• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a intervenir, mediante la Semarnat y demás dependencias competentes, en la recuperación y prevención de efectos secundarios en las zonas forestales dañadas por el huracán Dean en Quintana Roo, suscrita por los diputados Sara Latife Ruiz Chávez y Eduardo Elías Espinosa Abuxapqui, del Grupo Parlamentario del PRI.

• Con punto de acuerdo, sobre la intromisión indebida del gobernador de Chihuahua en las resoluciones del Tribunal Electoral del Estado, a cargo del diputado Cruz Pérez Cuéllar, del Grupo Parlamentario del PAN.

• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los tres ámbitos de gobierno y a la SHCP a tomar medidas en relación con la economía informal, a fin de reactivar los micronegocios que se encuentran en la economía formal, a cargo del diputado Rolando Rivero Rivero, del Grupo Parlamentario del PAN.

• Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la ASF y al Congreso local que investiguen el posible desvío de recursos públicos federales en el reciente proceso electoral del estado de Veracruz, a cargo del diputado Celso Pulido Santiago, del Grupo Parlamentario del PRD.

• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a otorgar, mediante la Semarnat, a la SCT el beneficio que señala el artículo 120 del Reglamento de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, suscrita por diversos diputados del Grupo Parlamentario del PRI.

• Con punto de acuerdo, por el que se solicita al titular de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas que informe a esta soberanía del estado que guarda el sector de las empresas aseguradoras en el país, a cargo del diputado Manuel Cárdenas Fonseca, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.

• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las compañías de seguros que operan en territorio nacional a considerar la donación de pólizas contra accidentes para los vehículos operados por la Cruz Roja Mexicana, a cargo del diputado Rolando Rivero Rivero, del Grupo Parlamentario del PAN.

• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal y a la cancillería a otorgar un nombramiento diplomático a la ciudadana Elvira Arellano, a cargo del diputado José Jacques y Medina, del Grupo Parlamentario del PRD.

• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Comisión de Juventud y Deporte a integrar una subcomisión para la vigilancia y el seguimiento de la construcción de instalaciones que se utilizarán en los XVI Juegos Panamericanos 2011, suscrita por los diputados Omar Antonio Borboa Becerra, Gustavo Macías Zambrano y Miguel Ángel Monraz Ibarra, del Grupo Parlamentario del PAN.

• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a liberar recursos del Fonden para atender la situación que afrontan los habitantes de Jalisco por el paso de la tormenta Henriette, a cargo del diputado José Nicolás Morales Ramos, del Grupo Parlamentario del PAN.

• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SCT a presupuestar el proyecto de la red carretera para la Ruta del Vino, en Ensenada, Baja California, a cargo del diputado Carlos Torres Torres, del Grupo Parlamentario del PAN.

• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los gobernadores de los estados y al jefe del Gobierno del Distrito Federal a incorporar normas específicas en los reglamentos o leyes de tránsito y vialidad locales relativas a la seguridad vehicular de niñas, niños y adolescentes, suscrita por las diputadas María Gabriela González Martínez y Laura Angélica Rojas Hernández, del Grupo Parlamentario del PAN.

• Con punto de acuerdo, por el que se solicita a los gobiernos estatal de Puebla y municipal de Tepeaca que destinen un espacio físico adecuado para el tianguis prehispánico que se instala en dicha localidad, a cargo del diputado José Luis Contreras Coeto, del Grupo Parlamentario del PAN.

• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la titular de la SEP y tanto a las autoridades educativas de los estados como a las municipales a implantar en sus programas de educación materias relativas al ambiente, a cargo del diputado Óscar González Morán, del Grupo Parlamentario del PAN.

• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al rector de la Universidad de Guadalajara a informar de los términos y las condiciones del convenio de colaboración que suscribió con Telmex sobre la administración del auditorio del mismo nombre, a cargo del diputado José Gildardo Guerrero Torres, del Grupo Parlamentario del PAN.

• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SEP a incluir el tema de la cultura turística en el contenido de los libros de texto de educación básica, a cargo del diputado Francisco Dávila García, del Grupo Parlamentario del PAN.

• Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Junta de Coordinación Política que no considere un aumento de la dieta de los diputados en el anteproyecto de presupuesto anual de esta soberanía para el ejercicio fiscal de 2008, a cargo del diputado Héctor Manuel Ramos Covarrubias, del Grupo Parlamentario del PAN.

• A la Comisión de Salud, a solicitud del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.

En representación de las comunidades rurales más afectadas por los embates del huracán Dean en el estado de Quintana Roo, ocurrido en días pasados, y con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los suscritos nos permitimos presentar la siguiente proposición con punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución, al tenor de las siguientes

Consideraciones

1. Desde el 17 de agosto de 2007, varias entidades federativas de nuestro país se vieron afectadas por el paso del huracán Dean, sobre todo, en municipios y comunidades enclavados en zonas rurales.

2. El Sistema Nacional de Protección Civil pronostica más de ocho huracanes en nuestras costas del Caribe mexicano y del Golfo de México durante los meses de septiembre hasta noviembre, y prevé que estados lejanos a las costas, como Hidalgo y Puebla, sufran sus secuelas, como está ocurriendo en Chiapas, con el paso de Félix, que afortunadamente no dañó más a nuestro país.

3. Considerando solamente los estados de Veracruz y Quintana Roo, las autoridades federales estiman que los destrozos causados por el huracán Dean en infraestructura carretera, viviendas, agricultura y turismo, alcanzarán mil millones de pesos en cada estado. La misma situación ocurre en municipios de las demás entidades federativas.

4. En Quintana Roo, no sólo las ciudades de Chetumal, Bacalar y Mahahual sufrieron daños. Más de 250 comunidades de los municipios de Othón P. Blanco, José María Morelos y Felipe Carrillo Puerto se vieron severamente afectadas. Los daños se traducen en más de 72 mil personas damnificadas; destrucción de 917 mil 935 hectáreas de selva mediana; 270 mil 109 hectáreas de selva baja y fragmentada, así como 76 mil 564 hectáreas de manglar –organismo altamente indispensable para la conservación de nuestros mares–, y 122 mil 973 hectáreas de sabana; el 70 por ciento de la extensión forestal dedicada a la captación de goma natural de mascar de exportación quedo destruida, afectando a más de 2 mil familias mayas.

5. Es evidente la vulnerabilidad del campo frente a fenómenos meteorológicos, y en el caso del huracán Dean se ha trastocado el equilibrio de nuestra naturaleza y las fuentes de empleos de miles de familias dedicados a la explotación sustentable de maderas preciosas, la apicultura, el cultivo de granos, la pesca y el turismo ecológico. Se requiere la intervención gubernamental en la inversión de una infraestructura agrícola más eficiente y segura, ante fenómenos climáticos.

6. Lo verdaderamente preocupante, compañeras y compañeros diputados, radica en la existencia de una acumulación significativa de material combustible, que en caso de incendios forestales evitaría el rápido desplazamiento de personas para combatirlo y su propagación sería de grandes proporciones y desastrosas consecuencias.

Por ello se debe impedir esa acumulación de material combustible y permitir que las comunidades rurales puedan hacer uso de la selva caída, y aprovechar los recursos madereros con la mayor brevedad.

La recuperación y reforestación natural de zonas destruidas llevará años y la población afectada no puede esperar. Por ello, se requiere de la pronta intervención de las autoridades de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) para apoyar la reforestación, sobre todo de los manglares caídos, que representan la fuente del equilibrio natural de humedades y toda zona costera.

Por lo anterior, me permito someter ante esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

De urgente y obvia resolución.

Primero. Se solicita al titular del Ejecutivo federal que, a través de la Secretaría de Gobernación, se liberen los recursos necesarios del Fondo Nacional de Desastres Naturales para atender de inmediato la pronta reforestación.

Segundo. Que la Semarnat, junto con la Comisión Nacional Forestal activen de inmediato programas conducentes a la prevención de incendios forestales y de asistencia técnica a productores agropecuarios, así como de reforestación de selvas y manglares, considerando que el estado de Quintana Roo posee extensas áreas protegidas.

Tercero. Que las instancias pertinentes, consideren y prevean los recursos económicos suficientes en el Presupuesto de Egresos de 2008 para hacer frente a una segunda contingencia forestal, los incendios. El problema se plantea con tiempo suficiente, compañeros diputados, no podemos esperar que nos alcancen los desastres.

Salón de sesiones de la honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, Palacio Legislativo de San Lázaro, México Distrito Federal, a 11 de septiembre de 2007.

Diputados: Aracely Escalante Jasso, Alberto Amador Leal, Arturo Martínez Rocha, Charbel Jorge Estefan Chidiac, Víctor Manuel Méndez Lanz, Wenceslao Herrera Coyac, Joel Guerrero Juárez, Mario Mendoza Cortés, Fernando Quetzalcótatl Moctezuma Pereda, Eduardo Elías Espinosa Abuxapqui, José Edmundo Ramírez Martínez, Luis Ricardo Aldana Prieto, Gerardo Sosa Castelán, Roberto Badillo Martínez, María Oralia Vega Ortiz, Nemesio Domínguez Domínguez, Gerardo Lagunes Gallina, María del Carmen Pinete Vargas, Pedro Montalvo Gómez, José Luis Blanco Pajón, Elizabeth Morales García, Emilio Gamboa Patrón, Adolfo Mota Hernández, Carlos Rojas Gutiérrez, Daniel Pérez Valdés, Bertha Yolanda Rodríguez Ramírez (rúbricas).
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, SOBRE LA INTROMISIÓN INDEBIDA DEL GOBERNADOR DE CHIHUAHUA EN LAS RESOLUCIONES DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO, A CARGO DEL DIPUTADO CRUZ PÉREZ CUÉLLAR, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN

El que suscribe, diputado federal licenciado Cruz Pérez Cuéllar, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, somete ante ustedes punto de acuerdo, atendiendo a las siguientes

Consideraciones

La ciudadanía chihuahuense acudió a las urnas el 1 de julio del presente año, haciendo uso pleno del voto libre, derecho consagrado en nuestra Constitución, para renovar 67 alcaldías y 33 diputaciones locales.

Obviamente, en el proceso electoral de nuestro estado, los partidos políticos hicieron valer ante los órganos electorales los diferentes recursos legales que prevé nuestra ley electoral en aquellas contiendas cuya diferencia de votos era mínima. Lo mismo sucedió al momento de que el Instituto Estatal Electoral asignó los diputados que representación proporcional que corresponden a cada partido, en atención a las exigencias que marca nuestro marco jurídico electoral.

Cabe destacar que en el proceso electoral en mención participaron los siguientes partidos y coaliciones:

Ayer, al momento de resolver el Tribunal Electoral las impugnaciones respectivas, modifican la asignación del Instituto Electoral, y decide despojar de un diputado a Acción Nacional, para donárselo a titulo gratuito u oneroso, al Partido Revolucionario Institucional, bajo el argumento de que IEE cometió un error al asignar diputados de representación proporcional por partidos políticos y coaliciones registrados, es decir, las rondas de asignación se deben de otorgar a los partidos políticos y no a las colaciones como tales.

En este sentido, que el Tribunal Electoral de Chihuahua se haya atrevido a separar al momento de asignar diputados de RP a la Coalición Alianza por Chihuahua, para beneficiar al PRI con un diputado más, ello, a sabiendas de que en el proceso electoral del 2004, la asignación se determinó por partidos políticos y coaliciones, ello, en los términos de nuestra legislación electoral, empero, este precedente inmediato de nada sirvió para cometer el tribunal esta ignominia.

Amigas y amigos legisladores, esta resolución del tribunal tiene un trasfondo político de gran envergadura para los próximos tres años de gobierno y con miras a la gubernatura de 2010 en nuestro estado. No se trata exclusivamente de tener o no un diputado el Grupo Parlamentario del PAN, se trata de lo que significa un diputado mas para el PRI, pues es de dominio público que con la asignación que determino el IEE, el PRI, no tiene mayoría absoluta en el Congreso, y además, estaría imposibilitado para lograr la mayoría calificada sin el consenso de la primera minoría. En este tenor, resulta imposible concebir la reprochable actuación del Tribunal Electoral, sin la intromisión manifiesta del Ejecutivo estatal. Esta indebida actuación del gobernador no abona en absoluto para conservar el clima de cordialidad entre los partidos políticos, al contrario, propicia un escenario de irreductible confrontación, pero lo más grave de este asunto, es la falta de respeto hacía las instituciones, pero sobre todo a la voluntad popular, no es posible, que si 42 por ciento de los chihuahuenses votaron por una fuerza política para que los representara en el Congreso del estado, el gobernador pretenda a través del Tribunal Electoral que únicamente represente 33 por ciento, es decir, casi 10 por ciento menos de lo expresado por los votantes, y obviamente mucho más lamentable es una posición a la inversa, como se pretende imponer; que el partido político al que pertenece el gobernador, este casi 10 puntos sobrerrepresentado. Basta observar la tabla siguiente, en los términos como definió el tribunal:

Visto lo anterior, se hace necesario que este órgano legislativo tome cartas en el asunto, pues estamos ante un acto por demás antidemocrático e irrespetuoso de la voluntad popular, no es posible que en estos tiempos de lucha para fortalecer nuestra incipiente democracia, el señor gobernador de nuestro estado, se erija como señor, como juez, como espada flamígera para imponer su voluntad en las resoluciones del Tribunal Electoral del Estado.

Ante esto, desde la más alta tribuna de la nación, por la trascendencia y gravedad del asunto convocamos a nuestros compañeros legisladores se apruebe como de urgente y obvia resolución el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados de la LX Legislatura hace manifiesto el total repudio respecto a la indebida intromisión del gobernador de Chihuahua, licenciado José Reyes Baeza, en la toma de decisiones de los órganos electorales del estado, en perjuicio de la voluntad popular de los chihuahuenses.

Segundo. Se exhorta al gobernador de Chihuahua, licenciado José Reyes Baeza, para que privilegie la paz política en el estado, sea el ejemplo y principal promotor del respeto de la división de poderes y, sobre todo, que garantice la voluntad popular expresada en las urnas el pasado 1 de julio por los chihuahuenses.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de septiembre de 2007.

Diputado Cruz Pérez Cuéllar (rúbrica)
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LOS TRES ÁMBITOS DE GOBIERNO Y A LA SHCP A TOMAR MEDIDAS EN RELACIÓN CON LA ECONOMÍA INFORMAL, A FIN DE REACTIVAR LOS MICRONEGOCIOS QUE SE ENCUENTRAN EN LA ECONOMÍA FORMAL, A CARGO DEL DIPUTADO ROLANDO RIVERO RIVERO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN

Rolando Rivero Rivero, diputado federal integrante de esta LX Legislatura, de este honorable Congreso de la Unión del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del reglamento interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, expongo la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución en base a la siguiente

Exposición de Motivos

La visión del autoempleo creado durante los últimos seis años, derivó una crisis de sobrevivencia para los microempresarios que se incorporaron a esta nueva figura productiva.

De acuerdo con los datos de las encuestas de ingreso-gasto de los hogares, realizado por la INEGI en los años del 2005 y parte del 2006, el 12 por ciento, más de 3 millones que decidieron emprender negocios propios en la economía formal, arrojaron un balance negativo, resintiendo pérdidas en sus proyectos productivos.

En aquellos en que se encuentra en la escala de ingresos más baja, de 1.5 a 2.5 salarios mínimos, las utilidades de sus negocios cayeron 9 por ciento anual en los últimos cinco años.

Lo anterior obedece, a que enfrentan un mercado con dificultades de expansión y elevada competencia, lo que trajo consigo un alto endeudamiento de los negocios impulsados por el programa nacional de financiamiento al microempresario.

Lejos de darse una expansión y consolidación de los micronegocios, se originó una creciente competencia con los negocios establecidos en el mismo giro de la economía formal.

Inclusive, esto ha conducido a que los nuevos microempresarios, que estiman que la competencia es factor clave para el éxito de estos proyectos, no logren combatir la existencia de negocios ubicados en el mismo ámbito pero realizados en la economía informal.

Lo anterior, unido a que la inversión privada total por trabajador asegurado permanente en el IMSS, representa variaciones del 6 por ciento anual y un costo actual de 22 mil pesos por trabajador, las condiciones se tornan todavía más difíciles para la economía formal, por estas razones urge que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, realice un estudio que le pueda dar poder o potestad a los estados, municipios y al Distrito Federal, para que sean ellos los que permitan reagrupar al comercio informal y al ambulantaje en sus respectivos territorios, para lograr la fiscalización, que representaría una disminución considerable a la desleal competencia que representa ambas economías.

Punto de Acuerdo

De urgente y obvia resolución.

Único. Dadas las estadísticas anteriores, urge un ataque frontal por parte de las autoridades en los tres ámbitos de gobierno, así como también, de la Secretaría de Economía y la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, para lograr que los micronegocios de la economía informal, se regularicen dentro de la economía formal, para evitar competencias desleales que eviten el desaliento de los que se encuentran en la economía formal.

Diputado Rolando Rivero Rivero (rúbrica)
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE SOLICITA A LA ASF Y AL CONGRESO LOCAL QUE INVESTIGUEN EL POSIBLE DESVÍO DE RECURSOS PÚBLICOS FEDERALES EN EL RECIENTE PROCESO ELECTORAL DEL ESTADO DE VERACRUZ, A CARGO DEL DIPUTADO CELSO PULIDO SANTIAGO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD

El que suscribe, diputado federal del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática ante la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la alta consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo, en calidad de urgente resolución al tenor de las siguientes

Consideraciones

El pasado 2 de septiembre se realizaron en el estado de Veracruz elecciones para renovar autoridades municipales y a los diputados del Congreso del Estado.

Dicha elección estuvo plagada por un cúmulo de irregularidades a los diversos ordenamientos jurídicos en materia electoral.

El gobernador del estado Fidel Herrera Beltrán, orquestó y comandó el fraude electoral cometido el 2 de septiembre, desde la implantación de la campaña Fidelidad por Veracruz, mediante la cual utilizó los recursos públicos del gobierno del estado, para favorecer de manera indiscriminada a los candidatos de su partido. Con este uso faccioso de recursos, los resultados de las elecciones fueron atípicos, pues la autoridad electoral del estado de Veracruz fue omisa ante el cúmulo de irregularidades durante el proceso electoral y la jornada del domingo.

Es evidente, que el gobernador utilizó los peores vicios de "mapachería" electoral para favorecer a su partido. El reparto de despensas, dinero, útiles escolares, fueron repartidos para influir decisivamente en el sufragio libre de los electores.

Además, el reparto con tintes partidistas de la ayuda para los damnificados del huracán Dean que afectó gran parte del territorio del estado a través de la campaña Fidelidad por Veracruz, fue un factor determinante para ayudar a la causa del gobernador y de su partido, fue una elección de Estado, de carro completo, al viejo estilo del fraude electoral.

Con todas estas irregularidades, es claro que la utilización de recursos públicos a fines diferentes para los que fueron presupuestados, tuvo como resultado la desaparición de la equidad en la contienda electoral. El gobernador fue el jefe de la campaña priista en Veracruz. El avance democrático que se venía observando, queda borrado por las actitudes autoritarias, patrimonialistas y regresivas de este personaje.

Además de este derroche de recursos públicos, y de la descarada violación de los topes de campaña por parte de los candidatos del PRI en las diversas campañas, sin dejar de anotar la fuerte inversión de cantidades de dinero de dudosa procedencia; no podemos dejar de resaltar el fuerte clima de violencia electoral en contra de los partidos de oposición. Numerosos líderes sociales y partidistas fueron amedrentados, y en ocasiones lastimados físicamente por gente al servicio del gobernador; la violencia en el estado fue responsabilidad directa de Fidel Herrera Beltrán, pues es él quien debe generar las condiciones de tranquilidad en el estado para que las elecciones pudieran desarrollarse en paz, lo que no sucedió.

Por lo anteriormente expuesto, propongo a la consideración de esta alta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. Con base el artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, se solicita a la Auditoría Superior de la Federación, una revisión del uso de recursos públicos federales y su posible desvío por parte del gobierno del estado de Veracruz, durante el periodo que comprendió el proceso electoral reciente en la entidad.

Segundo. Se exhorta respetuosamente al Congreso del Estado de Veracruz a constituir, con carácter de urgente, una comisión de diputados locales para investigar el posible desvío de recursos públicos estatales por parte del gobierno de la entidad, a las campañas electorales del Partido Revolucionario Institucional.

Palacio Legislativo, a 11 de septiembre de 2007.

Diputado Celso David Pulido Santiago (rúbrica)
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A OTORGAR, MEDIANTE LA SEMARNAT, A LA SCT EL BENEFICIO QUE SEÑALA EL ARTÍCULO 120 DEL REGLAMENTO DE LA LEY GENERAL DE DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE, SUSCRITA POR DIVERSOS DIPUTADOS DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 74, fracción IV, y 77, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los suscritos, diputados federales Gustavo Fernando Caballero Camargo, Jesús Ricardo Canavati Tafich, Jorge Luis de la Garza Treviño, Juan Manuel Parás González, Juan Francisco Rivera Bedoya, Ramón Salas López, Jericó Abramo Masso y Javier Guerrero García, someten ante esta honorable asamblea una proposición de punto de acuerdo mediante el cual se exhorta al Ejecutivo federal a fin de que, en uso de sus atribuciones, ordene a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales que sea otorgado a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes el beneficio que señala el artículo 120 del Reglamento de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable en lo referente a la acreditación de la posesión de los predios donde se construirá la carretera Monterrey-Saltillo. Asimismo, se solicita que tenga a bien analizar el reglamento referido, a fin de que en él se indiquen con precisión las formas en que puede ser acreditada la posesión de un predio; lo anterior, conforme a la siguiente

Exposición de Motivos

El Plan Nacional de Desarrollo establece, en el eje rector "Economía competitiva y generadora de empleos", el programa Telecomunicaciones y Transportes, cuyo objetivo primordial es incrementar la cobertura, calidad y competitividad de la infraestructura, de modo que al final de la presente administración México se sitúe entre los 30 países líderes en la infraestructura de acuerdo con la evaluación del Foro Económico Mundial.

Para lograr dicha meta, el PND incluye varios objetivos, entre los cuales se encuentra garantizar el acceso y ampliar la cobertura de infraestructura y servicios de transporte y comunicaciones, tanto a escala nacional como regional, a fin de que los mexicanos puedan comunicarse y trasladarse de manera ágil y oportuna en todo el país y con el mundo, así como hacer más eficiente el transporte de mercancías y las telecomunicaciones hacia el interior y el exterior del país, de manera que estos sectores contribuyan a aprovechar las ventajas comparativas con que cuenta México.

En este sentido y cumpliendo lo que señala el Plan Nacional de Desarrollo, en marzo pasado el presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Felipe Calderón Hinojosa, encabezó junto con los ciudadanos José Natividad González Parás y Humberto Moreira Valdés, gobernadores constitucionales de Nuevo León y de Coahuila, respectivamente, la ceremonia de inicio de las obras de construcción de la autopista Monterrey-Saltillo, cuya inversión asciende a 3 mil 394 millones de pesos, de los cuales 2 mil 640 millones corresponden al sector privado y 754 millones a recursos federales, la que contará con cuatro carriles y una longitud de 63 kilómetros, acortando distancias y costos entre Nuevo León y Coahuila. Asimismo, ofrecerá condiciones de mayor seguridad que las que brinda actualmente la carretera federal 40.

Además, dicha autopista formará parte del corredor carretero Mazatlán-Matamoros, proyecto prioritario de la administración del presidente Felipe Calderón, la cual permitirá fortalecer el tránsito de bienes y mercancías de largo itinerario provenientes de ambas costas y de otras regiones.

La ruta por la cual transitará la autopista es de suma importancia para la transportación de la mercancía proveniente del centro y sur de México, así como de las costas del Pacífico, que utilizan la región noreste del país para tener acceso al mercado del este de EUA, por lo que se beneficiará el desarrollo económico local y nacional, aunado a que la realización de esta obra fortalecerá el proyecto de integración regional de los estados de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas con Texas, para desarrollar la economía de la región noreste de nuestro país.

Ahora bien, resulta que su construcción debió iniciarse en marzo de 2007, pero sucede que en meses pasados fue publicado en diversos medios de comunicación que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales suspendió la construcción de dicha autopista debido a que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes no cuenta con los permisos de uso de suelo correspondientes para llevar a cabo la obra, en virtud de que no se ha cumplido el requisito de acreditar la legítima propiedad sobre los terrenos donde se tiene planeado construir la autopista, ya que éstos tienen actualmente un uso de suelo forestal.

El Reglamento de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable establece en el artículo 120 lo siguiente:

…

Con base en lo anterior, podemos deducir que hay dos opciones para acreditar el derecho del solicitante sobre el terreno de que se solicita cambiar el uso de suelo:

En razón de lo anterior y ante la posibilidad que tiene la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para la acreditación de la posesión del inmueble, no vemos problema alguno para que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales otorgue los permisos de uso de suelo respectivo para la construcción de la obra.

Sin embargo, si el problema proviene de una interpretación laxa de lo establecido en el artículo 120 del reglamento al que se hace mención a lo largo de la exposición, nos encontramos ante la clara incongruencia que existe en la práctica de la tramitología de nuestro país (si se nos permite el término), ya que el texto de este artículo pide acreditar la propiedad de los terrenos donde se requiere cambiar el uso del suelo; pero si resulta que este trámite se requiere para construir una carretera, como es el caso, ¿pueden ustedes imaginar el tiempo que tardaría la dependencia respectiva en negociar y comprar los predios y después registrarlos debidamente para acreditar tal propiedad? ¿Cómo la ley no considera tal supuesto? Creo que el espíritu que el legislador previó entonces fue la opción de acreditar sólo la posesión, hecho que puede resultar en primera instancia más sencillo. Sin embargo, este artículo no define el criterio que está utilizando la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para determinar cómo se puede acreditar la posesión del predio de que se solicita cambiar el uso del suelo (reiterando que no estamos diciendo que la Secretaría por alguna "razón", "circunstancia" o "motivo" está interpretando dicho artículo por oscuros intereses).

Los conceptos de propiedad y de posesión son jurídicamente distintos, y su diferencia debería ser en todo caso establecida por un juez del orden civil. Esto claramente plantea la existencia de una laguna legal que impide en la práctica cumplir la normatividad establecida.

Ustedes saben, compañeras diputadas y diputados federales, que contar con vías de comunicación adecuadas es la base del desarrollo económico, cultural y social de un país. Por eso considero que no debemos perder como representantes sociales y funcionarios públicos, el sentido social y el bien común que deben perseguir nuestras acciones.

Por ello acudimos a someter a la consideración del Pleno de la honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión la aprobación de un punto de acuerdo mediante el cual se exhorta al Ejecutivo federal a fin de que en uso de sus atribuciones ordene a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales que, de conformidad con el artículo 120 del Reglamento de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, otorgue a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes el beneficio que señala dicho ordenamiento legal, en lo referente a la acreditación de la posesión de los predios donde se construirá la carretera Monterrey-Saltillo. Asimismo, se solicita que tenga a bien analizar el reglamento referido, a fin de evitar en lo subsecuente su interpretación errónea, y que por tratarse de un caso de urgencia y obvia resolución, solicitamos, de conformidad con el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, que el presente acuerdo sea votado en este momento.

Por lo expuesto y fundado, nos permitimos someter a su consideración el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. La LX Legislatura del Congreso de la Unión exhorta de manera urgente y respetuosa al titular del Ejecutivo federal ordene a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a que dentro de sus atribuciones legales y de conformidad con lo que establece el artículo 120 del Reglamento de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable y dentro de un marco de completa legalidad, otorgue a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes el beneficio que señala dicho ordenamiento en lo referente a la acreditación de la posesión de los predios donde se construirá la carretera Monterrey Saltillo.

Segundo. Se exhorta al Ejecutivo federal tenga a bien analizar el Reglamento de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable para que, de ser necesario, se realicen las modificaciones pertinentes, a fin de indicar con precisión las formas en que puede ser acreditada la posesión de un predio.

Tercero. Comuníquese a los gobiernos de Coahuila y de Nuevo León, así como a las Secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y de Comunicaciones y Transportes, para su conocimiento.

Palacio Legislativo de San Lázaro.- México, DF, a 11 de septiembre de 2007.

Diputados: Gustavo Fernando Caballero Camargo, Jesús Ricardo Canavati Tafich (rúbrica), Jorge Luis de la Garza Treviño (rúbrica), Juan Manuel Parás González (rúbrica), Juan Francisco Rivera Bedoya (rúbrica), Ramón Salas López, Jericó Abramo Masso (rúbrica), Javier Guerrero García (rúbrica).
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE SOLICITA AL TITULAR DE LA COMISIÓN NACIONAL DE SEGUROS Y FIANZAS QUE INFORME A ESTA SOBERANÍA DEL ESTADO QUE GUARDA EL SECTOR DE LAS EMPRESAS ASEGURADORAS EN EL PAÍS, A CARGO DEL DIPUTADO MANUEL CÁRDENAS FONSECA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE NUEVA ALIANZA

El suscrito, diputado a la LX Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, con base en las siguientes

Consideraciones

Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en el ya señalado artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, propongo a ésta honorable Cámara de Diputados, emita el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. La honorable Cámara de Diputados de la LX Legislatura, convoca al presidente de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, a una reunión de trabajo con la Comisión de Hacienda y Crédito Público, a efecto de que proporcione toda la información y elementos a esta soberanía para el análisis del estado que guarda el sector de las empresas aseguradoras en nuestro país, e intercambiar puntos de vista con miras al mejoramiento de su marco regulatorio.

Segundo. En virtud del antecedente sobre el acuerdo aprobado el 18 de julio del año en curso en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, por el que se exhorta a la Secretaría de la Función Pública para que proceda a la revisión de todos los contratos de seguros sobre bienes patrimoniales y de personas suscritos con las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y la empresa Seguros ING, Comercial América, SA de CV, se informe a esta soberanía los resultados de la misma y, ante la ausencia de dicho informe, se reitere dicha solicitud en el ámbito de esta Cámara de Diputados, a fin de contar a la brevedad con la información de referencia.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de septiembre de 2007.

Diputado Manuel Cárdenas Fonseca (rúbrica)
 

Anexos

Dictámenes a Discusión

De la Primera Comisión, el que contiene punto de acuerdo por el que se exhorta a realizar una revisión de todos los contratos de seguros sobre bienes patrimoniales y de personas suscritos con las dependencias y entidades de la administración pública federal y la empresa Seguros ING, SA de CV.

Honorable Asamblea

A la Primera Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión –Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia– del segundo receso del primer año de ejercicio constitucional de la LX Legislatura, fue turnada para su análisis y dictamen la propuesta con punto de acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de la Función Pública y la Auditoría Superior de la Federación que lleven a cabo una revisión de todos los contratos de seguros existentes entre las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y la empresa Seguros ING, SA de CV, presentada por el diputado Pablo Trejo Pérez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 122, párrafo primero, y 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como 58, 60, 87, 88, 175 y 176 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión que suscriben someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen, al tenor de los siguientes

Antecedentes

1. Con fecha 13 de junio 2007, por el diputado Pablo Trejo Pérez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó ante el Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión la proposición de mérito.

2. En esa misma fecha la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, dispuso que dicha solicitud de punto de acuerdo se turnara para su estudio y dictamen correspondiente a la Primera Comisión –Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia– por lo que se emite en este acto el dictamen correspondiente.

3. La proposición en estudio, en síntesis, contiene los siguientes fundamentos y razones en que se sustenta:

A. Que el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consagra los principios conforme a los cuales las dependencias y entidades de la administración pública federal deben llevar a cabo los procedimientos de contratación para la adquisición, arrendamientos y enajenaciones de todo tipo de bienes, prestación de servicios de cualquier naturaleza y la contratación de obra, a fin de asegurar al Estado las mejores condiciones en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes; asimismo, dicho artículo establece que el manejo de los recursos económicos federales se sujetarán a los principios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez.

En este contexto tenemos que la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, reglamentaria del artículo 134 constitucional, es el cuerpo normativo que regula la planeación, programación, presupuestación, contratación, gasto y control de las adquisiciones y arrendamientos de bienes muebles y la prestación de servicios de cualquier naturaleza, entre los que se encuentran los seguros sobre bienes patrimoniales y de personas que realizan las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, de acuerdo con los procedimientos que ésta establece.

B. Desde la empresa denominada Aseguradora Hidalgo, SA, dejó de tener el carácter de entidad paraestatal, comenzó en materia de contratación de seguros de personas, que como prestación se otorgan al personal adscrito a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y de seguros patrimoniales, la libre participación de las instituciones de seguros autorizadas y especializadas en la materia.

C. Que la empresa Seguros ING, SA de CV, ha sido una de las que más se ha beneficiado con contratos de esta naturaleza con dependencias y entidades de la administración pública federal, estatal y municipal. No obstante, en opinión del autor de la propuesta, existen dudas sobre el objeto, monto, contenido, obligaciones, alcance y beneficios de dichos contratos con relación a las partes contratantes. Ello, partiendo del resultado de un litigio llevado entre ING México y Grupo Fertinal, en donde se condenó a la aseguradora a pagar 94 millones de dólares. Por otro lado, el hecho de que ING Argenta haya cerrado sus actividades en dicho país, al no generarle utilidad alguna los seguros personales.

D. Que un representante de ING comentó que el año pasado dejó de vender en México grandes seguros corporativos para propiedades y contra perjuicios para centrarse en su negocio más rentable de seguros de vida individuales, mientras que continúa ofreciendo seguros de propiedades y contra perjuicios para pequeñas y medianas empresas. De esta manera, las primas de la aseguradora crecieron 2.1 por ciento a 19 mil 890 millones de pesos el año pasado, con una caída del 14.4 por ciento en las primas de propiedades y perjuicios y que la compañía prácticamente había terminado de limpiar sus carteras de propiedad y perjuicios y de seguros grupales de vida y salud.

E. Que con base en lo anterior, el proponente cuestiona si la razón por las que la aseguradora permanece establecida en México es por el mercado de seguros de vida individuales o las jugosas ganancias con el sector público. Ante esa y otras dudas, considera, es necesario que se esclarezca y cuiden los patrimonios públicos y de los servidores públicos que estén en el supuesto de ser asegurados por una empresa que incumple por su propia voluntad ante obligaciones adquiridas y que puede abandonar a sus clientes con compromisos de años de vida, sólo porque no obtiene ganancias adecuadas según los lineamientos que indique su casa matriz.

F. Que, en opinión del legislador, lo anterior es suficiente para solicitar una revisión detallada y que se informe del resultado de dicha revisión, a fin de conocer si hay irregularidades, montos de las primas de seguro pagadas; montos de aseguramiento de los bienes y personal asegurados, así como una evaluación de riesgo de incumplimiento, por parte de la Auditoría Superior de la Federación y de la Secretaría de la Función Pública de los contratos suscritos entre las dependencias y entidades de la administración pública federal con Seguros ING, SA de CV.

Consideraciones

1. Resalta, en principio, que la proposición se sustenta en deducciones relativas al comportamiento que la empresa Seguros ING, SA de CV, ha observado en el mercado mexicano y en el extranjero. Es claro que la situación política, social, económica y jurídica de nuestro país no es la misma que otras naciones, por lo que, en sí mismo, el hecho de que la aseguradora hubiera abandonado espontáneamente el mercado argentino por bajos o medianos rendimientos no es factor suficiente para poner en duda la legalidad de los contratos celebrados por dicha empresa con las dependencias de la administración pública federal.

Por esa razón, los integrantes de esta comisión no asumen la certeza de las deducciones en que se sustenta la petición del postulante.

2. Ahora bien, dentro del esquema de organización política del Estado mexicano, el Poder Legislativo federal contribuye, por diversas vías en el marco del principio de división de poderes, al adecuado ejercicio de las atribuciones de los órganos del gobierno, ejerciendo sus propias facultades tanto explícitas como implícitas de control político. Para ello, la Constitución reconoce la potestad del Legislador Federal para solicitar la información que considere pertinente a efecto de solventar los asuntos bajo su atención.

En ese contexto, esta comisión considera que es procedente exhortar al Ejecutivo federal, sin que ello se traduzca en una disposición vinculatoria o invasora de su esfera constitucional de competencia, para que, por el conducto conveniente, ejerza su facultad contralora a efecto de que prevenga cualquier posibilidad de conflicto legal con la empresa aseguradora, a la vista de la magnitud de contrataciones que se ha realizado con ésta.

Lo anterior, en virtud de que es de interés de esta comisión que exista completa transparencia y legalidad en los actos celebrados por el gobierno, para que exista plena seguridad jurídica para los beneficiarios de las pólizas contratadas y para prevenir cualquier posibilidad de conflicto legal o económico de magnitud importante.

3. Por otro lado, en términos de lo dispuesto en el artículo 57 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, corresponde a los órganos de control interno dependientes de la Secretaría de la Función Pública, verificar, en cualquier tiempo, que las adquisiciones, arrendamientos y servicios se realicen conforme a lo establecido en esta ley o en otras disposiciones aplicables; y, además, las contralorías podrán realizar las visitas e inspecciones que estimen pertinentes a las dependencias y entidades que realicen adquisiciones, arrendamientos y servicios, e igualmente podrá solicitar a los servidores públicos y a los proveedores que participen en ellas todos los datos e informes relacionados con los actos de que se trate.

4. De conformidad con lo dispuesto por el párrafo segundo del artículo 79 constitucional, así como en los artículos 5o., 14, fracción VI, y 16, fracciones V y VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, es competencia exclusiva de la Auditoría Superior de la Federación, de manera posterior a la gestión financiera, de manera autónoma e independiente, ejecutar cualquier forma de control y fiscalización de los entes públicos federales, verificar si en la gestión financiera se cumple con las leyes, decretos, reglamentos y demás disposiciones aplicables en materia de sistemas de registro y contabilidad gubernamental; contratación de servicios, obra pública, adquisiciones, arrendamientos, conservación, uso, destino, afectación, enajenación y baja de bienes muebles e inmuebles; almacenes y demás activos y recursos materiales; y verificar obras, bienes adquiridos y servicios contratados, para comprobar si las inversiones y gastos autorizados a los Poderes de la Unión y entes públicos federales se han aplicado legal y eficientemente al logro de los objetivos y metas de los programas aprobados.

De tal suerte, que es legal y apegado a derecho que la Auditoría Superior de la Federación, en el ámbito de su competencia, verifique la legalidad de los contratos que hayan celebrado las dependencias del Ejecutivo Federal con la empresa Seguros ING, SA de CV. Sin embargo, debe aclararse que dicha medida habría de implementarse dentro del ámbito de las propias facultades de la Auditoría, puesto que la revisión que puede hacerse fuera de la Cuenta Pública del año anterior está acotada al contenido de los informes de avance de gestión financiera o a situaciones excepcionales, bajo circunstancias por las que pueda suponerse el presunto manejo, aplicación o custodia irregular de recursos públicos federales, o de su desvío, en cuyo caso, dispone el artículo 36 de la ley en comento, la Auditoría podría requerir a las entidades del gobierno revisiones de conceptos específicos, en busca de indicios probatorios razonables. Por otra parte, es la Cámara de Diputados del Congreso General la que tiene potestades para establecer relación directa con la Auditoría, conforme a lo dispuesto en los artículos 74 y 79 constitucionales, así como 66 y 67 de la Ley en cita, potestad de que carece esta Comisión Permanente, por lo que no es posible a esta soberanía instruir, sino, en todo caso, solicitar a la Auditoría que se realice la revisión que se considere pertinente.

5. En conclusión, esta comisión considera procedente aprobar el punto de acuerdo solicitado, en el sentido de exhortar a las autoridades antes señaladas, en el ámbito de sus respectivas competencias, para que ejerzan sus facultades a fin de revisar la regularidad de los contratos de seguro celebrados por la empresa Seguros ING, SA de CV, con las dependencias del Ejecutivo federal, sobre bienes patrimoniales y personas, a fin de tener plena certeza de que dichos actos jurídicos se apegan a derecho. Excepción hecha de la Auditoría Superior de la Federación, que se reserva su intervención, a los resultados que arroje la información solicitada a la Secretaría de la Función Pública.

Por tanto, los legisladores integrantes de la Primera Comisión –de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia– de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, someten a consideración de esa honorable asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de la Función Pública para que, dentro del ámbito de su competencia, realice una revisión de todos los contratos de seguros sobre bienes patrimoniales de personas suscritos con las dependencias y entidades de la administración pública Federal y la empresa Seguros ING, SA de CV, e informe a esta soberanía los resultados de la misma.

Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión. Ciudad de México, a 18 de julio de 2007.

Primera Comisión
 

México, Distrito Federal, 23 de julio de 2007.

Lic. Manuel Aguilera Verduzco
Presidente de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas
Presente.

El suscrito, Lic., Manuel Cárdenas Fonseca, Diputado a la LX Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6°, 8°, 35, fracción V, y demás relativos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, señalando como domicilio para recibir y oír toda clase de notificaciones el ubicado en Avenida Congreso de la Unión, N° 66, Colonia El Parque, Delegación Venustiano Carranza, Palacio Legislativo de San Lázaro, Edificio G, 3er. Piso, Oficinas del Grupo Parlamentario Nueva Alianza, Ciudad de México, Distrito Federa, me permito exponer lo siguiente:

Mediante escrito del 28 de mayo del presente año, recibido por esa oficina de su cargo el 30 de mayo del presente año, recibido por esa oficina de su cargo el 30 del mismo mes, en mi condición de ciudadano y de Diputado Federal integrante y Secretario de la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados, LX Legislatura del H. Congreso de a Unión, me permití solicitar a esa Comisión a su cargo diversa información relacionada con las acciones realizadas en materia de control y vigilancia del sector de las empresas aseguradoras en nuestro país, derivado de la preocupación e incertidumbre que han venido causando en la población los escándalos en que se han visto involucradas algunas empresas aseguradoras, como es el caso de la empresa ING, Comercial América, S.A. de C.V.

En ese contexto, acudí además a otras autoridades y organismos relacionadas con el sector asegurador, a efecto de solicitar y acopiar información oficial fidedigna y suficiente que, en su caso, me permita ejercer de la mejor manera mis atribuciones y responsabilidades, por una parte como sujeto constitucionalmente facultado para la presentación de iniciativas de ley y propuestas de punto de acuerdo y, por la otra, como miembro de la Comisión legislativa responsable de los asuntos en materia de Hacienda y Crédito Público.

De manera específica, y por la relevancia del caso relacionado con la empresa aseguradora ING, Comercial América, me permití solicitarle textualmente y ahora lo reitero, "…La información relacionada con las medidas que, en su caso, haya ordenado o adoptado esa institución para prevenir y corregir las irregularidades en que de manera constante viene incurriendo la empresa aseguradora de referencia".

A la fecha ha transcurrido más de mes y medio desde que solicité formalmente la información de referencia, (plazo que además excede con demasía los establecidos en la legislación en materia administrativa y de acceso a la información pública), sin que dicha petición haya merecido atención o respuesta alguna de su parte, lo que resulta a todas luces violatorio de los derechos que me asisten como legislador y como ciudadano, en cuya razón me permito expresarle mi inconformidad y extrañeza por tal actitud, misma que da pauta a pensar que intereses perversos pudieran estar alimentando la ignorancia de su parte a entregar la información solicitada, por lo que le reitero de la manera más firme la petición de referencia, sin necesidad de prologar nuevamente toda la fundamentación jurídica y antecedentes que le vertí en el oficio de referencia anterior al presente y que se detalla en el párrafo segundo del presente ocurso.

Atentamente
Dip. Fed. Manuel Cárdenas Fonseca (rúbrica)
Secretario de la Comisión de Hacienda y Crédito Público
 

México, DF, a 16 de agosto de 2007.

Lic. Manuel Aguilera Verduzco
Presidente de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas
Presente

El suscrito, Lic. Manuel Cárdenas Fonseca, Diputado Federal a la LX Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6°, 8°, 35, fracción V, y demás relativos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, señalando como domicilio para recibir y oír toda clase de notificaciones el ubicado en Avenida Congreso de la Unión, N° 66, Colonia El Parque, Delegación Venustiano Carranza, Palacio Legislativo de San Lázaro, Edificio G, 3er Piso, Oficinas de Grupo Parlamentario Nueva Alianza, Ciudad de México, Distrito Federal, me permito exponer lo siguiente:

El pasado 7 de agosto, recibí el oficio N° 06-367-II-4/09057, suscrito por el Lic. Ranferi Gómez Hernández, Director General Jurídico Contenciosos y de Sanciones de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF), por el cual se pretende dar respuesta a mis diversos oficios de 28 de mayo y 23 de julio del presente año respectivamente, por los cuales, en ejercicio de mis derechos y prerrogativas como ciudadano y legislador federal, me permití solicitar puntualmente a esa Comisión información relacionada con las irregularidades en que ha venido incurriendo la empresa Seguros ING, Comercial América, S.A. de C.V.; de manera específica: "… la información relacionada con las medias que, en su caso, haya ordenado o adoptado esa institución para prevenir y corregir las irregularidades en que de manera constante viene incurriendo la empresa aseguradora de referencia".

En el caso que, en primer lugar, no obstante que en la nota informativa que se anexa a su oficio se indica que las multas e infracciones a que se ha hecho acreedora la empresa de seguros ING, Comercial América, S.A. de C.V., por más de $40,000,000.00 (cuarenta millones de pesos 00/100 m.n.) son las más altas entre las impuestas al total de las empresas de seguros en nuestro país desde 2002 a la fecha, específicamente por las violaciones a las obligaciones establecidas en los artículos 47-IV, 60, 61 y 100 de la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros (LGISMS) en materia de desviación en la constitución de reservas de riesgos en curso, de cobertura del requerimiento de capital mínimo de garantía y sobre registros contables indebidos, entre otras infracciones, al parecer dichas irregularidades no han generado las obligadas acciones preventivas y de información correspondiente para prevenir al público usuario, incluyendo a las instituciones del Gobierno Federal, para alertar de los riesgos que implica la contratación de los servicios de dicha empresa, misma que es recurrente en sus omisiones y modificaciones de información y plantea eventos graves como ustedes mismos lo refieren en los motivos de las sanciones aplicadas. A mayor abundamiento, dan prueba plena de que la ética no es el mejor aliado de los empleados de la empresa cuestionada. Lo anterior, independientemente de las acciones de orden administrativo y correctivo a que se refieren los artículos 53, 60, 61, 74, 74 bis, 74 bis-1 y 74 bis-2 de la ley antes mencionada.

En función de lo anterior, me permito reiterar a Usted la previa solicitud de información acerca de las medidas de orden preventivo y correctivo adoptadas por la CNSF derivadas de los artículos antes mencionados, especialmente sobre los planes de regularización que se hayan establecido para garantizar que la compañía aseguradora ING, Comercial América, SA de CV, subsane las irregularidades en que ha venido incurriendo sistemáticamente y cumpla adecuadamente con sus obligaciones comerciales.

De otra parte, por lo que se refiere a la mención, en el segundo párrafo del oficio de referencia, donde textualmente se indica que "esa información corresponde a la que usted solicitó por conducto de la Secretaría de la Función Pública, con fechas 28 de mayo y 14 de junio del año en curso, y se le manifiesta que esta Comisión rindió al órgano interno de Control en esta Comisión el informe respectivo", (al margen de que no envía los estados financieros de 2005 ni las sanciones de 2006, años de relevante importancia para todas las aseguradoras, especialmente la cuestionada) me permito aclarar que, efectivamente, como parte de las acciones emprendidas por el suscrito en torno a la problemática que representa la impunidad con que la empresa aseguradora mencionada continúa siendo favorecida en el otorgamiento de contratos en la Administración Pública Federal, no obstante las evidencias de las malas prácticas comerciales en que incurre en el sector privado, estimé pertinente solicitar a la Secretaría de la Función Pública información sobre las medidas que se hayan tomado, en el ámbito de las diversas entidades y organismos del Gobierno Federal, para prevenir daños o afectaciones al erario público por irregularidades en los contratos asignados en los últimos años a la mencionada empresa, o bien sobre los incumplimientos respecto de las obligaciones contractuales de la multicitada empresa de seguros.

Como es evidente, y a pesar de que el suscrito le menciona en mi anterior petición de fecha 23 de julio próximo pasado: "en cuya razón me permito expresarle mi inconformidad y extrañeza por tal actitud, misma que da pauta a pensar que intereses perversos pudieran estar alimentando la ignorancia de su parte a entregar la información solicitada..", usted sigue sin contestar absolutamente nada y, su subordinado, atendiendo a la instrucción de la Secretaría de la Función Pública atiende parcialmente lo solicitado, es menester destacar que su silencio se puede entender como complicidad o complacencia de las irregularidades del sector asegurador. No omito destacar que con el presente le reitero mi petición puntual que se amplía al sector asegurador y se refiere a:

Atentamente
Diputado Manuel Cárdenas Fonseca (rúbrica)
Secretario de la Comisión de Hacienda y Crédito Público
 

México, Distrito Federal, Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de mayo de 2007.

Licenciado Manuel Aguilera Verduzco
Presidente de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas
Presente

El suscrito, Manuel Cárdenas Fonseca, diputado Federal a la LX Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6o., 8o., 35, fracción VI, 51, 61 y demás relativos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, señalando como domicilio para recibir y oír toda clase de notificaciones el ubicado en avenida Congreso de la Unión 66, colonia El Parque, delegación Venustiano Carranza, Palacio Legislativo, edificio G, tercer piso, oficina del grupo parlamentario Nueva Alianza, México, Distrito Federal, CP 15969, me permito exponer a usted lo siguiente:

Como es de su conocimiento, en días pasados, una sentencia firme del Primer Tribunal Colegiado de Distrito del Poder Judicial de la Federación puso fin a un litigio que por más de cinco años sostuvieron en diversas instancias la empresa aseguradora ING, Comercial América, SA de CV, en su calidad de demandada, y la Empresa Fertinal, SA de CV, como demandante, al haberse negado la primera, de manera reiterada, a pagar el importe de la prima que con motivo de los daños ocasionados por el huracán Juliette, ocurrido en el estado de Baja California Sur en septiembre de 2001, debió haber cubierto a la asegurada desde la correspondiente reclamación de pago.

Cabe destacar que la reiterada negativa de la aseguradora ING, Comercial América, para dar cumplimiento a sus obligaciones contractuales, independientemente de los graves daños provocados a la empresa que ganó los juicios y la pérdida de un sinnúmero de empleos directos e indirectos y afectaciones a productores agropecuarios en todo el país, implica también una seria amenaza a uno de los valores fundamentales que regulan las relaciones de las empresas aseguradoras con el público usuario de servicios financieros y de seguros: la confianza y la certidumbre.

Tal afectación, en un rubro donde la confianza de la sociedad es el valor fundamental a tutelar por el Estado, trasciende por ese solo hecho al litigio entre particulares para interesar a la población en su conjunto y justifica el interés del suscrito, en mi calidad de representante de la nación, para reclamar que las autoridades competentes den al mencionado asunto la dimensión que corresponde e intervengan de manera eficaz para prevenir irregularidades futuras y corregir aquellas en que se haya incurrido. Lo anterior cobra mayor importancia cuando, en el transcurso de las acciones judiciales emprendidas por el reclamante, se ejercitó acción penal en contra de directivos de la aseguradora se formularon denuncias por presunta falsificación de documentos y otros delitos, además de que un juez hubo de ordenar el embargo precautorio de las cuentas bancarias de la demandada, todo lo cual suscitó la preocupación de los usuarios de los servicios de la empresa involucrada vino a mermar aún más la confianza general en el sector de las aseguradoras.

Vale decir que, hasta hoy, ninguna de las instancias legalmente responsables de la vigilancia y control del mercado mexicano financiero y de seguros, como son la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, y las conducentes para la vigilancia de las instituciones bancarias Comisión Nacional Bancaria y de Valores, así como la Comisión para la Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, se han preocupado siquiera de realizar acciones informativas, preventivas o de verificación frente a la evidencia de la mala práctica comercial de Seguros ING, Comercial América. Preocupa adicionalmente tal circunstancia, si se tiene en cuenta que 1a citada compañía es parte de un conglomerado financiero internacional que opera en México, además de la mencionada aseguradora, otras empresas de servicios financieros como son los de banca múltiple (ING Bank, México), sociedad operadora de fondos de inversión (ING, Invesment Management, SA de CV) casa de bolsa (ING, México, SA de CV, Casa de bolsa) y operadora de fondos parta el retiro (Afore ING, Comercial América).

Conforme al artículo 106 de la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros, la inspección y vigilancia de las instituciones y de las sociedades mutualistas de seguros, así como de las demás personas y empresas a que se refiere la citada ley, queda confiada a la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, en su calidad de órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. En ese tenor, corresponde a la esa comisión, entre otras atribuciones, realizar la inspección y vigilancia que conforme a ésta y otras leyes le competen; e imponer sanciones administrativas por infracciones a ésta y las demás leyes que regulan las actividades, instituciones y personas sujetas a su inspección y vigilancia, así como a las disposiciones que emanen de ellas. No queremos ahora otro quebranto como el ocasionado por los bancos y que, so pretexto de salvar el sistema de pagos que impere la impunidad; tenemos el IPAB, con los costos consabidos.

De manera específica, entre los objetivos de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas se encuentra el de supervisar de manera eficiente que la operación de los sectores asegurador y afianzador cumpla con el marco normativo, preservando la solvencia y estabilidad financiera de las instituciones para garantizar los intereses del público usuario, así como promover el sano desarrollo de estos sectores, con el propósito de extender la cobertura de sus servicios a la mayor parte posible de la población. Recordemos que en su momento el Presidente de la Comisión Nacional Bancaria, cuando el rescate bancario, aducía que los peritos valuadores eran calificados en sus conocimientos y hubo de aclararle que eso los volvía más peligrosos, por no verificar su moral y encontrarnos con avalúos inflados y alterados. No queremos esto en el sector asegurador. Ni la edad ni el dinero hacen honorables a quienes están acostumbrados a falsear información y declaraciones, como fue el caso del juicio aludido por parte de los ejecutivos de esta empresa aseguradora. Ellos son la moral de la empresa y la desconfianza de los usuarios.

Corresponde igualmente a esa Comisión ejercer la inspección, vigilancia y supervisión de las instituciones y sociedades mutualistas de seguros y de las instituciones de fianzas; así como verificar que la operación de las instituciones se apegue a principios técnicos y cumpla con las disposiciones legales que le son aplicables, a efecto de preservar la orientación ‘técnica necesaria para la protección de los intereses del público usuario. Todo lo anterior, con el fin de garantizar que los servicios de los seguros y fianzas sirvan como instrumentos de seguridad y garantía a sus usuarios y al público en general.

Por todo lo anterior, y habida cuenta que a lo largo de los últimos años no existen indicios o evidencia pública alguna de que la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas haya realizado las acciones preventivas y correctivas a que la ley le faculta, a pesar de que, independientemente del caso señalado al inicio de este oficio, se han presentado en el país diversas denuncias y quejas por las malas prácticas de la aseguradora ING Comercial América, he de agradecer a usted se sirva proporcionar al suscrito la información relacionada con las medidas que, en su caso, haya ordenado o adoptado esa institución para prevenir y corregir las irregularidades en que de manera constante viene incurriendo la empresa aseguradora de referencia.

Diputados integrantes de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación.- Su conocimiento y atención procedente. Presente.

Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados.
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LAS COMPAÑÍAS DE SEGUROS QUE OPERAN EN TERRITORIO NACIONAL A CONSIDERAR LA DONACIÓN DE PÓLIZAS CONTRA ACCIDENTES PARA LOS VEHÍCULOS OPERADOS POR LA CRUZ ROJA MEXICANA, A CARGO DEL DIPUTADO ROLANDO RIVERO RIVERO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; el suscrito, diputado federal Rolando Rivero Rivero, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LX Legislatura, presenta ante esta soberanía el siguiente punto de acuerdo, por el que se hace una muy atenta y respetuosa invitación a todas las compañías de seguros a nivel nacional, a que tomen en cuenta la posibilidad de donar pólizas de seguros contra accidentes para brindar cobertura a los vehículos operados por la Cruz Roja mexicana, considerando que estas son deducibles de impuestos ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, basado en los siguientes:

Considerandos

1. La Cruz Roja mexicana es una organización comprometida con las mejores causas de nuestra sociedad. Para ello, brinda ayuda de calidad a quien más lo necesita, sin distinción de su capacidad económica.

2. No obstante, la Cruz Roja es una institución que depende crucialmente de sus dos principales fuentes de recursos. Por un lado recibe las aportaciones logradas mediante colectas anuales convocadas con ayuda de los particulares y los gobiernos de todo el país, así como las donaciones de equipos de transporte (como son sus ambulancias) realizadas por organizaciones civiles que se encuentran en todos los municipios de los estados. Por otra parte, hay casos en los que la Cruz Roja se beneficia de aportaciones estatales derivadas del cobro del trámite de reemplacamiento vehicular (como en Coahuila, donde se aporta el 2 por ciento de dicho recurso) para su ayuda económica

3. Los equipos de transporte, especialmente las ambulancias, de esta noble institución, no cuentan con seguros para enfrentar contingencias en caso de accidente. Lamentablemente esto se debe a que la organización no cuenta con los recursos necesarios para adquirir las pólizas correspondientes.

4. De igual forma, se sabe que la mayor incidencia de accidentes automovilísticos que se registra en las ciudades y en las zonas metropolitanas, causan una considerable merma al equipo utilizado para auxiliar a la comunidad. Es por ello que sería sumamente beneficioso para la sociedad que se aportara de manera gratuita seguros a la Cruz Roja. Para tal efecto, es importante que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público lleve a cabo las diligencias necesarias para facilitar la deducibilidad de las aportaciones que a tal efecto se realizaran.

5. En caso de lograrse un acuerdo de este alcance entre aseguradoras y la Cruz Roja mexicana, aportaría enormes beneficios, ya que se garantizaría que en caso de siniestro la institución reparara o recuperara el equipo utilizado en su labor de ayuda humanitaria.

En virtud de lo anteriormente expuesto, me permito presentar ante esta honorable Cámara de Diputados el siguiente:

Punto de Acuerdo

De urgente u obvia resolución.

Único. Se hace una muy atenta y respetuosa invitación a todas las compañías de seguros a nivel nacional a que tomen en cuenta la posibilidad de donar pólizas de seguros contra accidentes para brindar cobertura a los vehículos operados por la Cruz Roja mexicana, considerando que estas son deducibles de impuestos ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de septiembre de 2007.

Diputado Rolando Rivero Rivero (rúbrica)
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL Y A LA CANCILLERÍA A OTORGAR UN NOMBRAMIENTO DIPLOMÁTICO A LA CIUDADANA ELVIRA ARELLANO, A CARGO DEL DIPUTADO JOSÉ JACQUES Y MEDINA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD

Los suscritos diputados federales de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración del Pleno de la Cámara de Diputados la siguiente proposición con punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución, al tenor de las siguientes

Consideraciones

1. Como es de su conocimiento, 19 de agosto del presente año agentes del Departamento de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE) detuvieron a Elvira Arellano y la remitieron a unas oficinas de migración. Más tarde, en la madrugada del día 20, fue deportada a Tijuana, México.

2. Ese mismo día la Secretaría de Relaciones Exteriores de México emitió un comunicado para la prensa mediante el cual informó sobre la detención de Elvira Arellano y denunció que las autoridades migratorias norteamericanas impidieron al Consulado General de México en Los Ángeles, brindar a nuestra connacional la debida asistencia y protección consulares consagradas en la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares.

3. Días después, el 24 de agosto la Secretaría de Relaciones Exteriores emitió un nuevo comunicado en el que se dijo que la canciller Patricia Espinosa Castellano invitaría a la señora Elvira Arellano a sostener una conversación para conocer, de manera directa, sus puntos de vista y preocupaciones en relación con la situación que viven ella y su hijo Saúl. Se dijo también que la conversación servirá también para reiterar a la señora Elvira Arellano que mientras su hijo se encuentre en Chicago, el Consulado de México en esa ciudad estará permanentemente al tanto de su situación. Finalmente se informó que la secretaria Espinosa Cantellano había girado instrucciones al Instituto de los Mexicanos en el Exterior (IME), para que explore mecanismos que permitan al gobierno de México apoyar la educación del pequeño Saúl.

4. El día 26 de agosto pasado, en un nuevo comunicado se informó que la secretaria de Relaciones Exteriores, Patricia Espinosa Cantellano, conversó telefónicamente con la señora Elvira Arellano para expresarle su solidaridad y la voluntad del gobierno federal para apoyarla, así como ofrecer respaldo a su hijo Saúl quien permanece en Chicago, Illinois. También se dijo que la titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) le hizo llegar una carta a la señora Elvira Arellano, en la que le expresa las acciones que puede tomar el gobierno federal para apoyarla en la difícil situación en que se encuentra al verse separada de su hijo.

5. El 29 de agosto pasado, el titular del Poder Ejecutivo, por intermediación de la secretaria Espinosa Cantellano, se reunió en Los Pinos con Elvira Arellano. En tal reunión la activista solicitó que el gobierno federal le extienda una "visa diplomática como embajadora de paz y justicia" para que pueda volver a Estados Unidos y se reúna con su hijo Saúl. Ante esta petición Felipe Calderón aseguró que su administración "realizará gestiones para que su regreso pueda concretarse".

6. Finalmente, el 4 de septiembre pasado, la secretaria de Relaciones Exteriores, Patricia Espinosa Cantellano, informó a la prensa que la cancillería "explora" la forma de lograr la autorización para que la activista Elvira Arellano pueda vivir en Estados Unidos; aunque aseguró que "el gobierno estadounidense tiene la última palabra". Y agregó: "aun con el cargo diplomático, Estados Unidos tiene que autorizar la visa".

7. Por otra parte, debe señalarse que el artículo 80 de la Carta de la Organización de los Estados Americanos (OEA), establece que el "Consejo Permanente de la Organización se compone de un representante por cada Estado miembro, nombrado especialmente por el gobierno respectivo con la categoría de embajador y que "cada gobierno podrá acreditar un representante interino, así como los representantes suplentes y asesores que juzgue conveniente."

8. Por su parte, el artículo 134 de la misma Carta de la Organización de los Estados Americanos (OEA), establece que "los representantes de los Estados miembros en los órganos de la organización, el personal de las representaciones, el secretario general y el secretario general adjunto, gozarán de los privilegios e inmunidades correspondientes a sus cargos y necesarios para desempeñar con independencia sus funciones.

9. Finalmente, debe destacarse que la activista Elvira Arellano se ha convertido en un verdadero símbolo de la lucha por la defensa de los derechos humanos no sólo de los migrantes mexicanos sino de todos los trabajadores indocumentados que laboran en los Estados Unidos de América (EUA).

Por lo antes expuesto, sometemos a la consideración del Pleno de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, respetuosamente exhorta al titular del Poder Ejecutivo y a la cancillería para que, en el ámbito de sus facultades legales, otorguen un nombramiento diplomático en favor de la ciudadana Elvira Arellano, activista y defensora de los derechos humanos de los migrantes mexicanos, como asesora en materia de migración en la misión permanente de México ante la Organización de los Estados Americanos (OEA).

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de septiembre de 2007.

Diputado José Jacques y Medina (rúbrica)
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA COMISIÓN DE JUVENTUD Y DEPORTE A INTEGRAR UNA SUBCOMISIÓN PARA LA VIGILANCIA Y EL SEGUIMIENTO DE LA CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES QUE SE UTILIZARÁN EN LOS XVI JUEGOS PANAMERICANOS 2011, SUSCRITA POR LOS DIPUTADOS OMAR ANTONIO BORBOA BECERRA, GUSTAVO MACÍAS ZAMBRANO Y MIGUEL ÁNGEL MONRAZ IBARRA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN

Los suscritos, diputados federales integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, a través del diputado Omar Antonio Borboa Becerra, perteneciente a la LX Legislatura de la honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Juventud y Deporte a integrar la subcomisión para la vigilancia y seguimiento de la construcción de instalaciones que se utilizarán en los XVI Juegos Panamericanos 2011, por celebrarse en la Ciudad de Guadalajara, conforme a las siguientes

Consideraciones

Los juegos panamericanos son una versión continental de los juegos olímpicos, que cuenta con los deportes del programa olímpico y otros no disputados en las olimpiadas. Se llevan a cabo cada cuatro años, siempre un año antes de los juegos olímpicos. La primera edición fue en 1951, en Buenos Aires, capital de Argentina. Sin embargo, su origen remite a 1932, en los Juegos Olímpicos de Los Angeles.

Inspirados por la realización, seis años antes, de los primeros juegos centroamericanos, representantes de países latinoamericanos en el Comité Olímpico Internacional (COI) propusieron la creación de una competición que reuniese todos los países de las Américas, con la finalidad de fortalecer el deporte en la región.

La idea dio origen al primer Congreso Deportivo Panamericano, realizado en Buenos Aires, en 1940. Al principio, el congreso definió que los juegos inaugurales serían disputados en 1942, en la propia capital argentina. No obstante, los planes fueron postergados por la Segunda Guerra Mundial.

Al final del conflicto, un segundo Congreso Deportivo Panamericano, en Londres, durante los Juegos Olímpicos de 1948, confirmó a Buenos Aires como sede de la primera edición de los Juegos Panamericanos, programados, finalmente, para 1951. La competición se inauguró el día 25 de febrero y reunió a 2 mil 13 atletas de 21 países, con 18 deportes en disputa.

Durante más de 50 años, los juegos panamericanos jamás se dejaron de disputar y pasaron por ciudades de todas las áreas del continente. Desde el extremo norte, como Winnipeg (Canadá), sede de dos ediciones de las competiciones (1967 y 1999), hasta el sur, como Mar Del Plata (Argentina), que recibió los juegos de 1995.

Los juegos panamericanos también visitaron la Ciudad de México (1975), Chicago (Estados Unidos), Cali (Colombia), San Juan (Puerto Rico), Caracas (Venezuela), Indianapolis (Estados Unidos), Habana (Cuba), Santo Domingo (República Dominicana) y Brasil.

En 1963, Sao Paulo, recibió la cuarta edición de la competición. El evento fue un éxito, movilizando la ciudad a punto de reunir cerca de 40 mil personas en la ceremonia de apertura, realizada en el estadio de Pacaembu.

En cada edición, los juegos panamericanos fueron creciendo de tamaño e importancia. En menos de medio siglo, el evento se duplicó en número de países, atletas y modalidades, hasta tornarse una de las principales competiciones del calendario deportivo mundial.

Los juegos panamericanos son organizados por la Organización Deportiva Panamericana (Odepa). Esta organización, creada en 1955, reúne los comités olímpicos nacionales de América. Sus objetivos son fortalecer los vínculos de unión y amistad de los países americanos por medio del deporte y los principios del movimiento olímpico.

La Odepa eligió por unanimidad a Guadalajara durante la 44 asamblea general celebrada en Buenos Aires, el 28 de mayo de 2006, luego de que ninguna otra ciudad se presentara como candidata, la ciudad mexicana fue elegida por los 42 delegados de la organización como sede para los XVI Juegos Panamericanos 2011.

Otras ciudades como San Antonio, Estados Unidos, que perdió con Río de Janeiro la sede de 2007, Mar del Plata, Argentina, que ya había sido sede del evento en el año 1995 y Cali, Colombia, que realizó los juegos en 1971, habían sido presentadas como posibles sedes; sin embargo, ninguna presentó una candidatura oficial para la asamblea. La occidental capital tapatía buscaba la sede desde hace 10 años, pero en 2003 perdió ante Santo Domingo, y en la siguiente contienda retiró su candidatura, por lo cual Río de Janeiro se quedó con la organización de los Panamericanos de 2007.

Para la celebración de los distintos deportes en los juegos de 2011, los organizadores eligieron diversas instalaciones deportivas distribuidas por toda la ciudad de Guadalajara, entre las que se encuentran el estadio Jalisco, olímpico; la unidad Revolución, complejo deportivo; la unidad Ávila Camacho, complejo deportivo; el complejo de voleibol; y el complejo de gimnasia.

Además, durante la presentación de la candidatura, se proyectó la inversión de cerca de 200 millones de dólares en la construcción de una villa olímpica para alojar a los atletas con cerca de 1400 habitaciones y la renovación de espacios deportivos y espacios urbanos.

De acuerdo a la Dirección de Infraestructura Deportiva de la entidad, actualmente se están construyendo las siguientes instalaciones con vista a los Juegos Panamericanos de 2011:

Compañeras y compañeros legisladores, es importante tener en cuenta que además de la importancia de ver a los deportistas mexicanos figurar en el medallero, también debemos considerar que este tipo de eventos deportivos internacionales sirven como un detonante para despertar el interés de la población por la práctica deportiva, lo cual, a su vez, se traduce en menos vicios y mayor salud.

Debemos contribuir a que los juegos panamericanos nos ayuden para que la gente practique más deporte, y la organización de estos juegos es el pretexto para promover la ciudad mexicana de Guadalajara, para crear nuestra infraestructura deportiva y para poner más atención en una cultura de fomento al deporte.

Además, la organización y realización de este tipo de competencias, genera empleos y aumenta los ingresos, hace mucho más positiva y rentable la mirada sobre una ciudad y sobre un país, representan una oportunidad para dar a conocer y promover la cultura, los servicios, capacidad hotelera y dependencias e instalaciones deportivas. Por ello, estamos a tiempo para coadyuvar en la buena aplicación de los recursos públicos y que ésta se refleje en la construcción de instalaciones deportivas de excelencia, que permitan el mejor desarrollo de los XVI Juegos Panamericanos 2011, y una imagen positiva al exterior de la ciudad de Guadalajara y de nuestro país.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorta a la Comisión de Juventud y Deporte a integrar la subcomisión de los XVI Juegos Panamericanos, cuyo objeto será vigilar y dar seguimiento a la construcción y adecuación de instalaciones que se utilizarán en los XVI Juegos Panamericanos por celebrarse en el 2011 en la ciudad de Guadalajara.

Segundo. La subcomisión permanecerá durante la presente legislatura y en tanto se concluyen los trabajos de construcción y adecuación mencionados en el artículo primero de este punto de acuerdo.

Tercero. La subcomisión deberá rendir de manera periódica un informe ante la Comisión de Juventud y Deporte de la Cámara de Diputados.

Palacio Legislativo de San Lázaro, México, Distrito Federal, a 11 de septiembre de 2007.

Diputados: Omar Antonio Borboa Becerra, Gustavo Macías Zambrano, Miguel Ángel Monraz Ibarra (rúbricas).
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A LIBERAR RECURSOS DEL FONDEN PARA ATENDER LA SITUACIÓN QUE AFRONTAN LOS HABITANTES DE JALISCO POR EL PASO DE LA TORMENTA HENRIETTE, A CARGO DEL DIPUTADO JOSÉ NICOLÁS MORALES RAMOS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN

Del diputado José Nicolás Morales Ramos, por el que se exhorta al gobierno federal a que libere de inmediato recursos del Fonden para atender la situación de los habitantes del estado de Jalisco, principalmente del municipio de Cihuatlán y demás aledaños a las costas del estado por el paso de la tormenta tropical Henriette.

El suscrito, diputado federal por Jalisco, José Nicolás Morales Ramos, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la sexagésima Legislatura federal, con fundamento en el Artículo 58 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta honorable soberanía, la presente proposición con punto de acuerdo como de urgente u obvia resolución, conforme a las siguientes:

Consideraciones

Gracias a la difusión en medios televisivos, radiofónicos e impresos, sabemos que, entre otros estados del territorio nacional, el estado de Jalisco fue azotado en días pasados por el paso de la tormenta Henriette, lo que ha provocado severos daños en toda la entidad, especialmente en el municipio de Cihuatlán, y aledaños a la costa del estado.

Es imposible para el hombre evitar estos fenómenos meteorológicos. Sin embargo, gracias a la cultura de protección civil que en los últimos años hemos venido fortaleciendo, se pueden prever ciertos resultados catastróficos en cuanto a pérdida de vidas humanas, pero no en lo referente a la devastación de infraestructura en viviendas, escuela, negocios, obras públicas, etc.

De acuerdo con los recientes reportes de autoridades municipales y medios de comunicación, principalmente del estado de Jalisco, el municipio más afectado de la costa por los efectos de la ya referida tormenta es el de Cihuatlán. En el cual se reportan importantes daños a la infraestructura de comunicaciones de la entidad, un muy importante número de viviendas y comunidades rurales del municipio, debido al desbordamiento de los arroyos el Pedregal en las poblaciones de San Patricio Melaque y Villa Obregón, del arroyo el Organito en la población de El Jaluco.

En cifras; aproximadamente mil 450 viviendas están afectadas, 204 negocios de comercio formal de los cuales el 80 por ciento resultó con pérdida total de los establecimientos, escuelas como primarias y preescolares, oficinas de Telégrafos Nacionales, delegación municipal de San Patricio, delegación Semarnat y agencia del Ministerio Público.

Otros daños se reportan en cuando a obra pública (vialidades). Se estima un área dañada de 40 mil metros cuadrados de pavimento de empedrados y/o adoquines, y cerca de 50 mil metros cuadrados que no cuentan con pavimento y requieren urgentemente su rehabilitación. En cuanto a infraestructura urbana los principales problemas que enfrenta la población se refieren a asolvamiento por arena y en un 95 por ciento del total de la red de drenaje, brote incesante de aguas negras, manto freático por encima de las redes de drenaje, destrucción de tapaderas de alcantarillado, tubería dañada de la carretera federal, inundaciones severas en calles, avenidas, y accesos de viviendas; tubería rotas de agua potable, hundimientos en periferia de un pozo en una unidad deportiva denominada Adolfo López Mateos y otros daños en diversas instalaciones deportivas hasta en un 75 por ciento del total de su estructura; desprendimiento y en algunos casos falta de tapas de registros de cajas de válvulas .

Tenemos conocimiento de que por la incesante lluvia que aún azota al estado, y principalmente a los municipios de la costa, estos daños se puedan extender o agravar mermando aún más la compleja e incierta situación del municipio de Cihuatlán y aledaños. Por ello resulta necesario que esta soberanía, dentro de las atribuciones que la ley le confiere, solicite la inmediata liberación de recursos públicos para atender a las familias damnificadas y reparar los daños causados a los municipios en la entidad.

Es menester que recordemos las desgracias que en nuestro territorio mexicano han dejado a su paso diversos huracanes y tormentas tropicales, solo así entenderemos la desesperación y carencias que están pasando las familias que habitan en los municipios afectados. Razón por la cual es indispensable exhortar al Ejecutivo federal para que a través de las dependencias encargadas de cuantificar los daños, actúe de manera inmediata a efecto de obtener el monto total de dichos daños y se liberen de manera inmediata los recursos necesarios a través del Fondo de Desastres Naturales (Fonden).

Por lo antes señalado, someto a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente Proposición con punto de acuerdo como de urgente u obvia resolución.

Único. Proposición con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno federal a liberar de inmediato recursos del Fonden para atender la situación que afrontan los habitantes del estado de Jalisco, principalmente el municipio de Cihuatlán y demás aledaños a las costas del estado por el paso de la tormenta tropical Henriette.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de septiembre de 2007.

Diputado José Nicolás Morales Ramos.
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA SCT A PRESUPUESTAR EL PROYECTO DE LA RED CARRETERA PARA LA RUTA DEL VINO, EN ENSENADA, BAJA CALIFORNIA, A CARGO DEL DIPUTADO CARLOS TORRES TORRES, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el suscrito diputado federal Carlos Alberto Torres Torres, integrante de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, somete a consideración de esta honorable asamblea el presente punto de acuerdo de conformidad con la siguiente

Exposición de Motivos

Ubicada en la parte norte del estado de Baja California, la Ruta del Vino goza del clima mediterráneo ideal para el cultivo de la vid. Hay pocos microclimas en México que combinan esas características únicas de altitud, tierra, temporadas, tiempo y temperatura.

Los primeros pobladores de esta región fueron de las culturas Kiliwa y Kumiai, seguidos de misioneros ibéricos y mexicanos quienes abrieron brecha para la llegada de inmigrantes de Rusia, Europa y del resto de México. Todas estas influencias ayudaron a crear el carácter único de la Ruta del vino.

Los valles de Calafia, Guadalupe y San Antonio de las Minas son el corazón de la Ruta del Vino que se extiende también hacia el norte al valle de las Palmas y hacia el sur a los valles de Santo Tomás y San Vicente Ferrer.

Los vinos blancos bajacalifornianos son hechos con mucha dedicación, a partir de uvas Chenin Blanc, Colombard, Sauvignon Blanc y Chardonnay, de hecho, en la región se encuentra la única bodega en el continente que elabora un vino blanco 100 por ciento Chasselas, uva predilecta de Suiza. Mientras los tintos utilizan típicamente uvas cabernet sauvignon, merlot, cabernet franc, grenache, carignan, barbera, nebbiolo y zinfandel.

La Ruta del vino ofrece una gama amplia de atracciones que van desde las más pequeñas vinícolas familiares, hasta los productores a gran escala. Por lo que se encuentran desde pequeños restaurantes campestres familiares, hasta la más fina mesa además de sitios para acampar, ranchos, centros artesanales, museos, hoteles tipo bed & breakfast, boutiques de vinos, galerías de arte, cultura indígena y sitios naturales.

En esta región se puede disfrutar de unas vacaciones divertidas, activas, exóticas o románticas en un lugar interesante y seguro. Uno de los eventos más importantes de la región, las fiestas de la vendimia se llevan a cabo, generalmente en los primeros 10 días de agosto. Durante estas fechas hay eventos, como cenas de gala, conciertos y exposiciones. Cada vitivinícola hace su propio evento en compañía de sus vinos.

La cultura dentro de la Ruta del vino es un ingrediente extra, resultado de un interesante mestizaje. Aquí se puede conocer la herencia precolombina, española, rusa y mexicana. Así, se encuentran museos sobre la antigua colonia rusa, sobre la cultura kumiai, panteones, arte rupestre, sitios históricos de la misión dominica, vestigios de minas o de los morteros fijos utilizados en la molienda de granos por los habitantes indígenas de esta zona.

Pero además, la topografía de Baja California es el producto del impacto de distintas fuerzas naturales que juntas han creado sitios naturales bellos e interesantes, lo que permite en la misma zona geográfica tener diferentes ofertas ecoturísticas. Desde ojos de agua, cascadas de 30 metros de altura, aguas termales o sitios para practicar el rapel.

El esfuerzo realizado por los vitivinocultores y empresarios bajacalifornianos, es digno de aplaudirse. La región de viñedos de Baja California, sufre una importante escasez de agua, mucha se utiliza para abastecer los requerimientos de Ensenada. Esto afecta profundamente el cultivo de la uva y no permite el crecimiento de los viñedos. Actualmente los vitivinicultores continúan trabajando para llegar a un acuerdo con las entidades de gobierno para encontrar una solución.

Uno de los principales retos de los viticultores bajacalifornianos, es disminuir la concentración de los minerales en el agua, lo cual se refleja en el vino (con un sabor salino). Ya que la península de Baja California emergió del mar, razón por la que la tierra presenta una fuerte concentración de sales minerales. Por este motivo la calidad del cultivo depende mucho del ciclo de lluvias, ya que a mayor cantidad de lluvia, menor concentración de minerales en el agua y viceversa.

Pese a ello, la industria es reconocida a nivel mundial por la calidad de su producción, por lo que debe ser un compromiso del gobierno del estado y de la federación apoyarla para su desarrollo.

Uno de los factores requeridos para impulsar este desarrollo integral de la región vitivinícola, tanto turístico como industrial es, sin duda, la existencia de un eje carretero suficientemente seguro y rápido. A través, de la ampliación y habilitación de la red carretera de la Ruta del vino, otorgando seguridad y mejor vialidad a la Ruta del vino, agilizando el transporte del producto e invitando a mayor número de visitantes, a través de vialidades confortables.

En la actualidad la red terrestre de la Ruta del vino, comprende carreteras y caminos, lo que limita el aprovechamiento global del complejo. Existen tramos con estudios y proyectos realizados, que se encuentran en pavimentación, como el camino que une al poblado de Francisco Zarco (conocido como Guadalupe) con la salida del Tigre (kilómetro 84 de la carretera libre Tijuana-Ensenada).

Otros, con partida asignada pero sin convocatoria para liberar la obra como los 6.5 kilómetros hasta el poblado de El Porvenir. Unos más, como el tramo siguiente del poblado El Porvenir hasta la salida del camino del Tigre, en el kilómetro 84 de la carretera Tijuana-Ensenada, que no tienen partida asignada y consideran que probablemente, se obtenga hasta el próximo año.

Finalmente, unos más que no se encuentran en ningún proyecto, ni cuentan con estudios realizados, y únicamente se contempla el mantenimiento del camino, como el camino que va del kilómetro 88.2 a conectar con el poblado del ejido El Porvenir, que es un tramo de 6 kilómetros; así como los accesos a San Antonio de las Minas (kilómetro 92 –aproximadamente– de la carretera Tecate-Ensenada ) para conectar con el camino del Tigre, este tramo que tiene también aproximadamente 4 kilómetros y de la carretera Tecate-Ensenada, en el kilómetro 84 al poblado del ejido El Porvenir, con un tramo aproximado de 6 kilómetros.

En la actualidad, las características de la red terrestre desmerecen con las exigencias de los vehículos de autotransporte modernos, principalmente de pasaje y carga, y para el caso de los vehículos particulares, el camino no ofrece la seguridad deseada.

En virtud de lo expuesto y con base en los artículos 42 de la Ley Orgánica para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito poner a consideración de esta honorable asamblea, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a que canalice, a la brevedad, los recursos económicos para el proyecto de la red carretera para la Ruta del vino, ubicado en la ciudad de Ensenada, Baja California, con el fin de impulsar el desarrollo turístico y económico de la región vitivinícola de Baja California.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de septiembre del 2007.

Diputado Carlos Torres Torres (rúbrica)
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LOS GOBERNADORES DE LOS ESTADOS Y AL JEFE DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL A INCORPORAR NORMAS ESPECÍFICAS EN LOS REGLAMENTOS O LEYES DE TRÁNSITO Y VIALIDAD LOCALES RELATIVAS A LA SEGURIDAD VEHICULAR DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES, SUSCRITA POR LAS DIPUTADAS MARÍA GABRIELA GONZÁLEZ MARTÍNEZ Y LAURA ANGÉLICA ROJAS HERNÁNDEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN

Las suscritas diputadas integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la Cámara de Diputados LX Legislatura, y con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración de este Pleno la proposición con punto de acuerdo para exhortar a los gobernadores de las 31 entidades federativas y al jefe de gobierno del Distrito Federal, a que en el ámbito de sus respectivas facultades instrumenten reglas específicas en los reglamentos o leyes de tránsito y vialidad locales relativas a la seguridad vehícular de niños, niñas y adolescentes, bajo los siguientes

Antecedentes

En muchos países del mundo los accidentes de tráfico constituyen la principal causa de muerte en la población infantil. El hecho de no usar sistemas de sujeción o de no usar el sistema adecuado se asocia frecuentemente a las muertes y lesiones por esta causa. Teniendo en cuenta estos datos, la información proporcionada a la población acerca de la importancia del uso de sistemas de sujeción adecuados en vehículos de motor, puede ser la actividad más importante para la promoción de la salud infantil y evitar defunciones por accidentes de tránsito.

La importancia que tiene la implementación de asientos de seguridad para niños cuando viajan en vehículos puede salvarles la vida y evitar de lesiones abdominales, en la columna y en la cabeza de los niños.

En México aún no se cuenta con la normatividad debida ni la concientización pertinente por parte de los automovilistas para lograr a que se obligue en pro de la seguridad de niñas, niños y adolescentes la utilización de sillas especiales para niños, sistemas de sujeción adaptados a la talla y peso del menor o algún otro dispositivo de seguridad para menores, cuando éstos se trasladen en un vehículo.

La campaña nacional de seguridad infantil en Estados Unidos "Safe kids" el Centro Nacional para la Prevención y el Control de las Lesiones (National Center for Injury Prevention and Control), que forma parte de los Centros para la Prevención y el Control de las Enfermedades (Centers for Disease Control and Prevention, CDC): dio a conocer sus últimas estadísticas sobre la seguridad en los autos, lesiones e incidencias; entre las cifras más significativas se encuentran las siguientes:

Tasas de lesiones y mortalidad:

En México los accidentes de tránsito ocupan la posición número 11 dentro de las causas de mortalidad general, y las posiciones 1 y 2 entre las principales causas de muertes, conforme a la encuesta Nacional de Salud del año 2000, cada año más de dos millones de personas mayores de 18 años de edad sufren lesiones a consecuencia de eventos no intencionales, principalmente caídas y accidentes de tránsito.

Conforme al Sistema Nacional de Información de Salud (Sinais), la principal causa de mortalidad en edad escolar (de 5 a 14 años), durante el 2005 fue debido a los accidente de tráfico de vehículos de motor.

Por la problemática descrita con anterioridad, resulta de imperiosa necesidad el que se instrumenten reglas específicas en los reglamentos o leyes de tránsito y vialidad locales relativas a la seguridad vehícular de niños, niñas y adolescentes, mediante la cooperación respectiva entre autoridades locales y federales.

Nosotros como legisladores somos los portavoces de las preocupaciones que expresan los sobrevivientes de accidentes del transporte y las familias de las víctimas. Debemos tener sensibilidad social para lograr que se instrumenten políticas públicas que promuevan la prevención y la seguridad de niños y niñas en un automóvil.

Asimismo, ninguna normatividad debe tolerar que niños viajen sin abrocharse el cinturón de seguridad, y todos los gobiernos de los estados de la república deben exigir que los niños viajen abrochados con medios de sujeción apropiados para su edad, tamaño y peso.

Investigaciones realizadas por organizaciones preocupadas en estos temas han revelado que demasiados niños pequeños, especialmente menores de ocho años, utilizan los cinturones diseñados para adultos que, por lo tanto, no ofrecen protección adecuada a los jóvenes.

Desde hace años existen organizaciones civiles que promueven la cultura vial como medida de prevención de accidentes fatales en los niños, así como la responsabilidad de difundir los riesgos que corren los niños cuando viajan en vehículos de transporte y no van debidamente asegurados en sus asientos de seguridad.

A pesar de que en general el uso de cinturones de seguridad ha ido aumentando en el país, aún más de 3 entre 10 niños no los usan, exponiéndose de esta manera a accidentes e incluso la muerte.

Estudios hechos por la Organización Mundial de la Salud, señalan que el uso de una silla de seguridad para niños, en comparación con el uso de sólo cinturones de seguridad, reduce el riesgo de muerte de un niño en caso de accidente automovilístico en 21 por ciento.

Los sistemas de seguridad infantiles ofrecen una sujeción que se adapta mejor a los niños que son demasiado pequeños para usar un cinturón de seguridad para adultos, lo que ofrece mejor protección mecánica sobre los cinturones de seguridad. Sin embargo, si los sistemas de seguridad se utilizan de forma inadecuada su desempeño puede no servir de nada, para lo cual es necesario que a la población se les informe debidamente mediante una campaña para promover el uso de sillas de seguridad para niños, así como la implementación de leyes más estrictas y programas de educación vial.

Una opción para incluir como reglas específicas de reglamentos o leyes de tránsito y vialidad locales relativas a la seguridad vehícular de niños, niñas y adolescentes es la siguiente:

Primero. Que el artículo 14 de la Ley de Protección para los Niñas, Niños y Adolescentes, señala que las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a que se les asegure prioridad en el ejercicio de todos sus derechos especialmente a que se les brinde protección y socorro en cualquier circunstancia y con la oportunidad necesaria y se les considere el diseñar y ejecutar al política públicas necesarias para la protección de sus derechos;

Segundo. Que las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a vivir en condiciones que permitan su crecimiento sano y armonioso, tanto físico, como mental, material, espiritual, moral y social;

Tercero. Que los accidentes automovilísticos son la primera causa evitable de muerte de infantes;

Cuarto. Que estudios muestran que la mayoría de niños que mueren en accidente de auto no están asegurados en asientos infantiles y que pudieran haberse salvado si hubieran estado sujetados a un asiento;

Quinto. Que los accidentes de auto son la primer causa de trauma relacionado con heridas de espina dorsal, epilepsia y retraso mental; y

Sexto. Que la Ley para la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes es de observancia general, y con ello implica que el Distrito Federal, los estados y los municipios tengan la obligación de instrumentar mecanismos necesarios para impulsar una cultura de protección de los derechos de la infancia lo cual permite encontrar el fundamento para que dichas entidades federativas instrumenten en sus reglamentos y leyes de tránsito y vialidad las disposiciones necesarias para prever el uso de asientos para automóvil para niños.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración del Pleno de esta H. Cámara de Diputados, el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. Proposición con punto de acuerdo para exhortar a los gobernadores de las 31 entidades federativas y al jefe de gobierno del Distrito Federal, a que en el ámbito de sus respectivas facultades instrumenten reglas específicas en los reglamentos o leyes de tránsito y vialidad locales relativas a la seguridad vehícular de niños, niñas y adolescentes.

Notas:
1 Las especificaciones referentes a la edad, peso y altura en relación al tipo de asiento fueron obtenidas de la regulación actual en la provincia de Ontario, en Canadá.
2 La sanción propuesta coincide con la sanción prevista en el Reglamento de Tránsito del Distrito Federal para el caso de llevar un niño menor de 5 años en el asiento delantero (Artículo 103- IV)

Diputada María Gabriela González Martínez (rúbrica)

Diputada Laura Angélica Rojas Hernández (rúbrica)
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE SOLICITA A LOS GOBIERNOS ESTATAL DE PUEBLA Y MUNICIPAL DE TEPEACA QUE DESTINEN UN ESPACIO FÍSICO ADECUADO PARA EL TIANGUIS PREHISPÁNICO QUE SE INSTALA EN DICHA LOCALIDAD, A CARGO DEL DIPUTADO JOSÉ LUIS CONTRERAS COETO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN

El suscrito diputado federal en la LX Legislatura José Luis Contreras Coeto, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 58 y demás relativos y aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos someto a consideración de ese H. Cámara de Diputados la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se solicita al gobierno del estado de Puebla y al gobierno municipal de Tepeaca, realicen las gestiones necesarias para destinar un espacio físico adecuado para las personas que concurren y realizan el trueque en el tianguis prehispánico que se instala los viernes de cada semana en el municipio de Tepeaca. En razón de los siguientes

Considerandos

1. El municipio de Tepeaca se localiza en la parte central del estado de Puebla. Limita al norte con Nopalucan, al sur con Cuapiaxtla de Madero, Tecali de Herrera y Santo Tomás Hueyotlipan, al oriente con Acatzingo y Los Reyes de Juárez y al poniente con Acajete, Cuautinchán y Tecali de Herrera.

2. En la cabecera de dicho municipio se celebra los viernes de cada semana un tianguis de origen prehispánico, considerado el más antiguo de Latinoamérica, ya que desde el año 1466, fue instaurado por los mexicas que conquistaron este municipio.

3. Es importante mencionar que dicho mercado es tradicional ya que aun conserva detalles, como el "trueque" que se realiza entre agricultores, comerciantes y compradores, para adquirir un bien, un servicio o producto sin mediar dinero, sólo mediante el intercambio de productos y mercancías; la mayoría de las veces no pueden realizar esta actividad prehispánica por el hecho de no tener un lugar donde establecerse.

4. Que es un tianguis muy importante ya que asisten comerciantes y compradores de diversos municipios, estados del país y de la región, y por su magnitud se puede adquirir ahí diversos bienes y productos de consumo, ya sean: agrícolas, artesanales, textiles, perecederos, animales, entre otros, considerado de esta forma uno de los mas grandes de nuestro país.

5. Que dentro de las actividades realizadas por el municipio se encuentran las del comercio, agricultura, ganadería, con un promedio del setenta y ocho por ciento del ingreso a las arcas del gobierno y de los ciudadanos, siendo para muchos comerciantes una fuente importante para el abasto de sus familias, ya sea por medio del trueque o por la venta directa.

6. Que es de suma importancia para el estado dicho mercado ya que forma parte del abasto de los municipios que concurren a dicho lugar con el fin de ejercer el comercio, además de que conserva muchas tradiciones mexicanas y sobre todo el caudal económico que se recauda semana tras semana es imprescindible para la realización de actividades a favor de las comunidades que se encuentran en pobreza o pobreza extrema.

7. Que la realización del tianguis se hace en las explanadas que se ubican a un costado de la central de abastos de la ciudad de Tepeaca, y en las áreas de rodamiento de la misma, ocupadas por diversas organizaciones de comerciantes, y como consecuencia no tienen un espacio físico, las personas de escasos recursos económicos, que concurren a desarrollar el trueque de productos y mercancías.

8. Que por tal motivo es de suma importancia, que las instancias de gobierno estatal y municipal, en primera que conserven nuestras tradiciones prehispánicas, ya que es parte de nuestra historia y parte de nuestra identidad como mexicanos, en segunda lugar preservar la costumbre de origen prehispánico en el tianguis de Tepeaca la actividad del trueque y en tercera se le asigne un espacio físico o instalaciones únicamente a los comerciantes que realizan la actividad del trueque en el tianguis para un mejor desarrollo de las actividades y de este modo la tradición prehispánica no se convierta en un cacicazgo por parte de los lideres de las diferentes organizaciones de comerciantes, manchando de esta forma nuestra cultura.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se solicita al gobierno del estado de Puebla y al gobierno municipal de Tepeaca, realicen las gestiones necesarias para destinar un espacio físico adecuado para las personas que concurren y realizan el trueque en el tianguis prehispánico que se instala los viernes de cada semana en el municipio de Tepeaca.

Dado en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los 28 días del mes de agosto del dos mil siete.

Diputado José Luis Contreras Coeto (rúbrica)
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA TITULAR DE LA SEP Y TANTO A LAS AUTORIDADES EDUCATIVAS DE LOS ESTADOS COMO A LAS MUNICIPALES A IMPLANTAR EN SUS PROGRAMAS DE EDUCACIÓN MATERIAS RELATIVAS AL AMBIENTE, A CARGO DEL DIPUTADO ÓSCAR GONZÁLEZ MORÁN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN

El que suscribe, Oscar González Morán, en mi calidad de diputado federal en la LX Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, por este conducto solicito respetuosamente a la presidencia de esta H. Cámara de Diputados, con fundamento en el artículo 23, numeral 1, inciso f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someta a consideración de esta honorable Asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la titular de la SEP, así como a las autoridades educativas de los estados y municipios, a implementar en sus programas de educación materias medioambientales con el fin, de cambiar profundamente la cultura medioambiental en México, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Con fundamento en los artículos 12, 13, 14 y 15 de la Ley General de Educación relativo a las facultades de la Federación, estados y municipios donde se establece las atribuciones para implementar materias en los programas de estudios de la educación en nuestro país.

Tener un medio ambiente sano, libre de contaminación, es un derecho que reconoce la Constitución Mexicana en su artículo 4°, por tanto debemos realizar todo lo necesario para que este precepto constitucional se lleve a cabo, con el único fin del pleno desarrollo de los individuos y en reconocimiento de la dignidad de la persona humana.

Desde finales del siglo XIX, se ha observado en el planeta un aumento gradual de temperatura, siendo los años mas calientes de 1998 al 2000 de los que se tenga reporte en el ámbito científico.

Las principales causas de este problema mundial son la contaminación por gases derivados de la combustión fósil, que se alojan en la atmósfera formando una capa cada vez mas gruesa apresando el calor que se produce por la fuente solar y causando así el calentamiento del planeta.

La principal fuente de contaminación para este efecto es la emisión de bióxido de carbono por las plantas generadoras de energía a base de carbón y le sigue la contaminación por combustión de los automóviles, lo que en México ha significado un mayor problema debido al incremento de automóviles circulantes en el territorio azteca.

Ante el enorme problema que significa el calentamiento global, es necesario, que los actores que tienen influencia en al ámbito de la política y que atañe a todos los ciudadanos, configuremos una nueva forma de ver los problemas como éste, y que hagamos de nuestra cotidianeidad la lucha permanente por encontrar las soluciones para las encrucijadas como esta, que son de carácter mundial.

En este contexto, es necesario cambiar el paradigma nacional en cuanto a la concepción de nuestro entorno, el respeto que nos merece y la necesidad de que tomemos medidas urgentes y adecuadas para la plena y sana convivencia con nuestro propio medio ambiente y que todos podamos contribuir con el sano desarrollo del ecosistema y a su vez la total convivencia entre los seres humanos.

Por ello es necesario alimentar el alma y la mente de los niños mexicanos con información que haga que ellos conozcan su entorno ambiental y que nazca así el amor a la naturaleza y a su planeta como una necesidad impostergable para dejar el mejor legado que podemos dejar, "un mundo sano".

Es en las escuelas donde tenemos un gran nicho para generar la conciencia ambientalista que necesita el mundo para sobrevivir y subsistir ante la generación de problemas inéditos como el calentamiento global y que deben ser atendidos con prontitud y eficacia por aquellos que tengan poder sobre las políticas públicas.

Es indiscutible el esfuerzo que hace nuestro gobierno, pero ante la magnitud monstruosa del problema, debemos atacarlo de raíz, formando en los futuros ciudadanos; responsabilidad y amor por su planeta.

Por lo anteriormente expuesto, me permito presentar ante esta soberanía el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. Por el que se exhorta, a la titular de la SEP y a las autoridades educativas de los estados y municipios, a implementar en los programas educativos de la educación básica, materias medioambientales, a fin de cambiar la cultura de simbiosis con el ecosistema y generar un México mas sano.

Dado en Palacio Legislativo de San Lázaro.

Diputado Óscar González Morán (rúbrica)
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA A INFORMAR DE LOS TÉRMINOS Y LAS CONDICIONES DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN QUE SUSCRIBIÓ CON TELMEX SOBRE LA ADMINISTRACIÓN DEL AUDITORIO DEL MISMO NOMBRE, A CARGO DEL DIPUTADO JOSÉ GILDARDO GUERRERO TORRES, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN

José Gildardo Guerrero Torres, diputado federal a la LX Legislatura, y diversos diputados todos del estado de Jalisco e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos, 58, 60 y demás relativos y aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica de la Universidad de Guadalajara, ésta es un organismo público descentralizado del gobierno del estado de Jalisco, con autonomía, personalidad jurídica y patrimonio propios, cuyo fin es impartir educación media superior y superior, así como coadyuvar al desarrollo de la cultura.

No obstante el carácter local de la Universidad de Guadalajara, ésta también se rige de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por la Ley General de Educación, ordenamiento en el cual se pone de manifiesto la competencia concurrente entre la federación y los gobiernos locales en materia educativa.

Lo anterior, aunado a que la educación es un factor primordial en el desarrollo de la nación, así como que la federación concurre en el financiamiento de la educación pública, con inversiones consideradas de interés social, se desprende la legitimidad del Congreso de la Unión para solicitar información, que le permita verificar la correcta aplicación de los recursos en este rubro, sin que, de ninguna manera, se pretenda atentar contra la autonomía de las universidades.

En el contexto descrito, me refiero al convenio suscrito por la Universidad de Guadalajara, y la empresa Telmex, por medio del cual, se pudo haber comprometido posiblemente el proyecto cultural y comercial más ambicioso de Jalisco, en lo que era el Auditorio del Centro Cultural Universitario, el cual tardó más de tres años en su construcción, y cuya inversión, alcanzó los cerca 450 millones de pesos.

Lo anterior es de especial preocupación, pues de la poca información que se encuentra en los medios de comunicación, ya que no ha habido un comunicado formal por parte de la universidad, se ha informado que el contrato tendrá una vigencia de 22 años; que el auditorio ha cambiado su denominación a la de Auditorio Telmex; y que dicha empresa contará con espacios de presencia de marca. Todo lo anterior, a cambio de una aportación proporcional y anual de 454 mil dólares al año, lo que hace un total de 10 millones de dólares en el tiempo de vigencia del convenio referido.

Pero también es de preocupar, que el presidente del fideicomiso del Centro Cultural Universitario, haya señalado, que los detalles del convenio referido serían definidos con precisión en un futuro, lo que genera aún mayor incertidumbre.

Si bien es cierto, que el que suscribe no se aventura a rechazar o menospreciar las posibles ventajas del proyecto y alianza que la Universidad de Guadalajara ha declarado tener con Telmex, considero indispensable que se informe a esta legislatura así como a la ciudadanía en general, sobre el proyecto especificado, en cumplimiento al derecho al acceso de a información que contempla nuestra constitución política.

Por lo antes mencionado, sometemos a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta al rector de la Universidad de Guadalajara, doctor Carlos Briseño Torres, a informar a esta soberanía, y a la sociedad jalisciense en general, sobre los términos y condiciones del convenio de colaboración que suscribió con la empresa Telmex en relación con la administración del auditorio del mismo nombre, antes Auditorio del Centro Cultural Universitario, así como el uso que se dará a los recursos obtenidos por el mismo.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el día 11 de septiembre de 2007.

Diputado José Gildardo Guerrero Torres (rúbrica)
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA SEP A INCLUIR EL TEMA DE LA CULTURA TURÍSTICA EN EL CONTENIDO DE LOS LIBROS DE TEXTO DE EDUCACIÓN BÁSICA, A CARGO DEL DIPUTADO FRANCISCO DÁVILA GARCÍA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN

El suscrito diputado Francisco Dávila García, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de este pleno la proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Educación Pública para que implante el tema de la cultura turística, en los contenidos de los libros de texto de los niveles educativos que conforman la educación básica obligatoria del sistema educativo nacional al tenor de las siguientes

Consideraciones

México es hoy, un país con vocación, riqueza y diversidad de atractivos turísticos, debemos ser conscientes de que en el turismo tenemos una de las grandes alternativas para el desarrollo del país.

La actividad turística juega un papel decisivo en la conformación del México moderno, porque el turismo está llamado a ser un gran protagonista en la construcción de un país más justo y más equitativo para beneficio de las presentes y futuras generaciones.

México debe ser un país líder en la actividad turística, diversificando sus mercados, productos, destinos, sus empresas serán más competitivas en los ámbitos nacional e internacional, así el turismo será reconocido como pieza clave en el desarrollo económico y su crecimiento se dará con respeto a los entornos naturales, culturales y sociales, contribuyendo al fortalecimiento de la identidad nacional.

Aprovechar las ventajas y potencialidades que se derivarán del turismo, es nuestro compromiso, mejorar el desempeño del desarrollo nacional, es nuestro reto.

Es importante reconocer el turismo dentro del discurso público, como una actividad prioritaria nacional y como herramienta clave de la política económica.

Uno de los conceptos más antiguos en materia turística, es el concepto hospitalidad, que data desde antes de la llegada de los españoles al Continente Americano.

La historia refiere que los antiguos pueblos prehispánicos solían abastecer sus casas para proveer de alimentación y hospedaje a los viajeros, como una muestra de buena acogida y recibimiento, principalmente por el alto aprecio que tenían por los sacerdotes y comerciantes.

Con el paso del tiempo, la actividad turística se ha desarrollado en diversas modalidades, modificándose en algunos casos los motivos del viaje o las circunstancias para hacerlo, por las condiciones actuales resultaría difícil que todos los viajeros fueran recibidos en forma gratuita, aunque sí es posible que sean recibidos de manera cortés.

La hospitalidad es un concepto que no se perdió a lo largo de la historia, y lejos de esto, se ha convertido en una característica de los pueblos latinoamericanos.

En la historia del desarrollo del turismo en México se han realizado importantes esfuerzos con el fin de involucrar a la sociedad en el conocimiento de las implicaciones del turismo.

Por otro lado, la aparición del término cultura turística en el marco del desarrollo turístico de México es relativamente reciente. Es en 1992 cuando se realizan los primeros análisis sobre la necesidad de incorporar nuevos elementos a los esfuerzos de desarrollo de la conciencia realizados durante varias décadas.

La cultura turística tiene su fundamento desde la perspectiva del desarrollo sustentable, concebido como la adecuada administración de los recursos (naturales, materiales, financieros y humanos), de manera que se logre la mayor satisfacción del visitante y el mayor beneficio para la comunidad receptora.

Con esta base, la cultura turística incorpora las dimensiones sociales, culturales, ambientales y económicas del turismo, orientándose hacia los beneficios comunitarios, pretendiendo resaltar la participación de las comunidades según sus propias características locales.

El término cultura turística se compone de dos palabras: cultura y turismo. La cultura se integra por un conjunto de imaginarios colectivos y estructuras simbólicas de pensamiento (criterios, conocimientos, valores), los cuales se traducen en manifestaciones o expresiones (actitudes, costumbres, estilos de vida) que cohesionan a los miembros de una sociedad determinada y que la hacen diferente de las demás.

Por otra parte, el turismo es una actividad humana cuya esencia son el ocio y el tiempo libre, y que además de involucrar desplazamientos y la recepción de quienes se trasladan, se sustenta en el uso de recursos y en la prestación de servicios, generando repercusiones diversas.

La cultura turística, cuenta con ciertos elementos principales: Conocimientos –referidos a las experiencias asimiladas que constituyen la preparación de quienes participan en el turismo (comunidad receptora o anfitriones) para brindar servicios con calidad, y éstos pueden ser (históricos y geográficos, sobre los recursos, factores y repercusiones del turismo, sobre las características de la nación, región o localidad en la cual se vive, técnicas y métodos de administración y operación de los servicios turísticos. Valores– aquellos elementos emotivos compartidos, basados en ciertos principios éticos y que motivarán a brindar servicios con calidez, compromiso, constancia, orgullo, respeto.

Según este esquema, la cultura turística involucra una espiral creciente que gira en torno al desarrollo sustentable: A partir de la difusión de conocimientos y valores, se generan actitudes que se manifiestan en una mejor comprensión del turismo y sus implicaciones, y a la valoración y adecuada administración del patrimonio turístico, esto trae consigo la integración de una oferta de servicios diversificada, adaptable al medio y a la identidad de los anfitriones, que permitirá atender con más eficiencia al turista, lo cual propiciará mayores corrientes de visitantes, los beneficios de diversa índole generados por este proceso favorecerán la consolidación de productos y destinos turísticos, y por ende la sustentabilidad para las comunidades, reconociendo la necesidad de que los residentes de un destino turístico comprendan la importancia que tiene el turismo para el desarrollo de su localidad.

Erradiquemos la falta de educación y de cortesía, a la deshonestidad e indiferencia para con el turista.

Por ello, diputadas y diputados los exhorto a combatir dicha problemática a través de una cultura turística que ofrezca siempre un servicio o apoyo amigable y rápido, que implica conocer la ciudad o localidad y sus atractivos para brindar una orientación oportuna y confiable, promover con orgullo los atractivos de la localidad, cuidar los parques, monumentos y zonas de interés de la localidad, comentar con compañeros, amigos y familiares que atender al turista es tarea de todos, no abusar del turista cobrando más o prometiendo lo imposible.

¡Alzo la voz! para no limitar la conciencia turística que tendrá como resultado la asimilación personal y colectiva de conocimientos y valores, actitudes que le dan sentido en la práctica a la cultura turística: amabilidad, reflejada en el trato afectuoso y cordial, cortesía, que evidencia demostraciones de respeto, eficiencia, la facultad para prestar servicios en tiempo y forma al contar con las habilidades y destrezas necesarias, disposición, el actuar con plena conciencia y conocimiento de la importancia de la labor de cada quién, profesionalismo, el factor humano aplicando su experiencia y emotividad en el marco de sus labores.

La gran tarea es la de relacionar a los diferentes sectores de la sociedad: gobiernos federal, estatal y municipal, organismos no gubernamentales, sector académico e iniciativa privada para que se constituyan como promotores de la cultura turística.

Cultura turística es estar preparado para recibir y atender a los turistas que visitan México, que puedan ser los mismos mexicanos que viajan en el país o las personas que viven en el extranjero.

Es muy importante que además de darles una cálida bienvenida con una sonrisa, sepamos brindarles apoyo y servicios con calidad.

En México es necesario implementar el tema de "cultura turística", en los contenidos de los libros de texto de los niveles educativos que conforman la educación básica obligatoria, a efecto de favorecer y crear una nueva visión y concientización en los educandos, orientado a la conservación de los bienes y servicios turísticos, y a establecer contactos favorables con los turistas.

Me refiero a la educación como el eje que fomentará los principios de una cultura turística, que buscará sensibilizar el buen trato al turista, el cuidado y disfrute del patrimonio turístico.

Compañeras y compañeros diputados yo les pregunto: ¿Por qué enseñar cultura turística a todos los educandos de nuestro país? Porque ellos serán los portadores de la retórica participación en la búsqueda de mejores condiciones para hacer posible la actividad turística y con ello una mejor calidad de vida para todos; lo que implica el compromiso de conocerla para contribuir al fortalecimiento de los criterios centrales inclusión, sustentabilidad, competitividad para el desarrollo de la nación y poder obtener de ella los beneficios que es capaz de generar, dedicándole la atención necesaria para convertirla en una política de estado, bajo los postulados del humanismo, equidad y cambio.

Es importante que a través del sistema de educación pública, pongamos énfasis en la cultura y en el aprendizaje de los educandos mexicanos en materia de turismo.

En ese sentido, ante una competencia cada vez más agresiva y numerosa entre destinos que aspiran a ser la mejor alternativa para los visitantes, lo que hace la diferencia es la calidad de la atención recibida, preparar a los ciudadanos desde temprana edad para este fin es nuestro compromiso.

Así es, compañeras y compañeros diputados impulsemos este gran reto traducido en la imperiosa necesidad de formar educandos con conocimientos necesarios, que contribuyan al entendimiento del turismo como respeto mutuo entre hombres y sociedades, instrumento de desarrollo personal y colectivo, actividad benéfica para los estados y las comunidades de destino, obligaciones de los agentes del desarrollo turístico como facilitadores de su práctica, derecho al turismo, libertad de desplazamiento turístico, factor de desarrollo sostenible, factor de aprovechamiento y enriquecimiento del patrimonio cultural de la humanidad.

Las personas son el núcleo generador del fenómeno turístico y son ellas quienes lo actúan, potenciando la oferta y la demanda turística en México, a través de la educación.

¿Cómo aprender a ser un anfitrión turístico? ¿Cómo aprender a desarrollar el turismo de nuestro país?

La elite dirigente del turismo tiene mucho por hacer en este rubro de la educación; debe impulsar a las personas a aprender a ser anfitriones eficientes del turismo nacional e internacional y a aprender a ser huéspedes en el propio país y en el extranjero, ambos vinculados a la comunidad parecida o diferente de la propia y dispuesto a que tales experiencias les beneficien mutuamente en todas las áreas, como la económica, la social, la física, la personal, la afectiva. Tal vez a entusiasmar a determinadas personas a aprender a ser líderes en el ámbito turístico desarrollando una personalidad turística en la población mexicana.

Es una tarea de gran compromiso y satisfacción y, como toda tarea involucrada con lo humano, es social por naturaleza, se requiere de la presencia activa de los estudiantes y profesionales entusiastas para acercase al fenómeno turístico educativo.

La cultura turística propiciará el ambiente turístico de México. Las creencias, los valores, las actitudes, tradiciones y conductas compartidas, comunicadas generacionalmente, son productos intangibles constitutivos de la cultura.

La educación es la gran palanca de desarrollo y la mejor manera de forjar espíritus ganadores y de mentalidad emprendedora; también se sabe que un sector turístico exitoso depende de su capital humano.

Para el sector turístico, la formación y actualización de capital humano es de gran importancia para resolver los desafíos que proyecta nuestra visión de largo plazo, así como atender los crecientes flujos de visitantes cada vez más exigentes y especializados.

"La dinámica de la actividad turística obliga a contar con procesos educativos modernos, acordes con las necesidades que las exigencias actuales demandan".

En los niveles educativos que conforman la educación básica obligatoria del sistema educativo nacional, se debe potenciar la enseñanza de la cultura turística de calidad, que sustentará habilidades y competencias en los educandos.

Porque la cultura turística forjará nuevos destinos, porque el turismo nos beneficia a todos, porque el turismo genera divisas, porque el turismo es una fuente generadora de empleos, démosle vida al turismo, por México y por nuestra gente, eduquemos, desarrollemos la conciencia y sensibilicemos al tenor de una cultura turística.

No hay empresas ni destinos de calidad, sin personas de calidad; y no sólo calidad en términos de profesionalización, sino también calidad humana.

Con cultura turística todo, sin cultura turística nada, súmate a la nueva propuesta.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración del Pleno de esta honorable Cámara de Diputados, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Secretaría de Educación Pública para que implante el tema de cultura turística, en los contenidos de los libros de texto de los niveles educativos que conforman la educación básica obligatoria del sistema educativo nacional.

Palacio Legislativo, a 11 de septiembre de 2007.

Diputado Francisco Dávila García (rúbrica)
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE SOLICITA A LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA QUE NO CONSIDERE UN AUMENTO DE LA DIETA DE LOS DIPUTADOS EN EL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO ANUAL DE ESTA SOBERANÍA PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2008, A CARGO DEL DIPUTADO HÉCTOR MANUEL RAMOS COVARRUBIAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN

El que suscribe, diputado federal por el estado de Baja California, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, tomando en consideración los siguientes

Considerandos

La Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, establece en el Artículo 34, inciso d): "A la Junta de Coordinación Política le corresponde presentar al pleno, para su aprobación, el anteproyecto de presupuesto anual de la Cámara". La Junta de Coordinación Política, expresión de la pluralidad que vive la cámara y desde donde se impulsa el entendimiento y la convergencia necesaria para llegar a acuerdos, debe ser un órgano ético y responsable, capaz de guiar de manera congruente y mesurada el quehacer legislativo de la máxima tribuna de nuestra nación.

El pasado 14 de diciembre de 2006, presenté un punto de acuerdo exhortando a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para que no se asignara ningún aumento a nuestras dietas, ni siquiera el relativo a la inflación, en el Presupuesto de Egresos 2007.

No obstante, este año recibimos un aumento del 4 por ciento en nuestras remuneraciones, argumentando que el incremento se debió al índice inflacionario que se presentó en 2006; así pues, se dijo que dicho aumento no representaba, de ninguna manera, un incremento real al sueldo de los diputados. Con este acto, una vez más la ciudadanía, que reclamaba nuestra solidaridad, se sintió ignorada, pues no resultó ético habernos aprobado un aumento justificado cuando pudimos y debimos destinar esos recursos a la atención de la gente más necesitada de nuestro país.

Por otro lado, se espera que seamos los artífices de las reformas que buscan transparentar y hacer eficiente el trabajo y el buen uso de los recursos públicos; sin embargo, debemos reconocer que la institución a la cual representamos, por desgracia, es una de las instituciones de nuestro país donde menos se practican estas dos premisas.

Nuestra labor legislativa sigue siendo cuestionada por la opinión pública, para la cual somos sinónimo de ineficiencia, corrupción y oportunismo. No sé qué tan justa sea tal percepción de nosotros, pero seguramente a base de desarrollar nuestro trabajo solidario y comprometido con el interés general de nuestra nación y la búsqueda del bien común de cada uno de los mexicanos, lograremos revertir esa mala imagen que padecemos.

Sé que a cada uno de nosotros le anima el espíritu de servicio.

Sé que nuestra labor legislativa nos ha permitido estar en contacto directo con la población más necesitada de cada uno de nuestros distritos; para eso es que, con toda la congruencia y espíritu republicano, hemos instalado, oficinas de atención ciudadana, cuya transparencia está a toda prueba, en las que hemos conocido y recogido las más dolorosas y sentidas necesidades y demandas que nuestra gente padece y plantea a causa de su precaria situación económica.

Sé que todos los mexicanos esperan solidaridad, congruencia y eficiencia en el desempeño de nuestra labor legislativa, por lo que no podemos seguir siendo indiferentes e insensibles con el malestar ciudadano.

El próximo mes de noviembre nos encontraremos revisando, analizando, discutiendo, modificando y aprobando el Presupuesto de Egresos de la Federación ¿Cómo podremos tener la calidad moral para exigir de los otros dos poderes de la unión, austeridad y transparencia en su gasto corriente si no predicamos con el ejemplo?

Es por lo anterior, estimados diputados y diputadas, que estoy aquí, frente a ustedes, para exhortarlos a poner en práctica la congruencia, y reconocer que nuestra actual dieta es suficiente para vivir cómodamente y lograr un sustento decoroso para nuestras familias. Debemos hacer el ejercicio de pensar que millones de mexicanos viven con un escaso ingreso que los mantiene sumidos en la pobreza extrema.

Debemos ser conscientes de que el servicio al otro es una vocación que, cuando se vive, no tiene finalidad de lucro, sino todo lo contrario, nos exige cumplir a cabalidad los principios de disciplina y austeridad. Nunca más debe usarse como medio para enriquecerse, sino para enaltecer a la persona. No olvidemos que estamos aquí para servir y no para ser servidos.

Pretender aprobar un aumento, así sea para reconocer la inflación, es incongruente e inmoral, considerando que millones de mexicanos, año con año, ven disminuidos sus salarios en términos reales; salarios y prestaciones, ínfimamente menores a los que nosotros recibimos como legisladores.

Estoy seguro de que sabrán valorar las bondades que la presente medida traerá para la buena imagen de nuestro desempeño parlamentario, la solidaridad manifiesta a los que menos tienen; y que su aprobación nos proporcionará una legítima satisfacción.

Por lo anteriormente expuesto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta honorable asamblea, para que sea considerada como de urgente u obvia resolución, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se solicita a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión que no prevea aumento alguno en la dieta y apoyos económicos de los diputados para efectos del anteproyecto de presupuesto anual de la Cámara de Diputados para el ejercicio fiscal 2008.

Palacio Legislativo de San Lázaro, septiembre de 2007.

Diputado Héctor Manuel Ramos Covarrubias (rúbrica)
 
 

Las diputadas y los diputados del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 21, fracción XVI, 87 y demás relativos y aplicables, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicita respetuosamente al presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados que formule excitativa a la Comisión de Salud, al tenor de los siguientes

Antecedentes

Con fecha 13 de octubre de 2005, el diputado Fernando Espino Arévalo, presentó ante el pleno, la iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, referente al problema del tabaquismo en nuestro país.

Dicha iniciativa fue turnada a la Comisión de Salud de la honorable Cámara de Diputados.

A casi dos años de su presentación, la Comisión de Salud no ha emitido el dictamen correspondiente.

Consideraciones

En la actualidad, las adicciones representan uno de los problemas emergentes de salud pública más complejos de nuestro tiempo. El tabaquismo es una de las principales causas prevenibles de enfermedad y muerte en el mundo. El consumo del tabaco se relaciona con distintos tipos de cáncer como son: el de laringe, pulmón, cavidad bucal, páncreas, vejiga, riñón, entre otros; así como, cardiopatía isquémica, enfermedades vasculares cerebrales, bronquitis crónica, enfisema pulmonar y enfermedad pulmonar obstructiva crónica, EPOC, por señalar sólo las principales.

A pesar de que la sociedad está cada vez mejor informada de los peligros y las consecuencias que provoca el tabaco, los índices de consumo parecen incrementarse, sobretodo entre adolescentes y mujeres, quienes, alentados por las técnicas de mercadeo y publicidad de las tabacaleras, fuman como símbolo de rebeldía, afirmación de personalidad, libertad o integración social.

Con el fin de proteger a las personas de los efectos nocivos del tabaco, en nuestro país, al igual que en muchos otros, se han establecido leyes, reglamentos, actividades y programas que previenen a la sociedad de este mal y alientan a dejar este vicio.

Las adicciones son un problema en el campo de la salud pública, que requieren de acciones amplias y coordinadas en las que deben estar incluidos los esfuerzos de todos los sectores de la sociedad. En este sentido, el diputado Arévalo, es que presenta la iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones a la Ley General de Salud, y que tiene como fines, entre otras cosas, evitar el consumo de tabaco, preservar el derecho de las personas no fumadoras a no estar expuestas al humo del tabaco en sitios cerrados, regular con más requisitos la publicidad referente al tabaco, y, en general, buscar la promoción de la salud entre toda la población mexicana.

A pesar de que en nuestro país se han incrementado las acciones para prevenir y combatir el consumo del tabaco, las cifras siguen demostrando que, de persistir los patrones actuales, cada vez serán más las personas que mueran por causas asociadas al tabaquismo, se perderá un número mayor de años de vida saludable y se estima, que los altos costos actuales a la salud y la economía del país, podrán rebasar los presupuestos destinados a las instituciones de salud. Por ello, es de suma importancia que se empiecen a tomar las decisiones adecuadas y las acciones necesarias para cambiar el panorama.

Por lo anteriormente expuesto, y considerando que las premisas contenidas en la iniciativa del diputado Fernando Espino son de suma importancia para el bienestar y la salud de la población mexicana, el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza somete a la consideración de esta asamblea la siguiente

Excitativa

Único. Se excita a la Comisión de Salud de esta soberanía, para que emita el dictamen de la iniciativa presentada el 13 de octubre de 2005 por el diputado Fernando Espino Arévalo, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud.