• De la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, que establece los lineamientos para el desarrollo de las sesiones.

• De la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, para la integración de las comisiones de trabajo.

• De la Comisión de Asuntos Indígenas, semestral de actividades, marzo-septiembre de 2008.

• De la Comisión de Desarrollo Social, cuarto semestral de actividades, correspondiente al lapso de abril a septiembre de 2008.

• De la Comisión de Asuntos Indígenas, correspondiente a la undécima sesión plenaria, efectuada el miércoles 3 de septiembre de 2008.

• De la Comisión de Asuntos Indígenas, correspondiente a la duodécima sesión plenaria, efectuada el jueves 21 de octubre de 2008.

• Del Comité de Competitividad, concerniente a la reunión realizada el miércoles 22 de octubre de 2008.

• De la Comisión de Desarrollo Metropolitano, a la reunión con funcionarios del gobierno y de la Embajada de Estados Unidos de América en México que se llevará a cabo el martes 13 de enero, a las 11:00 horas.

• De la Comisión de Hacienda y Crédito Público, a la reunión que se llevará a cabo el miércoles 14 de enero, a las 11:00 horas.

• De la Comisión Especial de estudios de las políticas para la migración interna, al diplomado Construyendo un nuevo federalismo: transformación e integración del desarrollo regional que, en coordinación con la Escuela de Graduados en Administración y Política Pública del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, se llevará a cabo hasta el sábado 24 de enero.

• De la Comisión Bicamaral del Sistema de Bibliotecas, al congreso de la Red de Investigadores Parlamentarios en Línea Virtual II.

Honorable Asamblea:

El Presidente de la Mesa Directiva y los representantes de los grupos parlamentarios de la Comisión Permanente que funcionará durante el primer receso del tercer año de ejercicio constitucional de la LX Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 78, fracción IlI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y

Considerando que

I. Para el adecuado ejercicio de las facultades y deberes constitucionales y legales que la Comisión Permanente tiene encomendados, es necesario contar con un instrumento normativo que sistematice, interprete y amplíe la normatividad vigente, con la finalidad de hacer más eficiente el desarrollo de sus trabajos.

II. Si bien la regulación existente relativa a la Comisión Permanente presenta diversos vacíos, es posible cubrir gran parte de ellos utilizando diversos métodos de la técnica jurídica y haciendo una cuidadosa revisión de las normas que rigen la organización y funcionamiento de las Cámaras del honorable Congreso de la Unión.

III. Conforme a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental es necesario definir el procedimiento para que la información producida en el ámbito del presente acuerdo pueda ser publicada y difundida con base en los criterios establecidos.

Por lo anteriormente expuesto, nos permitimos someter a su consideración el siguiente

Acuerdo

Que establece los lineamientos para el desarrollo de las sesiones de la Comisión Permanente del primer receso del tercer año de ejercicio constitucional de la LX Legislatura

Disposiciones generales

Artículo Primero. El presente acuerdo tiene por objeto la interpretación de las normas, legales y reglamentarias que rigen a la Comisión Permanente en lo relativo a la celebración de las sesiones; los registros de asistencia de las legisladoras y legisladores; la integración, formulación y desahogo del orden del día; los procedimientos para las discusiones; el control de acceso a las sesiones y la difusión de los trabajos de la Comisión Permanente.

Artículo Segundo. Los asuntos no previstos en el presente acuerdo serán resueltos por consenso de los integrantes de la Mesa Directiva.

De la celebración de las sesiones

Artículo Tercero. La Comisión Permanente sesionará una vez por semana preferentemente los días miércoles, de conformidad con el calendario legislativo aprobado y que se anexa al presente acuerdo. Las sesiones darán inicio a las 11 de la mañana y tendrán una duración de hasta cuatro horas. La asamblea podrá acordar que se amplíe el tiempo cuando existan asuntos cuyo despacho sean de especial interés, o para agotar todos los puntos que integran el orden del día.

La Presidencia de la Mesa Directiva podrá convocar a sesiones extraordinarias de la Comisión Permanente notificando a los integrantes de la ésta cuando menos con 24 horas de anticipación. También por acuerdo de la asamblea podrán celebrarse sesiones en días u horas distintos a los programados.

De las asistencias

Artículo Cuarto. Para verificar que exista el quórum legal para el inicio de cada sesión, la Secretaría de la Mesa Directiva pasará lista de asistencia.

Por ello, y con objeto de contar con el registro correcto de asistencias y solicitudes de uso de la palabra, los representantes de los grupos parlamentarios informarán a la Secretaría de la Mesa Directiva a más tardar al inicio de la sesión los nombres de las legisladoras y legisladores que sustituirán de manera indistinta en sus funciones a los titulares.

Una vez declarada abierta la sesión, las legisladoras y legisladores que hayan pasado lista de asistencia no podrán ser sustituidos. En caso de que algún legislador titular no pueda asistir a las reuniones de las comisiones de trabajo a las que pertenezca, el coordinador de su grupo parlamentario deberá notificarlo por escrito al Presidente de la misma, informando el nombre del legislador sustituto que cubrirá dicha ausencia. Dicho legislador tendrá voz y voto en la Comisión de que se trate.

De la integración, formulación y desahogo del orden del día

Artículo Quinto. La Mesa Directiva sostendrá reunión previa el día de la sesión, a las 9:30 horas, para acordar el orden del día correspondiente. Al efecto, deberá considerar las propuestas que reciba oportunamente de los representantes de los grupos parlamentarios, los dictámenes que le remitan las comisiones de trabajo y, en general, los asuntos que reciba de los otros dos Poderes de la Unión, los poderes de los estados, las autoridades locales del Distrito Federal y demás organismos públicos o, en su caso, de la ciudadanía.

Después de esta reunión no se podrá programar ningún asunto, salvo por acuerdo de la Mesa Directiva.

A esta reunión se invitará a los representantes de los grupos parlamentarios que haya designado cada Cámara.

Artículo Sexto. La legisladora o legislador que requiera la inclusión en el orden del día de una iniciativa, proposición con punto de acuerdo, excitativa, o algún punto para la agenda política, hará llegar la petición a la Presidencia de la Mesa Directiva por conducto del representante de su grupo parlamentario, hasta las 18:00 horas del día anterior a la sesión en la que se solicita que el asunto sea incorporado.

Siempre que se trate de iniciativas, proposiciones con punto de acuerdo y excitativas, al oficio de petición se anexará el documento en versión impresa y electrónica. El documento impreso deberá contener el nombre y la firma de la legisladora o legislador que la suscribe y el trámite que solicite. Los asuntos remitidos por legisladores no integrantes de la Comisión Permanente serán objeto de "Sólo Turno a Comisión", a menos que el representante del grupo parlamentario anuncie previamente quién los presentaría en tribuna en su nombre.

Cuando se requiera que algún asunto sea tramitado de obvia o urgente resolución, así deberá de señalarse expresamente.

Artículo Séptimo. La Mesa Directiva integrará los asuntos a desahogar durante las sesiones, preferentemente de acuerdo al siguiente orden:

Artículo Octavo. El Pleno podrá dispensar la lectura del acta de la sesión anterior, siempre y cuando haya sido publicada previamente en la Gaceta Parlamentaria. En este caso y de no haber objeción de alguna legisladora o legislador se pondrá de inmediato a votación.

Artículo Noveno. Las comunicaciones se publicarán en la Gaceta Parlamentaria. Sólo se dará lectura a aquellas que deban seguir algún trámite reglamentario. En ningún caso se someterá a discusión o votación de la asamblea una comunicación.

Artículo Décimo. Cuando algún legislador o legisladora solicite licencia deberá dirigir el oficio a la Presidencia de la Mesa Directiva, especificando la causa o motivo de la petición y el tiempo que permanecerá separado de su encargo.

Artículo Decimoprimero. En el rubro de proposiciones con punto de acuerdo podrán presentarse los asuntos de orden político, cultural o social, que afecten a una comunidad, grupo, partido o colectividad y cuyos efectos sean de interés general, para que la Comisión Permanente, en el ámbito de su competencia, emita algún pronunciamiento, exhorto o recomendación.

Toda proposición con punto de acuerdo que vaya dirigida a cualquiera de las Cámaras, o aquellas cuya materia no sea competencia explícita de las comisiones de trabajo de la Comisión Permanente, será turnada inmediatamente por la Presidencia de la Mesa Directiva a la comisión o comisiones ordinarias que corresponda.

Artículo Decimosegundo. En cada sesión serán inscritas todas las proposiciones con punto de acuerdo que interesen a las o los legisladores; el número máximo que se presentarán en tribuna será conforme a la siguiente distribución; en este sentido, los grupos parlamentarios definirán el orden o prioridad en el registro para abordarse en la sesión:

Artículo Decimocuarto. Cuando se solicite que se excite a alguna comisión legislativa, el promovente deberá remitir por medio del representante de su grupo parlamentario, un oficio dirigido a la Presidencia de la Mesa Directiva, en el que detalle lo siguiente:

Artículo Decimoquinto. En el rubro de agenda política se incorporarán aquellos temas de interés general que motivan la discusión de las legisladoras y los legisladores, pero que no entrañan una proposición con punto de acuerdo o algún otro trámite posterior.

Artículo Decimosexto. A petición de los representantes de los grupos parlamentarios, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente instruirá la publicación en la Gaceta Parlamentaria de los textos remitidos por los legisladores que tengan por objeto alguna efeméride y la Secretaría General de la Cámara de Diputados gestionará ante el Canal del Congreso la emisión de un programa especial en la materia.

Artículo Decimoséptimo. El tiempo de que disponen las legisladoras y legisladores para la presentación de los asuntos es el siguiente:

De las discusiones

Artículo Decimoctavo. Los dictámenes publicados podrán ser objeto de dispensa de su correspondiente lectura sólo si fueron distribuidos al menos antes de que se vayan a abordar en la sesión y previa consulta a la asamblea en votación económica. En todo caso, la publicación de los dictámenes surtirá los efectos del artículo 108 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General.

Artículo Decimonoveno. En la discusión en lo general de un dictamen podrá hacer uso de la palabra para fijar su posición un orador por cada grupo parlamentario en un tiempo no mayor de cinco minutos.

Las demás reglas para la discusión de los dictámenes serán las que señala el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, pudiendo la Mesa Directiva, en consenso con los representantes de los grupos parlamentarios, determinar los términos del debate en cuanto al número de oradores y tiempo de las intervenciones.

Artículo Vigésimo. Las proposiciones cuya materia sea competencia de la Comisión Permanente serán turnadas por la Presidencia de la Mesa Directiva a la comisión de trabajo que corresponda, sin que proceda discusión. Sólo podrán darse dos excepciones:

Del control de acceso a las sesiones

Artículo Vigésimo Segundo. Con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 212 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, sólo con permiso de la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente podrán ingresar al salón de sesiones personas que no sean legisladoras o legisladores. A tal efecto, los interesados deberán acreditarse previamente y no podrán portar pancartas u objetos que perturben el orden, obstruyan la visibilidad o distraigan a los legisladores; de igual forma, se deberán comprometer a observar lo dispuesto en los artículos 205, 207 y 209 del Reglamento Interior.

Artículo Vigésimo Tercero. Para apoyar el trabajo de las legisladoras y legisladores en el interior del recinto, cada grupo parlamentario podrá contar con el número de auxiliares que por consenso acuerden sus representantes. El personal de apoyo deberá estar debidamente acreditado por la Secretaría General de la Cámara de Diputados y se ubicará en las áreas que no obstruyan la visibilidad de los legisladores ni perturben el orden.

De la difusión de los trabajos de la Comisión Permanente

Artículo Vigésimo cuarto. En la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados se publicará todo lo relativo al desarrollo de los trabajos de la Comisión Permanente. Invariablemente se deberá publicar lo siguiente:

Artículo Vigésimo Quinto. La Gaceta Parlamentaria se imprimirá todos los días en que sesione la Comisión Permanente. Su contenido se difundirá a través de los servicios electrónicos de información de la Cámara de Diputados.

Transitorio

Único. El presente acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su aprobación por el Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión y tendrá vigencia durante el primer receso del tercer año de ejercicio constitucional de la LX Legislatura.

Salón Legisladores de la República, a 17 días de diciembre de 2008.

Por la Mesa Directiva:

Diputado César Duarte Jáquez (rúbrica)
Presidente

Por los Grupos Parlamentarios:

Diputado Juan de Dios Castro Muñoz (rúbrica)
Senador Humberto Andrade Quezada (rúbrica)
Diputado Raúl Cervantes Andrade (rúbrica)
Senador Fernando Castro Trento (rúbrica)
Diputado Octavio Martínez Vargas (rúbrica)
Senador Rubén Fernando Velázquez López
Diputado Manuel Portilla Diéguez (rúbrica)
Senador Javier Orozco Gómez
Diputado Cuauhtémoc Velasco Oliva (rúbrica)
Senador Gabino Cué Monteagudo (rúbrica)
Senador Alejandro González Yáñez
 
 

DE LA MESA DIRECTIVA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, PARA LA INTEGRACIÓN DE LAS COMISIONES DE TRABAJO

Secretarios de la Comisión Permanente
Presentes

La Mesa Directiva de conformidad con lo que establece el artículo 78, fracción III, de la Constitución General de la República, los artículos 116, 123, 127, 128 y 129 de la Ley Orgánica del Congreso General, así como de los artículos 175 y 176 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, somete a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la siguiente propuesta para la integración de las comisiones que requiere para el despacho de los negocios de su competencia:

Comisiones de Trabajo de la Comisión Permanente

Primer receso del tercer año de ejercicio de la LX Legislatura

Único. Se propone para ocupar las directivas y para integrar las correspondientes comisiones de trabajo de la Comisión Permanente, durante el presente receso, a los siguientes legisladores:

Primera Comisión, Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia

Por la Mesa Directiva

Diputado César Duarte Jáquez (rúbrica)
Presidente de la Comisión Permanente

Senador Luis Alberto Villarreal García (rúbrica)
Vicepresidente

Diputado Tonatiuh Bravo Padilla (rúbrica)
Vicepresidente

Diputada Marcela Cuen Garibi (rúbrica)
Secretaria

Senador Ramiro Hernández García (rúbrica)
Secretario

Senador José de Jesús Garibay García (rúbrica)
Secretario

Diputado José Rubén Escajeda Jiménez (rúbrica)
Secretario

1. Presentación

Los integrantes de la Comisión de Asuntos Indígenas (CAI) ponemos a disposición de la sociedad mexicana en general, pero en particular de los pueblos indígenas, los avances semestrales en los compromisos adquiridos al inicio de la LX Legislatura, con información detallada de las actividades realizadas en el periodo, las cuales se desprenden del mandato establecido en la Carta Magna.

Refrendamos nuestro compromiso con la transparencia y rendición de cuentas para la sociedad, por lo cual los integrantes de la CAI, por convicción personal, trabajamos para presentar esta exposición del desempeño de nuestras actividades legislativas y de fiscalización de los recursos federales.

Los grupos parlamentarios representados en la comisión hemos coincido siempre en tener como eje rector de las actividades buscar el interés de los pueblos y de las comunidades indígenas, con el objetivo de incidir de manera directa e indirecta en su desarrollo integral, con la visión pluricultural e intercultural de la nación mexicana.

2. Fundamento legal

Con fundamento en el inciso 6 del artículo 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, que señala la obligación de rendir un informe de actividades semestrales de las comisiones a la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, la CAI presenta el atinente al primer periodo ordinario de sesiones del segundo año de la LX Legislatura.

Los trabajos de la comisión se realizan en atención de lo dispuesto en los artículos 39, 43, 44 y 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de llevar a cabo las tareas de dictamen legislativo, de información y de control evaluatorio.

3. Integrantes

Diputados: Marcos Matías Alonso (Partido de la Revolución Democrática, PRD), presidente; Martha Cecilia Díaz Gordillo (Partido Acción Nacional, PAN), José Guadalupe Rivera Rivera (PAN), Humberto Wilfrido Alonso Razo (PRD), Wenceslao Herrera Coyac (PRI), secretarios; Víctor Aguirre Alcaide (PRD), Lourdes Alonso Flores (PRD), Higinio Chávez García (PRD), Othón Cuevas Córdova (PRD), Rafael Franco Melgarejo (PRD), Carlos Roberto Martínez Martínez, (PRD), Elmar Darinel Díaz Solórzano (PRI), Yary del Carmen Gebhardt Garduza (PRI), Elda Gómez Lugo (PRI), Gustavo Idelfonso Mendívil Amparán (PRI), Ismael Ordaz Jiménez (PRI), Guillermina López Balbuena (PRI), Silvio Gómez Leyva (PAN), Felipe Díaz Garibay (PAN), Joaquín Jesús Díaz Mena (PAN), Francisco Antonio Fraile García (PAN), Ramón Landeros González (PAN), Gustavo Macías Zambrano, (PAN) Jorge Alejandro Salum del Palacio (PAN), Alberto Vázquez Martínez (PAN), María Gloria Guadalupe Valenzuela García (PAN), Pascual Bellizzia Rosique (Partido Verde Ecologista de México), Anuario Luis Herrera Solís (Partido del Trabajo), Tomás José Luis Varela Lagunas (Convergencia).

4. Resumen del avance del programa anual de trabajo al 4 de septiembre

En este documento se hace un recuento de las actividades desarrolladas en el periodo señalado, con lo cual cumplimos nuestra ineludible obligación de rendir cuentas y transparentar el ejercicio de nuestra función, lo que nos compromete a desempeñarnos de manera profesional y responsable, con el único fin de contribuir a tener un marco jurídico sólido y eficaz, reconociendo que falta mucho por hacer, lo cual nos motiva a seguir trabajando.

Pretendemos dejar constancia de la labor legislativa, de control y evaluación y de gestión social, que se suma a la tarea informativa que corresponde al Poder Legislativo.

A continuación se hace un recuento del avance en el plan de trabajo.

4.1. Trabajo legislativo

En el periodo comprendido por el presente informe se han dictaminado las siguientes iniciativas con proyecto de decreto:

1. Que reforma y adiciona los artículos 38 y 175-A del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe).

Asimismo, se han dictaminado las siguientes proposiciones con punto de acuerdo:

1. Por el que se exhorta a los Congresos de los estados y a la ALDF a legislar en materia indígena.

En mayo de este año fue difundido el Informe de la Cuenta Pública Federal de 2007, presentado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el cual detalla el ejercicio del Presupuesto de Egresos de la Federación en ese año. Del análisis practicado a éste surgió la duda respecto a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), acerca de un subejercicio por 2 mil millones de pesos, el cual representa 27.4 por ciento de lo aprobado por la Cámara de Diputados en diciembre de 2006.

Con el ánimo de despejar la duda, principalmente frente a los pueblos indígenas de México, la presidencia de la CAI solicitó al Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados su opinión al respecto. Mediante oficio, dicha unidad confirmó el no ejercicio, por un monto de mil 929.9 millones de pesos. Se solicitó también la opinión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, que fue enviada a la CAI; se explicó que, en realidad, la diferencia entre el presupuesto autorizado y el ejercido por la CDI "es resultado de las adecuaciones presupuestarias que, en el ámbito de responsabilidad de esa entidad paraestatal, se efectuaron".

Se solicitó al presidente de la Junta de Gobierno de CDI, licenciado Ernesto Cordero, una reunión en la que pudieran exponerse las dudas de los diputados de la mesa directiva y los argumentos explicativos de la institución. En dicho encuentro, que tuvo lugar el 18 de mayo, el secretario de Desarrollo Social explicó a los diputados que el monto citado sí se había ejercido, mediante convenios entre la CDI y otras entidades de la administración pública federal, ya que la CDI no es una entidad ejecutora. En el mismo sentido, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público envió su respuesta institucional a petición de la CAI.

La CDI envió a los diputados de la mesa directiva los convenios firmados con otras entidades federales.

Con el mismo propósito de seguir el ejercicio del Presupuesto, el 27 de mayo la mesa directiva de la CAI sostuvo una reunión con el subsecretario de Educación Básica de la Secretaría de Educación Pública (SEP), en la cual expusieron las preocupaciones en materia de educación indígena.

Se han realizado gestiones ante otras dependencias y secretarías de Estado, como apoyos ante las instituciones de salud, educación, etcétera.

La comisión ha dado seguimiento a diversos casos ante la Secretaría de la Reforma Agraria en la solución de los conflictos por despojo de tierras en la comunidad de Chalcatongo de Hidalgo, Oaxaca, de la región mixteca, de Veracruz y de Morelos, todos ellos en proceso.

En Chihuahua, además del caso presentado por el Consejo Supremo Indígena de Chihuahua, que solicitó a la comisión la instalación de una mesa de trabajo con el gobierno del estado y las instancias que atienden a pueblos indígenas para solucionar sus diversas demandas, se ha dado seguimiento a la atención de un problema con una compañía minera canadiense que contamina la zona de indígena rarámuri de Huizopa, donde incluso ha habido fuertes actos de represión de la policía federal contra los ejidatarios indígenas.

4.3. Comisión Ejecutiva de Negociación y Construcción de Acuerdos

El 13 de abril de 2007, el Senado de la República aprobó la Ley para la Reforma del Estado, con vigencia de un año. Esta ley dicta los lineamientos del proceso político de reformas constitucionales con el fin de adecuar la Carta Magna al contexto actual. Para ello se formó la Comisión Ejecutiva de Negociación y Construcción de Acuerdos (CENCA), dividida en cinco grupos de trabajo: Régimen de Estado y de Gobierno; Federalismo; Democracia y Sistema Electoral; Poder Judicial; y Garantías Sociales.

La CENCA participó en los grupos de trabajo de federalismo y garantías sociales, los cuales en un periodo de seis meses han estado trabajando. En el tema indígena, la comisión presentó propuestas de reformas de los artículos 2o., 3o., 26, 27 y 115.

Respecto al Grupo de Trabajo de Federalismo, la iniciativa de reforma constitucional que modifica los artículos 2o., 26 y 115 fue aprobada por el grupo de trabajo el 25 de febrero de este año, y por la subcomisión redactora el 4 de abril. Ello representa un gran avance, ya que es la máxima instancia de consenso en la CENCA.

En el caso del Grupo de Trabajo de Garantías Sociales, las propuestas de la CAI habían sido aprobadas en el pleno del grupo de trabajo. No obstante, el 9 de abril el Grupo Parlamentario del PAN se abstuvo de signar dichos consensos en la subcomisión redactora, por lo cual quedaron pendientes.

5. Subcomisiones

Con fundamento en el artículo 44, numeral 4, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y para auxiliar en el trabajo legislativo, en reunión plenaria del 16 de febrero de 2007 se instalaron las subcomisiones de trabajo por áreas temáticas, que a partir de esa fecha tienen como objetivo el análisis, el estudio y, en su caso, la elaboración de proyectos de dictamen de los asuntos turnados a este órgano legislativo; a continuación se enumeran:

6. Reuniones

En el primer semestre de trabajo del segundo año de ejercicio de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, la CAI llevó a cabo tres reuniones plenarias. En éstas se aprobaron 14 dictámenes:

Undécima. Efectuada el 4 de septiembre de 2008, se pusieron a consideración de los integrantes los siguientes dictámenes y opiniones:

La mesa directiva de la CAI se reunió de manera formal en 10 ocasiones durante el semestre. En ellas se ha llegado a acuerdos que, posteriormente, se han dado a conocer al pleno de este órgano legislativo, para su aprobación y enriquecimiento.

En estas reuniones se abordan los asuntos turnados y los pendientes de anteriores legislaturas. Asimismo, se generan acuerdos para después someterlos a consideración del pleno; entre éstos se encuentran discusión sobre los dictámenes, integración de grupos de trabajo, establecimiento del calendario de las reuniones, programación de conferencias, foros y seminarios, y programación de reuniones con servidores públicos.

Sobre las iniciativas y las minutas remitidas en esta legislatura a la comisión, es necesario aclarar que se han recibido seis iniciativas y seis proposiciones con punto de acuerdo; se lleva un adelanto en la mayor parte de ellas.

7. Iniciativas con trabajo legislativo

De la Ley General de Protección al Conocimiento Tradicional de los Pueblos Indígenas, presentada por el diputado Francisco Antonio Fraile García (PAN) el 19 de diciembre de 2006; turnada a la CAI, con opinión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. La secretaría técnica de la comisión y el grupo de asesores de los secretarios de la comisión se han reunido en diversas ocasiones para trabajar en esta iniciativa.

Por los resultados anteriores en materia legislativa, la CAI ha cumplido lo dispuesto en el acuerdo de la Mesa Directiva de la LX Legislatura en el que propone dictaminar también el rezago, al mismo tiempo que se ha preocupado por trabajar en los documentos que se le han turnado.

8. Puntos de acuerdo

Se han turnado nueve proposiciones con punto de acuerdo, de los cuales dos han sido para el conocimiento de la comisión. En cuanto a los siete restantes, seis han sido dictaminados y aprobados las sesiones plenarias.

9. Organización y participación en foros

La comisión ha participado en foros cuya materia también es de su competencia.

En este rubro, sobresalen dos acontecimientos:

Diputados: Marcos Matías Alonso (rúbrica), presidente; Martha Cecilia Díaz Gordillo (rúbrica), Humberto Wilfrido Alonso Razo (rúbrica), José Guadalupe Rivera Rivera (rúbrica), Wenceslao Herrera Coyac (rúbrica), secretarios; Víctor Aguirre Alcaide (rúbrica), Lourdes Alonso Flores, Higinio Chávez García, Othón Cuevas Córdova (rúbrica), Rafael Franco Melgarejo, Carlos Roberto Martínez Martínez (rúbrica), Elmar Darinel Díaz Solórzano, Yary del Carmen Gebhardt Garduza, Elda Gómez Lugo (rúbrica), Guillermina López Balbuena (rúbrica), Gustavo Ildefonso Mendívil Amparán, Ismael Ordaz Jiménez (rúbrica), Pascual Bellizzia Rosique (rúbrica), Anuario Luis Herrera Solís, Tomás José Luis Varela Lagunas (rúbrica), Silvio Gómez Leyva, Felipe Díaz Garibay (rúbrica), Joaquín Jesús Díaz Mena, Francisco Antonio Fraile García, Ramón Landeros González (rúbrica), Gustavo Macías Zambrano, Jorge Alejandro Salum del Palacio (rúbrica), María Gloria Guadalupe Valenzuela García (rúbrica), Alberto Vázquez Martínez.
 
 

DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, CUARTO SEMESTRAL DE ACTIVIDADES, CORRESPONDIENTE AL LAPSO DE ABRIL A SEPTIEMBRE DE 2008

I. Reuniones

Con el director general de Diconsa, licenciado Salomón Chertorivsky Woldenberg, el 29 de abril de 2008

Con el subsecretario de Prospectiva, Planeación y Evaluación de la Secretaría de Desarrollo Social, maestro Félix Vélez Fernández Varela, el 4 de junio de 2008

Presentación del reporte "El combate a la pobreza", efectuada el 23 de abril de 2008 en el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados.

A las 15:40 horas del miércoles 3 de septiembre de 2008, se reunieron en las salas C y D del edificio G del Palacio Legislativo de San Lázaro los integrantes de la Comisión de Asuntos Indígenas de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados la cual fue presidida por el diputado Marcos Matías Alonso y por el licenciado Saúl Vicente Vázquez, quien fungió como secretario técnico, a fin de celebrar la undécima sesión plenaria de este órgano legislativo, bajo el siguiente orden del día:

Asimismo, encargó al diputado Humberto Wilfrido Alonso Razo la conducción de los trabajos de la reunión, quien dado que aún no se había alcanzado el quórum pidió la anuencia de los integrantes para comenzar la reunión.

II. Una vez dada la anuencia para comenzar, el diputado Humberto Alonso Razo puso a consideración el orden del día.

El diputado Pascual Bellizzia Rosique sugirió que los puntos A y B que se referían a dictámenes con proyecto de decreto se dejaran al último y si no se lograba el quórum se dejara para la próxima ocasión. Los demás eran opiniones y dictámenes con respecto a puntos de acuerdo, por lo que se podía seguir avanzando.

El diputado Humberto Alonso Razo preguntó a los integrantes si quedaría en el acuerdo, bajo la opinión de dos compañeros. El primero, el proponente, dijo que si había el quórum en la sesión se pasaría a considerar los puntos A y B; y, de no existir el quórum, se pasaría a una próxima sesión. Los diputados votaron a favor la propuesta.

III. Asimismo, puso a consideración el acta de la sesión anterior y fue aprobada en sus términos.

IV. En este punto, el primer documento a discusión fue el de la opinión a la iniciativa de los diputados Rafael García Tinajero e Inti Muñoz Santini, que adiciona un párrafo a la fracción IV del Apartado A del artículo 2o. constitucional. El diputado Marcos Matías Alonso dio la palabra al secretario técnico para que expusiera la propuesta.

El licenciado Saúl Vicente Vázquez comentó que la opinión a la iniciativa fue presentada en su oportunidad en la legislatura anterior. Es decir, era parte de lo que se tenía pendiente. El documento tenía la consideración de plantearla en sentido positivo. La intención de los diputados era con respeto al patrimonio de la propiedad intelectual de los conocimientos tradicionales de los pueblos indígenas, como lo plantearon en su oportunidad. Sin embargo, en la discusión que se tuvo desde el inicio de la legislatura en la comisión, se planteó claramente. La propiedad intelectual implica garantías a los individuos, a las personas, pero no a las colectividades que representan los pueblos indígenas.

Esa misma discusión es la que estaba en esos momentos en la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, en la que los representantes indígenas del Foro Permanente de las Naciones Unidas han estado ahí para plantear que el tema de los derechos colectivos en cuanto a propiedad intelectual salga del esquema de propiedad intelectual, reconocida en la legislación internacional hasta ahora. Y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas –que en unos días más cumple su primer aniversario–, de haber sido adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas, establece justamente lo que fue producto de la discusión respecto a la propiedad intelectual de los pueblos indígenas, a partir del estudio de la entonces relatora especial para los Derechos de los Pueblos Indígenas, Erika Irene Daes, en la que después de múltiples discusiones se consideró que lo más conveniente para garantizar los derechos colectivos de los pueblos indígenas, sería la denominación del patrimonio cultural e intelectual de los pueblos indígenas.

Los derechos individuales están garantizados y están dentro del marco de la propiedad intelectual, pero no así los que provienen de los pueblos indígenas como entidades colectivas. Por esa razón, en la opinión nuestra respecto de esta iniciativa planteada por los diputados Rafael García Tinajeros e Inti Muñoz Santini, la comisión opina que el párrafo que se adiciona podría reelaborarse de tal manera que diría lo siguiente:

Artículo Segundo, párrafo cuarto. Los procesos, productos e insumos derivados de las innovaciones y las tecnologías de las comunidades y los pueblos indígenas son patrimonio cultural e intelectual de los mismos. Se prohíbe el registro de patentes sobre los recursos genéticos y biológicos asociados a sus conocimientos.

El diputado Humberto Alonso Razo pidió a los diputados expresen su opinión al respecto. Solicitó que se le agregara como nota a la Comisión de Puntos Constitucionales en la última parte del párrafo en donde se habla de que se prohibía el registro de patentes sobre los recursos genéticos y biológicos asociados a sus conocimientos. Cabe agregar que de acuerdo a la Ley de Propiedad Industrial las variedades vegetales o animales no son patentables. Y por otro lado habría que armonizar, si la reforma se lograba, la Ley Federal de Variedades Vegetales y la Ley de Bioseguridad. Entonces habría que poner en ese antecedente o en alerta a la Comisión de Puntos Constitucionales.

Por su parte, el diputado Tomás Varela sugirió establecer la sanción la cual se haría acreedor quien incurriera en ese tipo de inobservancia, en el sentido de que se prohibía el registro de patentes. Entonces, de alguna manera u otra, proteger cabalmente esto y establecer que sería castigado por la legislación vigente en materia de derechos de autor, habría siempre castigos, penas, observancia al respecto, y sin establecer más a fondo las condiciones y los causales sino simplemente que sería acreedor, sería acusado como delito quien incurriera en una cuestión similar.

El diputado Humberto Alonso Razo consultó a los diputados si existía alguna otra opinión sobre el punto. Al no haber más comentarios, pidió al secretario técnico que expusiera el inciso sobre la opinión a la iniciativa del diputado Wenceslao Herrera Coyac, que reformaba y adicionaba diversas disposiciones del artículo 27 constitucional.

El licenciado Saúl Vicente Vázquez comentó que la comisión, en los debates que había tenido, coincidía con el proponente en la necesidad de modificar la Carta Magna de manera pronta y efectiva, con la finalidad de brindar protección especial para las tierras de los pueblos indígenas y sus comunidades, así como garantizar el derecho preferente que tienen los pueblos indígenas como parte de su derecho a la autonomía, para acceder al uso y disfrute de los recursos naturales.

En resumen, lo que proponía el diputado era, en primer lugar, el reconocimiento de los pueblos indígenas, de su derecho a poseer, desarrollar, controlar y utilizar sus territorios, comprendido el medio ambiente total de las tierras, el aire, las aguas, la flora y la fauna, y los demás recursos que tradicionalmente han ocupado. Es decir, estos eran los elementos que contenían fundamentalmente el apartado de tierras del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo en la cual nuestro país era signante y parte fundamental de la argumentación con la que sustentaba su propuesta el diputado Wenceslao Herrera.

De esa misma manera, en el caso de expropiación de tierras de propiedad indígena, las poblaciones afectadas deberían recibir en todos los casos posibles tierras cuya calidad y cuyo estatuto jurídico fueran por lo menos iguales a los de las tierras que ocupaban anteriormente. Es en el mismo sentido como lo establece el Convenio 169 y de alguna manera también se retomaba lo que había venido estableciendo desde antes de la reforma al artículo 27, en cuanto a la expropiación de tierras.

Otro de los aspectos relevantes de esta iniciativa tenía que ver con las aguas del subsuelo, que fueran parte de territorios indígenas. Se propuso que el Ejecutivo federal, tomando en cuenta el interés de las poblaciones afectadas, podría reglamentar su extracción y utilización, y aún establecer zonas vedadas para los no pertenecientes a las comunidades ahí asentadas.

También establecía que no se otorgarán concesiones sobre petróleo y de los carburos de hidrógenos sólidos, líquidos o gaseosos o de minerales radioactivos, a excepción de que estos recursos se encontraran en territorios ocupados por poblaciones indígenas y sólo con la finalidad de satisfacer las necesidades y desarrollo económico de estas poblaciones.

Otro de los aspectos también relevantes era que esta iniciativa propone garantizar a las comunidades indígenas interesadas las condiciones equivalentes a las que disfruten otros sectores de la población.

Para la asignación de tierras adicionales a dichos pueblos, cuando las tierras de que dispongan sean insuficientes para garantizarles los elementos de una existencia normal o para hacer frente a su posible crecimiento numérico. Y para el otorgamiento de los medios necesarios para el desarrollo de las tierras que dichos pueblos ya poseen.

Asimismo, se constató que la iniciativa ofrecía mayor certeza jurídica, que era viable jurídicamente, incrementaba la seguridad social de los pueblos indígenas y fortalecía el cumplimiento de los principios de equidad, justicia y desarrollo de la Carta Magna.

Para finalizar, puntualizó que era la Comisión de Reforma Agraria a quien le correspondía hacer el dictamen final de la iniciativa.

El diputado Humberto Alonso Razo pidió a los diputados externaran su opinión. El primero en pedir la palabra fue el diputado proponente Wenceslao Herrera Coyac, quien comentó que en diversos momentos se había hecho referencia a esta iniciativa y hoy, con la lectura que había hecho el secretario técnico, se encontraba el fundamento y la razón para que la iniciativa pudiera seguir caminando.

En los considerandos apuntó que en otros momentos se precisó que la riqueza de este país justamente se encontraba en las zonas en donde se extraía el petróleo, y donde se generaba la electricidad. Ahí estaba parte de la riqueza de México, pero paradójicamente, en los alrededores en donde se generaba esta riqueza estaban las comunidades más pobres del país.

Con esta referencia, la iniciativa proponía cosas muy elementales para que en la Constitución se estableciera la participación de las comunidades; de tal manera que pudiera haber equidad en el presupuesto para que pudieran impulsar su autogestión y, desde luego, lograr el desarrollo de nuestras comunidades con los mínimos de bienestar que se necesitaban.

Este país ya no podía seguir caminando con estas asimetrías. Hemos insistido muchísimas veces y lo seguiremos haciendo en que el país debe caminar con el equilibrio en la equidad. Sería injusto pensar que a una comunidad de zona petrolera se le dieran más recursos que a la cantidad de mexicanos que viven en el Distrito Federal; no es eso lo que queremos.

Lo que se pretende es que proporcionalmente las comunidades tengan participación en el desarrollo de éste y que los integrantes de la comisión puedan apoyarla para que siga caminando, llegue a Puntos Constitucionales y ahí pueda caminar y logremos un mínimo de apoyo para las comunidades indígenas.

El diputado Pascual Bellizzia Rosique hizo una observación del inciso a) de la propuesta, donde habla de los cambios más relevantes, en donde se les reconoce a los pueblos indígenas su derecho de poseer, desarrollar, controlar y utilizar sus territorios, el agua, el aire, la flora, la fauna y los demás recursos e, inclusive, el espacio aéreo. Con base en los derechos ancestrales de ocupación y utilización de los territorios, no tiene viabilidad jurídica para un cambio constitucional. No solamente interferiría con el artículo 27 de la Constitución, que se refiere a la propiedad de la tierra, sino con muchos otros derechos que tenemos todos los demás mexicanos.

Expresó que veía con gusto que cuando se hablaba de expropiación de tierras de propiedad indígena, de traslado y de reubicación de los pueblos indígenas, del derecho de adquirir el dominio de sus tierras, se tomaba en cuenta el interés de sus comunidades para cuando las sociedades mercantiles fueran propietarias de terrenos rústicos, y expresó que compartía el fondo de la propuesta, que le gustaría ir con ella, pero en su redacción y en algunas partes sustanciales en su opinión se le estaba dando la inviabilidad.

Propuso que se pudiese trabajar en una reunión más pequeña para revisar algunos puntos que venían a echar a perder parte de un trabajo integral y que se pudiera darle un cambio previo a esta propuesta, antes de que la Comisión de Puntos Constitucionales la atacara y que fueran a desechar. Comentó que tenía cosas muy positivas, pero también cosas que difícilmente iban a poder solventarse jurídicamente.

El diputado Wenceslao Herrera comentó al respecto por lo expresado por el diputado Bellizzia que estaba de acuerdo con el espíritu de la propuesta. Lo que parecía inviable era en los términos que se utilizaba. Desde luego se concluyó en la reunión con la Comisión de Reforma Agraria y se hizo el agregado correspondiente por ellos, y se recomendó que la Comisión de Puntos Constitucionales pudiera apoyarla con la reserva de que se utilizaran los términos jurídicos que para el caso se requerían y se revisara.

Por otra parte, esta iniciativa también tuvo discusión en las pláticas de la reforma del Estado. También se hicieron las observaciones correspondientes, coincidiendo en lo general en que era importante apoyar a las comunidades de donde se extraía la riqueza que señalamos.

También se coincidió en tomar en consideración las otras propuestas que pareciera ser, de manera muy general, se contraponían a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Pero esta iniciativa es congruente con las recomendaciones del Convenio 169, solamente se requería precisar esto en reuniones previas a que se sometiera al dictamen correspondiente en la Comisión de Puntos Constitucionales.

La diputada Martha Cecilia Díaz Gordillo expresó estar de acuerdo con la opinión del diputado Pascual Bellizzia,que para darle un buen camino se revisara en la Comisión de Reforma Agraria y ahí se adecuara el sentido de la propuesta.

El diputado Wenceslao Herrera Coyac pidió a la comisión se remitiera la opinión a la Comisión de Puntos Constitucionales. Que si allá por razones de carácter jurídico y de trascendencia en contraste con nuestra Carta Magna se rechazaba, que fuera Puntos Constitucionales quien lo dijera, pero que la opinión como Comisión de Asuntos Indígenas. Pidió a los demás diputados que pudieran ser solidarios con la opinión en los términos en los que estaba planteada pues mostraba una buena intención y que fuera otra comisión la que calificara esto.

El diputado Humberto Alonso Razo exhortó a los integrantes a ser solidarios con la opinión a la iniciativa del diputado Wenceslao Herrera. Acto seguido, puso a votación la aprobación de la opinión. Por votación de la mayoría, la opinión fue aprobada en sus términos.

Informó, asimismo, que dado que se encontraban presentes 17 diputados por 11 ausencias de 29 miembros, se declaró formalmente el quórum legal establecido, por lo que los acuerdos que en ella se emanaran eran válidos.

El siguiente inciso abordado fue el a), relativo al dictamen a la iniciativa de la diputada Holly Matus Toledo, en materia de representación indígena.

El licenciado Saúl Vicente Vázquez explicó que el documento presentado era el avance elaborado por la comisión que sería tratado con la Comisión de Gobernación, en su momento poder atenderlo y dictaminarlo como comisiones unidas.

La iniciativa establece una modificación al artículo 38, ya que se le adiciona un inciso t). Y en este planteamiento el aspecto central es garantizar las candidaturas indígenas de mujeres y hombres pertenecientes a los pueblos indígenas, en cuyos distritos electorales constituyen el 40 por ciento o más de la población total, y por lo menos el 10 por ciento de las candidaturas de representación proporcional.

En el documento hay dos renglones en corchetes. La propuesta de la iniciativa de la proponente termina donde dice que el 10 por ciento de las candidaturas de representación proporcional, y en corchetes, tomando en cuenta las propuestas de los pueblos y comunidades indígenas, toda vez que el diputado José Guadalupe Rivera planteó una observación que esto pudiera tomarse en cuenta.

Explicó que está encorchetado por lo siguiente: la primera parte que es la parte que propone la diputada Holly Matus Toledo tiene que ver con lo que de por sí fue el acuerdo del Instituto Federal Electoral cuando determinó la redistritación y consideró distritos electorales indígenas en el pasado proceso electoral.

Y su valoración en el acuerdo de los partidos políticos fue tomar en cuenta el 40 por ciento o más de la población indígena, es decir, aquellos distritos en donde haya 40 por ciento o más de la población indígena. Había otros partidos que planteaban que esto fuera menor, que fuera de 30 o incluso de 20 por ciento para que tuviera más fuerza la acción afirmativa que se planteaba con esta iniciativa.

Y el acuerdo del IFE fue que la redistritación se hiciera a través de considerar el 40 por ciento. Eso fue lo que estableció el número más o menos de 28 distritos electorales considerados indígenas hasta este momento.

Sin embargo, en este artículo 38 del Cofipe está estableciendo la obligatoriedad de los partidos. Pues tomando en cuenta eso, los argumentos de la diputada Holly Matus era que esto ahora se hiciera obligatorio para los partidos para que registrara esos candidatos.

Es decir, ya estaban los distritos electorales indígenas establecidos pero todavía no la obligatoriedad de los partidos políticos a que se refiere el artículo 38 del Cofipe.

Por esa razón, el diputado José Guadalupe Rivera Rivera consideró que estando de acuerdo con eso sería también conveniente que los partidos políticos no fueran sólo los que designaran estas candidaturas a través de los métodos establecidos en sus propias reglamentaciones, sino que además pudieran tomar en cuenta las propuestas provenientes de los pueblos y las comunidades indígenas.

La mesa directiva planteó que esto fuera así encorchetado puesto que en la primera parte pues al parecer no tendría mayores problemas puesto que esto estaba dentro de lo establecido ya en los acuerdos del IFE.

Y el otro tendría las consideraciones de cuáles serían las propuestas de los foros indígenas o a través de qué mecanismo. Ésa fue la consideración que se tomó; sin embargo, la opinión de la mesa directiva era que pudiera esto agregarse para darle más fuerza a la acción afirmativa que se planteaba en esta iniciativa, es decir, que los partidos políticos hicieran un esfuerzo dentro de sus propias reglamentaciones para que pudieran tomar en consideración las opiniones y las propuestas que provinieran de los pueblos y las comunidades indígenas. Por eso estaba así encorchetado.

En el artículo 18, la propuesta del proponente era establecer que para el registro de las candidaturas indígenas a que se refiere ese inciso t) del artículo 38, los partidos políticos y coaliciones deberían especificar el pueblo indígena al que pertenece, es decir, a la hora de que se pudieran hacer sus propuestas los partidos políticos deberían decir si la candidatura era indígena ñañú, zapoteca o de algún otro pueblo. Entonces era el otro agregado que plantea en esta parte el artículo 18.

El diputado Ismael Ordáz Jiménez expresó que indudablemente existía un trabajo de la diputada Holly Matus, muy encomiable de reconocerse. Precisó que en la parte donde decía que para el registro de los candidatos indígenas a que se refería el inciso t) del artículo 38, los partidos –y aquí llamó la atención– "y coaliciones", deberían especificar el pueblo indígena al que pertenecía.

El Cofipe reconoce esta figura de coaliciones o ya queda fuera de contexto. Por ello pidió que los que tienen la parte jurídica más clara aquí hicieran la aclaración correspondiente o, en su caso, modificaran esta parte.

El diputado Felipe Díaz Garibay señaló que el tema era de la participación de las elecciones, más no la transferencia de votos. Dijo que era el tema que estaba votando ahora, que seguramente habría de ser siempre controversia en los temas que tuvieran que dictaminar la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero sí en la parte de la coalición se refería al registro de las fórmulas. Entonces, sí era factible que se refiriera y quedara en esos términos, de estos partidos y las coaliciones de éstos, en su caso.

El diputado Othón Cuevas Córdova comentó que aquí la referencia obligada tendría que ser, quizás, al Censo Nacional de Población, en ése caso a los datos del INEG.

Aún cuando yo debo manifestar que me parece limitado el criterio que el INEG tiene para decir quién es indígena y quién no, porque parte de un asunto de la lengua, y hay comunidades indígenas en donde la lengua prácticamente se ha perdido por tantos años, precisamente, de agresión cultural, pero necesariamente tenemos que remitirlo a quien nos diga, exactamente, en dónde la población, efectivamente es superior a 40 por ciento en el caso de los indígenas, en dónde no, y que, de dejarlo así, queda muy endeble.

El diputado Carlos Roberto Martínez Martínez opinó que era importante que quedara lo que estaba encorchetado. La comisión debería luchar porque cuando se trabajara en comisiones unidas con la Comisión de Gobernación sí pudiera quedar, porque era importante la opinión de las comunidades indígenas en este asunto.

Si no iba a resultar lo mismo; los partidos políticos iban a imponer a los candidatos sin la participación de las comunidades indígenas. Y lo que se pretendía aquí era que las comunidades pudieran opinar y proponer a sus candidatos. Consideró importante que esto pudiera quedar.

Y si esto, dijo —ya trabajando en comisiones unidas—, no pasara, pues retirarlo. Pero también, si lograra pasar, si se lograra que la comisión aceptara que la otra comisión permitiera que estuviera esto, si se pudiera. Primero dejarlo, luchar por que quede y si queda, bueno, puntualizarlo más, finalizó.

El diputado Marcos Matías consultó si estaríamos en condiciones de aprobar hasta la coma y el "y" en ese párrafo. Tal y como se ha escuchado y que esa segunda parte encorchetada quedara a reserva de alguna consulta de algún mecanismo, como pudiera implementarse. Es decir, dijo, hasta el inciso T) hasta la letra I. Si es así, siguió, les pido que sirvan levantar la mano, a reserva de que la letra encorchetada no la perdamos, pero entrará a un proceso de negociación sin que nos genere mayores ruidos.

Los diputados por mayoría aprobaron la propuesta como lo expuso el presidente.

Después consultó a la comisión si el artículo 18 se mantenía como estaba, como base de negociación y consulta con las otras comisiones que prepararan los dictámenes correspondientes. Por mayoría se aprobó la propuesta.

El diputado Humberto Alonso Razo dio lectura al inciso b), acerca el dictamen que reza sobre el dictamen con proyecto de derecho a la iniciativa del diputado Marcelo Tecolapa Tixteco, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del Cofipe.

EL licenciado Saúl Vicente Vázquez explicó que este planteamiento era también de una iniciativa planteada en la anterior legislatura. Tomando en cuenta que, efectivamente, las modificaciones a la Constitución tendrían un mayor grado de dificultad para poder aprobar, toda vez que así estaban planteadas las iniciativas que nos dejaron —en este caso, reforma a la Constitución y al Código Electoral. Se hizo este esfuerzo para poner a su consideración lo que se reforma: el artículo 52, los artículos 53, 54, 55 y 56, como un primer paquete.

Es decir, esta iniciativa se presenta en dos artículos. El artículo primero, donde se reforman todas estas disposiciones de la Constitución Política, de los artículos 52 al 56, y en el artículo segundo que establece las modificaciones al Cofipe.

Es el artículo 52 el que se reforma y se adiciona además un párrafo. Que por su lugar en lo que lo coloca el proponente, diputado Marcelo Tecolapa Tixteco, será el segundo párrafo del artículo 53 constitucional. Se reforma el segundo párrafo actual, que pasaría a ser el tercero del mismo artículo 53.

Se reforman el primer párrafo y las fracciones I y III del artículo 54 constitucional. Luego, se reforma el segundo párrafo de la fracción III del artículo 55 constitucional. Se adiciona un párrafo; es decir, será ahora el cuarto a la fracción III del artículo 55 constitucional; y se reforma el segundo párrafo del artículo 56 de la Constitución Política. Va a quedar como sigue:

El artículo 52 ahí lo tienen en negritas, lo que se está planteando. Esto tiene que ver con el asunto de los distritos electorales y las circunscripciones.

El artículo 52 establece cómo está integrada la Cámara de Diputados. Éste dice que es por 300 diputados electos por el principio de mayoría relativa mediante distritos electorales uninominales, y 200 diputados —que ustedes conocen— de representación proporcional. Agregó el diputado promovente que mediante sistema de listas votadas en circunscripciones plurinominales. Aquí hizo esta modificación por el interés específico de hacer una nueva circunscripción plurinominal de pueblos indígenas.

Por esa razón el artículo 53 establece que en los distritos electorales donde se asiente 40 por ciento y más de la población indígena, los partidos deberán postular en cada una de las fórmulas por lo menos un candidato indígena. Ustedes recuerdan, mencionó, que tiene que ver también con la propuesta que ha planteado la diputada Holly Matus Toledo en la modificación al Cofipe. Aquí está planteado, por el diputado Marcelo Tecolapa, al artículo 53 de la Constitución.

Luego, para la elección de los 200 diputados según el principio de representación proporcional y el sistema de listas, la propuesta del diputado era que se constituirían 5 circunscripciones plurinominales en el país. Es decir, 4 regionales y 1 nacional indígena. Este es el fondo de la propuesta del diputado Marcelo Tecolapa.

La ley determinará la forma de establecer la demarcación territorial. Aquí la modifica porque decía de las cuatro circunscripciones regionales. Es decir, la que establecen ahorita —que son cinco circunscripciones regionales—, se bajarían a cuatro porque la otra sería nacional. Más o menos, dijo, estamos entendiendo lo que plantea el diputado Marcelo Tecolapa, y por eso vamos a ir por partes, por eso estas modificaciones a estos artículos respecto al artículo 53 constitucional.

Al artículo 54 igualmente hace las modificaciones. Dice la elección de los 400 diputados según el principio de representación proporcional y el sistema de asignación por listas regionales y una nacional indígena. Es decir, vuelve a hacer aquí la inclusión de su propuesta central, en al artículo 54, cuando se refiere a la elección de estos 200 diputados de representación proporcional.

Se sujetará a las siguientes bases y a lo que disponga la ley:

Toda vez que entendemos que está proponiendo una circunscripción nacional indígena, puede ser de cualquier parte del país, no se le puede prohibir que sea. Por eso hace la especificación que sea, en el caso de las regionales, de alguna de las entidades a la que corresponda esa circunscripción.

También que comprenda circunscripción, o vecino de ella, con residencia efectiva de más de seis meses anteriores a la fecha en la que ésta se celebre. Eso es respecto al artículo 55 constitucional.

El último agregado que hace al artículo 55 es este párrafo que dice lo siguiente: Para figurar en la lista de candidatos a la circunscripción nacional indígena se requiere pertenecer a alguno de los pueblos indígenas del país, según lo establece el artículo 2o. constitucional". Esto es del nuevo agregado que hace respecto de pertenecer a pueblos indígenas para ser parte de la lista de candidatos de la circunscripción nacional indígena.

Finalmente, el artículo 56, donde se establece la integración de los senadores. Los 32 senadores restantes serán elegidos según el principio de representación proporcional mediante el sistema de listas votadas en una sola circunscripción plurinominal nacional. Luego viene el siguiente agregado: los partidos políticos deberán incluir 16 fórmulas de candidatos indígenas por este principio. La ley establecerá las reglas y fórmulas para estos efectos.

El artículo 8 del Cofipe dice en su numeral 2 que los partidos políticos no podrán registrar simultáneamente, en un mismo proceso electoral, más de 60 candidatos a diputados federales por mayoría relativa, y por representación proporcional distribuidos en sus 5 listas, y aquí le pone plurinominales. La anterior redacción decía las listas regionales porque así están distribuidas las circunscripciones, pero en tanto que en su propuesta establece que debe haber una lista plurinominal para pueblos indígenas, entonces, modifica este numeral dos del artículo 8 del Cofipe.

Luego, en el artículo 11, en su párrafo número uno, se establece lo siguiente: la Cámara de Diputados se integra por 300 diputados, electos según el principio de votación mayoritaria relativa mediante el sistema de distritos electorales uninominales y 200 diputados que serán electos según el principio de representación proporcional mediante el sistema de listas votadas —es decir, aquí el agregado— en circunscripciones plurinominales. Las circunscripciones serán 4 regionales —y el agregado— y una nacional indígena. La Cámara de Diputados se renovará en su totalidad cada 3 años.

Esas son las modificaciones al artículo 11 del Cofipe.

Y agrega en ese artículo 11 el siguiente párrafo:

En los distritos electorales donde se asiente 40 por ciento y más de población indígena, los partidos deberán postular en cada una de las fórmulas, por lo menos un candidato indígena.

Otra vez tiene que ver con su propuesta inicial en la reforma constitucional y también viene aparejada con la propuesta de reforma al Cofipe que hizo la diputada Holly Matus.

El párrafo número 2 de este artículo 11 dice lo siguiente: La Cámara de Senadores se integrará por 128 senadores, de los cuales en cada estado y en el Distrito Federal 2 serán electos según el principio de votación mayoritaria relativa y uno será asignado a la primera minoría. Los 32 senadores restantes serán elegidos por el principio de representación proporcional, votados en una sola circunscripción plurinominal nacional.

Luego su agregado: Los partidos políticos deberán incluir en sus listas de candidatos por este principio a, por lo menos, 16 fórmulas indígenas. Tiene que ver con la propuesta que hace en la reforma constitucional el artículo 54. La Cámara de Senadores se renovará en su totalidad cada 6 años.

El párrafo 3 de este artículo 11 dice lo siguiente: Para cada entidad federativa, los partidos políticos deberán registrar una lista con dos fórmulas de candidatos a senadores. La senaduría de primera minoría le será asignada a la fórmula de candidatos que encabece la lista del partido político que, por sí mismo, haya ocupado el segundo lugar en número de votos en la entidad de que se trate.

Asimismo, deberán registrar una lista nacional de 32 fórmulas de candidatos para ser votada por el principio de representación proporcional.

Su agregado: 16 de estas fórmulas deberán ser integradas por candidatos originarios o autoadscritos de algunos de los pueblos indígenas, considerado según el artículo segundo de la Constitución.

Otro agregado en el párrafo 4 del artículo 11 dice lo siguiente: En las listas a que se refiere en los párrafos anteriores, los partidos políticos señalarán el orden en que deban aparecer las fórmulas de candidatos —y luego, su agregado—, en el caso de los candidatos indígenas deberá expresarse el pueblo indígena al que se pertenece.

Y la propuesta de los artículos transitorios.

El artículo primero. Deberá entrar en vigor el día siguiente al de su publicación. Y en el artículo segundo plantea que el Instituto Federal Electoral incluirá en la convocatoria, dice, para la realización de los procesos electorales, las listas de los distritos electorales con 40 por ciento y más de población indígena a que se refieren los artículos 53 constitucional y 11 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Hasta ahí tenemos la propuesta del diputado Marcelo Tecolapa que trabajó la comisión técnica que valoró la Mesa Directiva, que se podría trabajar a favor de esta iniciativa con este dictamen, en estos términos, más o menos.

El diputado Pascual Bellizzia Rosique solicitó que si fuera posible que se dejara para la siguiente reunión ya en el ánimo de dictaminar o de poder entrar a una discusión más profunda para poder discutirlo hacia el interior de su fracción parlamentaria.

El diputado Tomás José Luis Varela Lagunas expresó que debe ser motivo de un análisis más profundo, porque en los términos en que está, le encuentra muy escasas posibilidades de éxito, por lo que está completamente de acuerdo en que se haga la consulta con los partidos y, por supuesto, tener un análisis más profundo como se ha mencionado, de tal manera de se pudiera argumentar, a favor o en contra de esta iniciativa reiteró, ya que le encuentra muy pocas posibilidades de éxito en la forma en que está.

El diputado Humberto Alonso Razo consultó a los diputados si se consideraba el documento para otra reunión plenaria. Por unanimidad, los diputados aprobaron el punto. En consecuencia, pasó al siguiente inciso, el de la opinión a la iniciativa presentada por la diputada Elda Gómez Lugo sobre educación intercultural.

El licenciado Saúl Vicente Vázquez expuso que en el análisis que se hizo el interés de la diputada Elda Gómez Lugo era poner énfasis en el artículo 3o. sobre la educación en México en la indicación indígena, que fuera intercultural. Lo planteaba desde la perspectiva de la multiculturalidad.

En ese análisis que la comisión técnica trabajó y puso a consideración de la mesa directiva, se consideró que estando de acuerdo en el fondo de la propuesta de la diputada, la opinión de la comisión sería que pudiera reformularse la redacción de la propuesta, de tal manera que de esa manera la opinión de la comisión hacia la Comisión de Educación, que era donde estaba el tema y en Puntos Constitucionales.

El proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 3o. dice lo siguiente: Se adiciona una fracción II Bis, se reforma la fracción III y se reforma el inciso a) de la fracción VI del artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La opinión de esta comisión que pone a consideración es que la redacción pudiera quedar de la siguiente manera:

En el numeral II Bis: Dado el carácter pluricultural de la nación —que es como está establecido en el artículo 2o—, la educación que imparta el Estado será intercultural —que es lo que viene promoviendo también el Estado mexicano hasta estos momentos. Se aplicará de forma transversal —que es también una aspiración de esta Comisión de Asuntos Indígenas— en el sistema educativo nacional para favorecer el conocimiento, respeto, diálogo reconocimiento y convivencia entre las culturas. Esa es la propuesta.

En el numeral 3: Para dar pleno cumplimiento de lo dispuesto en el segundo párrafo de la fracción II y II Bis —es el agregado que hace por lo que está planteado antes y ya dice todo lo demás—, el Ejecutivo federal determinará los planes y programas de estudio de la educación preescolar, primaria, secundaria y normal para toda la república. Para tales efectos, el Ejecutivo federal considerará la opinión de los gobiernos de las entidades federativas y del Distrito Federal, así como de los diversos sectores sociales involucrados en la educación, en los términos que la ley señale. Esa es, en estricto sentido, la propuesta que se trabajó en la comisión.

El diputado Wenceslao Herrera Coyac expresó que compartía la propuesta que hacía la diputada Elda Gómez Lugo. Amplió el espíritu de esta propuesta. La llamada hoy educación indígena, mencionó, tiene aproximadamente 30 años en la práctica. De hecho se venía planteando la educación bilingüe, bicultural y en la práctica nos aislaba lejos de integrarnos a una comunidad o a la sociedad mexicana para que, como lo dice la propuesta, generar una educación armónica para todos los mexicanos.

En la última década con 62 lenguas todavía se plantea como criterio orientador este nuevo concepto de la interculturalidad, de tal suerte que las culturas de México puedan caminar en una dinámica de todos los mexicanos. Donde hablan solamente Náhuatl, que los alumnos aprendan los conocimientos en su propia lengua; obviamente que aprendan el español como puente de comunicación dentro de las 62 lenguas que existen en la nación; y como tercera lengua el inglés y las que puedan aprender. Entonces los alumnos de una comunidad indígena sabrán que no son solos tampoco en su comunidad, sino que son parte de una nación —como bien lo decimos en español— multicultural. Y finalizó diciendo que esa era la filosofía del concepto de la interculturalidad como principio rector de este México que estamos construyendo del siglo XXI.

El diputado Marcos Matías Alonso preguntó a los integrantes si se aprobaba en sus términos la opinión. Por votación unánime fue aprobada.

El diputado Humberto Alonso Razo prosiguió con el siguiente punto, el de la minuta del Senado sobre la Ley General de Educación.

El licenciado Saúl Vicente Vázquez explicó a los diputados los siguiente: Por una cuestión de diplomacia política, siempre las colegisladoras normalmente entendemos que cuando viene una minuta que ha sido trabajada previamente, han hecho un esfuerzo, la colegisladora y, en esos términos, que bueno, salvo que atente contra los fundamentos de lo que impulsa, en este caso, la Comisión de Asuntos Indígenas, se podrían hacer las observaciones.

En este caso, siguió diciendo, que es una opinión, lo que se dé considero plantear como procedentes las reformas planteadas en la minuta; sin embargo, consideramos que si se pudiera mejorar la redacción de la propuesta sería conveniente. Sólo que afortunadamente no nos corresponde la dictaminación, porque de ser así tendríamos que reenviárselas o no.

En la secretaría técnica se consideró no modificar más el asunto, por todo este proceso que siguieron, que sí son 3 iniciativas diferentes, son 13 fracciones parlamentarias, son 2 o 3 comisiones que trabajaron comisiones unidas y, finalmente, entendemos que en la propuesta, como está planteada, es el esfuerzo de lo que consensaron, quizás no es lo que cualquiera de los proponentes inicialmente quería, pero eso fue lo que lograron consensar.

Y entonces, por eso, era mejor dejarla tal cual y, por eso, en el artículo 21, como lo están planteando, se establece lo siguiente: El educador es promotor, coordinador y agente directo del proceso educativo. Deben proporcionársele los medios que le permitan realizar eficazmente su labor y que contribuyan a su constante perfeccionamiento.

Luego, en el siguiente párrafo dice lo siguiente: Para ejercer la docencia en instituciones establecidas por el Estado, por sus organismos descentralizados y por los particulares, con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios, los maestros deberán satisfacer los requisitos para que, en su caso, señalen las autoridades competentes.

El agregado de esta minuta es en el caso de los maestros de educación indígena que no tengan licenciatura como nivel mínimo de formación, deberán participar en los programas de capacitación que diseñe la autoridad educativa y certificar su bilingüismo en la lengua indígena que corresponda y el español.

Eso es lo que finalmente consensaron en comisiones unidas, de las propuestas que tenían que ver, de modificaciones al artículo 21.

Luego, en el artículo 33 dice lo siguiente: Para cumplir con lo dispuesto en el artículo anterior, las autoridades educativas en el ámbito de sus respectivas competencias llevarán a cabo las actividades siguientes:

I. Atenderán de manera especial las escuelas en que, por estar en localidades aisladas, zonas urbanas marginadas y el agregado de la minuta dice o comunidades indígenas sea considerablemente mayor la posibilidad de atrasos o deserción, mediante la asignación de elementos de mejor calidad para enfrentar los problemas educativos de dichas localidades.

Luego, en el párrafo XIII dice lo siguiente: Proporcionarán materiales educativos en las lenguas indígenas que correspondan en las escuelas en donde asista mayoritariamente población indígena.

Es el otro agregado que hace la adición del párrafo XIII.

Su redacción debería decir, en estos términos, lo siguiente: Para el ejercicio de la docencia en escuelas indígenas y en la modalidad de cursos comunitarios se requiere contar con título de licenciatura y hablar el idioma de la comunidad donde se sitúa el servicio.

La autoridad educativa deberá establecer el procedimiento de certificación del dominio de dicho idioma indígena y los criterios para aquellos docentes que por las condiciones de escolaridad del pueblo o comunidad no pudieron cumplir el requisito de escolaridad antes señalado.

Las autoridades educativas, en su respectivo ámbito de competencia, diseñarán e impartirán a los docentes de nuevo ingreso, previo el inicio de su función, un curso de inducción cuyos contenidos estén enfocados al conocimiento y dominio de las particularidades didácticas de los servicios de educación y cursos comunitarios.

Ése es el planteamiento que hace el diputado Wenceslao y que plantea que establecido así mejoraría con mucho la redacción de la propuesta que contiene la minuta.

El diputado Felipe Díaz Garibay opinó comentó que derivado de la experiencia que ha tenido antes y durante esta Comisión de Asuntos Indígenas, que efectivamente ha podido captar una inquietud generalizada tanto en mi estado como en otros vecinos, donde las comunidades están un tanto reacias, negándose a aceptar el hecho de que la llamada globalización o quizá los avances que el país ha tenido hasta ahora, los esté diluyendo, los esté haciendo perder sus tradiciones, los esté llevando a perder sus lenguas, su manera esencial de vivir.

Consideró que valdría más la pena tocar la ley secundaria, específicamente el artículo 33, fracción XIII, donde dice proporcionar materiales educativos a las lenguas indígenas. Y aquí dijo que era una de las razones para rechazar que se quedara un tanto corta.

Si no se toma en cuenta para la opinión de esta iniciativa, expresó, yo les puedo asegurar que si hacemos una encuesta en cualquier zona intercultural de nuestro país, la queja va a ser la misma: no tenemos programas de educación bilingüe, a menos que en algunos estados sí. Y qué bueno que los tengan, felicidades, pero en Michoacán no es el caso.

El diputado José Luis Varela Lagunas expresó que pareció buena la redacción que hizo el diputado Coyac, sin embargo, que a los integrantes este acuerdo ya fue desfasado, porque efectivamente sí hay libros en lenguas indígenas y, en ese sentido, hizo la invitación a señalar dónde no hay libros en lenguas maternas. Coincidió con la propuesta del diputado Wenceslao Herrera.

El diputado Marcos Matías Alonso a manera de recapitulación precisó y consultó 4 puntos. Primero, consultó si se hacían los ajustes sobre la opinión y se presentó nuevamente en otra sesión plenaria. Los diputados manifestaron su anuencia.

Segundo, consultó si la comisión preparaba un exhorto en este tema a los gobiernos locales. Dado la mayoría por la afirmativa, quedó como un segundo acuerdo.

Tercero, se pidió que se hicieran los preparativos para convocar a la titular de la DGI. Se aprobó.

Cuarto, sugirió citar en la misma fecha al subsecretario de Educación Básica. También se aprobó.

En el siguiente inciso relativo al punto de acuerdo presentado por el diputado Wenceslao Herrera Coyac, éste explicó que siendo don Adolfo López Mateos presidente de la República, entregó al Instituto Lingüístico de Verano un terreno primero y, luego, el 19 de abril de 1964 se inauguró en Tlalpan "La casa de las cien lenguas". Una casa exprofesamente para el estudio y el desarrollo de las lenguas indígenas de México. A mediados de los 80 descubrieron que el Instituto Lingüístico de Verano utilizó ese gesto noble del gobierno de México para otras cuestiones. Era otro centro menos para apoyar las lenguas indígenas.

Por muchísimas razones es necesario que esta institución, mencionó, ahora dedicada al desarrollo de las lenguas indígenas de México, como se ha dicho desde diferentes trincheras. Vuelva a ese lugar original que todavía está en manos de la Secretaría de Educación Pública, seguramente no utilizándolo plenamente, regrese ahí el Inali, como lo señalan sus lenguas indígenas. Es el propósito de este acuerdo.

El diputado Marcos Matías Alonso consultó a la comisión si aprobaba el dictamen en sus términos. Éste fue aprobado por unanimidad. Inmediatamente se pasó al último inciso, sobre la opinión al punto de acuerdo presentado por la diputada Yary del Carmen Gebhardt Garduza, y la opinión fue que efectivamente se implantaran esos programas de capacitación en la materia, dirigidos al personal de las instituciones policiales de los municipios con presencia de población indígena, así como a los custodios de los centros penitenciarios del país, que fue presentada por la diputada. Consultó a los diputados si se aprobaba en sus términos. Por unanimidad se aprobó.

VI. En el último punto del orden del día, el diputado Marcos comentó que varios diputados de la comisión participarían en la ciudad de Mérida, Yucatán, en una más de sus sesiones de trabajo del Parlamento Latinoamericano, que en su seno había una comisión sobre el tema indígena y estaba convocado a un encuentro internacional en el cual se discutirían las políticas públicas y la legislación indígena en América Latina.

En esta parte, informó a los diputados que el próximo miércoles 10 de septiembre, a las 10:00 horas se reuniría la Comisión de Puntos Constitucionales y se iba a dictaminar una iniciativa de reforma constitucional en materia de pueblos indígenas, que fue consensuada por la comisión nuestra desde el 5 de diciembre pasado para reformar el artículo segundo, el 26 y el 115 constitucional.

Desde el Canal del Congreso exhortó a los legisladores, que están en la Comisión de Puntos Constitucionales, a valorar y dar un paso adelante para ofrecer justicia a los pueblos indígenas de México. Pidió a todos los partidos políticos su apoyo a la iniciativa de la Comisión de Asuntos Indígenas.

Una vez que fueron desahogados todos y cada uno de los puntos del orden del día, a las 18:20 horas se dio por terminada la reunión del día de inicio de la sesión, firmando al calce los que en ella intervinieron.

La Comisión de Asuntos Indígenas

Diputados: Marcos Matías Alonso (rúbrica), presidente; Martha Cecilia Díaz Gordillo (rúbrica), Humberto Wilfrido Alonso Razo (rúbrica), José Guadalupe Rivera Rivera (rúbrica), Wenceslao Herrera Coyac (rúbrica), secretarios; Víctor Aguirre Alcaide (rúbrica), Lourdes Alonso Flores, Higinio Chávez García, Othón Cuevas Córdova (rúbrica), Rafael Franco Melgarejo, Carlos Roberto Martínez Martínez (rúbrica), Élmar Darinel Díaz Solórzano, Yary del Carmen Gebhardt, Elda Gómez Lugo (rúbrica), Guillermina López Balbuena (rúbrica), Gustavo Ildefonso Mendívil Amparán, Ismael Ordaz Jiménez (rúbrica), Pascual Bellizzia Rosique (rúbrica), Anuario Luis Herrera Solís, Tomás José Luis Varela Lagunas (rúbrica), Silvio Gómez Leyva, Felipe Díaz Garibay (rúbrica), Joaquín Jesús Díaz Mena, Francisco Antonio Fraile García, Ramón Landeros González (rúbrica), Gustavo Macías Zambrano, Jorge Alejandro Salum del Palacio (rúbrica), María Gloria Guadalupe Valenzuela García (rúbrica), Alberto Vázquez Martínez.
 
 

DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS INDÍGENAS, CORRESPONDIENTE A LA DUODÉCIMA SESIÓN PLENARIA, EFECTUADA EL JUEVES 21 DE OCTUBRE DE 2008

A las 16:00 horas del jueves 21 de octubre de 2008, se reunieron, en la zona C del edificio G del Palacio Legislativo de San Lázaro, los integrantes de la Comisión de Asuntos Indígenas de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados, presidida por el diputado Marcos Matías Alonso, los secretarios diputados; así como el licenciado Saúl Vicente Vázquez, quien funge como secretario técnico de la comisión, a fin de celebrar la decimosegunda sesión plenaria de este órgano legislativo, bajo el siguiente orden del día:

II. El diputado Wenceslao Herrera Coyac procedió a dar lectura al orden de día. Una vez puesto a consideración del pleno, la diputada Martha Cecilia Díaz Gordillo pidió se incluyera el informe sobre la próxima celebración del LX aniversario de política indígena en México.

El diputado Marcos Matías pidió abordar el numeral seis como punto cuatro y recorrer los numerales.

Al ponerse a votación, se aprobó por mayoría con la inclusión de ambas propuestas.

III. Sobre el siguiente punto, el diputado Wenceslao Herrera Coyac puso a consideración del pleno la aprobación del acta de la sesión anterior. Se aprobó por unanimidad.

IV. A este respecto, el diputado Marcos Matías Alonso comentó que este numeral se refiere al proyecto de decreto por el que se reforma la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas de México.

La presidencia consideró innecesario abrir la discusión sobre un acuerdo de sesión plenaria aprobada; y preguntó al pleno, si ratificaba el acuerdo y aprobación de este proyecto de decreto en los términos que fue aprobado.

Al respecto, la diputada Martha Cecilia Díaz Gordillo solicitó al secretario técnico puntualizar los alcances, tanto de lo que implicaría la ratificación o la no ratificación de este dictamen, por la polémica que se generó cuando se hizo la solicitud.

El licenciado Saúl Vicente Vázquez hizo hincapié en que el dictamen fue sometido al pleno de esta comisión en dos ocasiones anteriores y que en ambas fu aprobado en sentido positivo.

Comentó también que a fines de septiembre estaba en condiciones la mesa directiva para turnarlo al pleno a primera lectura, y una sesión de la mesa directiva de la comisión tomó el acuerdo de solicitar a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados que se retirara este dictamen o se devolviera para que fuera sometido nuevamente a revisión en una sesión plenaria. Se solicitó nuevamente, y a petición de la mesa directiva se pone nuevamente a consideración del pleno de la comisión, informó el diputado.

Entendido esto, lo que deben hacer los diputados es ratificarlo nuevamente o hacer los cambios que consideren pertinentes con los argumentos que ustedes aquí señalen.

El diputado Othón Cuevas Córdova formuló algunas preguntas. ¿Hasta qué punto es correcto, jurídica y políticamente, que nos regresen algo ya votado?, ¿bajo qué argumento lo hacen?

La diputada Martha Cecilia Díaz Gordillo comentó que no se pidió a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados que se regresara el dictamen como tal, sino la iniciativa, pare revisar con precisión un párrafo del dictamen que generaba problemas con el presupuesto.

Aclaró la diputada Gordillo que no le parece incorrecto el dictamen en lo general, como fue aprobado por la comisión, pero se debe precisar ese párrafo, por lo que considera pertinente que se exponga a detalle.

La diputada María Gloria Guadalupe Valenzuela García se mostró sorprendida por estar revisando nuevamente un dictamen que ya fue sometido a discusión en dos ocasiones, en las cuales fue aprobado.

De manera particular no tengo nada que argumentar, la mayoría de los integrantes de la comisión tuvieron la sensibilidad para votarla a favor, continuó, ya que ésta persigue acercar beneficios a todos nuestros indígenas.

La diputada Valenzuela García pidió que si algún compañero tenía algún comentario respecto al dictamen, que lo hiciera ante el pleno de la comisión antes de que sea votado en el de la Cámara de Diputados. Añadió que en el transitorio que se señala no existe confusión sino un problema de interpretación.

El diputado Marcos Matías Alonso comentó que el proyecto de decreto, tal y como fue planteado en su momento, planteaba la necesidad de impulsar traductores e intérpretes para el Instituto Nacional de las Lenguas Indígenas.

La diputada Martha Cecilia Díaz Gordillo le reiteró a la diputada María Gloria Guadalupe Valenzuela García que la iniciativa presentada está totalmente avalada por la comisión.

Acto seguido, el diputado Wenceslao Herrera Coyac sometió el dictamen a la consideración del pleno. Por votación unánime fue ratificado en sus términos el dictamen en sentido positivo.

V. El siguiente punto del orden del día fue el referente al acuerdo sobre el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) para el Ejercicio Fiscal 2009.

El diputado Marcos Matías Alonso comentó que se entregó a cada diputado un documento de aproximadamente 15 cuartillas que contiene la propuesta del proyecto de decreto para el presupuesto 2009.

A grandes rasgos, tiene un primer capítulo que es una exposición de motivos que justifica la propuesta, varias consideraciones; en la página cinco están los principales acuerdos que hasta este momento la mesa directiva ha generado en consenso y puesta a su consideración.

El Ejecutivo federal mandó el anexo 7 "Programa para el desarrollo integral de los pueblos indígenas", con un presupuesto de 37 mil millones de pesos para el 2009. Hay un incremento de 6 mil millones de pesos, con relación al año fiscal que está corriendo. Es decir, este año en el presupuesto tenemos en promedio 31 mil millones de pesos, y para el 2009 el Ejecutivo ha mandado la propuesta en 37 mil millones de pesos.

En el anexo 7 no hay ningún incremento a la CDI, que es la institución central que más identifican los pueblos indígenas de México. En este año fiscal la CDI ejerce en promedio de 7 mil millones de pesos. Pidió al secretario técnico ahondar en el tema.

El secretario técnico, Saúl Vicente Vázquez, comentó que el acuerdo sobre presupuesto presentado contiene cuatro apartados y uno final de anexos, el de la introducción, el de la exposición de motivos, consideraciones y los acuerdos de propuestas hacia la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública y los anexos que establecen los cuadros de estos acuerdos.

El planteamiento central fue someter a la consideración de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública la reasignación presupuestal contenida en el anexo 7 para el ejercicio fiscal 2009, así como una etiquetación en anexo 01 correspondiente al presupuesto del Poder Legislativo, y modificaciones al proyecto de decreto correspondiente. Esas eran las partes centrales de la propuesta.

El acuerdo número 1, proponía mantener el monto del Presupuesto de Egresos de la Federación para pueblos indígenas del anexo 7, que se titula "Erogaciones para el desarrollo integral de la población indígena", por 37 mil 603 millones 286 393 pesos, con las reasignaciones que a continuación se enlistan.

El inciso a) determina una reasignación en el anexo 7 por 2 mil 621.22 millones de pesos. Que serían tomados del Ramo 20 de la Secretaría de Desarrollo Social, del monto que tiene asignado para la atención a la población indígena.

Esos 2 mil 621, se distribuirían de la siguiente manera: mil 280.6 millones de pesos, al Ramo 06 titulado Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en el rubro de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. En el programa de infraestructura social básica, con 300 millones más, luego al Programa de Organizaciones Productivas para Mujeres Indígenas 100 millones más, para quedar en 280 millones.

Luego, el Programa de Promoción de Convenios en Materia de Procuración de Justicia pasaría con 18 millones más para quedar en 55; el Programa de Coordinación de Apoyo a la Producción Indígena, que tendría 200 millones más para quedar en 315 millones. El Programa de Atención a Indígenas Desplazados tendría un incremento de 150 millones para quedar en 180; 150 millones para desplazados indígenas urbanos y 30 millones para migrantes desplazados. El Proyectos de Comunicación Indígena, aumentaría en un millón y medio, para quedar en 4 millones. Todo lo demás en los mismos términos.

El Programa Estudios de Preinversión, se incrementaría con 10 millones para quedar en 11 millones 600 mil; luego el programa de fomento y coordinación de políticas públicas, investigación y promoción vinculadas a las culturas indígenas, que no tiene presupuesto enviado por el titular del Ejecutivo, se propone asignarle un millón de pesos. El Programa de Excarcelación de Presos Indígenas, tendría un incremento de 1 millón para quedar con 11 millones 493 700; Instrumentación de Políticas Transversales con Población Indígena, aumentaría en 200 millones para establecerse en 851 millones.

La diputada Martha Cecilia había planteado una propuesta de 200 millones, pero no encontramos en la redacción que planteó del programa, con los programas que tenemos oficialmente.

El proyecto de Medicina Tradicional Indígena, con 15 millones, y el de Casas de la Salud de la Mujer Indígena, con 10 millones. Estos son dos programas propuestos por diputados de la comisión, no vienen en el proyecto de decreto actual, pero han estado en otros años; por lo tanto, se planteó que sus reglas de operación se puedan mantener vigentes, por tanto se pueden proponer como programas.

Señaló esto porque la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública le aclaró que cualquier programa nuevo debe contener su normatividad.

Con eso el presupuesto para la CDI queda en ocho mil 589 millones 810, 250 pesos. Esto en cuanto al acuerdo uno del inciso B, de mil 280 millones de pesos. Luego está el inciso C, en la página cinco, de esos dos mil 621 millones, 300 millones se destinarían al Ramo 09, "Comunicaciones y Transportes".

Los programas que contiene el desglose del anexo siete fueron tomados del decreto de presupuesto del año anterior, porque este año no se desglosan los programas solamente los ramos.

El Ramo 09, "Comunicaciones y Transportes", tiene un incremento de 300 millones; pasó de mil 100 a mil 400 y millones de pesos.

Acuerdo uno, en el inciso D, una propuesta de 500 millones de pesos al Ramo 33, "Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios". En este anexo están los 500 millones de pesos al Ramo 33, que pasaría de cinco mil 262 a cinco mil 762 y millones de pesos.

En el inciso D del acuerdo uno se proponen 75.3 millones de pesos al Ramo 19, "Aportaciones a Seguridad Social", en particular el programa IMSS-Oportunidades para hospitales rurales. En el anexo dos, en el Ramo 19, hay un incremento, pasa de mil 758 millones a mil 833 millones de pesos, para poner un énfasis en hospitales rurales, tal como lo hace la propuesta enviada por el titular del Ejecutivo; por lo que la comisión consideró un incremento de 75 millones para hospitales rurales.

En el inciso F, del acuerdo uno, se propone que se incremente en 540.62 millones de pesos el Ramo 11, "Educación Pública". Esto se refiere al anexo tres, en el que se propone una reasignación para educación para pueblos indígenas. La Dirección General de Educación Indígena, pasaría de contar con 166 mil 808, a 442 millones. El Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, pasaría de 92 mil 249, a 98 mil 249.

El inciso G, del acuerdo uno, se refiere también al Ramo 11. La mesa directiva considera que en vez de tomar los 458.05 millones del Ramo 20, como era la propuesta inicial, se pueden tomar del total del Ramo 11, toda vez que la Comisión de Educación está tomando en consideración esa propuesta. De esta manera la reasignación a universidades interculturales se quedaría en 458 millones; es un monto muy cercano a lo que han planteado las diferentes instituciones que han estado dialogando con la Comisión de Asuntos Indígenas.

El acuerdo dos señala: La Comisión de Asuntos Indígenas propone a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública que apruebe un desglose del anexo 7 del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación a nivel de programas, tal como se plantea en el anexo dos.

El acuerdo tres dicta: La Comisión de Asuntos Indígenas propone a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública la etiquetación al Ramo 01, "Poder Legislativo, Cámara de Diputados", por 15 millones de pesos, para que desde la Comisión de Asuntos Indígenas se realicen acciones de evaluación del ejercicio presupuestal y de difusión de los derechos de los pueblos indígenas. Esta propuesta la hace directamente la mesa directiva, aún sabiendo que el presupuesto para la Cámara de Diputados ha sido aprobado previamente, porque así lo establece el procedimiento, con la intensión de que sea integrado al proyecto de decreto.

La Comisión de Asuntos Indígenas considera importante dar difusión a la declaración de Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas. Además, esto fue ya aprobado en el Pleno y retomado por la Junta de Coordinación Política.

El acuerdo cuatro propone a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública modificar y adicionar el decreto de Presupuesto 2009. El artículo 4 habla del gasto neto total que se distribuye conforme a lo que establecen los anexos del decreto que dice "los recursos para atender a la población indígena se señalan en el anexo VII de este decreto, en los términos del artículo 2, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos". Y, conforme al inciso j) de la fracción II, artículo 41, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidades Hacendaria, donde se presenta el desglose de los programas para población indígena como fue planteado el año pasado. Por eso se propone este agregado, lo que establece el inciso j) de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Luego, se proponen adicionar dos párrafos al artículo 28; "las reglas de operación del Programa de Infraestructura Social Básica, que opera la CDI Indígenas, deberán considerar como elegibles para la aprobación de proyectos de infraestructura a las localidades con 29 por ciento y más de población indígena, según los criterios de la propia CDI en cuanto al concepto localidades con población indígena.

La razón de esta propuesta es que la comisión conoció que para este año la CDI está planteando atender localidades en el rengo de más de 40 por ciento de población indígena. Sin embargo, en años anteriores la CDI había establecido la atención a localidades con 29 por ciento y más de población indígena; con lo cual su espectro se ampliaba y abarcaba más localidades. Por ello la comisión considera importante adicionar este punto al artículo 28 del título cuarto referente a las reglas de operación.

Se propone añadir otro párrafo al artículo 28, que diría "las reglas de operación de los programas para atender a la población indígena aplicable a las dependencias y entidades que aparecen en el anexo VII del presente decreto, entre ellas el Ramo 6, "Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas", deberán aplicarse también al Ramo 9 y al Ramo 3,3 en la aplicación de los recursos destinados a los nuevos programas.

Es decir, esta misma propuesta en la población indígena de, por lo menos, el 29 por ciento, también se amplíe a esos otros programas.

Acuerdo quinto. Esta propuesta tiene que ver con los transitorios. La Comisión de Asuntos Indígenas propone a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública adicionar los siguientes transitorios:

"Séptimo transitorio. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público enterará a la Cámara de Diputados a más tardar el 1 de febrero de 2009 sobre la distribución de las reasignaciones aprobadas por ésta, entre sus ramos, programas y fondos del anexo VII y anexo I del presente decreto".

El transitorio octavo diría "La Secretaría de Hacienda y Crédito Público deberá asignar clave presupuestal para hacer viable el presente decreto, en lo referente al concepto de universidades interculturales en el Ramo 11, "Educación Pública", así como aquellos casos que carezca de ella, adscribiendo ésta a la Secretaría de Educación Pública. Además, para efectos de asignación presupuestal a cada una de dichas universidades, la federación erogará el 70 por ciento del total y el gobierno estatal respectivo el 30 por ciento, preferentemente a infraestructura educativa, a proyectos o programas que hayan sido exitosos e incremento a la matrícula".

A la comisión han llegado propuestas de diversas universidades interculturales, de las cuales muchas no tienen la clave de la Secretaría de Educación Pública, por lo que les hemos hecho saber que eso complica la asignación de recursos desde la Cámara de Diputados. Sin embargo, dada la insistencia de estas instituciones, se plantea este artículo transitorio con la intensión de ser generosos esperando que la Secretaría de Hacienda atienda este planteamiento.

Tomando en consideración que últimamente se ha estado manejando el pari passo de 50 y 50 por ciento entre la federación y entidades federativas, la comisión propone que para este caso se hiciera de 70 – 30, para que los gobiernos de los estados puedan aportar recursos y fortalecer las universidades interculturales que están en proceso de consolidación. .

Se propone un transitorio noveno que diría: "para efectos del anexo VII, Erogaciones para el desarrollo integral de la población indígena; deberá ser desglosado el monto específico asignado a las entidades, dependencias y entidades federales que concurren en atención a los pueblos indígenas, tal y como quedó establecido en el anexo VI del Presupuesto de Egresos de la Federación 2008". Esta propuesta pretende ratificar la insistencia del desglose de programas.

El transitorio décimo diría: "Para efectos del anexo VII, Erogaciones para el desarrollo integral de la población indígena, para dar cumplimiento al acuerdo de la Cámara de Diputados, de establecer un nuevo programa denominado Programa de Infraestructura Carretero y Puentes para Pueblos Indígenas, comprendido en el Ramo 9, "Comunicaciones y Transportes", y Ramo 33". Habrá que establecerle sus respectivas claves presupuestales y reglas de operación, garantizando que la aplicación de dichos recursos sean destinados exclusivamente para beneficio de los pueblos y comunidades indígenas, cuyo número de población tenga un mínimo de 29 por ciento de población indígena.

Este transitorio se plantea por la propuesta del incremento al Ramo 9 donde se plantea que se establezca un nuevo programa; otra vez, tomando en consideración que es necesario plantear la normatividad cada vez que se proponga un nuevo programa.

Sin embargo, se está planteando aquí que esto pudiera ser acordado con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y ver si junto con ellos, en el momento de estar haciendo las negociaciones con la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, pudiéramos trabajar una propuesta rápida de reglas de operación, tomando en cuenta la experiencia de ellos en la elaboración de sus propias reglas operación.

El transitorio onceavo diría: "Para efectos de dar cumplimiento al punto de acuerdo aprobado por el pleno de la Cámara de Diputados, el 18 de septiembre de 2007, donde se solicita a la Cámara de Diputados se brinden todas las facilidades correspondientes para que se implemente una amplia difusión de esta nueva declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas; se acuerda la creación de dos nuevos programas denominados: Programa de Seguimiento y Evaluación del Presupuesto para Pueblos Indígenas, de acuerdo a lo que dispone la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, a los cuales se les debe destinar una clave presupuestal en el Ramo 001". De igual manera, este onceavo artículo insiste en la etiquetación a esta propuesta de la comisión sobre la difusión a la declaración de Naciones Unidas, conociendo que el presupuesto de la Cámara de Diputados ha sido aprobado por el Pleno y tendrá que entrar en un proceso de negociación con las propias autoridades de la Cámara de Diputados, toda vez que la parte de presupuesto de la Cámara de Diputados no entra a negociación con el Ejecutivo federal.

Por último, agregó que a todos los diputados diputadas se les hicieron llegar los formatos 01, 02 de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para que puedan hacer llegar las propuestas a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

El diputado Othón Cuevas Córdova comentó que tiene dos sentimientos encontrados. Primero creo que su obligación como diputados indígenas y miembros de esta comisión es velar por el incremento del presupuesto; y por el otro, considera que es una contradicción cuando han estado insistiendo en que hay un subejercicio del mismo.

Por otro lado, preguntó si la propuesta presentada por un grupo de diputados del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentada el 15 de octubre, está reflejada en el presupuesto que se revisa.

El diputado Ismael Ordaz Jiménez reconoció el trabajo de la secretaría técnica y de los compañeros de la mesa directiva; expresó su preocupación por el subejercicio del primer semestre, y dio su resplado al trabajo presentado por la mesa.

El diputado Joaquín Jesús Díaz Mena, por su parte, se manifestó a favor de más recursos para el Programa de Infraestructura Básica para la Atención de los Pueblos Indígenas (PIBAI).

La diputada Martha Cecilia Díaz Gordillo reconoció que hay un incremento de 6 mil millones de pesos en el presupuesto transversal, en relación al presupuesto del año anterior que fue de 31 mil millones, y que se debe reconocer que en los últimos ocho años el incremento para los pueblos indígenas ha crecido de manera sustancial, y con ello se deja patente el interés del Ejecutivo por el tema de los pueblos indígenas.

Pidió a los integrantes que pudiesen considerar este incremento de mil millones de pesos para la CDI en una propuesta inicial, que ella misma hizo, de 500 millones de pesos para el PIBAI, y el resto distribuirlos en los otros programas. Así, se pronunció por buscar la reasignación con lo cual se fortalecería el presupuesto para pueblos indígenas.

El diputado Pascual Rosique propuso para el PIBAI un incremento para que quedara en 450 millones, eliminando los excedentes que propone la CAI en materia de Programa de Organización Productiva para Mujeres Indígenas, en el Programa de Coordinación para el Apoyo a la Producción Indígena y en Atención a Indígenas Desplazados Urbanos. Esto daría 450 millones más para el PIBAI, en relación a la propuesta original del presupuesto.

El diputado Marcos Matías Alonso pidió al diputado Pascual que entregara en una tarjeta sus propuestas. También aseguró a los diputados del Partido de la Revolución Democrática que no se han excluido sus propuestas.

El diputado Pascual Bellizzia Rosique insistió en que el Programa de Atención a Indígenas Desplazados Urbanos y de Migrantes Desplazados pasara de 30 millones a 180 millones, y en agregar más recursos al PIBAI.

La diputada Martha Cecilia Díaz Gordillo explicó que cuando se hizo el planteamiento del incremento a 150 millones para población desplazada, se puso la mesa a consideración lo que seguramente va a pasar con los Estados Unidos, que mucha gente va a regresar, por lo que tenemos que generar condiciones para que esta gente pueda encontrar una alternativa por parte del gobierno federal.

Por otro lado, hay también una gran lista de ejidatarios comuneros, pequeños propietarios desplazados, con motivo de levantamiento armado que no han podido ser atendidos, en razón de que no hay un presupuesto etiquetado específicamente para eso. Por eso que debe considerarse en este rubro, previendo lo que seguramente va a suceder con el regreso de muchos conciudadanos.

El diputado Ismael Ordáz Jiménez consideró que, dada la situación económica mundial, no sólo no se debe quitar recursos al programa de atención a migrantes, sino que debe incrementarse su monto.

La diputada Elda Gómez Lugo apoyó la propuesta del diputado Ismael Ordaz Jiménez.

El diputado Marcos Matías Alonso comentó que se tomarían en cuenta cada una de las observaciones de los diputados, y pidió al secretario, diputado Wenceslao Herrera Coyac, que se pusiera a votación, con el compromiso de tomar en cuenta todas las propuestas hechas. Fue aprobado en votación.

VI. El siguiente punto fue la comparecencia del titular de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), licenciado Luis Héctor Álvarez Álvarez.

El diputado Marcos Matías informó que se llevará a cabo el 29 de octubre de 2008, a las 16 horas, en el salón Legisladores.

VII. En asuntos generales, la diputada Martha Cecilia Díaz Gordillo informó que, por designación de la mesa directiva, ha sido designada para organizar, junto con la Comisión de Desarrollo de los Pueblos Indígenas, una exposición y una serie de conferencias alusivas a la celebración del 60 aniversario de políticas públicas en México, los días 28, 29 y 30 de octubre.

Asimismo, se está considerando que se pueda impartir algún taller o, en su defecto, conferencias relacionadas con la nueva visión de la CDI, su historia, y los vacíos legislativos. La inauguración debería ser el 28 de octubre, a las 13:00 horas, en la plaza central del Palacio Legislativo. Y se clausuraría el jueves con una degustación de productos de diversas comunidades indígenas.

Una vez que han sido desahogados todos y cada uno de los puntos del orden del día, a las 18:20 horas del mismo día de iniciada, se da por terminada la reunión de trabajo. Firman al calce los que en ella intervinieron.

La Comisión de Asuntos Indígenas

Diputados: Marcos Matías Alonso (rúbrica), presidente; Martha Cecilia Díaz Gordillo (rúbrica), Humberto Wilfrido Alonso Razo (rúbrica), José Guadalupe Rivera Rivera (rúbrica), Wenceslao Herrera Coyac (rúbrica), secretarios; Víctor Aguirre Alcaide, Lourdes Alonso Flores, Higinio Chávez García, Othón Cuevas Córdova (rúbrica), Rafael Franco Melgarejo (rúbrica), Carlos Roberto Martínez Martínez (rúbrica), Elmar Darinel Díaz Solórzano, Yary del Carmen Gebhardt Garduza, Elda Gómez Lugo (rúbrica), Guillermina López Balbuena (rúbrica), Gustavo Ildefonso Mendívil Amparán, Ismael Ordaz Jiménez, Pascual Bellizzia Rosique (rúbrica), Anuario Luis Herrera Solís, Tomás José Luis Varela Lagunas (rúbrica), Silvio Gómez Leyva (rúbrica), Felipe Díaz Garibay (rúbrica), Joaquín Jesús Díaz Mena (rúbrica), Francisco Antonio Fraile García, Ramón Landeros González, Gustavo Macías Zambrano (rúbrica), Jorge Alejandro Salum del Palacio (rúbrica), María Gloria Guadalupe Valenzuela García (rúbrica), Alberto Vázquez Martínez.
 
 

DEL COMITÉ DE COMPETITIVIDAD, CONCERNIENTE A LA REUNIÓN REALIZADA EL MIÉRCOLES 22 DE OCTUBRE DE 2008

A las 12:10 horas del miércoles 22 de octubre de 2008, en el salón de usos múltiples número 5 del edificio I del Palacio Legislativo de San Lázaro, se reunieron los diputados integrantes del Comité de Competitividad, de conformidad con la convocatoria publicada en la Gaceta Parlamentaria, para el desahogo del siguiente orden del día:

1. Registro de asistencia

Se pasó lista de asistencia, encontrándose presentes los diputados Mariano González Zarur, presidente; Ernesto Ruiz Velasco de Lira, José Luis Gutiérrez Calzadilla, secretarios; Carlos Augusto Bracho González, Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo, Carlos Alberto García González, Eduardo Ortiz Hernández, Eduardo Sánchez Hernández y Verónica Velasco Rodríguez.

2. Lectura del orden del día

El secretario José Luis Gutiérrez Calzadilla dio lectura al orden del día, el cual puso a consideración de los miembros del comité, aprobándose por unanimidad.

3. Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión de trabajo correspondiente al 10 de septiembre de 2008

El secretario José Luis Gutiérrez Calzadilla omitió la lectura del acta de la reunión de trabajo del 10 de septiembre de 2008, en virtud de que se había entregado con antelación y la sometió a votación, aprobándose por unanimidad.

4. Presentación del programa del Foro para impulsar la competitividad del sector farmacéutico en México

El presidente Mariano González Zarur informó que la realización del foro se derivó de un compromiso que asumió durante su participación en el Coloquio estratégico de la industria farmacéutica 2008-2012, organizado por la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica.

El objetivo del foro es analizar los retos y oportunidades para hacer más competitivo al sector farmacéutico, a través de tres jornadas de diálogo y reflexión entre el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, las cámaras y asociaciones del sector farmacéutico, expertos, académicos y organizaciones nacionales e internacionales.

Señaló que los objetivos particulares son los siguientes:

En la mesa de trabajo "Calidad, precio y acceso al mercado de México", que se realizará el 12 de noviembre, se expondrán alternativas para hacer más eficiente la comercialización, la vigilancia sanitaria y las políticas de compra del gobierno. Asimismo, se estudiará el tema del requisito de planta y los mecanismos para hacer más asequibles los medicamentos a la población.

El 19 de noviembre se realizará la mesa de trabajo "Agenda para impulsar la competitividad del sector farmacéutico", la cual tiene como objetivo establecer una agenda para posicionar a la industria farmacéutica como un sector estratégico para el desarrollo del país; consolidación de las cadenas productivas, atracción de inversión extranjera y nacional, comercio, incentivos fiscales, facilitación aduanera, y apoyo a las pequeñas y medianas empresas. La agenda debe incluir acciones del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo, así como los compromisos del sector farmacéutico.

El diputado Eduardo Ortiz Hernández señaló que era importante abordar la minuta, recientemente aprobada por la Cámara de Diputados, relacionada con el tema de biotecnológicos y biocomparables, y pidió se invitará a expertos en el tema como el doctor Gregorio Cuevas Pacheco o el doctor Octavio Ramírez.

El diputado Carlos Augusto Bracho solicitó a la secretaría técnica una nota informativa sobre la situación actual de la industria farmacéutica. Al respecto, el presidente del comité señaló que se realizaría una ficha técnica sobre el sector, incluyendo la relación de iniciativas y minutas pendientes de dictaminar relacionadas con la industria farmacéutica.

El diputado Mariano González Zarur comentó que al finalizar el foro se realizaría una memoria y se buscaría impulsar o generar iniciativas para posicionar al sector farmacéutico como una de las industrias estratégicas para el país

Por otro lado, pidió a los integrantes del comité del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional su intermediación con el subsecretario de Competitividad y Normatividad de la Secretaría de Economía, Felipe Duarte, para que se retomen los trabajos del proceso para el fortalecimiento del marco regulatorio para la competitividad (Proceso Marco), en virtud de que los grupos de trabajo que se habían establecido eran extraordinarios ya que estaban representados los tres poderes de la federación. Argumentó que por primera ocasión estaba el Poder Judicial representado por el Consejo de la Judicatura; el Ejecutivo a través de Economía; el Legislativo representado por los presidentes de los Comités de Competitividad; organismos empresariales; la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos y un grupo de expertos.

Con respecto a la realización del foro, el secretario Ernesto Ruiz Velasco de Lira manifestó que debe respaldarse todo aquello que tiene que ver con la salud del pueblo mexicano y que es un tema que une a todos los partidos políticos.

En relación al Proceso Marco, señaló que pediría a la Secretaría de Economía que retomara los trabajos establecidos, ya que la mejorar regulatoria también es fundamental para el desarrollo del país.

5. Presentación y análisis de iniciativas para impulsar la competitividad de México

El diputado Mariano González Zarur informó que existían tres proyectos de iniciativas para que presentaran los integrantes del comité. La primera iniciativa reforma la Ley General de Educación, con la finalidad de que se prevea que el sector empresarial participe en los consejos escolares de participación social que hoy día se encuentran integrados por padres de familia, maestros, representantes de su organización sindical, directivos escolares, ex alumnos y algunos otros miembros de la comunidad.

Asimismo, se propuso que existiera una mayor vinculación de las organizaciones empresariales con base en la planeación y el diseño de programas educativos del Instituto Nacional de Educación de los Adultos y las instancias locales del ramo.

Señaló que la segunda iniciativa es una propuesta del diputado Carlos Alberto García González, la cual reformaba los artículos 40 y 90 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos para que los Comités de Competitividad sean órganos legislativos permanentes encargados de emitir opinión vinculatoria a las comisiones dictaminadoras, a efecto de que la tomen en cuenta al momento de discutir y aprobar sus resoluciones.

Manifestó que para que la Comisión de Competitividad de la Cámara de Diputados pudiera ejercer sus funciones de manera ágil se proponía que tuviera un máximo de 8 integrantes.

Finalmente, señaló que la regulación administrativa gubernamental era uno de los factores de mayor efecto para la competitividad del país, ya que su cumplimiento y resultados representan para los ciudadanos costos diversos que influyen en la economía en su conjunto, y el grado de dificultad para su cumplimiento incide directamente sobre la decisión de los ciudadanos para invertir y emprender una actividad productiva.

Por lo anterior, se proponía que las comisiones al elaborar los dictámenes respectivos realizaran una valoración del efecto regulatorio de las iniciativas, con el apoyo del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, y podrían solicitar opinión de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria a través de la Secretaría de Economía sobre el proyecto de dictamen correspondiente.

El presidente del comité pidió a los integrantes que revisaran cuidadosamente los proyectos y que a la brevedad posible hicieran llegar al comité sus comentarios.

6. Asuntos generales

El diputado Mariano González Zarur informó que las Comisiones Unidas de Economía, y de Prospectiva para la Definición del Futuro de México, y el Comité de Competitividad de la Cámara de Diputados, en coordinación con el Centro de Diseño e Innovación del Tecnológico de Monterrey y la Asociación Diseña México, realizarían el Foro por una política de diseño para México el miércoles 29 de octubre.

El objetivo del foro es resaltar la importancia del diseño y escuchar de los sectores interesados los casos de éxito, sus inquietudes, sus propuestas y sentar las bases para contar con política pública de diseño que nos permita impulsar la competitividad y el crecimiento económico de nuestro país.

Finalmente, señaló que era necesario un mayor empuje y compromiso para que se dictaminen las 4 iniciativas que han presentado los integrantes del comité, por lo que pidió las impulsen con los coordinadores de sus grupos parlamentarios y que hagan las gestiones necesarias dentro de las comisiones para que en este periodo puedan dictaminarse, ya que son el resultado y serán el reflejo de los foros y las 12 mesas de trabajo que el comité ha realizado.

La aprobación de estas propuestas, sin duda, contribuirá a que México vuelva a posicionarse en los índices de competitividad, aseguró.

Los integrantes se comprometieron a hacer las gestiones necesarias para impulsar las iniciativas presentadas.

7. Clausura

El secretario José Luis Gutiérrez Calzadilla agradeció la asistencia de los integrantes y dio por clausurada la reunión a las 13.05 horas del miércoles 22 de octubre de 2008.

El Comité de Competitividad

Diputados: Mariano González Zarur (rúbrica), presidente; Ernesto Ruiz Velasco de Lira (rúbrica), José Luis Gutiérrez Calzadilla (rúbrica), secretarios; Carlos Augusto Bracho González (rúbrica), Raúl Cervantes Andrade, Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo (rúbrica), Carlos Alberto García González (rúbrica), Rubí Laura López Silva (rúbrica), Eduardo Ortiz Hernández (rúbrica), Daisy Selene Hernández Gaytán, Eduardo Sánchez Hernández, Eva Angelina Sánchez Valdez, José Luis Varela Lagunas (rúbrica), Verónica Velasco Rodríguez.
 
 

A la reunión con funcionarios del gobierno y de la Embajada de Estados Unidos de América en México que se llevará a cabo el martes 13 de enero, a las 11:00 horas, en el salón de protocolo del edificio C.

Atentamente
Diputado Obdulio Ávila Mayo
Presidente
 
 

DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

A la reunión que se llevará a cabo el miércoles 14 de enero, a las 11:00 horas, en los salones C y D del edificio G.

Atentamente
Diputado Jorge Estefan Chidiac
Presidente
 
 

Al diplomado Construyendo un nuevo federalismo: transformación e integración del desarrollo regional que, en coordinación con la Escuela de Graduados en Administración y Política Pública del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, se llevará a cabo hasta el sábado 24 de enero, en el Palacio Legislativo de San Lázaro.

El diplomado se llevará a cabo en colaboración con la Federación Nacional de Municipios de México, AC; la Asociación de Municipios de México, AC; y la Asociación de Autoridades Locales de México, AC; y está dirigido a legisladores, asesores parlamentarios, estudiantes e investigadores (de ciencias políticas, administración pública, derecho, sociología, economía y antropología), funcionarios públicos, académicos y personas relacionadas con los temas de diseño, gestión y administración de los fenómenos de la migración, el desarrollo urbano, el gobierno metropolitano, el desarrollo regional y el desarrollo social.

Módulo V. Políticas para la gobernalidad, la democracia y la coordinación federalista
Fechas: 9, 10, 23 y 24 de enero de 2009.

Ejes temáticos

DE LA COMISIÓN BICAMARAL DEL SISTEMA DE BIBLIOTECAS

Al congreso de la Red de Investigadores Parlamentarios en Línea (Redipal) Virtual II.

Calendario (enero-agosto de 2009)

Temas

Nota
1. Puede ser de utilidad consultar las siguientes investigaciones:
a) DIR-ISS-06-07. Ley para la Reforma del Estado. De la presentación de la iniciativa a la publicación de la convocatoria de la consulta pública, que contiene las propuestas de reformas por partido.
b) DIR-ISS-12-07. Reforma del Estado. Iniciativas y minutas de reformas constitucionales presentados en la Cámara de Diputados en la LX Legislatura.
c) DIR-ISS-10-07. Iniciativas de reformas constitucionales presentadas en la Cámara de Diputados en la LX Legislatura. 1 de septiembre de 2006 a 26 de abril de 2007 (primer año de ejercicio).
d) DIR-ISS-07-08. Iniciativas de reformas constitucionales presentadas en la Cámara de Diputados en la LX Legislatura. 1 de septiembre de 2007 a 13 de diciembre de 2007, segundo año de ejercicio (Comisión Permanente del primer receso del 14 de diciembre de 2007 a 23 de enero de 2008).
Véase http://www.diputados.gob.mx/ceda/sia/dir_actual.htm

Atentamente
Diputado Ramón Ignacio Lemus Muñoz Ledo
Presidente