El que suscribe, Óscar González Morán, en mi calidad de diputado federal en la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, por este conducto solicito respetuosamente a la presidencia de esta honorable Cámara de Diputados, con fundamento en el artículo 23, numeral 1, inciso f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someta a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la Semarnat, a que en el ámbito de su competencia y en el marco de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, se establezca sistemas de deposito-reembolso para envases de polientereftalato, a fin de disminuir la generación de este tipo de materiales contaminantes, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Los problemas ambientales que presenta actualmente nuestro país, son en buena medida por la alta generación de plásticos que después de su uso primario, quedan sin utilización ni reciclaje, siendo los plásticos elementos de alto valor en la reutilización y el reciclaje, y esto una actividad que bien podría disminuir considerablemente la generación de ellos.
Para el año 2005, la producción per cápita de basura en México es de 0.911 kilogramos. Sin embargo, esta cantidad incrementa en las zonas metropolitanas y que es en donde se concentra el problema de los residuos sólidos (INEGI, 2005).
La generación de basura anual para México es de 35 millones 383 mil 100 toneladas, y 2 mil 162 toneladas de plásticos (INEGI, 2005), que son arrojadas de manera indiscriminada en un alto porcentaje en las calles y en basureros sin control y sin que se pueda dar remedio mientras que la generación de estos materiales no disminuya de manera considerable.
El incremento de la producción y el consumo de PET, ha sido en buena medida por el alto consumo de refresco que se da en México, que para 2005 fue un consumo per cápita de 400 mililitros por día, cifra que además es alarmante no sólo por el problema de los residuos sino el de la salud. El 71 por ciento de refresco que se consume en nuestro país viene envasado en botellas de plástico.
Sin duda las botellas de plástico han dado enormes ventajas como el fácil manejo, la menor frecuencia de accidentes y su bajo costo, respecto de las botellas de vidrio en el envase principalmente de refrescos, sin embargo, han generado una externalidad negativa que significa que se cubrió una necesidad pero se ha generado otro problema, el de la contaminación en calles, cuerpos de agua y áreas naturales principalmente, además del gran volumen que ocupan en tiraderos o rellenos sanitarios, y en ausencia de políticas encaminadas a inhibir su generación, el problema se esta incrementando haciéndose incontrolable (Ávila S. 2005).
El Estado mexicano debe establecer políticas públicas encaminadas a la no generación de este tipo de residuos, por su alto valor de reutilización y reciclaje, y por el alto impacto que ocasionan en detrimento del medio ambiente y la contaminación visual de nuestras ciudades.
El sistema deposito-reembolso es un mecanismo de acopio donde el consumidor deja un importe por llevarse el producto en cierto envase y recupera el importe cuando devuelve ese envase. Este sistema ha dejado buenos resultados para los envases de vidrio, es decir es un medio que está probado y que podría disminuir la cantidad generada de botellas de plástico.
En la experiencia de otros países nos podemos dar cuenta de que este tipo de prácticas nos llevarían a un éxito en cuanto al tratamiento de los residuos sólidos. En Austria, Canadá, Alemania y los Estados Unidos de América ya tienen establecidos como prácticas este tipo de sistemas y sus resultados en la disminución de la generación de envases de PET han sido favorables.
Según un estudio realizado por Instituto Nacional de Ecología, concluyó que el 87 por ciento de los envases de plástico podrían ser retornados con sólo 2 pesos de importe, cantidad menor a la que actualmente se utiliza para los envases de vidrio, lo que significa que si se implementara este sistema para los envases de plástico habría buenos frutos para contrarrestar los efectos de la contaminación por envases PET. Y además se probó con este estudio, que las personas que están con mayor disposición a dejar el importe son los de clase media y baja, lo que significa que no causaría impacto económico en las personas de este estrato social.
Por lo anteriormente expuesto, me permito presentar ante esta soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta al titular de la Semarnat, a que en el ámbito de su competencia y en el marco de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, se establezca sistemas de deposito-reembolso para envases de polientereftalato, a fin de disminuir la generación de este tipo de materiales contaminantes.
Dado en Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de septiembre de 2007.
Diputado Oscar González Morán (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA A LOS GOBIERNOS ESTATALES Y A LOS MUNICIPALES A TOMAR LAS MEDIDAS
CONDUCENTES PARA HACER DE SUS CALLES Y AVENIDAS VÍAS ECOLÓGICAS
MEDIANTE LA INSTALACIÓN DE ADOQUINADO Y EMPEDRADO EN LOS COSTADOS
DE LAS VIALIDADES, A CARGO DEL DIPUTADO MARIO ENRIQUE DEL TORO, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PRD
El suscrito, Mario Enrique del Toro, diputado federal de la LX Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo establecido en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable asamblea proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
El cambio climático ocasionado por el calentamiento global es una realidad que nos ha alcanzado ya. El clima siempre ha variado, el problema del cambio climático es que en el último siglo el ritmo de estas variaciones ha tenido una anómala aceleración, afectando con ello la vida del planeta.
Por otro lado, y en un esquema que no puede ser disociado del anterior, tenemos la problemática global de agua. La sobreexplotación de las cuencas hidráulicas así como de los mantos freáticos nos esta conduciendo a una inevitable crisis. El problema radica entre otras cosas en la interrupción humana del ciclo del agua, al no permitir que las descargas pluviales regeneren tanto las cuencas, como los mantos, lo cual ocurre con especial preeminencia en las grandes concentraciones urbanas, convirtiéndose de paso en un problema adyacente con la presencia de inundaciones recurrentes en las grandes ciudades.
Las medidas adoptadas para la solución de la problemática referida en el proemio por los diversos Estados, y por la comunidad internacional en general, no han tenido éxitos sustanciales.
Esfuerzos formales de los gobiernos de los países industrializados tales como el Protocolo de Kyoto, o a nivel local en nuestro país el Grupo de los Cien son muestra de una valiosa preocupación; pero de logros prácticamente yermos, pues si bien es cierto que se han logrado resultados, estos han sido casuísticos, y han dejado prácticamente inerte la solución a la problemática global.
A decir verdad, los casos de éxito en la atención a esta problemática, se han dado con pequeños esfuerzos locales con repercusión global, bajo la vieja premisa de pensar globalmente, y actuar localmente. Citando por ejemplo casos como el de las ciudades de Oslo, Estocolmo, San Francisco, o Curitiba, las cuales han llevado a cabo acciones que han mejorado la calidad ambiental de sus entornos.
Por ende, es necesaria la colaboración de las autoridades locales para dar respuesta a una problemática global.
La instalación de adoquinado o empedrado en las calles y avenidas principalmente de las ciudades, propiciara la absorción de las descargas pluviales hacia el subsuelo, alimentando los mantos freáticos, y de paso, el uso del drenaje para prevenir grandes inundaciones sería menor con todos los beneficios que ello implica.
Ciertamente, ésta es una medida que afectando al gasto público, tendrá repercusiones en el corto plazo mediante el control de inundaciones con menor uso del drenaje, en el mediano plazo con el ahorro que representa el menor uso, y por ende menor costo de mantenimiento en los drenajes, así como el menor deterioro de la infraestructura urbana producto de las lluvias e inundaciones, y en el largo plazo con la alimentación de los mantos freáticos justo en territorio nacional, y en específico en las demarcaciones que adopten esta medida. Asimismo, y siendo el agua patrimonio de los mexicanos, esta medida ciertamente generará a futuro un sustancial incremento de ese patrimonio.
Debemos recordar que el siglo XX fue la cabal demostración del fracaso de los grandes modelos económicos, sociales, y políticos, así como el testimonio de la derrota de la idealización de las grandes urbes. Desde esta perspectiva, debemos apostar al conjunto de acciones locales, congruentes y ordenadas, capaces de generar el desarrollo sustentable que nuestro país requiere, y por el que nuestros hijos claman.
Con base en las consideraciones anteriores, someto a consideración de esta honorable asamblea el presente
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a los gobiernos estatales y a los municipales a llevar a cabo las acciones pertinentes para hacer de sus calles y avenidas vías ecológicas, mediante la instalación de adoquinado, o empedrado en los costados de las vialidades para lograr la filtración pluvial al subsuelo, y contribuir a la disminución de inundaciones.
Recinto legislativo de San Lázaro, a 18 de septiembre de 2007.
Diputado Mario Enrique del Toro (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE SOLICITA A ESTA SOBERANÍA QUE INTEGRE UN COMITÉ PARA QUE
INVESTIGUE LAS IRREGULARIDADES QUE FUNCIONARIOS DE LA CONAGUA ESTÁN
COMETIENDO RESPECTO AL TRATADO DE DISTRIBUCIÓN DE AGUAS INTERNACIONALES,
A CARGO DEL DIPUTADO ENRIQUE CÁRDENAS DEL AVELLANO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PRI
El suscrito Enrique Cárdenas del Avellano, diputado federal de la LX Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de este Pleno el siguiente punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Que el artículo 27 constitucional establece que la propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional, corresponden originalmente a la nación.
Que debido a las múltiples violaciones sistemáticas, al Tratado sobre Distribución de Aguas Internacionales celebrado entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de Norteamérica en 1944; a la Ley de Aguas Nacionales; y a la Norma Oficial Mexicana NOM-011-CNA-2000, que están cometiendo funcionarios públicos de la Comisión Internacional de Limites y Aguas, así como de la Comisión Nacional del Agua.
Que pese a las múltiples advertencias que mediante puntos de acuerdo del Pleno del Senado de la República y recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, han emitido a la Comisión Nacional del Agua, ésta continúa acreditando a los Estados Unidos de América, agua de las presas y de los afluentes no aforados, distintos a los establecidos en el citado tratado, y antes de tiempo, en perjuicio directo del país y de miles de familias del bajo Río Bravo.
Que pese a las múltiples gestiones realizadas por el titular del Ejecutivo estatal de Tamaulipas, en sendos oficios que ha girado a la Cancillería Mexicana para que tomen cartas en el asunto, ésta no ha hecho nada, pues tan sólo como ejemplo, México ha anticipado más de 315 millones de metros cúbicos de agua a Estados Unidos de América en el ciclo 27, en franca violación al tratado de 1944, afectando con ello las presas internacionales la Amistad y Falcón.
Que de acuerdo a datos oficiales, y conforme a los compromisos suscritos en 1944, del volumen comprometido para los cinco años del ciclo 27, que es de 2 mil 158 millones 605 mil metros cúbicos se han entregado mil 803 millones 312 mil metros cúbicos, teniendo todavía como volumen faltante 355 millones 293 mil metros cúbicos; acciones que por insuficiencia de caudal han provocado que se tenga que echar mano de escurrimientos que no corresponden a la cuenca con la que se ha de dar cumplimiento al tratado.
Que funcionarios de la Comisión Nacional del Agua han permitido la sobreexplotación de la Cuenca al sobreconcesionarla, autorizando alumbramientos y otorgando títulos; pues sin tomar en cuenta la disponibilidad de agua, no han respetado las vedas vigentes, toleran el acaparamiento de agua en la parte alta de la cuenca y ocasionan el incumplimiento del tratado internacional de 1944, al no permitir el escurrimiento de los volúmenes de aguas comprometidos en el citado tratado, pese a que por dos años consecutivos los embalses del Río Conchos se han mantenido con un volumen superior a los 2 mil 500 millones de metros cúbicos
Que es preocupante el incumplimiento del acta número 309 de la Comisión Internacional de Límites y Aguas, donde se estableció el compromiso de transferir los volúmenes ahorrados de agua por la modernización del Río Conchos e iniciar su conducción hacia el Río Bravo, en enero de cada año.
Que el día 30 de septiembre del presente año, vence el ciclo 27 de operación del tratado, con un déficit pendiente de cubrir, bajo pretexto de una supuesta sequía no aceptada por la Comisión Internacional de Límites y Aguas.
Que en profesión de nuestro respeto a la legalidad estamos a favor del cumplimiento del tratado de 1944, no por la violación a éste; y
Que de conformidad con el artículo 46 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, esta honorable cámara es competente para formar comités de investigación y trabajo, por lo que someto a la consideración de este honorable Pleno la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Se solicita, a esta honorable Cámara de Diputados, integre un comité para que investigue las irregularidades que están cometiendo los funcionarios de la Comisión Nacional del Agua, derivadas del Tratado de Distribución de Aguas Internacionales suscrito por nuestro país en el año de 1944.
Con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y en virtud de que se está cometiendo un daño irreparable a nuestro país, porque de continuar con las irregularidad registradas hasta ahora, tendremos un déficit de agua en constante aumento y cada vez será más difícil dar cumplimiento al multicitado tratado internacional, y se seguirá perjudicando a los habitantes que viven en la zona afectada, solicito que la presente proposición sea de urgente y obvia resolución.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de septiembre de 2007.
Diputado Enrique Cárdenas del Avellano (rúbrica).
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA A LA SEGOB A AMPLIAR LA DECLARATORIA DE DESASTRE NATURAL POR
EL HURACÁN DEAN AL MUNICIPIO DE MAXCANÚ, YUCATÁN,
A CARGO DEL DIPUTADO JESÚS SESMA SUÁREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PVEM
Jesús Sesma Suárez, diputado a la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en los artículos 4, párrafo cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 20, 23, y 25 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 58, 59, y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y demás disposiciones jurídicas aplicables, se permite someter ante esta honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, solicitando que sea considerada como de urgente y obvia resolución, debido a la gravedad de la problemática que entraña, con base en la siguiente
Exposición de Motivos
Los huracanes, son sistemas de baja presión con actividad lluviosa y eléctrica cuyos vientos rotan antihorariamente en el hemisferio norte y pueden ir desde los 62 kilómetros por hora hasta los 250 kilómetros por hora o más, existen diferentes categorías de éstos, según su intensidad, siendo los de categoría 5 los mas grandes e intensos.
México es un país que cada año, a lo largo de sus costas, es golpeado por varias depresiones tropicales y huracanes; esto obedece principalmente a que se encuentra dentro de las zonas de formación y desplazamiento de huracanes, tanto en el océano Pacífico como en el Atlántico.
Para México, que se ubica en el Atlántico, el Caribe y el Golfo de México, la temporada de huracanes comienza el 1 de junio, como resultado del calentamiento del agua durante la primavera y primeros meses de verano, y se extiende hasta el 30 de noviembre, aunque puede haberlos todo el año (excepto en marzo). Debido a que en el Golfo de México y el Caribe Occidental, las aguas son tranquilas, el calentamiento precede al resto de los mares del país, originándose allí los primeros sistemas ciclónicos de la temporada.
Los principales efectos de estos huracanes en el territorio nacional son: exceso de precipitaciones, desbordamiento de ríos, presas, lagos y lagunas, inundaciones, desplazamiento de poblaciones, destrucción de infraestructura urbana, pérdida de cosechas, entre otros.
Con objeto de ofrecer apoyo a la ciudadanía que se ve afectada por estos fenómenos naturales y de resarcir sus daños patrimoniales, el Estado mexicano ha creado un programa denominado Fondo Nacional de Desastres Naturales (Fonden), que depende del gobierno federal, por medio de la Secretaría de Gobernación, y es ejercido por la Dirección General del Fondo de Desastres Naturales.
El Fonden consta de una serie de recursos que son liberados en situaciones de desastre natural para apoyo a los damnificados. Dicha liberación, se encuentra regulada por una serie de reglas de operación, las cuales fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 23 de mayo de 2003.
El procedimiento establecido por estas reglas para que los estados tengan acceso a los recursos del Fonden consta en que lo solicite por escrito el titular del Poder Ejecutivo de la entidad federativa que sufrió los daños, la cual, bajo protesta de decir verdad, debe establecer que son insuficientes sus recursos para atender a los damnificados; una vez recibida esta solicitud, la Dirección del Fondo de Desastres Naturales pide la evaluación y declaratoria de zona de desastre de la región solicitada, que es elaborada por la Comisión Nacional del Agua (Conagua), el Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred) o la Comisión Nacional Forestal (Conafor), según sea el caso, al emitir a estas dependencias su resolución, la Secretaría determinará si libera o no los recursos del fondo, así como el monto de éstos.
Hace algunos días, México sufrió el embate de Dean, primer huracán de la temporada 2007, en el Atlántico, siendo catalogado por los expertos como el más intenso (categoría 5) registrado en la cuenca del océano Atlántico desde el Wilma en 2005; la trayectoria que este fenómeno meteorológico siguió fue de este a oeste, a través del mar Caribe después de haber pasado sobre las Antillas Menores, para finalmente ingresar a territorio mexicano por la península de Yucatán, afectando este y los estados de Hidalgo, Puebla, Veracruz de Ignacio de la Llave y Tamaulipas.
En cuanto a los estados de Yucatán y Quintana Roo, el 17 de agosto la Secretaría de Gobernación, declaró en estado de emergencia los ocho municipios de Quintana Roo, que cubren la totalidad del estado, sobre el cual se produciría el impacto del huracán de seguir los pronósticos que hasta el momento se emitían. Además de Quintana Roo el mismo 17 de agosto el estado de Yucatán y Campeche se declararon en alerta azul en espera del desarrollo del huracán y prever su trayectoria.
La tarde del 18 de agosto la Secretaría de Gobernación emitió la declaratoria de emergencia a los 106 municipios de Yucatán, que de esta manera se unieron en esta situación a los ocho de Quintana Roo.
Desafortunadamente, tal como se esperaba, el huracán Dean impacto sobre Chetumal como categoría 5, causando graves estragos en los estados de Quintana Roo y Yucatán al cruzar por la península e ingresar al Golfo de México.
Las entidades federativas que sufrieron los embates de este huracán pidieron al gobierno federal, por medio de la Secretaría de Gobernación, que liberara los recursos asignados al Fonden, a fin de poder apoyar a la gran cantidad de damnificados que tenían; es así como la gobernadora de Yucatán, Ivonne Ortega Pacheco, solicitó a la Secretaría de Gobernación la liberación de recursos del Fonden para atender la situación de emergencia que sufrían 59 municipios de su estado, pero inexplicablemente y tras el estudio y dictamen sobre la evaluación de los daños y declaratoria de zonas de desastre natural que realizó la Comisión Nacional del Agua, sólo se otorgaron recursos del Fonden para 7 municipios de Yucatán, que fueron Tzucacab, Peto, Tekax, Oxkutzcab, Celestum, Halacho y Santa Elena los cuales corresponden en su mayoría a la región sur del estado.
Incluso, de conformidad con el reporte presentado por la Conagua respecto de los municipios y la trayectoria que siguió el meteoro, resulta incongruente que entre los municipios de Halacho y Celestum, que si fueron decretados como zona de desastre, se encuentre el municipio de Maxcanú, el cual fue omitido por el gobierno federal en dicha declaratoria.
Además, evidentemente el sur de Yucatán no fue la única zona afectada, razón por la cuál existe gran descontento por parte de las autoridades locales respecto a la declaratoria que emitió la Secretaría de Gobernación, amparada en un estudio realizado por la Conagua.
Dicho asunto ya ha sido discutido en el pleno del Congreso local, estimando necesario que la Comisión Nacional del Agua, una vez mas realice una evaluación de los daños mediante un trabajo de campo, para incluir en una nueva valoración todos los municipios afectados por el fenómeno hidrometeorológico Dean.
Por esta razón y debido a que el municipio de Maxcanú, Yucatán, no fue beneficiado con los recursos del Fonden, pese a que fue severamente afectado por Dean, es que me permito presentar ante esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, a fin de que la Secretaría de Gobernación ordene una reevaluación de los daños a la Comisión Nacional del Agua, para así ampliar la declaratoria a los otros 57 municipios afectados, ya que es evidente que el gobierno de Yucatán y sus ayuntamientos no cuentan con los recursos necesarios para hacer frente a los daños originados por Dean, que requieren ayuda urgente.
Basta mencionar el caso de Maxcanú, que es un pequeño municipio de aproximadamente 18 mil habitantes, que se localiza en la región litoral oeste del estado, en el cual resultaron afectadas aproximadamente 13 mil 600 personas, pertenecientes a la cabecera municipal, y 13 comisarías, lo que equivale al 75.56 por ciento de su población.
Finalmente, ya que en días anteriores el secretario de Gobernación afirmó que "la declaratoria de zonas de desastre no era cerrada por lo tanto podría ampliarse", espero que considere lo antes expuesto, aumentando el número de municipios beneficiados por el Fondo de Desastres Naturales en Yucatán, particularmente Maxcanú, por lo que el suscrito diputado, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, se permite someter a la consideración del Pleno, para su turno y en su caso, aprobación la siguiente
Propuesta de Acuerdo
Único. Esta Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Gobernación, así como al titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para que, por medio de la Comisión Nacional del Agua, reevalúen el grado de afectación que sufren los municipios del estado de Yucatán, a fin de ampliar la "declaratoria de zonas de desastre natural", haciendo un especial énfasis en la situación que prevalece en el municipio de Maxcanú.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los dieciocho días del mes de septiembre del año dos mil siete.
Diputado Jesús Sesma Suárez (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA QUE
SE CREE UNA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN SOBRE LOS ACCIDENTES
OCURRIDOS EN LAS INSTALACIONES DE PEMEX, A CARGO DEL DIPUTADO CUAUHTÉMOC
VELASCO OLIVA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE CONVERGENCIA
El suscrito, diputado federal integrante del Grupo Parlamentario de Convergencia de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículos 93, párrafo 3, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 34, inciso c, y 41 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía la proposición con punto de acuerdo para crear una comisión de investigación encargada de analizar y revisar los accidentes ocurridos en las instalaciones de Pemex.
Consideraciones
La situación de Pemex ha llegado a un preocupante nivel de gravedad, el descuido presupuestal que golpea a la paraestatal la ha colocado en una situación peligrosa que compromete la operación y desenvolvimiento del sector petrolero. Ahora se agregan los atentados en los gasoductos, que afectan seriamente su financiamiento
En el primer caso, la reducción en el gasto de mantenimiento en las instalaciones de Pemex ha ocasionado un incremento de accidentes graves por derrames y fugas de hidrocarburos. En 1996 y 1997 se canalizaron a este rubro niveles por arriba de 30 mil millones de pesos, pero en 1999 decreció a 20 mil millones de pesos y actualmente es de aproximadamente 11 mil 500 millones de pesos.
La mayoría de estos accidentes que se ha registrado en Tabasco y en los límites de este estado con Veracruz ponen en peligro no sólo la seguridad de los ductos, sino también la conservación del medio ambiente. Más de 60 mil kilómetros de la red de ductos de la paraestatal se encuentran en una situación obsoleta e insegura, porque ya rebasaron su periodo de vida útil de 30 años En este renglón se requiere de una inversión de 15 mil millones de dólares, según el Colegio de Ingenieros Civiles de México (CICM).
Del 2004 al 2006 se observa un progresivo incremento de siniestros graves (10 accidentes en Veracruz y 1 en Tabasco), sin que la Procuraduría General de la República haya consignado a un solo servidor público de la paraestatal, de alrededor de 60 que estaban bajo investigación; no obstante, no debemos soslayar que estos accidentes han sido consecuencia de las deplorables condiciones en que se encuentran los ductos e instalaciones de Pemex.
Este consecuente acrecentamiento de accidentes preocupa a todo el país, y se refleja en diversos pronunciamientos presentados por compañeros diputados y senadores.
Ante esa delicada situación se añade ahora los atentados a las instalaciones petroleras:
El pasado 5 de julio de 2007 se suscitaron tres explosiones en el gasoducto Guanajuato-Guadalajara (Salamanca-Valle de Santiago-Celaya), que ocasionaron desabasto de gas natural y LP en el occidente del país y el desalojo de 5 mil habitantes.
El 10 de julio de 2007, una explosión en el gasoducto en Querétaro afectó la distribución de gas en todo el estado en los tres días posteriores, y no se sabe las causas que motivaron la conflagración.
En el último siniestro (10 de septiembre de 2007, se presentaron seis explosiones en gasoductos de Pemex, ubicados en Veracruz y Tlaxcala, que representaron
El desalojo de alrededor de 22 mil personas en cinco municipios afectados por los siniestros en Veracruz y 3 mil en Tlaxcala,
Perturbación del suministro de gas natural y desabasto en 12 estados del país (Puebla,Tlaxcala, valle de Toluca, Distrito Federal, valle Cuautitlán-Texcoco, Querétaro, Bajío –Salamanca, Celaya, León, Silao e Irapuato–, Bajío norte –Aguascalientes y San Luis Potosí–, y Guadalajara;
Problemas a las refinerías de Tula y Salamanca por la falta de suministro de estos combustibles, así como a 2 mil 500 empresas del sector industrial en 11 entidades que reportan pérdidas de 100 millones de dólares diarios; según la Canacintra y la CFE, sufrirán la falta del suministro de gas.
Y del último suceso (Veracruz y Tlaxcala), la principal línea de investigación de la Procuraduría General de la República asienta que fue un grupo guerrillero el que ocasionó las detonaciones, ya que en uno de los ductos se encontró una pinta con las siglas del Ejército Popular Revolucionario (EPR), a lo que se agrega un comunicado en el que la Comandancia General del Ejército Popular Revolucionario asume la responsabilidad del siniestro en demanda de la liberación de sus compañeros detenidos y desaparecidos desde el 25 de mayo del presente (Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez).
Sorprendentemente, después de que se atribuyen los atentados al grupo guerrillero se ha observado un sepulcral silencio, al no darse a conocer los resultados de las investigaciones efectuadas, ni se ha consignado a ningún funcionario relacionado con las averiguaciones previas, y pareciera que con el señalamiento de las acciones del EPR ahí se agota el problema.
Además, en julio el gobierno federal encargó a la empresa estadounidense SY Coleman Corporación la creación y operación de un centro de vigilancia aérea para monitorear instalaciones estratégicas del país, incluidas las energéticas, correspondiendo el resguardo y la seguridad nacional únicamente al Ejército, a la Marina y la Fuerza Aérea Mexicana.
Este contexto, es inadmisible esta situación, ya que deja muchas preguntas sin respuesta: ¿cómo es que el EPR ha logrado efectuar estos atentados?, ¿cómo se explica su crecimiento y efectividad?, ¿hay otros intereses que están buscando alterar la paz pública?, ¿hay colusión con funcionarios de Pemex?, ¿el sistema de seguridad nacional está en crisis y es incapaz de detener la ola de atentados en contra de México?, ¿qué medidas hay que tomar para prevenir hechos similares? y ¿se tienen que encargar las empresas extranjeras de la vigilancia y el resguardo de la infraestructura estratégica del país? ¿Qué no corresponde el resguardo y seguridad al Ejército, la Marina y la Fuerza Armada?
Por eso, en el Grupo Parlamentario de Convergencia se considera que es urgente y necesario crear una comisión de investigación que se encargue de averiguar las causas de las explosiones en los gasoductos de Pemex en Guanajuato, Querétaro y Veracruz-Tlaxcala.
Por lo anteriormente expuesto someto a la consideración de esta soberanía el siguiente:
Punto de Acuerdo
Primero. Se crea una comisión de investigación que tendrá como objetivo revisar y analizar los accidentes ocurridos en las instalaciones de Pemex.
Segundo. Dicha comisión dará seguimiento a las averiguaciones de los hechos que originaron las explosiones en las instalaciones de la paraestatal, y particularmente en la red de los ductos en materia de mantenimiento y seguridad de los mismos y rendir un informe detallado a esta Cámara.
Tercero. La comisión investigadora cumplirá en su integración los requisitos señalados en los artículos 42 y 43 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y funcionará en la LX Legislatura o hasta que agote su objetivo.
Cuarto. En tal sentido, el titular de Petróleos Mexicanos, el Procurador General de la República, y el titular del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), deberán proporcionar a dicha Comisión de Investigación, toda la información con que cuenten de los atentados y las medidas adoptadas por Pemex; los avances en las investigaciones por parte de la PGR y las acciones que el sistema de seguridad nacional ha tomado y aplicara ante esta delicada problemática.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de septiembre de 2007.
Diputado Cuauhtémoc Velasco Oliva (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE SOLICITA LA COMPARECENCIA DEL TITULAR DE LA SHCP PARA QUE INFORME SOBRE
EL DESTINO DE ENTEROS DE PEMEX DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2007, A
CARGO DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE NUEVA ALIANZA
El Grupo Parlamentario de Nueva Alianza en la LX Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta soberanía, con carácter de urgente y obvia resolución, la presente proposición con punto de acuerdo, con base en las siguientes
Consideraciones
1. Durante el segundo trimestre del año, Petróleos Mexicanos (Pemex) enteró a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público por concepto de impuestos, derechos y aprovechamientos, 139 mil 500 millones de pesos, cantidad superior en 4.11 por ciento a lo entregado en el primer trimestre de 2007, lo que significa 5 mil 510 millones más.
No obstante que la paraestatal está sujeta a un nuevo régimen fiscal aplicado desde 2006, el cual supuestamente iba a permitir destinar mayores recursos para la inversión, se advierte que ese propósito de tener una mejor industria petrolera no se atiende puntualmente.
De acuerdo con el reporte de resultados financieros del segundo trimestre de 2007, entregado el 14 de septiembre de 2007 a las autoridades bursátiles, durante el periodo abril-junio de este año, las ventas totales de Pemex fueron de 277 mil 600 millones de pesos, unos 41 mil 703 millones de pesos adicionales a los captados en el primer trimestre de este año, lo que significó un crecimiento de 17.6 por ciento.
Sin embargo, del monto total de las ventas, prácticamente la mitad se destinaron al pago de impuestos.
2. El interés por contar con la información específica de referencia, se incrementó a partir de que los medios de comunicación nacionales dieron a conocer la aprobación por parte de esta LX Legislatura de un nuevo régimen fiscal para Pemex, que le permitirá para el tercer o cuarto año disponer de ingresos adicionales del orden de 55 mil a 60 mil millones de pesos y se incremente la producción en más de 200 mil barriles diariamente.
3. En el tema de los excedentes petroleros todavía se muestra una opacidad en torno al destino puntual de los mismos, por lo que se vuelve imperioso que las autoridades hacendarias rindan un informe preciso sobre el estado que guardan esos recursos.
Compañeros legisladores, es muy importante que esta LX Legislatura esté informada de las acciones que emprende la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en relación con los excedentes petroleros, así como la aplicación puntual del nuevo régimen fiscal que tendrá Pemex y que efectivamente se mejore el rubro de inversión para contar con una industria petrolera competitiva y moderna.
Los datos con que contamos aquí y ahora, nos muestran que el régimen fiscal aprobado en 2006 no ha servido para que Pemex tenga inversiones que detonaran su mejoría como industria, ni tampoco aminoró los enteros que hace esta institución a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Reclamamos información confiable que nos asegure que Pemex enterará 71 por ciento en lugar del 78 por ciento que entera actualmente, con la aplicación estricta de su nuevo régimen fiscal.
Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en el ya señalado artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, propongo a esta honorable Cámara de Diputados, emita con el carácter de urgente y obvia resolución, la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Primero. La honorable Cámara de Diputados de la LX Legislatura, convoca al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a una reunión de trabajo con las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y Presupuesto y Cuenta Pública, a efecto de que proporcione toda la información y elementos a esta soberanía para el análisis del estado que guardan los excedentes petroleros y el destino que se les da, e intercambiar puntos de vista con miras a mejorar la distribución de los mismos en áreas del mayor interés nacional.
Segundo. Se informe a esta soberanía de manera puntual cómo se utilizarán los 30 mil millones de pesos adicionales que tendrá Pemex, así como la precisión de los recursos que se etiquetarán para inversión, lo cual podría generar 200 mil barriles adicionales de petróleo diariamente.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de septiembre de 2007.
Grupo Parlamentario de Nueva Alianza
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA A LA SHCP Y AL IMSS A EMPRENDER LAS ACCIONES NECESARIAS PARA
REALIZAR EL PAGO DE PENSIONES Y JUBILACIONES DE LOS EX TRABAJADORES FERROCARRILEROS,
A CARGO DE LA DIPUTADA AÍDA MARINA ARVIZU RIVAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DE ALTERNATIVA
La que suscribe, Aída Marina Arvizu Rivas, legisladora del Grupo Parlamentario Alternativa en la LX Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de conformidad con las disposiciones contenidas en los artículos 55 y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, para lo cual presenta las siguientes
Consideraciones
1. En el año 1994 el gobierno federal emitió un decreto por medio del cual se liquidaba la empresa Ferrocarriles Nacionales de México, para cuyo efecto se creó el fideicomiso FERRONALESJUB 5012-6, mediante la firma del contrato correspondiente de fecha 19 de diciembre de 1997, que tenía como finalidad liquidar los activos de la empresa ferrocarrilera mediante la creación de los capitales constitutivos de las pensiones de los 56 mil 372 ex trabajadores ferrocarrileros.
2. El Fideicomiso denominado FERRONALESJUB, en donde actuaba como fideicomitente Ferrocarriles Nacionales de México y como fiduciaria Nacional Financiera SNC, se constituyó con un capital inicial de 50 millones de pesos otorgado por la empresa y, por la transferencia realizada por la Tesorería de la Federación por un monto de 13 billones 529 millones 700 mil pesos, producto de la licitación de las redes ferroviarias, con lo cual se aseguraba el pago vitalicio de pensiones jubilatorias y demás prestaciones a los ex trabajadores de Ferrocarriles Nacionales de México.
3. El 28 de junio de 2001 se publica en el Diario Oficial de la Federación las bases para llevar a cabo la liquidación de Ferrocarriles de México, en donde se establece que "el liquidador será designado por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en su carácter de coordinadora del sector".
4. La Secretaría de Comunicaciones designa en agosto de 2001, al Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos SNC (Banobras) como liquidador responsable de la liquidación de Ferrocarriles Nacionales, y quien realizara las funciones establecidas en el artículo segundo del decreto por el que se extingue dicha dependencia
5. El 24 de agosto de 2000, se acordó la incorporación dentro del Fondo para el Pago Vitalicio de Pensiones a Trabajadores Jubilados del organismo a 731 trabajadores jubilados de la estructura sindical a efectos de que las pensiones jubilatorias sean cubiertas a cargo del fondo del FERRONALESJUB 5012-6.
6. El 26 de septiembre de 2000, se modificó por tercera ocasión el contrato que crea el citado fideicomiso, pero esta vez en su totalidad, presentando una redacción distinta de la cláusula cuarta, para quedar como sigue, "la finalidad de este fideicomiso es construir un mecanismo a través del cual se realice la administración de los recursos del fideicomiso hasta donde alcancen para el pago a los fideicomisarios de las pensiones jubilatorias y demás conceptos previstos en dicho contrato".
7. De acuerdo con el artículo 4 del decreto por el que se extingue el organismo público descentralizado, el gobierno federal deberá actuar en todo momento como garante, a fin de que el patrimonio de dicho fidecomiso resulte suficiente para hacer frente a las obligaciones y cumplir con sus finalidades para el que fue creado. Al respecto, la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario, en su artículo transitorio quinto establece:
9. Ante esta realidad, numerosos grupos de ex trabajadores ferrocarrileros, afectados por la falta de liquidez del fideicomiso mediante el cual debieron haber sido liquidados y pensionados desde hace años, se han organizado para, de manera individual y en conjunto, demandar de las autoridades judiciales y administrativas correspondientes su intervención, como es el caso de numerosas demandas y laudos laborales ante los distintos tribunales del trabajo a lo largo y ancho de todo el país, en donde a la fecha se ventilan por lo menos 55 demandas contra el fideicomiso señalado.
10. El Movimiento Democrático Popular y Ferrocarrilero AC, que aglutina a trabajadores y ex trabajadores de Ferrocarriles Nacionales de México, logró el establecimiento de mesas de diálogo con las delegaciones estatales del Instituto Mexicano del Seguro Social. No obstante el trabajo en estas mesas se encuentra detenido; originalmente por el cambio de autoridades que representó el nuevo gobierno federal. Pero a un año de que tomara posesión el presidente Felipe Calderón, no queda del todo claro las causas de la negativa.
9. La opacidad en el manejo, la administración y el destino de los recursos del fideicomiso han generado en los ex trabajadores jubilados la suspicacia y la incertidumbre por la liquidez y viabilidad futura del mismo y del cual dependen casi 46 mil jubilados y sus familias.
10. Es el caso que a casi diez años de la firma del contrato que da origen al fideicomiso, ni la existencia del fideicomiso, ni el gobierno federal, ni las autoridades del trabajo, ni el IMSS, ni nadie en este país ha logrado que se cumpla la ley; la cual establece que una vez se privatiza una empresa, como fue el caso de Ferrocarriles Nacionales, sus trabajadores sean debidamente liquidados y pensionados. Miles de ex trabajadores ferrocarrileros y sus familias han emprendido una lucha constante para exigir lo que les corresponde.
Como representantes populares, debe ser de la mayor importancia para nosotros intervenir en este caso para que las instancias correspondientes del gobierno federal hagan lo que les corresponde para que este problema nacional sea resuelto a la brevedad. Es el caso de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, quien tiene todas las facultades para presupuestar los recursos necesarios para realizar el pago de las jubilaciones que hasta el día de hoy continúan pendientes de pago.
Es necesario también que el Instituto Mexicano del Seguro Social asuma que hay pendientes de pago cientos de pensiones por enfermedades profesionales y que es su responsabilidad y obligación proceder a su pago de forma inmediata.
Por las consideraciones antes vertidas, me permito someter a la consideración de esta soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero. Se solicita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, destine los recursos necesarios para garantizar el pago de pensiones y jubilaciones de los ex trabajadores de la desaparecida empresa Ferrocarriles Nacionales mediante el Fideicomiso FERRONALESJUB 5012-6.
Segundo. Se exhorta a la Dirección General del Instituto Mexicano del Seguro Social reanude las mesas de negociación en las diferentes delegaciones estatales del IMSS para acordar el pago de pensiones y jubilaciones de los ex trabajadores de Ferrocarriles Nacionales.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de septiembre de 2007.
Diputada Marina Arvizu Rivas (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA A ESTA SOBERANÍA A REALIZAR CEREMONIAS SOLEMNES DEL CONGRESO
DE LA UNIÓN PARA CONMEMORAR EL 15 DE SEPTIEMBRE Y EL 20 DE NOVIEMBRE,
DESDE EL UNDÉCIMO MES DEL AÑO EN CURSO HASTA 2010, SUSCRITA
POR DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN ESPECIAL DE APOYO DE LOS
FESTEJOS DEL BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA Y DEL CENTENARIO DE LA REVOLUCIÓN
MEXICANA
Los suscritos diputados federales Francisco A. Fraile García, Lourdes Quiñones Canales y Carlos R. Martínez Martínez, a nombre de todos los integrantes de la Comisión Especial de Apoyo a los Festejos del Bicentenario de la Independencia y del Centenario de la Revolución Mexicana de la LX Legislatura, con fundamento en lo estipulado por los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración de esta honorable Asamblea el siguiente punto de acuerdo, bajo las siguientes:
Consideraciones
La noche del 15 de septiembre de 1810, sería distinta a todas las anteriores, ya que sería histórica. Esa noche una campana rompía el silencio de años de dependencia y de una forma de gobierno que llegaba a su fin. Un estandarte con la imagen de la virgen de Guadalupe y un hombre llamado mas tarde el Padre de la Patria, marcarían el principio de nuestra libertad, de nuestra independencia.
Diálogos, acuerdos, decisiones, batallas, estrategias, traiciones, heroísmo, todo ello se vivió en hombres de carne y hueso, en hombres con momentos de gloria, pero seguramente con defectos y caídas constantes.
Pero como punto importante de este hecho, se encuentran los ciudadanos de entonces, hombres de todos los niveles sociales que en una suma sencilla y silenciosa, se sumaron para darle a sus hijos y a las generaciones por venir, una patria para ellos.
Doña Josefa Ortiz de Domínguez, es sin duda el mejor ejemplo de la forma como la mujer participo de este movimiento. Mujeres con un gran valor que con sus capacidades, inteligencia y virtudes, cooperaban para que las condiciones de triunfo también se dieran a favor de nuestra nación.
Los indígenas, fueron muchas veces quienes de manera sencilla y desinteresada, pero con un gran deseo de libertad y esperanza, marchaban al frente de las batallas, gracias a su esfuerzo y entrega, colaboraron en lograr nuestra libertad.
Un siglo después, como muchas naciones de entonces, el país representaba avance importantes, pero teníamos un nuevo modelo de sujeción. La dictadura de entonces, como todas las de su tipo, oprimía y explotaba a los más necesitados, marcando de manera escandalosa una brecha social tan marcada entre los que tenían todo y los que no tenían nada.
La Revolución Mexicana, viene a ser la respuesta a los reclamos sociales, que habían llegado a su límite. Brindar la posesión de la tierra, para aquellos que la trabajaban día a día, que la amaban y la cuidaban, que con sus manos veían el fruto de sus esfuerzos, pero que no recibían ningún beneficio, todo ello era motivo suficiente, para pelear por ese acto de justicia social.
Sin duda este camino no fue fácil, para quienes tenían la autoridad sobre aquellos heroicos hombres. Sin duda hubo errores, sin duda hubo muchas vidas perdidas, pero con la esperanza de que su esfuerzo y sacrificio, dieran las bases para un México más sólido y ello rindió sus frutos.
Después de un periodo de inestabilidad social y política, la Revolución Mexicana nos vino a dar como fruto, la vida institucional que hoy rige y ordena el desarrollo de nuestro país.
Estas instituciones, son las que nos han dado estabilidad y desarrollo. Son éstas las que nos han permitido el crecimiento de nuestra democracia, de nuestro compromiso social con los que menos tiene y de la adecuación del sistema mexicano a nuestros tiempos.
Es por la enorme riqueza que existe en nuestra historia que el 19 de junio de 2006, el entonces presidente Vicente Fox Quezada, instaló formalmente la Comisión Organizadora para la Conmemoración del 2010: Año del Bicentenario del Movimiento de la Independencia Nacional y Año del Centenario de la Revolución Mexicana.
La comisión organizadora, es responsable de preparar un programa base que contenga la relación de eventos, acciones, expresiones, homenajes, calendarios cívicos, conmemoraciones y demás proyectos recomendables en todo el país para llevarse a cabo desde la entrada en vigor de dicho decreto y hasta el último día del año 2010. Acciones que deberán tener una fuerte vinculación con las dependencias de los gobiernos federal, estatales y municipales y de la sociedad civil. Todos trabajando en pro de nuestra gran fiesta nacional.
En el mismo tenor, el honorable Congreso de la Unión declaro el 2010 como "Año del bicentenario del inicio del movimiento de Independencia nacional y del centenario del inicio de la Revolución Mexicana", publicado en el Diario Oficial, el 16 de junio de 2006.
En el marco de la conmemoración del bicentenario del inicio de la guerra de Independencia y el centenario del inicio de la Revolución Mexicana, a celebrarse en el año 2010, la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados de la LX Legislatura, consideró oportuno proponer al pleno, la creación de una Comisión Especial, que permita la participación activa y coordinada, con las autoridades federales, estatales, municipales, instituciones educativas, organizaciones civiles, encargadas de organizar dichos festejos.
El 29 de marzo de 2007, se instaló formalmente la Comisión Especial de Apoyo a los Festejos del Bicentenario de la Independencia y Centenario de la Revolución, integrada por 15 diputados de los diferentes grupos parlamentarios representados en esta Cámara: seis del GPPAN, cuatro del GPPRD, y dos diputados pertenecientes a los grupos parlamentarios restantes.
Desde ese momento, los integrantes de esta comisión, hemos puesto nuestro interés y esfuerzo en participar en todas aquellas acciones, que la comisión ha generado.
Uno de los objetivos principales que buscamos, es que estas celebraciones por venir, sean del conocimiento de todos los mexicanos. Hoy vemos con gran alegría que no somos los únicos que trabajan en pro de este tema. Estamos conscientes que la suma de esfuerzos, nos brindará la gran oportunidad de que cada mexicano sepa, que el 2010 será nuestra gran fiesta nacional.
No debemos desaprovechar la oportunidad de que, si bien ya existe la motivación por difundir estos festejos, es necesario motivar a que los trabajos por venir, nos inviten todos los hombres y mujeres de este país, a que encontremos caminos que nos permitan sacar adelante nuestro país.
Las diferencias que pudiéramos tener, son mínimas si las comparamos con todo lo nos une a través de nuestra historia, incluso, muy a pesar de los enfoques que pudiéramos tener de cada hecho en lo particular, siempre, siempre encontraremos una nueva razón para trabajar por seguir construyendo, nuestra independencia, nuestra libertad, nuestra democracia.
Por todo lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta honorable soberanía el siguiente:
Punto de Acuerdo
Único. Se solicita a la Mesa Directiva de esta H. Cámara de Diputados, de la LX Legislatura, que realice todas las acciones pertinentes para que las fechas del 15 de septiembre y del 20 de noviembre, celebraciones donde conmemoramos la Independencia de México y la Revolución Mexicana respectivamente, se conviertan en ceremonias solemnes para el Congreso de la Unión, a partir del mes de noviembre del año en curso, y hasta el 2010.
Palacio Legislativo, salón de sesiones, a 18 de septiembre de 2007.
Diputado Francisco A. Fraile García (rúbrica)
Presidente
Diputada Lourdes Quiñones Canales (rúbrica)
Secretaria
Diputado Carlos R. Martínez Martínez
Secretario
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA AL TITULAR DE LA SEMARNAT A ESTABLECER POLÍTICAS PÚBLICAS
COORDINADAS ENTRE LA FEDERACIÓN Y LAS ENTIDADES EN MATERIA DE GESTIÓN
DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS, A CARGO DEL DIPUTADO ÓSCAR GONZÁLEZ
MORÁN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
El que suscribe, Óscar González Morán, en calidad de diputado federal en la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, por este conducto solicita respetuosamente a la presidencia de esta honorable Cámara de Diputados, con fundamento en el artículo 23, numeral 1, inciso f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someta a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la SEMARNAT, así como a las autoridades ambientales de los estados, a establecer políticas publicas coordinadas entre federación y entidades, en materia de gestión de residuos sólidos urbanos, al tenor de las siguientes:
Consideraciones
Con fundamento en el artículo 6 fracción 2, 4,11 y 23; el articulo 9 fracción 1, 2, 7 y 13; articulo 12 y 13 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, que indica que la acción gubernamental debe ser coordinada a fin de brindar un medioambiente sano a los habitantes y propiciar con ello un desarrollo pleno.
En la actualidad la basura representa un enorme problema de carácter social, que tiene su impacto directo en el medio ambiente, afectando así a quienes vivimos en él.
El cada vez más grave problema de producción de basura es preocupante, en la medida en que como sociedad no realicemos ni adoptemos conductas responsables que tengan y busquen la finalidad de disminuir la producción de basura y la reglamentación de la misma.
La mala cultura de separación de residuos sumada a la nula educación escolar respecto a este tema en particular, contribuyen a que en México enfrentemos este enorme problema sin precedentes y que, hasta ahora, estemos perdiendo la batalla contra ese monstruo que se llama basura; que se está volviendo incontrolable mientras no tomamos medidas que ayuden a disminuir el problema.
El problema de los residuos sólidos se centra, principalmente en su generación, y en la medida en que no adoptemos políticas encaminadas a la no producción de basura no podremos atacar el verdadero problema. Porque aunque implementemos medidas adecuadas para el control de los residuos, nunca serán suficientes para combatir la dificultad de forma radical.
Otro eje neural de este problema es: el nulo control en cuanto a la disposición de los residuos generados. "En ausencia de regulaciones estrictas para la disposición de residuos sólidos, estos serán arrojados al menor costo para el individuo, empresa u otro generador que los haya creado a través del consumo o de la producción" (Duston).
Es inevitable establecer reglamentación dura para aquellos generadores de residuos que los dispongan de manera irresponsable a fin de incrementar la capacidad de recuperación de residuos y por ende se de un mejor tratamiento a los mismos.
En la actualidad, en México se producen 0.9 kg de basura por persona al día, lo que significa que diariamente estamos produciendo cantidades enormes de basura haciendo un gran daño al medio donde vivimos. Es en las zonas metropolitanas donde se concentra esta producción. Por ejemplo, en el Distrito Federal se producen 1.4kg per-capita al día, lo que demuestra que viven mayor riesgo las zonas urbanas.
Este problema debe ser atendido de manera estratégica y sistemática por el estado mexicano. De no hacerse así, estaremos condenándonos a la catástrofe. Es menester que todos los involucrados, gobierno y sociedad, tomemos este asunto con mayor responsabilidad, mayor educación y así, habremos de mejorar la calidad de vida a través de un medio ambiente sano.
Por lo anteriormente expuesto, me permito presentar ante esta soberanía el siguiente:
Punto de acuerdo
Único. Por el que se exhorta al titular de la SEMARNAT, así como a las autoridades ambientales de los estados, a establecer políticas publicas coordinadas entre federación y entidades, en materia de gestión de residuos sólidos urbanos.
Dado en Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de septiembre de 2007.
Diputado Óscar González Morán (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA AL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO, A LA SENER, AL CENAPRED
Y A LA ALCALDÍA DE TLALNEPANTLA DE BAZ A CANCELAR LA APERTURA DE
LA GASOLINERÍA SITUADA EN SAN JUAN IXHUATEPEC, EN DICHO MUNICIPIO,
PORQUE SE HALLA EN EL POLÍGONO DE SEGURIDAD DE LA ZONA, A CARGO
DEL DIPUTADO RACIEL PÉREZ CRUZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
El suscrito, diputado federal de la LX Legislatura e integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo estipulado en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable asamblea el presente punto de acuerdo, bajo las siguientes
Consideraciones
1. En noviembre de este año se cumplirán 23 años de la tragedia acaecida en el municipio de Tlalnepantla de Baz, zona oriente, mejor conocida como San Juan Ixhuatepec o San Juanico.
Como recordamos, la madrugada del 19 de noviembre de 1984 explotó un tanque-esfera de almacenamiento de gas, propiedad de Petróleos Mexicanos. La causa aparente fue 8 explosiones previas desencadenadas por un carro-tanque de la empresa Unigas; lo que se calcula que dejó un saldo de 490 personas muertas; miles de heridos y lesionados; más de 50 mil damnificados, y de desaparecidos una cifra que no se ha logrado estimar.
La explosión, se calcula, ascendió a más de 80 mil metros cúbicos de gas consumido, lo que dejó también un saldo de 200 casas destruidas.
2. Dos años después, en 1986, se publicó en el Diario Oficial de la Federación una resolución risible, la cual obligaba a las gaseras que no cumplían con las medidas de seguridad a salir de la zona si no cumplían con estar ubicadas a una distancia de 100 metros de donde se ubicaran casas-habitación, por lo que nunca lo hicieron, pues todas éstas cumplían con dicha distancia.
3. Al final de la década de 1960 el gasoducto llamado Venta de Carpio permitió el abastecimiento de combustible a Petróleos Mexicanos y de media docena de plantas de almacenamiento y distribución de gasolina y gas LP, particularmente de la zona oriente del municipio de Tlalnepantla.
Sin embargo en 2006 el gobierno federal, a través de la Secretaría de Energía, cerró la operación del gasoducto Venta de Carpio, primero con el pretexto de su mantenimiento y después definitivamente, con el argumento de la invasión del derecho de vía del ducto por construcciones irregulares. Lo que provocó que las seis empresas de gas establecidas dentro del polígono de seguridad comenzaran a surtir diariamente el combustible por medio de autotanques que transportan más de 2 millones y medio litros de gas LP a esta zona.
Según las empresas particulares abastecedoras de gas, han manifestado a las autoridades la importancia de que se reabra el ducto, que es el medio más seguro que hay para transportar cualquier hidrocarburo; pues existen más, mejores y eficaces medios de seguridad ante una eventual emergencia y la posibilidad de un desastre.
Vale la pena mencionar que las gaseras de esta zona abastecen el 50 por ciento del combustible del valle de México y generan 5 mil empleos directos.
4. En un estudio elaborado con criterios científicos, realizado por la escuela de Trabajo Social de la UNAM, en esta zona se encuentran tipificados diferentes riesgos: químicos, sanitarios, hidrometeorológicos, físico-espaciales, socio-organizativos, entre otros, a los que no sólo contribuyen las gaseras (las cuales en conjunto almacenan 9 millones de litros de gas) sino diversas industrias con un manejo de productos altamente peligrosos.
Y por si esto fuera poco, existen tres ductos que abastecen la terminal Satélite Norte de Pemex Refinación, la cual provee de diesel y gasolina a una parte del Distrito Federal y la Zona metropolitana, y que proviene de diferentes lugares del país, atravesando múltiples avenidas, carreteras y lugares públicos de la región.
5. En San Juan Ixhuatepec habitan más de 250 mil personas; las plantas de Pemex y las empresas de gas han dejado de almacenar combustible; el que llega se distribuye diariamente, pero continúan en el mismo lugar, es decir, en el centro de una región densamente poblada de la zona oriente del municipio, por lo que el acuerdo de 1986 sigue sin tener efectos.
El acuerdo en gran medida se soslayó, debido al argumento de que su cumplimiento dejaría sin abasto al Distrito Federal y a la zona metropolitana, aunque el planteamiento de 1986 determinaba una reubicación gradual.
6. A esto, se agrega la decisión unilateral de instalar una gasolinera en el corazón de dónde se ubican las gaseras y transitan miles de vehículos diariamente, e incitando a los cientos de carro-tanques que transportan el combustible, y de utilizar esta estación de servicio de gasolinera como de carga de combustible para los camiones que surten a las gaseras, con lo que se agrega un factor más de alto y grave riesgo.
Como en muchos lugares del estado de México donde a los consorcios de gasolineras les ha dado la gana instalarse, sin importar si son unidades habitaciones, residenciales o zonas de alto riesgo; en la zona de San Juan Ixhuatepec, específicamente en la avenida San José, que atraviesa todas las gaseras, y está clasificado como el polígono de seguridad, se esta construyendo una gasolinera.
Es decir, en el lugar menos apropiado por los riegos que conlleva, el gobierno del estado de México está dando luz verde para autorizar la instalación de una gasolinera, sin que hasta el momento diversas organizaciones sociales, comités de protección civil de la comunidad de San Juan Ixhuatepec hayan tenido respuesta por parte de las autoridades sobre la situación que guarda el llamado acuerdo del polígono de seguridad de San Juan Ixhuatepec, elaborado en 1999 por la Dirección de Protección Civil del gobierno del estado de México.
Aún cuando éste gobierno tiene conocimiento del estudio realizado por petición de Pemex, por el Batlelle Memorial Institute, el cual establece la alta peligrosidad debido a la presencia del llamado Polígono de Seguridad de San Juan Ixhuatepec, que contempla además 30 empresas que manejan productos explosivos.
7. Por lo anterior, responsabilizamos a todas las autoridades relacionadas con el rubro, de cualquier incidente, riesgo o tragedia que pudiera ocurrir por no tomar las medidas necesarias para la seguridad de la población del municipio de Tlalnepantla, autorizando la instalación de esta gasolinera.
Considerando lo antes señalado, someto a consideración de esta soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta al gobierno del estado de México, a la Secretaría de Energía, al Centro Nacional de Prevención de Desastres y al gobierno municipal de Tlalnepantla, cancele de manera definitiva la apertura de la gasolinería ubicada en avenida san José, en San Juan Ixhuatepec, municipio de Tlalnepantla de Baz, Estado de México, por estar ubicada dentro del denominado Polígono de Seguridad, zona de almacenamiento y distribución de combustibles.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, 18 de septiembre de 2007.
Diputado Raciel Pérez Cruz (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE SOLICITA A LA SCT Y A LA SHCP A ATENDER LA PROBLEMÁTICA DEL REEMPLACAMIENTO
DE LOS TRACTOCAMIONES DE PROCEDENCIA EXTRANJERA, A CARGO DEL DIPUTADO RAMÓN
BARAJAS LÓPEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
El que suscribe, diputado federal Ramón Barajas López, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LX Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, con base en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, conforme a las siguientes
Consideraciones
A raíz del decreto de regularización de vehículos de procedencia extranjera de marzo de 1991, miles de camiones de carga circulan por las carreteras del país, amparados por las constancias de regularización que expidió la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), y emplacados por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).
Entre los meses de junio y julio de 2003, la SHCP inició un operativo en contra de los camiones de procedencia extranjera que no aparecieran en su base de datos. Se decomisaron gran cantidad de ellos en diversas partes de la república bajo el argumento de que la papelería era apócrifa, siendo que muchos transportistas habían sido engañados por coyotes que en complicidad con funcionarios de la SHCP vendieron gran cantidad de vehículos amparados con documentación que salió de las oficinas antes mencionadas. Posteriormente la SHCP manifestó que dicha documentación había sido extraviada, dejando a estos transportistas en un total desamparo.
En agosto de 2003, derivado de un fuerte movimiento en el cual participaron organizaciones de diferentes estados de la república, se realizó una reunión con funcionarios federales en la que se acordó una tregua por escrito para el cese de los decomisos de unidades y darle seguimiento a esta problemática. Dicha tregua fue firmada tanto por los funcionarios federales como por los dirigentes de los estados.
En 2004, el gobierno federal, dio inicio el programa de reemplacamiento que daría lugar al canje de placas de cerca de 500 mil vehículos del servicio público federal en un lapso de dos años, y sería en tres etapas, lo que permitiría contribuir al reordenamiento y regularización del auto transporte y a incrementar la seguridad y confianza de la población en la operación de los servicios. De igual manera permitiría contar con registros actualizados y confiables, combatir la irregularidad e impulsar el desarrollo del transporte.
En marzo de 2006, según datos de la SCT, inició la tercera y última etapa de canje de placas que tendría una duración de ocho meses. Según datos del primer informe de gobierno, al cierre de junio de 2007 se han entregado 385.6 mil placas nuevas, de las cuales 9.7 por ciento corresponde a pasaje, 4.8 a turismo y el 85.5 por ciento a carga. De esta forma, se estima una cobertura del 74.9 por ciento de la flota vehicular de pasaje, 73.9 por ciento de turismo y 50.5 por ciento de carga.
No obstante, el programa de reemplacamiento que empezó en 2004 y debió concluir en diciembre de 2006, no avanza a la velocidad esperada. Tan es así, que de las casi 500 mil unidades que componen el parque vehicular entre tractores, camiones y remolques, sólo se ha reemplacado el 50 por ciento.
Es de destacar que en el país circulan unos 120 mil vehículos ilegales, de procedencia extranjera llamados "chocolate" que han entrado emplacados por la SCT, pese a su condición ilegal; los cuales también requieren de su respectivo reemplacamiento.
No obstante los valiosos intentos por regularizar la situación de los tractocamiones, y de las diversas gestiones realizadas por las organizaciones ante las autoridades, éstas no han solucionado la problemática, y a la fecha no han dado una respuesta que concluya en una solución definitiva.
La solicitud de los transportistas es que se regularice la situación de los vehículos de transporte público de carga que ya se encuentran emplacados por la SCT, y que cuentan con su permiso público federal de carga.
Con la aprobación de este punto de acuerdo se combatirá la informalidad y facilitará la regulación de automotores de procedencia ilegítima, ya que hay propietarios de este tipo de vehículos que para lograr la libre circulación por las carreteras del país, utilizan documentos falsos pertenecientes a otro vehículo que quedó fuera de circulación, o documentos clonados que amparan a dos o más vehículos.
Es por lo anterior, que pido a esta soberanía solicite a la SCT y a la SHCP, a efecto de que conforme al derecho se realice el procedimiento de reemplacamiento de los tractocamiones y se regularice su situación, que les permita a los propietarios transitar por las carreteras de nuestro país sin el temor de que se les decomise su unidad o de ser extorsionados por alguna autoridad.
Por lo expuesto y fundado, someto a la consideración de este pleno el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se solicita respetuosamente a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y de Hacienda y Crédito Público, en el ámbito de sus competencias, a atender la problemática del reemplacamiento de los tractocamiones de procedencia extranjera que circulan en el país.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de septiembre de 2007.
Diputado Ramón Barajas López (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A ADOPTAR, POR CONDUCTO DE LA COMISIÓN
NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS, MEDIDAS QUE
GARANTICEN EL CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN LA DECLARACIÓN UNIVERSAL
DE DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS, APROBADA POR LA ONU, A CARGO
DE LA DIPUTADA IRMA PIÑEYRO ARIAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE NUEVA
ALIANZA
La diputada federal Irma Piñeyro Arias del Grupo Parlamentario Nueva Alianza, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración del Pleno de esta honorable Cámara de Diputados la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por el que se exhorta al Ejecutivo para que instruya a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, para que en coordinación con las demás dependencias concurrentes, se adopten las medidas necesarias para implementar la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, de conformidad con la siguiente
Exposición de Motivos
Los pueblos indígenas de todo el mundo, particularmente de países en vías de desarrollo, han denunciado a lo largo de décadas, de manera persistente, las violaciones en sus derechos humanos, la pérdida de libertades personales, así como el despojo de sus tierras y recursos naturales.
En este contexto la Asamblea General de las Naciones Unidas del pasado 13 de septiembre del presente año, aprobó la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, que marca un importante hito histórico que establece el respeto a los derechos de los pueblos indígenas del mundo, que incluyen la propiedad de sus tierras, acceso a los recursos naturales de sus territorios, la preservación de sus conocimientos tradicionales.
La Declaración, de 46 artículos, en que se les otorgan a los pueblos originarios derechos, la mayoría de ellos tomados de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, así como de otros tratados, determina obligaciones a los países para garantizar el cumplimiento de las disposiciones, entre las que sobresalen la preservación de lenguas, tradiciones, cultura, no discriminación ni explotación, trabajo, acceso al desarrollo, educación y salud, respeto a sus instituciones y formas de organización y gobierno. Sin duda el derecho internacional ha dado un paso importante en el reconocimiento de los derechos colectivos.
La protección de los pueblos indígenas, no obstante, según lo atestiguan los diferentes mecanismos de defensa de los derechos humanos, está entre los más vulnerables. La carta, tras su primera presentación en 1982 ante la entonces Comisión de Derechos Humanos de la ONU, varios países occidentales y africanos preocupados por la repercusión de la Declaración en su soberanía lograron impedir su avance mediante continuos llamados a su renegociación.
En 2006, después de ser adoptada por la Comisión de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, lograron aplazar de nuevo su consideración hasta este año del 61 periodo de sesiones de la Asamblea General. La Declaración fue adoptada por 143 de los 192 países, representados en el organismo entre ellos México, y la abierta oposición de Estados Unidos, Canadá, Australia y Nueva Zelanda.
Entre los puntos de la Declaración se destaca que "los Estados deberán otorgar reconocimiento legal y protección" a las tierras, territorios y recursos que son tradicionalmente propiedad de los indígenas, así como a las áreas "ocupadas, usadas o adquiridas" por estos pueblos. También que los pueblos indígenas tienen el derecho al resarcimiento, lo cual puede incluir la restitución o, cuando no es posible, una compensación justa y equitativa por sus tierras y recursos, "que han sido confiscados, tomados, ocupados, usados o dañados sin su libre, previo e informado consentimiento".
El documento obliga a los Estados a solicitar de los pueblos indígenas la aprobación para cualquier proyecto que afecte a sus tierras, territorios y otros recursos. E incluye, para estos pueblos, el derecho al autogobierno en los temas relacionados con sus asuntos internos y locales, así como procedimientos y formas para autofinanciarse.
En este sentido, la Declaración asiente que los territorios donde viven los indígenas no pueden ser utilizados con fines militares ni, como era frecuente en el pasado, para el depósito de residuos tóxicos, principalmente en los países desarrollados.
La Declaración de la ONU sostiene que los más de 370 millones de indígenas en el mundo no deben ser sujetos de "ningún acto de genocidio u otro acto de violencia", ni se debe proceder al traslado forzado de niños de un grupo a otro. Tampoco pueden ser desplazados de sus tierras o territorios, mientras que su reubicación no puede ser llevada a cabo sin consentimiento previo, tras una decisión tomada con libertad.
Los pueblos indígenas siguen siendo expulsados de sus territorios so pretexto del establecimiento de zonas protegidas o parques nacionales. El desplazamiento forzado de sus bosques tradicionales, como resultado de leyes que favorecen los intereses de empresas comerciales, es un factor fundamental en el empobrecimiento de esas comunidades. Según las Naciones Unidas, alrededor de 60 millones de personas indígenas de todo el mundo dependen casi por entero de los bosques para sobrevivir.
En América Latina hay más de 650 pueblos indígenas reconocidos por los estados, que a su vez presentan una diversidad de realidades territoriales y demográficas, y poseen diferentes rangos sociopolíticos dentro de los países donde se asientan. El común denominador negativo es el avasallamiento histórico al que han sido sometidos, y la persistencia de distintas formas de discriminación que les afecta todavía, y que se expresa en el hecho de que estos pueblos sufren con mayor intensidad que el resto de la población condiciones de marginalidad territorial, exclusión socio-económica y falta de acceso a instancias de poder político.
No obstante que países del Continente Americano han estado a la cabeza con reformas constitucionales, en relación con la tierra, sin embargo, los procedimientos para otorgar los títulos han sido lentos y complejos y, en muchos casos, los títulos concedidos a las comunidades no se respetan en la práctica. La privatización de las tierras indígenas ha venido aumentando. La mayor parte de los recursos naturales –minerales, agua, fuentes potenciales de energía y otros más– se encuentran dentro de los territorios de los pueblos indígenas. El acceso a esos recursos y su propiedad y utilización sigue siendo una cuestión contenciosa. Las leyes aprobadas permiten la apropiación privada de tierras ricas en recursos naturales.
Hoy la Declaración Universal de Derechos de los Pueblos Indígenas, resultado de más de dos decenios de negociaciones, subraya que el control de las tierras, y los recursos por los pueblos indígenas les permitirá mantener y fortalecer sus instituciones, sus culturas y sus tradiciones y promover su desarrollo de conformidad con sus aspiraciones y necesidades.
Sin embargo, aunque la Declaración firmada en la Asamblea General de la ONU no es un documento jurídicamente vinculante, sí representa a nivel mundial y particularmente para nuestro país un instrumento dinámico en las normas internacionales, que ayudará a proteger a los indígenas contra la discriminación, marginación y reconocimiento y ejercicio de sus derechos. La Declaración hace hincapié en la importancia de la educación bilingüe y alude a la implementación de medidas especiales para asegurar el mejoramiento continuo de las condiciones económicas y sociales de los ancianos, mujeres y menores indígenas, en particular.
Por ello, el titular de Naciones Unidas urgió a los gobiernos y la sociedad civil a integrar de inmediato a sus agendas de derechos humanos y desarrollo los asuntos relacionados con las garantías de los indígenas, mediante la elaboración de políticas y programas para garantizar que la Declaración se convierta en una realidad.
En México el ejercicio colectivo de los derechos indígenas requiere cambios estructurales que permitan la construcción de un Estado pluricultural.
La reforma constitucional de 2001 que modificó los artículos 1, 2, 4, 18 y 115, fue un paso muy importante para avanzar en la construcción de una nueva relación entre el Estado, los pueblos indígenas y la sociedad. Sin embargo, los pueblos indígenas aún demandan el respeto a su cultura y tradiciones, el reconocimiento de sus derechos colectivos y su inclusión en todas las formas de participación social, política y económica. Con justa razón exigen a los tres poderes del Estado Mexicano y a los 3 niveles de gobierno ser tomados en cuenta cuando se regula y legisla respecto de sus tierras, formas de organización, lenguas, recursos naturales, sistemas normativos internos, participación, desarrollo y consulta.
Asimismo, si bien es cierto que ha habido avances como lo dispuesto por la constitución política federal que señala que podrán elegir de acuerdo con sus normas, procedimientos y prácticas tradicionales, a las autoridades o representantes para el ejercicio de sus formas propias de gobierno interno, todavía queda pendiente garantizar el respeto de los derechos humanos de los indígenas, así como por el cumplimiento y la adopción de mecanismos eficaces para erradicar la discriminación, fomentar la tolerancia y el pleno cumplimiento de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas.
Hoy por hoy, ser indígena en México significa estar ubicado en la línea de extrema pobreza; significa vivir en tierras en donde el atraso se ha mantenido durante décadas; significa emigrar, abandonar la tierra, la cultura, sus afectos para sobrevivir.
La situación en la que viven los indígenas de México es un ejemplo de los claroscuros que prevalecen en la sociedad; y nos obliga a replantear nuestro modelo de desarrollo, a incorporar sus reclamos en las políticas públicas para fomentar una cultura de respeto, con mecanismos que impidan lesionar más sus intereses como la práctica común de autorizar la explotación de los recursos existentes en sus tierras. Una asignatura pendiente en el desarrollo legislativo.
En nuestro país, de acuerdo a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, la Declaración apoyada por 143 países beneficiará a 12 millones de personas indígenas, que constituyen más de la décima parte de la población mexicana, que ocupa el octavo lugar en el mundo en cuanto a diversidad cultural. Los pueblos y comunidades indígenas integran cerca del 12.7% de la población nacional, distribuidos en cerca de 20 mil localidades, de acuerdo a cifras de la propia Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.
En virtud de lo anterior, esperamos una respuesta positiva, con el propósito de sumarnos con acciones a la protección y el reconocimiento de nuestros pueblos indígenas, el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, exhorta al Ejecutivo y somete a la consideración de esta asamblea el siguiente:
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta al Ejecutivo para que instruya a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, para que en coordinación con las demás dependencias concurrentes, se adopten las medidas necesarias para implementar la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.
Palacio Legislativo de San Lázaro, Cámara de Diputados, a 18 de septiembre de 2007.
Diputada Irma Piñeyro Arias (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA A LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA
A INCLUIR EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN DE 2008
UNA PARTIDA DESTINADA AL FIDEICOMISO ESTATAL DE APOYO A LA PRODUCCIÓN
CINEMATOGRÁFICA DE NUEVO LEÓN, A CARGO DEL DIPUTADO JUAN
MANUEL VILLANUEVA ARJONA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el suscrito diputado federal, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LX Legislatura, Juan Manuel Villanueva Arjona, presenta ante esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, basado en las siguientes
Consideraciones
1. El gremio de Cineastas de Nuevo León, es una agrupación integrada con el auspicio del Consejo para la Cultura y las Artes de Nuevo León, agrupa a mas de 100 directores, guionistas, productores, actores, cinematógrafos, sonidistas, editores, diseñadores de arte, músicos para cine y demás áreas de la realización cinematográfica.
Actualmente, Nuevo León es el segundo polo de producción cinematográfica, representando en el año 2006 el 20 por ciento de la producción cinematográfica de México.
El fideicomiso estatal de Apoyo a la Producción Cinematográfica de Nuevo León, Promocine, es el único fondo en México que existe para apoyar la producción cinematográfica regional.
2. Afortunadamente podemos decir que actualmente México ha salido del bache de producción, y cuenta con alrededor de 75 películas al año.
Sin embargo, es necesario –en reconocimiento a este trabajo y a la relevancia que tiene– que logremos mayor apoyo económico para que estas producciones nacionales logren sortear la problemática que enfrentan para su comercialización y distribución.
Es necesario contar con mejores equipos, laboratorios, foros, con tecnología avanzada del cine digital, nuevas escuelas y nuevos planteles de formación que complementen los existentes.
Es por ello que en virtud de lo aquí expuesto, me permito presentar ante esta honorable Cámara de Diputados el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de esta honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación se incluya un partida destinada al Fideicomiso Estatal de Apoyo a la Producción Cinematográfica de Nuevo León.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de septiembre de 2007.
Diputado Juan Manuel Villanueva Arjona (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA AL CONGRESO DE ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA A RETOMAR LA
DISCUSIÓN SOBRE UNA REFORMA MIGRATORIA INTEGRAL, A CARGO DEL DIPUTADO
JOSÉ JACQUES Y MEDINA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
El que suscribe, José Jacques y Medina, integrante de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior de Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicita que se someta a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, de conformidad con las siguientes
Consideraciones
Hace algunas semanas, el Senado estadounidense pospuso de manera indefinida las discusiones sobre una revisión a profundidad de su legislación migratoria. Este rechazo se ha traducido en una nueva decepción para millones de mexicanos que viven y trabajan en Estados Unidos de América, EUA.
Días después, el gobierno del presidente George W. Bush anunció un paquete de acciones destinadas a combatir la presencia de trabajadores indocumentados en Estados Unidos. Las medidas incluyen el reforzamiento de las medidas de control para la contratación de empleados, la agilización de los procesos para la expulsión de migrantes, el incremento en el número de agentes para realizar redadas, entre muchas otras. En el mismo sentido, un creciente número de congresos y gobiernos locales de la Unión Americana ha considerado medidas legislativas, resoluciones y ordenanzas contra los migrantes.
Este clima de político ha permitido que se intensifiquen los abusos en contra de nuestros connacionales. Se viven momentos de agresividad hacia los migrantes mexicanos en Estados Unidos que no se habían experimentado desde hace muchos años. Están triunfando las redadas, las amenazas a los empleadores, el desdén y la desconfianza hacia los hispanos, en medio de desconocimiento de formas para manejar la migración que reconozcan sus ventajas. A la vez, este tipo de arrestos y redadas han dejado abandonados y traumatizados a cientos de niños, que son informados que sus padres han sido detenidos, encarcelados o deportados. El Pew Hispanic Center calcula que existen alrededor de 3.1 millones de menores de edad en Estados Unidos cuyos padres (por lo menos uno) son indocumentados.
El pasado jueves 6 de septiembre, el Subcomité de Inmigración de la Cámara de Representantes del Congreso estadounidense llevó a cabo una audiencia sobre el proyecto bipartidista de "Ley de Seguridad a través de la Migración Regularizada y una Economía Vibrante" (Strive Act), presentado por los congresistas Luis Gutiérrez y Jeff Flake. La iniciativa busca una reforma migratoria que incluya una forma de regularización para todos los migrantes.
La audiencia resulta importante pues representa un medio de presión política de todos los actores que favorecen una reforma migratoria integral para que la Cámara de Representantes adopte una acción legislativa. Además, es un signo esperanzador de que el tema siga considerándose vigente, pese al colapso del proyecto de reforma en el Senado. Igualmente, la reunión puede representar un impulso para algunas de las medidas han quedado estancadas, como la iniciativa conocida como Dream Act, que busca legalizar a estudiantes indocumentados o la Ag Jobs, que podría regularizar a millón y medio de trabajadores agrícolas.
Durante la audiencia, legisladores demócratas y republicanos urgieron a los líderes en la Cámara de Representantes a retomar sin demora el debate para una reforma migratoria integral ante la posibilidad de que empeore la situación de millones de indocumentados. A la sesión asistió Saúl Arellano, hijo de Elvira Arellano, la indocumentada mexicana que hace unas semanas fue deportada a México tras su arresto en Los Ángeles. La presencia de Saulito en la reunión de los legisladores representó una prueba viviente de la separación familiar que supone la falta de una reforma integral.
Por otro lado, en días pasados, en un foro convocado por una cadena televisiva estadounidense, siete precandidatos presidenciales demócratas de ese país prometieron concretar lo más pronto posible una reforma global de las leyes de inmigración durante el próximo gobierno en la Casa Blanca.
Finalmente, el pasado 12 de septiembre, durante el Día Nacional de Acción, miles de migrantes se movilizaron en varias de ciudades de Estados Unidos para demandar una reforma migratoria integral, la regularización de los indocumentados, una moratoria a las detenciones y deportaciones y detener las medidas antimigratorias decretadas por el presidente George W. Bush. En Washington, sede del Congreso estadounidense, decenas de migrantes llevaron un mensaje claro a la presidenta Nancy Pelosi: aunque se diga que el tema migratorio está políticamente "muerto", los migrantes y sus familias están vivos y son una prueba clara de la necesidad de una solución a nivel federal a esta problemática.
Los legisladores mexicanos manifestamos con toda claridad que las acciones que están llevando a cabo en Estados Unidos diversos actores en contra de nuestros connacionales representan una agresión que ofende la dignidad del pueblo mexicano. Insistimos en que una política enfocada exclusivamente en los aspectos de seguridad y control, sin medidas para permitir la regularización y legalización de trabajadores indocumentados, no representa de ninguna manera una solución viable al fenómeno migratorio. Por tanto, es necesario que no quitemos el dedo del renglón y sigamos insistiendo en un demandar una reforma integral de las leyes migratorias estadounidenses.
Por lo anteriormente expuesto y fundado sometemos a su consideración el siguiente:
Punto de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de México exhorta respetuosamente al Congreso de los Estados Unidos de América a retomar, lo más pronto posible, la discusión sobre una reforma migratoria integral que garantice la regularización y el respeto de los derechos humanos de los migrantes mexicanos que viven y laboran en aquella nación.
Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de México extiende su más amplia solidaridad con la movilización pacífica que llevaron a cabo el pasado 12 de septiembre en Estados Unidos miles de migrantes en demanda de una reforma migratoria integral.
Tercero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión respalda la petición de las organizaciones de migrantes mexicanos en Estados Unidos de solicitar a la presidenta de la Cámara de Representantes de aquella nación, Nancy Pelosi, de estudiar los mecanismos para conceder un suspensión temporal de las deportaciones de los migrantes indocumentados, que les permita continuar trabajando y evite la separación de sus hijos ciudadanos estadounidenses.
Palacio Legislativo, a 18 de septiembre de 2007.
Diputado José Jacques Medina (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA AL GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ A DESTINAR RECURSOS PARA
LA MEJORA DE LAS CARRETERAS ESTATALES QUE CONDUCEN A LA ZONA ARQUEOLÓGICA
DE EL TAJÍN, A CARGO DEL DIPUTADO ANTONIO DEL VALLE TOCA, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PAN
Antonio del Valle Toca, diputado federal de la LX Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, propone al Pleno de la honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión el siguiente punto de acuerdo a fin de exhortar al gobierno del estado de Veracruz a destinar los recursos públicos suficientes para la mejora de las carreteras estatales que conducen a la zona arqueológica del Tajín con motivo de la afluencia de turistas que cada año concurre a este destino turístico y cultural, al tenor de las siguientes
Consideraciones
1. Que en la zona arqueológica del Tajín, cada año se celebra el Festival de la Identidad, mismo que convoca a miles de turistas nacionales y extranjeros para disfrutar y participar en las celebraciones con motivo del equinoccio de primavera y que fueron heredadas por las culturas totonacas.
2. Que la ciudad sagrada de El Tajín es una zona declarada por la UNESCO como patrimonio mundial de la humanidad, por lo que no es sólo patrimonio de México sino del Mundo y es necesario conservarlo como testimonio de la grandeza del espíritu humano para las generaciones venideras.
3. Que el Festival de la Identidad de Cumbre Tajín no se limita a la zona arqueológica del mismo nombre, sino que por la cercanía a playas, montañas y ríos ofrece inigualables oportunidades de esparcimiento a los miles de visitantes que acuden al festival, por lo que este evento es un importante detonante del turismo en la parte norte del estado de Veracruz.
4. Que con este motivo, los tres órdenes de gobierno tienen tareas ineludibles para fomentar el desarrollo turístico teniendo como eje la zona arqueológica del Tajín, por lo que las autoridades federales, estatales y municipales, en ejercicio de las atribuciones que la ley les confiere deben formular e implantar las políticas públicas pertinentes para hacer de la zona arqueológica del Tajín un detonante turístico importante dentro del estado de Veracruz y del país.
5. Que por lo que respecta al gobierno local del estado de Veracruz, a éste compete entre otras funciones, garantizar el acceso a la zona del Tajín por las carreteras estatales de manera expedita y segura.
6. Que las tres principales carreteras que permiten el acceso a la zona del Tajín, desde Papantla, el Chote y Poza Rica, se encuentran en pésimas condiciones de uso, lo que aumenta la posibilidad de percances y accidentes automovilísticos de turistas nacionales y extranjeros que visitaran anualmente la zona arqueológica del Tajín.
7. Que en el marco del federalismo hacendario y la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el año 2007, la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión ha autorizado la entrega de recursos económicos suficientes para que el gobierno del estado de Veracruz mejore las condiciones de las carreteras estatales a fin de prestar un servicio eficiente y de calidad a los turistas nacionales y extranjeros que transitan por esos caminos.
Por lo anterior, someto a consideración el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Que se exhorte al Poder Ejecutivo local del estado de Veracruz para que en el marco de las facultades que la ley le otorga, mejore las condiciones de las carreteras, realizando las obras de señalización, pintura y mantenimiento necesario, que conducen a Tajín, para proteger a los turistas nacionales y extranjeros que acuden a esta zona considerada patrimonio mundial de la humanidad.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de septiembre de 2007.
Diputado Antonio del Valle Toca (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA AL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS SALARIOS
MÍNIMOS Y AL TITULAR DE LA STPS A OTORGAR UN AUMENTO DE EMERGENCIA
A LOS SALARIOS MÍNIMOS GENERALES, A CARGO DEL DIPUTADO JOSÉ
ANTONIO ALMAZÁN GONZÁLEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
El que suscribe, José Antonio Almazán González, diputado federal de la LX Legislatura e integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 71, 73 y 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía proposición de punto de acuerdo, con el carácter de urgente y obvia resolución, con el objeto de que se exhorte a los licenciados Basilio González Núñez y Javier Lozano Alarcón, presidente de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos y secretario del Trabajo y Previsión Social, respectivamente, para que otorguen un aumento salarial de emergencia a los salarios mínimos generales; asimismo, demandar al secretario del Trabajo y Previsión Social que solicite a la autoridad competente que se establezca un control de precios a los artículos de consumo popular, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Según datos oficiales publicados por la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), en su "canasta inteligente", la mayor parte de artículos de consumo popular, los llamados "artículos de la canasta básica constitucional", ha tenido severos incrementos de precio, destacando los aumentos de pollo, leche, aceite, arroz, azúcar, frijol, carne de res, huevo, jitomate, nopales, pan dulce, papa, piña, plátano, queso canasto, jamón de pierna, tortilla, crema dental y jabón de tocador, incrementos de precios que en promedio alcanzan 22 por ciento en el periodo que va del 1 de diciembre de 2006 al 4 de septiembre de 2007, indicando además que esta tendencia inflacionaria continuará en los meses siguientes, sin que el gobierno federal mueva un dedo para contener estos aumentos, gravísimos para la economía de los trabajadores mexicanos y pulverizando los de por sí míseros aumentos salariales de los trabajadores.
A la luz de estos datos, podemos afirmar que los efectos acumulados de la política económica neoliberal vigente han impactado negativamente y de manera muy severa el poder adquisitivo de los trabajadores, en virtud de la política que ha implantado el gobierno federal, de contención de los salarios y de la eliminación de los mecanismos de control de precios de los artículos de consumo popular. Como podemos recordar, el control de precios establecido durante el sexenio de José López Portillo abarcaba una canasta básica de 96 bienes y servicios; al final de ese sexenio, el gobierno federal disminuyó el número de artículos sujetos a control de precios. A partir de 1982, con Miguel de la Madrid empieza en México la aplicación de las políticas económicas neoliberales, y el control de precios a la canasta básica desaparece, lo cual perjudica profundamente el nivel de vida de los trabajadores y de la población en general.
A la fecha, el salario mínimo general sigue contenido y estancado, el aumento de 3.9 por ciento, a partir de enero de 2007, se tradujo en un mísero aumento de 1 peso con 90 centavos, y el incremento a los salarios contractuales apenas alcanza en promedio un 4.28 por ciento. Ambos incrementos de los salarios mínimos y contractuales se han visto pulverizados por los aumentos a los precios de los básicos.
Esta situación se vuelve mas dramática para 12.39 por ciento de la población económicamente ocupada, es decir, aproximadamente 5 millones 300 mil trabajadores, que ganan hasta un salario mínimo y, por tanto, son los mas afectados por esta escalada de precios.
El resultado de esta política de contención salarial es una creciente inestabilidad social, política y económica, que ha llevado al límite a los trabajadores mexicanos, provocando que "la acumulación de la miseria sea proporcional a la acumulación de capital", a tal grado que mientras que en la lista de Forbes figuran 10 millonarios mexicanos entre los más ricos del planeta, encabezados por Carlos Slim, con una fortuna de 53.100 millones de dólares; por otro lado, casi la mitad de los mexicanos viven al día y sin posibilidad alguna de tener patrimonio y 18.2 por ciento vive en la extrema pobreza, tal y como señala un estudio divulgado recientemente por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.
En este contexto, tanto la Conasami como la Secretaría del Trabajo y Previsión Social han incumplido sus obligaciones constitucionales de tutelar los derechos de los trabajadores, y más bien se han caracterizado por tener una posición proempresarial, y de agresión a los derechos adquiridos de los trabajadores y sus sindicatos.
La situación descrita se exacerbará aún más, en virtud de la decisión de incrementar el precio de la gasolina y el diesel, que desatará una nueva espiral inflacionaria, y que se reflejará en mayores incrementos a los precios de los productos y servicios de mayor consumo popular.
Frente a esta terrible realidad social que condenan a la miseria y pobreza a millones de mexicanos, los diputados federales no podemos permanecer indiferentes, por el contrario debemos asumir el mandato constitucional de verdaderos representantes populares, en beneficio de los asalariados mexicanos y del pueblo en su conjunto.
Por todo lo expuesto y fundado, someto a la consideración de la honorable Cámara de Diputados la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Con carácter de urgente y obvia resolución
Primero. De acuerdo con lo que establecen el párrafo primero y la fracción I del artículo 570 de la Ley Federal del Trabajo, solicitar al licenciado Javier Lozano Alarcón, secretario del Trabajo y Previsión Social, formule al presidente de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos solicitud por escrito con objeto de que se revisen estos salarios, y se otorgue a los salarios mínimos generales un aumento de emergencia, que contemple un incremento superior al alza de los productos básicos alimentarios.
Segundo. Requerir al secretario del Trabajo y Previsión Social que, de conformidad con lo que establece el párrafo tercero del artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solicite a la autoridad competente que se establezca control de precios a los artículos de consumo popular, que son parte de la canasta básica constitucional, a fin de evitar que intermediaciones innecesarias o excesivas provoquen insuficiencia en el abasto, así como detener el alza de precios, que impacta severamente los salarios de los trabajadores mexicanos.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de septiembre de 2007.
Diputado José Antonio Almazán González
(rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, A EFECTO
DE EXHORTAR A LOS PODERES EJECUTIVO Y LEGISLATIVO DEL ESTADO DE PUEBLA
A PROMOVER ENTRE LOS MUNICIPIOS DE CUAUTLANCINGO Y PUEBLA MECANISMOS PARA
SOLUCIONAR EL PROBLEMA RELACIONADO CON SUS LÍMITES Y COMPETENCIA
TERRITORIAL, A CARGO DE LA DIPUTADA DOLORES MARÍA DEL CARMEN PARRA
JIMÉNEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
La diputada Dolores María del Carmen Parra Jiménez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicita que se someta a consideración del Pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
El estado de Puebla se ha visto inmerso en una serie de afectaciones a nivel territorial y limítrofe con los municipios de San Andrés Cholula, Amozoc, Coronango, Puebla, Cuautlancingo y San Pablo del Monte, perteneciente al estado de Tlaxcala. Ya se tuvo la oportunidad en el caso de San Andrés Cholula de mandar un exhorto al Congreso Libre y Soberano del Estado de Puebla, sin embargo, la diputada en su tarea de poder brindarle seguridad jurídica a la población y en especial al municipio de Cuautlancingo como parte del distrito que ella representa, manifiesta su interés y preocupación por sus habitantes ya que el conflicto limítrofe entre municipios, crea desconcierto entre sus pobladores por lo que se pide un exhorto de manera respetuosa para que el propio Congreso del Estado les informe a los habitantes de Cuautlancingo, los límites actuales con el municipio de Puebla, a fin de seguir evitando discrepancias entre autoridades y, de esta forma, anular diferencias, provocaciones e incertidumbre entre municipios vecinos.
Lo que pretendemos con este exhorto es que los gobernantes comerciantes, empresarios y ciudadanos pertenecientes al municipio de Cuautlancingo, conozcan los verdaderos límites que tienen con el municipio de Puebla, ya que el desconocimiento real de dichos límites provoca incertidumbre entre la gente que habita la franja en disputa. Ante la falta de sensibilidad política por parte del Congreso de Puebla y ante el desinterés mostrado por un conflicto que lacera la economía y estabilidad social del propio estado; se exhorta a resolver esta situación, considerando que en el estado de Puebla este 2007, será año de elecciones municipales y diputaciones locales, con lo cual se pretende no involucrar este tema dentro de la agenda política local. Y en tiempos electorales los vecinos de la zona limítrofe no tienen definidos sus lugares para ejercer su voto, porque no se sabe en qué territorio deben aplicar este derecho, lo que se pretende es no contaminar el proceso electoral con el tema de los límites territoriales.
Es por ello, que ante el honorable Congreso del Estado, se solicita intervengan de manera inmediata para resolver la definición de todas las delimitaciones territoriales, por el bien del estado de Puebla y sus habitantes, principalmente de los dos municipios referidos, es prudente hacer un llamado a los involucrados a sujetarse a la ley y al estado de derecho, que han sido, son y seguirán siendo la mejor garantía de una convivencia social armónica. Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración el siguiente
Punto de Acuerdo
Se exhorta al titular del Ejecutivo del estado de Puebla, así como al honorable Congreso del estado, para que en el ámbito de su competencia promuevan entre los municipios de Cuautlancingo y Puebla los mecanismos para solucionar el problema relacionado con sus límites y competencia territorial.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de septiembre de 2007.
Diputada Dolores María del Carmen Parra Jiménez
(rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A DECLARAR EL 23 DE SEPTIEMBRE COMO DÍA
NACIONAL EN CONTRA DE LA EXPLOTACIÓN SEXUAL Y LA TRATA DE PERSONAS,
A CARGO DE LA DIPUTADA MARICELA CONTRERAS JULIÁN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PRD
En enero de 1999, en la conferencia mundial de la Coalición Contra el Tráfico de Mujeres que tuvo lugar en Dhaka, Bangladesh se adoptó el día 23 de septiembre como el día internacional contra la explotación sexual y el tráfico de mujeres, niñas y niños, derivado de que este problema se ha convertido en un negocio millonario para el crimen organizado a nivel mundial.
La explotación sexual y la trata de personas, constituyen una afrenta y plaga mundial. Representa actualmente el siniestro reverso oculto de la globalización económica, tal como lo describió el anterior Secretario General de la ONU, por las estadísticas alarmantes con las que se cuenta al respecto, ya que se calcula que alrededor de tres millones de niñas y niños en el mundo son víctimas de explotación sexual, de los cuales aproximadamente 16 mil casos se presentan en nuestro país, según cifras del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia en México (UNICEF). A ello debemos agregar el dato de que en el año pasado se encontraron entre 72 mil y 100 mil sitios con pornografía infantil, radicados en este país.
El departamento de Estados Unidos señala que cada año entre 600 mil y 800 mil mujeres, niñas y niños son trasladados de manera clandestina a través de las fronteras internacionales con fines de explotación sexual comercial; en tanto la Organización Internacional del Trabajo estima que al menos 2.4 millones de víctimas de trata de personas se encuentran laborando en condiciones de explotación y que cada año se agregan 1.2 millones de personas.
Sin duda alguna, los índices de tráfico y explotación sexual de mujeres, niñas y niños se han incrementado de manera considerable en todo el mundo, pero se han visto más afectados países como Filipinas que presenta 100 mil casos de estos abusos; 400 mil en la India; 100 mil en Taiwan, 200 mil en Tailandia, 100 mil en Brasil, 35 mil en Africa Occidental, 175 mil entre Europa central y del este y entre 244 y 325 mil en Estados Unidos.
Las cifras hablan por sí solas y las consecuencias son de conocimiento público.
La trata de personas, además de una cuestión delictiva y un problema de migración, constituye una grave vulneración a los derechos humanos y una evidente prueba de que existe una desigualdad por razones de género. En todo el mundo, la mayoría de los seres sometidos a la trata sexual son mujeres y niñas de un bajo nivel socioeconómico, oriundos de países en vías de desarrollo. Además, la explotación sexual es particularmente dañina para la salud de las mujeres, niñas y niños, pues se enfrentan a los riesgos que representan las enfermedades de transmisión sexual. Teniendo en cuenta que hoy en día se tiene una deficiente política de prevención y atención del problema a nivel mundial.
El tráfico y explotación intercontinental se ha convertido en un tipo de esclavitud moderna, por lo que es urgente la aplicación de los distintos instrumentos internacionales protectores del tema. México es parte de dichos ordenamientos, ya que los ha firmado y ratificado en su momento con objeto de proteger los derechos de estas víctimas, además para emprender acciones que prevengan, erradiquen y sancionen el tráfico de mujeres, niñas y niños.
De ahí la importancia de que nuestro país se sume a la iniciativa de impulsar en los diversos foros de carácter mundial la adopción del 23 de septiembre como día internacional en contra de la explotación sexual y el tráfico de mujeres, niñas y niños. A su vez, el hecho de declarar este día nacional en México permitirá una suma de esfuerzos y voluntades para atender de manera inmediata y urgente esta problemática que tanto daño ha hecho a nuestra sociedad.
Quiero resaltar también que existe pendiente en el Senado de la República la aprobación de la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, con la cual esta problemática sería manejada con una visión global para combatirla, no sólo tipificando y penalizando el delito, sino introduciendo además acciones y medidas de prevención, protección y asistencia a las víctimas, así como capacitación del personal de las instituciones involucradas con el tema.
Apelo a la sensibilidad de todas y todos ustedes para apoyar este punto de acuerdo, y así podamos coadyuvar con acciones en la eliminación de este mal que lesiona la dignidad, los derechos e integridad de las mujeres, niñas y niños en nuestro país y el mundo.
Por eso, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a su consideración, como de urgente u obvia resolución, el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados, exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal para que declare el 23 de septiembre como día nacional en contra de la explotación sexual y la trata de personas.
Segundo. La Cámara de Diputados, exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo federal para que, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, promueva ante los organismos internacionales la declaración del 23 de septiembre como día internacional contra la explotación sexual y el tráfico de mujeres, niñas y niños.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de septiembre de 2007.
Diputada Maricela Contreras Julián (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA A LA SEMARNAT, A LA SENER Y AL GOBIERNO DE COAHUILA A REALIZAR
UN ESTUDIO SOBRE LA SITUACIÓN QUE EL PROYECTO INDUSTRIAL TAJO ZACATOZA
PODRÍA GENERAR EN EL AMBIENTE, A CARGO DEL DIPUTADO ROLANDO RIVERO
RIVERO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
Rolando Rivero Rivero, coordinador de los diputados federales y los 7 legisladores integrantes por el estado de Coahuila de esta LX Legislatura en este honorable Congreso de la Unión del Grupo Parlamentario del PAN, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, exponemos las siguiente proposición con punto de acuerdo y de urgente resolución con base en lo siguiente
Exposición de Motivos
En el estado de Coahuila se localiza la única cuenca carbonífera que existe en la Republica Mexicana, situado en un área que va con dirección a la carretera nacional 57 con posibilidad de yacimientos de 50 kilómetros al sur de la ciudad de Sabinas Coahuila hasta la parte norte del mismo estado, en esta gran área se encuentran instalaciones mineras subterráneas así como un sin numero de tajos abiertos explotados con un gran deterioro del medio ambiente, producido por la falta del resarcimiento ecológico, al formarse grandes cráteres u ollas por la acumulación de la tierra que es desalojada en los alrededores para originar la extracción de carbón en la parte central, ante esta grave situación ambiental, este grupo parlamentario pone en antecedentes la situación que podría generarse en la ciudad de Piedras Negras al realizarse el proyecto zacatoza de extracción de carbón en el área urbana.
El municipio de Piedras Negras localizado al norte del estado Coahuila es actualmente una ciudad que se ha identificado como una de las mas limpias y con un desarrollo comercial e industrial sustentable, así como trazada y desarrollada con comunicaciones de libramientos para un futuro que se difiere ampliamente de las ciudades fronterizas de otros estados de la republica.
En el área urbana de la ciudad se localiza un yacimiento de carbón a flor de tierra ubicado al norte de la ciudad con una superficie de 2 mil 98 hectáreas localizado en las coordenadas geográficas 28° 45´ 30" de latitud norte, 28° 43´ de latutid sur, 100° 33´ de longitud oeste y 100° 30´ de longitud este, con una capacidad probada de carbón de 10 millones 308 mil 464 toneladas de carbón, misma que ha sido sujeta a 2 proyectos uno llamado Tajo Norte que fue cancelado por las múltiples manifestaciones del consejo ciudadano de la ciudad de Piedras Negras, por considerar altamente contaminante y con un deterioro considerable en el uso de suelo en su superficie, y este ultimo proyecto llamado Tajo Zacatoza que también tiene un punto de acuerdo originado en el Congreso de la Unión en marzo 5 del 2003 por el diputado Víctor Antonio García Dávila del Partido del Trabajo quien exhorta a la Semarnat a la vigilancia del proyecto.
A partir del 19 del diciembre del 2001 la minera carbonífera Río Escondido, SA de CV, ingresa a la dirección general de impacto y riesgo ambiental del estado de Coahuila el proyecto de extracción llamado Tajo Zacatoza para su evaluación en materia de impacto ambiental, mismo que el 24 de abril del 2002 esta misma dirección notifica a la honorable Presidencia Municipal de Piedras Negras el ingreso del proyecto del mismo nombre con el único objetivo de que manifestara lo que a su derecho conviniera, ya que dicho proyecto se encuentra localizado muy cerca de la zona urbana de este municipio y con esta misma fecha la misma dirección general, notifica al Instituto Coahuilense de Ecología en este estado el ingreso de este mismo proyecto a esta unidad administrativa, para que manifestara lo que a derecho conviniera mismo que no hemos tenido las observaciones que este instituto evaluara. Este ingreso hasta la fecha tampoco ha sido evaluado ni aprobado por la Presidencia Municipal con respecto al uso de suelo que deberá ser llevado a su autorización en junta de cabildo.
De acuerdo con lo citado en la manifestación de impacto ambiental, el plan director de desarrollo urbano de la ciudad de Piedras Negras 2001-2012 muestra que el predio donde pretende desarrollarse el proyecto Zacatoza, tiene compatibilidad de uso de suelo y permite servicios como: corredor urbano, industria ligera, mediana no contaminante, servicios, comercio, áreas verdes y espacios abiertos.
El hecho de realizarse el proyecto Tajo Zacatoza en esa localización conllevaría a la construcción y operación de una mina a cielo abierto para la extracción de carbón mineral con una duración de 4 años para la extracción de las 10 millones 308 mil 454 de toneladas y 6 años para la rehabilitación y mitigacion de la área explotada. La explotación llevaría a una contaminación de polvos, detonantes, así como transportación pesada altamente contaminante para el envío del carbón hacia la planta Carbo Eléctrica instalada en las inmediaciones entre Piedras Negras y el municipio de Nava Coahuila.
Esta instalación de proyecto de explotación de carbón, deberá presentarse junto con un estudio y dictamen del consejo de desarrollo urbano, validación del cabildo por el uso de suelo, así como también de la Secretaria del Medio Ambiente del gobierno del estado.
Por lo anteriormente expuesto esta coordinación e integrantes de la diputación federal del estado de Coahuila en el Congreso de la Unión exhorta a las autoridades estatales y municipales a precisar con determinación el impacto ambiental que generaría esta extracción de carbón en una área prácticamente urbana y con crecimiento y desarrollo sustentable, que vendría a darle un giro de afectación ambiental y ecológico a toda la ciudad de Piedras Negras Coahuila.
Punto de Acuerdo
Único. Dada la exposición de motivos presentada urge un estudio ecológico ambiental de parte de autoridades federales como la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Semarnat, de la Secretaría del Medio Ambiente del gobierno del estado de Coahuila, de la Secretaría federal de Energía y Minas, de las autoridades del municipio de Piedras Negras con tal de llevar hasta las ultimas consecuencias un resultado que venga a beneficiar a los ciudadanos del mismo municipio, por medio del rechazo de la aprobación del uso de suelo para el proyecto llamado Tajo Zacatoza.
Palacio Legislativo, a 18 de septiembre de 2007.
Diputado Rolando Rivero Rivero (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA AL GOBIERNO FEDERAL, A LA SEGOB Y A LA SEDESOL A BRINDAR APOYO
SOCIAL Y ECONÓMICO A LAS FAMILIAS AFECTADAS POR LAS EXPLOSIONES
EN LA CARRETERA DEL MUNICIPIO DE NADADORES, COAHUILA, A CARGO DEL DIPUTADO
ROLANDO RIVERO RIVERO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
Rolando Rivero Rivero diputado federal en esta LX legislatura en este honorable Congreso de la Unión y perteneciente al Grupo Parlamentario del PAN con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, exponemos ante este Pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución con base en la siguiente
Exposición de Motivos
En el estado de Coahuila en la región centro se originó un accidente carretero entre una camioneta Ford Lobo y un trailer, ubicado en la carretera 30 en el municipio de Nadadores a la altura del ejido Celemanía, este accidente originó una gran concentración de personas, rescatistas, y prestadores de auxilio sin saber que el trailer volteado contenía 25 toneladas de explosivos, que hizo que se suscitarán 2 explosiones posteriores lo que finalizó con un saldo de más de 30 fallecidos y más de 100 heridos, algunos de gravedad, producidos por la onda expansiva de las explosiones, los servicios de emergencia así como los de salud pública se vieron saturados produciendo una confusión por el caos desarrollado por falta de información oportuna de heridos y fallecidos, así como también el cierre de la circulación de la carretera estatal Monclova-Cuatro Ciénegas y el daño a viviendas aledañas.
Es importante notar que el transporte que contenía explosivos no tenía indicado el material peligroso que transportaba, siendo uno de los requisitos importantes que debe mantenerse específicado para conocer el grado de peligrosidad, lo anterior es una de las normas que todo transporte debe indicar en sus lados traseros y delanteros, sí esto hubiera sido así se hubiera podido evitar la magnitud de esta tragedia.
Punto de Acuerdo
Único. Dada la magnitud de la tragedia urge que las autoridades federales, como la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Desarrollo Social así como gobierno federal le den atención a las cientos de damnificados que se vieron afectados por la perdida de familiares que quedaran desamparados por este siniestro, urge que inclusive se les pueda activar recursos económicos a través del Fondo de Desastres Naturales (Fonden) o de cualquier otro medio económico que venga a palear la situación que muchas personas están padeciendo por la perdida de sus familiares. Este punto de acuerdo lo exponemos de urgente y obvia resolución esperando que sea aprobado por este Pleno dada la magnitud de la tragedia.
Palacio Legislativo, a 18 de septiembre de 2007.
Diputado Rolando Rivero Rivero (rúbrica)
Mensaje de la diputada federal Martha Cecilia Díaz Gordillo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con motivo de la anexión de Chiapas a México, ocurrida el 14 de septiembre de 1824.
Efraín Bartolomé
Ala del Sur
(fragmento)
Una mexicanidad sustentada en el esfuerzo diario de sus habitantes y en el inagotable fluir de su ingenio creativo. El proceso que llevó a los chiapanecos a unirse por su propia voluntad a México, es prueba de ese esfuerzo y ese ingenio.
Hoy, visto 183 años después, el proceso parece todavía más ejemplar. Cercados por las montañas, los caudalosos ríos, los laberintos de lenguas y selvas, los chiapanecos de entonces supieron llevar a cabo una transición que selló su destino sobre el acuerdo y la paz.
Reunidos en la entonces Ciudad Real, la actual San Cristóbal de las Casas, los representantes de cada una de las regiones chiapanecas llevaron ante la Junta Gubernativa, la decisión en consenso de sus habitantes. Las discusiones fueron largas y sonoras. Los debates brillantes. En juego estaba el futuro de Chiapas. La suma de las voluntades dio la mayoría de los votos a la federación definitiva a la gran nación mexicana por encima de la pertenencia a los territorios centroamericanos. En paz y entre llamados de campanas se dio a conocer el resultado: Chiapas era mexicano para siempre.
No a todos gustó el resultado. El juego de los intereses siempre está presente en todos los momentos de la historia. Pero los participantes aquilataron las virtudes del acuerdo, la suprema razón de que los intereses de Chiapas estaban por encima de los intereses particulares y aceptaron pacíficamente la decisión mayoritaria.
El día 14 de septiembre de 1824, terminada la fiesta, la vida continuó y con ella la construcción del Chiapas republicano, mexicano. Desde entonces los chiapanecos hemos aportado nuestra sangre y nuestro compromiso a cada una de las luchas del pueblo mexicano. Estuvimos en la Reforma, luchamos contra los invasores franceses en Puebla, participamos en la Revolución, contribuimos al México del siglo XX, construimos hoy la sociedad democrática.
Mucho ha dado México a Chiapas. Tenemos el deber de reconocerlo. Pero también mucho es lo que Chiapas ha aportado a la patria mexicana. Tenemos el deber de difundirlo.
Del campo, de la selva, de sus ríos, Chiapas ha aportado y sigue aportando riquezas. De sus cafetales, platanares, cacaotales. De sus campos de flores y sus tradicionales milpas. De sus entrañas y sus caudales. De Chiapas llega luz como energía y como conocimiento.
A la riqueza pluricultural de México, Chiapas le ha dado su deslumbrante pasado prehispánico y su centroamericanidad mestiza. Lenguas y culturas, monumentos y tejidos, letras y música, creación inconmensurable.
No menos importantes es el aporte de sus artistas y escritores. Inolvidables páginas han sido legado de Chiapas. Resuenan en las montañas de Los Altos los ecos de Rosario Castellanos, en la penumbra amorosa, los versos de Jaime Sabines.
Chiapas le da también a México, otra riqueza no menos importante: la belleza de su paisaje. Un escenario agreste y difícil, al tiempo que generoso e imponente. El propio Jaime Sabines habla de las montañas chiapanecas:
Diputada Martha Cecilia Díaz Gordillo (rúbrica)
El 14 de septiembre se cumplen 183 años de la adhesión de Chiapas a México. Fue una determinación que los chiapanecos de aquellos días tomaron de forma libre y soberana, inaugurando las formas de decisión democrática en América Latina, con un plebiscito que convocó a más de 176 mil personas.
La magnífica y prolija comarca extendida entre Oaxaca y Guatemala, recibió el nombre de Las Chiapas, porque comprendía a la Chiapa de los Indios, que bordeaba las márgenes del Usumacinta y a la Chiapa de los Españoles, elevada en las cumbres que ese caudaloso río circunda con una bifurcación en tierras de Huehuetenango.
La riqueza natural chiapaneca era ya reconocida en los albores del siglo XX en los círculos decisivos americanos; la revista neoyorquina Export and Finance consignaba en su número de julio de 1920, que: "…por sus fértiles terrenos, salubres climas, ríos navegables, lagos deliciosos y costas sanas y accesibles, Chiapas será en breve tiempo reconocido como uno de los países más ricos del continente americano".
Aunado a la cuantía natural, se tiene la riqueza cultural que exhibe sus profundas raíces en la vertiente oriental del estado, dónde brilló la civilización precolombina más avanzada de América.
La ocupación española de conquista se verificó después que la de Guatemala, dejándola, como estaba, independiente del ex reino de los quichés. Y fue consumada por los españoles Luis Marín y Diego de Mazariegos, quien –el día 31 de marzo de 1528– fundó en el valle más elevado de Chiapas la ciudad de Villa Real, llamada después Ciudad Real y hoy San Cristóbal de la Casas, en honor del insigne fray Bartolomé.
La provincia de Las Chiapas permaneció unida a la Audiencia de México, según provisión real dada en Valladolid el 5 de abril de 1528. Y fue mexicana 15 años, hasta que, para facilidad de la administración, pasó a formar parte de la Capitanía General de Guatemala, que llevaba entonces el nombre de Los Confines por encontrarse en los de la Nueva España. Pasó Chiapas a ser provincia de Los Confines por decreto real de 10 de septiembre de 1543, dos años después de la muerte de Pedro de Alvarado, conquistador de Guatemala.
En los inicios del siglo XIX Chiapas proclamó su independencia de España antes que el resto de Centroamérica; constituyó su soberanía internacional, reconocida por México, y por el propio Gobierno de las Provincias Unidas Centroamericanas y se manejo en lo interior y exterior como convino a un Estado Libre, Soberano e Independiente.
El movimiento de independencia en América Latina, inspirado por el proceso de Ilustración español y por la Revolución Francesa, no llegó a Centroamérica por el sur, pues poco o nada se supo de Bolívar y su lucha; llegó por Chiapas que mantenía contacto con Oaxaca y por esta vía con México, obedeciendo a una atracción de masa mayor hacia el norte.
El 27 de agosto de 1821, víspera de esa fecha, y un mes antes de que Agustín de Iturbide entrase victorioso a la ciudad de los virreyes, fray Matías Antonio Córdova, fray Juan Manuel Zapata, fray Benedicto Correa y fray Manuel Zacarías Velásquez, más el seglar y coronel don Pedro Celis, jefe de Armas de la Plaza, conversaban a puerta cerrada en la celda del prior del convento de Santo Domingo, en Santa María de Comitán.
Tras horas de intercambiar ideas, los conjurados, se encaminaron a sus mansiones con la certeza de que el plan estaba decidido y la suerte echada. Amanecido el 28 de agosto de 1821, fray Matías Antonio de Córdova, llamó a misa en la iglesia de San Sebastián. Acudió el barrio entero, y con indumentaria sacerdotal, el clérigo Córdova fue al púlpito para confesar, ante los hombres de pie, su intención irrefrenable de convocar al pueblo comiteco a proclamar y firmar la Independencia de España. Concluido el servicio religioso la gente se dispersó para convocar a todos los vecinos al patio del convento.
Los terratenientes y parroquianos que reclamaban linaje, mejor identificados con el régimen colonial que el pueblo, opinaron guardar prudencia, pues ni de municiones o armas se disponía y aconsejaban esperar el triunfo de Iturbide para resolver la independencia de Comitán. Posición a la que las mujeres de la ciudad respondieron con firmeza pidiendo a los hombres que atendieran la casa y los hijos para que ellas marcharan a defender frente a quienes no los secundaran, si era el caso, lo ahí decidido.
Don Pedro Celis, oriundo de Oaxaca y avecindado en Comitán, dónde era alcalde, recibió al pueblo para resolver el grave asunto del día, siguiendo la costumbre antigua de los cabildos abiertos. De ahí dimanó el primer grito de libertad en Centroamérica.
Los autores del acta afirmaban en ella, tener el mismo indisputable derecho a la independencia que los mexicanos y que la proclaman movidos por la exacta comprensión de sus derechos y que en su intención obedecían la petición a vivas instancias del pueblo y se señalaba al primero de septiembre inmediato como fecha para el juramento solemne.
El primero de septiembre anunciado para la jura, amanecieron todas las casas adornadas con festones y colgaduras y en los semblantes se pintó el júbilo y regocijo. Después del servicio religioso todos marcharon a las Casas Consistoriales en donde se dio lectura al acta memorable entre vítores, aclamaciones de entusiasmo y repique general. Por la noche se celebró un baile en el ayuntamiento que fue el acto inaugural de los festivales que duraron trece días.
Este hecho ha sido relatado por historiadores como Lisandro Calderón con nitidez: "…y como los cañones del más grande de nuestros guerreros, del inmortal Morelos, llegaron a resonar en las seculares selvas de Tonalá, ellos infundieron a Chiapas y toda Centroamérica la idea de su emancipación. En efecto, la ciudad de Comitán fue la primera en lanzar el grito de Independencia de la América Central el 28 de agosto de 1821".
El 15 de septiembre de 1821 se recibieron en Guatemala actas provenientes de Comitán, Ciudad Real y Tuxtla que comunicaban la proclama y juramento de su independencia e invitaban a Guatemala a realizar lo mismo.
Se generó tensión con Guatemala por la proclama independentista de Chiapas. Comitán se adelantó a los hechos y escribiendo una misiva para Agustín de Iturbide recibió como respuesta, fechada el 17 de octubre de 1821, lo siguiente: "…si los habitantes de aquel país convinieron de grado en sustraerse al sistema que rige a la América del Septentrión, podrán vivir tranquilos en la firme inteligencia de que los Ejércitos Imperiales, verdaderos protectores de la libertad de los pueblos, jamás turbarán su quietud… Si los guatemaltecos o alguna de sus provincias, declaran que el centro de unidad debe fijarse en México… entonces hallarán la mejor acogida… No me persuado que los gobernantes de Guatemala intenten sojuzgar a Chiapas, que tan gloriosamente ha manifestado ese espíritu de unión y que ligada ya al imperio mexicano, por los vínculos más sagrados, no consentirá en retroceder una línea de los límites que la ha marcado el juramento espontáneo de sostener su independencia sobre las bases del Plan de Iguala.
Pero si fuera de mi cálculo, y, contra todo principio de justicia, se emprendiese cualquier tentativa por parte de Guatemala, para evitarlo marcha ya una fuerza al mando del señor coronel Conde de Cadena, que pondrá a cubierto la provincia de Chiapas…"
Chiapas así, tranquila y libre, se entregó al ensueño de haber resuelto su felicidad, ignorando que debían moldear su inexperiencia en el fuego de la guerra, por todo un siglo de ensayos, caídas, ascensiones y arrepentimientos como lo fue el efímero y absurdo imperio de Agustín I al que todas las provincias Centroamericanas se anexaron celebrándolo con sendas medallas conmemorativas.
Lo absurdo del imperio, a juicio de los historiadores, se resumía en el cambio del sombrero por la corona. La sacudida que sufrió el Imperio Mexicano fue una convulsión desmembrante que se reveló en la autonomía de Monterrey, Guadalajara, Yucatán y Oaxaca. El nuevo gobierno republicano que derrocó al Imperio declaró nulo a éste, y nulas todas sus obras y decisiones. A Chiapas y el resto de Centroamérica se los dejó en libertad de constituirse en la forma que mejor les conviniese. Centroamérica se declaró libre e independiente de México y España. Y Chiapas lanzó desde Comitán el acta y proclama de un estado libre el 24 de octubre de 1823.
El intento de Vicente Filísola por unir a Centroamérica bajo un solo gobierno y desconocer la independencia chiapaneca en agosto de 1823 poco prosperó y encendió con mayor fervor el deseo de marchar con pie propio de los chiapanecos. Esta asonada por sojuzgar nuevamente a Chiapas llevó a los dirigentes chiapanecos a tomar la determinación de someter a la voluntad del pueblo la decisión de adherir a la joven nación a México o a Guatemala.
El Congreso Directivo expidió entonces una Ley Convocatoria, fechada el 24 de marzo de 1824, a fin de que todos los habitantes sin excluir uno sólo y sin sujeción más que a su conciencia, emitiesen las voces que le inspirasen la simpatía, la necesidad o la conveniencia y de cuyas sumas, la mayor daría la resolución con carácter de irrevocable y definitiva.
Los resultados del ejercicio democrático inédito en América Latina toda, fueron: 15 mil 724 votos neutrales, 64 mil 400 por la federación con Guatemala y 96 mil 829 por la adhesión a México.
Chiapas bien pudo asociarse a los pueblos de Centroamérica, con quienes formó durante tres siglos una entidad colonial… pero observando que con México salía más grande y poderosa a la vida internacional, resolvió unirse a este país, con el que apostó por construir una obra de bienestar común.
Aquel plebiscito insigne, hizo época en la historia de la democracia continental, pero como signo del olvido y marginación que Chiapas ha padecido, se le ignora y minimiza.
Así, los chiapanecos residentes en todo el país, celebran el aniversario de aquel inolvidable hecho el 14 de septiembre, día que desde 1912 fue reconocido por el Congreso Legislativo del Estado Libre y Soberano de Chiapas, como la fecha oficial de festividad cívica en toda la entidad federativa.
183 años después de haber decidido nuestra incorporación como parte de la nación mexicana, Chiapas es la entidad más pobre del país. Así lo índica el que prácticamente la totalidad de nuestros municipios estén por debajo de la media nacional en el índice de desarrollo humano. Más del 21 por ciento de nuestra población mayor de 15 años es analfabeta y entre la población indígena alcanza el 42 por ciento. Se tiene la enorme carga de ser la entidad con la mortalidad infantil por enfermedades diarreicas más alta del país y entre la población indígena el 71.6 por ciento sufre desnutrición. Alrededor del 33 por ciento de nuestros hermanos habitan casas que tienen piso de tierra, no disponen de agua entubada, ni de energía eléctrica. Cerca del 80 por ciento de la población ocupada tiene ingresos menores a dos salarios mínimos y ocupamos el último lugar nacional en el producto interno bruto per cápita.
Con ello contrasta que Chiapas posea el 30 por ciento del agua superficial del país, recurso que en los próximos años tomará mayor relieve, y aporta al país generosos recursos energéticos, a principios de la década del 2000 se entregaba a México el 21 por ciento de la producción petrolera, el 54 por ciento de la energía hidroeléctrica y el 47 por ciento de la producción de gas natural.
Los chiapanecos aspiramos a convertir nuestra riqueza natural y cultural en el motor de un modelo de desarrollo equilibrado y justo que nos inserte con dignidad como parte de la gran nación mexicana. Queremos dejar el sótano del país en los indicadores de bienestar y convertirnos en el ancla del desarrollo en el sur de México. Por ello los chiapanecos hacemos un llamado a quienes representan la soberanía del pueblo mexicano para que recuerden el gesto del pueblo soberano chiapaneco al elegir, hace 183 años, enlazar su destino al de México con la esperanza de una vida y un destino mejor, que aún está pendiente por llegar. Llamamos a nuestros hermanos mexicanos a solidarizarse con el más pobre de los pobres, que paradójicamente a dado parte de su riqueza para el bien nacional, para erradicar la pobreza, eliminar la marginación y remontar el abandono y el olvido.
¡Somos mexicanos por elección y le recordamos a todo el país que la democracia no se funda con decretos. Se construye con hechos y virtudes!
Palacio Legislativo, a 18 de septiembre de 2007.
Diputado Martín Ramos Castellanos (rúbrica)