecuencia, el precio de los combustibles en México se mantuvo por debajo de los precios internacionales, gracias al subsidio.

Quinta. El argumento principal del gobierno se ha derrumbado: la gasolina y el diesel en México son más caros que en Estados Unidos. El precio de la gasolina más vendida en México (Magna) alcanzó los 7.66 pesos por litro el 13 de diciembre pasado, comparado con 40.3 centavos por litro que pagan actualmente los consumidores estadounidenses en promedio, según datos de la Asociación Mexicana de Empresarios Gasolineros y de la página Fuelleconomy.gov, del gobierno de Estados Unidos.

Sexta. Ante la caída de los precios internacionales de los hidrocarburos, el escenario anterior se ha invertido, por lo que nuestra gasolina ya no registra subsidio alguno, sino que al contrario, ahora es más cara que la que se oferta en el mercado internacional, que ha registrado importantes disminuciones debido a la caída de los precios del petróleo a nivel mundial.

Séptima. los analistas del mercado de combustibles en Estados Unidos pronostican que en las próximas semanas se mantendrá la tendencia a la baja en sus combustibles y que la gasolina regular podría reducirse 99 centavos más para ubicarse en precios que estiman podrían llegar hasta el equivalente de los 4 pesos por litros.

Octava. De igual manera, no se entiende porque tiene que seguir subiendo cuando el precio del hidrocarburo cayó en 70 por ciento. A una tercera parte de lo que se cotizaba cuando iniciaron los aumentos, ya no existen razones para aplicar "la política de desliz". Quisiera mencionar que de enero hasta noviembre pasado, el costo de la gasolina Magna se ha incrementado 7.8 por ciento, la Premium lo ha hecho en 9.19 por ciento y el diesel en 17.70 por ciento.

Novena. Sin duda, el incremento en el precio de las gasolinas seguirá afectando en forma directa la economía familiar, lesionando el poder adquisitivo de los trabajadores. De igual manera afectará a todos los sectores de la comunidad. Definitivamente, el alza de precios en los combustibles es el principal factor para provocar inflación, porque genera incremento en todos los productos y servicios

Ya no hay necesidad de seguir incrementando las gasolinas porque solamente pegará en el bolsillo de los mexicanos. Creo que es momento que la Secretaría de Hacienda tome una medida de tipo social y decir ya detener el incremento al precio de las gasolinas y el diesel.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de este Pleno, como de urgente y obvia resolución, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de manera respetuosa y en el ámbito de sus competencias, para que suspenda el injustificado incremento semanal a los precios de las gasolinas Premium, Magna y Diesel, y los ajuste a los precios internacionales de referencia.

Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a 22 de diciembre de 2008.

Senador Ramiro Hernández García (rúbrica).
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, PARA EXHORTAR AL SECRETARIO DE SALUD A PRESENTAR POR ESCRITO LA DECISIÓN ANUNCIADA EL PASADO 26 DE NOVIEMBRE RESPECTO A LA NO REUBICACIÓN DEL HOSPITAL PSIQUIÁTRICO INFANTIL DOCTOR JUAN N. NAVARRO, SUSCRITA POR LA DIPUTADA VALENTINA VALIA BATRES GUADARRAMA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD

La suscrita, diputada federal Valentina Valia Batres Guadarrama, integrante de la LX Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, somete ante la honorable Comisión Permanente proposición con punto de acuerdo con carácter de urgente u obvia resolución para exhortar al secretario de Salud, José Ángel Córdova Villalobos, a efecto de obsequiar a este honorable Congreso confirmación oficial y por escrito de la decisión anunciada el pasado 26 de noviembre respecto a la no reubicación del hospital psiquiátrico infantil Doctor Juan N. Navarro, a fin de que los padres de familia cuyos hijos son atendidos en ese hospital sean informados de manera oficial y cierta de la situación que guarda el nosocomio.

Antecedentes

1. Que el hospital psiquiátrico infantil Doctor Juan N. Navarro, fundado en 1966, como resultado de la operación Castañeda y su continua transformación de procedimientos de manejo de los pacientes niños y adolescentes, es el único en su género que proporciona atención de tercer nivel a pacientes discapacitados mentales.

2. Su población abierta se estima en más de 6 mil derechohabientes, dado que existen más de 20 mil expedientes abiertos y 6 mil 500 de frecuente manejo.

3. La mayoría de los pacientes que ahí se atienden han cursado por un tortuoso camino de estigma y discriminación en virtud de las deficiencias en el manejo y diagnóstico de su enfermedad, dada la condición y gravedad de sus padecimientos en los distintos sectores de salud, y sólo en este hospital han encontrado diagnósticos y procedimientos de manejo y mejoría en la mayoría de los casos, así como el apoyo legal y peritaje en casos de interdictos, violaciones y violencia doméstica.

4. Ante el Pleno de la pasada Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, el 16 de julio de 2008 presenté un punto de acuerdo con carácter de urgente y obvia resolución para exhortar al secretario de Salud, José Ángel Córdova Villalobos, a que estudiara la viabilidad de suspender los trabajos de demolición (o reubicación) del hospital psiquiátrico, en virtud de que la atención que brinda el hospital es indispensable y única y su servicio no puede ser reducido.

5. Los padres de familia y la suscrita recibimos con sorpresa y agrado la declaración del secretario de Salud en la que enuncia que el proyecto de reubicar al hospital a un edificio que se encuentra justo enfrente se canceló, en virtud de que generó reclamos y manifestaciones por parte de trabajadores y padres de familia. Sin embargo, pese a este anuncio en medios nacionales, no hay constancia escrita en boletines oficiales por parte de la Secretaría de salud, ni en ninguna parte de la página informativa de ésta.

6. Estamos en total acuerdo con el secretario de Salud en el sentido de que el predio y las instalaciones en que pretendía efectuar la reubicación de los servicios del hospital carece de las condiciones mínimas indispensables para garantizar la continuidad en calidad y cantidad de los servicios que hoy ofrece la institución en el inmueble en el que está situado en San Buenaventura 86.

Por tanto, los padres de familia y la suscrita acogemos con agrado la decisión que finalmente tomó el secretario de Salud de cancelar el proceso de reubicación que inició el día 15 de mayo con el anuncio directo a la planta laboral y algunos padres de familia presentes en el nosocomio.

7. Lo que es cierto, es que las instalaciones actuales del psiquiátrico se encuentran deterioradas y necesitan se les realicen labores de remodelación y mejoras para elevar la calidad del servicio. Sin embargo, esta es la tercera ocasión en la que se somete a la población usuaria de los servicios de esta honorable institución psiquiátrica y a los trabajadores de ésta a un desgaste y angustia por defender los derechos de servicio de los niños y los adolescentes que ahí se atienden. Esto no debe volverse a repetir ni en el corto ni a largo plazo.

8. Es necesario que la Secretaría de Salud desde ahora garantice que el proyecto arquitectónico a realizar reflejará y será capaz de contener las necesidades del proyecto médico realizado por los técnicos especialistas del hospital psiquiátrico infantil. Lejos de disminuir los servicios de tercer nivel para casos graves que son los que fundamentalmente atiende el psiquiátrico, se deben de ampliar, dado los índices de incidencia de trastornos mentales en la población infantil y juvenil, e ir instrumentando nuevos filtros que permitan distribuir a los niños y los jóvenes con trastornos mentales a los distintos niveles de tratamiento.

Por lo antes expuesto, someto a consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, con carácter de urgente u obvia resolución, los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión solicita al secretario de Salud federal, José Ángel Córdova Villalobos, que informe a esta Comisión Permanente de manera oficial la cancelación del proyecto de reubicación del hospital psiquiátrico infantil Doctor Juan N. Navarro, a fin de que tanto los padres de familia y legisladores conozcamos de manera cierta y precisa que los servicios de atención médica y hospitalaria que hasta ahora venía prestando el nosocomio no sufrirán menoscabo alguno.

Segundo. Se exhorta al secretario de Salud, así como a la directora del hospital, doctora Dora María Pérez Ordaz, a proceder a cancelar toda acción contra el personal laboral del hospital psiquiátrico infantil, quienes se manifestaron legítimamente en contra del proceso de reubicación, realizando acciones de protesta, ya que dichas acciones no se circunscribieron al ámbito laboral, sino como el mismo secretario de Salud lo ha reconocido fueron en el marco de exigir que se garantizara la mejor atención a la salud mental infantil–juvenil.

Tercero. Se solicita el secretario de Salud que informe a esta soberanía quiénes conforman la comisión para la renovación del hospital psiquiátrico, cuándo y dónde se reúne ésta. Además, como parte de un proceso democrático transparente y en beneficio de todos los involucrados, le solicitamos respetuosamente que incorpore al trabajo de dicha comisión las diversas exposiciones de todos los sectores de los trabajadores terapeutas, enfermeras, médicos y personal, así como padres y madres de familia de los pacientes del hospital, involucrándolos plenamente en el citado programa de mantenimiento de rehabilitación y modernización multianual.

Cuarto. Se exhorta respetuosamente al secretario de Salud a instalar de inmediato el comité multidisciplinario integrado por legisladores, representantes del sector salud del gobierno federal, encabezados por el secretario de Salud, académicos de la Universidad Nacional Autónoma de México, especialistas en psiquiatría, representantes del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia de la Organización Mundial de la Salud, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, padres de familia y trabajadores del hospital, cuya integración y formación fue mandatada por el Pleno de la Comisión Permanente del segundo receso perteneciente al segundo año de ejercicio de esta LX Legislatura, en fecha 16 de julio de 2008. Este grupo plural de trabajo deberá, en su caso, observar el nuevo proyecto del hospital.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, a 22 diciembre de 2008.

Diputada Valentina Valia Batres Guadarrama (rúbrica)
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE SOLICITA AL SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL QUE INSTAURE LAS MEDIDAS CONDUCENTES A IMPLANTAR "ESTUFAS ECOLÓGICAS" EN LAS COMUNIDADES INDÍGENAS Y CAMPESINAS DEL PAÍS QUE ACTUALMENTE UTILIZAN FOGÓN ABIERTO PARA COCINAR, A CARGO DEL SENADOR JAVIER OROZCO GÓMEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PVEM

Los suscritos, senadores integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México de la LX Legislatura del Senado de la República, de conformidad con lo establecido en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a la consideración de la Comisión Permanente, la siguiente proposición con punto de acuerdo, con base en las siguientes

Consideraciones

Una de las imágenes que llega automáticamente a nuestra mente cuando se habla del sector campesino o indígena, es la referida a una persona cargando un peso descomunal de leños. Hay una relación intrínseca de la imagen con respecto a las condiciones socioeconómicas de estos sectores, debido a que éstos, utilizan la madera seca como mecanismo de supervivencia. Es alarmante el hecho de que actualmente, alrededor de la cuarta parte de la población mexicana, entre 25 y 28 millones de habitantes cocina con leña; 19 millones de habitantes usan este energético como combustible único para cocinar, según los más recientes datos del Inegi y alrededor de 8 millones la usan en combinación con gas LP. El mayor uso de la leña se concentra en los hogares rurales y semi-urbanos.

Es importante destacar que estos datos, invalidan la idea de que su uso se ubica en sectores minoritarios de la población. De acuerdo con datos oficiales, la población indígena de México es de 12.7 millones de personas, lo que representa el 13 por ciento de la población nacional. Existen diversos criterios para cuantificar a este sector; la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas –antes Instituto Nacional Indigenista (INI)– consideró que la estimación elaborada por el Consejo Nacional de Población, a partir de los datos censales recabados por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, ha sido adecuada para disponer de una cuota máxima del tamaño de la población indígena del país. Las entidades cuya proporción de población indígena es mayor a la nacional son: Yucatán (59 por ciento), Oaxaca (48 por ciento), Quintana Roo (39 por ciento), Chiapas (28 por ciento), Campeche (27 por ciento), Hidalgo (24 por ciento), Puebla (19 por ciento), Guerrero (17 por ciento) y San Luis Potosí y Veracruz (15 por ciento, cada uno).

Es lamentable que el reconocimiento y valoración del pasado indígena, que históricamente se ha dado en México, no ha correspondido a la capacidad de ofrecer a los indígenas condiciones mínimas de salud, educación y bienestar, así como de expresión de sus culturas en igualdad de condiciones que el resto de los mexicanos.

Por otra parte, es relevante considerar las cifras relativas a la población campesina que utiliza leños como fuente de energía. De acuerdo con la Revista mensual Aserca, en su edición La Población rural en México, el capital más importante de la agricultura, el porcentaje de personas que habitan en comunidades rurales ha disminuido. En 1950 representaba poco más del 57 por ciento del total de la población del país; en 2005, esta cifra disminuyó hasta ubicarse en casi 24 por ciento. No obstante, el espacio rural sigue siendo de vital importancia en muchos aspectos. En términos demográficos se estima que más de la mitad de la población mundial habita en el sector rural (53 por ciento); de igual forma, la agricultura sigue siendo la actividad económica que genera mayor empleo en los países pobres.

En el caso del país, una cuarta parte de la población se ubica en localidades rurales, esto es 24.7 millones de personas, de las que 49.6 por ciento corresponde a hombres y 50.4 por ciento lo constituyen mujeres. El mayor número de población es femenina. No es un caso particular del mundo rural, sino una tendencia que se observa también en las localidades urbanas como resultado del crecimiento de la expectativa de vida en el país. Recuérdese que en el caso de las mujeres, ésta es de 77.4 años, mientras que en los hombres de 72.4 años, es decir, la diferencia de 5 años más de vida en las mujeres, se expresa de manera clara en las cifras de población.

En opinión de Aserca, la población rural y su participación en las entidades federativas pueden abordarse desde dos niveles:

Desafortunadamente, su utilización lleva implícito altos costos ambientales, de salud y eficiencia laboral.

Para la gente que vive en un medio rural, la leña es un recurso natural muy necesario para sobrevivir. La leña es una fuente de vida; se utiliza para preparar la comida diariamente y mucha gente pasa una gran parte del día ocupándose de la leña.

A veces hay que ir muy lejos para conseguir la leña, y además hay que cortarla, cargarla, secarla y prepararla para que sea útil en la cocina. Sin embargo, el uso de la leña no es solo un recurso o herramienta de sobrevivencia, también es parte de un sistema integral de vivienda que proporciona luz, calefacción, protección de insectos, etcétera y la manera en que la que se usa afecta mucho a la convivencia, comodidad, estilos de preparación de platos y economía.

En muchas regiones del mundo cada vez hay menos leña y hay que ir más lejos para buscarla. Esto ha sido resultado del crecimiento del uso de terrenos para la agricultura, el crecimiento de poblaciones y sus necesidades de leña para cocinar, más explotación de los bosques como recursos forestales por las economías nacionales e internacionales, y distribuciones desiguales de recursos en el mundo. Los mayores consumidores de leña en el mundo son África y Asia. Entre los países de América Latina, los: principales consumidores son Guatemala, Honduras, Nicaragua, y El Salvador. El fuego abierto es muy ineficiente y durante la combustión de la madera se pierde mucha energía.

Para las familias que viven en estos medios, la contaminación dentro dé una casa es a veces peor que la contaminación en las grandes ciudades y es uno de los principales problemas ambientales en el mundo. Los estudios epidemiológicos han indicado que la presencia de los contaminantes dentro de la casa está ligada a las infecciones respiratorias en los niños, infecciones de los pulmones como el asma y bronquitis crónico, cáncer de los pulmones, problemas en el parto e inclusive una tasa más alta de niños nacidos muertos y niños que nacen de bajo peso. Además de la inhalación del humo que puede causar problemas respiratorios, la presencia de un fuego abierto en la casa es peligroso para los niños porque corren un riesgo más alto de quemarse.

El lado oscuro del fuego abierto para cocinar es muy grande. Las mujeres abren fuego como la forma cultural para preparar sus comidas en las zonas rurales; es la forma tradicional y ancestral de hacerlo, sin pensar en otras alternativas. El lugar en donde se coloca el fuego es agradable para sentarse y hablar, pero también es peligroso y muy dañino. Las personas están expuestas a sufrir quemaduras severas y consumen más monóxido de carbono, que aquellas que viven en ciudades tan contaminadas como la de México.

Diversos estudios señalan que la intoxicación por monóxido de carbono es la principal causa de muertes no intencionadas en el mundo. Esta sustancia es producida por la combustión incompleta de combustibles fósiles, en donde se incluye la madera. Se conceptualiza de esta manera, debido a que es parte de resultados insuficientes de aire para las mezclas de combustible. El CO no tiene olor, sabor o color y es imposible saber cuándo hay una peligrosa acumulación de los niveles de CO (sin instrumentos).

Se producen cantidades peligrosas de monóxido de carbono, y se acumulan cuando el combustible no es quemado correctamente como en un fuego abierto, o cuando las habitaciones están mal ventiladas. Es un veneno letal para los pulmones y se va desplazando al flujo sanguíneo, propiciando la interrupción del suministro normal de oxígeno que pone en peligro las funciones del corazón, el cerebro y otras funciones corporales vitales.

En los Estados Unidos, los municipios tienen diferentes criterios en los que basan las estimaciones de la calidad del aire, sin embargo, la mayoría se rigen por la Agencia de Protección Ambiental. La mayoría de los códigos de EUA utiliza el término "bueno" para describir el aire con menos de 9 partes por millón (ppm) de monóxido de carbono (CO), "justo" para describir con aire entre el 9 y 15 ppm, y "pobres" para describir con aire superior a 15 ppm de CO. Algunas organizaciones no gubernamentales de carácter internacional, han llegado a medir en los hogares de comunidades indígenas o rurales de México y Centro América, concentraciones de 160 ppm donde la cocción se realiza en fuegos abiertos.

La contaminación provocada por la combustión de leños al interior de los hogares de bajos ingresos, no es el único peligro a que se exponen los miembros de estas familias. También son víctimas de quemaduras, cuando se incendian sus casas o parte de su cuerpo por la constante exposición al fuego. Pueden sufrir lesiones en los ojos, cuando las pequeñas partículas saltan al momento de soplar en el fuego. Lo mismo ocurre con el cabello. Debido a que estas familias, tienen un gran número de niños, es probable que los pequeños sufran quemaduras al caer al fuego. Debemos recordar que las casas son bajitas y los niños deben aprender a jugar o caminar para no quemase. Muchas veces los niños o mujeres se queman cuando se derrama el agua hirviendo. Las madres trabajan en las mismas condiciones de hacinamiento.

Estos hogares sufren con grandes problemas respiratorios. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, uno de cada cinco niños no vive 5 años de edad. Asimismo, afirman que la principal causa de muerte en este rango de edad es la infección respiratoria aguda, debido a la pesada respiración de humo. Desde el día en que nacen los niños y que son cargados en las espaldas de su madre, tienen que respirar aire contaminado. Las victimas de infecciones respiratorias no son tan visibles como aquellas referidas a las quemaduras.

Por estas razones, algunos gobiernos y principalmente organismos no gubernamentales, han buscado mejores condiciones para disminuir la quema de leños y la producción de contaminación en estos hogares. Al respecto se han elaborado algunas estufas que han sido denominas "salvavidas", porque han reducido de manera considerable los riesgos de cocinar con leña. En algunos casos, después de instaladas estas estufas, las concentraciones de CO son de 3 a 5 ppm.

Existen diferentes modelos de estufas a base de leños, pero merece mención especial aquellos instalados como prueba piloto en la comunidad Antigua Guatemala y la referente al proyecto de desarrollo sustentable en el que se ‘ha adaptado la Estufa Lorena para su uso en comunidades indígenas en la Huasteca Potosina, en el estado de San Luis Potosí.

En el primer caso, se instalaron las estufas ecológicas Onil que reducen hasta en 70 por ciento el consumo de madera, lo que libera a las mujeres del trabajo de recoger leña y la emisión de contaminantes. Las estufas Onil, tienen un costo promedio de entre 83 y 125 dólares y son financiadas por la Iniciativa Privada y las organizaciones no gubernamentales, quienes son las encargadas de subsidiarias y distribuirlas en comunidades de bajos recursos. Estas estufas son fabricadas con una base de cemento, hormigón y fibra.

En Guatemala se han instalado 41 mil estufas, aunque la meta es distribuir más de un millón de esos artículos en ese país, con apoyo de empresas y organizaciones internacionales. Aproximadamente unas 40 mil familias han disminuido sus gastos en la compra de leña, para cocinar sus alimentos con el uso de estufas mejoradas Onil, las cuales son promovidas por la Helps International, fundación que trabaja en ese país con proyectos como éstos desde hace 23 años. El modelo disminuye el riesgo de padecer enfermedades respiratorias y visuales por el humo de la combustión de leña. La comercialización de las estufas mejoradas inició en 2001, luego que Donald O’neal, un ciudadano estadounidense que colabora en las jornadas médicas de Helps, perfeccionara el diseño. Las quemaduras, así como las enfermedades de la vista y respiratorias eran frecuentes en la población que atendíamos, por lo que nos preocupamos en buscar una solución y la encontramos.

Aparte de mejorar la calidad de vida en las comunidades, al evitar el uso de fuego en áreas abiertas, la fabricación de las estufas ha generado empleo, ya que se trata de un proyecto autosostenible, no de caridad, indicó el presidente de la fundación, Stephen Miller. Con la reciente apertura de una fábrica en Chiquimula, en donde se producen 500 equipos, ahora tienen capacidad para producir 3 mil 100 estufas por mes. Las estufas llegan a las comunidades a- través de alianzas con las municipalidades y más de 120 grupos y organizaciones. El objetivo de Helps es involucrar a las amas de casa cómo promotoras y distribuidoras, lo cual representaría un ingreso adicional para las familias.

Además de las estufas, esta fundación incorporó a su portafolio purificador de agua y una "cocedora" (que mantiene el calor de los alimentos y continúa el proceso de cocción sin utilizar fuego).

Se concibe que este modelo resulta eficiente, seguro y conveniente por su material. El hormigón es el cuerpo de la estufa y está moldeada con fibra de vidrio, proporcionando un bajo costo y una larga duración. Con el fin de que toda la energía de la madera pueda ser convertida en gases calientes, se debe quemar completamente el vapor de aceite que normalmente se emiten en forma de humo. Mantener el fuego en una cámara de combustión aislado, permite tener el calor adecuado para consumir el vapor de petróleo. Para que la estufa funcione adecuadamente se aísla de piedra pómez de origen volcánico, que es un muy buen aislante de alta temperatura y muy barato.

Una vez que la energía de la madera se ha transformado de manera eficiente a los gases calientes, estos deben ser transferidos de manera eficiente ala olla. Debido a que se realiza una combustión completa, hay una eficiente transferencia de calor, producida por la quema de la madera, que se reduce hasta en un 60 o 70 por ciento.

Es importante mencionar que la organización Helps, proporciona el diseño de la estufa a otras organizaciones no gubernamentales interesadas en sus programas. Además, Helps Internacional, ha sido reconocida en distintos países, por sus proyectos ecológicos: India, Pakistán, Kenia y Guatemala han hecho mención especial de su tecnología basada en fuentes de energía renovables para proporcionar beneficios sociales y económicos para las comunidades locales, así como la protección del medio ambiente.

La estufa Onil creada por Don O’Neal, fue seleccionada como finalista entre más de 100 tipos de proyectos de energía sostenible en el mundo y recibió 17 mil dólares como reconocimiento a sus proyectos, por ser líder en la lucha contra enfermedades respiratorias y horribles quemaduras, así como también en la conservación de los bosques al evitar la tala inmoderada de árboles.

Esta estufa es un revolucionario diseño, que brinda amplios beneficios y servicios a los hogares más pobres; protege en especial a las mujeres y a los niños de quemaduras y enfermedades de los pulmones y proporciona tiempo libre por la disminución en la recolección de leña.

Sin duda alguna, la conservación de los recursos naturales es un tema que debería preocupar a las autoridades no solamente ambientales, sino a la sociedad civil en general, máxime dónde la tasa de deforestación pone en peligro a los ecosistemas.

En países como México, dónde un alto porcentaje de la población rural dependen en gran medida de la leña para cocinar, se debería apoyar la construcción de estufas ahorradoras de energía, que son hoy en día, una de las mejores alternativas para solucionar la tala inmoderada para la extracción de leña a una escala menor, por lo que su reducción en el consumo per cápita de leña, ayuda a preservar el bosque.

Por otra parte, en diversas comunidades de San Luis Potosí se han construido y utilizado las estufas realizadas a base de lodo y arena, llamadas "Lorena". Su utilización se ha extendido a aquellas zonas dónde la población depende en gran medida de la madera, como Chiapas, Michoacán, Estado de México, Oaxaca y Chihuahua, entre otros. Estas estufas han generado bienestar para sus pobladores, especialmente para las mujeres y los niños quienes permanecen por más tiempo en el hogar.

La Huasteca Potosina es una zona montañosa del centro oriental de México. La principal fuente económica en la zona es el cultivo de café (en la zona más alta) y la producción de piloncillo (en los valles y zonas más bajas). En los municipios donde trabaja Sedepac (Servicio, Desarrollo y Paz, AC) y la sociedad cooperativa La Igualdad de Xilitla, el 85 por ciento de las casas utilizan leña para cocinar con fuego abierto sobre un brasero de lodo y piedras.

En la Huasteca Potosina de México, Sedepac junto con la sociedad cooperativa agropecuaria La Igualdad de Xilitla, SCAIX, están promoviendo la estufa Lorena como parte del proyecto de tecnologías apropiadas en la región. En este programa también trabajan con tanques de ferrocemento y letrinas secas. No hay nadie más involucrado en el proyecto sino la gente que va a recibir la estufa, los promotores de la SCAIX y durante unas semanas del verano unos 50 jóvenes que participan en el proyecto de verano de Sedepac. Aunque la estufa Lorena (específicamente el diseño Lorena de SCAIX-Sedepac), no es la más eficiente de las estufas, es la que se puede hacer con mas éxito en esta región, logrando a la vez las metas de ahorrar leña, ahorrar tiempo y esfuerzo para la recolección de la misma, disminuir el humo en la casa y la posibilidad de sufrir quemaduras y enfermedades, además de ser el diseño menos costoso y que utiliza los materiales y recursos de la región.

En el proyecto de San Luis Potosí se parte de la idea de que la estufa y su implementación no van a funcionar si la gente no ve la utilidad en ella, ni entienden como funciona o como hacer el posterior mantenimiento. La familia disfruta de mejores condiciones de salud y limpieza por las condiciones que se dan al cocinar en una estufa ahorradora de leña en relación al sistema de fogón abierto. La familia dispone de mayor tiempo para dedicar a actividades productivas con solo utilizar la estufa ahorradora de leña para la cocción de sus alimentos. Existe una considerable reducción en el deterioro del bosque, con la reducción en el consumo de leña que se logra con el uso de la estufa ahorradora de leña tipo plancha.

También se ha extendido el uso de otras estufas, llamadas "patsari" que en el dialecto de los purépechas significa "la que cuida" y que ha cambiado la vida de las mujeres que residen en las comunidades rurales mexicanas, esto gracias a los científicos el Centro de Investigaciones de Ecosistemas de la Universidad Autónoma de México y el Grupo Interdisciplinario de Tecnología Rural Apropiada, AC, (Gira). De acuerdo con un diagnóstico de este mismo Centro de Investigaciones, por años la salud de mujeres, niñas y medio ambiente ha corrido peligro por cocinar con leña en lugares cerrados, sin embargo el proyecto de generación de la estufa eficiente de leña preserva la salud de mujeres por lo menos en seis estados del país. Según cifras de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas el 62.4 por ciento de viviendas particulares habitadas por población indígena en México cocinan con leña.

La implantación de estufas mejoradas es una forma de combatir el problema de deforestación, mejorar la salud de las personas que cocinan con leña, disminuir el impacto ambiental de la combustión de la madera y aliviar una parte del trabajo diario que se asocia con la recolección de la leña. Durante estos años, muchos programas fracasaron porque los productores se centraron en la eficiencia de la estufa, sin tener en cuenta como la gente iba a adaptarse a la nueva tecnología. El caso de San Luis Potosí resalta porque los habitantes de las comunidades indígenas o campesinas se comprometieron con el proyecto y han sido partícipes de su construcción.

Las familias más pobres son quienes continúan con la utilización de productos y sub productos del bosque para cocinar sus alimentos, con los daños colaterales que ello conlleva, como son: deforestación, problemas de salud y disminución de recursos económicos de la familia que podrían ser destinados a la nutrición y vestido por la necesidad de comprar leña y otros sub productos

Hay muchos proyectos de estufas mejoradas y hay una gran variedad en la forma de construirlas e implementar la tecnología. A diferencia de otros países como India y China, en donde se partió de un solo modelo, en América Latina se ve una producción muy variada, incluso dentro de un determinado país. Por ejemplo, en México hay varias organizaciones que están implementando la estufa mejorada por todo el país. En el estado de Oaxaca se hace la estufa con adobe, porque en esta región el adobe es más barato y más rápido. Hay otros estados donde han aprovechado la fabricación local de azulejos para luego ponerlos en la parte exterior de la estufa y así mantener mejor el calor. No obstante, a pesar de los esfuerzos por modificar el fogón abierto, hay muchos hogares en México que siguen sin acceso a las nuevas estufas ecológicas, por lo tanto, se requiere de un esfuerzo decidido a nivel local, estatal y nacional para dotar a estas comunidades de este servicio.

En razón de lo anteriormente expuesto y con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General del los Estados Unidos, los legisladores del Partido Verde Ecologista de México ponemos a consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión solicita respetuosamente al titular de la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno de la República que se instauren medidas pertinentes para la implantación de "estufas ecológicas" en las comunidades indígenas y campesinas del país, que actualmente utilizan fogón abierto para cocinar.

Segundo. Asimismo, la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión instruye al secretario de Desarrollo Social para establecer convenios de colaboración con organizaciones no gubernamentales que fomentan la construcción de "estufas ecológicas", con la finalidad de proveer a más familias indígenas y campesinas de este mecanismo de utilización de energía renovable.

Senador Javier Orozco Gómez (rúbrica)
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, PARA EXHORTAR AL INSTITUTO NACIONAL DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA A SUSPENDER LOS TRABAJOS QUE REALIZAN EN LA ZONA ARQUEOLÓGICA DE TEOTIHUACÁN POR EL "ESPECTÁCULO DE LUZ Y SONIDO", A CARGO DEL DIPUTADO RAMÓN VALDÉS CHÁVEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE CONVERGENCIA

El que suscribe, Ramón Valdés Chávez, diputado federal integrante del Grupo Parlamentario de Convergencia en la LX Legislatura, con fundamento en el artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta ante esta soberanía proposición con punto de acuerdo, de urgente u obvia resolución, para que el Instituto Nacional de Antropología e Historia suspenda los trabajos que se realizan sobre los basamentos piramidales de la zona arqueológica de Teotihuacán por el "espectáculo de luz y sonido".

Antecedentes

Desde el inicio de las exploraciones en la zona arqueológica de Teotihuacán se hicieron creer a la población los grandes beneficios y dividendos que generaría este sitio para la región. El argumento es que los teotihuacanos de hace décadas y de ahora siguen escuchando de las autoridades federales, de las estatales y de las municipales. Sin embargo, la realidad es otra para las comunidades que siempre han cedido, no obstante poner en riesgo su patrimonio.

La triste realidad del progreso es otra: hoy, el patrimonio teotihuacano es destruido para reactivar un espectáculo que beneficiará sólo a unos cuantos y dañará irreversiblemente la imagen de las estructuras que son motivo de orgullo de los mexicanos.

En 1988, el INAH suspendió el "espectáculo de luz y sonido", por el daño evidente que se provocaba a la zona arqueológica de Teotihuacán, acción que fue bien vista por científicos, intelectuales y la misma comunidad teotihuacana, ya que con ello Teotihuacán aspiraría al nombramiento de patrimonio histórico y cultural de la humanidad.

Ahora, con un "nuevo argumento" y un sinfín de mentiras, se busca nuevamente poner en marcha un espectáculo para cuya operación se perforan los basamentos y se colocan estructuras metálicas que dañan sin duda la originalidad de las pirámides que tanto presumimos ante el mundo.

Desde hace algunos años se hablaba del proyecto de luz y sonido; con el aval del gobierno del estado se presentó el proyecto ante empresarios y algunas autoridades con el argumento que sería un espectáculo multimedia en el que no se colocaría ningún elemento extraño a los basamentos piramidales. Sin embargo, lo que hoy experimentan las pirámides del sol y de la luna dista mucho de lo que tanto anunciaron el gobierno del estado y la empresa promotora.

En Teotihuacán, un ciudadano que pretende hacer uso de su derecho a la construcción de una vivienda digna debe enfrentar un sinfín de requisitos sólo para levantar una barda o sembrar un árbol, pues el argumento del INAH es que se violenta el decreto por el que se declara zona de monumentos arqueológicos el área conocida como Teotihuacán y se daña el patrimonio histórico y cultural de México. Sin embargo, los teotihuacanos y muchos mexicanos somos testigos de la destrucción de los basamentos piramidales, sin que a la fecha medie autoridad que los detenga, ya que se trata de grandes capitales que prometen "impulsar el desarrollo", con el incondicional apoyo de servidores públicos que, según ellos, trabajan para proteger el patrimonio histórico y cultural de México.

Los habitantes de Teotihuacán saben de la necesidad de impulsar grandes proyectos para consolidar su desarrollo, pero no están dispuestos a pagar con la destrucción del patrimonio que dejaron nuestros antepasados en custodia y para beneficio de ellos.

No por presentar un espectáculo teatral de beneficio, como siempre, para unos cuantos y no para las comunidades circunvecinas permitamos la destrucción de uno de los sitios que son orgullo de México y de todo el mundo.

Por lo anterior, presento a esta honorable asamblea las siguientes

Consideraciones

Primera. Que la Secretaría de Educación Pública instruya al Instituto Nacional de Antropología e Historia para que suspenda de inmediato los trabajos que se realizan para el "espectáculo de luz y sonido" en la zona arqueológica de Teotihuacán.

Segunda. Que se integre una comisión de diputados que realice una inspección en el sitio, en presencia de las autoridades del INAH y representantes de la sociedad civil.

Tercera. Que el INAH entregue a esta soberanía los dictámenes y los permisos que garanticen que no hay daño de los basamentos piramidales.

Cuarta. Que comparezca ante las Comisiones Unidas de Cultura, y de Turismo de esta soberanía el titular del INAH.

Quinta. En caso de comprobar la violación de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, se finquen las sanciones correspondientes.

Sexto. Se solicite a la Secretaría de Educación Pública que, conforme a sus atribuciones, promueva la urgente integración de la comisión intersecretarial prevista en el decreto presidencial del 30 de agosto de 1988 por el que se declara zona de monumentos arqueológicos el área conocida como "Teotihuacán".

Por lo expuesto y fundado, solicito a esta honorable legislatura que se sirva apoyar y aprobar el siguiente punto de acuerdo y considerarlo de urgente u obvia resolución, para solicitar la dispensa de turno a comisiones:

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta al Instituto Nacional de Antropología e Historia a suspender los trabajos que se realizan sobre los basamentos piramidales de la zona arqueológica de Teotihuacán por el denominado "espectáculo de luz y sonido".

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 22 de diciembre de 2008.

Diputado Ramón Valdés Chávez (rúbrica)
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, PARA EXHORTAR AL TITULAR DE LA SAGARPA A DESARROLLAR CON SU HOMÓLOGO DE LA SEDESOL UN PROGRAMA URGENTE DE COMPRA DE LA SOBREOFERTA DE LECHE FLUIDA, A CARGO DEL SENADOR RAMIRO HERNÁNDEZ GARCÍA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI

El que suscribe, Ramiro Hernández García, Senador de la República por Estado de Jalisco, e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LX Legislatura de la Cámara de Senadores, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 98, numeral 1, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite someter la siguiente proposición con punto de acuerdo, como de urgente u obvia resolución, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Primera. En el Senado de la República se ha denunciado de manera persistente la política de apertura total e indiscriminada a productos y servicios ofertados en el mercado externo, que entre otras consecuencias, genera la pérdida de miles de empleos, propiedades, valores y títulos comerciales, así como el desamparo de diversos sectores productivos, en agravio de ciudadanos mexicanos cuyo único propósito es aspirar a mantener un empleo digno y honrado, para lo cual requiere de su gobierno condiciones mínimas que garanticen su viabilidad, desarrollo y permanencia.

Segunda. En el mundo entero, y en nuestro país, contemplamos los efectos y secuelas de la crisis financiera, energética y alimentaria internacional. Estos efectos se comprueban en el paro de la planta productiva automotriz, la pérdida de empleos en distintas maquiladoras y la disminución de exportaciones en distintas ramas productivas, como la ganadería, las empresas agropecuarias y el descenso de ventas por exportaciones de petróleo, entre otros.

Tercera. Los productores de leche fluida en nuestro país han estado sujetos, de manera sistemática y permanente, a la falta de atención o compromiso para defenderlos del grave deterioro al que han estado sujetos por las fluctuaciones del precio internacional de la leche en polvo, la absoluta e irresponsable actuación de la Secretaría de Agricultura Ganadería Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación para implementar un programa de apoyo a los productores, así como de Liconsa, que se ha negado a ampliar la cuota del suministro de leche fluida en vez del empleo de leche en polvo para garantizar la subsistencia del hato ganadero y lechero del país.

Cuarta. Cifras oficiales de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación señalan que en el 2007 la producción nacional de leche fue de 10 millones, 183 mil litros; mientras que para este año las proyecciones revelan que hemos alcanzado una producción de 10 millones 700 mil litros, cantidad que significa un incremento del 3.25 por ciento respecto al año anterior. En este sentido, es altamente preocupante que se estén generando excedentes en la producción, los cuales no encuentran salida en el mercado doméstico o internacional. A pesar del crecimiento sostenido que ha registrado este sector, México sigue enfrentando un déficit en su producción lechera, en virtud de que la demanda continúa siendo superior a la oferta.

Quinta. En agosto de este año, los productores de ganado bovino contabilizaban un hato de aproximadamente 2.2 millones de cabezas. El sector ganadero, en sus ramos cárnico y lechero, realiza una importante contribución a la disponibilidad de alimentos del país, además genera empleos en el campo. No obstante, el sector productor de leche ha sido sujeto de una fuerte presión y competencia desleal por la introducción de leche en polvo de forma indiscriminada, la cual es altamente subsidiada en sus países de origen, e ingresan al mercado mexicano a precios inferiores al precio de producción de la leche fluida nacional.

Sexta. La política para fijar el precio de la leche en nuestro país, por parte de la Secretaría de Economía, se desarrolla en dos vertientes: La primera toma como referencia el precio de la leche en el mercado internacional, con base en los cupos e importaciones de fórmula láctea y leche deshidratada. La segunda, es privilegiar el subsidio indirecto al consumo, desplazando ese gasto hacia los productores nacionales, quienes están imposibilitados para competir con los precios del mercado exterior. La consecuencia de esta política equivocada es la depresión del sector, que en el marco de la crisis, el encarecimiento de alimentos y forrajes, así como insumos para la producción de leche, encuentran verdaderamente incosteable sostener un ritmo creciente de producción debido a que el precio que fija Liconsa subsidia por una parte un precio artificial del mercado externo para la adquisición de fórmula láctea, mientras que a los productores nacionales se les paga un precio inferior a los costos de producción.

Séptima. La producción de leche en México presenta un déficit del 40 por ciento del consumo nacional, aproximadamente. En tales condiciones, México no es autosuficiente y depende sustancialmente de las importaciones para satisfacer la demanda nacional, por lo que la recuperación de la producción debe ser un objetivo prioritario de la política de apoyo al sector, de manera que la aplicación de subsidio indirecto resulta no sólo ineficaz, sino que atenta directamente contra los productores de leche fluida y contra de los intereses nacionales.

Octava. El gobierno federal mantiene una postura de apertura de mercado a ultranza, cerrando toda opción de revertir el decreto anunciado por Felipe Calderón el 25 de mayo pasado, mediante el cual se permite la libre importación de leche en polvo para satisfacer la demanda nacional, en vez de incrementar los subsidios al productor, o reorientar una política de consumo directo para evitar las controversias que devienen de los acuerdos comerciales, como lo han hecho la mayoría de los países conscientes de las implicaciones para el futuro desarrollo de sus respectivas economías.

Con base en lo anterior, se somete a la consideración de esta soberanía, como de urgente u obvia resolución, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al secretario de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, ingeniero Alberto Cárdenas Jiménez, para que, en coordinación con el secretario de Desarrollo Social, licenciado Ernesto Cordero Arroyo, desarrollen un programa emergente de compra a la sobreoferta de leche fluida, mediante subsidio directo al consumo, para resarcir los daños provocados al sector lechero por la eliminación a las barreras arancelarias para la libre importación de leche en polvo.

Comisión permanente del Congreso de la Unión, a 22 de diciembre de 2008.

Senador Ramiro Hernández García (rúbrica)
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE EXHORTAR AL TITULAR DEL EJECUTIVO FEDERAL A MEJORAR LAS CONDICIONES LABORALES DE LOS TRABAJADORES AGRÍCOLAS MEXICANOS Y A INTEGRAR UNA SUBCOMISIÓN PARA ATENDER Y PROPONER SOLUCIONES A LOS TRABAJADORES AGRÍCOLAS TEMPORALES, SUSCRITA POR EL DIPUTADO ALBERTO AMARO CORONA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD

El suscrito, diputado federal, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LX Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 78, fracción III, de la Constitución Política Mexicana y 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta ante esta Soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo.

Consideraciones

Para el presidente del Sindicato para la Alimentación y el Comercio (UFCW-Canadá, por sus siglas en inglés), Wayne Hanley, los trabajadores agrícolas mexicanos se desempeñan en condiciones laborales de hace 30 años.

Wayne Hanley, quien ha dirigido sus esfuerzos y los del sindicato a defender los derechos de los trabajadores agrícolas mexicanos y de otras naciones, advierte que es urgente modificar diversas cláusulas del Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales, debido a que solo beneficia a los empleadores.

Dice Hanley que "es el mismo contrato que se firmó en 1974; sólo ha tenido unos pequeños cambios, pero no en función de los trabajadores. Se han documentado problemas de hacinamiento, no existen condiciones de seguridad para realizar los trabajos. Tiene que haber un sistema donde los trabajadores puedan hacer públicas sus quejas, sin temor a ser repatriados".

Sobre la actuación de las autoridades mexicanas, Hanley afirma que "los empleadores y el gobierno federal de Canadá tienen la obligación de atender a los trabajadores y no lo hacen, nadie se preocupa por ellos. Los empleadores están felices con tener mano de obra barata y sin que nadie les reclame las condiciones en que tienen a los trabajadores".

Se ha dicho que Canadá es un socio estratégico, que representa una alternativa en la diversificación de las relaciones internacionales, que constituye un aliado en la promoción de los intereses en foros hemisféricos y globales, y que es un factor de equilibrio en las relaciones con América del Norte.

Canadá es el segundo receptor de las exportaciones y el cuarto país de origen de las importaciones mexicanas. Ocupa el cuarto lugar en materia de inversión extranjera directa acumulada en México.

En junio de 2007 asistí junto con un grupo de legisladores de diferentes partidos a una serie de reuniones con organizadores y trabajadores del Centro de Saint Remi y con representantes de las organizaciones Kairos, Instituto Norte Sur, CLC y ODL para conocer el programa temporal en el sector de la agricultura y en materia de migración, en las ciudades de Toronto y Québec, Canadá.

Derivado de esa gira de trabajo, un grupo de legisladores que habíamos asistido a Canadá, sostuvimos una reunión de trabajo el 2 de agosto de 2007 en la Secretaría de Relaciones Exteriores, con funcionarios de la Subsecretaría para América del Norte.

En dicha reunión agradecimos a la Secretaría de Relaciones Exteriores la invitación que nos habían hecho porque representaba la ocasión oportuna para acordar una agenda de trabajo conjunta que beneficiara fundamentalmente las condiciones de vida y de trabajo así como los derechos humanos y laborales de los mexicanos residentes en el exterior.

En el mismo espacio manifesté que en mi calidad de Diputado Federal integrante de la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios, y con la presencia del secretario técnico de la comisión, quería aprovechar el momento para enfatizar mi interés por desarrollar un trabajo institucional conjunto y productivo, a través de un calendario de reuniones de trabajo con áreas de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Esos intentos de colaboración no fueron considerados ni por la propia secretaría ni mucho menos por el presidente de la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios.

Los días 21 y 22 de agosto de 2007 el Ejecutivo federal realizó una visita oficial a Canadá. Entre otros objetivos se planteó la decisión de fortalecer y ampliar la Alianza México-Canadá como el principal mecanismo bilateral de diálogo y cooperación.

En virtud de las características de desarrollo económico de Canadá, sigo considerando y pensando que existen las condiciones legales, políticas e institucionales para impulsar acciones y medidas que mejoren la estancia de los trabajadores mexicanos en aquel país. Sin duda es de nuestro interés contribuir a mejorar sus derechos humanos y laborales en el marco de una relación diplomática fructífera y productiva tanto para los trabajadores como para las organizaciones sociales y sindicales así como para las autoridades ejecutivas y legislativas de ambas naciones.

En ese sentido es que hago mías las peticiones del UFCW-Canadá en lo que se refiere a crear los canales institucionales para mantener una relación de cooperación entre los trabajadores, el sindicato y los Ejecutivos federal y estatales, a través de la ayuda de los funcionarios del Consulado de México, para la identificación de los trabajadores con derecho a recibir los beneficios del Plan de Pensión de Canadá (CPP), y ayudarlos a que reciban un pago mensual del mismo plan.

También comparto la idea del sindicato, cuando recalcan que múltiples tratados y acuerdos internacionales (tales como las normas de la Organización Internacional del Trabajo, el Acuerdo Norteamericano sobre Cooperación Laboral), así como la legislación y jurisprudencia canadienses, otorgan el derecho a todos los trabajadores de participar en un sindicato, libres de intimidación o de represalias por parte de sus empleadores o de los gobiernos. Por eso creo que este derecho debe consagrarse en algún marco legal y que sea respetado por todas las partes.

En virtud de que la red consular ha sido poco comprometida con la atención de las necesidades de los trabajadores agrícolas mexicanos y con la defensa de sus derechos humanos y laborales, creo que el UFCW-Canadá podría ejercer un papel constructivo y muy relevante en representación de los intereses de los trabajadores mexicanos, a través de sus ocho centros de apoyo.

Estoy convencido de que el UFCW y los legisladores del Partido de la Revolución Democrática compartimos y reconocemos el interés común por mejorar las condiciones de los ciudadanos mexicanos que trabajan en la agricultura canadiense, por lo que resulta indispensable continuar y seguir fortaleciendo los canales de comunicación que se han desarrollado como consecuencia de sus diferentes visitas de trabajo a México, así como las que yo he realizado a Canadá.

Sabemos por la prensa que el pasado 22 de agosto de 2007 la titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores firmó con su homólogo canadiense dos acuerdos:

Al respecto, debe tenerse presente que el Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales (PTAT), en 34 años de operación, ha ocupado a 161 mil 674 mexicanos.

Por todo lo anterior y no obstante que con este acuerdo se dice que se intenta proteger los derechos laborales de los trabajadores temporales, los procedimientos de vigilancia en relación con los empleadores, así como de cualquier otra área que se considere apropiada y de beneficio mutuo, y de que hay un interés por facilitar la movilidad de los trabajadores temporales entre México y Canadá, así como promover la protección de los derechos laborales de los trabajadores, es de un sentido interés personal y como legislador mexicano, revisar el Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales en todos sus aspectos y especialmente en lo relativo a la protección de los derechos laborales y humanos de los mexicanos.

Recientemente, una revista nacional publicó un amplio reportaje que da cuenta de la realidad que viven los trabajadores agrícolas mexicanos en las granjas canadienses. Entre otras cosas, el trabajo periodístico deja constancia de que "temporada tras temporada, los abusos se incrementan en contra de miles de jornaleros mexicanos que trabajan en las provincias de Ontario, Québec, Columbia Británica, Alberta, Manitoba, Isla Príncipe Eduardo, Saskatchewan y Nueva Escocia".

En esa revisión, se solicita que los legisladores miembros de la Segunda Comisión de la Comisión Permanente pongamos atención en las condiciones de los derechos humanos y laborales en las granjas canadienses; que tengamos un diagnóstico claro de la atención médica a los trabajadores y a sus familiares; que tengamos información con nombre y apellidos de los beneficiarios de becas educativas para los hijos de los trabajadores; que conozcamos las formas en que conviven nuestros trabajadores para que podamos promover Centros de Convivencia Social; que es de gran relevancia revisar el derecho a sindicalizarse, especialmente en Québec; que reiteramos la necesidad de establecer una agenda de trabajo permanente con el área de Protección Consular de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Para nadie pasa desapercibido que nuestros trabajadores y trabajadoras agrícolas que forman parte del Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales son víctimas de acoso sexual; de falta de dispositivos y vestimenta de protección cuando se trabaja con pesticidas; del conflicto de intereses por parte del personal del Consulado de México (que representa a los trabajadores, mientras trata de mantener a los empleadores contentos para que continúen solicitando trabajadores mexicanos); de los problemas de acceso a la asistencia médica; de la importancia de cimentar una comunidad y aliviar el problema de aislamiento que sufren los trabajadores mexicanos; de las dificultades para comunicarse con sus familias en sus países de origen; de la falta de un proceso de recursos de apelación si un granjero decide repatriar a un trabajador; y de la necesidad de que UFCW-Canadá y los gobiernos de México y de Canadá trabajen juntos para resolver estos problemas de común interés y, por supuesto, en mejorar el marco legal del programa.

Entre las actuaciones que podemos señalar como relevantes para justificar la necesidad de revisar el PTAT, así como someter a mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, especiales, a la Red Consular Mexicana, tiene que ver con lo que ha afirmado Stan Raper, Coordinador Nacional de la Alianza de Trabajadores Agrícolas Migratorios de Canadá, sobre la cuestionable actuación de los consulados mexicanos en esa nación: "el gobierno de México tiene un conflicto de intereses. Para ellos el contrato se vuelve más importante y el trabajador es desechable, eso ha sido siempre. Aquellos trabajadores que pelean por sus derechos, generalmente son expulsados de las fincas y, el próximo año ya no regresan. Así se pierde a un líder y, ya nadie se atreve a exigir sus derechos".

Pero por otro lado, entre las múltiples aportaciones que el UFCW ha aportado a los trabajadores agrícolas mexicanos, y que debiera ser una obligación de los consulados mexicanos en Canadá, consiste en que "el UFCW ha logrado recuperar más de 22 millones de dólares en beneficio de los trabajadores agrícolas por medio de devolución de impuestos y beneficios paternales".

En el último informe Indicadores del desarrollo mundial, reporte que incluye información de 185 países asociados al Banco Mundial, se ubica a México como el mayor expulsor de trabajadores migrantes del planeta. El informe señala que entre los años 2000 y 2005 salieron de México 2 millones de personas para buscar trabajo en los Estados Unidos.

De acuerdo con información del Consejo Nacional de Población, se establece que los indicadores sobre migración a Estados Unidos, en cuanto a índice y grado de intensidad migratoria en las 32 entidades federativas, refieren que 5 estados tienen un muy alto grado de intensidad migratoria, 7 tienen un alto grado, 8 con un medio grado de intensidad, 6 con un grado bajo y 6 con un muy bajo grado de intensidad migratoria. Esto significa que ninguna de las 32 entidades federativas escapa al fenómeno migratorio.

Por otro lado, Guanajuato es uno de los estados con mayor tradición migrante y tiene una historia de más de 100 años en la migración internacional, ya que los primeros que salieron en busca de mejores oportunidades lo hicieron en 1890 con motivo de la construcción del ferrocarril en Chicago, aunque el movimiento más fuerte se produjo durante el Programa Bracero de 1942 a 1964. Ese camino lo han seguido Michoacán y Zacatecas con características propias.

Todas estas cifras y datos nos llevan a la convicción de que es necesario que los poderes ejecutivos y legislativos federal y locales impulsemos y fortalezcamos una política migratoria que atienda la dimensión de un problema nacional que es reflejo fiel de la realidad social y económica que se vive en cada uno de los estados.

Existen 20 entidades federativas que cuentan con una comisión legislativa que atiende asuntos migratorios o fronterizos, por lo que la aspiración de todos los interesados en el fenómeno migratorio en los otros 10 congresos locales se constituya la comisión respectiva, y de esa manera se fortalezca la política migratoria a nivel nacional y local.

En 1973 se iniciaron las negociaciones entre los gobiernos de Canadá y México para lograr un acuerdo que permitiera el desplazamiento temporal de trabajadores mexicanos a ese país con el objeto de cubrir la necesidad de mano de obra agrícola y controlar la inmigración ilegal en su territorio.

En 1974 se firmó en Ottawa, Canadá, el memorándum de entendimiento entre el gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el de Canadá, relativo al Programa de Trabajadores Mexicanos Temporales, así como el Acuerdo para el Empleo Temporal de Trabajadores Agrícolas Mexicanos en Canadá, por lo que se instauró el Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales en Canadá, cuyo objetivo es "ofrecer una alternativa de ocupación segura y redituable a los jornaleros agrícolas mexicanos, satisfaciendo las necesidades de los granjeros canadienses".

El PTAT es "un modelo de cooperación binacional que permite mantener un flujo migratorio temporal ordenado y seguro de trabajadores agrícolas mexicanos, al tiempo que les garantiza el respeto a sus derechos laborales, sociales y humanos".

El memorándum de entendimiento establece que:

Los trabajadores que participan en el PTAT deben cumplir con algunos requisitos, los principales son:

En el PTAT se encuentran los siguientes tipos de trabajadores:

Yo quisiera hacer un llamado a la sensatez de los integrantes de la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios, así como a los diputados de todos los partidos de los estados de México, de Tlaxcala, de Puebla, de Guanajuato, de Michoacán, de Hidalgo y de Zacatecas, principalmente, para que demos una muestra de patriotismo y solidaridad con nuestros paisanos, y tomemos la decisión para revisar paso a paso, la operación del Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales, desde la etapa de reclutamiento que le corresponde a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social y los gobiernos de los estados, a través del Sistema Nacional de Empleo y sus similares en las entidades, hasta la llegada, estancia y regreso de los trabajadores agrícolas, por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Quiero citar una afirmación de la Doctora Jenna L. Hennebry, investigadora del Departamento de Sociología de la Universidad Wilfrid Laurier en Ontario, respecto de las condiciones de trabajo de los mexicanos:

En el PTAT se encuentran los siguientes tipos de trabajadores:

Punto de Acuerdo

De urgente u obvia resolución, bajo los siguientes resolutivos:

Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular del Ejecutivo federal a revisar a través de la Secretarías de Relaciones Exteriores, de Gobernación, de Hacienda y Crédito Público, del Trabajo y Previsión Social, y de Salud las condiciones del Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales y se tomen en cuenta las propuestas de modificación descritas en el cuerpo del presente documento para mejorar las condiciones laborales y humanas de los trabajadores agrícolas mexicanos.

Segundo. En términos del numeral 4 del artículo 44 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicito a la Segunda Comisión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión de esta LX Legislatura que integre con la mayor brevedad una subcomisión PTAT para atender y proponer soluciones par mejorar las condiciones de los derechos humanos y laborales de los trabajadores mexicanos en Canadá; asimismo que se encargue de establecer los vínculos institucionales con las secretarías encargadas del Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales.

La Subcomisión deberá integrarse por un legislador o legisladora de cada uno de los grupos parlamentarios con representación en la Segunda Comisión; una vez que hayan cumplido con el objeto de su creación, deberán de presentar un informe al Pleno de la Comisión Permanente de la LX Legislatura, a través de la presidencia de la mencionada Comisión.

La Comisión Permanente de la LX Legislatura hará llegar dicho informe a las autoridades competentes para que, en uso de sus facultades, realicen las acciones conducentes.

Dado a los veintidós días del mes de diciembre del año dos mil ocho.

Diputado Alberto Amaro Corona (rúbrica)
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE SOLICITA A LA SHCP Y A LA SAGARPA QUE LAS REGLAS DE OPERACIÓN DE LOS PROGRAMAS AGROPECUARIOS PARA 2009 SE LLEVEN A CABO EN TIEMPO Y FORMA, SUSCRITA POR EL SENADOR ADOLFO TOLEDO INFANZÓN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión solicita a las Secretarías de Hacienda y Crédito Público; y de Agricultura, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación que las reglas de operación de los programas agropecuarios que aplicarán en la ejecución del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2009 se lleven a cabo en tiempo y forma, además de incluir lo establecido en la Ley de Desarrollo Rural Sustentable y tomando en cuenta los requerimientos de las entidades federativas, especialmente lo relacionado con los programas y proyectos que necesitan una asignación presupuestal multianual en este sector en el país.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, a 22 de diciembre de 2008.

Senador Adolfo Toledo Infanzón (rúbrica)
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA SCT A REALIZAR UN PROGRAMA URGENTE PARA REVERTIR EL DETERIORO DE LA CARRETERA TRANSÍSTMICA EN OAXACA, A CARGO DEL DIPUTADO CARLOS ALTAMIRANO TOLEDO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD

El suscrito, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LX Legislatura, con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta ante esta soberanía, proposición con punto de acuerdo, conforme a las siguientes

Consideraciones

El deterioro que presenta la carpeta asfáltica de la carretera transístmica por el tráfico constante de vehículos y unidades pesadas es notorio para todos los que la utilizan, y se agrava por la falta de mantenimiento.

La que debiera ser una de las venas más importantes de la economía regional y nacional está llena de hoyos, baches, arena suelta, y le hace falta señalización.

La importancia estratégica de esta vía se ilustra con un dato: en promedio diariamente la utilizan ocho mil vehículos. Esta carretera comunica, no sólo Veracruz y Oaxaca, sino todo el Golfo de México y el Pacífico.

Las condiciones son francamente riesgosas e inaceptables en los tramos correspondientes a Oaxaca, en particular en La Ventosa, en los límites con Veracruz.

Los riesgos, tanto para los oaxaqueños como para todos los usuarios, se han incrementado por la ausencia de mantenimiento integral a esta vía de comunicación.

No basta con pequeñas reparaciones de unos cuantos metros; se requiere un programa de obra sustantivo, que revierta el abandono que se agrava en la parte vial correspondiente a Oaxaca. Esta acción debe conformar parte de una estrategia de desarrollo en infraestructura para el crecimiento económico del istmo de Tehuantepec.

¿Por qué, si otros países invierten para mantener y mejorar sus vías de comunicación, México no lo hace?

Invertir en la carretera transístmica es reforzar la infraestructura nacional, desarrollar la competitividad, y promover el desarrollo en las regiones que más lo necesitan.

Por lo anteriormente expuesto, me permito presentar ante esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a realizar un programa emergente para revertir el deterioro de la carretera transítmica en Oaxaca, y promover su aprovechamiento integral.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, a 22 de diciembre de 2008.

Diputado Carlos Altamirano Toledo (rúbrica)
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, PARA EXHORTAR A LOS SECRETARIOS DE GOBERNACIÓN, Y DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL A REALIZAR GESTIONES ANTE LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES A EFECTO DE QUE SE LIBERE DE INMEDIATO AL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE VIGILANCIA DEL SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES MINEROS, METALÚRGICOS Y SIMILARES DE LA REPÚBLICA MEXICANA, SUSCRITA POR LOS DIPUTADOS ROSARIO IGNACIA ORTIZ MAGALLÓN Y JOSÉ ANTONIO ALMAZÁN GONZÁLEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD

Los que suscriben, Rosario Ortiz Magallón y José Antonio Almazán González, diputados federales de la LX Legislatura e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten ante esta soberanía proposición con punto de acuerdo, de urgente u obvia resolución, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El miércoles 3 de diciembre del presente año fue detenido Juan Linares Montufar, presidente del Consejo General de Vigilancia del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana (SNTMMSRM), por el presunto fraude de 55 millones de dólares a ese gremio.

Horas después, con lujo de violencia se llevó a cabo la detención de Carlos Pavón Campos, secretario de Asuntos Políticos del SNTMMSRM, acusado por la empresa Altos Hornos de México de un supuesto fraude por 9 millones 475 mil pesos.

Previamente a estas detenciones, el gobierno mexicano ordenó el "congelamiento" de las cuentas bancarias del SNTMMSRM, medida con la que busca asfixiar financieramente a este sindicato.

Ambas detenciones muestran la faz represiva del Estado mexicano, así como la política antiobrera de Felipe Calderón, que sin pudor busca exterminar cualquier movimiento que signifique disidencia u oposición a la política del gobierno federal.

Estas acciones son un atropello a la libertad y autonomía de esta organización sindical, y constituyen un verdadero secuestro a estos dos dirigentes sindicales. Calificar de secuestro la detención de los mencionados dirigentes no es un recurso retórico sino una definición del grado de descomposición a que ha llegado el gobierno de Calderón, quien en su impotencia por controlar o doblegar al sindicato minero ha organizado dichas acciones, ilegales y arbitrarias, en virtud de que los dirigentes detenidos no recibieron ninguna notificación y nunca medió ningún tipo de juicio ante los tribunales, tal y como lo establece el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Esas detenciones son la coronación de una serie de agresiones del gobierno federal contra el sindicato minero, cuyo delito ha sido oponerse a las arbitrariedades y a las pésimas condiciones en materia e seguridad e higiene con que mantienen las diversas minas de su propiedad el grupo Minera México, de Germán Larrea.

Para tener mayor claridad de este conflicto entre el gobierno federal y el grupo México por un lado, y el sindicato minero del otro, es necesario realizar un análisis muy general de los aspectos más relevantes de este conflicto:

Antecedentes

Los favores del gobierno

Grupo México se ha visto favorecido por el gobierno federal no solamente al amparo de Calderón, sino que como resultado de las privatizaciones llevadas a cabo en México desde 1982. Germán Larrea ha sido junto con Carlos Slim, de los grupos empresariales más beneficiados por la política de privatizaciones del gobierno federal. Recordemos que en 1982 había en México mil 155 empresas públicas, y que con distintos "argumentos" como el de hacerlas más productivas y eficientes, el gobierno federal ha privatizado más de mil empresas. Particularmente en la década de los noventa del siglo pasado, Salinas de Gortari privatizó muchas empresas públicas del sector minero, y el grupo México se benefició comprando importantes minas de cobre de Cananea y Nacozari por debajo de su valor.

Además, la sobreexplotación de los obreros mineros le ha rendido frutos al grupo México, a tal grado que en el presente año su dueño fue incluido en la lista de Forbes en donde aparecen las fortunas más importantes a nivel mundial. El presidente ejecutivo del grupo México, Germán Larrea, ingresó en el ranking colocándose en el tercer sitio entre los mexicanos con mayor fortuna, sólo por debajo de Carlos Slim y Alberto Bailleres. Según Forbes, la fortuna de Larrea asciende a 7000 300 millones de dólares, y se coloca en el puesto 127 entre los mil 125 multimillonarios del planeta.

No conforme con esto, algunos ejecutivos del grupo México y de la Soutlen Copper Co., una empresa del mismo grupo, tienen nexos políticos con el gobierno federal, ocupando cargos importantes tanto en el gobierno de Fox como ahora con Calderón. Es el caso de Luis Téllez Kuenzler, actual secretario de Comunicaciones y Transportes, quien también es miembro del consejo de administración del grupo México. Grupo México tiene además nexos con la fundación Vamos, México, presidida por Marta Sahagún, esposa del ex presidente Vicente Fox. Asimismo, recientemente el SNTMMSRM denunció que presuntamente Fernando Gómez Mont, actual secretario de Gobernación, ha sido o es miembro del consejo de administración del grupo empresarial que dirige Germán Larrea.

Estos elementos son suficientes para que esta soberanía, en su calidad de representante popular, se pronuncie ante este conflicto a efecto de garantizar el respeto de la autonomía sindical del SNTMMSRM, así como para exhortar a las autoridades que pongan freno a la represión en contra de los dirigentes mineros.

Por todo lo expuesto y fundado, someto a la consideración de esta soberanía, con carácter de urgente y obvia resolución, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente exhorta al secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, a realizar gestiones ante las autoridades competentes para que sea liberado de manera inmediata el ciudadano Juan Linares Montufar, presidente del consejo de vigilancia del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana.

Segundo. La Comisión Permanente solicita al licenciado Fernando Gómez Mont, secretario de Gobernación, a cesar las agresiones al Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana, y se descongelen las cuentas bancarias de este sindicato, en virtud de que es dinero de los trabajadores agremiados a él.

Tercero. La Comisión Permanente solicita a Javier Lozano Alarcón, secretario del Trabajo y Previsión Social, que, en el ámbito de sus facultades y en aplicación del artículo 40 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, intervenga en el conflicto minero a efecto de que se establezca una mesa de trabajo entre el Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana y el Grupo Minero México, de Germán Larrea Mota Velasco, a fin de dar solución a las huelgas estalladas el 30 de julio de 2007 en Cananea, Sonora; Taxco, Guerrero; y Sombrerete, Zacatecas.

Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 22 de diciembre de 2008.

Diputados: Rosario Ignacia Ortiz Magallón, José Antonio Almazán González (rúbricas).
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE SOLICITA A LA SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES QUE INFORME SOBRE EL CASO DEL CIUDADANO CUBANO-ESTADOUNIDENSE FÉLIX BATISTA, PRESUNTAMENTE SECUESTRADO ESTE 10 DE DICIEMBRE EN SALTILLO, COAHUILA, A CARGO DEL DIPUTADO OCTAVIO MARTÍNEZ VARGAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD

El suscrito, diputado federal de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente la siguiente proposición con punto de acuerdo, de urgente u obvia resolución, al tenor de las siguientes

Consideraciones

1. El pasado 10 de diciembre el experto antisecuestro estadounidense Félix Batista fue presuntamente plagiado por desconocidos en Saltillo, en el Coahuila, a donde habría llegado para ofrecer pláticas y asesorías sobre secuestro a empresarios y autoridades locales de dicho estado. Batista trabaja como consultor para la firma de seguridad ASI Global LLC, con sede en Houston, Texas, y en cuya página de Internet señala que el experto ha resuelto satisfactoriamente cerca de 100 secuestros.

2. Desde que se dio a conocer la información del presunto secuestro, se han sucedió una serie de confusiones e información contradictoria respecto de lo que realmente ocurrió, así como de las actividades que están llevando a cabo las diversas corporaciones policíacas y dependencias de gobierno involucradas, tanto estatales como federales.

3. Por un lado, el presidente de la firma de seguridad en Estados Unidos para la que trabaja Batista afirmó en un comunicado que la policía mexicana y el FBI ya habían sido notificados y trabajan en el caso.

4. Contrariamente a lo señalado por el presidente de la compañía, el subsecretario para América del Norte de la Cancillería, Carlos Rico, señaló que la Secretaría de Relaciones Exteriores da seguimiento al caso pero que no ha tenido ninguna petición específica de la embajada estadounidense sobre el tema.

5. Por su parte, la Procuraduría de Justicia del estado de Coahuila ha negado que policías estadounidenses investiguen la desaparición de Félix Batista señalando que "hasta hoy nadie puede asegurar ni hay indicios de que esta persona fuera secuestrada, y sólo el Ministerio Público y la policía ministerial indagan su desaparición, sin que intervenga ninguna otra dependencia, muchos menos extranjera", dijo el procurador Jesús Torres Charles, ante las versiones de que la Oficina Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos interviene en las pesquisas.

6. Al parecer antes de su desaparición también sostuvo pláticas con empresarios de Saltillo, Torreón y Monterrey. Según otras versiones, el también ex militar visitaba Saltillo a invitación de la procuraduría estatal para instruir a policías en temas de seguridad, ante la creciente violencia en que se sumergió la lucha contra el crimen organizado, por lo cual no se descarta un rapto por narcotraficantes.

7. El responsable para América Latina de la Consultora ASI Global de Estados Unidos, el señor Batista llegó a Saltillo el sábado 6 de diciembre para tener una serie de encuentros con empresarios locales, con sus contactos y con el secretario de Seguridad Pública de Coahuila, Fausto Destenave.

8. Batista, quien es un ex mayor del Ejército de Estados Unidos, negociaba la liberación de José Pilar Valdés, un perito saltillense en tácticas antisecuestro, quien a su vez había sido secuestrado el martes 9 de diciembre por un comando armado, situación que muestra el grado de infiltración del crimen organizado en Coahuila, y cuyo gobernador ha buscado lucrar electoralmente con el asunto de la pena de muerte.

9. Otras versiones dadas por autoridades estatales, señalan que el experto antisecuestro estadounidense se fue voluntariamente con sus captores y hasta el momento no se ha solicitado ningún rescate.

10. Según fuentes periodísticas, el procurador del estado de Coahuila, Jesús Torres, dijo a la Agencia de Noticias AP que el experto Félix Batista aparentemente se despidió de algunos conocidos con los que cenaba en un restaurante, les entregó algunos objetos personales y les pidió llamar a algunos socios en caso de que le pasara algo.

Por lo antes expuesto, sometemos a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión el siguiente

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión solicita a la Secretaría de Relaciones Exteriores toda la información sobre el caso de Félix Batista, presuntamente secuestrado en Saltillo, Coahuila el pasado 10 de diciembre y que, sobre todo, informe sobre la presunta participación del FBI o otras dependencias estadounidenses en la investigación del caso.

Segundo. Exhorta respetuosamente también al Gobierno del Estado de Coahuila a que informe a esta Soberanía sobre las labores que desarrollaba Félix Batista como asesor del gobierno del estado y sus vínculos con funcionarios estatales.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, el 22 de diciembre de 2008.

Diputado Octavio Martínez Vargas (rúbrica)
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE SOLICITA A LA SOCIEDAD HIPOTECARIA FEDERAL, SNC, QUE ENTREGUE INMEDIATAMENTE UN INFORME DETALLADO DE LOS PERITOS VALUADORES QUE NO CUMPLIERON EL PLAZO DE TRES AÑOS PARA OBTENER SU CÉDULA PROFESIONAL DE POSGRADO, A CARGO DEL DIPUTADO OCTAVIO MARTÍNEZ VARGAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD

Octavio Martínez Vargas, diputado federal, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del Pleno de esta Comisión Permanente la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

1. De conformidad con el artículo segundo transitorio de la Ley de Transparencia y de Fomento a la Competencia en el Crédito Garantizado, claramente señala que a los peritos valuadores que no pudieron obtener su cédula profesional de postgrado en tres años, es obligación de la Sociedad Hipotecaria Federal, SNC, cancelarles las autorizaciones que entregó de manera provisional, ya que a la letra dispone:

2. El citado artículo entró en vigor el 14 de diciembre del año 2004, por lo que ya excedió el término de tres años; van cuatro años y no sabemos cuantos valuadores han operado con una autorización invalida.

La fracción IX del artículo 3 de la citada ley dispone que "es un requisito esencial de que el perito valuador pueda ejercer su función con la referida cédula profesional de postgrado expedida por la Secretaría de Educación Pública".

3. Compañeras y compañeros legisladores, no debemos dejar pasar por alto la impunidad, ni permitir que se ejecuten pseudo avalúos, de por medio está el patrimonio de muchos ciudadanos que, confían en que sus avalúos son elaborados por un profesional.

4. Debemos tomar en cuenta que la importancia de la valuación en créditos garantizados influye en el crecimiento económico del país.

Me refiero a que, a principios del año 2008, México proyectaba un crecimiento del 3 por ciento; ahora fue del 2.3 por ciento, así lo informó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y aceptó que esperaba menor crecimiento; observemos que en Estados Unidos de América, en el segundo semestre, se continúo deteriorando el mercado hipotecario con caídas en las ventas y precios de las casas y en la construcción.

Asimismo, han continuado las pérdidas en los intermediarios financieros, llevando a una contracción del crédito.

5. Por ello, es muy importante la labor que desempeñan los peritos valuadores en bienes inmuebles, así como los bancos y desarrolladoras (entidades) que otorgan créditos para la vivienda. No sobra mencionar que antes del año 1988 la actividad valuatoria en México era prácticamente empírica y la supervisión sobre ella era mínima, toda vez que el principal organismo regulador era la Comisión Nacional Bancaria y de Valores que no contaba con una infraestructura para efectuarla de manera eficaz.

6. Sabemos que la actividad económica ha mostrado una desaceleración, bajó el ritmo de crecimiento económico, propició tasas de inflación volátiles y un tipo de interés ligeramente al alza en un entorno macroeconómico de estabilidad.

7. Acudo a su buena voluntad política y les hago un llamado para que aprobemos este punto de acuerdo, en virtud de que la Sociedad Hipotecaria Federal, SNC, no está informando sobre una obligación que le mandata la ley y es responsabilidad de nosotros vigilar que la ley se aplique para todos al caso concreto.

Estoy seguro de que haremos lo correcto.

Por lo antes expuesto, someto a consideración del Pleno de esta Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión solicita a la Sociedad Hipotecaria Federal, SNC, que entregue inmediatamente un informe detallado con los nombres de los peritos valuadores que no cumplieron con el plazo de tres años para obtener su cédula profesional de postgrado como lo mandata el Artículo Segundo Transitorio de la Ley de Transparencia y de Fomento a la Competencia en el Crédito Garantizado, en virtud de que ha fenecido en demasía el término otorgado.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión a los veintidós días del mes de diciembre del año dos mil ocho.

Diputado Octavio Martínez Vargas (rúbrica)
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE SOLICITAR A LAS SECRETARÍAS DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, Y DE EDUCACIÓN PÚBLICA QUE DESTINEN RECURSOS EXTRAORDINARIOS POR ÚNICA VEZ A LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS PARA CUBRIR EL ADEUDO QUE TIENE CON EL INFONAVIT, A CARGO DEL DIPUTADO ITZCÓATL TONATIUH BRAVO PADILLA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD

El suscrito, diputado Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LX Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento Para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión la siguiente proposición con punto de acuerdo, el tenor de las siguientes

Consideraciones

Primera. La Universidad Autónoma del Estado de Morelos surgió en 1871 con la creación del Instituto Literario y Científico que se transformaría más tarde en el Instituto de Estudios Superiores del Estado de Morelos, adoptando en el año de 1967 su denominación actual.

Actualmente es considerada como una de las principales universidades del país y ofrece estudios superiores y de postgrado de calidad en las áreas de medicina, enfermería, psicología, educación, filosofía, letras, antropología, historia, informática, artes y lenguas. Dispone, además, de importantes centros de investigación en química, biología, biotecnología, ingeniería, ciencias aplicadas y el Centro de Educación Ambiental e Investigación de la Sierra de Huautla.

Segunda. Actualmente, la institución se encuentra envuelta en una problemática económica ya que, derivado de una auditoría practicada por el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) durante el ejercicio de 2001 y 2003, se determinaron créditos fiscales a favor de éste.

Así, se determinaron diferencias en el pago de aportaciones, por lo que se originó un crédito por la cantidad de 9 millones 273 mil 92.10 pesos, que ha incrementado por las actualizaciones y recargos y que al 26 de septiembre de 2007, ascendía a 30 millones 248 mil 339.83 pesos.

Tercera. Ante ello, el Infonavit, en ejercicio sus facultades, llevó a cabo el embargo de cinco cuentas bancarias, de las cuales hasta la fecha no ha sido posible disponer de los recursos que en ellas se encuentran, originando problemas en la realización de los proyectos de la UAEM ya que estas se encuentran congeladas.

Cuarta. La universidad ha realizado propuestas al Infonavit para cubrir el adeudo conforme a los recursos con que cuenta, no logrando generar un acuerdo ya que el importe que el Instituto determina, aun con reducciones, es superior a lo que la institución puede pagar.

Quinta. Aunado a lo anterior, los recursos que son asignados a la UAEM deben destinarse conforme a lo convenido con la Secretaría de Educación Pública, por lo que no se cuentan con los recursos extraordinarios para efectuar un pago por esos importes, máxime que corresponde a ejercicios anteriores.

Sexta. De este modo y de no saldar el adeudo anteriormente descrito, sobre todo en lo que respecta a recargos, la viabilidad financiera y funciones sustantivas de la universidad, así como los derechos laborales del personal, se encontrarían en riesgo.

Por ello, se considera de vital importancia obtener el apoyo de las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, y de Educación Pública, para que en coordinación destinen recursos extraordinarios, por única vez, a la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Ello, para cubrir el adeudo que tiene con el Infonavit y así no poner en riesgo su viabilidad financiera y el desarrollo de sus funciones sustantivas.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se somete a consideración de la Comisión Permanente, el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión solicita respetuosamente apoyo a las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, y de Educación Pública para que destinen recursos extraordinarios, por única vez, a la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Ello, para cubrir el adeudo que tiene con el Infonavit y así no poner en riesgo su viabilidad financiera y el desarrollo de sus funciones sustantivas.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 22 de diciembre de 2008.

Diputado Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla (rúbrica)