Los suscritos, César Duarte Jáquez y José Rubén Escajeda Jiménez, diputados federales del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional a la LX Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentan a esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo.
Antecedentes
En la década de los años ochenta existía un mecanismo oficial de ejercicio presupuestal, que permitía que se pudiese ejercer en los primeros meses del año fiscal siguiente los recursos presupuestarios del año anterior fiscal y se denominaba "Programa de Secas".
El nombre de "secas", deriva del periodo de menor cantidad de lluvia que se presenta en prácticamente todo el país durante los primeros 5 meses del año, enero-mayo.
Las condiciones climáticas y del terreno en esos meses, permiten que las obras de infraestructura puedan realizarse sin sufrir los retrasos provenientes de condiciones de lluvias intensas y por lo tanto, se cumplan con los avances de obras y se reduzcan los costos de construcción.
Las razones de haberse aprobado este tipo de programa y de ejercicio presupuestal fueron la problemática recurrente en el sector público de retrasos en la liberación de los recursos presupuestarios y, por ende, en los avances de obra, que repercutían en llegar a finales de año sin terminar las obras, regresar los presupuestos a la Secretaría de Hacienda y recomenzar con todos los trámites para al año siguiente, para poder disponer de los recursos presupuestarios y continuar con las obras, con el consecuente incremento de costos para las mismas obras y el retraso en su terminación.
Con esta solución, manteniéndose los recursos presupuestarios en la propia dependencia y con la autorización para ejercerlos en el año fiscal siguiente, al inicio de año se procedía a continuar hasta terminar las obras sin efectos incrementales de costos y cumpliendo en tiempo y forma.
Este mecanismo fue eliminado por razones administrativas, fiscales y legales y con ello, se perdió uno de los mecanismos prácticos de mayor relevancia en cuanto a la oportunidad del ejercicio presupuestal y al cumplimiento de avances de obras.
Consideraciones
Ante la crisis financiera, económica y alimentaria de carácter mundial y con efectos presentes y futuros en lo nacional, la pérdida de empleos en México es una realidad.
Actualmente el índice de desempleo abierto, según el instituto Nacional de Geografía y Estadística, se ha incrementado de 4.6 en abril a 4.9 por ciento en agosto de este año. Conforme a los nuevos indicadores de crecimiento económico nacional, se estima para 2009 un crecimiento del PIB, de escasos 1.8 por ciento, lo cual ubica el crecimiento de empleos en no más de 300 mil permanentes anuales.
Esto significa que si año con año, la demanda nacional de empleos se incrementa en alrededor de 1 millón de empleos, debido a la llegada a la edad de trabajar de la población joven de este país, habría un desempleo de cerca de 700 mil empleos al año.
Si a esto se agrega que debido a la crisis en el país vecino del norte disminuirá su demanda de empleos y muchos connacionales tendrán que regresar o serán deportados a nuestro país, entonces la cifra, ya de por sí elevada, de falta de puestos de trabajo y empleo, se incrementaría en el orden de 400 mil empleos adicionales. Es decir, más de 1 millón cien mil empleos anuales en total.
Para enfrentar esta crisis, el presidente de la República propuso a la nación un programa contracíclico en el cual planteó una estrategia que compartimos, que fue la creación de un Fondo Nacional de Infraestructura Básica y Productiva, cuyo ejercicio inmediato conllevaría una derrama en empleos sustantiva.
Es precisamente en este sentido que planteamos un mecanismo de recursos presupuestarios para la infraestructura hidroagrícola, que se derive de los subejercicios del año en curso, para que no se reingresen a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y puedan ser ejercidos desde el inicio del año fiscal siguiente.
Se propone que sea la figura del Fideicomiso la cual opere estos recursos presupuestarios, para que su manejo financiero y administrativo sea eficiente y oportuno, auditable y de transparencia total.
Para este año 2008 se ha estimado un subejercicio muy elevado en todas las secretarías de Estado, recursos que reingresan a la SHCP y nadie sabe si el destino de su ejercicio está en concordancia con lo que autorizó el Legislativo.
Por lo anteriormente expuesto, me permito presentar a esta honorable asamblea, la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Primero: Solicitar (instruir) al Poder Ejecutivo a través de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), que constituya un Fideicomiso de Obras Hidroagrícolas de Secas (Fisecas).
Segundo: Que en el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación que cada año se autoriza por los diputados se apruebe, en un artículo específico, que todo aquel recurso comprometido o no por la Conagua para obras que a finales del mes de noviembre no se haya ejercido, que no se proceda a devolverlo a la SHCP, sino que sea depositado en el Fisecas a principios del mes de diciembre.
Tercero: De igual manera, que se autorice su erogación desde el 2 de enero del año fiscal siguiente, conforme al programa de obras aprobado del año anterior.
Cuarto: Que sea la banca de desarrollo quien lo administre, por mandato de la Conagua, conforme a los intereses de la nación.
Quinto: Que en las obras por iniciar o por continuar se contrate fundamentalmente mano de obra local para el trabajo no especializado.
Honorable Congreso de la Unión, a 4 de diciembre de 2008.
Diputados: César Duarte Jáquez, Rubén
Escajeda Jiménez (rúbricas).
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA AL GOBERNADOR DE JALISCO A REESTABLECER LA ESTATUA DE BENITO
JUÁREZ EN EL PARQUE SOLIDARIDAD IBEROAMERICANA, EN GUADALAJARA,
A CARGO DE LA DIPUTADA ELSA DE GUADALUPE CONDE RODRÍGUEZ, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DE ALTERNATIVA
La suscrita, integrante del Grupo Parlamentario de Alternativa en la LX Legislatura del honorable Congreso de La Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo al tenor de los siguientes:
Antecedentes
En fechas recientes fue derribada de la base que la sostenía la estatua del Benemérito de las Américas, Benito Juárez, ubicada en el Parque de la Solidaridad Iberoamericana en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Dicha efigie fue colocada hace 17 años con motivo de la Primera Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, celebrada en esa misma ciudad.
El inicio de esta cumbre tuvo verificativo cuando el entonces presidente, Carlos Salinas de Gortari, inauguró el Parque de la Solidaridad Iberoamericana en un predio con características ecológicas ubicado al oriente de la ciudad, el cual fue construido específicamente para este evento. En aquella mañana inaugural se izaron las banderas de los 23 países representados y, acto seguido, se develó una efigie en honor de don Benito Juárez García como una de las figuras de mayor peso en nuestra historia. Éste acto solemne, cabe recordarlo coincidió con el aniversario luctuoso del insigne patricio el 18 de julio de 1872.
Han pasado 17 años de aquel acontecimiento y al día de hoy el monumento erigido in memoriam del presidente Juárez no sólo se encuentra en total abandono, sino que su estatua ha sido derribada de la base que la sostenía, su pedestal aparece semidestruido y las letras que en alguna ocasión fulguraran tonos dorados, permanecen opacas y algunas de ellas han sido quitadas.
Ésta vergonzosa situación se lleva a cabo ante la indolencia y descuido de la autoridad responsable de este centro ecológico. Oficialmente el Parque de la Solidaridad Iberoaméricana es responsabilidad del gobierno estatal. La negligencia del gobierno de Jalisco de mantener en buen estado los espacios públicos y particularmente los monumentos en honor de nuestros próceres no solo es producto de la ineficiencia administrativa, sino de la falta de sensibilidad política del titular del Ejecutivo.
La animadversión del gobernador del estado, Emilio González Márquez, hacia el presidente Juárez y los liberales del siglo XIX, comenta la historiadora Laura Campos, se hizo pública desde que fue presidente municipal de Guadalajara. En el polémico libro Historia y Geografía de Guadalajara (2005), el cual financió y repartió en todas las primarias públicas de la ciudad y en donde se omite deliberadamente el paso de Juárez por la ciudad y los sucesos colaterales de este acontecimiento. En contraparte, fiel a sus convicciones religiosas y políticas, no cejó en su empeño por exaltar la Guerra Cristera y a sus protagonistas en esta obra, desdeñando todo contrapeso histórico.
En este tenor la doctora Patricia Galeana, ex titular del Archivo General de la Nación, ha señalado en entrevistas que desde la asunción del gobierno panista se les ha quitado el nombre de Benito Juárez a 417 calles, plazas y municipios del país, sustituidos por nombres como San Miguel Arcángel y otros.
También al Aeropuerto Internacional Benito Juárez se intentó quitar el nombre del benemérito, pero la UNAM hizo una moción de que el nombre del ilustre oaxaqueño no se le quitara.
Benito Juárez, quien por su defensa a las libertades humanas sirvió de ejemplo a otras naciones latinoamericanas y por ello se le llamó el Benemérito de las Américas, y quien al triunfo de la República, dijo en un célebre discurso: "Mexicanos: encaminemos ahora todos nuestros esfuerzos a obtener y a consolidar los beneficios de la paz. Bajo sus auspicios, será eficaz la protección de las leyes y de las autoridades para los derechos de todos los habitantes de la República. Que el pueblo y el gobierno respeten los derechos de todos. Entre los individuos, como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz". Representa la defensa de los ideales republicanos.
No sólo por el respeto que nos merece y por la importancia histórica que representa Benito Juárez, sino por que dentro de sus funciones administrativas está el mantener los parques públicos en buen estado, el gobernador del estado de Jalisco, debe intervenir para que sea reparada e instalada nuevamente la estatua de Benito Juárez García en el Parque ecológico de la "Solidaridad Iberoamericana" y se de un mantenimiento exhaustivo a dicho parque.
Son respetables todas las creencias personales, pero en un Estado laico, como el nuestro, no se puede profesar ninguna religión a nivel público. Los funcionarios que desempeñan una función pública no pueden ni deben trasladar sus creencias morales, personales ni religiosas a la esfera pública (como construir o remodelar templos religiosos, ni apoyar con dinero público a diversas asociaciones diocesanas). Por ello el respeto a la separación entre el Estado y la Iglesia es esencial, porque promueve una verdadera convivencia pacífica dentro de la pluralidad y gobernabilidad democrática.
Ya son varias llamadas de atención por parte de la ciudadanía al gobernador de Jalisco Emilio González Márquez, para que actúe conforme a derecho y acorde al respeto del Estado laico y a la separación que debe existir entre el Estado y la Iglesia.
Por ello una vez más a través de este punto de acuerdo lo exhortamos para que se apegue al marco de la legalidad y la neutralidad y ejerza sus funciones públicas basadas en el respeto a la ley.
Por lo antes expuesto, y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta soberanía el siguiente:
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta al gobernador del estado de Jalisco Emilio González Márquez para que dé el mantenimiento correspondiente a la estatua de Benito Juárez García y la reestablezca en el Parque de la Solidaridad Iberoamericana ubicado en la ciudad de Guadalajara, Jalisco.
Ciudad de México a 4 diciembre de 2008.
Diputada Elsa de Guadalupe Conde Rodríguez (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA A PEMEX Y ORGANISMOS SUBSIDIARIOS A REALIZAR DIFERENTES ACCIONES
EN LOS SIETE MUNICIPIOS DE COAHUILA SITUADOS EN LA REGIÓN DE BURGOS,
SUSCRITA POR INTEGRANTES DE LA COMISIÓN ESPECIAL DE LA CUENCA DE
BURGOS
El diputado Miguel Ángel González Salum y los integrantes de la Comisión Especial de la Cuenca de Burgos, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de los siguientes
Antecedentes
La Comisión Especial de la Cuenca de Burgos realizó cuatro giras a los tres estados y municipios que comprenden la región Cuenca de Burgos; ha realizado tres foros estatales, los cuales han sido denominados Desarrollo de la región de la cuenca de Burgos, cuyos principales objetivos fueron
2. Colocar en la agenda legislativa, los problemas, desafíos y soluciones, que perciben los actores en las políticas en materia energética, en las políticas para el desarrollo de la región de la cuenca de Burgos, además generar vínculos con otros organismos, instituciones, ciudadanos interesados en intervenir en dichas políticas.
A partir de las consideraciones vertidas por los actores de los tres Estados que comprende la región de la cuenca de Burgos, los diputados integrantes de la comisión nos dimos a la tarea de elaborar el presente punto de acuerdo, que pretende reflejar de la manera más precisa posible, las aportaciones hechas durante la celebración de los foros mencionados.
Exposición de Motivos
La actividad petrolera realizada por la paraestatal Petróleos Mexicanos (Pemex), juega un papel estratégico en la economía mexicana. Sin embargo, en muchas zonas la extracción petrolera no se refleja en mejores condiciones de vida de la población y, al contrario, ha impactado a otras actividades productivas.
Para contrarrestar los reclamos y manifestaciones de descontento social, Pemex canaliza recursos destinados al desarrollo social y al mejoramiento de las condiciones de vida de la población asentada en las cercanías de sus instalaciones petroleras, previa autorización de su consejo de administración.
Estos recursos se entregan principalmente a gobiernos estatales y municipales y en menor medida a asociaciones civiles.
Los energéticos y dentro de ellos el gas, deben de ser prioridad nacional, en todos los frentes de la vida pública y de la vida económica de México.
El gas es un energético que ha venido cobrando recientemente en la última década un papel cada vez más importante en México y en el mundo, ya que el gas y particularmente el gas no asociado se han convertido no solamente como lo ha sido tradicionalmente en un energético para mover la industria, para abastecer el calor y el desarrollo de las actividades familiares, sino que también ahora que la electricidad es una demanda creciente del mundo industrializado en un elemento fundamental para producir a través de los ciclos combinados electricidad limpia y barata.
Así que el gas de pronto se convierte en ese elemento fundamental de los países que le dan un valor agregado al sector energético y resulta que en el noreste del país, de la región de Burgos hay un depósito importante de gas y consecuentemente los Estados del noreste de la República, al igual que otros Estados de producción de gas asociado en el país, tienen también un interés en este tema.
Hay problemas estructurales que nos impiden como nación avanzar de una manera inteligente en el desarrollo de los energéticos y particularmente el del gas.
Los precios del gas están afectando no solamente a la economía familiar sino al sector industrial y están restándonos elementos para que nuestro país sea un país competitivo, en un mundo globalizado, en donde las inversiones realizan también la lista de elementos de competitividad, como los precios de los servicios públicos.
Y la verdad es que se ha dado una deformación porque ha habido una cierta tendencia a ver el tema de los precios del gas como un factor de ingreso, en razón de que no se han dado reformas estructurales que nos permitan tener un régimen fiscal más razonable y más adecuado a las necesidades del país.
El otro frente que debemos de abordar es el del interés regional, por azares de la naturaleza esta región tiene un patrimonio invaluable en el subsuelo, sabemos que los energéticos son parte importante del patrimonio nacional de todos los mexicanos, pero también las regiones que producen energéticos deben de ser considerados de una manera equitativa, para que este patrimonio de la nación no se convierta en una carga y en un problema para las regiones en donde se producen estos elementos valiosos para el desarrollo de la nación.
Los estados de Tamaulipas, Coahuila y Nuevo León han considerado que el patrimonio de Burgos debe de ser una oportunidad y no un riesgo de afectación de sus intereses.
Debe ser una oportunidad para su desarrollo económico; debe de ser una oportunidad para generar una infraestructura carretera, de equipamiento urbano, que beneficie a la zona y no que la perjudique.
Debe ser una oportunidad para generar empleo en esas regiones, una oportunidad para propiciar la participación de empresarios locales, regionales y nacionales y no oportunidad tan sólo para empresas trasnacionales.
Debe ser una oportunidad para fortalecer la vida municipal y particularmente las capacidades administrativas y financieras de los municipios de la zona.
Debe ser una oportunidad para avanzar en el desarrollo del conocimiento, de la formación académica, del capital intelectual, de los técnicos y especialistas que requiere este sector.
No debe ser un riesgo de depredación ecológica, de un área, la del noreste de México, que es rica en vida silvestre, en recursos naturales, apegándose de manera estricta a los diferentes ordenamientos legales en materia ambiental.
No debe de ser un riesgo de atropellos de los derechos de los particulares, de los comuneros, de los ejidatarios, de los pequeños propietarios ante la arrogancia del poder económico y de las trasnacionales y de las instituciones públicas nacionales y locales.
No debe de ser una carga insostenible para los municipios, que con recursos muy limitados empiezan a ver crecer en forma desmedida la demanda de servicios públicos y no debe de ser un riesgo que perturbe la vida comunitaria, de familias que tienen generaciones viviendo tranquilamente en esa región.
Con base a estas consideraciones en sesión el día 08 de abril de 2008, el Pleno del Congreso del estado de Coahuila de Zaragoza aprobó lo relativo a un punto de acuerdo, donde le solicita a esta Comisión Especial de la Cuenca de Burgos de la LX Legislatura que haga un atento exhorto a Pemex para realizar diferentes acciones.
Por todo lo anterior, el diputado Miguel Ángel González Salum y los diputados integrantes de la Comisión Especial de la Cuenca de Burgos proponemos al Pleno de la Cámara de Diputados el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero. Se exhorta a Petróleos Mexicanos y organismos subsidiarios a realizar urgentemente las siguientes acciones en los siete municipios del estado de Coahuila que se encuentran en la Cuenca de Burgos, donde se extraen hidrocarburos.
2. Informar bimestralmente, de manera clara y detallada, cuántos pozos tienen y cuánto se está extrayendo en el estado de Coahuila
3. Establecer los parámetros para la aplicación de recursos destinados a desarrollo social.
4. Hacer llegar a cada uno de los municipios los lineamientos y la metodología para ser partícipes de los mecanismos de Pemex para obtención de apoyos.
5. Realizar la determinación de las obras de beneficio mutuo de manera coordinada e informar al estado de las mismas para evitar duplicidad de proyectos.
6. Establecer en un fideicomiso los recursos del fondo de desarrollo social para una aplicación transparente y ágil.
7. Estandarizar los precios de las perforaciones, derechos de vía y brechas.
8. Realizar monitoreo constante del bloque Monclova-Pirineos para evaluar el impacto ambiental.
Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo, a 4 de diciembre de 2008.
Diputados: Miguel Ángel
González Salum (rúbrica), Rolando Rivero Rivero (rúbrica),
Pedro Landero López, Ana María Ramírez Cerda (rúbrica),
Beatriz Collado Lara (rúbrica), Jesús de León Tello
(rúbrica), Raúl García Vivián (rúbrica),
José Martín López Cisneros (rúbrica), Luis
Alonso Mejía García, Sonia Nohelia Ibarra Franquez, Odilón
Romero Gutiérrez, Miguel Ángel Solares Chávez, Gustavo
Fernando Caballero Camargo (rúbrica), Jericó Abramo Masso
(rúbrica), Robinsón Uscanga Cruz (rúbrica).
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA AL GOBIERNO FEDERAL A CONSOLIDAR POR CONDUCTO DE LA SEMARNAT
LAS POLÍTICAS Y LOS PROCEDIMIENTOS DE DESCENTRALIZACIÓN DE
FUNCIONES AMBIENTALES EN LA REGIÓN DE BURGOS, SUSCRITA POR INTEGRANTES
DE LA COMISIÓN ESPECIAL DE LA CUENCA DE BURGOS
El diputado Miguel Ángel González Salum y los integrantes de la Comisión Especial de la Cuenca de Burgos, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo bajo el tenor de los siguientes
Antecedentes
La Comisión Especial de la Cuenca de Burgos realizó 4 giras a los tres estados y municipios que comprenden la región cuenca de Burgos. Asimismo, ha realizado tres foros estatales los cuales han sido denominados Desarrollo de la región cuenca de Burgos, cuyos principales objetivos fueron los siguientes:
1. Establecer un diálogo directo entre legisladores federales, locales, dirigentes de organizaciones sociales, de organizaciones empresariales, funcionarios de las dependencias federales, estatales y municipales, así como investigadores y universidades, para escuchar la problemática que se presenta en la entidad ante los efectos social y ambiental generados por las actividades que realiza Petróleos Mexicanos y sus posibles soluciones.
2. Colocar en la agenda legislativa los problemas, desafíos y soluciones que perciben los actores en las políticas en materia energética, en las políticas para el desarrollo de la región cuenca de Burgos, además generar vínculos con otros organismos e instituciones, ciudadanos interesados en intervenir en dichas políticas.
Derivado de las giras y los foros que esta comisión ha realizado, hemos escuchado las demandas y las propuestas de la sociedad de los estados, municipios y localidades que comprende la región.
A partir de las consideraciones vertidas por los actores de los tres estados que comprende la región, los integrantes de la comisión nos dimos a la tarea de elaborar el punto de acuerdo que pretende reflejar de la manera más precisa posible las aportaciones hechas durante la celebración de los foros mencionados.
Exposición de Motivos
Bien se reconoce al federalismo como un legado histórico y cultural, institucional y legal, económico y político de México, originado desde las inquietudes independentistas, ante la necesidad de aglutinar y dirigir las ideas nacionalistas a fin de constituir el principio de una sólida unidad republicana.
La construcción de la república federal absorbió el talento y heroísmo de muchos mexicanos que lucharon por hacer efectivo su ideal de conferir al México independiente una organización democrática, representativa y federal.
Estos principios representaron el procedimiento que significaba edificar una nación sobre la base de la reivindicación, rescate y ponderación de la riqueza y diversidad de las regiones.
El federalismo no debe interpretarse como una disputa por la riqueza y los recursos, ni significa fortalecer a los estados en detrimento de la nación.
Por el contrario, con ello se vigorizan las partes y el todo, robustecer la unidad para ser más fuertes. El principio de equidad propio al federalismo es impulsar los propósitos de la nación, entendida ésta como ámbito de pluralidades regionales con valores y metas propios que le dan identidad y destino compartido.
La historia nos enseña que el centralismo como ejercicio del poder público se convierte en retroceso político, cultural, económico, administrativo y social de los pueblos y favorece el absolutismo y la autocracia en el régimen de un país.
Por ello, uno de los compromisos que debe asumir el gobierno de la república es el de impulsar acciones que conduzcan a fortalecer la democracia, consolidar la unidad nacional y propiciar un país más equilibrado y justo, instrumentando a través de la descentralización de funciones, de asignación de recursos fiscales y de programas públicos hacia los estados y municipios, con criterios de eficiencia y equidad en la provisión de bienes y servicios a las comunidades.
Con esta estrategia se amplían los espacios de participación social, ya que la ciudadanía y los gobiernos pueden orientarse conjuntamente a la consecución de fines comunes, en materia de educación, salud, fomento a la agricultura y desarrollo rural, y sobre todo al patrimonio natural de la nación, procurando la protección de los recursos naturales y medio ambiente, entre otros.
Dirigiendo entonces el enfoque hacia la descentralización como un instrumento del federalismo, es importante señalar que en la medida en que los problemas públicos y el proceso de toma de decisiones estén más relacionados con las necesidades inmediatas expresadas en la relación entre los gobiernos locales, la libertad ciudadana se traducirá en participación social y ésta en un impulso democratizador de la gestión pública.
Los principios de eficiencia y equidad conducen a la vertiente administrativa del proceso de descentralización de atribuciones para responder en qué orden de gobierno deben tratarse las demandas y los problemas públicos, a fin de encontrar una óptima distribución de funciones.
La descentralización se debe basar en el análisis de las funciones que la ley otorga a cada orden de gobierno. Con ese método se planteó incentivar la participación de los gobiernos estatales y municipales en la titularidad y el ejercicio de las atribuciones públicas, mediante planteamientos que consideran, desde la descentralización administrativa y la redistribución de funciones hasta la reasignación constitucional de facultades.
Son varias las acciones que el gobierno federal ha emprendido para reactivar y agilizar los procesos de gestión de la administración pública, a fin de mejorar las acciones de conservación y manejo de recursos naturales. En 1991 se inició el Programa Ambiental de México (financiado parcialmente por la anterior Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología y el Banco Mundial) para desarrollar un programa piloto de fortalecimiento y descentralización de la gestión ambiental en Aguascalientes, Jalisco, Querétaro, San Luis Potosí y Tamaulipas. Entre 1992 y 1994 se concluyó la primera etapa en Tamaulipas y Jalisco.
En una segunda etapa se inicia el proceso en San Luis Potosí, Aguascalientes y Querétaro para desarrollar acciones básicas de capacitación para el personal de las instancias del gobierno estatal encargadas de la gestión ambiental, equipamiento de laboratorios para análisis ambientales y estudios estratégicos tanto institucionales como ambientales, en su mayoría asociados con las universidades estatales.
La descentralización en el sector ambiental y de recursos naturales tiene su justificación por la diversidad geográfica, ecológica y diferencial en cuanto al desarrollo de sus habitantes, sus necesidades y potencialidades que tiene cada una de ellas en México, ya que nuestro país es un mosaico de biodiversidad.
Este proceso debe condicionarse a las condiciones particulares de cada entidad federativa, a sus ecosistemas, y en especial a la voluntad ya la capacidad real de las autoridades o de los grupos sociales encargados de asumir funciones vinculadas a este asunto.
Asimismo, preponderantemente obliga a definir estrategias coherentes surgidas de las necesidades locales y regionales de cada entidad federativa, señalando el apuntalamiento con recursos para las acciones, definiendo también, sus alcances en el corto y mediano plazos que conllevan a alcanzar un desarrollo equilibrado con el crecimiento económico y el imperativo de mantener los recursos comunes ambientales, asegurando que los beneficios y costos se distribuyan equitativamente entre los diferentes grupos sociales y entre las generaciones actuales y futuras.
Por tanto, el proceso de descentralización conviene concentrarlo en los estados y regiones con mayores problemas ambientales y de recursos naturales, destacando aquellas situaciones que ponen en peligro la vida y la salud, o que afecten gravemente la base ecológica del desarrollo económico, como ocurre con la perdida de la biodiversidad o de los suelos.
De igual manera, se dirige preferentemente a las entidades con mejores oportunidades y capacidades de impulsar un desarrollo sustentable, particularmente aquellas donde existen cadenas productivas consolidadas y condiciones ambientales y de recursos naturales favorables.
Con ello es posible lograr una situación más equitativa de los diferentes grupos sociales en la satisfacción de sus necesidades básicas, así como en el cumplimiento de la normatividad ambiental y de recursos naturales, bajo el principio de que el que contamina paga y el que preserva y mejora es recompensado.
Ante todo, para iniciar cualquier proceso de descentralización es necesario realizar un diagnóstico de las capacidades y necesidades de cada entidad federativa, confrontado con los recursos disponibles, con lo cual se podrá fundamentar, orientar y acordar los alcances, peculiaridades y ritmo del proceso en cada estado.
Finalmente, no deberá perderse de vista que los fenómenos ambientales y de recursos naturales, se inscriben en diferentes ámbitos espaciales que constituyen el campo de acción lógico de diferentes organismos públicos y privados, lo cual implica que toda acción de descentralización, deberá estar regida por los factores humanos, técnicos y presupuéstales y que finalmente deriven a un proceso de negociación participativa, de cooperación y entendimiento, con objetivos y responsabilidades explícitos.
La solución de los problemas ambientales, la calidad de vida y la sostenibilidad global necesitan la participación directa, explícita y contundente de los municipios, ciudades, pueblos y localidades.
El diagnóstico de los problemas ecológicos de un municipio y las propuestas de solución son actividades locales que no deben ser delegadas habitualmente, de acuerdo con el principio de subsidiariedad, en otras administraciones públicas de carácter autónomo, estatal o internacional.
Terminamos diciendo que son los habitantes de cada región del país los más conocedores de su problemática ambiental, de sus recursos naturales, de sus potencialidades y los más interesados en resolverlos, a fin de avanzar hacia un desarrollo sustentable, teniendo bajo su administración el manejo de sus recursos y de su entorno.
El lograr consolidar la descentralización de políticas ambientales lograríamos, entre otros objetivos, la modernización y simplificación de la gestión pública, el fortalecimiento de la gestión ambiental en los estados y municipios, la corresponsabilidad de la gestión ambiental federación-estado-municipio, y acercar los servicios ambientales al usuario.
Por todo lo anterior, el diputado Miguel Ángel González Salum y los integrantes de la Comisión Especial de la Cuenca de Burgos proponemos al Pleno de la Cámara de Diputados el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta al gobierno federal por conducto de la Secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales a consolidar las políticas y procedimientos de descentralización de funciones ambientales, para lograr el fortalecimiento de la planeación, manejo y normatividad ambiental, y la realización de inversiones prioritarias y acciones efectivas para preservar el medio ambiente, revertir su degradación y alcanzar un desarrollo sustentable en los estados y municipios del país y sobre todo los que comprenden la región cuenca de Burgos.
Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo, a 4 de diciembre de 2008.
La Comisión Especial de la Cuenca de Burgos
Diputados: Miguel Ángel
González Salum (rúbrica), presidente; Rolando Rivero Rivero
(rúbrica), Pedro Landero López, Ana María Ramírez
Cerda (rúbrica), Beatriz Collado Lara (rúbrica), Jesús
de León Tello (rúbrica), Raúl García Vivián
(rúbrica), José Martín López Cisneros (rúbrica),
Luis Alonso Mejía García, Sonia Noelia Ibarra Fránquez,
Odilón Romero Gutiérrez, Miguel Ángel Solares Chávez,
Gustavo Fernando Caballero Camargo (rúbrica), Jericó Abramo
Masso (rúbrica), Robinson Uscanga Cruz (rúbrica).
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A CREAR POR CONDUCTO DE LA SENER Y DE LA
SHCP EL FIDEICOMISO DE DESARROLLO SUSTENTABLE PARA OBRAS DE DESARROLLO
SOCIAL Y AMBIENTAL EN LA REGIÓN DE BURGOS, SUSCRITA POR INTEGRANTES
DE LA COMISIÓN ESPECIAL DE LA CUENCA DE BURGOS
El diputado Miguel Ángel González Salum y los diputados de la Comisión Especial Cuenca de Burgos con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, de acuerdo con los siguientes
Antecedentes
La Comisión Especial Cuenca de Burgos realizó cuatro giras a los tres estados y municipios que comprenden la región Cuenca de Burgos, ha realizado tres foros estatales los cuales han sido denominados Desarrollo de la Región Cuenca de Burgos, cuyos principales objetivos fueron:
1. Establecer un diálogo directo entre legisladores federales, locales, dirigentes de organizaciones sociales, de organizaciones empresariales, funcionarios de las dependencias federales, estatales y municipales, así como investigadores, universidades, para escuchar la problemática que se presenta en la entidad ante los impactos social y ambiental generados por las actividades que realiza Pemex y sus posibles soluciones.
2. Colocar en la agenda legislativa, los problemas, desafíos y soluciones, que perciben los actores en las políticas en materia energética, en las políticas para el desarrollo de la región Cuenca de Burgos, además generar vínculos con otros organismos, instituciones, ciudadanos interesados en intervenir en dichas políticas.
Derivado de las giras y los foros que esta comisión ha realizado hemos escuchado las demandas y propuestas de la sociedad de los estados, municipios y localidades que comprende la región Cuenca de Burgos.
A partir de las consideraciones vertidas por los actores de los tres estados que comprende la región Cuenca de Burgos, los diputados de la comisión nos dimos a la tarea de elaborar el presente punto de acuerdo, que pretende reflejar de la manera más precisa posible, las aportaciones hechas durante la celebración de los foros mencionados.
Exposición de Motivos
El desarrollo regional equilibrado y sustentable consiste en integrar a las comunidades, acondicionar su territorio y aprovechar de manera equitativa y racional los recursos naturales de tal forma que se mejoren progresivamente las condiciones de bienestar humano y social, se vigorice la autogestión del estado y de los municipios, y al mismo tiempo, se garantice a las próximas generaciones que puedan encontrar por lo menos las mismas bases para su progreso.
En última instancia, se trata de que la sociedad de los estados y municipios de la región Cuenca de Burgos, al interactuar con el medio ambiente y desarrollar su productividad, sea capaz de mejorar la calidad de vida de todos y de mantener o acrecentar el capital ecológico regional.
Esta concepción implica ante todo un enfoque de integralidad en la gestión pública del desarrollo, impulsando en forma simultánea el crecimiento económico, la inclusión social, la dotación de las infraestructuras, la identidad cultural y la preservación del medio ambiente. Asimismo supone un proceso de participación social y de descentralización activo; la sintonización de las políticas territoriales en los niveles federal, estatal y municipal y una clara vocación gubernamental de promoción y concertación.
Evidentemente, este complejo proceso requiere, de nuevos paradigmas en la administración pública que impulsen la coordinación intersectorial y el acercamiento de las decisiones a los ciudadanos con base en los principios de subsidiariedad, visión estratégica, orientación eficaz a la acción y evaluación de resultados.
En forma paralela, se requieren de innovaciones que permitan afrontar las condiciones generadas por el nuevo entorno de globalización, en particular las exigencias de competitividad y de cooperación que se tienen entre regiones y ciudades Y, sobretodo, es indispensable transitar hacia una relación entre el gobierno y la sociedad que enfatice la convergencia de esfuerzos y vuelva más fácil y convincente el cumplimiento de la norma que su trasgresión.
En este orden de ideas, se esperaría que los beneficios de la explotación del gas natural en la región Cuenca de Burgos, se conviertan en polos de desarrollo dentro de las poblaciones en donde se realizarán las actividades de extracción.
Asimismo, se debería contemplar el crecimiento de oportunidades de empleo que garantice la permanencia de los jóvenes en sus lugares de origen, en lugar de emigrar a otros países en busca de mejores condiciones de vida. A la fecha, en el proyecto trabajan alrededor de 8 mil 450 personas, 3 mil de ellas trabajan indirectamente.
No obstante lo anterior, mientras los beneficios sólo se ven reflejados en el ámbito nacional, los municipios se mantienen al margen de este crecimiento económico y es posible que sus pobladores no estén todavía del todo concientes de lo que el futuro inmediato les depara. Los municipios siguen ajenos al progreso y muy probablemente en pocos años se conviertan, como en muchos casos, en focos dinámicos de desarrollo económico para el país, pero sin que ello se vea reflejado en beneficios directos hacia los pobladores. Es preciso revertir este círculo vicioso y replantear su impacto en el desarrollo regional y nacional.
Una de las mayores fallas es la dificultad que tiene la sociedad para obligar a las empresas a incluir en el diseño y operación de sus proyectos de inversión los efectos ambientales y sociales en la comunidad.
Hasta ahora, no se ha logrado obligar a que las compañías incorporen estas "externalidades" (es decir, los costos totales para el ambiente y la sociedad) a fin de que sus planes de producción y expansión no contribuyan al deterioro del entorno en que operan.
Actualmente, es común que estas corporaciones se sirvan de sus considerables influencias políticas y económicas para que se establezcan políticas que conducen a lo opuesto de lo que los economistas y ambientalistas considerarían las decisiones óptimas.
Su poder económico y político frecuentemente les permite negociar subsidios o exenciones de varios tipos de cuotas por servicios públicos (incluyendo impuestos locales, cargos por servicios de infraestructura municipal y tarifas de energía) que conducen a la elección de tecnologías que no están entre los mejores intereses del país en términos de su impacto en el medio ambiente.
Los programas públicos para atraer inversiones privadas a menudo fomentan un incremento del empleo de maquinaria, desplazando a la mano de obra, y aumentan el uso de energía; a la vez, exentan a las nuevas empresas de aportar fondos para financiar las inversiones en servicios públicos requeridas para asegurar la producción.
Como resultado, las nuevas instalaciones para la producción privada llegan con frecuencia a expensas del deterioro en la calidad de los servicios disponibles para la población local, incluyendo a muchos obreros que han migrado en busca de trabajo; así, se observa un aumento importante de producción con una merma sensible en la calidad de la vida para todos los que habitan en la zona.
Con la creación del fideicomiso se estaría garantizando la transparencia y se acabaría la discrecionalidad con que se entregan los recursos a los gobiernos estatales y municipales que la mayoría de las veces responde más a presiones políticas por parte de los estados ó municipios y lideres sociales, que ha políticas concertadas entre estos actores y la sociedad para promover el desarrollo sustentable de las comunidades afectadas por la actividad petrolera.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, el diputado Miguel Ángel González Salum y los diputados de la Comisión Especial Cuenca de Burgos, proponemos al Pleno de la honorable Cámara de Diputados el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta al Ejecutivo federal, por conducto de las Secretarías de Energía, y de Hacienda y Crédito Público, a crear el Fideicomiso de Desarrollo Sustentable para obras de Desarrollo Social y Ambiental en la región Cuenca de Burgos, el cual se constituirá con los recursos que las empresas contratadas en la región aportan obligatoriamente para estos fines. Con fines de transparencia, el fideicomiso deberá presentar informes públicos y periódicos sobre la aplicación de los recursos.
Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de diciembre de 2008.
La Comisión Especial de la Cuenca Burgos
Diputados: Miguel Ángel
González Salum (rúbrica), presidente; Rolando Rivero Rivero
(rúbrica), Pedro Landero López, Ana María Ramírez
Cerda (rúbrica), secretarios; Beatriz Collado Lara (rúbrica),
Jesús de León Tello (rúbrica), Raúl García
Vivián (rúbrica), José Martín López
Cisneros (rúbrica), Luis Alonso Mejía García, Sonia
Noelia Ibarra Franquez, Odilón Romero Gutiérrez, Miguel Ángel
Solares Chávez, Gustavo Fernando Caballero Camargo (rúbrica),
Jericó Abramo Masso (rúbrica), Robinson Uscanga Cruz (rúbrica).
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA A PEMEX Y ORGANISMOS SUBSIDIARIOS A LIQUIDAR INMEDIATAMENTE
ADEUDOS PENDIENTES DE SU PROGRAMA DE APOYO SOCIAL CON LOS ESTADOS Y LOS
MUNICIPIOS COMPRENDIDOS EN LA REGIÓN DE BURGOS, SUSCRITA POR INTEGRANTES
DE LA COMISIÓN ESPECIAL DE LA CUENCA DE BURGOS
El diputado Miguel Ángel González Salum y los integrantes de la Comisión Especial de la Cuenca de Burgos, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, bajo el tenor de los siguientes
Antecedentes
La Comisión Especial de la Cuenca de Burgos realizó cuatro giras a los tres estados y municipios que comprenden la región Cuenca de Burgos; ha realizado tres foros estatales, los cuales han sido denominados Desarrollo de la región de la cuenca de Burgos, cuyos principales objetivos fueron
1. Establecer un diálogo directo entre legisladores federales, locales, dirigentes de organizaciones sociales, de organizaciones empresariales, funcionarios de las dependencias federales, estatales y municipales, así como investigadores, universidades, para escuchar la problemática que se presenta en la entidad ante los impactos social y ambiental generados por las actividades que realiza Pemex y sus posibles soluciones.
2. Colocar en la agenda legislativa, los problemas, desafíos y soluciones, que perciben los actores en las políticas en materia energética, en las políticas para el desarrollo de la región de la cuenca de Burgos, además generar vínculos con otros organismos, instituciones, ciudadanos interesados en intervenir en dichas políticas.
Durante las giras y los foros que esta comisión ha realizado hemos escuchado las demandas y propuestas de la sociedad de los estados, municipios y localidades que comprende la región de la cuenca de Burgos.
A partir de las consideraciones vertidas por los actores de los tres Estados que comprende la región de la cuenca de Burgos, los diputados integrantes de la comisión nos dimos a la tarea de elaborar el presente punto de acuerdo, que pretende reflejar de la manera más precisa posible, las aportaciones hechas durante la celebración de los foros mencionados.
Exposición de Motivos
A partir de 1995, Petróleos Mexicanos desarrolló un proceso para el otorgamiento de donativos y donaciones autorizadas por el Consejo de Administración, previa evaluación de los anexos técnicos que describen los proyectos por realizar. Este proceso está sustentado en dos normatividades; a saber: los "Lineamientos de donativos y donaciones a terceros por parte de Pemex y organismos subsidiados" y los "Criterios para la asignación de donativos y donaciones por parte de Pemex y organismos subsidiarios".
Esta normatividad fue reformada el cinco de septiembre del año 2007, destacando las siguientes modificaciones: el acotamiento de la discrecionalidad en el otorgamiento de las donaciones, así como el seguimiento y supervisión de su aplicación; asimismo, el fortalecimiento de los mecanismos de sanciones al donatario que incumpla con una estricta rendición de cuentas en la aplicación de los apoyos otorgados y determinar como improcedentes las solicitudes de donatarios que no hayan rendido informes de aplicación de apoyos anteriores. En el mismo sentido, la incorporación de una nueva metodología para la asignación y distribución de los donativos y donaciones, con indicadores precisos que transparentarán el otorgamiento de dichos recursos, entre otros.
Esta normatividad también contempla la donación y donativos para las asociaciones civiles, asociaciones de asistencia y de beneficencia, así como instituciones educativas, científicas, tecnologías y de investigación; fundaciones, comunidades agrarias, ejidos, autoridades municipales y estatales.
Es de destacar que la reglamentación contempla el otorgamiento de los donativos y donaciones mayoritariamente a las entidades donde se asientan dos tipos de infraestructura petrolera: la estratégica y la relevante. La primera de ellas en estados como Campeche, Tabasco, Veracruz, Chiapas y Tamaulipas; la segunda en los estados de Guanajuato, Hidalgo, Coahuila, Nuevo León y Oaxaca.
Asimismo, un informe presentado en el mes agosto del 2007 por el Centro de Análisis e Investigación Fundar, precisa que de 1995 a 2007 la empresa distribuyó un total de 9 mil 527 millones de pesos beneficiando principalmente a los estados de Tabasco y Campeche, entidades donde se cuenta con instalaciones estratégicas. Y si bien la normatividad permite conocer la distribución por estado y la lista de beneficiarios, la información sobre la aplicación de dichos recursos en estas zonas petroleras es escasa; así como la generación de indicadores de impacto a la población beneficiada.
Un aspecto que contribuye a que no se sepa exactamente cuánto de estos recursos llega efectivamente a las localidades más pobres dentro de las zonas petroleras se debe a que no hay metas fijadas por Pemex en colaboración con las dependencias beneficiadas con los donativos para dar cuenta de los resultados que se espera obtener. Esto se relaciona con la falta de indicadores para evaluar de manera objetiva los problemas de desarrollo social y económico existentes en los municipios prioritarios y a cuya solución podría contribuir Pemex.
En lo que respecta a los donativos y donaciones que Pemex ha entregado de enero a junio de 2008, de un total de 472 millones 163 mil 580.00 pesos, a los Estados y Municipios que comprende la región de la cuenca de Burgos les correspondió el 28 por ciento.
Si bien es cierto que la empresa tiene ya una pesada carga fiscal, es necesario hacer una readecuación de los esquemas de otorgamiento de donativos y donaciones para contemplar en su totalidad los Estados, municipios y localidades de la región de la cuenca de Burgos.
El presidente municipal de Monclova, Coahuila, señaló durante el Foro llevado a cabo por la Comisión Especial, que no han recibido ningún apoyo del programa social por parte de Pemex.
Por todo lo anterior, el diputado Miguel Ángel González Salum y los diputados integrantes de la Comisión Especial de la Cuenca de Burgos proponemos al Pleno de la Cámara de Diputados el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero. Se exhorta a Petróleos Mexicanos y organismos subsidiarios a liquidar inmediatamente sí tuvieran adeudos pendientes de su Programa de Apoyo Social con los estados y municipios que comprenden la región de la cuenca de Burgos.
Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo, a 4 de diciembre de 2008.
Diputados: Miguel Ángel
González Salum (rúbrica), Rolando Rivero Rivero (rúbrica),
Pedro Landero López, Ana María Ramírez Cerda (rúbrica),
Beatriz Collado Lara (rúbrica), Jesús de León Tello
(rúbrica), Raúl García Vivián (rúbrica),
José Martín López Cisneros (rúbrica), Luis
Alonso Mejía García, Sonia Nohelia Ibarra Franquez, Odilón
Romero Gutiérrez, Miguel Ángel Solares Chávez, Gustavo
Fernando Caballero Camargo (rúbrica), Jericó Abramo Masso
(rúbrica), Robinsón Uscanga Cruz (rúbrica).
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA A PEMEX Y ORGANISMOS SUBSIDIARIOS A CONSIDERAR DIFERENTES ACCIONES
PARA LOGRAR QUE EL PROYECTO DE BURGOS DEJE BENEFICIOS CONCRETOS Y TANGIBLES
EN LOS MUNICIPIOS QUE FORMAN LA REGIÓN, SUSCRITA POR INTEGRANTES
DE LA COMISIÓN ESPECIAL DE LA CUENCA DE BURGOS
El diputado Miguel Ángel González Salum y otros integrantes de la Comisión Especial de la Cuenca de Burgos, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, al tenor de los siguientes
Antecedentes
La Comisión Especial de la Cuenca de Burgos realizó cuatro giras por los tres estados y municipios que comprenden la región. Ha realizado también tres foros estatales Desarrollo de la región cuenca de Burgos, con los siguientes objetivos principales:
1. Establecer diálogo directo entre legisladores federales y locales, dirigentes de organizaciones sociales y empresariales, funcionarios de las dependencias federales, estatales y municipales, investigadores y universidades, para escuchar la problemática que se presenta en la entidad ante los efectos social y ambiental generados por las actividades que realiza Petróleos Mexicanos (Pemex) y sus posibles soluciones.
2. Colocar en la agenda legislativa los problemas, los desafíos y las soluciones que perciben los actores en las políticas en materia energética, en las políticas para el desarrollo de la cuenca de Burgos, y generar vínculos con otros organismos, instituciones y ciudadanos interesados en intervenir en dichas políticas.
En las giras y los foros realizados, esta comisión ha escuchado las demandas y las propuestas de la sociedad de los estados, de los municipios y de las localidades que comprende la cuenca de Burgos.
A partir de las consideraciones vertidas por los actores de los tres estados de la cuenca, los integrantes de la comisión nos dimos a la tarea de elaborar el presente punto de acuerdo, que pretende reflejar de la manera más precisa posible las aportaciones hechas en los foros mencionados.
Consideraciones
La cuenca de Burgos es el proyecto de gas no asociado más importante de México y abarca una extensión prospectiva de 120 mil kilómetros cuadrados. Su zona de influencia se sitúa parcialmente en Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila.
La producción comercial en la cuenca de Burgos por Pemex se inició en 1945 y su desarrollo tuvo un auge que le permitió alcanzar una producción máxima de 670 millones de pies cúbicos diarios de gas (MMpcd) en los inicios de los años setenta, mostrándose posteriormente una declinación natural progresiva hasta los primeros años de la década de los noventa, en que registro niveles inferiores a 180 MMpcd. Esto último se asocia principalmente a la complejidad de sus yacimientos y a la reducción en los niveles de inversión.
A partir de 1994, la cuenca fue sometida a un proceso de rejuvenecimiento, que inició con un estudio de factibilidad, en el cual se determinó que aún existía gran potencial gasífero en el área. Esto puso en marcha un plan audaz de perforación de pozos, con resultados exitosos.
Como resultado de la confirmación del gran potencial remanente en el área y de las políticas energéticas de la Secretaría de Energía, en 1997 se autorizó el proyecto Burgos con recursos Pidiregas.
Al incrementar los niveles de inversión e implantar nuevas metodologías de trabajo, la producción revirtió su tendencia declinante y comenzó a registrar niveles ascendentes en forma sostenida, hasta alcanzar mil 4541 MMpcd a finales de 2007.
Tan espectacular crecimiento, de más de 700 por ciento, ha convertido la cuenca de Burgos en la más importante fuente productora de gas en el país, ya que aporta 33 por ciento de la producción total de gas natural en México.
Se tienen en operación 11 mil kilómetros de ductos, de los cuales 85 por ciento corresponde a líneas de descarga de pozos con diámetros de 3"ø. Operan 2 mil 600 pozos de desarrollo y exploratorios, cuya mayor densidad se localiza en los campos Arcabuz-Culebra y Peña Blanca, situados en Miguel Alemán, Tamaulipas, y en General Bravo, Nuevo León, respectivamente.
En 2007 se ejerció una inversión superior a mil 700 millones de pesos para el desarrollo del proyecto, incluyendo el valor de la inversión de los contratos de obra pública financiada, que ejecutaron obra por un valor de 5 mil 986 millones de pesos.
La cuenca de Burgos cuenta con una plantilla laboral de 4 mil 43 empleados, de los que 79 por ciento es personal sindicalizado.
En otra materia, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales autorizó dos resolutivos de impacto ambiental, que le permite operar en una extensión de 47 mil kilómetros cuadrados en las cuencas de Burgos y de Sabinas.
Para asegurarse de que todas las operaciones de la paraestatal y de las compañías contratistas cumplan los términos y las condicionantes señalados en los resolutivos ambientales autorizados, Pemex Exploración y Producción formalizó convenios de colaboración con las Universidades Autónomas de Nuevo León, de Tamaulipas y Agraria Antonio Narro de Coahuila, que realizan la verificación y acreditación en campo de las condicionantes.
Otra actividad que se desarrolla como medida de cuidado ambiental es el rescate de especies vegetales en peligro de extinción, con una inversión de 36 millones de pesos. A la fecha se han trasplantado más de 423 mil 878 individuos, que registran un porcentaje de supervivencia de 91 por ciento, muy superior al de 80 por ciento que señala el resolutivo ambiental.
En materia de accidentabilidad, la Dirección General de Pemex Exploración y Producción instauró el SSPA, que ha permitido alcanzar la meta de cero percances por tercer año consecutivo.
El desarrollo de las actividades del proyecto Burgos y de las compañías de los bloques de obra pública financiada ha sido detonante para el crecimiento económico de la región: más de 50 por ciento de las compañías contratistas que actualmente prestan servicios al proyecto son de la región (Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila), 48 por ciento es de otros estados y 2 por ciento corresponde a compañías extranjeras.
A la fecha se han generado 23 mil empleos directos y 18 mil indirectos, que han contribuido al desarrollo comercial y económico de la región.
Las comunidades donde operan también se han beneficiado a través de diversas obras realizadas, como la construcción de redes eléctricas, que han permitido a localidades alejadas contar con el servicio; mantenimiento constante y construcción de puentes y caminos de acceso; ampliación y pavimentación de carreteras federales; y otros apoyos para mejorar la infraestructura de la región.
Tan sólo en esas obras se han invertido más de 130 millones de pesos, en beneficio de las comunidades y de los ejidos locales.
Las inversiones consideradas en el desarrollo del proyecto Burgos para el periodo 2008-2022 son del orden de 145 mil millones de pesos (incluyendo obras públicas financiadas). Con tales niveles de inversión, se tiene programado alcanzar la plataforma de producción de mil 800 MMpcd en 2011.
Esto se llevará a cabo principalmente a través de la perforación de más de 5 mil pozos de desarrollo y exploratorios, y la construcción de casi 10 mil kilómetros de ductos y de 7 mil de caminos de acceso.
La actividad petrolera realizada por Pemex desempeña un papel estratégico en la economía mexicana. Sin embargo, en muchas zonas la extracción petrolera no se refleja en mejores condiciones de vida de la población y, al contrario, ha repercutido en otras actividades productivas.
Para contrarrestar los reclamos y el descontento social, creemos que deben considerarse las siguientes acciones, a fin de lograr el desarrollo sustentable en los municipios de la cuenca de Burgos:
2. Analizar los derechos de vía e instalaciones con invasiones por particulares, con objeto de establecer un programa conjunto de reubicación a terrenos municipales.
3. Determinar los usos de la vialidad urbana, carreteras, brechas y caminos de acceso municipales que utilicen Pemex y compañías contratistas, orientada ésta al mantenimiento y a la construcción de las vialidades y de los accesos necesarios por los gobiernos municipales y por Pemex.
4. La proyección del desarrollo de la cuenca de Burgos programada respecto a inversiones y mano de obra por utilizar para 2008 y 2009, con objeto de identificar su incidencia en la participación y beneficio de la población de los municipios.
5. Contar con los montos de los insumos de materiales, mano de obra y equipo de los contratos por ejecutar que sean competencia de los municipios de la región para determinar su incidencia en la economía del municipio.
6. Realizar los estudios de impacto ambiental a fin de mantener y preservar el entorno ecológico, orientado a coadyuvar para resolver los pasivos ambientales existentes.
7. Determinar las necesidades del uso de agua y drenaje de sus instalaciones, con objeto de facilitar estos servicios con calidad.
8. Contar con la relación de proveedores y contratistas que tengan contratos vigentes, a fin de permitir las facilidades por los gobiernos municipales en su cometido.
9. Obtener la donación de todos los materiales de desecho susceptibles de uso municipal.
10. El desarrollo de grandes y medianos proyectos viales con Pemex.
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta a la Petróleos Mexicanos a considerar las acciones aquí especificadas para lograr que el proyecto Burgos deje beneficios concretos y tangibles en los municipios que forman la cuenca de Burgos.
Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados, a 4 de diciembre de 2008.
La Comisión Especial de la Cuenca de Burgos
Diputados: Miguel Ángel
González Salum (rúbrica), presidente; Rolando Rivero Rivero
(rúbrica), Pedro Landero López, Ana María Ramírez
Cerda (rúbrica), secretarios; Beatriz Collado Lara (rúbrica),
Jesús de León Tello (rúbrica), Raúl García
Vivián (rúbrica), José Martín López
Cisneros (rúbrica), Luis Alonso Mejía García, Sonia
Nohelia Ibarra Franquez, Odilón Romero Gutiérrez, Miguel
Ángel Solares Chávez, Gustavo Fernando Caballero Camargo
(rúbrica), Jericó Abramo Masso (rúbrica), Robinson
Uscanga Cruz (rúbrica).
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA A LA SEMARNAT A REVISAR EL IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO AUTOPISTA
LERMA-TRES MARÍAS Y RAMAL TENANGO, A CARGO DEL DIPUTADO CHRISTIAN
MARTÍN LUJANO NICOLÁS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
El suscrito, diputado a la LX Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, del Grupo Parlamentario Partido Acción Nacional, Christian Martín Lujano Nicolás en uso de las facultades que le confieren los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable Cámara de Diputados el presente punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
En las ciudades de Cuernavaca, México y Toluca tenemos uno de los bosques más sorprendente de la Tierra ya que es una de las regiones con mayor diversidad biológica del planeta. Este bosque brinda una gran cantidad de beneficios, como dar posibilidad a la vida, tanto de los que habitan el bosque como fuera de él, ya que, alberga casi el 2 por ciento de la biodiversidad mundial de las especies, lo que hace de esta región uno de los bosques templados más ricos en sus ecosistemas.1
En el bosque de agua en cuestión podemos encontrar por ejemplo diversos tipos de ecosistemas forestales: bosques de oyamel, bosque de pino, de pino encino y zacatonal. (Ecosistemas que hemos perdido en más del 30 por ciento de 1959 a 1999).
En cuanto a vegetación en la Cuenca de México existen aproximadamente 2 mil 100 especies, que se representan en 8 tipos de vegetación, de 128 especies estudiadas 30 son endémicas del país y 66 se encuentran en alguna categoría de riesgo.2
La herpetofauna no se queda atrás, de las 24 especies de anfibios y 56 de reptiles que habitan el bosque de agua, estas representan casi el 10 por ciento de la diversidad nacional (el 80 por ciento son endémicas de México y cerca del 40 por ciento son autóctonas de la región). De estas, se destaca el ajolote de Zempoala (Rhyacosideron zempoalensis), el ajolote de arroyo3 y la víbora de cascabel.
México es un país rico en aves, de tal manera, que en el bosque de agua citado habitan 211 especies de aves de las cuales varias especies se encuentran dentro de la Norma-059-SEMARNAT-2001,4 lo que representa el 60 por ciento de la avifauna a nivel nacional. El 80 por ciento son residentes de México y el 20 por ciento son especies migratorias de Estados Unidos de América y Canadá y estás dependen de estos bosques.
El International Council for Bird Preservation sección México (Cipamex) y el Birdlife Internacional5 han incluido a esta región de montaña dentro del sistema de áreas de importancia para la conservación de aves.6
En lo que respecta a los mamíferos existen un total de 59 especies lo que representa casi el 15 por ciento de especies y el 52 por ciento de casi toda la masto fauna del país. De todas las especies de mamíferos de esta región de montaña, 16 son mamíferos voladores y 43 son terrestres, de las cuales 14 son endémicas, y al menos 5 son consideradas especies en riesgo: zacatuche o teporingo (Romerolagus diazi), el puma (Puma concolor), el tlacoyote (Taxidea taxus), el murciélago (Leptonycteris novalis), considerada como especies rara tenemos a la tuza (Cratogeomvs merriami), debido a la fragmentación de su hábitat se encuentran con alguna amenaza que se cierne sobre estas especies.
Este bosque contribuye al abastecimiento de agua al Distrito Federal, Toluca, y estado de Morelos, igualmente vierte sus aguas a la cuenca del valle de México, a la cuenca del río Lerma y río Amacuzac.7
Estas son algunas de las razones, por las que esta zona alberga el 2 por ciento de la biodiversidad mundial y por lo que la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad ha integrado a esta zona como una región prioritaria para la conservación.
Esto resulta grave ya que la construcción de la autopista, según datos de Green Peace8 se encuentra contemplada a sólo 44 metros de las zonas núcleos de estas dos áreas naturales protegidas, ANP, lo cual contradice el propósito de estas, que es la conservación. Por otro lado, la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección Al Ambiente en Materia de Áreas Naturales Protegidas, en el artículo 45 señala que el objetivo de las ANP es precisamente preservar los ambientes naturales representativos de las diferentes regiones biogeográficas y ecológicas de los ecosistemas más frágiles, preservar las especies que están en peligro de extinción, entre otros.
Es así, como el gran bosque de agua está en peligro una vez más, debido, entre otros elementos a la construcción de la autopista Lerma-Tres Marías. La cual será "... una autopista tipo A2 con origen en el poblado de Lerma con un entronque con la autopista México- Toluca, y la cual consiste en la construcción, explotación, conservación, operación y mantenimiento de un tramo carretero de 66.70 kilómetros de longitud.9
Dicho proyecto está siendo evaluado por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la cual tendrá que dar su fallo a principios de junio del 2008.
El proyecto autopista Lerma-Tres Marías y Ramal Tenango debiera tratarse de un sólo proyecto, sin embargo, se presentó ante la Semarnat el 14 de diciembre pasado, por medio de dos manifestaciones de impacto ambiental, con lo que se dio inicio a dos procesos de evaluación de impacto ambiental. El proyecto presentado por el gobierno de Morelos, a través de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, denominado autopista Lerma-Tres Marías- Ramal Tenango, estados de México y Morelos, Tramo Fierro del Toro límites del estado ( Xalatlaco-estado de México), estado de Morelos, MIA 07MO2007V0003, forma parte del mismo proyecto que presentó el gobierno del estado de México por medio del Sistema de Autopistas, Aeropuertos, Servicios Conexos y Auxiliares, Autopista Lerma-Tres Marías y Ramal Tenango en los estados de México y Morelos, Tramo-Límite Lerma-límite del estado y Ramal Tenango, en el estado de México, MIA 15 EM2007V0043.
Al ser presentado dicho proyecto en 2 partes, los promoventes violan lo dispuesto en la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente y su Reglamento en Materia de Impacto Ambiental,10 ya que la legislación obliga a los promoventes a presentar proyectos integrales, esto es, se debe de considerar los elementos que lo conforman.
Resaltamos que, en el 2007 la Semarnat desechó uno de las partes del proyecto, porque fue presentada de manera segmentada, la dependencia señaló en aquel tiempo que "…no se puede establecer el pronóstico ambiental regional a la escala de las posibles afectaciones futuras, ya que el proyecto en evaluación representa un fragmento del proyecto original, lo que no permite evaluar en su conjunto las afectaciones a la integridad del ecosistema tal como existe y no bajo condiciones artificiales".11
Asimismo, este proyecto incluye la región terrestre prioritaria 108, que abarca los parques nacionales Miguel Hidalgo-La Marquesa, Desierto de los Leones, Ajusco, Lagunas de Zempoala, Tepozteco, las reservas forestales del volcán Pelado y del volcán Tlaloc, el parque estatal Otomì-Mexica, y las áreas naturales protegidas federales de ciénegas de Lerma y el corredor biológico Chichinautzin.
Esto resulta grave ya que la construcción de la autopista a escasos metros de las zonas núcleos de estas dos áreas naturales protegidas contradice el propósito de estas, que es la conservación. Por otro lado, la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente en Materia de Áreas Naturales Protegidas, en el artículo 45 señala que el objetivo de las ANP es precisamente preservar los ambientes naturales representativos de las diferentes regiones biogeográficas y ecológicas de los ecosistemas más frágiles, preservar las especies que están en peligro de extinción, entre otros.
Asimismo, el proyecto pospone la mayor parte de las medidas de mitigación a la realización de al menos 14 estudios, los cuales son:
2. Estudios para la propagación, mejoramiento del hábitat y conservación del ajolote en la ciénegas del Lerma.
3. Plan de manejo de ciénegas del Lerm.a12
4. Plan de restauración y reforestación de zonas afectadas de vía de la autopista.13
5. Diseño y construcción de pasos para fauna silvestre de la autopista Lerma-Tres Marías.
6. Plan integral de compensación y restauración del hábitat del teporingo y de gorrión serrano para su propagación y conservación.
7. Estudio para la ubicación y diseño de pasos para fauna en los zacatonales por donde cruza la autopista.
8. Estudio para la restauración del hábitat del teporingo y del gorrión serrano (en este estudio se propone el establecimiento de una UMA).
9. Programa de rescate de vegetación y reforestación de sitios afectados por las obras de construcción.
10. Estudio de estructura de comunidades vegetales.
11. Estudios prospectivos y plan de rescate de fauna.
12. Estudio de diagnóstico para el teporingo.
13. Estudio de diagnóstico para el gorrión
serrano.
14. Estudio de diagnóstico para dos especies de
ajolote.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, expongo ante esta soberanía la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Primero. Se hace un atento exhorto al Poder Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para que realice una exhaustiva revisión del proyecto autopista Lerma-Tres Marías y Ramal Tenango, en lo concerniente a la manifestación de impacto ambiental.
Segundo. Se hace un atento exhorto al Poder Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para que ejecute los 14 estudios de referencia, dentro del proyecto autopista Lerma-Tres Marías y Ramal Tenango, antes de que inicie éste.
Tercero. Se requiere a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales entregar un informe sobre la revisión de la manifestación de impacto ambiental a esta soberanía en un plazo no mayor a 30 días hábiles.
Notas
1. Velázquez y Romero. Biodiversidad de la
Región de Montaña del Sur de la Cuenca de México.
UAM- Xochimilco, 1999. México
2. Estudios realizados por Francisco Romero, profesor
titular del laboratorio de Ecología y Conservación de Fauna
Silvestre. Departamento de El Hombre y su Ambiente, Universidad Autónoma
Metropolitana-Xochimilco. 2008.
3. Casas Andreu Gustavo, Cruz Aviña Ricardo. Un
Regalo Poco Conocido de México al Mundo: el Ajolote o Axoltl.
Universidad Autónoma del Estado de México. México.
2004.
4. Tomado del Resumen Ejecutivo del Proyecto Autopista
Lerma-Tres Marías y Ramal Tenango presentado por los promoventes.
5. Con base en la presión ejercida y a los estudios
realizados por académicos, de la Universidad Autónoma Metropolitana,
Universidad Nacional Autónoma de México y organizaciones
civiles que tienen presencia tanto a nivel nacional como internacional.
6. Áreas de importancia para la conservación
de las aves (Aicas, 1996).
7. De acuerdo a la Comisión Nacional del Agua
este acuífero presenta un déficit en su disponibilidad de
969.5 millones de metros cúbicos al año.
8. Dato obtenido de: http://www.greenpeace.org/mexico/campaigns/bosques-y-selvas-m-ecute-x/bosque-de-agua/once-razones-para-decir-no.
9. Tomado del resumen ejecutivo del proyecto autopista
Lerma-Tres Marías y Ramal Tenango, presentado por los promoventes.
10. Tomado de las observaciones a la MIA expedientes:
15EM2007VOO43 y 17 MO2007V0003 presentada por el investigador Raúl
García Barrios, del Centro de Investigaciones Multidisciplinarias
de la Universidad Autónoma de México y responsable del proyecto
Corredor Ajusco-Chichinautzin-Barrancas de Buenavista de Restauración
Ambiental Comunitaria y el Centro Mexicano de Derecho Ambiental.
11. Tomado de los comentarios a la MIA del Proyecto autopista
Lerma-Tres Marías y Ramal Tenango con números de referencia
09/MG-0389/12/07, 15 EM2007V0043; 09/MG-0383/12/07, 07MO2007V0003 realizadas
por Greenpeace, México.
12. Este punto esta siendo ya elaborado por el promovente.
13. Este estudio tiene como propósito compensar
los daños ocasionados por el desmonte, a través de la reforestación,
en la zona de pie de monte y coladas de lava.
Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, a 4 de diciembre de 2008.
Diputado Christian Martín Lujano Nicolás
(rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE SOLICITA A LA PGR, AL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN Y AL GOBIERNO
DE OAXACA QUE INVESTIGUEN E INFORMEN A ESTA SOBERANÍA RESPECTO AL
SECUESTRO DE 12 CENTROAMERICANAS LLEVADO A CABO EN LAS INMEDIACIONES DE
ASUNCIÓN IXTALTEPEC, OAXACA, A CARGO DEL DIPUTADO OTHÓN CUEVAS
CÓRDOVA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
El suscrito, Othón Cuevas Córdova, diputado del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite someter a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo para que la Procuraduría General de la República, el Instituto Nacional de Migración y el gobierno del estado de Oaxaca investiguen el secuestro de 12 centroamericanas llevado a cabo en las inmediaciones de Asunción Ixtaltepec, Oaxaca, al tenor de las siguientes
Consideraciones
El fenómeno migratorio, como he mencionado, tiene muchas aristas; una de ellas, la más cruel quizá, es la violación del derecho universal de libre tránsito y de libertad. Por eso vengo a esta tribuna a denunciar que el pasado 5 de noviembre fueron raptadas en territorio oaxaqueño al menos 12 mujeres que procedían de Centroamérica y que viajaban en el tren que viene de Chiapas. Este hecho es sólo un eslabón más de la cadena de corrupción y delincuencia organizada que ve en la migración un negocio y un modo de vida que atenta contra los derechos humanos. Lamentablemente, muchos de los integrantes de esas organizaciones delictivas son elementos de corporaciones policiacas y de seguridad pública municipal en el estado. Por ello se vuelve urgente, de nuevo, alzar la voz para denunciar lo que para muchos se ha vuelto costumbre.
Recientemente, investigaciones de medios de comunicación han regresado a documentar el recorrido que hacen los indocumentados centroamericanos que buscan llegar a Estados Unidos para atemperar las dramáticas condiciones de vida que tienen en sus lugares de origen. Esas investigaciones relatan la dramática ruta que siguen los migrantes en su camino al norte del país con la finalidad de cruzar la frontera, temiendo por su vida, y sufriendo asaltos y vejaciones de grupos delictivos y de autoridades sin escrúpulos.
Hace algunas semanas presenté ante este Pleno una proposición con punto de acuerdo que denuncia la terrible golpiza que recibió un puñado de migrantes por elementos de la Armada de México en la zona del istmo de Tehuantepec. Ahora, lamentablemente denunciamos el secuestro de mujeres que, de seguro, pasarán a formar parte de la red de servidoras sexuales que tienen que pagar por su libertad a las mafias que son protegidas por algunas autoridades.
Ante esos hechos, no podemos permanecer callados ni ser simples testigos del atropello. Es necesario que el Estado mexicano garantice el libre tránsito y salvaguarde la integridad de los que se ven en la necesidad de ingresar en nuestro territorio.
Afortunadamente, la sociedad civil ya toma acciones y se organiza para dar apoyo a madres de familia de Centroamérica que buscan a sus hijos desaparecidos en México. Tal es el caso del Comité de Red de Familias Migrantes, de Honduras, que organiza caravanas de peregrinación a México, en busca de sus familiares desaparecidos y que han encontrado apoyo en la Casa del Migrante en Ecatepec, por ejemplo. Estos esfuerzos, que fueron impulsados por legisladores compañeros del Grupo Parlamentario del PRD, se tienen que seguir apoyando para que este atentado contra los derechos humanos que a diario viven los migrantes disminuya y se erradique totalmente.
En el caso de la desaparición de las centroamericanas, el presidente de la Comisión para la Defensa de los Derechos Humanos en Oaxaca, Heriberto Antonio García, calificó como una "situación preocupante" las manifestaciones violentas registradas en el istmo de Tehuantepec, donde fueron secuestradas las 12 mujeres, por lo que se teme que la ruta de Tapachula-Arriaga-Ixtepec, Oaxaca, se haya convertido en un punto estratégico para asaltos y secuestros de migrantes de Guatemala, El Salvador y Honduras, siendo las mujeres el objetivo principal para este grupo delictivo.
Por lo expuesto, y ante esta dramática situación, que también pueden vivir nuestros connacionales en su viaje hacia Estados Unidos, solicito a esta honorable asamblea, siendo un asunto de urgente resolución, su apoyo para aprobar la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Se solicita a la Procuraduría General de la República, al Instituto Nacional de Migración y al gobierno del estado de Oaxaca investigar el secuestro de 12 centroamericanas llevado a cabo en las inmediaciones de Asunción Ixtaltepec, Oaxaca, e informar a esta soberanía, en un tiempo no mayor de 30 días, para que se castigue a quienes resulten responsables de tan artera violación de los derechos humanos y de la integridad de las personas.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de diciembre de 2008.
Diputado Othón Cuevas Córdova (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A INSTITUIR EL 15 DE FEBRERO COMO DÍA
NACIONAL DEL NIÑO CON CÁNCER Y DE LA LUCHA CONTRA EL CÁNCER
INFANTIL, A CARGO DE LA DIPUTADA MARTHA HILDA GONZÁLEZ CALDERÓN,
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
La que suscribe, Martha Hilda González Calderón, diputada federal a la LX Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta honorable asamblea la proposición con punto de acuerdo, de urgente u obvia resolución, en materia de salud, enunciada al principio, misma que enseguida se desarrolla con base en los siguientes
Antecedentes
Primero. En febrero del 2007 la diputada María Gloria Guadalupe Valenzuela García, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, presentó ante el Pleno de esta Cámara de Diputados, proposición con punto de acuerdo, de urgente u obvia resolución, con fundamento en lo señalado en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
La diputada presentante sustentó, a través de sus consideraciones, la necesidad de instituir en nuestro país el 15 de febrero como el Día Nacional del Niño con Cáncer. En este sentido, se aportaron diversas justificaciones a la proposición en comento, las cuales se relacionan con el avance de la enfermedad en el mundo y en nuestro país, con énfasis en la afectación a la población infantil de México, dentro de la cual se calcula que anualmente son diagnosticados cinco mil niños con cáncer.
De igual forma, se hizo mención, dentro de las consideraciones de la diputada Valenzuela García, el que hasta hace poco más de cuatro años se consideraba el cáncer infantil como la cuarta causa de mortalidad en nuestro país –entre niños de 6 a 15 años-, actualmente es la segunda causa, ocasiona la defunción anual de seis mil menores, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía.
Con base en lo anteriormente resumido, la diputada Valenzuela destacó, en su proposición, la posibilidad de cura de la enfermad cuando la detección es oportuna, lo que aporta valor indiscutible a las acciones de prevención, atención y tratamiento que se inscriben en los ámbitos institucionales de actuación, sean éstos públicos, privados o sociales.
La presentante en comento destacó como uno de los propósitos fundamentales de instituir el Día Nacional del Niño con Cáncer, centrar la atención en el sujeto, es decir, en el menor con cáncer, quien es, como persona, titular del derecho constitucional a la protección de su salud.
Derivado de todo lo antes referido, la diputada María Gloría Guadalupe Valenzuela García presentó el citado punto de acuerdo que a la letra señaló:
La finalidad de esta proposición fue instituir el 5 de enero como el Día Nacional de la Lucha Contra el Cáncer Infantil. Como sustento de esta propuesta, fundamenté la consideración del valor de la población para cualquier país, por lo que el bienestar de la gente se constituye en uno de los objetivos primordiales de los órganos legislativos de cualquier ámbito y de la administración pública en todos sus espacios de gestión.
Se hizo hincapié en el crecimiento a nivel mundial de los casos de enfermos con cáncer, se calcula, por ejemplo, que para el 2005 las defunciones por esta enfermedad ascendieron en el mundo a ocho millones.
Se llamó la atención sobre las alarmantes cifras de los estragos que el cáncer ocasiona entre la población infantil de México, ya que, según estadísticas nacionales, esta enfermedad es la segunda causa de muerte infantil, precedida únicamente por el fallecimiento en accidentes; mi proposición refirió que anualmente miles de infantes desarrollan en México este grave padecimiento, lo cual significa que en nuestro país cada año fallecen seis mil menores a consecuencia del cáncer.
Por todo lo antes resumido, consideré que establecer una fecha calendario como Día Nacional de la Lucha Contra el Cáncer, tendría beneficios tangibles para los niños de México, ya que propicia un compromiso social compartido y el refrendo periódico del esfuerzo permanente de la sociedad civil, del gobierno en todos sus ordenes y del sector privado, a fin de erradicar el cáncer entre la niñez del país, sobre todo al seno de los sectores más desprotegidos, económica y socialmente. Establecer un día para la lucha en contra del cáncer infantil, desde mi punto de vista, propiciaría considerar una fecha específica para el recuento de logros y retos; es un esfuerzo tangible para privilegiar el interés superior del niño como principio rector que debe inspirar todos los esfuerzos en favor de la niñez.
Con base en lo anterior, presenté punto de acuerdo bajo los siguientes términos:
Segundo. Se exhorta respetuosamente a los poderes Ejecutivos y Legislativo de los estados, a la Jefatura de Gobierno, la Asamblea Legislativa y las jefaturas delegacionales del Distrito Federal, así como a los ayuntamientos de la República, para que, atentos a la declaratoria que en su caso se sirva decretar al Ejecutivo federal sobre el asunto aquí tratado, prevean en sus ámbitos de competencia la institución del 5 de enero como Día Nacional de la Lucha Contra el Cáncer Infantil.
Visto lo anterior, y en razón de coincidir plenamente con la proposición aludida en primer término, sobre todo en la importancia social que el cáncer infantil tiene en nuestro contexto nacional, hemos subrayado que lo más importante es la persona, el menor aquejado por este flagelo que avanza en México y en el mundo de manera alarmante. Hemos apreciado el incremento numérico de los casos de cáncer infantil en nuestro entorno y la importancia que tiene la prevención y el tratamiento oportuno de la enfermedad.
Hemos coincidido también en la necesidad de dar plena vigencia al derecho a la salud, constitucionalmente establecido, y sobre todo, en términos de la necesaria detección oportuna de las enfermedades crónico-degenerativas entre nuestros niños.
De igual manera, quien suscribe la presente tiene la plena convicción de que la lucha contra el cáncer infantil es una tarea que nos involucra a todos los mexicanos desde diferentes perspectivas, misma que confluye en un sólo objetivo: dar mejores condiciones de vida y salud a nuestros niños. Para esto, es necesario concertar esfuerzos desde todas las vertientes de nuestro entorno: desde el sector social y privado, pero fundamentalmente desde el gobierno, en todos sus ámbitos; necesitamos que las instancias de salud del país –públicas, privadas y sociales- se coordinen en una campaña permanente y solidaria en contra del cáncer infantil.
De lo anterior se desprende la necesidad de establecer un día para el niño enfermo de cáncer, como también es necesaria una fecha para hacer recuento de logros, rezagos y retos en la lucha de la sociedad en contra del flagelo; nos pronunciamos por la necesidad de unificar esfuerzos para la atención de esos dos aspectos. Creo prudente establecer una sola fecha que dé relevancia social a la atención del niño con cáncer, resaltando, al mismo tiempo, las acciones de la lucha institucional y social en contra de la enfermedad.
Por todo lo anteriormente expresado, habida cuenta de las coincidencias entre las dos proposiciones descritas, de la evidente conveniencia de potenciar la intención y propósitos que ambas comparten, y en virtud de que el Ejecutivo federal aún no se expresa constitucionalmente sobre los exhortos antes aludidos, se somete a la consideración de esta honorable soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero. De urgente u obvia resolución, se exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo federal para que, en ejercicio de las facultades que le confieren la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de Salud y la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, declare el 15 de febrero como Día Nacional del Niño con Cáncer y la Lucha Contra el Cáncer Infantil, como una forma de convocar y motivar a la sociedad entera y al gobierno del país, en todos los órdenes, a redoblar esfuerzos en la búsqueda de mejores condiciones de salud y calidad de vida para los niños de México.
Segundo. Se exhorta respetuosamente a los poderes Ejecutivo y Legislativo de los estados, a la Jefatura de Gobierno, la Asamblea Legislativa y las jefaturas delegacionales del Distrito Federal, así como a los ayuntamientos de la República, para que, atentos a la declaratoria que en su caso se sirva decretar el Ejecutivo federal sobre el asunto aquí tratado, prevean en sus ámbitos de competencia la institución del 15 de febrero como Día Nacional del Niño con Cáncer y la Lucha Contra el Cáncer Infantil.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de diciembre de 2008.
Diputada Martha Hilda González Calderón
(rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA AL PRESIDENTE DE LA COFETEL A INFORMAR SOBRE LOS REQUISITOS
PARA EL CAMBIO DE FRECUENCIAS AUTORIZADAS DE LA BANDA DE AMPLITUD MODULADA,
A CARGO DEL DIPUTADO HUMBERTO LÓPEZ LENA CRUZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DE CONVERGENCIA
El suscrito, Humberto López Lena Cruz diputado federal a la LX Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en el artículo 58 y 60 del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicito al Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados que formule un exhorto al licenciado Héctor Guillermo Osuna Jaime, presidente de la Comisión Federal de Telecomunicaciones, para que se publiquen las fechas de las 5 regiones que faltan por dar a conocer y si se tiene definida la propuesta de la contraprestación, que se solicite la determinación de ésta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para su publicación y difusión correspondiente.
Antecedentes
I. En México operan con registro mil 580 estaciones de radio concesionadas y permisionadas, 854 en la banda de AM y 726 en FM.
II. Por instrucciones del licenciado Felipe Calderón Hinojosa, presidente de la República, el pasado lunes 15 de septiembre del 2008, fue publicado por el licenciado Luis Téllez Kuenzler, secretario de Comunicaciones y Transportes el acuerdo por el que se establecen los requisitos para llevar a cabo el cambio de frecuencias autorizadas para prestar el servicio de radio y que operan en la banda de amplitud modulada, a fin de optimizar el uso, aprovechamiento y explotación de un bien del dominio público en transición a la radio digital.
III. El artículo 25 constitucional en su párrafo primero establece lo siguiente: Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable, que fortalezca la Soberanía de la Nación y su régimen democrático y que, mediante el fomento del crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad protege esta Constitución.
IV. De acuerdo con el artículo 27 constitucional "le corresponde a la nación el dominio directo del espacio situado sobre el territorio nacional, en la extensión y términos que fije el derecho internacional."
V. Conforme a lo establecido por el artículo 28 constitucional le corresponde al Estado concesionar la prestación de servicios públicos o la explotación, uso y aprovechamiento de bienes de dominio de la federación, salvo las excepciones que las mismas prevengan.
Consideraciones
En el punto primero del acuerdo se establece lo siguiente. Los concesionarios y permisionarios de radio que operan en la banda de AM, podrán solicitar a la comisión el cambio de frecuencia para operar en la banda de FM, atendiendo a los calendarios y requisitos establecidos en el presente acuerdo.
El segundo punto del acuerdo refiere que la Cofetel publicará en su página de Internet aquellas poblaciones en las que exista suficiente capacidad de espectro para los posibles concesionarios y permisionarios que estén interesados en llevar a cabo el cambio de frecuencias para operar en la banda de FM.
En el punto cuarto del acuerdo se establece lo siguiente:
I) Referencias de los ingresos, costos y márgenes de la industria por población cubierta las especificaciones técnicas del proyecto, incluidos los programas y compromisos de inversión;
II) El plazo restante de vigencia de la concesión respectiva;
III. El valor del mercado de la publicidad, y
IV. Otros referentes que permitan determinar el valor de una estación de FM.
El lunes 20 de octubre de 2008, la Comisión Federal de Telecomunicaciones publicó en su página de Internet, el cuadro que contiene las poblaciones de la Región I en las que existe suficiente capacidad de espectro para los posibles concesionarios y permisionarios que estén interesados en llevar a cabo el cambio de frecuencias para operar en la banda de FM. Y después de casi 2 meses y medio de haber sido publicado el acuerdo siguen pendientes y desfasadas 5 regiones más.
Por todas éstas consideraciones, el presente punto de acuerdo en primer término, tiene como finalidad que la Cofetel publique y de a conocer el calendario para que los concesionarios y permisionarios de Am de las 5 regiones restantes del país que estén interesados en transitar de la AM a la FM lo hagan de esa forma.
Y segundo, dado que ya están establecidos en el acuerdo los 4 criterios para determinar la contraprestación, exhortar a la Cofetel para que realice la propuesta correspondiente en los términos del acuerdo a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público o en el supuesto de que ya exista, sea determinada y una vez definida se publique.
Lo que se pretende con esta proposición es transparentar estos dos requisitos para que las autoridades competentes establezcan tiempos y contraprestaciones justas, tanto para los empresarios como para el Estado. Toda vez que el espectro radioeléctrico en el cual se transmiten las ondas hertzianas es un bien nacional como lo establece el artículo 3 fracción I de la Ley General de Bienes Nacionales.
No omito manifestar que todo acto administrativo está fundamentado en la Ley Federal del Procedimiento Administrativo, y como se establece en el artículo 3 de la ley relativo a los elementos y requisitos del acto, especialmente en sus fracciones VIII y XI, "todo acto deberá ser expedido sin que medie error sobre el objeto, causa o motivo, o sobre el fin del acto; y sin que medie dolo o violencia en su emisión, respectivamente."
Punto de Acuerdo
Por el que se exhorta al licenciado Héctor Guillermo Osuna Jaime, presidente de la Comisión Federal de Telecomunicaciones, para que con base al acuerdo de fecha 15 de septiembre de 2008 emitido por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por el que se establecen los requisitos para el cambio de frecuencias autorizadas de la banda de amplitud modulada.
Primero. Después de haberse publicado en tiempo y forma de la disponibilidad de frecuencias, en las poblaciones existentes de la Región I del país, se dé a conocer el calendario de publicación de las 5 regiones restantes donde exista suficiente espectro para que los interesados hagan su solicitud de cambio de frecuencia.
Segundo. De tener la propuesta de la contraprestación que deban cubrir los interesados, solicitar a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público informe de los montos determinados por ésta.
Dado en el Palacio Legislativo, a 4 de diciembre de 2008.
Diputado Humberto López Lena Cruz (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A AUTORIZAR A TRAVÉS DE LA SECTUR
EL PAGO EN PARCIALIDADES DE LAS CONTRIBUCIONES Y DE LOS ACCESORIOS DE LAS
EMPRESAS AÉREAS DE BAJO COSTO, A CARGO DEL DIPUTADO ARMANDO GARCÍA
MÉNDEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE ALTERNATIVA
El suscrito, diputado federal Armando García Méndez, del Grupo Parlamentario del Partido Social Demócrata, con fundamento en lo previsto en los artículos 58, 59, 60 y relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito presentar ante esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo, para exhortar a los titulares del Ejecutivo federal y de la Secretaría de Turismo, en los términos del exhorto referido en el párrafo anterior, al tenor de los siguientes
Antecedentes
La nación mexicana desde hace ocho décadas ha ingresado al grupo de países civilizados que hacen uso de la transportación aérea, uso que ha venido aumentando día con día, en beneficio de la ciudadanía, que puede transportarse con mayor rapidez entre lugares distantes o cercanos.
Los precios, aún cuando en algunos casos son altos, se han visto incrementados por la recesión que ahora padecemos, por el alto costo de su operación: aeronaves cada día más modernas, combustibles, altos salarios, pagos por el uso de aeropuertos y tal vez otros veinte conceptos más. Por ello, el precio de los pasajes se ve aumentado y no todos los ciudadanos pueden hacer uso de este importante servicio.
No obstante ello, se han constituido empresas que prestan servicios aéreos, las que a base de reducir costos, pueden ofrecer sus servicios a menor precio. Estas empresas, dan trabajo a más de sesenta mil personas, en forma directa y a veinte mil en forma indirecta.
Pero debido a causas que son conocidas (aumentos en el costo de operación) han suspendido el cumplimiento de sus obligaciones, principalmente con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la que en estricto cumplimiento a sus deberes, y después de haber agotado los recursos del caso, se ha visto en la necesidad de suspender los vuelos de dichas empresas (no obstante de que la Ley de Aviación Civil, no contempla las suspensiones; sólo la terminación y la revocación. Artículos 14 y 15 de dicha ley).
La Comisión de Turismo de esta H. Cámara de Diputados, ha tenido una reunión con el señor subsecretario de Comunicaciones y Transportes y algunos de sus asesores, (24 de noviembre de 2008) quienes nos han informado de las razones que han tenido para suspender las actividades (principalmente los vuelos) de dichas empresas. Sin embargo, se piensa que estas suspensiones de actividades afectan a toda la República Mexicana y a su importante actividad que es el turismo, así como a la ciudadanía, la que en muchos casos, por tales suspensiones de vuelos, se ha "quedado en tierra" a pesar de haber pagado sus pasajes; y no en todos los casos, se les ha facilitado acceder a sus viajes en otras aerolíneas.
Atendiendo a lo anterior y con fundamento precario en lo dispuesto por el artículo 39 fracción I del Código Fiscal de la Federación, que faculta al Ejecutivo federal a autorizar el pago diferido en parcialidades según lo crea conveniente el pago de las contribuciones y sus accesorios que adeuden las compañías aéreas de bajo precio; ya que con la suspensión que en su contra han decretado las autoridades de aviación civil, se está afectando la situación, no sólo de las empresas, sino de la ciudadanía de todas las regiones a las que habían venido dando servicio; la rama de la actividad de la aviación civil así como a la importante industria del turismo (generadora de importantes cantidades de divisas).
Por ello, propongo, que con el carácter de urgente resolución, se pida al titular del Ejecutivo federal, tenga a bien dictar sus respetables órdenes para permitir el pago diferido, en parcialidades, a fin de salvar de la ruina económica, a las citadas empresas, evitar el desempleo y disminuir la actividad turística.
Por las razones expuestas y por las peticiones que he recibido de muchos de mis representados, me permito proponer a esta soberanía, que con carácter de urgente, se envíen a la Presidencia de la República y a la Secretaría de Turismo la proposición que se determina en los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. Que la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, exhorte al titular del Poder Ejecutivo federal, pidiéndole tenga a bien ordenar a la Secretaría de Hacienda o autoridad que corresponda, para que conceda a las aerolíneas conocidas como de bajo precio, las facilidades necesarias para que paguen los adeudos que tengan con el fisco federal, en plazos razonables, previa garantía del interés fiscal, y en consecuencia, se levante, a la brevedad, la suspensión de sus actividades que ha decretado en su contra la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.
Segundo. Que se exhorte atentamente al titular de la Secretaría de Turismo, para que tenga a bien apoyar, ante el Ejecutivo federal, los puntos a que se refiere esta proposición, la cual redundará en beneficio del turismo, generador de divisas.
Diputado Armando García Méndez (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA A LOS CONGRESOS LOCALES A ESTABLECER UNA COMISIÓN DE
ASUNTOS MIGRATORIOS Y, A LOS QUE YA LA TIENEN, A MANTENERLA Y FORTALECERLA,
ASÍ COMO A INSTALAR UNA OFICINA POR ENTIDAD FEDERATIVA QUE ATIENDA
LA POLÍTICA MIGRATORIA, SUSCRITA POR INTEGRANTES DE LA COMISIÓN
DE POBLACIÓN, FRONTERAS Y ASUNTOS MIGRATORIOS
Los suscritos, integrantes de la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración del Pleno de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
La migración en México y Estados Unidos de América es uno de los más grandes y complejos temas de la actualidad. Diariamente cientos de personas intentan, con la esperanza a cuestas, rebasar las fronteras de su patria para construir un sueño en un país nuevo, ajeno y desconocido.
Los problemas estructurales de la economía mexicana, la falta de crecimiento económico, el intenso ritmo del crecimiento demográfico de la población mexicana en edad laboral, la persistente demanda de mano de obra mexicana en los sectores agrícola, industrial y de servicios de la Unión Americana y la diferencia salarial entre los dos países constituyen un fuerte déficit de empleos y una poderosa fuerza de atracción para los jóvenes y los trabajadores mexicanos. Aunado a la participación de la redes sociales y familiares creadas entre los migrantes mexicanos en Estados Unidos de América y las comunidades de origen, facilitan aún más los desplazamientos migratorios.
Aunque las bardas día a día se hacen más grandes, los operativos más frecuentes y más rígidos y la tecnología se perfecciona para contener su avance. Sin embargo, la ley de la oferta y la demanda se impone y los ríos de migrantes latinos en busca de empleo y mejores condiciones de vida no deja de fluir a los Estados Unidos de América.
La oficina del censo de Estados Unidos de América indica que actualmente hay 31.7 millones de hispanos en su territorio –11.7 por ciento de la población total– de los cuales casi 20 millones son de origen mexicano. Por su parte, las autoridades de nuestro país señalan que actualmente los mexicanos representan el 65 por ciento de los 18 millones de latinos en Estados Unidos de América.
Estimaciones del Servicio de Inmigración y Naturalización de Estados Unidos de América señalan que en 2000 había 4.8 millones de indocumentados mexicanos, las del Consejo Nacional de Población registran 3.5 millones y para julio de 2002 había en Estados Unidos de América 8.5 millones de residentes permanentes mexicanos (autorizados y no autorizados).
El Banco Mundial presentó su informe Indicadores del desarrollo mundial, reporte que incluye información de 185 países asociados al banco y donde sitúa a México como el mayor expulsor de trabajadores migrantes del planeta. El informe señala que entre 2000 y 2005 salieron de México 2 millones de personas para buscar trabajo en Estados Unidos de América; en segundo lugar sitúa a China con 1 millón 950 mil; en tercero a Pakistán con 1 millón 810 mil; y muy cerca la India con 1 millón 750 mil personas.
Por otro lado, el documento también refiere que en el mismo periodo la emigración desde los países latinoamericanos fue de 4 millones 12 mil personas, lo que significa que nuestro país aporta el cincuenta por ciento de esa mano de obra migrante.
México comparte con Estados Unidos de América una franja limítrofe de más de 3 mil kilómetros, una de las más dinámicas del mundo, donde ocurren anualmente millones de cruces autorizados.
De acuerdo con información del Consejo Nacional de Población (Conapo), se establece que los indicadores sobre migración a Estados Unidos de América, en cuanto a índice y grado de intensidad migratoria en las 32 entidades federativas, refieren que 5 estados tienen un muy alto grado de intensidad migratoria, 7 tienen un alto grado, 8 con un medio grado de intensidad, 6 con un grado bajo y 6 con un muy bajo grado de intensidad migratoria. Esto significa que ninguna de las 32 entidades federativas escapa al fenómeno migratorio.
De acuerdo con la misma información, los estados con mayor grado de intensidad migratoria son, en estricto orden alfabético, Durango, Guanajuato, Michoacán, Nayarit y Zacatecas, mientras que las entidades federativas con el más bajo grado de intensidad migratoria son Campeche, Chiapas, Distrito Federal, Quintana Roo, Tabasco y Yucatán.
Dicha fuente oficial señala que de los 57 municipios de Zacatecas, 41 tienen un muy alto y alto grado de intensidad migratoria, y solamente 5 tienen un bajo grado de intensidad migratoria. En el caso de Michoacán, se establece que de los 113 municipios 71 tienen un muy alto y alto grado de intensidad migratoria y 8 tienen un bajo grado de intensidad migratoria.
Por otro lado, Guanajuato es uno de los estados con mayor tradición migrante y tiene una historia de más de 100 años en la migración internacional, ya que los primeros que salieron en busca de mejores oportunidades lo hicieron en 1890 con motivo de la construcción del ferrocarril en Chicago, aunque el movimiento más fuerte se produjo durante el programa Bracero de 1942 a 1964. Ese camino lo han seguido Michoacán y Zacatecas con características propias.
Según datos de la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos de América, entre 1998 y 2008 podría acumularse en ese país un excedente de hasta 5 millones de empleos sin trabajadores para ocuparlos, al tiempo que cerca de 57 por ciento de los empleos creados requerirían personal con un modesto entrenamiento y una educación formal por debajo del nivel de preparatoria.
Los especialistas coinciden en que Estados Unidos de América experimenta desde hace tiempo una creciente escasez de fuerza laboral, lo que se identifica con mayor claridad en las ciudades donde los inmigrantes mexicanos se están aglutinando. El crecimiento de esas áreas es más vigoroso que en el resto del país. Basta señalar que solamente en el sur de California se estima la creación de 7 millones de nuevos empleos durante la década de los noventa y la primera del siglo XXI.
Otros estudios indican que para marzo de 2002 había 37.4 millones de latinos en Estados Unidos de América. De esta población, dos terceras partes son de origen mexicano (66.9 por ciento), 14.3 por ciento son de Centro y Sudamérica, 8.6 por ciento de origen puertorriqueño, 3.7 por ciento de origen cubano y el resto 6.5 por ciento de otros países.
También sabemos que por lo que se refiere a la educación, 2 de cada 5 latinos con más de 25 años de edad no han logrado concluir la secundaria; dentro de ese universo, otros hispanos –cubanos, puertorriqueños, centro y sudamericanos– tienen mayor probabilidad de concluir la secundaria que los mexicanos. Preocupa que apenas 7.6 por ciento de los mexicanos han conseguido un grado de licenciatura.
De acuerdo con datos del censo de 2000 de los Estados Unidos de América, los latinos se distribuyen en todas las regiones de Estados Unidos de América, pero específicamente la población de origen mexicano se concentra en cuatro estados: 66 por ciento en California y Texas, seguidos por Arizona e Illinois. Además, es posible identificar que 56 por ciento de la población mexicana está en sólo 10 ciudades de Estados Unidos de América.
Según la Current Population Survey de marzo de 2000, la población de los nacidos en México en 5 áreas metropolitanas se distribuye de la siguiente manera: Los Ángeles, 1 millón 810 mil 202 personas; Chicago, 436 mil 33 personas; Dallas, 345 mil 323; Houston, 304 mil 786; y Fresno, 99 mil 679 personas.
En el mismo sentido, la Encuesta Nacional de Latinos 2002 señala, entre otros datos, que si a los latinos se les pregunta cuál término ellos usarían primero para describirse a sí mismos, poco más de la mitad (54 por ciento) indica que ellos primero se identifican con su país de origen; tienen una gran convicción sobre las oportunidades que ofrece Estados Unidos de América para salir adelante; creen firmemente que ellos deben aprender inglés para ser exitosos; abrumadoramente, dicen que la discriminación contra los latinos es un problema, tanto en escuelas como en lugares de trabajo.
La realidad es que la formación de clubes, asociaciones o casas de migrantes constituye una nueva forma de organización de los migrantes que trabajan o residen en Estados Unidos de América. Las redes sociales de la migración han constituido un capital social y una fuente fundamental para la obtención de empleos, hospedaje y el aprendizaje de las reglas de convivencia en el nuevo país.
A partir de 2000 las relaciones México–Estados Unidos de América han incluido la preocupación por los riesgos de los migrantes en la frontera, por lo que se ha acordado desarrollar un conjunto de acciones binacionales enfocadas a la seguridad y al combate del tráfico de personas y de las organizaciones criminales, mediante un comunicado conjunto sobre negociaciones migratorias entre México y Estados Unidos de América y el plan de acción para la cooperación sobre seguridad fronteriza.
Existen 20 entidades federativas que cuentan con una comisión que atiende asuntos migratorios o fronterizos, por lo que la aspiración del punto de acuerdo es que en los otros 12 Congresos locales se constituya la comisión respectiva y, de esa manera, se fortalezca la política migratoria a nivel nacional y local.
Todas estas cifras y datos nos llevan a la convicción de que es necesario que los Poderes Legislativos federal y locales impulsemos y fortalezcamos una política migratoria a través del establecimiento de una comisión de asuntos migratorios que atienda la dimensión de un problema nacional que es reflejo fiel de la realidad social y económica que se vive en cada uno de los estados, asegurando de esta manera la protección de los derechos humanos de los migrantes, independientemente de su situación jurídica, logrando una migración ordenada, digna y segura, con un enfoque humanista.
Razón por la cual es nuestro interés que en virtud de que ningún estado escapa al fenómeno de la migración, el problema pueda ser atendido con oportunidad desde su origen y causas, mediante la coordinación, colaboración y la responsabilidad compartida de la Secretaría de Gobernación y de los Poderes Legislativos federal y locales.
Por lo anteriormente expuesto, los integrantes de esta Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios que suscribimos, sometemos al Pleno de esta soberanía proposición con
Punto de Acuerdo
Primero. Se exhorta a los Congresos locales a establecer una Comisión de Asuntos Migratorios.
Segundo. Se exhorta a las 32 entidades federativas para que implanten una oficina que atienda la política migratoria.
Tercero. Se exhorta a las legislaturas locales que ya cuentan con una Comisión de Asuntos Migratorios a mantenerla y fortalecerla.
Palacio Legislativo, a 4 de diciembre de 2008.
La Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios
Diputados: Antonio Valladolid
Rodríguez (rúbrica), presidente; Andrés Bermúdez
Viramontes, José Jacques y Medina (rúbrica), José
Edmundo Ramírez Martínez (rúbrica), secretarios; Carlos
Augusto Bracho González, Daniel Chávez García (rúbrica),
Rosaura Virginia Denegre Vaught Ramírez, Elia Hernández Núñez,
Omeheira López Reyna, María Dolores González Sánchez
(rúbrica), Francisco Javier Gudiño Ortiz (rúbrica),
Cruz Pérez Cuellar, José Nicolás Morales ramos (rúbrica),
Silbestre Álvarez Ramón, Alberto Amaro Corona (rúbrica),
Miguel Ángel Arellano Pulido, Joaquín Conrado de los Santos
Molina (rúbrica), Érick López Barriga (rúbrica),
Camerino Eleazar Márquez Madrid, Cuauhtémoc Sandoval Ramírez,
Antonio de Jesús Díaz Athié, Ivette Ramírez
Corral (rúbrica), Guillermina López Balbuena, Isael Villa
Villa, José Luis Aguilera Rico, Irma Piñeyro Arias (rúbrica),
Pascual Bellizza Rosique (rúbrica).
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA A LA SRE Y A LA SEGOB A AGILIZAR LA EXPEDICIÓN DE VISAS
PARA TURISTAS DE PROCEDENCIA BRASILEÑA, A CARGO DE LA DIPUTADA SARA
LATIFE RUIZ CHÁVEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
La suscrita, diputada a la LX Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del PRI, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración del Pleno el siguiente punto de acuerdo al tenor de las siguientes
Consideraciones
En México, la actividad turística presenta reiteradamente un crecimiento significativo que la convierte en la tercera fuente generadora de divisas, tan sólo después de la venta de petróleo y del envío de remesas de personas de origen mexicano desde Estados Unidos. Su exhaustiva diversificación ha generado considerables expectativas en cuanto a su grado de desarrollo, posicionando su consideración como una pieza clave para alcanzar el crecimiento económico a favor de la sociedad
De acuerdo a los últimos datos del Banco de México, el turismo aporta aproximadamente el 8 por ciento del producto interno bruto total1, generando más de 1.8 millones de empleos remunerados. Lo anterior, indica que la actividad cuenta con un gran potencial económico, revelando que es un sector sumamente rentable y que genera grandes retribuciones al país.
Por ejemplo, según cifras reveladas por el IMSS, en 2007 el sector turismo aumentó en 5.6 por ciento el número de trabajadores empleando a más de 2.5 millones de personas. En el mismo año, según revela la cuenta de viajeros internacionales del Banco de México, el ingreso total de divisas generadas por este sector superó los 12 mil 901 millones de dólares, lo cual representa un crecimiento de 5.95 por ciento en comparación a 2006.
A pesar de lo anterior, la grave crisis global provocada por la recesión en la economía estadounidense ha empezado a incidir negativamente en la economía mexicana; los bajísimos precios del petróleo alcanzados actualmente y la proyección para 2009 de la disminución en más del 20 por ciento de las remesas ante la agudización de las tasas de desempleo sitúan a México al igual que otros países de Latinoamérica en una situación de vulnerabilidad económica. Ante este panorama, resulta urgente la implantación rápida y coordinada de políticas públicas que contrarresten los efectos negativos de la recesión y los mercados globales.
A raíz del incremento en el dólar, en materia de turismo, México tiene un claro potencial para ganar participación en el mercado. De esta forma, el país se puede posicionar como una alternativa real de valor mucho más competitivo que otros destinos.
Es imprescindible, en el actual contexto de crisis global poner las circunstancias para que la ubicación del peso mexicano con respecto al dólar estadounidense e incluso al euro puedan ser ventajas comparativas reales para la captación de mercado turístico de internación.
Las proyecciones indican que si logramos hacer que las diversas políticas converjan en apoyo de la actividad turística, en lugar de obstaculizarla, como sucede constantemente, en los próximos años el impacto económico de la actividad en México se verá duplicado. Recibiríamos más de cuarenta millones de turistas, contaríamos con una planta hotelera de más de ochocientos mil cuartos. En el turismo trabajarían cuatro millones de mexicanos y el sector constituiría más del diez por ciento del PIB.
Desafortunadamente en los últimos años el turismo enfrenta obstáculos que impiden explotar el potencial que tiene en su totalidad; uno de ellos se refleja en la política migratoria en donde se ha vuelto común que neguemos o endurezcamos la obtención de visa, o exijamos depósitos en efectivo para dificultar el acceso de turistas procedentes de Latinoamérica. Las autoridades migratorias ven en todo posible visitante latinoamericano a un narcotraficante o a un futuro inmigrante ilegal a los Estados Unidos.
Un ejemplo de ello fue la política migratoria, que a partir de octubre de 2005, que implantó el gobierno federal imponiendo el requisito de visado a ciudadanos procedentes de Brasil, y con ello cancelando el esquema de supresión con el que se operaba desde 2000. Lo anterior, se efectúa bajo políticas rígidas y obsoletas, las cuales han frenado el desarrollo del gran proyecto turístico del mundo Maya, diseñado multilateralmente entre México y Centroamérica.
Para observar lo absurdo que resulta el proceso de obtención del documento, basta mencionar que únicamente, para obtener la ficha, los turistas tienen que esperar cuatro o cinco horas en la calle, por lo que muchos deciden cancelar el trámite y optar por la visita a otro destino turístico como Jamaica y República Dominicana, en donde no existe el requisito de visa y que por su cercanía con México, captan el turismo de internación que nuestro país pierde al imponer sus rígidas políticas de control migratorio.
Para ejemplificar con otro dato lo incoherente que resulta el procedimiento, se les exige a los posibles turistas brasileños que se presenten personalmente en los consulados mexicanos, para imprimir sus huellas digitales, exhibir los boletos de ida y vuelta y esperar un plazo de contestación de mínimo cuatro semanas. Lo anterior, en muchos de los casos implica que el posible visitante de nuestro país, para llegar a serlo tenga que realizar hasta 2 vuelos internos para llegar al Consulado o Embajada Mexicana en su país, aún sin antes saber si le otorgarán o no la visa.
En 2007 la captación del mercado turístico brasileño incrementó en 81 por ciento; en el primer semestre de 2008 incrementó en aproximadamente 30 por ciento comparado con el mismo lapso del año anterior ubicándose dicho mercado en el segundo lugar en el flujo de turistas internacionales de procedencia latinoamericana. Lo anterior demuestra que a pesar de la captación del mercado, éste podría ser mayor si el procedimiento que se impone fuera menos complicado; por lo contrario, repercute negativamente en la captación turística brasileña, beneficiando destinos turísticos que compiten con los de nuestro país.
El endurecimiento del control de los flujos poblacionales y la rigidez con la que opera la obtención de trámites migratorios han derivado en la ineficiencia e incompetencia provocando el debilitamiento de la llamada "industria sin chimeneas", de manera que repercuten significativamente en un segmento que ya estaba posicionado en el turismo mexicano, pero que se pierde al carecer del documento oficial de la visa.
Si bien es cierto que resulta necesario reforzar las políticas de seguridad en nuestro país, las acciones emprendidas para cumplir dicho cometido no deben estar sustentadas en el deterioro de nuestra competitividad turística y en detrimento de las divisas que nos genera. La seguridad nacional debe ser garantizada en un marco de cooperación en política exterior y migratoria, coadyuvando al desarrollo estratégico y económico de México.
En los últimos años, Quintana Roo, estado con inminente liderazgo turístico, ha sido uno de los destinos más afectados por estas políticas que inicialmente fueron implantadas para evitar el creciente tráfico ilegal de personas hacia México.
Es importante mencionar que uno de cada tres turistas que llegan a la República Mexicana visita Quintana Roo. Con una operación aproximada de 73 mil 108 cuartos de hotel la entidad representa cerca del 15 por ciento del mercado hotelero a nivel nacional; otro ejemplo para denotar su liderazgo en turismo es que la ocupación hotelera promedio de Quintana Roo en el 2007 fue del 70 por ciento, figurando 18 puntos por arriba del promedio nacional.
En términos porcentuales, cada cuarto en construcción genera 2.7 empleos directos, y al operarse genera un empleo directo y tres indirectos. De esta manera, la entidad logra colocarse como la entidad con mayor tasa de participación en la actividad económica a nivel nacional con un 68.5 por ciento. Tan sólo comparando las cifras de 2006 a 2007, se observa un incremento en captación de divisas de 27 por ciento.
Lo anterior hace ostensible el progreso significativo de la actividad turística en Quintana Roo, reafirmándose su potencial en cuanto a desarrollo económico se refiere. Aunado a esto y teniendo en cuenta que el estado recibe aproximadamente 10 millones de visitantes, la implantación de una política rígida en materia de migración, presupone la inhibición del turismo internacional lo cual traerá consigo implicaciones negativas no sólo para la región del Caribe Mexicano, sino para todo el país.
Si seguimos imponiendo políticas que obstaculicen el desarrollo turístico, en vez de incentivarlo en pro del desarrollo nacional, nosotros mismos nos pondremos en desventaja con respecto a otros países que han flexibilizado sus políticas en materia migratoria, por lo tanto estaremos perdiendo no sólo competitividad, sino divisas, fuentes de empleo, y por lo tanto oportunidades reales de disminuir los graves rezagos económicos que existen actualmente.
Derivado de lo anterior, es necesario vislumbrar la gran capacidad que el país tiene en materia de turismo, de modo que el desarrollo del sector se convierta en prioridad nacional a partir de la generación de mecanismos y estrategias, y la implantación de políticas que permitan incrementar la captación de turismo de internación y por ende, reflejarse en el desarrollo regional y en el bienestar social.
El turismo, además de ser promovido, debe ser facilitado y atendido como motor económico de nuestras comunidades, de modo que se incremente en oferta de calidad y nos permita incrementar la competitividad que nos posiciona a nivel internacional. Los trámites en materia migratoria lejos de inhibir el turismo de internación, deben ser incentivos y activos con los que podamos atraer mayor cantidad en este mercado.
Por lo anteriormente expuesto someto a la consideración de esta soberanía, el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores y a la Secretaría de Gobernación para que en el uso de sus atribuciones formulen los mecanismos correspondientes e implanten estrategias de simplificación de los trámites y tiempos de resolución con el objetivo de agilizar la expedición de visas a turistas de nacionalidad brasileña que pretenden visitar México.
Palacio Legislativo a 4 de diciembre de 2008.
Diputada Sara Latife Ruiz Chávez (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, SOBRE LA
MODIFICACIÓN DE TARIFAS ELÉCTRICAS DE USO DOMÉSTICO
EN DIVERSOS MUNICIPIOS DE QUINTANA ROO, A CARGO DE LA DIPUTADA SARA LATIFE
RUIZ CHÁVEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
La suscrita, Sara Latife Ruiz Chávez, diputada por el estado de Quintana Roo e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LX Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta ante esta soberanía proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
La energía eléctrica se ha convertido en elemento imprescindible para el desarrollo del ser humano en sociedad y, en consecuencia, para la mayoría de las actividades que generan progreso y desarrollo, pues representa un insumo básico para incrementar la calidad de vida de la población.
Factores en la energía eléctrica como la calidad y el precio inciden directamente en el bienestar y el ingreso de las familias, debido al consumo de uso doméstico, y en la generación de empleos por su efecto en las decisiones de inversión. Así lo demuestran los indicadores del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) relacionados con la manera en que se distribuyen los gastos.
Quintana Roo presenta condiciones climáticas muy extremas; las elevadas temperaturas y niveles de humedad en algunas regiones hacen obligatorio el uso permanente de sistemas de ventilación y enfriamiento, lo cual trae como consecuencia mayor consumo de electricidad y, por ende, mayor gasto en ésta.
Lo anterior es preocupante considerando también la situación económica actual, en la que las tasas de desempleo e inflación se han incrementado notablemente en los últimos años y que el pago de energía eléctrica representa aproximadamente 12 por ciento del gasto corriente monetario de los hogares mexicanos más pobres, según la Encuesta Ingreso-Gasto de 2006 realizada por el Inegi. En 1996, los hogares más pobres del país gastaban en energéticos el equivalente a 10.6 por ciento del ingreso, en tanto que los ricos destinaban 2.8.
De acuerdo con el citado estudio del Inegi, tan sólo el pago total en electricidad del primer decil fue el doble del gasto en huevo a escala nacional y 84 por ciento de la leche consumida en México para ese decil.
En los últimos años, el poder adquisitivo de la población se ha deteriorado aproximadamente en 22 por ciento. De hecho, estudios vigentes revelan que los ingresos que reciben los asalariados no les permiten cubrir ni la quinta parte del costo de los insumos básicos que requieren para tener una vida digna. Por ejemplo, entre 1996 y 2006 el salario mínimo en México tuvo un aumento de 130.7 por ciento, al tiempo que las tarifas eléctricas residenciales crecieron 221 por ciento.
Aunado a lo anterior, es pertinente tomar en cuenta el alto precio de las tarifas industriales tanto en gas como en electricidad que, en consecuencia, incrementan los costos de producción de las empresas, colocándolas en una situación real de desventaja competitiva. Muestra de ello han sido los incrementos reflejados de 1999 a 2006, donde los industriales nacionales enfrentaron alzas de 120 por ciento, superando el 37 por ciento que se tuvo en Estados Unidos, según datos revelados por la Confederación de Cámaras Industriales. Lo anterior afecta los bolsillos de la población, que sufre finalmente las consecuencias.
Las tarifas eléctricas trascienden de forma directa en el comportamiento general de los precios de los bienes y de los servicios. Repercuten asimismo en la vida social y en la actividad económica.
Actualmente hay seis categorías de subsidios: 1A, 1B, 1C, 1D, 1E y 1F. Esta última es la más pronunciada. En Quintana Roo, los municipios de Benito Juárez, Cozumel, Lázaro Cárdenas, Solidaridad y Tulum presentan una clasificación de tarifa de 1B.
Las disposiciones actuales implican que, en esa clasificación de tarifa, se subsidia un consumo de electricidad de 225 kilovatios por hora (kwh), como máximo mensual. Lo anterior implica en términos descifrables que un kilovatio hora cuesta centavos y el excedente se cobra a 2 pesos –que es el precio real de la tarifa sin subsidio–. Esto, en consecuencia, resulta incoherente para los municipios donde la mayor parte del año se someten a temperaturas muy elevadas y el consumo en energía eléctrica aumenta notablemente.
Es inaplazable que los municipios mencionados se reclasifiquen en la tarifa 1D, ya que ésta permite un subsidio mayor, lo cual beneficia el gasto que implica el consumo de energía para regiones que lo requieren por las indicadas condiciones climáticas.
De esa forma, el costo de las tarifas eléctricas de uso doméstico disminuirá al aumentarse el subsidio. Lo anterior debe aplicarse en las localidades que registran temperaturas muy altas, considerando, como se ha mencionado, que hay mayor consumo de energía eléctrica dadas las condiciones extremas del clima.
La presente proposición evidencia la paradoja existente entre las altas temperaturas de algunos municipios del estado y su discordancia con los argumentos para fijar las tarifas eléctricas vigentes que han afectado a la población. Los límites que establecen las tarifas vigentes para el alto consumo doméstico dejan a la mayoría de la población fuera del alcance de sistemas de enfriamiento y ventilación. Esta situación, tomando en cuenta las reiteradas y elevadas temperaturas, sin duda surte efectos negativos en las actividades económicas de los municipios de la entidad y, por ende, en la calidad de vida de la población.
Por lo que se ha expresado, resulta urgente reclasificar las tarifas de tal modo que los usuarios obtengan beneficios en su aplicación. Esto posibilitaría la aceleración del sector comercial e industrial, la cual –se ha comprobado– genera bienestar social al promover las cadenas productivas y que está en riesgo de cesar sus funciones operativas. De lo contrario, la situación generaría falta de competitividad, crecimiento de las tasas de desempleo e implicaciones negativas en el bienestar en la población.
En razón de lo expuesto, someto a consideración del Pleno el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal a instruir, en el ámbito de sus atribuciones, a los titulares de la Comisión Federal de Electricidad y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a fin de que se reclasifiquen de inmediato a 1D las tarifas eléctricas que se aplican en Benito Juárez, Cozumel, Solidaridad, Tulum y Lázaro Cárdenas, Quintana Roo, y con ello incidir de manera positiva en el mejoramiento y el fortalecimiento de las economías domésticas que habitan en los municipios señalados.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de diciembre de 2008.
Diputada Sara Latife Ruiz Chávez (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA A LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS SALARIOS MÍNIMOS
A HOMOLOGAR ÉSTOS EN LAS DIFERENTES ZONAS GEOGRÁFICAS, A
CARGO DE LA DIPUTADA SARA LATIFE RUIZ CHÁVEZ Y SUSCRITA POR DIVERSOS
INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
Los suscritos, diputados a la LX Legislatura del Congreso de la Unión, integrantes del Grupo Parlamentario del PRI, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a la consideración del Pleno el siguiente punto de acuerdo, con carácter de urgente y obvia resolución al tenor de las siguientes
Consideraciones
En el país el salario mínimo debe entenderse como el monto mínimo de dinero que se paga a un trabajador por la prestación de un servicio, de tal manera, que pueda cubrir sus necesidades básicas y las de su familia, a la luz de las condiciones económicas y sociales existentes.
Desafortunadamente en los últimos años, el poder adquisitivo del salario mínimo se ha desplomado aproximadamente en un 22 por ciento. Las políticas implementadas por el gobierno federal han sido insuficientes y los ingresos de los trabajadores no cubren ni la quinta parte de los insumos básicos que requieren para tener una vida digna.
Tan sólo hay que observar el ridículo incremento al salario mínimo de los últimos años; en el año 2001 el aumento fue de 6.99 por ciento, disminuyendo año con año hasta llegar al actual, en el que el incremento fue de tan sólo un 4 por ciento, lo cual demuestra una clara tendencia a la baja.
¿Cómo es posible, que de acuerdo a la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, una persona de la zona geográfica A pueda mantenerse y mantener a su familia con un salario de al menos 52.59 pesos diarios?, y qué decir de los trabajadores de las zonas B y C que perciben salarios aún más bajos.
Es irrisorio cómo puede subsistir un trabajador con esos sueldos comparado con nuestro vecino del norte, en donde los trabajadores ganan en un día laboral de 8 horas, lo que aquí en poco más de una semana, y más aún, cuando en éste último octubre se registró un aumento en el Índice de Precios al Consumidor en 0.68 por ciento, para ubicar así su tasa anual en 5.78 por ciento.
Tal parece, que nuestras autoridades en materia laboral traen una venda en los ojos que no les permite observar que dada la pérdida del poder adquisitivo que ha experimentado el salario en nuestro país, sería necesario un aumento de 300 por ciento, ya que se requieren cuando menos, cuatro salarios mínimos para adquirir una canasta alimentaria indispensable de apenas 40 productos.
Cabe señalar, que en México el salario mínimo en la actualidad alcanza para adquirir apenas 16 por ciento de lo que un trabajador podía comprar hace 20 años con el mismo sueldo, siendo la remuneración con mayor deterioro de toda América Latina.
Es lamentable vislumbrar, cómo el poder adquisitivo del salario en México esté por debajo del de Taiwán, Brasil o Argentina, y que de acuerdo con un reciente estudio de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, "más de 24 millones de trabajadores en México se encuentran en situación de pobreza, ya que se emplean hasta por dos salarios mínimos y sin ninguna prestación de ley".
Asimismo, estadísticas de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, muestran que México se encuentra hoy entre los países de América Latina en que más drásticamente se han reducido los niveles de los salarios mínimos, además, de que la mitad de la población económicamente activa se emplea en el sector informal.
La erosión salarial, refiere la OIT, se manifiesta en el sueldo por hora de un trabajador manufacturero mexicano, que equivale a 1.51 dólares, mientras que en Alemania ese ingreso es 21.11 veces superior; en Japón 15.67; en Francia, 12.81; en Estados Unidos, 11.39; en Italia, 10.91; en Corea del Sur, 4.90; en Taiwán, 3.85; en Brasil, 2.83, y en Argentina, 1.11 veces más
La crisis financiera que se vive en el mundo, nos obliga a buscar alternativas que brinden un mejor salario a nuestros trabajadores, ya que de no hacerlo, estaremos abriendo aún más la brecha entre la desigualdad social, hundiendo en la miseria a millones de familias trabajadoras que día con día luchan por conseguir una mejor condición de vida.
Compañeras y compañeros legisladores, no debemos tomar las cosas a la ligera; el problema ya está tocando la puerta de millones de hogares mexicanos, y la responsabilidad de atender sus demandas está en nuestras manos y es tarea de todos.
Los legisladores del Revolucionario Institucional no claudicaremos hasta no dar una mayor igualdad y mejores condiciones de vida a los trabajadores. Por ello, exigimos al Ejecutivo federal, a través de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, incremente el monto de los salarios en igualdad con los aumentos a los precios de los bienes y servicios, y en este sentido, homologar las zonas geográficas de los salarios, ya que en el país no existen mexicanos de primera, segunda y tercera clase.
Señores diputados, es tiempo que volvamos la mirada nuevamente a las causas sociales, la crisis que enfrentan las familias mexicanas es lacerante. No podemos seguir permitiendo, que la que terminen pagando los platos rotos sea la gente que menos tiene. Por ello, desde esta tribuna solicito a todos los grupos parlamentarios apoyemos este punto de acuerdo, en aras de que los trabajadores reciban un salario más justo y ecuánime con la situación económica del país.
Por lo anteriormente expuesto sometemos a la consideración de esta soberanía, como de urgente y obvia resolución el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta al titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, para que en el ámbito de sus atribuciones instruya a la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, a fin de incrementar y homologar los salarios en las diferentes zonas geográficas, y con ello, proporcionar una mejoría sustancial en el poder adquisitivo de las familias mexicanas, en aras de mejorar sus condiciones de vida.
Dado en el Palacio Legislativo, a 4 de diciembre de 2008.
Diputados: Sara Latife Ruiz Chávez, Mayra
Gisela Peñuelas Acuña, Leticia Herrera Ale, Jesús
Alcántara Núñez (rúbricas).
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA A REDISEÑAR
POLÍTICAS PÚBLICAS PARA REACTIVAR LA PRODUCCIÓN Y
LA INVERSIÓN EN LA EXPLOTACIÓN DE CAOLÍN EN VERACRUZ,
SUSCRITA POR LOS DIPUTADOS MARÍA DEL CARMEN PINETE VARGAS Y CARLOS
ROJAS GUTIÉRREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
Los suscritos, María del Carmen Pinete Vargas, y Carlos Rojas Gutiérrez, diputados federales de la LX Legislatura e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Economía a que instrumente el rediseño de políticas públicas urgentes, a fin de reactivar la producción y la inversión en la explotación del mineral caolín en Veracruz, al tenor de los siguientes
Considerandos
1. Es por todos conocido que la minería es una de las actividades económicas de mayor importancia, ya que con ello se logra impulsar las diversas ramas de la industria que generan los insumos y productos requeridos para consolidar el desarrollo y la competitividad en nuestro país.
2. El caolín es un silicato de aluminio hidratado, que como producto se refiere a arcillas en las que predomina el mineral caolinita y que se extrae de los yacimientos que se encuentran principalmente en los estados de Veracruz, Michoacán, Guanajuato y Chihuahua.
3. El caolín tiene propiedades importantes como su blancura, su inercia ante agentes químicos, es inodoro, aislante eléctrico, moldeable y de fácil extrusión; resiste altas temperaturas, no es tóxico ni abrasivo y tiene elevada refractariedad y facilidad de dispersión; se utiliza en las industrias del papel, pintura, caucho, plásticos, farmacéutica, construcción y cerámica, entre otros.
4. La producción de caolín en México en el 2006 alcanzó 962 mil toneladas, por lo que su presencia en el mercado mundial es importante, pero no suficiente, ya que en ese mismo año la balanza comercial del caolín es deficitaria, porque mientras las exportaciones fueron de 262 mil dólares, las importaciones fueron de 58 millones de dólares.
5. Si bien es cierto que el gobierno federal ha venido atendiendo el sector por medio del Fideicomiso de Fomento Minero, como entidad paraestatal e instrumento de la Secretaría de Economía, a través de la Coordinación General de Minería, que promueve el fortalecimiento e integración del sector minero y sus cadenas productivas, también lo es que dicho esfuerzo es insuficiente, por lo que considero indispensable renovar el desarrollo de la economía nacional para la inversión, ya que de otra manera seguiremos postergando el justo deseo de que todos vivamos mejor.
6. Es urgente reactivar la inversión y comercialización de caolín en todas las regiones productoras del país, y de manera particular en Veracruz, ya que los yacimientos se encuentran en ejidos de Carbonero Jacales y Palo Bendito, principalmente, del Municipio de Huayacocotla, en la parte alta de la Huasteca del estado, donde la población requiere ingresos suficientes para hacer frente a su situación de pobreza.
7. Es necesario que la Secretaría de Economía atienda este respetuoso exhorto y note que el caolín es un producto que tiene amplia importancia y presencia en los mercados, por lo que su producción permitirá abonar el camino para dar certidumbre a otros sectores importantes y fortalecer la economía nacional, que atraviesa por circunstancias complejas, generar empleo y arraigo de las familias en la región.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, presento a la consideración de esta honorable soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, para quedar como sigue:
Único. Se exhorta a la Secretaría de Economía a que instrumente el rediseño de políticas públicas urgentes, a fin de reactivar la producción y la inversión en la explotación del caolín en Veracruz.
Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de diciembre de 2008.
Diputados: María del Carmen Pinete Vargas,
Carlos Rojas Gutiérrez (rúbrica).
El cáncer pulmonar es una de las causas principales de muerte en el mundo, y uno de los cánceres que con mayor facilidad podrían prevenirse. En noviembre se conmemoró el Mes Mundial del Cáncer de Pulmón, un lapso dedicado a reflexionar sobre las necesidades de quienes padecen esta en enfermedad y a honrar a los que han trabajado en beneficio de la comunidad.
En el país, el cáncer de pulmón ocupa el primer lugar en índice de mortalidad por tumores malignos y es uno de los más agresivos que se presentan en la población. Actualmente, se diagnostican casi 9 mil casos de pacientes con cáncer de pulmón, cuya mayoría se presenta en hombres en edad reproductiva. Los estados con mayor índice de mortalidad son Baja California Sur, Sinaloa, Sonora y Chihuahua; el sexo masculino es el más afectado por mortalidad.
De acuerdo con un estudio de la Secretaría de Salud, la atención de un paciente con cáncer de pulmón* cuesta alrededor de 54 mil 473 pesos anuales en consulta y 107 mil 520 anuales en etapas avanzadas.
De ahí la importancia de tratar de confirmar y diagnosticar cuanto antes al paciente. Sin embargo, debido a que los síntomas del cáncer de pulmón a menudo no se manifiestan hasta que la enfermedad está avanzada, solamente 15 por ciento de los casos se detecta en etapas iniciales.
De los casos de cáncer de pulmón, 90 por ciento se origina por el humo del cigarro, y 10 por ciento es causado por exposición ocupacional al alquitrán, hollín y metales de la construcción, como sílice y asbesto, a radiación, contaminación ambiental y contaminación del aire en los hogares.
El cáncer de pulmón es de los más agresivos si consideramos que reduce el tiempo de vida y afecta gravemente la calidad de la persona al provocar incapacidad y daño psicológico por las concepciones culturales asociadas con este padecimiento.
Un paciente con cáncer de pulmón vive una serie de cambios físicos que provocan reacciones psicológicas como ira, ansiedad, depresión, culpa, negación, estrés, desesperanza, aislamiento. Entre éstas, la más representativa es la culpa, debido a que se asocia al tabaquismo.
Para contar con un diagnóstico oportuno se recomienda a quienes hayan sido o sean fumadores y que presenten tos matutina y flemas que se realicen los exámenes de diagnóstico. Y mucho más si cuentan con tos persistente, expectoración, sangrado en las vías respiratorias, incomodidad torácica o dolor, falta de energía y pérdida de peso.
Es primordial que, como parte de nuestro ejercicio como legisladores, apoyemos en la divulgación de datos sobre esta enfermedad y participemos en la búsqueda de soluciones que permitan disminuir el efecto en la población.
Nota
* http://www.cofemermir.gob.mx/uploadtests/5151.66.59.2.COSTOS_ARTICULO%20CASOSTIPO%20(C)%20INSP.doc
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de diciembre de 2008.
Diputado Daniel Dehesa Mora (rúbrica)