Gaceta Parlamentaria, Cámara
de Diputados, número 2340-II, jueves 13 de septiembre de 2007.
Dictámenes de primera
lectura
-
De la Comisión de Educación Pública
y Servicios Educativos, con proyecto de decreto que adiciona las fracciones
XIII y XIV al artículo 75 y III al artículo 76 de la Ley
General de Educación.
Dictámenes a discusión
-
De la Comisión de Puntos Constitucionales, con proyecto
de decreto por el que se reforma la fracción II y se deroga la fracción
IV del artículo 38 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos.
-
De la Comisión de Puntos Constitucionales, con proyecto
de decreto por el que se adiciona la fracción XXIX-Ñ al artículo
73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Dictámenes
DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN
PÚBLICA Y SERVICIOS EDUCATIVOS, CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA
LAS FRACCIONES XIII Y XIV AL ARTÍCULO 75 Y III AL ARTÍCULO
76 DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN
Honorable Asamblea:
A la Comisión de Educación Pública
y Servicios Educativos de la Cámara de Diputados del honorable Congreso
de la Unión le fue turnada para su estudio y análisis correspondiente,
la minuta con proyecto de decreto por el que se adiciona las fracciones
XIII y XIV al artículo 75 y una nueva fracción III al artículo
76 de la Ley General de Educación.
Esta comisión, con fundamento en lo dispuesto por
los artículos 70, 71, 72 y 73 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos; 39 y 45, numeral 6, incisos e), f) y g),
de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos;
55, 56, 60 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General
de los Estados Unidos Mexicanos, se abocó al examen de la minuta
descrita, al tenor de los siguientes
Antecedentes
1. Con fecha 26 de octubre de 2004, el diputado José
Antonio Cabello Gil, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción
Nacional, presentó la iniciativa con proyecto de decreto por el
que se adicionan las fracciones XIII y XIV al artículo 75 y una
nueva fracción III al artículo 76 de la Ley General de Educación.
2. Con fecha 18 de abril de 2006 se presentó el
dictamen a discusión en la Cámara de Diputados y fue aprobado
por 362 votos a favor, cero en contra y una abstención.
3. Con fecha 20 de abril de 2006 fue presentada al Pleno
de la Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión
la minuta de la Cámara de Diputados. La Mesa Directiva de la Cámara
de Senadores le dictó turno a las Comisiones Unidas de Educación
y Cultura y de Estudios Legislativos para su estudio y dictamen.
4. Con fecha 27 de abril de 2006 se presentó el
dictamen a discusión al Pleno del Senado de la República,
siendo aprobado con modificaciones por 78 votos a favor, razón por
la cual debe ser regresado a la Cámara de origen para su nueva revisión.
5. Con fecha 5 de septiembre de 2006 se recibió
la minuta en la Cámara de Diputados para los efectos del inciso
e) del artículo 72 constitucional.
Consideraciones
1. Que las Comisiones Unidas de Educación y Cultura
y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores del honorable
Congreso de la Unión realizaron las valoraciones siguientes:
a. El objetivo del proyecto de decreto es atender la problemática
de la prescripción y administración de fármacos peligrosos
por sus efectos adictivos en centros escolares a educandos que presentan
"síntomas de hiperactividad y déficit en la atención",
y el debate que ha provocado porque esta prescripción ocurre, en
muchos casos, sin que medie diagnóstico profesional correcto, y
que ocurra aún cuando estos problemas puedan tener sus causas en
problemas psicosociales o físicos que pueden ser tratados con estrategias
pedagógicas, psicológicas, nutricionales, de apoyo familiar
y de otro tipo, medidas que han sido severamente recusadas por padres de
familia, asociaciones civiles y personalidades de la mayor solvencia moral,
ética y profesional del campo de la medicina y de la ciencia en
diferentes países, por los efectos secundarios que generan.
b. En México ha aumentado el número de planteles
escolares que inducen este tratamiento a alumnos sin que medie argumento
sólido, forzando a acudir al médico para ser tratado por
estos medios a través de condicionar el servicio a la aceptación
del mismo, lo que, además de las graves consecuencias secundarias
que puede traer consigo, constituye una forma de discriminación
y viola garantías establecidas en los artículos primero,
tercero y cuarto de la Constitución, a preceptos contenidos en diversos
tratados internacionales signados por nuestro país, e incluso pueden
configurar delitos consignados en la Ley de Salud y el Código Penal.
c. La minuta es consistente con el punto de acuerdo que
aprobó esa Cámara en abril del 2004, propuesto por la Comisión
de Salud, en que se exhorta a los titulares de las secretarías de
Salud y Educación Pública para que vigilen esta práctica,
en el sentido de que "es necesario difundir la prohibición que se
tiene para que se administren ciertos medicamentos y las condenas a que
puede hacerse acreedores la gente que lo haga".
d. La minuta propone un proyecto de decreto para adicionar
dos fracciones, que serían XIII y XIV al artículo 75 y una
nueva fracción III al artículo 76 de la Ley General de Educación.
e. La Cámara de Senadores dictaminó la minuta
con los siguientes cambios:
2. Que la Comisión de Educación Pública
y Servicios Educativos de la Cámara de Diputados coincide parcialmente
con los cambios realizados por la Cámara de Senadores en los
siguientes términos:
En la fracción XIII del artículo 75 se cambia
el término "y" por "o"; se modifica la palabra "informando" por
"informado"; se suprime "medicamentos que contengan sustancias psicotrópicas
o estupefacientes"; se añade "cualquier tipo de medicamentos"; y
se incluye "excepto en situaciones de emergencia".
Al respecto, es de señalar que de aceptar las modificaciones
al párrafo como lo propone la colegisladora, estaríamos autorizando
a los prestadores de servicios educativos para que administren medicamentos
sin prescripción médica, incluso psicotrópicos o estupefacientes
que pueden producir dependencia, o incluso poner en peligro la vida de
los educandos con el simple consentimiento "informado" de los padres o
tutores y en aquellos casos en los que se pretexte la existencia de una
situación de "emergencia".
Al respecto, se debe considerar que de conformidad con
los artículos 240, 241, 242, 251 y 252 de la Ley General de Salud,
sólo pueden prescribir estupefacientes y psicotrópicos
los profesionales de la salud expresamente señalados y en los términos
siguientes:
Artículo 240. Sólo podrán
prescribir estupefacientes los profesionales que a continuación
se mencionan, siempre que tengan título registrado por las autoridades
educativas competentes, cumplan con las condiciones que señala esta
Ley y sus reglamentos y con los requisitos que determine la Secretaría
de Salud:
I. Los médicos cirujanos;
II. Los médicos veterinarios, cuando los prescriban
para la aplicación en animales, y
III. Los cirujanos dentistas, para casos odontológicos.
Los pasantes de medicina, durante la prestación del
servicio social, podrán prescribir estupefacientes, con las limitaciones
que la Secretaría de Salud determine.
Artículo 241. La prescripción de
estupefacientes se hará en recetarios especiales, que contendrán,
para su control, un código de barras asignado por la Secretaría
de Salud, o por las autoridades sanitarias estatales, en los siguientes
términos:
I. Las recetas especiales serán formuladas por
los profesionales autorizados en los términos del artículo
240 de esta ley, para tratamientos no mayores de treinta días, y
II. La cantidad máxima de unidades prescritas por
día, deberá ajustarse a las indicaciones terapéuticas
del producto.
Artículo 242. Las prescripciones de
estupefacientes a que se refiere el Artículo anterior, sólo
podrán ser surtidas por los establecimientos autorizados para tal
fin.
Los citados establecimientos recogerán invariablemente
las recetas o permisos, harán los asientos respectivos en el libro
de contabilidad de estupefacientes y entregarán las recetas y permisos
al personal autorizado por la Secretaría de Salud, cuando el mismo
lo requiera.
Únicamente se surtirán prescripciones de
estupefacientes, cuando procedan de profesionales autorizados conforme
al artículo 240 de esta ley y que contengan los datos completos
requeridos en las recetas especiales y las dosis cumplan con las indicaciones
terapéuticas aprobadas.
…
Artículo 251. Las substancias psicotrópicas
incluidas en la fracción III del artículo 245 de esta Ley,
así como las que se prevean en las disposiciones aplicables o en
las listas a que se refiere el artículo 246, cuando se trate del
grupo a que se refiere la misma fracción, requerirán para
su venta o suministro al público, receta médica que contenga
el número de la cédula profesional del médico que
la expida, la que deberá surtirse por una sola vez y retenerse en
la farmacia que la surta, de acuerdo a las disposiciones de la Secretaría
de Salud.
Artículo 252. Las substancias psicotrópicas
incluidas en la fracción IV del artículo 245 de esta ley,
así como las que se prevean en las disposiciones aplicables o en
las listas a que se refiere el artículo 246, cuando se trate del
grupo a que se refiere la misma fracción, requerirán, para
su venta o suministro al público, receta médica que contenga
el número de la cédula profesional del médico que
la expida, la que podrá surtirse hasta por tres veces, con una vigencia
de seis meses, contados a partir de la fecha de su expedición y
no requerirá ser retenida por la farmacia que la surta, las primeras
dos veces.
Cabe señalar que el artículo 421 del mismo
cuerpo normativo establece como sanción a la violación de
estas disposiciones, una multa equivalente de seis mil hasta doce mil veces
el salario mínimo general vigente en la zona económica de
que se trate.
Se debe considerar que el proyecto de Iniciativa aprobado
por esta Cámara de Diputados, prohibía expresamente a los
prestadores de servicios educativos administrar medicamentos que contengan
sustancias psicotrópicas o estupefacientes, sin prescripción
médica, debiendo contar además, con el pleno consentimiento
de los padres o tutores. Esta comisión dictaminadora propone retomar
la esencia de la iniciativa original en el sentido de endurecer las medidas
para que los prestadores de servicio educativo dejen de administrar este
tipo de medicamentos a los niños y niñas que presenten síntomas
de hiperactividad o déficit de atención.
3. En relación a las modificaciones de la colegisladora
en la fracción XIV del mismo numeral, en donde se suprime el texto
"o conducta en el aula o la escuela", esta comisión dictaminadora
coincide plenamente, ya que de esta manera se evita caer en ambigüedades
e imprecisiones respecto a lo que se considera una "conducta". No se debe
perder de vista que el objeto de la iniciativa es muy concreto, que es
el problema que presentan los educandos con síntomas de hiperactividad
y déficit en la atención, y no en la "conducta".
4. De igual manera, esta comisión dictaminadora
comparte la inquietud de la Cámara de Senadores en el sentido de
preservar los derechos de la niñez en el ámbito educativo
y de la salud, protegiéndolos de métodos y medicamentos que
les puedan ocasionar daños físicos o mentales. Por ello,
es preciso establecer infracciones para la protección de dichos
derechos, sin desproteger con ello a niños que pudieran requerirlos
de acuerdo a opinión facultativa calificada, buscando su adecuada
atención sin que se vulnere su derecho a recibir educación
con respeto a su dignidad e integridad física o mental y sin condicionamiento
alguno.
5. En este sentido, esta comisión dictaminadora
propone la siguiente redacción al proyecto de decreto:
Con base en las consideraciones anteriores y el análisis
de la minuta con proyecto de decreto enviada por la Cámara de Senadores,
los integrantes de la Comisión de Educación Pública
y Servicios Educativos de la Cámara de Diputados de la LX Legislatura,
sometemos a la consideración de esta honorable asamblea, el siguiente
Proyecto de decreto por el que se adicionan las fracciones
XIII y XIV al artículo 75 y una nueva fracción III al artículo
76 de la Ley General de Educación.
Artículo Único. Se adicionan las
fracciones XIII y XIV al artículo 75 y una nueva fracción
III al artículo 76 de la Ley General de Educación, para quedar
como sigue:
Artículo 75. Son infracciones de quienes
prestan servicios educativos:
I. a X. …
XI. Oponerse a las actividades de evaluación, inspección
y vigilancia, así como no proporcionar información veraz
y oportuna;
XII. Incumplir cualesquiera de los demás preceptos
de esta Ley, así como las disposiciones expedidas con fundamento
en ella;
XIII. Administrar a los educandos, sin previa prescripción
médica y consentimiento informado de los padres o tutores, medicamentos
que contengan sustancias psicotrópicas o estupefacientes, y
XIV. Expulsar o negarse a prestar el servicio educativo
a niñas, niños y adolescentes que presenten problemas de
aprendizaje, condicionar su aceptación o permanencia en el plantel,
a someterse a tratamientos médicos específicos; presionar
de cualquier manera a los padres o tutores para que acudan a médicos
o clínicas específicas, que no sean oficiales, para la atención
de problemas de aprendizaje de los educandos.
…
Artículo 76. …
I. a II. …
III. En el caso de incurrir en las infracciones establecidas
en las fracciones XIII y XIV del artículo anterior, se aplicarán
las sanciones establecidas en las fracciones I y II de este artículo,
sin perjuicio de las sanciones penales y de otra índole que resulten.
…
Transitorio
Único. El presente decreto entrará en
vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial
de la Federación.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de septiembre
de 2007.
La Comisión de Educación Pública
y Servicios Educativos
Diputados: Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla
(rúbrica), presidente; Constantino Acosta Dávila, Ariel Castillo
Nájera (rúbrica), Leobardo Curiel Preciado (rúbrica),
Delber Medina Rodríguez (rúbrica), Víctor Manuel Lizárraga
Peraza (rúbrica), Adrián Pedrozo Castillo, Abundio Peregrino
García (rúbrica), Enrique Rodríguez Uresti (rúbrica),
Odilón Romero Gutiérrez (rúbrica), Sergio Sandoval
Paredes, secretarios; José Rosas Aispuro Torres, Daniel Amador Gaxiola,
Raymundo Cárdenas Hernández, Juan de Dios Castro Muñoz
(rúbrica), Faustino Javier Estrada González, Jesús
Vicente Flores Morfín, María Gabriela González Martínez
(rúbrica), Benjamín Ernesto González Roaro, Sergio
Hernández Hernández (rúbrica en abstención),
Ramón Ignacio Lemus Muñoz Ledo (rúbrica), Adolfo Mota
Hernández (rúbrica), Francisco Javier Murillo Flores (rúbrica),
Concepción Ojeda Hernández, María del Carmen Pinete
Vargas (rúbrica), Ignacio Alberto Rubio Chávez (rúbrica),
José de Jesús Solano Muñoz (rúbrica), Miguel
Ángel Solares Chávez, Gerardo Sosa Castelán (rúbrica
en abstención), Tomás José Luis Varela Lagunas (rúbrica).
DE LA COMISIÓN DE PUNTOS
CONSTITUCIONALES, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN
II Y SE DEROGA LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 38 DE LA CONSTITUCIÓN
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
A la Comisión de Puntos Constitucionales de la
LX Legislatura de la Cámara de Diputados, le fueron turnadas para
su estudio, análisis y dictamen correspondiente, diversas iniciativas
tendientes a derogar la fracción II y reformar la fracción
IV del artículo 38 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos.
Los diputados integrantes de la Comisión que suscriben
realizaron diversos estudios y consultas a efecto de revisar el contenido
de la iniciativa, e integrar el presente dictamen con base en las facultades
que les confieren los artículos 70, 71, 72, 73 y 74 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 39 y 45, numeral 6, inciso
f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos
Mexicanos y 55, 56, 57, 60, 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior
del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y conforme a las deliberaciones
que de la misma realizaron sus miembros reunidos en pleno, presentan a
esta Asamblea el siguiente:
DICTAMEN
I. Antecedentes del proceso legislativo
a) En sesión de la Comisión Permanente del
Congreso de la Unión, celebrada el día 25 de agosto de 2004,
el diputado Omar Ortega Álvarez, a nombre del diputado Iván
García Solís del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática presentó iniciativa con proyecto de decreto que
reforma la fracción II del artículo 38 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, misma que fue turnada
para su estudio, análisis y dictamen correspondiente a la Comisión
de Puntos Constitucionales, la cual se considera en el presente dictamen
por coincidir con el fondo de la materia del mismo.
b) En sesión de la Cámara de Diputados del
Congreso de la Unión, celebrada el día 3 de febrero de 2005,
el diputado Horacio Duarte Olivares del Grupo Parlamentario del Partido
de la Revolución Democrática, presentó iniciativa
con proyecto de decreto que reforma la fracción II del artículo
38 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
misma que fue turnada para su estudio, análisis y dictamen correspondiente
a la Comisión de Puntos Constitucionales, la cual se considera en
el presente dictamen por coincidir con el fondo de la materia del mismo.
c) En sesión de la Cámara de Diputados del
Congreso de la Unión, celebrada el día 12 de abril de 2005,
el diputado Luis Manuel Maldonado Venegas del Grupo Parlamentario del Partido
de Convergencia, presentó iniciativa que reforma la fracción
II del artículo 38 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, misma que fue turnada para su estudio, análisis
y dictamen correspondiente a la Comisión de Puntos Constitucionales,
la cual se considera en el presente dictamen por referirse a la materia
del mismo.
d) En sesión de la Cámara de Diputados del
Congreso
de la Unión, celebrada el día 25 de mayo de 2005, se recibió
de la Secretaría de Gobernación iniciativa con proyecto de
decreto, presentada por el entonces Presidente de la República,
Vicente Fox Quesada, en la cual propuso reformar la fracción II
del artículo 38 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, misma que fue turnada para su estudio, análisis
y dictamen correspondiente, a la Comisión de Puntos Constitucionales.
Dicha iniciativa se toma en cuenta en el presente dictamen por referirse
a la materia del mismo.
e) En sesión de la Cámara de Diputados del
Congreso de la Unión, celebrada el día 22 de septiembre de
2005, el diputado Jorge Luis Preciado Rodríguez Díaz del
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó
iniciativa con proyecto de decreto que deroga la fracción II del
artículo 38 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, misma que fue turnada para su estudio, análisis
y dictamen correspondiente a la Comisión de Puntos Constitucionales,
la cual se toma en cuenta en el presente dictamen por coincidir en la materia
del mismo.
f) En sesión de la Comisión Permanente del
Congreso de la Unión, celebrada el día 18 de enero de 2006,
el diputado Roberto Antonio Marrufo Torres del Grupo Parlamentario del
Partido Revolucionario Institucional, presentó iniciativa que adiciona
la fracción II del artículo 38 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, misma que fue turnada
para su estudio, análisis y dictamen correspondiente a la Comisión
de Puntos Constitucionales, la cual se toma en cuenta para elaborar el
presente dictamen por coincidir en la materia.
g) En sesión de la Cámara de Diputados del
Congreso de la Unión, celebrada el día 26 de abril de 2006,
el diputado Raymundo Cárdenas Hernández del Grupo Parlamentario
del Partido de la Revolución Democrática, presentó
iniciativa con proyecto de decreto que reforma la fracción II del
artículo 38 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, la cual fue turnada para su estudio, análisis
y dictamen correspondiente a la Comisión de Puntos Constitucionales,
la cual se dictamina en el presente documento.
h) En sesión ordinaria de la Comisión de
Puntos Constitucionales, celebrada el día 5 de septiembre de 2007,
se sometió a discusión el presente dictamen el cual fue aprobado
por unanimidad de los presentes.
II. Materia de las iniciativas
Las iniciativas en comento proponen reformar la fracción
II del artículo 38 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos en materia de protección de derechos
políticos de los ciudadanos mexicanos, para hacerlo congruente con
los tratados y convenciones internacionales de las cuales México
es parte.
En torno a la reforma de la fracción II del artículo
38 constitucional, las iniciativas presentadas hacen énfasis en
que los derechos políticos son parte de los derechos humanos, razón
por la cual deben ser respetados y exigidos por y ante el Estado, pues
facultan a los ciudadanos a participar en la conducción de los asuntos
públicos de un país.
Por tal motivo proponen que en la fracción II del
artículo 38 de la nuestra Carta Magna señale que la supresión
de derechos políticos del ciudadano sólo será procedente
hasta que el juez de la causa haya dictado sentencia ejecutoriada en contra
del ciudadano al que se le interrumpa el goce de sus derechos.
Para sustentar la iniciativa arriba mencionada, el entonces
Presidente Vicente Fox Quesada, cita una tesis jurisprudencial del Décimo
Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito del Poder Judicial
de la Federación, en la cual sostiene que "...la presunción
de inculpabilidad opera a favor del procesado hasta que no se demuestre
lo contrario en el proceso penal que culmine con una sentencia ejecutoria.
Consecuentemente, la resolución del Juez instructor que ordena la
suspensión de derechos políticos del inculpado desde el auto
de formal prisión vulnera en su perjuicio las garantías contenidas
en los artículos 14, tercer párrafo, y 16, primer párrafo,
ambos de la Constitución Federal."
En la parte relativa a la fracción IV del artículo
38 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
las diversas iniciativas en estudio consideran que su texto actual es demasiado
impreciso al establecer que otra causal de la perdida de los derechos y
prerrogativas del ciudadano es la "...vagancia o ebriedad consuetudinaria",
conceptos que estima resultan equívocos y ambiguos por no tener
una definición clara de lo que implican.
III. Considerandos
Derivado del estudio y análisis que esta Comisión
llevó a cabo durante varias sesiones plenarias, las cuales se complementan
con las opiniones recibidas de diversas dependencias de la administración
pública federal, se considera que es procedente reformar el artículo
38 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
en materia de protección de los derechos y prerrogativas de los
ciudadanos mexicanos.
Es indudable que una de las garantías más
preciadas de los gobernados es la presunción de inocencia, conforme
a la cual toda persona, aún sujeta a un proceso de orden criminal,
debe considerarse como inocente hasta que a la culminación de tal
proceso se acredite su plena culpabilidad. Es entonces cuando la fuerza
sancionatoria del Estado debe dejarse ver con firmeza para asegurar a la
sociedad en su conjunto la convivencia pacífica y respetuosa y el
sometimiento de todos a la ley.
Este fundamental principio se encuentra establecido en
tratados internacionales de los cuales nuestro país es parte. Es
el caso de la Convención Americana de Derechos Humanos el cual fue
ratificado por el Senado de la República el 2 de febrero de 1981,
y que establece en su artículo 8 numeral 2 que toda persona inculpada
de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca
legalmente su culpabilidad, así como el Pacto Internacional
de los Derechos Civiles y Políticos ratificado por el Senado de
la República el 23 de marzo de 1981, el cual establece en su artículo
14, numeral 2, que Toda persona acusada de un delito tiene derecho a
que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad conforme
a la ley.
En el mismo sentido, el Diagnóstico sobre situación
de los Derechos Humanos en México, realizado por el Alto Comisionado
de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México, ha recomendado
respetuosamente a nuestro país elevar a rango constitucional el
principio de presunción de inocencia, de tal manera que esta garantía
básica permee a toda la actividad administrativa, legislativa y
jurisdiccional del Estado Mexicano.
Consideramos que el concepto de presunción de inocencia
reconocido por los tratados internacionales arriba referidos, así
como el consecuente ejercicio de los derechos y prerrogativas del ciudadano,
sólo debe limitarse por razones de edad, nacionalidad, capacidad
civil o mental, o condena por juez competente, en proceso penal.
Es inadmisible que una vez que el artículo 35 de
nuestra Constitución, garantiza el ejercicio libre de los derechos
y prerrogativas del ciudadano bajo condiciones de certeza, legalidad e
imparcialidad, el artículo 38, señaladamente en sus fracciones
II y IV aparezca como una disposición por demás severa o
excesiva, al suspender de sus derechos o prerrogativas a todo ciudadano
de la República, por el sólo hecho de estar sometido a un
proceso judicial, es decir, en la etapa en que debiese surtir sus plenos
efectos la garantía de presunción de inocencia. Cabe señalar
que tanto la orden de aprehensión como el auto de formal prisión
no son sino etapas del proceso penal, pero no constituyen una sentencia.
Es de señalarse la pertinencia de acotar el tiempo
durante el cual se considera suspendido el ejercicio de los derechos y
prerrogativas de los ciudadanos, pues la intención del legislador,
es que ésta no se prolongue más allá del momento en
que el sentenciado cumpla con la pena que le fue impuesta.
De esta manera, pudiera afirmarse que la disposición
constitucional en comento aparece como una pena anticipada.
Por lo que hace a la fracción IV del referido artículo
38 constitucional, resulta ser actualmente una disposición de aplicación
sumamente discrecional pues el hecho de acusar a una persona de vagancia
o ebriedad consuetudinaria implica la dificultad de establecer los parámetros
que den certeza a los ciudadanos de que no serán vulnerados sus
derechos políticos y de participación ciudadana en los asuntos
públicos por cuestiones de mera apreciación subjetiva. El
estado está obligado a proporcionar a los ciudadanos la mayor certeza
legal posible a fin de que esté en condiciones de ejercer en plenitud
los derechos fundamentales que la propia Constitución establece
en su beneficio, razón por la cual estimamos necesario eliminar
de nuestro texto constitucional aquellas disposiciones que no contribuyen
a este propósito.
Cabe mencionar que en el año de 2004 el entonces
Presidente de la República, Vicente Fox Quesada, envió a
la Cámara de Senadores una iniciativa de reforma constitucional
en el marco de las reformas al Sistema de Seguridad Pública y Justicia
Penal, la cual proponía entre otros temas, la inclusión expresa
en el texto constitucional de la presunción de inocencia y modificaba
las reglas para dictar la prisión preventiva como aspecto primordial
de dicho principio.
Por lo anteriormente expuesto y motivado, de acuerdo con
la constitución, la Ley Orgánica del Congreso General y el
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados
Unidos Mexicanos, esta comisión, somete a consideración del
pleno de la Cámara de Diputados:
Proyecto de decreto por el que se reforma la fracción
II y se deroga la fracción IV del artículo 38 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Artículo Único. Se reforma la fracción
II y se deroga la fracción IV del artículo 38 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
Artículo 38. Los derechos y prerrogativas
de los ciudadanos se suspenden:
I. ...
II. Por pena de prisión impuesta en sentencia
ejecutoriada, desde el momento en que surte sus efectos y hasta su extinción;
III. ...
IV. Derogada;
V. ...
VI. ...
...
Artículo Transitorio
Único. El presente decreto entrará
en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario
Oficial de la Federación.
Cámara de Diputados, a los 5 días del mes
de septiembre año 2007.
La Comisión de Puntos Constitucionales
Diputados: Raymundo Cárdenas Hernández
(rúbrica), presidente; Dora Alicia Martínez Valero (rúbrica),
Carlos Armando Biebrich Torres, Adolfo Ríos Camarena (rúbrica),
Mónica Fernández Balboa (rúbrica), Patricia Castillo
Romero, Silvano Garay Ulloa (rúbrica), secretarios; Andrés
Lozano Lozano (rúbrica), Victorio Rubén Montalvo Rojas (rúbrica),
Rosario Ignacia Ortiz Magallón (rúbrica), Salvador Ruiz Sánchez,
Arely Madrid Tovilla, Juan Francisco Rivera Bedoya (rúbrica), Víctor
Samuel Palma César, Raúl Cervantes Andrade (rúbrica),
Érika Larregui Nagel, Constantino Acosta Dávila (rúbrica),
Felipe Borrego Estrada (rúbrica), Rogelio Carbajal Tejada (rúbrica),
Leticia Díaz de León Torres (rúbrica), José
Luis Espinosa Piña (rúbrica), Lizbeth Evelia Medina Rodríguez
(rúbrica), María del Pilar Ortega Martínez (rúbrica),
Cruz Pérez Cuéllar (rúbrica), Juan José Rodríguez
Prats, Yadhira Yvette Tamayo Herrera (rúbrica), Jaime Espejel Lazcano
(rúbrica), Juan Nicasio Guerra Ochoa (rúbrica).
DE LA COMISIÓN DE PUNTOS
CONSTITUCIONALES, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN
XXIX-Ñ AL ARTÍCULO 73 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA
DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
Honorable Asamblea:
A la Comisión de Puntos Constitucionales de la
Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, le fue turnada
para su estudio y dictamen la iniciativa con proyecto de decreto por el
que se reforma el artículo 73 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos.
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos
70, 71, 72 y 73 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos; 39, 45 numeral 6, incisos f) y g) de la Ley Orgánica
del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 55, 56, 60, 87 y
88, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los
Estados Unidos Mexicanos, se somete a la consideración de los integrantes
de esta honorable Asamblea el presente:
DICTAMEN
I. Antecedentes del proceso legislativo
a) En sesión celebrada el día 27 de marzo
de 2007 en la Cámara de Diputados, los diputados Gustavo Parra Noriega,
Rogelio Carbajal Tejada, Dora Alicia Martínez Valero, Esmeralda
Cárdenas Sánchez y Jesús de León Tello integrantes
del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentaron
iniciativa que reforma el artículo 73 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, misma que fue turnada
a esta Comisión de Puntos Constitucionales.
b) En sesión ordinaria de la Comisión de
Puntos Constitucionales, celebrada el día 5 de septiembre de 2007,
se sometió a discusión el presente dictamen y fue aprobado
por unanimidad de los presentes.
II. Valoración de la iniciativa
La iniciativa presentada por los diputados Gustavo Parra,
Rogelio Carbajal Tejada, Dora Alicia Martínez Valero, Esmeralda
Cárdenas Sánchez y Jesús de León Tello relativa
a la inclusión de la fracción XXIX-Ñ al artículo
73 constitucional, tiene como finalidad otorgarle la facultad exclusiva
al Congreso de la Unión de legislar en materia de protección
de datos personales en posesión de los particulares, dado que éstos
se utilizan en mayor medida para llevar a cabo transacciones comerciales
y que dicha materia constituye una competencia exclusiva del ámbito
federal en toda la República. Lo anterior evita la existencia de
asimetrías en la observancia de este nuevo derecho fundamental,
permitiendo que se tutele eficazmente al evitar la proliferación
de regímenes legales para su ejercicio y la posible deslocalización
de los agentes regulados. Así, es necesario construir un derecho
que pueda ser ejercido en todo el territorio nacional del mismo modo y
bajo las mismas condiciones para cualquier interesado, no importando el
estado o municipio del país donde se encuentre el titular de los
datos personales. Además de lo anterior, debe reconocerse que el
tratamiento de datos personales a través de tecnologías de
la información, hacen que los mismos puedan ser transferidos en
cuestión de segundos no sólo a nivel nacional sino también
internacional, de forma tal que únicamente un régimen jurídico
federal puede aproximar principios y bases comunes para atender los problemas
inherentes a la protección de datos personales.
Cabe mencionar que diversos países1
regulan la protección de datos en posesión de los particulares,
emitiendo una sola legislación aplicable en todo su territorio,
logrando la uniformidad en la aplicación de los principios que rigen
la materia y la efectiva tutela del derecho.
La argumentación de la iniciativa a favor de establecer
esta facultad nos dice respecto a la protección de los datos personales,
lo siguiente:
Dicha protección, manifestación del
derecho a la privacidad, a la vida privada o simplemente derecho a la intimidad,
emerge como un derecho fundamental por virtud del cual se tiene la facultad
de excluir o negar a las demás personas del conocimiento de ciertos
aspectos de la vida de cada persona que sólo a esta le incumben.
Este derecho que tiende a proteger la vida privada del ser humano, es un
derecho complejo, que comprende y se vincula a su vez con varios derechos
específicos, que tienden a evitar intromisiones externas en éstas
áreas reservadas del ser humano.
Para reforzar la relevancia de reconocer la protección
de los datos personales, los promoventes de la iniciativa en comento, mencionan
una serie de instrumentos internacionales en los que se establece la prioridad
de salvaguardar el derecho a la privacidad, tal como los siguientes:
1. La Declaración Universal de los Derechos Humanos,
en su artículo 12, dispone: Nadie será objeto de injerencias
arbitrarias en su vida privada, su familia, domicilio o su correspondencia,
ni ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho
a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques.
2. En los términos anteriores, se expresa el artículo
17 del Pacto Internacional sobre los Derechos Civiles y Políticos.
3. La Convención Europea de los Derechos del Hombre,
refiere que: Toda persona tiene derecho al respeto de su vida privada
y familiar, de su domicilio y de su correspondencia.
4. De la Convención Americana de Derechos Humanos,
los incisos 2 y 3 del artículo 11, refieren al derecho a la vida
privada usando expresiones análogas a la Declaración Universal
de 1948.
Estos instrumentos internacionales sirven para establecer
el marco jurídico que en el ámbito internacional regula el
derecho a la privacidad en el que se inscribe la protección a los
datos personales y que nuestro país ha ratificado, pasando a formar
parte del derecho nacional.
La iniciativa en estudio plantea más allá
de la protección de datos personales en posesión de entes
públicos –la cual podemos aseverar ya se encuentra respaldada con
la reciente reforma al artículo 6º en materia de transparencia
y acceso a la información–, sino de aquéllos datos personales
que se encuentran en posesión de los particulares. La intención
es que el Congreso de la Unión cuente con la facultad exclusiva
de legislar en materia de datos personas en posesión de particulares
y en su defensa nos dice la iniciativa que:
(...) la tarea aún está pendiente respecto
al acopio y tratamiento de datos personales por parte de entes privados;
y que en términos generales, responde a otros intereses más
vinculados con la venta de bienes y prestación de servicios, o que
decir de los fines publicitarios, actividades que denotan una connotación
comercial más acentuada; en cuyo caso, se requiere una regulación
específica respecto de los que poseen los entes públicos,
no sólo porque los datos personales circulan indiscriminadamente,
sino porque en ocasiones, desafortunadamente, dichos datos pueden ser conocidos
y utilizados por personas con fines ilícitos, para la comisión
de delitos, o simplemente de formas no autorizadas, que eventualmente causan
una molestia o perjuicios diversos a sus titulares.
En la década de los ochenta, del siglo pasado, surge
la recomendación de la Organización para la Cooperación
y el Desarrollo Económico (OCDE) en la que se contienen las Directrices
relativas a la protección de la privacidad y flujos transfronterizos
de datos personales, adoptada el 23 de septiembre de 1980 (Recomendaciones
de la OCDE) constituyéndose como el primer instrumento en el ámbito
supranacional que analiza a profundidad el derecho a la protección
de datos de carácter personal.2
Su adopción se funda en la constatación
por parte del Consejo de la OCDE de la inexistencia de uniformidad en la
regulación de esta materia en los distintos Estados miembros lo
que dificultaba el flujo de los datos personales entre los mismos. De este
modo la Recomendación se adopta con la finalidad de establecer unas
reglas básicas reguladoras del derecho que, adoptadas de forma uniforme
por los Estados, garanticen la inexistencia de obstáculos a la libre
transferencia internacional de datos entre aquéllos.3
Se debe recordar que México es miembro de la OCDE,
lo cual lo obliga ante este organismo a cumplir con sus principios y es
precisamente éste el que plantea la obligación de los países
miembros de asumir un compromiso con la adopción de principios generales
para la protección de datos personales. De aprobarse el presente
proyecto de decreto, en el que se adiciona la fracción XXIX-Ñ
al artículo 73, se otorgará la facultad al Congreso de la
Unión de legislar en materia de datos personales en posesión
de particulares, con lo cual se estaría cumpliendo con dicho principio
establecido por la OCDE. Con ello nuestro país mandaría un
mensaje a la comunidad internacional de su interés por respetar
el derecho a la privacidad a la que tienen derecho los ciudadanos. Derecho
a proteger su intimidad en tanto no menoscaben el bien común o el
derecho de terceros, ante lo cual el Estado debe tener la oportunidad de
defender a sus ciudadanos.
Por ello, esta Comisión dictaminadora considera
la conveniencia de proponer ante esta soberanía la aprobación
de la reforma al artículo 73 constitucional en materia de protección
de datos personales.
Artículo Único. Se adiciona la fracción
XXIX-Ñ al artículo 73 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
Artículo 73. El Congreso tiene facultad:
I. a XXIX-N. ...
XXIX-Ñ. Para legislar en materia de protección
de datos personales en posesión de particulares.
XXX. ...
Transitorios
Primero. El presente decreto entrará en
vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial
de la Federación.
Segundo. El Congreso de la Unión deberá
expedir la ley en la materia en un plazo no mayor de 12 meses, contados
a partir de la entrada en vigor del presente decreto.
Tercero. En tanto el Congreso de la Unión
expide la ley respectiva a la facultad que se otorga en este decreto, continuarán
vigentes las disposiciones que sobre la materia hayan dictado las legislaturas
de las entidades federativas, en tratándose de datos personales
en posesión de particulares.
Notas
1 Tal es el caso de los países que integran la
Unión Europea, que han transpuesto la directiva de protección
de datos 95/46, así como en América, Canadá y Argentina.
2 Vid. Puente Escobar, Agustín. Breve descripción
de la evolución histórica y del marco normativo internacional
de la protección de datos de carácter personal, en Protección
de Datos de Carácter Personal en Iberoamérica (II Encuentro
Iberoamericano de Protección de Datos La Antigua-Guatemala 2-6 de
junio de 2003), Valencia, 2005, p 51.
3 Ibídem.
Cámara de Diputados, a los 5 días del mes
de septiembre del año 2007.
La Comisión de Puntos Constitucionales
Diputados: Raymundo Cárdenas Hernández
(rúbrica), presidente; Dora Alicia Martínez Valero (rúbrica),
Carlos Armando Biebrich Torres, Adolfo Ríos Camarena (rúbrica),
Mónica Fernández Balboa (rúbrica), Patricia Castillo
Romero (rúbrica), Silvano Garay Ulloa (rúbrica), secretarios;
Constantino Acosta Dávila (rúbrica), Felipe Borrego Estrada
(rúbrica), Rogelio Carbajal Tejada (rúbrica), Leticia Díaz
de León Torres (rúbrica), José Luis Espinosa Piña
(rúbrica), Lizbeth Evelia Medina Rodríguez (rúbrica),
María del Pilar Ortega Martínez (rúbrica), Cruz Pérez
Cuéllar (rúbrica), Juan José Rodríguez Prats,
Yadhira Yvette Tamayo Herrera (rúbrica), Jaime Espejel Lazcano (rúbrica),
Juan Nicasio Guerra Ochoa (rúbrica).Andrés Lozano Lozano
(rúbrica), Victorio Rubén Montalvo Rojas (rúbrica),
Rosario Ignacia Ortiz Magallón (rúbrica), Salvador Ruiz Sánchez,
Arely Madrid Tovilla, Juan Francisco Rivera Bedoya (rúbrica), Víctor
Samuel Palma César, Raúl Cervantes Andrade (rúbrica),
Érika Larregui Nagel (rúbrica).