• Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la SCJN que atraiga el juicio de amparo promovido el pasado 17 de agosto por el sindicato de trabajadores del ingenio El Potrero, SA, contra la Junta Especial número 10 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, a cargo de la diputada Elsa de Guadalupe Conde Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Alternativa.

• Con punto de acuerdo, por el que se crea la comisión especial plural encargada de vigilar el uso de recursos públicos federales en el proceso electoral de 2007 en Michoacán, suscrita por los diputados Érick López Barriga y Juan Carlos Velasco Pérez, de los Grupos Parlamentarios del PRD y del PRI, respectivamente.

• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la PGJDF a efecto de que sus órganos se abstengan de fotografiar y tomar huellas digitales a probables responsables que estén sujetos a investigación por su presunta participación en un hecho ilícito, a cargo del diputado Jesús Arredondo Velázquez, del Grupo Parlamentario del PAN.

• Con punto de acuerdo, a efecto de que se consideren recursos para Durango en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2008, a cargo del diputado Luis Enrique Benítez Ojeda, del Grupo Parlamentario del PRI.

• Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Secretaría de Salud que emita declaratoria y sanciones correspondientes al producto de Coca-Cola denominado Coca Zero, a cargo del diputado José Luis Aguilera Rico, del Grupo Parlamentario de Convergencia.

• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SHCP y a la SEP a atender la problemática actual de la Universidad Autónoma de Sinaloa, a cargo del diputado Manuel Cárdenas Fonseca, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.

• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SHCP a considerar en su propuesta de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2008 recursos destinados a garantizar la aplicación de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; y al Ejecutivo federal, a cumplir los artículos transitorios de dicho ordenamiento, a cargo de la diputada Elsa de Guadalupe Conde Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Alternativa.

• Con punto de acuerdo, por el que esta soberanía reconoce al ciudadano Benito Ricardo Ramírez Espíndola como iniciador de la conmemoración del Día de la Bandera, a cargo del diputado Obdulio Ávila Mayo, del Grupo Parlamentario del PAN.

• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SHCP, a la SCT y a Capufe a respetar el acuerdo suscrito con los diputados federales de Guerrero para mantener el descuento de 20 por ciento en el cobro de la Autopista del Sol, a cargo del diputado Jesús Evodio Velázquez Aguirre, del Grupo Parlamentario del PRD.

• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a no permitir el ingreso de militares y asesores extranjeros en territorio nacional, a cargo del diputado Roberto Badillo Martínez, del Grupo Parlamentario del PRI.

• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud a revisar la NOM-072-SSA1-1993, sobre el etiquetado de medicamentos, a cargo del diputado José Gildardo Guerrero Torres, del Grupo Parlamentario del PAN.

• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la ASF a fiscalizar los fondos económicos que aplicaron los gobiernos federal y estatal responsables de la reconstrucción en Chiapas a consecuencia del huracán Stan en octubre de 2005, a cargo del diputado Fernel Arturo Gálvez Rodríguez, del Grupo Parlamentario del PRD.

• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a realizar mediante la Segob la declaratoria de emergencia para los municipios de Lázaro Cárdenas y del Bajío en Michoacán afectados por la tormenta tropical Henriette, a cargo del diputado José Ascensión Orihuela Bárcenas, del Grupo Parlamentario del PRI.

• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno federal a instaurar mediante la Sedena y en coordinación con las administraciones estatales una Bandera Nacional monumental en las capitales de los estados, a cargo del diputado Luis Fernando Rodríguez Ahumada, del Grupo Parlamentario del PAN.

• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a revisar mediante la Sagarpa y el programa Oportunidades las NOM 002 y 039, relativas a la pesca de camarón y de jaiba, a cargo del diputado Gerardo Octavio Vargas Landeros, del Grupo Parlamentario del PRI.

• Con punto de acuerdo, por el que se solicita al jefe del Gobierno del Distrito Federal que convoque al Consejo de Protección Civil para tratar el tema de las inundaciones y los hundimientos de la carpeta asfáltica en diversas delegaciones de la ciudad, a cargo del diputado José Luis Contreras Coeto, del Grupo Parlamentario del PAN.

• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno federal a destinar mediante la Conagua recursos para el reencauzamiento, el desazolve y la contención del río La Sabana, en Acapulco de Juárez, Guerrero, a efecto de enfrentar la tormenta tropical Henriette, a cargo del diputado César Flores Maldonado, del Grupo Parlamentario del PRD.

• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Comité Técnico del Fideicomiso de Apoyo al Rescate de Autopistas Concesionadas a autorizar a Capufe para expedir a residentes las laminillas que les permitan el paso preferente en la carretera federal 15, a cargo del diputado Gustavo Ildefonso Mendívil Amparán, del Grupo Parlamentario del PRI.

• Con punto de acuerdo, relativo al relleno sanitario Bordo Poniente, del Distrito Federal, a cargo de la diputada María Gabriela González Martínez, del Grupo Parlamentario del PAN.

• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a evaluar y cuantificar mediante la SCT los daños provocados por la tormenta tropical Henriette en la infraestructura carretera de diversos municipios guerrerenses, a cargo del diputado César Flores Maldonado, del Grupo Parlamentario del PRD.

• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a constituir mediante la SHCP un fondo financiero sustentable destinado a Quintana Roo, Yucatán, Campeche, Veracruz, Puebla e Hidalgo, afectados por el huracán Dean, a cargo de la diputada Sara Latife Ruiz Chávez, del Grupo Parlamentario del PRI.

• Con punto de acuerdo, relativo a las barrancas del Distrito Federal, a cargo de la diputada María Gabriela González Martínez, del Grupo Parlamentario del PAN.

• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sedesol a prever en la integración del padrón y del Programa de Atención para Adultos Mayores de 70 Años la atención prioritaria de las comunidades guerrerenses más apartadas, a cargo del diputado César Flores Maldonado, del Grupo Parlamentario del PRD.

• Con punto de acuerdo, por el que se solicita al jefe del gobierno local que remita a la Comisión del Distrito Federal de esta soberanía un informe sobre el proyecto preventivo Atlas de Riesgos del Distrito Federal, a cargo de la diputada María Gabriela González Martínez, del Grupo Parlamentario del PAN.

• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los gobiernos de los estados de Veracruz y de Oaxaca a desarrollar en coordinación con la administración federal mecanismos que permitan la existencia de un canal seco en el istmo de Tehuantepec, a cargo del diputado Obdulio Ávila Mayo, del Grupo Parlamentario del PAN.

• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al jefe del Gobierno del Distrito Federal a aceptar y cumplimentar la recomendación número 17/2006, emitida por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, a cargo del diputado Obdulio Ávila Mayo, del Grupo Parlamentario del PAN.

• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Segob a informar a esta soberanía sobre la situación que guardan los trabajadores migrantes del estado de Aguascalientes, a cargo de la diputada Alma Hilda Medina Macías, del Grupo Parlamentario del PAN.

• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sectur a difundir, en coordinación con el gobierno del estado de Puebla, el turismo en dicha entidad, a cargo del diputado José Luis Contreras Coeto, del Grupo Parlamentario del PAN.

• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a considerar en el programa Pueblos Mágicos la ribera de Chapala, Jalisco, a cargo del diputado Francisco Javier Gudiño Ortiz, del Grupo Parlamentario del PAN.

• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Profeco y a la Cofetel a solucionar el problema de cobros indebidos por servicios de números 01 900, a cargo del diputado Omar Antonio Borboa Becerra, del Grupo Parlamentario del PAN.

• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las autoridades electorales federales y a las estatales a resolver de manera imparcial y justa los medios de defensa interpuestos que calificarán y solventarán los comicios realizados en Veracruz el 2 de septiembre del año en curso, a cargo del diputado Antonio del Valle Toca, del Grupo Parlamentario del PAN.

La que suscribe, Elsa de Guadalupe Conde Rodríguez, legisladora federal del Grupo Parlamentario Alternativa, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de conformidad con las disposiciones contenidas en los artículos 55 y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, para lo cual presenta las siguientes

Consideraciones

1. El Sindicato de Trabajadores de la empresa ingenio El Potrero, SA, agrupa a los trabajadores de dicha empresa, como su nombre lo indica, y como señalan sus propios estatutos. Es un sindicato de empresa y cuenta con registro de la Secretaría del Trabajo.

2. El Sindicato de Trabajadores de la Industria azucarera y Similares de la República Mexicana, tiene firmado con la Cámara Nacional de las Industrias Azucarera y Alcoholera y por tanto con el ingenio El Potrero, SA, la titularidad de la administración del Contrato Ley de las Industrias Azucarera, Alcoholera y Similares de la República Mexicana, vigente en esa industria, y, por tanto, en la empresa ingenio El Potrero, SA.

3. El Sindicato de Trabajadores de la empresa ingenio El Potrero, SA, mediante escrito de fecha 15 de junio de 1998, presentado el mismo día ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, Secretaría Auxiliar de Conflictos Colectivos, instauró demanda en contra del Sindicato de Trabajadores de la Industria Azucarera y Similares de la República Mexicana y del ingenio El Potrero, SA, reclamando a la citada organización sindical que se declare judicialmente que el sindicato actor representa el interés de la mayoría de los trabajadores en esa empresa y por lo tanto es el administrador del Contrato Ley Azucarero.

4. La demanda de titularidad de contrato fue inmediatamente seguida del despido de más de 180 trabajadores los que, demandando a la empresa y a dicho sindicato, en forma individual lograron su reinstalación al declarar la Suprema Corte de Justicia de la Nación como inconstitucional el artículo 395 de la Ley Federal del Trabajo y el correspondiente del Contrato ley mencionado, en su resolución del juicio de Amparo directo en revisión 1124/2000.

5. Ambas partes ofrecieron en el juicio señalado, el recuento, con el objeto de que los trabajadores sindicalizados de la empresa demandada manifestasen su voluntad de pertenecer al Sindicato de Trabajadores de la Empresa Ingenio el Potrero, SA. Este recuento se llevó a cabo el 19 de febrero del 2001. Votaron en forma abierta, 1 mil 98 trabajadores, de los cuales 249, en un acto de valentía, lo hicieron a favor del sindicato actor y 849 a favor del sindicato demandado, no por convicción sino por no ser perjudicados de la manera en que reiteradamente lo han venido siendo quienes se han negado a apoyar al Sindicato de Trabajadores de la Industria Azucarera y Similares de la República Mexicana. Reinstalados dichos trabajadores, y toda vez que por haberse llevado a cabo el recuento de manera abierta fueron perfectamente ubicados quienes votaron en contra, se les privó de derechos escalafonarios, de prestaciones como becas y premios de puntualidad y productividad. Al privarlos de su derecho escalafonario se les congeló el salario en una categoría inferior, toda vez que es el sindicato el que establece los ascensos, jubilaciones, retiros, entre otros.

6. Con fecha 11 de mayo del 2004, nuevamente el Sindicato de Trabajadores de la Empresa Ingenio El Potrero, SA, presentó demanda ante la honorable Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, Secretaría Auxiliar de Conflictos Colectivos en contra del ingenio El Potrero, SA, y del Sindicato de Trabajadores de la Industria Azucarera y Similares de la República Mexicana y su sección 23, reclamando del citado ingenio el reconocimiento de que el Sindicato de Trabajadores de la Empresa Ingenio El Potrero, SA, es el único administrador del Contrato Ley de las Industrias Azucarera, Alcoholera y Similares de la República Mexicana.

7. Con el propósito de que los trabajadores sindicalizados de la empresa demandada manifestasen su voluntad de pertenecer al Sindicato de Trabajadores de la Empresa Ingenio el Potrero, SA, se ofreció un nuevo recuento, solicitando textualmente:

Esta prueba se relaciona con los hechos 2 a 5 de la demanda, y para su desahogo constitucional, esta Junta deberá garantizar que el voto de los trabajadores en el recuento sea secreto, en los términos de la resolución número 578 de la organización internacional del trabajo,…

Requiriendo asimismo que: Primero, se califique a los votantes y después, se emita el voto en forma secreta...

8. Mediante el auto de admisión de las pruebas, de fecha veintitrés de enero del dos mil siete, dictado en los autos del Juicio Especial Número IV-136/2006, de la Secretaría Auxiliar de Conflictos Colectivos de la Junta Especial número diez de la Federal de Conciliación y Arbitraje, se desecharon las pruebas ofrecidas, que tenían por objeto acreditar qué trabajadores podían votar en el recuento. Este auto fundó su negativa en la aplicación del artículo 931 de la Ley Federal del Trabajo, y ordenó el desahogo del recuento de manera tal que los trabajadores tuvieron que votar públicamente y no en forma secreta.

9. Por lo anterior, el pasado 17 de agosto los trabajadores del Sindicato de Trabajadores de la Empresa Ingenio El Potrero, SA, presentaron una demanda ante el honorable Tribunal colegiado del primer circuito, reclamando que la aplicación del artículo 931 de la Ley Federal del Trabajo es inconstitucional, solicitando se deje insubsistente el laudo y acuerdo reclamados para que en su lugar se dicte otro acuerdo de admisión de la prueba en el que se ordene que, primero, se califique a los votantes y después, se emita el voto en forma secreta.

10. Como se ha manifestado anteriormente, en el ofrecimiento de pruebas del juicio que se ha señalado en el cuerpo de estas consideraciones, se solicitó de la Junta la garantía de que el voto de los trabajadores en el recuento fuese secreto, fundando los trabajadores su petición en los términos de la resolución número 578 de la Organización Internacional del Trabajo, que, de acuerdo con el artículo 133 constitucional, tiene rango de Ley Suprema en nuestro país y que textualmente dice:

12. Es prudente en este punto señalar que, si bien es cierto la autoridad juzgadora realizó su trabajo y aplicó la ley Federal del Trabajo tal y como está obligada a hacerlo en virtud de su mandato y sus funciones jurisdiccionales, también es cierto que con ese acuerdo un número importante de trabajadores se vieron obligados votar presionados, sintiéndose amenazados con el castigo ejemplar que sufrían ya desde hacía seis años los primeros socios del sindicato quejoso.

Traigo este caso ante esta soberanía, en virtud de que el tema nos plantea, como legisladores y ciudadanos mexicanos responsables, es de la mayor trascendencia y de vital importancia: la libertad sindical, conquista de la Revolución Mexicana de 1910 y consagrada el artículo 123, Apartado A, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Hay más de 32 millones de trabajadores asalariados en industrias, comercios o servicios. Todos ellos están sujetos a un régimen de asociación sindical que no respeta ni garantiza su libertad de sindicación, en virtud de los mecanismos indirectos de presión que no hemos sido capaces de combatir ni erradicar.

13. La justicia federal ha definido el concepto de importancia trascendente, como los que trascienden al interés superior de la nación que son aquellos que afectan, en último análisis, al interés mismo de la colectividad y otros que sólo afectan al interés público, sin que se estime que son de importancia trascendente. La tesis dice:

Es interés superior de la nación restituir a los trabajadores en su libertad de asociación, en su derecho al voto secreto en las elecciones gremiales, y devolver a los asalariados de México, que constituyen el 60 por ciento de la población económicamente activa, la condición ciudadana plena en el ámbito de su vida gremial y es por ello que merece un asunto así que se dicte una tesis jurisprudencial del pleno de la honorable Suprema Corte de Justicia de la Nación, que siente un precedente de mayor peso en este asunto y que una sola ejecutoria de un Tribunal Colegiado no podría lograr.

Dada la importancia y trascendencia que tiene la materia sobre la que ha de decidir el Tribunal que conozca de este asunto, considero de superior importancia pedir a la honorable Cámara de Diputados, solicite la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que atraiga el presente juicio de amparo directo para su conocimiento y resolución.

Por lo anteriormente expuesto, presento a esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

De urgente y obvia resolución.

Único. Se solicita a la honorable Suprema Corte de Justicia de la Nación, para su conocimiento y resolución, ejerza la facultad de atracción que le confiere la fracción I del artículo 182 de la Ley de Amparo y atraiga el juicio de amparo presentado el pasado 17 de agosto, por los trabajadores del Sindicato de Trabajadores de la Empresa Ingenio El Potrero, SA, ante el honorable Tribunal colegiado del primer circuito, reclamando que la aplicación del artículo 931 de la Ley Federal del Trabajo es inconstitucional.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de septiembre de 2007.

Diputada Elsa de Guadalupe Conde Rodríguez (rúbrica)
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE CREA LA COMISIÓN ESPECIAL PLURAL ENCARGADA DE VIGILAR EL USO DE RECURSOS PÚBLICOS FEDERALES EN EL PROCESO ELECTORAL DE 2007 EN MICHOACÁN, SUSCRITA POR LOS DIPUTADOS ÉRICK LÓPEZ BARRIGA Y JUAN CARLOS VELASCO PÉREZ, DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS DEL PRD Y DEL PRI, RESPECTIVAMENTE

Los suscritos, diputados federales michoacanos, integrantes de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicitamos se someta a consideración de esta asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, de conformidad con las siguientes

Consideraciones

El estado de Michoacán se encuentra este año de 2007 inmerso en uno de los procesos electorales estatales más competidos de su historia que concluirá el próximo 11 de noviembre. En la actualidad, mientras que el gobierno federal se encuentra bajo una administración emanada del Partido Acción Nacional (PAN), el gobierno estatal proviene del Partido de la Revolución Democrática (PRD); al mismo tiempo, de los 113 ayuntamientos 53 provienen del PRD, 46 del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y 13 del PAN. Ante ello, y considerando la naturaleza política de la entidad, su pluralidad y su nivel de competencia electoral, se hace necesario que se vigile con estricto apego a la ley el desarrollo de los programas gubernamentales durante el curso del proceso electoral en todos sus niveles de gobierno.

Dado que en los pasados procesos electorales de los estados de Yucatán, Baja California, Oaxaca, Zacatecas y Veracruz, varias dependencias federales han sido señaladas como responsables del uso de programas y recursos federales para coaccionar el voto popular a favor de alguno de los partidos contendientes, es necesario garantizar los principios de imparcialidad, equidad y objetividad para mantener el correcto desarrollo de los programas federales aplicables a las entidades federativas, principalmente en aquellas con procesos electorales en curso.

Recientemente los gobiernos estatal y federal, por medio del titular del Ejecutivo estatal, del subsecretario de la Función Pública y de la titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales, firmaron un convenio para blindar de toda injerencia en el proceso electoral por parte de ambos gobiernos. Pese a lo anterior, se han presentado ya una serie de denuncias que señalan a funcionarios federales por medio de sus delegaciones en el estado como activos promotores a favor de uno de los partidos que contienden.

Dado el interés de que la contienda transcurra en orden y los resultados electorales puedan dar tranquilidad y certeza a los ciudadanos de Michoacán y a los contendientes en dicho proceso, es necesaria la intervención de una comisión plural de diputados federales, que puedan vigilar el cumplimiento cabal de los objetivos antes señalados y con fundamento en los artículos 42 y 43, numerales 3 y 4, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 58, 60 y 90 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración y aprobación del Pleno de la honorable Cámara de Diputados el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal a que instruya a los responsables de las diversas áreas del gobierno, central y paraestatal, a efecto de que acaten las recomendaciones específicas que se formulen para el efecto; de igual forma al titular del Ejecutivo estatal y los de los 113 ayuntamientos, a fin de que en ninguno de los casos se utilicen recursos materiales ni humanos, no se desvíen fondos y no se haga uso de los programas sociales para favorecer a ningún partido político.

Segundo. Se crea en esta soberanía, y en el marco de sus atribuciones, una comisión plural encargada de vigilar el correcto uso de los recursos federales públicos durante el proceso electoral del estado de Michoacán.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, le solicitamos a esta Presidencia se turne el presente punto de acuerdo a la Junta de Coordinación Política, a fin de establecer el número de los integrantes que la conformarán y el plazo para efectuar las tareas que se le hayan encomendado.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de septiembre del 2007.

Diputados: Érick López Barriga (rúbrica), coordinador de los diputados federales michoacanos del PRD; Juan Carlos Velasco Pérez (rúbrica), coordinador de los diputados federales Michoacanos del PRI; Antonio Soto Sánchez, Rafael Villicaña García (rúbrica), Mario Vallejo Estevez, Raúl Rios Gamboa (rúbrica), Humberto Wilfrido Alonso Razo, Fausto Fluvio Mendoza Maldonado (rúbrica), Francisco Márquez Tinoco (rúbrica), Irineo Mendoza Mendoza (rúbrica), Miguel Ángel Arellano Pulido (rúbrica), Concepción Ojeda Hernández (rúbrica), Rosa Elva Soriano Sánchez (rúbrica), José Ascención Orihuela.
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA PGJDF A EFECTO DE QUE SUS ÓRGANOS SE ABSTENGAN DE FOTOGRAFIAR Y TOMAR HUELLAS DIGITALES A PROBABLES RESPONSABLES QUE ESTÉN SUJETOS A INVESTIGACIÓN POR SU PRESUNTA PARTICIPACIÓN EN UN HECHO ILÍCITO, A CARGO DEL DIPUTADO JESÚS ARREDONDO VELÁZQUEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN

El suscrito, diputado federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del Pleno punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Para nosotros, como legisladores, es importante que las autoridades actúen en estricto arreglo al estado de derecho y acordes con las facultades que emanan de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y sus leyes secundarias, para cumplir los criterios establecidos por nuestros más altos tribunales, consistentes en que las autoridades sólo pueden hacer lo que la ley les permite y sus actos deberán estar debidamente fundados y motivados, sin excederse de sus atribuciones.

Ya que todo acto de autoridad debe estar fundado y motivado, es decir, para que un acto de autoridad se considere debidamente fundado y motivado, debe contener la expresión, con precisión del precepto o preceptos legales aplicables y el señalamiento, también con precisión, de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto, requiriéndose además la debida adecuación entre los motivos argumentados y las normas aplicables para que se estime configurada la hipótesis normativa aplicada.

El problema que se aborda con el presente punto de acuerdo es evitar que continúen actuando de manera ilegal los órganos de procuración de justicia del Distrito Federal al tomarles fotografías e impresión de las huellas dactilares a los probables responsables que estén sujetos a investigación por su presunta participación en un hecho ilícito cuando dichas diligencias no se practiquen en los casos contenidos en las hipótesis que a continuación se expondrán.

Por ello debemos recordar lo determinado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al precisar la constitucionalidad del artículo 165 del Código Penal Federal, que prevé que dictado el auto de formal prisión o el de sujeción a proceso, se identificará al procesado por el sistema adoptado administrativamente. Luego entonces, dicho razonamiento jurídico es aplicable por analogía al artículo 298 del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, que establece lo siguiente:

Dictado el auto de formal prisión o de sujeción a proceso, el juez ordenará que se identifique al procesado por el sistema administrativo adoptado para el caso.

En esa tesitura, para poder identificar administrativamente al probable responsable de la comisión de un ilícito, se deben colmar diversos requisitos de procedibilidad, como

Por tanto, se concluye que la autoridad jurisdiccional después de haber cumplido con los requisitos que dispone el artículo 297 del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal para la emisión del auto de formal prisión o de sujeción a proceso, ordenará con fundamento en lo dispuesto en el diverso 298 del ordenamiento legal antes citado, se identifique administrativamente al procesado.

De esta forma se arriba a la conclusión, que no es el Ministerio Público u otro órgano de la procuraduría local la autoridad facultada para ordenar la identificación administrativa de un indiciado, conocido tradicionalmente como "ficha signalética", toda vez que es el órgano jurisdiccional el encargado de ordenarlo y únicamente los órganos de la Procuraduría capitalina (Coordinación General de Servicios Periciales de dicho ente público) la encargada de ejecutar la orden girada por el órgano judicial (juez penal) dentro del auto de formal prisión o de sujeción a proceso de identificar al procesado.

Por ello nace la preocupación del suscrito de evitar que se continué con las prácticas contrarias a derecho que día con día realizan las autoridades que forman la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, al llevar a cabo actos de molestia a un indiciado sin que cuenten dichas autoridades con un sustento jurídico que se los permita, menoscabándose con ello las garantías individuales de seguridad jurídica y de legalidad de los indiciados dentro de las indagatorias que se radican en la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal.

Esa preocupación se incrementa si recordamos las consecuencias que se generan con las identificaciones administrativas, ya que se estigmatiza a los ciudadanos que se encuentran inmersos en cuestiones legales, donde de forma posterior se duda de su honorabilidad, por la "fama" que se le ha generado y que puede derivar en una marginación incluso en su entorno laboral, apreciación que incluso tiene los matices de las consecuencias de una pena infamante y trascendental sin serlo, ya que el ciudadano tiene que vivir con un precedente que genera un rechazo social, que no se limpia aún y cuando se obtenga en su favor una determinación de no ejercicio de la acción penal por no habérsele comprobado su plena responsabilidad penal en el hecho delictivo.

Por lo expuesto, la orden de identificación administrativa dictada por el Ministerio Público en la averiguación previa fuera de las dos hipótesis que se explicarán viola las garantías del inculpado de seguridad jurídica y de legalidad por falta de fundamentación, al emitirse por una autoridad incompetente, ya que dichas atribuciones sólo competen a la autoridad jurisdiccional.

Por ello, el actuar de los agentes ministeriales que preocupa en el presente punto de acuerdo, contraviene el artículo 16 constitucional, que a letra dice: "Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones sino en virtud de mandamiento de la autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento".

Únicamente en dos momentos o hipótesis normativas puede la autoridad ministerial solicitar a su órgano auxiliar (Coordinación General de Servicios Periciales de dicha institución) que identifique al indicado durante la integración de la indagatoria, como a continuación se explica:

Primera hipótesis. Con base en lo previsto en el artículo 270 del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, donde se prevé que "antes de trasladar al probable responsable al reclusorio preventivo se le identificará debidamente", se entiende que se refiere al supuesto de las consignaciones con detenido, ya que en las indagatorias que conoce la unidad investigadora, como su naturaleza lo advierte, aún no se determina la probable responsabilidad y al momento de consignarse ante un juez penal, donde se solicita la orden de aprehensión, dicha orden ya no emana de la autoridad ministerial, sino de una jurisdiccional y sólo la dirección general de mandamientos judiciales de la Procuraduría capitalina deberá abocarse a aprehender y presentar ante el juez que emitió dicha orden al probable responsable.

Segunda hipótesis. La presente se basa en lo previsto en el artículo 37 del Código de Procedimiento Penales para el Distrito Federal, donde se establece que se le faculta al Ministerio Público para realizar toda clase de investigaciones para el esclarecimiento de los hechos. También lo es que dicha facultad sólo se refiere a que debe identificar plenamente a los denunciantes o querellantes o a los testigos que presenciaron los hechos de que se trata y, en todo caso respecto a los indiciados, únicamente se le faculta para llamar a los peritos como auxiliares de la autoridad ministerial, para la elaboración de la media filiación (que consiste en el registro de los siguientes datos: pigmentación, color del cabello, frente, cejas, ojos, nariz, boca complexión, estatura) y el retrato hablado; en esa virtud, el agente investigador sólo deben de realizar las diligencias de fotografías y toma de huellas dactilares del indiciado cuando se vinculen directamente para determinar la participación del indiciado en los hechos ilícitos que se investigan, no importando si estamos frente a la integración de averiguaciones previas con detenido o sin detenido ya que se trata de un medio probatorio para acreditar la probable responsabilidad del indiciado y no sólo una identificación administrativa.

Por ello, para enriquecer el estado de derecho en que vivimos, debemos tener presente que el actuar indebido o ilegal de una autoridad trae diversas consecuencias jurídicas, como las siguientes:

Por lo expuesto y fundado, sometemos a la consideración de este honorable Pleno el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Esta soberanía exhorta al procurador general de Justicia del Distrito Federal para que los órganos que forman dicha institución se abstengan de tomar fotografías e impresión de las huellas dactilares de los probables responsables que estén sujetos a investigación por su presunta participación en un hecho ilícito, a excepción de que dichas diligencias sean indispensables por estar estrechamente relacionadas para determinar la participación del indiciado (probable responsabilidad) en la comisión del hecho ilícito que se investiga o cuando se trate de consignaciones con detenido ante los juzgados penales en términos de lo previsto en el artículo 270 del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de septiembre de 2007.

Diputado Jesús Arredondo Velázquez (rúbrica)
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, A EFECTO DE QUE SE CONSIDEREN RECURSOS PARA DURANGO EN EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN DE 2008, A CARGO DEL DIPUTADO LUIS ENRIQUE BENÍTEZ OJEDA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI

El suscrito, Luis Enrique Benítez Ojeda, diputado federal de la LX Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 y 59 del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de este pleno el siguiente punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

En virtud del antecedente negativo para el Pacto Federal ocurrido el año anterior, en el que el titular del Poder Ejecutivo Federal, enviara a esta soberanía un Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2007, que contenía una disminución sensible de las participaciones federales para el estado de Durango, se inscribe este planteamiento.

Resultó evidente que una vez analizado el proyecto de referencia, la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de esta Cámara de Diputados detectó tal omisión, y que procedió a la reasignación de recursos a los estados y municipios que presentaban mayores necesidades de recursos, para la atención, fundamentalmente de las demandas de educación, salud, desarrollo social y de combate a la pobreza extrema.

Es necesario y resulta un acto de elemental justicia, asignar los recursos para el mantenimiento, conservación, ampliación y modernización de la red de carretera; además de ampliar la cobertura en agua potable, alcantarillado, electrificación y de otros servicios que permitan el mejoramiento de las condiciones de vida de los duranguenses.

Aún cuando estamos concientes de la limitación de recursos que tiene el país, estimamos que sigue siendo asignatura pendiente, alcanzar un sistema equitativo y justo para la distribución de los recursos dentro del Pacto Federal, ya que entidades que registran niveles de desarrollo menores al resto del país, no encuentran en ocasiones el respaldo y el apoyo decidido de la federación para estimular el esfuerzo de los gobiernos locales, quienes con verdaderas penurias tratan de resolver los problemas y las demandas sociales más elementales.

Las asignaciones efectuadas de conformidad con los principios establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal, a veces no resultan adecuadas a las circunstancias y a las necesidades de los estados y municipios, ya que, la Federación, al aplicar las fórmulas respectivas, no considera aspectos que estimulen el esfuerzo de las haciendas locales, y sí, por el contrario, restringe los recursos a las zonas que más lo necesitan.

Los legisladores del PRI estamos comprometidos con el fortalecimiento de las entidades federativas y de los municipios, de conformidad con los artículos 115 y 116 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos.

Nos pronunciamos porque las participaciones federales sean asignadas en forma equitativa y justa, y que se apliquen con absoluta transparencia por los poderes e instituciones públicas en los estados de la República y en beneficio de todos los mexicanos.

La adecuada asignación y el manejo oportuno y transparente de los recursos públicos, resultan de suma trascendencia para alcanzar mejores niveles de desarrollo económico, social y cultural, en las diversas regiones del país.

Es necesario resaltar que, ante la existencia de problemas de división social y política en el país, debemos consolidar las instituciones locales, dotándolas de los recursos adecuados, que les permitan hacer frente a las demandas más sentidas de la sociedad.

En el México plural de hoy, deben prevalecer los consensos sobre los disensos, articulados por un objetivo común, que es el bienestar y el progreso de los habitantes de todas las entidades federativas y sus municipios.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración de esta Cámara de Diputados, como de urgente resolución, el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2008, considere la propuesta de asignación justa y equitativa de los recursos para el estado de Durango, que en ningún caso deberán de ser menores o iguales en términos reales a los previstos para el presente año.

Segundo. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de esta Cámara de Diputados para que considere en el dictamen respectivo, la asignación justa y equitativa de los recursos al estado de Durango en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2008 y que en ningún caso, resulten menores o iguales, en términos reales, a los que se asignan de conformidad con el Presupuesto de Egresos de la Federación vigente.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de septiembre de 2007.

Diputado Luis Enrique Benítez Ojeda (rúbrica)
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE SOLICITA A LA SECRETARÍA DE SALUD QUE EMITA DECLARATORIA Y SANCIONES CORRESPONDIENTES AL PRODUCTO DE COCA-COLA DENOMINADO COCA ZERO, A CARGO DEL DIPUTADO JOSÉ LUIS AGUILERA RICO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE CONVERGENCIA

José Luis Aguilera Rico, diputado federal e integrante del Grupo Parlamentario de Convergencia en la LX Legislatura, con fundamento en lo establecido en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía punto de acuerdo, conforme a la siguiente

Exposición de Motivos

El martes 4 de septiembre del año en curso se llevó a cabo la confirmación de las sustancias que contiene el producto Coca-Cola Zero que se comercializa en nuestro país y contiene un endulzante prohibido en Estados Unidos de América desde hace casi 40 años, pues puede tener efectos cancerígenos. En estos datos previos, es de llamar la atención que el contenido del refresco que se vende en establecimientos de México ya es consumido por jóvenes y niños, donde preocupa el uso de ciclamato de sodio, que no se permite en alimentos, bebidas y suplementos alimenticios en Estados Unidos de América desde octubre de 1969.

Información internacional de la Food and Drug Administration, instancia oficial que prohibió el ciclamato de sodio en EU, señala que la sustancia puede causar cáncer; también se ha estudiado su relación con casos de esterilidad entre los consumidores.

En entrevistas con diversos medios de comunicación, Laura Olguín, catedrática de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional, explicó que el ciclamato de sodio puede provocar cáncer si se consume de forma excesiva. La presencia del compuesto mencionado, dicen, ya está controlada en productos como la Coca Cola Zero, que contiene 25 miligramos sobre 100 gramos en cada una de sus latas de 355 mililitros, según los datos proporcionados por Coca-Cola.

Pero según lo dicho por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, un ser humano no debe consumir más de 11 miligramos de ciclamato de sodio por cada kilogramo de su peso corporal. Esto es una muestra clara que debe tomar en cuenta la Secretaría de Salud y hacer un llamado enérgico a las secretarías de los estados de la república, respectivamente.

El refresco contiene endulzantes que no son nocivos para el ser humano, según la página de Internet de Coca-Cola Zero en México. Pero no dichas por instancias de salud.

Como una característica fuerte y con este ejemplo es urgente el llamado como legisladores federales a las instancias de salud federal, ya que el ciclamato de sodio tiene la capacidad de endulzar un producto hasta 600 veces más que el azúcar normal en combinación con otros compuestos.

Por ello, conforme a derecho y con la ley orgánica del Poder Legislativo, someto a su consideración el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Exhorta a la Secretaría de Salud del gobierno federal emita declaratoria y sanciones correspondientes ante el producto Coca-Cola denominado Coca Zero y, en su caso, retirarlo del mercado consumidor.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de septiembre de 2007.

Diputado José Luis Aguilera Rico (rúbrica)
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA SHCP Y A LA SEP A ATENDER LA PROBLEMÁTICA ACTUAL DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SINALOA, A CARGO DEL DIPUTADO MANUEL CÁRDENAS FONSECA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE NUEVA ALIANZA

El suscrito, Manuel Cárdenas Fonseca, diputado federal a la LX Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58, 59 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta honorable Cámara de Diputados, como asunto de urgente y obvia resolución, la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de los siguientes antecedentes y consideraciones.

Antecedentes

En junio del año 2005, los sinaloenses iniciamos una nueva etapa para la Universidad Autónoma de Sinaloa, en la coyuntura y el compromiso del inició de la gestión rectoral 2005-2009, encabezada por el rector titular maestro en ciencias Héctor Melesio Cuén Ojeda. Se tienen los elementos para asegurar que las condiciones académicas e institucionales no eran las mejores para una institución de educación superior de carácter público, que atiende, en este ciclo escolar, a más de 104 mil estudiantes, convirtiéndola en la tercera universidad pública estatal más grande del país. Lamentablemente, a esas fechas, lo político estaba sobre lo académico.

Para corregir esta situación, se planteó una convocatoria de largo alcance, liderada por las actuales autoridades, en la que se propuso y aprobó una nueva ley orgánica que sobrepusiera el trabajo académico sobre la actividad política. Con el apoyo de los sectores sociales de Sinaloa, el consenso del honorable Consejo Universitario y la participación de académicos y universitarios en general, el 27 de julio del año 2006 el honorable Congreso del Estado de Sinaloa, aprobó una nueva Ley para la máxima casa de estudios del noroeste del país. Un artículo transitorio estableció un año de plazo para que la institución resolviera la reglamentación interna, que diera sustento a esta nueva Ley.

La institución cumplió con dicho mandato. En julio del año 2007, se tenía resuelto el Estatuto General y los siguientes reglamentos: Funcionamiento del Tribunal Universitario, Defensoría de los Derechos Universitarios, Servicio Social, Consejo Consultivo y de Vinculación Social, Personal Académico, Escolar y el de Transparencia y Acceso a la Información. Además el honorable Consejo Universitario acordó la implementación de un Plan de Racionalización y Optimización de Recursos.

En estas fechas, la Ley Orgánica se encuentra a prueba. Está en curso el proceso de nombramiento de 46 direcciones de escuelas y facultades. Cabe resaltar, que en estas unidades académicas no se ha interrumpido la actividad académica, el proceso está en manos de la Comisión Permanente de Postulación, que, bajo criterios estrictamente académicos, define las ternas bajo las cuales el honorable Consejo Universitario nombrará a los directores. Para beneplácito de los universitarios y de los sinaloenses, la Ley Orgánica está pasando la prueba de fuego, a pesar de la terrible situación financiera y la suspensión temporal de pago de nómina.

Incrementar los indicadores académicos fue también una tarea prioritaria. Solicitamos revisiones externas de parte de la Secretaría de Educación Pública, con ello se atendió la visita de los Comités Interinstitucionales de Evaluación de la Educación Superior (CIEES) dependientes de la SEP. Con las recomendaciones y sugerencias de ellos, nos planteamos mejorar sustancialmente la competitividad y capacidad académica de la institución, y a la fecha lo hemos logrado. Los datos y la información que a continuación se enlistan son evidencia de ello:

En materia de transparencia y rendición de cuentas, en el presente mes de septiembre, el despacho de auditores externos Lara, Loaiza y Asociados S.C., practicará la auditoría externa a la nomina 2007. El honorable Consejo Universitario, en reunión del 9 de julio, aprobó el Reglamento para la Transparencia y Acceso a la Información.

Con fecha 21 de junio, se hizo entrega al honorable Congreso de la Unión, los estados financieros auditados al 31 de diciembre de 2006, y dictaminados por auditores externos registrados en la Secretaría de la Función Pública; lo mismo se hizo el 26 del mismo mes al honorable Congreso del Estado de Sinaloa.

Actualmente, a pesar del gran esfuerzo que viene realizando la universidad en su conjunto, y tantos avances obtenidos en tan corto tiempo, el problema financiero persiste de manera alarmante y no ha sido por culpa de este gran esfuerzo; es culpa, como muchos problemas originados por complacencia de autoridades federales, de la permisibilidad y falta de fiscalización de los responsables, que, en su momento, se hicieron "ojo de hormiga" y, a ellos, no se les culpa ni responsabiliza legalmente de nada. Ahí está la desfachatez de llevar cientos de miles de millones de pesos al gasto corriente del ejecutivo federal y nadie es responsable de ello.

En estos momentos la institución llegó al punto de insolvencia financiera. En lo que va del presente año, se ha retrasado el pago de salarios de los trabajadores universitarios en tres ocasiones. En este momento no se tienen los recursos para el pago de la segunda quincena de agosto.

En este orden de ideas, nos referiremos a los siguientes

Considerandos

1. Está claro el enorme esfuerzo que se ha venido realizando, sin que la parte nodal pueda resolverse en el cortoplasismo, sin representar un estallido social de impensables magnitudes.

2. El gobierno estatal ya estableció que sus alcances llegan a reconocer el esfuerzo de la universidad y la parte que le toca, pero, en las actuales circunstancias, la responsabilidad y posible solución está en manos de las autoridades federales.

3. Las gestiones ante las instancias estatales y federales no han cesado. Lo último fue la reunión del 17 de julio ya referida, con representantes de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, Secretaría de Educación Pública, Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, honorable Congreso de la Unión y nuestra Institución. Después de ello, esta comisión hizo llegar un documento donde solicitaba los montos de los principales déficit informados en la reunión del 17 de julio, además planteando propuestas y sugerencias de modificación al contrato colectivo de trabajo y posibles liquidaciones de trabajadores académicos.

4. El documento señalado en el punto anterior, se le hizo llegar a la universidad el miércoles 22 de agosto próximo pasado, mismo que se contestó el viernes 31 de ese mismo mes y que se anexa al presente punto de acuerdo.

5. Sostenemos que dos de las principales causas externas que han llevado a la universidad Autónoma de Sinaloa a las condiciones actuales, son las siguientes:

A manera de resumen, la insolvencia económica tiene a la Universidad Autónoma de Sinaloa en la incapacidad para pagar el salario a sus trabajadores, en este momento no se ha podido cubrir la segunda quincena de agosto, y se tendrán los mismos problemas para las quincenas próximas.

La Universidad Autónoma de Sinaloa está demostrando, junto con la comunidad sinaloense, que sí está cambiando y, con mucho, por encima de las demás universidades públicas del país.

La Universidad reconoce que se han cometido errores y está en proceso de solventarlos, sin dejar de indicar, un servidor, que los mismos no fueron sólo responsabilidad de las autoridades actuales que se han empeñado en cambiar la Institución, también fueron responsabilidad de funcionarios estatales, de la propia universidad y federales de otro tiempo.

Es evidente que la universidad ha sido tratada con iniquidad, pero no se trata de enfrentarla contra otras universidades como las de Puebla, Sonora, Veracruzana, Yucatán, Guerrero, y

la lista es larga. La información la tiene debidamente procesada el gobierno federal.

He denunciado en anteriores ocasiones que la ANUIES se venía comportando y, no tengo elementos para decir que no siga así, como un club de amigos que decide clientelarmente, y esto hay que evitarlo, y es responsabilidad de las autoridades de la SEP y de la Secretaría de Hacienda el hacerlo.

Por lo expuesto y fundado, solicito que, mediante el trámite de urgente y obvia resolución, esta honorable cámara, emita el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero.- Que se reconozca por las autoridades federales que la Universidad Autónoma de Sinaloa atraviesa por una transición en la que las autoridades universitarias están contribuyendo a la solución correspondiente para que prevalezca lo académico sobre lo político.

Segundo.- Que las autoridades federales reconozcan la iniquidad con que ha venido siendo tratada la Universidad Autónoma de Sinaloa durante muchos años, recibiendo un subsidio por alumno muy por debajo de la media nacional.

Tercero.- Que las autoridades federales reconozcan que el esfuerzo de la universidad ha sido tan grande y de largo aliento, que en los últimos dos años se ha otorgado la normatividad más completa que nunca se hubiere imaginado, dotándola de una nueva ley orgánica, un nuevo estatuto general y 10 nuevos reglamentos que inciden en su ordenamiento administrativo, de rendición de cuentas, de funcionamiento de sus órganos de gobierno, de tribunal universitario y de personal académico, entre otros.

Cuarto.- Que las secretarías de Hacienda y Crédito Público, y Educación Pública, le ayuden a solventar el problema financiero para concluir el presente año y, a la brevedad, se reconozca lo posible de lo deseable de acuerdo a la respuesta que da la universidad al grupo de trabajo, estableciendo un esquema gradual y de transición a partir de los apoyos del próximo año, inyectándole de manera directa, por lo menos, la diferencia que resulta de aplicar el subsidio que recibe contra la media nacional, que representa la cantidad de 703 millones de pesos.

Quinto.- La diferencia que resulta entre el déficit que arrastra la universidad provocada por la iniquidad en el trato del subsidio por alumno, el déficit de plazas que desde 1993 no ha querido reconocer la Secretaría de Educación Pública -aún cuando sabe claramente que la matrícula se ha incrementado en más de 40 mil alumnos-, los vicios en que se permitió que incurriera la universidad y el saneamiento de su contrato colectivo –cantidad que asciende a 391 millones de pesos aproximadamente–, se trate con la gradualidad del acuerdo planteado por el grupo de trabajo, mismo que deberá resultar a más tardar en el mes de noviembre del presente año.

Sexto.- El Presupuesto de Egresos Federal del año 2008, que se asigne a las instituciones de educación superior se haga bajo criterios que reduzcan las brechas que se vienen dando en los últimos años, tomando en cuenta su matricula, matricula de calidad, oferta educativa, investigación, cobertura, extensión de la cultura y los servicios, y los indicadores académicos establecidos por la Secretaría de Educación Pública.

Dado en el recinto legislativo de San Lázaro, a los 6 días del mes de septiembre de 2007.

Diputado Manuel Cárdenas Fonseca (rúbrica)
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA SHCP A CONSIDERAR EN SU PROPUESTA DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2008 RECURSOS DESTINADOS A GARANTIZAR LA APLICACIÓN DE LA LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA; Y AL EJECUTIVO FEDERAL, A CUMPLIR LOS ARTÍCULOS TRANSITORIOS DE DICHO ORDENAMIENTO, A CARGO DE LA DIPUTADA ELSA DE GUADALUPE CONDE RODRÍGUEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE ALTERNATIVA

La suscrita, integrante del grupo parlamentario de Alternativa en la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo al tenor de los siguientes

Antecedentes

Con fecha 31 de enero del año en curso fue promulgada por el Ejecutivo federal la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, dicha Ley responde a los compromisos firmados por el Estado mexicano en materia de violencia de género y no discriminación. Promueve los derechos fundamentales de las mujeres y crea las condiciones para disfrutar de los derechos humanos y la libertad.

Al promulgar la Ley el titular del Ejecutivo federal externó que la lucha por la equidad de género es un compromiso del gobierno y una responsabilidad de la Presidencia de la República.

Posteriormente, el 8 de marzo, al conmemorar el día Internacional de la Mujer, los tres poderes de la Unión, así como gobernadores y alcaldes firmaron el Acuerdo Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, donde se comprometen a promover acciones afirmativas para fomentar una vida sin violencia ni discriminación y una auténtica cultura para la igualdad.

Los firmantes del acuerdo se comprometieron, entre otras cosas, a establecer un compromiso firme e inequívoco para dar cumplimiento a las leyes y acuerdos internacionales que garanticen una vida libre de violencia, destacando el Ejecutivo que con ello se colaborará en la complementación de políticas públicas transversales encaminadas a defender la integridad, la dignidad y los derechos de todas las mexicanas.

También en ese evento el titular del Ejecutivo federal exhortó a los gobernadores y a los Congresos locales a cumplir la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Además giró instrucciones a la Procuraduría General de la República para que este mismo año duplique el número de casas de atención a víctimas de violencia intrafamiliar. Y por último firmó tres iniciativas para reformar el Código Penal Federal, una para incrementar las penas contra el secuestro, otra para incrementar las penas previstas para castigar la violencia intrafamiliar y una más para establecer cadena perpetua para los secuestradores.

Independientemente de nuestro acuerdo con esas iniciativas, podemos suponer que hay una buena disposición por parte del Ejecutivo federal para apoyar la implantación de la ley; sin embargo, ya han pasado 7 meses desde que se promulgó y hasta el momento no se han cumplido los artículos segundo, cuarto, sexto y octavo transitorios¹ de ésta.

En lo relativo a estos artículos, hasta el momento no se ha emitido el Reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, para lo cual se tenía un plazo de 90 días, que ya se venció el pasado mes de abril.

En el artículo octavo transitorio se menciona que el Ejecutivo federal deberá promover las reformas necesarias para que las legislaciones locales lleven a cabo las adecuaciones legales correspondientes. Será importante escuchar a la titular del Instituto Nacional de las Mujeres para conocer los avances concretos que se tienen en esta materia.

Además del incumplimiento de los artículos transitorios de la ley mencionada, es de extrema importancia señalar que hasta este momento no se han asignado recursos económicos suficientes para implantarla.

El artículo sexto transitorio ya prevé que los recursos para llevar a cabo los programas y la implantación de las acciones que se deriven de la ley se cubrirán con cargo al presupuesto autorizado a las dependencias, entidades y órganos desconcentrados del Ejecutivo federal, Poderes Legislativo y Judicial, órganos autónomos, estados y municipios, para lo cual es necesario que se considere en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el 2008.

Por ello, para que esta asignación de recursos incida en la vida cotidiana de las mujeres que viven situaciones de violencia, y con la finalidad de que las políticas públicas que se deriven de la ley sean efectivas y no se queden en el plano de la demagogia, exhortamos a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a emitir el Presupuesto de Egresos de la Federación con base en las siguientes

Consideraciones

La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia prevé el establecimiento de un Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia en contra de las Mujeres, que incluye la intervención de sectores como salud, educación, seguridad pública, procuración e impartición de justicia a las mujeres violentadas, así como el funcionamiento de servicios de protección a las víctimas directas e indirectas (refugios), sin descontar los servicios de rehabilitación a los victimarios. En conjunto esto implica tejer y desarrollar toda una red de nuevos servicios tanto en la administración federal como en las entidades federativas y en los municipios, sin soslayar el proceso previo de armonización de leyes federales y códigos civiles y penales de los estados, indispensable para poner a punto a las instituciones concernidas en la habilitación de este sistema.

Ésta es sin duda una tarea compleja y de largo alcance que debe realizarse con la debida planeación, tanto en sus diversas etapas de instalación como en cuanto a los recursos necesarios para su puesta en marcha.

Las posibilidades más inmediatas para comenzar la implantación del Sistema se encuentran en el sector salud, en virtud de que es la institución con más larga experiencia en la atención al problema de la violencia intrafamiliar, y que cuenta además con una red hospitalaria funcionando en las principales ciudades del país.

A efecto de dimensionar el tamaño de la tarea, el Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género –cuando todavía contaba con la titularidad en su dirección de la doctora Teresa Incháustegui– (mismo que anexo) presentó un reporte retomando información generada por el Instituto Nacional de Salud Pública y el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva de la Secretaría de Salud.

El propósito de este reporte es ofrecer una estimación muy aproximada de los costos de instalación de este servicio en la red principal del sistema de salud. A efectos de evidenciar su viabilidad y conveniencia presupuestaria; se hace un análisis costo-beneficio y la comparación con el Programa de Estancias Infantiles para Madres Trabajadoras de la Secretaría de Desarrollo Social, que es uno de los programas con más recursos en el Presupuesto federal 2007. Para la realización del estudio mencionado se retomó información de la Dirección General del Programa de Estancias Infantiles de la Sedesol.

Una vez analizados todos los rubros y tomando en cuenta que entre 2005 y 2007 el presupuesto destinado a atender la violencia en contra de las mujeres ha significado una parte muy modesta del total del presupuesto etiquetado para mujeres (ver el cuadro número 1). Se concluye que a partir de la promulgación de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida libre de Violencia, las obligaciones de los gobiernos federal, estatal y municipal se precisan y, por ende, se requiere incrementar sustancialmente los recursos que se deben destinar para su cumplimiento.

El centro concluyó que el costo estimado para la instalación del Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia en contra de las Mujeres es de un mil 332 millones de pesos, que es el costo de instalar en la red hospitalaria principal de la Secretaría de Salud (408 hospitales) los servicios a que obliga la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida libre de Violencia, que beneficiaría a 71 mil 808 mujeres víctimas directas y 150 mil 798 personas indirectas afectadas anuales de la violencia; que en conjunto equivale a atender a aproximadamente 150 mil 798 personas afectadas por el fenómeno, incluyendo a los hijos e hijas de las víctimas (en promedio de dos hijos por mujer atendida). Los recursos mencionados tendrían que otorgarse para este caso específico a la Secretaría de Salud. Asimismo se tendría que llevar a cabo el estudio correspondiente sobre la estimación de los costos de implementar el sistema y destinar recursos a las diferentes entidades gubernamentales, con el fin de que, de acuerdo con sus competencias, apliquen la mencionada ley.

Este cálculo no incluye los costos de los servicios del sistema de justicia ni los de seguridad pública, para los cuales se carece hasta el momento de una estimación de costos, ni los del resto de las instituciones de sector salud como son el ISSSTE y el IMSS, que de acuerdo con la ley citada son parte del Sistema Nacional de Servicios de Atención y Prevención de la Violencia, por lo cual se requeriría efectuar estudios específicos para tener una estimación del costo de estos servicios en las instituciones respectivas.

Por otra parte, habida cuenta que la instalación de este sistema requiere desarrollar protocolos de atención para cada tipo de servicio, además de sensibilizar y capacitar a los diversos agentes y habilitar y adecuar a las diversas instalaciones concernidas, es preferible plantearse metas por etapas, que se vayan consolidando en un plazo de 2 o 3 años. Así como desarrollar reglas de operación para el seguimiento, evaluación y transparencia de estos recursos y hacer las asignaciones y etiquetación correspondiente en los fondos federales que se asignan a las entidades federativas y los municipios.

Por lo antes expuesto, y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que considere en su propuesta de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2008 designar mil 332 millones de pesos a la Secretaría de Salud a fin de instalar en su red hospitalaria principal (408 hospitales) los servicios a que obliga la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida libre de Violencia. Asimismo que lleve a cabo la estimación de los costos y designe los recursos necesarios para que los integrantes del Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia en contra de las Mujeres, conforme a sus competencias, operen dicho ordenamiento.

Segundo. Se exhorta al Poder Ejecutivo a dar cumplimiento a los artículos segundo, cuarto, sexto y octavo transitorios de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

Nota
1 Transitorios
Artículo Segundo. El Ejecutivo federal emitirá el reglamento de la ley dentro de los 90 días siguientes a la entrada en vigor del presente decreto.
Artículo Cuarto. El reglamento del sistema deberá expedirse dentro de los 90 días siguientes a la entrada en vigor del presente decreto.
Artículo Sexto. Los recursos para llevar a cabo los programas y la implementación de las acciones que se deriven de la presente ley se cubrirán con cargo al presupuesto autorizado a las dependencias, entidades y órganos desconcentrados del Ejecutivo federal, Poderes Legislativo y Judicial, órganos autónomos, estados y municipios, para el presente ejercicio fiscal y los subsecuentes, asimismo, no requerirán de estructuras orgánicas adicionales por virtud de los efectos de la misma.
Artículo Octavo. En un marco de coordinación, las legislaturas de los estados, promoverán las reformas necesarias en la legislación local, previstas en las fracciones II y XX del artículo 49, dentro de un término de 6 meses, contados a partir de la entrada en vigor de la presente ley.

Ciudad de México, a 6 de septiembre de 2007.

Diputada Elsa de Guadalupe Conde Rodríguez (rúbrica)
 

Anexo

Nota de opinión técnica

Sobre los costos estimados del Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción, y Erradicación de la Violencia en contra de las Mujeres

La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia prevé el establecimiento de un Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia en contra de las Mujeres, que incluye la intervención de sectores como: salud, educación, seguridad pública, procuración e impartición de justicia a las mujeres violentadas, así como el funcionamiento de servicios de protección a las víctimas directas e indirectas (refugios), sin descontar los servicios de rehabilitación a los victimarios. En conjunto esto implica tejer y desarrollar toda una red de nuevos servicios tanto en la administración federal como en las entidades federativas y en los municipios, sin soslayar el proceso previo de armonización de leyes federales y códigos civiles y penales de los estados, indispensable para poner a punto a las instituciones concernidas en la habilitación de este Sistema.

Es sin duda una tarea compleja y de largo alcance que debe realizarse con la debida planeación tanto en sus diversas etapas de instalación como en cuanto a los recursos necesarios para su puesta en marcha. Para ello, la LX Legislatura de la Cámara de Diputados, a través de las Comisiones de Equidad de Género, de Presupuesto, Salud y Feminicidios, Justicia y Seguridad Pública, requiere emprender un análisis detallado de lo que implica este proceso, tanto en términos de recursos como de sensibilización y capacitación de personal, considerando también los tiempos y etapas en que debiera quedar plenamente instalado dicho sistema, a fin de garantizar la instalación de un servicio como este en todas y cada una de las instituciones donde se debe implantarlo.

Las posibilidades más inmediatas para comenzar la implantación del Sistema se dan en el sector salud, en virtud de que es la institución con más larga experiencia en la atención al problema de la violencia de pareja, y cuenta además con una red hospitalaria funcionando en las principales ciudades del país.

A efecto de dimensionar el tamaño de la tarea, el Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género (CEAMEG) presenta este reporte retomando información generada por el Instituto Nacional de Salud Pública y el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva de la Secretaría de Salud. El propósito es ofrecer una estimación muy aproximada pero útil, de los costos de instalar este servicio en la red principal del sistema de salud. A efecto de evidenciar su viabilidad y conveniencia presupuestaria, se hace una comparación de costo-beneficio con el programa de estancias infantiles para madres trabajadoras de la Sedesol, que es actualmente el programa con más recursos del presupuesto federal destinado a atender a las mujeres. Para ello retomamos información de la Dirección General del Programa de Estancias Infantiles de la Sedesol.

1. El presupuesto dedicado a atender la violencia en contra de las mujeres.

Entre 2005 y 2007 el presupuesto etiquetado destinado a atender la violencia en contra de las mujeres, ha sido una parte muy modesta del total del presupuesto etiquetado y ha fluctuado entre el 8 y el 10 por ciento del total (ver Cuadro No. 1). A partir de la promulgación de la Ley General de Acceso de la Mujeres a una Vida libre de Violencia, cuyo objetivo es garantizar los derechos humanos de las mujeres, las obligaciones de gobiernos federal, estatal y municipal se precisan y por ende se requiere incrementar sustancialmente los recursos que se deben destinar para su cumplimiento.

Cuadro número 1
Gasto del Ejecutivo Federal Etiquetado para Instancias y Programas de Atención a la Violencia en Contra De Las Mujeres, 2005-2007 (millones de pesos)

2. La estimulación de costos para instalar el Sistema de red principal de hospitales de la Secretaría de Salud

La Secretaría de Salud a través del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva, ha realizado algunos ejercicios del posible costo que implicaría para la propia secretaría, el cumplimiento de las obligaciones establecidas por la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

De acuerdo a estas primeras estimaciones basadas en datos del sistema de salud y en la Encuesta de Violencia contra las Mujeres (Envim, 2006) que levanta la propia Secretaría Salud con el INSP, el 33.01 por ciento de las usuarias de servicios de salud públicos a nivel nacional reportan violencia de su pareja (equivalente a 296 mil 258 mujeres)

En términos de costos, las estimaciones parten de considerar el establecimiento de un servicio básico de atención a la violencia familiar y sexual, en al menos los 408 hospitales generales o integrales que existen en el país. Se trataría de un servicio compuesto por personal médico (un médico o médica y un enfermero o enfermera) una trabajadora social o trabajador social y un psicólogo o una psicóloga clínica en tres turnos, para la atención de víctimas. Así como otros dos psicólogos o psicólogas para la atención de los victimarios en terapia de grupo (hasta 300 por servicio) según lo marca la ley.

Se agregan en este costeo, las necesidades de remodelación y/o adaptación de los espacios y la estimación de los insumos médicos para el tratamiento de las víctimas, calculadas a partir de las frecuencias o probabilidad de morbilidad asociados a la violencia, tales como: anticoncepción de emergencia, medicamentos para las profilaxis de ITS, psicofármacos y otros para lesiones. Se incluyeron también los costos de la interrupción legal del embarazo en el número total de embarazos por violaciones anuales, más gastos administrativos para el funcionamiento del servicios, incluyendo los costos para la operación de refugios para mujeres maltratadas y sus hijos.

Se trata como puede observarse, de un servicio básico de atención, bastante decoroso a partir del cual pudiera montarse el sistema en cuestión, agregando y asociándole otras redes de atención como es el caso de los servicios de procuración e impartición de justicia y de seguridad pública.

Considerando datos de la Endireh 2003 y encuestas levantadas por la Secretaría de Salud, el costo de este servicio básico se estimó estimando una demanda de aproximadamente 176 mujeres al año por cada servicio, con un promedio de 10 sesiones de 45 minutos de tratamiento en el caso de las víctimas y hasta 300 victimarios en sesión grupal. Conforme a estos datos el número total de beneficiarios estimados sería de 337 mil 824 personas atendidas (Ver Cuadro número 2) y el costo total estimado de instalación del servicio de 1 mil 332 millones 281 pesos.

Cuadro número 2
Beneficiarios directos e indirectos estimados en el servicio de atención a la violencia en la red principal hospitalaria de la Secretaría de Salud

3. Impactos y beneficios en los hogares de la instalación de este servicio

La instalación de este servicio además de atender los efectos directos de la violencia, implicaría un alivio importante para los hogares de las víctimas de violencia, ya que de acuerdo a datos elaborados por el INSP a partir de registros de la Secretaría de Salud, así como investigación a partir de la Encuesta de Violencia contra las Mujeres de la Ssa en 2006, las mujeres víctimas de la violencia tienen mermas en días de vida saludable (62 mil 486 días por cada 5 por ciento de mujeres víctimas) más pérdidas económicas por 33 mil 712 días (por cada 2.4 por ciento de mujeres) y costos directos de atención a las lesiones producidas por este flagelo, estimadas en 12 millones de pesos anuales (ver Cuadro número 3 y 4).

Según investigaciones del INSP realizadas en 2005, aproximadamente el 5 por ciento de las mujeres víctimas de violencia que llegan al sistema de salud, reportan una pérdida promedio de 4.1 días hábil de trabajo por las secuelas de la violencia. Lo que da un total de 62 mil 486 días hábiles-salario, mismos que a precios de salario mínimo vigente en la Ciudad de México, suman 3 millones 159 mil 917 pesos que es el costo de perdidas económicas indirectas que pagan los hogares que padecen violencia, más 12 millones de pesos adicionales por costos curativos directos (Cuadro No. 3 y 4)

4. Comparación de costo-beneficio de instalar el Sistema de Servicios Básicos en la red principal hospitalaria de la Secretaría de Salud, frente al Programa de Estancias Infantiles para Madres Trabajadoras de Sedesol.

Sin duda uno de los programas más importantes del presupuesto destinado a atender necesidades de las mujeres en el gasto público 2007, es el programa de estancias infantiles para madres trabajadoras de la Sedesol que concentra para este año 1 mil millones de pesos, pero que se pretende incrementar a 2 mil millones en 2008.

Este programa consiste en la instalación de estancias infantiles comunitarias, que se conforman por un equipo de personas, generalmente mujeres, que desean abrir y habilitar un espacio del que disponen en sus domicilios o que arriendan para tal efecto. El objetivo del programa (Acuerdo del 10 de enero 2007 DOF) es facilitar la búsqueda de empleo o mejorar las posibilidades para el trabajo remunerado de madres trabajadoras u hogares uniparentales con jefatura masculina o femenina, en condiciones de alta pobreza y /o marginación¹.

El modelo de financiamiento es tripartita, ya que el apoyo federal es de hasta 700 pesos por niño; la madre o padre del niño o niña aporta el equivalente a 10 por ciento del monto del apoyo federal (70 pesos) que se entrega al proveedor del servicio y éstos últimos asumen los costos de mantenimiento, limpieza y otros que requiera el funcionamiento del servicio, contando con una aportación federal de 35 pesos por niño (ver Acuerdo del 10 de enero 2007 DOF).

Según datos de la Dirección General del Programa de Estancias Infantiles, este programa actualmente beneficia a 23 mil 800 mujeres y 25 mil 800 niños y niñas².

De acuerdo a los datos recabados, los servicios de estas estancias tienen un costo anual global directo de 18 mil 60 pesos por el total de niños, atendidos y si se distribuye este costo por el número de madres atendidas equivalen a 16 mil 718 por cada madre beneficiada. Además hay que considerar que cada madre por cada 1.08 hijos paga 162 pesos mensuales en promedio por cada niño. Lo que significa que cada madre paga un promedio de 8 mil 424 pesos anuales por el servicio (150 pesos por cada 20 días en promedio). Si el servicio lograra llegar a 30 mil madres este año como se tiene previsto, el costo que pagarían en conjunto suma 252 millones 720 mil pesos, que agregados a 1 mil millones de pesos asignados al programa da un total de 1 mil 252 millones 720 mil pesos.

Como se puede observar en el Cuadro No. 5 el costo de instalar en la red hospitalaria principal de la Secretaría de Salud los servicios a que obliga la ley, es similar al gasto ejercido en este año por el Programa de estancias infantiles para madres trabajadoras, pero los beneficios en cambio pueden ser más importantes ya que en total se beneficiaría a 71 mil 808 mujeres víctimas directas anuales de la violencia, que en conjunto equivale a atender a aproximadamente 150 mil 798 personas afectadas por el fenómeno de la violencia, incluyendo a sus hijos e hijas de las víctimas (en promedio de 2 hijos por mujer atendida). Ya que según investigaciones del INSP realizadas en 2005, aproximadamente el 5 por ciento de las mujeres víctimas de violencia que llegan al sistema de salud, reportan una pérdida promedio de 4.1 días hábil de trabajo por las secuelas de violencia.

Asimismo el impacto económico en los hogares puede ser también más importante, no sólo por los rendimientos en la salud física y mental de sus integrantes, sin descontar el efecto favorable en el rendimiento escolar de los niños de estos hogares, sino incluso en términos económicos, como ya ha sido señalado líneas arriba.

El Programa de estancias infantiles para madres trabajadoras –que plantea duplicar sus recursos a 2 mil millones de pesos para el año próximo– actualmente beneficia hasta el momento a 23 mil 800 mujeres y 25 mil 800 niños y niñas³. De acuerdo a los datos recabados, los servicios de estas estancias tienen un costo global directo de 18 mil 60 pesos por el total de niños atendidos y si se distribuye este costo por el número de madres atendidas equivalentes a 16 mil 718 por cada madre beneficiada. Además hay que considerar que cada madre por cada 1.08 hijos paga 162 pesos mensuales en promedio por cada niño, lo que equivale a que cada madre paga un promedio de 8 mil 424 pesos anuales por el servicio (150 pesos por cada 20 días en promedio). Si el servicio lograra llegar a 30 mil madres este año como se tiene previsto, el costo que pagarían en conjunto suma 252 millones 720 mil pesos, que agregados a 1 mil millones de pesos asignados al programa da un total de 1 mil 252 millones 720 mil pesos.

En términos comparativos la habilitación del servicio de atención a la violencia en la red hospitalaria principal de la Secretaría de Salud, representa beneficios tanto o más amplios al conjunto de la familia de las víctimas de la violencia, no sólo por el ahorro de los hogares por concepto de tratamientos médicos particulares requeridos por las mujeres violentadas, que como se señaló líneas adelante implica un costo de 12 millones de pesos anuales, sino por los días de trabajo afectados por la violencia que suman 3 millones 159 mil 917 pesos. En este sentido el impacto benéfico para los hogares del sistema de servicios básicos de atención a la violencia representaría en conjunto 15 millones 159 mil 917 pesos.

Cuadro No. 3

Porcentaje de Usuarias de Servicios de Salud Público que viven en violencia de pareja y reportaron otros efectos de la violencia 2006⁴

Cuadro número 4
Gasto en equidad de género y violencia de pareja
Millones de pesos de 2007

Cuadro número 5
Costos estimados del Sistema de Atención a la Violencia y Costo estimados del Programa de Estancias Infantiles (Sedesol)

5. Conclusión

Si la Cámara lograra que los 1 mil 332 millones de pesos que requiere la instalación del servicio básico en la red principal de hospitales de la Secretaría de Salud, se asignaran y etiquetaran para la instalación del Sistema, esto implicaría incrementar en 4 mil 830 millones el presupuesto etiquetado para atender a las mujeres o para la equidad de género. Lo que significa multiplicar 2.6 veces el presupuesto etiquetado actual.

Este cálculo no incluye los costos de los servicios del sistema de justicia, los de seguridad pública, para los cuales se carece hasta el momento de una estimación de costos, ni los costos del resto de las instituciones de sector salud como son el ISSSTE y el IMSS, que de acuerdo a la ley citada son parte del Sistema Nacional de Servicios de Atención y Prevención de la violencia. Por lo cual requeriría efectuarse estudios específicos para tener una estimación del costo de estos servicios en las instituciones respectivas.

Por otra parte, habida cuenta que la instalación de este sistema requiere desarrollar protocolos de atención para cada tipo de servicio, además de sensibilizar y capacitar a los diversos agentes y habilitar y adecuar a las diversas instalaciones concernidas, es preferible plantearse metas por etapas, que se vayan consolidando en un plazo de 2 o 3 años. Así como desarrollar reglas de operación para el seguimiento, evaluación y transparencia de estos recursos y hacer las asignaciones y poner las etiquetas correspondientes en los fondos federales que se asignan a las entidades federativas y los municipios.

Notas
1) De conformidad a las reglas de operación el espacio preferentemente ubicado en zonas de alta concentración de pobreza o marginación debe ser suficiente para atender 5 o más niños y las responsables demostrar capacidad y experiencia para ofrecer servicios de cuidado infantil, alimentación y actividades lúdicas.
2) Los datos de las beneficiarias y beneficiarios de este programa, se refieren a la semana del 11 a 15 de junio de 2006, ya que semanalmente varían.
3) Los datos de las beneficiarias y beneficiarios de este programa, se refieren a la semana del 11 a 15 de junio de 2006, ya que semanalmente varían.
4) Información proporcionada por el INSP con base a registros de la Ssa resultados de un estudio preliminar sobre costos de la violencia, basado en datos de la Encuesta Nacional sobre Violencia contra la Mujeres del INSP 2006.

Atentamente
Teresa Incháustegui Romero
Directora General del CEAMEG
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE ESTA SOBERANÍA RECONOCE AL CIUDADANO BENITO RICARDO RAMÍREZ ESPÍNDOLA COMO INICIADOR DE LA CONMEMORACIÓN DEL DÍA DE LA BANDERA, A CARGO DEL DIPUTADO OBDULIO ÁVILA MAYO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN

El que suscribe, diputado federal de la LX Legislatura del honorable Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración del Pleno la presente proposición con punto de acuerdo por el que la honorable Cámara de Diputados reconoce al ciudadano Benito Ricardo Ramírez Espíndola como iniciador de la conmemoración del Día de la Bandera, al tenor de los siguientes

Antecedentes

1. En mil novecientos treinta y cinco, durante el mandato del presidente Lázaro Cárdenas del Río, los denominados camisas rojas y otros grupos pretendían sustituir el lábaro patrio por una bandera rojinegra.

Sin embargo, Benito Ricardo Ramírez Espíndola, un ciudadano como cualquier otro, tomó la enseña nacional y, junto con vecinos y parientes, monto una guardia de honor en la vecindad donde habitaba. Ésa fue la primera ocasión en que se le rindió homenaje a la Bandera.

2. En efecto, el 24 de febrero de mil novecientos treinta y cinco, se reunió un grupo de patriotas, vecinos de los barrios de La Merced y Mixcalco, encabezados por el Benito Ricardo Ramírez Espíndola, para rendir homenaje a la Bandera Nacional y desagraviar las irreverencias cometidas contra ella por grupos anarquistas.¹

El mencionado homenaje inició a las seis horas, en el patio del inmueble sito en la calle de Jesús María número noventa y seis, con guardias de honor que fueron alternándose hasta las dieciocho horas. En la misma fecha, Benito Ricardo Ramírez Espíndola decidió integrar un comité para gestionar ante las autoridades de la república la institucionalización del 24 de febrero como Día de la Bandera, creándose así el Comité Nacional pro Día de la Bandera.²

Desde aquél entonces, Ramírez Espíndola escogió ese día, en razón de que en la misma fecha, pero de mil ochocientos veintiuno, al promulgarse el Plan de Iguala, se adoptó y se hizo el primer juramento a la bandera, denominada de las Tres Garantías, antecedente primigenio de nuestro actual lábaro patrio.

4. Desde el veinticuatro de febrero de mil novecientos treinta y siete, se conmemora de manera pública el día de la enseña tricolor ante el monumento del general Vicente Ramón Guerrero Saldaña, mejor conocido como Vicente Guerrero, quien fue el primer militar mexicano que juró bandera, en el célebre Abrazo de Acatempan, el diez de febrero del año mil ochocientos veintiuno.

5. El veinticuatro de diciembre de mil novecientos treinta y ocho, el Comité Nacional pro Día de la Bandera solicitó, por primera vez, al Senado de la República, que el 24 de febrero fuera declarado Día de la Bandera Nacional.

6. El veintidós de febrero de mil novecientos cuarenta, por acuerdo del secretario de Educación Pública, Gonzalo Vázquez Vela, se determinó que a partir de dicha fecha se rendiría a diario homenaje a la bandera y al himno nacional en las escuelas del país.

7. Posteriormente, el 24 de febrero de mil novecientos cuarenta y dos, el Presidente de la República, Manuel Ávila Camacho, acompañado de su gabinete y por Benito Ramírez Espíndola, en su calidad de iniciador de este importante movimiento popular, encabezaron en la Plaza de la Constitución una ceremonia en honor a la Bandera Nacional, y desde entonces se continúa celebrando en toda la República Mexicana.

8. Para conmemorar el primer homenaje público a la Bandera Nacional, el gobierno de la república decretó la emisión de una estampilla postal conmemorativa, emitida el 24 de febrero de mil novecientos ochenta y cinco.

9. En la actualidad, el Comité Nacional pro Día de la Bandera participa activamente en esta celebración, además de proseguir en la búsqueda, ante la Presidencia de la República y el Congreso de la Unión, para que se otorgue al ciudadano Benito Ricardo Ramírez Espíndola el reconocimiento oficial como creador de la iniciativa del Día de la Bandera.

10. A pesar de lo anteriormente expuesto, ninguna instancia gubernamental ha decretado un reconocimiento oficial al ciudadano Benito Ricardo Ramírez Espíndola como iniciador de los festejos a la Bandera Nacional el 24 de febrero de cada año, por lo que someto a su consideración la siguiente proposición con punto de acuerdo, en términos de los siguientes

Considerandos

Primero. Que cada país tiene sus fiestas nacionales en las que conmemora un hecho que le dio su identidad política y territorial actual; verbigracia, Francia conmemora el catorce de julio la toma de la Bastilla o Estados Unidos de Norteamérica celebra el cuatro de julio la adopción de la declaración de independencia.

Empero, estas fechas tienen más valor simbólico que real, ya que no es que en veinticuatro horas se haya transformado la historia, sino que en ese día ocurrió un hecho que expresa el espíritu de un proceso general que resulta de variables económicas, sociales y políticas gestadas a lo largo de los siglos.

Lo mismo pasa con los héroes: no se les puede atribuir todo el mérito de la transformación; sin embargo, encarnan los ideales, las tensiones, los prototipos y las necesidades de una sociedad y de una época. Si no hubiera sido en Dolores, la guerra de Independencia hubiera iniciado en otra parte del país; si Miguel Hidalgo no hubiera llamado al lanzamiento, otro caudillo lo hubiera hecho. Pese a todo esto, celebramos esas fechas, recordamos esos lugares y a esos hombres, porque representan movimientos más grandes que ellos.

Segundo. Que en un primer momento, se institucionalizó el Día de la Bandera a través de la Ley sobre las Características y el uso del Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, de fecha veintitrés de diciembre de mil novecientos sesenta y siete, publicada en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de agosto de mil novecientos sesenta y ocho.

Tercero. Que posteriormente, y durante el sexenio del presidente Miguel de la Madrid Hurtado, se emitió el acuerdo por el que se reafirma y fortalece el culto a los Símbolos Nacionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 24 de febrero de mil novecientos ochenta y tres, cuyo Artículo Tercero establecía a la letra lo siguiente:

En el mismo tenor, se suscribe el artículo 18 de la Ley en la materia, ya que de su contenido se confirma el 24 de febrero como día oficial para la celebración del Día de la Bandera, fecha en la que en las instituciones de las dependencias y entidades civiles de la Administración Pública Federal, de los gobiernos de los estados y de los municipios se rendirán honores a la misma, con carácter obligatorio, independientemente del izamiento del lábaro patrio.

Quinto. Que con fundamento en el artículo 9 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, el 24 de febrero se deben transmitir programas especiales de radio y televisión, destinados a difundir la historia y significación de la Bandera Nacional.

Sexto. Que el ciudadano Benito Ricardo Ramírez Espíndola (1935-1984) nació el tres de abril del años mil novecientos, en la casa número cuatro del Callejón de Ixpantenco, en el Pueblo de los Reyes, delegación Coyoacán, Distrito Federal.

Estudió hasta el cuarto grado de la enseñanza primaria y de mil novecientos veintiocho a mil novecientos sesenta y siete trabajo en el Banco Nacional de México, sucursal Merced.

Falleció el día veinticuatro de junio de mil novecientos ochenta y cuatro a la edad de ochenta y cuatro años. Sus restos descansan en el Panteón Dolores, en el lote del Cuerpo de Defensores de la República.

Séptimo. Que el memorial entregado al suscrito por el ciudadano Rafael de J. Ramírez Bejarano, presidente del Comité Nacional pro Día de la Bandera, sirve como medio de convicción para acreditar que durante los años posteriores al primer homenaje y hasta su muerte, el ciudadano Benito Ricardo Ramírez Espíndola continúo promoviendo la celebración y reconocimiento público de nuestro lábaro patrio, mediante la organización de actos cívicos, publicación de artículos y manifestaciones diversas.

En efecto, el Comité Nacional pro Día de la Bandera, con diversos documentos hemerográficos, comprueba y confirma los esfuerzos y las múltiples gestiones realizadas por el ciudadano Benito Ricardo Ramírez Espíndola ante las autoridades gubernamentales para instituir la conmemoración del Día de la Bandera.

Octavo. Que el ciudadano Benito Ricardo Ramírez Espíndola reunió, el 24 de febrero de mil novecientos treinta y cinco, a un compacto grupo de catorce personas y con ellos efectúo, en su domicilio particular, una guardia de honor a la Bandera, primera de la ya larga serie de ceremonias que desde entonces se celebran anualmente, cada vez con mayor esplendor.

Ramírez Espíndola organizaba las ceremonias en su propio domicilio, en la vivienda número ocho de Jesús María noventa y seis y, desde entonces, trabajó incansablemente en lo que fue su proyecto vital: instituir y fomentar esa celebración para rescatar a la bandera nacional de una especie de olvido o indiferencia que la mantenía ausente de las grandes celebraciones nacionales.

A partir de esa fecha, y como Presidente del Comité Nacional pro Día de la Bandera, participó hasta su muerte en los actos solemnes que cada año se rendían en honor a nuestra insignia nacional, sin que al momento se le haya otorgado algún reconocimiento oficial como impulsor del Día de la Bandera.

Noveno. Que en mil novecientos treinta y siete, el ciudadano Benito Ricardo Ramírez Espíndola organizó en el Pueblo de los Reyes, Coyoacán, el primer Comité Nacional pro Día de la Bandera, para hacer efectivo el compromiso de participar activamente en esta celebración.

Décimo. Que en un principio, las autoridades se negaron a apoyar dicha iniciativa, y mientras el reconocimiento oficial de la conmemoración no llegaba, Ramírez Espíndola y su grupo seguían montando guardias en su vecindad cada 24 de febrero.

Al iniciarse el mandato del general Manuel Ávila Camacho, las gestiones de Ramírez Espíndola prosperaron. En un comienzo, se le otorgó permiso al Comité Nacional pro Día de la Bandera para que aquellos civiles montaran su guardia, pero ya no en la vecindad de Jesús María, sino al pie del monumento a Vicente Guerrero, en el Jardín de San Fernando.

Posteriormente, el 24 de febrero de mil novecientos cuarenta y dos, el presidente Manuel Ávila Camacho decretó oficialmente que esa fecha quedaría establecida como el Día de la Bandera, para lo cual aceptó que don Benito Ricardo Ramírez Espíndola y su comité lo acompañaran a izar el lábaro patrio en el asta monumental de la Plaza de la Constitución.

No es óbice señalar que aquella fecha fue un día grande e inolvidable para aquél civil esforzado, que después de siete años de iniciadas las gestiones para que esa conmemoración fuera reconocida oficialmente, veía realizado su ideal.

Al año siguiente, la ceremonia adquirió ya su carácter militar, al celebrarse los honores a la Bandera en el Campo Marte. Y por la tarde, se llevaron a cabo en el Zócalo capitalino diversas verbenas populares y veladas literarias en el Palacio de Bellas Artes.

Undécimo. Que desde que se institucionalizó la ceremonia, Ramírez Espíndola la encabezaba en la Plaza de la Constitución, pronunciaba el discurso y alternaba con el Presidente de la República, el Secretario de la Defensa Nacional y otras altas autoridades que asistían a esos actos.

En sus últimos años de vida, aunque seguía participando sin menguar su devoción y entusiasmo, pasó a ocupar un lugar más modesto en esta ya tradicional celebración.

Duodécimo. Que ciertamente fue un puñado de civiles quienes lanzaron la iniciativa para instituir en México el Día de la Bandera, encabezados por el ciudadano Benito Ricardo Ramírez Espíndola, oriundo de Coyoacán, y modesto empleado bancario, quien en los preparativos del cincuenta aniversario de esta celebración cívica señaló que:

Decimotercero. Que en la investigación: La bandera, símbolo vivo, realizada por la Universidad Nacional Autónoma de México, y publicada en la Gaceta UNAM, número 3,612, de fecha 24 de febrero de dos mil tres, diversos especialistas trataron el tema del origen oficial y popular del día del lábaro patrio y la historia de sus cambios, de cuyo contenido resulta importante destacar que:

Así las cosas, resulta procedente que esta representación nacional reconozca a Benito Ricardo Ramírez Espíndola, quien con su esfuerzo y dedicación contribuyo a que en todo el país se lleven a cabo ceremonias conmemorando el Día de la Bandera, inspiradas en las que él modestamente organizaba.

Decimoquinto. Que gracias al empeño de este ilustre coyoacanense, la propuesta de celebrar el Día de la Bandera se consagra, hasta nuestros días, como el motor de uno de los movimientos cívicos y sociales más importantes de nuestro país.

Es por ello que, en el marco de los preparativos de los festejos del Bicentenario del inicio de la Independencia de México y del Centenario de la Revolución Mexicana, que se celebrarán, respectivamente, en septiembre y en noviembre de 2010, resulta prudente efectuar un reconocimiento oficial al ciudadano Benito Ricardo Ramírez Espíndola, como impulsor del establecimiento de un día para conmemorar a la Bandera, pues gracias a esa iniciativa, hoy en día, la enseña tricolor es un símbolo de nacionalidad, identidad y patriotismo.

En este orden de ideas, someto a consideración de esta honorable Cámara de Diputados el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. La honorable Cámara de Diputados reconoce al ciudadano Benito Ricardo Ramírez Espíndola como iniciador de la conmemoración del Día de la Bandera.

Segundo. Dése lectura a la efeméride del ciudadano Benito Ricardo Ramírez Espíndola, el 24 de febrero de 2008, en reconocimiento a su iniciativa para la conmemoración del Día de la Bandera.

Notas
1 Servicio Postal Mexicano. Ficha técnica: Emisión del timbre postal conmemorativo del 50 aniversario del primer homenaje público a la Bandera Mexicana, México, 1985.
2 Ibídem.
3 Entrevista publicada en el artículo: El 24 de febrero de 1035 se lanzó la iniciativa del Día de la Bandera, en la revista Comercio, editada por la Cámara Nacional de Comercio en la Ciudad de México, volumen XXV, número 300, febrero de 1985.
4 Oficio número DFC/623/2005, de fecha 25 de octubre de 2005, suscrito por el ciudadano Miguel García Flores, director de Fomento Cívico de la Secretaría de Gobernación.

Presentada en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los seis días del mes de septiembre del año 2007.

Diputado Obdulio Ávila Mayo (rúbrica)
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA SHCP, A LA SCT Y A CAPUFE A RESPETAR EL ACUERDO SUSCRITO CON LOS DIPUTADOS FEDERALES DE GUERRERO PARA MANTENER EL DESCUENTO DE 20 POR CIENTO EN EL COBRO DE LA AUTOPISTA DEL SOL, A CARGO DEL DIPUTADO JESÚS EVODIO VELÁZQUEZ AGUIRRE, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD

El suscrito, diputado federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LX Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite presentar ante esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El 5 de octubre del año pasado esta honorable asamblea tuvo a bien aprobar el punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución, que el suscrito presentó para exhortar a los titulares de las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, y de Comunicaciones y Transportes, y al de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (Capufe) a concluir, con la mayor brevedad, el mantenimiento pertinente en la carretera Cuernavaca-Acapulco, con el propósito de que opere en condiciones seguras y convenientes para los usuarios, así como para que se realicen los estudios técnicos que permitan reducir el peaje de la carretera Cuernavaca-Acapulco en tanto no se haya concluido el proceso de reparación.

En este contexto, los diputados federales de Guerrero y las autoridades señaladas suscribieron una minuta de acuerdos, donde establecieron que hasta, en tanto, no quedarán completamente concluidas las obras de reparación y rehabilitación de la Autopista del Sol, en el tramo Cuernavaca-Acapulco, se aplicaría un descuento del 20.0 por ciento en el cobro del peaje.

Sin embargo, este fin de semana la Secretaría de Comunicaciones y Transportes eliminó el descuento del 20.0 por ciento e incrementó la tarifa en 6.0 por ciento, lo cual es plenamente contrario al acuerdo comentado, más aún si se considera que el estado de la Autopista del Sol continúa siendo un riesgo para los usuarios que tienen que sortear con el mal estado de esta vía de comunicación.

Cabe observar, que el peaje resulta sumamente elevado, ahora con un cobro de 522 pesos, pero de manera fundamental no se han reparado tramos que presentan derrumbes y deslaves, por lo que el riesgo de pérdidas de vida de usuarios se mantiene latente, en una carretera que es la vía del flujo vehicular de uno de los destinos turísticos más importantes de México, Acapulco, Guerrero.

Asimismo, se tiene conocimiento que, en fecha próxima, personal de la Auditoria Superior de la Federación visitará el estado de Guerrero, en el marco del programa de auditorías y visitas, donde se debe indicar la falta la falta de transparencia con que han sido manejados los recursos financieros asignados por esta honorable asamblea para el ejercicio fiscal de 2005, hasta por mil 200 millones de pesos para reparaciones y rehabilitación de la Autopista del Sol, y que han sido objeto de señalamiento de actos de corrupción y mal manejo por parte de la empresa concesionaria Gutsa.

De lo anterior resulta la conveniencia de solicitar a la Auditoría Superior de la Federación que lleve a cabo una revisión excepcional del uso y destino de tales recursos, las licitaciones y demás actos relacionados.

Ante tal estado de la Autopista del Sol y la no inclusión de recursos al puerto de Acapulco dentro del Programa Estratégico de Promoción Turística, ese municipio enfrenta un grave deterioro, en términos de que no recibe los apoyos necesarios como otros destinos turísticos, por ejemplo, Cancún, Vallarta y otros, por lo cual es oportuno hacer un llamado al gobierno federal para que ponga atención en Acapulco, que hoy por hoy se mantiene como la principal oferta turística nacional y ventana internacional de flujo de visitantes.

Por lo antes expuesto, diputadas y diputados, me permito someter a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a los titulares de las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, y de Comunicaciones y Transportes, así como al de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos a respetar el acuerdo suscrito con los diputados federales del estado de Guerrero para mantener el descuento del 20.0 por ciento del cobro en la Autopista del Sol hasta en tanto se terminen los trabajos de rehabilitación.

Diputado Jesús Evodio Velázquez Aguirre (rúbrica)
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A NO PERMITIR EL INGRESO DE MILITARES Y ASESORES EXTRANJEROS EN TERRITORIO NACIONAL, A CARGO DEL DIPUTADO ROBERTO BADILLO MARTÍNEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI

El suscrito, diputado federal del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, Roberto Badillo Martínez, integrante de la LX Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo, de urgente u obvia resolución, bajo las siguientes

Consideraciones

Históricamente patriotismo y entreguismo han convivido y luchado a través de todos los gobiernos mexicanos de cualquier ideología, ya sean de centro, de derecha o de izquierda, republicanos o monárquicos.

Los patriotas, apoyados en nuestra historia, luchan por México y sus causas populares en todas las reuniones de gabinete, en foros y organizaciones nacionales, continentales y mundiales.

El entreguismo y el patriotismo se enfrentaron en los últimos cuatro gabinetes ministeriales de los gobiernos de la ya desgastada revolución mexicana, y en el primer gabinete del cambio (2000-2006) al que ya la historia, a sólo unos meses de su terminación, está calificando como el más inepto y despilfarrador que ha tenido México.

El entreguismo y el patriotismo se están enfrentando hoy en la Secretaria de Relaciones Exteriores y en todas las dependencias del Ejecutivo. Hoy los entreguistas se escudan tras la globalización y, para conservar el cargo y seguir ascendiendo en la administración pública o en la diplomacia, son capaces de servir, de sonreír y de doblegarse sin tomar en cuenta la historia del país.

Como presidente del jurado calificador de un curso de seguridad nacional en el Colegio de Defensa, observé en el personal de la Secretaría de Relaciones Exteriores, que hasta en un grupo de tres cursantes se manifiesta la lucha entre globalizadores, entreguistas y patriotas.

Los globalizadores están para decir sí a todo lo que viene del exterior, sin tomar en cuenta la situación privilegiada desde el punto de vista geoestratégico de nuestro país:

Con el mayor mercado del mundo al norte, y contacto directo con los casi 500 millones de habitantes del Caribe, Centro y Sudamérica. Con el Atlántico como vía de comunicación con los países de Europa y la cuenca del Mediterráneo al este, y con el Pacífico comunicándonos con el área de mayor crecimiento económico en la actualidad, la cuenca del Pacífico.

Esa situación geopolítica nos permite estructurar una política internacional seria, de larga permanencia, patriótica, independiente y soberana respecto a cualquier potencia.

¿Cuántos países, de cualquier parte del mundo, desearían esa inigualable situación geopolítica?

Lo expresado anteriormente es el preámbulo para referirme a un tema trascendental para la soberanía de la nación.

Me refiero a la posible aplicación en nuestro territorio de una estrategia conjunta de lucha antidrogas entre México y Estados Unidos, denominada Plan México. Llamada así por analogía con el Plan Colombia, cuyos alcances y contenido nos resultan hasta ahora desconocidos, teniendo como única información al respecto las declaraciones vertidas por el ciudadano presidente de la república, la Secretaria de Relaciones Exteriores y el Procurador General de la República; así como innumerables artículos periodísticos que han tratado el tema, e incluso, por declaraciones del propio presidente de los Estados Unidos, George Bush, quién dijo "esta operación conjunta, tiene por objeto, enfrentar un problema común que es el narcotráfico y la violencia en nuestra frontera". Agregando que, "no habrá soldados estadounidenses en suelo mexicano". Este señalamiento fue secundado por el presidente Felipe Calderón.

Sobre los montos de la ayuda estadounidense, el presidente Bush señaló que "el paquete cuando esté desarrollado, será suficientemente robusto como para alcanzar un objetivo común, que es menos violencia en ambos lados de la frontera y enfrentar al narcotráfico". Ningún paquete, por muy robusto que sea, terminará con éxito si antes los Estados Unidos no bajan su enorme consumo de drogas. Millones de norteamericanos perderían la razón si no tienen su consumo diario.

El argumento del presidente Calderón es que "el narcotráfico y la violencia en la frontera entre Estados Unidos y México, no pueden ser enfrentados de manera aislada".

Por otro lado, la Secretaría de Relaciones Exteriores declaró y admitió, ante un diario de circulación nacional cuya información fue publicada el pasado 20 de agosto, que en este momento está en la mesa de negociación un monto de entre 800 y mil millones de dólares para asistencia militar.

Quiero enfatizar que México no es Colombia.

El Plan Colombia surgió por la desesperación de una nación sumergida en la violencia provocada por cuatro vertientes:

Y por la ambición de otro desesperado Estados Unidos que siempre está a la expectativa de intervenir.

En nuestro país, particularmente durante el sexenio pasado, se han acrecentado los índices delictivos en toda la nación. Esto se debe, en gran medida, a la deficiente capacidad de las fuerzas policíacas para implementar estrategias y políticas adecuadas en este rubro. Se estima que con una adecuada organización y coordinación entre las fuerzas federales y las corporaciones estatales y municipales, se puede, de manera conjunta, enfrentar este problema con mejores resultados. Hay que recalcar que las fuerzas armadas, que sólo están como coadyuvantes, destruyen o aseguran más del 80 por ciento de los enervantes al año.

Con base en lo anterior, se puede asegurar que no es necesario para erradicar este problema, ningún tipo de acuerdo con Estados Unidos, que no sea de cooperación y coordinación y no como se está negociando.

Una compañía con sede en Estados Unidos, que presta servicios a diversas agencias y al Departamento de Defensa de ese país, está ya solicitando personal para ocupar puestos técnicos en centros de operaciones de vigilancia aérea en diversos lugares de Veracruz, con experiencia militar mínima de tres años, que sepa manejar vehículos aéreos no tripulados, y con experiencia en helicópteros y aviones. (Estos vehículos aéreos no tripulados, cuentan con cámaras de visión nocturna y envío de imágenes en tiempo real). El personal debe contar, según la misma compañía, con experiencia internacional en programas de seguridad en Centroamérica y Sudamérica.

Como podemos ver, esto vulnera nuestra soberanía y afecta a nuestras fuerzas armadas, que ya tuvieron agravios desde el momento en que a unidades completas (miles de militares) les cambiaron el uniforme para hacerlos policías, y los pusieron bajo las órdenes de civiles. Cuando al único civil al que deben obediencia es a su comandante supremo, el presidente de la república.

El establecimiento de estos centros en lugares de Veracruz, sería una falta de respeto y desprecio a la historia de México y de Veracruz. En efecto, Veracruz ha luchado contra los invasores más que ninguna otra entidad federativa. Ha tenido miles de bajas de civiles, militares y marinos, que han dado su vida para preservar y mantener la libertad de todos los mexicanos, bajo las balas del invasor norteamericano. El puerto ha resistido y por ello ha sido catalogado como heroico por el congreso veracruzano en varias ocasiones.

Además, su territorio vio el nacimiento de dos instituciones heroicas y gloriosas: el Colegio Militar que vio su primera luz en Perote, y la Escuela Naval, que lo hizo en el puerto de Veracruz.

En efecto, a los entreguistas globalizadores no les interesa la historia de su país. En este mismo recinto, a mi espalda, se encuentra escrito en letras de oro, conmemorando el hecho histórico más importante de la defensa de nuestra soberanía, la frase: a los defensores de Veracruz y ahora los entreguistas y globalizadores quieren ubicar en ese estado a militares o mercenarios que vienen a hoyar nuestra soberanía. Militares disfrazados de civiles; (exactamente eso son los mercenarios contratados por el Pentágono o por agencias del gobierno de Estados Unidos); no es posible que los entreguistas globalizadores no conozcan las compañías al servicio del Pentágono, cuyos beneficiarios son conocidos personajes del gobierno de Estados Unidos y que actúan en todo el mundo.

Respeten las decisiones de anteriores diputados que escribieron en letras de oro en este recinto, en homenaje al heroico Colegio Militar y a la heroica Escuela Naval Militar, cuyos jóvenes cayeron combatiendo al invasor norteamericano. Contraten historiadores patriotas, para que no cometan errores que los pondrán en lo más negro de nuestra historia.

Existen problemas de seguridad, de narcotráfico y otros muchos de muy diversa naturaleza, entre México y Estados Unidos. Pues bien, que haya cooperación, más no humillación a nuestro país; que haya coordinación, mas no entrega de nuestra soberanía. No queremos soldados norteamericanos en nuestro territorio. No queremos militares norteamericanos disfrazados de civiles en nuestro país, ni tampoco mercenarios norteamericanos, sean civiles o militares, enviados por el Pentágono a nuestro territorio. Tampoco asesores de ese país en México. Este tipo de actividades las está realizando Estados Unidos en Iraq, Afganistán y otros países del mundo, mediante contratos multimillonarios que sólo benefician a personas del gobierno norteamericano.

No queremos ninguna cooperación que no sea pagada por el gobierno mexicano. El armamento de todo tipo debe ser pagado. Vehículos de tierra, helicópteros, aviones y material de comunicaciones, deben ser pagados. Asesorías y adiestramiento a policías, militares o civiles mexicanos deben ser pagados. No queremos deberle nada a quienes nos arrebataron más de la mitad de nuestro territorio; y por cierto, que de ese despojo derivan muchos de los problemas que tienen ahora los dos países. Por ello también equipos de tierra, mar y aire y sus comunicaciones, deben ser pagados y manejados por mexicanos.

No queremos militares extranjeros, ni militares disfrazados de civiles, ni civiles mercenarios o asesores, bajo ninguna circunstancia actuando en territorio mexicano.

Repito, sería otro agravio a nuestras fuerzas armadas.

La negociación debe ser abierta y el Senado de la república debe participar actuando en defensa de la soberanía de la nación.

Por lo anteriormente expuesto me permito presentar a esta honorable asamblea, el siguiente

Punto de Acuerdo

De urgente u obvia resolución.

Único. Por el que se exhorta al ciudadano presidente de la república a no poner en riesgo la soberanía nacional, al permitir el ingreso de militares y asesores extranjeros, o a civiles contratados por el gobierno de Estados Unidos a nuestro territorio, por la posible puesta en marcha del denominado Plan México.

Palacio Legislativo de San Lázaro, septiembre 6 de 2007.

Diputado Roberto Badillo Martínez (rúbrica)
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE SALUD A REVISAR LA NOM-072-SSA1-1993, SOBRE EL ETIQUETADO DE MEDICAMENTOS, A CARGO DEL DIPUTADO JOSÉ GILDARDO GUERRERO TORRES, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN

José Gildardo Guerrero Torres, diputado federal a la LX Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos, 58, 60 y demás relativos y aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

En los Estados Unidos Mexicanos, de acuerdo con las estadísticas publicadas por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, resultantes de la aplicación del XII Censo de Población y Vivienda realizado en el año 2000, 1 millón 795 mil 300 habitantes, padecían algún tipo de discapacidad, de los cuales el 26 por ciento, es decir, aproximadamente medio millón, sufren una discapacidad de tipo visual.

Con fundamento en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Ley General de Salud, y la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, el presidente del Comité Consultivo Nacional de Normalización y Fomento Sanitario, expidió la Norma Oficial Mexicana NOM-072-SSA1-1993 referente al etiquetado de medicamentos, misma que sería publicada el 10 de abril del año 2000 en el Diario Oficial de la Federación.

La referida norma oficial mexicana, de observancia obligatoria para todas las fábricas y laboratorios que procesan medicamentos o productos biológicos para uso humano, fue resultado del consenso de un gran número de actores involucrados, como la Secretaría de Salud, la Dirección de Insumos para la Salud, la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica, el Instituto Mexicano del Seguro Social y un gran número de laboratorios y centros de estudio, siendo su objetivo primordial el de establecer los requisitos que debería contener el etiquetado de los medicamentos de origen nacional o extranjero que se comercializan en el territorio nacional, así como el de las muestras médicas.

Siendo en los numerales 5.1. y 5.2. de este instrumento, en los cuales se establecieron los requisitos para la inserción de las denominaciones distintiva y genérica respectivamente, sin que en estos se consideraran e incluyeran sistemas, que permitieran a personas con discapacidad visual, identificar con facilidad sus medicamentos prescritos.

Por lo anterior, consciente de la importancia de la inclusión de más de medio millón de personas con discapacidad visual que viven en México, y en la búsqueda de su independencia, el que suscribe no puede permanecer incólume por lo que somete a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo.

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Secretaría de Salud, a revisar la Norma Oficial Mexicana NOM-072-SSA1-1993 para adicionar como requisito del etiquetado de medicamentos, incluir su denominación distintiva y genérica en sistema braille.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el día 6 de septiembre de 2007.

Diputado José Gildardo Guerrero Torres (rúbrica)
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA ASF A FISCALIZAR LOS FONDOS ECONÓMICOS QUE APLICARON LOS GOBIERNOS FEDERAL Y ESTATAL RESPONSABLES DE LA RECONSTRUCCIÓN EN CHIAPAS A CONSECUENCIA DEL HURACÁN STAN EN OCTUBRE DE 2005, A CARGO DEL DIPUTADO FERNEL ARTURO GÁLVEZ RODRÍGUEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD

Las responsabilidades de cada representante popular es alta, y callar sería igual que mentir. No podemos cerrar los ojos y hacer oídos sordos ante el reclamo de tantos ciudadanos a lo largo de la geografía chiapaneca, 41 municipios afectados de la costa a la sierra, de la sierra a la frontera y de la frontera a la Fraylesca.

Es penoso saber que no concluyeron la reconstrucción como lo prometieron los gobiernos de Vicente Fox y de Pablo Salazar, pero es más triste escuchar los reclamos de nuestra gente, pero muy grave sería que el servidor de ustedes, diputado por el VII distrito federal con cabecera en Tonalá, no levante la voz, como siempre se ha caracterizado, para defender la justicia y la razón.

El gobierno del estado y el federal nunca se pusieron de acuerdo: anunciaron la inversión de 8 mil 500 millones de pesos, 10 mil 500 millones de pesos y 11 mil 500 millones de pesos. La realidad la sabremos después de los resultados de una auditoría.

En cada acto, en cada hecho y en cada obra tendrán que cumplirse las leyes establecidas, como la de obras públicas, desde su licitación hasta la ejecución y culminación de las obras y de buena calidad. De lo contrario, cada cual será responsable de sus propios actos. Si hay malversación de fondos en el rubro en mención, que se castigue a los culpables.

Por lo dicho propongo:

Único. La honorable Cámara de Diputados de la LX Legislatura exhorta a la Auditoría Superior de la Federación a auditar los fondos económicos que aplicaron los gobiernos federal y estatal en turno responsables de la reconstrucción en Chiapas a consecuencia del huracán Stan en octubre de 2005.

Diputado Fernel Arturo Gálvez Rodríguez (rúbrica)
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A REALIZAR MEDIANTE LA SEGOB LA DECLARATORIA DE EMERGENCIA PARA LOS MUNICIPIOS DE LÁZARO CÁRDENAS Y DEL BAJÍO EN MICHOACÁN AFECTADOS POR LA TORMENTA TROPICAL HENRIETTE, A CARGO DEL DIPUTADO JOSÉ ASCENSIÓN ORIHUELA BÁRCENAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI

Los que suscribimos, diputados José Ascención Orihuela Bárcenas y Juan Carlos Velasco Pérez, de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión e integrantes de la coordinación de Michoacán del Grupo Parlamentario del PRI, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración de este Pleno, para su urgente y obvia resolución, proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Actualmente el cambio climático que vive el mundo ha empezado a afectar severamente a la humanidad. Los desastres naturales son cada vez mayores, y nuestro país ha sido víctima constante de estos fenómenos.

Además de lo anterior, dichos desastres han afectado principalmente zonas de alta marginalidad.

La geografía de México, los fenómenos hidrometeorológicos y las condiciones de vida nos hacen más vulnerables. Millones de personas viven en áreas de alto riesgo, como cauces de ríos, laderas montañosas, zonas volcánicas y costeras.

En el caso de mi estado, Michoacán, el paso de la tormenta tropical Henriette, el lunes 3 de septiembre, que trajo consigo abundantes lluvias, ha afectado severamente la región de Lázaro Cárdenas y la montaña, y provocó el desbordamiento del Río Acalpican, al superar un borde de protección de 400 metros que había sido levantado por la Comisión Nacional del Agua, dañando grandes extensiones de terrenos de cultivo de maíz, sorgo, coco, plátano y mango aún no cuantificables. Los productores afectados son alrededor de 2 mil 500.

Además, el fenómeno meteorológico dañó el patrimonio de más de cincuenta familias y vías de comunicación, como la caída del puente Petacalco-El Huaricho, tramo Lázaro Cárdenas a Feliciano, kilómetro 293+800, a 11 kilómetros de la zona urbana del Puerto de Lázaro Cárdenas. Asimismo, los tramos carreteros La Mira-Arteaga y Guacamayas-La Villita, sufrieron derrumbes.

En el bajío del estado, la afectación por la tormenta tropical Henriette es de 9 mil 950 hectáreas inundadas, y los municipios afectados son José Sixto Verduzco, Angamacutiro, Numarán, Penjamillo, Villa Jiménez, Vista Hermosa, Zacapu, Puruandiro, Tanhuato y La Piedad, que comprenden 125 localidades de esta zona.

El Ejército Mexicano, la Secretaría de Marina y Protección Civil del municipio y del estado han comenzado a brindar apoyo a la población, pero es necesario liberar recursos inmediatos del Fonden para los habitantes de esa región, de acuerdo con el artículo 10 de la Ley General de Protección Civil, que establece que el "objetivo del Sistema Nacional de Protección Civil, es el de proteger a la persona y a la sociedad ante la eventualidad de un desastre, provocado por agentes naturales o humanos, a través de acciones que reduzcan o eliminen la pérdida de vidas, la afectación de la planta productiva, la destrucción de bienes materiales, el daño a la naturaleza y la interrupción de las funciones esenciales de la sociedad, así como el de procurar la recuperación de la población y su entorno a las condiciones de vida que tenían antes del desastre".

Por todo lo anterior, se pone a la consideración del Pleno, de urgente y obvia resolución, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Que se exhorte al titular del Ejecutivo federal a instruir a la Secretaría de Gobernación para que realice la declaratoria de emergencia del municipio de Lázaro Cárdenas, así como para los municipios del bajío de Michoacán, afectados por las inundaciones y desastres que dejó la tormenta tropical Henriette, de acuerdo con el párrafo segundo del artículo 33 de la Ley General de Protección Civil, la cual la faculta de manera urgente, para poder emitir la declaratoria y, una vez realizada, Gobernación deberá erogar, con cargo al fondo revolvente asignado, los montos que a juicio de dicha secretaría se consideren suficientes para atenuar los efectos del posible desastre, así como para responder en forma inmediata a las necesidades urgentes generadas por el mismo.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, México, DF, a 4 de septiembre de 2007.

Diputados: José Ascención Orihuela Bárcenas, Juan Carlos Velasco Pérez (rúbricas).
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL GOBIERNO FEDERAL A INSTAURAR MEDIANTE LA SEDENA Y EN COORDINACIÓN CON LAS ADMINISTRACIONES ESTATALES UNA BANDERA NACIONAL MONUMENTAL EN LAS CAPITALES DE LOS ESTADOS, A CARGO DEL DIPUTADO LUIS FERNANDO RODRÍGUEZ AHUMADA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN

El suscrito, diputado federal, Luis Fernando Rodríguez Ahumada, miembro del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LX Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 60 del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presento a esta honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, una proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La identificación como pueblo y como nación, proviene de nuestra historia, de nuestras luchas, de nuestros sacrificios, pasados y presentes, de unificarnos como un pueblo libre y soberano. Así, a lo largo de nuestra historia, la necesidad de constituirnos como un país republicano y democrático, hizo que los mexicanos adoptáramos símbolos que nos identifican y nos unen. De entre ellos, la bandera nacional puede considerarse el símbolo por excelencia de la unidad y la soberanía nacional.

En 1810, el pueblo se levantó en armas acaudillado por Miguel Hidalgo, quien tomó de la iglesia de Atotonilco un lienzo con la imagen de la virgen de Guadalupe, el cual se convirtió en la bandera del sentimiento libertador, misma que se constituye, como el origen de nuestro actual lábaro patrio.

Más adelante, otro sacerdote, cercano a la realidad social prevaleciente, José María Morelos y Pavón, daría a nuestro país la primera constitución, la proclamación de nuestra independencia y la ideología que cimentó las bases para el crecimiento político de nuestro país. Morelos también se acompañó de una bandera, la cual según su pensar reflejaba el espíritu nacional de libertad.

Y a lo largo de nuestro periodo independiente, diversas banderas fueron izadas en nuestro país, reflejo de esa búsqueda de identificación nacional.

Nuestra bandera nacional es un orgullo para todos los mexicanos, va en nuestra sangre, en nuestro sentir. Es reflejo de nuestro nacionalismo. Por ello, es importante que este símbolo patrio ondee en nuestros suelos, para así, seguir dirigiéndonos bajo la orientación soberana, republicana e independista que lo caracterizan.

Por ello, es muy positivo que en los últimos años se hayan instalado algunas banderas monumentales en ciertos puntos de la república y es precisamente el motivo de este punto de acuerdo, impulsar la instalación de megabanderas en todo el territorio nacional, que lejos de representar un gasto innecesario ante tantas carencias sociales de nuestro país, sea ello visto, como una inversión para consolidar el sentimiento nacional que siempre nos debe acompañar a todos los mexicanos.

Por lo anteriormente expuesto presento ante esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta al gobierno federal, a través de la Secretaría de la Defensa Nacional, para que en cooperación con los gobiernos de los estados, instaure una Bandera Nacional Monumental, en cada capital de los estados de la república, donde no exista alguna.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de septiembre de 2007.

Diputado Luis Fernando Rodríguez Ahumada (rúbrica)
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A REVISAR MEDIANTE LA SAGARPA Y EL PROGRAMA OPORTUNIDADES LAS NOM 002 Y 039, RELATIVAS A LA PESCA DE CAMARÓN Y DE JAIBA, A CARGO DEL DIPUTADO GERARDO OCTAVIO VARGAS LANDEROS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI

El que suscribe, diputado federal por el distrito II, Ahome, Los Mochis, Sinaloa, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

El tema que hoy traigo a tribuna, a pesar de su importancia, ha sido escasamente atendido por el Poder Ejecutivo y por los legisladores. Por los ingresos y divisas que genera es un asunto de alta trascendencia, no en balde la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables que aprobamos en fechas pasadas califica a la pesca y a la acuacultura como asuntos prioritarios y de seguridad nacional en los que el Estado mexicano debe efectuar una verdadera planeación y gestión integral de los recursos pesqueros y acuícolas.

Me refiero específicamente a las diferentes pesquerías de camarón y de jaiba que producen más de 300 mil empleos tanto en su fase extractiva como durante el procesamiento, distribución y comercialización de los productos que derivan de su aprovechamiento en las bahías del litoral del océano Pacifico del Golfo de California así como del mar Caribe.

En esto, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) tiene la obligación de promover el aprovechamiento racional y la protección del hábitat de los recursos pesqueros, con el propósito de garantizar que dicha actividad sea sustentable. Para tal fin la Sagarpa esta facultada por ley para elaborar normas que regulen las pesquerías, entendidas estas como el conjunto de sistemas de producción pesquera que en todo o en parte comprenden las diversas fases en que se desarrolla tal actividad económica.

Es importante señalar que el sector pesquero en el país es uno de los más lastimados e ignorados por la administración pública federal y este Congreso, tan sólo el pasado mes de diciembre, en el proceso de discusión y aprobación que el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2007 hubo una asignación irrisoria de recursos.

El Ejecutivo federal y este honoroble Congreso de la Unión deben contemplar en el próximo Presupuesto de Egresos de la Federación recursos suficientes para cubrir las necesidades reales del sector pesquero evitando la marginación que existe actualmente.

Si bien es cierto que actualmente existen programas para apoyar a los pescadores, entre ellos el del subsidio al diesel marino y el de reestructuración a las tarifas eléctricas para uso acuícola, también lo es que estos son insuficientes y que la Secretaría de Desarrollo Social, a través del Programa Nacional Oportunidades, debe implantar acciones adicionales que permitan mejorar la calidad de vida y de bienestar de la población pesquera, no sólo de los padres de familia que se dedican a esta actividad en alguna de sus fases productivas sino también de las madres e hijos que de generación en generación van incorporándose a dicho mercado laboral.

La actual Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables aprobada por esta soberanía y publicada por el Ejecutivo federal el 24 de julio de 2007 tiene entre otros objetivos promover el mejoramiento de la calidad de vida de los pescadores y acuícultores de todo el país a través de los programas que en la materia instrumente el Ejecutivo federal. Asimismo faculta a la Sagarpa para establecer las bases del aprovechamiento de los recursos pesqueros y acuícolas a través de la planeación y regulación normativa del aprovechamiento de los recursos pesqueros durante todo su ciclo biológico.

El aprovechamiento de las diversas especies de camarón y de jaiba está actualmente pasando por diversos conflictos generados muchas veces por una omisión en las normas, más concretamente en las normas oficiales mexicanas.

Para el caso particular de la captura de camarón, la norma oficial mexicana 002 debería contener y garantizar que los principios de equidad y proporcionalidad se hagan efectivos para todos los pescadores, sean ribereños o de altamar, situación que a la fecha no lo contempla. Creemos que esto es de elemental justicia ya que el derecho al trabajo es de todos los ciudadanos.

Para el caso de la pesca de jaiba, desde hace aproximadamente tres años, diversos pescadores de Sonora y Sinaloa se han percatado de que embarcaciones provenientes de Asia arriban a nuestros mares con el fin de capturar jaiba enhuevada, la cual empacan y congelan en cantidades desmedidas sin que las autoridades intervengan. Para darnos cuenta del tamaño del daño basta con reflexionar que al capturar las jaibas hembras conjuntamente con su hueva se rompe la cadena reproductiva y el ciclo de vida de millones de larvas.

Por ello solicitamos de manera respetuosa a la Sagarpa, a través de Conapesca, para que intervenga en el asunto y detenga la explotación de jaiba enhuevada por parte de embarcaciones asiáticas.

En ambos casos no estamos pidiendo algo fuera de la ley, por el contrario, queremos que ésta se aplique y se cumpla, que se fortalezca a través del perfeccionamiento de las normas oficiales mexicanas que regulan la materia. En este proceso de adecuación y actualización de las NOM el Congreso debe participar con sus comentarios, así como el Ejecutivo participa con comentarios que nosotros recibimos del personal de enlace de las diferentes secretarías, ya que el Congreso es el espacio nato que recibe y atiende la problemática que viven los ciudadanos.

Por lo anteriormente expuesto, solicito a esta soberanía se apruebe de urgente y obvia resolución el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y demás autoridades competentes para que en el próximo proceso de revisión a la norma oficial mexicana NOM-002-PESC-1993 se incorporen los principios de equidad y proporcionalidad para la pesca del camarón, sea ribereña o de alta mar.

Segundo. Se exhorta a la secretaría referida en el punto anterior para que en el proceso de revisión de la norma oficial mexicana NOM-039-PESC-2003 se regule el fenómeno de la depredación de la jaiba hembra en etapa reproductiva, que se viene dando indiscriminadamente por embarcaciones asiáticas.

Tercero. Se exhorta a la titular de la Secretaría de Desarrollo Social y al titular del Programa Nacional Oportunidades para que incorporen programas específicos para el mejoramiento de la calidad de vida de los pescadores y sus familias.

Cuarto. Se solicita al titular del Poder Ejecutivo para que, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se etiqueten recursos suficientes para atender las necesidades reales del sector pesquero.

Palacio Legislativo de San Lázaro,a 6 de septiembre de 2007.

Diputado Gerardo Octavio Vargas Landeros (rúbrica)
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE SOLICITA AL JEFE DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL QUE CONVOQUE AL CONSEJO DE PROTECCIÓN CIVIL PARA TRATAR EL TEMA DE LAS INUNDACIONES Y LOS HUNDIMIENTOS DE LA CARPETA ASFÁLTICA EN DIVERSAS DELEGACIONES DE LA CIUDAD, A CARGO DEL DIPUTADO JOSÉ LUIS CONTRERAS COETO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN

El suscrito diputado federal en la LX Legislatura José Luis Contreras Coeto, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 58, 59 y demás relativos y aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos someto a consideración de ese H. Cámara de Diputados la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se solicita al jefe de gobierno del Distrito Federal convoque a sesiones ordinarias del Consejo de Protección Civil de la misma ciudad, a raíz de las diversas inundaciones y hundimientos de la carpeta asfáltica que se han dado en diversas delegaciones del Distrito Federal, para el tratamiento y solución de estos problemas. En razón a los siguientes:

Antecedentes

1. La Ley de Protección Civil para el Distrito Federal publicada el 23 de julio de 2002, establece que el Consejo de Protección Civil es el órgano superior de consulta, opinión, decisiones y coordinación de las acciones en la materia, en el que se integran, en forma multidisciplinaría e interinstitucional los órganos de gobierno del Distrito Federal, las organizaciones civiles e instituciones científicas, académicas y profesionales, cuyos fines, funciones o atribuciones se vinculan a las acciones de la protección civil.

2. El pasado 30 de abril del año en curso, se publicaron reformas a la ley de Protección Civil para el Distrito Federal, con lo cual se crea la Secretaría de Protección Civil para el Distrito Federal, dejando la parte del Consejo intacta en su mayoría, modificando solamente tiempos.

3. El consejo se integra de la siguiente manera: por el jefe de gobierno del Distrito Federal, quien lo presidirá, el secretario de Protección Civil, quien tendrá las funciones del secretario ejecutivo del Consejo y los demás secretarios de la administración pública del Distrito Federal; Un representante de la Secretaría, con nivel mínimo de director de área, quien será designado por el titular de la Secretaría y fungirá como vocal ejecutivo, con funciones de secretario técnico; el director general de Comunicación Social; quien será el coordinador informativo y de enlace; los jefes delegacionales del Distrito Federal; El procurador general de Justicia del Distrito Federal; El presidente de la Comisión de Protección Civil de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y dos integrantes de la misma; un representante de cada una de las siguientes instituciones: Universidad Nacional Autónoma de México, Universidad Autónoma Metropolitana, Instituto Politécnico Nacional y Universidad de la Ciudad de México; Un representante del Heroico Cuerpo de Bomberos del Distrito Federal; y diez representantes de organizaciones civiles especializadas.

4. El Consejo de Protección Civil del Distrito Federal, forma parte esencial de un Sistema de Protección Civil con el que cuenta esta entidad, teniendo como objetivos la prevención, protección, auxilio y recuperación de la normalidad de las personas y sus bienes ante la presencia de los diversos agentes perturbadores.

5. Por mandato expreso, en el artículo 25 de la ley en comento se establece que el jefe de gobierno deberá convocar y presidir las sesiones ordinarias, extraordinarias y permanentes.

Basando mi solicitud y fundamentando mi solicitud en las siguientes:

Considerandos

Primero. La Ciudad de México se ha caracterizado desde su fundación por ser una zona de alto riesgo, por las condiciones de ubicación, sufriendo severos desastres por inundaciones, sismos y actualmente por hundimientos de la carpeta asfáltica en diversas delegaciones.

Segundo. En el Distrito Federal viven más de 18 millones de personas, circulan más de 3 millones de vehículos y operan cerca de 30,000 industrias y 12,500 establecimientos relacionados con sustancias peligrosas.

Tercero. A lo largo del territorio que abarca la delegación Iztapalapa existen dos fallas geológicas que, combinadas con las más de 200 grietas que copan el subsuelo de la zona, convierten a la demarcación en un punto altamente vulnerable. Tal es la conclusión de dos estudios realizados por el Instituto de Ingeniería de la UNAM y por la empresa consultora en ingeniería Ópalo desde la época de las administraciones de René Arce y Víctor Hugo Círigo. El accidente ocurrido a principios del mes de julio en donde el joven Jorge Alejandro Ramírez Arredondo, de 19 años, perdió la vida luego de caer en una grieta de 15 metros de profundidad que se abrió en la esquina de las calles de Vistahermosa y Guadalupe Victoria, en la colonia Lomas de San Lorenzo, no es circunstancial y se trata de una consecuencia de los riesgos que viven al rededor de 60 mil habitantes de Iztapalapa.

Cuarto. Un desastre como el mencionado en el párrafo anterior no solo repercute en la comunidad de Iztapalapa, sino que estudios realizados determinan que la mayoría de las delegaciones se encuentran en las mismas condiciones, y que el gobierno local no ha tomado las medidas necesarias para el tratamiento de estos acontecimientos en todo el Distrito Federal.

Quinto. Aunado a lo anterior el Sistema de Protección Civil en el Distrito Federal es inoperante, en atención a que un elemento componente del mismo no se ha integrado de conformidad con la ley y desde su creación no ha sesionado el Consejo de Protección Civil. Incumpliendo la normatividad el propio presidente de este consejo que en este caso es el jefe de gobierno capitalino, ya que no ha cumplido con la obligación de convocar a sesiones ordinarias y extraordinarias para analizar los problemas reales que afronta la ciudad con los desastres que se presentan.

Sexto. El Consejo de Protección Civil del Distrito Federal, tiene entre otras atribuciones las de evaluar los instrumentos de la protección civil y coadyuvar en su aplicación, procurando su amplia difusión en esta ciudad; fomentar la participación activa y corresponsable de todos los sectores de la sociedades la formulación, ejecución y evaluación de los programas destinados a satisfacer las necesidades preventivas de protección civil de la población, por tal motivo es de vital importancia para los habitantes de esta ciudad que se lleven a cabo las sesiones de dicho consejo para que se tomen las medidas pertinentes a los acontecimientos que han ocurrido en la ciudad, tomando en cuenta también que los cambios climáticos pueden provocar un desastre mayor en un futuro y para lo cual las dependencias locales correspondientes no están capacitadas para resolverlo.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se solicita al jefe de gobierno del Distrito Federal convoque a sesiones ordinarias del Consejo de Protección Civil de la misma ciudad, a raíz de las diversas inundaciones y hundimientos de la carpeta asfáltica que se han dado en diversas delegaciones del Distrito Federal, para el tratamiento y solución de estos problemas.

Dado en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los 6 días del mes de septiembre de 2007.

Diputado José Luis Contreras Coeto (rúbrica)
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL GOBIERNO FEDERAL A DESTINAR MEDIANTE LA CONAGUA RECURSOS PARA EL REENCAUZAMIENTO, EL DESAZOLVE Y LA CONTENCIÓN DEL RÍO LA SABANA, EN ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO, A EFECTO DE ENFRENTAR LA TORMENTA TROPICAL HENRIETTE, A CARGO DEL DIPUTADO CÉSAR FLORES MALDONADO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD

El suscrito, César Flores Maldonado, diputado federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 71, 73 y 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta al Pleno de esta honorable Cámara, con carácter de urgente y obvia resolución, proposición con punto de acuerdo, conforme a las siguientes

Consideraciones

1. Desde el miércoles 29 de agosto de 2007, la tormenta tropical Henriette generó intensas precipitaciones pluviales en todo Guerrero y de manera especial en Acapulco de Juárez, provocando inundaciones y deslizamientos de tierra, que trajeron como consecuencia daños materiales a las vías generales de comunicación, así como a un sinnúmero de viviendas y miles de hectáreas de cultivo; incluso, cobraron víctimas humanas. Tan sólo en Acapulco de Juárez, siete personas fallecieron a consecuencia de este desastre natural. Hubo desbordamiento de ríos, deslaves que devastaron el patrimonio de miles de familias guerrerenses, y daños que en este momento están siendo evaluadas por los gobiernos municipal, estatal y federal.

2. Dentro de los daños ocasionados en Acapulco de Juárez, destacan por su importancia los daños materiales que sufrieron las comunidades aledañas al río de La Sabana y la laguna de Tres Palos, por su desbordamiento en un tramo de aproximadamente 14 kilómetros, que arrojó más de 2 mil damnificados por los hogares inundados, según datos de las oficinas de protección civil locales, como los pertenecientes a la unidad habitacional Luis Donaldo Colosio, en la zona del Llano Largo.

3. El Grupo Parlamentario del PRD de esta honorable Cámara solicitó, con base en la Ley General de Protección Civil y de acuerdo con las Reglas de Operación del Fondo de Desastres Naturales, que el gobierno federal emitiera la declaración de desastre correspondiente, a efecto de su intervención y financiamiento a las regiones, zonas y comunidades afectadas por los desastres. Este fondo cuenta con recursos del ramo 23, publicado en el anexo 10, y aprobados por la Cámara de Diputados en el decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2007.

4. Sin embargo, también resulta urgente que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a través de la Comisión Nacional del Agua, destine recursos de las afectaciones presupuestarias por realizar en el ejercicio fiscal de 2007, para la ejecución de obras de reencauzamiento y desazolve y contención del río La Sabana, en Acapulco de Juárez; y, de ser necesario, programe para el ejercicio de 2008 recursos para tales fines, mediante el Programa de Protección a Centros de Población por ejercer en dicho municipio.

Con base en lo expuesto, someto a la consideración del Pleno, con el carácter de urgente y obvia resolución, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta al gobierno federal a que, a través de la Conagua, destine recursos para la ejecución de obras de reencauzamiento, desazolve y contención del río La Sabana, en Acapulco de Juárez, Guerrero, para hacer frente a los daños ocasionados por la tormenta tropical Henriette.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de septiembre de 2007.

Diputado César Flores Maldonado (rúbrica)
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO DE APOYO AL RESCATE DE AUTOPISTAS CONCESIONADAS A AUTORIZAR A CAPUFE PARA EXPEDIR A RESIDENTES LAS LAMINILLAS QUE LES PERMITAN EL PASO PREFERENTE EN LA CARRETERA FEDERAL 15, A CARGO DEL DIPUTADO GUSTAVO ILDEFONSO MENDÍVIL AMPARÁN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI

El suscrito, diputado federal Gustavo Mendívil Amparan, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71 de la Constitución General de la República, en relación con los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite poner a consideración de esta soberanía popular proposición con punto de acuerdo, al tenor de los siguientes

Antecedentes

I. A finales de la década de los ochenta, en el periodo de gobierno del estado de Sonora comprendido de 1985 a 1991, con el esfuerzo de los sectores productivos, el de los gobiernos municipales (que contribuyeron sacrificando participaciones), del gobierno del estado y del federal, la carretera federal 15, en su tramo Estación Don-Nogales, fue ampliada a cuatro carriles, obra sin duda celebrada por todos los sonorenses por los naturales beneficios que acarrearía al estado.

II. Durante el siguiente periodo de gobierno (1991-1997), el Ejecutivo del estado obtuvo para éste la concesión de la carretera federal 15, en su tramo Estación Don-Nogales, instalando sobre ella cuatro casetas o puentes de peaje, ubicadas, a saber, dos en el municipio de Navojoa, una aproximadamente a 25 kilómetros al sur de esta ciudad, en el punto conocido como La Jaula, y la otra a 35 kilómetros al norte de la misma población en el punto denominado Fundición; una tercera caseta de cobro se estableció a X kilómetros al norte de ciudad Obregón, en el punto conocido como Esperanza, y la cuarta a poco más de veinte kilómetros al norte de Hermosillo. Como puede verse, la distancia entre las casetas ubicadas en territorio del municipio de Navojoa no supera los 60 kilómetros, y la distancia que media entre la caseta al sur de Navojoa y la del norte de Ciudad Obregón apenas alcanza los cien kilómetros.

III. Adicionalmente, en el mismo periodo se construyeron dos libramientos: uno que permite evitar pasar por las ciudades de Empalme y Guaymas, y el otro que rodea la ciudad de Magdalena de Kino, sobre cada uno de ellos se colocó un puente de peaje.

IV. Vale hacer notar, para quienes desconocen la geografía sonorense, que la carretera federal 15, de la que estamos hablando, está trazada sobre un amplio valle, por lo que su ampliación no supuso la solución a ningún problema orográfico que hiciera especialmente peligrosa la carretera. Igualmente, debe quedar asentado que la carretera no tiene especificaciones de autopista dado que no cuenta siquiera con acotamientos, encontrándose evaluada apenas sobre los trescientos puntos, en las escalas que maneja la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Finalmente debemos precisar que no existe ninguna vía alterna que comunique los mismos puntos que enlaza esta carretera.

V. Para la operación de la recién concesionada carretera, el gobierno del estado creó un fideicomiso, a través del cual se administraban los recursos que la misma generaba. Este fideicomiso implementó un mecanismo para reconocer a los residentes de los municipios más afectados por la instalación de las casetas de cobro, e incluso hizo compromisos de inversión con los gobiernos de esos municipios, a efecto de apagar los brotes de inconformidad que se manifestaron ante la medida.

VI. Seguramente la necesidad de hacer más obra de la que los recursos ordinarios y los que la carretera le producía, llevó al gobierno del estado a la contratación de créditos con la banca privada, ofreciendo en garantía de pago el flujo de dinero que generaban las seis plazas de cobro instaladas a lo largo del tramo carretero, en la forma que ya se describió.

VII. Ante la debacle financiera que produjo la crisis de 1994, la deuda del estado de Sonora, tal como ocurriera con otros gobiernos y con los particulares, se vio disparada a niveles espectaculares, por lo que, aprovechando que parte de esa deuda estaba respaldada por los ingresos que se captaban en los seis puntos de cobro, fue incorporada al esquema de rescate que implementó el gobierno federal para las autopistas concesionadas a particulares que, igual se habían visto afectados por la crisis, de tal manera que la carretera federal 15, tramo Estación Don-Nogales, se entregó a los activos del FARAC (Fideicomiso de Apoyo al Rescate de Autopistas Concesionadas) y su operación a Capufe (Caminos y Puentes Federales).

VIII. Los sonorenses, ajenos la gran mayoría a esos movimientos, siguieron reclamando, primero al estado, luego a Capufe, el trato preferente al cruzar por los puentes de peaje así como el cumplimiento de diversos compromisos de inversión a favor de los municipios más afectados, especialmente el de Navojoa, que –como ya se dijo– quedó entre dos de estas casetas, destacando como algo fundamental en sus demandas la desaparición de una de ellas: la que se encuentra al norte y que Capufe identifica como puente de peaje número 149 Fundición, ya que la interacción con el vecino municipio de Cajeme (Ciudad Obregón) es intensa y de diversa naturaleza: económica, social, educativa, etcétera. Y, como ya se dijo, no existe ninguna vía alterna para comunicar ambos municipios.

IX. Los municipio de Navojoa y los ubicados al oriente y poniente del mismo (Álamos, Etchojoa y Huatabampo, Sonora) con una población, entre todos, de más de doscientos cincuenta mil, sufren las consecuencias económicas que les imponen con una caseta o puente de peaje en cada uno de sus accesos norte y sur, sin vías alternas, ya que el costo de 58 pesos por cada cruce y, en ambas, necesariamente lo resiente el comerciante y prestador de servicios, en detrimento de una población ubicada en la zona más empobrecida del estado.

X. Después de poco más de diez años los habitantes del sur del estado de Sonora, particularmente los del valle del Mayo y del Yaqui sólo han variado en su lucha el nivel de enojo con que reclaman no importa a qué autoridad y que amenaza ya con desbordarse, especialmente por las de escasas a nulas respuestas que el operador actual, Capufe, ha dado a sus demandas, limitado como está, a su vez, por las decisiones de un Comité Técnico del FARAC, que ni siquiera tiene asiento para el director, titular de Capufe, lo que lógicamente le impide darse cuenta a cabalidad de las distintas condiciones que privan en el tramo carretero, menos del nivel de encono social que ha provocado su fría actitud ante los reclamos, por demás justos de los sonorenses, particularmente los del sur del estado, de los valles del Mayo y del Yaqui.

XI. No es necesaria mucha pericia jurídica para concluir con la abierta inconstitucionalidad que supone la existencia de tales casetas de cobro colocadas sobre la que, en cualquier otro estado de la república constituye la vía libre alterna a las autopistas, o sea, la carretera federal, y que, como agravante mayor, el municipio de Navojoa soporta en número de dos. No obstante ello, sin tener precisa la fecha, a principios del año anterior (2006) los integrantes del Comité Técnico de FARAC acordaron que sólo ellos aprobarían la expedición de laminillas a residentes de los municipios afectados por las autopistas, materia del rescate. Por ende, tal disposición la hicieron aplicable para los ciudadanos literalmente cercados por casetas de cobro establecidas sobre la carretera federal 15 que, a estas alturas de la narración, ha quedado claro, no es una autopista ni participa de las mismas características o especificaciones de las que rescató el gobierno federal.

XII. La disposición anterior exacerbó los ánimos de los sonorenses, que habiendo tramitado la laminilla de paso preferencial, tenían esperando por ella hasta doce meses, hasta que, sólo para los residentes de Navojoa, en abril pasado se liberaron cerca de cuatro mil laminillas, empero la determinación de que sólo los miembros del Comité Técnico están facultados para autorizar la expedición, se mantiene, con el consecuente malestar por el tiempo que hay que esperar para que les reconozcan la condición de residentes de su propio municipio.

XIII. El pasado 24 de agosto, el titular de Capufe en el país sostuvo una reunión en la ciudad de Navojoa, en la que participaron los presidentes municipales de las regiones del Yaqui y Mayo, lo mismo que representantes de los sectores sociales y productivos, coincidiendo todos en la siguiente demanda: Exigir a los integrantes del Comité Técnico de FARAC para que en su próxima reunión de septiembre incluyan en la agenda el tema de las laminillas de los residentes de ambas regiones y, al efecto acuerde autorizar a Capufe para que, tal como lo estuvo haciendo durante el 2005, expida sin dilación laminillas que le soliciten los residentes, igualmente programarse para que en un plazo no mayor a los seis meses remover la plaza de cobro número 149, de Fundición.

Por lo antes expuesto y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General del los Estados Unidos Mexicanos, respetuosamente solicito a esta soberanía que, previa calificación del presente asunto como de urgente y obvia resolución, aprobar en esta misma sesión el siguiente

Punto de Acuerdo

Se exhorta a los integrantes del Comité Técnico del Fideicomiso de Apoyo al Rescate de Autopistas Concesionadas para que en su próxima sesión se incluya en la agenda y se apruebe la autorización a Caminos y Puentes Federales (Capufe) para que, en su carácter de operador de la carretera federal 15 expida directamente a los residentes las laminillas que les autoriza el paso preferente por las plazas de cobro colocadas sobre la referida carretera federal, en el tramo Estación Don-Nogales, particularmente las identificadas con los números 148, 149 y 150.

Asimismo, se exhorta a los integrantes del Comité Técnico del Fideicomiso de Apoyo para el Recate de Autopistas Concesionadas (FARAC), para que, en un plazo no mayor a seis meses, remueva la plaza de cobro número 149, Fundición.
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, RELATIVO AL RELLENO SANITARIO BORDO PONIENTE, DEL DISTRITO FEDERAL, A CARGO DE LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA GONZÁLEZ MARTÍNEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN

La suscrita diputada integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la Cámara de Diputados de la LX Legislatura, y con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de este pleno la proposición con punto de acuerdo relativo al relleno sanitario denominado "Bordo Poniente" ubicado en el Distrito Federal, bajo los siguientes:

Antecedentes

En México la generación de basura ha crecido más rápido que la población, a diferencia de los años 50 cuando cada habitante generaba 300 gramos de desechos diariamente, hoy mensualmente la familia urbana promedio (que consta de 5 personas) produce un metro cúbico de basura, lo que se traduce, en términos de la ciudad entera, en tres millones de metros cúbicos. Con este promedio México está ocupando el primer lugar en América Latina en producción de basura, muy cerca de los europeos, pero con la diferencia de no contar con la infraestructura necesaria para darle un manejo adecuado.

A nivel nacional se producen aproximadamente 84 mil 200 toneladas diarias de basura y en la Ciudad de México alrededor de 12 mil toneladas, siendo un 50 por ciento orgánica, el 30 por ciento de material reciclable y 7 por ciento de tipo sanitario y 13 por ciento corresponden a otros residuos. Para el tratamiento de esta problemática ambiental, es necesaria la utilización de los tiradores o rellenos sanitarios que son en pocas palabras cavidades en donde se depositan de manera alternada capas de basura que se cubren con capas de tierra o (tepetate), hasta agotar la capacidad o vida útil de un tiradero.

El total de la basura en el Distrito Federal se traslada a centros o estaciones de transferencia, después es llevada a plantas de recuperación como la del Bordo Poniente, que actualmente vive problemas de inminente crisis, ya que esta planta de composta construida por la Dirección General de Servicios Urbanos, es operativamente ineficiente.

El relleno sanitario del Bordo Poniente fue diseñado para producir 200 toneladas diarias de fertilizante orgánico, a partir de residuos biodegradables.

Otro asunto para tomar en consideración, es que en la zona metropolitana del Valle de México, se producen diariamente 20 mil 166 toneladas de residuos sólidos. El Distrito Federal presenta un déficit en la capacidad instalada, lo que hace necesaria la participación y cooperación de los diferentes niveles de gobierno para la solución integral de este problema. En 1999 la Agencia de Cooperación Internacional de Japón (JICA), recomendó al gobierno del Distrito Federal cerrar el tiradero de Santa Catarina, y proceder a negociar con el Estado de México, la apertura de otro relleno sanitario metropolitano, toda vez que era inminente el próximo cierre del Bordo Poniente, pues concluiría su vida útil en marzo del 2001.

Es urgente revisar entonces la situación del Bordo, el cual es administrado por el gobierno del Distrito Federal, y que a la fecha se le ha exhortado por parte de la Secretaría de Medio Ambiente y de Recursos Naturales (Semarnat) para que se cierre definitivamente dicho relleno sanitario.

Otro problema es el daño que han sufrido las estructuras hidráulicas del Bordo. El Lago de Texcoco es receptor de las aguas negras que provienen de este; la contaminación en los canales de desagüe de las poblaciones aledañas, como son Netzahualcóyotl, Chimalhuacán, Aragón y Texcoco, ha llegado a niveles alarmantes; el agua residual del Bordo impacta de manera negativa a todas las poblaciones aledañas.

El impacto ambiental actual provocado por la saturación del Bordo Poniente hace necesaria una reforma integral para el bienestar público.

Del total de los residuos sólidos que generamos en el Distrito Federal sólo el 86% es recogida y trasladada al relleno sanitario. El resto desafortunadamente se arroja en barrancas y lotes baldíos.

El relleno sanitario Bordo Poniente es el único relleno en operación en el Distrito Federal. Los rellenos sanitarios de Santa Catarina y San Juan de Aragón fueron clausurados por llegar a su límite de espacio. Actualmente el Bordo Poniente está casi al límite de su saturación.

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y la Comisión Nacional del Agua (Conagua), han exhortado al gobierno del Distrito Federal al cierre definitivo del relleno sanitario, mismo que tiene contemplado llevarse a cabo en diciembre y hasta abril del año 2008.

Sin embargo, el jefe de gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard Casaubón, indicó el pasado 13 de agosto del año en curso, que realizaría un estudio técnico de la vida útil que aún le queda al Bordo Poniente, lugar donde se deposita la basura de la ciudad, aunado a lo anterior la administración capitalina envió una carta de inconformidad a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), por exigirles el cierre definitivo del Bordo Poniente, toda vez que las autoridades federales negaron al gobierno capitalino un incremento en la capacidad del relleno sanitario de cinco metros.

El secretario de Obras y Servicios del gobierno del Distrito Federal, Jorge Arganis Díaz Leal, declaró que: "el incremento a la capacidad del relleno, no corre ningún riesgo y está sustentado en informes técnicos".

La negativa de ampliar la capacidad del Bordo también ha sido por parte de la Comisión Nacional del Agua, a quien pertenece el terreno donde está ubicado el relleno desde hace 13 años.

La identificación de nuevos espacios constituye un seria dificultad para el gobierno de la ciudad, el gran problema del Bordo Xochiaca además de su falta de capacidad, es la poca seriedad que las administraciones capitalinas le han dado al asunto, ya son más de cuatro años en los que se ha exhortado a las autoridades respectivas del gobierno de la ciudad, a buscar nuevas alternativas de disposición final de residuos sólidos, y a la fecha cuando es ya más que imposible la ampliación de la vida útil, apenas se comienzan con los estudios técnicos.

El relleno sanitario "Bordo Poniente" continua generando un sin número de denuncias y reclamos, por la gran cantidad de anomalías que presenta, tales como contaminación, enfermedad, malos manejos, etcétera

Considerandos

Primero. Que en México la generación de basura ha crecido más rápido que la población, a diferencia de los años 50 cuando cada habitante generaba 300 gramos de desechos diariamente, hoy mensualmente la familia urbana promedio (que consta de 5 personas) produce un metro cúbico de basura, lo que se traduce, en términos de la ciudad entera, en tres millones de metros cúbicos;

Segundo. Que el Distrito Federal, es la entidad que produce más residuos al día en todo el país;

Tercero. Que el total de la basura en la capital se traslada a centros o estaciones de transferencia, después es llevada a plantas de recuperación como la del Bordo Poniente, que actualmente vive problemas de inminente crisis y de su próxima clausura;

Cuarto. Que durante mucho tiempo los residuos sólidos se concentraron en "tiraderos a cielo abierto" sin pensar en los problemas de contaminación que causan. Aunque todavía hay tiraderos clandestinos, el gobierno de la Ciudad de México procura concentrarlos en el relleno sanitario Bordo Poniente;

Quinto. Que la generación de basura trae consigo:

a) El gasto de energía y materiales que son utilizados en la elaboración de los envases y productos que después desecharemos, energía y materiales que con frecuencia provienen de recursos que no son renovables, como petróleo y minerales. Cuando nos deshacemos de lo que consideramos basura, en realidad estamos tirando recursos naturales.

b) La contaminación del agua. El agua superficial se contamina por la basura que se concentra en ríos y cañadas. Pero el problema principal es el que no vemos. En los lugares donde se concentra basura se filtran líquidos conocidos como lixiviados, que contaminan el agua del subsuelo de la que, en nuestra ciudad, todos dependemos.

c) La contaminación del suelo. La basura cambia la composición química del suelo y obstruye la germinación y crecimiento de vegetación.

d) La contaminación del aire, por la putrefacción de la materia orgánica, los frecuentes incendios y por los residuos y bacterias que son dispersados por el viento.

Sexto. Que los rellenos sanitarios son instalaciones en las que se aplican una serie de medidas para disminuir los efectos contaminantes de la concentración de desperdicios: selección de terrenos con suelo de baja filtración, protección del suelo con material impermeabilizante, recubrimiento cotidiano con tierra sobre capa de desperdicios, instalación de tubos para salida de gases, captación de lixiviados, y control de animales nocivos;

Séptimo. Que el Instituto de Geología de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), estimó que el gobierno del Distrito Federal comete un error al prolongar la vida útil del basurero del Bordo Poniente hasta 2007, pues representa un problema grave para la ecología y ocasionará altos costos; y

Octavo. Que la identificación de nuevos espacios de disposición final de residuos sólidos constituye un seria dificultad para la administración capitalina, el gran problema del Bordo Xochiaca además de su falta de capacidad, es la poca seriedad que las administraciones capitalinas han dado al asunto, por lo que son necesarias medidas urgentes para ubicar un nuevo centro de disposición final de residuos para la Ciudad de México.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración del pleno de esta diputación permanente, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta al gobierno del Distrito Federal a instrumentar los mecanismos necesarios para realizar los estudios técnicos especializados referentes a ubicar un nuevo sitio de disposición final de residuos sólidos que sustituya al Bordo Poniente, de conformidad con la norma oficial número NOM-083-ECOL-1996, que establece las condiciones que deben reunir los sitios destinados a la disposición final de los residuos sólidos municipales.

Salón de sesiones a 6 de septiembre de 2007.

Diputada Gabriela González Martínez (rúbrica)
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A EVALUAR Y CUANTIFICAR MEDIANTE LA SCT LOS DAÑOS PROVOCADOS POR LA TORMENTA TROPICAL HENRIETTE EN LA INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE DIVERSOS MUNICIPIOS GUERRERENSES, A CARGO DEL DIPUTADO CÉSAR FLORES MALDONADO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD

El suscrito César Flores Maldonado, diputado federal, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 71, 73 y 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta al Pleno de esta honorable Cámara, con carácter de urgente y obvia resolución, la siguiente proposición con punto de acuerdo.

Con objeto de que se exhorte respetuosamente al gobierno federal a efectuar, a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, de manera urgente, la evaluación y cuantificación de daños por la tormenta tropical Henriette a las redes de caminos y carreteras de diversos municipios de Guerrero y, de manera especial, de Acapulco de Juárez, a efecto que se destinen recursos del Fonden para reestablecimiento de las graves afectaciones a la infraestructura de caminos y carretera de estos municipios, como consecuencia de las intensas precipitaciones pluviales y las inundaciones a causa de este fenómeno natural.

Consideraciones

1. Desde el miércoles 29 de agosto de 2007, la tormenta tropical Henriette, generó intensas precipitaciones pluviales en todo el estado de Guerrero, y de manera especial en el municipio de Acapulco de Juárez, provocando inundaciones y deslizamientos de tierra, que trajeron como consecuencia daños materiales a las vías generales de comunicación, así como a un sinnúmero de viviendas y miles de hectáreas de cultivo, inclusive cobrando víctimas humanas en los 18 municipios de la Costa y la Montaña. Tan sólo en Acapulco de Juárez, 7 personas fallecieron como consecuencia de este desastre natural. Hubo desbordamiento de ríos, deslaves que devastaron el patrimonio de miles de familias guerrerenses, daños que en este momento están siendo evaluadas por los gobiernos municipal, estatal y federal.

2. Dentro de los daños ocasionados en los 18 municipios del estado de Guerrero, destacan por su importancia estratégica, los daños materiales de la infraestructura de caminos y carretera en el municipio de Acapulco de Juárez, vital para el flujo del turismo que es la principal fuente de ingresos de esa población, en especial en los tramos de La Unión-Cruce de Coyuco, Cruce de Coyuco-Puerto Márquez, en el boulevard de Las Naciones, Puerto Márquez-Aeropuerto Internacional Benito Juárez, en ese municipio. Asimismo, resaltan las afectaciones sufridas en la región de la Montaña, como son las ocurridas en la carretera Tlatlauquitepec-Tlacoapa-Zapotitlán Tablas, a la altura del poblado Tamaloya, la cual quedó obstruida por completo, en el municipio del Filo Mayor de Guerrero, provocando el aislamiento de las poblaciones aledañas.

3. La fracción parlamentaria del PRD de esta honorable Cámara solicitó que, con base en la Ley General de Protección Civil y de acuerdo a las Reglas de Operación del Fondo de Desastres Naturales (Fonden), el gobierno federal, a través de la Secretaría de Gobernación, emitiera la declaración de desastre correspondiente, a efecto de su intervención y financiamiento a las regiones, zonas y comunidades dentro de los municipios afectados por los desastres. De igual manera, solicitó que se destinaran recursos del Fondo para Atender a la Población Rural Afectada por Contingencias Climatológicas (FAPRACC), para dar respuesta inmediata a la problemática de cultivos del sector rural.

4. En consecuencia, para evitar mayores afectaciones y desastres a la población de estos municipios guerrerenses e impulsar su debido reestablecimiento, resulta urgente que el gobierno federal, a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, evalúe y cuantifique los daños ocasionados a la red de caminos y carreteras de los municipios afectados, en especial del municipio de Acapulco de Juárez, a efecto que se obtengan los apoyos previstos con los recursos del Fonden para su debido reestablecimiento.

5. Que en mi calidad de representante popular al honorable Congreso de la Unión, y profundamente preocupado por la mencionada situación de desastre, haciendo eco de las necesidades más urgentes de la población de los municipio del estado de Guerrero, solicito que esta honorable Cámara exhorte al gobierno federal, a efecto de que, por medio de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, se evalúen y cuantifiquen de manera urgente los daños ocasionados a la red carretera de los municipios del estado de Guerrero, en especial del municipio de Acapulco de Juárez y, con ello, se obtengan los apoyos previstos del Fonden para su vital reestablecimiento.

Con base en lo anteriormente expuesto, someto a la consideración del Pleno, con el carácter de urgente y obvia resolución, la siguiente proporción con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a realizar, de manera urgente, la evaluación y cuantificación de daños a la infraestructura carretera de los municipios del estado de Guerrero por la tormenta tropical Henriette y, con ello, se obtengan los apoyos previstos del Fonden para su inmediato reestablecimiento.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de septiembre de 2007.

Diputado César Flores Maldonado (rúbrica)
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A CONSTITUIR MEDIANTE LA SHCP UN FONDO FINANCIERO SUSTENTABLE DESTINADO A QUINTANA ROO, YUCATÁN, CAMPECHE, VERACRUZ, PUEBLA E HIDALGO, AFECTADOS POR EL HURACÁN DEAN, A CARGO DE LA DIPUTADA SARA LATIFE RUIZ CHÁVEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI

La suscrita, Diputada Federal integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito formular ante este honorable pleno, la siguiente proposición con punto de acuerdo.

Considerandos

Tras su paso por el Caribe, el huracán Dean, tocó en dos ocasiones las costas mexicanas. La primera de ellas ocurrió el martes 21 de agosto, impactando las costas del sur del país con una fuerza ubicada en categoría cinco, la máxima según la escala Saffir – Simpson, del Servicio Meteorológico Nacional, para después arremeter contra las costas de Veracruz, en el Golfo de México, disminuyendo la intensidad a categoría dos.

El ojo del huracán fue ubicado en tierra en las inmediaciones de Puerto Bravo, estado de Quintana Roo, y a 65 kilómetros al este de la ciudad de Chetumal. Se desplazó al oeste a 32 kilómetros por hora, con vientos sostenidos de 260 kilómetros por hora y rachas que alcanzaron los 315 kilómetros por hora.

A su paso por los diferentes estados de la República Mexicana, el huracán Dean ocasionó severas inundaciones y al menos 75 mil damnificados en todo el país, 61 mil de ellos en Veracruz, así como numerosas pérdidas de cultivos, fallas en el suministro de electricidad y de servicio telefónico.

Las precipitaciones registradas en las 24 horas posteriores al impacto del meteoro en México, alcanzaron altos niveles, particularmente en el estado de Hidalgo, registrando 94 litros por metro cuadrado; Puebla con 65 y Veracruz, con 42 litros.

Tan sólo un día después que el huracán Dean afectará al país, las consecuencias de su paso salieron a la luz, dejando muertos y derrumbes en diversas entidades. Por lo anterior, y dada la importancia del tema me permitiré mencionar de forma breve y concisa los daños ocasionados en los diferentes estados por los cuales atravesó el meteoro.

Este fenómeno extremo de la naturaleza que ha impactado de forma significativa la vida de miles de mexicanos, nos obliga a actuar con prontitud y responsabilidad.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta honorable asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta al Ejecutivo federal, para que a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y, utilizando economías del Presupuesto de Egresos de la Federación, constituya un fondo financiero sustentable destinado a los estados de Quintana Roo, Yucatán, Campeche, Veracruz, Puebla e Hidalgo, para que con los recursos que lo integren, estas entidades federativas cubran las aportaciones complementarias que les corresponde enterar de conformidad con las reglas de operación del Fondo de Desastres Naturales.

Diputada Sara Latife Ruiz Chávez (rúbrica)
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, RELATIVO A LAS BARRANCAS DEL DISTRITO FEDERAL, A CARGO DE LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA GONZÁLEZ MARTÍNEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN

La suscrita diputada federal Gabriela González Martínez integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la Cámara de Diputados LX Legislatura, y con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de este Pleno la proposición con punto de acuerdo relativo a las barrancas localizadas en el Distrito Federal, bajo los siguientes:

Antecedentes

En los últimos años se han efectuado acciones apoyadas por el gobierno para solucionar la ocupación del suelo en la periferia urbana, sin embargo dichas acciones no han sido suficientes ya que la gran mayoría de estos asentamientos han surgido en suelos no aptos para la habitación, por ejemplo barrancas, cañadas, lomeríos, suelo fangoso, entre otros, que tradicionalmente se consideran lugares inhóspitos.

Conforme al artículo 5 de la Ley Ambiental del Distrito Federal, las barrancas se definen como una depresión geográfica que por sus condiciones topográficas y geográficas se presenta como hendiduras y sirven de refugio de vida silvestre, de cauce de los escurrimientos naturales de ríos, riachuelos y precipitaciones pluviales que constituyen una de las zonas importantes del ciclo hidrológico y biogeoquímico, son todas diferentes y únicas, con características muy peculiares y diferentes unas de las otras.

Las barrancas son elementos físicos importantes para mantener un equilibrio ecológico en la Ciudad de México, ya que proporcionan diversos servicios ambientales, de entre los cuales destacan:

En la actualidad las barrancas de la Ciudad de México son zonas muy vulnerables, y son afectadas primordialmente por; depósito de basura, relleno con cascajo y otros materiales, descargas de aguas residuales, construcciones y asentamientos irregulares; y los esfuerzos institucionales por detener y contrarrestar dichas afectaciones, han sido insuficientes y en algunos casos inexistentes.

De igual forma las barrancas son ecosistemas cuya dinámica se encuentra asociada a una microcuenca, por lo que forma parte de un sistema hidráulico, es decir cada barranca puede ser afluente o tributaria de una barranca más grande o estar asociada a diversas unidades de escurrimiento hasta llegar a constituirse en una microcuenca.

Los ordenamientos jurídicos que regulan lo referente al uso, aprovechamiento, restricciones y vigilancia de las barrancas en el Distrito Federal, se refieren fundamentalmente a las cuestiones urbanas y ambientales, a través de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal y su Reglamento, los programas de desarrollo urbano derivados de dicha Ley (general, delegacionales y parciales), la Ley Ambiental del Distrito Federal, junto con el Programa General de Ordenamiento Ecológico; la Ley de Aguas Nacionales con su respectivo Reglamento; la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente; y las Leyes Generales de Desarrollo Forestal Sustentable y de Vida Silvestre.

Si bien los instrumentos mencionados regulan algunos aspectos relacionados directamente con las barrancas, en otros son contempladas de manera indirecta al concebirlas como parte del suelo de conservación del Distrito Federal, sin tomar en cuenta las que se localizan en suelo urbano; sin embargo, en ninguno de los casos son vistas de manera integral, es decir, solo se consideran en términos de usos de suelo y afectaciones al medio ambiente de manera aislada, sin tomar en cuenta la interrelación estrecha que existe entre los aspectos urbano, ambiental, social y económico.

Se estima que en el Distrito Federal existen 99 sistemas de barrancas distribuidos en 15 microcuencas. Según datos de la Secretaría del Medio Ambiente del año 2005 indica que las barrancas están interrelacionadas y que cualquier afectación a una zona determinada repercute sobre todo el sistema.

En síntesis, los procesos bioquímicos que se llevan a cabo en las barrancas se pueden resumir en diversos servicios ambientales tales como captación y escurrimiento de las aguas de lluvia, regulación a régimen término del Distrito Federal, modificación a la velocidad del viento, producción de oxígeno, captación de partículas suspendidas en el aire, preservación de especies endémicas, conservación de la biodiversidad, son zonas de recreo y esparcimiento, además 10 de que son espacios públicos adecuados para el desarrollo de actividades recreativas y culturales, representan zonas de amortiguamiento de impacto de las ondas sonoras, reduciendo el nivel del ruido producido en su entorno.

Por otra parte la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda del Distrito Federal en el año de 1998 realizó un estudio de caracterización y diagnóstico de asentamientos humanos ubicados en las barrancas del Distrito Federal, en donde se indica que en la Ciudad de México existen 74 barrancas que abarcan una superficie de 381.24 hectáreas, las cuales en su mayoría se encuentran en el sur y surponiente del Distrito Federal, específicamente en ocho delegaciones: Alvaro Obregón, Cuajimalpa de Morelos, Gustavo A. Madero, Iztapalapa, Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tlalpan y Xochimilco, concentrando un mayor número de barrancas en las delegaciones Alvaro Obregón con 16 y Cuajimalpa de Morelos con 14, Gustavo A. Madero con 10.¹

Las actividades que se desarrollan en las barrancas, ajenas a su vocación natural, repercuten directamente sobre el funcionamiento del ecosistema de la región, causando daños al medio ambiente, al equilibrio natural de la zona, así como la generación de riesgos para la integridad de la población asentada en sus inmediaciones.

Es importante mencionar que las barrancas enfrentan procesos de deforestación, erosión, contaminación, relleno y disminución de especies endémicas principalmente, convirtiéndose en basureros y focos de infección.

Durante la época de lluvias las barrancas se ven aún más afectadas debido principalmente a que ocurren deslaves que ponen en riesgo la seguridad patrimonial y física de las personas que las habitan.

Es importante destacar que no se cuenta con un estudio que precise las características y condiciones biológicas, ecológicas, sociales y económicas en que se encuentran las barrancas en el Distrito Federal, así como una zonificación específica para usos y restricciones. Si a la fecha existiera un estudio de estás características, las autoridades estarían apoyadas y podrían contrarrestar de una mejor manera este fenómeno. En este sentido encontramos conflictos en casi todas las barrancas de la ciudad.

Por lo anteriormente citado, las autoridades capitalinas, están obligadas a instrumentar acciones urgentes para la protección que requieren estos espacios, así como la regulación de los asentamientos humanos que ahí se ubican.

Considerandos

Primero. Que en la actualidad las barrancas en el Distrito Federal, sufren un proceso de afectación y degradación cada vez más significativo;

Segundo. Que existe un vacío de autoridad para sancionar las obras y actividades que afectan las barrancas del Distrito Federal, así como para restaurar o compensar los daños que se ocasionan a las mismas;

Tercero. Que por la importancia ambiental, social y cultural que revisten las barrancas es urgente que se sigan las líneas de acción y se ejecuten las acciones de seguimiento propuestas en el apartado de recomendaciones emitidas por la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial (PAOT); y

Cuarto. Que es indispensable que las autoridades del Gobierno del Distrito Federal lleven a cabo un programa de rescate de las barrancas, que garantice su conservación y un aprovechamiento acorde a sus características naturales.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración del Pleno de esta diputación permanente, el siguiente:

Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorta al jefe de gobierno del Distrito Federal a cumplir con las recomendaciones de la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial (PAOT) en lo relativo a las denuncias asociadas a daños a barrancas, debido a descargas de aguas residuales, invasiones, destrucción de áreas verdes y relleno con residuos sólidos.

Segundo. Se exhorta al jefe de gobierno a que instrumente los mecanismos necesarios, para que se realice un estudio que precise las características y condiciones biológicas, ecológicas, sociales y económicas en que se encuentran las barrancas en el Distrito Federal, así como una zonificación específica para usos y restricciones, con el objeto de que se prohíba la invasión de estos espacios naturales y se proteja su entorno ecológico.

Nota:
1 Fuente: Estudio de caracterización y diagnóstico de asentamientos humanos ubicados en las barrancas del Distrito Federal, Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, 1998.

Salón de sesiones a 6 de septiembre de 2007.

Diputada Gabriela González Martínez (rúbrica)
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA SEDESOL A PREVER EN LA INTEGRACIÓN DEL PADRÓN Y DEL PROGRAMA DE ATENCIÓN PARA ADULTOS MAYORES DE 70 AÑOS LA ATENCIÓN PRIORITARIA DE LAS COMUNIDADES GUERRERENSES MÁS APARTADAS, A CARGO DEL DIPUTADO CÉSAR FLORES MALDONADO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD

El suscrito César Flores Maldonado, diputado federal, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a esta soberanía una proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

1. Existen en el país más de 80 mil comunidades en extrema pobreza, que no reciben beneficios del gobierno federal, por no tener más de 2 mil 500 habitantes, ni algún centro de salud, de ubicación altamente dispersa.

2. Por iniciativa del Grupo Parlamentario del PRD, en el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación, para el Ejercicio Fiscal 2007, se destinaron más de 6 mil 250 millones de pesos, para el programa de atención a los adultos mayores de 70 años y más, en zonas rurales, mismo que debe ser operado por la Secretaría de Desarrollo Social, mediante las reglas de operación correspondientes.

3. Con esta iniciativa se incorporarán al programa de atención a los adultos mayores de 70 años y más, en zonas rurales en el ejercicio fiscal 2007, más de 1 millón 300 mil adultos mayores que habitan en comunidades de hasta 2 mil 500 habitantes, los cuales recibirán las transferencias económicas correspondientes.

4. El estado de Guerrero, cuenta con el índice de marginación rural más alto a nivel nacional, por lo que resulta de vital importancia para las comunidades rurales de este Estado, que la Secretaría de Desarrollo Social las priorice en orden durante la integración del padrón respectivo en el presente año.

Con base en lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta soberanía, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la secretaria de Desarrollo Social a dar prioridad en orden a las comunidades más apartadas del estado de Guerrero, durante la integración del padrón general de adultos mayores para la operación del programa de atención a los adultos mayores de 70 años y más, en zonas rurales, aprobado en el Presupuesto de Egresos 2007.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de septiembre de 2007.

Diputado César Flores Maldonado (rúbrica)
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE SOLICITA AL JEFE DEL GOBIERNO LOCAL QUE REMITA A LA COMISIÓN DEL DISTRITO FEDERAL DE ESTA SOBERANÍA UN INFORME SOBRE EL PROYECTO PREVENTIVO ATLAS DE RIESGOS DEL DISTRITO FEDERAL, A CARGO DE LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA GONZÁLEZ MARTÍNEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN

La suscrita, diputada federal Gabriela González Martínez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la Cámara de Diputados, LX Legislatura, y con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del Pleno la proposición con punto de acuerdo por el que se solicita respetuosamente al jefe de Gobierno del Distrito Federal, licenciado Marcelo Ebrard Casaubón, que remita a la Comisión del Distrito Federal de la Cámara de Diputados LX Legislatura, un informe pormenorizado respecto al proyecto preventivo Atlas de Riesgos del Distrito Federal, bajo los siguientes

Antecedentes

La protección civil es la protección física de las personas y de los bienes, en situación de grave riesgo colectivo, calamidad pública o catástrofe extraordinaria, en la que la seguridad física y patrimonial de las personas puede peligrar y sucumbir masivamente.

La protección civil constituye un elemento fundamental de nuestra organización social y de congruencia con la sociedad, significa una tarea indispensable, consciente, propositiva, global y planificada para proteger y conservar al individuo y a la comunidad.

En términos de la Ley General de Protección Civil, el Sistema Nacional de Protección Civil es un conjunto orgánico y articulado de estructuras, relaciones funcionales, métodos y procedimientos que establecen las dependencias y entidades del sector público entre sí, con las organizaciones de los diversos grupos voluntarios, sociales, privados y con las autoridades de los estados, el Distrito Federal y los municipios, a fin de efectuar acciones coordinadas, destinadas a la protección de la población contra los peligros y riesgos que se presentan en la eventualidad de un desastre.

Asimismo, el objetivo fundamental del Sistema Nacional de Protección Civil es la protección de la persona y de la sociedad ante la eventualidad de un desastre, provocado por agentes naturales o humanos, a través de acciones que reduzcan o eliminen la pérdida de vidas, la afectación de la planta productiva, la destrucción de bienes materiales y el daño a la naturaleza, así como la interrupción de las funciones esenciales de la sociedad.

Conforme al artículo 2o. del Reglamento de la Ley de Protección Civil vigente desde 1996, se entiende como "alto riesgo" la probabilidad elevada de ocurrencia de un fenómeno que pueda producir una emergencia, siniestro o desastre, poniendo en peligro la salvaguarda de los habitantes del Distrito Federal, sus bienes y entorno.

Asimismo y toda vez que el Distrito Federal es una entidad propensa a deslaves, inundaciones, grietas, hundimientos, sismos, entre otros fenómenos; es de imperiosa necesidad que el gobierno de la ciudad, a través de la Secretaría de Protección Civil, instrumente y agilice los mecanismos necesarios para cumplir con la normatividad en la materia, particularmente en los que se refiere a la elaboración del Atlas de Riesgos para el Distrito Federal.

Es menester señalar que en julio de este año se informó que especialistas del Instituto Politécnico Nacional (IPN) realizaban ya un atlas de riesgo, que tenía un 60 por ciento de avance.

El atlas de riesgo desarrollado por especialistas del IPN comprende básicamente los riesgos de tipo:

Los expertos en la elaboración de este tipo de instrumentos se basan en el sistema de información geográfica como imágenes de satélites para incluir información del subsuelo relativa a fracturas, fallas y minas.

El atlas de riesgo fue anunciado por el secretario de Protección Civil del Gobierno del Distrito Federal, licenciado Elías Miguel Moreno Brizuela, durante la presentación del plan de trabajo 2007 de la dependencia a su cargo; asimismo, manifestó que "el atlas de riesgo es una de las responsabilidades que se le han conferido a esta Secretaría, representa la herramienta por excelencia para la prevención de emergencias y su manejo, el cual está en proceso de elaboración en cada una de las 16 delegaciones y en el Distrito Federal".

El secretario de Protección Civil también ha declarado que la Ciudad de México es uno de los territorios más vulnerables del país, toda vez que en este territorio se mezcla un conjunto de condiciones que atentan permanentemente contra la vida de quienes la habitan. Se padecen temblores, inundaciones en época de lluvias, y en el valle de México está uno de los volcanes en actividad más importantes.

Conforme a lo expuesto, se concluye que la elaboración de un atlas de riesgo puede reducir los peligros, así como evitar o disminuir los efectos destructivos ocasionados por fenómenos naturales o accidentes.

Asimismo, el 3 de agosto de este año se publicó en el Diario Oficial de la Federación el "convenio de coordinación que celebran la Secretaría de Gobernación y el Gobierno del Distrito Federal, para la asignación de recursos que cubran el equivalente al 70 por ciento del costo del proyecto preventivo Atlas de Riesgos del Distrito Federal".

En dicho convenio se reconoce que existe suficiencia presupuestal para que la Secretaría de Gobernación asigne la cantidad de 16 millones 248 mil 640 pesos, con el propósito de que dichos recursos se destinen al costo del proyecto preventivo Atlas de Riesgos del Distrito Federal.

La cantidad asignada por la Dependencia Federal es la que corresponde al 70 por ciento del total del proyecto, el Gobierno del Distrito Federal deberá aprobar de manera complementaria la cantidad de 6 millones 963 mil 703, la cual constituye el 30 por ciento restante.

El secretario de Protección Civil, de acuerdo con sus facultades, deberá verificar el cumplimiento de la ley, reglamento, términos de referencia y normas técnicas complementarias en materia de protección civil, por lo que será de vital importancia la estricta observancia de dicho convenio de coordinación, toda vez que el artículo 23 Bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal señala que la Secretaría de Protección Civil tendrá la atribución de elaborar, operar, evaluar y actualizar el atlas de riesgo en materia de protección civil.

De igual manera, y con objeto de que los diputados federales integrantes de la Comisión del Distrito Federal conozcan con detalle el proyecto para la elaboración del atlas de riesgo, así como el uso y destino debido de los recursos públicos que se aplicarán, es necesario que se informe de los avances físicos y financieros del proyecto, obra o acción autorizada.

Considerandos

Primero. Que los diputados federales integrantes de esta soberanía deben vigilar el cumplimiento de la normatividad aplicable y velar por los intereses ciudadanos;

Segundo. Que el Distrito Federal es una entidad propensa a deslaves, inundaciones, grietas, hundimientos, sismos, entre otros fenómenos;

Tercero. Que debido a las características geofísicas que presenta la Ciudad de México, es necesario que el Gobierno del Distrito Federal, a través de la Secretaría de Protección Civil, instrumente y agilice los mecanismos necesarios para cumplir con la normatividad en la materia, particularmente en los que se refiere a la elaboración del Atlas de Riesgos para el Distrito Federal.

Toda vez que conforme al artículo 4o. del Reglamento de la Ley de Protección Civil para el Distrito Federal, corresponde a la secretaría compilar y analizar la información que deba incorporarse al Atlas de Riesgos del Distrito Federal;

Cuarto. Que el atlas de riesgo fue anunciado por el secretario de Protección Civil del Gobierno del Distrito Federal, licenciado Elías Miguel Moreno Brizuela, durante la presentación del Plan de Trabajo 2007 de la dependencia a su cargo; asimismo, manifestó que "El atlas de riesgo, es una de las responsabilidades que se han conferido a esta secretaría; representa la herramienta por excelencia para la prevención de emergencias y su manejo, el cual está en proceso de elaboración en cada una de las 16 delegaciones y en el Distrito Federal";

Quinto. Que el 3 de agosto de este año se publicó en el Diario Oficial de la Federación el convenio de coordinación entre la Secretaría de Gobernación y el Gobierno del Distrito Federal para la asignación de recursos que cubran el equivalente al 70 por ciento del costo del proyecto preventivo Atlas de Riesgos del Distrito Federal;

Sexto. Que en dicho convenio se reconoce que existe suficiencia presupuestal para que la Secretaría de Gobernación asigne la cantidad de 16 millones 248 mil 640 pesos, con el propósito de que dichos recursos se destinen al proyecto del atlas de riesgo; y

Séptimo. Que, de igual manera, y con objeto de que los diputados federales integrantes de la Comisión del Distrito Federal conozcan con detalle el proyecto para la elaboración del atlas de riesgos, así como el uso y destino debido de los recursos públicos que se aplicarán, es necesario que se informe de los avances físicos y financieros del proyecto, obra o acción autorizada.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración del Pleno de la Cámara de Diputados el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se solicita al jefe de Gobierno del Distrito Federal, licenciado Marcelo Ebrard Casaubón, que remita a la Comisión del Distrito Federal de la Cámara de Diputados, LX Legislatura, un informe pormenorizado relativo al proyecto preventivo atlas de riesgos, donde se especifiquen los avances físicos y financieros del mismo.

Salón de sesiones, a 6 de septiembre de 2007.

Diputada Gabriela González Martínez (rúbrica)
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LOS GOBIERNOS DE LOS ESTADOS DE VERACRUZ Y DE OAXACA A DESARROLLAR EN COORDINACIÓN CON LA ADMINISTRACIÓN FEDERAL MECANISMOS QUE PERMITAN LA EXISTENCIA DE UN CANAL SECO EN EL ISTMO DE TEHUANTEPEC, A CARGO DEL DIPUTADO OBDULIO ÁVILA MAYO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN

El que suscribe, diputado federal de la LX Legislatura del honorable Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración del Pleno de la Cámara de Diputados la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a los gobiernos constitucionales del Estado Libre y Soberano de Veracruz y de Oaxaca, respectivamente, a fin de que instauren procedimientos de coordinación que permitan la existencia de un canal seco en el Istmo de Tehuantepec, con el propósito de establecer un corredor interoceánico-urbano-industrial en dicha zona, al tenor de los siguientes

Antecedentes

1. El istmo de Tehuantepec es una región de México en donde los océanos Atlántico y Pacífico se localizan a una menor distancia. Aproximadamente corresponde a la región olmeca del estado de Veracruz y a los distritos de Tehuantepec y Juchitán, del istmo oaxaqueño.

El istmo comprende una parte de México localizada entre los meridianos 94º y 96° oeste. Alcanza los 200 kilómetros de distancia entre el océano Pacífico (o más precisamente, el golfo de Tehuantepec) y el golfo de México; en su punto más angosto alcanza los 192 kilómetros entre el golfo y la cabecera del lago Superior, que desemboca en el golfo de Tehuantepec.

En Tehuantepec, la Sierra Madre del Sur se convierte en un paso de poca altura y plano, apenas ondulado por algunas colinas que se levantan en la llanura.

2. En el istmo de Tehuantepec sobreviven los bosques y selvas tropicales, zona bastante húmeda por su biodiversidad y extensión, además de ser la única unión natural entre el pacífico y el golfo de México, por ser la zona más estrecha en el país entre ambos océanos.

3. Desde los días de Hernán Cortés, el istmo de Tehuantepec ha sido considerado como una ruta favorable, primero para un canal interoceánico, y a partir del siglo XIX para una línea ferroviaria interoceánica. Su proximidad a uno de los puntos más activos del comercio internacional (Estados Unidos) le daba alguna ventaja sobre la ruta por Panamá. A pesar de ello, el istmo de Panamá es bastante más estrecho, lo que finalmente condujo a la construcción del paso interoceánico por aquella república centroamericana. Por otra parte, el Tratado de La Mesilla –signado por México y Estados Unidos en 1853– incluía una disposición que permitiría a Estados Unidos transportar correo y bienes comerciales a través del istmo de Tehuantepec, vía carretera o ferrocarril. A su vez, el Tratado McLane-Ocampo, firmado por Benito Juárez en 1859, pero no aprobado por el Congreso estadounidense, también hubiera permitido el libre tránsito de los estadounidenses a través de la misma ruta.

No obstante el alto costo del canal a través del istmo tehuano llevaron a los ingenieros e inversionistas a considerarlo como un proyecto inviable. James B. Eads propuso la construcción de una cuádruple vía de ferrocarril para transportar los barcos, y el planteamiento recibió atención seria por algún tiempo. Luego vinieron otros proyectos para la construcción de ferrovías ordinarias, y bastantes concesiones fueron otorgadas por el gobierno de México para este propósito entre 1857 y 1882.

En ese último año, la Presidencia de México resolvió tomar en sus manos la empresa, y comenzó negociaciones con contratistas mexicanos para realizar la obra. Sin embargo, en 1888 ese contrato fue rescindido, luego de la construcción de 108 kilómetros de ferrovías. El siguiente contrato fue menos fructífero debido a la muerte del contratista, y el tercero falló en el costo calculado, por lo que también fracasó, esto ocurrió en 1893, cuando aún restaban 60 kilómetros de vías por ser construidas. Un cuarto contrato llevó a la conclusión de la vía, en 1894; fue hasta entonces que se descubrió que los puertos de embarque (Salina Cruz en el Pacífico y Coatzacoalcos en el golfo) tenían deficiencias en infraestructura y que la vía no era apta para tránsito pesado. De esta suerte, el gobierno de Porfirio Díaz entró en pláticas con la constructora Pearson & Son de Londres, que había participado en las obras de drenaje del valle de México (del lago de Texcoco). Esta empresa británica se dio a la tarea de reconstruir los puertos de Coatzacoalcos y Salina Cruz, respectivamente.

4. Ahora bien, en mayo de 1998 se da a conocer el Programa Integral de Desarrollo Económico Para el Istmo de Tehuantepec (Oaxaca-Veracruz), por el cual esta región tiene la oportunidad de acceder al tan esperado desarrollo. El eje del programa es la modernización, por licitación, del ferrocarril y las dos terminales portuarias que une, así como la construcción de una carretera rápida de cuota y equipamiento urbano. Sobre este eje se identifica un total de 125 proyectos: 20 por ciento, urbanos; 18.4 por ciento, petróleos y petroquímicos; 6.4 por ciento, portuarios; 6.4 por ciento, forestales; 5.6 por ciento, carreteras; 4.8 por ciento, minería; 4.8 por ciento, agroindustriales; y 3.2 por ciento, turismo.

Además de la vía férrea y la autopista, a lo largo del eje transístmico se proyecta la instalación de un corredor industrial de maquiladoras. En los dos extremos del eje transístmico se ubican los puertos de Coatzacoalcos y Salina Cruz, que juntos concentran la mayor importancia nacional para la explotación petrolera. También se proyecta la construcción del aeropuerto internacional del istmo en Ixtepec.

Para estas obras y para las industrias se requiere agua en grandes cantidades, para lo cual se dispone de la presa Benito Juárez, Oaxaca, y se proyecta la construcción de una serie de presas, túneles y canales en la selva de los Chimalapas, la región húmeda más importante de México.

Lo anterior, implica la modernización de dichos puertos para aumentar su capacidad de carga, además de la modernización de la industria petroquímica básica de ambos puertos. Otras regiones petroleras que se beneficiarían del Megaproyecto son Campeche y Tabasco en el golfo de México, Chiapas y Centroamérica, al sureste.

De esta manera, la región se convertiría en una zona petrolera de importancia estratégica mundial mucho mayor de lo que ya es, compitiendo con otras regiones como Venezuela y el golfo Pérsico.

5. En ambos puertos se planean también proyectos pesqueros, sobre todo en el golfo de Tehuantepec, en cuyas lagunas se planea la instalación de plantas de camarón.

La carretera transístmica actualmente es de dos carriles y se pretende ampliarla a ocho y convertirla en autopista de cuota, lo que requiere desplazamiento de poblaciones y ciudades asentadas a lo largo del camino y una inversión considerable.

A su vez, se pretende abrir un corredor de maquiladoras a lo largo de la súper autopista transístmica y modernizar la vía férrea a la modalidad de tren bala, para transportar las mercancías a los puertos y proceder a la exportación. Fácilmente la mercancía llegaría del sureste asiático a Salina Cruz, se maquilaría en la región y saldría por Coatzacoalcos como mercancía, rumbo a Estados Unidos o Europa, el mismo esquema podría ser empleado en forma inversa.

Como se ha mencionado, se tiene proyectado construir un aeropuerto internacional en Ixtepec que brinde movilidad y desarrollo en la zona. Además, se tiene programada el desarrollo de un complejo turístico en Huatulco, cuya carretera y aeropuerto también pretende modernizarse.

Un argumento que podría ir en contra del proyecto es el riesgo que tiene este plan macroeconómico para México y Centroamérica, cuyo objetivo implícito es la explotación de los recursos naturales como petróleo, agua, tierras y biodiversidad, para acelerar el proceso de globalización comercial a nivel mundial, es el desgaste de los ecosistemas de Mesoamérica, además de la sobreexplotación de la mano de obra latinoamericana, una de las más baratas del mundo.

6. El área de operación del megaproyecto comprende 80 municipios de los estados de Oaxaca y Veracruz. El megaproyecto durante el sexenio del presidente Ernesto Zedillo Ponce de León se inscribió como parte del Plan de las 100 Ciudades, según el Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000, en el que se contempló el desarrollo urbano para ciudades medias del istmo.

7. Con precedente en el Plan Nacional de Desarrollo Urbano 1995-2000, y bajo el marco del Plan Puebla-Panamá del año 2000, el desarrollo del istmo de Tehuantepec fue concebido como una propuesta de corredor interoceánico-urbano-industrial, en el que se consideró el desarrollo de una compleja red de infraestructuras, carreteras, puertos marítimos, ferrocarriles, aeropuertos, redes de tendidos eléctricos, gasoductos, oleoductos y poliductos, centros de distribución y almacenamiento de hidrocarburos, hidrovías, acueductos, tendidos de fibra óptica, entre otros conceptos.

8. La parte norte del istmo posee una cuenca rica en petróleo, cuyo potencial ha revivido con el descubrimiento de enormes yacimientos profundos en el subsuelo marino en las zonas denominadas "hoyos de dona", donde se presumen reservas petroleras similares o mayores a las de la sonda de Campeche y que actualmente se encuentran en proceso de delimitación territorial con Estados Unidos de América.

9. La ubicación geopolítica del istmo de Tehuantepec y sus enormes riquezas naturales han despertado el interés y la ambición de las potencias comerciales, por ser una estrecha porción terrestre de comunicación interoceánica entre el océano Pacífico y el Atlántico; motivo de gran atención y oportunidad para el desarrollo social y económico de esa región.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos la siguiente proposición con punto de acuerdo, en términos de los siguientes

Considerandos

Primero. Que la localización geográfica del istmo es considerada por los expertos como una zona óptima para el desarrollo de un proyecto interoceánico-urbano-industrial en el que se pretende desarrollar una compleja red de infraestructura, carreteras, puertos marítimos, ferrocarriles, aeropuertos, redes de tendidos eléctricos, gasoductos, oleoductos, poliductos, centros de distribución, pero sobre todo la creación de un gasoducto en la ciudad Pemex que permita abastecer de energéticos a Estados Unidos de América y a los países centroamericanos, enlazando los centros productores de Tabasco y Campeche con los de Chiapas y Guatemala.

Segundo. Que con la construcción de un proyecto de tal naturaleza se apoyará a una población de 2 millones 200 mil personas que habitan en los 80 municipios del área de influencia: 31 de Veracruz y 49 de Oaxaca, respectivamente, siendo éstos en su mayoría grupos étnicos que actualmente sufren carencias de servicios públicos, desnutrición y representan el 75 por ciento de la población económicamente activa en actividades primarias. Esta población podría tener una mejor calidad de vida y se incorporaría a otras actividades económicas que le permitan mejores ingresos.

Tercero. Que México será un puente entre dos océanos y a lo largo del continente americano, al norte tendrá el mayor mercado del mundo y al sur el mercado de los países centroamericanos y del caribe, así como a los sudamericanos. Esto permitirá mayor empleo para la población de la zona, impidiendo en gran medida la migración de ciudadanos hacia los Estados Unidos de América.

Cuarto. Que este proyecto hará que los puertos mexicanos como Coatzacoalcos y Salinas Cruz tengan una relevancia internacional. Este proyecto contará con dos puertos dotados con tecnología de punta, con gran capacidad logística, un ferrocarril interoceánico moderno, carreteras modernas, parques industriales y zonas francas, que lo convertirán en la ruta de transporte de productos más importante del continente americano, lo que generará además el descongestionamiento marítimo; menores costos en el control de las mercancías, mayor seguridad del recaudo de los tributos, autocontrol del contrabando, reducción en costos de recaudos aduaneros, competitividad de nuestros productos en los mercados internacionales y menores precios de las mercancías importadas.

En este orden de ideas, someto a la consideración de la honorable Cámara de Diputados el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a los gobiernos de los estados de Veracruz y de Oaxaca, respectivamente, a realizar el megaproyecto del istmo de Tehuantepec, mediante los procedimientos de coordinación con el gobierno federal que permitan la existencia de un canal seco en el istmo de Tehuantepec, con el propósito de establecer el corredor interoceánico-urbano-industrial en dicha zona que permita un adecuado desarrollo económico y social del sur del país.

Presentada en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 septiembre de 2007.

Diputado Obdulio Ávila Mayo (rúbrica)
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL JEFE DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL A ACEPTAR Y CUMPLIMENTAR LA RECOMENDACIÓN NÚMERO 17/2006, EMITIDA POR LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL DISTRITO FEDERAL, A CARGO DEL DIPUTADO OBDULIO ÁVILA MAYO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN

El que suscribe, diputado federal de la LX Legislatura del honorable Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración del Pleno de la honorable Cámara de Diputados la presente proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al jefe del Gobierno del Distrito Federal, licenciado Marcelo Luis Ebrard Casaubón, acepte y cumplimente la recomendación 17/2006 emitida por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, relativa al incumplimiento de laudos y resoluciones firmes, al tenor de los siguientes

Antecedentes

1. La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal ha recibido un elevado número de quejas por incumplimiento de laudos y resoluciones en materia laboral y administrativa, todas resoluciones firmes y atribuibles a diversos titulares de la administración pública del Distrito Federal.

De entre los asuntos documentados por el órgano protector de los derechos humanos en el Distrito Federal, 23 casos –22 laudos y 1 sentencia de amparo– implican obligaciones a cargo del jefe del gobierno, 4 son resoluciones administrativas contra el procurador general de Justicia, 7 más son resoluciones administrativas contra el secretario de Seguridad Pública, 2 son resoluciones administrativas contra el secretario de Transporte y Vialidad, 1 resolución administrativa contra el secretario de Cultura, 35 laudos contra el director general del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, 1 laudo contra el procurador social y otro más contra el director general de la Caja de Previsión de Trabajadores a Lista de Raya, todos del Distrito Federal.

En su totalidad, y pese a ser resoluciones firmes, la constante es la misma: la ausencia de cualquier evidencia, por parte de la autoridad, que garantice que han sido totalmente cumplidos los laudos y resoluciones que les condenan.

2. No obsta afirmar que las distintas salas de los Tribunales Contencioso Administrativo y Federal de Conciliación y Arbitraje señalan que, dado el desacato de la parte condenada y para la eficaz ejecución de sus fallos, han efectuado múltiples requerimientos, entre ellos la aplicación de multas, sin que a la fecha se haya logrado su cumplimiento.

Sin embargo, en el grueso de los casos, la autoridad no puede demostrar fehacientemente la satisfacción efectiva de los derechos que los laudos y resoluciones reconocieron para los trabajadores por ellos beneficiados.

Además, de la investigación y documentación de cada uno de los expedientes de queja se desprende que, ante el desacato, algunos agraviados han promovido juicio de garantías contra la inejecución de las sentencias e incluso algunos casos se están tramitando mediante el procedimiento de incumplimiento de resoluciones ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

3. Que cuando los diversos titulares de la administración pública del Distrito Federal han sido requeridos para que indiquen los trámites efectuados para el cumplimiento de los fallos pronunciados por el Tribunal Contencioso Administrativo y el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, sus respuestas, en la mayoría de las ocasiones, señalan que se encuentran realizando gestiones ante las diversas áreas encargadas de la autorización de la creación de las plazas o solicitando la suficiencia presupuestal para cubrir los pagos respectivos.

Lo anterior, a pesar de que en el Código Fiscal del Distrito Federal para el Ejercicio Fiscal de 2006, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal aprobó un presupuesto de 123 millones de pesos, para que el gobierno capitalino tuviera la capacidad pecuniaria de pagar a los trabajadores que lo han demandado por no respetar sus derechos como empleados.

4. Debido a la falta de ejecución de laudos y resoluciones, los agraviados no han podido disfrutar de los derechos que éstos les reconocen.

Esta honorable representación popular debe emitir postura al respecto, ya que no podemos pasar por alto que, ante el deber de dar cumplimiento a los laudos y resoluciones existentes, el Gobierno del Distrito Federal no tiene otra posibilidad que la de cumplimentarlas en sus términos, como cualquier otra parte condenada tiene obligación de hacerlo.

5. El Gobierno del Distrito Federal, a través de la Mesa de Asuntos Laborales de la Comisión de Estudios Jurídicos del Distrito Federal, pretende atender la problemática planteada, en específico, para conciliar soluciones alternas a las que se derivan en los fallos y resoluciones correspondientes.

Empero, como representantes populares y creadores formales de leyes, no podemos permitir que estas prácticas se extiendan en detrimento de los derechos de los trabajadores que, en última instancia, recibieron el fallo favorable de un tribunal que ya ha juzgado los argumentos de las partes involucradas.

Por lo expuesto, sometemos la siguiente proposición con punto de acuerdo, en términos de los siguientes

Considerandos

Primero. Que en todos los laudos y resoluciones emitidos por la autoridad laboral y administrativa, materia de la recomendación 17/2006 emitida por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, se trata de asuntos que han causado estado y sobre los cuales no cabe la posibilidad de recurso alguno; y, que debido a la falta de ejecución de los laudos y resoluciones, los agraviados no han podido disfrutar de los derechos que éstos les reconocen.

Segundo. Que es necesario considerar que, ante el deber de dar cumplimiento a los laudos y resoluciones, la autoridad que resulta condenada debe cumplirlas en sus términos, independientemente de que en casos específicos los beneficiarios de la sentencia acepten formas alternativas de ejecución, por lo que no es posible alegar razones de carácter administrativo o de otra índole para argumentar la imposibilidad de acatar el fallo: la autoridad condenada tiene el deber de cumplimentar los laudos.

Tercero. Que con la omisión de las diversas autoridades de la administración pública del Distrito Federal, que a la fecha no han acatado los laudos y resoluciones firmes dictados por los citados tribunales, violan los derechos fundamentales a la tutela jurisdiccional y a la seguridad jurídica de los ciudadanos del Distrito Federal.

En un estado de derecho no es permisible a ningún gobierno negarse a cumplir, retrasar u omitir el cumplimiento de los términos de las sentencias, laudos o resoluciones definitivas en agravio de los ciudadanos.

Cuarto. Que queda de manifiesto que los agraviados han sido afectados en su derecho a una adecuada protección judicial. Esta violación conlleva la afectación del derecho de toda persona de que las resoluciones judiciales deben de ser acatadas, así como que los derechos reconocidos en la resolución se hagan efectivos.

Quinto. Que el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece bajo la denominación de garantía individual, el derecho humano de acceso a la justicia, que se integra también con el derecho a la plena ejecución de las resoluciones judiciales.

Los tribunales laborales forman parte de los denominados "órganos jurisdiccionales administrativos" que, a pesar de no formar parte del órgano de la jurisdicción, son instancias eficaces para la administración de justicia; consecuentemente, los derechos establecidos a través del artículo 17 constitucional resultan aplicables a las resoluciones y laudos que esos tribunales emitan.

Sexto. Que sobre esta cuestión de derecho, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que la ejecución de las resoluciones judiciales es una garantía, como queda asentado en la tesis localizable en novena época, TCC, SJF y su Gaceta, X, agosto de 1999, página 799 [TA], que a continuación se reproduce:

En efecto, el cumplimiento de una sentencia no puede quedar supeditado a la voluntad o discrecionalidad del propio obligado, en este caso, el Gobierno del Distrito Federal, en detrimento de sus propios trabajadores, que en última instancia, también son sus gobernados.

Octavo. Que el derecho a la protección judicial sería ilusorio si en la Ciudad de México se permite que una decisión judicial final y obligatoria permanezca ineficaz en detrimento de una de las partes, máxime cuando la responsabilidad recae en el Gobierno del Distrito Federal.

Por todo esto resulta imprescindible, necesario y urgente que esta representación nacional emita postura y se pronuncie respecto del incumplimiento, por parte de las autoridades citadas, de los fallos firmes emitidos por el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje y el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, ambos del Distrito Federal, toda vez que con su omisión e incumplimiento se vulnera, en agravio de los trabajadores y servidores públicos de esa entidad, los derechos a la adecuada protección judicial y a la seguridad jurídica.

Acción Nacional, refrendando su compromiso con los trabajadores del país de preservar y respetar sus derechos adquiridos, propone ante este honorable Pleno exhortar al jefe del Gobierno del Distrito Federal, licenciado Marcelo Luis Ebrard Casaubón, para que acepte y cumplimente la recomendación 17/2006 emitida por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, relativa al incumplimiento de laudos y resoluciones firmes.

Asimismo, y con el mismo interés de legalidad y de representar los intereses de los mexicanos, consideramos que esta alta tribuna no deba limitarse a los asuntos documentados en la presente resolución, sino que también solicite al jefe del Gobierno del Distrito Federal instruya a los titulares de dicha administración, a efecto de respetar los derechos de los trabajadores y servidores públicos de esa entidad, con el fin de prevenir la incidencia de fallos condenatorios en esa materia, y para que se de un cumplimiento expedito y puntual de las resoluciones judiciales y laudos a los que están obligados a acatar.

En este orden de ideas, someto a consideración de la honorable Cámara de Diputados el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorta al jefe del Gobierno del Distrito Federal, licenciado Marcelo Luis Ebrard Casaubón, a efecto de que acepte y cumplimente la recomendación 17/2006 emitida por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, relativa al incumplimiento de laudos y resoluciones firmes.

Segundo. Se exhorta al jefe del Gobierno del Distrito Federal, licenciado Marcelo Luis Ebrard Casaubón, a efecto de que instruya a los titulares de la administración pública del Distrito Federal a fin de que sean respetados los derechos de los trabajadores y servidores públicos de esa entidad, con el fin de prevenir la incidencia de fallos condenatorios en esa materia, y para que se de un cumplimiento expedito y puntual de las resoluciones judiciales y laudos a los que están obligados a acatar.

Presentada en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de septiembre de 2007.

Diputado Obdulio Ávila Mayo (rúbrica)
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA SEGOB A INFORMAR A ESTA SOBERANÍA SOBRE LA SITUACIÓN QUE GUARDAN LOS TRABAJADORES MIGRANTES DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, A CARGO DE LA DIPUTADA ALMA HILDA MEDINA MACÍAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN

La suscrita Diputada Alma Hilda Medina Macias, de la LX Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 27, fracción XVI, 58 y 87 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, propone al Pleno de la honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorte a la Secretaría de Gobernación, a que de un informe detallado de la situación que guardan los ex braceros migrantes del estado de Aguascalientes, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

1. Con motivo de la Segunda Guerra Mundial, en la población estadounidense se ocasionó una baja notable debida a la salida de los soldados norteamericanos; lo que trajo como consecuencia la contratación de mano de obra mexicana para que trabajara en los campos agrícolas y en el ferrocarril.

2. El gobierno de Estados Unidos de América solicitó al gobierno mexicano que permitiera la salida de trabajadores mexicanos al país vecino mediante el Programa Bracero; este acuerdo se firmó el 4 de agosto de 1942, y a través del mismo más de cinco millones de mexicanos se fueron a trabajar a los campos agrícolas y ferroviarios de Estados Unidos de América.

3. Durante todo el tiempo que estuvieron laborando los braceros en Estados Unidos de América, se les retuvo el 10 por ciento de sus salarios, este porcentaje se les depositaba en cuentas bancarias. Dichas retenciones se les debieron entregar a su regreso.

4. Las autoridades estadounidenses entregaron el dinero retenido al Banco de México que a su vez lo entregó al Banco Agrícola, convertido ahora en Financiera Rural. Sin embargo, las autoridades de México no hicieron el traslado de los fondos.

Durante la LIX Legislatura se constituyó oficialmente la Comisión Especial de Ex Braceros, para investigar y llegar a conocer el destino del dinero de los braceros mexicanos que trabajaron bajo el acuerdo de 1942.

5. Se constituyó oficialmente el 17 de marzo de 2004 la Comisión Especial de Ex Braceros de la LIX Legislatura, cuyo objeto era recabar la información necesaria para conocer el destino de los fondos de depósito de los trabajadores mexicanos braceros entre los años 1942 y 1946.

6. El 25 de mayo de 2005, el entonces presidente de la república, Vicente Fox Quesada, decreta a través del Diario Oficial, el Fideicomiso de Apoyo Social, y el 27 de octubre se publican las Reglas de Operación del Fondo de Apoyo para que se cree un padrón de dichos trabajadores y así hacer efectivo su pago.

7. La Secretaría de Gobernación ha venido efectuando el pago a estos trabajadores con el presupuesto asignado para tal efecto. Esto es insuficiente debido a que cada año se asigna la cantidad de 300 millones de pesos, con lo cual se cubre sólo a 7,728 braceros al año, siendo que hay un padrón de 42,663, un número demasiado grande como para cubrir con dicho monto.

8. Este año, del presupuesto asignado para el pago de los ex braceros al estado de Aguascalientes, sólo se ha pagado a 51 de ellos, otorgando a cada uno la cantidad de 38,000 pesos (treinta y ocho mil pesos 00/100); falta pagar a un total de 116 braceros hidrocálidos.

Por lo anterior, someto a consideración el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Secretaría de Gobernación a que de un informe detallado de la situación que guardan los braceros migrantes del estado de Aguascalientes, en un plazo no mayor a 15 días.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de septiembre de 2007.

Diputada Alma Hilda Medina Macias (rúbrica)
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECTUR A DIFUNDIR, EN COORDINACIÓN CON EL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, EL TURISMO EN DICHA ENTIDAD, A CARGO DEL DIPUTADO JOSÉ LUIS CONTRERAS COETO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN

El suscrito diputado federal en la LX Legislatura, José Luis Contreras Coeto, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 58, 59 y demás relativos y aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta honorable Cámara de Diputados la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Turismo para que, en coordinación con el estado de Puebla, difundan en los medios de comunicación, el turismo en el estado de Puebla.

En razón de los siguientes

Considerandos

Primero. El estado de Puebla es uno de los 31 estados de México. Su capital es la heroica Puebla de Zaragoza. Colinda al este con el estado de Veracruz; al poniente con el estado de México, Hidalgo, Tlaxcala y Morelos, y al sur con los estados de Oaxaca y Guerrero. Puebla no tiene salida al mar, y presenta un relieve sumamente accidentado. Su superficie es de 34 mil 251 kilómetros cuadrados, en la cual viven 5 millones 383 mil 133 personas, que convierten a este estado en el quinto más poblado del país.

Segundo. Puebla cuenta con una amplia y variada riqueza turística e histórica, dentro de las cuales, se contemplan la zona arqueológica de Cholula, la biblioteca Palafoxiana, los fuertes de Loreto y Guadalupe -que fueran parte fundamental en la batalla que se ganó ante el ejército invasor francés-, la casa de los hermanos Aquiles Serdan -donde se inicio la revolución mexicana-, y el centro de la ciudad de Puebla, entre otros lugares de interés tanto para el turismo nacional como internacional. Cabe mencionar también, que dicho estado tiene una gastronomía como pocas, capaz de deleitar a los visitantes.

Tercero. Que en el año de 1897, el centro histórico de la ciudad de Puebla, fue designado por la UNESCO como patrimonio de la humanidad, así como los primeros monasterios del siglo XVI, teniendo con esto acceso a la asistencia técnica internacional, a fondos de financiamiento y a programas especializados de cooperación, formación profesional y educativa, otorgados por este organismo y dándole mayor peso a la ciudad, peso que ha sido desaprovechado por el gobierno local al no incentivar el turismo.

Cuarto. Que actualmente Puebla forma parte de un programa realizado por la Secretaria de Turismo Federal llamado Ruta de los Dioses, en el cual junto con los estados de Oaxaca, Tlaxcala, Veracruz y del Distrito Federal se pretende posicionar a la región como un destino turístico integrado y diferenciado, con productos novedosos desarrollados con base en la investigación de mercado y técnicas de marketing, que garanticen el incremento de turistas, divisas, inversión y empleo, iguales o superiores, a la media nacional. Dicho programa se implementó desde 1998, y a la fecha, no se ha tenido promoción más que por medios electrónicos.

Quinto. Que la promoción del turismo en el estado de Puebla, traería consigo que la Industria Turística del estado, se consolide como uno de los sectores más dinámicos de la sociedad poblana, por su impacto en la generación de empleos permanentes y bien remunerados, en la captación de divisas y en el desarrollo regional. Teniendo la capacidad el gobierno local de crear una nueva etapa del turismo planificado, diseñando nuevas y diversificadas alternativas de negocios turísticos acordes con las demandas de un mercado mundial altamente competitivo.

Sexto. Que por tal motivo, es de gran importancia que tanto el gobierno local y el federal se complementen y apoyen al estado de Puebla para que difundan los lugares turísticos con los que cuenta este estado, para que obtenga una mayor captación económica, para que, a su vez, se destinen al apoyo de las comunidades que viven en condiciones de extrema pobreza.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión la proposición con el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Secretaria de Turismo para que en coordinación con el gobierno del estado de Puebla, difundan en los medios de comunicación, el turismo en el estado de Puebla.

Dado en la Ciudad de México, Distrito Federal, a 6 de septiembre de 2007.

Diputado José Luis Contreras Coeto (rúbrica)
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A CONSIDERAR EN EL PROGRAMA PUEBLOS MÁGICOS LA RIBERA DE CHAPALA, JALISCO, A CARGO DEL DIPUTADO FRANCISCO JAVIER GUDIÑO ORTIZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN

El suscrito diputado federal de la LX Legislatura, Francisco Javier Gudiño Ortiz, e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, y demás relativos y aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presento ante esta asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Poder Ejecutivo federal, a considerar la rivera de Chapala, Jalisco, en el programa Pueblos Mágicos, que promueve la Secretaría de Turismo, en virtud de que cumple los requisitos culturales, históricos y de infraestructura para su adecuado desempeño y desarrollo, a través de la siguiente

Exposición de Motivos

Enclavado en la parte central de Jalisco, Chapala "el lugar de bucaneros u ollas pequeñas" o "el lugar mojado o empapado" o "el lugar de los chapuzones sobre el agua", es la población que da nombre al lago más importante de México. Municipio del estado de Jalisco, ubicado en la zona central del estado, Chapala es también el nombre de la cabecera municipal y del Lago más grande del país.

En sus orígenes Chapalac o Chapallan, fue un asentamiento prehispánico cuya antigüedad mas remota es encontrada en el siglo XII de nuestra era, cuando una migración de tribus de origen náhuatl provinentes del noroeste del país, tocaron estas latitudes, encontrando la ribera norte del lago sumamente poblada, como lo refiere Fray Antonio Tello, fraile y cronista franciscano.

Fruto de la labor de evangelización de los franciscanos, Fray Miguel de Bolonia, Fray Martín de Jesús o de la Coruña y Fray Juan de Amolón, se construyeron en 1531 -con zacate y adobe- el convento y el hospital en el lugar que ocupa la capilla de Nuestra Señora del Rosario de Axixic, la iglesia de Tlayacapán (San Antonio) y, en 1548, el Convento de Chapallan (Chapala).

De 1825 a 1838 perteneció a la tercer región de la barca, posteriormente a la primer región de Guadalajara. El 27 de marzo de 1824, se le concede el título de Villa a Chapala, en la proposición quinta del Plan de División Territorial del Estado.

Es a partir de 1885 cuando Chapala se empieza a desarrollar como centro turístico. Por el decreto 747 del 30 de diciembre de 1896, se erigen en 5 regiones las municipales de: Chapala, Tlajomulco, Ixtlahucán de los Membrillos, Tuxcueca, y Tizapan el Alto; siendo Chapala la Cabecera.

Además, las fincas estilo europeo, construidas entre los años de 1878 y 1920, tomaron asiento hacia el oriente y poniente de la parroquia de San Francisco de Asís, sobre la orilla y sobre la calle que desemboca en el embarcadero, contrastando así la arquitectura con el paisaje; frente al primer hotel "El Arzapalo" -cubierto por el Mirador del Restaurante Beer Garden-, la casa Braniff -hoy restaurante Cazadores-, la casa del arquitecto Luís Barragán –al costado sur del Supermercado sobre la avenida Madero-, el Hotel Palmera (hoy Hotel Nido) y el Hotel Niza (hoy Banco HSBC), ambos sobre la avenida Madero.

El lago se ubica a mil 500 metros sobre el mar. Su extensión es de mil 750 kilómetros cuadrados y cuenta con una capacidad de embalse de aproximadamente 8 mil millones de metros cúbicos. Durante muchos años fue el lago más importante de la república, ubicado en los cantones de Chapala y la Barca.

Alrededor del lago existen pequeños manantiales de aguas termales, siendo los principales los de Chapala y Tizapan el Alto. Cuenta con dos islas: la de Mezcalá, constituida como una fortaleza durante la independencia, y la isla de los Alacranes, uno de los centros ceremoniales huichol.

El lago de Chapala es una de las zonas turísticas más importantes del estado. Los servicios turísticos han formado espacios muy especializados de renombre internacional como Ajijic. Se encuentra además con otros atractivos: balnearios termales, templos y construcciones coloniales, riqueza artesanal y gastronomía, cascos de hacienda, fiestas populares y la combinación de atractivos paisajes.

En general, la ribera del Lago de Chapala, es una de las zonas turísticas del estado más importantes. En ella se asientan 43 establecimientos de hospedaje con mil 69 habitaciones, las cuales representan el 3 por ciento con respecto al estado, sólo uno de los negocios es de cinco estrellas y la mayor capacidad se concentra en los no clasificados y apartamentos.

El objetivo principal de este punto de acuerdo es proteger, conservar y equilibrar el desarrollo de la ribera, fortaleciendo la afluencia turística de Chapala y la región, con el proyecto de desarrollo integral de Chapala, que permita consolidar la afluencia local, regional, nacional e internacional para detonar el desarrollo de la ribera del lago y del municipio, para así estimular la redistribución económica de la región, dando como resultado el posicionamiento de un atractivo adicional a lo ya existente.

Reconocemos que se requiere la participación de casi todos los sectores productivos, y como tal, debe encauzarse la participación entre los distintos sectores involucrados en la actividad turística, en especial, en áreas como infraestructura, transporte, abasto de alimentos y servicios urbanos.

Por lo expuesto, y con base en el óptimo estado de conservación de sus balnearios termales, templos y construcciones coloniales, riqueza artesanal y gastronómica, cascos de haciendas, fiestas populares y la combinación de atractivos paisajes, se considera procedente y justificado el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta al Poder Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Turismo, a considerar la Ribera de Chapala en el programa Pueblos Mágicos, que promueve dicha secretaría, en virtud de que cumple con los requisitos históricos, culturales y de infraestructura para su correcto desempeño y desarrollo.

Dado en el Salón de Sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a los seis días del mes de septiembre del año 2007.

Diputado Francisco Javier Gudiño Ortiz (rúbrica)
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA PROFECO Y A LA COFETEL A SOLUCIONAR EL PROBLEMA DE COBROS INDEBIDOS POR SERVICIOS DE NÚMEROS 01 900, A CARGO DEL DIPUTADO OMAR ANTONIO BORBOA BECERRA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el suscrito, diputado federal Omar Antonio Borboa Becerra, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LX Legislatura, presenta ante esta soberanía el siguiente punto de acuerdo por el que se exhorta a la Procuraduría Federal del Consumidor y a la Comisión Federal de Telecomunicaciones a solucionar, junto con los operadores de telecomunicaciones correspondientes, el problema de cobros indebidos por servicios de números 01900, basado en los siguientes:

Consideraciones

1. En México, igual que en el resto del mundo, hemos podido beneficiarnos enormemente de los avances tecnológicos en el sector telecomunicaciones. Gracias a éstos, hoy día no hace falta trasladarse a lugares distantes para poder llevar a cabo una serie de actividades. Esta sesión se puede ver desde cualquier parte del mundo. De igual forma, una pequeña empresa mexicana puede adquirir bienes y servicios para sus actividades productivas que tal vez no estén disponibles aquí, sin la necesidad de que sus encargados viajen al extranjero.

Como éstas, podría enumerar un sinfín de ventajas que se han logrado gracias al avance tecnológico, que no sólo ha hecho nuestra vida más productiva y confortable, sino que ha dado paso a la creación de nuevos bienes y servicios, propiciando permanentemente la creación de más empleos y nuevas especialidades en la vida económica de nuestro país.

2. Sin embargo, para que los sectores involucrados en la producción de estos bienes y servicios puedan desarrollar su máximo potencial, existe un insumo que resulta indispensable: la certidumbre. Certidumbre respecto a que el bien o servicio recibido será de hecho el prometido y se entregará en el tiempo y la forma acordados; pero, más importante tal vez, a que los consumidores no van a ser sorprendidos ni afectados por acceder a las ventajas de la tecnología moderna. Sin la certidumbre el total de la actividad económica arriba descrita y los beneficios que ésta genera simplemente no pueden existir.

3. Al respecto, es importante aclarar que lo que se observa en nuestro país, es que una enorme y creciente mayoría de comerciantes y empresas, hacen un uso honesto y apropiado de las nuevas tecnologías, brindando más a sus consumidores. Sin embargo, como siempre, existe una pequeña minoría de individuos, que más que ganarse la vida, buscan aprovecharse de los demás, a través de los citados avances tecnológicos. En este caso concreto me refiero a las compañías que hacen mal uso de los números 01900.

Según se sabe, estas compañías se aprovechan de los usuarios para que, al navegar por Internet, mientras visitan una página aparentemente segura, se descargue automáticamente desde ésta un controlador que, sin necesidad de que el usuario dé la orden hace que la computadora se desconecte de la red y marque inmediatamente un número 01900. Dicho número, puede tener un costo por minuto sumamente elevado para los usuarios, sin que éstos lo hayan solicitado o se den cuenta de lo sucedido.

4. Sin embargo, a pesar de lo indignante que resulta el injusto cargo hecho a los usuarios de la red, resulta sumamente preocupante la pérdida de credibilidad de dichos medios, tanto para los usuarios sorprendidos como para quienes, al saber sobre la problemática de este tipo de servicios, prefieren evitarlos. Esta pérdida de credibilidad nos aleja a todos de estos sectores en crecimiento, de la así llamada ‘nueva economía’, erosionando su potencial y los beneficios que aportaría.

5. Afortunadamente, nuestras leyes tienen previstas disposiciones para abatir este tipo situaciones. La Ley Federal de Protección al Consumidor contempla un capítulo sobre los derechos de los consumidores para transacciones efectuadas a través de medios electrónicos y otras tecnologías. En dicho apartado se establecen dos normas que son muy claras. Por una parte se estipula que "el consumidor tendrá derecho a conocer toda la información sobre los términos, condiciones, costos, cargos adicionales, en su caso, formas de pago de los bienes y servicios ofrecidos por el proveedor", situación que es claramente la opuesta a lo que nos ocupa.

Por otra parte, dicha ley establece explícitamente que para las transacciones realizadas a través de estos medios "el proveedor evitará las prácticas comerciales engañosas respecto de las características de los productos, por lo que deberá cumplir con las disposiciones relativas a la información y publicidad de los bienes y servicios que ofrezca, señaladas en esta ley y demás disposiciones que se deriven de ella". Es decir, que más allá de que existan ya las disposiciones específicas para combatir este tipo de prácticas claramente engañosas, nuestro orden jurídico cuenta con las bases para que podamos eliminarlas.

En virtud de lo aquí expuesto, me permito poner a consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. Se hace un atento exhorto al Poder Ejecutivo federal, a través de a la Procuraduría Federal de Protección al Consumidor, y a la Comisión Federal de Telecomunicaciones para que, en el ámbito de sus respectivas competencias, realicen un estudio detallado sobre la problemática que implica el cobro indebido por los servicios de números 01900, involucrando en dicho estudio a los operadores de telecomunicaciones responsables.

Segundo.- Se solicita se informe a esta Soberanía, acerca de los resultados que dicho estudio determine en torno a la problemática referida, en un plazo de 45 días naturales.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de septiembre de 2007.

Diputado Omar Antonio Borboa Becerra (rúbrica)
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LAS AUTORIDADES ELECTORALES FEDERALES Y A LAS ESTATALES A RESOLVER DE MANERA IMPARCIAL Y JUSTA LOS MEDIOS DE DEFENSA INTERPUESTOS QUE CALIFICARÁN Y SOLVENTARÁN LOS COMICIOS REALIZADOS EN VERACRUZ EL 2 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, A CARGO DEL DIPUTADO ANTONIO DEL VALLE TOCA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN

Antonio del Valle Toca, diputado federal de la LX Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, propone al Pleno de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión punto de acuerdo a fin de exhortar a las autoridades electorales, tanto a las federales como a las estatales, a que de acuerdo con sus facultades legales resuelvan de manera imparcial y justa los medios de defensa interpuestos que calificaran y solventarán la elección del estado de Veracruz, al tenor de las siguientes

Consideraciones

1. Que las elecciones del 2 de septiembre del año en curso realizadas en Veracruz son las elecciones "más sucias" de la historia del estado, donde la intervención del gobernador ha sido de manera descarada, sostenida, permanente desde el inicio del proceso y desde luego hasta el final de la jornada electoral la noche del pasado domingo.

2. Que la acreditación de los delitos electorales ocurridos en todas las secciones, en todos los distritos, municipios, casillas cualquier región del estado, cualquier ciudad y población, son irregularidades e ilegalidades que por supuesto han dañado terriblemente el proceso electoral.

3. Que es importante sostener y por supuesto que se demuestre por las vías legales la sujeción permanente del Instituto Electoral Veracruzano en función de obedecer la táctica y la estrategia diseñada desde el gobierno del estado.

4. Que la campaña desarrollada a lo largo de los últimos meses en el estado es una campaña que rebasa mil millones de pesos por lo menos y que evidentemente la malversación en cualquier tipo de despensa, de electrodoméstico, de material de construcción, de animales y de otros de carácter agrícola, en cualquiera de éstos se tipifica el exagerado gasto emanado desde el gobierno del estado para las campañas de su partido. Además, por si esto fuera poco, en la última etapa de las campañas electorales fueron de amenaza, de amedrentación, de generar un "estado de consternación y sobresalto".

5. Que en la última semana en Veracruz se vivió un estado de terror, que fue creciendo conforme se acercaba la jornada electoral; de tal manera que se vieron ingresar en el estado miles de ciudadanos de otras partes de México, armados, que generaron prácticamente en todos los municipios esas campañas de antipatía y de terror.

6. Que la forma de actuar horas antes de la jornada electoral fue detonar sus armas de fuego durante varias ocasiones para que llegara el miedo a los votantes y que disminuyera la participación electoral. El día de la jornada se dio el bloqueo de caminos en las zonas rurales, capturas de familias y panistas con la finalidad de inhibir al voto de Acción Nacional.

7. Que son éstos los elementos que Acción Nacional irá demostrando durante el proceso jurídico para demostrar a la opinión pública nacional que, desafortunadamente, es una campaña de Estado, basado en la compra de los votos y en la campaña de terror para bajar la participación ciudadana.

8. Que impugnaremos en todos los distritos y municipios que perdamos. Vamos a acudir por la instancia legal en el proceso correspondiente tanto estatal como federal, que descartamos cualquier uso radical, cualquier toma de carretera, cualquier toma de palacio, esa vías están descartadas, pero los medios de defensa que están establecidos en la Constitución y en las leyes a ellos haremos el uso con la mayor frecuencia posible.

Por lo anterior, someto a consideración el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Que se exhorte a las autoridades electorales, tanto federales como estatales, a que de acuerdo con sus facultades legales resuelvan de manera imparcial y justa los medios de defensa interpuestos que calificarán y solventarán la elección del estado de Veracruz.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de septiembre de 2007.

Diputado Antonio del Valle Toca (rúbrica)