Gaceta Parlamentaria, año XI, número 2482-III, jueves 10 de abril de 2008

Dictámenes

De la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Personas con Discapacidad

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, fue turnada para su análisis y dictamen correspondiente, la minuta con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de las Personas con Discapacidad.

Esta comisión, con fundamento en los artículos 72 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; en los artículos 39 y 45 numeral 6, incisos e) y f) y numeral 7 de la ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 56, 57, 60, 63, 87, 88, 93 y 94 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y habiendo analizado el contenido de la minuta de referencia, somete a la consideración de esta honorable asamblea el presente dictamen, al tenor de los siguientes:

Antecedentes

Primero. Con fecha 26 de abril de 2007, los senadores de la república Guillermo Tamborrel Suárez y Ernesto Saro Boardman, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentaron iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de las Personas con Discapacidad.

Segundo. Con esa misma fecha, la Presidencia de la mesa Directiva de la Cámara de Senadores, turno la iniciativa a las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables y Estudios Legislativos, Primera.

Tercero. Con fecha 13 de diciembre de 2007, se sometió a consideración del Pleno de la Cámara de Senadores el proyecto correspondiente siendo aprobado por 107 votos a favor.

Cuarto. Que en sesión de fecha 1 de febrero de 2008, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, recibió la respectiva minuta, dictando el siguiente trámite: “túrnese a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables”.

Con base en los antecedentes expuestos, los integrantes de esta comisión hacemos de su conocimiento el siguiente:

Contenido de la minuta

1. El objeto de la reforma de los senadores de la república Guillermo Tamborrel Suárez y Ernesto Saro Boardman es cambiar el término “equiparación” por el de “igualdad” dentro de los artículos 1, 2 fracción V, 5 inciso C, y 30 fracción II; además pretende modificar los textos actuales del artículo 5 inciso E; asimismo, dentro del artículo 5 de la Ley General de las Personas con Discapacidad, argumenta que es latente la necesidad que se tiene de agregar un inciso I, el cual contendría el principio de “la no discriminación” que fue establecido en la Convención sobre los Derechos de la Personas con Discapacidad.

Finalmente, la iniciativa propone agregar un primer párrafo al artículo 11 de la Ley General de las Personas con Discapacidad, el cual establece la obligación que tiene el Estado mexicano de brindarles a las personas con discapacidad información sobre las ayudas técnicas, tecnológicas y de asistencia que la misma ley les otorga, recorriendo los actuales primero y segundo párrafos para ser los párrafos segundo y tercero.

2. Esta reforma tiene como finalidad corregir y homologar algunos términos que son utilizados actualmente por instrumentos internacionales, es el caso de la Convención sobre los Derechos de las personas con Discapacidad adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en diciembre de 2006, así como la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las Personas con Discapacidad, documento que fue firmado y aprobado en términos del artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y las Normas Uniformes sobre la Igualdad de Oportunidades de las Personas con Discapacidad a los utilizados en la Ley General de las Personas con Discapacidad.

Consideraciones

I. La Comisión de Atención a Grupos Vulnerables estima que las valoraciones hechas por la colegisladora en la minuta remitida para su análisis, resultan de especial trascendencia para lograr la armonización legislativa, conforme a los parámetros establecidos del ordenamiento internacional los cuales México a suscrito y ratificado en la materia.

II. En México, se estima que un 9 por ciento del total de la población padece algún tipo de discapacidad, lo que obliga al Estado mexicano a diseñar y articular políticas públicas que busquen lograr condiciones de igualdad de oportunidades y desarrollo para ese sector de población frente a los demás, por lo que México, retomando una idea de Italia, propuso en 2001 a la Organización de las Naciones Unidas, la creación de una Convención amplia e integral que protegiera los derechos de las personas con discapacidad, la cual fue adoptada el pasado 13 de diciembre de 2006 por la Asamblea General de Naciones Unidas, siendo suscrita por el Estado mexicano y actualmente en análisis para su aprobación en las Comisiones de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales y la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, estableciéndose como un instrumento que prevé entre otras cosas, una serie de principios y medidas a cuyo cumplimiento se comprometen los Estados Parte y busca propiciar la creación de condiciones para lograr una plena integración de las personas con discapacidad a la sociedad, en asuntos políticos, jurídicos, civiles y laborales de nuestro Estado.

III. Es necesaria una adecuación de los instrumentos internacionales, se requiere comenzar por reformar aquellos principios de la ley actual, de la cual emanan las políticas públicas y acciones en favor de las personas con discapacidad, para armonizarlos a estos instrumentos, pues sobre ese respecto debemos recordar que en materia de discapacidad existen, además de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, instrumentos que han sido aprobados por el Estado mexicano y que consagran derechos a favor de las personas con discapacidad, entre los cuales se encuentra la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad, cuyo depositario es la Organización de los Estados Americanos, además de otros documentos que si bien no tienen fuerza vinculatoria, sí conllevan un gran compromiso ético y moral en cuanto a la necesidad de implantar su contenido a favor de ese sector de población, es el caso de las Normas Uniformes sobre la Igualdad de Oportunidades de las Personas con Discapacidad, las cuales inclusive, han sido parte de la inspiración de la Ley General sobre la cual se proponen las presentes reformas.

IV. La intención de modificar el artículo 1, la fracción V del artículo 2, el artículo 5 inciso C, y el artículo 30 fracción II de la Ley General de las Personas con Discapacidad, para cambiar el término de equiparación por el término igualdad , tiene como fundamento la propia naturaleza de las palabras equiparación e igualdad , pues según su propia definición la equiparación implica considerar a alguien o algo igual o equivalente a otras personas (aunque precisamente no lo sean), mientras que la igualdad implica la conformidad de algo con otra cosa en cantidad, en naturaleza, forma, calidad o cantidad, es decir idéntico, sin términos medios, recordando entonces que la igualdad propiamente utilizada no acepta términos medios, siendo impropio hablar y utilizar expresiones como que algo es “más o menos igual” o “casi igual”, pues las circunstancias de algo, sea “más o menos” o “casi”, significa que los elementos a comparar ya no fueron iguales.

Bajo ese orden de ideas, se establece que la equiparación a la que se refiere el párrafo anterior, puede ser considerado un eufemismo en el sentido de pretender hablar de equiparar algo, cuando el espíritu precisamente de un marco jurídico garantista y fundamental, que también emana de nuestra Carta Magna y de los instrumentos internacionales aludidos, no es otro sino la igualdad de derechos, y por consiguiente la igualdad de oportunidades en todos los ámbitos y no la equiparación de unos u otros, pues ello podría implicar saber, reconocer y establecer de entrada, una limitante a los derechos de las personas con discapacidad y pretender darles algo parecido ante la imposibilidad de otorgarles lo mismo que a los demás, máxime cuando hablamos de derechos y nuestro propio régimen jurídico reconoce las diferencias de las personas pero los dota de los mismos derechos en todos los sentidos.

La modificación del artículo 5 de la Ley General de las Personas con Discapacidad, va encaminada en el mismo sentido que las mencionadas en el apartado anterior sobre cambiar el término de equiparación por igualdad en el inciso C del citado artículo, considerando que es más justo hablar de una igualdad entre todos los seres humanos, que hablar de una equiparación , además esta comisión reitera los argumentos que fueron vertidos anteriormente y mismos que se tienen por reproducidos en obvio de repeticiones para la modificación aludida.

V. Con el propósito de establecer medularmente el aspecto al cual se refieren los principios que deben observar las políticas públicas, es necesario incluir los principios de autonomía individual, de libertad de tomar las propias decisiones y de la independencia de las personas con discapacidad , tomando en cuenta que al adicionar el término autonomía , se tendrán que diseñar las medidas encaminadas a lograr que las personas con discapacidad puedan alcanzar precisamente su autonomía e independencia, esto visto desde el punto de vista más amplio, es decir en cuanto a su libre acceso en diversos entornos físicos y decisorios de su vida, sin dejar de advertir que existen modalidades encaminadas a proteger y salvaguardar los derechos de las personas con discapacidad como lo son la “tutela y curatela”, en los casos de las personas que presentan discapacidad intelectual profunda y se encuentran sujetas a interdicción.

VI. Uno de los principios fundamentales es el relativo a la “no-discriminación” aunque el Estado mexicano en los últimos años no ha cesado en la lucha contra este fenómeno social, se estima necesario precisar este principio en la propia Ley General, el cual debe ser entendido y establecido de manera aislada al resto de anteriores, pues a pesar que existen algunos similares como el relativo al respeto y dignidad de la persona humana, la falta de este último no significa siempre un acto de discriminación, pues a manera de ejemplo, podemos ver que una discriminación siempre será un menoscabo a la dignidad, pero un menoscabo a la dignidad no siempre significará un acto discriminatorio, tal es el caso de las calumnias e injurias; es por ello que la propuesta prevé la necesidad de dejar en claro los aspectos que deben cuidar las políticas públicas a que se refiere la ley, pues lo importante es no dejar resquicio alguno por donde se pueda dar lugar a un acto nocivo o perjudicial para las personas con discapacidad.

VII. Es importante mencionar que debe de existir una uniformidad de la terminología nacional conforme a los criterios internacionales, ya que aún existen algunas equivocadas en las disposiciones del ordenamiento nacional, por lo que es importante que se unifique el criterio de llamar quienes presenten alguna discapacidad como personas con discapacidad ; término convenido conforme a la resolución del undécimo periodo de sesiones del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas en el año de 1994.

VIII. Respecto a las consideraciones expuestas por los promoventes en lo referente a la iniciativa con proyecto de decreto materia de este dictamen, los integrantes de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables se congratulan que cada vez con mayor frecuencia ha ido tomando relevancia el tema de los derechos de las personas con discapacidad, y hace suya la necesidad que se tiene de abordar desde una perspectiva de los derechos humanos, debido a que el diseño de las políticas no debe de iniciar a partir de una equiparación como ha sido hasta entonces, sino de una igualdad entre los individuos, por lo que se deben tutelar los derechos humanos de estas personas a través de la realización de políticas públicas que entiendan a la discapacidad como parte de la diversidad y la condición humana, y que se alejen de la perspectiva de buscar la equiparación cuando lo que se demanda por la sociedad es precisamente una plena igualdad en los derechos y oportunidades, pues los últimos instrumentos internacionales aun cuando se encuentran en proceso de aprobación en órganos legislativos así lo mencionan.

Esta comisión reconoce que la discapacidad es un concepto que evoluciona y es generado por deficiencias físicas, mentales, intelectuales y sensoriales; tales como ceguera, sordera, deterioro de la movilidad y deficiencias en el desarrollo, tomando en cuenta que algunas personas tienen más de una forma de discapacidad y reconociendo que todas las personas en algún momento de nuestras vidas podríamos llegar a tener alguna discapacidad debido a lesiones físicas, enfermedades o envejecimiento, ante ello el Estado mexicano está obligado a introducir medidas destinadas a promover los derechos de las personas con discapacidad, a luchar contra la discriminación, y a generar condiciones necesarias para ello, además deberán ser acordes a una legislación antidiscriminatoria, pues tendrán que tomarlas en cuenta para la aprobación de nuevos programas o políticas, y deberán procurar la prestación de servicios, proporcionar bienes y crear infraestructuras accesibles para las personas con discapacidad.

IX. En cuanto a lo establecido por los proponentes en el artículo único transitorio, referente a que el presente decreto entrará en vigor 90 días después de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, estas dictaminadoras estiman conveniente el plazo otorgado a las autoridades tanto para homologar la Ley General de las Personas con Discapacidad con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad como para que el Estado provea aquellos elementos necesarios para dar a conocer sus derechos a las personas con discapacidad sin importar la discapacidad que éstos presenten.

X. Esta dictaminadora establece la necesidad que se tiene de ubicar a las personas con discapacidad en un marco integral de derechos humanos, formulando políticas nacionales e internacionales alejadas del asistencialismo clientelar que las ha caracterizado, y en contrario se enfoquen en una visión integral de derechos humanos para las personas con discapacidad, ya que sólo así se concebirá y respetará la diversidad existente dentro de diferentes tipos de discapacidad y las circunstancias específicas en que viven éstas, por lo que se concluye que únicamente a través de esta visión integral se concebirán en igualdad de condiciones los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales de las personas con discapacidad y podrán ser vistas como titulares del derecho, sea al trabajo, a la educación, a la salud o cualquier otro.

Para la creación de estas políticas nacionales es necesario crear una base fidedigna en materia de discapacidad, con las características correspondientes a cada una de las regiones del país y a las personas con discapacidad que viven en ellas, ya que sólo conociendo el número cierto de las personas con discapacidad se podrán elaborar medidas y acciones que satisfagan sus necesidades, además que se necesita una visión que contemple la diversidad en la discapacidad, es decir, que no lo contemple como un grupo homogéneo debido a que éste es el gran problema para la eficacia de las políticas públicas, pues nunca se aplican medidas especiales para los diferentes tipos de discapacidad existentes.

Por lo anterior expuesto, los integrantes de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables y para los efectos del artículo 72, inciso a) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, someten a la consideración del Pleno de esta honorable asamblea el siguiente proyecto de

Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de las Personas con Discapacidad

Artículo Único. Se reforman el primer párrafo del artículo 1, la fracción V del artículo 2, los incisos c), e), f), g) y h) del artículo 5, la fracción II del artículo 30 y se adicionan un inciso i) al artículo 5 y un primer párrafo al artículo 11, recorriéndose los actuales para pasar a ser los párrafos segundo y tercero, todos de la Ley General de las Personas con Discapacidad, para quedar como sigue:

Artículo 1. Las disposiciones de esta ley son de orden público, de interés social y de observancia general en los Estados Unidos Mexicanos. Su objeto es establecer las bases que permitan la plena inclusión de las personas con discapacidad, dentro de un marco de igualdad en todos los ámbitos de la vida.

...

Artículo 2. Para los efectos de esta ley se entenderá por:

I. a IV. ...

V. Igualdad de oportunidades. Proceso de adecuaciones, ajustes y mejoras necesarias en el entorno jurídico, social, cultural y de bienes y servicios, que faciliten a las personas con discapacidad una integración, convivencia y participación, con las mismas oportunidades y posibilidades que el resto de la población.

VI. a XIV. ...

Artículo 5. Los principios que deberán observar las políticas públicas en la materia, son:

a) La equidad;

b) La justicia social;

c) La igualdad, incluida la igualdad de oportunidades;

d) El respeto por la diferencia;

e) El respeto a la dignidad y a la autonomía individual, incluida la libertad de tomar las propias decisiones y la independencia de las personas con discapacidad;

f) La integración a través de la participación e inclusión plenas y efectivas en la sociedad;

g) El reconocimiento y la aceptación de la discapacidad como parte de la diversidad y la condición humanas;

h) La accesibilidad, y

i) La no discriminación.

Artículo 11. Las personas con discapacidad tienen derecho a recibir información acerca de las ayudas técnicas a la movilidad, de aquellos dispositivos técnicos y tecnologías de apoyo, incluidas nuevas tecnologías, así como cualquier forma de asistencia y servicios e instalaciones de apoyo. En cumplimiento de este derecho se establecerán instrumentos y diseñarán políticas públicas a fin de que las personas con discapacidad estén orientadas en el ejercicio de tal derecho.

...

Artículo 30. El Consejo tendrá las siguientes atribuciones:

I. ...

II. Promover acciones que fomenten la igualdad de las personas con discapacidad;

III. a XVIII. ...

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor 90 días después al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en la Sala de Juntas de la Comisión, a los 26 días del mes de marzo del año 2008.

La Comisión de Atención a Grupos Vulnerables

Diputados: María Esperanza Morelos Borja (rúbrica), Marcela Cuen Garibi (rúbrica), Laura Angélica Rojas Hernández (rúbrica), David Sánchez Camacho (rúbrica), Eduardo Elías Espinosa Abuxapqui, Irene Aragón Castillo, Carlos Augusto Bracho González (rúbrica), Arnulfo Elías Cordero Alfonzo (rúbrica), Silvia Emilia Degante Romero, María Victoria Gutiérrez Lagunas (rúbrica), Juana Leticia Herrera Ale, María Esther Jiménez Ramos (rúbrica), Rubí Laura López Silva (rúbrica), Marisol Mora Cuevas (rúbrica), María del Carmen Pinete Vargas, Jorge Quintero Bello (rúbrica), Mirna Cecilia Rincón Vargas (rúbrica), Adriana Rodríguez Vizcarra Velázquez (rúbrica), José Antonio Saavedra Coronel (rúbrica), Martha Angélica Tagle Martínez (rúbrica), Mario Vallejo Estévez (rúbrica), Martín Zepeda Hernández (rúbrica).

De la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de las Leyes de Asistencia Social, de Desarrollo Rural Sustentable, de Fomento para la Lectura y el Libro, del Impuesto sobre la Renta, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, Federal de Derechos, General de Asentamientos Humanos, General de Cultura Física y Deporte, y General de Salud

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables de la Cámara de Diputados, perteneciente a la LX Legislatura, le fue turnada para su estudio, análisis y dictamen la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de las Leyes de Asistencia Social, de Desarrollo Rural Sustentable, de Fomento para la Lectura del Libro, del Impuesto sobre la Renta, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, Federal de Derechos, General de Asentamientos Humanos, General de Cultura Física y Deporte, y General de Salud, presentada el 20 de noviembre de 2007 por los diputados María Esperanza Morelos Borja y Jorge Quintero Bello, integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.

Esta comisión, con fundamento en el artículo 39, numerales 1, 2, fracción III, y numeral 3; los artículos 44, 45 numeral 1, 4, 6 incisos d) y f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 55, 56, 60, 87, 88, 93 y 94 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, elaboró el presente dictamen y lo somete a consideración de esta honorable asamblea, de acuerdo con los siguientes

Antecedentes

Primero. Con fecha 20 de noviembre de 2007, los diputados a la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, María Esperanza Morelos Borja y Jorge Quintero Bello, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentaron iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de las Leyes de Asistencia Social, de Desarrollo Rural Sustentable, de Fomento para la Lectura del Libro, del Impuesto sobre la Renta, del Instituto de Seguridad y Servicios sociales de los Trabajadores del Estado, del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, Federal de Derechos, General de Asentamientos Humanos, General de Cultura Física y Deporte, y General de Salud.

Segundo. Con la misma fecha, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 23, fracción f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, acordó turnar la iniciativa que nos ocupa para su estudio y dictamen a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables.

Con base en los antecedentes expuestos, los integrantes de esta comisión hacemos de su conocimiento el siguiente

Contenido de la iniciativa

1) El objetivo de la iniciativa de los diputados María Esperanza Morelos Borja y Jorge Quintero Bello es reformar los incisos b) y e) de la fracción I del artículo 12 de la Ley de Asistencia Social; las fracciones X del artículo 15, IV del artículo 154 y el artículo 162 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable; la fracción VIII del artículo 10 de la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro; la fracción XIII del artículo 40 de la Ley del Impuesto sobre la Renta; el inciso c) del artículo 4 y la fracción III del artículo198 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; la fracción IV del artículo 142 y el artículo 147 de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas; los penúltimos párrafos de los artículos 198, 198-A, y los artículos 288 y 288-A-1 de la Ley Federal de Derechos; la fracción IX del artículo 33 de la Ley General de Asentamientos Humanos; el tercer párrafo de la fracción IV del artículo 47 de la Ley General de Cultura Física y Deporte; y el segundo párrafo de la fracción IV del artículo 77 Bis 4 de la Ley General de Salud.

2) El espíritu de la iniciativa objeto del presente dictamen es homologar los criterios jurídicos en beneficio de los derechos humanos de las personas con discapacidad, toda vez que nuestro país, al igual que lo hicieran más de 70 naciones en todo el mundo, firmó y, posteriormente, fue ratificado por el Senado su compromiso con la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que, en concordancia con la Organización de las Naciones Unidas, establece como prioridad que los gobiernos deberán elaborar y poner en práctica políticas, leyes y medidas administrativas con el fin de asegurar los derechos humanos y abolir la discriminación dirigida hacia ellas. Logrando su plena independencia y fortaleciendo su capacidad.

3) En la iniciativa se destaca que en nuestro país se tiene registrado aproximadamente un millón y medio de personas con discapacidad, alto porcentaje que compromete al gobierno a garantizar que las personas con discapacidad disfruten del derecho inherente a la vida en un ámbito de igualdad con el resto de la sociedad, protegiendo su integridad física y mental, eliminando las barreras que les impidan su acceso a la educación, el empleo, la cultura, el deporte, la salud, el transporte, las nuevas tecnologías de la información y de las comunicaciones, impulsando su participación en la sociedad, así como su sentido de dignidad y valor personal y el desarrollo de todo su potencial.

4) Debido a la importancia que tiene el hecho de que México se haya comprometido con los lineamientos establecidos por la convención, resulta indispensable armonizar nuestra legislación actual en sus niveles federal y estatal, incluyendo reglamentos y acuerdos referidos a las personas con discapacidad. Asimismo, se requiere que los estados de la república armonicen con dicha convención, toda vez que algunas legislaciones estatales dirigidas a las personas con discapacidad tienen similitudes.

5) Finalmente, los legisladores sugieren homologar nuestra legislación a efecto de estar acorde con una regulación internacional y, sobre todo, con el fin de que nuestra legislación sea congruente con la Convención de las Naciones Unidas. Por lo que la propuesta de los legisladores implica reformar y adicionar diversas disposiciones a las leyes, sustituyendo diferentes términos para referirse a las personas con discapacidad por el de “personas con discapacidad”.

Consideraciones

I. Esta Comisión de Atención a Grupos Vulnerables asume como vulnerabilidades las características de desventaja por edad, sexo, discapacidad, salud, estado civil, grado educativo, origen étnico o nacional, religión, orientación sexual, situación o condición social o económica de personas o grupos de personas; son grupos que requieren de un esfuerzo adicional para incorporarse al desarrollo y a la convivencia. Es un fenómeno social multifactorial, que implica sentimientos de riesgo, inseguridad, indefensión, abandono y desventaja; con menoscabo al ejercicio de los derechos de las personas y/o su integridad.

II. Congruente con lo anterior, esta comisión se manifiesta coincidente con el espíritu que promueve, protege, y asegura el disfrute pleno en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas con discapacidad.

III. Estas condiciones de igualdad para todos los mexicanos se encuentran plasmadas en el artículo 1o. de nuestra Constitución, donde se señala: “Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas”.

Cabe destacar que, como bien lo señalan los legisladores, el error que aparecía en nuestra Constitución, fue corregido a través de la iniciativa en la que siendo congruentes con la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, sustituyó el término de “personas con capacidades diferentes” por el de “personas con discapacidad”, aprobada por el honorable Congreso de la Unión, que reformó el párrafo tercero del artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y promulgado por el Ejecutivo federal el 4 de diciembre de 2006.

Conviene decir que el 10 de junio de 2005, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la Ley General de las Personas con Discapacidad, instrumento jurídico, que contiene los preceptos y principios generales en materia de derechos de las personas con discapacidad, en cuyo artículo 2, fracción 11, define a las personas con discapacidad como sigue: “Toda persona que presenta una deficiencia física, mental o sensorial, ya sea de naturaleza permanente o temporal, que limita la capacidad de ejercer una o más actividades esenciales de la vida diaria, que puede ser causada o agravada por el entorno económico y social”. Con respecto a la definición contenida en la citada ley, es importante destacar que ésta es acorde con los lineamientos establecidos en la Convención sobre los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad, sobre todo cuando señala la necesidad de cambiar las percepciones para mejorar la situación de las personas con discapacidad, por lo que los países que ratifican la convención deben combatir los estereotipos y prejuicios y promover la conciencia de las capacidades de esas personas.

IV. Con la firma y, posteriormente, ratificación de México, el 27 de septiembre del 2006, a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, se fortalece un enfoque más social y dinámico, en el que la discapacidad es concebida como la desventaja que tiene una persona a la hora de participar en igualdad de condiciones, resultante de sus limitaciones, pero también efecto de los obstáculos restrictivos de su entorno. De ahí que este nuevo enfoque sostiene que una parte sustancial de las dificultades y desventajas que tienen las personas con discapacidad no son atribuibles a sus propias limitaciones sino a carencias, obstáculos y barreras que existen en el entorno social.

V. Por lo que se hace necesaria en la legislación vigente de nuestro país, la homologación de los criterios jurídicos, en los que se reivindique verdaderamente a las personas con discapacidad desde el término que se utiliza para identificarlas. Así como se logró corregir y eliminar de la Constitución el término de personas “con capacidades diferentes”, ya que resultaba erróneo debido a que todas las personas tienen diferentes capacidades, independientemente de que vivan o no una discapacidad.

VI. De la misma manera, resulta necesario para estar acorde con nuestra propia legislación a nivel federal, estatal, homogeneizar el término de personas con discapacidad, toda vez que es inconcebible hablar sobre los derechos y de la igualdad de oportunidades sin que se plasme correctamente en la ley el término para referirse a estas personas. Por ello corresponde garantizar a los poderes públicos mediante la promoción de las condiciones necesarias para que esa igualdad sea efectiva y mediante la remoción de aquellos obstáculos que impidan o dificulten la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social.

Por todo lo anteriormente expuesto, los integrantes de esta Comisión de Atención a Grupos Vulnerables de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión considera que la propuesta es viable por lo que somete al Pleno de la Cámara de Diputados el siguiente proyecto de

Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de las Leyes de Asistencia Social, de Desarrollo Rural Sustentable, de Fomento para la Lectura del Libro, del Impuesto sobre la Renta, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, Federal de Derechos, General de Asentamientos Humanos, General de Cultura Física y Deporte, y General de Salud

Artículo Primero. Se reforman los incisos b) y e) de la fracción I del artículo 12 de la Ley de Asistencia Social; para quedar como sigue:

Artículo 12. Se entienden como servicios básicos de salud en materia de asistencia social los siguientes:

I. Los señalados en el artículo 168 de la Ley General de Salud:

a) ...

b) La atención en establecimientos especializados a menores y adultos mayores en estado de abandono o desamparo y personas con discapacidad sin recursos;

c) y d) ...

e) La prestación de servicios de asistencia jurídica y de orientación social, especialmente a menores, adultos mayores y personas con discapacidad sin recursos;

f) a i)...

II. a XIV

Artículo Segundo. Se reforman las fracciones X del artículo 15 y IV del artículo 154, así como el artículo 162 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, para quedar como sigue:

Artículo 15. ...

I. a IX.

X. Equidad de género, la protección de la familia, el impulso a los programas de la mujer, los jóvenes, la protección de los grupos vulnerables, en especial niños, personas con discapacidad, personas con enfermedades terminales y de la tercera edad en las comunidades rurales;

XI. a XVIII

Artículo 154. - ...

I. a III. ....

IV. Para la atención de grupos vulnerables vinculados al sector agropecuario, específicamente etnias, jóvenes, mujeres, jornaleros y personas con discapacidad, con o sin tierra, se formularán e instrumentarán programas enfocados a su propia problemática y posibilidades de superación, mediante actividades económicas conjuntando los instrumentos de impulso a la productividad con los de carácter asistencial y con la provisión de infraestructura básica a cargo de las dependencias competentes, así como con programas de empleo temporal que atiendan la estacionalidad de los ingresos de las familias campesinas.

V. y VI.

Artículo 162. Para la atención de grupos vulnerables vinculados al sector rural, específicamente etnias, jóvenes, mujeres, jornaleros, adultos mayores y personas con discapacidad, con o sin tierra, se formularán e instrumentarán programas enfocados a su propia problemática y posibilidades de superación, conjuntando los instrumentos de impulso a la productividad con los de carácter asistencial y con la provisión de infraestructura básica, así como con programas de empleo temporal que atiendan la estacionalidad de los ingresos de las familias campesinas, en los términos del programa especial concurrente.

Artículo Tercero. Se reforma la fracción VIII del artículo 10 de la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro, para quedar como sigue:

Artículo 10. El Consejo Nacional de Fomento de la Lectura y del Libro para el cumplimiento de su objeto, tendrá las siguientes funciones:

I. a VII. ...

VIII. Apoyar acciones que favorezcan el acceso a las personas con discapacidad a las bibliotecas y a las técnicas de audición de texto;

IX. a XI. ...

Artículo Cuarto. Se reforma la fracción XIII del artículo 40 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, para quedar como sigue:

Artículo 40. Los porcentajes máximos autorizados, tratándose de activos fijos por tipo de bien son los siguientes:

I. a XII. ...

XIII. 100 por ciento para adaptaciones que se realicen a instalaciones que impliquen adiciones o mejoras al activo fijo, siempre que dichas adaptaciones tengan como finalidad facilitar a las personas con discapacidad a que se refiere el artículo 222 de esta Ley, el acceso y uso de las instalaciones del contribuyente.

Artículo Quinto. Se reforma el inciso c) de la fracción IV del artículo 4 y la fracción III del artículo 198 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, para quedar como sigue:

Artículo 4. Se establecen con carácter obligatorio las siguientes prestaciones y servicios:

I. a III. ...

IV. Servicios culturales, consistentes en:

a) y b)

c) Atención a jubilados, pensionados y personas con discapacidad, y

d) ...

Artículo 198. Para los fines antes enunciados, el instituto, de acuerdo con las posibilidades financieras del fondo de servicios sociales y culturales, ofrecerá los siguientes servicios:

I. y II. ...

III. De atención a jubilados, pensionados y personas con discapacidad;

IV. y V. ...

Artículo Sexto. Se reforma la fracción IV del artículo 142 y el artículo 147 de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, para quedar como sigue:

Artículo 142. ...

I. a III. .

IV. Los hijos con discapacidad o incapacitados para trabajar en forma temporal o total y permanente, y

V. ...

Artículo 147. Tratándose de menores de edad, personas con discapacidad mental o sensorial, incapacitados y personas adultas mayores con alguna discapacidad mental, sensorial o alguna discapacidad física, no podrá ordenarse la hospitalización sin el consentimiento de los padres o quienes legalmente los representen.

Artículo Séptimo. Se reforman el penúltimo párrafo del artículo 198, el quinto párrafo del artículo 198-A, el penúltimo párrafo del artículo 288 y el último párrafo del artículo 288-A-1, de la Ley Federal de Derechos, para quedar como sigue:

Artículo 198. ...

I. a III. .

Estarán exentos del pago de los derechos a que se refieren las fracciones I y II de este artículo, los menores de 6 años y las personas con discapacidad.

Artículo 198-A.

I. a III.

Estarán exentos del pago de los derechos a que se refieren las fracciones I y II de este artículo, los menores de 6 años y las personas con discapacidad.

Artículo 288. ...

No pagarán el derecho a que se refiere este artículo, las personas mayores de 60 años, menores de 13 años, jubilados, pensionados, personas con discapacidad, profesores y estudiantes en activo, así como los pasantes o investigadores que cuenten con permiso del Instituto Nacional de Antropología e Historia, para realizar estudios afines a los museos, monumentos y zonas arqueológicas a que se refiere este artículo. Asimismo, estarán exentos del pago de este derecho, los visitantes nacionales y extranjeros residentes en México que accedan a los museos, monumentos y zonas arqueológicas los domingos.

Artículo 288-A-1. ...

No pagarán el derecho a que se refiere este artículo, las personas mayores de 60 años, menores de 13 años, jubilados, pensionados, personas con discapacidad, profesores y estudiantes en activo, así como los pasantes o investigadores que cuenten con permiso del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, para realizar estudios afines a los museos, a que se refiere este artículo. Asimismo, estarán exentos del pago de este derecho, los visitantes nacionales y extranjeros residentes en México que accedan a los museos los domingos.

Artículo Octavo. Se reforma la fracción IX del artículo 33 de la Ley General de Asentamientos Humanos, para quedar como sigue:

Artículo 33. ...

I. a VII.

VIII. La celebración de convenios entre autoridades y propietarios o la expropiación de sus predios por causa de utilidad pública;

IX. La construcción y adecuación de la infraestructura, el equipamiento y los servicios urbanos para garantizar la seguridad, libre tránsito y accesibilidad requeridas por las personas con discapacidad, estableciendo los procedimientos de consulta a las personas con discapacidad sobre las características técnicas de los proyectos, y

Artículo Noveno. Se reforma el último párrafo del artículo 47 de la Ley General de Cultura Física y Deporte, para quedar como sigue:

Artículo 47. Para los efectos de la presente ley, las asociaciones deportivas se clasifican en:

I. a IV. ...

...

La presente ley y para los efectos de este artículo, se reconoce al deporte en todas sus modalidades y categorías, incluyendo al desarrollado por el sector estudiantil, al deporte para personas con discapacidad y al deporte para personas adultas mayores en plenitud.

Artículo Décimo. Se reforma el segundo párrafo del artículo 77 Bis 4 de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

Artículo 77 Bis 4. ...

I. a IV. ...

Se considerarán integrantes del núcleo familiar a los hijos y adoptados menores de dieciocho años; a los menores de dicha edad que formen parte del hogar y tengan parentesco de consanguinidad con las personas señaladas en las fracciones I a III que anteceden; y a los ascendientes directos en línea recta de éstos, mayores de sesenta y cuatro años, que habiten en la misma vivienda y dependan económicamente de ellos, además de los hijos que tengan hasta veinticinco años, solteros, que prueben ser estudiantes, o bien, personas con discapacidad dependientes.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en la sala de juntas de la comisión, a 26 de marzo de 2008.

La Comisión de Atención a Grupos Vulnerables

Diputados: María Esperanza Morelos Borja (rúbrica), Marcela Cuen Garibi (rúbrica), Laura Angélica Rojas Hernández (rúbrica), David Sánchez Camacho (rúbrica), Eduardo Elías Espinosa Abuxapqui, Irene Aragón Castillo, Carlos Augusto Bracho González (rúbrica), Arnulfo Elías Cordero Alfonzo, Silvia Emilia Degante Romero, María Victoria Gutiérrez Lagunes (rúbrica), Juana Leticia Herrera Ale, María Esther Jiménez Ramos (rúbrica), Rubí Laura López Silva (rúbrica), Marisol Mora Cuevas (rúbrica), María del Carmen Pinete Vargas, Jorge Quintero Bello (rúbrica), Mirna Cecilia Rincón Vargas (rúbrica), Adriana Rodríguez Vizcarra Velázquez (rúbrica), José Antonio Saavedra Coronel (rúbrica), Martha Angélica Tagle Martínez, Mario Vallejo Estévez, Martín Zepeda Hernández (rúbrica).

De la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley que Crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para ex Trabajadores Migratorios Mexicanos

9 de abril de 2008

Honorable Asamblea

Con fundamento en el inciso e) del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos la H. Cámara de Senadores remitió la Minuta con Proyecto de Decreto por el que reforma, adiciona y deroga, diversas disposiciones a la Ley que Crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para Ex Trabajadores Migratorios Mexicanos.

Los integrantes de esta Comisión de Hacienda y Crédito Público, con base en las facultades que nos confieren los artículos 39, 45 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 60, 65, 87, 88 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente

Dictamen

Esta Comisión que suscribe, se abocó al análisis de la Minuta antes señalada y conforme a las deliberaciones y el análisis que de la misma realizaron los miembros de la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Antecedentes

1. En sesión de la Cámara de Diputados de fecha 27 de abril del 2006, se aprobó el dictamen con proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversos artículos de la Ley que Crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para Ex Trabajadores Migratorios Mexicanos. En esa misma fecha la Mesa Directiva remitió a la H. Cámara de Senadores y la Mesa Directiva turnó, a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Estudios Legislativos, Primera para su estudio y dictamen.

2. En la sesión del 23 de octubre de 2007 la Colegisladora aprobó el Decreto materia de este Dictamen, que con esta misma fecha remitió a esta Cámara de Diputados.

3. Con fecha 25 de octubre de 2007, la Mesa Directiva turno a Comisión de Hacienda y Crédito Público, para su estudio y dictamen.

Análisis de la Minuta

La Minuta que nos ocupa corresponde al programa Bracero iniciado en la década de los cuarenta sirvió como fuente de empleo sin discriminación, y gozando de garantías como alimentos, hospedaje, transporte y, en su caso, repatriación.

El Fideicomiso creado fue el mecanismo institucional para encauzar la solución de las demandas que se venían presentando, por lo que la Secretaría de Gobernación integró un padrón de ex trabajadores migratorios, quedando la inclusión en este listado sujeta a la exhibición de pruebas documentales que acreditaran efectivamente que las personas interesadas laboraron en Estados Unidos de América durante los años que comprenden de 1942 a 1964 en el marco del convenio migratorio, o bien, que eran familiares con legítimo derecho a recibir los recursos.

La Minuta señala que pese a la labor institucional de las autoridades competentes, la integración del padrón fue motivo de posicionamientos encontrados y disparidad de criterios, lo que hoy se refleja en la constante y creciente inconformidad de muchos ex trabajadores migratorios y de sus organizaciones porque quedaron fuera del listado de beneficiarios.

El resultado actual es que aproximadamente 60 por ciento de los ex trabajadores migratorios con legítimo derecho a recuperar parte de sus ahorros quedaron excluidos, por la imposición de términos fatales en la inscripción al padrón y por la falta de reconocimiento de la existencia de otro tipo de documentos que acreditan que el trabajador laboró en esa época.

Por lo anterior, la Minuta reconoce que para la inscripción de ex trabajadores migratorios en el padrón se deberán presentar documentos tales como la credencial expedida por la propia Secretaría de Gobernación que acredita como trabajador emigrante y la mención honorífica expedida por Departamento del Trabajo (US Department of Labor de Estados Unidos).

Consideraciones de la Comisión

Esta Comisión coincide con lo planteado por la Cámara de Senadores, por lo que estima conveniente la aprobación de la Minuta con lo cual un mayor número de braceros se verán beneficiados al modificar los requisitos de la Ley.

El Fideicomiso que administrará el Fondo de Apoyo Social para Ex Trabajadores Migratorios Mexicanos significa la creación de un fideicomiso, y no el establecimiento de una situación jurídica por esta razón se propone cambiar la denominación de ley que prevé la fracción VIII del artículo 2o., para quedar como la Ley que crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para Ex Trabajadores Migratorios Mexicanos 1942-1964.

La Colegisladora consideró la conveniencia de derogar el segundo párrafo del artículo 3o., referente a que el Fideicomiso no tendrá estructura orgánica propia, por lo que la que dictamina está de acuerdo con la propuesta.

Asimismo, la que dictamina estima procedente la inclusión de las fracciones XIII y XIV del artículo 5o., a fin de especificar el ejercicio y destino de los recursos referidos en la Ley; y por el otro en el mismo sentido y en coadyuvancia con la seguridad de los beneficiarios, se propone la promoción ante las autoridades competentes, de las denuncias o querellas por posibles irregularidades en la documentación que presenten los beneficiarios potenciales.

La Colegisladora plantea medularmente que, a pesar de las intenciones y al esfuerzo realizados por la Secretaría de Gobernación para la integración del padrón ha sido insuficiente al utilizar diversos criterios por lo que el 60 por ciento de los ex trabajadores migratorios con legítimo derecho a ser beneficiarios quedarían excluidos ante la falta de reconocimiento de la existencia de otro tipo de documentos que acreditan que el trabajador laboró en ese período.

Al respecto, la Colegisladora consideró derogar la fracción I del artículo 6o., respecto de quienes podrán ser beneficiarios del fideicomiso, sin la necesidad de cumplir con el requisito de que hayan efectuado su registro en el Padrón de la Secretaría de Gobernación

La Colegisladora estimó conveniente la adición del inciso d) a la fracción III, del artículo 6o. a fin de incorporar el requisito para acreditarse como Beneficiarios de los apoyos a que se refiere este ordenamiento el Social Security apostillado o que conste en documento certificado, toda vez que con ello se amplía el universo de los trabajadores con posibilidades de acreditarse.

La Comisión que dictamina toma en cuenta la opinión de la Comisión Especial de Seguimiento a los Fondos de los Trabajadores Mexicanos Braceros, de esta Cámara, respecto de eliminar de la propuesta del la Colegisladora del Artículo 6, inciso d), la referencia: “o que conste en documento público o certificado”, asimismo se precisa que en las nuevas reglas de operación se definirá lo referente al nuevo documento probatorio “Social Security” así como el mecanismo para obtener su apostillamiento, con lo cual se le dará una mejor interpretación al requisito que fue adicionado para acreditarse como beneficiario de esta Ley, quedando en la siguiente forma:

“Artículo 6o. ...

III. ...

a) a c). ...

d) Social Security, derivado del contrato de trabajo del Programa Bracero, durante los años 1942-1964, apostillado.”

...

La Colegisladora reformó el artículo 8o., para que la relación de las aportaciones que realice el Fideicomiso, se publique en el Diario Oficial de la Federación así como en medios masivos de comunicación con cargo de los tiempos oficiales del Estado. Esta adición permite por una parte, la transparencia en el manejo de los recursos por parte del Fideicomiso, pero además la posibilidad de verificar por parte de los beneficiarios los avances en el trámite de entrega de los apoyos.

La Comisión que dictamina tomando en consideración que para la conformación del Padrón de Beneficiarios que establece esta Ley, se llevó a cabo un registro de beneficiarios y considerando los impactos presupuestarios estimados por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas se acepta la propuesta para que se reduzca el plazo de tres a dos meses para la recepción de los documentos por parte de los interesados por estimarlo suficiente, por lo que se modifica la propuesta de la colegisladora, en el segundo párrafo del Artículo Tercero Transitorio, para quedar de la siguiente manera:

“TERCERO. ...

Dentro del plazo de dos meses contados a partir del quinto día hábil de la última publicación de la convocatoria, los interesados podrán acudir a las mesas receptoras para presentar la documentación a que se refiere el artículo 6o. de la ley.”

Asimismo, se hace referencia a la difusión en los medios de comunicación que determine dicho Comité, incluyendo los Tiempos Oficiales de los que dispone el Estado.

En el artículo cuarto, se hace referencia al anterior, señalando que al concluir el plazo establecido el Comité Técnico integrará un registro de las personas que presentaron la documentación respectiva. De igual forma, especifica que quienes hayan cumplido con los requisitos recibirán el apoyo social, observando la fracción III del artículo 5o. de la Ley.

El artículo sexto, tiene la finalidad de concluir en los mejores términos la creación del Fideicomiso, en el que se especifica que éste operará hasta que se de cumplimiento con el mismo; y en el artículo séptimo, se establece que los recursos destinados para el Fideicomiso, se aplicarán conforme al presupuesto de egresos.

Asimismo, se estimó especificar dentro del artículo octavo, el destino que llevarán las aportaciones que realicen al Fideicomiso las entidades federativas, a fin de que los recursos beneficien a los ex trabajadores procedentes de la respectiva entidad que haya realizado la aportación.

En el Artículo Noveno Transitorio, la Colegisladora estableció que “las aportaciones que a título gratuito realicen al patrimonio del fideicomiso los Estados y Dependencias que así lo convengan ”; la Comisión Dictaminadora considera que cuando se hace alusión a Dependencias se refiere a Entidades Federativas y no tiene razón de ser la mención de Dependencias, ya que éstas no hacen aportaciones a este fideicomiso, por lo que se considera necesario modificar por el concepto de Entidades Federativas, para quedar de la siguiente forma:

“NOVENO. Las aportaciones que a título gratuito, realicen al patrimonio del Fideicomiso las Entidades Federativas que así lo convengan con el propio Fideicomiso podrán beneficiar, preferentemente, a los Ex Trabajadores Migratorios de la respectiva Entidad Federativa, sujetándose al orden de prelación señalado en la fracción III del artículo 5o. de la Ley que crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo Social para ExTrabajadores Migratorios Mexicanos.”

Por todo lo anterior la Comisión de Hacienda y Crédito Público se pone a consideración del Pleno el siguiente:

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN, DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY QUE CREA EL FIDEICOMISO QUE ADMINISTRARÁ EL FONDO DE APOYO SOCIAL PARA EX TRABAJADORES MIGRATORIOS MEXICANOS.

ÚNICO. Se REFORMAN la fracción VIII del artículo 2o., el primer párrafo del artículo 3o., y el artículo 8o.; se ADICIONAN las fracciones XIII y XIV del artículo 5o.; el inciso d) a la fracción III del artículo 6o. y se DEROGAN la fracción IX del artículo 2o.; y la fracción I del artículo 6o., de la Ley que Crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para Ex Trabajadores Migratorios Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 2. ...

I. a VII. ...

VIII. Ley: la Ley que crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para Ex Trabajadores Migratorios Mexicanos 1942-1964;

IX. Se deroga.

X. ...

Artículo 3. El Fideicomiso contará con un Comité Técnico que estará integrado por un representante de cada una de las siguientes dependencias del Poder Ejecutivo Federal: la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Desarrollo Social, la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Secretaría de la Función Pública. Por cada representante propietario habrá un suplente, quien deberá suplirlo en sus ausencias.

...

Artículo 5. ...

I. a XII. ...

XIII. Ejercer y destinar con cargo al patrimonio del Fideicomiso, recursos económicos que le permitan el cumplimiento de las obligaciones que le impone la presente Ley, y

XIV. Promover ante las autoridades competentes, las denuncias o querellas por posibles irregularidades que adviertan en la documentación que presenten los probables beneficiarios.

Artículo 6. ...

I. Se deroga.

II. ...

III. ...

a) a c) ...

d) Social Security, derivado del Contrato de Trabajo del Programa Bracero, durante los años 1942-1964, apostillado.

IV. a XII. ...

Artículo 8. La relación de las aportaciones que realice el Fideicomiso a los beneficiarios en términos de esta Ley, deberá ser publicada en el Diario Oficial de la Federación y publicitada en los medios de comunicación a cargo de los tiempos oficiales de los que dispone el Estado.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. El Comité Técnico deberá realizar las adecuaciones necesarias a las Reglas de Operación y publicarlas en el Diario Oficial de la Federación a más tardar dentro de los 30 días hábiles siguientes a la publicación de este decreto.

Tercero. El Comité Técnico expedirá con cargo al patrimonio del fideicomiso, una sola convocatoria, la cual deberá publicitarse a través del Diario Oficial de la Federación por un período de cinco días hábiles consecutivos, así como tener una amplia difusión en los medios de comunicación que determine dicho Comité, incluyendo los tiempos oficiales de los que dispone el Estado.

Cuarto. Al finalizar el plazo establecido en el artículo tercero transitorio, el Comité Técnico integrará un registro de las personas que presentaron la documentación respectiva; asimismo, autorizará los apoyos de quienes hayan cumplido con los requisitos y condiciones previstos en el artículo 6o. de la Ley y publicará en el Diario Oficial de la Federación la lista de beneficiarios que recibirán el apoyo social, debiendo para tal efecto observar lo dispuesto en la fracción III del artículo 5o. de la Ley.

Quinto. El Comité Técnico, de acuerdo a los recursos disponibles, y conforme a lo previsto en la fracción III del artículo 5o. de la Ley que crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para Ex Trabajadores Migratorios Mexicanos, entregará el apoyo económico a las personas que tengan acreditado ante éste, el cumplimiento de los requisitos establecidos en este decreto.

Sexto. Al efecto, el Comité Técnico del Fideicomiso deberá presentar a la Cámara de Diputados, a través de la Comisión Especial para dar Seguimiento a los Fondos de los Trabajadores Mexicanos Braceros, un informe trimestral sobre el avance de su gestión que permita conocer su situación financiera y determinar, en su caso, la cantidad a presupuestar para el año siguiente.

Séptimo. El Fideicomiso, operará hasta que se de cumplimiento a su objeto.

Octavo. Los recursos presupuestarios destinados para el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para Ex Trabajadores Migratorios Mexicanos, se aportarán conforme a lo aprobado en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal que corresponda.

Noveno. Las aportaciones que a título gratuito, realicen al patrimonio del Fideicomiso las Entidades Federativas que así lo convengan con el propio Fideicomiso podrán beneficiar, preferentemente, a los Ex Trabajadores Migratorios de la respectiva Entidad Federativa, sujetándose al orden de prelación señalado en la fracción III del artículo 5o. de la Ley que Crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para Ex Trabajadores Migratorios Mexicanos.

Décimo. Se deroga cualquier disposición que contravenga el presente Decreto.

Sala de Comisiones de la H. Cámara de Diputados a 9 de abril de 2008.

Por la Comisión de Hacienda y Crédito Público

Diputados: Charbel Jorge Estefan Chidiac (rúbrica), presidente; David Figueroa Ortega (rúbrica), Emilio Ramón Ramiro Flores Domínguez (rúbrica), Ricardo Rodríguez Jiménez, Camerino Eleazar Márquez Madrid (rúbrica), José Antonio Saavedra Coronel (rúbrica), Antonio Soto Sánchez (rúbrica), Ismael Ordaz Jiménez (rúbrica), Miguel Ángel González Salum (rúbrica), Carlos Alberto Puente Salas (rúbrica), Juan Ignacio Samperio Montaño, Joaquín Humberto Vela González, Manuel Cárdenas Fonseca (rúbrica), Aída Marina Arvizu Rivas, secretarios; José Alejandro Aguilar López (rúbrica), Samuel Aguilar Solís, José Rosas Aispuro Torres (rúbrica), Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla (rúbrica), Francisco Javier Calzada Vázquez, Ramón Ceja Romero, Carlos Chaurand Arzate, Carlos Alberto García González (rúbrica), Juan Nicasio Guerra Ochoa, Javier Guerrero García, José Martín López Cisneros, Lorenzo Daniel Ludlow Kuri (rúbrica), Luis Xavier Maawad Robert (rúbrica), María de Jesús Martínez Díaz, José Murat, Miguel Ángel Navarro Quintero, Raúl Alejandro Padilla Orozco, Dolores María del Carmen Parra Jiménez (rúbrica), Jorge Alejandro Salum del Palacio (rúbrica), Faustino Soto Ramos, Pablo Trejo Pérez (rúbrica).

De la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de decreto por el que se autoriza al Poder Ejecutivo federal para aceptar las enmiendas que se especifican del Convenio Constitutivo de la Corporación Interamericana de Inversiones

9 de abril de 2008

Honorable Asamblea

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción I y 72, apartado H, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Ejecutivo Federal presentó ante esta H. Cámara de Diputados la Iniciativa con proyecto de decreto por el que se autoriza al Poder Ejecutivo federal para aceptar las enmiendas que se especifican del Convenio Constitutivo de la Corporación Interamericana de Inversiones.

Los integrantes de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con base en las facultades que nos confieren los artículos 39, 45 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 60, 65, 87, 88 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente:

Dictamen

Antecedentes

Con fecha 6 de diciembre de 2007, el Ejecutivo Federal, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se autoriza al Poder Ejecutivo federal para aceptar las enmiendas que se especifican del Convenio Constitutivo de la Corporación Interamericana de Inversiones. En esa misma fecha la mesa directiva de esta H. Cámara de Diputados turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, la iniciativa en comento para su estudio y dictamen.

Exposición de Motivos

La Corporación Interamericana de Inversiones es un organismo filial del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Su Convenio Constitutivo fue aprobado el 19 de noviembre de 1984 por 34 países, entre ellos México, e inició sus operaciones en 1989 con el objetivo de promover el desarrollo económico entre sus países miembros, a través del financiamiento de la pequeña y mediana empresa privada de la región, complementando las actividades del propio BID.

El 10 de enero de 1986 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que el honorable Congreso de la Unión aprobó la suscripción del Convenio Constitutivo de la Corporación Interamericana de Inversiones y que Establece Bases para su Ejecución en México, mismo que fue promulgado mediante decreto publicado en el mismo medio de difusión oficial el 3 de octubre de 1986.

Las actividades de la Corporación Interamericana de Inversiones consisten en reunir y proporcionar financiamiento para proyectos en forma de préstamos, inversiones de capital, líneas de crédito e inversiones en fondos de inversión local y regional. Este organismo concentra sus actividades en empresas pequeñas y medianas que tienen dificultades para obtener financiamiento de otras fuentes en condiciones razonables.

El financiamiento aportado por la Corporación Interamericana de Inversiones sirve de catalizador para captar recursos adicionales, tecnología y conocimientos especializados. Estos recursos se movilizan a través de operaciones de cofinanciamiento de fondos por parte de inversionistas privados, apoyo a suscripciones de valores e identificación de socios para la formación de empresas conjuntas.

En el país, la Corporación ha comprometido financiamientos por un monto de 136 millones de dólares que se han destinado a 32 operaciones que a su vez han generado inversiones superiores a 165 millones de dólares principalmente en los ramos financiero, de la industria de la transformación, social; de infraestructura y procesos productivos.

Los montos de inversión referidos son superiores a la suscripción pagada por México a este organismo, misma que asciende a 36.9 millones de dólares y constituye el 8.31 por ciento del capital total pagado por los países miembros del organismo. Adicionalmente, una de las formas en que la Corporación persigue sus objetivos de desarrollo en México, es a través de una gama de intermediarios financieros privados que canalizan recursos a la pequeña y mediana empresa, apoyando a la fecha más de 100 subproyectos por esta vía.

El 1 de junio de 2001 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el cual se autoriza al gobierno federal la suscripción de 3 mil 502 acciones dentro del aumento de capital de la Corporación Interamericana de Inversiones acordado en 1999 con lo que la participación de México en el capital social del organismo ascendió a 5 mil acciones, equivalente al 7.13 por ciento del total autorizado.

En el marco de dicho aumento de capital, el 16 de marzo de 2001 la Asamblea de Gobernadores de la Corporación aprobó la resolución número CII/AG-4/01 mediante la cual se suprime la Sección 2 (c) (i) del artículo II y se modifica la sección 2 (c) del referido artículo II, del Convenio Constitutivo de la Corporación Interamericana de Inversiones.

La modificación antes mencionada permitirá, en términos de la propia resolución, la entrada de cinco nuevos miembros (Bélgica, Finlandia, Noruega, Portugal y Suecia) y aumentar la participación de Japón y España en el capital social de la corporación. Los actuales países miembros han accedido a liberar acciones no ejerciendo los derechos de suscripción que les corresponden con el aumento de 1999; el grupo de países miembros de América Latina y el Caribe, salvo Venezuela, no ejercerán sus derechos correspondientes a 1 mil 146 acciones. Por su parte, Alemania hará lo propio con 828 acciones y Estados Unidos con 18 acciones.

De esta manera, se permite la inclusión de los cinco nuevos miembros ampliando el carácter multilateral de la institución, al tiempo que se fortalece su solidez financiera en beneficio de las empresas de los países prestatarios de América Latina y El Caribe. Adicionalmente, se reduce la carga financiera que representaría para México la suscripción de capital en esta institución, manteniendo sus derechos como prestatario y como accionista.

Por otra parte, el pasado 12 de marzo de 2002 la Asamblea de Gobernadores de la Corporación aprobó la modificación a la sección 1 (b) del Artículo III del Convenio Constitutivo de la misma, mediante la Resolución CI/AG-2/02, que entré en vigor tres meses contados a partir de la fecha de aprobación, es decir, a partir del 12 de junio del 2002.

Dicha modificación pretende flexibilizar los criterios de elegibilidad para recibir financiamiento de la corporación, permitiéndole otorgar crédito a empresas ubicadas en los países prestatarios del BID, independientemente de la nacionalidad de los accionistas mayoritarios, siempre y cuando se genere de manera significativa, valor agregado local.

Asimismo, esta última modificación pretende que la corporación amplíe cuantitativa y cualitativamente su cartera, al acreditar clientes que promuevan la inversión extranjera directa hacia la región, permitiéndole así consolidarse como una institución rentable.

En virtud de lo establecido en el artículo 90 del decreto por el que se autoriza la suscripción del Convenio Constitutivo de la Corporación Interamericana de Inversiones y que establece bases para su ejecución en México, que a la letra dice: “El gobierno federal requerirá la autorización expresa del Congreso de la Unión para aceptar enmiendas al Convenio respectivo y modificaciones a la suscripción de México a las acciones o partes sociales a la Corporación Interamericana de Inversiones”.

Consideraciones de la Comisión

La Comisión que dictamina considera que es de aprobarse el Decreto que autoriza al poder Ejecutivo Federal para aceptar la enmienda al artículo II, seccion 2 (c)(i) y al artículo III, seccion 1 (b) del convenio constitutivo de la Corporacion Interamericana de Inversiones (cii) por las consideraciones siguientes:

La Corporación Interamericana de Inversiones (CII) es un organismo multilateral filial del Grupo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) que inició actividades oficialmente en 1989 para promover el desarrollo económico de sus países miembros en América Latina y el Caribe a través del financiamiento de la pequeña y mediana empresa (PyMEs), actividad que realiza como complemento a las actividades del BID.

En cumplimiento de su misión, la CII proporciona financiamiento para proyectos en forma de préstamos directos e inversiones de capital, líneas de crédito a intermediarios financieros locales e inversiones a fondos de inversión de ámbito local y regional. Concentra sus actividades en PyMEs que tienen dificultad para obtener financiamiento de otras fuentes en condiciones razonables.

El financiamiento de la Corporación constituye el capital semilla, sirviendo como catalizador para captar otros recursos como: financiamiento adicional de inversionistas privados, tecnología de punta y/o conocimientos especializados. Estos recursos se movilizan a través de operaciones de cofinanciamiento y sindicación de fondos, apoyo a suscripciones de valores e identificación de socios para la formación de empresas conjuntas.

Las modificaciones al Convenio Constitutivo de la CI, del 16 de marzo de 2001, la Asamblea de Gobernadores de la Corporación aprobó la resolución No. CII/AB-685-10 mediante la cual se suprime la Sección 2 (c)(i), Artículo II y se modifica la sección 2 (c), Artículo II del Convenio Constitutivo de la CII.

Dicha modificación constituye un requisito legal en los estatutos del organismo que permite la entrada de cinco nuevos miembros (Bélgica, Finlandia, Noruega, Portugal y Suecia) y aumentar la participación de Japón y España en el capital social de la Corporación, con lo cual se amplía el carácter multilateral de la Institución, al tiempo que se fortalece su solidez financiera en beneficio de las empresas de los países prestatarios. Adicionalmente, se reduce la carga financiera que representa para México su suscripción al capital de esta Institución, manteniendo sus derechos como prestatario y accionista.

Adicionalmente, en marzo de 2002 se aprobó la modificación al Artículo III, Sección 1(b) del Convenio Constitutivo, mediante Resolución CII/AG-2/02, con lo cual se pretende otorgar crédito a empresas constituidas en países prestatarios del BID, independientemente de la nacionalidad de los accionistas mayoritarios, siempre y cuando se genere de manera significativa, valor agregado local. Asimismo, pretende que la CII amplíe cuantitativa y cualitativamente su cartera, al acreditar clientes que promuevan la inversión extranjera directa hacia la región, permitiéndole así consolidarse como una institución rentable.

Por todo lo anterior, la Comisión que dictamina pone a consideración del Pleno de esta H. Asamblea el siguiente:

DECRETO POR EL QUE SE AUTORIZA AL PODER EJECUTIVO FEDERAL PARA ACEPTAR LAS ENMIENDAS QUE SE ESPECIFICAN DEL CONVENIO CONSTITUTIVO DE LA CORPORACIÓN INTERAMERICANA DE INVERSIONES

Artículo Primero. Se autoriza al Poder Ejecutivo Federal para aceptar la enmienda por la que se suprime la Sección 2 (c) (i) del artículo II y se modifica la Sección 2 (c) del citado artículo II del Convenio Constitutivo de la Corporación Interamericana de Inversiones.

Artículo Segundo. Se autoriza al Poder Ejecutivo Federal para aceptar la enmienda al artículo III, Sección 1 (b) del Convenio Constitutivo de la Corporación Interamericana de Inversiones.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Sala de Comisiones de la H. Cámara de Diputados a 9 de abril de 2008.

Por la Comisión de Hacienda y Crédito Público

Diputados: Charbel Jorge Estefan Chidiac (rúbrica), presidente; David Figueroa Ortega (rúbrica), Emilio Ramón Ramiro Flores Domínguez (rúbrica), Ricardo Rodríguez Jiménez, Camerino Eleazar Márquez Madrid (rúbrica), José Antonio Saavedra Coronel (rúbrica), Antonio Soto Sánchez (rúbrica), Ismael Ordaz Jiménez (rúbrica), Miguel Ángel González Salum (rúbrica), Carlos Alberto Puente Salas (rúbrica), Juan Ignacio Samperio Montaño, Joaquín Humberto Vela González, Manuel Cárdenas Fonseca (rúbrica), Aída Marina Arvizu Rivas, secretarios; José Alejandro Aguilar López (rúbrica), Samuel Aguilar Solís, José Rosas Aispuro Torres (rúbrica), Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla (rúbrica), Francisco Javier Calzada Vázquez, Ramón Ceja Romero, Carlos Chaurand Arzate (rúbrica), Carlos Alberto García González (rúbrica), Juan Nicasio Guerra Ochoa, Javier Guerrero García, José Martín López Cisneros, Lorenzo Daniel Ludlow Kuri (rúbrica), Luis Xavier Maawad Robert (rúbrica), María de Jesús Martínez Díaz, José Murat, Miguel Ángel Navarro Quintero, Raúl Alejandro Padilla Orozco, Dolores María del Carmen Parra Jiménez (rúbrica), Jorge Alejandro Salum del Palacio (rúbrica), Faustino Soto Ramos, Pablo Trejo Pérez (rúbrica).

De la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de decreto que reforma el artículo 2 de la Ley que Establece Bases para la Ejecución en México, por el Poder Ejecutivo Federal, del Convenio Constitutivo de la Asociación Internacional de Fomento

9 de abril de 2008

Honorable Asamblea

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción I y 72, apartado H, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Ejecutivo Federal presentó ante esta H. Cámara de Diputados la Iniciativa con proyecto de Decreto que reforma el artículo 2 de la Ley que Establece Bases para la Ejecución en México, por el Poder Ejecutivo Federal, del Convenio Constitutivo de la Asociación Internacional de Fomento.

Dictamen

Antecedentes

Con fecha 6 de diciembre de 2007, el Ejecutivo Federal, presentó iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 2 de la Ley que Establece Bases para la Ejecución en México, por el Poder Ejecutivo Federal, del Convenio Constitutivo de la Asociación Internacional de Fomento, en esa misma fecha la Mesa Directiva, turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para su estudio y dictamen.

Exposición de Motivos

La Asociación Internacional de Fomento (AIF), es un organismo financiero internacional, filial del Banco Mundial, creado en el año de 1960 con el objetivo de ayudar a elevar el nivel de vida de los países en desarrollo más pobres, a través del otorgamiento de asistencia financiera y técnica en términos concesionales. La AIF se ha constituido durante estos últimos años como el mecanismo más importante de financiamiento concesionario a los países en pobreza extrema. Desde de su creación, ha otorgado créditos a 106 países por un monto aproximado de 135 mil millones de dólares.

La asistencia de la AIF beneficia a los habitantes de los países que tienen un producto nacional bruto per cápita anual, menor a 875 dólares, por lo que actualmente 81 países con una población cercana a 2,500 millones de personas son elegibles para recibir beneficios a través de los proyectos y programas que son financiados por la Asociación.

Con el propósito de hacer más eficiente el uso y destino de sus recursos, la AIF realiza sus asignaciones con base en indicadores de desempeño, monitoreo y evaluación de resultados, estas asignaciones son revisadas en el marco de cada reposición de recursos.

Con este marco, de 1970 a 1998 se alcanzaron más avances en el combate a la pobreza y el incremento en la calidad de vida que en ningún otro período en la historia. Por ejemplo, según datos publicados por la Asociación en su informe “Additions to IDA Resources: Twelfth Replenishment Partnership for Poverty Reduction ”, en el segmento de países que han sido apoyados por la Asociación, se ha reducido la tasa de mortalidad a la mitad y la expectativa de vida se incrementó de 55 a 65 años; la producción de alimentos ha sobrepasado al crecimiento poblacional, mientras que la desnutrición infantil ha disminuido en 20%; la tasa de incorporación a la educación básica ha alcanzado casi el 80%, mientras que en la educación media el 45%, disminuyendo la disparidad entre géneros; por su parte, el analfabetismo de adultos se ha reducido de 54 a 30%. No obstante estos logros, aún queda mucho por hacer.

Con el propósito de avanzar en los retos futuros, la AIF ha establecido como uno de sus objetivos, que los países que son asistidos alcancen las Metas de Desarrollo del Milenio acordadas por diversos países en la Conferencia Internacional sobre Financiación al Desarrollo, celebrada en México durante el mes de marzo de 2002. Con este propósito, la AIF está otorgando asistencia a través de aproximadamente 900 proyectos distribuidos principalmente en África, Sur de Asia, Este de Europa y en algunos países latinoamericanos como es el caso de Bolivia, Haití, Honduras y Nicaragua. La mayor. parte de estas operaciones están dirigidas al combate a la pobreza extrema, a través del fortalecimiento de las instituciones de desarrollo nacionales y proyectos sociales en rubros como salud, educación y servicios básicos de infraestructura.

México ha sido miembro de la AIF desde su creación y sus relaciones con la misma quedaron reguladas en la Ley que Establece Bases para la Ejecución en México, por el Poder Ejecutivo Federal, del Convenio Constitutivo de dicha Asociación de fecha 30 de diciembre de 1960, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre del mismo año.

La suscripción inicial de México fue de $8’740,000.00 (ocho millones setecientos cuarenta mil dólares de los Estados Unidos de América), lo que correspondió al 0.874% del total, quedando abierta la posibilidad de aumentar los recursos por acuerdo de la Asamblea de Gobernadores de este organismo.

A la fecha se han realizado trece reposiciones de recursos. Para la primera y segunda sólo se solicitó la aportación de los países desarrollados. En la tercera y cuarta se invitó a los países en desarrollo miembros de la Asociación, para que efectuasen contribuciones adicionales de recursos. Sin embargo, en estas ocasiones México no participó.

Fue a partir de la quinta reposición que México reinició su participación en reposiciones posteriores, las cuales. fueron debidamente autorizadas por el H. Congreso de la Unión mediante decretos del 27 de diciembre de 1980, 21 de diciembre de 1981, 11 de octubre de 1983, 21 de noviembre de 1984, 22 de diciembre de 1987, 14 de julio de 1990, 6 de julio de 1993, 16 de abril de 1997 y 30 de abril de 2001, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 8 de enero de 1981, 28 de diciembre de 1981, 4 de noviembre de 1983, 24 de diciembre de 1984, 19 de enero de 1988, 26 de julio de 1990, 16 de julio de 1993, 7 de mayo de 1997 y 1 de junio de 2001, respectivamente.

Es importante señalar que a partir de la sexta reposición, la AIF ha venido otorgando sus créditos en Derechos Especiales de Giro (DEG), en tanto que las aportaciones de los países, en su mayoría, se solicitaban en Moneda Nacional, esta circunstancia originó la erosión del valor real de las reposiciones debido a las fluctuaciones cambiarias de las monedas de los países donantes. Por ello, la Asociación solicitó el apoyo de los países para denominar sus contribuciones en DEG, a fin de evitar la pérdida del valor real de sus contribuciones, así como brindar un marco de referencia estable para sus operaciones de financiamiento.

Ante la necesidad de recursos adicionales para dar continuidad a su mandato de reducir la pobreza extrema, la Asamblea de Gobernadores de la AIF, mediante resolución número 204, aprobó la Decimotercera Reposición de Recursos de este organismo, por un monto de 10,020’000,000.00 (diez mil veinte millones en DEG) equivalentes a $12,675’500,400.00 (doce mil seiscientos setenta y cinco millones quinientos mil cuatrocientos dólares), a un tipo de cambio de 1.26502 dólares por un Derecho Especial de Giro, mismos que serán utilizados para cubrir su programa de operaciones durante el periodo comprendido entre el 1 de julio de 2002 y el 30 de junio de 2005.

México fue invitado a contribuir por la Asociación con el 0.05% del total de la reposición, tomando como base su contribución a la reposición anterior, esto equivaldría a 5´010,000 (cinco millones diez mil en DEG). Sin embargo, la escasez de recursos presupuestales de nuestro país obligan a replantear una contribución ligeramente menor, la cual se ubicaría en 4’000,000 (cuatro millones en Derechos Especiales de Giro) a valor presente neto, al tipo de cambio previamente señalado. Esta cifra corresponde a cerca del 0.04% del valor total de este nuevo incremento de recursos, lo que constituye la menor contribución de México en las reposiciones del organismo.

La aportación de nuestro país a la Decimotercera Reposición de Recursos de la AIF, constituye un elemento importante dentro de las relaciones globales de México con el Grupo del Banco Mundial, además de representar una medida concreta de apoyo al fortalecimiento de la asistencia que brindan las instituciones financieras multilaterales y de ser un factor determinante en la generación de una corriente de recursos financieros concesionales que favorecen el proceso de desarrollo de los países que carecen de acceso a recursos financieros en el mercado internacional en términos razonables.

Adicionalmente, la participación de México en la Asociación Internacional de Fomento es una muestra importante de solidaridad con los países de menor grado de desarrollo económico y contribuye a lograr una mayor integración y cooperación con la comunidad internacional. Las contribuciones de los países en desarrollo, como es el caso de México, complementan las contribuciones de los países industrializados.

Asimismo, constituye una medida concreta de apoyo al “Consenso de Monterrey” impulsado por nuestro país en el marco de la Conferencia Internacional sobre Financiación al Desarrollo celebrada en México, la cual entre otras cosas, propone que los países en desarrollo reciban apoyo de los organismos financieros internacionales para alcanzar al menos los indicadores sociales básicos que se postulan en las Metas de Desarrollo de la Declaración del Milenio.

Por último, es importante subrayar que la Asociación Internacional de Fomento constituye un elemento fundamental dentro de la iniciativa de la comunidad financiera internacional, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional para apoyar el Programa de Reducción de la Deuda de los Países Pobres Altamente Endeudados, ya que la ejecución de este programa de alivio financiero se lleva a cabo a través de este organismo.

Consideraciones de la Comisión

La Comisión que dictamina considera que es de aprobarse el decreto que reforma el artículo 2 de la Ley que establece bases para la ejecución en México, por el poder Ejecutivo Federal, del convenio constitutivo de la asociación internacional de fomento (AIF) con base en las siguientes consideraciones:

La Asociación Internacional de Fomento (AIF), es un organismo financiero internacional filial del Banco Mundial, creado en el año de 1960 con el objetivo de ayudar a elevar el nivel de vida de los países miembros en desarrollo más pobres, a través del otorgamiento de asistencia financiera y técnica en términos concesionales. La AIF se ha constituido como el mecanismo más importante de financiamiento concesionario a los países en pobreza extrema. Desde de su creación, ha otorgado créditos a 106 países por un monto aproximado de 135 mil millones de dólares.

La asistencia de la Asociación Internacional de Fomento beneficia a los habitantes de los países que tienen un producto nacional bruto per cápita anual menor a 875 dólares, por lo que actualmente, de los 166 países afiliados, 80 países con una población cercana a 2,500 millones de personas son elegibles de recibir beneficios a través de los proyectos y programas financiados por la Asociación.

Modificaciones al Convenio Constitutivo de la AIF

México ha sido miembro de la Asociación Internacional de Fomento desde su establecimiento y sus relaciones con la misma quedaron señaladas en la Ley que Establece Bases para la Ejecución en México, por el Poder Ejecutivo Federal, del Convenio Constitutivo de dicha Asociación de fecha 30 de diciembre de 1960, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre del mismo año.

A la fecha se han realizado trece reposiciones de recursos. Para la primera y segunda sólo se solicitó la aportación de los países desarrollados. En la tercera y cuarta se invitó a los países en desarrollo, miembros de la Asociación, a efectuar contribuciones adicionales de recursos. Sin embargo, en estas ocasiones México no participó.

A partir de la quinta reposición, México reinició su participación en reposiciones posteriores, las cuales fueron debidamente autorizadas por el H. Congreso de la Unión por decretos del 27 de diciembre de 1980, 21 de diciembre de 1981, 11 de octubre de 1983, 21 de noviembre de 1984, 22 de diciembre de 1987, 14 de julio de 1990, 6 de julio de 1993, 16 de abril de 1997 y 30 de abril de 2001 publicados en el Diario Oficial de la Federación el 8 de enero de 1981, 28 de diciembre de 1981, 4 de noviembre de 1983, 24 de diciembre de 1984, 19 de enero de 1988, 26 de julio de 1990, 16 de julio de 1993, 7 de mayo de 1997 y 01 de junio de 2001 respectivamente.

Ante la necesidad de recursos adicionales para dar continuidad a su mandato de reducir la pobreza extrema, la Asamblea de Gobernadores de la Asociación, mediante resolución número 204, aprobó su Decimotercera Reposición de Recursos, por 10,020’000,000.00 (diez mil veinte millones) de Derechos Especiales de Giro (DEG) equivalentes a 12,675’500,400.00 dólares a un tipo de cambio de 1.26502 dólares por DEG, mismos que fueron utilizados para cubrir su programa de operaciones durante el período comprendido entre el 1° de julio de 2002 y el 30 de junio de 2005.

México fue invitado a contribuir a la Asociación el 0.05% del total de la reposición con base en su contribución a la reposición anterior (AIF12), esto equivaldría a DEG 5’010,000. Sin embargo, la escasez de recursos presupuestales de nuestro país obligan a replantear una contribución ligeramente menor, la cual se ubicaría en DEG 4’000,000 (cuatro millones) equivalente al 0.04 por ciento del total (la menor contribución de México en cualquier otra reposición.

Por las consideraciones anteriores se somete al Pleno de la H. Cámara de Diputados el siguiente

DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 2 DE LA LEY QUE ESTABLECE BASES PARA LA EJECUCIÓN EN MÉXICO, POR EL PODER EJECUTIVO FEDERAL, DEL CONVENIO CONSTITUTIVO DE LA ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE FOMENTO.

Artículo Primero. Se reforma el artículo 2 de la Ley que Establece Bases para la Ejecución en México, por el Poder Ejecutivo Federal, del Convenio Constitutivo de la Asociación Internacional de Fomento, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 1960, para quedar como sigue:

Artículo 2. Se autoriza al Gobierno Federal para que por conducto del Banco de México, realice la aportación correspondiente a la Decimotercera Reposición de Capital de la Asociación Internacional de Fomento, hasta por el equivalente de cuatro millones de Derechos Especiales de Giro, cantidad que se adicionará a las suscripciones anteriores efectuadas por los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo Segundo. Se autoriza al Ejecutivo Federal para actualizar las aportaciones a que se refiere la Ley que Establece Bases para la Ejecución en México, por el Poder Ejecutivo Federal, del Convenio Constitutivo de la Asociación Internacional de Fomento, para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo anterior.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Sala de Comisiones de la H. Cámara de Diputados a 9 de abril de 2008.

Por la Comisión de Hacienda y Crédito Público

Diputados: Charbel Jorge Estefan Chidiac (rúbrica), presidente; David Figueroa Ortega (rúbrica), Emilio Ramón Ramiro Flores Domínguez (rúbrica), Ricardo Rodríguez Jiménez, Camerino Eleazar Márquez Madrid (rúbrica), José Antonio Saavedra Coronel (rúbrica), Antonio Soto Sánchez (rúbrica), Ismael Ordaz Jiménez (rúbrica), Miguel Ángel González Salum (rúbrica), Carlos Alberto Puente Salas (rúbrica), Juan Ignacio Samperio Montaño, Joaquín Humberto Vela González, Manuel Cárdenas Fonseca (rúbrica), Aída Marina Arvizu Rivas, secretarios; José Alejandro Aguilar López (rúbrica), Samuel Aguilar Solís, José Rosas Aispuro Torres (rúbrica), Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla (rúbrica), Francisco Javier Calzada Vázquez, Ramón Ceja Romero, Carlos Chaurand Arzate (rúbrica), Carlos Alberto García González (rúbrica), Juan Nicasio Guerra Ochoa, Javier Guerrero García, José Martín López Cisneros, Lorenzo Daniel Ludlow Kuri (rúbrica), Luis Xavier Maawad Robert (rúbrica), María de Jesús Martínez Díaz, José Murat, Miguel Ángel Navarro Quintero, Raúl Alejandro Padilla Orozco, Dolores María del Carmen Parra Jiménez (rúbrica), Jorge Alejandro Salum del Palacio (rúbrica), Faustino Soto Ramos, Pablo Trejo Pérez (rúbrica).

De la Comisión de la Función Pública, por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público

Honorable Asamblea:

La Comisión de la Función Pública de esta honorable Cámara de Diputados, con base en las facultades que le confieren los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a su consideración el siguiente dictamen sobre la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 1, 2, 7, 9, 14, 15, 16, 17, 23, 26, 27, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 36 Bis, 37, 38, 40, 42, 43, 46, 57, 59, 60 y 65 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Antecedentes

La iniciativa que se dictamina fue publicada en la Gaceta Parlamentaria número 2335-I, el jueves 6 de septiembre de 2007, y presentada el 9 de septiembre por el diputado Eduardo Sánchez Hernández, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

En esa misma fecha la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados la turnó para su estudio y dictamen a la Comisión de la Función Pública.

Recibida en la comisión, y una vez sometida la proposición a estudio y análisis, se preparó un proyecto de dictamen en sentido favorable, que fue sometido a la consideración y discusión del pleno de la comisión, que lo aprobó en la sesión de fecha 26 de marzo de 2008.

Análisis de la iniciativa

I. La iniciativa de mérito tiene por objeto reformar diversas disposiciones de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, debido a que las disposiciones vigentes de la ley no aprovechan las oportunidades que ofrecen los avances teóricos y tecnológicos en materia de subastas, con lo cual, a juicio del proponente se desaprovecha el impacto favorable que éstas tienen, cuando se ha demostrado que pueden generar beneficios importantes tanto a las empresas como a los gobiernos en todo el mundo, en virtud de que transfieren márgenes económicos de los proveedores a los compradores y generan ahorros presupuestales importantes, dotando de transparencia la selección de proveedores y promoviendo el uso honesto de recursos públicos; ya que catalizan mejoras administrativas compatibles con una gestión moderna y eficaz.

En la exposición de motivos del proyecto en comento, indica el iniciante que las subastas electrónicas constituyen un método no presencial por el que los licitantes podrán presentar, a través de medios remotos de comunicación electrónica que establezca el subastador, con posterioridad a la presentación y apertura del sobre cerrado que contenga su propuesta económica, una o más ofertas que mejoren el precio de su proposición inicial, según el mecanismo que establezca el subastador, sin que ello signifique la posibilidad de variar las especificaciones o características originalmente contenidas en su proposición técnica.

De este modo, el iniciante propone reformar el régimen vigente en materia de adquisiciones del sector público, para efectos de admitir la posibilidad de llevar a cabo subastas electrónicas administradas y operadas por particulares, con los objetivos siguientes:

• Fomentar la competencia entre los proveedores del Estado;

• Transparentar los procesos de contratación del gobierno federal;

• Promover la modernización de la gestión pública;

• Impulsar la reducción de los costos de transacción y de contratación;

• Fomentar la eficiencia de las adquisiciones del sector público; y

• Alcanzar los objetivos de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

II. Si bien la iniciativa de mérito resulta de interés, toda vez que las subastas electrónicas otorgarían la opción de realizar contrataciones de bienes que permitan a la dependencia o entidad convocante obtener de los participantes mejores precios, esta comisión dictaminadora estima necesario realizar algunos ajustes al texto propuesto por el iniciante, con objeto de incorporar conceptualmente la posibilidad de aceptar ofertas de descuentos subsecuentes de los licitantes, a efecto de que posteriormente, atendiendo a los resultados y problemática que se detecte en la utilización de este procedimiento, pueda estimarse la reglamentación correspondiente que elimine los obstáculos que se presenten y se perfeccione su práctica.

Se estima conveniente que el procedimiento de licitación vigente, pueda implicar una modalidad de ofertas de descuentos subsecuentes, las cuales se presenten una vez que se cuente con la propuesta económica más baja durante el acto de presentación y apertura de proposiciones, como el precio máximo de referencia.

De igual manera, en virtud de lo que establece el quinto párrafo del artículo 134 constitucional, no se considera procedente que el subastador sea un agente privado, por lo que deberá ser la propia dependencia o entidad de que se trate.

En el citado artículo 134, así como en las disposiciones de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, se establece que todos los actos de licitación son públicos, por lo que cualquier interesado puede acceder a ellos, y en los términos propuestos, se daría cabida a que los procedimientos se realizarán únicamente por medios electrónicos, limitando la posibilidad de que participen personas físicas o morales que, por carecer de recursos informáticos o por no confiar en los mismos, prefieran participar con sus propuestas en la forma tradicional, mediante la entrega física y material de las mismas, particularmente si se considera que un buen número de personas que integran la micro, pequeña y mediana empresa, carece de dichos recursos y que significan una importantísima fuente de aprovisionamiento de la administración pública federal, por ofrecer las mejores condiciones en las contrataciones en que participan.

En este sentido, es importante tener en cuenta que la propia Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público prevé en el texto vigente la obligación de que en las bases de licitación se establezcan, en su caso, los términos y condiciones a que deberá ajustarse la participación de los licitantes cuando las proposiciones sean enviadas por medios remotos de comunicación electrónica, y precisa que deberá establecerse el señalamiento de que los licitantes que opten por utilizar alguno de estos medios para enviar sus proposiciones no limita, en ningún caso, que asistan a los diferentes actos derivados de una licitación.

Para la elaboración del presente dictamen, se han tomado en consideración las aportaciones de cámaras representativas de sectores diversos, tales como la farmacéutica, la de la industria de la consultoría, de la industria de telecomunicaciones y tecnologías de la información, la Confederación Nacional de Cámaras de Comercio, la Cámara Nacional de la Industria de la Construcción, entre otras, así como representantes del sector académico, estados y municipios, empresas paraestatales y dependencias, además de recibir las opiniones y recomendaciones de otros legisladores, recogiendo sus inquietudes y sugerencias, tales como la obligatoriedad tanto del uso de medios electrónicos como de la modalidad de descuentos subsecuentes, los compromisos internacionales y medidas para obtener mayor eficiencia, eficacia y transparencia en los procedimientos de contratación pública.

III. Ahora bien, por lo que respecta a las reformas propuestas a los artículos 1, fracción II; 7, párrafos primero y segundo; 8, párrafos primero y segundo; 14, primer párrafo; 15, segundo párrafo, y 17, primer párrafo, se percibe que únicamente tienen por objeto precisar quienes están sujetos a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, así como actualizar el nombre de la Secretaría de Economía.

Esta comisión dictaminadora estima que estas reformas no tienen relación alguna con la licitación electrónica ni con la modalidad relativa a las ofertas subsecuentes de descuentos, aspectos que son el propósito fundamental de la iniciativa, por lo que no resulta pertinente llevar a cabo las mencionadas reformas.

Lo anterior en razón de que los sujetos obligados por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, se encuentran claramente determinados en el artículo 1 de dicho ordenamiento. Además, conforme a lo dispuesto por el artículo quinto transitorio del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, de la Ley Federal de radio y Televisión, de la Ley General que Establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de la Ley de la Policía Federal Preventiva y de la Ley de Pesca, publicado en el diario Oficial de la Federación el 30 de noviembre de 2000, las menciones que se realizan a la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial se entienden referidas a la Secretaría de Economía.

Consideraciones

Primera. Que, una vez realizado el análisis general de la iniciativa, es preciso emitir las consideraciones y comentarios que, en lo particular, se estiman procedentes, así como las propuestas de redacción para los artículos citados en la iniciativa de mérito que resultaría necesario modificar, con el objeto de contar con un proyecto de reformas adecuado a los fines que se persiguen.

Segunda. Que resulta necesario destacar que, en el marco de las discusiones respecto a esta iniciativa, se recibieron diferentes propuestas de modificación al proyecto de decreto, con la finalidad de establecer una diferencia clara entre la licitación electrónica y la modalidad de ofertas subsecuentes de descuento; para fortalecer y promover el desarrollo y crecimiento de las micro, pequeñas y medianas empresas, y, para generar las condiciones de implementación de estos mecanismos.

Dichas propuestas fueron presentadas por legisladores de los diferentes grupos parlamentarios que integran esta comisión y se tomaron en cuenta para la realización del presente dictamen.

Tercera. Que esta comisión después de someter a análisis tanto la iniciativa como las diversas propuestas, considera que es necesario, con el fin de dotar de mayor claridad al proyecto de decreto, realizar las siguientes modificaciones:

1. Agregar solamente una fracción VIII al artículo 2, en la que se establezca la definición de ofertas subsecuentes de descuentos, con esta inclusión resultaría necesario reformar las fracciones VI y VII por técnica legislativa para poder incluir la fracción VIII; de manera que se plantea la siguiente redacción:

Artículo 2.

I. a V.

VI. Proveedor: la persona que celebre contratos de adquisiciones, arrendamientos o servicios;

VII. Licitante: la persona que participe en cualquier procedimiento de licitación pública o bien de invitación a cuando menos tres personas, y

VIII. Ofertas subsecuentes de descuentos: modalidad utilizada en las licitaciones públicas, por la que los licitantes, al presentar sus propuestas, tienen la posibilidad de que, con posterioridad a la presentación y apertura del sobre cerrado que contenga su propuesta económica, realicen una o más ofertas subsecuentes de descuentos que mejoren el precio ofertado en forma inicial, sin que ello signifique la posibilidad de variar las especificaciones o características originalmente contenidas en su proposición técnica. En esta modalidad, el contrato se adjudicará al licitante que haya ofertado el precio más bajo.

No es conveniente incluir las definiciones propuestas por el iniciante como fracciones VIII y IX de este artículo (“subasta electrónica” y “subastador”), en virtud de que, por un lado, el concepto de “subasta” no se encuentra contemplado en el texto de esta ley, sino que sólo se reconoce el concepto de “licitación”. Además la definición realizada al concepto de subasta electrónica confunde un procedimiento electrónico de contratación, con la modalidad de “ofertas subsecuentes de descuentos” y, por otra parte, en términos de la propia Ley de Adquisiciones, la facultad y responsabilidad de realizar procedimientos de contratación corresponde de manera exclusiva a las dependencias y entidades de la administración pública federal.

2. Cambiar la redacción de la reforma propuesta por el iniciante al segundo párrafo del artículo 16, para establecer que se podrá contratar en el extranjero cuando los bienes o servicios hubieren de ser utilizados o prestados en el país, sólo cuando se acredite que ni su procedimiento ni los contratos se pueden realizar dentro del territorio nacional, y para tal efecto debe cumplirse con los principios contenidos en los artículos 14 y 28 fracciones II y III y último párrafo; para lo que se propone la siguiente redacción:

Artículo 16.

Cuando los bienes o servicios hubieren de ser utilizados o prestados en el país, y se acredite previamente que su procedimiento y los contratos no pueden realizarse dentro del territorio nacional, conforme a lo dispuesto por esta ley, se podrá contratar en el extranjero, aplicando los principios dispuestos por los artículos 14 y 28 fracciones II, III y último párrafo.

La anterior propuesta, deriva de considerar, que el artículo 16 vigente se refiere a bienes y servicios cuyos contratos fueron celebrados en el extranjero, los cuales se ubican en dos supuestos distintos: el primer párrafo relativo a aquéllos que se utilizarán o prestarán en el extranjero y, el segundo, a los que se utilizarán o prestarán en territorio mexicano.

En este sentido, atento a lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 16 vigente, a los contratos concertados y ejecutados en territorio extranjero, respecto de bienes y servicios que serán utilizados o prestados en el extranjero, les resultaría aplicable la legislación del lugar en que sean celebrados, es decir, la relación jurídica entre el proveedor y la convocante se regirá por la legislación del territorio extranjero en que se formalice el contrato.

Por cuanto corresponde al segundo párrafo, relativo a bienes o servicios contratados en el extranjero, que serán utilizados o prestados en territorio nacional, cuya contratación no fue posible realizar mediante licitación pública en el país, previa acreditación y justificación del área contratante de que no resulta factible obtener los bienes o servicios mediante licitación pública, sería posible celebrar contratos al amparo de la legislación extranjera del lugar donde se formalice el acto, aplicando en lo procedente lo dispuesto por la Ley de Adquisiciones.

Conforme a lo expuesto, no obstante considerar que la administración pública federal, excepcionalmente, podría contratar en el extranjero cuando existan y se acrediten las circunstancias que impiden realizar el procedimiento en territorio nacional, es pertinente señalar que en los dos supuestos previstos, la actuación de los servidores públicos mexicanos que intervengan en el procedimiento de contratación, como ejecutores del gasto, sí estarían sujetos a las disposiciones que resulten procedentes de la Ley de Adquisiciones, toda vez que dichos ejecutores se encuentran obligados a dar cumplimiento de los trámites o requerimientos de carácter presupuestario, de comprobación, de transparencia, del gasto y demás normatividad nacional que resulta aplicable a las dependencias y entidades de la administración pública federal.

Por lo anterior, aún cuando el contrato que en su caso se celebre en el extranjero y se elabore conforme a las leyes del lugar de su formalización, resultaría que la procedencia de adjudicar el contrato en una determinada persona extranjera, debe sujetarse a los principios establecidos en la legislación mexicana, a fin de transparentar la operación y acreditar que se garantizan las mejores condiciones para el Estado mexicano.

De ello, resultaría que en las contrataciones realizadas en el extranjero, conforme a la legislación extranjera, es necesario el previo dictamen de excepción previsto en el artículo 22, fracción II, de la Ley de Adquisiciones, si la operación que se pretende realizar supera los montos de actuación establecidos en el artículo 42 de la Ley de Adquisiciones y en el Presupuesto de Egresos de la Federación, toda vez que tales disposiciones son de observancia obligatoria para los servidores públicos que pretendan formalizar contratos en los supuestos mencionados.

3. Cambiar la reforma propuesta al artículo 26, y en lugar de agregar una segunda fracción que se refiera a los principios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez, a los que deben ajustarse los procedimientos de contratación; se plantea agregar un párrafo sexto a dicho artículo, pero en el que se establezca la posibilidad de que las licitaciones se llevan a cabo a través de los medios remotos de comunicación. Y dicha adición se realizaría con la siguiente redacción:

“Artículo 26.-

I. a III.

Las licitaciones públicas podrán llevarse a cabo a través de medios electrónicos, en los términos que se establezcan en el reglamento de esta ley.

4. Se considera que deben realizarse adiciones al artículo 28, con la finalidad de fomentar y fortalecer la participación de micro, pequeñas y medianas empresas y para prever de manera expresa la posibilidad de llevar a cabo licitaciones con ofertas subsecuentes de descuentos, y de este modo dotar de mayor claridad al proyecto de decreto; para tal efecto se propone agregar un tercer párrafo a la fracción I y adicionar un último párrafo a dicho artículo, con la siguiente redacción:

Artículo 28.

Con el propósito de fomentar el desarrollo y participación de las micro, pequeñas y medianas empresas, en igualdad de circunstancias, en las licitaciones públicas nacionales a que se refiere esta fracción, las dependencias y entidades deberán adjudicar los contratos a estas empresas, sin perjuicio de lo dispuesto en el último párrafo del artículo 14 de esta ley.

II. a III.

En las licitaciones públicas se podrá utilizar la modalidad de ofertas subsecuentes de descuentos, en los casos que establezca la Secretaría de la Función Pública mediante las disposiciones administrativas que emita para tal efecto, siempre que las dependencias o entidades convocantes justifiquen debidamente el uso de dicha modalidad.

5. Se considera pertinente que en lugar de reformar las fracciones III, V y XII del artículo 29 como lo propone el iniciante, sólo se reforme la fracción V para establecer que en las convocatorias se haga la indicación respectiva, en caso de utilizarse algún mecanismo de oferta subsecuente de descuento, con lo que la redacción propuesta sería la siguiente:

Artículo 29.-

I. a IV.

V. La indicación que ninguna de las condiciones contenidas en las bases de la licitación, así como en las proposiciones presentadas por los licitantes, podrán ser negociadas y, en su caso, si se utilizará algún mecanismo de ofertas subsecuentes de descuentos;

VI. a XII.

6. Se propone que se reforme el párrafo segundo de la fracción II y la fracción III del artículo 33, con la siguiente redacción:

Artículo 33.

II.

No será necesario hacer la publicación del aviso a que se refiere esta fracción, cuando las modificaciones deriven de las juntas de aclaraciones, siempre que, a más tardar dentro del plazo señalado en este artículo, se entregue copia del acta respectiva a cada uno de los licitantes que hayan adquirido las bases de la correspondiente licitación, y la información respectiva se ponga a disposición de los licitantes que, en su caso, participen a través de los medios remotos de comunicación electrónica que establezca la Secretaría de la Función Pública, y

III. En el caso de las bases de licitación, o las modificaciones de éstas, se dé la misma difusión que se haya dado a la documentación original, o bien, cuando las modificaciones deriven de las juntas de aclaraciones, se ponga a disposición o se entregue copia del acta respectiva a cada uno de los licitantes que hayan adquirido las bases de la correspondiente licitación, y la información respectiva se ponga a disposición de los licitantes que, en su caso, participen a través de los medios remotos de comunicación electrónica que establezca la Secretaría de la Función Pública.

La modificación aquí propuesta, se realiza en virtud de que en el texto presentado por el iniciante se privilegia el uso de los medios remotos de comunicación electrónica, posibilidad que ya prevé el texto vigente de la Ley de Adquisiciones. Y, en la iniciativa, se establece que se entregue por dicho medio copia del acta respectiva, lo que no resulta del todo conveniente, ya que éstas deben ser firmadas por los asistentes y entregárseles copia, y para efectos de su notificación, se deben poner al finalizar los actos, a disposición de los licitantes que no hayan asistido, en un lugar visible al que tenga acceso público en el domicilio del área responsable del procedimiento de contratación, en términos de lo dispuesto en el artículo 35 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, siendo éste un procedimiento estricto y riguroso para notificar a los licitantes tomando en consideración los efectos jurídicos de no realizar las referidas notificaciones en apego a la ley.

7. La modificación que plantea el iniciante respecto a reformar los párrafos primero y segundo; y agregar un párrafo, que pasaría a ser segundo, al artículo 34 en el sentido de que los sobres de los licitantes que participen a través de los medios electrónicos sean generados mediante tecnologías que resguarden su confidencialidad, se considera procedente, por lo que la redacción de dicha modificación sería la siguiente:

Artículo 34. La entrega de proposiciones se hará en sobre cerrado que contendrá la propuesta técnica y económica. En el caso de las proposiciones presentadas por medios remotos de comunicación electrónica, los sobres serán generados mediante el uso de tecnologías que resguarden la confidencialidad de la información de tal forma que sean inviolables, conforme a las disposiciones técnicas que al efecto establezca la Secretaría de la Función Pública.

La documentación distinta a la propuesta podrá entregarse, a elección del licitante, dentro o fuera del sobre que la contenga.

Salvo los casos justificados por las dependencias o entidades, en las bases de licitación, se establecerá que dos o más personas podrán presentar conjuntamente proposiciones sin necesidad de constituir una sociedad, o nueva sociedad en caso de personas morales, siempre que, para tales efectos, en la propuesta y en el contrato se establezcan con precisión y a satisfacción de la dependencia o entidad, las partes a que cada persona se obligará, así como la manera en que se exigiría el cumplimiento de las obligaciones. En este supuesto la propuesta deberá ser firmada por el representante común que para ese acto haya sido designado por el grupo de personas, ya sea autógrafamente o por los medios de identificación electrónica autorizados por la Secretaría de la Función Pública.

8. Se prevé que se agregue un segundo párrafo al artículo 35, en los siguientes términos:

Artículo 35.

I. a IV.

Tratándose de licitaciones en las que se utilice la modalidad de ofertas subsecuentes de descuentos, en el acta referida en la fracción III de este artículo, se señalará la fecha, hora y lugar en la que se dará inicio a la presentación de ofertas subsecuentes de descuentos.

Esta propuesta se realiza considerando que el propósito de la iniciativa es incorporar a la Ley de Adquisiciones la posibilidad de que se lleven a cabo procedimientos de contratación que permitan, cuando así lo considere conveniente la dependencia o entidad convocante y lo determine en la convocatoria y las bases de contratación, la posibilidad de que los licitantes puedan presentar ofertas económicas subsecuentes, que mejoren el precio de su proposición inicial.

9. Se considera oportuno reformar el sexto párrafo del artículo 42 en lo siguientes términos:

Artículo 42.

Para fomentar el desarrollo y la participación de las empresas nacionales, micro, pequeñas y medianas, las dependencias y entidades deberán adjudicarles en las operaciones comprendidas en los supuestos de excepción a la licitación pública a que se refiere este artículo, cuando menos el cincuenta por ciento del valor de las adquisiciones.

Con ello se lograría un mayor desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas nacionales, al tener un mayor grado de participación en las licitaciones que realicen las dependencias y entidades del Ejecutivo Federal.

10. Por último, se plantea agregar un artículo segundo transitorio, con la finalidad de otorgar un plazo al Ejecutivo federal, para que pueda generar las condiciones necesarias para implementar estos procedimientos. Y la redacción de los artículos transitorios sería la siguiente:

Artículos Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Las reformas y adiciones a los artículos 26, 28 y 42 entrarán en vigor seis meses después de la publicación del presente decreto en el Diario Oficial de la Federación. En dicho plazo, el Ejecutivo federal deberá emitir las disposiciones reglamentarias y administrativas respectivas.

En virtud de lo anterior, las diputadas y los diputados integrantes de la Comisión de la Función Pública de la LX Legislatura sometemos a la consideración de esta soberanía el siguiente proyecto de

Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público

Artículo Único. Se reforman las fracciones VI y VII del artículo 2; el segundo párrafo del artículo 16; la fracción V del artículo 29; el segundo párrafo de la fracción II y la fracción III del artículo 33; los párrafos primero y segundo actual del artículo 34; el sexto párrafo del artículo 42; y se adicionan una fracción VIII al artículo 2; un sexto párrafo al artículo 26; un tercer párrafo a la fracción I y un último párrafo al artículo 28; un párrafo segundo al artículo 34, recorriéndose en su orden los demás párrafos; un segundo párrafo al artículo 35 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, para quedar como sigue:

Artículo 2.

I. a V.

VI. Proveedor: la persona que celebre contratos de adquisiciones, arrendamientos o servicios;

VII. Licitante: la persona que participe en cualquier procedimiento de licitación pública o bien de invitación a cuando menos tres personas, y

VIII. Ofertas subsecuentes de descuentos: modalidad utilizada en las licitaciones públicas, en la que los licitantes, al presentar sus propuestas, tienen la posibilidad de que, con posterioridad a la presentación y apertura del sobre cerrado que contenga su propuesta económica, realicen una o más ofertas subsecuentes de descuentos que mejoren el precio ofertado en forma inicial, sin que ello signifique la posibilidad de variar las especificaciones o características originalmente contenidas en su proposición técnica. En esta modalidad, el contrato se adjudicará al licitante que haya ofertado el precio más bajo en los términos de lo establecido en el artículo 36 Bis.

Artículo 16.

Artículo 26.

I. a III.

...

Las licitaciones públicas podrán llevarse a cabo a través de medios electrónicos, en los términos que se establezcan en el reglamento de esta ley.

Artículo 28.

II. a III.

Artículo 29.-

I. a IV.

VI. a XII.

Artículo 33.

II.

La documentación distinta a la propuesta podrá entregarse, a elección del licitante, dentro o fuera del sobre que la contenga.

Artículo 35.

I. a IV.

Artículo 42.

Artículos Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, México, DF, a 26 de marzo de 2008.

La Comisión de la Función Pública

Diputados: Benjamín González Roaro (rúbrica), presidente; José Guillermo Velázquez Gutiérrez (rúbrica), Jesús Evodio Velázquez Aguirre (rúbrica), René Lezama Aradillas (rúbrica), Enrique Cárdenas del Avellano (rúbrica), secretarios; Moisés Alcalde Virgen (rúbrica), Jesús Sergio Alcántara Núñez (rúbrica), Alma Edwivges Alcaraz Hernández (rúbrica), Jesús Arredondo Velázquez (rúbrica en abstención), Carlos Armando Biebrich Torres, María Eugenia Campos Galván (rúbrica), Andrés Carballo Bustamante (rúbrica), María de Jesús Martínez Díaz, Joaquín Conrado de los Santos Molina (rúbrica en contra), Mario Enrique del Toro (rúbrica en contra), Adriana Díaz Contreras, Arturo Flores Grande (rúbrica), Apolonio Méndez Meneses (rúbrica), Carlos Orsoe Morales Vázquez, Alan Notholt Guerrero (rúbrica), Héctor Padilla Gutiérrez, Rafael Plácido Ramos Becerril (rúbrica en contra), Marcos Salas Contreras, Ramón Valdés Chávez, María del Carmen Fernández Ugarte (rúbrica).

De las Comisiones Unidas de Educación Pública y Servicios Educativos, y de Atención a Grupos Vulnerables, con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 7 y 42 de la Ley General de Educación, y 32 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes

HONORABLE ASAMBLEA:

Las Comisiones Unidas de Educación Pública y Servicios Educativos y de Atención a Grupos Vulnerables de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión de la LX Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39, 45 numeral 6, incisos f) y g) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 55, 56, 60 y 88, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; someten a consideración de los integrantes de esta Honorable Asamblea el presente:

DICTAMEN DE LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XIII AL ARTÍCULO 7 Y SE ADICIONA EL ARTÍCULO 42 DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN; Y SE ADICIONA EL INCISO A DEL ARTÍCULO 32 DE LA LEY PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

I. ANTECEDENTES

1. En Sesión Ordinaria del Pleno del Senado de la República del 11 de diciembre de 2003, la Senadora María Lucero Saldaña Pérez del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó la Iniciativa con Proyecto de Decreto de Reformas y Adiciones a la Ley General de Educación y a la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en materia de Educación para la Sexualidad.

2. Con la misma fecha la Presidencia la turnó, para su análisis y dictamen, a las Comisiones Unidas de Educación y Cultura y de Estudios Legislativos, cuyos plenos aprobaron el dictamen respectivo el 16 de marzo de 2006.

3. En Sesión Ordinaria de 28 de marzo de 2006 el Pleno de la Cámara de Senadores aprobó el dictamen correspondiente.

4. En la misma fecha, la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores envío a esta Soberanía la Minuta respectiva.

5. En Sesión Ordinaria del Pleno de la Cámara de Diputados de 30 de marzo de 2006, la Mesa Directiva dio cuenta con la Minuta materia del presente dictamen, turnándolo a las Comisiones Unidas de Educación Pública y Servicios Educativos y de Atención a Grupos Vulnerables con Opinión de las Comisión Especial de la Niñez Adolescencia y Familias y de Salud.

6. El 16 de agosto de 2007, la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables emitió dictamen en sentido positivo aprobando en lo general la Minuta de referencia.

7. El 11 de septiembre de 2007, la Comisión de Salud emitió opinión favorable a la aprobación de la Minuta en comento, considerando que ésta responde a la importancia y urgente necesidad de ampliar la cobertura de la educación sexual a todos los niveles de la educación básica.

II. CONTENIDO DE LA MINUTA

1. El objetivo de la Minuta, desde la presentación de la Iniciativa, es que en todos los grados de la Instrucción Básica que se imparta en México, se incluyan contenidos para que las niñas, niños y adolescentes reciban una educación, en sexualidad y afectividad, integral, objetiva, orientadora, científica, gradual y formativa, que desarrolle su autoestima, el respeto a su cuerpo y a la sexualidad responsable, adicionando una fracción al artículo 7 de la Ley General de Educación, que describe los fines que deberá tener la educación impartida en el país, complementarios a los señalados en el segundo párrafo del artículo 3º de la Constitución que establece que “La educación que imparta el Estado tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la Patria y la conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia y en la justicia. ”

Asimismo, la Minuta pretende, al reformar al artículo 42 de la Ley General de Educación, que en la impartición de la educación para menores de edad se asegure a las niñas, niños y adolescentes, la protección y el cuidado necesarios para preservar su integridad no solamente física, psicológica y social, sino sexual y afectiva; todo ello sobre la base del respeto a su dignidad, procurando que la aplicación de la disciplina escolar sea compatible con su edad, sumando las categorías sexual y afectiva.

La actual fracción “A” del artículo 32 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, establece y desarrolla el derecho a una educación que respete su dignidad y les prepare para la vida en un espíritu de comprensión, paz y tolerancia en términos del artículo 3º de la Constitución; y precisa que Se les proporcione la atención educativa que por su edad, madurez y circunstancias especiales requirieran para su pleno desarrollo , la Minuta adiciona los términos físico, mental, cultural, psicosexual, afectiva y social, que comprenden el pleno desarrollo.

2. La Minuta aprobada por el Senado de la República hace referencia a la iniciativa original cuando afirma que en 1972 se incluyó la educación sexual en el currículo de la educación básica, a los que en 1992 se incorporaron elementos cognoscitivos y afectivos de la sexualidad, y en 1998 este tema se incorporó a los programas a partir de quinto año de primaria, lo cual subsiste en la actualidad.

Asimismo, recupera el planteamiento de que la sexualidad no es una característica que surge en la adolescencia, como se le entendía en épocas pasadas, sino que es un componente de la vida humana presente desde el nacimiento, que se manifiesta de formas diversas en las diversas fases del desarrollo del individuo en cambios físicos, psicológicos y sociales; y la consideración sobre el hecho de que cada vez más niños y niñas cuentan con información errónea sobre el tema, proveniente tanto de medios sociales desinformados y medios de comunicación, derivando de allí la necesidad de legislar para que la educación sexual se imparta desde el primer grado de preescolar, con el objetivo de neutralizar los efectos negativos de estas informaciones, y en cambio puedan... conocer el desarrollo natural del cuerpo humano, así como los alcances y límites de la conducta sexual de los individuos... de una manera paulatina, sistemática y apropiada, y así tratar de disminuir... los problemas que... aquejan a muchas y muchos adolescentes que, sin estar en plena conciencia de las responsabilidades que implica el comportamiento sexual, se enfrentan a una gran diversidad de problemáticas, como son los embarazos adolescentes y la deserción escolar derivada de la maternidad y paternidad anticipada .

Reporta que, de acuerdo a la Secretaría de Salud, el 17 por ciento de los partos es de menores de 18 años, así como la proliferación de contagios enfermedades de transmisión sexual y VIH/SIDA, que se calcula que en México en 150 mil personas portadoras, de las que 50 por ciento son jóvenes de entre 10 y 24 años de edad.

3. Las Comisiones Dictaminadoras del Senado expresan su coincidencia con la iniciativa, valorando los argumentos y aportando elementos de juicio:

a) Que la sexualidad es componente central de la personalidad humana; un lenguaje que permite la comunicación afectiva, que involucra aspectos biológicos, psicológicos, sociales, culturales, éticos y aún económicos, y por lo mismo no puede entenderse independientemente de los principios y valores que caracterizan y dan perfil a la cultura de cada sociedad; que su ejercicio puede ser fuente de expresión de los más profundos y nobles sentimientos (como engendrar un hijo voluntaria y responsablemente y por tanto deseado y esperado), pero también de graves trastornos en la vida personal y social. Que ejercida en un contexto de afecto, información, responsabilidad, madurez, estabilidad, voluntad, libertad y dignidad, puede generar una apertura a la vida y una expresión de afecto, con amor y respeto como aspectos intrínsecamente humanos.

b) El criterio de la Organización Mundial de la Salud, en el sentido de que una sexualidad sana implica: a) aptitud para disfrutar la actividad sexual y reproductiva y controlarla de acuerdo a una ética personal y social; b) ausencia de temores, sentimientos de vergüenza y culpabilidad, de creencias infundadas y de otros factores psicológicos que inhiban la reacción sexual o perturben las relaciones sexuales;. c) ausencia de trastornos orgánicos, de enfermedades y deficiencias que entorpezcan la actividad sexual y reproductiva.

c) Que la sexualidad humana es posible de aprender, perfeccionar, manejar, y orientar a desarrollar conductas, como expresión de actitudes y valores, basadas en una determinación personal informada, inteligente, libre, voluntaria, y en el respeto por los demás.

d) Que el diálogo abierto permite conocer, reconocer y aceptar la sexualidad en un sentido amplio (desde el punto de vista físico, psíquico, social y afectivo), aceptar al otro y adquirir posteriormente la noción del “nosotros” en tanto pareja; que favorece la posibilidad de su ejercicio de una forma que la responsabilidad, la dignidad y el respeto se constituyan en autocontroles, y que respalda la capacidad y el derecho de los individuos de decidir sus propias opciones y eliminar la tendencia a decidir por los demás. Para ello es necesario poner a disposición de toda persona, desde temprana edad, herramientas informativas (contenidos que apunten a una información veraz, medida y oportuna) y formativas (autoestima, afectividad, principios, valores) que favorezcan la aceptación de la sexualidad y la capacidad de ejercerla de tal manera que sea expresión de complementariedad y comunicación con el otro, en términos de igualdad.

e) Que aún con los avances que se reconoce se han tenido en la materia, son más acciones que en general resultan más parches que estrategias de largo plazo con clara finalidad formativa y preventiva frente a problemas puntuales y alarmantes, mientras niños y adolescentes están cada día mas expuestos a motivaciones, factores y riesgos de muy diversas naturalezas, entre los que se pueden destacar, junto con los señalados en la iniciativa:

a) De carácter biológico, fundamentalmente el adelantamiento de la madurez sexual y el retraso de la psicológica y afectiva, que los deja a edad muy temprana en condiciones de fertilidad, en condiciones de indefensión cuando aún, no han logrado una plena madurez biológica y psicosocial.

b) De carácter social, la presión competitiva y de aceptación de sus pares, en un medio actual donde resulta a lo menos extraño que un muchacho o muchacha, no haya tenido experiencias sexuales y por tanto pareciera ser un imperativo tenerlas, que hace necesario reforzar y valorar aquellas opciones en las cuales los jóvenes voluntaria, libre y responsablemente deciden posponer su inicio sexual, como una forma de realización personal y en proyección a facilitar la concreción de sus proyectos de vida. La imitación de comportamientos sexuales ajenos en un contexto de falta de modelos adecuados, en que los medios de comunicación transmiten mensajes sexo-eróticos directos o subliminales en que la relación sexual tiene una connotación de inmediatez, sin preámbulos ni compromiso.

c) De carácter psicológico, los vacíos afectivos que generan los tabúes y prejuicios de los adultos hacia las demostraciones verbales y no verbales de afecto y sentimientos, tanto en el contexto de pareja, como modelo positivo para los hijos y la relación directa con ellos, independientemente de su edad. El fenómeno se acentúa cuando ambos padres se ven forzados a trabajar y dejan desprovistos de tutela a sus hijos, y constituye una de las razones por las cuales los adolescentes embarazan o se embarazan. El fenómeno cada vez más generalizado, de las carencias en la autoestima, en la valoración del individuo sobre si mismo, que le impiden reconocer sus limitaciones y potencialidades para aceptarse como es.

d) De carácter socio-cultural, factores familiares, como las alteraciones del núcleo familiar, estructurales o funcionales, por separaciones, incorporación de madres al mundo laboral, alcoholismo, drogadicción, enfermedades y pobreza en comunicación y manifestaciones afectivas. El retraso del matrimonio en una sociedad de consumo altamente competitiva, que al demandar altas competencias implica prolongar estudios y postergar compromisos como el matrimonio. El hacinamiento familiar y la promiscuidad, generados por la falta de oportunidades laborales y las corrientes migratorias, y que se acentúa en familias extensas, plantea que las manifestaciones sexuales ocurran en un contexto de falta de privacidad, que influye en un aprendizaje empírico (con) muy baja calidad formativa.

e) De carácter cultural, cabe destacar los estímulos eróticos de los medios de comunicación electrónicos e impresos en el contexto de la revolución de las comunicaciones de nuestro tiempo, en que niños y jóvenes sin herramientas formativas adecuadas quedan expuestos a la multiplicidad de estímulos sexo eróticos que entregan; deficiencias en la información y formación adecuadas en el ámbito de la reproducción, sexualidad en la familia y la escuela, hacen que ninguna de ellas haya asumido el rol formador que permita entregar eficaz, adecuada y oportunamente las herramientas cognitivas y formativas que permitan a niños y jóvenes enfrentar el bombardeo erótico al que diariamente están expuestos.

f) Que cada vez más y a más temprana edad, niños y niñas cuentan con información errónea y tergiversada sobre temas sexuales, capaces de distorsionar sus ideas en esta materia, el desarrollo de su personalidad. Destacan las comisiones, como causas de esta desinformación, por un lado, que en esta materia normalmente se ha buscado privilegiar la educación sexual del silencio o la cultura sexual que esquiva los problemas e inquietudes de niños y adolescentes que, al no contar con la acción formadora de la familia o la escuela, quedan expuestos a múltiples riesgos.

g) Que los padres y la familia, primeros responsables del proceso educativo de niños y jóvenes en materia de sexualidad, generalmente no cuentan con elementos para asumir el rol que les corresponde, ya sea por experiencia propia, por inhibiciones y dificultades para abordar la temática, debidas al círculo de analfabetismo y carencia de información confiable y fácilmente manejable que en general impera en la materia.

h) Que la educación básica tradicional, por su parte, se ha caracterizado por la ausencia de educación sexual en sus planes y programas, y cuando se le incluye se aborda con una perspectiva biologicista, genitalista y de salud reproductiva. En términos generales de forma asistemática, fragmentaria y, muchas veces, riesgosamente voluntarista, por parte de personas sin la formación e información necesarias, que pueden provocar más daños que beneficios.

III. Consideraciones de las comisiones

1. Estas Comisiones ratifican los argumentos expuestos en los antecedentes, tanto en la iniciativa original como por las Comisiones Dictaminadoras del Senado, sobre la importancia de impartir educación en la sexualidad y la afectividad desde el primer grado de educación, reconociendo que son componentes centrales de la personalidad humana, que involucra aspectos físicos, mentales, sexuales, psicológicos, culturales, sociales y económicos. Así, en la educación se proporcionarán los conocimientos, las habilidades y las actitudes que permitan a niñas, niños y adolescentes mexicanos desarrollar su sexualidad y afectividad sana y responsablemente.

La sexualidad es un componente de la personalidad humana que afecta toda su realidad biológica, emocional y social; potencialidad y fuerza para ser desarrollada y ejercida, es un don de la naturaleza y una responsabilidad del ser humano; ya que es fuente de satisfacción o de trastorno en la vida personal y social del individuo, un medio de comunicación o un instrumento de explotación.

Incorporar la educación de la afectividad implica una visión humanista sobre el hombre y la mujer en su dimensión esencial, que reconoce su realidad presente y cree en su capacidad de perfeccionamiento. Conlleva, necesariamente, la conciencia del estado de deshumanización imperante en la actualidad, y un compromiso con la humanización como proceso permanente y dinámico.

2. Es necesario brindar a niñas y niños un ambiente de afecto, información, responsabilidad, madurez, estabilidad, voluntad, libertad y dignidad; así como las herramientas necesarias acordes a su edad, para que se desarrollen plenamente en la diversidad de condiciones sociales y culturales presentes; de otra manera, serán víctimas de la vulnerabilidad en la que se encuentran por no tener acceso a una educación integral.

3. Pese a que le tema de la sexualidad está de moda, lo cierto es que pocas veces se distingue la diferencia entre términos como sexo, sexualidad y género; de hecho este es un problema que no solo enfrentan niñas, niños y adolescentes sino también muchos adultos, quienes tienen escasa información.

La ignorancia lleva al error, por lo que es frecuente que en los medios de comunicación se considere a la sexualidad solo como instrumento de placer o únicamente por su función reproductora; excluyendo aspectos de gran importancia vinculados a ella como las relaciones interpersonales de amistad, de respeto y de entrega; el sentido del amor y la dignidad; la inquietud por madurar, crecer armónicamente y llevar a cabo un proyecto de vida.

Por lo expuesto, es necesario ejercer una sexualidad responsable, integral y satisfactoria, lo que requiere de una educación en sexualidad que no se limite a proporcionar datos históricos y científicos, sino que aporte criterios y valores que estén por encima de interpretaciones dogmáticas y prejuicios socioculturales.

4. En la investigación “La aceptación de la Educación de la Sexualidad en la Escuela: Hablan 15 000 padres de familia mexicanos”, publicada en la revista científica Archivos Hispanoamericanos de Sexología, Volumen IX, Número 1, 2003, se sostiene que “En nuestro país existe una severa problemática social y de salud, vinculada con la carencia de educación de la sexualidad. Son ilustrativos de ello algunos datos, como el hecho de que se atienden 366 mil partos de adolescentes al año como dice Welti, C.C. (2000), la violencia intrafamiliar basada en estereotipos de género, lo que se demuestra simplemente leyendo diarios, las violaciones a mujeres, el uso del condón en la primera relación sexual entre adolescentes solteros muestra grandes diferencias entre los dos sexos. Mientras que uno de cada dos hombres sexualmente activos dijo haberlo usado en la primera relación sexual (50.9%), solo una de cada cinco mujeres reportó su uso (22.9%), ambos (36.9%) Gayet C. (2003), son 500,000 los bebés que nacen de madres menores de 20 años INEGI (2000). Aunado a esto, el DIF, UNICEF e INEGI encuentran que en México existen 600,000 madres de menos de 19 años, mientras que la gran cantidad de abusos y violaciones sexuales a menores tanto en escuelas, en sus propias casas como por ministros religiosos (no cuantificadas por carencia de investigación al respecto) y la alta prevalencia de personas con VIH/Sida ya no son ajenas. Todo ello puede revertirse por medio de LA EDUCACIÓN DE LA SEXUALIDAD PROFESIONAL. Sin embargo, existen sectores de la población que pretenden “tapar el sol con un dedo” y que se niegan a que exista educación de la sexualidad o consideran que son solo los padres los que deben ser responsables de la educación de la sexualidad de sus hijos ”.

Del estudio y análisis de la Minuta enviada por el Senado, las Comisiones Unidas asumen su contenido y alcance, sin embargo al revisar el Diario Oficial de la Federación del viernes 2 de junio del 2006, verificaron la publicación de la reforma por medio de la cual se adicionó a la Ley General de Educación una fracción XIII al artículo 7o.; por lo que se presenta el estado que guarda actualmente el texto vigente de la Ley General de Educación, el de la Minuta y el del Dictamen:

Como se aprecia, debido a la adición del 2006 de una fracción XIII al artículo 7o. de la Ley General de Educación, la Minuta se modifica en su orden; en lugar de agregar una fracción XIII, se adiciona una fracción XIV.

Por otra parte, se adecuó la fracción XII para que termine en punto y coma, y no en punto; y a la fracción XIII se le agregó una “y”, a fin de armonizar la redacción del artículo.

Respecto la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes se presenta cuadro comparativo del texto vigente, el texto de la Minuta y el texto del dictamen:

Como se aprecia gramaticalmente se hizo de una adecuación en la parte final del inciso “A”, ya que dice: afectiva y debe decir afectivo, toda vez que se refiere al pleno desarrollo de las niñas, niños y adolescentes.

Remítase al Senado de la República para los efectos de lo dispuesto por el inciso E del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Por todo lo expuesto, las y los integrantes de las Comisiones Unidas de Educación Pública y Servicios Educativos y Atención a Grupos Vulnerables, emiten el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA LOS ARTÍCULOS 7o. Y 42 DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN, Y 32 DE LA LEY PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

Artículo Primero. Se reforman la fracción XIII del artículo 7o. y el artículo 42, y se adiciona una fracción XIV al artículo 7o. de la Ley General de Educación, para quedar como sigue:

Artículo 7o. La educación que impartan el Estado, sus organismos descentralizados y los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios tendrá, además de los fines establecidos en el segundo párrafo del artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los siguientes:

I. a XI. ...

XII. Fomentar actitudes solidarias y positivas hacia el trabajo, el ahorro y el bienestar general;

XIII. Fomentar los valores y principios del cooperativismo, y

XIV. Proporcionar, en todos los niveles y grados de educación básica, a las niñas, niños y adolescentes, una educación en sexualidad y afectividad integral, objetiva, orientadora, científica, gradual y formativa, que desarrolle su autoestima y el respeto a su cuerpo y a la sexualidad responsable.

Artículo 42. En la impartición de educación para menores de edad se tomarán medidas que aseguren al educando la protección y el cuidado necesarios para preservar su integridad física, sexual, afectiva, psicológica y social sobre la base de respeto a su dignidad, y que la aplicación de la disciplina escolar sea compatible con su edad.

Artículo Segundo. Se reforma el inciso “A” del artículo 32 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, para quedar como sigue:

Artículo 32. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a una educación que respete su dignidad y les prepare para la vida en un espíritu de comprensión, paz y tolerancia en los términos del artículo 3o. de la Constitución. Las leyes promoverán las medidas necesarias para que:

A. Se les proporcione la atención educativa que por su edad, madurez y circunstancias especiales requirieran para su pleno desarrollo físico, mental, cultural, psicosexual, afectivo y social.

B. a G. ...

Transitorios

Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Las autoridades educativas, en el ámbito de sus respectivas competencias desarrollarán e instrumentarán los programas y acciones que permitan el cumplimiento de las disposiciones de esta Ley en materia de formación, información y capacitación para la preservación de la integridad de los menores y la previsión del abuso o delito sexual. Para tal fin, contarán con un plazo de un ciclo escolar completo a partir de la publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Tercero. Se derogan todas las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas que se opongan al presente Decreto.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 12 de marzo de 2008.

Por la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos

Diputados: Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla (rúbrica), presidente; Constantino Acosta Dávila (rúbrica), Ariel Castillo Nájera, Leobardo Curiel Preciado (rúbrica), Delber Medina Rodríguez (rúbrica), Víctor Manuel Lizárraga Peraza (rúbrica), Adrián Pedrozo Castillo (rúbrica), Abundio Peregrino García (rúbrica), Enrique Rodríguez Uresti (rúbrica), Odilón Romero Gutiérrez (rúbrica), Sergio Sandoval Paredes, secretarios; José Rosas Aispuro Torres, Daniel Amador Gaxiola (rúbrica en contra), Raymundo Cárdenas Hernández (rúbrica), Juan de Dios Castro Muñoz (rúbrica), Faustino Javier Estrada González, Jesús Vicente Flores Morfín, María Gabriela González Martínez, Benjamín Ernesto González Roaro, Sergio Hernández Hernández (rúbrica), Ramón Ignacio Lemus Muñoz Ledo (rúbrica), Adolfo Mota Hernández, Francisco Javier Murillo Flores (rúbrica), Concepción Ojeda Hernández (rúbrica), María del Carmen Pinete Vargas, Ignacio Alberto Rubio Chávez (rúbrica), José de Jesús Solano Muñoz (rúbrica), Miguel Ángel Solares Chávez (rúbrica), Gerardo Sosa Castelán, José Luis Varela Lagunas (rúbrica).

Por la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables

Diputados: María Esperanza Morelos Borja (rúbrica), Marcela Cuen Garibi (rúbrica), Laura Angélica Rojas Hernández (rúbrica), David Sánchez Camacho (rúbrica), Eduardo Elías Espinosa Abuxapqui (rúbrica), Humberto Wilfredo Alonso Razo (rúbrica), Irene Aragón Castillo (rúbrica), Carlos Augusto Bracho González (rúbrica), Arnulfo Elías Cordero Alfonso (rúbrica), Silvia Emilia Degante Romero (rúbrica), María Victoria Gutiérrez Lagunes, Juana Leticia Herrera Ale, María Esther Jiménez Ramos (rúbrica), Rubí Laura López Silva (rúbrica), Marisol Mora Cuevas, Fernando Q. Moctezuma Pereda (rúbrica), María del Carmen Pinete Vargas (rúbrica), Jorge Quintero Bello (rúbrica), Mirna Cecilia Rincón Vargas (rúbrica), Adriana Rodríguez Vizcarra Velázquez (rúbrica), José Antonio Saavedra Coronel, Marta Angélica Tagle Martínez (rúbrica), Mario Vallejo Estévez, Martín Zepeda Hernández (rúbrica).

De la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos Javier Neri Alfaro, Sergio Maximino Heredia Sierra, Óscar Rogelio Rubio Íñiguez, María de Jesús Lazcón Castellanos, Norma Lizette López Cha y Carlos Alejandro León Aguilar para prestar servicios en la Embajada de Estados Unidos de América en México y en sus Consulados en Ciudad Juárez, Chihuahua; Guadalajara, Jalisco; y Nogales, Sonora

Honorable Asamblea:

En oficios fechados los días 5, 7, 10 y 12 de marzo del año en curso, la Secretaría de Relaciones Exteriores a través de la de Gobernación, solicita el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos Javier Neri Alfaro, Sergio Maximino Heredia Sierra, Óscar Rogelio Rubio Íñiguez, María de Jesús Lazcón Castellanos, Norma Lizette López Cha y Carlos Alejandro León Aguilar puedan prestar servicios de carácter administrativo, en la Embajada de Estados Unidos de América en México, y en sus Consulados en Ciudad Juárez, Chihuahua, en Guadalajara, Jalisco y en Nogales, Sonora, respectivamente.

En sesión celebrada por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, el 26 de marzo, se turnó a la suscrita comisión para su estudio y dictamen, el expediente relativo.

Considerando

a) Que los peticionarios acreditan su nacionalidad mexicana con las copias certificadas de sus actas de nacimiento.

b) Que los servicios que los propios interesados prestarán en la Embajada de los Estados Unidos de América en México, y en sus consulados en Ciudad Juárez, Chihuahua, en Guadalajara, Jalisco y en Nogales, Sonora, respectivamente, serán de carácter administrativo, y

c) Que las solicitudes se ajustan a lo establecido en la fracción II), del apartado C), del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y al segundo párrafo del artículo 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Por lo expuesto, la comisión se permite someter a la consideración de la honorable asamblea, el siguiente proyecto de

Decreto

Artículo Primero. Se concede permiso al ciudadano Javier Neri Alfaro, para prestar servicios como operador telefonista, en la Embajada de los Estados Unidos de América, en México.

Artículo Segundo. Se concede permiso al ciudadano Sergio Maximino Heredia Sierra, para prestar servicios como técnico en mantenimiento, en el Consulado de los Estados Unidos de América en Ciudad Juárez, Chihuahua.

Artículo Tercero. Se concede permiso al ciudadano Óscar Rogelio Rubio Iñiguez, para prestar servicios como chofer en la sección de servicios generales, en el Consulado de los Estados Unidos de América en Guadalajara, Jalisco.

Artículo Cuarto. Se concede permiso a la ciudadana María de Jesús Lazcón Castellanos, para prestar servicios como sub-cajera y auxiliar en la sección consular, en el Consulado de Estados Unidos de América en Guadalajara, Jalisco.

Artículo Quinto. Se concede permiso a la ciudadana Norma Lizetle López Cha, para prestar servicios como asistente consular de servicios de emergencia, en el Consulado de Estados Unidos de América en Nogales, Sonora.

Artículo Sexto. Se concede permiso al ciudadano Carlos Alejandro León Aguilar, para prestar servicios como asistente consular de investigador de fraude, en el Consulado de Estados Unidos de América en Nogales, Sonora.

Sala de comisiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.- México, DF, a 27 de marzo de 2008.

La Comisión de Gobernación

Diputados: Diódoro Carrasco Altamirano (rúbrica), presidente; Juan Enrique Barrios Rodríguez, Rogelio Carbajal Tejada (rúbrica), Valentina Valia Batres Guadarrama, Narciso Alberto Amador Leal (rúbrica), Alfonso Rolando Izquierdo Bustamante, Manuel Portilla Diéguez (rúbrica), Layda Elena Sansores San Román (rúbrica), secretarios; Carlos Armando Biebrich Torres (rúbrica), César Octavio Camacho Quiroz (rúbrica), Ricardo Cantú Garza (rúbrica), Ariel Castillo Nájera, Jesús de León Tello, María del Carmen Fernández Ugarte (rúbrica), Javier Hernández Manzanares (rúbrica), Juan Darío Lemarroy Martínez, Miguel Ángel Monraz Ibarra (rúbrica), Mario Eduardo Moreno Álvarez (rúbrica), Adolfo Mota Hernández (rúbrica), María del Pilar Ortega Martínez (rúbrica), Luis Gustavo Parra Noriega (rúbrica), Raciel Pérez Cruz, Gerardo Priego Tapia (rúbrica), José Jesús Reyna García (rúbrica), Salvador Ruiz Sánchez, Francisco Javier Santos Arreola (rúbrica), Rosa Elva Soriano Sánchez, Alberto Vázquez Martínez (rúbrica), Gerardo Villanueva Albarrán, Javier Martín Zambrano Elizondo (rúbrica).

De la Comisión de Juventud y Deporte, con puntos de acuerdo para exhortar a la Comisión de Juventud y Deporte a integrar la subcomisión de los decimosextos Juegos Panamericanos.

Honorable Asamblea:

La Comisión de Juventud y Deporte de la LX Legislatura de esta honorable Cámara de Diputados del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 56, 60, 64, 87, 88 y demás relativos y aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a la honorable Asamblea el siguiente:

Dictamen

Antecedentes

A la Comisión de Juventud y Deporte de la LX Legislatura de esta honorable Cámara de Diputados del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le fue turnado para su estudio y dictamen, el expediente No. 3117, que contiene la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Juventud y Deporte a integrar la Subcomisión para la Vigilancia y Seguimiento de la Construcción de Instalaciones que se utilizarán en los XVI Juegos Panamericanos 2011, por celebrarse en la ciudad de Guadalajara, presentada por los diputados Omar Antonio Borboa Becerra, Gustavo Macías Zambrano y Miguel Ángel Monraz Ibarra, todos ellos pertenecientes al Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, en sesión de la Cámara de Diputados celebrada el 13 de diciembre de 2007.

Mediante el presente punto de acuerdo, los diputados promoventes exhortan a la Comisión de Juventud y Deporte para que integre la Subcomisión de los XVI Juegos Panamericanos, cuyo objeto será vigilar y dar seguimiento a la construcción y adecuación de instalaciones que se utilizarán en los XVI Juegos Panamericanos por celebrarse en el 2011, en la ciudad de Guadalajara.

De acuerdo a lo planteado por los legisladores, dicha Subcomisión tendría vigencia durante la presente legislatura y en tanto se concluyen los trabajos de construcción y adecuación de las instalaciones deportivas concluyan.

De igual modo, el punto de acuerdo establece que la Subcomisión rendiría de manera periódica un informe ante la Comisión de Juventud y Deporte de la Cámara de Diputados.

Esta Comisión procedió al estudio y análisis de la iniciativa de referencia, llevando a cabo para tal efecto diversas reuniones de trabajo con los integrantes del pleno de la misma, hasta alcanzar el dictamen que hoy se presenta bajo las siguientes:

Consideraciones

Los Juegos Panamericanos son organizados por la Organización Deportiva Panamericana (Odepa), la cual fue creada en 1955, reuniendo a los comités olímpicos nacionales de América. Su objetivo fue fortalecer los vínculos de unión y amistad de los países americanos por medio del deporte y los principios del movimiento olímpico.

La Odepa eligió por unanimidad, durante su 44 asamblea general celebrada en Buenos Aires, el 28 de mayo de 2006, a Guadalajara para la organización como sede para los XVI Juegos Panamericanos 2011.

Los diputados promoventes explican que para la celebración de los juegos de 2011, el Comité Organizador eligió diversas instalaciones deportivas distribuidas por toda la ciudad de Guadalajara, entre las que se encuentran el Estadio Jalisco, el Estadio Olímpico; la Unidad Revolución, complejo deportivo; la Unidad Ávila Camacho, complejo deportivo; el complejo de voleibol y; el complejo de gimnasia.

Además, durante la presentación de la candidatura, se proyectó una inversión aproximada de 200 millones de dólares para la construcción de una villa olímpica que alojaría a los atletas con cerca de 1400 habitaciones y la renovación de espacios deportivos y espacios urbanos.

De acuerdo a las autoridades de la entidad, se planeó construir o adecuar con vistas a los Juegos Panamericanos de 2011, las siguientes instalaciones:

1. Un gimnasio de voleibol de sala, con cancha estadio convertible a tres canchas de instrucción, graderías para 3250 espectadores y sala de entrenamiento de alto rendimiento con tres canchas oficiales. Ubicado en la Unidad Ávila Camacho.

2. Un complejo de gimnasia artística y rítmica, espacio principal para competencias con graderías para 3 mil 500 espectadores, ubicado en la Unidad López Mateos.

3. Un velódromo de 250 metros, con pista de atletismo de sala, con capacidad para mil 850 espectadores, la pista de ciclismo sería de madera y la de atletismo de tartán, por lo cual estará cubierto totalmente para su mejor conservación, este edificio se sitúa en el Club Atlas Paradero.

4. Una oficina para el Comité Organizador de los Juegos Panamericanos, lugar para alojar a la plantilla operativa de los juegos, incluyendo la dirección; estas oficinas se encuentran en la Unidad Deportiva Revolución.

5. Para la disciplina de pelota vasca, se construiría un frontón de trinquete y otro de 36 metros, que serán utilizados en la Olimpiada Juvenil y quedarán disponibles para los Juegos Panamericanos si la disciplina queda incluida, para ello se aprovecharan las instalaciones existentes en la Unidad Deportiva Revolución.

Asimismo, el Comité Organizador ha manifestado que las instalaciones de la gimnasia rítmica y artística, voleibol de sala, natación, atletismo, halterofilia y el velódromo ya fueron concluidas y que están por hacerlo respecto al velódromo, tres años antes de la justa.

Por otra parte, en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2007 destinó 80 millones de pesos para los Juegos Panamericanos, sede Guadalajara.

Cabe señalar, que durante el pasado mes de septiembre de 2007, la mesa directiva de la Comisión de Juventud y Deporte sostuvo una reunión con el presidente del Comité Organizador de los Juegos Panamericanos, el cual realizó una amplia exposición de los avances en materia de infraestructura y organización. En dicha reunión se acordó realizar una visita a la ciudad de Guadalajara, para constatar dichos avances.

Durante la visita realizada a Guadalajara, el 8 de octubre del año pasado, a la cual asistieron la presidenta de la Comisión de Juventud y Deporte, la diputada Elizabeth Morales García, el diputado secretario Miguel Ángel Monraz Ibarra, el diputado secretario Luis Rodolfo Enríquez Martínez, el diputado secretario Francisco Sánchez Ramos y el diputado Martín Ramos Castellanos, se constató dicho avance, asimismo, los diputados asistentes acordaron la conformación de un grupo de trabajo, el cual vigilaría y daría seguimiento a los recursos federales destinados para la construcción de instalaciones que se utilizarán en los XVI Juegos Panamericanos 2011.

El grupo de trabajo, que en su momento se acordó, estaría integrado por la Comisión de Juventud y Deporte, funcionarios de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), un miembro del Comité Organizador y un legislador local. Se llegó a dicha resolución, en virtud de que un grupo de trabajo es idóneo para la realización de la labores encomendadas y porque de crearse una Subcomisión, sería imposible integrar a la Conade, al Comité Organizador o a los legisladores locales.

Esta comisión coincide con los diputados promoventes, sobre la importancia que representa una exitosa organización y realización de estos Juegos Panamericanos, pues este tipo de eventos deportivos sirven como un detonante para despertar el interés de la población por la práctica deportiva, con todas las repercusiones positivas que tiene en la salud, la seguridad pública y la cohesión social.

No debemos dejar de lado que la organización de estos juegos representa una forma de promover a la ciudad de Guadalajara como destino turístico, así como un impulso para crear infraestructura deportiva que redituará entre los atletas de alto rendimiento y la población en general.

Finalmente, la organización y realización de este tipo de competencias, tiene un efecto positivo en la economía, pues genera empleos, representan una oportunidad para dar a conocer y promover la cultura, los servicios, la capacidad hotelera y las dependencias e instalaciones deportivas. Por ello, esta comisión mediante la creación de un grupo de trabajo desea coadyuvar en la buena aplicación de los recursos públicos y que ésta se refleje en la construcción de instalaciones deportivas de excelencia, que permitan el mejor desarrollo de los XVI Juegos Panamericanos 2011, y una imagen positiva al exterior de la ciudad de Guadalajara y de nuestro país.

Por las consideraciones anteriormente expuestas, esta Comisión de Juventud y Deporte somete a la consideración de la honorable Asamblea los siguientes:

Acuerdos

Primero. La Comisión de Juventud y Deporte crea el Grupo de Trabajo de los XVI Juegos Panamericanos, cuyo objeto será vigilar y dar seguimiento a los recursos destinados a la construcción y adecuación de instalaciones que se utilizarán en los XVI Juegos Panamericanos por celebrarse en el 2011, en la ciudad de Guadalajara.

Segundo. La conformación y el número de integrantes de este Grupo de Trabajo deberá definirse por la Comisión de Juventud y Deporte en un plazo no mayor de 30 días naturales.

Tercero. El Grupo de Trabajo deberá elaborar un calendario de actividades y conforme a éste, deberá rendir de manera periódica un informe ante la Comisión de Juventud y Deporte de la Cámara de Diputados y tendrá vigencia durante la presente legislatura o en tanto se concluyen los trabajos de construcción y adecuación mencionados en el artículo primero de este punto de acuerdo.

Salón de Sesiones de la Comisión de Juventud y Deporte, Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 26 días del mes de febrero de dos mil ocho.

Por la Comisión de Juventud y Deporte

Diputados: Elizabeth Morales García (rúbrica), presidenta; Alma Hilda Medina Macías (rúbrica), Daisy Selene Hernández Gaytán (rúbrica), Francisco Elizondo Garrido (rúbrica), Francisco Sánchez Ramos, Gerardo Lagunes Gallina (rúbrica), Gregorio Barradas Miravete (rúbrica), José Luis Aguilera Rico (rúbrica), José Inés Palafox Núñez (rúbrica), Miguel Ángel Monraz Ibarra (rúbrica), secretarios; Ana Yurixi Leyva Piñón (rúbrica), Lilia Guadalupe Merodio Reza (rúbrica), Carlos Alberto Torres Torres (rúbrica), Celso David Pulido Santiago, Concepción Ojeda Hernández (rúbrica), Emilio Ulloa Pérez (rúbrica), Francisco Javier Plascencia Alonso (rúbrica), Gustavo Fernando Caballero Camargo (rúbrica), Joel Arellano Arellano (rúbrica), Mario Alberto Salazar Madera (rúbrica), Martín Ramos Castellanos (rúbrica), Omar Antonio Borboa Becerra (rúbrica), Pedro Montalvo Gómez (rúbrica), Rafael Villicaña García (rúbrica), Ricardo Franco Cazarez (rúbrica), Salvador Barajas del Toro (rúbrica), Carlos Alberto Navarro Sugich, Jorge Luis de la Garza Treviño (rúbrica), Alma Xóchitl Cardona Benavides (rúbrica).

De la Comisión de Turismo, con puntos de acuerdo a fin de exhortar al Ejecutivo federal a instruir al secretario de Turismo de Puebla y a la secretaría técnica del programa En el Corazón de México para que realicen el estudio de viabilidad sobre la incorporación de dicho estado al programa

Honorable Asamblea

A la Comisión de Turismo de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, le fue turnada para su estudio y dictamen, la proposición con punto de acuerdo, presentada por el diputado Antonio Vasconcelos Rueda, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, por el que se exhorta a la Secretaría de Turismo a que incluya al estado de Puebla en el programa “En el Corazón de México”.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39, numeral 1, y 45, numerales 6, incisos e) y f) y 7 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 58, 60, 87, 88 y 93 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración de esta honorable Asamblea, el presente dictamen, mismo que se realiza bajo los siguientes:

Antecedentes

Primero. En sesión ordinaria celebrada por el pleno de la Cámara de Diputados, el 4 marzo de 2008, el diputado Antonio Vasconcelos Rueda, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Turismo a que incluya al estado de Puebla en el programa “En el Corazón de México”.

Segundo. En esta misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, mediante el oficio. No. DGPL 60-II-2-1385, acordó que se turnará la propuesta citada a la Comisión de Turismo, para su estudio y dictamen correspondiente.

Contenido de la proposición

a. El diputado que expone, hace referencia sobre las características del estado de Puebla, el cual colinda con los estados de Guerrero, Hidalgo, México, Morelos, Oaxaca, Tlaxcala y Veracruz, asimismo, menciona que en esta entidad federativa viven más de 5 millones de personas, es el quinto estado más poblado de país y concentra la mayor población hablante de náhuatl a nivel nacional.

b. El proponente menciona que, en Puebla se han hallado los restos más antiguos de cultivo de maíz y durante la época colonial, llegó a ser la segunda ciudad en importancia de la Nueva España, a finales del siglo XIX fue uno de los primeros estados en industrializarse, a pesar de ello, Puebla es uno de los estados más pobres del país.

c. El que propone este punto de acuerdo, asevera que Puebla es famoso por su arte culinario, la cerámica de talavera y la industria textil. También que en 1987 Puebla fue declarada patrimonio de la humanidad por la UNESCO.

d. El diputado que propone menciona la potencialidad turística del estado de Puebla, el cual permite la identificación de diversos tipos y formas de turismo, cumpliendo con las especificaciones del programa “En el Corazón de México.

e. Finalmente el diputado proponente asegura, que al incluir al estado de Puebla en dicho programa, se beneficiaría la economía del estado, creando fuentes de empleo y mayores recursos para la administración pública, así también evitando que los pobladores emigren a otros estados del país.

Consideraciones

Primero. El programa “En el Corazón de México” se constituye como uno de los proyectos de desarrollo turístico regional más ambicioso, al buscar la consolidación de destinos y productos que garanticen niveles de calidad y excelencia que satisfagan las motivaciones y expectativas de los turistas actuales.

Segundo. Es así que el programa federal operado por la Secretaría de Turismo busca la consolidación de destinos y productos que garanticen los niveles de calidad y excelencia que satisfagan a los turistas actuales, dicho programa se encuentra conformado por los estados de la zona centro del país como son: el Distrito Federal, Guerrero, Hidalgo, México, Morelos y Tlaxcala.

Tercero. La que dictamina considera que Puebla pertenece a esta región centro del país, la cual ofrece una gran potencialidad para la integración y diversificación de productos turísticos, para la atención de diferentes públicos objetivo cuya demanda de satisfactores es cada vez más especializada.

Cuarto. Es así que esta posible integración de Puebla al programa anteriormente mencionado, ofrecería grandes oportunidades y beneficios a empresarios y prestadores de servicios turísticos de la entidad, en todos sus niveles, logrando con esto, tener negocios más competitivos o bien realizar nuevas inversiones y al mismo tiempo, para sus comunidades receptoras que, de manera directa o indirecta, pueden incorporarse a la producción turística del país.

Quinto. La que dictamina considera que Puebla encierra una serie de elementos que lo convierten en destino turístico importante no sólo cultural, histórica y arquitectónicamente sino también se vuelve un lugar extraordinario debido a que cuenta con muchas tradiciones y folklore, con una gran infraestructura industrial y de servicios, lo que representa un gran potencial turístico y una oferta atractiva para los turistas nacionales y extranjeros.

Sexto. Finalmente la comisión que dictamina, considera que en virtud de los grandes atractivos mencionados anteriormente, éste estado representa un gran potencial para diversificar los amplios grupos de demanda. Asimismo, es importante mencionar que esta dictaminadora tras un amplio estudio, respetó el procedimiento necesario para que este destino después de ser estudiado por las instituciones correspondientes, pueda ser incorporado al programa “En el Corazón de México”.

En mérito de lo antes expuesto, la Comisión de turismo se permite someter a consideración del pleno de la H. Cámara de Diputados el siguiente:

Punto de Acuerdo

Primero. Se hace un respetuoso exhorto al titular del Ejecutivo federal, en el ámbito de colaboración entre los poderes, para que instruya al titular de la Secretaría de Turismo de manera conjunta con la Secretaría de Turismo del estado de Puebla y la Secretaría Técnica del programa “En el Corazón de México”, para que realicen el estudio de viabilidad sobre la incorporación del estado de Puebla al programa “En el Corazón de México”, y a partir de éste, en caso de ser aprobado dicho estudio, incorporar a esta entidad federativa al programa en comento.

Segundo. Se solicita al titular de la dependencia antes mencionada se sirva a informar a esta soberanía dentro de 30 días naturales de las medidas que haya adoptado para dar cumplimiento a lo adoptado en el plazo anterior.

Por la Comisión de Turismo

Diputados: Octavio Martínez Vargas (rúbrica), presidente; Martha Angélica Romo Jiménez (rúbrica), Francisco Dávila García (rúbrica), Yolanda Mercedes Garmendia Hernández (rúbrica), Amador Campos Aburto (rúbrica), Rosa Elva Soriano Sánchez (rúbrica), Sara Latife Ruiz Chávez, José Luis Varela Lagunas (rúbrica), Armando García Méndez (rúbrica), secretarios; Sara Shej Guzmán (rúbrica), Armando Enríquez Flores, Carlos Eduardo Felton González (rúbrica), Francisco Javier Gudiño Ortiz (rúbrica), Addy Cecilia Joaquín Coldwell, Lorenzo Daniel Ludlow Kuri (rúbrica), Héctor Manuel Ramos Covarrubias, Adriana Rodríguez Vizcarra Velázquez, Adriana Rebeca Vieyra Olivares (rúbrica), Rafael Franco Melgarejo (rúbrica), Benjamín Hernández Silva, Francisco Márquez Tinoco (rúbrica), María Soledad López Torres (rúbrica), Juan Adolfo Orci Martínez (rúbrica), Joel Guerrero Juárez, Eduardo Elías Espinosa Abuxapqui, José Ascensión Orihuela Bárcenas (rúbrica), Bertha Yolanda Rodríguez Ramírez, Gilberto Ojeda Camacho, Juana Leticia Herrera Ale, Olga Patricia Chozas y Chozas.

De la Comisión de Pesca, con punto de acuerdo para exhortar al Ejecutivo federal a evaluar la posibilidad de implantar un programa adicional a los federales que permitan que los beneficios lleguen efectivamente a los pescadores

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Pesca de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión de la LX Legislatura, le fue turnada para su estudio y dictamen la siguiente proposición con punto de acuerdo:

1. Proposición con punto de acuerdo, para que el Ejecutivo federal establezca mediante las dependencias y las entidades correspondientes un esquema de apoyo a los pescadores, a cargo de los diputados José Inés Palafox Núñez, Armando Jesús Félix Holguín e Iñigo Antonio Laviada Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentada el 26 de abril de 2007.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39, 44 y 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58, 60, 65, 66, 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión de Pesca, somete a la consideración de esta honorable Asamblea, el dictamen relativo al punto de acuerdo antes mencionado, el cual se realiza bajo los siguientes:

Antecedentes

1. La proposición con punto de acuerdo listada en el proemio de este dictamen fue presentada en la fecha y por los diputados que se mencionan en el mismo, y publicada en la Gaceta Parlamentaria de la misma fecha.

2. La proposición enlistada fue turnada a la Comisión de Pesca el 21 de mayo de 2007, para efectos de su análisis y elaboración del dictamen previsto en los artículos 60, 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos.

Consideraciones

La Comisión Dictaminadora realizó el estudio y análisis de los planteamientos contenidos en la proposición con punto de acuerdo listada, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente dictamen.

La proposición con punto de acuerdo listada en la primera parte de este dictamen (inciso 1), presentada desde el 26 de abril de 2007, tiene como finalidad exhortar al Ejecutivo federal a que, a través de sus dependencias y entidades correspondientes, evalúe la posibilidad e implemente un programa adicional a los programas federales que permitan que los beneficios de dichos programas existentes lleguen a los verdaderos pescadores y no sólo queden en manos de los propietarios de las embarcaciones.

La comisión dictaminadora comparte la inquietud de los legisladores autores de la proposición en estudio, en virtud de que, si bien es cierto que existe una gran diversidad de programas de apoyo a los sectores más desprotegidos del país, cierto es también que en la gran mayoría de los casos no existen los mecanismos idóneos para supervisar, en principio, que los programas efectivamente se apliquen y, luego, verificar que tales programas en efecto lleguen a quienes en verdad lo necesitan y no solamente sirvan a unos cuantos cuyo interés particular es lucrar con recursos públicos, como ocurre en muchas ocasiones con los programas orientados a apoyar al sector pesquero.

En mérito de lo anterior, la Comisión de Pesca se permite someter a la consideración del Pleno de la Cámara de Diputados el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal para que, a través de sus dependencias y entidades correspondientes, evalúe la posibilidad e implemente un programa adicional a los programas federales que permitan que los beneficios de dichos programas existentes lleguen efectivamente a los pescadores.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de octubre de 2007.

Por la Comisión de Pesca

Diputados: Carlos Orsoe Morales Vázquez (rúbrica), presidente; Joaquín Jesús Díaz Mena, secretario; Carlos Eduardo Felton González, secretario; Pedro Pulido Pecero (rúbrica), secretario; Luis Fernando Rodríguez Ahumada (rúbrica), secretario; Juan Adolfo Orcí Martínez (rúbrica), secretario; Sergio González García (rúbrica), secretario; Carlos Ernesto Zatarain González (rúbrica), secretario; María Guadalupe Josefina García Noriega (rúbrica), secretaria; Silbestre Álvarez Ramón (rúbrica), José Luis Blanco Pajón (rúbrica), Leobardo Curiel Preciado, Cuitláhuac Condado Escamilla, Gerardo Antonio Escaroz Soler, Luis Rodolfo Enríquez Martínez (rúbrica), Francisco Javier Gudiño Ortiz, Fernel Arturo Gálvez Rodríguez (rúbrica), Iñigo Antonio Laviada Hernández (rúbrica), María Victoria Gutiérrez Lagunas, Benjamín Hernández Silva (rúbrica), Delber Medina Rodríguez, Carlos Ernesto Navarro López (rúbrica), Víctor Manuel Lizárraga Peraza (rúbrica), Ramón Valdés Chávez, Héctor Padilla Gutiérrez (rúbrica), Gerardo Octavio Vargas Landeros (rúbrica), Víctor Manuel Méndez Lanz, Gilberto Ojeda Camacho (rúbrica), Abundio Peregrino García.

De la Comisión de Desarrollo Social, con punto de acuerdo para exhortar a los Congresos estatales a dar prioridad y supervisar en la aprobación de sus respectivos presupuestos que los recursos excedentes por el impuesto federal a la gasolina y al diesel se apliquen de manera puntual, solidaria, responsable y transparente por los Ejecutivos locales

Honorable Asamblea:

La Comisión de Desarrollo Social, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 56, 60, 87, 88 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta honorable asamblea el presente dictamen, al tenor de los siguientes

Antecedentes

El 13 de diciembre de 2007, los diputados César Duarte Jáquez e Ismael Ordaz Jiménez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentaron una proposición con punto de acuerdo a fin de que la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorte a los Congresos estatales a dar prioridad al destino de los recursos excedentes por concepto de gasolina a los municipios más rezagados de sus estados a efecto de resolver las necesidades más apremiantes en materia de infraestructura hidráulica, electricidad, vivienda, drenaje, pavimentación, pobreza y marginación.

En esa fecha, la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Diputados turnó la proposición con punto de acuerdo a la Comisión de Desarrollo Social, que fue entregada el 15 de enero de 2008, para análisis y dictamen correspondiente.

Contenido

Los diputados proponentes se refieren a la aprobación de la reforma fiscal que llevó a cabo el Congreso de la Unión el 13 y 14 de septiembre de 2007, cuyo propósito está encaminado a impulsar un sistema más justo y equitativo, buscando un fortalecimiento de las haciendas públicas estatales con nuevos ingresos.

Entre las reformas se encuentran las que tienen que ver con diversas modificaciones de la Ley de Coordinación Fiscal, referente a las formaciones de las recaudaciones federales participables, a la recaudación sobre la aplicación de cuotas del impuesto especial sobre producción y servicios, el establecimiento de dos nuevos fondos de compensación que buscan promover en desarrollo más balanceado entre los estados, expresados en el Fondo de Extracción de Hidrocarburos, para los estados donde se extrae petróleo, así como en el Fondo de Compensación para las entidades con menor producto interno bruto per cápita no minero y no petrolero, al cual se asignarán recursos del nuevo impuesto a la gasolina.

La distribución de este impuesto será en casi 80 por ciento, con base en el consumo de los estados, y el resto será canalizado a un fondo de compensación para los menos desarrollados.

Consideraciones

Si bien se han logrado avances en el combate de la pobreza y la marginación, la desigualdad regional sigue siendo un problema imperante que requiere acciones inmediatas por los tres órdenes de gobierno.

El Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 establece que la naturaleza y formación del pacto fiscal, en un sistema federalista, constituye piedra angular para alcanzar estabilidad macroeconómica y crecimiento equilibrado que se traduzca en una mejor calidad de vida y en la disminución de la pobreza y la marginación.

La reforma fiscal de 2007 tuvo como uno de sus propósitos centrales la búsqueda responsable de recursos y la fiscalización de éstos para destinarlos fundamentalmente a satisfacer las necesidades de las zonas más pobres del país.

Dentro de la coordinación que hay entre los poderes federales con los locales para la atención y solución de la diversa problemática social del país, son necesarias la colaboración y participación de los dos órdenes coextensos, a efecto de llevar a cabo el estricto cumplimiento de las reformas de la Ley de Coordinación Fiscal recientemente aprobadas por el Congreso de la Unión.

En este marco, y después de haber analizado la proposición con punto de acuerdo suscrita por los diputados César Duarte Jáquez e Ismael Ordaz Jiménez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, los integrantes de la Comisión de Desarrollo Social consideran que es de aprobarse.

Por las consideraciones expuestas, la Comisión de Desarrollo Social, con fundamento en los artículos 39 y 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los Congresos estatales a que durante la aprobación de sus respectivos presupuestos den prioridad y supervisen que los recursos excedentes por el impuesto federal a la gasolina y el diesel se apliquen de manera puntual, solidaria, responsable y transparente por los Ejecutivos locales a la solución de las necesidades indudablemente apremiantes de los municipios más pobres, relativas a infraestructura hidráulica, drenaje, electricidad, calles alumbradas y pavimentadas, vivienda y caminos rurales, entre otros.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de marzo de 2008.

La Comisión de Desarrollo Social

Diputados: Héctor Hugo Olivares Ventura, presidente; Rubí Laura López Silva, Silvio Gómez Leyva, Miguel Ángel Peña Sánchez, Víctor Gabriel Varela López, Ana Yurixi Leyva Piñón, Pablo Leopoldo Arreola Ortega, Mayra Gisela Peñuelas Acuña, secretarios; Liliana Carbajal Méndez, Beatriz Collado Lara, José Luis Contreras Coeto, Humberto Dávila Esquivel, Nemesio Domínguez Domínguez, Charbel Jorge Estefan Chidiac, Raúl García Vivián, Martín Óscar González Morán, Sergio Hernández Hernández, María Esther Jiménez Ramos, Marcos Matías Alonso, Nabor Ochoa López, Ismael Ordaz Jiménez, Mario Heriberto Orozco Ruiz, Gerardo Priego Tapia, Jorge Quintero Bello, Sara Latife Ruiz Chávez, Carlos Sánchez Barrios, Rafael Elías Sánchez Cabrales, Alejandro Sánchez Camacho, Jorge Toledo Luis, Verónica Velasco Rodríguez (rúbricas).

De la Comisión de Trabajo y Previsión Social, con punto de acuerdo a fin de exhortar a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a informar en un término de 30 días naturales, contados a partir de la presente notificación, sobre las acciones y los programas que realiza con las autoridades estatales y las municipales a efecto de vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales en materia de seguridad e higiene para los pizcadores de hortalizas en Tamaulipas

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión de la LX Legislatura fue turnada, para estudio y dictamen, la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a informar sobre el cumplimiento de los preceptos de seguridad e higiene para los pizcadores de hortalizas, a cargo de la diputada Beatriz Collado Lara, del Grupo Parlamentario del PAN, el 24 de abril de 2007.

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numerales 6, incisos e) y f), y 7, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como 58, 50, 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión de Trabajo y Previsión Social somete a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente

Dictamen

Antecedentes

1. La proposición con punto de acuerdo referida en el proemio de este dictamen fue presentada en la fecha y por la diputada que se mencionó, y publicada en la Gaceta Parlamentaria de fecha 24 de abril del año en curso.

2. La proposición citada fue turnada a esta comisión, para efectos de análisis y elaboración del dictamen, previsto en el artículo 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos.

Consideraciones

1. Refiere la autora de la proposición que el pasado 17 de marzo, en el kilómetro 37.5 de la carretera Tampico-Mante, en el tramo Altamira-Cuauhtémoc, una camioneta de redilas repleta de gente que era trasladada para pizcar verdura a un rancho en el kilómetro 55 de dicha carretera, en el poblado de Corpus Christi, tuvo un accidente, con saldo de 70 lesionados.

La camioneta era conducida de sur a norte; al rebasarlos un camión de volteo, a éste le estalló un neumático, provocando confusión en el chofer de la camioneta, por lo que perdió el control, volcándose hacia su lado derecho, no sin antes invadir el carril izquierdo. Elementos de la Policía Metropolitana auxiliaron a los diversos cuerpos de emergencia, como la Cruz Roja de Altamira, ambulancias del Puerto Industrial, Cruz Roja de Tampico y paramédicos de Petróleos Mexicanos. La mayoría de las víctimas fue trasladada a la clínica del DIF Altamira. Por otra parte, a 16 personas en estado grave las llevaron de urgencia al hospital general del IMSS en Tampico (incluidos menores y mujeres).

La gravedad del hecho que refiere la proponente hace considerar que las condiciones de hacinamiento de los trabajadores que viajan en estas condiciones ofenden las conciencias de los legisladores. Por otra parte, la proponente manifiesta que, en su mayoría, los que sufrieron el accidente eran mujeres menores de edad que ilegalmente son contratadas para trabajar sin ninguna prestación laboral de ley y con sueldos de miseria en una labor agobiante como la pizca.

Señala la diputada Collado Lara que las escenas que se presentaron de las personas heridas sacudieron la opinión pública de la sociedad de Altamira, Tamaulipas, así como la de todo el país.

Apunta la autora de la propuesta que, desafortunadamente, México es un país muy diverso, en el cual se dan enormes desigualdades e injusticias. La necesidad económica lleva a todos los trabajadores, sin distingo, a trasladarse en condiciones infrahumanas a los centros de trabajo, en los que los explotan a niveles de casi esclavitud.

Señala la proponente que la posición de ciertas empresas es amenazar a los trabajadores y a las autoridades para que se toleren estas condiciones de trabajo o de lo contrario no se otorgará empleo, situación que es inadmisible en el siglo XXI.

Por otra parte, la diputada Collado Lara menciona que un problema grave de la realidad nacional es la transportación poco adecuada de personas a sus centros de trabajo en condiciones que dañan su vida o su salud. Un accidente ha permitido tomar conciencia de esta situación, lo que implica la necesidad de que los legisladores realicen reformas de la legislación laboral que permitan mejorar las condiciones de los trabajadores del campo.

Agrega la proponente que no se debe esperar a que ocurran accidentes en las minas o en las carreteras para realizar los cambios que se requieren, a fin de evitar que se produzcan accidentes en los centros de trabajo de los diversos sectores económicos.

Manifiesta la autora de la propuesta que la implantación de medidas de seguridad e higiene laboral (entendidas como el conjunto de acciones que permiten localizar y evaluar los riesgos y establecer las medidas para prevenir los accidentes de trabajo), así como de la preservación de la salud de los trabajadores, parece para algunos patrones una amenaza para la productividad, la estabilidad y el crecimiento de las empresas.

Así pues, modificar los esquemas de participación de los patrones y de los trabajadores en la seguridad laboral parece ser, la mayoría de las veces, descontextualizado y referido exclusivamente a los ambientes y sectores urbanos y más favorecidos del país.

Por otra parte, manifiesta la diputada Collado Lara que por desgracia no se lleva a la práctica en todos los rincones, contextos y regiones de México una supervisión planeada adecuadamente, con la finalidad de que se conozcan oportunamente los riesgos a que están expuestos los trabajadores para prevenir accidentes.

Señala la proponente que el derecho a la seguridad en el trabajo se encuentra establecido en la ley suprema, en el artículo 123, Apartado A, que refiere en la fracción XV: “El patrón estará obligado a observar, de acuerdo con la naturaleza de su negociación, los preceptos legales sobre higiene y seguridad en las instalaciones de su establecimiento, y a adoptar las medidas adecuadas para prevenir accidentes en el uso de las máquinas, instrumentos y materiales de trabajo, así como a organizar de tal manera éste, que resulte la mayor garantía para la salud y la vida de los trabajadores ”

Asimismo, en la fracción XXXI de dicho artículo se establece: “También será competencia exclusiva de las autoridades federales la aplicación de las disposiciones de trabajo en los asuntos relativos a obligaciones de los patrones en materia de seguridad e higiene en los centros de trabajo, para lo cual las autoridades federales contarán con el auxilio de las estatales, cuando se trate de ramas o actividades de jurisdicción local, en los términos de la ley reglamentaria correspondiente”.

El Convenio 155 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Seguridad y Salud de los Trabajadores y Medio Ambiente de Trabajo, suscrito por México en 1981, ratificado por el Senado el 1 de febrero de 1984 y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de marzo, así como su fe de erratas el 5 de abril de ese mismo año, regula la materia de seguridad e higiene en el país.

Concluye la diputada Collado Lara que volver a casa sano y salvo del trabajo es un derecho humano básico; nadie debería morir o lesionarse en accidentes laborales. No obstante, queda mucho por hacer en el campo de la prevención de accidentes en el medio rural.

2. La comisión dictaminadora comparte las inquietudes de la diputada Beatriz Collado Lara con relación a las condiciones de transporte de los trabajadores del campo.

La que dictamina manifiesta que además del artículo 123, Apartado A, fracciones XV y XXXIX, y del Convenio 155, sobre seguridad y salud de los trabajadores y medio ambiente de trabajo, el marco jurídico que protege las condiciones laborales en el campo incluye la Ley Federal del Trabajo, en los Títulos IX, relativo a riesgos de trabajo, y VI, “De los Trabajos Especiales”, Capítulo VIII, que se refiere a los trabajadores del campo. Por otra parte, también tienen derecho a estar inscritos estos trabajadores en el Instituto Mexicano del Seguro Social, de conformidad con lo establecido en la Ley del Seguro Social.

Asimismo, la Ley Federal del Trabajo, en los Títulos V y V Bis, protege a las mujeres y a los menores de edad. Por otra parte, faculta en el artículo 527-A a la Inspección del Trabajo Federal para que vigile el cumplimiento de las normas de trabajo en materia de capacitación, adiestramiento, seguridad e higiene de los trabajadores del campo junto con las autoridades de las entidades federativas.

El caso citado por la proponente ilustra que se deben fortalecer y continuar las labores que permitan mejorar las condiciones laborales de estos trabajadores y vigilar cualquier incumplimiento por los patrones de las normas de seguridad e higiene en las actividades agrícolas.

En el país, aproximadamente 3.1 millones de personas laboran como trabajadores agrícolas. De ellas, 1.2 millones son migrantes; y de este universo, 36 por ciento es población indígena y 20 por ciento niños menores de 15 años.

Los trabajadores del campo son la principal fuerza de trabajo para las empresas de exportación de frutas del país, y menos de 15 por ciento de esta población estimada se encuentra afiliada al Instituto Mexicano del Seguro Social.

La comisión dictaminadora, como parte del análisis jurídico sobre el particular, observa que es necesario analizar y estudiar la legislación en materia laboral relativa a los trabajadores del campo, en virtud de que hay en el Título VI, Capítulo VIII, una carencia de regulación de las condiciones de transporte y alimentación de estos trabajadores, desde el lugar de su contratación hasta su centro del trabajo, ya que actualmente se les aplica la parte general de la Ley Federal del Trabajo sin tomar en cuenta las circunstancias especiales que viven.

Es necesario armonizar la legislación laboral con la de seguridad social en materia de trabajadores del campo, debido a que hay discrepancias entre ambas leyes, especialmente la definición de trabajadores temporales o de planta que se establece en cada ordenamiento.

Por otra parte, se deben estudiar la conveniencia y utilidad de aumentar el monto de las multas que se imponen a los patrones que contraten menores de edad, mujeres o trabajadores del campo que violen las normas de protección que impone la ley laboral, con la finalidad de facultar a la Inspección Laboral para aplicar sanciones que inhiban el incumplimiento de la norma por los patrones.

En mérito de lo expuesto, la Comisión de Trabajo y Previsión Social somete a la consideración del Pleno de la Cámara de Diputados el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para que, en un término de 30 días naturales, a partir de la presente notificación, tenga a bien informar de las acciones y programas que realiza con las autoridades estatales y municipales para vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales en materia de seguridad e higiene para los pizcadores de hortalizas en el estado de Tamaulipas, y en general para los trabajadores del campo.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 24 de enero de 2008.

La Comisión de Trabajo y Previsión Social

Diputados: Tomás del Toro del Villar (rúbrica), Juan Manuel Sandoval Munguía (rúbrica), Carlos René Sánchez Gil (rúbrica), Juan Carlos Velasco Pérez (rúbrica), José Antonio Almazán González, Humberto Dávila Esquivel (rúbrica), Ramón Almonte Borja, Luis Ricardo Aldana Prieto, Francisco Antonio Fraile García, Omar Antonio Borboa Becerra, Carlos Armando Reyes López (rúbrica), Alfonso Othón Bello Pérez, Antonio Berber Martínez (rúbrica), Rolando Rivero Rivero (rúbrica), José Antonio Arévalo González, Gustavo Ramírez Villarreal (rúbrica), Demetrio Román Isidoro (rúbrica), Beatriz Collado Lara (rúbrica), Patricio Flores Sandoval (rúbrica), Ramón Félix Pacheco Llanes (rúbrica), Ricardo Cantú Garza, Ana Yurixi Leyva Piñón (rúbrica), Rogelio Muñoz Serna, Alfredo Barba Hernández (rúbrica), Adrián Pedrozo Castillo, Sonia Noelia Ibarra Franquez, Rosario Ignacia Ortiz Magallón, José Luis Gutiérrez Calzadilla (rúbrica), Diego Aguilar, Jesús Ramírez Stabros (rúbrica).

De la Comisión de Trabajo y Previsión Social, con puntos de acuerdo para exhortar a la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos a revisar el pacto suscrito respecto al incremento del mínimo vigente

Honorable Asamblea:

La Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión de la LX Legislatura, acordó para estudio y dictamen la siguiente proposición con Punto de Acuerdo:

• Por el que la Comisión de Trabajo y Previsión Social de esta soberanía exhorta a la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos a revisar el pacto suscrito por ésta respecto al incremento del salario mínimo vigente, a cargo del diputado Tomás del Toro del Villar, del Grupo Parlamentario del PAN, el 22 de febrero de 2007.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39 y 45, numerales 6, incisos e) y f) y 7 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como 58, 60, 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión de Trabajo y Previsión Social, somete a la consideración de esta honorable asamblea, el siguiente

Dictamen

Antecedentes

1. La proposición con punto de acuerdo listada en el proemio de este dictamen fue presentada en la fecha y por el diputado que se mencionó anteriormente, y publicada en la Gaceta Parlamentaria de fecha 27 de febrero de 2007.

2. La proposición citada fue acordada por esta comisión, para efectos de su análisis y elaboración del dictamen previsto en el artículo 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos.

Consideraciones

1. La proposición que se dictamina, fue acordada por la que dictamina durante la celebración de la cuarta reunión plenaria el 31 de enero de 2007, en el salón F del edificio G de este recinto legislativo, en la que se pronunció contra las prácticas monopólicas que prohíbe el artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, específicamente contra los especuladores y aquellos intermediarios que abonan a la erosión del salario de los trabajadores con menores ingresos.

En dicha reunión el pleno de la Comisión de Trabajo y Previsión Social también acordó invitar a la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos a una reunión de trabajo para hablar con relación a la realidad que viven los asalariados de menores ingresos a fin de exhortar a la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos para que revise el pacto mediante el que se incrementó el salario mínimo para el año 2007 a partir del 1 de enero de 2007.

Apunta la proponente las siguientes consideraciones como fundamento de su propuesta de punto de acuerdo:

“Primero. Que durante los últimos meses, nuestra economía se ha caracterizado por un incremento permanente de productos básicos. Este proceso de alza de precios en gasolina, gas, luz eléctrica, tortilla, huevo y muchos otros artículos ha tenido un impacto directo sobre el poder adquisitivo de los salarios de los trabajadores, provocando que quienes menores ingresos reciben carezcan de la posibilidad de acceder a la canasta básica.

Segundo. Que nos queda claro que el incremento de los precios responde a factores de diversa índole, tanto internos como externos. Entendemos que poco puede hacer el Estado mexicano para influir en el precio internacional de un producto como el maíz. Sin embargo, es también un hecho que a esta demanda del maíz en los mercados internacionales se suma la práctica de la especulación de grupos monopólicos que, en perjuicio de la mayoría, buscan mayor rentabilidad y ganancias.

Tercero. Que son muchos los aspectos por valorar en el caso de la erosión del salario y las repercusiones que un incremento de emergencia al salario a manera de decreto puede generar en los índices inflacionarios. Consideramos que existe, sin embargo, un instrumento de la microeconomía que justo impide espirales inflacionarias, como el derecho a la contratación colectiva y la autonomía de las organizaciones sindicales para acordar los incrementos que las propias fuentes de empleo permitan, evitando los topes salariales, que lesionan los elementos esenciales de mejora de vida y de equilibrio entre los factores de la producción, por lo que la práctica libre de este instrumento de la microeconomía no genera inflación y tampoco depende de las actuaciones de los legisladores y que, por el contrario, son un instrumento irreducible de lucha, conquista y de competitividad.

Cuarto. Que es conveniente recibir los planteamientos de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos para valorar las acciones que promuevan la revisión del pacto que incrementó el salario mínimo a partir del 1 de enero de 2007.

Quinto. Que el incremento de precios modificó el entorno económico, por tanto, es conveniente evaluar y proponer alternativas que puedan mitigar la erosión del ingreso de los trabajadores con menores ingresos, contemplando alternativas para el mediano y largo plazos.

Sexto. Que las expresiones de diversos sectores de la sociedad demandan acciones que atiendan con una política de Estado la temática del poder adquisitivo, el empleo y el salario.

Séptimo. Que, como diputados federales, debemos contribuir en este momento para que el Plan Nacional de Desarrollo implante políticas públicas que atiendan las demandas de los trabajadores y que, al mismo tiempo, en la mesa de reforma del Estado se contemplen las reformas que promuevan el crecimiento de la economía con justicia social, que garantice la creación de empleos formales y permanentes con salarios y prestaciones decentes...”

La que dictamina comunicó la propuesta de punto de acuerdo a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social mediante oficio CPPS/0189/07, a efectos de que emitiera una opinión en relación con un exhorto a la Comisión de los Salarios Mínimos para convocar a una reunión a efecto de revisar el pacto suscrito por esa comisión, relativo al incremento del salario mínimo vigente.

Con fecha 5 de septiembre de 2007, mediante oficio número 1018, el subsecretario del Trabajo de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social manifiesta su opinión señalando que “... una vez que sea aprobado el dictamen respectivo a la proposición con punto de acuerdo antes citada...esta dependencia del Ejecutivo federal estará en posibilidad de atender el exhorto correspondiente para llevar la reunión solicitada con Conasami”.

2. La comisión dictaminadora comparte plenamente la inquietud de la proposición y las consideraciones sobre las que fundamenta el exhorto a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, para que convoque a una reunión entre la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos y la que dictamina, que tenga como orden del día revisar el pacto suscrito por la Comisión de los Salarios Mínimos respecto al incremento del salario mínimo vigente.

En mérito de lo expuesto, la Comisión de Trabajo y Previsión Social, se permite someter a la consideración del Pleno de la Cámara de Diputados el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. Que la honorable Cámara de Diputados de la LX Legislatura del Congreso de la Unión exhorte atenta y respetuosamente al secretario de Trabajo y Previsión Social, para que por su conducto la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos celebre una reunión con la Comisión de Trabajo y Previsión Social para conocer los elementos que se conjugaron para determinar el incremento del salario mínimo que se acordó a partir del 1 de enero.

Segundo. Que se exhorte a la Comisión para la Reforma del Estado de esta Soberanía a efecto de contemplar las reformas que promuevan el crecimiento de la economía con justicia social, reforzando la garantía de acceso a la salud, al salario, a la educación y a las oportunidades para el bienestar social.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 24 de enero de 2007.

Comisión de Trabajo y Previsión Social

Diputados: Tomás del Toro del Villar (rúbrica), presidente; Juan Manuel Sandoval Murguía (rúbrica), Carlos René Sánchez Gil (rúbrica), José Antonio Almazán González, Humberto Dávila Esquivel (rúbrica), secretarios; Ramón Almonte Borja, Luis Ricardo Aldana Prieto, Francisco Antonio Fraile García, Omar Antonio Borboa Becerra, Carlos Armando Reyes López (rúbrica), Alfonso Othón Bello Pérez, Antonio Berber Martínez (rúbrica), Rolando Rivero Rivero (rúbrica), José Antonio Arévalo González, Gustavo Ramírez Villarreal (rúbrica), Demetrio Román Isidoro (rúbrica), Beatriz Collado Lara (rúbrica), Patricio Flores Sandoval (rúbrica), Ramón Félix Pacheco Llanes (rúbrica), Ricardo Cantú Garza, Ana Yurixi Leyva Piñón (rúbrica), Rogelio Muñoz Serna, Alfredo Barba Hernández (rúbrica), Adrián Pedrozo Castillo, Sonia Noelia Ibarra Franquez, Rosario Ignacia Ortiz Magallón, José Luis Gutiérrez Calzadilla (rúbrica), Diego Aguilar Acuña, Jesús Ramírez Stabros (rúbrica).

Dictámenes negativos

De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con punto de acuerdo por el que se desecha la minuta que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Vida Silvestre

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión le fue turnado, para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente, el expediente número 2849, que contiene la minuta proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Vida Silvestre, presentada por el entonces diputado Guillermo Velasco Rodríguez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Esta comisión dictaminadora, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, 72, inciso e), y 73, fracción XXIX-G, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 39, numerales 1 y 2, fracción XXIV, y 45, numeral 6, incisos e) y f), y numeral 7, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 60, 65 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de los integrantes de esta honorable asamblea el presente dictamen, de acuerdo con los siguientes

Antecedentes

1. En la sesión celebrada el 21 de julio de 2004, el otrora diputado Guillermo Velasco Rodríguez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presentó al Pleno de la Cámara de Diputados la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 3, 29, 32, 33, 34, 35, 36 y 37; y adicionan dos artículos, el 31 y el 38, y un transitorio undécimo.

2. En esa misma fecha, la Mesa Directiva turnó la referida iniciativa a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para su análisis y elaboración del dictamen correspondiente;

3. En la sesión celebrada el día 14 de diciembre de 2004, la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión aprobó la minuta proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Vida Silvestre, turnándose a la Cámara de Senadores para los efectos dispuestos en el inciso a) del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

4. En sesión celebrada el 1 de febrero de 2005 por el Pleno del Senado de la República, la Mesa Directiva de esa soberanía recibió la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Vida Silvestre, siendo turnada a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca; y de Estudios Legislativos, para su análisis y elaboración del dictamen correspondiente.

5. En sesión ordinaria celebrada el día 22 de noviembre de 2007, la Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión aprobó el dictamen de la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Vida Silvestre, presentado por las Comisiones Unidas de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca; y de Estudios Legislativos, remitiéndolo a la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión para los efectos constitucionales correspondientes.

6. En sesión celebrada el 27 de noviembre de 2007 por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, se dio cuenta del oficio con el que se devuelve, de conformidad con lo establecido en el inciso d) del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el expediente número 2849, que contiene la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Vida Silvestre, siendo turnada a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para su análisis, estudio y elaboración del dictamen correspondiente, de conformidad con las siguientes

Consideraciones

El dictamen de la iniciativa original, ahora minuta, proponía reformar los artículos 29, 31, 32 y 34; y adicionar las fracciones VIII y XXIII del artículo 3, así como los artículos 32 Bis y 36 Bis y el artículo undécimo transitorio de la Ley General de Vida Silvestre, con el objetivo de incluir las definiciones de confinamiento e inanición, así como aplicar dichos conceptos dentro diversos artículos del ordenamiento jurídico, para lo cual, se propusieron las siguientes redacciones:

Artículo 3. Para los efectos de esta ley se entenderá por:

I. al VII.

VIII. Confinamiento: Infraestructura que sirve para el manejo y aprovechamiento sustentable temporal de animales.

IX. al XXII.

XXIII. Inanición: Proceso de agotamiento, debilidad por falta de alimentos y líquidos de forma prolongada y continua o por enfermedades.

XXIV. al XLVI.

Artículo 29. Los municipios, las entidades federativas y la federación, adoptarán las medidas de trato digno y respetuoso para evitar o disminuir la tensión, sufrimiento, traumatismo, dolor e inanición que se pudiera ocasionar a los ejemplares de fauna silvestre durante su aprovechamiento, confinamiento, traslado, exhibición, cuarentena, entrenamiento, comercialización y sacrificio.

Artículo 31. Cuando se realice traslado de ejemplares vivos de fauna silvestre, éste se deberá efectuar bajo condiciones que eviten o disminuyan la tensión, sufrimiento, traumatismo, dolor e inanición, teniendo en cuenta sus características.

Artículo 32. La exhibición de ejemplares vivos de fauna silvestre deberá realizarse de forma que se evite o disminuyan la tensión, sufrimiento, traumatismo, dolor e inanición que pudiera ocasionárseles.

Artículo 32 Bis. El confinamiento de ejemplares de fauna silvestre deberá llevarse a cabo en instalaciones adecuadas para la especie considerando el tamaño y libertad de movimiento que pueda tener el ejemplar.

Artículo 34. Durante el entrenamiento de ejemplares de la fauna silvestre se deberá evitar o disminuir la tensión, sufrimiento, traumatismo, dolor e inanición de los mismos, a través de métodos e instrumentos de entrenamiento que sean adecuados para este efecto.

Artículo 36 Bis. Se prohíben los espectáculos públicos que utilicen ejemplares de fauna silvestre sin documentos de legal procedencia.

Artículo Undécimo Transitorio. La secretaría deberá emitir las normas oficiales mexicanas correspondientes para la regulación sustentable de los ejemplares de fauna silvestre destinados a exhibición y a espectáculos públicos.

Ahora bien, la iniciativa original plantea, en primer término la adición de dos definiciones técnicas dentro del artículo 3 de la Ley General de Vida Silvestre, el de confinamiento y el de inanición, a efecto de ser incluidas dentro del articulado de la ley de la materia, y no crear incertidumbre en el gobernado sobre las mismas. Los artículos donde se pretende incluir dichos términos (29, 31, 32, 34 de la Ley General de Vida Silvestre) hacen referencia a la aplicación o cuidado que el hombre deberá tener a fin de evitar o disminuir la tensión, sufrimiento, traumatismo y dolor que las especies de la vida silvestre puedan sufrir durante el aprovechamiento, traslado, exhibición, cuarentena, entrenamiento, comercialización y sacrificio.

Es evidente el buen espíritu del diputado promovente, ya que la reforma planteada originalmente, tiene como finalidad la protección de la fauna silvestre, prohibiendo que sean ubicados en espacios muy pequeños que no permitan su movilidad (confinamiento), así como evitar su agotamiento por falta de alimento o líquidos (inanición).

En este sentido, las pretendidas reformas van encaminadas al tema relativo al bienestar animal, mismo que se encuentra regulado en la Ley Federal de Sanidad Animal, como bien se señala en su artículo 1o., que a letra dice:

Artículo 1. La presente ley es de observancia general en todo el territorio nacional y tiene por objeto fijar las bases para el diagnóstico, prevención, control y erradicación de las enfermedades y plagas que afectan a los animales; procurar el bienestar animal; regular las buenas prácticas pecuarias aplicables en la producción primaria y establecimientos tipo inspección federal dedicados al sacrificio de animales y procesamiento de bienes de origen animal para consumo humano, esto último coordinadamente con la Secretaría de Salud de acuerdo al ámbito de competencia de cada Secretaría; regular los establecimientos, productos y el desarrollo de actividades de sanidad animal y prestación de servicios veterinarios; regular los productos químicos, farmacéuticos, biológicos y alimenticios para uso en animales o consumo por éstos. Sus disposiciones son de orden público e interés social.

Asimismo dentro de la ley, encontramos diversos artículos que regulan los conceptos básicos referentes al trato digno de los animales, los cuales señalan:

Artículo 20. La secretaría en términos de esta ley y su reglamento, emitirá las disposiciones de sanidad animal que definirán los criterios, especificaciones, condiciones y procedimientos para salvaguardar el bienestar de los animales conforme a su finalidad. Para la formulación de esos ordenamientos se tomarán en cuenta, entre otros, los siguientes principios básicos:

I. Que exista una relación entre la salud de los animales y su bienestar. Que el bienestar de los animales requiere de proporcionarles alimentos y agua suficientes; evitarles temor, angustia, molestias, dolor y lesiones innecesarios; mantenerlos libres de enfermedades y plagas, y permitirles manifestar su comportamiento natural;

II. La utilización de animales para actividades de investigación y educación, que les imponga procedimientos que afecten su salud y bienestar, observará el criterio de reducir al mínimo indispensable el número de animales vivos en experimentación, conforme a la evidencia científica disponible;

III. La evaluación del bienestar de los animales se sustentará en principios científicamente aceptados por los especialistas;

IV. El ser humano se beneficia de los animales de muy diversas maneras, y en ese proceso, adquiere la responsabilidad de velar por su bienestar; y

V. El estado de bienestar de los animales, utilizados por el ser humano con fines económicos, se asocia con mayor productividad y beneficios económicos.

Artículo 21. Los propietarios o poseedores de animales domésticos o silvestres en cautiverio, deberán proporcionarles alimento y agua en cantidad y calidad adecuada de acuerdo a su especie y etapa productiva.

... ”

Artículo 22. La Secretaría determinará los criterios y requisitos que deberán observarse mediante disposiciones de sanidad animal para el manejo y transporte de animales vivos, para procurar su bienestar, por lo que no entrañará maltrato, fatiga, inseguridad, condiciones no higiénicas, bebida o alimento, evitando el traslado de largas distancias sin periodos de descanso.

De lo trascrito en párrafos anteriores se desprende que le Ley Federal de Sanidad Animal, incluye las disposiciones básicas para procurar el bienestar animal, sin embargo, dicha ley regula la problemática de manera muy superficial y vaga, ya que la finalidad principal de la misma es evitar afectaciones a la salud humana derivadas del trato a los animales, regulando por consiguiente de manera prioritaria lo relativo a los animales domésticos, de producción, para investigación científica y la fauna silvestre pero que se encuentren en cautiverio.

En este sentido, las disposiciones establecidas en la Ley Federal de Sanidad Animal, incluso las señaladas en la Ley General de Vida Silvestre relativas al bienestar animal, resultan insuficientes para erradicar el problema actual en nuestro país, derivado de la falta de conciencia por parte de la sociedad, respecto al trato digno y de respeto que debe darse a los animales, por ello es necesario que una ley especifica regule dicha problemática. Al respecto debe señalarse que el pasado día dos de febrero del año 2007, los diputados Diego Cobo Terrazas del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México y Víctor Manuel Torres Herrera del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentaron ante el Pleno de esta honorable Cámara de Diputados la iniciativa que expide la Ley General de Bienestar Animal, que fue turnada a esta comisión ordinaria para su análisis y estudio, y que ha sido dictaminada en sentido positivo, encontrándose actualmente sujeta a discusión.

Ahora bien, en lo concerniente a la adición de un artículo 36 Bis, el cual prohibiría que en los espectáculos públicos se utilicen ejemplares de fauna silvestre sin documentos que amparen su legal procedencia, se debe señalar que en la iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley General de Bienestar Animal se contempla un capitulado tendiente a regular dicho tema, al efecto se transcribe un extracto:

Capítulo V
De las Prácticas Específicas de Manejo
Aplicables a los Animales para Entretenimiento

Sección I
De los Animales para Espectáculos

Artículo 114. Las disposiciones del presente capítulo se refieren a los animales usados en espectáculos tales como obras de teatro, circos, ferias, carreras de caballos y perros; o utilizados en la industria de la televisión y el cine.

En aquellos casos en que las leyes de los estados o del Distrito Federal permitan peleas de gallos, corridas de toros, novilladas y festivales taurinos, rodeos, charreadas o jaripeos, se deberá garantizar el bienestar de los animales antes y, en caso de su supervivencia, después de que se desarrolle el espectáculo, de acuerdo con lo establecido en el Título Segundo de la presente ley.

En los casos que, de conformidad con las leyes locales en la materia se requiera de la obtención de permisos para la celebración de espectáculos que involucren animales, las autoridades correspondientes previo al otorgamiento de los mismos, deberán requerir al promovente compruebe que puede garantizar el bienestar de dichos animales, tratándose de especies de fauna silvestre además se les deberán requerir todos y cada uno de los permisos y autorizaciones que para tal efecto deba emitir la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

En caso de que el solicitante no haya comprobado que puede garantizar el bienestar de los animales utilizados, la autoridad que emitió el permiso será igualmente responsable de las infracciones que se cometan.

En relación a la inclusión de un artículo undécimo transitorio, a efecto de que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales emita normas oficiales mexicanas para la regulación sustentable de ejemplares de fauna silvestre destinados a la exhibición y a espectáculos públicos, debe señalarse que resulta innecesaria, ya que en la Ley General de Vida Silvestre se regula el aprovechamiento sustentable de los ejemplares de la fauna silvestre, a efecto de lograr su conservación. Aunado a que en las disposiciones establecidas en la Ley General de Bienestar Animal se faculta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, a fin de que expidan Normas Oficiales Mexicanas en las materias previstas en la propia Ley, todas ellas relativas al bienestar y cuidado de los animales.

Como se mencionó anteriormente, esta comisión ordinaria coincide plenamente con las inquietudes del diputado promovente; sin embargo, consideramos que dichas propuestas se encuentran colmadas dentro de la iniciativa que expide la Ley General de Bienestar Animal, la cual va encaminada a delimitar las competencias relativas al trato digno de los animales (silvestres y domésticos), en los tres órdenes de gobierno, asimismo establece una serie de disposiciones relativas regular la problemática principal a la cual están sujetos los animales, como lo son los problemas relacionados con el alojamiento y mantenimiento; el transporte y movilización; la matanza, la comercialización y, en general, aquellos relacionados con el manejo que se hace de los animales. Por lo que ve a esta Ley, abarca el tema de manera universal, ya que su objetivo principal es precisamente regular la conducta del gobernado a fin de que los animales, tanto silvestres como domésticos obtengan un trato digno y respetuoso. Por lo cual y a efecto de no entorpecer el proceso parlamentario de dicha Iniciativa, esta minuta se desecha, debido a que los objetivos de la misma, ya se encuentran regulados por la iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley General de Bienestar Animal.

Por lo anteriormente expuesto, la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y para los efectos de lo dispuesto por el inciso d) del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de la honorable asamblea el siguiente

Dictamen

Único. De conformidad con lo establecido por la colegisladora, se desecha la minuta con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Vida Silvestre, turnada a esta comisión el 27 de noviembre de 2007.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro de la honorable Cámara de Diputados, a 11 de marzo de 2008.

La Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales

Diputados: Diego Cobo Terrazas (rúbrica), presidente; Jesús de León Tello (rúbrica), José Luis Espinosa Piña (rúbrica), Lucía Susana Mendoza Morales (rúbrica), Benjamín Hernández Silva (rúbrica), María Mercedes Colín Guadarrama, secretarios; Edmundo Javier Bolaños Aguilar (rúbrica), Adriana Dávila Fernández (rúbrica), José Antonio Díaz García (rúbrica), Emilio Ramón Ramiro Flores Domínguez (rúbrica), José Guillermo Fuentes Ortiz (rúbrica), Jorge Rubén Nordhausen González (rúbrica), Christian Martín Lujano Nicolás (rúbrica), Martha Angélica Romo Jiménez (rúbrica), Víctor Manuel Torres Herrera (rúbrica), Aleida Alavez Ruiz (rúbrica), María Soledad López Torres, Rafael Villicaña García (rúbrica), Juan Hugo de la Rosa García (rúbrica), Carlos Roberto Martínez Martínez (rúbrica), Armando Barreiro Pérez (rúbrica), Roberto Mendoza Flores (rúbrica), Martha Hilda González Calderón (rúbrica), Fernando Quetzalcóatl Moctezuma Pereda (rúbrica), Carlos Ernesto Zataráin González (rúbrica), Víctor Manuel Méndez Lanz, José Ascención Orihuela Bárcenas, Sergio Augusto López Ramírez (rúbrica), Humberto López Lena Cruz.

De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con punto de acuerdo por el que se desecha la minuta que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, le fue turnada para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente, el expediente número 2240, que contiene la minuta proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, presentada por los entonces diputados Jacqueline Argüelles Guzmán, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México y Carlos Manuel Rovirosa Ramírez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Esta comisión dictaminadora, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 fracción II, 72, 73, fracción XXIX-G, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 39, numerales 1 y 2, fracción XXIV, y 45, numeral 6, incisos e) y f), y numeral 7 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 60, 65 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de los integrantes de esta honorable asamblea, el presente dictamen, de acuerdo con los siguientes:

Antecedentes

1. En la sesión plenaria celebrada el 14 de diciembre de 2004, la mesa directiva de la honorable Cámara de Diputados recibió una iniciativa que reforma los artículos 38 y 38 Bis de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, la cual fue presentada por la entonces diputada Jacqueline Guadalupe Argüelles Guzmán, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, turnándose en esa misma fecha a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de la honorable Cámara de Diputados bajo el expediente número 2498, para la elaboración del dictamen correspondiente.

2. En la sesión plenaria celebrada el 12 de abril de 2005, la mesa directiva de la honorable Cámara de Diputados recibió una iniciativa que reforma y adiciona la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, que fue presentada por el entonces diputado Carlos Manuel Rovirosa Ramírez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, turnándose en esa misma fecha a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de la honorable Cámara de Diputados bajo el expediente número 3101, para la elaboración del dictamen correspondiente.

3. Considerando los alcances y contenido de las citadas iniciativas, la comisión dictaminadora resolvió integrarlas en un sólo dictamen, mismo que fue aprobado por el Pleno de la honorable Cámara de Diputados en la sesión celebrada el 5 de abril de 2006 y remitido al Senado de la República para los efectos constitucionales correspondientes.

4. En la sesión celebrada el 6 de abril de 2006, la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores recibió la minuta proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, turnándola a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca; y de Estudios Legislativos, para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente.

5. En la sesión del Pleno de la Cámara de Senadores llevada a cabo el día 26 de abril de 2007 se aprobó en votación económica el siguiente dictamen:

Artículo Único. En razón de que desvirtúa la naturaleza de las auditorías ambientales, transgrede principios jurídicos fundamentales y que la Profepa actualmente ya cuenta con facultades de inspección y vigilancia suficientes para cumplir con los objetivos que se proponen, se desecha la minuta con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, por lo que se regresa a la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, para los efectos de lo dispuesto en el inciso d) del artículo 72 constitucional.

6. En la sesión celebrada el 3 de septiembre de 2007 por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, se dio cuenta del oficio de la Cámara de Senadores fechado el 26 de abril con el que remite para los efectos de lo dispuesto en el inciso d) del artículo 72 constitucional, el expediente completo de la minuta proyecto de decreto en comento, mismo que fue turnado a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales bajo el expediente número 2240 para su estudio, análisis y elaboración del dictamen correspondiente.

Contenido de la minuta

La minuta que se dictamina desecha la reforma a los artículos 38 Bis 1 y 38 Bis 2, y la adición de un artículo 38 Bis 3 a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

Consideraciones

La creación de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) en el año de 1992 tuvo por objeto dar cumplimiento cabal a la legislación en materia ambiental a través de dos instrumentos de política ambiental: la auditoría ambiental y la verificación industrial. La auditoría ambiental fue incorporada a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente como uno de los instrumentos de la política ambiental.

De acuerdo a lo que dispone el artículo 38 Bis de la ley en comento: “Los responsables del funcionamiento de una empresa podrán en forma voluntaria, a través de la auditoría ambiental, realizar el examen metodológico de sus operaciones, respecto de la contaminación y el riesgo que generan, así como el grado de cumplimiento de la normatividad ambiental y de los parámetros internacionales y de buenas prácticas de operación e ingeniería aplicables, con el objetivo de definir las medidas preventivas y correctivas necesarias para proteger el medio ambiente.1

La secretaría desarrollará un programa dirigido a fomentar la realización de auditorías ambientales, y podrá supervisar su ejecución. Para tal efecto:

I. Elaborará los términos de referencia que establezcan la metodología para la realización de las auditorías ambientales;

II. Establecerá un sistema de aprobación y acreditamiento de peritos y auditores ambientales, determinando los procedimientos y requisitos que deberán cumplir los interesados para incorporarse a dicho sistema, debiendo, en su caso, observar lo dispuesto por la Ley Federal sobre Metrología y Normalización.

Para tal efecto, integrará un comité técnico constituido por representantes de instituciones de investigación, colegios y asociaciones profesionales y organizaciones del sector industrial;

III. Desarrollará programas de capacitación en materia de peritajes y auditorías ambientales;

IV. Instrumentará un sistema de reconocimientos y estímulos que permita identificar a las industrias que cumplan oportunamente los compromisos adquiridos en las auditorías ambientales;

V. Promoverá la creación de centros regionales de apoyo a la mediana y pequeña industria, con el fin de facilitar la realización de auditorías en dichos sectores, y

VI. Convendrá o concertará con personas físicas o morales, públicas o privadas, la realización de auditorías ambientales.

Esta comisión dictaminadora se permite recordar que de conformidad con lo dispuesto por la fracción III del artículo 2 del Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en materia de auditoría ambiental y es definida como el “examen exhaustivo de los equipos y procesos de una empresa, así como de la contaminación y riesgo que la misma genera, que tiene por objeto evaluar el cumplimiento de sus políticas ambientales y requerimientos normativos, con el fin de determinar las medidas preventivas y correctivas necesarias para la protección del ambiente y las acciones que permitan que dicha instalación opere en pleno cumplimiento de la normatividad ambiental vigente, así como conforme a normas extranjeras e internacionales y buenas prácticas de operación e ingeniería aplicables.

Después de analizar el contenido del expediente de la minuta en comento, esta comisión dictaminadora concuerda ampliamente con la colegisladora en cuanto a que desvirtúa la naturaleza del instrumento jurídico en vigor. Esto porque, como menciona, la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, la auditoría ambiental es un instrumento de carácter voluntario.

El texto del Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en materia de auditoría ambiental hace referencia al carácter voluntario del instrumento de política ambiental que nos ocupa. Sólo por referir un ejemplo el artículo 3o. de dicho reglamento a la letra reza: “Los responsables del funcionamiento de una empresa podrán en forma voluntaria realizar auditorías ambientales respecto de la contaminación y el riesgo que generan, así como el grado de cumplimiento de la normatividad ambiental y de los parámetros extranjeros e internacionales y de buenas prácticas de operación e ingeniería aplicables, con el objetivo de definir medidas preventivas y correctivas necesarias para proteger el ambiente.”2

Este mecanismo regulatorio optativo complementa a las normas obligatorias y persigue estimular ciertas conductas en lugar de ordenarlas. De lo anterior se desprende que la intervención de la autoridad consiste únicamente en el fomento y supervisión del mismo. Esta comisión dictaminadora coincide con la colegisladora en que el carácter voluntario del instrumento de política ambiental en comento no es exclusivo de México, toda vez que las legislaciones de países como Bolivia, España, Estados Unidos o Perú, así lo consideran.

Esta comisión dictaminadora opina que el imponer la obligatoriedad al instrumento en comento fomentará una “sobrerregulación” pues exigirá el cumplimiento obligatorio de parámetros internacionales y de buenas prácticas de operación e ingeniería, aún cuando no se encuentran previstos en la legislación nacional, lo cual creará inseguridad jurídica y dejará en estado de indefensión a los destinatarios de la norma.

Esta comisión ordinaria coincide ampliamente con la colegisladora en que la propuesta de reforma elimina la razón de ser de los certificados de industria limpia que entrega la Profepa a las industrias que cumplen de manera integral los compromisos que se derivan de la realización de las auditorías ambientales, toda vez que, al convertirse en un instrumento de política ambiental obligatorio para las entidades paraestatales, órganos desconcentrados y demás entidades autónomas de la administración pública federal, desaparecería el estímulo para llevarlas a cabo.

La comisión que dictamina también coincide con la colegisladora en que la reforma propuesta transgrede principios jurídicos fundamentales toda vez que vulnera el principio de igualdad jurídica de las personas, mismo que es respetado en diversas disposiciones de la ley en comento. Por ejemplo, en el artículo 28 de la ley en comento que precisa claramente el tipo de obras o actividades que están sujetas al procedimiento de evaluación en materia de impacto ambiental, se aprecia claramente que el legislador consideró la obra o actividad en sí misma y no al sujeto que la realiza, tal como se pretende en la minuta proyecto de decreto que se dictamina.

La pretendida reforma también contraviene lo dispuesto por la fracción IV del artículo 15 de la ley en comento que a la letra dice: “Quien realice obras o actividades que afecten o puedan afectar el ambiente, está obligado a prevenir, minimizar o reparar los daños que cause, así como a asumir los costos que dicha afectación implique. Asimismo, debe incentivarse a quien proteja el ambiente y aproveche de manera sustentable los recursos naturales”. A la luz de lo anterior resulta evidente que la finalidad de los instrumentos de política ambiental, entre los que se encuentra la auditoría ambiental, no es la de establecer distinciones respecto a los sujetos que realizan obras que pueden tener impactos significativos en el entorno.

Esta comisión dictaminadora coincide con la colegisladora en que lo propuesto resulta innecesario toda vez que desvirtúa la naturaleza de las auditorías ambientales, transgrede principios jurídicos fundamentales además de que la Profepa cuenta con facultades de inspección y vigilancia para cumplir con los objetivos que se proponen.

Por todo lo expuesto, la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y para los efectos de lo dispuesto por el inciso d) del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de la honorable asamblea, el siguiente:

Acuerdo

Único. Se desecha la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, turnada a esta comisión el 3 de septiembre de 2007.

Notas

1. Las negrillas son de la comisión dictaminadora.

2. Las negrillas son de la comisión dictaminadora.

La Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales

De la Comisión de Salud, con punto de acuerdo por el que se desecha la minuta que reforma la fracción X del artículo 257 de la Ley General de Salud

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Salud de la honorable Cámara de Diputados, LX Legislatura, fue turnada para su estudio y dictamen, la minuta proyecto de decreto que reforma la fracción X del artículo 257 de la Ley General de Salud.

Los integrantes de esta comisión dictaminadora, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 73, fracción XVI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 39, numerales 1 y 3, 43 44, 45, numeral 6, inciso e) y f), y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 55; 56; 60; 87; 88; 89 y 93 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta honorable asamblea, el siguiente dictamen.

I. Antecedentes

Con fecha 19 de abril de 2005, el diputado José Ángel Córdova Villalobos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó una iniciativa por la que se reforma la fracción X del artículo 257 de la Ley General de Salud, la cual fue turnada por la presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, a la Comisión de Salud para su estudio y dictamen.

Una vez aprobado el dictamen por el Pleno de la Cámara de Diputados, con fecha 8 de diciembre de 2005, se turnó al Senado de la República, cuya Mesa Directiva remitió la Minuta correspondiente a sus Comisiones Unidas de Salud y Seguridad Social, y de Estudios Legislativos Primera, para su estudio y dictamen.

Las Comisiones Unidas del Senado, el 11 de diciembre de 2007, presentaron ante el Pleno de ese órgano legislativo, el dictamen por el que se desecha la minuta proyecto de decreto que reforma la fracción X del artículo 257 de la Ley General de Salud. Mismo que, con dispensa de segunda lectura, fue aprobado por 104 votos. En esa misma fecha se devolvió a la Cámara de Diputados, para los efectos constitucionales correspondientes.

Con fecha 1 de febrero de 2008, la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Diputados, turnó a la Comisión de Salud la minuta de referencia para su estudio, por lo que llegado el momento esta comisión presenta el siguiente dictamen.

II. Contenido

Las Comisiones Unidas del Senado, refieren la propuesta original que el diputado José Ángel Córdova Villanueva, expuso:

La citada iniciativa, propone el siguiente concepto de farmacia:

X. Farmacia. Establecimiento que se dedica a comercializar las especialidades farmacéuticas, genéricos intercambiables, estupefacientes e insumos para la salud en general, así como otros productos y artículos de higiene personal y auxiliares para la salud, dispensándolos, manejándolos y comercializándolos, en el lugar que son requeridos por los usuarios.

En el dictamen de las Comisiones Unidas del Senado, se refieren los artículos 194 Bis, el 224 y el propio 257 de la Ley General de Salud, en los cuales actualmente de manera muy precisa, clara y apropiada contempla las pretendidas innovaciones o reformas que el diputado José Ángel Córdova Villalobos sugiere en su reforma; pues señalan correctamente que los conceptos de especialidades farmacéuticas, genéricos intercambiables y auxiliares para la salud, en la legislación vigente y referida están contemplados dentro del concepto de insumos para la salud.

Por ello, consideraran necesario desechar la minuta con proyecto de decreto, que había sido aprobada por la honorable Cámara de Diputados.

III. Consideraciones

Primera. Esta comisión dictaminadora, considera que la propuesta original del diputado José Ángel Córdova Villalobos, con buena intención, sustancialmente pretendía destacar el reconocimiento de los medicamentos genéricos intercambiables. No obstante, los integrantes de esta comisión dictaminadora, estiman que aunque ciertamente, fundamental e importante su referencia, esta propuesta de reforma no es la más indicada y tampoco en la fracción de la ley donde pudiera generar y cumplir su loable y necesario propósito.

Segunda. Por ello, sin duda, es necesario coincidir con la colegisladora en cuanto a la claridad y precisión de conceptos y definiciones que la actual legislación señala a través de sus artículos 194 Bis, 224 y 257; agregando esta comisión el 221, todos de la Ley General de Salud, mismos que a la letra señalan:

Artículo 194 Bis. Para los efectos de esta ley se consideran insumos para la salud: los medicamentos, substancias psicotrópicas, estupefacientes y las materias primas y aditivos que intervengan para su elaboración; así como los equipos médicos, prótesis, órtesis, ayudas funcionales agentes de diagnóstico, insumos de usos odontológico, material quirúrgico, de curación y productos higiénicos, estos últimos en los términos de la fracción VI del artículo 262 de esta ley.

Artículo 221. Para los efectos de esta ley se entiende por:

I. Medicamentos: toda substancia o mezclas de substancias de origen natural o sintético que tenga efectos terapéutico, preventivo o rehabilitatorio, que se presente en forma farmacéutica y se identifique como tal por su actividad farmacológica, características físicas, químicas y biológicas. Cuando un producto contenga nutrimentos, será considerado como medicamento, siempre que se trate de un preparado que contenga de manera individual o asociada: vitaminas, minerales, electrólitos, aminoácidos o ácidos grasos, en concentraciones superiores a las de los alimentos naturales y además se presente en alguna forma farmacéutica definida y la indicación de uso contemple efectos terapéuticos, preventivos o rehabilitatorios.

II. al V.

Artículo 224. Los medicamentos se clasifican:

A. Por su forma de preparación en:

I. Magistrales:

II. Oficinales:

III. Especialidades farmacéuticas: Cuando sean preparados con formulas autorizadas por la Secretaria de Salud, en establecimientos de la industria químico-farmacéutica.

B. Por su naturaleza

I. Alopáticos:

II. Homeopáticos:

III. Herbolarios:

Artículo 257. Los establecimientos que se destinen al proceso de los productos a que se refiere el Capítulo IV de este Título, incluyendo su importación y exportación se clasifican, para los efectos de esta ley, en:

I. al IX. ...

X. Farmacia: El establecimiento que se dedica a la comercialización de especialidades farmacéuticas, incluyendo aquellas que contengan estupefacientes y psicotrópicos, insumos para la salud en general y productos de perfumería, belleza y aseo;

XI. al XII.

Tercera. Como se aprecia, estos artículos y sus conceptos de manera precisa, así como mucho más amplia, contemplan ya las definiciones que la propuesta en discusión sugiere. No obstante, insistimos la intención de destacar la prescripción, existencia y uso de los medicamentos genéricos intercambiables, no es posible en los términos y en las fracciones legales planteados, rescatable.

Por lo anterior, esta comisión dictaminadora considera que el resolutivo de rechazo de la colegisladora es valido, por tanto, se agrega y refrenda dicha determinación.

Por las consideraciones anteriormente expuestas y para efecto de lo dispuesto por el artículo 72, inciso D de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión de Salud de la LX Legislatura, pone a consideración de la asamblea el siguiente:

Acuerdo

Único. Se desecha la minuta proyecto de decreto por el que se reforma a la fracción X del artículo 257 de la Ley General de Salud, turnada a esta comisión el 1 de febrero de 2008. Archívese el expediente como asunto concluido.

La Comisión de Salud

Diputados: Ector Jaime Ramírez Barba (rúbrica), José Antonio Muñoz Serrano, Adriana Rebeca Vieyra Olivares (rúbrica), Efraín Morales Sánchez (rúbrica), María Oralia Vega Ortiz (rúbrica), Olga Patricia Chozas y Chozas (rúbrica), Juan Abad de Jesús (rúbrica), Margarita Arenas Guzmán (rúbrica), Efraín Arizmendi Uribe, Ricardo Cantú Garza, Maricela Contreras Julián, María Mercedes Corral Aguilar, Joaquín Conrado de los Santos Molina, Daniel Dehesa Mora, Nemesio Domínguez Domínguez, Ángel Humberto García Reyes, Beatriz Eugenia García Reyes (rúbrica), Yolanda Mercedes Garmendia Hernández (rúbrica), Tomás Gloria Requena (rúbrica), Lorena Martínez Rodríguez (rúbrica), Holly Matus Toledo, Fernando Enrique Mayans Canabal (rúbrica), Roberto Mendoza Flores (rúbrica), Elizabeth Morales García, Miguel Ángel Navarro Quintero, Gilberto Ojeda Camacho, Jorge Quintero Bello (rúbrica), José Ignacio Alberto Rubio Chávez (rúbrica), María Gloria Guadalupe Valenzuela García.

De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con punto de acuerdo por el que se desecha la minuta que reforma el inciso d) de la fracción II del artículo 47 Bis de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión le fue turnada, para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente, el expediente número 2249, que contiene la minuta proyecto de decreto por el que se reforma el inciso d) de la fracción II del artículo 47 Bis de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, presentada por los otrora diputados Jacqueline Guadalupe Argüelles Guzmán y Adrián Chávez Ruiz, integrantes de los Grupos Parlamentarios de los Partidos Verde Ecologista de México y de la Revolución Democrática, respectivamente.

Esta comisión dictaminadora, con fundamento por lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, 72, 73, fracción XXIX-G, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 39, numerales 1 y 2 fracción XXIV, y 45 numeral 6, incisos e) y f), y numeral 7 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 60, 65 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de los integrantes de esta honorable asamblea el presente dictamen, de acuerdo con los siguientes

Antecedentes

1. En la sesión celebrada el 20 de octubre de 2005, los otrora diputados Jacqueline Guadalupe Argüelles Guzmán y Adrián Chávez Ruiz, integrantes de los Grupos Parlamentarios de los Partidos Verde Ecologista de México y de la Revolución Democrática, respectivamente, presentaron ante el Pleno de la honorable Cámara de Diputados, en la LIX Legislatura, una iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el inciso d) de la fracción II del artículo 47 Bis de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. En esa misma fecha, la iniciativa fue turnada a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión bajo el expediente número 4132, para su análisis y elaboración del dictamen correspondiente;

2. En la sesión celebrada el 27 de abril de 2006 por el Pleno de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión se aprobó por trescientos sesenta y un votos la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el inciso d) de la fracción II del artículo 47 Bis de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, turnándose a la Cámara de Senadores para los efectos dispuestos en el inciso a) del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

3. En la sesión del Pleno llevada a cabo el 7 de septiembre de 2006, la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores recibió la minuta proyecto de decreto por el que se reforma el inciso d) de la fracción II del artículo 47 Bis de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, turnándola a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, y de Estudios Legislativos, Primera, para su análisis y elaboración del dictamen correspondiente.

4. En la sesión del Pleno de la Cámara de Senadores celebrada el 26 de abril de 2007 se aprobó en votación económica el siguiente dictamen:

Artículo Único. En virtud de que su contenido resulta incompatible con el texto vigente del precepto legal que pretende reformar, y que su espíritu ya se encuentra previsto, se desecha la minuta proyecto de decreto por el que se reforma el inciso d) de la fracción II del artículo 47 Bis de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

6. En sesión celebrada el 3 de septiembre de 2007 por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión se dio cuenta del oficio de la Cámara de Senadores fechado el 26 de abril con el que remite, para los efectos de lo dispuesto en el inciso d) del artículo 72 constitucional, el expediente completo de la minuta proyecto de decreto en comento que fue turnado a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales bajo el expediente número 2249 para su estudio, análisis y elaboración del dictamen correspondiente.

Contenido de la minuta

La minuta proyecto de decreto que se dictamina tiene por objeto desechar la reforma al inciso d) de la fracción II del artículo 47 Bis de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

Consideraciones

De conformidad con lo dispuesto en la fracción IV del artículo 3o. de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, la biodiversidad es definida como “la variabilidad de organismos vivos de cualquier fuente, incluidos, entre otros, los ecosistemas terrestres, marinos y otros ecosistemas acuáticos y los complejos ecológicos de los que forman parte; comprende la diversidad dentro de cada especie, entre las especies y de los ecosistemas”; esta diversidad reviste singular importancia debido a que nos proporciona una amplia gama de bienes y servicios ambientales, tales como la conservación del suelo, la recarga y mantenimiento de los recursos hídricos, la regulación del clima, la formación de diversos tipos de hábitat para las especies silvestres, la preservación del balance ecológico, entre otros. Este hecho no sólo debe enorgullecernos sino también concientizarnos de la gran responsabilidad que tenemos no sólo a nivel nacional sino mundial, en cuanto a su protección y conservación.

Con objeto de evitar la pérdida de biodiversidad, la legislación ambiental vigente contempla la figura de las áreas naturales protegidas y establece diferentes tipos y características. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 44 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, las áreas naturales protegidas son “las zonas del territorio nacional y aquellas sobre las que la nación ejerce su soberanía y jurisdicción, en las que los ambientes originales no han sido significativamente alterados por la actividad del ser humano, o que requieren ser preservados y restaurados...”.

Esta comisión dictaminadora coincide con la colegisladora en que el régimen legal previsto en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA), para las áreas naturales protegidas (ANP) de competencia federal, incluye la posibilidad de ordenar sus superficies en función del grado de conservación y representatividad de sus ecosistemas, la vocación natural del terreno –de su uso actual y potencial–, de conformidad con los objetivos para los cuales fueron creadas. La zonificación de las ANP se materializa mediante el establecimiento de zonas núcleo y zonas de amortiguamiento, las cuales, a su vez, pueden ser subzonificadas con el fin de ordenar detalladamente las actividades que se pueden realizar en ellas.

El actual inciso d) de la fracción II del artículo 47 Bis de la Ley en comento establece que las subzonas de aprovechamiento sustentable de los ecosistemas son “aquellas superficies con usos agrícolas y pecuarios actuales.

En dichas subzonas se podrán realizar actividades agrícolas y pecuarias de baja intensidad que se lleven a cabo en predios que cuenten con aptitud para este fin, y en aquellos en que dichas actividades se realicen de manera cotidiana, y actividades de agroforestería y silvopastoriles, siempre y cuando sean compatibles con las acciones de conservación del área y que contribuyan al control de la erosión y evitar la degradación de los suelos”.

En opinión de los otrora diputados promoventes, resultaba necesario reformar el inciso d) de la fracción II del artículo 47 Bis de la ley en comento pues “de acuerdo a la clasificación que la propia LGEEPA hace sobre áreas naturales protegidas, existen áreas en donde el aprovechamiento de los recursos es permitido, al igual que las actividades que en las comunidades se desarrollan. Tal es el caso que el artículo 47 Bis de la misma establece las actividades que son permitidas en las zonas y subzonas de las ANP. Sin embargo, en la fracción segunda inciso d) sobre las zonas de aprovechamiento sustentable de los ecosistemas se ha excluido, entre los temas de aprovechamiento, a la actividad pesquera [ ] Si bien hablamos de un aprovechamiento de los ecosistemas, debemos también entonces considerar a los ecosistemas acuáticos y marinos, por tanto se deberían enlistar también la pesca y la acuacultura”. 1

Al respecto, esta comisión dictaminadora coincide con la colegisladora en que la reforma propuesta contraviene la esencia del texto vigente del citado precepto, toda vez que su naturaleza se refiere única y exclusivamente a las actividades agropecuarias llevadas a cabo en predios , por virtud de las cuales es posible causar erosión y degradación de los suelos . En ese sentido, se infiere que el desarrollo de la pesca y la acuacultura son incompatibles con el uso agropecuario del suelo.

Asimismo, coincide con la opinión de la colegisladora en que el inciso c) de la fracción II del artículo 47 Bis de la ley en comento relativo al aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, ya contempla la posibilidad de llevar a cabo aprovechamiento pesquero o acuícola en las ANP. Dicho inciso a la letra dispone:

c) De aprovechamiento sustentable de los recursos naturales: Aquellas superficies en las que los recursos naturales pueden ser aprovechados y que, por motivos de uso y conservación de sus ecosistemas a largo plazo, es necesario que todas las actividades productivas se efectúen bajo esquemas de aprovechamiento sustentable.

En dichas subzonas se permitirán exclusivamente el aprovechamiento y manejo de los recursos naturales renovables, siempre que estas acciones generen beneficios, preferentemente para los pobladores locales, la investigación científica, la educación ambiental y el desarrollo de actividades turísticas de bajo impacto ambiental.

Asimismo, el aprovechamiento sustentable de la vida silvestre podrá llevarse a cabo siempre y cuando se garantice su reproducción controlada o se mantengan o se incrementen las poblaciones de las especies aprovechadas y el hábitat del que dependen, y se sustenten en los planes correspondientes autorizados por la secretaría, conforme a las disposiciones legales y reglamentarias aplicables. 2

Esta comisión dictaminadora se ha permitido resaltar la frase “siempre que estas acciones generen beneficios preferentemente para los pobladores locales” del inciso citado, porque precisamente uno de los argumentos para promover la reforma en comento fue el de la prohibición a las comunidades locales para llevar a cabo sus actividades productivas tradicionales. Sin embargo, como se ha mencionado, la legislación vigente ya subsana esa falta que caracterizó el establecimiento de las ANP en décadas pasadas.

Más aún, la comisión dictaminadora se permite destacar que el desarrollo de actividades de aprovechamiento pesquero y acuícola se permiten dentro de las ANP. Como ejemplo se menciona el caso de la pesquería de langosta espinosa, Acanthacaris tenuimana , y caracol rosado, Strombus gigas , en la reserva de la biosfera Banco Chinchorro, en Quintana Roo. Dado que la actividad se lleva a cabo en una ANP, fue necesario que los pescadores de las tres sociedades cooperativas pesqueras Andrés Quintana Roo, Banco Chinchorro y Langosteros del Caribe reglamentaran la actividad de acuerdo a prácticas sustentables. De hecho, a la fecha está en proceso el registro de marca colectiva para la pesca de la langosta, en colaboración con la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad. 3

Otro ejemplo exitoso de aprovechamiento pesquero en áreas naturales protegidas es el de la pesquería de almeja mano de león, Lyropecten subnudosus , en la laguna Ojo de Liebre, que forma parte de la reserva de la biosfera El Vizcaíno, en Baja California Sur. Esta pesquería opera desde hace 17 años y al igual que en el caso anterior el manejo sustentable del recurso es resultado del trabajo conjunto de las organizaciones sociales y privadas de la laguna Ojo de Liebre, las autoridades de la reserva de la biosfera El Vizcaíno y los tres órdenes de gobierno. La pesquería no sólo es exitosa en términos comerciales sino también ambientales, toda vez que ha recuperado las poblaciones de este molusco pectínido. 4

Esta comisión dictaminadora coincide con la colegisladora en que la reforma presentada resulta incompatible con el texto vigente del precepto legal que pretende reformar y que su espíritu ya se encuentra previsto por la ley.

Por lo anteriormente expuesto, la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y para los efectos de lo dispuesto en el inciso d) del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable asamblea el siguiente

Acuerdo

Único. Se desecha la minuta con proyecto de decreto por el que se reforma el inciso d) de la fracción II del Artículo 47 Bis de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, enviada por la colegisladora y turnada a esta comisión el 3 de septiembre de 2007.

Notas

1. Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma el artículo 47 BIS de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente . Cámara de Diputados, LIX Legislatura, 20 de octubre de 2005, índice E, foja 115, libro XII.

2. Las negrillas son de la comisión dictaminadora.

3. Ver. Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, 2007. Un Nuevo Ciclo de Vida. Logros 2007. México , página 20.

4. Idem, página 12.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro de la honorable Cámara de Diputados, a 11 de marzo de 2008.

La Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales

Diputados: Diego Cobo Terrazas (rúbrica), presidente; Jesús de León Tello (rúbrica), José Luis Espinosa Piña (rúbrica), Lucía Susana Mendoza Morales (rúbrica), Benjamín Hernández Silva (rúbrica), María Mercedes Colín Guadarrama, secretarios; Edmundo Javier Bolaños Aguilar (rúbrica), Adriana Dávila Fernández (rúbrica), José Antonio Díaz García (rúbrica), Emilio Ramón Ramiro Flores Domínguez (rúbrica), José Guillermo Fuentes Ortiz (rúbrica), Jorge Rubén Nordhausen González (rúbrica), Christian Martín Lujano Nicolás (rúbrica), Martha Angélica Romo Jiménez (rúbrica), Víctor Manuel Torres Herrera (rúbrica), Aleida Alavez Ruíz (rúbrica), María Soledad López Torres, Rafael Villicaña García (rúbrica), Juan Hugo de la Rosa García (rúbrica), Carlos Roberto Martínez Martínez (rúbrica), Armando Barreiro Pérez (rúbrica), Roberto Mendoza Flores (rúbrica), Martha Hilda González Calderón (rúbrica), Fernando Quetzalcóatl Moctezuma Pereda (rúbrica), Carlos Ernesto Zatarain González (rúbrica), Víctor Manuel Méndez Lanz, José Ascención Orihuela Bárcenas, Sergio Augusto López Ramírez (rúbrica), Humberto López Lena Cruz.

De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con punto de acuerdo por el que se desecha la minuta que reforma el artículo 71 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, le fue turnado para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente, el expediente número 2846, que contiene la minuta proyecto de decreto que reforma el artículo 71 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, presentada por el diputado Maximino Fernández Ávila, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Esta comisión dictaminadora, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 fracción II, 72 inciso E), 73 fracción XXIX-G de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 39 numerales 1 y 2 fracción XXIV y 45 numeral 6, incisos e) y f), y numeral 7 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 60, 65 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de los integrantes de esta honorable asamblea, el presente dictamen, de acuerdo con los siguientes:

Antecedentes

1. En la sesión celebrada el 25 de octubre de 2005, el entonces diputado Maximino Fernández Ávila, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presentó al Pleno de la Cámara de Diputados la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 71 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.

2. En esa misma fecha, la Mesa Directiva turnó la referida iniciativa a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para su análisis y elaboración del dictamen correspondiente;

3. En la sesión celebrada el 26 de abril de 2006, la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión aprobó por trescientos cincuenta votos a favor la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 71 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, turnándose a la Cámara de Senadores para los efectos dispuestos en el inciso A del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

4. En sesión celebrada el día 27 de abril de 2006 por el Pleno del Senado de la República, la Mesa Directiva de esa soberanía recibió la minuta con proyecto de decreto que reforma el artículo 71 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, siendo turnada a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca; y de Estudios Legislativos, para su análisis y elaboración del dictamen correspondiente.

5. En sesión ordinaria celebrada el 7 de noviembre de 2007, la Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión aprobó el dictamen de la minuta con proyecto de decreto que reforma el artículo 71 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, presentado por las Comisiones Unidas de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca; y de Estudios Legislativos, remitiéndolo a la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión para los efectos constitucionales correspondientes.

6. En sesión celebrada el 29 de noviembre de 2007 por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, se dio cuenta del oficio con el que se devuelve de conformidad con lo establecido en el inciso d) del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el expediente número 2846 que contiene la minuta con proyecto de decreto que reforma el artículo 71 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, siendo turnada a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para su análisis, estudio y elaboración del dictamen correspondiente de conformidad con las siguientes:

Consideraciones

La minuta que se dictamina, obra sobre una pretendida reforma al texto del artículo 71 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, en la cual se propone modificar el párrafo segundo del referido artículo a fin de establecer expresamente una causa de nulidad sobre aquellos actos jurídicos en los cuales, al realizarse la transmisión de la propiedad o posesión de un inmueble contaminado por materiales o residuos peligrosos, las personas que las transfieran, omitan informar a la otra parte contratante tal hecho, para dichos efectos se propuso la siguiente redacción:

Artículo 71. No podrá transferirse la propiedad de sitios contaminados con residuos peligrosos, salvo autorización expresa de la secretaría.

Las personas que transfieran a terceros los inmuebles que hubieran sido contaminados por materiales o residuos peligrosos, en virtud de las actividades que en ellos se realizaron, deberán informar de ello a quienes les transmitan la propiedad o posesión de dichos bienes y en caso de no hacerlo, el acto que ha dado origen a dicha transferencia, será nulo, con las consecuencias legales correspondientes.

Además de la remediación, quienes resulten responsables de la contaminación de un sitio se harán acreedores a las sanciones penales y administrativas correspondientes.

Al respecto y pese a que en primera instancia la iniciativa en estudio había sido aprobada por la LIX Legislatura de ésta Cámara de Diputados, la colegisladora del Senado resolvió dicha minuta en sentido negativo, desechando por completo su contenido al concluir en su dictamen que “en virtud de su contenido dicha reforma no es materia de la ley que se propone reformar, y que sus alcances ya están colmados por la legislación civil, ” , devolviéndola a esta representación popular para los efectos dispuestos en el inciso d) del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Es indudable que la naturaleza de la norma jurídica que se pretende reformar es por demás proteccionista, al establecer que quienes transfieran la propiedad o posesión de los inmuebles que hubieran sido contaminados por materiales o residuos peligrosos, deben informar dicha condición al adquiriente. En primera instancia es evidente que los actos mediante los cuales se puede transferir la posesión o propiedad de un inmueble, forman parte del derecho privado y se regulan propiamente por la legislación civil sin limitarse sólo a ella. Dichos actos jurídicos corresponden a los contratos, los cuales se encuentran definidos por el artículo 1793 del Código Civil Federal, como los convenios que producen o transfieren las obligaciones y derechos; para el caso en concreto que se estudia, la palabra transferencia al igual que en otros casos transmisión o traslación, se usan indistintamente para aludir a la enajenación de bienes materiales a título oneroso o gratuito, como ocurre en el contrato de compraventa, donación, permuta entre otros.

Dichos actos jurídicos, se encuentran supeditados por la norma a cumplir con ciertos requisitos que determinan su existencia y validez para poder surtir efectos de derecho pleno entre las partes contratantes, transmitiendo derechos y obligaciones, dentro de éstos elementos de validez podemos destacar la plena capacidad de las partes para contratar, que el fin o motivo sea lícito y que el consentimiento se haya manifestado en la forma establecida por la ley y sin vicios.

En este sentido, tal y como lo manifiesta la colegisladora, la hipótesis propuesta en la minuta objeto del presente dictamen, coincide plenamente con las disposiciones en materia contractual y de nulidad de los actos jurídicos, ya previstos por la legislación civil; sin embargo, los integrantes de la comisión legislativa dictaminadora discernimos en que por tal motivo, resulte innecesario incorporar dicha reforma a una ley especial como lo es la Ley General para la Prevención y Gestión de los Residuos, ya que dichos contratos obran sobre inmuebles, los cuales se encuentran regulados por diversas disposiciones jurídicas que organizan su propiedad, desmembramientos y posesión, sin encontrarse limitados a lo establecido por el Código Civil. Si bien es cierto que se debe respetar la naturaleza general de los contratos contenida dentro de este ordenamiento, también debemos reconocer que contamos con normas administrativas relativas a éstos, cuando versan sobre la propiedad y aprovechamiento de cierto tipo de inmuebles que por sus características particulares requieren de protección y ordenamiento. En estos casos, los ordenamientos legales, no sólo toman en consideración el interés particular de la persona que es titular o adquiriente del derecho, sino también protegen el interés de terceros y de la colectividad, para lograr así la realización de la justicia distributiva.

Vale la pena señalar que el régimen jurídico de la propiedad en México, se encuentra organizado en función del interés público, ya que el párrafo tercero del artículo 27 constitucional dispone que:

La nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés público, así como el de regular, en beneficio social, el aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiación, con objeto de hacer una distribución equitativa de la riqueza pública, cuidar de su conservación, lograr el desarrollo equilibrado del país y el mejoramiento de las condiciones de vida de la población rural y urbana. En consecuencia, se dictarán las medidas necesarias para ordenar los asentamientos humanos y establecer adecuadas provisiones, usos, reservas y destinos de tierras, aguas y bosques, a efecto de ejecutar obras públicas y de planear y regular la fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población; para preservar y restaurar el equilibrio ecológico; para el fraccionamiento de los latifundios; para disponer, en los términos de la ley reglamentaria, la organización y explotación colectiva de los ejidos y comunidades; para el desarrollo de la pequeña propiedad rural; para el fomento de la agricultura, de la ganadería, de la silvicultura y de las demás actividades económicas en el medio rural, y para evitar la destrucción de los elementos naturales y los daños que la propiedad pueda sufrir en perjuicio de la sociedad.

El Código Civil Federal, por su parte en el artículo 830 determina que “el propietario de una cosa puede gozar y disponer de ella con las limitaciones y modalidades que fijen las leyes”, sin acotarlas exclusivamente a la legislación civil.

Como ejemplo, de lo anterior podríamos citar que el artículo 834 del Código Civil Federal, determina una serie de modalidades para los propietarios de bienes que por sus características sean de gran valor cultural, para cuyo caso y con el objeto de que no sean alterados o modificados, su dueño no tiene un libre derecho de enajenación, ni puede gravarlos libremente, ya que para ello requiere de la autorización del presidente de la república, quien la otorga por medio de una de sus secretarías de Estado. Así, se puede dilucidar que la propiedad y su transmisión están sometidas a ciertos deberes de conservación de valores culturales o de interés general que el orden jurídico protege.

Sin embargo, también algunas leyes administrativas exigen el otorgamiento de autorizaciones previas o de la inscripción del acto en ciertos registros, esto con la finalidad de legitimar o para controlar el uso de tales bienes; al caso podríamos citar a la industria del transporte aéreo, terrestre, fluvial o marítimo, de acuerdo con la Ley General de Vías de Comunicación e incluso la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos materia del presente estudio y que en su artículo 74 claramente establece:

Artículo 74. Todos los actos y convenios relativos a la propiedad, posesión o cualquier otro derecho relacionado con los bienes inmuebles que fueren materia de las declaratorias de remediación, quedarán sujetos a la aplicación de las modalidades previstas en las propias declaratorias.

Los notarios y cualesquiera otros fedatarios públicos harán constar tal circunstancia al autorizar las escrituras públicas, actos, convenios o contratos en los que intervengan. Será nulo todo acto, convenio o contrato que contravenga lo establecido en la mencionada declaratoria.

De lo anterior, claramente se puede establecer que la reforma que es puesta a nuestra consideración únicamente trata de incorporar como una causal de nulidad, la omisión en el cumplimiento de lo establecido por el multicitado Artículo 71 de la LGPGIR, además debemos reconocer que la pretendida reforma, no únicamente busca dar certidumbre jurídica al hacerle saber, al adquiriente de un predio contaminado con residuos o materiales peligrosos, las obligaciones que contrae con la suscripción de un contrato de transmisión del inmueble, sino que también determina una condicionante a cargo del propietario para disponer de el, que surte efectos en el ámbito administrativo y el civil, con el objeto de proteger un interés particular y a su vez uno general, el de preservar el equilibrio ecológico.

En cuanto al segundo de los razonamientos contenidos dentro de la minuta en estudio, la colegisladora señala que: como ya se mencionó, el párrafo segundo del artículo 71 de la LGPGIR, establece que:

Empleando una interpretación contrario sensu de la disposición citada, se entiende que la omisión por parte de quienes transfieran la propiedad o posesión de inmuebles contaminados por materiales o residuos peligrosos, de no informar al adquiriente dicha condición, serán sancionadas de conformidad con los dispuesto en la fracción XXIV del artículo 106 de la misma LGPGIR, la cual establece:

Artículo 106. De conformidad con esta Ley y su Reglamento, serán sancionadas las personas que lleven a cabo cualquiera de las siguientes actividades:

XXIV. Incurrir en cualquier otra violación a los preceptos de esta ley.

De esta forma, es evidente que no es necesario establecer una consecuencia jurídica a la omisión que se analiza, toda vez que ya está prevista plenamente y sin perjuicio de la nulidad del acto que eventualmente se invoque por parte del afectado, a través de la vía civil.

En este sentido esta comisión discierne con la colegisladora, en razón de que la reforma planteada no busca facultar a la secretaría para establecer una consecuencia jurídica a la omisión que se analiza, sino determinar expresamente que el incumplimiento a lo establecido por el texto del artículo 71, es una causal de nulidad en función de la celebración del contrato que trasfiere la posesión o propiedad del predio.

Así también, el propio reglamento de la LGPGIR en el último párrafo del artículo 127 determina que la autorización de la Secretaría no impide la ejecución de actos de comercio o de derecho civil, únicamente tiene como efecto definir a quién corresponde realizar las acciones de remediación del sitio transferido”. Sin embargo y atendiendo a la certidumbre jurídica que se debe dar al adquiriente de predios contaminados, este mismo reglamento dentro de su artículo 126 menciona que:

Artículo 126. Quienes transfieran a terceros los inmuebles que hubieran sido contaminados por materiales peligrosos, deberán informarlo a quienes les transmitan la propiedad o posesión de dichos bienes, en los términos previstos en el segundo párrafo del artículo 71 de la ley; dicho informe se hará constar en el instrumento en el cual se formalice la transmisión.

Por lo cual, la reforma planteada únicamente vendría a reforzar el texto vigente del artículo 71 de la LGPGIR, considerando una limitación para la transmisión de los predios contaminados y estableciendo dentro de la misma una consecuencia jurídica en caso de omisión, lo cual es congruente con las facultades conferidas por el ya citado artículo 830 del Código Civil Federal, el cual dentro de las disposiciones generales de la propiedad determina que:

Artículo 830. El propietario de una cosa puede gozar y disponer de ella con las limitaciones y modalidades que fijen las leyes.

Sin embargo y pese a esto, también se reconoce que la inquietud que impulsó al legislador a proponer esta reforma, se encuentra perfectamente cubierta por la legislación vigente, ya que aquellas personas que hayan adquirido un predio sin saber que éste se encuentra contaminado tienen la facultad legal de demandar la nulidad relativa del contrato mediante el cual adquirieron el inmueble, aludiendo vicios en el consentimiento de conformidad con lo establecido por el articulado del Capítulo Primero, Libro Primero, Primera Parte del Libro Cuarto del Código Civil Federal vigente.

Por todo lo anteriormente expuesto y, con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 71 fracción II, 72 inciso D), 73 fracción XXIX-G de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; en lo dispuesto por los Artículos 71 inciso e) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los Artículos 39 numerales 1 y 2 fracciones XII, XIV, XXIV, XXXIX y 45 numeral 6, incisos e) y f), y numeral 7 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 60, 65 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, esta Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, se somete a consideración de esta H. Soberanía el siguiente:

Acuerdo

Único. Se desecha la minuta proyecto de decreto que reforma el artículo 71 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, turnada a esta comisión el 27 de noviembre de 2007.

Dado en el Palacio0 Legislativo de San Lázaro de la honorable Cámara de Diputados a los 11 días del mes de marzo de 2008,

La Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales

Diputados: Diego Cobo Terrazas (rúbrica), presidente; Jesús de León Tello (rúbrica), José Luis Espinosa Piña (rúbrica), Lucía Susana Mendoza Morales (rúbrica), Benjamín Hernández Silva (rúbrica), María Mercedes Colín Guadarrama, secretarios; Edmundo Javier Bolaños Aguilar (rúbrica), Adriana Dávila Fernández (rúbrica), José Antonio Díaz García (rúbrica), Emilio Ramón Ramiro Flores Domínguez (rúbrica), José Guillermo Fuentes Ortiz (rúbrica), Jorge Rubén Nordhausen González (rúbrica), Christian Martín Lujano Nicolás (rúbrica), Martha Angélica Romo Jiménez (rúbrica), Víctor Manuel Torres Herrera (rúbrica), Aleida Alavez Ruiz (rúbrica), María Soledad López Torres (rúbrica), Rafael Villicaña García (rúbrica), Juan Hugo de la Rosa García (rúbrica), Carlos Roberto Martínez Martínez (rúbrica), Armando Barreiro Pérez (rúbrica), Roberto Mendoza Flores (rúbrica), Martha Hilda González Calderón (rúbrica), Fernando Quetzalcóatl Moctezuma Pereda (rúbrica), Carlos Ernesto Zatarain González, Víctor Manuel Méndez Lanz, José Ascención Orihuela Bárcenas, Sergio Augusto López Ramírez (rúbrica), Humberto López Lena Cruz.

De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con punto de acuerdo por el que se desecha la minuta que adiciona un párrafo al artículo 53 de la Ley General de Vida Silvestre

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión le fue turnado, para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente, el expediente número 2850, que contiene la minuta proyecto de decreto que reforma el artículo 53 de la Ley General de Vida Silvestre, presentada por el entonces diputado Luis Antonio González Roldán, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Esta comisión dictaminadora, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, 72, inciso e), 73, fracción XXIX-G, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 39, numerales 1 y 2, fracción XXIV, y 45, numeral 6, incisos e) y f), y numeral 7, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 60, 65 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de los integrantes de esta honorable asamblea, el presente dictamen, de acuerdo con los siguientes

Antecedentes

1. En la sesión celebrada el 3 de noviembre de 2005, el entonces diputado Luis Antonio González Roldán, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presentó al Pleno de la Cámara de Diputados la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 53 de la Ley General de Vida Silvestre.

2. En esa misma fecha, la Mesa Directiva turnó la referida iniciativa a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para su análisis y elaboración del dictamen correspondiente;

3. En la sesión celebrada el día 9 de marzo de 2006, la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión aprobó por trescientos veintisiete votos a favor la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 53 de la Ley General de Vida Silvestre, turnándolo a la Cámara de Senadores para los efectos dispuestos en el inciso a) del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

4. En sesión celebrada el día 14 de marzo de 2006 por el Pleno del Senado de la República, la Mesa Directiva de esa soberanía recibió la minuta con proyecto de decreto que reforma el artículo 53 de la Ley General de Vida Silvestre, siendo turnada a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca; y de Estudios Legislativos, para su análisis y elaboración del dictamen correspondiente.

5. En sesión ordinaria celebrada el día 22 de noviembre de 2007, la Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión aprobó el dictamen de la minuta con proyecto de decreto que reforma el artículo 53 de la Ley General de Vida Silvestre, presentado por las Comisiones Unidas de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca; y de Estudios Legislativos, remitiéndolo a la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión para los efectos constitucionales correspondientes.

6. En sesión celebrada el día 27 de noviembre de 2007 por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, se dio cuenta del oficio con el que se devuelve de conformidad con lo establecido en el inciso d) del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el expediente número 2850, que contiene la minuta con proyecto de decreto que reforma el artículo 53 de la Ley General de Vida Silvestre, siendo turnada a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para su análisis, estudio y elaboración del dictamen correspondiente, de conformidad con las siguientes

Consideraciones

La minuta en estudio versa sobre el desecho de la propuesta de adición de un tercer párrafo al artículo 53 de la Ley General de Vida Silvestre, con el objetivo de incluir en el referido artículo la prohibición expresa de la exportación de especies de flora y fauna silvestres enlistadas en alguna categoría de riesgo, con la excepción de aquellas que provengan de la tercera generación de criaderos y centros de cultivo controlados.

La minuta original, enviada por la Cámara de Diputados al Senado proponía la siguiente adición:

Artículo 53. La exportación de ejemplares, partes y derivados de especies silvestres, requerirá de autorización expedida por la Secretaría, de conformidad con lo establecido en el reglamento.

No será necesario contar con la autorización a la que se refiere el párrafo anterior cuando se trate de:

a) Trofeos de caza debidamente marcados y acompañados de la documentación que muestre su legal procedencia.

b) Material biológico de vida silvestre de colecciones científicas o museográficas debidamente registrada, con destinos a otras colecciones científicas en calidad de préstamo o como donativo, acompañado de la constancia correspondiente expedida por la institución a la que pertenece la colección, de conformidad con lo establecido en el reglamento; siempre y cuando no tenga fines comerciales ni de utilización en biotecnología.

c) Los artículos de uso personal, siempre y cuando no excedan de dos piezas del mismo producto.

Se prohíbe la exportación de especies de fauna y flora silvestre enlistada en categoría de riesgo, exceptuando aquellas que provengan de la tercera generación de criaderos y centros de cultivo controlados.

En relación, y aún cuando los diputados integrantes de LIX Legislatura aprobaron esta propuesta, la Cámara revisora desechó totalmente el proyecto de reforma, devolviéndolo a esta Cámara de origen para los efectos dispuestos en el inciso d) del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Ahora bien, cabe mencionar que, aún cuando el espíritu de la reforma original propuesta a la Ley General de Vida Silvestre es bueno, sus pretensiones ya se encuentran colmadas dentro de la propia ley.

Abocándonos al estudio de la presente minuta, en primer término se debe establecer que el traslado de ejemplares de la vida silvestre se encuentra regulado dentro de la Ley General de Vida Silvestre, la cual al respecto establece en su artículo 52:

Las personas que trasladen ejemplares vivos de especies silvestres deberán contar con la autorización correspondiente otorgada por la secretaría, de conformidad con lo establecido en el reglamento. Asimismo deberán dar cumplimiento a las normas oficiales mexicanas correspondientes.

...

De igual forma, el reglamento de esta ley establece en su artículo 57 lo siguiente:

La autorización para el aprovechamiento extractivo otorgada en los términos previstos en el presente reglamento, ampara la del traslado de ejemplares, partes y derivados de la vida silvestre. El traslado de ejemplares vivos de especies silvestres deberá de cumplir con los requisitos sanitarios que conforme a la normatividad vigente resulten aplicables y durante el mismo se requerirá contar con toda la documentación que acredite la legal procedencia de los ejemplares.

Ahora bien, cualquier persona que pretenda trasladar a un ejemplar de la vida silvestre deberá acreditar la legal procedencia del mismo, ya sea mediante la marca que muestre que ha sido objeto de un aprovechamiento sustentable y la tasa de aprovechamiento autorizada, o bien, mediante la nota de remisión o factura correspondiente, misma que deberá contener el número de oficio de la autorización de aprovechamiento; los datos del predio en donde se realizó; la especie o género a la que pertenecen los ejemplares, sus partes o derivados; la tasa autorizada y el nombre de su titular, así como la proporción que de dicha tasa comprenda la marca o contenga el empaque o embalaje.

Una vez comprobada la legal procedencia de la especie de vida silvestre, ésta puede ser trasladada dentro o fuera del territorio nacional; sin embargo, si se pretende trasladar fuera del país será necesario contar con una autorización de exportación, de conformidad con lo establecido en el artículo 55 de la Ley General de Vida Silvestre, que a letra señala:

La importación, exportación y reexportación de ejemplares, partes y derivados de especies silvestres incluidas en la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres, se llevarán a cabo de acuerdo con esa convención, lo dispuesto en la presente ley y las disposiciones que de ellas se deriven.

Cabe establecer que el objetivo de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES) es regular el comercio internacional (importación, exportación, reexportación o introducción procedente del mar) de ejemplares de flora y fauna silvestres amenazados, entre los países firmantes, estableciendo una serie de lineamientos y requisitos que se deben cumplir, mediante certificados o licencias que se otorguen para el efecto, a fin de lograr que las transacciones pretendidas con dichos ejemplares, no sean perjudiciales para la sobrevivencia de la especie.

Nuestro país es parte de la convención desde el año 1991. El convenio fue aprobado por la honorable Cámara de Senadores el 18 de junio 1991 y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de junio del mismo año. Para mayor eficacia de la CITES en México, en el año 1998 se creó el Comité de Seguimiento de la CITES, que se encuentra integrado por los titulares de las unidades administrativas de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Dirección General de Vida Silvestre). Esta se encarga de otorgar los certificados para la importación, exportación o reexportación de ejemplares amenazados de la vida silvestre. También forma parte del comité la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, que es la autoridad científica que representa a nuestro país en la CITES, la cual tiene como función principal procurar la supervivencia de una determinada especie sujeta al comercio internacional utilizando la mejor evidencia científica posible; y, por último, por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Dirección General de Inspección), que es la autoridad encargada de verificar que se cumplan con las disposiciones de la CITES en nuestro país.

Ahora bien, las especies amparadas y reguladas por la CITES están incluidas en tres apéndices, según el grado de protección que necesiten:

• En el apéndice I se incluyen todas las especies en peligro de extinción. El comercio en especimenes de esas especies se autoriza solamente bajo circunstancias excepcionales.

• En el apéndice II se incluyen especies que no se encuentran necesariamente en peligro de extinción, pero cuyo comercio debe controlarse a fin de evitar una utilización incompatible con su supervivencia.

• En este apéndice III se incluyen especies que están protegidas al menos en un país, el cual ha solicitado la asistencia de otras partes en la CITES para controlar su comercio.1

Es importante señalar que casi todas las especies incluidas en alguna categoría de riesgo de la NOM-059-SEMARNAT-2001. Protección Ambiental - Especies nativas de México de flora y fauna silvestres - Categoría de riesgo y especificaciones para su inclusión, exclusión o cambio - Lista de especies en riesgo, se encuentran enlistadas en los apéndices de la CITES, aunque cabe mencionar que no siempre en el mismo estatus de protección.

Ahora bien, las especies que no se encuentren reguladas por los apéndices del CITES se regularán de conformidad con lo establecido en el artículo 60 del reglamento de la ley, que establece:

Artículo 60. Los interesados en realizar exportaciones de ejemplares, partes y derivados de la vida silvestre que requieran de autorización conforme al artículo 53 de la ley, deberán solicitarlo a la secretaría, proporcionando la información señalada en el artículo 12 de este reglamento, así como la siguiente información específica:

I. El carácter de la exportación: definitiva o temporal;

II. El periodo de permanencia en el extranjero, en el caso de movimientos temporales;

III. Indicar si se trata de animales vivos, partes o derivados, flora u otros;

La aduana de salida del territorio nacional. Para el caso de reexportaciones indicar además la aduana de entrada;

V. El país de destino, y

VI. La finalidad del movimiento.

Además, es necesario precisar que el aprovechamiento extractivo de las especies silvestres que se pretenden regular con la reforma original (en categoría de riesgo), se encuentran condicionados por la propia Ley General de Vida Silvestre, en su artículo 85, señalando:

Solamente se podrá autorizar el aprovechamiento de ejemplares de especies en riesgo cuando se dé prioridad a la colecta y captura para actividades de restauración, repoblamiento y reintroducción. Cualquier otro aprovechamiento, en el caso de poblaciones en peligro de extinción, estará sujeto a que se demuestre que se ha cumplido satisfactoriamente cualquiera de las tres actividades mencionadas anteriormente y que:

a) Los ejemplares sean producto de la reproducción controlada, que a su vez contribuya con el desarrollo de poblaciones en programas, proyectos o acciones avalados por la Secretaría cuando éstos existan, en el caso de ejemplares en confinamiento.

b) Contribuya con el desarrollo de poblaciones mediante reproducción controlada, en el caso de ejemplares de especies silvestres en vida libre.

Por lo tanto, la autoridad no podrá autorizar el aprovechamiento extractivo de las especies contenidas en las categorías de riesgo si no es en los supuestos señalados en el artículo anterior, derivado de ello, y de aprobarse la reforma propuesta no se podrá trasladar a los ejemplares de la vida silvestre sujetos a alguna categoría de protección fuera del país, e incluyendo aquellos con fines de restauración, repoblamiento y reintroducción.

Aunado a que, de aplicarse la pretendida reforma se estaría prohibiendo la exportación de ejemplares de la vida silvestre para efectos de proyectos científicos, que inclusive puedan contribuir al aumento en las tasas de crecimiento de la especie silvestre, además, la aplicación causaría un impacto directo sobre aquellos promoventes que realizan un aprovechamiento extractivo de las especies sujetas a protección especial, y que cumplen con todas las condicionantes establecidas por la ley y su reglamento, fomentando incluso con ello el tráfico ilegal de las especies.

Por todo lo antes señalado, esta comisión ordinaria está de acuerdo con el dictamen elaborado por la colegisladora por el que no es de aprobarse la pretendida reforma al artículo 53 de la Ley General de Vida Silvestre, en virtud de que la exportación de los ejemplares de la vida silvestre ya se encuentra correctamente regulada en la propia ley y en su reglamento, aunado a que la prohibición que entraña la propuesta original significaría un impacto contrario a los fines perseguidos por esa misma norma.

Por lo anteriormente expuesto, la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para los efectos de lo dispuesto por el inciso d) del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de la honorable asamblea, el siguiente

Dictamen

Único. De conformidad con la colegisladora se desecha la minuta con proyecto de decreto por la que se adiciona un párrafo al artículo 53 de la Ley General de Vida Silvestre, turnada a esta comisión el 27 de noviembre de 2007.

Nota

1 http://www.cites.org/esp/disc/how.shtml. Consultada al 23 de enero de 2008.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro de la honorable Cámara de Diputados, a 11 de marzo de 2008.

La Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales

De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con punto de acuerdo por el que se desecha la minuta que reforma el artículo 88 de la Ley General de Vida Silvestre

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión fue turnado, para estudio y elaboración del dictamen correspondiente, el expediente número 2745, que contiene la minuta proyecto de decreto que reforma el artículo 88 de la Ley General de Vida Silvestre (LGVS), presentada por el entonces diputado Manuel Velasco Coello, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

Esta comisión dictaminadora, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, 72, inciso e), y 73, fracción XXIX-G, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 39, numerales 1 y 2, fracción XXIV, y 45, numerales 6, incisos e) y f), y 7 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 60, 65 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de los integrantes de esta honorable asamblea el presente dictamen, de acuerdo con los siguientes

Antecedentes

1. En sesión celebrada el 7 de marzo de 2006, el entonces diputado Manuel Velasco Coello, del Grupo Parlamentario del PVEM, presentó al Pleno de la Cámara de Diputados la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 88 de la LGVS.

2. En la misma fecha, la Mesa Directiva turnó la referida iniciativa a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para análisis y elaboración del dictamen correspondiente.

3. En sesión celebrada el 27 de abril de 2006, la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión aprobó por 356 votos a favor la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 88 de la LGVS, que se turnó a la Cámara de Senadores, para efectos de lo dispuesto en el inciso a) del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

4. En sesión celebrada el 7 de septiembre 2006 por el Pleno del Senado de la República, la Mesa Directiva de esa soberanía recibió la minuta con proyecto de decreto que reforma el artículo 88 de la LGVS, que fue turnada a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca; y de Estudios Legislativos, Primera, para análisis y elaboración del dictamen correspondiente.

5. En sesión ordinaria celebrada el 8 de noviembre de 2007, la Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión aprobó el dictamen de la minuta con proyecto de decreto que reforma el artículo 88 de la LGVS, presentado por las Comisiones Unidas de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca; y de Estudios Legislativos, Primera, remitiéndolo a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, para los efectos constitucionales correspondientes.

6. En sesión celebrada el 12 de noviembre de 2007 por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, se dio cuenta del oficio con que se devuelve de conformidad con lo establecido en el inciso d) del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos el expediente número 2745, que contiene la minuta con proyecto de decreto que reforma el artículo 88 de la LGVS, que fue turnada a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para análisis, estudio y elaboración del dictamen correspondiente, de conformidad con las siguientes

Consideraciones

La minuta que se dictamina versa sobre una pretendida reforma del texto del artículo 88 de la LGVS, en la cual se propone reformar el primer párrafo, y adicionar un segundo, a fin de establecer expresamente la prohibición de otorgar autorizaciones para el aprovechamiento extractivo de especies nativas del medio silvestre cuyo fin sea la reproducción para la domesticación o venta en cautiverio, para lo cual en la iniciativa original se propuso la siguiente redacción:

Artículo 88. No se otorgarán autorizaciones si el aprovechamiento extractivo pudiera tener consecuencias negativas sobre las respectivas poblaciones, el desarrollo de los eventos biológicos, las demás especies que ahí se distribuyan y los hábitat, o cuyo destino final sea la domesticación y se dejarán sin efectos las que se hubieren otorgado, cuando se generaran tales consecuencias.

De igual forma, no se otorgarán autorizaciones para el aprovechamiento extractivo de especies nativas del medio silvestre cuyo fin sea la reproducción para venta en cautiverio.

Sin embargo, y a pesar de que la Cámara de origen aprobó la pretendida adición, la Cámara de Senadores resolvió dicha minuta en sentido negativo, desechando por completo su contenido al concluir en el dictamen que, “en virtud de su contenido resulta contrario a los objetivos de la sustentabilidad de la propia ley, se desecha la minuta proyecto de decreto que reforma el artículo 88 de la Ley General de Vida Silvestre... ”, devolviéndola a esta representación popular, para los efectos de lo dispuesto en el inciso d) del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El concepto de sustentabilidad ambiental se ha utilizado desde hace varias décadas para hacer referencia al equilibrio que debe existir entre el desarrollo de las sociedades y la naturaleza; esto es, hacer uso de los recursos naturales de manera integral y racional, con la finalidad de vivir en un ambiente sano.

El espíritu de la LGVS es precisamente regular la conducta del gobernado, a fin de que se logre un aprovechamiento sustentable de los distintos ejemplares de la vida silvestre, así como de su hábitat, en el territorio nacional.

La ley de la materia, en diversos capítulos regula la conservación y el aprovechamiento sustentable de los ejemplares de la vida silvestre. Por lo que respecta al contenido de la pretendida reforma, la LGVS define el aprovechamiento extractivo, en el artículo 3o., fracción I, como “la utilización de ejemplares, partes o derivados de especies silvestres, mediante la colecta, captura o caza”.

Una vez establecido el concepto, en el Título VII, “Aprovechamiento Sustentable de la Vida Silvestre”, en el Capítulo I se hace referencia al aprovechamiento extractivo, que es el mecanismo mediante el cual se regula la utilización de ejemplares de la vida silvestre, según una serie de criterios y condiciones establecidos en la propia Ley. En este orden de ideas, el promovente deberá obtener una autorización de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales donde se establezcan la tasa de aprovechamiento y su temporalidad. Asimismo, deberá cumplir los siguientes requisitos, señalados en el artículo 84 de la ley de la materia:

Al solicitar la autorización para llevar a cabo el aprovechamiento extractivo sobre especies silvestres que se distribuyen de manera natural en el territorio nacional, los interesados deberán demostrar

a) Que las tasas solicitadas son menores de la de renovación natural de las poblaciones sujetas a aprovechamiento, en el caso de ejemplares de especies silvestres en vida libre;

b) Que son producto de reproducción controlada, en el caso de ejemplares de la vida silvestre en confinamiento;

c) Que éste no tendrá efectos negativos sobre las poblaciones y no modificará el ciclo de vida del ejemplar, en el caso de aprovechamiento de partes de ejemplares; y

d) Que éste no tendrá efectos negativos sobre las poblaciones ni existirá manipulación que dañe permanentemente al ejemplar, en el caso de derivados de ejemplares.

La autorización para el aprovechamiento de ejemplares incluirá el aprovechamiento de sus partes y derivados, de conformidad con lo establecido en el reglamento y en las normas oficiales mexicanas que para tal efecto se expidan.

Dicho aprovechamiento extractivo se podrá realizar mediante las unidades de manejo para la conservación de la vida silvestre las cuales, de conformidad con el artículo 39 de la ley de la materia, tendrán como objetivo general la conservación de hábitat natural, poblaciones y ejemplares de especies silvestres. De igual forma, podrán tener objetivos específicos de restauración, protección, mantenimiento, recuperación, reproducción, repoblación, reintroducción, investigación, rescate, resguardo, rehabilitación, exhibición, recreación, educación ambiental y aprovechamiento sustentable.

Mediante el aprovechamiento extractivo, como figura jurídica, se garantiza la sustentabilidad de las especies de flora y fauna silvestres en el país. Al respecto, la ley señala que los fines del aprovechamiento extractivo podrán ser de reproducción, restauración, recuperación, repoblación, reintroducción, traslocación, económicos o de educación ambiental.

En este sentido, la iniciativa original pretende prohibir el otorgamiento de autorizaciones para el aprovechamiento extractivo de ejemplares nativos de la vida silvestre cuyo destino final sea la domesticación o la reproducción para venta en cautiverio.

Ahora bien, al hablar de “especies nativas” (de conformidad con la propia ley, las que se encuentran en su ámbito de distribución natural), se abarca la generalidad de los ejemplares silvestres en el territorio nacional, incluso –como se mencionó– aquellas de las cuales la ley permite el aprovechamiento sustentable, mediante figuras señaladas en el cuerpo del presente dictamen, y con las condiciones que la propia ley establece.

Si bien es cierto que el ideal de todo conservacionista es que ninguna especie de fauna y flora silvestres en ningún caso sea aprovechado, esta posición es demasiado radical y no se ajusta a la realidad, ya que la relación que ha existido desde épocas milenarias entre el hombre y la naturaleza se sustenta en el aprovechamiento que el primero hace de los recursos naturales, lo que impide establecer prohibiciones de facto y permanentes de estos recursos, como pretende la propuesta en estudio.

Aunado a ello, es importante considerar en todo momento, y particularmente en las prohibiciones de los aprovechamientos de vida silvestre, como las vedas, los principios de gradualidad y temporalidad en su aplicación, considerando siempre los ciclos de vida de las especies afectadas, lo que garantiza su aplicabilidad, así como el fin de conservar las especies para las futuras generaciones. Ahora, por lo que respecta a la prohibición para otorgar autorización de aprovechamiento extractivo con fines de “domesticación”, se debe señalar que la ley no prevé dicho término, por lo cual sería complejo establecer dicha prohibición, creando confusión en el gobernado.

De lo señalado se puede dilucidar que la iniciativa original no puede ser aplicada, en virtud de que desvirtúa el espíritu de sustentabilidad de la vida silvestre que pretende la propia ley.

Por lo expuesto, y para los efectos de lo dispuesto en el inciso d) del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales somete a la consideración de la honorable asamblea el siguiente

Dictamen

Único. De conformidad con lo establecido por la colegisladora, se desecha la minuta con proyecto de decreto por la que se reforma el artículo 88 de la Ley General de Vida Silvestre, turnada a esta comisión el 12 de noviembre de 2007.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro de la Cámara de Diputados, a 11 de marzo de 2008.

La Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales

Diputados: Diego Cobo Terrazas (rúbrica), presidente; Jesús de León Tello (rúbrica), José Luis Espinosa Piña (rúbrica), Lucía Susana Mendoza Morales (rúbrica), Benjamín Hernández Silva (rúbrica), María Mercedes Colín Guadarrama, secretarios; Edmundo Javier Bolaños Aguilar (rúbrica), Adriana Dávila Fernández (rúbrica), José Antonio Díaz García (rúbrica), Emilio Ramón Ramiro Flores Domínguez (rúbrica), José Guillermo Fuentes Ortiz (rúbrica), Jorge Rubén Nordhausen González (rúbrica), Christian Martín Lujano Nicolás (rúbrica), Martha Angélica Romo Jiménez (rúbrica), Víctor Manuel Torres Herrera (rúbrica), Aleida Alavez Ruiz (rúbrica), María Soledad López Torres, Rafael Villicaña García (rúbrica), Juan Hugo de la Rosa García (rúbrica), Carlos Roberto Martínez Martínez (rúbrica), Armando Barreiro Pérez (rúbrica), Roberto Mendoza Flores (rúbrica), Martha Hilda González Calderón (rúbrica), Fernando Quetzalcóatl Moctezuma Pereda (rúbrica), Carlos Ernesto Zatarain González (rúbrica), Víctor Manuel Méndez Lanz, José Ascención Orihuela Bárcenas, Sergio Augusto López Ramírez (rúbrica), Humberto López Lena Cruz.

De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con punto de acuerdo por el que se desecha la iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Vida Silvestre

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión fue turnado, para estudio y elaboración del dictamen correspondiente, el expediente número 2556, que contiene la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Vida Silvestre, presentada por el diputado Gerardo Priego Tapia, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

En virtud del análisis y estudio de la iniciativa que se dictamina, esta comisión legislativa, con base en las facultades que le confieren los artículos 39 numerales 1 y 2 fracción XXIV, y 45 numeral 6, incisos e) y f), y numeral 7 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 60, 65, 87, 88, 93 y 94 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de los integrantes de esta honorable asamblea, el presente dictamen, de acuerdo con los siguientes

Antecedentes

Primero. El 16 de octubre de 2007, el diputado Gerardo Priego Tapia, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó una iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones a la Ley General de Vida Silvestre.

Segundo. En esa misma fecha, el expediente número 2556 que contiene la iniciativa en comento fue turnada a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, para su análisis y elaboración del dictamen correspondiente, de conformidad con las siguientes

Consideraciones

Como señala el diputado promovente, México es un país megadiverso. “La contigüidad de dos masas oceánicas; la ubicación en la confluencia de dos grandes regiones biogeográficas, la neártica y la tropical, así como la variedad y complejidad de su topografía y su historia geológica y evolutiva, confieren al territorio mexicano una extraordinaria diversidad biológica y de ecosistemas”.1

Una de las características de la megadiversidad es el elevado número de especies de flora y fauna silvestre, particularmente las endémicas. De acuerdo con el estudio La Diversidad Biológica de México: Estudio de País elaborado por la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio), en el país se encuentran aproximadamente 74 mil 878 especies conocidas. “México se encuentra en los primeros lugares de las listas de riqueza de especies. Ocupa el primer lugar en el mundo en riqueza de reptiles, el segundo en mamíferos y el cuarto en anfibios y plantas.”2 Ello explica por qué algunos autores han estimado que en México se encuentra aproximadamente el 10 por ciento de la biodiversidad mundial.3

Tal como se indica en el estudio referido en el párrafo anterior, el uso y aprovechamiento de la diversidad biológica constituye un eje fundamental para el desarrollo de países como México. Los principales aprovechamientos de la vida silvestre se encuentran en las actividades productivas agrícola, ganadera, forestal y pesquera. Otras formas de aprovechamiento de la vida silvestre, particularmente de la fauna, son: los distintos tipos de cacería, uso en ceremonias religiosas, gastronomía, como ornato, en la industria peletera, como artesanía. Al respecto esta comisión dictaminadora considera importante recordar que, de conformidad con la fracción XLV del artículo 3o. de la Ley General de Vida Silvestre, la vida silvestre es definida como “los organismos que subsisten sujetos a los procesos de evolución natural y que se desarrollan libremente en su hábitat, incluyendo sus poblaciones menores e individuos que se encuentran bajo el control del hombre, así como los ferales.”

El diputado promovente menciona que dada la biodiversidad del país y los diferentes aprovechamientos que se hacen de la vida silvestre: “es necesario buscar que en la sociedad mexicana se promueva y arraigue una mejora de nuestra calidad de vida. Es decir, lograr que se reconozcan y valoren aquellos bienes y servicios de la biodiversidad que forman parte de la vida diaria de los mexicanos, para integrarlos de manera explícita a la economía del país, De igual forma debemos promover que una mayor parte de los componentes de nuestra diversidad nativa se integren de forma sustentable a la actividad económica.”

Asimismo menciona que la Ley General de Vida Silvestre no contempla la identificación de especies que están siendo explotadas comercialmente o que de acuerdo a sus características tienen potencial de explotación comercial y añade que: “Es prioritario para promover el uso sustentable de nuestra diversidad que tengamos identificadas las especies que tienen este potencial de explotación comercial, esto por varios motivos. Al tener identificados los nichos de potencialidad de desarrollo se pueden planificar políticas públicas más eficientes y enfocadas a la realidad de la población, permite identificar nichos poco explotados o aquellos sobre explotados, además, y esto es fundamental para la conservación, nos permite identificar aquellas especies que pueden verse afectadas si su explotación no se da de manera sustentable.” Para ello propone un conjunto de reformas y adiciones a la Ley General de Vida Silvestre que a continuación se analizan.

I. Análisis general

El conjunto de reformas y adiciones propuestas a la Ley General de Vida Silvestre se considera innecesario toda vez que la inquietud del promovente queda subsanada a través de la figura de las unidades de manejo para la conservación de la vida silvestre, definidas por la fracción XLIV del artículo 3o. de la ley como: “Los predios e instalaciones registrados que operan de conformidad con un plan de manejo aprobado y dentro de los cuales se da seguimiento permanente al estado del hábitat y de poblaciones o ejemplares que ahí se distribuyen.”

Al respecto esta comisión ordinaria considera pertinente recordar que desde 1996 la entonces Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca reconoció la necesidad de revertir la percepción errónea de que la conservación y el aprovechamiento sustentable de la vida silvestre son excluyentes. Por ello se publicó el Programa de Conservación de Vida Silvestre y diversificación Productiva del Sector Rural 1997-2000, que tuvo como objetivo: “Conservar la biodiversidad de México y generar oportunidades de diversificación socioeconómica para el sector rural.”4 Así surgen las unidades de manejo para la conservación de la vida silvestre.

El artículo 39 de la Ley General de la Vida Silvestre dispone que los propietarios o legítimos poseedores de los predios o instalaciones en los que se lleven a cabo actividades de aprovechamiento deben solicitar el registro de esos predios o instalaciones como unidades de manejo para la conservación de la vida silvestre (las Uma). Asimismo, el artículo 40 de la ley en comento dispone que para llevar a cabo el registro es necesario que el responsable técnico elabore un plan de manejo que deberá contener:

a) sus objetivos específicos; metas a corto, mediano y largo plazo; e indicadores de éxito.

b) La descripción física y biológica del área y su infraestructura.

c) Los métodos de muestreo.

d) El calendario de actividades.

e) Las medidas de manejo del hábitat, poblaciones y ejemplares.

f) Las medidas de contingencia.

g) Los mecanismos de vigilancia.

h) En su caso, los medios y formas de aprovechamiento y el sistema de marca para identificar los ejemplares, partes y derivados que sean aprovechados de manera sustentable.

El conjunto de Uma integran el sistema de unidades de manejo para la conservación de la vida silvestre (Suma). El Sistema tiene por objeto, entre otros: “el desarrollo de actividades productivas alternativas para las comunidades rurales y el combate al tráfico y apropiación ilegal de ejemplares, partes y derivados de vida silvestre, [así como] el apoyo para la realización de actividades de conservación y aprovechamiento sustentable de la vida silvestre en el territorio nacional, mediante la vinculación e intercambio de información entre las distintas unidades, así como la simplificación de la gestión ante las autoridades competentes con base en el expediente de riesgo y operación de cada unidad.”5

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales ha reconocido en diversas ocasiones que la figura de las Uma brinda la oportunidad para aprovechar la vida silvestre sustentable y legalmente además de constituirse como una opción de producción compatible con la conservación.6 De hecho, al 30 de septiembre del año 2007 se habían incorporado al Suma 7 mil 861 Uma que cubren una superficie de 27.98 millones de hectáreas, lo que representa el 14.24 por ciento del territorio nacional.

Aunado a las Uma, la Ley General de Vida Silvestre permite el aprovechamiento extractivo de la vida silvestre. Este tipo de aprovechamiento responde ampliamente a la inquietud planteada por el promovente toda vez que incluye el aprovechamiento de partes y derivados de la vida silvestre y, se refiere a actividades de colecta, captura, o caza con fines de reproducción, restauración, recuperación, repoblación, reintroducción, traslocación, económicos o educación ambiental.

Para poder realizar este tipo de aprovechamiento es necesario contar con una autorización previa por parte de la Secretaría, que contenga la tasa de aprovechamiento y temporalidad.7 Asimismo, La solicitud de la autorización de aprovechamiento sobre especies que se distribuyen de manera natural en el territorio nacional debe demostrar:

a) Que las tasas solicitadas son menores a la de renovación natural de las poblaciones sujetas a aprovechamiento, en el caso de ejemplares de especies silvestres en vida libre.

b) Que son producto de reproducción controlada, en el caso de ejemplares de la vida silvestre en confinamiento.

c) Que éste no tendrá efectos negativos sobre las poblaciones y no modificará el ciclo de vida del ejemplar, en el caso de aprovechamiento de partes de ejemplares.

d) Que éste no tendrá efectos negativos sobre las poblaciones, ni existirá manipulación que dañe permanentemente al ejemplar, en el caso de derivados de ejemplares.”8

II. Análisis particular

La adición de una fracción XIX al artículo 3o. con objeto de introducir la definición de “Especies y poblaciones con potencial para la explotación sustentable” se considera inviable. La definición propuesta es la siguiente: “Aquellas determinadas por la Secretaría como prioritarias para la Conservación por su alto potencial de explotación sustentable, ya sea por sus características o por el valor comercial de sus ejemplares, partes y derivados.”

Al respecto, esta comisión dictaminadora se permite señalar que la Ley General de Vida Silvestre no reconoce la figura de “explotación sustentable” sino la de “aprovechamiento”, pudiendo ser éste de dos tipos: extractivo y no extractivo. El primero, de conformidad con la fracción I del artículo 3o. de la ley en comento se refiere a: “La utilización de ejemplares, partes o derivados de especies silvestres, mediante colecta, captura o caza.” El segundo, de conformidad con la fracción II del mismo artículo se refiere a: “Las actividades directamente relacionadas con la vida silvestre en su hábitat natural que no impliquen la remoción de ejemplares, partes o derivados, y que, de no ser adecuadamente reguladas, pueden causar impactos significativos sobre eventos biológicos, poblaciones o hábitat de las especies silvestres.”

Como se observa, la definición propuesta contraviene lo dispuesto en esas fracciones en tanto que el término “explotación sustentable” alude al aprovechamiento con fines exclusivamente comerciales dejando de lado el aspecto de conservación, elemento central de la política nacional en materia de vida silvestre. Asimismo destaca que sólo aquellas especies o poblaciones con alto potencial pueden ser consideradas, lo que despierta inquietudes como: ¿Quién define qué es alto potencial? ¿Qué características son las que deben tomarse en cuenta para definir ese alto valor?, éstas no son resueltas en la serie de reformas y adiciones que se proponen a la ley en comento.

Por otra parte, la definición asume que dentro de las especies prioritarias para la conservación pueden incluirse las especies y poblaciones con potencial para la explotación sustentable. Esta inquietud ya se encuentra contemplada por la ley en el inciso d) del artículo 61 que señala que para que una población o especie sea considerada como prioritaria para la conservación debe tener un alto grado de interés social, cultural, científico o económico. No está de más mencionar que de conformidad con lo dispuesto por la fracción XVIII del artículo 3o. de la ley, las especies y poblaciones prioritarias para la conservación son definidas como: “Aquellas determinadas por la Secretaría de acuerdo con los criterios establecidos en la presente ley, para canalizar y optimizar esfuerzos de conservación y recuperación.” Como se observa, una vez mas esta definición no contempla el aspecto de explotación con fines comerciales, sino que enfatiza la conservación y recuperación.

La reforma al artículo 5o. propone poner especial énfasis en la conservación y aprovechamiento de las especies y poblaciones con potencial para la explotación sustentable, en lo referente a los estímulos que las autoridades competentes deberán prever, a fin de que éstos permitan orientar los procesos de aprovechamiento de la vida silvestre y su hábitat hacia actividades productivas más rentables con el objeto de que éstas generen mayores recursos para la conservación de bienes y servicios ambientales y para la generación de empleo.

Esta reforma se considera improcedente por que discrimina la aplicación de una disposición que tal como está redactada ya responde a la inquietud del promovente. De igual forma, el artículo 46 de la ley en comento faculta a la secretaría para que en coordinación con otras autoridades competentes diseñe, desarrolle y aplique los instrumentos económicos que prevé la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente como incentivo para incorporar predios al Suma, así como estímulos a los titulares de las Uma.

La reforma a la fracción III del artículo 9o. de la ley, mediante la cual se faculta a la federación a determinar las especies y poblaciones con potencial para la explotación sustentable también es improcedente. De aprobarse se generaría un enorme costo a la secretaría, que de por si no cuenta ni con el personal, ni con los recursos económicos para determinar las especies que podrían ser incluidas en esta categoría, pues es evidente que a esta determinación le antecede un estudio que implica un costo. En todo caso, a quien corresponde identificar las especies y poblaciones objeto de las adiciones y reformas que se dictaminan es a los propietarios o legítimos poseedores de los predios o instalaciones en los que se realicen actividades de aprovechamiento, toda vez que son ellos los más aptos para identificar las especies que quieren aprovechar bajo las modalidades que prevé la ley.

La reforma al artículo 16 también es inviable. Si bien se entiende la inquietud del promovente por facultar al Consejo Técnico Consultivo Nacional para la Conservación y Aprovechamiento Sustentable de la Vida Silvestre para emitir opinión o recomendaciones sobre las especies objeto de las reformas y adiciones que se dictaminan, se considera que aunque no sea el Comité Técnico, ello queda contemplado en el segundo párrafo del artículo 16 que a la letra dice: “La secretaría podrá constituir otros órganos técnicos consultivos relacionados con la vida silvestre y su hábitat, con el objeto de que la apoyen tanto en la formulación como en la aplicación de las medidas que sean necesarias para su conservación y aprovechamiento sustentable.”9

La adición al artículo 39 resulta ociosa toda vez que, como ya se mencionó, en las Uma se puede llevar a cabo el aprovechamiento de especies y poblaciones siempre que se cumpla con una serie de requisitos y otras disposiciones de la ley y su reglamento.

La adición al artículo 46 relativo al Suma es innecesaria toda vez que cualquier especie que sea aprovechada en una Uma, que por ende pertenece al Suma, debe cumplir con la presentación de informes periódicos a la secretaría, en los que se informará: “sobre las incidencias y contingencias, logros con base en los indicadores de éxito y, en el caso de aprovechamiento, datos socioeconómicos que se utilizarán únicamente para efectos estadísticos.”10 De igual forma el artículo 43 de la ley dispone que: “El personal debidamente acreditado de la secretaría realizará, contando con mandamiento escrito expedido fundada y motivadamente por ésta, visitas de supervisión técnica a las unidades de manejo para la conservación de vida silvestre de forma aleatoria, o cuando se detecte alguna inconsistencia en el plan de manejo, estudios de poblaciones, muestreos, inventarios o informes presentados. La supervisión técnica no implicará actividades de inspección y tendrá por objeto constatar que la infraestructura y las actividades que se desarrollan corresponden con las descritas en el plan de manejo y de conformidad con las autorizaciones respectivas, para estar en posibilidades de asistir técnicamente a los responsables en la adecuada operación de dichas unidades.”11

La reforma al artículo 49 es inviable por que generaría un enorme costo a la secretaría, que se reitera, no cuenta ni con el personal, ni con los recursos económicos para determinar las especies que podrían ser incluidas en esta categoría, pues se asume que a esta determinación le antecede un estudio que implica un costo. Este argumento también es aplicable a la adición del artículo 61 Bis que faculta a la secretaría para que, previa opinión del Consejo Técnico Consultivo elabore las listas de especies con potencial para la explotación sustentable. Si bien hasta cierto punto, la reforma es complementaria a aquella del artículo 16, ésta no es integral pues los supuestos mínimos que establece para incluir en la lista a las especies o poblaciones con potencial para la explotación sustentable se limitan al único supuesto de utilización comercial, dejando de lado información relevante como por ejemplo: el estudio de población, datos sobre el impacto que el aprovechamiento de determinada población o especie tendrá en el ecosistema.

Además, en el caso del primer supuesto, basta con que las poblaciones o especies hayan sido objeto de comercialización intensiva de manera legal por lo menos en los últimos cinco años dentro de alguna Uma para que se incluyan en la lista, olvidando que el hecho de que una especie que se aproveche en una Uma en el sureste o cuente con una autorización de aprovechamiento en un área determinada del territorio nacional, no implica que esa misma especie pueda ser susceptible de aprovechamiento en otra región del país. También pasa por alto que existen casos en los que el aprovechamiento en Uma, o bien, mediante autorizaciones para aprovechamiento extractivo no han sido exitosos e incluso se han convertido en cortina de humo para favorecer actividades ilegales.

En el caso del tercer supuesto. “que su aprovechamiento comercial se de para fines de subsistencia de una determinada comunidad o localidad”, se confunde la figura del aprovechamiento con fines de subsistencia con el de explotación comercial, lo que sin duda contribuirá a exacerbar el problema que ya se presenta de determinar hasta qué punto las cantidades de ejemplares, partes y derivados de vida silvestre son proporcionales a la satisfacción de las necesidades básicas de las personas de localidades que llevan a cabo este tipo de aprovechamiento. Es pertinente mencionar que esta comisión dictaminadora ha tenido conocimiento del tráfico ilegal de especies de vida silvestre, con el pretexto de ser aprovechadas con fines de subsistencia.

La adición al artículo 83 es innecesaria pues, como ya se ha mencionado, el artículo 84 establece claramente que los interesados en solicitar la autorización para el aprovechamiento extractivo de vida silvestre deben demostrar el cumplimiento de una serie de requisitos claramente establecidos que son mucho más importantes que la mera referencia a que la especie o el ejemplar objeto de aprovechamiento se encuentre en una lista, sobre todo porque la iniciativa de reformas y adiciones que se dictamina, como ya se dijo, olvidó incluir elementos trascendentales en los supuestos para la inclusión en la lista de especies y poblaciones competencial para la explotación sustentable.

Finalmente la adición al artículo 92 relativo al aprovechamiento con fines de subsistencia, al igual que en el caso de la reforma al artículo 49 confunde la figura del aprovechamiento con fines de subsistencia con el de explotación comercial, lo que sin duda contribuirá a exacerbar el problema que ya se presenta de determinar hasta qué punto las cantidades de ejemplares, partes y derivados de vida silvestre son proporcionales a la satisfacción de las necesidades básicas de las personas de localidades que llevan a cabo este tipo de aprovechamiento.

Por las razones señaladas en los párrafos anteriores, los integrantes de la comisión legislativa que suscribe, se permiten someter a la consideración de esta honorable asamblea la aprobación del siguiente

Dictamen

Artículo Único. Se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Vida Silvestre, presentada por el diputado Gerardo Priego Tapia, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, el 16 de octubre de 2007.

Notas

1) Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 2001. “2.2 Riqueza Natural de México”. Programa Nacional de Medio Ambiente y Recursos Naturales 2001-2006. México, p. 27.

2) Neyra González l. y Durand Smith L. 1998. “Parte II 3. Biodiversidad”. La Diversidad Biológica de México: Estudio de País . Conabio, México, p. 82.

3) Ver. Mittermeier y Goettsch, 1992. “La importancia de la diversidad biológica de México”. En: Sarukhán, J. y R. Dirzo (compiladores) México ante los retos de la biodiversidad . Conabio. México.

4) Semarnap. 1997. II. Un Programa de Largo Plazo. Estrategia Nacional para la Vida Silvestre . México, p. 9.

5) Las negrillas son de la comisión dictaminadora. Incisos e) y f) del artículo 46 de la Ley General de Vida Silvestre.

6) Semarnat. 2005. “Capítulo 5. Aprovechamiento de los Recursos Forestales, Pesqueros y de la Vida Silvestre”. Informe de la Situación del Medio Ambiente en México 2005 . p. 212.

7) Ver artículo 83 de la Ley General de Vida Silvestre.

8) Artículo 84 de la Ley General de Vida Silvestre.

9) Las negrillas son de la Comisión dictaminadora.

10) Artículo 42 de la Ley General de Vida Silvestre.

11) Las negrillas son de la comisión dictaminadora.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro de la Honorable Cámara de Diputados, a los 11 días del mes de marzo de 2008.

La Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales

Diputados: Diego Cobo Terrazas (rúbrica), presidente; Jesús de León Tello (rúbrica), José Luis Espinosa Piña (rúbrica), Lucía Susana Mendoza Morales (rúbrica), Benjamín Hernández Silva (rúbrica), María Mercedes Colín Guadarrama, secretarios; Edmundo Javier Bolaños Aguilar (rúbrica), Adriana Dávila Fernández (rúbrica), José Antonio Díaz García (rúbrica), Emilio Ramón Ramiro Flores Domínguez (rúbrica), José Guillermo Fuentes Ortiz (rúbrica), Jorge Rubén Nordhausen González (rúbrica), Christian Martín Lujano Nicolás (rúbrica), Martha Angélica Romo Jiménez (rúbrica), Víctor Manuel Torres Herrera (rúbrica), Aleida Alavez Ruiz (rúbrica), María Soledad López Torres, Rafael Villicaña García (rúbrica), Juan Hugo de la Rosa García (rúbrica), Carlos Roberto Martínez Martínez (rúbrica), Armando Barreiro Pérez (rúbrica), Roberto Mendoza Flores (rúbrica), Martha Hilda González Calderón (rúbrica), Fernando Quetzalcóatl Moctezuma Pereda (rúbrica), Carlos Ernesto Zatarain González (rúbrica), Víctor Manuel Méndez Lanz, José Ascención Orihuela Bárcenas, Sergio Augusto López Ramírez (rúbrica), Humberto López Lena Cruz.

De la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía, con punto de acuerdo por el que se desecha la iniciativa que reforma y adiciona los artículos 59, 62 y 90 de la Ley Federal de Radio y Televisión

Honorable Asamblea:

Con fundamento en las facultades conferidas por los artículos 39, 45, numeral 6, incisos e) y f), y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 56, 60, 65, 87, 88, 93, 94 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, esta Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía, Dictamina la Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona los artículos 59, 62 y 90 de la Ley Federal de Radio y Televisión, presentada por la Dip. Lorena Martínez Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con base en los siguientes:

Antecedentes

I. En sesión celebrada por la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión el 24 de enero de 2007, la diputada Lorena Martínez Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 59, 62 y 90 de la Ley Federal de Radio y Televisión.

II. En fecha 24 de enero de 2007, por oficio número D.G.P.L. 60-II-2-514, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión de la LX Legislatura, turnó la iniciativa en comento a la Comisión de Radio Televisión y Cinematografía, para efectos de su estudio, análisis y dictamen correspondiente.

Contenido de la iniciativa

1. La iniciativa plantea que deben reformarse y adicionarse los artículos 59, 62 y 90 de la Ley Federal de Radio y Televisión.

2. La iniciativa tiene por objeto establecer dentro de las trasmisiones gratuitas diarias, con duración hasta de 30 minutos continuos o discontinuos, la difusión de temas de salud, de orientación social para el uso de determinados servicios, de igualdad y no discriminación y de prevención del delito, además de los que, por su interés público, autorice el Consejo Nacional de Radio y Televisión, y este mismo determinará el caso en que sea necesario que la Secretaría de Gobernación presente solicitud con base en la autorización a efectos de transmitir informaciones de trascendencia para la nación. Establecer dentro de los integrantes del Consejo Nacional de Radio y Televisión, un representante de la Cámara de Diputados, uno de la Cámara de Senadores y dos seleccionados por su aportación a la investigación o la divulgación científica en la materia, mismos que propondrá el presidente del consejo y ratificará el Pleno.

3. En este orden de ideas, la iniciativa propone que los artículos antes indicados sean reformados en los siguientes términos:

Artículo Único. Se reforman y adicionan los artículos 59, 62 y 90 de la Ley Federal de Radio y Televisión, para quedar como sigue:

Artículo 59. Las estaciones de radio y televisión deberán efectuar trasmisiones gratuitas diarias, con duración hasta de 30 minutos continuos o discontinuos, dedicados a difundir temas educativos, culturales, de salud, de orientación social para el uso de determinados servicios, de igualdad y no discriminación y de prevención del delito, además de los que, por su interés público, autorice el Consejo Nacional de Radio y Televisión.

Artículo 62. Todas las estaciones de radio y televisión en el país estarán obligadas a encadenarse cuando se trate de transmitir informaciones de trascendencia para la nación, mediando solicitud de la Secretaría de Gobernación con base en la autorización del Consejo Nacional de Radio y Televisión, con excepción de situaciones de emergencia nacional.

Artículo 90. Se crea el organismo, dependiente de la Secretaría de Gobernación denominado Consejo Nacional de Radio y Televisión, integrado por un representante de dicha secretaría, que fungirá como presidente, uno de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, otro de la de Educación Pública, otro de la de Salud, dos de la industria de la radio y televisión, dos de los trabajadores, uno de la Cámara de Diputados, uno de la Cámara de Senadores y dos seleccionados por su aportación a la investigación o la divulgación científica en la materia, mismos que propondrá el presidente del consejo y ratificará el Pleno.

Artículo Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Una vez establecidos los antecedentes y analizada la iniciativa que nos ocupa, se llega a las siguientes:

Consideraciones

Primera. El derecho a presentar la iniciativa que se dictamina, encuentra su fundamento en la fracción II, del artículo 71 constitucional, ya que en dicho precepto se establece que: “El derecho de iniciar leyes o decretos compete: A los diputados y senadores al Congreso de la Unión ”

Segunda. En lo relativo a la reforma del artículo 59 propuesta es necesario resaltar que con las nuevas disposiciones constitucionales publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 13 de noviembre de 2007, específicamente las contenidas en el numeral 3 del artículo 41 de la Carta Magna, se ha dado una redistribución de los tiempos de Estado, a los que precisamente se refiere el citado artículo, contemplado en la iniciativa. Esto es, los cambios propuestos en la iniciativa han sido rebasados por la reforma constitucional, así como por la publicación en el Diario Oficial de la Federación del nuevo Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, por lo que han quedado sin materia.

Tercero. Por lo que se refiere a la reforma de los artículos 62 y 90 que propone la iniciativa, es necesario mencionar que la atribución de determinar la información que es de trascendencia para la nación, debe ser vista como una responsabilidad del Estado, no como una prerrogativa, que debe ejercerse a través de la autoridad que reúne las características idóneas, preservando las condiciones de gobernabilidad democrática y garantizando el derecho a la información, en pro del interés publico. Por lo que resulta pertinente aclarar que los encadenamientos no constituyen una prerrogativa en materia de comunicación social de la que goza exclusivamente el Poder Ejecutivo, sino una obligación por parte del gobierno mexicano a través de la Secretaría de Gobernación, de hacer del conocimiento de la población informaciones de trascendencia nacional, a través de medios masivos de comunicación, como son la radio y la televisión.

Cuarto. En virtud de lo anterior se considera improcedente la reforma propuesta toda vez que de forma equivocada otorga al Consejo Nacional de Radio y Televisión facultades propias de un “organismo regulador”, siendo que es dependiente directo de la Secretaría de Gobernación, que únicamente tiene como funciones las de coadyuvar en las actividades propias que en materia de radio y televisión tiene la Secretaría de Gobernación, y que además no cuenta con una comisión permanente sino que sesiona a convocatoria, dada la naturaleza de los encadenamientos sería imposible obtener “autorización” de manera oportuna.

Acuerdo

Primero. Se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 59, 62 y 90 de la Ley Federal de Radio y Televisión, presentada por la diputada Lorena Martínez Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentada ante el Pleno de la Comisión Permanente en sesión ordinaria del 24 de enero de 2007.

Segundo. Archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 27 días del mes de marzo de 2008.

La Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía

Diputados: Verónica Velasco Rodríguez (rúbrica), presidenta; Rocío del Carmen Morgan Franco (rúbrica), José Antonio Díaz García, Eduardo Sánchez Hernández (rúbrica), Moisés Félix Dagdug Lützow (rúbrica), Humberto López Lena Cruz, Lorenzo Daniel Ludlow Kuri (rúbrica), secretarios; Aleida Alavez Ruiz (rúbrica), Salvador Arredondo Ibarra (rúbrica), Israel Beltrán Montes (rúbrica), Andrés Bermúdez Viramontes, Enrique Cárdenas del Avellano (rúbrica), Raymundo Cárdenas Hernández, María de Jesús Martínez Díaz, Leonardo Melesio de Jesús Magallón Arceo (rúbrica), Aracely Escalante Jasso (rúbrica), Patricio Flores Sandoval (rúbrica en contra), Neftalí Garzón Contreras (rúbrica), Enrique Iragorri Durán, David Maldonado González, Delber Medina Rodríguez, Elizabeth Morales García, Ramón Félix Pacheco Llanes (rúbrica), Carlos Alberto Puente Salas (rúbrica), Gloria Rasgado Corsi, Raúl Ríos Gamboa, María Elena Torres Baltazar (rúbrica), Rodolfo Solís Parga (rúbrica), Jaime Verdín Saldaña (rúbrica).

De la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, con punto de acuerdo por el que se desecha la iniciativa que adiciona una fracción IV al artículo 6 y reforma el 18, fracción X, inciso a), de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables de la Cámara de Diputados perteneciente a la LX Legislatura, le fue turnada para su estudio, análisis y dictamen la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona una fracción IV al artículo 6 y reforma el artículo 18, fracción X, inciso a), de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, presentada el 16 de octubre de 2007, por el diputado Arnulfo Elías Cordero Alfonzo integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Esta comisión elaboró el presente dictamen con fundamento en el artículo 39, numerales 1 y 2, fracción III, y numeral 3; los artículos 44, 45, numeral 1, 4, 6, incisos d) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 55, 56, 60, 87, 88 93 y 94 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y lo somete a la consideración de esta honorable asamblea, de acuerdo con los siguientes:

Antecedentes

Primero. Con fecha 16 de octubre de 2007, el diputado Arnulfo Elías Cordero Alfonzo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona una fracción IV al artículo 6 y reforma el artículo 18, fracción X, inciso a), de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.

Segundo. Con la misma fecha, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 23 fracción f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, acordó turnar la iniciativa que nos ocupa para su estudio y dictamen a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables.

Con base en los antecedentes expuestos, los integrantes de esta comisión hacemos de su conocimiento el siguiente

Contenido de la iniciativa

1) El objetivo de la iniciativa del diputado Arnulfo Elías Cordero Alfonzo es adicionar una fracción IV al artículo 6 y reformar el artículo 18, fracción X, inciso a), de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, en los siguientes términos:

Texto vigente:

Artículo 6o. El Estado garantizará las condiciones óptimas de salud, educación, nutrición, vivienda, desarrollo integral y seguridad social a las personas adultas mayores. Asimismo, deberá establecer programas para asegurar a todos los trabajadores una preparación adecuada para su retiro. Igualmente proporcionará:

I. a la III.

Texto propuesto:

I. a la III.

IV. Financiamiento: Crear un fondo que aporte al sostenimiento y mejora continua de todas aquellas instituciones públicas y privadas de casas hogar, albergues, residencias de día o cualquier centro de atención a las personas adultas mayores destinado a mejorar la infraestructura de los inmuebles y para verificar las condiciones de funcionamiento, capacitación de su personal, modelo de atención y garantizar las condiciones de calidad de vida. Dicho fondo será sustentado principalmente por el gobierno federal en un 50 por ciento, los estados con un 35 por ciento y los municipios con un 15 por ciento. Dichos recursos serán otorgados a todos y cada uno de aquellos asilos, casas hogar y albergues afiliados al Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores.

Texto vigente:

Artículo 18. Corresponde a las instituciones públicas del sector salud garantizar a las personas adultas mayores:

I. a la X.

a. Las personas adultas mayores tendrán el derecho de ser examinados cuando menos una vez al año, para el mantenimiento de su salud y recibir los tratamientos que requieran en caso de enfermedad.

b. a la c.

Texto propuesto:

Artículo 18. Corresponde a las instituciones públicas del sector salud, garantizar a las personas adultas mayores:

I. a la X.

a. Las personas adultas mayores tendrán el derecho de ser examinados cuando menos dos veces al año, para el mantenimiento de su salud y mejoramiento de su calidad de vida; además de recibir los tratamientos tanto médicos y psicoemocionales que requieran en caso de enfermedad.

b. a la c.

2) El legislador propone “la creación de un fondo que aporte al sostenimiento y mejora continua de los centros dedicados al cuidado del adulto mayor para garantizar la calidad y dignidad de vida de este segmento de ciudadanos; fondo que puede ser sustentado por los recursos que se obtengan del alza a la gasolina que se generará a partir de 2008”.

3) La iniciativa pretende que por lo que se refiere al cuidado médico, este debe garantizar la prevención y detección temprana de padecimientos de los adultos mayores a través de chequeos o revisiones cuando menos dos veces al año.

Consideraciones

Esta comisión realizó el estudio y análisis de los planteamientos contenidos en la iniciativa con proyecto de decreto, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente dictamen:

I. Se coincide con la preocupación del legislador en el sentido de que las personas adultas mayores requieren una atención adecuada que les proporcione calidad de vida.

II. Respecto de la adición de la fracción IV al artículo 6 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, pretender obligar al Estado, en un solo párrafo denominado “Financiamiento”, a crear un fondo que aporte al sustento y mejora continua de instituciones públicas y privadas de casas hogar, albergues, residencias de día o cualquier centro de atención a las personas adultas mayores y para verificar las condiciones de funcionamiento, capacitación de su personal, modelo de atención y garantizar las condiciones de calidad de vida; y además, establecer porcentajes de aportación federal, estatal y municipal a dicho fondo, sin convenio de por medio, es impreciso y carece de técnica legislativa y jurídica.

Además, apenas el 19 de febrero de 2008 se aprobó por la Cámara de Diputados la fracción XXX del artículo 28 para crear un registro único de todas las instituciones públicas y privadas de casas hogar, albergues, residencias de día o cualquier centro de atención para las personas adultas mayores; por lo que no existe registro que informe de dichas instituciones.

III. Al señalar “cualquier centro de atención a las personas adultas mayores”, no se específica requerimientos, ni características y calidad de estos, por lo que implica a cualquier centro destinado a las personas adultas mayores; aunque no necesariamente se traduzca el financiamiento en un beneficio directo e inmediato para las personas adultas mayores atendidas en el centro, sino los beneficiados específicamente podrían ser los dueños, inversionistas o personas morales que los tengan a su cargo, dado que la iniciativa incluye “a todas aquellas instituciones públicas y privadas”, sin discriminar entre las que persiguen fines de lucro y las que son de carácter meramente asistencial, imponiendo como único requisito que se encuentren afiliadas al Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores.

IV. Por otra parte, la propuesta no es constitucional, ya que el artículo 115, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece la autonomía financiera de los municipios, al otorgarles la facultad de administrar libremente su hacienda:

Artículo 115. Los Estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización política y administrativa el municipio libre, conforme a las bases siguientes:

IV. Los municipios administrarán libremente su hacienda, la cual se formará de los rendimientos de los bienes que les pertenezcan, así como de las contribuciones y otros ingresos que las legislaturas establezcan a su favor, y en todo caso.

La administración hacendaria es el régimen establecido por la Constitución a efecto de fortalecer la autonomía y autosuficiencia económica de los municipios, con el fin de que estos puedan tener libre disposición y aplicación de sus recursos y satisfacer sus necesidades; por lo que al intentar exigirles, sin acuerdo de por medio, una aportación, se atenta contra su autonomía.

V. Respecto de la reforma del artículo 18, fracción X, inciso a), de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, resulta innecesaria, ya que precisar las veces a las que tiene derecho a ser examinado un adulto mayor resulta secundario, ya que en donde radica la fuerza del precepto es en el derecho que tienen a ser examinados para mantener su salud y recibir tratamiento médico. De las condiciones de salud en las que se encuentre al ser examinado, derivará las veces que tenga que acudir a sus revisiones, de acuerdo con el criterio del médico.

VI. Por otro lado, la fracción I del artículo 18 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores señala como obligación de las instituciones públicas del sector salud garantizar el derecho a la prestación de servicios de salud integrales y de calidad:

Artículo 18. Corresponde a las instituciones públicas del sector salud, garantizar a las personas adultas mayores:

I. El derecho a la prestación de servicios públicos de salud integrales y de calidad , en todas las actividades de atención médica, de conformidad con lo establecido en el artículo 33 de la Ley General de Salud;

II. a la X.

Además, la Ley General de Salud en sus artículos 3, fracción II, y 6, fracción I, establecen que el sistema nacional de salud tiene como objetivo proporcionar servicios de salud a toda la población como materia de salubridad general, brindando preferentemente atención médica en beneficio de grupos vulnerables, donde se encuentran las personas adultas mayores:

Artículo 3o. En los términos de esta ley, es materia de salubridad general:

II. La atención médica, preferentemente en beneficio de grupos vulnerables;

III. a la XXX.

Artículo 6o. El sistema nacional de salud tiene los siguientes objetivos:

I. Proporcionar servicios de salud a toda la población y mejorar su calidad, atendiendo a los problemas sanitarios prioritarios y a los factores que condicionen y causen daños a la salud, con especial interés en las acciones preventivas;

II. a la VIII.

Por lo que se considera que la propuesta del diputado ya se encuentra contemplada en las legislaciones vigentes, al referirse a la atención médica a favor de los grupos vulnerables, considerados dentro de estos a los adultos mayores, con lo que al aprobar la reforma se crearía una sobre regulación.

Por lo expuesto, los integrantes de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables emiten el siguiente

Resolutivo

Primero. Se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona una fracción IV al artículo 6 y reforma el artículo 18, fracción X, inciso a), de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, presentada el 16 de octubre del 2007.

Segundo. Archívese el asunto como total y definitivamente concluido.

Conste.

Dado en la sala de juntas de la comisión, a 26 de marzo de 2008.

La Comisión de Atención a Grupos Vulnerables

Diputados: María Esperanza Morelos Borja (rúbrica), Marcela Cuen Garibi (rúbrica), Laura Angélica Rojas Hernández (rúbrica), David Sánchez Camacho (rúbrica), Eduardo Elías Espinosa Abuxapqui, Irene Aragón Castillo (rúbrica), Carlos Augusto Bracho González (rúbrica), Arnulfo Elías Cordero Alfonzo (rúbrica), Silvia Emilia Degante Romero, María Victoria Gutiérrez Lagunes (rúbrica), Juana Leticia Herrera Ale, María Esther Jiménez Ramos (rúbrica), Rubí Laura López Silva (rúbrica), Marisol Mora Cuevas (rúbrica), María del Carmen Pinete Vargas, Jorge Quintero Bello (rúbrica), Mirna Cecilia Rincón Vargas (rúbrica), Adriana Rodríguez Vizcarra (rúbrica), José Antonio Saavedra Coronel (rúbrica), María Angélica Tagle Martínez (rúbrica), Mario Vallejo Estévez (rúbrica), Martín Zepeda Hernández (rúbrica).

De la Comisión de Recursos Hidráulicos, con punto de acuerdo por el que se desecha la iniciativa que adiciona los artículos 125 y 126 y deroga el 124 Bis de la Ley de Aguas Nacionales

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Recursos Hidráulicos de la Cámara de Diputados fue turnada, para estudio y dictamen, la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona los artículos 125 y 126, y deroga el 124 Bis de la Ley de Aguas Nacionales.

Esta comisión dictaminadora, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e), f) y g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 60, 87, 88, 93 y 94 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración del Pleno de la Cámara de Diputados el presente dictamen, al tenor de los siguientes

Antecedentes

1. En sesión ordinaria de la Cámara de Diputados celebrada el 2 de febrero de 2006, el diputado Maximino Alejandro Fernández Ávila presentó iniciativa con proyecto de decreto adiciona los artículos 125 y 126, y deroga el 124 Bis de la Ley de Aguas Nacionales.

2. En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva dictó trámite, y turnó el asunto, para análisis y dictamen, a la Comisión de Recursos Hidráulicos.

Esta comisión dictaminadora procedió al análisis de la iniciativa objeto de este dictamen, atendiendo el siguiente

Contenido de la iniciativa

En la exposición de motivos de la iniciativa, el iniciador refiere los graves desequilibrios ambientales, sociales y económicos producidos por el acelerado proceso de modernización e industrialización que rompen con la armonía entre el hombre y la naturaleza.

Señala que nunca ha sido cuestionable el derecho que tienen las sociedades de crecer y desarrollarse económicamente. Sin embargo, el desarrollo debe darse con base en la armonía y equilibrio entre entorno y sociedad, y que la sustentabilidad de los recursos debe ser un factor intergeneracional, sin el cual no se podrá tener una continuidad de la especie.

Señala la existencia de proyectos cuyo desarrollo tiene impactos ambientales y repercusiones sociales debido a la utilización de recursos sin considerar las necesidades de la comunidad, proyectos cuya actividad tiene un efecto en los recursos naturales que compromete la existencia de éstos para las generaciones presentes y las futuras; por ejemplo, la contaminación de ríos o lagos por industrias.

Infiere que no considerar la participación social en la toma de decisiones sobre una actividad es razón suficiente para que proyectos que pueden ser calificados de ambientalmente viables, al llevarse a cabo fracasen por no tomar en cuenta desde un principio los impactos socioeconómicos y culturales.

Refiere que el convenio sobre la diversidad biológica establece la necesidad de la conservación in situ como prioridad, y especifica el imperativo de que los gobiernos rescaten, valoren y promuevan los conocimientos, las prácticas y las innovaciones que utilizan los pueblos indígenas del mundo para la conservación de la biodiversidad.

En síntesis, para que una actividad u obra no se interrumpan, detengan o cancelen es necesario asegurarse desde el inicio de que es una obra u actividad que cumple los parámetros marcados por el desarrollo sustentable; es decir, que el uso de los recursos naturales que se utilicen en la obra o actividad considere las necesidades que tienen otras personas respecto a ellos, que la existencia de los recursos no va a estar comprometida para las generaciones futuras, y que dichos recursos se encuentran debidamente integrados en una forma sostenible en los planes de desarrollo de la comunidad. Para asegurarse de que existen esos elementos en la obra o actividad por desarrollar, es necesario dar cabida a la participación social, la cual reflejará los impactos sociales, culturales y económicos que es necesario integrar en un estudio de impacto del proyecto por realizar. Los impactos sociales reflejarán los intereses de la comunidad, y por la mediación y negociación se obtendrá una concentración de los mismos que deberán estar reflejados en las decisiones que se tomen.

En nuestra legislación, la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA) considera esta participación social en el artículo 157:

El gobierno federal deberá promover la participación corresponsable de la sociedad en la planeación, ejecución, evaluación y vigilancia de la política ambiental y de recursos naturales.

Aún más, intenta asegurar mecanismos de protección sobre las comunidades que se vean afectadas por actividades o proyectos. En el artículo 180 señala:

Tratándose de obras o actividades que contravengan las disposiciones de esta ley, los programas de ordenamiento ecológico, las declaratorias de áreas naturales protegidas o los reglamentos y las normas oficiales mexicanas derivadas de ella, las personas físicas y morales de las comunidades afectadas tendrán derecho a impugnar los actos administrativos correspondientes, así como a exigir que se lleven a cabo las acciones necesarias para que sean observadas las disposiciones jurídicas aplicables, siempre que demuestren en el procedimiento que dichas obras o actividades originan o pueden originar un daño a los recursos naturales, la flora o la fauna silvestres, la salud publica o la calidad de vida. Para tal efecto, deberán interponer el recurso administrativo de revisión a que se refiere este capítulo.

El diputado iniciador considera necesario incluir en la Ley de Aguas Nacionales una disposición homóloga a la establecida en el artículo 180 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, en cuanto al derecho de las personas físicas y las morales de las comunidades afectadas por obras o actividades que contravengan las disposiciones de la ley, para impugnar los actos administrativos a través de la interposición del recurso de revisión.

Para ello, plantea el siguiente proyecto de

Decreto por el que se adicionan los artículos 125 y 126 y se deroga el 124 Bis de la Ley de Aguas Nacionales

Artículo Único. Se adicionan los artículos 125 y 126 y se deroga el 124 Bis de la Ley de Aguas Nacionales, para quedar como sigue:

Artículo 125. Contra las obras o actividades que contravengan las disposiciones de esta ley, o los reglamentos y normas oficiales mexicanas derivadas de la misma, las personas físicas y las morales de las comunidades afectadas tendrán derecho a impugnar los actos administrativos correspondientes, así como a exigir que se lleven a cabo las acciones necesarias para que sean observadas las disposiciones jurídicas aplicables, siempre que demuestren en el procedimiento que dichas obras o actividades originan o pueden originar un daño a los recursos naturales, la flora o la fauna silvestres, la salud pública o la calidad de vida. Para tal efecto, deberán interponer el recurso administrativo de revisión.

Artículo 126. Toda persona, grupos sociales, organizaciones ciudadanas o no gubernamentales, asociaciones y sociedades podrán recurrir a la denuncia popular en los términos del Capítulo VII de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, cuando se cometan actos que produzcan o puedan producir desequilibrios o daños a los recursos hídricos o sus bienes inherentes.

Una vez analizada la iniciativa objeto del presente dictamen, los integrantes de esta comisión dictaminadora expresamos las siguientes

Consideraciones de la Comisión de Recursos Hidráulicos

Estimamos loable la preocupación del iniciador por adicionar un artículo 125 a la Ley de Aguas Nacionales, con el propósito de asegurar un mecanismo de protección a las comunidades afectadas por obras o actividades que contravengan las disposiciones de la ley, sus reglamentos y normas oficiales mexicanas derivadas de ella; en todo caso las personas físicas o morales de las comunidades afectadas tendrán derecho a impugnar los actos administrativos que dieron origen a tales obras o actividades que generan un daño a los recursos naturales, la flora o la fauna silvestres, la salud pública o la calidad de vida, mediante la interposición del recurso administrativo de revisión.

El propósito del iniciador es establecer en la Ley de Aguas Nacionales una disposición homóloga a la prevista en el artículo 180 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente.

Sin embargo, estimamos pertinente observar la relación existente entre los artículos 180 y 28 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, ya que dichos artículos prevén:

Artículo 180. Tratándose de obras o actividades que contravengan las disposiciones de esta ley, los programas de ordenamiento ecológico, las declaratorias de áreas naturales protegidas o los reglamentos y normas oficiales mexicanas derivadas de ella, las personas físicas y morales de las comunidades afectadas tendrán derecho a impugnar los actos administrativos correspondientes, así como a exigir que se lleven a cabo las acciones necesarias para que sean observadas las disposiciones jurídicas aplicables, siempre que demuestren en el procedimiento que dichas obras o actividades originan o pueden originar un daño a los recursos naturales, la flora o la fauna silvestres, la salud pública o la calidad de vida. Para tal efecto, deberán interponer el recurso administrativo de revisión a que se refiere este capítulo.

Artículo 28. La evaluación del impacto ambiental es el procedimiento a través del cual la Secretaría establece las condiciones a que se sujetará la realización de obras y actividades que puedan causar desequilibrio ecológico o rebasar los límites y las condiciones establecidos en las disposiciones aplicables para proteger el ambiente y preservar y restaurar los ecosistemas a fin de evitar o reducir al mínimo sus efectos negativos sobre el ambiente. Para ello, en los casos en que determine el reglamento que al efecto se expida, quienes pretendan llevar a cabo alguna de las siguientes obras o actividades requerirán previamente la autorización en materia de impacto ambiental de la Secretaría:

I. Obras hidráulicas, vías generales de comunicación, oleoductos, gasoductos, carboductos y poliductos;

II. Industria del petróleo, petroquímica, química, siderúrgica, papelera, azucarera, del cemento y eléctrica;

III. Exploración, explotación y beneficio de minerales y sustancias reservadas a la federación en los términos de las Leyes Minera, y Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en Materia Nuclear;

IV. Instalaciones de tratamiento, confinamiento o eliminación de residuos peligrosos, así como residuos radiactivos;

V. Aprovechamientos forestales en selvas tropicales y especies de difícil regeneración;

VI. Se deroga.

VII. Cambios de uso del suelo de áreas forestales, así como en selvas y zonas áridas;

VIII. Parques industriales donde se prevea la realización de actividades altamente riesgosas;

IX. Desarrollos inmobiliarios que afecten los ecosistemas costeros;

X. Obras y actividades en humedales, manglares, lagunas, ríos, lagos y esteros conectados con el mar, así como en sus litorales o zonas federales;

XI. Obras y actividades en áreas naturales protegidas de competencia de la federación;

XII. Actividades pesqueras, acuícolas o agropecuarias que puedan poner en peligro la preservación de una o más especies o causar daños a los ecosistemas; y

XIII. Obras o actividades que correspondan a asuntos de competencia federal que puedan causar desequilibrios ecológicos graves e irreparables, daños a la salud pública o a los ecosistemas, o rebasar los límites y las condiciones establecidos en las disposiciones jurídicas relativas a la preservación del equilibrio ecológico y la protección del ambiente.

El reglamento de la presente ley determinará las obras o actividades a que se refiere este artículo que por su ubicación, dimensiones, características o alcances no produzcan impactos ambientales significativos, no causen o puedan causar desequilibrios ecológicos, ni rebasen los límites y las condiciones establecidos en las disposiciones jurídicas referidas a la preservación del equilibrio ecológico y la protección del ambiente, y que por tanto no deban sujetarse al procedimiento de evaluación de impacto ambiental previsto en este ordenamiento.

Para los efectos a que se refiere la fracción XIII del presente artículo, la Secretaría notificará a los interesados su determinación para que sometan al procedimiento de evaluación de impacto ambiental la obra o actividad que corresponda, explicando las razones que lo justifiquen, con el propósito de que aquéllos presenten los informes, dictámenes y consideraciones que juzguen convenientes, en un plazo no mayor a diez días. Una vez recibida la documentación de los interesados, la Secretaría, en un plazo no mayor de treinta días, les comunicará si procede o no la presentación de una manifestación de impacto ambiental, así como la modalidad y el plazo para hacerlo. Transcurrido el plazo señalado sin que la Secretaría emita la comunicación correspondiente, se entenderá que no es necesaria la presentación de una manifestación de impacto ambiental.

El artículo 180 se refiere a actos o actividades generadas por actos administrativos de autoridades de los tres órdenes de gobierno, en ejercicio de atribuciones que las diversas leyes ambientales, federales o locales, que los rigen les confieren.

Por otra parte, el artículo 28 señala las obras o actividades públicas o privadas en cuya realización deben observarse las condiciones establecidas por la Semarnat a través del procedimiento de evaluación del impacto ambiental, y está referido a obras y actividades que pueden causar desequilibrio ecológico o rebasar los límites y condiciones establecidos en las disposiciones aplicables para proteger el ambiente y preservar y restaurar los ecosistemas.

En estricta congruencia con lo dispuesto en el artículo 28 de la LGEEPA, la Conagua y sus organismos de cuenca, en los ámbitos territoriales de sus respectivas competencias, ejercen las atribuciones que les confiere la Ley de Aguas Nacionales, entre las que destacamos la de programar, estudiar, construir, operar, conservar y mantener las obras hidráulicas federales, así como la de expedir los títulos de concesión, asignación o permisos de descarga.

Para el caso de la construcción, operación, conservación y mantenimiento de las obras hidráulicas federales, la Semarnat, previa evaluación de impacto ambiental, establece las condiciones a que se sujetarán dichas obras.

En cuanto a las obras hidráulicas por realizar por los particulares, es conveniente observar lo dispuesto en los artículos 21, 21 Bis y 23 de la Ley de Aguas Nacionales, las cuales en lo conducente establecen:

“Artículo 21. La solicitud de concesión o asignación deberá contener al menos:

I. a V.

VI. El punto de descarga de las aguas residuales con las condiciones de cantidad y calidad;

VII. El proyecto de las obras por realizar o las características de las obras existentes para su extracción y aprovechamiento, así como las respectivas para su descarga, incluyendo tratamiento de las aguas residuales y los procesos y medidas para el reúso del agua, en su caso, y restauración del recurso hídrico; en adición, deberá presentarse el costo económico y ambiental de las obras proyectadas, esto último conforme a lo dispuesto en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente; y

VIII.

Con la solicitud de concesión o asignación para la explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales, se solicitará el permiso de descarga de aguas residuales y el permiso para la realización de las obras que se requieran para la explotación, uso o aprovechamiento de aguas y el tratamiento y descarga de las aguas residuales respectivas. La solicitud especificará la aceptación plena del beneficiario sobre su obligación de pagar regularmente y en su totalidad las contribuciones fiscales que se deriven de la expedición del título respectivo y que pudieren derivarse de la extracción, consumo y descarga de las aguas concesionadas o asignadas, así como los servicios ambientales que correspondan. El beneficiario conocerá y deberá aceptar en forma expresa las consecuencias fiscales y de vigencia del título respectivo que se expidan, en su caso, derivadas del incumplimiento de las obligaciones de pago referidas.

”

Artículo 21 Bis. El promovente deberá adjuntar a la solicitud a que se refiere el artículo anterior al menos los documentos siguientes:

I. y II.

III. La manifestación de impacto ambiental, cuando así se requiera conforme a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente;

IV. El proyecto de las obras por realizar o las características de las obras existentes para la extracción, aprovechamiento y descarga de las aguas motivo de la solicitud;

V. La memoria técnica con los planos correspondientes que contengan la descripción y características de las obras por realizar, para efectuar la explotación, uso o aprovechamiento de las aguas a las cuales se refiere la solicitud, así como la disposición y tratamiento de las aguas residuales resultantes y las demás medidas para prevenir la contaminación de los cuerpos receptores, a efecto de cumplir lo dispuesto en la ley;

VI. y VII.

Los estudios y proyectos a que se refiere este artículo se sujetarán a las normas y especificaciones técnicas que en su caso emita la Comisión.

Artículo 23. El título de concesión o asignación que otorgue la autoridad del agua deberá expresar por lo menos: nombre y domicilio del titular; la cuenca hidrológica, acuífero en su caso, región hidrológica, municipio y localidad a que se refiere; el punto de extracción de las aguas nacionales; el volumen de extracción y consumo autorizados; se referirán explícitamente el uso o usos, caudales y volúmenes correspondientes; el punto de descarga de las aguas residuales con las condiciones de cantidad y calidad; la duración de la concesión o asignación, y como anexo el proyecto aprobado de las obras a realizar o las características de las obras existentes para la extracción de las aguas y para su explotación, uso o aprovechamiento, así como las respectivas para su descarga, incluyendo tratamiento de las aguas residuales y los procesos y medidas para el reúso del agua, en su caso, y restauración del recurso hídrico.

En el correspondiente título de concesión o asignación para la explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales superficiales se autorizará además el proyecto de las obras necesarias que pudieran afectar el régimen hidráulico o hidrológico de los cauces o vasos de propiedad nacional o de las zonas federales correspondientes, y también, de haberse solicitado, la explotación, uso o aprovechamiento de dichos cauces, vasos o zonas, siempre que en los términos de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, si fuere el caso, se cumpla la manifestación del impacto ambiental. Análogamente, para el caso de títulos de concesión o asignación para la explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales del subsuelo, en adición se autorizará el proyecto de las obras necesarias para el alumbramiento de las aguas del subsuelo y para su explotación, uso o aprovechamiento, con el correspondiente cumplimiento de los demás ordenamientos jurídicos aplicables.

En ningún caso podrá el titular de una concesión o asignación disponer del agua en volúmenes mayores que los autorizados por la autoridad del agua. Para incrementar o modificar de manera permanente la extracción de agua en volumen, caudal o uso específico, invariablemente se deberá tramitar la expedición del título de concesión o asignación respectivo.

Es evidente la relación de las disposiciones transcritas de los tres artículos antes citados con las disposiciones del artículo 28 de la LGEEPA, y de la cual se desprende que las obras hidráulicas emanadas de un acto administrativo, de la Conagua o de sus organismos de cuenca, se encuentran avaladas por la Semarnat, como autoridad ambiental, pues tanto en la autorización y construcción de obras como en la expedición de concesiones, asignaciones y permisos de descarga se respetan las condiciones a que dicha secretaría sujeta las obras hidráulicas y actividades autorizadas.

Adicionalmente, si bien la autoridad del agua tiene atribuciones para autorizar la explotación, uso o aprovechamiento de las aguas nacionales, destinándolas a los diversos usos establecido en la LAN, para las diversas actividades económicas y sociales que la requieren, no cuenta con atribuciones para autorizar las actividades económicas y sociales que realizan los usuarios del agua.

De las consideraciones anteriores se desprende:

1. Que las obras y actividades emanadas de actos administrativos de la autoridad del agua que originan o pueden originar un daño a los recursos naturales, la flora o la fauna silvestres están sustentadas en las condiciones a que está sujeta su realización, establecidas por la Semarnat con base en la evaluación del impacto ambiental, así como en las disposiciones legales y reglamentarias aplicables.

2. Que en todo caso, el recurso de revisión procedería contra el acto administrativo emitido por la Semarnat, en relación con las condiciones autorizadas para la realización de las obras o actividades dañinas, conforme a la evaluación de impacto ambiental de éstas.

3. Que el incumplimiento de dichas condiciones impuestas por la Semarnat o de las condiciones establecidas en los títulos de concesión o asignación y en los permisos de descarga de aguas residuales, así como de las disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales y sus reglamentos y de las normas oficiales mexicanas correspondientes, son responsabilidad de los usuarios del agua, cuando en la realización, la operación y el mantenimiento de las obras y actividades de descarga de aguas residuales autorizadas atenten contra el desarrollo sustentable o la preservación y restauración del equilibrio ecológico, así como contra la protección del ambiente. En estos casos no procede recurso administrativo alguno sino la denuncia popular, en los términos establecidos en el Capítulo 7 del Título Sexto de la LGEEPA y en el artículo 124 Bis de la Ley de Aguas Nacionales.

4. Que la disposición cuya adición en la Ley de Aguas Nacionales propone el iniciador está comprendida en el artículo 124 de la Ley de Aguas Nacionales vigente.

Por ello, los integrantes de esta comisión dictaminadora consideramos improcedente el proyecto de decreto que adiciona los artículos 125 y 126, y deroga el 124 Bis de la Ley de Aguas Nacionales.

Por lo expuesto y fundado, la Comisión de Recursos Hidráulicos pone a la consideración del Pleno de la Cámara de Diputados el siguiente

Acuerdo

Primero. Se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona los artículos 125 y 126, y deroga el 124 Bis de la Ley de Aguas Nacionales, presentada por el diputado Maximino Alejandro Fernández Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, el 2 de febrero de 2006.

Segundo. Archívese el asunto como total y definitivamente concluido.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de marzo de 2008.

La Comisión de Recursos Hidráulicos

Diputados: Jesús Manuel Patrón Montalvo (rúbrica), presidente; Antonio Medellín Varela (rúbrica), Apolonio Méndez Meneses (rúbrica), Víctor Manuel Torres Herrera (rúbrica), Lourdes Alonso Flores (rúbrica), Cuitláhuac Condado Escamilla (rúbrica), José Rubén Escajeda Jiménez (rúbrica), Gustavo Ildefonso Mendívil Amparán (rúbrica), secretarios; Pedro Armendáriz García (rúbrica), Edmundo Javier Bolaños Aguilar (rúbrica), Modesto Brito González (rúbrica), Aurora Cervantes Rodríguez, Diego Cobo Terrazas, Felipe González Ruiz (rúbrica), David Lara Compeán (rúbrica), Alma Lilia Luna Munguía, Fausto Fluvio Mendoza Maldonado (rúbrica), Irineo Mendoza Mendoza (rúbrica), Pedro Montalvo Gómez (rúbrica), Héctor Hugo Olivares Ventura (rúbrica), Antonio Ortega Martínez, José Inés Palafox Núñez, Francisco Javier Paredes Rodríguez (rúbrica), Santiago Gustavo Pedro Cortés (rúbrica), Héctor Manuel Ramos Covarrubias (rúbrica), Ramón Salas López (rúbrica), Martín Stefanonni Mazzocco (rúbrica), Gerardo Octavio Vargas Landeros (rúbrica), Jesús Cuauhtémoc Velasco Oliva (rúbrica), César Augusto Verástegui Ostos (rúbrica).

De la Comisión de Recursos Hidráulicos, con punto de acuerdo por el que se desecha la iniciativa que reforma el artículo 24 de la Ley de Aguas Nacionales

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Recursos Hidráulicos de la Cámara de Diputados fue turnada, para estudio y dictamen, la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 24 de la Ley de Aguas Nacionales.

Antecedentes

1. En sesión ordinaria de la Cámara de Diputados celebrada el 18 de septiembre de 2007, el diputado Martín Stefanonni Mazzocco presentó iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 24 de la Ley de Aguas Nacionales.

2. En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva dictó trámite, y turnó el asunto, para análisis y dictamen, a la Comisión de Recursos Hidráulicos, con opinión de la Comisión Especial de la defensa de los derechos sociales de acceso al agua y la protección de ambientes acuáticos.

Esta comisión dictaminadora procedió al análisis de la iniciativa objeto de este dictamen, atendiendo el siguiente

Contenido de la iniciativa

Expone el iniciador que el conocimiento del balance entre la oferta y la demanda del agua conduce a ser conscientes sobre la escasez del vital líquido, lo que hace necesario analizar la realidad nacional en cuanto a su uso y aprovechamiento.

Destaca la importancia del agua en el medio rural, como insumo fundamental para el desarrollo de las actividades relacionadas con el campo, por lo cual considera que se debe fortalecer el marco legal que vincule estratégicamente el aprovechamiento del recurso hídrico con las actividades económicas y sociales para contribuir al desarrollo de la nación.

Por ello, refiere lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley de Aguas Nacionales: “De conformidad con el carácter público del recurso hídrico, la explotación, uso o aprovechamiento de las aguas nacionales por personas físicas o morales se realizará mediante concesión o asignación otorgada por el Ejecutivo federal, a través de la Comisión, por medio de los organismos de cuenca, o directamente por ésta cuando así le competa”.

Con base en lo anterior, expone el iniciador, se obtienen los títulos de concesión o asignación cuya vigencia, de acuerdo con el artículo 24 de la misma ley, no es menor de 5 años ni mayor de 30, y que los asignatarios o concesionarios deben solicitar la prórroga de sus títulos antes que concluya el periodo de vigencia.

Señala los problemas que representa la burocracia gubernamental para el trámite de obtención de dichos títulos y de las prórrogas correspondientes.

Refiere que el artículo 24 establece que la falta de presentación de la solicitud de prórroga dentro del plazo legal para el efecto se considera renuncia al derecho de solicitarla, lo que deriva en la pérdida de concesiones o asignaciones y, en consecuencia, al impedimento de los usuarios para seguir utilizando el recurso hídrico en el ejercicio de sus actividades.

Menciona que el problema del aprovechamiento de aguas nacionales por la pérdida de concesiones o asignaciones o, incluso, por la explotación clandestina del recurso fue atendido por el Ejecutivo federal mediante diversos decretos, a través de los cuales se otorgaron facilidades administrativas a los usuarios que explotaban irregularmente aguas nacionales.

Por lo anterior, el iniciador estima necesario reformar la ley para flexibilizar el proceso a que se enfrentan los concesionarios o asignatarios, en el sentido de minimizar los costos de la gestión y reducir la incertidumbre jurídica ante la posibilidad de perder sus derechos de agua, así como para disminuir la corrupción que generan estos escenarios.

De ahí su propuesta de que la autoridad del agua esté obligada a notificar las razones que justifican la negación de la prórroga solicitada, brindando certidumbre jurídica a los usuarios que pueden perder el título, al establecer en la ley que la concesión o asignación se ampliará hasta por dos años si, con base en la información que la autoridad hubiese proveído, el promovente se compromete a subsanar las deficiencias por las que se denegó la prórroga solicitada.

Con base en lo expuesto, el iniciador propone el siguiente

Decreto

Artículo Único. Se reforma el artículo 24 de la Ley de Aguas Nacionales, para quedar como sigue:

Artículo 24.

...

En los casos en que la solicitud de prórroga del título de concesión o asignación para la explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales, superficiales y del subsuelo sea aplicable en situaciones de uso agrícola, silvícola, pecuario, acuícola, urbano y doméstico, y “la autoridad del agua” no hiciera la notificación a que se refiere el párrafo anterior, deberá a petición del promovente, otorgar la información que sustente la negación de la ampliación del título respectivo.

Si el promovente se compromete a resarcir las observaciones legales y técnicas que “la autoridad del agua” le notificó y que justificaron la negación de la prórroga, se tendrá por ampliado el título del promovente hasta por dos años más. Transcurrido este plazo, “la autoridad del agua” deberá verificar el cumplimento de sus observaciones y determinará si se procede o no al otorgamiento de la prórroga solicitada según lo establecido en la presente ley.

Artículo Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Una vez analizados los motivos expuestos por el iniciador, los integrantes de esta comisión dictaminadora expresamos las siguientes

Consideraciones

Esta comisión dictaminadora reconoce la preocupación del iniciador por otorgar mayor certeza jurídica a los usuarios que se ven afectados con la pérdida de sus derechos de agua debido al vencimiento de los títulos de concesión o asignación por no solicitar oportunamente las prórrogas correspondientes, por haberles sido denegada dicha prórroga por la autoridad del agua de manera expresa o cuando opera la negativa ficta.

Sin embargo, los integrantes de esta dictaminadora estimamos improcedente imponer a la autoridad, en caso de que no notifique la resolución negativa sobre una solicitud de prórroga, la obligación de otorgar a petición del promovente la información que sustente dicha negativa, y que se tenga por ampliado el título por prorrogar, hasta por dos años, cuando el promovente se comprometa a resarcir las observaciones justificatorias de dicha resolución, así como que, transcurrido el plazo de dos años, la autoridad verifique el cumplimiento de sus observaciones y determine si concede o no la prórroga.

Esta dictaminadora observa la contradicción entre lo establecido en la parte final del párrafo quinto del artículo 24 de la ley vigente, que establece: “En caso de que la autoridad omita dar a conocer al promovente la resolución recaída a su solicitud, se considerará que ha resuelto negar lo solicitado”, y la propuesta de que cuando la autoridad del agua no hiciera la notificación, deba, a petición del promovente, otorgar la información que sustente la negativa, y se entienda prorrogado el título por dos años cuando el promovente se comprometa a resarcir las observaciones legales y técnicas que la autoridad del agua le notifique y que justifiquen la denegación de la prórroga.

La reforma en los términos propuestos deja sin efecto la negativa ficta, estableciendo la afirmativa ficta, en contravención de las disposiciones que en la materia establece el artículo 17 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, que a la letra dice:

Artículo 17. Salvo que en otra disposición legal o administrativa de carácter general se establezca otro plazo, no podrá exceder de tres meses el tiempo para que la dependencia u organismo descentralizado resuelva lo que corresponda. Transcurrido el plazo aplicable, se entenderán las resoluciones en sentido negativo al promovente, a menos que en otra disposición legal o administrativa de carácter general se prevea lo contrario. A petición del interesado, se deberá expedir constancia de tal circunstancia dentro de los dos días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud respectiva ante quien deba resolver; igual constancia deberá expedirse cuando otras disposiciones prevean que transcurrido el plazo aplicable la resolución deba entenderse en sentido positivo.

En el caso de que se recurra la negativa por falta de resolución, y ésta a su vez no se resuelva dentro del mismo término, se entenderá confirmada en sentido negativo.

El párrafo segundo del propio artículo 24 en vigor establece que las concesiones o asignaciones serán objeto de prórroga siempre que sus titulares no incurrieren en las causales de terminación previstas en la presente ley, se cumpla lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 22 de esta ley y en el presente artículo y lo soliciten dentro de los últimos cinco años previos al término de la vigencia, al menos seis meses antes del vencimiento.

Así, reconocemos que el usuario promovente no tiene posibilidad alguna de subsanar las razones legales de la autoridad del agua para denegar la prórroga solicitada, en virtud de que las causales para la extinción de un título establecidas en el artículo 29 Bis 3 de la Ley de Aguas Nacionales vigente no pueden ser corregidas por el usuario, ya que se trata de

- Vencimiento de la vigencia establecida en el título;

- Renuncia del titular;

- Cegamiento del aprovechamiento a petición del titular;

- Muerte del titular, cuando no se compruebe algún derecho sucesorio;

- Nulidad declarada por la autoridad del agua (por proporcionar información falsa en la obtención del título, por vicios en el proceso de tramitación imputables al usuario, por haber sido otorgada por autoridad incompetente, por falta de objeto o materia de la concesión o por haberse emitido contra derecho);

- Caducidad parcial o total declarada por la autoridad del agua;

- Rescate de la concesión por causa de utilidad pública;

- Cuando no se ajusten los reglamentos de los distritos de riego a las disposiciones de la ley y sus reglamentos; y

- Resoluciones firmes judiciales o administrativas que así lo determinen.

Asimismo, el usuario no puede modificar la existencia de disponibilidad del recurso, con base en la cual se autoriza una concesión.

Por lo expuesto y fundado, la Comisión de Recursos Hidráulicos pone a la consideración del Pleno de la Cámara de Diputados el siguiente

Acuerdo

Primero. Se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 24 de la Ley de Aguas Nacionales, presentada por el diputado Martín Stefanonni Mazzocco, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, el 18 de septiembre de 2007.

Segundo. Archívese el asunto como total y definitivamente concluido.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de marzo de 2008.

La Comisión de Recursos Hidráulicos

Diputados: Jesús Manuel Patrón Montalvo (rúbrica), presidente; Antonio Medellín Varela (rúbrica), Apolonio Méndez Meneses (rúbrica), Víctor Manuel Torres Herrera (rúbrica), Lourdes Alonso Flores (rúbrica), Cuitláhuac Condado Escamilla (rúbrica), José Rubén Escajeda Jiménez (rúbrica), Gustavo Ildefonso Mendívil Amparán (rúbrica), secretarios; Pedro Armendáriz García (rúbrica), Edmundo Javier Bolaños Aguilar (rúbrica), Modesto Brito González (rúbrica), Aurora Cervantes Rodríguez, Diego Cobo Terrazas, Felipe González Ruiz (rúbrica), David Lara Compeán (rúbrica), Alma Lilia Luna Munguía, Fausto Fluvio Mendoza Maldonado (rúbrica), Irineo Mendoza Mendoza (rúbrica), Pedro Montalvo Gómez (rúbrica), Héctor Hugo Olivares Ventura (rúbrica), Antonio Ortega Martínez (rúbrica), José Inés Palafox Núñez, Francisco Javier Paredes Rodríguez, Santiago Gustavo Pedro Cortés (rúbrica), Héctor Manuel Ramos Covarrubias (rúbrica), Ramón Salas López (rúbrica), Martín Stefanonni Mazzocco (rúbrica), Gerardo Octavio Vargas Landeros (rúbrica), Jesús Cuauhtémoc Velasco Oliva (rúbrica), César Augusto Verástegui Ostos (rúbrica).

De la Comisión de Recursos Hidráulicos, con punto de acuerdo por el que se desecha la iniciativa que reforma la fracción XII del artículo 3 de la Ley de Aguas Nacionales

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Recursos Hidráulicos de la Cámara de Diputados fue turnada, para estudio y dictamen, la iniciativa con proyecto de decreto que reforma la fracción XII del artículo 3 de la Ley de Aguas Nacionales.

Antecedentes

1. En sesión ordinaria de la Cámara de Diputados celebrada el 28 de noviembre de 2006, el diputado Diego Cobo Terrazas presentó iniciativa con proyecto de decreto que reforma la fracción XII del artículo 3 de la Ley de Aguas Nacionales.

2. En la misma fecha, la presidencia de la Mesa Directiva dictó trámite a la iniciativa que nos ocupa, y la turnó a la Comisión de Recursos Hidráulicos, para análisis y dictamen.

Esta comisión dictaminadora procedió al análisis del asunto, atendiendo el siguiente

Contenido de la iniciativa

El iniciador expone que la Comisión Nacional del Agua, órgano administrativo encargado de la gestión del agua, tiene limitaciones jurídicas y estructurales para abordar la problemática del recurso desde una perspectiva integral, debido a su dependencia orgánica y jerárquica de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, como órgano desconcentrado de dicha dependencia.

Refiere las diferencias entre desconcentración y descentralización, atento a lo previsto en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, en cuanto a que los organismos descentralizados son entidades creadas por ley del Congreso de la Unión o por decreto del Ejecutivo federal que poseen personalidad jurídica y patrimonio propios, cualquiera que sea la estructura legal que adopten.

Considera que la autoridad encargada de la gestión del agua debe contar con autonomía de gestión y en materia presupuestal que le permitan alcanzar los objetivos que suponen la sustentabilidad y la preservación del recurso para la satisfacción de las necesidades de generaciones futuras.

Por ello propone que se modifique la naturaleza jurídica de la Comisión Nacional del Agua, para que sea un organismo descentralizado, para que preste los servicios correspondientes a la gestión del agua, con autonomía financiera y de gestión.

Expone que le resulta adecuado que la comisión nacional del agua sea un organismo descentralizado encargado del manejo y aprovechamiento sustentable del agua, contando con autonomía para la toma de decisiones y sin contar con las facultades de inspección y vigilancia, que seguirán en manos de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a través de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente.

Destaca que las reformas de la Ley de Aguas Nacionales aprobadas en 2003, por ambas Cámaras del Congreso, y publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 29 de abril de 2004 evidencian la necesaria descentralización del sector hídrico.

Señala que dichas reformas hacen referencia a un organismo descentralizado. Ejemplifica su señalamiento con lo previsto en el artículo 3, cuya fracción XII hace referencia a la Comisión Nacional del Agua, como un órgano desconcentrado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con funciones de derecho público en materia de gestión de las aguas nacionales y sus bienes públicos inherentes, con autonomía técnica, ejecutiva, administrativa, presupuestal y de gestión, para la consecución de su objeto.

Asimismo, refiere que en las citadas reformas se hace referencia a la descentralización de la gestión del agua en diversos artículos, estableciendo la obligación de las autoridades de los tres órdenes de gobierno para favorecer y contribuir a la necesaria descentralización de la gestión de los recursos y, en general, del sector hídrico.

En la consideración de la necesidad de dar congruencia a dichas reformas, el iniciador propone reformar la fracción XII del artículo 3 de la Ley de Aguas Nacionales, para que diga:

Artículo 3.

I. a XI.

XII. “Comisión Nacional del Agua”: órgano administrativo descentralizado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con funciones de derecho público en materia de gestión de las aguas nacionales y sus bienes públicos inherentes, con autonomía técnica, ejecutiva, administrativa, presupuestal y de gestión, para la consecución de su objeto, la realización de sus funciones y la emisión de los actos de autoridad que conforme a esta ley corresponden tanto a ésta como a los órganos de autoridad a que la misma se refiere;

XIII. a LXVI.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor a los 180 días siguientes a su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales contará con un plazo de 180 días para adecuar su Reglamento Interior con objeto de dar cumplimiento al presente decreto.

Una vez analizados los motivos expuesto por el iniciador, los integrantes de esta comisión dictaminadora expresamos las siguientes

Consideraciones

Esta comisión dictaminadora reconoce la coincidencia existente entre el proyecto de decreto planteado por el diputado Diego Cobo Terrazas en la iniciativa que nos ocupa, y la orientación del proyecto de decreto de reformas de la Ley de Aguas Nacionales de abril de 2003.

En efecto, con el proyecto de decreto de reformas de la Ley de Aguas Nacionales de abril de 2003, el Congreso de la Unión estableció las definiciones necesarias para la adecuada interpretación de la ley, transformando la Comisión Nacional del Agua en un organismo público descentralizado, y tornando las instancias regionales de dicha comisión en organismos de cuenca, como órganos desconcentrados de ella, así como reforzando los consejos de cuenca, atribuyéndoles una gama más amplia de tareas, entre otras.

Sin embargo, el Ejecutivo federal devolvió el proyecto con observaciones a la Cámara de Senadores, como Cámara de origen, para su nueva discusión, dentro del plazo constitucional establecido al efecto.

El Ejecutivo planteó la improcedencia de transformar la Comisión Nacional del Agua en un organismo público descentralizado, argumentando que por no pertenecer este tipo de organismos al Poder Ejecutivo federal, se incurriría en actos de inconstitucionalidad al dotar al organismo descentralizado con facultades exclusivas del Poder Ejecutivo.

Al respecto, el Senado realizó el análisis y los estudios sobre las observaciones planteadas por el Ejecutivo federal, y optó por mantener en la ley la Comisión Nacional del Agua como órgano desconcentrado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, considerando que la descentralización del sector agua podía realizarse con saldo positivo, preservando la instauración de las demás disposiciones contenidas en el proyecto de decreto inherentes a la descentralización del sector agua mexicano.

El nuevo proyecto de decreto aprobado por el Senado de la República fue ratificado con la aprobación de la Cámara de Diputados, y publicado por el Ejecutivo federal el 29 de abril de 2004 en el Diario Oficial de la Federación.

No obstante la determinación del Congreso General de avanzar hacia la desconcentración del aparato gubernamental federal y fortalecer las bases de una descentralización gradual de las tareas de gestión del agua, primero a nivel de región y cuenca para luego seguir hacia la descentralización en beneficio de la participación más amplia y corresponsable de los tres órdenes de gobierno y de la sociedad, la Ley de Aguas Nacionales vigente presenta incongruencias que dificultan su correcta aplicación y exacta observancia, en virtud de que sus disposiciones fueron aprobadas originalmente para un esquema administrativo de descentralización y, en consecuencia, no son coincidentes con las funciones propias de un órgano desconcentrado como la Comisión Nacional del Agua.

Esta comisión dictaminadora reconoce que, en efecto, un organismo descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propios no debe tener atribuciones para otorgar, prorrogar y revocar concesiones e imponer sanciones, cuando estas facultades están atribuidas constitucionalmente al Ejecutivo federal. Diversas tesis jurisprudenciales recientes afirman que la personalidad jurídica y el patrimonio propio de un organismo descentralizado hacen de éste una persona moral que no forma parte del Poder Ejecutivo.

Por otro lado, es de observarse que el artículo 90 constitucional dispone que la administración pública federal será centralizada y paraestatal, conforme a la ley orgánica que expida el Congreso General, la cual distribuirá los negocios del orden administrativo federal que estarán a cargo de las secretarías de Estado, y definirá las bases generales de creación de las entidades paraestatales y la intervención del Ejecutivo federal en su operación.

Así, el artículo 14 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal asigna a los organismos descentralizados negocios del orden administrativo con tres objetos específicos:

1. La realización de actividades correspondientes a las áreas estratégicas y prioritarias, como la extracción, la explotación y el aprovechamiento del petróleo;

2. La prestación de un servicio público o social, como la generación, la distribución y el abasto de energía eléctrica, así como los juegos de lotería y pronósticos para la asistencia pública; y

3. La obtención o aplicación de recursos para fines de asistencia o seguridad social, como los que corresponden al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado o al Instituto Mexicano del Seguro Social.

Esta dictaminadora reconoce que los organismos descentralizados se sitúan en la denominada “descentralización por servicio”, y son empresas públicas en sentido amplio, lo que explica la necesidad de contar con personalidad jurídica y patrimonio propios, necesarios para instaurar sus relaciones con proveedores, clientes y usuarios.

A diferencia de los organismos descentralizados, las autoridades centrales ejercen la personalidad y el patrimonio del Estado, y tienen a su cargo el ejercicio de facultades normativas, de regulación, y de emisión de actos, como el otorgamiento de licencias, permisos y concesiones, así como sus prórrogas o modificaciones y la aplicación de sanciones por incumplimiento de las disposiciones legales aplicables.

En reconocimiento de lo anterior, diversos legisladores presentaron ante el Pleno de la Cámara de Senadores, en sesión ordinaria de 25 de abril de 2006, iniciativa con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales, mediante la cual se adecuan las disposiciones de la ley, eliminando su orientación al esquema de descentralización originalmente planteado, y encaminándolas hacia el correcto funcionamiento del órgano desconcentrado reconocido como autoridad del agua en el nivel nacional, con el propósito de mejorar la administración y gestión integral del recurso hídrico y dar mayor certeza jurídica a los usuarios.

Una vez aprobado el dictamen correspondiente en comisiones, el Senado de la República aprobó el proyecto de decreto contenido en él, en sesión celebrada el 26 de abril de 2006, enviándolo mediante la minuta correspondiente a la Cámara de Diputados, para revisión.

Una vez turnado el asunto a la Comisión de Recursos Hidráulicos de la Cámara de Diputados, ésta elaboró el dictamen con proyecto de decreto correspondiente, en los términos propuestos por la Cámara de Senadores; sin embargo, dicho dictamen no fue del conocimiento del Pleno camaral, quedando como proyecto a disposición de la LX Legislatura.

Los diputados a la LX Legislatura del Congreso de la Unión integrantes de la Comisión de Recursos Hidráulicos aprobamos, con modificaciones, un nuevo dictamen sobre el proyecto de decreto aprobado por el Senado, adecuando las atribuciones de la Comisión Nacional del Agua, los organismos de cuenca y los consejos de cuenca a la naturaleza jurídica de la Comisión Nacional del Agua como órgano desconcentrado, y la de los organismos de cuenca como unidades administrativas adscritas a la comisión, entre otras.

El proyecto de decreto correspondiente fue aprobado por el Pleno de la Cámara de Diputados el 11 de septiembre de 2007, y turnado en la misma fecha al Senado de la República mediante la minuta respectiva, cuyas modificaciones se encuentran en revisión por la Cámara de Senadores.

Por lo expuesto y fundado, la Comisión de Recursos Hidráulicos pone a la consideración del Pleno de la Cámara de Diputados el siguiente

Acuerdo

Primero. Se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma la fracción XII del artículo 3 de la Ley de Aguas Nacionales, presentada por el diputado Diego Cobo Terrazas, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, el 28 de noviembre de 2006.

Segundo. Archívese el asunto como total y definitivamente concluido.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de marzo de 2008.

La Comisión de Recursos Hidráulicos

Diputados: Jesús Manuel Patrón Montalvo (rúbrica), presidente; Antonio Medellín Varela (rúbrica), Apolonio Méndez Meneses (rúbrica), Víctor Manuel Torres Herrera (rúbrica), Lourdes Alonso Flores (rúbrica), Cuitláhuac Condado Escamilla (rúbrica), José Rubén Escajeda Jiménez (rúbrica), Gustavo Ildefonso Mendívil Amparán (rúbrica), secretarios; Pedro Armendáriz García (rúbrica), Edmundo Javier Bolaños Aguilar (rúbrica), Modesto Brito González (rúbrica), Aurora Cervantes Rodríguez, Diego Cobo Terrazas, Felipe González Ruiz (rúbrica), David Lara Compeán (rúbrica), Alma Lilia Luna Munguía, Fausto Fluvio Mendoza Maldonado (rúbrica), Irineo Mendoza Mendoza (rúbrica), Pedro Montalvo Gómez (rúbrica), Héctor Hugo Olivares Ventura (rúbrica), Antonio Ortega Martínez (rúbrica), José Inés Palafox Núñez, Francisco Javier Paredes Rodríguez, Santiago Gustavo Pedro Cortés (rúbrica), Héctor Manuel Ramos Covarrubias (rúbrica), Ramón Salas López (rúbrica), Martín Stefanonni Mazzocco (rúbrica), Gerardo Octavio Vargas Landeros (rúbrica), Jesús Cuauhtémoc Velasco Oliva (rúbrica), César Augusto Verástegui Ostos (rúbrica).

De la Comisión de Recursos Hidráulicos, con punto de acuerdo por el que se desecha la iniciativa que deroga el artículo 124 y adiciona el 125 de la Ley de Aguas Nacionales

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Recursos Hidráulicos de la Cámara de Diputados le fue turnada, para su estudio y dictamen, la iniciativa con proyecto de decreto que deroga el artículo 124 y adiciona el artículo 125 de la Ley de Aguas Nacionales.

Antecedentes

1. En sesión ordinaria de la Cámara de Diputados celebrada el 5 de abril de 2005, el diputado Jesús González Schmal presentó iniciativa con proyecto de decreto que deroga el artículo 124 y adiciona el artículo 125 de la Ley de Aguas Nacionales.

2. En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva dictó trámite, turnando el asunto, para su análisis y dictamen, a la Comisión de Recursos Hidráulicos.

Esta comisión dictaminadora procedió al análisis de la iniciativa, objeto de este dictamen, atendiendo el siguiente

Contenido de la iniciativa

En la exposición de motivos de la iniciativa que nos ocupa, el iniciador señala que el artículo 124 de la Ley de Aguas Nacionales es contrario a las hipótesis normativas de los artículos 14, 16, 71 y 72 constitucionales.

Refiere que el artículo 16 constitucional establece que nadie podrá ser molestado sino en virtud de mandamiento de autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento.

Que el artículo 124 de la Ley de Aguas Nacionales fue derogado por el artículo segundo transitorio de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo el 1o. de junio de 1995.

Y que posterior a esta fecha, este honorable Congreso de la Unión no ha decretado la adición a la Ley de Aguas Nacionales, del artículo 124; c), y sin embargo, el día 30 de abril de 2004 se reforma el artículo 124, inexistente.

Refiere que la situación particular de este precepto es la siguiente: a partir del 1o. de junio de 1995, fecha de su derogación, el artículo 124 dejó de existir. Lo que antes de esta fecha era un precepto del cuerpo legal atinente, pasó a ser la nada jurídica, dejó de existir en el mundo del derecho. Los principios generales de la lógica natural, que rigen por igual en el campo de la lógica jurídica, establecen que una misma cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo; y también, que prius este esse quam taliter esse (primero es ser, antes que ser de tal o cual manera).

Lo que se traduce por igual que aquello que no existe no puede ser reformado debido a que se estaría actualizando lo contradictorio : que el artículo 124 no existe y que sí existe, al mismo tiempo, toda vez que se está reformando ; sólo se puede reformar lo que ya existe y tiene una determinada forma que admite la reforma. A lo inexistente no se le puede cambiar la forma que no tiene (no se puede reformar). Lo que no existe no puede –lógica y jurídicamente– ser reformado.

Por ello, considera que el artículo 124, inexistente, no puede ser reformado. Esta es la premisa de base que estimamos incontrovertible. La consecuencia de esta premisa es la que interesa principalmente: ni el honorable Congreso de la Unión ni el ciudadano presidente de la república se ocuparon en ofrecer la motivación del acto consistente en la reforma del artículo 124, en cita. Motivación que era urgente y necesaria, tomando en cuenta que el artículo que se está reformando había sido previamente derogado. Las autoridades legislativa y ejecutiva fueron absolutamente omisas en motivar el por qué determinan y decretan que un artículo inexistente sea reformado. No ofrecen explicación alguna –ni lógica ni jurídica– que explique el absurdo consistente en cambiar la forma de un artículo que no tiene forma alguna, debido a que no existe. La emisión y la promulgación de la reforma del artículo 124 de la Ley de Aguas Nacionales es un dislate jurídico ya que actualiza los términos del principio de contradicción: el artículo 124 no es y sí es, al mismo tiempo; no es, porque fue derogado, sí es, porque se está reformando.

Por otro lado, señala que el artículo 14 constitucional establece que nadie podrá ser privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos sino mediante procedimiento en el que se cumplan las formalidades esenciales.

Refiere que la reforma de un artículo implica su previa existencia, o la previa recreación en caso de hubiere sido derogado y dado que el artículo 124, derogado el 1o. de junio de 1995, no ha sido formalmente adicionado a la Ley de Aguas Nacionales, su reforma implica una adición tácita, ya que de otra manera, este artículo no admite –ni lógica ni jurídicamente– reforma alguna.

Según el iniciador, la reforma al artículo 124 constituye una clara contravención a la hipótesis normativa del artículo 14, relacionado con los artículos 71 y 72, todos ellos de la Constitución Federal. La reforma del artículo 124 de la Ley de Aguas Nacionales implica que este precepto fue recreado por un procedimiento legislativo diverso al establecido en los artículos 71 y 72 constitucionales, lo cual evidentemente constituye un flagrante incumplimiento a las formalidades esenciales del procedimiento establecido en la Constitución para la iniciativa, discusión, aprobación y creación de una ley.

En conclusión, el iniciador estima que la emisión y promulgación de la reforma del artículo 124 de la Ley de Aguas Nacionales son manifiestamente contrarias a las hipótesis normativas de las normas constitucionales (artículos 14 y 16), en cuanto al marco de sus contenidos y alcances. Lo que se traduce en que el actual artículo 124 de la Ley de Aguas Nacionales, reformado el 30 de abril de 2004, es inconstitucional.

Con base en los motivos expuestos en la iniciativa, el iniciador propone el siguiente proyecto de

Decreto

Artículo Único. Se deroga el artículo 124 y se adiciona el artículo 125 de la Ley de Aguas Nacionales, para quedar como sigue:

Artículo 124. Derogado.

Artículo 125. Los interesados afectados por los actos, omisiones o resoluciones de las autoridades administrativas de la materia, que pongan fin al procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente, podrán interponer el recurso administrativo de revisión en los términos y de conformidad con las disposiciones establecidas en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

Los integrantes de esta comisión dictaminadora, previo al estudio de la iniciativa objeto de este dictamen, exponemos las siguientes

Consideraciones de la Comisión de Recursos Hidráulicos

Los integrantes de esta comisión dictaminadora estimamos:

1. La disposición contenida en el artículo 124 de la Ley de Aguas Nacionales vigente, no contraviene las hipótesis normativas establecidas en los artículos 14, 16, 71 y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En efecto, las disposiciones del artículo 124 de la Ley de Aguas Nacionales vigente, establecidas mediante el decreto de reformas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de abril de 2004, señalan la procedencia del recurso administrativo contra actos o resoluciones definitivas de la “autoridad del agua” que causen agravio a los particulares, fijando el plazo de 15 días para su interposición, y señalando el objeto del recurso, así como los elementos que debe contener el fallo que sobre el mismo dicte la autoridad revisora.

Asimismo, señalan que, en el caso del recurso interpuesto contra el acto de imposición de multas, se suspenderá la ejecución de estas hasta que se resuelva el recurso, siempre y cuando se garantice su pago en los términos previstos en las disposiciones fiscales.

Es de observarse que estas disposiciones no constituyen de manera alguna actos de autoridad que puedan privar a alguien de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos; o que puedan molestar a alguien en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones. De tal manera, las disposiciones del artículo 124 no constituyen en sí mismas violación a las garantías de legalidad y audiencia, previstas en los artículos 14 y 16 constitucionales.

Por otro lado, el proceso legislativo del cual emanó el decreto de reformas a la Ley de Aguas Nacionales, publicado el 29 de abril de 2004, cumplió estricta y cabalmente con lo dispuesto en los artículos 71 y 72 constitucionales, en virtud de que las iniciativas que dieron lugar al proceso fueron presentadas por senadores al Congreso de la Unión en ejercicio del derecho que les compete, conforme lo dispone el artículo 71, fracción II, de nuestra Carta fundamental.

Asimismo, el proyecto de decreto se discutió y aprobó sucesivamente en ambas Cámaras del Congreso General, en estricta observancia al proceso legislativo establecido en el artículo 72 de la Constitución Federal, incluido el procedimiento legislativo recaído sobre la devolución del proyecto con las observaciones hechas por el Ejecutivo federal, así como la nueva revisión y aprobación por ambas Cámaras del Congreso, con la mayoría calificada que el propio artículo 72 establece.

2. Reconocemos que en técnica parlamentaria, si bien es usual la expresión “derogación de artículos”, también es usual la expresión “derogación de disposiciones”, para el mismo objeto.

Independientemente del uso de una u otra expresión en el proyecto de decreto de que se trate, lo que se deroga es el precepto o disposición establecida en un artículo determinado; en consecuencia, el artículo (numeral) subsiste en el ordenamiento jurídico seguido del término “derogado”, con el cual se establece la disposición derogatoria aprobada por el Congreso sobre el precepto que se establecía en dicho artículo, señalando que la disposición derogada ha dejado de tener vida jurídica, que ya no está vigente y que no es exigible su aplicación u observancia.

De tal manera, el Congreso de la Unión, para generar una nueva disposición que dada su naturaleza temática deba ser ubicada o establecida en el lugar que ocupó una disposición derogada, no tiene impedimento legal o constitucional alguno para reformar la disposición derogatoria de una norma jurídica, sustituyendo el término “derogado” con la nueva disposición requerida, y se trata de una reforma, porque si, como estima el iniciador, se tratara de una adición, subsistiría el término “derogado”.

Así, aun en el supuesto de que el artículo segundo transitorio de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo en vigor, a partir del 1o. de junio de 1995, hubiera derogado el artículo 124 de la Ley de Aguas Nacionales, la reforma a este artículo mediante el decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 29 de Abril de 2004, sería igualmente una reforma válida, pues en el proceso legislativo se observaron las formalidades constitucionales y legales para su creación y entrada en vigor.

Sin embargo, es pertinente interpretar debidamente lo dispuesto en el artículo segundo transitorio de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, que a la letra dice:

Segundo. Se derogan todas las disposiciones que se opongan a lo establecido en esta ley, en particular los diversos recursos administrativos de las diferentes leyes administrativas en las materias reguladas por este ordenamiento. Los recursos administrativos en trámite a la entrada en vigor de esta ley se resolverán conforme a la ley de la materia.

De lo anterior se desprende que la disposición transcrita deroga los diversos recursos administrativos de las diferentes leyes, en tanto se opongan a lo establecido en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; es decir, deroga los recursos de reconsideración o reclamación, establecidos en las diferentes leyes, por no estar previstos en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, pero no deroga el recurso de revisión de las diversas leyes, cuando sus disposiciones guardan congruencia con las relativas al recurso de revisión establecidas en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

De ahí, la consideración de esta comisión dictaminadora en el sentido de reconocer la constitucionalidad y validez de las disposiciones establecidas en el artículo 124 de la Ley de Aguas Nacionales, vigente, pues ilustran jurídicamente a los sujetos de ésta sobre generalidades del recurso de revisión, sin transgresión alguna a las disposiciones de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y generando mayor certeza a los gobernados.

Por lo anterior expuesto y fundado, la Comisión de Recursos Hidráulicos pone a la consideración del honorable Pleno de la Cámara de Diputados el siguiente

Acuerdo

Primero. Se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que deroga el artículo 124 y adiciona el artículo 125 de la Ley de Aguas Nacionales, presentada por el diputado Jesús González Schmal, del Grupo Parlamentario de Convergencia, el 5 de abril de 2005.

Segundo. Archívese el asunto como total y definitivamente concluido

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de marzo de 2008.

La Comisión de Recursos Hidráulicos

Diputados: Jesús Manuel Patrón Montalvo (rúbrica), Antonio Medellín Varela (rúbrica), Apolonio Méndez Meneses (rúbrica), Víctor Manuel Torres Herrera (rúbrica), Lourdes Alonso Flores (rúbrica), Cuitláhuac Condado Escamilla (rúbrica), José Rubén Escajeda Jiménez (rúbrica), Gustavo Ildefonso Mendívil Amparán (rúbrica), Pedro Armendáriz García (rúbrica), Edmundo Javier Bolaños Aguilar (rúbrica), Modesto Brito González (rúbrica), Aurora Cervantes Rodríguez, Diego Cobo Terrazas, Felipe González Ruíz (rúbrica), David Lara Compeán (rúbrica), Alma Lilia Luna Munguía, Fausto Fluvio Mendoza Maldonado (rúbrica), Irineo Mendoza Mendoza (rúbrica), Pedro Montalvo Gómez (rúbrica), Héctor Hugo Olivares Ventura (rúbrica), Antonio Ortega Martínez (rúbrica), José Inés Palafox Núñez, Francisco Javier Paredes Rodríguez, Santiago Gustavo Pedro Cortés (rúbrica), Héctor Manuel Ramos Covarrubias (rúbrica), Ramón Salas López (rúbrica), Martín Stefanonni Mazzocco (rúbrica), Gerardo Octavio Vargas Landeros (rúbrica), Jesús Cuauhtémoc Velasco Oliva (rúbrica), César Augusto Verástegui Ostos (rúbrica).

De las Comisiones Unidas de Gobernación, y de Turismo, con punto de acuerdo por el que se desecha la iniciativa que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de las Leyes de Información Estadística y Geográfica, y Federal de Turismo

Honorable Asamblea:

A las Comisiones Unidas de Gobernación y Turismo de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión de la LX Legislatura les fue turnada, para su estudio y dictamen, la iniciativa por el que se reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley de Información Estadística y Geográfica y de la Ley Federal de Turismo, a cargo del diputado Raúl Piña Horta, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Estas comisiones unidas, con fundamento por lo dispuesto en los artículos 39, numerales 1y 2, fracción XXXIX, y 3 y 45, numerales 6, incisos e) y f), y 7 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 60, 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a la consideración de los integrantes de esta honorable asamblea el presente dictamen bajo los siguientes

Antecedentes

Primero. En sesión ordinaria celebrada por el Pleno de la Cámara de Diputados el 14 de febrero de 2006, el diputado Raúl Piña Horta, integrante del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presentó la iniciativa que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley de Información Estadística y Geográfica y de la Ley Federal de Turismo.

Segundo. En esta misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados acordó que se turnará la propuesta a las Comisiones Unidas de Gobernación y Turismo para su estudio y dictamen correspondiente.

Tercero. El 28 de noviembre de 2007, los integrantes de la Comisión de Turismo aprobaron el presente dictamen en sentido negativo.

Cuarto. El 5 de marzo de 2008, los integrantes de la Comisión de Gobernación aprobaron el presente dictamen, en sentido negativo.

Contenido de la iniciativa

El iniciador menciona que actualmente la legislación federal necesita en su conjunto armonizar dinámicamente las necesidades de información para desarrollar e impulsar la producción, distribución y fomento del turismo en nuestro país.

El diputado proponente expresa que existen necesidades actuales en materia de estadísticas turísticas, ya que no sólo los gobiernos nacionales requieren datos sobre aspectos específicos del turismo, ahora los particulares, los profesionales, así como los investigadores demandan la información sobre una gama muy diversa de temas que engloban al turismo.

El proponente, a su vez, expone que el turismo se entiende como el flujo de personas que demandan bienes y servicios, así también como un proceso de transferencia de riqueza e incremento de ingresos y, por ello, es necesaria la revisión y actualización del marco normativo que regula los aspectos informáticos, estadísticos y geográficos con objeto de que queden debidamente establecidos los mecanismos que garanticen que la información se encuentra debidamente clasificada e identificada.

Es así que con ello, el exponente pretende agilizar el ejercicio de las normas que regulan las actividades de los particulares y evitar la discrecionalidad en los actos y procedimientos administrativos a fin de lograr una adecuación unitaria, transparente, legal, congruente y sistemática, conjuntado en un solo cuerpo de normas diversos procedimientos de la materia administrativa, con la intención de garantizar la actuación de la autoridad al emitir sus resoluciones al proponer la revisión en los aspectos de verificación y recursos en contra de las resoluciones que dicte la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de acuerdo con lo establecido en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

Con lo anterior, el diputado proponente pretende que en la Ley Federal de Turismo quede señalado como facultad expresa del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, en coordinación con la Secretaría de Turismo y el Banco de México, a llevar a cabo la recopilación, el procesamiento y la difusión de la información turística generada con base en la aplicación de los instrumentos que se proponen.

Asimismo que en la reglamentación que le otorgue el gobierno federal debe existir la composición de una “cuenta satélite” que tenga como fin la identificación de la participación real de la actividad turística en la economía nacional, así como vincular a la industria turística con los demás sectores productivos. También dicha cuenta deberá señalar los diferentes niveles de agregación para los indicadores turísticos, describir los flujos monetarios del turismo dentro de las fronteras del país y ampliar la base informática para la toma de decisiones sobre el sector turístico nacional.

Consideraciones

Primero. El autor de la iniciativa propone recopilar, procesar y difundir la información turística generada con base en la aplicación de una “cuenta satélite”, que tenga como fin la identificación de la participación de la actividad turística en la economía nacional, así como vincular a la industria turística con los demás sectores productivos, y que se faculte al Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, en coordinación con la Secretaría de Turismo y el Banco de México, para la realización de dicho fin.

Segundo. Las comisiones dictaminadoras, tras el estudio de la iniciativa, consideran que el objetivo de ésta se encuentra ya operando por el Ejecutivo federal a través de la Secretaría de Turismo y el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), ya que conscientes éstos, de la importancia económica y social que tiene el sector turismo para el país, decidieron conjuntar esfuerzos con la finalidad de avanzar en la integración de un sistema de información macroeconómica que permita dimensionar específicamente la contribución de las actividades turísticas en la economía.

Tercero. Para la realización de este sistema de información, se tomaron en cuenta las recomendaciones internacionales emanadas del tercer borrador de la cuenta satélite del turismo que en 1996 publicó la Organización Mundial del Turismo (OMT). De la misma manera, se consideraron los lineamientos del Sistema de Cuentas Nacionales 1993 (SCN 1993), manual difundido y elaborado conjuntamente por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el Banco Mundial (BM), la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la Comisión de Comunidades Europeas (Eurostat).

Cuarto. Los resultados obtenidos sobre las actividades relacionadas con el turismo en esta cuenta permiten medir la importancia que este sector tiene en la economía, tanto a nivel del total del país como en las actividades en las que participa. Esta cuantificación se logra mediante el cálculo de agregados macroeconómicos similares a los que se incluyen en la contabilidad nacional, ampliándose así la base informativa del turismo.

Por lo antes expuesto, los diputados integrantes de las Comisiones Unidas de Gobernación y de Turismo someten a la consideración del Pleno de esta honorable asamblea el siguiente

Acuerdo

Primero. Se desecha la iniciativa que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley de Información Estadística y Geográfica y de la Ley Federal de Turismo, presentada por el diputado Raúl Piña Horta el 14 de febrero de 2006.

Segundo. Archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido.

Palacio Legislativo de San Lázaro.- México, Distrito Federal, a 5 de marzo de 2008.

La Comisión de Gobernación

Diputados: Diódoro Carrasco Altamirano (rúbrica), presidente; Juan Enrique Barrios Rodríguez (rúbrica), Rogelio Carbajal Tejada (rúbrica), Valentina Valia Batres Guadarrama (rúbrica), Alberto Amador Leal (rúbrica), Alfonso Rolando Izquierdo Bustamante (rúbrica), Manuel Portilla Diéguez (rúbrica), Layda Elena Sansores San Román (rúbrica), secretarios; Carlos Armando Biebrich Torres, César Octavio Camacho Quiroz (rúbrica), Ricardo Cantú Garza, Ariel Castillo Nájera, Jesús de León Tello (rúbrica), María del Carmen Fernández Ugarte (rúbrica), Javier Hernández Manzanares, Juan Darío Lemarroy Martínez, Miguel Ángel Monraz Ibarra (rúbrica), Mario Eduardo Moreno Álvarez (rúbrica), Adolfo Mota Hernández (rúbrica), María del Pilar Ortega Martínez (rúbrica), Luis Gustavo Parra Noriega, Raciel Pérez Cruz, Gerardo Priego Tapia (rúbrica), José Jesús Reyna García, Salvador Ruiz Sánchez (rúbrica), Francisco Javier Santos Arreola (rúbrica), Rosa Elva Soriano Sánchez, Alberto Vázquez Martínez, Gerardo Villanueva Albarrán (rúbrica en abstención), Javier Martín Zambrano Elizondo (rúbrica).

La Comisión de Turismo

Diputados: Octavio Martínez Vargas (rúbrica), presidente; Martha Angélica Romo Jiménez, Francisco Dávila García (rúbrica), Yolanda Mercedes Garmendia Hernández (rúbrica), Amador Campos Aburto (rúbrica), Rosa Elva Soriano Sánchez, Sara Latife Ruiz Chávez, José Luis Varela Lagunas, Armando García Méndez, secretarios; Armando Enríquez Flores, Eduardo Elías Espinoza Abuxapqui (rúbrica), Rafael Franco Melgarejo, Francisco Javier Gudiño Ortiz, Joel Guerrero Juárez (rúbrica), Olga Patricia Chozas y Chozas (rúbrica), Benjamín Hernández Silva (rúbrica), Juana Leticia Herrera Ale (rúbrica), Addy Cecilia Joaquín Coldwell, María Soledad López Torres (rúbrica), Eduardo Felton González, Lorenzo Daniel Ludlow Kuri (rúbrica), Francisco Márquez Tinoco (rúbrica), Gilberto Ojeda Camacho (rúbrica), Juan Adolfo Orcí Martínez, José Ascención Orihuela Bárcenas (rúbrica), Héctor Manuel Ramos Covarrubias (rúbrica), Bertha Yolanda Rodríguez Ramírez, Sara Shej Guzmán, Adriana Rodríguez Vizcarra, Adriana Rebeca Vieyra Olivares (rúbrica).

De las Comisiones Unidas de Gobernación, y de Turismo, con punto de acuerdo por el que se desecha la iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Juegos y Sorteos

Honorable Asamblea:

A las Comisiones Unidas de Gobernación y de Turismo de la honorable Cámara de Diputados, les fue turnada para su estudio y dictamen la iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Juegos y Sorteos.

Estas comisiones unidas con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39 y 45 numeral 6, incisos e) y f) y numeral 7, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 56, 60, 65, 87, 88, 90, 93 y 94 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y habiendo analizado el contenido de la iniciativa de referencia, someten a la consideración de esta honorable asamblea el presente dictamen en sentido negativo, basándonos en los siguientes:

Antecedentes

Primero. En sesión celebrada por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, el 14 de noviembre de 2006, el diputado Juan Francisco Rivera Bedoya, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en la fracción II del artículo 71 constitucional y los artículos 56, 62 y 63 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentó la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Juegos y Sorteos, a fin de “involucrar directamente a las autoridades locales en la toma de decisiones por parte de la Secretaría de Gobernación, en el otorgamiento de permisos para instalar centros de apuesta en las distintas entidades federativas”.

Segundo. En esa misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, acordó que dicha iniciativa se turnara a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Turismo para su estudio y dictamen.

Tercero. Con fecha 22 de mayo de 2007, los integrantes de la Comisión de Turismo aprobaron el presente dictamen, en sentido negativo.

Cuarto. Con fecha 5 de marzo de 2007, los integrantes de la Comisión de Gobernación aprobaron el presente dictamen, en sentido negativo.

Contenido de la iniciativa

I. La iniciativa que se dictamina pretende dotar de mayores atribuciones y facultades a las entidades federativas y los municipios, para lo cual pretende demostrar que existe un problema que no ha sido resuelto toda vez que aborda a un fenómeno novedoso en el que los sorteos y las apuestas son de carácter permanente y los que, de no regularse adecuadamente, conllevan la posibilidad de la alteración de la convivencia social, y aun la familiar, en razón de la adicción que el juego puede ocasionar o las actividades colaterales que se pueden manifestar dependiendo de la actividad específica que se desarrolle.

Por ello, el legislador pretende realizar las modificaciones y adiciones a los artículos 2o., 3o., 4o., 5o. párrafos primero y segundo, 7o., 11, 12 fracciones I y II, y 13 fracción I de la Ley Federal de Juegos y Sorteos.

II. La reforma que se propone los artículos anteriormente expuestos de la Ley Federal de Juegos y Sorteos consisten en adicionar texto a los párrafos de los artículos y de algunas fracciones, dándole facultad a los estados y municipios para que, antes de autorizar y permitir la realización de juegos, sorteos y demás situaciones, primeramente se verifique desde el uso de suelo del lugar, hasta de autorizar y permitir los juegos a que hace referencia dicho artículo, por lo cual el legislador propone la siguiente redacción:

“Artículo 2. Sólo podrán permitirse en los lugares cuyo uso de suelo esté destinado para tal fin y con autorización del cabildo del lugar, previo a la emisión del permiso correspondiente:

...

Artículo 3. Corresponde al Ejecutivo federal, por conducto de la Secretaría de Gobernación, la reglamentación, y con la participación de las autoridades estatales y municipales, autorización, control y vigilancia de los juegos cuando en ellos medien apuestas de cualquier clase; así como de los sorteos, con excepción del de la Lotería Nacional, que se regirá por su propia ley.

Artículo 4. No podrá establecerse ni funcionar ninguna casa, o lugar abierto o cerrado, en que se practiquen juegos con apuestas ni sorteos, de ninguna clase, sin permiso de la Secretaría de Gobernación quien en todo caso deberá contar con la autorización previa del cabildo del lugar correspondiente; ésta fijará en cada caso los requisitos y condiciones que deberán cumplirse, con base en la autorización emitida por el cabildo.

Artículo 5. En los permisos y autorizaciones que conceda, independientemente de los impuestos que al efecto determinen las leyes fiscales correspondientes, la Secretaría de Gobernación señalará la participación que, de los productos obtenidos por el permisionario, deba corresponder al gobierno federal y a las autoridades estatales municipales, que serán en todo caso al menos 50 por ciento para estas últimas en forma proporcional. Esta participación será destinada al mejoramiento de los establecimientos de Prevención Social y de Asistencia, dependientes de las Secretarías de Gobernación y de Salubridad y Asistencia, y sus correspondientes en el ámbito local, que se expresen en los permisos que se otorguen.

Artículo 7. La Secretaría de Gobernación ejercerá la vigilancia y control de los juegos con apuestas y sorteos, así como el cumplimiento de esta ley, por medio de los inspectores que designe de común acuerdo con las autoridades locales.

...

Artículo 11. La Secretaría de Gobernación queda facultada para autorizar, previo acuerdo del cabildo del lugar, en las ferias regionales, el cruce de apuestas en los espectáculos que determine el reglamento de esta ley.

Artículo 12. Se impondrá prisión de tres meses a tres años y multa de quinientos a diez mil pesos, y destitución de empleo en su caso:

A los empresarios, gerentes, administradores, encargados y agentes de loterías o sorteos que operen estos giros y no cuenten con autorización legal. No quedan incluidos en esta disposición los que hagan rifas entre amigos y parientes;

A los dueños, organizadores, gerentes o administradores de casa o local, abierto o cerrado, en que se efectúen juegos prohibidos o con apuestas, sin la autorización de la Secretaría de Gobernación y el previo acuerdo del cabildo local, así como a los que participen en la empresa en cualquier forma;

...

Artículo 13. Se aplicará prisión de un mes a dos años y multa de cien a cinco mil pesos:

I. A los que alquilen a sabiendas un local para juegos prohibidos, o con apuestas, o para efectuar sorteos sin permiso de la Secretaría de Gobernación y el previo acuerdo del cabildo local, en términos de la presente ley;

...

Establecidos los antecedentes y el contenido de la iniciativa, los miembros de las Comisiones Unidas de Gobernación y de Turismo de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados que suscriben el presente dictamen, exponemos las siguientes:

Consideraciones

Primera. Congruente con el antecedente Segundo, estas comisiones unidas son competentes para conocer el tema, de conformidad con el turno recibido.

Segunda. Para estar en posibilidad de realizar el presente dictamen apegado a la legalidad y de conformidad al marco jurídico vigente, fue necesario remitirnos a la ley en vigor en los artículos que pretenden ser reformados por el legislador proponente, la cual nos arrojó lo siguiente:

Artículo 2. Sólo podrán permitirse:

I. El juego de ajedrez, el de damas y otros semejantes; el de dominó, de dados, de boliche, de bolos y de billar; el de pelota en todas sus formas y denominaciones; las carreras de personas, de vehículos y de animales, y en general toda clase de deportes;

II. Los sorteos.

Los juegos no señalados se considerarán como prohibidos para esta ley.

Artículo 3. Corresponde al Ejecutivo federal, por conducto de la Secretaría de Gobernación, la reglamentación, autorización, control y vigilancia de los juegos cuando en ellos medien apuestas de cualquier clase; así como de los sorteos, con excepción del de la Lotería Nacional, que se regirá por su propia ley.

Artículo 5. En los permisos que conceda, independientemente de los impuestos que al efecto determinen las leyes fiscales correspondientes, la Secretaría de Gobernación señalará la participación que, de los productos obtenidos por el permisionario, deba corresponder al gobierno federal. Esta participación será destinada al mejoramiento de los establecimientos de prevención social y de asistencia, dependientes de las Secretarías de Gobernación y de Salubridad y Asistencia, que se expresen en los permisos que se otorguen.

Artículo 7. La Secretaría de Gobernación ejercerá la vigilancia y control de los juegos con apuestas y sorteos, así como el cumplimiento de esta ley, por medio de los inspectores que designe.

Con el mismo fin podrá integrar los organismos o comisiones que estime convenientes, y los que funcionarán de acuerdo con las atribuciones que les señalen las disposiciones reglamentarias de esta ley, así como las que dicte la citada secretaría.

Artículo 11. La Secretaría de Gobernación queda facultada para autorizar, en las ferias regionales, el cruce de apuestas en los espectáculos que determine el reglamento de esta ley.

Artículo 12. Se impondrá prisión de tres meses a tres años y multa de quinientos a diez mil pesos, y destitución de empleo en su caso:

I. A los empresarios, gerentes, administradores, encargados y agentes de loterías o sorteos que no cuenten con autorización legal. No quedan incluidos en esta disposición los que hagan rifas entre amigos y parientes;

II. A los dueños, organizadores, gerentes o administradores de casa o local, abierto o cerrado, en que se efectúen juegos prohibidos o con apuestas, sin la autorización de la Secretaría de Gobernación, así como a los que participen en la empresa en cualquier forma;

III. A los que, sin autorización de la Secretaría de Gobernación, de cualquier modo intervengan en la venta o circulación de billetes o participaciones de lotería o juegos con apuestas que se efectúen en el extranjero;

IV. A los funcionarios o empleados públicos que autoricen juegos prohibidos, los protejan o asistan a locales en donde se celebren siempre que en éste último caso no lo hagan en cumplimiento de sus atribuciones.

Artículo 13. Se aplicará prisión de un mes a dos años y multa de cien a cinco mil pesos:

I. A los que alquilen a sabiendas un local para juegos prohibidos, o con apuestas, o para efectuar sorteos sin permiso de la Secretaría de Gobernación;

II. A los jugadores y espectadores que asistan a un local en donde se juegue en forma ilícita.

Tercera. El artículo 73 fracción X de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos faculta al Congreso a legislar en toda la república sobre hidrocarburos, minería, industria cinematográfica, comercio, juegos con apuestas y sorteos, intermediación y servicios financieros, energía eléctrica y nuclear, y para expedir las leyes del trabajo reglamentarias del artículo 123.

Dicha facultad, como se indica en el texto, es para legislar en toda la república, por lo que el Congreso de la Unión expidió una Ley Federal de Juegos y Sorteos.

La naturaleza federal de las leyes no está inserta en las competencias federal y local, sino que crea el ámbito estricto y exclusivamente federal que sería desarrollado e implantado por autoridades federales sin tener que ser complementadas por la legislación o ejecución de los Estados. 1

Este purismo federal está precisado a nivel constitucional en la disposición vigente establecida en el artículo 124 constitucional referente a que las facultades que no estén expresamente concedidas a los funcionarios federales, se entienden reservadas a los estados, y atendiendo a la disposición constitucional ya expresada, la materia de juegos y sorteos es una facultad concedida a los funcionarios federales.

De este modo, las propuestas que hace el legislador para incluir a los estados y a los municipios en la materia de juegos y sorteos, no corresponden al sentido y espíritu jurídico que contienen las leyes federales. Dichas propuestas serían adecuadas si la ley que se dictamina no fuese federal, sino más bien general .

Por ley general debe entenderse aquella legislación que disponga los principios generales de una materia, susceptible de ser complementada por legislaciones estatales o que distribuya las competencias entre la federación, estados y municipios sobre una materia determinada. Lo que representa la concurrencia entre los órdenes de gobierno 2 .

Por tanto, se concluye que las reformas y adiciones propuestas en la iniciativa materia de este dictamen, son jurídicamente inviables para establecerse en una legislación cuya particularidad es su carácter federal.

Por lo anteriormente expuesto, los diputados integrantes de las Comisiones Unidas de Gobernación y de Turismo sometemos a la consideración de la asamblea el siguiente:

Acuerdo

Primero. Se desecha la iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Juegos y Sorteos presentada por el diputado Juan Francisco Rivera Bedoya, el 14 de noviembre de 2006.

Segundo. Archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido.

Notas

1) González Oropeza, Manuel. Conceptualización Histórica Legislativa.

2) Ibidem.

Palacio Legislativo de San Lázaro.- México, Distrito Federal a 5 de marzo de 2008.

La Comisión de Gobernación

Diputados: Diódoro Carrasco Altamirano (rúbrica), presidente; Juan Enrique Barrios Rodríguez (rúbrica), Rogelio Carbajal Tejada (rúbrica), Valentina Valia Batres Guadarrama (rúbrica), Narciso Alberto Amador Leal (rúbrica), Alfonso Rolando Izquierdo Bustamante (rúbrica), Manuel Portilla Diéguez (rúbrica), Layda Elena Sansores San Román (rúbrica), secretarios; Carlos Armando Biebrich Torres, César Octavio Camacho Quiroz (rúbrica), Ricardo Cantú Garza, Ariel Castillo Nájera, Jesús de León Tello (rúbrica), María del Carmen Fernández Ugarte (rúbrica), Javier Hernández Manzanares, Juan Darío Lemarroy Martínez, Miguel Ángel Monraz Ibarra (rúbrica), Mario Eduardo Moreno Álvarez (rúbrica), Adolfo Mota Hernández (rúbrica), María del Pilar Ortega Martínez (rúbrica), Luis Gustavo Parra Noriega, Raciel Pérez Cruz, Gerardo Priego Tapia (rúbrica), José Jesús Reyna García, Salvador Ruiz Sánchez (rúbrica), Francisco Javier Santos Arreola (rúbrica), Rosa Elva Soriano Sánchez, Alberto Vázquez Martínez, Gerardo Villanueva Albarrán (rúbrica en abstención), Javier Martín Zambrano Elizondo (rúbrica).

La Comisión de Turismo

Diputados: Octavio Martínez Vargas (rúbrica), presidente; Martha Angélica Romo Jiménez (rúbrica), Francisco Dávila García (rúbrica), Yolanda Mercedes Garmendia Hernández (rúbrica), Amador Campos Aburto (rúbrica), Rosa Elva Soriano Sánchez (rúbrica), Sara Latife Ruiz Chávez (rúbrica), María del Carmen Salvatori Bronca (rúbrica), Armando García Méndez (rúbrica), secretarios; Armando Enríquez Flores (rúbrica), Eduardo Elías Espinoza Abuxapqui, Carlos Eduardo Felton González, Rafael Franco Melgarejo, Francisco Javier Gudiño Ortiz (rúbrica), Joel Guerrero Juárez (rúbrica), Manuel Portilla Diéguez, (rúbrica), Benjamín Hernández Silva (rúbrica), Juana Leticia Herrera Ale, Addy Cecilia Joaquín Coldwell, María Soledad López Torres, Lorenzo Daniel Ludlow Kuri, Francisco Márquez Tinoco (rúbrica), Gilberto Ojeda Camacho, Juan Adolfo Orcí Martínez (rúbrica), José Ascención Orihuela Bárcenas (rúbrica), Héctor Manuel Ramos Covarrubias (rúbrica), Bertha Yolanda Rodríguez Ramírez (rúbrica), Sara Shej Guzmán, Adriana Rodríguez Vizcarra (rúbrica), Adriana Rebeca Vieyra Olivares.