La suscrita, diputada María Victoria Gutiérrez Lagunes, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de este Pleno la proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes
Consideraciones
El presente exhorto, gentil y respetuoso de las competencias y atribuciones de esta Cámara, y de la autonomía de los congresos locales y la Asamblea Legislativa, tiene como principal objetivo la promoción de agencias laborales en todos y cada uno de los lugares donde se encuentran representantes populares.
Es importante dejar establecido que se entiende por discapacidad, según la Ley General de las Personas con Discapacidad, aquella que presenta una deficiencia física, mental o sensorial, ya sea de naturaleza permanente o temporal, que limita la capacidad de ejercer una o más actividades esenciales de la vida diaria, que puede ser causada o agravada por el entorno económico y social.
Se entiende de personas adultas mayores, aquellas que cuenten con sesenta años o más, y que se encuentren domiciliadas o en tránsito en el territorio nacional. Por otro lado, el 14 de diciembre de 1990, la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el 1 de octubre como el Día Internacional de las Personas de Edad.
Las personas de la tercera edad, en la mayoría de los casos, se encuentran bastante alejadas de la realidad. Muchas veces siguen siendo personas perfectamente sanas y activas, llenas de vitalidad que disfrutan de la tranquilidad de haber cumplido con todos sus proyectos de vida, pudiendo disfrutar de la familia, los nietos y los triunfos acumulados durante la vida.
El Sida son las siglas de Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida. El Sida es causado por el VIH (Virus de Inmunodeficiencia Humana). El VIH ataca al sistema inmunológico del cuerpo, principalmente a los glóbulos blancos. El sistema inmunológico es lo que combate las infecciones para mantener a tu cuerpo saludable. Los glóbulos blancos juegan un papel fundamental en la protección de una persona de las enfermedades. Cuando el sistema inmunológico está siendo atacado, no puede proteger a tu cuerpo de las infecciones y puedes enfermarte fácilmente. El cuerpo corre un riesgo alto de contraer muchas enfermedades. Por consiguiente, prácticamente cualquier síntoma es posible cuando tienes el VIH.
En México, el ambiente es de discriminación y prejuicios, es poco probable que se pueda pensar en una capacitación con miras a la reubicación del empleado. En cuanto a la reinserción laboral no se conoce con certeza el destino de aquellos trabajadores que, una vez finalizado un periodo de incapacidad por enfermedad (reposo medico), pretenden volver al trabajo. Se informa que la tendencia es a pensionar.
Ahora bien la Organización Mundial de Salud estima que más de 500 millones de personas en el mundo tienen algún impedimento físico, mental o sensorial, y alrededor del 80 por ciento de estas personas viven en países que se encuentran en pleno desarrollo.
Generalmente las personas con discapacidad se les niega la posibilidad de educación o de desarrollo profesional ya que existen falsas percepciones de aptitudes, habilidades y sobre todo la potencialidad existente hacía estas personas. Según el Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad hace un diagnostico del porcentaje de las personas con discapacidad contratadas en la Administración Pública federal, ejemplos claros son la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, con un total de 42 mil empleados de los cuales 23 son empleados con discapacidad, es decir 0.1 por ciento; la Secretaria de Educación Pública cuenta con 0.2 por ciento de empleados con discapacidad; la Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación tiene 90 empleados con discapacidad que hacen un total del 0.6 por ciento de personas con discapacidad, por mencionar algunas.
El nivel de exclusión, tanto en la vida cultural como en las relaciones sociales, hace que se les ingrese innecesariamente en instituciones públicas y privadas, así como los medios de transporte, que no tienen el acceso adecuado, lo cual conlleva a que las personas con discapacidad se encuentren desde un principio en desventaja laboral. Con esto no solamente las personas con discapacidad sufren, la sociedad pierde la oportunidad de aprovechar el enorme potencial de estas personas.
De acuerdo con el XII Censo General de Población y Vivienda del 2000, la población de 60 años y más ascendía a 6 millones 900 mil personas, lo que equivale a 7.1 por ciento de la población total del país. En términos absolutos, la población de 60 años y más que trabaja es de 2 millones 800 mil, quienes representan 7 por ciento de los 39 millones 600 mil de la población económicamente activa; las personas de edad avanzada que participan en la actividad económica es del, 43.7 por ciento de los que trabajan tiempo completo (35 a 48 horas semanales), 22.9 por ciento tiene sobrejornadas de trabajo, y 19.3 por ciento dedica menos de 24 horas a la semana.
En nuestro país se han dado acciones y avances a favor de un desarrollo en materia laboral, ya que se han conseguido una serie de logros hacía el derecho a trabajar de las personas con discapacidad, personas adultas mayores y personas que viven con VIH Sida; sin embargo, no ha dejado de ser un tema de discriminación y desigualdad de condiciones con las demás.
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos hace mención en el artículo 5o. dentro del apartado de garantías individuales, que a ninguna persona podrá impedirsele que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos.
La Ley General de las Personas con Discapacidad, hace mención en el artículo 9, fracción V, que a la letra dice:
"Instrumentar el programa nacional de trabajo y capacitación para personas con discapacidad a través de convenios con los sectores empresariales, instituciones de gobierno, organismos sociales, sindicatos y empleadores, que propicien el acceso al trabajo, incluyendo la creación de agencias de integración laboral, centros de trabajo protegido, talleres, asistencia técnica, becas económicas temporales.
La Ley Federal del Trabajo indica, por su parte que
"Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto se promoverán la creación de empleos y la organización social para el trabajo, conforme a la ley", establece el trabajo como un derecho y deber social.
Hago mención también del convenio 159 de la Organización Internacional del Trabajo, ya que a partir de su promulgación, el 20 de junio de 1983, que ratifica el Senado de la República en 1999, su objetivo principal fue buscar la readaptación profesional al empleo para las personas con discapacidad, buscando la igualdad entre el resto de los trabajadores y aquellos que cuenten con una discapacidad.
La Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, significó una gran transformación para nuestro país. En ella se establece una serie de acciones tendientes a prevenir la discriminación frente a grupos históricamente vulnerables. Este instrumento legal también contempla algunas prerrogativas para proteger el acceso y permanencia laboral de los grupos más discriminados en nuestro país. En su artículo 9, fracción III, dispone la prohibición de la libre elección de empleo, o la restricción de las oportunidades de acceso, permanencia y ascenso en el mismo. Igualmente, en su fracción V, establece como conducta discriminatoria limitar el acceso a los programas de capacitación y de formación profesional.
El adulto mayor pasa por una etapa de la vida que se considera como la última, en la que los proyectos de vida ya se han consumado, y es posible disfrutar lo que queda de vida con mayor tranquilidad. Usualmente las personas de la tercera edad han dejado de trabajar, o están jubilados, por lo que su nivel de ingresos decrece en forma considerable, lo que junto con los problemas de salud asociados a la edad pueden traer consecuencias en todos los ámbitos de su vida.
Esta situación hace que las personas de la tercera edad muchas veces sean consideradas un estorbo para sus familias, por lo que es un problema creciente en la sociedad actual.
Como vemos, se trata de un grupo de personas fuertemente discriminadas, ya que se comete el error de considerarlos inoperantes o incapaces, enfermos o simplemente viejos que no pueden cumplir con las tareas más básicas. Los gobiernos y municipios se han de ocupado de crear políticas y centros especializados que se preocupen en forma especial por los adultos mayores, les otorguen beneficios especiales, además de actividades especiales, creando un entorno favorable para su desarrollo, para poder mantener a esta población activa y partícipe de la sociedad.
Lo cual significa trabajar en bienestar de las personas mayores con un disfrute pleno de sus derechos humanos, un envejecimiento digno y fuera del alcance de la pobreza, participación plena en la vida económica, política y social, con posibilidad de desarrollo; así como la eliminación de violencia y discriminación, y tópicos como igualdad de género, importancia de la familia; asistencia sanitaria y protección social.
Por ello el gobierno mexicano, a través del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, ha creado las Agencias de Integración Laboral para Personas con Discapacidad, y la Secretaría de Trabajo a creado la Red de Agencias de Integración Laboral para Adultos Mayores, Personas que viven con VIH Sida y Personas con Discapacidad, las cuales han promovido, en los últimos años, la incorporación laboral de estos sectores sociales con grandes logros, por lo que hoy podemos observar con mayor frecuencia a adultos mayores empacando mercancía en los centros comerciales y radio operadores ciegos etcétera; estos son los esfuerzos que esta Legislatura debe de promover.
En el pleno respeto a la autonomía de los Congresos locales y la Asamblea Legislativa, a los cuales, por ser una representación social, acuden diariamente personas con diversas necesidades, entre ellas laborales, que buscan a sus diputados para encontrar una respuesta a sus demandas.
Derivado de lo anterior, se hace necesario, por un lado, dar una respuesta a nuestros representados, y por otro, sumar esfuerzos para atender a los grupos vulnerables entre dos poderes del Estado, al administración pública y el Legislativo, para que juntos den una respuesta a la sociedad que carece de oportunidades, entre ellas la de un empleo digno que le permita incorporase a la sociedad de una manera digna y con igualdad de oportunidades.
Es importante sumarse a las acciones que los gobiernos hacen para este sector de la población, en los que algunos órganos empresariales, así como las empresas socialmente responsables del país, se suman a este esfuerzo, como ejemplo podemos mencionar a Cámara Nacional de la Industria de Transformación, fundaciones como Sabritas, Telmex, y otras; por ello, como representantes populares, no podemos hacer de lado estos esfuerzos, por lo que consideramos de suma importancia impulsar acciones como la que venimos a poner a su consideración, a través del presente punto de acuerdo.
El punto central es crear convenios de cooperación entre las diversas instituciones para que en todos los Congresos locales y la Asamblea Legislativa exista una agencia de integración laboral. Por supuesto que esta cámara debe iniciar con el ejemplo, y por ello se pretende que sea la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables la principal promotora de estos trabajos ante los órganos de gobierno de la Cámara de Diputados.
Por lo anteriormente expuesto, me permito solicitar al Pleno de la Cámara de Diputados que se someta a consideración la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Primero. Se exhorta respetuosamente a los 31 Congresos estatales y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, a que se lleven a cabo las acciones necesarias para la creación de una Agencia de Integración Laboral para Personas con Discapacidad, Adultos Mayores y Personas que viven con VIH sida dentro de sus instalaciones.
Segundo. Se solicita a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables que realice las gestiones necesarias, ante las instancias correspondientes, para impulsar la creación de una Agencia de Integración Laboral para Personas con Discapacidad, Adultos Mayores y Personas que viven con VIH Sida dentro de esta Cámara de Diputados.
Palacio Legislativo de San Lázaro a 9 de diciembre de 2008
Diputados María Victoria
Gutiérrez Lagunes, Eduardo Elías Espinosa Abuxapqui, Laura
Angélica Rojas Hernández, Héctor Manuel Ramos Covarrubias,
Joaquín Jesús Díaz Mena, Jesús Arredondo Velázquez,
Martín Óscar González Morán, Jorge Alejandro
Salum del Palacio, Carlos Alberto Torres Torres, Gerardo Antonio Escaroz
Soler, Alma Cardona Benavides, María del Carmen Fernández
Ugarte, Francisco Javier Paredes Rodríguez, José Guillermo
Fuentes Ortiz, Juan Manuel Sandoval Munguía, Carlos Alberto García
González, Francisco Dávila García, Carlos Augusto
Bracho González, Margarita Arenas Guzmán, Diana Pérez
de Tejada Romero, Francisco Javier Plascencia Alonso, María de los
Ángeles Jiménez del Castillo, Alma Hilda Medina Macías,
María Eugenia Campos Galván, Demetrio Román Isidoro,
Armando Jesús Félix Holguín, Apolonio Méndez
Meneses, Antonio Sánchez Díaz de Rivera, Carlos René
Sánchez Gil, Jorge Quintero Bello, Sagrario Ortiz Montoro, Felipe
González Ruiz, Ivette Jacqueline Ramírez Corral, María
Esther Jiménez Ramos, Alfonso Othón Bello Pérez (rúbricas).
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA QUE
EL INAH SUSPENDA LOS TRABAJOS QUE SE REALIZAN POR EL DENOMINADO "ESPECTÁCULO
DE LUZ Y SONIDO" SOBRE LOS BASAMENTOS PIRAMIDALES DE LA ZONA ARQUEOLÓGICA
DE TEOTIHUACÁN, A CARGO DEL DIPUTADO RAMÓN VALDÉS
CHÁVEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE CONVERGENCIA
El que suscribe, Ramón Valdés Chávez, diputado federal integrante del Grupo Parlamentario de Convergencia en la LX Legislatura, con fundamento en el artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta ante esta soberanía proposición con punto de acuerdo, de urgente u obvia resolución, para que el Instituto Nacional de Antropología e Historia suspenda los trabajos que se realizan sobre los basamentos piramidales de la zona arqueológica de Teotihuacán por el "espectáculo de luz y sonido".
Antecedentes
Desde el inicio de las exploraciones en la zona arqueológica de Teotihuacán se hizo creer a la población de los grandes beneficios y dividendos que generaría este sitio para la región. El argumento es el que los teotihuacanos de hace décadas y de ahora siguen escuchando de las autoridades federales, de las estatales y de las municipales. Sin embargo, la realidad es otra para las comunidades que siempre han cedido, no obstante poner en riesgo su propio patrimonio.
La triste realidad del progreso es otra: hoy, el patrimonio teotihuacano es destruido para reactivar un espectáculo que beneficiará sólo a unos cuantos y dañará irreversiblemente la imagen de las estructuras que son motivo de orgullo de los mexicanos.
En 1988, el INAH suspendió el "espectáculo de luz y sonido", por el daño evidente que se provocaba a la zona arqueológica de Teotihuacán, acción que fue bien vista por científicos, intelectuales y la misma comunidad teotihuacana, ya que con ello Teotihuacán aspiraría al nombramiento de patrimonio histórico y cultural de la humanidad.
Ahora, con un "nuevo argumento" y un sinfín de mentiras, se busca nuevamente poner en marcha un espectáculo para cuya operación se perforan los basamentos y se colocan estructuras metálicas que dañan sin duda la originalidad de las pirámides que tanto presumimos ante el mundo.
Desde hace algunos años se hablaba del proyecto de luz y sonido; con el aval del gobierno del estado se presentó el proyecto ante empresarios y algunas autoridades con el argumento que sería un espectáculo multimedia en el que no se colocaría ningún elemento extraño a los basamentos piramidales. Sin embargo, lo que hoy experimentan las pirámides del sol y de la luna dista mucho de lo que tanto anunciaron el gobierno del estado y la empresa promotora.
En Teotihuacán, un ciudadano que pretende hacer uso de su derecho a la construcción de una vivienda digna debe enfrentar un sinfín de requisitos sólo para levantar una barda o sembrar un árbol, pues el argumento del INAH es que se violenta el decreto por el que se declara zona de monumentos arqueológicos el área conocida como Teotihuacán y se daña el patrimonio histórico y cultural de México. Sin embrago, los teotihuacanos y muchos mexicanos somos testigos de la destrucción de los basamentos piramidales, sin que a la fecha medie autoridad que los detenga, ya que se trata de grandes capitales que prometen "impulsar el desarrollo", con el incondicional apoyo de funcionarios públicos que, según ellos, trabajan para proteger el patrimonio histórico y cultural de México.
Los habitantes de Teotihuacán saben de la necesidad de impulsar grandes proyectos para consolidar su desarrollo, pero no están dispuestos a pagar con la destrucción del patrimonio que dejaron nuestros antepasados en custodia y para beneficio de ellos.
No por presentar un espectáculo teatral de beneficio, como siempre, para unos cuantos y no para las comunidades circunvecinas permitamos la destrucción de uno de los sitios que son orgullo de México y de todo el mundo.
Por lo anterior, presento a esta honorable asamblea las siguientes
Consideraciones
Primera. Que la Secretaría de Educación Pública instruya al Instituto Nacional de Antropología e Historia para que suspenda de inmediato los trabajos que se realizan para el "espectáculo de luz y sonido" en la zona arqueológica de Teotihuacán.
Segunda. Que se integre una comisión de diputados que realice una inspección en el sitio, en presencia de las autoridades del INAH y representantes de la sociedad civil.
Tercera. Que el INAH entregue a esta soberanía los dictámenes y los permisos que garanticen que no hay daño de los basamentos piramidales.
Cuarta. Que, de comprobar la violación de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, se finquen las sanciones correspondientes.
Quinta. Que se promueva la urgente integración de la comisión intersecretarial prevista en el decreto del 31 de octubre de 1977.
Por lo expuesto y fundado, solicito a esta honorable legislatura que se sirva apoyar y aprobar el siguiente punto de acuerdo y considerarlo de urgente u obvia resolución, para solicitar la dispensa de turno a comisiones:
Punto de Acuerdo
De urgente u obvia resolución
Único. Se exhorta al Instituto Nacional de Antropología e Historia a suspender los trabajos que se realizan sobre los basamentos piramidales de la zona arqueológica de Teotihuacán por el denominado "espectáculo de luz y sonido".
Diputado Ramón Valdés Chávez (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA A LOS GOBERNADORES Y A LOS CONGRESOS DE GUANAJUATO, OAXACA,
TABASCO Y MICHOACÁN A ARMONIZAR SU LEGISLACIÓN CON LA LEY
GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA, A CARGO
DE LA DIPUTADA ELSA DE GUADALUPE CONDE RODRÍGUEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DE ALTERNATIVA
La suscrita, integrante del Grupo Parlamentario de Alternativa en La LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes
Antecedentes
Con fecha 31 de enero de 2007 fue promulgada por el Ejecutivo federal, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, dicha ley responde a los compromisos firmados por el Estado mexicano en materia de violencia de género y no discriminación. Promueve los derechos fundamentales de las mujeres y crea las condiciones para disfrutar de los derechos humanos y la libertad.
La ley prevé las bases de coordinación en los tres ámbitos de gobierno para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y garantizar la igualdad entre mujeres y hombres, eliminando toda forma de discriminación en cualquiera de los ámbitos de la vida, que se genere por pertenecer a cualquier sexo.
La ley en su artículo octavo transitorio establece que en un marco de coordinación, las legislaturas de los Estados, promoverán las reformas necesarias en la legislación local, previstas en las fracciones II y XX del artículo 49, dentro de un término de 6 meses contados a partir de la entrada en vigor de la presente ley.
Hasta ahora ha transcurrido un año y once meses desde la promulgación de la ley y 28 estados ya han logrado armonizar su legislación con la ley federal, sin embargo todavía faltan Guanajuato, Oaxaca, Tabasco y Michoacán de hacerlo.
El 8 de marzo del 2007 al conmemorar el Día Internacional de la Mujer los tres Poderes de la Unión, así como gobernadores y alcaldes firmaron el Acuerdo Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, donde se comprometen a promover acciones afirmativas para fomentar una vida sin violencia ni discriminación y una auténtica cultura para la igualdad.
Los firmantes del acuerdo también se comprometieron entre otras cosas a establecer un compromiso firme e inequívoco para dar cumplimiento a las leyes y acuerdos internacionales que garanticen una vida libre de violencia, destacando, el Ejecutivo que con ello se colaborará en la complementación de políticas públicas transversales encaminadas a defender la integridad, la dignidad y los derechos de todas las mexicanas.
En ese acto el Ejecutivo federal, exhortó a los gobernadores y a los Congresos locales, para que den cumplimiento a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
Uno de los estados que firmó dicho acuerdo es Guanajuato, con lo que se comprometió a dar cumplimiento a lo señalado en la Constitución, los convenios y tratados internacionales ratificados por México en la materia, la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres y la Ley General de Acceso a una Vida Libre de Violencia. Sin embargo, paradójicamente es el estado que ha expuesto abiertamente su negativa a elaborar y aprobar una ley local de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, argumentando que las mujeres de Guanajuato no sufren violencia, cuando los índices proporcionados por el PNUD demuestran lo contrario.
Las mujeres en Guanajuato tienen un trato asimétrico que redunda en la restricción de sus libertades y en el ejercicio de sus derechos, la tasa de alfabetización es de 88.1 por ciento para mujeres y 92 por ciento para hombres; la tasa de matriculación (de primaria a la licenciatura) para mujeres es de 60.4 y para hombres del 63.1 por ciento. En los ingresos provenientes del trabajo, las mujeres ganan en promedio 3 mil 849 dólares, mientras que los hombres 9 mil 974, lo que equivale a que ellas ganan el 39 por ciento de lo que ganan ellos (datos del PNUD Informe Desarrollo Humano 2007)
En la vida familiar es creciente presencia de hogares a cargo de una mujer. En 5 años la tasa aumentó de 20.1 por ciento a 23.o por ciento
El 85 por ciento de divorcios solicitados por mujeres son por abandono de hogar.
Las demandas 1.9 por ciento corresponde a injurias, sevicia y violencia intrafamiliar, cifra más elevada que la observada a nivel nacional (1.6 por ciento).
El 13.4 por ciento de las mujeres de 15 años y más reportó haber sido víctima de violencia en el ámbito educativo (15.6 por ciento).
Cabe destacar que del total de mujeres de 15 años y más que declaró sufrir violencia, 92.2 por ciento padeció algún tipo de intimidación en el ámbito de su comunidad; de ellas reportó abuso sexual casi una de cada tres. La discriminación, la violencia y la amenaza de la violencia que padecen las mujeres por el hecho de serlo, en prácticamente todos los ámbitos de sus vidas, las frenan en el desarrollo de sus capacidades, inhibe el ejercicio de sus libertades y, en consecuencia, se violentan sus derechos fundamentales.1
En el caso de Tabasco también existen cifras preocupantes en materia de violencia contra las mujeres, tal es el caso de las mujeres separadas o divorciadas en la entidad que declaran mayor incidencia de violencia ejercida por sus parejas durante su relación: 80.9 por ciento fue víctima de actos violentos durante su relación, 56.5 por ciento padecían violencia física y 25.5 por ciento violencia sexual, cifra abrumadoramente más elevada que las que declaran las mujeres unidas. La alta prevalencia de este tipo de violencia sugiere que muchas de estas mujeres se separaron o divorciaron precisamente por ser objeto de dicha violencia. La violencia contra las mujeres perpetrada por sus parejas conyugales no necesariamente cesa con la separación y el divorcio. La misma encuesta muestra que 25.2 por ciento de las mujeres divorciadas o separadas continuaban padeciéndola después de la ruptura conyugal; 11.3 por ciento de estas mujeres señaló haber sido víctima de violencia física y 3.7 por ciento de violencia sexual aún cuando se habían separado.
En el caso de Michoacán las distintas formas de violencia pueden darse de manera simultánea; tal es el caso de la violencia emocional –que suele acompañar a otras formas de violencia– la cual alcanzó la cifra de 26.4 por ciento en la entidad. La violencia económica fue de 21.4 por ciento, la física de 10.6 por ciento y la sexual de 6.6 por ciento; estas dos últimas cifras son más altas que las observadas en el nivel nacional.2
Con estas cifras podemos concluir que en los Estados en donde no se han armonizado sus leyes locales con la Ley federal, existen altos índices de violencia contra las mujeres por lo que es muy importante que los Congresos locales, legislen al respecto y con ello logremos armonizar a todo el país con la Ley General de Acceso a una Vida Libre de Violencia.
México se ha adherido a los principales instrumentos internacionales que abrigan los derechos de las mujeres, y han dado pauta para la elaboración de las políticas nacionales de igualdad entre Mujeres y Hombres. Producto de este compromiso es la Ley General de Acceso a una Vida Libre de Violencia y la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres.
En la administración e impartición de justicia se han evidenciado avances importantes: todas las entidades del país han tipificado la violencia familiar, y en 30 de ellas la violación por parte del cónyuge se considera un delito, lo que representa un logro sustancialmente significativo en los últimos años.
El marco de las leyes generales y el avance en los procesos de armonización y homologación, nos ayudan a crear un escenario propicio para lograr un sistema de impartición de justicia con perspectiva de género. Por ello es importante que todos los estados se sumen a este esfuerzo y logren la armonización y cuenten con su correspondiente ley que ayude a las mujeres a vivir sin violencia.
Se requiere de una política de Estado que abra las puertas a cambios en las relaciones entre mujeres y hombres, que incluya a la gran diversidad de mujeres de todo el país, desde sus diversos espacios de participación social, económica, cultural y política, sin exclusión.
La violencia de género contra las mujeres es un problema grave y complejo que conlleva discriminación y disgregación social, lo cual, lesiona los derechos humanos de las mujeres. La aprobación de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y de su Reglamento, implica la aplicación de procedimientos para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Por ello la importancia de exhortar a los estados que aún no logran armonizar sus leyes con el ordenamiento federal lo hagan a la brevedad.
Por lo antes expuesto, y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero. Se exhorta a los gobernadores y a los Congresos locales de los estados de Guanajuato, Oaxaca, Tabasco y Michoacán para que armonicen su legislación local con la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
Notas
1. Encuesta Nacional sobre Dinámica de las Relaciones
en los Hogares 2006.
2. Ibídem.
Ciudad de México, a 9 de diciembre de 2008.
Diputada Elsa de Guadalupe Conde Rodríguez
(rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA A LAS AUTORIDADES ADUANALES Y A LAS DE SEGURIDAD FEDERALES,
ESTATALES Y MUNICIPALES A ABSTENERSE DE EXTORSIONAR, MALTRATAR, AGREDIR
O PRACTICAR CUALQUIER FORMA DE ABUSO CONTRA MEXICANOS QUE REGRESEN DE ESTADOS
UNIDOS AL PAÍS POR LAS FIESTAS DE FIN DE AÑO, A CARGO DEL
DIPUTADO ALBERTO AMARO CORONA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
Con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo atendiendo a las siguientes
Consideraciones
Como ustedes saben, México comparte con los Estados Unidos una franja limítrofe de más de 3 mil kilómetros, una de las más dinámicas del mundo, donde ocurren anualmente millones de cruces autorizados.
De acuerdo con información del Consejo Nacional de Población, se establece que los indicadores sobre migración a Estados Unidos, en cuanto a índice y grado de intensidad migratoria en las 32 entidades federativas, refieren que 5 estados tienen un muy alto grado de intensidad migratoria, 7 tienen un alto grado, 8 con un medio grado de intensidad, 6 con un grado bajo y 6 con un muy bajo grado de intensidad migratoria. Esto significa que ninguna de las 32 entidades federativas escapa al fenómeno migratorio.
Es una realidad inocultable que más de 9 mil millones de dólares que envían los mexicanos avecindados en el extranjero a sus familiares representan, sólo por concepto de IVA, para el gobierno mexicano la cantidad de mil 350 millones de dólares al año. Esos recursos tienen un efecto directo en la construcción de infraestructura para escuelas, hospitales, vivienda, entre otros, a través de programas sociales.
Por lo que se refiere a la actualidad del fenómeno migratorio y su tendencia en los próximos años, existen las suficientes evidencias que nos indican su creciente complejidad.
Otra realidad que debemos considerar en esa complejidad, es que la formación de clubes, asociaciones o casas de migrantes constituye una nueva forma de organización de los migrantes que trabajan y residen en Estados Unidos. Las redes sociales de la migración han constituido un capital social y una fuente fundamental para la obtención de empleos, hospedaje y el aprendizaje de las reglas de convivencia en ese país.
Las remesas no solamente contribuyen a que más de un millón de hogares puedan sobrevivir sino también a que el 5 por ciento de los municipios que hay en el país, es decir, 100, puedan tener viabilidad económica.
De acuerdo con información de Banco Mundial, México se ubica como el mayor expulsor de trabajadores migrantes del planeta, pues señala que entre los años 2000 y 2005 salieron de México 2 millones de personas para buscar trabajo en los Estados Unidos. Por otro lado, también ha dicho el Ejecutivo federal que son 400 paisanos los que pierden la vida cada año en su intento por cruzar hacia Estados Unidos de América.
De acuerdo con datos del Censo del 2000 de Estados Unidos, los latinos se distribuyen en todas las regiones de esa nación, pero específicamente la población de origen mexicano se concentra en cuatro estados: 66 por ciento en California y Texas, seguidos por Arizona e Illinois. Además, es posible identificar que 56 por ciento de la población mexicana está en sólo 10 ciudades de Estados Unidos.
Según la Current Population Survey de marzo de 2000, la población de los nacidos en México en cinco áreas metropolitanas se distribuye de la siguiente manera: Los Ángeles, un millón 810 mil 202 personas; Chicago, 436 mil 33; Dallas, 345 mil 323; Houston, 304 mil 786 y Fresno, 99 mil 679 personas.
Ciudades con mayor número de población de origen mexicano
Los Ángeles 4,327,574
San Antonio 875,130
Houston
772,002
Chicago
692,020
San Francisco 675,378
McCallen
668,440
Dallas
571,581
El Paso
550,849
Fresno
534,285
San Diego
516,096
Total 10,183,355
El problema está en que el abuso de las autoridades aduanales, de seguridad federal, estatal y municipal los reciben con maltratos que van desde el despojo alevoso de sus pertenencias, la confiscación impune, la extorsión de cuello blanco y la corrupción en todas sus modalidades. Esta realidad es inaceptable porque México no les da empleo, se van a otro país y envían remesas que sirven para el desarrollo nacional y de los estados y municipios, y encima de ello, a su regreso los despojamos de lo suyo.
Compañeras y compañeros: estoy convencido de que debemos alzar la voz e intentar concienciar y acercar medidas que permitan modificar esta realidad.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, con carácter de urgente resolución, someto ante el Pleno de esta soberanía la aprobación de la siguiente proposición con
Punto de acuerdo
Primero. Se exhorta al Ejecutivo federal a tomar las medidas reglamentarias y administrativas de carácter preventivo, correctivo y punitivo necesarias para que los servidores públicos en todas y cada una de las aduanas de la frontera norte, así como los miembros de los cuerpos de seguridad sean de la Secretaría de Seguridad Pública, Secretaría de la Defensa Nacional o de la Procuraduría General de la República, brinden un trato digno, humano y respetuoso a los mexicanos que laboran en los Estados Unidos y que con motivo de las fiestas de fin de año regresan a las entidades federativas de las que son originarios para estar con sus familias, y se abstengan de cometer abusos, despojos y actos de corrupción y extorsión que atenten contra el patrimonio que los paisanos han forjado con su trabajo fuera de la patria.
Segundo. Se exhorta a los gobiernos de los estados y a los gobiernos municipales para que dispongan de las medidas reglamentarias y administrativas, de carácter preventivo, correctivo y punitivo necesarias para que los cuerpos de seguridad bajo sus órdenes brinden un trato digno, humano y respetuoso a los mexicanos que laboran en Estados Unidos y que, con motivo de las fiestas de fin de año, regresan a las entidades federativas de las que son originarios para estar con sus familias, y se abstengan de cometer abusos, despojos y actos de corrupción y extorsión que atenten contra el patrimonio que los paisanos han forjado con su trabajo fuera de la patria.
Tercero. Se exhorta a los legisladores miembros de la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios, de Gobernación, de Seguridad, de Justicia y de Derechos Humanos para que dispongan de las medidas legislativas y programas de seguimiento que permitan un trato digno, humano y respetuoso a los mexicanos que laboran en los Estados Unidos y que con motivo de las fiestas de fin de año regresan a las entidades federativas de las que son originarios, para estar con sus familias, y que con ello impidan e inhiban abusos, despojos y actos de corrupción y extorsión que atenten contra el patrimonio que los paisanos han forjado con su trabajo fuera de la patria.
México, DF, a 9 de diciembre de 2008.
Diputado Alberto Amaro Corona (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA A LA CONAGUA A CUMPLIR LA RESOLUCIÓN QUE ORDENA COMPENSAR
AL EJIDO HIGUERAS DE SANALONA DEBIDO A LA AFECTACIÓN DEL TERRENO
EXPROPIADO POR DECRETO DEL 31 DE MARZO DE 1948, SUSCRITA POR DIPUTADOS
DE DIVERSOS GRUPOS PARLAMENTARIOS
Los suscritos, diputados federales por Sinaloa, con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permiten presentar a esta soberanía proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 31 de marzo de 1948, fueron expropiadas 862 hectáreas al ejido Higueras de Sanalona, en Culiacán, Sinaloa, en favor de la entonces Secretaría de Agricultura y Fomento.
El decreto de referencia ordenó asimismo, para los efectos, la localización y compensación de los terrenos y zona urbana que debieron haberse entregado al ejido expropiado, que debió haberse hecho de inmediato por conducto de la entonces Secretaría de Recursos Hidráulicos.
Derivado de ello, el 15 de mayo de 1948 se dio posesión en el predio La Palma, municipio de Culiacán, a los campesinos afectados de 430 hectáreas. Sin embargo, y como consecuencia de diversos juicios de amparo promovidos por las familias Dablanes y Mondragón, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó el 28 de octubre de 1948 la devolución de dicha superficie a los particulares quejosos, con el consiguiente desalojo de los posesionarios.
Desde entonces, la Secretaría de Recursos Hidráulicos y las dependencias que le son causahabientes no han cumplimentado en sus términos el decreto citado, dejando en la indefensión a los campesinos integrantes del ejido Higueras de Sanalona, a quienes se desalojó de sus tierras y aún esperan se cumpla el mandato presidencial que ordena la compensación.
En 1976, la Secretaría de la Reforma Agraria, por conducto de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, emitió opinión formal al respecto, concluyendo que debe compensarse de inmediato a los campesinos afectados por la superficie expropiada para la construcción de la presa Sanalona.
A partir de esto, distintas autoridades, tanto de la Secretaría de la Reforma Agraria como de la entonces Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, han reconocido el no cumplimiento de la resolución expropiatoria y en diversas ocasiones se han comprometido a subsanar la omisión correspondiente, lo cual no ha sucedido, para infortunio de los ejidatarios afectados.
Más recientemente, el 5 de noviembre del año en curso, el Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal, órgano descentralizado de la Secretaría de la Reforma Agraria, con fundamento en el artículo 87 del Reglamento de la Ley Agraria en materia de ordenamiento de la propiedad rural y bajo la consideración de que no existen datos ni registros de que la autoridad hidráulica haya realizado el pago indemnizatorio del ejido Higueras de Sanalona, requirió a la Comisión Nacional del Agua, por conducto de la Gerencia de Procedimientos Administrativos, para que se realice la compensación correspondiente o que, en su caso, informe y pruebe el cumplimiento de la compensación que ordena el decreto respectivo.
Por lo expuesto, elevamos a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Que esta soberanía exhorte a la Comisión Nacional del Agua a efecto de, que en el marco de sus obligaciones, proceda a cumplir en sus términos la resolución que mandata que se compense al ejido Higueras de Sanalona por la afectación de la superficie de terreno de 862 hectáreas que fueron expropiadas por decreto publicado el 31 de marzo de 1948.
México, Distrito Federal, a 9 de diciembre de 2008.
Diputados: Mayra Gisela Peñuelas Acuña,
Gilberto Ojeda Camacho, Daniel Amador Gaxiola, Alma Edwviges Alcaraz Hernández,
Carlos Eduardo Felton González, Gerardo Octavio Vargas Landeros,
Juan Nicasio Guerra Ochoa (rúbricas).
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA A LA SCT A EVALUAR LA POSIBLE AUTORIZACIÓN PARA QUE CONCESIONARIOS
DE UNIDADES DE AUTOTRANSPORTE DE TURISMO SE REGULARICEN SIN NECESIDAD DE
SUSTITUIRLAS POR OTRAS NUEVAS, SIEMPRE QUE APRUEBEN LAS VERIFICACIONES
MECÁNICAS Y DE SEGURIDAD ESTABLECIDAS, A CARGO DEL DIPUTADO SANTIAGO
LÓPEZ BECERRA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
El suscrito, diputado federal en la LX Legislatura e integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo estipulado en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a esta honorable Cámara de Diputados el siguiente punto de acuerdo, bajo las siguientes
Consideraciones
La actividad turística en México representa una de las ramas económicas de mayor dinamismo, pero al mismo tiempo es altamente susceptible a las variaciones de la actividad económica. En particular, la actividad del transporte turístico interno está siendo afectada por la actual coyuntura económica.
Al respecto, en el mes de diciembre de 2001 el entonces secretario de Comunicaciones y Transportes (SCT), Pedro Cerisola y Weber, publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el acuerdo mediante el cual se crea el Programa Nacional para el Reordenamiento y Regularización de Vehículos Destinados al Autotransporte Federal de Pasajeros y Turismo y de Concesionarios o Permisionarios Estatales que Transitan en Caminos y Puentes de Jurisdicción Federal.
Este programa estaba, y está, dirigido a lograr la actualización y mejoramiento de la operación y explotación de los servicios de autotransporte federal de pasaje y turismo, tanto en sus clasificaciones de económico y mixto, así como turístico y de excursión, respectivamente; así como el mejoramiento de los servicios concesionados o permisionados en los estados que transitan en caminos y puentes federales.
En el ámbito federal, dichos servicios de autotransporte de pasaje y turismo se deberían prestar mediante autobuses integrales con antigüedad máxima de 12 años al ingresar al servicio y límite de operación de 15 años, contados a partir del año de su fabricación, para el caso de pasaje, y para el caso de turismo, en autobuses integrales con antigüedad máxima de 8 años al ingresar al servicio y límite de operación de 12 años, contados a partir del año de su fabricación.
Las autoridades ya en aquél año detectaban que en la operación de los servicios de autotransporte federal de pasajeros en sus clases económico y mixto y de turismo en las clases de turístico y excursión, se utilizaban autobuses de años/modelo que habían rebasado su límite de operación conforme a las disposiciones del Reglamento de Autotransporte Federal y Servicios Auxiliares, por lo que ya no eran susceptibles de operar en otros servicios.
Era necesario sustituirlos por autobuses de fabricación reciente que garantizaran mejores condiciones de seguridad mecánica y de comodidad, para lo cual se requería otorgar un plazo para permitir a los permisionarios cumplir con las disposiciones legales aplicables.
El artículo quinto, fracción IV, del acuerdo establece las condiciones para la regularización de los prestadores de servicios de autotransporte de turismo y señala que "los permisionarios del servicio de autotransporte de pasajeros, en sus clases económico y mixto, y de turismo en sus clases turístico y de excursión, cuyas unidades hayan cumplido su límite de operación en los términos del Reglamento de Autotransporte Federal y Servicios Auxiliares y el Acuerdo por el que se establecen modalidades en la prestación del servicio de autotransporte federal de pasajeros y turismo para los efectos de ingreso de unidades a estos servicios, publicado en el DOF el 29 de abril de 1996... y estén dotadas de la calcomanía de "vehículo censado", que comparezcan ante la Secretaría dentro de los 30 días hábiles que indica el aviso de referencia y presenten en original y copia los requisitos que adelante se indican a la Dirección General de Autotransporte Federal o Centro SCT, según corresponda; una vez validados por éstos, les indicarán mediante acta circunstanciada, los vehículos que entrarán al proceso del presente Programa, a los que les colocarán en el parabrisas otra calcomanía en color verde con la leyenda: "vehículo en proceso de regularización", que les permitirá seguir operando en las carreteras de jurisdicción federal.
En el acta aludida "se debe hacer constar el plazo a que se refiere el artículo sexto del presente Acuerdo, así como el vehículo que debe adquirir si requiere seguir operando en el tramo carretero que viene explotando con vehículos tipo autobús integral o convencional:
Los requisitos consistentes en la presentación en original y copia:
b) Certificado vigente de baja emisión de contaminantes;
c) Póliza de seguro de responsabilidad civil por daños a terceros o, en su caso, la constancia del fondo de garantía en los términos que establece la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal y el acuerdo del 27 de abril de 1998;
d) Póliza de seguro del viajero o, en su caso, la constancia del fondo de garantía en los términos que establece la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal y el Acuerdo del 27 de abril de 1998;
e) Comprobante de domicilio, y
f) Tarjeta de circulación, en su caso."
Estas dos condiciones, han impactado negativamente en las finanzas de los autotransportistas de turismo impidiéndoles cumplir los requisitos del acuerdo en comento.
Además, muchos autotransportistas de turismo, si bien no han modernizado sus unidades, sí han efectuado inversiones para cambiarles el motor, con lo que han quedado en condiciones de cumplir con los requisitos de seguridad mecánica.
Con el propósito de apoyar a este sector de autotransportistas de turismo en las actuales condiciones económicas de crisis, resulta conveniente apoyarlos a efecto de que, previa aprobación de todas las verificaciones mecánicas y de seguridad establecidas, se les permita regularizar sus unidades sin que éstas sean necesariamente sustituidas por otras nuevas.
Esta nueva concesión sería autorizada únicamente a las unidades que pasen las pruebas pertinentes, garantizando con ello la seguridad de los usuarios.
Hay que recordar que la Cámara Nacional del Autotransporte de Pasaje y Turismo agrupa a más de 420 empresas, entre las que incluye a las de turismo.
En virtud de lo señalado, propongo a esta soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a evaluar la posible autorización para que concesionarios de unidades de autotransporte de turismo puedan regularizarlas sin necesidad de sustituirlas por otras nuevas, siempre que aprueben todas las verificaciones mecánicas y de seguridad establecidas.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de diciembre de 2008.
Diputado Santiago López Becerra (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA AL PODER EJECUTIVO FEDERAL Y A LOS GOBIERNOS ESTATALES Y A LOS
MUNICIPALES A IMPARTIR TALLERES DE DERECHOS HUMANOS Y DE EDUCACIÓN
SEXUAL ENTRE LOS MIEMBROS DE SUS FUERZAS POLICIACAS Y MILITARES, A CARGO
DEL DIPUTADO DAVID SÁNCHEZ CAMACHO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL
PRD
Quien suscribe, David Sánchez Camacho, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LX Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta asamblea proposición con punto de acuerdo a fin de que la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorte respetuosamente al Poder Ejecutivo, en los ámbitos federal, estatal y municipal, a impartir talleres de derechos humanos y educación de la sexualidad a los miembros de sus fuerzas policiacas y militares, con base en las siguientes
Consideraciones
Primera. El uso deliberado y desproporcionado de las fuerzas policiacas y militares, y el uso de la tortura, con la justificación legal del "restablecimiento del orden y la paz social", es una constante en las prácticas policiacas en el país, que supone el quebrantamiento de un estado de derecho democrático y respetuoso de los derechos humanos de los ciudadanos por el gobierno.
Segunda. Tal es el caso de lo sucedido en San Salvador Atenco, México, en 2005, donde tras el enfrentamiento de 500 efectivos estatales y federales con campesinos de la localidad, un joven de 14 años de edad resultó muerto a causa de una bala de sal o un petardo, y 10 pobladores lesionados, 2 de ellos por arma de fuego.
Tercera. La matanza de Aguas Blancas, Guerrero, en 1995, por la policía motorizada, con 17 campesinos asesinados, caso que atrajo las recomendaciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y de las Comisiones Interamericana y Nacional de los Derechos Humanos.
Cuarta. En el caso de las mujeres, las violaciones cometidas por policías contra 23 mujeres que fueron detenidas y ultrajadas el 4 de mayo de 2005 en San Salvador Atenco; y el caso en la sierra de Zongolica, Veracruz, donde Ernestina Ascencio Rosario, indígena de 73 años, fue atacada sexualmente el 26 de febrero de 2007.
Quinta. En la región de Oaxaca, en junio de 2007, la policía del estado usó fuerza excesiva contra los maestros en huelga que habían ocupado y paralizado el centro de la ciudad. Según los informes, agentes, en muchos casos vestidos de civil, dispararon contra personas partidarias de la APPO, causando la muerte de al menos dos de ellas e hiriendo a muchas más. Durante la crisis, la policía estatal detuvo arbitrariamente, recluyó en régimen de incomunicación y torturó a varios maestros y partidarios de la APPO antes de presentar cargos, basados en pruebas presuntamente falsificadas.
Sexta. Otro aspecto relevante es el que padece la población lésbica, gay, bisexual, transgénero y transexual en el país, relativo a actos de represión y hostigamiento perpetrados por fuerzas policiales.
Séptima. El pasado 10 de octubre fueron detenidos los ciudadanos estadounidenses, residentes en Playa del Carmen, Eric Schroeder, de 22 años de edad, y José Méndez, de 35, por integrantes de la policía municipal, por supuestas "faltas a la moral" por abrazarse y besarse en la vía pública. Fueron trasladados a la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito local, y encarcelados durantes 15 horas; pagaron una fianza de 2 mil pesos. El que suscribe planteó al ciudadano Eduardo Román Quian Alcocer, presidente municipal de Solidaridad, la necesidad urgente de que se brinde un taller sobre "derechos humanos y educación de la sexualidad" a los funcionarios y personal a su cargo, con el objetivo de unir esfuerzos en el fortalecimiento de una sociedad más democrática, responsable y respetuosa.
La respuesta a la petición se dio de manera pronta y oportuna por el gobierno de dicha entidad, donde próximamente se impartirá un taller sobre derechos humanos y educación de la sexualidad a los elementos que integran la Dirección de la Policía Preventiva y la de Tránsito Municipal, que será realizado por la Comisión Estatal de Derechos Humanos de la Visitaduría de Playa del Carmen.
Octava. El Estado debe garantizar la seguridad, y la integridad física y psicológica de los mexicanos que son objeto de vejaciones, o trato cruel, inhumano y degradante, hechos que evidencian discriminación, homofobia, violencia, misoginia y criminalización, tanto en los casos de protesta social como contra la población en situación de vulnerabilidad.
En virtud de lo anterior, me permito presentar ante este Pleno los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Poder Ejecutivo, en sus respectivos ámbitos federal, estatal y municipal, a impartir talleres de derechos humanos y educación de la sexualidad a los miembros de las fuerzas policiacas y militares a su cargo.
Segundo. Se exhorta a los gobiernos federal, estatal y municipal a adoptar en uso de sus atribuciones las medidas conducentes para promover la impartición de talleres de derechos humanos y educación de la sexualidad a los miembros de las fuerzas policiacas y militares a su cargo.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de diciembre de 2008.
Diputado David Sánchez Camacho (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE SOLICITA A LA SE UN INFORME RESPECTO A LA POLÍTICA DE ELIMINACIÓN
DE ARANCELES PARA PRODUCTOS DE ACERO DE PAÍSES CON LOS CUALES MÉXICO
NO TIENE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO, ASÍ COMO A SU EFECTO EN LA
INDUSTRIA SIDERÚRGICA NACIONAL, A CARGO DEL DIPUTADO PABLO TREJO
PÉREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
El suscrito, diputado federal a la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo.
Exposición de Motivos
Durante el 2007 la producción siderúrgica en México ascendió a un total de 196 mil 812 millones de pesos, según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, lo que representa el 2.1 por ciento del total del producto interno bruto (PIB); 9.1 por ciento del PIB industrial, y el 13.4 por ciento del PIB manufacturero. Creó 53 mil 700 empleos directos y 550 mil indirectos. Es el primer consumidor tanto de electricidad como de gas natural en el país, o sea que consume el 7.4 por ciento de la energía total nacional y el 30.5 por ciento del segundo rubro a nivel nacional, es uno de los principales usuarios de ferrocarriles, con una ocupación del 9.8 por ciento del volumen nacional de carga.1
Recientemente, el sector siderúrgico ha llevado a cabo un fuerte programa de inversiones, con el propósito de ampliar la capacidad instalada de producción de acero, la que para el 2006 alcanzó 22.4 millones de toneladas (14.6 por ciento más que en 2005).
En cuanto a comercio exterior, en los últimos cinco años las exportaciones siderúrgicas mostraron un aumento del 15.4 por ciento, al pasar de 4.8 a 5.6 millones de toneladas. Durante el mismo periodo las importaciones siderúrgicas crecieron 25.3 por ciento, pasando de 7 a 8.8 millones de toneladas. En el 2006 el valor de las exportaciones siderúrgicas se ubicó en 4 mil 736 millones de dólares (9.7 por ciento más que en 2005), mientras que el de las importaciones fue de 7 mil 671 millones de dólares (23.4 por ciento superior a 2005).
Con estos resultados, la balanza comercial siderúrgica en 2006 mantuvo niveles deficitarios del orden de 3 millones 209 mil toneladas y 2 mil 935 millones de dólares.
Cabe resaltar que la industria siderúrgica exporta a 106 países, mientras que realiza importaciones de 101 países.
Por otro lado, la apertura comercial a partir de la década de los ochenta, como parte de la renovación de la economía mexicana, se formalizó en ese entonces con la suscripción del Acuerdo General de Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT) a partir de 1994 con la firma del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, México y Canadá, el cual tiene como objetivo el libre comercio de bienes y servicios entre estos tres países, ambos fueron pilares del cambio de política económica y comercial de México.
En el caso de la industria siderúrgica, pese a que desde los ochenta empezó con una reestructuración administrativa, laboral y tecnológica, como otras tantas de la economía mexicana, no contaba con las condiciones suficientemente sólidas como para ser competitiva a nivel internacional, con esto quedó en una situación sumamente vulnerable. Sumado a lo anterior, la extrema dependencia de nuestro país con respecto a Estados Unidos nos deja en una situación desventajosa para competir en igualdad de circunstancias, tanto frente a los estadounidenses como a los canadienses.2
No conforme con esto, el gobierno federal pretende eliminar los aranceles que paga la importación de acero de países con los cuales México no tiene tratados de libre comercio.
Esto significa el incremento sustancial y repentino de importaciones, que vendrán a desplazar a la producción nacional, y a propiciar, por ende, pérdida de empleos y cierre de empresas, y afectará particularmente a las medianas y pequeñas empresas que suministran apoyo a la industria siderúrgica. Asimismo, se pondrían en riesgo los programas de inversión, que actualmente son del orden de los 10 mil millones de dólares, que han sido anunciados por las empresas dedicadas a este ramo, lo que agudizaría la crisis económica consecuencia de la recesión económica mundial.
Por lo expuesto con anteriormente y con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito solicitar al Pleno de esta Comisión Permanente que se someta a consideración la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Se solicita a la Secretaría de Economía un informe detallado sobre la política de eliminación de los aranceles que paga la importación de productos de acero de países con los cuales México no tiene tratados de libre comercio, así como su impacto en la industria siderúrgica nacional.
Notas
1. Perfil de la industria siderúrgica en México.
Cámara Nacional de la Industria del Hierro y del Acero. Febrero
2007.
2. Algunas repercusiones de la apertura comercial
en la industria siderúrgica nacional. Luis Antonio Cruz Soto.
Revista Contaduría y Administración; número 200. Enero
marzo de 2001.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de diciembre de 2008.
Diputado Pablo Trejo Pérez (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE SOLICITA A LA SFP QUE INVESTIGUE, FISCALICE Y VIGILE LA APLICACIÓN
DE RECURSOS DEL FONDEN EN EL ESTADO DE OAXACA, Y QUE INFORME A ESTA SOBERANÍA
ACERCA DE SUS CONCLUSIONES, A CARGO DEL DIPUTADO CARLOS ALTAMIRANO TOLEDO,
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
El suscrito, diputado federal de Oaxaca e integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LX Legislatura, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta proposición con punto de acuerdo a partir de las siguientes
Consideraciones
1. Durante 2008 se han realizado 6 declaratorias de emergencia en el estado de Oaxaca, que se han publicado en el Diario Oficial de la Federación, para atender lluvias atípicas, inundaciones y sismos ocurridos en enero, junio, julio, septiembre y octubre del presente.
2. El Fondo de Desastres Naturales (Fonden) fue diseñado para dar cobertura financiera en casos de desastres naturales, como los sismos, inundaciones y lluvias atípicas que se han vivido en la entidad. Con los recursos de este fondo se respaldan diversas acciones, como por ejemplo, apoyar a la población de escasos recursos, reconstruir la infraestructura pública y, con el aval de las dependencias del sector cultura, reparar los monumentos históricos afectados.
3. De acuerdo a las reglas de operación del Fonden, los afectados solicitan al Ejecutivo federal que emita la declaratoria de desastre natural que es necesaria para liberar los recursos, hecho que en esta misma legislatura hemos promovido en distintos momentos los diputados de nuestro estado.
Las autoridades municipales presentan sus necesidades en los comités que evalúan los daños, pero ya no son considerados ni tomados en cuenta para el desarrollo de las acciones. Todo se concentra y lo decide el gobierno estatal.
Los presidentes municipales de partidos distintos al del gobernador ahora se están encontrando con la sorpresa de que, una vez que se realizaron las licitaciones en procedimientos carentes de transparencia, llegan contratistas a ejecutar obras y, en distintos casos, sin atender las necesidades que se plantearon en su oportunidad.
Así se dejan de lado las peticiones de la autoridad local y se realizan proyectos distintos a los que justificaron la intervención federal.
4. De esta forma, esta diputación ha tendido conocimiento reciente del reclamo de muchas autoridades municipales de Oaxaca que reclaman su exclusión en la aplicación de las acciones preventivas y correctivas para enfrentar los desastres naturales.
5. ¿Qué sentido tiene sentido marginar a las autoridades municipales? ¿Qué es lo que se oculta? Lo que se solicito es muy sencillo: que las autoridades municipales sean informadas y sus opiniones tomadas en cuenta, pues no son una representación particular sino gobiernos legal y legítimamente constituidos.
6. Un factor que apremia a esta petición es la cercanía a los procesos lectorales. Consideramos que los recursos del Fonden deben regirse por la transparencia, la objetividad, la imparcialidad, la honradez y la oportunidad. Pero por la naturaleza y las prácticas del gobierno del estado esto no ocurrirá si no es resultado de la demanda pública.
De forma específica, solicito el respaldo del Pleno para que se realice una revisión a los recursos aplicados por el Fonden en Oaxaca, de forma que la Secretaría de la Función Pública verifique e informe el cumplimiento a los criterios de oportunidad y transparencia; que se haya convocado a las dependencias y entidades federales, locales y particularmente las municipales para la cuantificación y evaluación de los daños; que se hayan designado las instancias que vigilen el cumplimiento del marco jurídico; que la relación de obras y acciones a realizar se haya integrado adecuadamente; que las autoridades municipales hayan tenido participación en la valoración de los daños; que las obras correspondan con las solicitudes presentadas por los municipios; que las acciones y obras reporten su avance trimestralmente; y que la reparación o reconstrucción incluya medidas de mitigación para atenuar daños futuros.
Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta soberanía propuesta con
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados solicita a la Secretaría de Función Pública que realice la investigación, fiscalización y vigilancia a la aplicación de recursos del Fonden en Oaxaca, e informe sus conclusiones a esta soberanía
Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, a 9 de diciembre de 2008.
Diputado Carlos Altamirano Toledo (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA AL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS SALARIOS
MÍNIMOS A APLICAR A LOS MÍNIMOS GENERALES Y PROFESIONALES
CORRESPONDIENTES A 2009, EN LAS TRES ÁREAS GEOGRÁFICAS, UN
AUMENTO 2 POR CIENTO SUPERIOR A LA INFLACIÓN ESPERADA PARA ESE AÑO,
A CARGO DEL DIPUTADO JOSÉ ANTONIO ALMAZÁN GONZÁLEZ,
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
El que suscribe, José Antonio Almazán González, diputado de la LX Legislatura e integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 71, 73 y 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición de punto de acuerdo, con el carácter de urgente y obvia resolución, con objeto de que se exhorte al licenciado Basilio González Núñez, presidente de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami), a otorgar a los salarios mínimos generales y profesionales en 2009, en las tres áreas geográficas, A, B y C, un aumento 2 por ciento arriba de la inflación esperada para el próximo año.
Consideraciones
El consejo de representantes de la Conasami tiene como plazo límite el último día hábil de diciembre para dictar la resolución que fije los salarios mínimos generales que regirán a partir del 1 de enero de 2009 en las zonas geográficas del país.
Estamos a unos días, entonces (si no hacemos algo), de volver a presenciar el mismo escenario de los últimos años, en que la Conasami, de manera irresponsable, vuelva a fijar un miniincremento salarial, profundizando los niveles de pobreza de un número considerable de trabajadores mexicanos.
Ha sido sistemático que la Conasami, durante más de 20 años, otorgue a los salarios mínimos generales aumentos totalmente insuficientes, lo que ha generado una brutal caída del poder adquisitivo de los trabajadores, en virtud del desequilibrio entre los precios de los productos básicos de consumo popular y los míseros aumentos salariales.
El artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley Federal del Trabajo (LFT), en el artículo 90, determinan que "los salarios mínimos generales deberán ser suficientes para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia, en el orden material, social y cultural, y para proveer a la educación obligatoria de los hijos".
Desde el Constituyente original, al promulgarse la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el 5 de febrero de 1917, se definió el salario mínimo de la siguiente manera: "El salario mínimo de que deberá disfrutar el trabajador será el que se considere suficiente para satisfacer las necesidades normales de la vida del obrero, su educación y sus placeres honestos, considerándolo como jefe de familia…"
En la LFT de 1931, en el artículo 99, se estableció lo siguiente: "Salario mínimo es el que, atendidas las condiciones de cada región, sea suficiente para satisfacer las necesidades normales de la vida del trabajador, su educación y sus placeres honestos, considerándolo como un jefe de familia y teniendo en cuenta que debe disponer de los recursos necesarios para su subsistencia durante los días de descanso semanal en los que no percibía salario".
Tanto el pensamiento original del artículo 123 como del 99 de la LFT de 1931 establecieron la necesidad de un salario mínimo suficiente para satisfacer las necesidades mínimas del trabajador y de su familia. En congruencia con ello, la definición actual de los salarios mínimos establece que éstos deben ser adecuados para cubrir las necesidades básicas de los trabajadores en materia alimenticia, de salud, de educación, de recreación, etcétera.
Por tal motivo es necesario que esta soberanía, en ejercicio de sus facultades establecidas en el articulo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, realice un exhorto a las autoridades laborales facultadas en el caso a efecto de solicitar en esta ocasión un aumento remunerador para los salarios mínimos, con objeto de que inicie un proceso de recuperación gradual, ante el embate que han sufrido durante los últimos años.
Para motivar y fundar lo anterior doy los siguientes elementos:
Las obligaciones incumplidas de la Conasami
Desde su creación, en noviembre de 1962, el organismo fue concebido con objeto de "establecer las bases y los elementos para que la fijación de los salarios mínimos generales y profesionales eleven el nivel de vida del trabajador y su familia, propiciando la equidad y la justicia entre los factores de la producción que reconozcan y validen el respeto de la dignidad del trabajador y de su familia".
De acuerdo con la fracción VI del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Conasami se encarga de fijar los salarios mínimos. Esta misión no la ha cumplido cabalmente. Basta observar la realidad mexicana en materia salarial: en los 26 años de aplicación del modelo económico neoliberal en el país, la Conasami ha incumplido la obligación de velar para que los salarios mínimos eleven el nivel de vida del trabajador y su familia, y ha sido un artífice para contener los salarios mínimos, con el trillado argumento de que los aumentos salariales "producen una espiral inflacionaria".
Particularmente de 1991 a la fecha, la Conasami ha endurecido su posición. En ese periodo ha sido presidida por el licenciado Basilio González Núñez, quien se ha convertido en un "experto" en la contención de los salarios mínimos, dejándonos ver claramente su labor pro empresarial.
La desaseada labor de la Conasami, junto con la embestida patronal-gubernamental contra los salarios de los trabajadores mexicanos, ha generado una brutal caída del poder adquisitivo. Una manera de demostrar esto es observando qué porción de la canasta básica se puede adquirir con los salarios de los trabajadores. Recordemos que la canasta básica es un conjunto de bienes y servicios indispensables y necesarios para que una familia satisfaga sus necesidades básicas de consumo a partir de su ingreso (salario). Y éste expresa hasta dónde puede adquirir esos bienes y servicios.
Como observamos en la siguiente gráfica, elaborada por el Centro de Análisis Multidisciplinario de la Facultad de Economía de la UNAM, la porción de la canasta básica que los trabajadores pueden adquirir con su salario ha disminuido drásticamente en la época del modelo neoliberal, como a continuación se aprecia en el período 1982-2006:
En diciembre de 1982, con un salario mínimo de 6.47 pesos se podía adquirir 94 por ciento de la canasta obrera indispensable (COI). Eso no ocurrió al 2 de enero de 2006, ya que con un salario mínimo de 48.67 pesos se adquiría sólo 16.26 por ciento de dicha canasta.
Este dato, que abarca el periodo diciembre de 1982 a 2006, es ilustrativo: muestra la ineficiencia del engendro denominado "Conasami". Los datos a 2008 son todavía más alarmantes: reflejan una profundización de la brutal pérdida del poder adquisitivo de los salarios mínimos, como veremos.
La Conasami ha incumplido el objetivo constitucional de ser un garante de la suficiencia de los salarios mínimos; se ha convertido en un organismo costoso e ineficiente, un instrumento de los empresarios para imponer topes a los salarios mínimos.
La crisis económica actual y los salarios de los trabajadores
La actual crisis económica de Estados Unidos de América ha afectado las economías de muchos países. Como reconoce el Fondo Monetario Internacional (FMI), en un comunicado de prensa de octubre de 2008, esta crisis iniciada en el vecino del norte repercute en todas las economías: "la economía mundial registra una fuerte desaceleración al verse confrontada con el shock financiero más peligroso que haya afectado los mercados desarrollados desde los años treinta".
En contraste con las afirmaciones del gobierno federal, tanto de Calderón como del secretario de Hacienda, cuya opinión es que México no será afectado por esta recesión económica, la opinión del FMI es que "está claro que la crisis económica ha empeorado, y ningún país será totalmente inmune a los efectos sobre la economía real".
De acuerdo con el análisis del documento del FMI titulado Perspectivas de la economía mundial, publicado en octubre de este año, las economías avanzadas se encuentran cerca de la recesión, y las llamadas "economías emergentes" (como en caso de México) continuarán desacelerándose. Este documento revela que el producto interno bruto de México crecerá 0.9 por ciento en 2009, de acuerdo con una actualización a la baja contenida en el reporte Proyecciones mundiales de crecimiento del Fondo Monetario Internacional.
De acuerdo con las estimaciones del FMI, el nivel inflacionario en muchos países estará al alza, pronosticándose que "en las economías de mercados emergentes y en desarrollo se proyecta que la inflación se mantendrá en alrededor de 8 por ciento al final de 2008, y luego volverá a reducirse hasta un nivel de alrededor de 6.5 por ciento en 2009".
A continuación enumero algunos elementos más que muestran la grave crisis económica del país:
El nivel inflacionario va en ascenso, como reconoció el 7 de noviembre del presente año el Banco de México, al afirmar: "La inflación medida a tasa anual se aceleró a 5.78 por ciento en octubre, su mayor nivel desde el mismo mes de 2001, y por arriba de la meta del Banco de México, de 3.0 por ciento, +/- 1 punto porcentual.
"Sólo en octubre –continúa el Banco de México–, el índice de precios subió 0.68 por ciento, por arriba del 0.64 por ciento previsto por analistas, por incrementos de electricidad, gasolinas, vivienda y servicios turísticos, entre otros."
Todavía no han sido fijados los nuevos salarios mínimos generales, y ya se presentó una escalada de precios, producto del incremento semanal, decretado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, del precio de las gasolinas y del diesel, generando un efecto inflacionario anualizado de 5.84 por ciento., lo que ha provocado un aumento de precios para productores y consumidores, lo cual repercute negativamente en los salarios. Como se observa en el siguiente cuadro y en el anexo 1, los precios de los productos de consumo popular tuvieron notorios incrementos solamente de enero a noviembre de este año:
Con este nivel de salarios, según se ve en la siguiente gráfica, solamente puede comprarse una pequeña porción de la canasta básica:
Elaborado por el Centro de Análisis Multidisciplinario, Facultad de Economía, UNAM. Septiembre de 2008.
Del 1 de diciembre de 2006 al 15 de agosto de 2008, el salario mínimo pasó de 48.67 pesos a 52.59, con lo que acumuló un incremento de sólo 8.05 por ciento, mientras que el costo de la canasta básica se incrementó de 80.83 pesos a 115.69. Resulta de ahí una pérdida acumulada del poder adquisitivo del salario de 24.50 por ciento durante el gobierno de Felipe Calderón.
Por todas esas razones se requiere que la Cámara de Diputados vigile el cumplimiento de la norma constitucional de salarios mínimos suficientes, establecido en el párrafo segundo de la fracción VI del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Por lo expuesto, someto a consideración de la Cámara de Diputados, con carácter de urgente y obvia resolución, la siguiente propuesta de
Puntos de Acuerdo
Primero. Exigencia a la Comisión. Nacional de los Salarios Mínimos para que cumpla su obligación constitucional, con objeto de hacer real el hecho de que el salario mínimo sea suficiente para que los trabajadores y su familia satisfagan sus necesidades.
Segundo. Exhortar a esta comisión para que en la próxima fijación de los salarios mínimos generales y profesionales cumpla su objetivo y, por tanto, otorgue un porcentaje a los salarios mínimos generales que propicie la recuperación del poder adquisitivo de los salarios de los trabajadores.
Tercero. Solicito a esta soberanía que acordemos hacer una exigencia a la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos para que se otorgue un aumento de 2 por ciento arriba de la inflación esperada para el periodo 2009 a los salarios mínimos generales en las tres áreas geográficas.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de diciembre de 2008.
Diputado José Antonio Almazán González
(rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA AL TITULAR DE LA SE A APLICAR Y VIGILAR UN CONTROL DE PRECIOS
SOBRE LOS ARTÍCULOS DE CONSUMO POPULAR, A CARGO DEL DIPUTADO JOSÉ
ANTONIO ALMAZÁN GONZÁLEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
El que suscribe, José Antonio Almazán González, diputado de la LX Legislatura e integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 71, 73 y 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía proposición de punto de acuerdo, con carácter de urgente y obvia resolución, con objeto de exhortar al secretario de Economía, Gerardo Ruiz Mateos, a aplicar de inmediato control de precios a los artículos de consumo popular, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Las noticias internacionales dan cuenta del riesgo de una hambruna mundial. Este asunto debería ser prioritario en las agendas de los diversos gobiernos. No es un problema que se pueda resolver con buenas intenciones o con declaraciones demagógicas de que "vamos bien"; su solución radica en la aplicación de políticas de fortalecimiento de los salarios de los trabajadores mexicanos, y el freno a las prácticas especuladoras de las empresas transnacionales.
Las economías desarrolladas y las emergentes entrarán en recesión el próximo año, de acuerdo con las proyecciones planteadas en noviembre de 2008 por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, por lo que son evidentes la crisis y el fracaso del modelo económico neoliberal a escala planetaria.
De acuerdo con datos del Banco Mundial, los precios de los alimentos prácticamente se han duplicado a escala internacional y 100 millones de personas carecen de comida suficiente para garantizar su supervivencia. Esta situación ha llevado a personalidades como Josette Sheeran, del Programa Mundial de Alimentos de la ONU, a calificar este proceso de hambruna como un "tsunami silencioso".
Asimismo, según cifras de la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), entre marzo de 2007 y el mismo mes de 2008, el precio del maíz a escala internacional subió 31 por ciento; el del arroz, 74; el de la soya, 87; y el del trigo, 130. Estas alzas han provocado un incremento de los alimentos básicos, que forman parte de la dieta de los ciudadanos de muchas naciones. Los precios de los alimentos a escala mundial se han incrementado en promedio 40 por ciento, desde mediados de 2007, lo que significa, según la FAO, que "para más de 2 mil millones de personas, los elevados precios de los alimentos son ahora una cuestión de lucha, sacrificio y, en algunos casos, supervivencia diaria, sin que a la vista exista algún alivio evidente a esta situación".
En reciente reunión del grupo especial sobre la crisis alimentaria realizada en la ONU, el secretario general de este organismo, Ban Ki-moon, analizando la gravedad de esta crisis en distintas partes del mundo, como México, Haití, Tailandia, Indonesia, China, Egipto, Senegal o Mauritania, destacó que en estos países se han realizado protestas e incluso se han llevado a cabo disturbios, originados por la carestía y los elevados precios de los alimentos. Mención aparte merece el caso de Yemen, donde miles de niños tomaron recientemente las calles, pidiendo ayuda para aliviar su hambre.
Estos datos, además de llevamos a reflexionar, nos deben conducir a que tomemos medidas que coadyuven a detener esta hambruna que se avecina. Para comprender a fondo el problema de la crisis alimentaria, lo primero que debemos analizar son algunos de sus motivos. En mi opinión, hay básicamente cuatro causas de esta crisis:
2. La producción de etanol con base en maíz, caña de azúcar, sorgo, etcétera, lo que entra en competencia directa con la producción de alimentos. Por poner sólo un ejemplo, el año pasado en Estados Unidos 20 por ciento de la cosecha de cereales fue utilizado para producir etanol, y se calcula que en la próxima década esta cifra llegará a 33 por ciento.
3. Los altos precios de los alimentos. De acuerdo con algunos expertos, la hambruna no es generada por la falta de alimentos en el mundo sino por la imposibilidad de la gente para acceder a ellos. De hecho, la producción mundial de cereales se ha triplicado desde los años sesenta, mientras que la población tan sólo se ha duplicado.
4. La creciente intervención del capital especulador en materias primas y en alimentos, empujando al alza los precios.
Seguramente inciden más factores; sin embargo, de manera muy general estos aspectos son los fundamentales, propiciando este gravísimo problema alimentario.
México es un ejemplo de cómo las grandes compañías transnacionales –Maseca, Bimbo, Cargill, etcétera– han triplicado sus ganancias, debido al papel especulador y monopolizador que realizan en la industria alimenticia. Maseca es una de las empresas que se ha beneficiado enormemente con la especulación realizada con el costo de la tortilla, lo que ha repercutido de manera negativa en el precio de la canasta básica alimenticia de nuestro país.
Asimismo, la Ley de Promoción y Desarrollo de los Bioenergéticos (aprobada recientemente en el Congreso de la Unión, fundamentalmente con los votos del PRI y del PAN), constituye un factor importante en la profundización de esta crisis alimentaria en el país, por destinar productos del campo, como la caña de azúcar, a la producción de etanol, y establecer que cuando haya excedentes en la producción de maíz, se utilice este grano para la producción de biocombustibles. Utilizar caña de azúcar y maíz para producir biocombustibles atenta contra la soberanía alimentaria, beneficiando solamente a las grandes empresas.
La espiral inflacionaria de los productos básicos de consumo popular, y su efecto en los salarios de los trabajadores
La actual escalada inflacionaria en artículos de consumo popular está profundizando la pérdida en el poder adquisitivo de los trabajadores asalariados. Asimismo, los aumentos semanales de las gasolinas ha generado un gran efecto inflacionario, afectando severamente el precio de los bienes y servicios, cuyos precios no son controlados, desatándose una grave espiral inflacionaria por los desmedidos incrementos, en particular de los artículos de consumo popular.
Recordemos que ya algunas organizaciones sociales, como el Sindicato Mexicano de Electricistas, preocupados por esta carestía, en febrero del presente año solicitaron formalmente al secretario del Trabajo y Previsión Social, licenciado Javier Lozano Alarcón, un incremento salarial de emergencia, demandándole también que realizara gestiones ante el titular del Ejecutivo con objeto de que se decretara un estricto control de precios de los artículos de consumo popular, en virtud de que desde aquel mes los incrementos salariales otorgados a los mínimos y a los contractuales habían sido pulverizados por los altos precios de varios productos que componen a la canasta básica, como la leche Liconsa, la tortilla, el huevo, el pollo, el azúcar blanca y la carne de res.
La respuesta del secretario del Trabajo con relación a las dos peticiones fue en sentido negativo. Los argumentos para denegar el control de precios de consumo popular fueron los siguientes:
Según su dicho, jurídicamente hay impedimento legal para aplicar control de precios de los artículos de consumo popular. El artículo 7o., numeral 1, de la Ley Federal de Competencia establece:
Corresponde exclusivamente al Ejecutivo federal determinar mediante decreto los bienes y servicios que podrán sujetarse a precios, siempre y cuando no haya condiciones de competencia efectiva en el mercado relevante de que se trate. La comisión determinará mediante declaratoria si no hay condiciones de competencia efectiva.
Por tanto, concluyó en su respuesta, "la emisión de un decreto que establezca o fije precios para determinados bienes y servicios requiere una declaratoria de inexistencia de condiciones de competencia por la Comisión Federal de Competencia.
En su respuesta, el secretario del Trabajo y Previsión Social planteó también que "la experiencia muestra que los controles de precios son negativos" y "acumula distorsiones en el mercado". Hasta aquí las citas.
Con relación a estos argumentos del secretario del Trabajo y Previsión Social, hay que señalar que en el artículo 28, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se establece: "Las leyes fijarán bases para que se señalen precios máximos a los artículos, materias o productos que se consideren necesarios para la economía nacional o el consumo popular, así como para imponer modalidades a la organización de la distribución de esos artículos, materias o productos, a fin de evitar que intermediaciones innecesarias o excesivas provoquen insuficiencia en el abasto, así como el alza. La ley protegerá a los consumidores y propiciará su organización para el mejor cuidado de sus intereses".
Este párrafo establece claramente la facultad del Estado para no permitir el disparo de los precios de consumo popular y, por tanto, establecer control de precios como una protección del poder adquisitivo de los trabajadores asalariados, y de los consumidores en general.
Sin embargo, el gobierno federal, refiriendo los términos de una ley secundaria (en este caso, la Federal de Competencia Económica), da una negativa a los sindicatos, planteando que "podrán sujetarse los precios siempre y cuando no haya condiciones de competencia efectiva", es decir, cuando haya monopolios que dicten los precios de esos artículos básicos.
Se olvida al secretario del Trabajo, a la patronal y a quienes comparten esta visión que, de acuerdo con el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ésta es la Ley Suprema, por lo que todas las demás normas, secundarias o reglamentarias, se tendrán que ajustar a ella. Por tanto, es facultad constitucional del Ejecutivo decretar un control de precios a los artículos de consumo popular, con objeto de evitar el alza de dichos productos básicos.
Y aquí cabe la siguiente pregunta: ¿a quién beneficia la liberalización de los precios de productos de consumo popular?
Basta observar el incremento que han tenido los básicos para darse cuenta de que los únicos beneficiados con la espiral inflacionaria son los grandes empresarios.
Los aumentos de los productos básicos de consumo popular en el periodo enero-noviembre de 2008 fueron sido graves, en algunos casos fueron de más de 50 por ciento, como sucede con el precio del jitomate, según se aprecia en la tabla siguiente, de acuerdo con datos oficiales, con precios tomados de la Canasta Inteligente de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco):
Asimismo, en el tiempo que ilegítimamente lleva Calderón como titular del Poder Ejecutivo, es decir, del 1 de diciembre de 2006 al 3 de noviembre del presente, el costo de muchos productos de consumo popular ha tenido un severo incremento, como observamos en la siguiente tabla:
Estos datos nos permiten observar la urgencia de que el Ejecutivo establezca un control de precios de los artículos de consumo popular, en virtud de la escalada inflacionaria que se ha dado en lo que va de este año. De acuerdo con el seguimiento que hemos dado a 20 artículos básicos, se ha tenido un incremento de más de 43 por ciento en el periodo que va del 1 de diciembre de 2006 al 3 de noviembre del 2008.
Si comparamos este incremento desmedido de los precios con el aumento que se otorgó a los salarios mínimos generales, de 4 por ciento por ciento, a partir del 1 de enero del presente, así como el de 4.5 por ciento por ciento en promedio otorgado a los salarios contractuales (de acuerdo con datos de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, a julio de 2008, publicado en su segundo informe de labores), observaremos el desequilibrio existente entre los precios de los básicos y el poder adquisitivo de los salarios, revelándonos lo insuficiente de los aumentos salariales frente a los desmedidos precios de los artículos básicos.
Si a esta situación agregamos los 25 incrementos semanales, tanto de las gasolinas como del diesel que a lo largo del año se han registrado, decretados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el panorama es peor, en virtud del terrible encarecimiento de un buen número de bienes y servicios que consumimos los mexicanos.
Esta liberalización de los precios de consumo popular ha generado también el empobrecimiento de las dietas de los trabajadores, a quienes no queda más remedio que consumir sólo sopas de pasta, alimentos con alto concentrado de aceites y productos industriales de los llamados "alimentos chatarra", así como refrescos, frituras, etcétera, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Nutrición Salvador Zubirán.
El alza de la tortilla, por ejemplo, alimento básico de los hogares pobres, además de constituir un severo golpe a los bolsillos de los trabajadores, ha beneficiado a las grandes empresas harineras transnacionales, como Maseca, Minsa y Cargill, que se llevan un botín económico que "representa más de 3 mil millones de dólares en México", de acuerdo con datos proporcionados por el Centro de Análisis Multidisciplinario de la Facultad de Economía de la UNAM.
Las empresas transnacionales son las directamente beneficiadas con esta espiral inflacionaria. De acuerdo con datos de la Universidad Obrera de México, se concluye lo siguiente:
Respecto a la escalada alcista de los alimentos de 2008, la cual incluye de nueva cuenta la tortilla, el gobierno federal concertó el alza programada de este producto para el periodo junio-noviembre de 2008 con las mismas grandes empresas transnacionales que originaron el alza especulativa de este bien en 2007. El gobierno federal les garantizó subsidios a la comercialización en 625 pesos la tonelada. La gran beneficiaria del subsidió resultó Cargill, debido a que de los 2.5 millones de toneladas de la cosecha de Sinaloa, la transnacional se aprestó a contratar 900 mil toneladas, lo que significa concentrar 36 por ciento de la cosecha. Es decir, por el subsidio la corporación se llevará la cantidad de 562.5 millones de pesos.
De tal manera que gana al comprar al productor agrícola del maíz: lo pagará a 2 mil 800 pesos la tonelada, pero si consideramos el subsidio del gobierno, en realidad costará a Cargill y demás compradores 2 mil 175 pesos. Asimismo, gana al vender a los pequeños productores de la industria del nixtamal y la tortilla: en junio-julio les vendió a 3 mil 450 pesos la tonelada; para agosto a 3 mil 500 pesos la tonelada; para septiembre les venderá a 3 mil 600 la tonelada; para octubre a 3 mil 700 pesos la tonelada, y para noviembre a 3 mil 800 pesos la tonelada, debido a los precios fijados por el gobierno federal. Además, las grandes empresas transnacionales podrán importar maíz sin arancel y vender a los nixtamaleros a los precios acordados con el gobierno.
Ante esta realidad, queda claro que el camino para resolver este grave problema es el control de precios de los artículos de consumo popular, de conformidad con el mandato establecido en el párrafo tercero del artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
De manera correlativa, es necesario aplicar lo establecido en la fracción VI del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que textualmente dice:
Los salarios mínimos generales deberán ser suficientes para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia, en el orden material, social y cultural, y para proveer a la educación obligatoria de los hijos.
Este precepto establece que el salario debe ser suficiente, es decir, el poder adquisitivo de un trabajador debe alcanzarle no sólo para las necesidades alimentarias sino, también, para los aspectos educativos y culturales.
Si persiste la liberalización de los precios de artículos de consumo popular, se pulverizará el poder adquisitivo, y el precepto de suficiencia de los salarios solamente será una buena intención.
La negativa a establecer el mecanismo de control de precios de determinados productos básicos, como en el caso del actual secretario de Hacienda, quien opina que "cuando hay control de precios, lo que sucede es que hay una invitación a la escasez", nos revela la posición pro empresarial de este personaje, y como él quienes buscan a toda costa el beneficio de los grandes empresarios y comerciantes transnacionales y nacionales, a quienes sólo interesan el lucro, la ganancia y la sobreexplotación de los obreros y de los trabajadores en general.
Por todas las razones expresadas, presento a esta soberanía este exhorto, para demandar al Ejecutivo federal que, en términos de congruencia jurídica y en aplicación de la norma constitucional que fija el artículo 28, se establezca un control de precios de productos de consumo popular. Este punto de acuerdo busca la aplicación estricta del párrafo tercero del artículo 28 constitucional, con objeto de evitar que un puñado de multimillonarios se beneficie de la liberalización de los precios de artículos básicos, profundizando los niveles de pobreza de millones de trabajadores asalariados.
Por todo lo expuesto y fundado, someto a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Con carácter de urgente y obvia resolución
Primero. Esta soberanía acuerda exhortar al secretario de Economía, Gerardo Ruiz Mateos, a aplicar de inmediato control de precios de los artículos de consumo popular, de conformidad con lo establecido en los párrafos segundo y tercero del artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Segundo. Solicitar al titular del Ejecutivo su intervención para que instruya al secretario de Economía y al procurador federal del Consumidor a vigilar eficientemente, una vez decretado el control de precios de los artículos de consumo popular, a los vendedores o proveedores de bienes y servicios a efecto de que respeten ese control de precios y no especulen con la venta de estos productos.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de diciembre de 2008.
Diputado José Antonio Almazán González
(rúbrica)
La Organización de las Naciones Unidas invita a los Estados miembros, así como a organizaciones intergubernamentales y de la sociedad civil a observar el Día Internacional del Migrante el 18 de diciembre de cada año. Así se proclamó en su resolución 45/93 el 4 de diciembre del 2000.
Con el objetivo de que ese día se dé difusión a los derechos humanos y a las libertades fundamentales inherentes de las personas migrantes; en ese contexto, la posición del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional es la de la defensa irrestricta del libre albedrío y dignidad de la persona humana para radicar en el lugar donde mejor le parezca, en busca de una relación económico social que permita a las personas y sus familias vivir mejor.
Los procesos migratorios no son ajenos a los mexicanos, por esa razón, de ninguna manera pueden ser ajenos a los tres niveles del gobierno. Los mexicanos hemos migrado desde el comienzo de nuestra historia. Ya en la gran peregrinación desde el mítico Aztlán, las siete tribus mexicas llegaron a la tierra prometida por Huixilopochtli; en su larga y difícil empresa peregrinaron, primero, hasta Chicomostoc (hoy Zacatecas), pero al volver a levantar el vuelo el águila que los guiaba, reemprendieron la búsqueda.
Al llegar al valle de México, se instalaron en el lugar donde el águila devoraba una serpiente. Fueron repudiados por los pueblos ya establecidos; sin embargo, y pese a todos los males, fundaron la ciudad Tenochtitlán, que con el correr de los años se convirtió en el centro económico y político religioso más importante del continente americano.
Los mexicanos siempre hemos buscado la forma de trabajar honestamente. Así hemos conformado las grandes ciudades de nuestro país, como la zona conurbada de la Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara, entre otras se han formado de las migraciones internas, esto sucede en nuestro país todos los días. Hoy, miles de niños jornaleros migrantes producen con sus manitas riquezas nacionales y exportables desde los estados del norte de nuestro país.
Nuestro grupo parlamentario está comprometido con el desarrollo nacional y también con los procesos migratorios internos, con los migrantes y sus conquistas de desarrollo sustentable, las migraciones siempre son sinónimo de desarrollo y bien común.
El grupo parlamentario del Partido Acción Nacional está decidido a armonizar las legislaciones pertinentes a fin de lograr una provechosa relación laboral que permita, a los migrantes internos y a las familias de los migrantes internacionales, mejores condiciones laborales, mejores salarios y protección gubernamental en los tres niveles de gobierno dicha armonización necesaria en la protección de sus derechos fundamentales con exclusividad para las niñas y los niños.
Estamos convencidos que la coordinación intergubernamental es indispensable aún y cuando en muchos de nuestros gobiernos municipales tenemos diferencias dogmáticas en la forma de entender cómo se debe coadyuvar con las migraciones para avanzar en el bien común.
También la buena ley y la coordinación intergubernamental combinada con los presupuestos ¡sí, federales; sí, estatales; pero también municipales!, lograrán en el mediano plazo disolver los efectos negativos primarios de la migración.
El gobierno federal es responsable de la asistencia pública a los migrantes y sus familias, pero también lo son los gobiernos estatales y municipales, es ahí donde todas las fuerzas políticas nacionales debemos cerrar filas en torno a la defensa simple y llana de los mexicanos sin distingos de credo político y en los términos constitucionales en su artículo primero tercer párrafo.
En el tema de la migración muchas veces las manifestaciones políticas se instalan en la pirotecnia parlamentaria, más con el afán de buscar un buen espacio en los medios de comunicación que en la búsqueda real de solventar la problemática del segmento de la sociedad en cuestión. Y es que podemos hacer mucho más por las familias migrantes en México, que hacer lastimosas peticiones bilaterales. Por ejemplo, si en Estados Unidos de América tenemos seis millones de indocumentados, aquí tenemos a sus familias, que equivalen a 35 millones de personas, entre ellas, millones de niñas y niños y para atenderlos solo necesitamos sensibilidad e interés, ahí no tenemos que pedirle apoyo a extranjeros, ahí los mexicanos decidimos y nuestro grupo parlamentario está dispuesto.
En el caso de los procesos migratorios internacionales, nuestro grupo parlamentario está comprometido con el respeto a los derechos fundamentales e inversión presupuestal necesarios para aumentar en la práctica, la protección de los derechos humanos de los migrantes internacionales que utilizan el territorio mexicano como paso obligado para llegar a Estados Unidos de América.
En el caso de la migración mexicana al extranjero estamos conscientes del avance del Ejecutivo federal en el tema. Por primera vez en la historia de México, celebramos la Semana Nacional de Migración con el objeto de impulsar la opinión pública y reformas legislativas en materia de migración orientadas a la promoción y protección de los derechos humanos de los hombres y las mujeres afectados negativamente por el proceso migratorio. Esto es un avance importante en el camino a imponer el tema como un tópico transversal en la vida política, económica y social.
Ya desde el año 2000 hemos trabajado en discutir el tema y éste dejo de ser el hijo bastardo del entonces gobierno y la economía mexicana.
Desde el año 2000 se ha reconocido en su justa realidad, como un eje importante del desarrollo nacional. ¡Nunca más el trabajo honesto de los mexicanos volverá a ser denigrado en cualquier parte y condición en que éste se realice!
En 2007 confirmamos nuestro compromiso poniendo los recursos económicos recaudados en todos los consulados mexicanos como una inversión exclusiva para mejorar y aumentar los servicios consulares y, con esto, logramos mejorar las condiciones físicas de los consulados mexicanos y como ejemplo el Consulado de Dallas tendrá la próxima inauguración de su nuevo edificio propiedad del gobierno mexicano, de la misma forma este aumento presupuestal facilita el funcionamiento de los consulados móviles.
Con acciones decididas el Grupo Parlamentario del PAN demuestra su interés y compromiso con los migrantes mexicanos, con sus familias y con los migrantes extranjeros con documentos y sin ellos.
Reciban un cordial saludo de bienvenida los que regresan a México en las fiestas decembrinas y los que siguen trabajando sepan que les reconocemos su esfuerzo en todo lo que vale, nosotros seguiremos apoyándolos con sus familias en México y generando las condiciones legislativo económicas para que los que regresen encuentren posibilidades de trabajo e inversión en empresas de su propiedad con el apoyo de los gobiernos federal y estatales.
Diputada María Dolores González Sánchez
(rúbrica)
CON MOTIVO DEL DÍA INTERNACIONAL DE SOLIDARIDAD CON EL PUEBLO PALESTINO, A CARGO DEL DIPUTADO FERNANDO ENRIQUE MAYANS CANABAL, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
Durante la LX Legislatura del Congreso General, los diputados que integramos el Grupo de Amistad México-Palestina de esta Cámara de Diputados hemos expresado en todo momento nuestro aprecio, apoyo y solidaridad al pueblo y autoridades árabes palestinas en su lucha incansable por alcanzar mediante la vía del diálogo y el acuerdo político, la reivindicación y consolidación de Palestina como un estado soberano e independiente. Así lo demuestra el trabajo parlamentario que hemos desarrollado al respecto.
En esta ocasión no podríamos dejar pasar inadvertida la celebración del Día Internacional de Solidaridad con el Pueblo Palestino.
Como se sabe, en 1977 la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas pidió, mediante su resolución 32/40 B la observancia anual del 29 de noviembre como Día Internacional de Solidaridad con el Pueblo Palestino.
Dicha solicitud la hizo a la comunidad internacional en razón de que ese había sido el día, en 1947, en que la Asamblea General de la ONU había aprobado la resolución 181 (II) sobre la participación de Palestina.
Consecuentemente, el 1 de diciembre de 2000, dicha asamblea, al tomar nota de las medidas que habían adoptado los Estados miembros para observar el día de solidaridad, les pidió, mediante su resolución 55/53, que siguieran dando la mayor publicidad posible a esa celebración.
En esa misma fecha, la Asamblea General autorizó, mediante la resolución 55/52, al Comité para el Ejercicio de los Derechos Inalienables del Pueblo Palestino para que siguiera haciendo todo lo posible por promover el ejercicio de esos derechos, modificara su programa de trabajo cuando lo considerase apropiado y necesario teniendo en cuenta los acontecimientos, e hiciera especial hincapié en la necesidad de movilizar el apoyo y la asistencia al pueblo palestino.
En concreto, se pidió al comité referido que siguiera ofreciendo su cooperación y apoyo a las organizaciones no gubernamentales palestinas y otras no gubernamentales con el fin de movilizar el apoyo internacional para el logro por el pueblo palestino de sus derechos inalienables y para el arreglo pacífico de la solución de Palestina.
Compañeras y compañeros diputados: en el marco de la celebración de esta importante fecha y consciente del llamado de la Organización de las Naciones Unidas que ha realizado desde el año 2000, para que los estados asuman la responsabilidad de contribuir respecto a la cuestión de Palestina hasta que encuentre una solución en todos sus aspectos en forma satisfactoria y de conformidad con la legitimidad internacional; me permito, en mi calidad de Presidente del Grupo Parlamentario de Amistad México-Palestina, manifestar lo siguiente:
Diputado Fernando Enrique Mayans Canabal (rúbrica)