La suscrita, diputada a la LX Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 43, 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, de conformidad con la siguiente
Exposición de Motivos
Un refugio temporal es un espacio momentáneo de protección y atención interdisciplinaria especializada en la intervención a mujeres, sus hijas e hijos en situación de riesgo por la violencia familiar, sexual, de género o trata, mientras se procede a la averiguación previa y las acciones que realiza la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos relacionados con Actos de Violencia en contra de las Mujeres (Fevim).
Este centro de refugio temporal permitirá ampliar y fortalecer los principios constitucionales de protección de los derechos humanos y acceso a la justicia; en este caso, de las víctimas de la violencia de género; es importante reconocer las acciones que la Fevim está realizando en lo relacionado con la protección de los derechos humanos de las mujeres víctimas de violencia de género, por ello es importante dotarla de este centro, a fin de brindar con sensibilidad y calidez el acceso a la justicia gratuita y expedita a las víctimas de la violencia de género.
Por lo anterior, aunque se promueve permanentemente una cultura de la denuncia y el respeto de los derechos humanos de las mujeres, la violencia continúa y el aparato de procuración de justicia no cuenta con la infraestructura necesaria para garantizar su integridad física, situación que se agrava cuando acuden con sus hijos e hijas menores y no se tienen las instalaciones adecuadas para su atención.
La violencia es un mal que debemos corregir con la sensibilidad que para el caso se requiere, ya que, de acuerdo con los datos existentes, cuatro mujeres son asesinadas diariamente y 16 pierden la vida por las secuelas de la violencia mal atendidas; lo anterior implica la problemática que han enfrentado las víctimas
Los centros de refugio representan un espacio importante para proteger la dignidad y los derechos humanos de las víctimas, sobre todo si partimos del hecho que los procesos de violencia son recurrentes y tienden a agravarse si no existe una intervención efectiva del sistema de procuración e impartición de justicia, pero tampoco lo es si no existe la infraestructura suficiente para brindar una atención digna y sensible a las víctimas, ya que en él la víctima tendrá su primer contacto con todo el sistema que le brindara protección y acceso a la justicia para su adecuada reinserción en la vida social.
Por lo anterior, un problema principal por atender es el que se refiere a la trata de personas; en este caso de mujeres, niñas y niños, cuyas secuelas crean en ellos alta vulnerabilidad por las condiciones en que son rescatados; de ahí y de acuerdo con lo establecido sobre la delincuencia organizada y la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia debemos asignar 8 millones de pesos para de alguna manera hacer menos doloroso el sufrimiento de las víctimas de la violencia de género.
Un centro de refugio de estas características permitirá ofrecer la protección temporal y de seguridad a las víctimas de la violencia de género; su preparación para el inicio de las investigaciones conducentes así como evaluar daño causado por los victimarios; también permitirá brindar la orientación, defensoría y acompañamiento legal efectivo para la debida protección de la esfera de los derechos humanos de las víctimas de violencia de género.
Iniciar esta tarea requiere de un esfuerzo interinstitucional importante, ya que las acciones presupuestales, la construcción, operación, equipamiento, sostenimiento y normatividad debieran hacerse con base en los criterios de la Secretaría de Salud, que garantiza un estándar de calidad reconocido y personal debidamente preparado para ello.
Lo anterior es posible, ya que en mucho la Secretaría de Salud ha retomado en sus esquemas de atención lo estableció en los criterios, estándares, acuerdos y tratados internacionales, por ello no sería difícil desde esta institución vincular sus acciones con los lineamientos plasmados en la Convención de Belém do Pará, la CEDAW, Beijing+20, así como la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que marcan la obligatoriedad de los refugios como un instrumento de respuesta a las diversas formas de violencia en contra de las mujeres.
Es importante hacer conciencia de que las personas que lleguen al refugio merecen una atención de calidad, que les permita recuperar su salud física y mental, restaurar sus derechos, acceder a la justicia, a la reparación del daño, a recobrar su confianza en las instituciones e impartición de justicia.
No debemos olvidar que un Refugio de éstas características brindaría desde un primer momento asistencia social en muchos casos; casa, comida y vestido; también atención eficaz en las áreas de lo legal, trabajo social, psicología y atención primaria; sólo con un esfuerzo interinstitucional se le podría dotar de recursos, capital humano profesional, responsable, con valores de confidencialidad, respeto, trato digno y en constante entrenamiento para lograr que las mujeres enfrenten de la manera más digna esta penosa situación.
Finalmente, por lo antes expuesto y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de ésta soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
De urgente y obvia resolución.
Único. Se exhorta a las Comisiones de Salud, de Equidad y Género, de Presupuesto y Cuenta Pública, de ésta honorable Cámara de Diputados a considerar los recursos suficientes, necesarios y etiquetados para que en su propuesta de Presupuesto de Egresos de la Federación 2008 se asignen recursos a la Fevim para la construcción, creación, desarrollo, sostenimiento, dignificación, conservación y mantenimiento de la infraestructura de un centro de refugio para la adecuada atención de las víctimas de violencia de género.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 30 de octubre de 2007.
Diputada Martha Tagle Martínez (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE
QUE EN EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN DE
2008 SE ETIQUETEN RECURSOS DESTINADOS A LA CREACIÓN, DESARROLLO,
SOSTENIMIENTO, DIGNIFICACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS CENTROS DE REFUGIO
PÚBLICOS Y DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES PARA LA ATENCIÓN
DE LAS MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO, A CARGO DE
LA DIPUTADA MARTHA ANGÉLICA TAGLE MARTÍNEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DE CONVERGENCIA
La suscrita diputada a la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, Martha Angélica Tagle Martínez, con fundamento en el artículo 43, 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta soberanía la proposición con punto de acuerdo de conformidad con la siguiente
Exposición de Motivos
El Estado mexicano a lo largo de su historia se ha caracterizado por su apego a los principios sociales y sensibilidad social en sus principios constitucionales; en este sentido en lo que se refiere al acceso a la justicia se ha caracterizado por propiciar pese a los problemas existentes y palpables de otorgar justicia expedita y gratuita; pese a ello, el sistema de justicia requiere de la creación de medios y mecanismos que la perfeccionen y permitan a las victimas sentir su protección.
Por lo anterior, aunque se promueve permanentemente una cultura de la denuncia y el respeto de los derechos humanos de las mujeres, la violencia continúa y el aparato de procuración de justicia no cuenta con la infraestructura necesaria para garantizar su integridad física, situación que se agrava cuando acuden con sus hijos e hijas menores.
La violencia de género es un mal que debemos corregir con la sensibilidad que para el caso se requiere, ya que diariamente, de acuerdo con los datos existentes, cuatro mujeres son asesinadas y 16 pierden la vida por las secuelas de la violencia mal atendidas.
Los Centros de Refugio representan un espacio importante para la detección y atención de las diversas formas de violencia que padecen las mujeres, por ello debemos crear, fortalecer y acercar los recursos que requieren para proteger la dignidad y los derechos humanos de las víctimas. Sobre todo si partimos del concepto que un Centro de Refugio es un espacio temporal de protección y atención interdisciplinaria, especializada en la intervención a mujeres y a sus hijas e hijos en situación de riesgo por la violencia familiar, sexual, de género o trata.
Los procesos cíclicos de violencia son recurrentes y tienden a agravarse si no existe una intervención efectiva del sistema de procuración e impartición de justicia, pero tampoco lo es si no existe la infraestructura suficiente para brindar una atención digna y sensible a las víctimas de violencia, por ello, pese a que existen 55 refugios para víctimas de violencia en 28 estados de la república, con capacidad para atender y proteger hasta 2 mil 200 personas en un mismo momento, dado el aumento de la violencia no son suficientes; por ello de manera paralela se deben fortalecer los centros externos de atención, ya que es ahí donde se pueden ir depurando y tomando las medidas necesarias para evitar que más mujeres sean víctimas de violencia. Cabe destacar que en dichos centros se atiende a 18 mil mujeres, de acuerdo con los datos aportados por la Red Nacional de Refugios.
Es importante que las acciones presupuestales, la construcción, operación, equipamiento, sostenimiento y normatividad, se hagan con base en los criterios de la Secretaría de Salud ya que garantiza un estándar de calidad reconocido.
Lo anterior es posible ya que en mucho la Secretaría de Salud ha retomado en sus esquemas de atención lo establecido en los criterios, estándares, acuerdos y tratados internacionales, por ello no sería difícil desde esta institución vincular sus acciones con los lineamientos plasmados en la Convención de Belém do Pará, la CEDAW, Beijing +20, así como la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que marcan la obligatoriedad de los refugios como un instrumento de respuesta a las diversas formas de violencia en contra de las mujeres.
Es importante hacer conciencia que las personas que llegan a los refugios merecen una atención de calidad, que permita recuperar su salud física y mental; restaurar sus derechos; acceder a la justicia; a la reparación del daño; a una vida libre, autónoma y productiva para que se reintegren a la sociedad y rindan frutos en sus trabajos, en sus escuelas y sus familias.
Finalmente debemos decir que la atención que brindan los Centros de Refugios públicos y los Centros de Refugios de las organizaciones civiles, se ahorrarán recursos en tratamientos de las enfermedades colaterales que provocan la violencia de género y los costos que en muchas más áreas como en los centros de trabajo y procuración de justicia se generan derivado de este problema; de ahí que 200 millones de pesos sea una cantidad mínima si tomamos en cuenta los altos costos derivados de este problema social.
No debemos olvidar que los refugios brindan, de acuerdo a los modelos de atención a las víctimas de violencia, asistencia social, en muchos casos casa, comida y vestido; también deben otorgar atención en las áreas de lo legal, trabajo social, psicología, salud, educación y capacitación para el trabajo; por ello, dotarles de recursos permitirá de dotarlos de capital humano laboral profesional, responsable, con valores de confidencialidad, respeto, trato digno y en constante entrenamiento para lograr que las mujeres se integren lo antes posible a una vida socialmente útil.
Por lo antes expuesto y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos someto a la consideración de esta soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
De urgente y obvia resolución.
Único. Se exhorta a las Comisiones de Salud, Equidad de Género, y Presupuesto y Cuenta Pública, de esta honorable Cámara de Diputados, para que se contemplen los recursos suficientes, necesarios y etiquetados, para que en su propuesta de Presupuesto de Egresos de la Federación 2008, se asignen recursos para la construcción, creación, desarrollo, sostenimiento, dignificación, conservación y mantenimiento de la infraestructura de los Centros de Refugio públicos y de las organizaciones sociales para la atención de las mujeres víctimas de violencia de género.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 30 de octubre de 2007.
Diputada Martha Angélica Tagle Martínez
(rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA QUE
EN EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN DE 2008
SE ASIGNEN RECURSOS A LA CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DE LA UNIVERSIDAD
AUTÓNOMA DE QUERÉTARO, CAMPUS CADEREYTA DE MONTES, A CARGO
DEL DIPUTADO JOSÉ LUIS AGUILERA RICO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE
CONVERGENCIA
José Luis Aguilera Rico, diputado federal e integrante del Grupo Parlamentario de Convergencia, en la LX Legislatura con fundamento en lo establecido en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía el siguiente punto de acuerdo, con la siguiente
Exposición de Motivos
1. Que una de las responsabilidades como diputado federal, es la de solicitar conforme a la ley del Congreso de la Unión, recursos necesarios para el apoyo de la educación y más cuando se trate de la universidad pública en México. Como todo sabemos la universidad pública es una de las mayores satisfacciones del país y que a niveles internacionales, México ha sido reconocido en su material educativo y que ha dado numerosos premios nacionales e internacionales.
2. Que respetuosamente, vengo a esta tribuna de la nación a solicitar recursos por 5 millones de pesos, para la construcción de un edificio en su segunda etapa y que estaría ubicado en el municipio de Cadereyta de Montes, Querétaro.
3. Que este campus Cadereyta de la Universidad Autónoma de Querétaro, atiende a jóvenes de diferentes municipios del semidesierto, como de Tolina, Peñamiller, Colón, Tequisquiapan, Ezequiel Montes y San Joaquín, todos ellos de diferentes comunidades y con deseos de superación personal.
4. Que después del tiempo, administraciones municipales del municipio de Cadereyta de Montes, no han logrado hacer posible este sueño para cientos de jóvenes que buscan una oportunidad de estudiar, además de que es necesario el crecimiento que se puede hacer dentro del campus Cadereyta. Todo ello por la falta de recursos públicos.
Es por ello que conforme a derecho y con la ley orgánica del Poder Legislativo, que sometemos a su consideración el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Para exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, de la Cámara de Diputados federal, a que destine 5 millones de pesos a favor de la construcción del edificio de la Universidad Autónoma de Querétaro, campus Cadereyta de Montes, Querétaro.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 30 de octubre de 2007.
Diputado José Luis Aguilera Rico (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA QUE
EN EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN DE 2008
SE CONSIDEREN RECURSOS, ENTRE LOS ASIGNADOS AL ESTADO DE QUERÉTARO,
EN FAVOR DE LOS AHORRADORES DE LAS COOPERATIVAS CAJA POPULAR QUERÉTARO,
SCL, Y POPULAR SOL, SCL DE CV, A CARGO DEL DIPUTADO JOSÉ LUIS AGUILERA
RICO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE CONVERGENCIA
José Luis Aguilera Rico, diputado Federal e integrante del Grupo Parlamentario de Convergencia en esta LX legislatura, con fundamento en lo establecido en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía el presente punto de acuerdo, con la siguiente
Exposición de Motivos
1. Que de acuerdo con la ley promulgada el 31 de diciembre de 2002 al Fideicomiso Pago para completar los recursos ya cubiertos por el gobierno federal y para dar cumplimiento a los lineamientos establecidos en la referida ley, y con la finalidad de que se dé inicio al proceso de pago a los ahorradores en el estado de Querétaro, es importante mencionar y aclarar ante esta soberanía que en 24 de los 25 estados en que se presentó el problema de las cajas populares los gobiernos de esas entidades cubrieron al Fideicomiso Pago las aportaciones que les correspondían y se procedió a la liquidación de los ahorradores, resolviendo así el problema en que se vieron envueltos miles de mexicanos, situación que desafortunadamente todavía no podemos compartir únicamente los 107 que radican en el estado de Querétaro, Arteaga.
2. Que respetuosamente y con base al artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los 86 ahorradores de la cooperativa Caja Popular Querétaro, SCL, y los 21 ahorradores de la cooperativa Caja Popular Sol, SCL. de CV, se han dirigido en diferentes ocasiones ante la instancia del gobierno estatal, donde no han sido escuchados, pero el día de hoy nos permitimos una vez desde la máxima tribuna de la Nación, solicitar el apoyo para que el Gobierno estatal, que preside Francisco Garrido Patrón, aporte seis millones de pesos del presupuesto local, lo cual solicitamos ante esta soberanía que se etiqueten dichos recursos dentro del presupuesto asignado al gobierno estatal por parte de esta Cámara de Diputados.
3. Que después del tiempo que ha trascurrido, esto es, más de 7 años, los ahorradores defraudados sí han afortunadamente encontrado en diferentes instancias el apoyo que se ha traducido en la promulgación de 2 leyes federales, la creación de 2 fideicomisos, la publicación en el Periódico Oficial del 28 de abril de 2006, del acuerdo de la Quincuagésima Cuarta Legislatura del estado de Querétaro para incluir en el decreto de Presupuesto de Egresos del Gobierno del estado de Querétaro para el ejercicio fiscal 2007, una partida de seis millones de pesos para apoyar a los defraudados de cajas populares, y también en el Periódico Oficial del 2 de junio del 2006 la Quincuagésima Cuarta Lagislatura del estado de Querétaro en ejercicio de la facultades que le confieren a los artículos 40 y 41, fracción XXXV, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Querétaro de Arteaga, publicó el acuerdo para exhortar al Ejecutivo a que destine los ingresos extraordinarios recibidos por el estado o, en su caso, realizar la transferencia de partidas por seis millones de pesos para apoyar a los defraudados de cajas populares, que en su momento, en mi calidad de diputado local en Querétaro, firmamos y aprobamos en el pleno de la Cámara local y que como integrante de la Junta de Concertación Política, se llegó al consenso de los grupos parlamentarios ahí representados.
Anexo al presente punto de acuerdo se presenta el siguiente
Acuerdo
Santiago de Querétaro, Querétaro, a 2 de mayo de 2006.
Honorable Quincuagésima Cuarta Legislatura Constitucional
del Estado
Presente
Licenciado Apolinar Casillas Gutiérrez, licenciado José Antonio Mejía Lira, arquitecto José Horlando Caballero Núñez, licenciado José Luis Aguilera Rico y arquitecto Fernando Julio César Orozco Vega, diputados integrantes de la Junta de Concertación de la Quincuagésima Cuarta Legislatura, en uso de las facultades que nos confieren los artículos 41, 45, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, presentamos el acuerdo en los términos que a continuación se presentan, y
Considerando
Que compete a la Junta de Concertación Política adoptar la toma de decisiones concentradas en los ámbitos y materias que al Poder Legislativo correspondan, además esta facultada para proponer acuerdos el Pleno de la Legislatura sobre iniciativas presentadas, decisiones de gobierno interno, declaraciones institucionales de la legislatura y cualquier decisión que sea de su competencia;
Que miles de ahorradores se han visto afectados por los problemas generados en las cajas populares de ahorro, Querétaro y Del Sol, que se declararon en quiebra y han limitado a los socios el acceso a su propio dinero, que ascendería a casi 70 millones de pesos y los afectados reclaman por medio de más de mil 300 demandas por fraude. Más de 7 mil ahorradores, 5 mil de la caja Querétaro y 2 mil 367 de la Del Sol, ignoran qué pasará con su dinero luego de que ambas cerraron por falta de liquidez, de ahí la necesidad de este instrumento.
Que una vez instituida la partida correspondiente se establecerán los mecanismos para la aplicación de los recursos determinados a favor de los defraudados de cajas populares en cuestión, dicho acuerdo se remitió al titular del Ejecutivo del estado, para que lo tome en cuenta en la elaboración de la iniciativa de decreto de Presupuesto de Egresos para 2007.
Que, sin embargo, lo anterior, en fecha 27 de abril del año en curso, durante el desarrollo de la sesión de pleno se tuvo la presencia de las personas defraudadas, por lo que de inmediato los integrantes de esta Junta de Concertación, les dimos pronta atención, en ese mismo orden de ideas nos comprometimos al apoyo de dichas personas, por lo que se hace necesario la presentación de este punto de acuerdo, para utilizar los ingresos extraordinarios recién recibidos para el estado en apoyo a estas personas o en su caso se haga la transferencia de partidas para dar respuesta sin demora a este reclamo social.
Que por lo anterior, sometemos a consideración de esta honorable legislatura, lo siguiente:
Iniciativa de acuerdo para exhortar al Ejecutivo a destinar los ingresos extraordinarios recibidos por el estado o, en su caso, realizar transferencia de partidas por seis millones de pesos para apoyar a los defraudados de cajas populares
Artículo Único. Se tenga a la Quincuagésima Cuarta Legislatura del estado de Querétaro, emitiendo pronunciamiento a favor de los acreedores defraudados por las cajas Querétaro y Del Sol, exhortando al Ejecutivo para que destine los ingresos extraordinarios en apoyo de ahorradores defraudados.
Transitorio
Artículo Único. Este acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su aprobación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro, la Sombra de Arteaga.
Atentamente
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Junta de Concertación Política
Partido Acción Nacional
Licenciado J. Apolinar Casillas Gutiérrez
Presente
Partido Revolucionario Institucional
Licenciado José Antonio Mejía Lira
Secretario
Partido de la Revolución Democrática
Arquitecto José Horlando Caballero Núñez
Integrante
Partido Convergencia
Licenciado José Luis Aguilera Rico
Integrante
Partido Verde Ecologista de México
Arq Fernando Julio César Orozco Vega
Integrante
4. Ante esta realidad de ser los únicos que faltan dentro de 25 estados y con la finalidad de seguir colaborando con nuestras autoridades para encontrar la solución a este añejo problema, que como bien se señala entre otros tantos puntos en el periódico oficial del 28 de abril del 2006, en la página 1692, considerando, puntos 2 y 3, cito textualmente: "2. Que el problema comenzó cuando la Procuraduría General de la República (PGR) congeló las cuentas de la Caja Popular de Ahorro luego de la detención de José Ocampo Verdugo, representante legal de las cajas populares de 25 entidades de la República y presunto prestanombres de los hermanos Amescua.";3. Que también se presentaron problemas en la Caja Popular Del Sol, cuyas oficinas fueron cerradas sin que se diera explicación alguna a los socios, poco tiempo después, la Caja Popular Del Sol colocó en las puertas de sus sucursales un oficio donde explicaba los hechos ocurridos, en los que se involucró a la Caja Querétaro y a su principal accionista, Ocampo Verdugo, por lavado de dinero. Esto provocó alarma entre los socios, que hicieron retiros masivos de dinero.".
Por ello, en mi calidad de representante popular del Estado de Querétaro, acudimos ante esta soberanía, privilegiando el respeto a las leyes, donde consideramos que se cuenta con el apoyo de las instancias federales y estatales mencionadas en el párrafo anterior, tenga a bien esta legislatura federal disponer las acciones que sean requeridas, como etiquetar un recurso a favor de las personas que no han sido atendidas.
5.- para que finalmente el Estado de Querétaro de Arteaga aporte los recursos económicos al Fideicomiso Pago y se cumpla con los elementos requeridos para que de inicio al proceso de liquidación de los últimos 107 ahorradores defraudados.
Es por ello, conforme a derecho y con la ley orgánica del poder legislativo, que sometemos a su consideración el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Con punto de acuerdo, para exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, de esta Cámara de Diputados federal, destine seis millones de pesos del presupuesto asignado al estado de Querétaro a favor de los 86 ahorradores de la cooperativa Caja Popular Querétaro, SCL, y los 21 ahorradores de la cooperativa Caja Popular Sol, SCL de CV.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 30 de octubre de 2007.
Diputado José Luis Aguilera Rico (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE
QUE EN EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA
EL EJERCICIO FISCAL DE 2008 SE INCREMENTEN LOS RECURSOS DESTINADOS A LA
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO, A CARGO DEL DIPUTADO JOSÉ
LUIS AGUILERA RICO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE CONVERGENCIA
El suscrito, José Luis Aguilera Rico, diputado federal de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario de Convergencia, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable soberanía la presente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, con base en la siguiente
Exposición de Motivos
La educación superior en México enfrenta graves rezagos y serios retos, debido, en parte, a las difíciles circunstancias económicas y la falta de recursos necesarios para alcanzar el desarrollo de un óptimo aprovechamiento de su potencial humano.
En diferentes foros tanto nacionales como internacionales se ha concluido que un aspecto que merece particular atención es el financiamiento.
Organismos como la Cepal y la UNESCO han planteado el desarrollo y la implantación de políticas educativas que propongan una incorporación de los requerimientos del crecimiento económico y de la equidad social, desde la óptica del desarrollo humano sostenido, destacando la importante participación del Estado para fortalecer la educación pública.
La UNESCO señaló que el Estado debe asumir la función social de la educación, considerándola como inversión social a mediano plazo, y exhortó a los países en desarrollo, como México, a reforzar el financiamiento para permitir el crecimiento de su matricula, así como de la calidad de esta.
Universidades como la Autónoma de Querétaro, que se encuentran arriba de la media nacional en aprovechamiento, requieren de recursos adicionales para alcanzar niveles de excelencia en educación superior, lo que permitirá que egresen mejores profesionistas de esta institución.
Por todo lo anterior mente expuesto se somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Se solicita al Ejecutivo federal que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2008 incremente lo destinado a la Universidad Autónoma de Querétaro.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 30 de octubre de 2007.
Diputado José Luis Aguilera Rico (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE SOLICITA A LA CNBV QUE AUDITE LA CAJA LIBERTAD, SC DE RL, EN EL ESTADO
QUERÉTARO, A CARGO DEL DIPUTADO JOSÉ LUIS AGUILERA RICO,
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE CONVERGENCIA
José Luis Aguilera Rico, diputado federal e integrante del Grupo Parlamentario de Convergencia, en la LX Legislatura con fundamento en lo establecido en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía el siguiente punto de acuerdo, con la siguiente
Exposición de Motivos
1. Después de que la administración pasada con muchos esfuerzos obtuvo que la Caja Libertad fuera reconocida como sociedad de ahorro y préstamo (SAP); los actuales dirigentes de manera unilateral se cambian a sociedad cooperativa (en 1996) conociendo que violaron sus propios estatutos, ya que estaba establecido claramente que para cambiar de figura jurídica se necesitaba cumplir dos requisitos:
b) Que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) diera el visto bueno.
Como parte de esta transformación desde el año 2001 se han afiliado a la Federación Regional de Cooperativas del Centro, AC de RL, quien es un organismo de integración y supervisión de las entidades de ahorro y préstamo.
2. Desde su fundación la Caja Libertad había tenido su domicilio fiscal en la ciudad de Querétaro; sin embargo los actuales dirigentes lo cambiaron a la ciudad de Celaya Guanajuato. (1996)
Como podemos apreciar, estos actos fueron claramente sustentados con la finalidad de no ser revisados por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), y de escapar de las críticas que pudieran tener ante la sociedad queretana.
3. La mayoría de los actuales directivos tienen mas de 16 años en la administración de la Caja Libertad; con lo cual se demuestra que no les interesa cumplir la Ley de Sociedades Cooperativas, y que además tienen intereses económicos personales que difícilmente van a dejar, cada 5 años deberían de renovarse.
Actualmente la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) tiene la facultad de intervenir a la Caja Libertad, puesto que ella se esta ateniendo a la Ley de Ahorro y Crédito Popular, bajo el esquema de prorroga condicionada, por lo que no hay ningún pretexto jurídico para no realizar la auditoria de acuerdo a lo que marca la presente ley.
Es por ello conforme a derecho y con la Ley Orgánica del Poder Legislativo, que sometemos a su consideración el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Para solicitar a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, realice una auditoria a la Caja Libertad, SC de RL, en el estado de Querétaro.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 30 de octubre de 2007.
Diputado José Luis Aguilera Rico (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA A LA SENER A ESTABLECER LAS MEDIDAS CONDUCENTES PARA QUE PEMEX
OTORGUE DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 31 DE MARZO PRÓXIMOS UN DESCUENTO
VÍA SUBSIDIO DE 40 POR CIENTO A LOS CONSUMIDORES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
DE GASÓLEO DOMÉSTICO, GAS LP Y GAS NATURAL, SUSCRITA DIPUTADOS
DE DIVERSOS GRUPOS PARLAMENTARIOS
A nombre de los diputados chihuahuenses que suscriben, el de la voz, Víctor Valencia de los Santos, diputado federal de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, con el carácter de urgente y obvia resolución, presento ante esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Energía a fin de que Petróleos Mexicanos reduzca el precio vía subsidio del gas doméstico, gas LP y gas natural a los consumidores del estado de Chihuahua durante el periodo del 1 de noviembre de 2007 al 31 de marzo de 2008, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Durante el ciclo invernal 2006-2007 el estado de Chihuahua fue declarado zona de emergencia en 7 ocasiones, ya que se presentaron intensas nevadas en varios municipios, así como bajas temperaturas en la totalidad del territorio estatal, debido a que su orografía se caracteriza por grandes extensiones desérticas en la altiplanicie y bosques de coníferas en la Sierra Madre Occidental; lo cual propicia un clima sumamente extremoso que provoca que se presenten temperaturas que alcanzan 45 grados centígrados durante el verano, descendiendo a los 20 centígrados bajo cero en invierno en algunas regiones del estado, siendo estas las más bajas de todo el país.
Dichas condiciones climatológicas, propician que en mi entidad federativa se presenten un gran número de problemas que afectan la economía de los chihuahuenses, entre ellos se pueden señalar:
Alta incidencia de enfermedades en las vías respiratorias agudas, principalmente en niños y adultos mayores, así como de las personas que se encuentran en condiciones de pobreza y pobreza extrema.
Elevado índice de ausentismo laboral, que se traduce en cuantiosas pérdidas en horas hombre y enormes erogaciones por parte de las instituciones del sector público de salud.
Alto índice de inasistencia escolar, principalmente en los niveles preescolar y primaria.
Perdida de vidas humanas, provocadas por hipotermia y congelamiento.
El gas LP, el gasóleo y el gas natural en la temporada otoño-invierno, son productos de muy alto consumo en los hogares chihuahuenses. Por ejemplo, en época de verano se consumen 22.54 kilogramos de gas LP y en invierno se incrementa el consumo a 125.25 kilogramos, es decir, aumenta un 555.67 por ciento y no así el ingreso per cápita; obviamente dicho incremento impacta de manera significativa la economía familiar.
El consumo del gas natural igualmente incrementa considerablemente en invierno y su impacto es del 15 por ciento en la economía familiar, toda vez que aumenta en un 560 por ciento al subir de 30 metros cúbicos en verano a 168 metros cúbicos en invierno.
Esta situación afecta a todas las familias, y la liquidez de los hogares se ve significativamente disminuida por los cuantiosos gastos que implica el adquirir estos combustibles de primera necesidad; pero cabe resaltar que las familias que más lo resienten son aquellas con menores recursos que viven en condiciones de marginación, las cuales en la mayoría de los casos no cuentan ni con lo elemental para subsistir decorosamente.
Ante estas condiciones, se ha tenido que realizar un estudio para tener pleno conocimiento del impacto que dichos costos tienen en los hogares de todo el estado de Chihuahua; del cual se concluye que destinando a las familias un descuento del 40 por ciento en el precio de los combustibles, se beneficiaría a los hogares chihuahuenses por ese impacto.
Es por ello que me presento en esta alta tribuna nuevamente en nombre de los y las chihuahuenses, a plantear este asunto urgente y el cual es prioritario, debido a que afecta a amplios sectores de la población de mi estado.
Solicitamos el respaldo de todos nuestros compañeros diputados presentes en éste Recinto, para poder garantizar apoyos que favorezcan la supervivencia de las familias que se encuentran en condiciones precarias así como para otorgar los beneficios mínimos que faciliten contrarrestar las inclemencias del tiempo por las condiciones geográficas, climatológicas que conforman su entorno.
Por la antes expuesto y fundado, someto a consideración de esta soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Que la Cámara de Diputados exhorte respetuosamente al titular de la Secretaría de Energía para que, en el ámbito de sus atribuciones, adopte las medidas conducentes a efecto de que Petróleos Mexicanos otorgue a los consumidores en el estado de Chihuahua un descuento vía subsidio del 40 por ciento al gasóleo doméstico, gas LP y gas natural, por el periodo comprendido entre el primero de noviembre de 2007 y el treinta y uno de marzo de 2008.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 30 de octubre de 2007.
Diputados: Javier González Garza, Víctor
Valencia de los Santos (rúbricas).
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE SOLICITA LA INVESTIGACIÓN DE POSIBLES IRREGULARIDADES Y DELITOS
COMETIDOS POR EL HOY SENADOR ERNESTO SARO BOARDMAN EN EL EJERCICIO DE SUS
FUNCIONES COMO ALCALDE DE RAMOS ARIZPE, A CARGO DEL DIPUTADO JERICÓ
ABRAMO MASSO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
De conformidad con los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el de la voz, diputado Jericó Abramo Masso, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presento a esta honorable soberanía este punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución, bajo el tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
Uno de los grandes reclamos de la sociedad con respecto al trabajo de los servidores públicos, es el uso de su puesto para lograr acciones a favor de sus intereses personales y económicos o de un tercero con beneficios personales. Establecido en el Código Penal Federal, artículo 221, bajo la tutela de "Trafico de Influencias".
El 31 de agosto de 2007, el Congreso local del Estado Libre y Soberano de Coahuila, instaló una comisión investigadora sobre las acusaciones que versan sobre el actual senador Ernesto Saro Boardman, durante su periodo de alcalde de Ramos Arizpe, municipio del mismo estado.
Resulta que el entonces presidente municipal, senador Ernesto Saro, autorizó justo antes de terminar su gestión como alcalde, en diciembre de 2005, la construcción de un confinamiento de residuos industriales en el ejido de San Andrés, así como una condonación del 98 por ciento sobre los trámites y permisos que realizó la empresa Tecnologías Ambientales Especializadas, administradora del Centro Integral para el Manejo de Residuos Industriales (CIMARI), lo que permitió a la empresa que pagaran solo 100 mil pesos de un total de 5 millones 764 mil pesos que en realidad debieron depositar, en una clara acción de quebranto a los ramosarizpenses, sin que se haya señalado el fundamento legal necesario, violando el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Además violó el reglamento municipal al convocar a cabildo el 23 de diciembre de 2005, donde se aprobó y autorizó el permiso para la construcción del CIMARI, a favor de la empresa Tecnologías Ambientales Especializadas, pero la solicitud del permiso de construcción de la empresa tiene como fecha el 26 de diciembre de 2005, es decir que el permiso fue otorgado a la empresa 3 días antes de su presentación.
En 2005, la empresa Tecnología Ambiental Especializada, empresa administradora del CIMARI en Ramos Arizpe, carecía de oficinas y experiencia en el confinamiento de residuos peligrosos, lo cual la convertía en una empresa fantasma. Dicha empresa fue creada en este mismo año.
La Constructora y Servicios Prisma, SA de CV, empresa que sería la responsable de la construcción del CIMARI, con sede en Monclova, y tiene oficinas en Saltillo, Acuña y Monclova; se dedicaba únicamente a la construcción de vivienda como se confirmó en las propias oficinas a través de un enlace telefónico con el personal.
Asimismo, el terreno contemplado para la edificación del CIMARI fue adquirido a nombre de Tecnología Ambiental el pasado 2 de mayo, en una operación de 88 mil 200 pesos. El mismo, que consta de 200 hectáreas, está ubicado en el kilómetro 106+300 de la carretera federal 57 tramo Saltillo-Monclova y forma parte de la ex hacienda de Guadalupe denominado La Asunción, según la partida 1150320, libro 11504, sección I.
Jessica Rosales, 22 de noviembre de 2005. Fuente: vanguardia.com.mx, México.
Actualmente, el senador Ernesto Saro Boardman, se desempeña como presidente de la Comisión de Salud del Senado de la Republica, lo que pudiera, tomando en cuenta los antecedentes establecidos en el presente punto de acuerdo, dar origen a un tráfico de influencias, debido a su función en ésta comisión.
Por lo anterior expuesto, presento a esta honorable soberanía, el siguiente:
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta al gobierno federal, a la Auditoria Superior del Estado, a Profepa y a las autoridades del municipio de Ramos Arizpe, a que investiguen e informen, a esta soberanía, el resultado de dicha investigación, sobre las posibles irregularidades e ilícitos cometidos en el ejercicio de su funciones, en perjuicio de los habitantes del municipio de Ramos Arizpe y del estado Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, de parte del entonces alcalde, hoy senador, Ernesto Saro Boardman, en la autorización del CIMARI referido.
Palacio de San Lázaro, a 30 de octubre del año 2007.
Diputado Jericó Abramo Masso (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, RELATIVO
AL FUNCIONAMIENTO DE LAS DELEGACIONES FEDERALES, A CARGO DE LA DIPUTADA
MARÍA DEL CARMEN PINETE VARGAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
Los suscritos, María del Carmen Pinete Vargas y Adolfo Mota Hernández, diputados federales de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso general de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de este Pleno el siguiente punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
En torno al funcionamiento de las delegaciones federales, nombramiento de sus titulares y del personal que las integran, así como al ejercicio de atribuciones, previsiones y recursos aprobados, se propone exhortar al titular del Poder Ejecutivo federal y a los responsables de sus dependencias a
2. Garantizar la designación y permanencia del personal de acuerdo con el perfil, la capacidad y la preparación que los puestos requieran y en razón de las características de los problemas y actividades. Combatir la improvisación, la ineficiencia, el influyentismo y la discriminación en cualquier forma. Fomentar el servicio civil con base en capacidades y habilidades reflejadas en los resultados, eficiencia y la optimización de recursos, y brindando un servicio público de calidad y oportuno.
3. Establecer coordinadamente con los ámbitos de gobierno estatal y municipal el seguimiento y la evaluación del desempeño de la actividad gubernamental federal, asegurándose de hacerlo conforme a los objetivos de los planes nacional, estatal y municipal de desarrollo. Los resultados del seguimiento y evaluación deberán ser transparentes y de acceso a la información pública.
4. De ser necesario, que se hagan las modificaciones a las disposiciones reglamentarias de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y de la Ley del servicio Profesional de Carrera en la administración pública federal para que en las dependencias, en coordinación con la Secretaría de la Función Pública, establezcan los requisitos para los aspirantes a ocupar cargos públicos.
Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de este Pleno el siguiente
Punto de Acuerdo
Único: Se exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal, a la Secretaría de la Función Pública y demás dependencias federales para que, en el ámbito de sus competencias, cumplan la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal en lo relativo al nombramiento y actuación de los delegados federales, ya que existen evidencias de favoritismo partidista en su designación y en el ejercicio de las funciones.
México, Distrito Federal, a 25 de octubre del 2007.
Diputados: María del Carmen Pinete Vargas,
Adolfo Mota Hernández (rúbricas).
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA A LAS COMISIONES DE JUSTICIA, Y DE GOBERNACIÓN A EFECTO
DE QUE, A UN AÑO DE LA DEMANDA DE JUICIO POLÍTICO CONTRA
EL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, AGILICEN SUS TRABAJOS Y ELABOREN EL DICTAMEN
CORRESPONDIENTE, A CARGO DEL DIPUTADO CARLOS ALTAMIRANO TOLEDO, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PRD
Los suscritos, diputados federales del estado de Oaxaca e integrantes del Grupo Parlamentario del PRD en la LX Legislatura, con fundamento los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentan proposición con punto de acuerdo a partir de la siguientes
Consideraciones
1. La demanda de juicio político fue presentada el 26 de octubre de 2006. En ella, los promoventes describieron los actos que la motivan y ofrecieron pruebas que la Cámara de Diputados debe valorar respecto a las violaciones graves a la Constitución por parte de Ulises Ruiz Ortiz; en una relación que describe la participación de su gobierno en detenciones arbitrarias, abusos, lesiones, daños, homicidios, desalojos violentos, represiones por motivos políticos, ataques a la libertad de expresión y privaciones ilegales de la libertad.
Han transcurrido desde entonces 12 meses, durante los cuales no se ha logrado avances sustantivos, no se ha realizado el análisis previo del caso, y mucho menos se ha realizado el juicio político por las violaciones a la Constitución.
2. Debe destacarse el sentir mayoritario de esta Cámara respecto al gobierno del estado y la necesidad de investigar su responsabilidad, que se expresó en la sesión del 28 de marzo de 2007, al aprobarse por esta soberanía un punto de acuerdo para solicitarle a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que nombrara comisionados especiales que investigaran las violaciones graves a las garantías individuales en el estado de Oaxaca.
Aunado al hecho político que representa la señalada aprobación, es pertinente comentar brevemente la atención que el Poder Judicial ha tenido en este caso.
Aunque el proceso del Poder Judicial no está vinculado de forma directa con las decisiones que determine la Cámara de Diputados, resulta necesario subrayar que, pudiendo hacerlo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación no desechó el caso, sino que mediante resolución del Tribunal Pleno, publicada en el Diario Oficial de la Federación el lunes 15 de octubre de 2007, estableció en el punto primero de su resolución que "ha lugar a ejercer la facultad a que se refiere el artículo 97, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos", decisión que, en nuestra opinión, demuestra el interés con que el Poder Judicial ha entrado al tema considerando que los hechos señalados tienen el carácter de grave.
Además, cabe señalar que, de acuerdo con el punto cuarto de su resolución, la Suprema Corte de Justicia de la Nación encontró motivos suficientes para aceptar la realización de la investigación y la vinculó a lo que, en nuestra opinión, son graves violaciones a la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos.
Así lo señala al especificar que "los temas de la investigación se concentrarán en probable violación de garantías individuales, en perjuicio de personas determinadas, probable violación generalizada de garantías individuales, probables excesos de las fuerzas policíacas municipales, estatales y federales y probable omisión o pasividad de estas mismas autoridades para restaurar y mantener el orden público".
Al comparar la actividad del Poder Judicial y la del Poder Legislativo ante las violaciones de garantías denunciadas, observamos que, aun cuando el Poder Judicial fue informado con posterioridad, ya ha iniciado el procedimiento solicitado y previsto en la Constitución mientras la Cámara de Diputados no ha avanzado en sus procedimientos ni resuelto de fondo el tema del juicio político planteado.
3. Los hechos que en su momento motivaron la denuncia siguen vigentes, y más aún, se debe considerar que las conductas del gobierno estatales, contrarias a las instituciones democráticas y al respeto de los principios constitucionales son un hecho constante.
Tan sólo en el marco del proceso electoral del presente año para renovar el Congreso local y los ayuntamientos, se presentaron múltiples denuncias por las intromisiones del gobierno del estado.
Por lo anterior, presentamos a esta soberanía la presente proposición con el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados exhorta a sus Comisiones de Justicia, y de Gobernación para que, al cumplirse un año de la demanda de juicio político contra el gobierno del estado de Oaxaca, agilicen sus trabajos y elaboren el dictamen correspondiente.
Recinto Legislativo de San Lázaro, Distrito Federal, a 30 de octubre de 2008.
Diputado Carlos Altamirano Toledo (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA A LA SHCP, A LA SCT Y A LA SFP A INFORMAR SOBRE LA SITUACIÓN
JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y TÉCNICA DEL PROCESO
DE VENTA DE AEROMÉXICO, A CARGO DEL DIPUTADO JESÚS RAMÍREZ
STABROS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
Mucho daño le han hecho a México los procesos de concesión y privatización de empresas públicas que quedaron marcados por la sospecha. Ante la creciente polémica que ha generado la venta de Aeroméxico, resulta de la mayor importancia conocer el proceso y los términos en los que fue subastada.
Hablar del tema del sector aeronáutico del país es, sin duda, hablar de su crisis estructural, del abandono y de la pérdida del potencial que nuestro país tiene y que es aprovechado por otros.
Estimamos que, en el proceso que concluyó con la venta de la aerolínea más importante de este país, algunas dependencias del Gobierno Federal se mantuvieron al margen de este asunto, argumentando falta de atribuciones o de facultades, por lo que podrían estar incurriendo en omisiones.
No sólo me refiero al Instituto de Protección al Ahorro Bancario o a la Comisión Federal de Competencia, sino a la cabeza del sector, ya que el mandato del artículo 109 constitucional es muy preciso, en el sentido de que todas las autoridades deben de actuar con absoluta responsabilidad en los asuntos que les han sido encomendados, y la omisión constituye una grave falta, también para todos los servidores públicos, máxime cuando se trata de un asunto de gran trascendencia para el país.
Estamos de acuerdo en que el servicio de trasporte aéreo en nuestro país es una concesión otorgada por el Estado para ser administrada por particulares; sin embargo, en este como en otros casos, se presenta una serie de dudas que tendrán que ser aclaradas.
De acuerdo con la legislación, las concesiones son una fórmula para administrar un bien o un servicio público que el Estado, por sí mismo, no puede realizar y que, siendo de interés general, se otorgan en función del beneficio social y de manera temporal y, en el caso que nos ocupa, la opacidad es la constante.
La propia ley establece que no podrán transferirse o enajenarse los derechos de una concesión sin el consentimiento de la autoridad que la otorga, para el caso de Aeroméxico, nuevamente es la SCT.
Por esa razón, nos ha sorprendido y preocupado el argumento de que "se otorgó mandato" a Nacional Financiera para que, junto con el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB), llevara a cabo la enajenación de Aeroméxico y que dicha compraventa no era competencia de su dependencia.
La Ley de Vías Generales de Comunicación señala muy claramente, en su artículo 3o., que corresponde exclusivamente a la SCT el otorgamiento, interpretación y cumplimiento de las concesiones.
Lo que se vendió la semana pasada no fue una tienda departamental en superficie del aeropuerto; por cierto, sin mecanismos de fiscalización, sino una concesión otorgada por el Estado para operar ni más ni menos que el 40 por ciento del trasporte aéreo en nuestro país.
Las acciones que se pusieron en venta no tienen ningún valor sin la concesión. En otras palabras, es la concesión de Aeroméxico lo que vale, y esa es responsabilidad ineludible de la SCT.
Una concesión que, además de venderse a través de la Bolsa Mexicana de Valores, para evitar el pago de impuestos en una operación por 250 millones de dólares, benefició a una empresa que hace seis años fue adquirida por accionistas extranjeros y que pudiera ser violatoria de la Ley de Inversión Extranjera, que sólo permite el 25 por ciento de capital foráneo en el sector aéreo.
Es urgente que se expliquen a esta soberanía, los alcances jurídicos, administrativos, técnicos y laborales de la operación ya referida, que por lo demás resulta estar envuelta en la opacidad y en el escándalo, sin sujetarse a un proceso claro y transparente.
En esas condiciones, nuestra responsabilidad como legisladores y representantes de la nación es hacer una revisión integral y cuidadosa de la compraventa de Aeroméxico, para alejar cualquier signo de sospecha o de posible tráfico de influencias que pudiera implicar responsabilidad de servidores públicos, ya que persisten dudas que deberán de ser aclaradas, tanto por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público como por la de Comunicaciones y Transportes, la de la Función Pública, el IPAB y la Comisión Federal de Competencia, para que con esos elementos de información financiera, técnica, administrativa y jurídica, la Comisión de Vigilancia de esta Cámara, a través de la Auditoría Superior de la Federación revisen, la venta de la principal línea aérea de nuestro país.
Iniciemos el proceso que exija al Gobierno Federal transparentar la venta de Aeroméxico, así como para disponer de mayores elementos de información que permitan a esta soberanía avanzar en el cumplimiento de sus responsabilidades de control del gobierno, de acuerdo con la Constitución.
Por lo anterior, someto a su consideración con carácter de urgente, el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero. Se exhorta a las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, de Comunicaciones y Transportes, y de la Función Pública para que, en el ámbito de sus atribuciones informen sobre el proceso de venta de Aeroméxico.
Segundo. Se solicita a la Auditoría Superior de la Federación a que, en el ámbito de sus facultades, inicie una investigación sobre el proceso de compraventa de Aeroméxico y esclarezca las posibles irregularidades que pudieron haberse cometido en dicha operación financiera.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 30 de octubre de 2007.
Diputado Jesús Ramírez Stabros (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A IMPLANTAR MEDIANTE LA SAGARPA LAS ACCIONES
QUE LLEVEN A DETENER EL USO DE LAS ARTES DE PESCA NO SELECTIVAS EN EL POLÍGONO
DEL ÁREA DE REFUGIO PARA LA PROTECCIÓN DE LA VAQUITA, A CARGO
DEL DIPUTADO LUIS FERNANDO RODRÍGUEZ AHUMADA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PAN
El suscrito, diputado federal de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario Partido Acción Nacional, Luis Fernando Rodríguez Ahumada, en uso de las facultades que confieren los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de la Cámara de Diputados el presente punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
I. Consideraciones
Con el paso del tiempo, el ser humano ha adquirido la conciencia del valor toral que significa la protección del ambiente y el cuidado de las diversas especies que habitan en él. Con ello, encontramos de manera sucedánea la conciencia de conservar la diversidad biológica, mediante el establecimiento de las áreas naturales protegidas (ANP), debido a que se estriban en principios de conservación y protección que tienen como objetivo definido promover el desarrollo sustentable reconocido en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Medio Ambiente.
En el país, como en el mundo entero, se ha implantado de manera satisfactoria y benéfica para el ambiente una modalidad de las ANP denominada "reserva de la biosfera", que es la que ocupa más extensión en el territorio mexicano.
En concordancia plena con el Programa de Medio Ambiente y Recursos Naturales 2001-2006, hasta el 2002 había 127 ANP, que cubrían aproximadamente 17 millones 56 mil 600 hectáreas. De ellas, 61.19 por ciento correspondía a reservas de la biosfera.
La región que incluye el alto golfo de California y el delta del río Colorado fue decretada y publicada como reserva de la biosfera el 10 de junio de 1993. Dicha reserva está entre los 31°00’-32°10’ norte y 113°30’-115°15’ oeste, y tiene una extensión de 934 mil 756 hectáreas, dentro de las cuales hay dos zonas de manejo: la zona núcleo, con 164 mil 779 hectáreas; y la de amortiguamiento, con 769 mil 967 hectáreas.1 La declaratoria de la biosfera se debió a la necesidad de conservar algunas especies que allí habitan de manera temporal o permanente, lo cual se relaciona con características hidrográficas muy particulares.2
Para profundizar en cuanto a los objetivos específicos de la reserva de la biosfera,3 podemos argüir lo siguiente:
2. Otorgan protección permanente a especies endémicas, como la totoaba, la vaquita marina, el pupo del desierto y una gran variedad de especies de aves;
3. Regulan las actividades productivas para la protección de recursos naturales; y
4. Promueven las actividades económicas alternativas que incrementen el nivel de vida de la población residente.
Desde los años veinte, la explotación de los recursos pesqueros en el alto golfo de California (Puerto Peñasco, San Felipe y golfo de Santa Clara) fue el motor del crecimiento económico y demográfico en la región. En un primer momento fue la totoaba, cuya pesca de hecho favoreció la creación de algunos de estos poblados pesqueros. Empero, pronto dejó de ser la base económica, y en la década de 1940 las capturas disminuyeron drásticamente.
La forma de la pesca varía de acuerdo con el tipo de animal que se desea capturar. Las denominadas "faenas de pesca" varían según la pesquería (artesanal o industrial) y el recurso (residente o estacional).
Dadas las características físicas del alto golfo, las actividades agropecuarias y mineras son prácticamente inexistentes, por lo que la población ocupada en el sector primario se dedica primordialmente a las actividades pesqueras.
En el alto golfo habita la marsopa vaquita (mejor conocida como vaquita marina) que, siendo el único mamífero endémico de México, además de tener el rango de distribución más restringido de todos los cetáceos, es una especie en peligro de extinción. Está clasificada dentro de las categorías más críticas de las especies amenazadas por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN-1996), la Convención Internacional para el Tráfico de Especies en Peligro de Fauna y Flora Silvestres (CITES, 1997) y la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2001.
Es considerada endémica de México porque sólo se distribuye en el alto golfo de California y en la región más nórdica del Golfo Norte. Todas las evidencias indican que su distribución siempre ha estado restringida a esta zona, aunque algunos investigadores llegaron a considerar que históricamente también se encontraba a lo largo del golfo de California hasta las Islas Marías. Estudios realizados sobre el hábitat de los cetáceos a escala mundial desde 1972 señalan que el hábitat potencial de la vaquita sólo podría extenderse hacia el sur del alto golfo cerca del límite sur de isla Tiburón, en Sonora. Además, no hay evidencias físicas que apoyen una extensión del rango de distribución de vaquita más allá del Golfo Norte.4
Los elementos neurálgicos que nos permiten dilucidar el peligro inminente de extinción por el que atraviesa la vaquita marina están sustentados en la lista que realizó para la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) uno de los más reconocidos cetólogos en el mundo por la década de los setenta.5 Además de la captura incidental en artes de pesca, indicó que la falta de flujo del río Colorado y la contaminación podrían afectar esa especie. Posteriormente, se argumentó que la endogamia,6 por el tamaño pequeño de la población, la condenaba a la extinción. Un factor más que se consideró influyente para la extinción fue la contaminación. Sin embargo, un análisis de los factores de riesgo confirmó lo que la mayoría de los investigadores sospechaba: que el principal factor de riesgo es la mortalidad incidental en redes de pesca agalleras y de arrastre.7
Este último tipo de redes son nocivas porque disminuyen la población de la vaquita marina. El problema es que, en términos generales y dependiendo del tipo de fondo marino, es un arte de pesca muy nocivo para la fauna bentónica (del fondo marino) y para la fauna que se alimenta de ella.
En nuestro país, se sabe que la captura incidental (a la que no esta dirigida la pesca) puede ser igual o un poco mayor que la objetivo (la que se comercializa). Esto varía de región a región y de temporada a temporada. Sin embargo, hay ejemplos notables en países como Canadá que llevaron a cabo modificaciones sustanciales a este tipo de redes y lograron bajar 98 por ciento la captura incidental. En muchas ocasiones, la industria pesquera en nuestro país ha dado muestras de ser muy responsable con el ambiente, lo que nos indica que hay esperanza para conservar los ecosistemas y disfrutar de los productos que el mar nos provee.
El 8 de septiembre de 2005, el gobierno mexicano, a través de la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, decretó el acuerdo mediante el cual se estableció el área de refugio para la protección de la vaquita, donde se determina que en la porción occidental del alto golfo de California, frente a las costas del estado de Baja California, en las proximidades del puerto de San Felipe, se encuentra la zona de mayor concentración de la vaquita.
Dicho acuerdo expresa también que el estudio de avistamiento de la vaquita demuestra que la distribución de ésta no se limita al polígono de la reserva de la biosfera del Alto Golfo de California y Delta del Río Colorado, sino que excede tales límites, por lo que resulta necesario establecer un área de refugio para la protección de esta especie acuática que abarque tanto la zona dentro del área natural protegida como fuera de ella.8
Consecuentemente, de manera supletoria se elaboró el Programa de Protección de la Vaquita dentro del Área de Refugio, situada en la porción occidental del alto golfo de California, que contiene las coordenadas exactas del lugar de refugio, así como los lineamientos de manejo y conservación de la especie.
El artículo de preámbulo para fines del presente punto de acuerdo es el 4.2.1.1., donde se expresa que "la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca), en el marco de sus atribuciones y en coordinación con los gobiernos de Sonora, y de Baja California y el sector pesquero de ribera fortalecerá y terminará el proceso de individualización de permisos de pesca y demás instrumentos enmarcados en el programa de ordenamiento pesquero que permitan una pesca responsable y sustentable en las comunidades de San Felipe, Santa Clara y Puerto Peñasco".
El siguiente artículo enmarca de manera diáfana las acciones por seguir para evitar a toda costa la pesca incidental y el establecimiento del polígono de exclusión de pesca con cualquier tipo de redes agalleras o de arrastre, además de evaluaciones técnicas, limitación de embarcaciones de altura, utilización de excluidores de tortugas y peces grandes, utilización de excluidores de peces juveniles y utilización de monitoreo satelital.
No obstante el marco normativo imperante para proteger a la vaquita marina, en la práctica se siguen utilizando como artes de pesca las redes agalleras y de arrastre, que tanto dañan el ecosistema marino.
Por lo expuesto, presento ante esta soberanía la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Primero. Se exhorta al Ejecutivo federal a implantar de manera consistente, a través de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, las acciones que lleven a detener el uso de las artes de pesca no selectivas en el polígono del área de refugio para la protección de la vaquita.
Segundo. Que las autoridades del sector pesquero y la sociedad civil organizada trabajen de manera conjunta para disminuir el tamaño de la flota de arrastre, que actualmente está sobredimensionada, y que se lleven a cabo investigaciones para diseñar redes que disminuyan significativamente la captura incidental.
Tercero. Se exhorta al Ejecutivo federal a considerar en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2008 programas productivos que sirvan de apoyo a las comunidades pesqueras desplazadas producto del redimensionamiento de la flota pesquera mexicana.
Notas
1. Plan de Manejo, 1994.
2. Álvarez-Borrego y Lara-Lara, 1991; Álvarez-Borrego,
2001.
3. Diario Oficial, 1993.
4. Silber and Norris, 1991
5. Para conocer de manera profunda el estudio de los
factores de riesgo, consultar Todo lo que quería saber de la
vaquita…, estudio de los investigadores del Instituto Nacional de Ecología
doctor Lorenzo Rojas Bracho y maestro en ciencia Armando Jaramillo Legorreta.
6. Endogamia. Apareamiento entre individuos que
tienen uno o más antepasados en común. El caso más
extremo es la autofecundación, que se da de manera natural en muchas
plantas y en algunos animales primitivos.
7. Rojas-Bracho and Taylor, 1999.
8. Para observar las especificaciones del área
de refugio, ver el acuerdo mediante el cual se establece el área
de refugio para la protección de la vaquita.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 30 de octubre de 2007.
Diputado Luis Fernando Rodríguez Ahumada (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA AL GOBERNADOR DE TLAXCALA A CONDUCIRSE CON IMPARCIALIDAD, LEGALIDAD
Y TRANSPARENCIA EN LAS PRÓXIMAS ELECCIONES LOCALES, A CARGO DEL
DIPUTADO ALEJANDRO MARTÍNEZ HERNÁNDEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PRD
El que suscribe, Alejandro Martínez Hernández, diputado por el estado de Tlaxcala a la LX Legislatura e integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración del Pleno de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
1. Que una democracia madura opta por los políticos con base en su desempeño personal o público, pues la competencia se da en función de quién representa la expectativa de servir mejor a la sociedad, con quién se comparten más las ideas y planteamientos de trabajo sin anteponer intereses personales en detrimento de la población, donde me parece elemental garantizar la imparcialidad y el desarrollo legal del proceso electoral de la entidad.
2. Que el próximo 11 de noviembre, en entidades federativas como Tamaulipas, Michoacán, Puebla y Tlaxcala se efectuarán elecciones locales para renovar la totalidad de los ayuntamientos y el Congreso estatal. Sin embargo, en esta ocasión quisiera referirme a la situación que priva en Tlaxcala, donde el gobierno actual, en manos del Partido Acción Nacional, ha echado mano de todo el aparato gubernamental.
Manipulación de programas de gobierno, condicionamiento de apoyos estatales y federales, y coacción del voto son sólo algunos de los métodos utilizados por el partido en el poder.
3. Que el artículo 305 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Tlaxcala establece que durante la jornada electoral y en el lapso de treinta días previos a ésta, los servidores públicos del Poder Ejecutivo del estado y de los municipios con funciones de dirección y atribuciones de mando, así como los legisladores locales, suspenderán las campañas publicitarias de todo lo relativo a los programas y las acciones de los cuales sean responsables y cuya difusión no sea necesaria o de utilidad pública inmediata; asimismo, se abstendrán durante el mismo plazo de realizar actividades proselitistas que impliquen la entrega a la población de materiales, alimentos o cualquier elemento que forme parte de sus programas asistenciales o de gestión y desarrollo social.
En ese sentido, el gobierno del estado ha hecho caso omiso de esta disposición, pues a menos de un mes de que se lleven a cabo los comicios, observamos que aún hay publicidad de las actividades y gestiones realizadas por el gobierno de la entidad durante el año, cuya justificación se basa en declaraciones recientes hechas por el vocero del gobierno en el sentido de que Tlaxcala no cuenta con los recursos presupuestales necesarios para cumplir dicha disposición, violando deliberadamente la ley de la materia.
4. Por otro lado, en días pasados, durante mis recorridos por el estado, diversos grupos de ciudadanos me han expresado su preocupación respecto al condicionamiento del gobierno del estado para la entrega de los beneficios derivados de los programas sociales en razón de su filiación partidista y los resultados que obtuvieron en el pasado proceso electoral. Cabe recordar que el pasado 15 de marzo un grupo de adultos mayores en Tlaxcala denunciaba ya la falta de pago y transparencia en el programa estatal de apoyo que otorga el gobierno de la entidad a este sector, porque los recursos no son entregados a sus beneficiarios, lo que ha ocasionado inestabilidad, confusión e incertidumbre debido a la falta de transparencia en el ejercicio del gasto de la entidad.
5. Asimismo, durante su más reciente visita al estado, el aspirante a la dirigencia nacional del PAN, Germán Martínez Cázares, condicionó la entrega de recursos públicos en los municipios y las entidades del país gobernados por la oposición, y sostuvo que en las administraciones panistas fluirán más rápido los apoyos y programas federales gracias a una mejor "comunicación".
Martínez Cázares chantajeó a los tlaxcaltecas al sostener que con la llegada de Acción Nacional al gobierno municipal se mejorará la comunicación con el gobierno estatal y el federal, lo que permitirá "entregar mejor" los recursos y los programas.
Yo concluiría mi intervención afirmando que es más válido hacer, trabajar, y de alguna manera sugerir la posibilidad de una aspiración legítima por la vía del partido a que se pertenece, con su fuerza, su estructura, su representación y su liderazgo que hacerlo con el uso de recursos públicos, que incluso forman parte de los impuestos con que contribuyen al país los propios ciudadanos.
Por lo expuesto, someto a la consideración de esta honorable soberanía la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Primero. Que el Congreso de la Unión, con pleno respeto de la soberanía del estado de Tlaxcala, exhorte al gobernador Héctor Israel Ortiz Ortiz a conducirse con imparcialidad, legalidad y transparencia en el manejo programas estatales de beneficio social y a suspender las campañas publicitarias relativas a la promoción de los programas y las acciones del gobierno estatal, así como a abstenerse de realizar actividades proselitistas.
Segundo. Que se integre con la mayor brevedad un grupo de trabajo plural de diputados para que dé seguimiento al desarrollo del proceso electoral en el estado de Tlaxcala por celebrase el 11 de noviembre del año en curso.
Diputado Alejandro Martínez Hernández (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA QUE
EN EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN DE 2008
SE REDUZCA LA META DE RESERVAS DEL IMSS, SUSCRITA POR INTEGRANTES DE LA
COMISIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL
Los suscritos, integrantes de la Junta Directiva de la Comisión de Seguridad Social, diputados federales de la LX Legislatura del Congreso de la Unión, integrantes de los Grupos Parlamentarios del Partido Acción Nacional, del Partido de la Revolución Democrática y del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente punto de acuerdo de urgente resolución, al tenor de las siguientes
Consideraciones
La Junta Directiva de la Comisión de Seguridad Social, por acuerdo de sus integrantes, preocupados por la situación financiera del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), comunicada por el Consejo Técnico del IMSS al Poder Legislativo en cumplimiento de las disposiciones contenidas en el artículo 273 de la Ley del Seguro Social, en el "Informe al Ejecutivo Federal y al Congreso de la Unión sobre la situación financiera y los riesgos del Instituto Mexicano del Seguro Social 2006-2007", fechado el 20 de junio de 2007, considerando que en el proyecto de decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2008, en el primer párrafo de su artículo 8, se establece que el gasto programable del Instituto Mexicano del Seguro Social será de 266 mil 201 millones 900 mil pesos, que el gobierno federal aportará al instituto la cantidad de 43 mil 903 millones de pesos como aportaciones para los seguros, que para cubrir las pensiones en curso de pago aportará 75 mil 648 millones de pesos y, además de lo anterior, la cantidad de 999 millones de pesos para que la cuantía del seguro de invalidez alcance el monto previsto como pensión garantizada;
Que en su segundo párrafo, el referido artículo 8, señala que el IMSS deberá destinar a las Reservas Financieras y Actuariales de los seguros y a la Reserva General Financiera y Actuarial, así como al Fondo para el Cumplimiento de Obligaciones Laborales de Carácter Legal y Contractual la cantidad de 17 mil 815 millones 100 mil pesos;
Que sin desconocer la necesidad de que las reservas mencionadas en el segundo párrafo del artículo 8 del PDPEF08 deben de incrementarse, se debe de tomar en cuenta que dichas reservas han aumentado de 1998 al 2006 en un promedio anual de 10 mil 800 millones de pesos, promedio que aumentaría a 11 mil 719 millones de pesos al finalizar este año, al cumplirse la meta de incremento a las reservas establecida en el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2007;
Que proyectar que la meta de incremento de reservas para el ejercicio fiscal de 2008 sea por la cantidad de 17 mil 815 millones 100 mil pesos, es, sin duda alguna, inconveniente al comparar con el promedio anual de incremento a las reservas del IMSS durante los últimos 10 años, pero, sobre todo, si se considera que su situación financiera para el cumplimiento de sus obligaciones en la operación diaria tiene, de acuerdo al ya citado informe sobre la situación financiera y los riesgos de ese instituto, un déficit importante de operación principalmente en la prestación de servicios médicos, que son de capital importancia para el cuidado y la preservación de la salud de cerca de la mitad de la población del país; y
Que por otra parte, el Consejo Técnico del IMSS al presentar su proyecto de presupuesto a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para el 2006, estableció una meta de reservas de 8 mil 993 millones de pesos, para tener la posibilidad de destinar mayores recursos para gastos de la operación diaria y mejorar la prestación de los servicios de atención médica.
Con base en las anteriores consideraciones, la Junta Directiva de la Comisión de Seguridad Social respetuosamente propone al pleno de la honorable Cámara de Diputados se apruebe el siguiente
Punto de Acuerdo
De urgente resolución.
Único. El Pleno de la honorable Cámara de Diputados exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública a que en el proyecto de dictamen del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2008 se modifique el artículo 8, para que se establezca que la cantidad a destinarse a las Reservas Financieras y Actuariales de los seguros y a la Reserva General Financiera y Actuarial, así como al Fondo para el Cumplimiento de Obligaciones Laborales de carácter Legal o Contractual, sea de 8 mil 993 millones de pesos, agregándose la cantidad de 8 mil 822 millones 100 mil pesos en el gasto corriente de servicios de personal (para atender el crecimiento requerido de plazas de nueva creación y de ocupación de vacantes), en gastos de operación (medicinas, productos y suministros médicos, conservación y mantenimiento) y de inversión física, adecuándose el primer párrafo de dicho artículo y las demás disposiciones correspondientes de acuerdo a lo planteado en cuanto a la meta de reservas.
Dado el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 30 de octubre de 2007.
Diputados: Miguel Ángel Navarro Quintero
(rúbrica), presidente; Efraín Arizmendi Uribe (rúbrica),
Samuel Aguilar Solís, Rosario Ignacia Ortiz Magallón (rúbrica),
Neftalí Garzón Contreras (rúbrica), Rafael Plácido
Ramos Becerril (rúbrica) secretarios.
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A SOLICITAR MEDIANTE LA SRE AL GOBIERNO
DE ESTADOS UNIDOS QUE DETENGA LA CONSTRUCCIÓN DEL MURO FRONTERIZO
Y ATIENDA LA RESOLUCIÓN DEL JUEZ FEDERAL DE ESE PAÍS QUE
DICTA EL PARO DE EDIFICACIÓN DE LA BARRERA EN ARIZONA POR POSIBLES
DAÑOS AMBIENTALES, A CARGO DEL DIPUTADO JAVIER BOLAÑOS AGUILAR,
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el suscrito, diputado federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LX Legislatura, Javier Bolaños Aguilar, presenta ante la honorable Cámara de Diputados el siguiente punto de acuerdo, que tiene como finalidad hacer un exhorto al Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, para que solicite al gobierno estadounidense que detenga la construcción del muro fronterizo y atienda la resolución del juez federal de ese país que dicta el paro en la realización de esa obra en Arizona por posibles daños ambientales, con base en las siguientes
Consideraciones
En octubre de 2006 el presidente de Estados Unidos de América, Geroge W. Bush, promulgó la iniciativa de gastos de seguridad interna del país, que incluye una partida de mil 200 millones de dólares para la construcción de un doble muro fronterizo a lo largo de toda su frontera con México.
En general, en nuestro país vecino las medidas antiimigración ilegal se han recrudecido en los últimos meses. Ejemplo de esto es que de octubre de 2006 a julio de 2007, hubo 220 mil deportaciones de migrantes indocumentados de ese país.
En septiembre pasado, durante la vigésima quinta Reunión de Gobernadores Fronterizos México-Estados Unidos, en Puerto Peñasco, Sonora, el Presidente Felipe Calderón ratificó su postura respecto al tema fronterizo, en el que especificó que es necesaria la cooperación y no la división. Asimismo, ha establecido que si bien la migración ilegal no es motivo de orgullo para el gobierno mexicano, tampoco se pueden cerrar los ojos ante la realidad de que ésta es generada por la demanda de mano de obra mexicana en Estados Unidos.
Por lo anterior, lo deseable es cristalizar los acuerdos en el Congreso del vecino país del norte para la consecución de legislación en materia migratoria. En este sentido, la Secretaría de Relaciones Exteriores ha expresado la opinión de muchos mexicanos cuando ha dicho que "el muro no atiende genuinamente las exigencias que el fenómeno migratorio representa para ambos países" y, por el contrario, establece retos de otra naturaleza, como por ejemplo, el reto en materia ambiental.
Esta preocupación de afectación ambiental tiene su origen en el hecho de que el muro fronterizo dividirá desiertos, cordilleras boscosas, humedales, esteros y mantos acuíferos, que son parte, tanto de suelo mexicano como de suelo norteamericano.
Recientemente, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales presentó el diagnóstico del efecto que en el ambiente tendrá dicha construcción, que dividirá la frontera norte, con base en estudios de científicos mexicanos y norteamericanos.
Destacan entre las afectaciones señaladas en dicho diagnóstico los daños por la desaparición de la vida silvestre de mamíferos como el berrendo peninsular, el oso negro, el jaguar, el perrito de las praderas, el ocelote y el borrego cimarrón; así como aves terrestres, por ejemplo, la codorniz de California, el guajolote silvestre, reptiles, insectos y cientos de especies más que, cruzan entre los territorios de ambos países desde hace miles de años por cuestiones de migración y de supervivencia.
Es importante señalar que en esa zona se ubican importantes Áreas Naturales Protegidas de ambos lados de la frontera. Del lado mexicano está el desierto de Altar, el delta del río Colorado, el Pinacate, la laguna Madre de Tamaulipas y los cañones y sierras del río Bravo. Del lado estadounidense se ubican Cabeza Prieta, Big Bend National Park, Organ Pipe Cactus National Monument y el Imperial National Wildlife Refuge.
Cabe mencionar que las últimas reservas se ubican casi todas en Arizona, lugar en que el 6 de octubre pasado un juez federal retrasó la construcción de una sección de 1.5 millas de muro, precisamente por afectaciones en un área de conservación de vida salvaje en la frontera de Arizona con México. Por su parte, en Texas, varios alcaldes también se oponen a la construcción del muro, ya que tiene efectos ambientales adversos y utiliza tierras que son de jurisdicción local.
Diversas organizaciones ambientalistas se han pronunciado en contra de la realización de esta obra por las implicaciones que en la conservación de los ecosistemas que se asientan en la zona.
Recuérdese que es una de nuestras responsabilidades como legisladores velar por impedir la decadencia y degradación de los ecosistemas. Más aún, la preservación, cuidado y aprovechamiento sostenible de nuestros recursos constituye una condición incuestionable para todas las autoridades, tanto locales como extranjeras, por tratarse un tema de interés mundial.
Si bien es cierto que en un estricto sentido Estados Unidos está en su derecho de implementar las medidas que considere pertinentes y necesarias dentro de su territorio para frenar la migración, también es cierto que las decisiones locales tienen efectos regionales en el ambiente.
Finalmente, el cuidado ambiental es una responsabilidad compartida y los beneficios que se generan de ello son aprovechados por millones de familias, sin importar a qué país pertenezcan. La preservación de los recursos naturales y la biodiversidad del planeta son nuestra obligación, pero también nuestro derecho como mexicanos y como ciudadanos del mundo.
Es así que, en mi calidad de legislador federal hago un llamado para solicitar a los encargados de las políticas internacionales una enérgica oposición ante las autoridades estadounidenses que permiten la reanudación en la construcción del muro en la frontera norte de México. Lo anterior a la luz de las afectaciones ambientales que pueden derivarse de la conclusión de esta obra.
Por todo lo anteriormente vertido, me permito presentar ante esta soberanía la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
De urgente y obvia resolución.
Primero. Se exhorta al Ejecutivo federal para que a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores se solicite al gobierno estadounidense detener la construcción del muro fronterizo y atender la resolución del juez federal de ese país que dicta el paro en la construcción del muro fronterizo de Arizona con México, por posibles daños ambientales.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 31 de octubre de 2007.
Diputado Javier Bolaños Aguilar (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE SOLICITA A LA SCJN QUE EJERZA SU FACULTAD DE ATRACCIÓN RESPECTO
AL AMPARO EN REVISIÓN NÚMERO 132/2007, A CARGO DE LA DIPUTADA
ALEIDA ALAVEZ RUIZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
La que suscribe, diputada Aleida Alavez Ruiz, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la Cámara de diputados, LX Legislatura, del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete, como asunto de urgente resolución, a la consideración de esta Asamblea la siguiente propuesta para solicitar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que ejerza su facultad de atracción respecto del amparo en revisión 132/2007, al tenor de las siguientes
Consideraciones
En 1998 diversos líderes sociales que participaron activamente en el movimiento popular y estudiantil de 1968 interpusieron ante la Procuraduría General de la República una denuncia de hechos constitutivos del delito de genocidio en contra de un grupo de ex servidores públicos, encabezados por el ex presidente Luis Echeverría Álvarez.
En noviembre de 2001 se creó la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado, ante la cual se dio seguimiento a la averiguación mediante el número de expediente PRG/FEMOSPP/2/2002.
Tras la investigación, el ministerio público de la federación señaló que tenía por acreditados los elementos del cuerpo del delito de genocidio y la probable responsabilidad en la comisión de éste del ciudadano Luis Echeverría Álvarez y otros, por lo que consignó el expediente ante el Juzgado Décimo de Distrito en materia de Procesos Penales Federales, bajo el expediente número 78/2005.
Sin embargo, el juzgado de distrito negó la orden de aprehensión solicitada por la representación social.
El Ministerio Público apeló la decisión judicial, por lo que el expediente fue remitido al Segundo Tribunal Unitario en materia Penal del Primer Circuito con el número de toca 461/2005.
En esa instancia, el juzgador decidió revocar la resolución del de primera, pues consideró que existían elementos suficientes que acreditaban la probable responsabilidad del inculpado.
Es el caso que el ex presidente fue sujeto a prisión preventiva domiciliaria, pero al finalizar la etapa preinstruccional, el juzgado de distrito resolvió dictar auto de formal libertad por falta de elementos para procesar.
De nueva cuenta, el Ministerio Público apeló la decisión y el Segundo Tribunal Unitario en materia Penal del Primer Circuito revocó la decisión del de primera instancia señalando la procedencia para juzgar a Luis Echeverría Álvarez.
El lunes 26 de marzo del presente año, la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado, creada en el sexenio pasado, fue eliminada de la estructura del gobierno federal, aunque la PGR aseguró que no se cancelarían las investigaciones ni se descuidarían los procesos penales que estaban a cargo de dicha oficina.
Sin embargo, esta decisión mandó una mala señal para quienes veían en ese espacio una posibilidad de encontrar justicia, por eso acudimos en este momento a esta tribuna a plantear la necesidad de que el mexicano transite hacía un Estado democrático de derecho sin impunidad ni olvido.
Aunque en medios de comunicación la defensa del ex presidente argumentó que no interpondrían ningún medio de defensa pues se decían seguros de vencer en juicio, finalmente interpusieron una demanda de amparo en contra del auto de formal prisión, del trámite de identificación (ficha sinalégtica) y de sometimiento del procesado a un estudio criminológico.
Dicho asunto fue turnado en el Tercer Tribunal Unitario en materia Penal del Primer Circuito bajo el expediente 9/2007. El magistrado ponente del caso determinó conceder el amparo y protección de la justicia federal al quejoso.
Por enésima vez, la representación social impugnó la determinación mediante el recurso de revisión, el cual ha sido consignado al Quinto Tribunal Colegiado en materia Penal del Primer Circuito, cuyo expediente 132/2007 está en sus manos desde el mes de agosto de este año.
El pasado 2 de octubre se conmemoró el 39 aniversario de la matanza de Tlatelolco, crimen que hiere la memoria de nuestra patria.
Durante la sesión en que este Pleno recordó los lamentables acontecimientos de 1968, todos los grupos parlamentarios coincidimos en la necesidad de buscar la verdad jurídica y política de los hechos acaecidos en aquella época, para avanzar en la construcción de un país justo y democrático.
Mediante dichos pronunciamientos se hizo patente el interés de uno de los poderes de la federación para solventar una deuda pendiente con el pasado, presente y futuro del país.
En ese sentido están dadas las condiciones para cumplir con tal cometido; existen asuntos pendientes por resolver en el poder judicial de la federación, y dada la importancia y trascendencia histórica, jurídica, política y social de los sucesos del 2 de octubre de 1968, el Estado mexicano tiene el deber fundamental de hacer valer su condición de depositario del mandato constitucional para impartir justicia.
Por lo anteriormente expuesto sometemos a consideración, como asunto de urgente resolución, la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Se solicita a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en ejercicio de sus facultades constitucionales, que atraiga, para resolver, el recurso de revisión número de expediente 132/2007 radicado en el Quinto Tribunal Colegiado en materia Penal del Primer Circuito.
Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados, a 30 de octubre de 2007.
Diputada Aleida Alavez Ruiz (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, RELATIVO
AL ACCIDENTE OCURRIDO EN LA PLATAFORMA USUMACINTA, EN LA SONDA DE CAMPECHE,
A CARGO DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
Consideraciones
Ante las graves consecuencias del accidente ocurrido el pasado 23 de octubre, en la Plataforma Usumacinta, en el que lamentablemente, perdieron la vida 21 personas, una desapareció y 63 trabajadores de la industria petrolera salvaron su vida, resulta de la mayor importancia para la Cámara de Diputados se investiguen las causas y las consecuencias para que se deslinden las responsabilidades correspondientes.
Esta plataforma de perforación marina autoelevable, denominada Usumacinta, fuera instalada en 1994 propiedad de la Compañía Perforadora Central, SA de CV, y que fue contratada por Pemex Exploración y Producción para perforar pozos en la región marina suroeste, es posible que no haya implantado las medidas de seguridad que le permitieran enfrentar un fenómeno perturbador de la magnitud del presentado el 23 de octubre, a 32 kilómetros del puerto de Dos Bocas, Tabasco y a 75 kilómetros de Ciudad del Carmen, Campeche.
Esta empresa al realizar trabajos de interconexión del equipo para proceder a la perforación del Pozo Kab 103 en la Plataforma aligerada tipo Sea Pony Kab 101, debió prever este tipo de accidente ocasionado por fenómenos meteorológicos.
Este accidente, además de causar la irreparable pérdida de vidas humanas y daños irreversibles al medio ambiente; ha ocasionado que se dejen de producir 600 mil barriles de petróleo al día, equivalentes al 20 por ciento de la producción diaria del país, repercutiendo en el alza del precio internacional del hidrocarburo, que en lo que va del año, se ha incrementado en promedio 45 por ciento.
La magnitud de este grave hecho demanda de la urgente intervención del gobierno federal para investigar con absoluta transparencia, las causas y sus consecuencias.
Exigimos apoyar sin reserva alguna, a los familiares de las víctimas para que le sean respetados sus derechos; asimismo, que se evalúen con objetividad los daños ocasionados al medio ambiente y las pérdidas económicas para el país; además que se deslinden las responsabilidades en las que probablemente, hayan incurrido servidores públicos, prestadores de servicios a la empresa o terceros ya que existen evidencias claras de que se actuó con negligencia, al no prever con el equipo técnico adecuado el accidente.
Esta soberanía demanda información veraz y oportuna de los hechos ya que su repercusión en los ámbitos humano, ambiental, económica, administrativo y laboral son de suma trascendencia para el país.
Tal parece, que Pemex no ha implantado las políticas públicas adecuadas que le permitan ser una empresa eficiente, ya que existen indicios de que ha incrementado sustancialmente su plantilla de personal que no necesariamente cuenta con la especialización o el perfil adecuado y ha descuidado aspectos tan relevantes como la seguridad de sus trabajadores, la inversión en tecnología y el adecuado mantenimiento de sus instalaciones.
No olvidemos que se trata realizar actividades sumamente complejas y de alto riesgo, por lo que al burocratizarse la empresa ha omitido realizar sus funciones esenciales al adscribir en forma irracional a la mayor parte de su personal en tareas administrativas o de otro tipo, descuidando las funciones técnicas, operativas y de prevención elementales.
Reflexionemos sobre la magnitud del accidente en la plataforma Usumacinta, ya que sus consecuencias e implicaciones representan un llamado de atención a todos los mexicanos para que tengamos sistemas y programas de protección civil eficientes para evitar daños a la naturaleza y la pérdida de vidas humas.
Debemos exigir a los titulares de la Secretaría de Energía, Semarnat, Profepa, del Trabajo y Previsión Social, de la Procuraduría General de la República y de Pemex la información sobre los alcances de este fatal accidente, además de expresar la solidaridad con los familiares de las víctimas y el reconocimiento a la Secretaría de Marina, por su respuesta inmediata para el auxilio y búsqueda de los trabajadores de la plataforma referida.
Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración de esta soberanía, como de urgente resolución, el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero. Se exhorta a las autoridades competentes para que se investigue la probable responsabilidad de servidores públicos y o de terceros en el accidente de la plataforma Usumacinta, ocurrido el 23 de octubre del presente año y que a través de un peritaje independiente, realizado por instituciones especializadas permita llegar a resultados confiables.
Segundo. Se solicita a la Auditoría Superior de la Federación que inicie una investigación sobre los contratos de servicios otorgados a diversas empresas privadas por Petróleos Mexicanos y que tienen relación con el siniestro referido.
México, Distrito Federal, a 30 de octubre de 2007.
(rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE
QUE EN EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN DE
2008 SE CONSIDERE LA CREACIÓN DEL ANEXO 6-BIS, "EROGACIONES PARA
ATENDER A LA POBLACIÓN MIGRANTE", SUSCRITA POR INTEGRANTES DE LA
COMISIÓN DE POBLACIÓN, FRONTERAS Y ASUNTOS MIGRATORIOS
Los que suscriben, diputados integrantes de la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicitamos se someta a la consideración de esta soberanía, proposición con puntos de acuerdo, de conformidad con las siguientes
Consideraciones
Los ingresos que obtiene el país por concepto de remesas de los migrantes mexicanos que se encuentran en el extranjero representan la segunda fuente de divisas internacionales.
Considerando lo anterior, pero sobre todo la importancia de nuestra población migrante y dándole seguimiento a los compromisos de los poderes Legislativo y Ejecutivo con nuestros connacionales, se estima necesaria la creación de un anexo especial dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación para el año 2008, en donde se concentren todos los programas y las partidas relacionadas con los migrantes, el cual sería denominado Anexo 6-Bis de "Erogaciones para Atender a Población Migrante".
Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a su consideración el siguiente:
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública a considerar, dentro del proyecto de dictamen del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2008, la creación del Anexo 6-Bis de "Erogaciones para Atender a la Población Migrante", el cual quedaría integrado de la siguiente manera:
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 30 de octubre de 2007.
Diputados: José Morales Ramos (rúbrica),
presidente; Andrés Bermúdez Viramontes, José Jacques
y Medina (rúbrica), José Edmundo Ramírez Martínez
(rúbrica), secretarios.
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA A LA SHCP A VERIFICAR MEDIANTE EL SAT Y LA ADMINISTRACIÓN
GENERAL DE ADUANAS LOS INODOROS IMPORTADOS Y A CERTIFICAR QUE CUMPLEN LA
NOM-009-CNA-2001; Y A LA CONAGUA, A REVISAR ESTA REGLA EN COORDINACIÓN
CON DICHA SECRETARÍA, A CARGO DEL DIPUTADO JOSÉ LUIS ESPINOSA
PIÑA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
El suscrito, diputado federal José Luis Espinosa Piña del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional ante la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito someter a la alta consideración de esta soberanía una proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
El agua, medio fundamental para el proceso de vida, es en México motivo de preocupación social y medioambiental. Cada vez son más serios los problemas de escasez del recurso y por lo mismo hay una tensión creciente por el control de éste tanto, a nivel nacional (entre las entidades federativas), como con el exterior (sobre todo con nuestro principal socio comercial, Estados Unidos).
Se viven día a día problemas que van, desde la alta presión sobre el recurso por las crecientes demandas de agua para los diferentes usos, la sobreexplotación de acuíferos, el incremento de la contaminación, hasta los efectos de fenómenos meteorológicos extremos como las sequías y las inundaciones.
En muchos casos, las inundaciones, son producto del hundimiento del suelo cuya razón principal es la consunción de los manantiales y la extracción de agua de pozos profundos. Existen muchos otros problemas en torno a la gestión del vital líquido, como la baja eficiencia en el riego, la pérdida elevada de agua potable por fugas en la red y las tarifas de agua que no reflejan el costo real de este servicio, así como el escaso financiamiento disponible para la inversión en infraestructura.
Por lo anterior, la escasez del agua deja de ser un fenómeno de orden natural, para convertirse en un proceso gestado en el seno del devenir social.
En nuestra nación, el agua está sometida a una presión moderada (de acuerdo a la clasificación de las Naciones Unidas), sin embargo, en los principales centros urbanos y de producción, ésta presión es fuerte. Con base en datos de la Comisión Nacional del Agua, en el año 2006 la disponibilidad natural media de agua per cápita en nuestro país fue de 4 mil 416 metros cúbicos por habitante al año, 157 metros cúbicos por habitante al año menos que lo registrado para el 2005. Se espera que en el año 2030 dicha relación disminuya a 3 mil 705 metros cúbicos por habitante al año. Para la región hidrológico administrativa del Valle de México, esa relación se ubicó en únicamente 144 metros cúbicos por habitante al año, en el 2006.
El agua destinada para el uso doméstico, especialmente en las colonias y barrios habitados por los más pobres siguen padeciendo con mayor severidad los efectos de la escasez.
El tema de la escasez de agua y su distribución cobra cada día más importancia, debido principalmente a las dificultades para tener acceso al líquido y para que las autoridades provean de este servicio a la población. A pesar de que en el 2005 la cobertura de agua potable a nivel nacional se ubicaba en un 89.2 por ciento (INEGI), todavía existen numerosas comunidades de menos de 100 habitantes a las que resulta excesivamente elevado proporcionar el abasto de agua potable.
Desafortunadamente, en México aún no se cristaliza una cultura de ahorro de este oro azul y, la creciente demanda por el mismo ha provocado el deterioro de fuentes de abastecimiento, que se ve agravado por el uso indiscriminado del líquido que hacemos en los hogares, oficinas, comercios e industrias en general. Así, observamos que existen pautas de consumo y comportamiento oportunista por parte de los individuos que tienen acceso al agua de forma regular, barata y abundante.
Además de la problemática expuesta, cada vez cobra mayor fuerza el desperdicio de agua en baños y sanitarios que, según la Conagua, el 40 por ciento del agua en el hogar tiene como fin este destino, existiendo el mayor porcentaje precisamente en inodoros de tipo doméstico. Por su parte, el Instituto Nacional de Ecología señala que un inodoro convencional emplea casi 15 mil litros de agua al año para evacuar 400 litros de orina.
Por ello, a partir de 1986, con el concurso del gobierno federal y de la industria nacional de inodoros, se ha podido contar con una norma oficial mexicana (NOM-009-CNA-2001) cuyo objetivo es la reglamentación y el establecimiento de las especificaciones que deben cumplir los inodoros para asegurar el ahorro del agua.
Una vez plasmado el diagnóstico, nuestro marco legal en la materia, la Ley de Aguas Nacionales, en su título primero, artículo tercero, nos habla sobre la utilización de los volúmenes de agua para satisfacer las necesidades de los residentes de las viviendas. En concordancia con ella, la norma en comento, "Inodoros para uso sanitario. Especificaciones y Métodos de Prueba", publicada en el Diario Oficial de la Federación en abril de 2001, establece que los inodoros deben funcionar con un consumo de agua máximo de seis litros por descarga, lo cual va acorde con la preservación y sustentabilidad del vital recurso.
Si bien la norma puede ser un instrumento muy adecuado para asegurar la utilización racional del vital recurso y reducir su desperdicio en los hogares de los mexicanos, el fin último debe ser, hacer más eficiente el uso del agua y garantizar su buen manejo. En este sentido, la norma establece que los productos importados deben ser certificados a través de pruebas realizadas en laboratorios acreditados por las autoridades correspondientes.
Sin embargo, es desalentador que diversas prácticas comerciales ilegales que ocurren en nuestro país fomentan el consumo de inodoros que incumplen con la norma. En específico, México se enfrenta a la creciente importación de inodoros de origen chino que utilizan en cada descarga de 12 a 18 litros de agua.
Lo anterior tiene su origen en lo que se conoce como contrabando técnico, en el que se introducen mercancías con documentos oficiales alterados en el tipo de producto. Esto sucede porque los importadores, siguiendo lo que marca la NOM-009-CNA-2001, hacen llegar a los laboratorios acreditados por las autoridades, 3 ejemplares de inodoros que cumplen con todos los requisitos establecidos en la norma y con ello obtienen la certificación de los productos. El problema se presenta cuando los contendores que arriban a territorio mexicano contienen productos diferentes de aquellos que fueron certificados y las autoridades aduanales ya no realizan una revisión física en el momento del ingreso.
La situación se agrava ya que en el marco del desarrollo de la industria mexicana de la construcción, las empresas inmobiliarias adquieren dichos productos ya que tienen un bajo costo, a pesar de que infringen la normatividad vigente.
De acuerdo con fuentes vinculadas a la industria mexicana de inodoros, en 2006, se importaron y colocaron 150 mil equipos de fabricación china en viviendas mexicanas, los cuales gastan, en promedio, 12 litros de agua por descarga. Si cada persona usa el inodoro aproximadamente 4 veces al día, y son 90 millones de mexicanos los que tienen abasto de agua y servicio de drenaje, al día se utilizan, en promedio 360 millones de veces los inodoros. Considerando que todos los inodoros cumplieran con la norma y fueran de 6 litros, se emplearían diariamente 2 mil 160 millones de litros de agua.
En caso de que todas las viviendas dispusieran de inodoros chinos, el consumo de agua por descargas se duplicaría, incrementándose el desperdicio de agua. Además, hoy en día, únicamente 24 por ciento de los inodoros instalados en el país cumple con la norma oficial, el 76 por ciento restante emplea en promedio 14 litros por descarga. Eso significa que al día se gastan más de 2 mil 850 millones de litros de agua, cifra equivalente a más de 250 mil millones de litros de agua desperdiciados al año.
La situación se empeora si consideramos que, de acuerdo con los industriales del sector de la construcción, para finales de este año, la importación total de inodoros chinos o de otros países ascenderá a 450 mil, más del doble de los importados el año anterior, con las implicaciones de dicho aumento.
Finalmente, estos mismos empresarios estiman que existe negligencia por parte de las autoridades respecto a la certificación de esos productos provenientes de Asia. Es decir, el problema radica en el proceso de certificación de inodoros importados y, en ese sentido, la raíz de la complicación se ubica en los vacíos de los procesos de valoración y verificación de las características de la mercancía por parte de las autoridades nacionales en las aduanas y en los puntos de venta.
Por lo anterior expuesto, someto a la consideración de esta honorable asamblea, el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero. Se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través del Servicio de Administración Tributaria y la Agencia General de Aduanas para que se verifiquen aleatoriamente en aduanas, los inodoros importados a territorio mexicano y se certifique que efectivamente cumplen con la NOM-009-CNA-2001.
Segundo. Se exhorta a la Comisión Nacional del Agua para que en coordinación con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, realice una revisión minuciosa de la NOM-009-CNA-2001 y se establezcan en ella mecanismos de control más estrictos sobre la certificación de los inodoros, que coadyuven a contrarrestar el contrabando técnico que en esta materia México enfrenta.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a 30 de octubre de 2007.
Diputado José Luis Espinosa Piña (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA A LA SUBCOMISIÓN DE EXAMEN PREVIO A RESOLVER EL EXPEDIENTE
DE JUICIO POLÍTICO CONTRA EL GOBERNADOR DE OAXACA, A CARGO DE LA
DIPUTADA ALEIDA ALAVEZ RUIZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
La que suscribe, diputada Aleida Alavez Ruiz, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la Cámara de Diputados, LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto como asunto de urgente resolución a la consideración de esta asamblea la siguiente propuesta al tenor de las siguientes
Consideraciones
El día de mañana se cumple un año de la presentación de la denuncia de juicio político en contra del gobernador del estado de Oaxaca, Ulises Ruiz Ortiz, por las graves violaciones a los derechos humanos sucedidos en la entidad durante el conflicto político y social que vive desde el año pasado y hasta la fecha la población oaxaqueña.
Las violentas acciones y omisiones del gobierno estatal han quedado evidenciadas y documentadas por todos los medios de comunicación, por organismos nacionales e internacionales de defensa de los derechos humanos y sin embargo sólo la población ha pagado el costo con vidas y presos por reclamar su legitimo derecho a una vida digna.
La Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos señala que respecto a la procedencia de las denuncias de juicio político se resolverá en un término de 30 días hábiles, sin embargo la Subcomisión de Examen Previo, ha sido omisa en exceso para señalar sobre la existencia de indicios de las violaciones denunciadas a derechos humanos.
Ningún pronunciamiento oficial se ha obtenido sobre la denuncia presentada, a diferencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que con los mismo elementos, en un pleno ejercicio de la función jurisdiccional y de la división de poderes, ha realizado una investigación, pues considera que existen los indicios que hacen presumir las violaciones graves a garantías individuales en la entidad.
Este hecho contrasta con la exhaustiva presentación de elementos probatorios de la responsabilidad del gobernador oaxaqueño, se han ofrecido en cuatro ampliaciones de la denuncia, copias certificadas de actas de defunción, copias certificadas de detenciones arbitrarias, más de 200 archivos gráficos, 22 videograbaciones, 1 audiograbación, diversos informes de organismos de defensa de los derechos humanos entre ellos de la Comisión Civil Internacional de Observación de los Derechos Humanos y de la propia Comisión Nacional de Derechos Humanos.
Ante el silencio de la Subcomisión de Examen Previo, se requiere de un mensaje claro a la sociedad de que este Congreso no permitirá más impunidad.
Por lo anteriormente expuesto sometemos a consideración, como asunto de urgente resolución, la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta a la Subcomisión de Examen Previo para que en términos del artículo 12 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos resuelva el expediente de denuncia de juicio político en contra del ciudadano Ulises Ruiz Ortíz, gobernador del estado de Oaxaca.
Dado en el Salón de sesiones de la Cámara de Diputados, a 30 de octubre de 2007.
Diputada Aleida Alavez Ruiz (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA QUE
EN EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN DE 2008
SE CONSIDEREN PARTICULARIDADES GEOGRÁFICAS, SOCIALES Y ECONÓMICAS
DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, A CARGO DEL DIPUTADO CÉSAR DUARTE JÁQUEZ,
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
El suscrito, diputado federal César Duarte Jáquez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 58, 59 y 176 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de este Pleno, el siguiente punto de acuerdo, al tenor de la siguiente:
Exposición de Motivos
El estado de Chihuahua representa el 12.6 por ciento de la superficie de la República Mexicana, lo que lo hace la entidad más grande de nuestro país. Cuenta con 67 municipios de los cuales la gran mayoría se encuentran ubicados en más de 15 millones de hectáreas, que están catalogadas como áridas y semiáridas, representando casi dos terceras partes de la extensión geográfica del estado.
En este contexto, durante los meses de agosto y julio de este año el promedio de volumen de almacenamiento de agua en las presas de los principales distritos de riego por región y por distrito, correspondiente a la zona central norte y noroeste, se mantuvo en un promedio de 60 por ciento. En estas regiones se reparte agua a los estados de Sinaloa, Sonora, Durango y Coahuila además de Chihuahua. Asimismo, de acuerdo con el cuaderno de información oportuna regional, número 92, del INEGI, Chihuahua es una de las entidades con menor beneficio en cuanto a la repartición de las participaciones federales, esto es, sólo un 30.5 de sus ingresos se refieren a estas.
Esto, aunado a la evidente y grave problemática que enfrenta la entidad sobre la disponibilidad y abasto de agua, ubica a los proyectos que planteen abordar su solución como impostergables. En este orden de ideas, y ante la discusión, modificación y aprobación de lo que será el Presupuesto de Egresos de la Federación para el próximo año, me permito realizar un respetuoso exhorto a mis compañeros de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para considerar las condiciones expuestas, con el propósito de incluir los proyectos de construcción de cinco presas y de tres canalizaciones de acequias en los municipios de Guachochi, Balleza, Belisario Domínguez, Matamoros, Balleza y Valle de Zaragoza que representan soluciones firmes y beneficio real para los habitantes de mi estado.
Presas
Municipio: Guachochi
Descripción: Presa Norogachi (Con proyecto
de construcción y proyecto de factibilidad social en proceso)
Municipio: Balleza
Descripción: Recursos para la elaboración
de proyecto de la presa Balleza
Municipio: Belisario Domínguez
Descripción: La Lobera (con proyecto ejecutivo)
Municipio: Matamoros
Descripción: Presa San Ignacio (En construcción.
Se requiere el presupuesto faltante para su terminación)
Municipio: Balleza
Nombre: Río Balleza
Municipio: V. de Zaragoza
Nombre: Río Conchos
Paralelamente, es por todos conocidas las condiciones extremas que enfrenta el estado cuando llega la época de invierno y de calor. Las comunidades, no sólo las más alejadas, sino también las zonas urbanas, requieren de la atención inmediata de las autoridades, sobretodo municipales y locales, y por supuesto, también de las federales. Cualquier retraso representa en muchos de los casos la muerte. En este sentido, y no es una exageración, la necesidad de que las carreteras que ya existen se encuentren en buenas condiciones, que las carreteras que estén en construcción se concluyan y que se construyan nuevos tramos carreteros en donde se ha probado que se necesitan, se plantea como un asunto de vida o muerte. La ayuda debe tener todas las facilidades para llegar en tiempo y forma a quienes más lo necesitan.
Estas son tan sólo algunas de las razones para reiterar un respetuoso exhorto a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para que considere las condiciones antes descritas y apruebe los recursos para la construcción de nuevas carreteras, modernización y rehabilitación de las ya existentes, así como conclusión de tramos sin terminar, mismas que beneficiarán a los cientos de miles de habitantes que viven en municipios como Guadalupe y Calvo, Guachochi, Huejotitán, Balleza, Nonoava, San Francisco, entre otros.
Descripción:
Tramo Guachochi – Morelos
Tramo La Casita- Huejotitán - Balleza
Tramo San Juanito – Basaseachi – San Rafael Bahuachiva
Tramo San Francisco - Nonoava
Tramo Santa Clara – San Lorenzo
No obstante, con todas estas dificultades el estado ha manifestado un tasa promedio de crecimiento anual del 4.01por ciento, superior en más de un punto porcentual a la media nacional que suma 2.83por ciento. Sus aportaciones en materia agropecuaria, de silvicultura, de pesca, de minería, de industria manufacturera, de construcción, de turismo, entre otros, se reflejan en la distribución porcentual del PIB por entidad federativa, que es una de las más altas a nivel nacional. Asimismo, Chihuahua ha sido uno de los principales contribuyentes en el número de asegurados permanentes registrados en el Instituto Mexicano del Seguro Social a través de su delegación, con casi 800 mil asegurados. A pesar de todo, Chihuahua está en pie y va para adelante.
Exponiendo pues todas estas consideraciones, no sólo las evidentemente necesidades, sino también los esfuerzos realizados a través de todos los funcionarios públicos de mi estado, desde el ejecutivo local y municipal, pasando por el poder legislativo, el poder judicial, así como por empresarios y miembros de la sociedad civil chihuahuense; me permito exhortar respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para que considere las particularidades referidas, expresadas en evidentes necesidades, para que apruebe los recursos necesarios para concretar las obras arriba mencionadas y de esta manera se fortalezca el impulso del crecimiento y desarrollo que desde hace algunos años han caracterizado al estado.
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública a considerar las particularidades geográficas, económicas y sociales del estado de Chihuahua, con el propósito de que apruebe los recursos necesarios para la concreción de las obras expuestas en este punto de acuerdo, referentes a presas, canalización de acequias; así como la construcción, modernización, mantenimiento, concreción de carreteras y tramos carreteros.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 30 de octubre de 2007.
Diputado César Duarte Jáquez (rubrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA A LA SCT Y A LA SRE A SUSPENDER EL PROYECTO DEMOSTRATIVO DE
AUTOTRANSPORTE TRANSFRONTERIZO DE CARGA ENTRE MÉXICO Y ESTADOS UNIDOS,
A FIN DE ESTABLECER CONDICIONES PARA UNA COMPETENCIA EQUITATIVA, A CARGO
DEL DIPUTADO CARLOS ALBERTO GARCÍA GONZÁLEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PAN
El suscrito, diputado federal Carlos Alberto García González del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que, dentro de la esfera de sus atribuciones, suspendan el programa denominado "proyecto demostrativo de autotransporte transfronterizo de carga" entre México y Estados Unidos hasta que se resuelvan las deficiencias hacía el interior de nuestro país y se negocien hacía el exterior las condiciones para una competencia equitativa y sin discriminaciones, al tenor de la siguiente:
Exposición de Motivos
El transporte de carga juega un papel fundamental en el desarrollo de nuestro país, por ello es considerado como uno de los sectores precursores de la economía dado que tiene la capacidad de detonar el crecimiento de otros sectores y cadenas de valor;1 el autotransporte de carga es un eslabón fundamental para el comercio interior y exterior de México, en virtud de que moviliza el 82 por ciento de todas las cargas tanto nacionales como internacionales que ascienden a un volumen anual de 425 millones de toneladas.
El sector autotransporte de carga participa con el 3.4 por ciento del Producto Interno Bruto de México y es el principal medio por el que se realiza el intercambio comercial vía terrestre con nuestros principales socios comerciales, destacando el que se realiza con los Estados Unidos de América, dónde a raíz de la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte TLCAN, se ha triplicado su valor, para llegar a octubre del 2006 con un total de 278 mil millones de dólares, sólo por debajo de China y Canadá.
El autotransporte de carga contribuye sustancialmente con el vigoroso intercambio comercial que México sostiene con los Estados Unidos de América, dado que participa en promedio, con más de 600 mil cruces fronterizos mensuales tanto de importación como de exportación a lo largo de los 21 cruces fronterizos con que cuenta nuestro país, por lo que al año se realizan más de siete millones de movimientos vía terrestre.2
Cruces transfronterizos México-Estados Unidos:
2002
Por lo que respecta a la flota vehicular mexicana, contamos con 483 mil 500 unidades tanto motrices como de arrastre con una edad promedio de 17 años. Del total sólo el 20 por ciento oscila entre los cinco años de antigüedad y la relación unidad motriz – unidad de arrastre es escasamente de uno a uno; es decir, que por cada tractocamión existe un semirremolque.
Ahora bien, México, Estados Unidos y Canadá convinieron en facilitar la circulación transfronteriza de servicios entre sus territorios, aumentar las oportunidades de inversión y promover condiciones de competencia leal en la zona de libre comercio.
Para lo anterior, se convino en el TLCAN la apertura en materia de servicios de transporte transfronterizo, mismos que se definen como la prestación de un servicio del territorio de un país al territorio de otro. (Artículo 1213 del TLCAN)
En materia de inversión, se convino la participación del capital extranjero, única y exclusivamente en el transporte de carga internacional, entre dos puntos del territorio.
Por carga internacional se entiende, conforme al TLCAN, los bienes que tienen su origen o destino fuera del territorio de un país.
Contrariamente a lo pactado en el TLCAN, el gobierno de los Estados Unidos bajo la presidencia de Bill Clinton, decretó en forma unilateral la moratoria para impedir de manera definitiva tanto la prestación de servicios transfronterizos como la generación de inversiones por parte de empresarios mexicanos; se había pactado que el calendario iniciaría el 18 de diciembre de 1995.
Hasta 1998 el gobierno mexicano solicitó formalmente la integración de un panel arbitral para solucionar la controversia.
El 5 de febrero de 2001, en su resolución final, el panel de controversias resuelve de manera unánime a favor de la causa de México, determinando que la negativa generalizada de los Estados Unidos a procesar las solicitudes de transportistas mexicanos es, y continúa siendo, una medida incompatible con las obligaciones del TLCAN.
La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y el Departamento de Transporte de Estados Unidos (DOT por sus siglas en inglés), anunciaron la instrumentación de un programa piloto para la apertura de la frontera en servicios transfronterizos, en dicho acuerdo se prevé una apertura simultanea para ambos países en el que se permitirá que hasta 100 empresas de cada nación participen.
En virtud de este programa piloto para la apertura de la frontera, México deberá brindar acceso a las empresas estadounidenses para que ingresen a territorio nacional en la prestación de servicios transfronterizos de carga internacional, es indispensable que al igual que el gobierno estadounidense el gobierno de nuestro país implemente un programa de supervisión y vigilancia de las empresas, conductores y vehículos extranjeros.
Una especial preocupación del autotransporte nacional consiste en la incapacidad del gobierno federal para hacer cumplir la salvaguarda del autotransporte de carga doméstica o entre puntos del territorio nacional para mexicanos o empresas mexicanas con cláusula de exclusión de extranjeros, toda vez que conforme al propio TLCAN se deberá permitir única y exclusivamente el transporte de carga internacional; es decir, las mercancías de importación o exportación que entran o salen de nuestro territorio, para lo cual es indispensable contar no sólo con los elementos de informática y tecnología vinculados con la Administración General de Aduanas sino con el número de inspectores de vías generales de comunicación suficientes, que desde el mismo punto de entrada a nuestro país y luego en el interior de la república tengan la capacidad de supervisar que las mercancías que se transportan sean efectivamente de carácter internacional y no carga doméstica, actividad que le corresponde única y exclusivamente a los mexicanos.
Ahora bien, es de resaltarse que existen sectores en Estados Unidos que de igual forma no están de acuerdo en la apertura de la frontera, toda vez que de acuerdo con la información difundida en diarios de aquel país, el 10 de septiembre del presente año se votó una propuesta presentada ante el Senado de los Estados Unidos por el representante demócrata Byron Dorgan, la cual tiene por objeto bloquear los fondos para el desarrollo del programa, sin embargo, aún puede ser vetado por el presidente George W. Bush.
El DOT publicó el 17 de agosto en el registro federal de ese país, que su gobierno está dispuesto a cumplir con los compromisos adquiridos en el marco del TLCAN, a pesar de que el Congreso ha argumentado que los conductores mexicanos representan un riesgo para la seguridad de la población estadounidense; y que al ofrecer sus servicios a precios más bajos desplazarían a los lcoales. Asimismo, los autotransportistas de Estados Unidos interpusieron un recurso legal para evitar el inicio del programa transfronterizo de carga.
En respuesta a lo anterior, el Congreso norteamericano aprobó una ley que condicionó la aplicación del programa piloto a que esos vehículos cumplan con todos los requisitos federales sobre seguridad vial.
No fue sino hasta el 31 de agosto del presente año que la apertura al transporte trasfronterizo de carga entre México y Estados Unidos entró en vigor. Así durante un año comenzará a tener vigencia el proyecto demostrativo que permitirá cruzar la frontera a 100 empresas transportistas de uno y otro lado.
La SCT publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el acuerdo por el que crea la modalidad del servicio de autotransporte transfronterizo de carga internacional entre México y Estados Unidos. En este acuerdo la dependencia informa de manera detallada los motivos de abrir la apertura, los requisitos que conductores americanos y mexicanos deben cumplir para internarse en territorio distinto, las características del proyecto demostrativo y las condiciones que se aplicarán durante el año de vigencia que tiene esta modalidad.
Sin embargo, en ambos lados de la frontera se han dado dificultades para que inicie este proyecto.
Los transportistas han argumentado que apenas a una semana de haberse iniciado el programa piloto ya se resiente la discriminación hacia los vehículos y chóferes mexicanos en territorio estadounidense, porque una vez cruzada la frontera son sujetos a revisión de por lo menos siete diferentes autoridades, que les aplican al menos 22 reglas que no son extensivas para los estadounidenses o canadienses.
Por otra parte, los transportistas han reiterado que el gobierno mexicano no ha establecido las condiciones necesarias para poder incursionar en este proyecto ya que hay cinco temas pendientes que los camioneros han solicitado: el programa de reemplacamiento, la publicación del reglamento de peso y dimensiones, la inseguridad en la red carretera nacional, los cuellos de botella en la frontera norte y la garantía de que el cabotaje esté reservado a nacionales.
Aumento de precios
Con la apertura es inminente un incremento en los precios del servicio de autotransporte de carga (flete) por las siguientes razones:
Con el ingreso de las grandes empresas transportistas americanas que controlan el 85 por ciento de la carga internacional entre México y Estados Unidos, les dará la pauta para formar grandes oligopolios y realizar presiones hacia el alza de los precios.
Actualmente el precio del flete en EU es de 0.96 dólares el kilómetro contra 0.61 dólares el kilómetro en México, los rubros donde se destaca la ventaja competitiva para nuestro país, es en el sueldo del operador y momentáneamente en el diesel, otro factor determinante es el margen operativo que se tiene en México que es de 0.02 dólares el kilómetro mientras que EU es de 0.11 dólares el kilómetro. Por lo anterior, se puede observar que las empresas americanas no van a reducir sus precios y sacrificar sus márgenes de utilidad, al menos que a corto plazo pretendan realizar prácticas depredatorias para controlar el transporte en México.
Por el contrario, un grupo de empresas estadounidenses que realizara servicios con destino a México, debido al tamaño de su flota vehicular, tiene la capacidad de competir en el mercado mexicano e influir al alza en los precios no sólo del transporte de carga internacional sino también del transporte de carga doméstico.
Flota mexicana
415,626 unidades
285,500 unidades
2. Por el contrario, desde 1995, ya sea en forma de inversión extranjera directa o neutra, las empresas estadounidenses han podido invertir en empresas mexicanas y tener una extensa presencia comercial a través de empresas de arrendamiento, de servicios logísticos y de paquetería y mensajería en nuestro país.
3. La apertura de la frontera y el programa piloto no compensa o revierte en forma alguna al autotransporte de carga nacional ante el desfasamiento en el acceso al mercado estadounidense.
4. Al darse la apertura de la frontera, se encarecerán los precios de los fletes en México y existirán fuertes presiones al alza en el costo de los salarios de nuestros operadores, que es una de las principales ventajas competitivas.
5. La problemática en el cruce fronterizo no se resolverá por virtud de la apertura de la frontera, y los costos de transportación se incrementarán al permanecer en espera unidades de largo recorrido.
6. Hasta que no se hagan más eficientes las revisiones y procedimientos aduanales en ambos lados de la frontera, el servicio de cruce fronterizo seguirá siendo la mejor alternativa para el intercambio de remolques.
7. Las acciones que estableció el Congreso de los Estados Unidos para condicionar la entrada de los camiones mexicanos y el programa de inspección de seguridad de camiones fronterizos, impiden un acceso efectivo y en condiciones de equidad a los transportistas mexicanos.
8. El programa piloto es discriminatorio dado que impide la participación de los transportistas de materiales y residuos peligrosos; además se aplican 22 reglas de operación exclusivamente a los transportistas mexicanos y no a los americanos o canadienses.
9. Las autoridades mexicanas actualmente no tienen la capacidad para vigilar y supervisar a las empresas estadounidenses que entren a territorio nacional, y en consecuencia, salvaguardar que el autotransporte de carga doméstica o entre puntos del territorio nacional esté garantizado para mexicanos o empresas mexicanas con cláusula de exclusión de extranjeros.
10. En las condiciones actuales la mejor alternativa para conservar las ventajas competitivas del autotransporte en la región, es que los autotransportistas de México y Estados Unidos operen cada uno con origen y destino dentro de sus respectivos territorios haciendo más eficiente el cruce fronterizo.
Punto de Acuerdo
Único. De urgente u obvia resolución, por el que se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y la Secretaría de Relaciones Exteriores para que, dentro de la esfera de sus atribuciones, suspendan el programa denominado proyecto demostrativo de autotransporte transfronterizo de carga entre México y Estados Unidos hasta que se resuelvan las deficiencias hacía el interior de nuestro país, y se negocien hacía el exterior las condiciones para una competencia equitativa y sin discriminaciones.
Notas
1) Instituto Mexicano para la Competitividad IMCO, Hacia
un Pacto de Competitividad pag. 215, Edición febrero del 2005.
2) Administración General de Aduanas.
Dado en el Palacio Legislativo, en octubre de 2007.
Diputado Carlos Alberto García González
(rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, RELATIVO
A LA INTEGRACIÓN DE UN GRUPO DE TRABAJO ENCARGADO DE INVESTIGAR
LA LEGALIDAD DE LA VENTA DE AEROMÉXICO A BANAMEX, A CARGO DEL DIPUTADO
JUAN NICASIO GUERRA OCHOA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
El suscrito, diputado federal Juan Guerra Ochoa integrante del Grupo Parlamentario del PRD de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos, someto a consideración de esta soberanía, el siguiente punto de acuerdo al tenor de las siguientes
Consideraciones
Hoy nuevamente nos encontramos con otra de las transacciones que se suman al cúmulo de compraventas irregulares y turbias, que cotidianamente realiza el gobierno federal. Un cúmulo de transacciones que se realizan con el propositito de beneficiar a diversos grupos políticos y económicos, en clara asociación delictuosa con los poderes fácticos.
Se vende Aeroméxico con el mismo discurso legitimador, neoliberal, pregonando los beneficios de la privatización y desincorporación de los activos públicos de mayor eficiencia, eficacia en la administración. A lo que todos nos preguntamos, dónde está el beneficio de la privatización del sistema financiero, de las carreteras, de los ingenios, de las televisoras, de los ferrocarriles y de los teléfonos.
Hasta ahora los éxitos de dichas privatizaciones y adjudicaciones, sólo se encuentran en los bolsillos de algunos cuantos empresarios, los cuales se han confabulado, amafiado, con el gobierno federal, para medrar con los recursos públicos, en un juego perverso que va de la privatización al rescate, y del rescate a la privatización.
Para ejemplo tenemos el rescate de la banca a través de Fobaproa ahora IPAB, el rescate carretero, y la conformación y consolidación de grandes grupos monopólicos y oligopólicos, cuyos servicios y tarifas dejan mucho que desear en todos los sectores de nuestra economía y sociedad.
En este manejo perverso y fraudulento de los activos públicos, los dueños de los bancos, los banqueros se han vuelto ricos, medrando con las elevadas tasas de interés y con los bonos del rescate bancario, a tal grado que ahora incursionan en la inversión directa. Olvidando que su principal función radica en la intermediación financiera, en otorgar tasas de interés competitivas, para fortalecer la inversión, el consumo y la generación de empleos. En ningún país con un poco más de seriedad y de respeto sucede lo mismo que en México.
Podemos escuchar los discursos de los neotecnócratas que en voz del secretario de Comunicaciones y Transportes Luís Téllez, rezan al unísono, que con la venta de Aeroméxico se mejorará el servicio aéreo, debido a la actitud muy comprometida de los empresarios. Seguramente debe ser la misma actitud que la que actualmente tiene Banamex con sus clientes, los usuarios de los servicios financieros, con el financiamiento a la inversión y con las bajas comisiones en la prestación de sus servicios, que quién sabe por qué extrañas circunstancias empobrecen a la población.
Es por tal motivo que yo les pido compañeras legisladoras y compañeros legisladores que no nos engañemos, ni nos dejemos engañar por la vana discursilería de nuestros funcionarios públicos. Vayamos al fondo del asunto, para investigar qué hay de tras de esta transacción, de la que tanto se habla y se especula.
Qué tan cierto es que la adjudicación de Aeroméxico al señor Roberto Hernández y a su prestanombres José Luís Barraza, hasta ahora un desconocido empresario hipotecario, se debe al pago de favores y facturas por sus aportaciones a la campaña por la presidencia de Calderón. O a que existió un contubernio entre el señor Luis Téllez y el señor Roberto Hernández con beneficios económicos para ambas partes.
Dichas hipótesis tienen su fundamento, en el hecho de que en la puja por Aeroméxico la adjudicación se dio a la menor oferta presentada por el señor Hernández y compañía, tan sólo, porque el grupo de empresarios que encabezaba Moisés Saba Masri y Alberto Saba Raffoul, había llegado dos minutos tarde a decir del Instituto para la Protección del Ahorro Bancario IPAB, encargado de supervisar el proceso de adjudicación, lo cual no es ninguna garantía de transparencia.
A todos nos queda claro que el IPAB no responde al interés nacional, tal y como se demuestra en la pésima administración de sus activos, los cuales los somete a concursos y adjudicaciones de antemano comprometidas, afectando negativamente la recuperación de los recursos del desfalco bancario.
El asunto que ahora nos ocupa no es para nada un asunto trivial, al contrario, es trascendental tanto por la gran cantidad de recursos involucrados, como por la afectación patrimonial al pueblo de México. Por lo que se requiere transparentar tanto la forma en que se adjudicó, como sobre la legalidad y el origen de los recursos.
Es por todo lo anterior, que se hace imprescindible el que esta Cámara de Diputados comprometida con la transparencia y la justicia, establezca una subcomisión encargada de investigar el proceso de licitación, subasta y finalmente adjudicación y venta de Aeroméxico a Banamex.
Es por eso que con lo antes fundado, someto a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. La honorable Cámara de Diputados aprueba la integración de un grupo de trabajo encargado de investigar la legalidad y transparencia, en el proceso de adjudicación y adquisición de Aeroméxico a un grupo de empresarios encabezados por Banamex.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 30 de octubre de 2007.
Diputado Juan Guerra Ochoa (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE
QUE EN EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA
EL EJERCICIO FISCAL DE 2008 SE DESTINEN RECURSOS A PROYECTOS ESTRATÉGICOS
EN EL DESARROLLO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A CARGO DEL DIPUTADO RAÚL
CERVANTES ANDRADE, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
El diputado Raúl Cervantes Andrade, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, perteneciente a la LX Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presento ante los integrantes de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de los siguientes
Exposición de Motivos
La infraestructura hidráulica de la Ciudad de México tiene un importante rezago por las insuficientes inversiones que se han hecho en la última década, al grado tal que los drenajes están cerca del colapso. Asimismo, miles de familias están en situación de peligro inminente por ubicarse en zonas de alto riesgo. Finalmente, la saturación de la red de transporte público está implicando la pérdida de miles de horas hombre por año con el consecuente deterioro en el medio ambiente y en la calidad de vida de quienes habitan en la zona metropolitana.
Es urgente tomar decisiones a fin de elevar la calidad de vida en el Distrito Federal y proteger la vida de sus habitantes. Para ello, se propone incorporar al Presupuesto de Egresos de la Federación los siguientes proyectos estratégicos:
1. Drenaje profundo.
Monto solicitado: mil millones de pesos.
• Construcción de planta de bombeo Caracol (250
millones de pesos).
• Colector Indeco-laguna de regulación de Iztapala
y planta de bombeo (50 millones de pesos).
• Obra de rectificación del colector Ejercito Oriente
(25 millones de pesos).
• Captación del colector Santa Martha Norte (15
millones de pesos).
• Captación de la laguna de regulación El Salado (10 millones de pesos).
A fin de prevenir las pérdidas de vidas humanas, se propone la constitución de un fondo para apoyar a las familias que habitan en zonas de riesgo, de carácter preventivo, mediante el cual se apoye la rehabilitación, la adquisición de vivienda nueva y en su caso, el albergue temporal de personas cuya vivienda no tenga las condiciones estructurales mínimas de seguridad. Asimismo, dicho fondo también se destinaría a financiar acciones de prevención de desastres como regeneración de minas y construcción y mantenimiento de muros de contención. Se propone canalizar los recursos antes solicitados a las siguientes obras:
• Instalación del tranvía Buenavista–estación
Revolución del STCM.
• Construcción de un deprimido vial.
Punto de Acuerdo
Único. Se solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados incluir en el Presupuesto de Egresos de la Federación los proyectos mantenimiento del drenaje profundo de la Ciudad de México; fondo para vivienda en riesgo; y obras complementarias del tren suburbano Buenavista previa opinión de las Comisiones de Recursos Hidráulicos, de Gobernación, y de Transporte, respectivamente.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 30 de octubre de 2007.
Diputado Raúl Cervantes Andrade (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, RELATIVO
A LA CELEBRACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL DE LAS PERSONAS CON
DISCAPACIDAD, A CARGO DE LA DIPUTADA SILVIA EMILIA DEGANTE ROMERO, DEL
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
La suscrita, diputada federal Silvia Emilia Degante Romero integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en esta LX Legislatura, con fundamento en el artículo 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta soberanía la proposición con punto de acuerdo, a fin de solicitar a las autoridades de la Cámara de Diputados se lleve a cabo la celebración del día internacional de las personas con discapacidad, conforme a las siguientes
Consideraciones
I. La Organización Mundial de la Salud, señala que en los países de Latinoamérica de su población general, de 7 a 13 por ciento viven alguna discapacidad. En México más de 10 millones de personas viven en condiciones de discapacidad, ya sea motora, intelectual o sensorial.
II. Los mexicanos desde 1982 hemos contribuido a impulsar la igualdad y equiparación de oportunidades y mejorar las condiciones de calidad de vida para las personas con discapacidad, a través de programas específicos para su atención, sin dejar de mencionar el trabajo que desde esta Cámara en donde se promovieron una serie de reformas a diversas leyes, y recientemente la Ley General de las Personas con Discapacidad, dando así el cumplimiento a las normas uniformes para las personas con discapacidad de la ONU, que aceptó México en 1982 y que hoy nuestro país cuenta con un marco jurídico amplio para este sector de la población en diversas leyes como:
Ley General de las Personas con Discapacidad.
La Convención Interamericana para la eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad.
III. Que como resultado del trabajo que México en los últimos años ha promovido para las personas con discapacidad hoy día podemos ver frecuentemente a niños y niñas con discapacidad en escuelas regulares, podemos observar mayores medidas de accesibilidad urbana, como señalamientos, rampas y cajones de estacionamiento, esto se hace más frecuente todos los días en una sociedad que es para todos sin distinción y marginación, una sociedad donde el bien común prevalezca sobre cualquier situación de vida, tal como lo enuncia la Carta Magna.
IV. Es motivo de celebración los avances que México y las organizaciones sociales de personas con discapacidad han alcanzado en los últimos años y que de manera unida sociedad, gobierno y partidos políticos, trabajamos de manera comprometida por más de 10 millones de personas con discapacidad.
V. El 5 de octubre del 2006 una servidora en esta tribuna expuse un punto de acuerdo para que la Cámara de Diputados conmemorara el día internacional de las personas con discapacidad que por cierto es el 3 de diciembre.
VI. La Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos de la Cámara de Diputados, instruyó al secretario general, doctor Guillermo Haro Bélchez para establecer la fecha y forma del evento.
VII. En el acta de la reunión del 27 de noviembre de la Junta de Coordinación Política, se acordó la partida presupuestal para la celebración del evento conmemorativo al Día Internacional de las Personas con Discapacidad.
VIII. La conmemoración del Día Internacional de las Personas con Discapacidad no es tan sólo un gran pretexto para destacar todo el valor y la grandeza de estos seres humanos, sino dar un paso adelante con la asignatura pendiente que México tiene con miles de mexicanos que viven alguna discapacidad.
IX. Esta Cámara debe de dar a conocer los trabajos que en materia legislativa a realizado y promover que el Ejecutivo federal dé a conocer los trabajos en beneficio de este sector de la población; al igual otorgar oportunidad para que las organizaciones sociales expongan sus trabajos y productos en el que destaquen lo que desarrollan todos los días y para que músicos, artesanos, escritores, pintores, deportistas y profesionistas encuentren en esta representación popular un lugar de expresión de sus habilidades y aptitudes, en aquellas que han encontrado su desarrollo y que sirva de ejemplo y estimulo para aquellos que por su condición o estado de animo no lo puede realizar.
X. Del 18 al 22 de diciembre del 2006 se celebró la feria Todos por la Integración de las Personas con Discapacidad hacia el Bien Común, en la que participaron instituciones públicas, organizaciones civiles y las propias personas con discapacidad. Por lo anteriormente expuesto, se somete al Pleno de esta soberanía el siguiente.
Punto de Acuerdo
Artículo Único. La suscrita diputada de la LX Legislatura, en pleno respeto a las competencias atribuidas por la Carta Magna, solicita a la honorable Cámara de Diputados, realice las acciones necesaria a fin de celebrar el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, en el marco de una semana: del 26 al 30 noviembre, la Segunda Feria Todos por la Integración de las Personas con Discapacidad hacia el Bien Común.
Palacio Legislativo de San Lázaro, martes 30 de octubre de 2007.
Diputada Silvia Emilia Degante Romero (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE
QUE EN EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN DE
2008 NO SE CONSIDEREN MÁS RECURSOS PARA LA COMISIÓN FEDERAL
DE ELECTRICIDAD CON DESTINO AL PROYECTO HIDROELÉCTRICO LA PAROTA,
EN GUERRERO, A CARGO DEL DIPUTADO MODESTO BRITO GONZÁLEZ, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PRD
El que suscribe, Modesto Brito González, diputado federal de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del PRD, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y dentro del marco del análisis, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, somete a consideración del Pleno de la Cámara de Diputados proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Primera. Ha pasado más de un año para el desafortunado y no nato proyecto hidroeléctrico de La Parota, en Guerrero, y cinco desde que éste fue concebido por la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Se encuentra actualmente con un repudio generalizado de la mayoría de los poseedores de las tierras en que está diseñada la megacortina del proyecto de los bienes comunales de Cacahuatepec, en Acapulco.
Aquí, en este recinto, ante esta honorable asamblea, hace justamente un año se solicitó, en el marco de la discusión, modificación y, en su caso, aprobación del presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2007, que no se otorgasen recursos públicos para el proyecto hidroeléctrico La Parota, en Guerrero, impulsado por la CFE en tanto no se reformularan, en todo caso, los procedimientos de relación con los posibles pobladores afectados y se evitara el riesgo de la confrontación social. Esto, como se señala, ocurrió en el lejano diciembre de 2006.
Sin embargo, hoy, en octubre de 2007, la hipótesis referida está rebasada por lo acontecido en esta región de Guerrero, en el municipio de Acapulco.
Segunda. El 30 de marzo del presente año, el Tribunal Unitario Agrario con residencia en Acapulco, Guerrero, emitió sentencia sobre el juicio 447/2005, relativo a los bienes comunales de Cacahuatepec, "resolviendo anular el acta de asamblea de fecha 23 de agosto de 2005, así como todos los convenios, acuerdos o actos jurídicos que como consecuencia de la misma se hayan suscrito", pues la asamblea se había realizado con procedimientos dolosos y fraudulentos, por autores materiales e intelectuales. Claro, utilizando recursos públicos que hoy, por cierto, están siendo fiscalizados por la Auditoría Superior de la Federación.
Esta resolución es de suma importancia, pues con estas falsas asambleas supuestamente los comuneros de Cacahuatepec autorizaban a la CFE para expropiar sus tierras, que serían destinadas para la megaobra.
El impacto de está resolución, sin duda, provocó que la CFE y el gobierno de Guerrero, este último defensor oficioso de la paraestatal, reaccionaran rabiosamente ante la sentencia del órgano jurisdiccional agrario, que determina con precisión que la CFE no cuenta con autorización para ingresar en los terrenos comunales de Cacahuatepec y que todo acto en contravención es nulo de pleno derecho.
Asimismo, el Tribunal Unitario Agrario, el 6 de septiembre del año en curso, emitió la sentencia en torno al juicio 242/2007, declarando nulas las convocatorias con que el comisariado de los bienes comunales de Cacahuatepec llamó a asambleas el 6 y 20 de mayo para dar la anuencia a la expropiación de las tierras en favor del proyecto hidroeléctrico La Parota. El juez de la causa señaló que, después de haber revisado todas las pruebas integradas al expediente, había resuelto declarar nulas las dos convocatorias y, por tanto, también declaraba concluido el juicio y lo enviaba al archivo como asunto resuelto.
Aparentemente, no existe litis o juicio agrario pendiente. Asimismo, resalta que quienes se han opuesto a los abusos de poder de la CFE han actuado invariablemente dentro del estado de derecho, a pesar de las provocaciones e intimidaciones a los ciudadanos que defienden la legalidad y la justicia, ante la amenaza del desplazamiento y despojo forzoso de las tierras.
Durante estos cinco años se realizaron asambleas fuera de los núcleos agrarios respectivos. Y por orden del gobierno del estado se apersonó la policía estatal y municipal, lo cual provocó enfrentamientos diversos entre comuneros y policías, siendo estos últimos replegados.
Sin embargo, a mediados de septiembre se anunció en los medios de comunicación, entre ellos, La Jornada de Guerrero, una nueva resolución judicial, en la que La Parota quedó suspendida indefinidamente y se ordenó a la CFE que de inmediato detenga la construcción del embalse, y que las cosas se mantengan en el estado en que actualmente se encuentran y las autoridades se abstengan de autorizar la explotación, uso y aprovechamiento de las aguas nacionales del río Papagayo para el proyecto hidroeléctrico La Parota, por los daños irreversibles a los quejosos que viven en Cacahuatepec.
Dicha resolución judicial se emitió al considerar que afecta la biodiversidad de la zona, los derechos constitucionales, de garantía de audiencia y legalidad de los habitantes de los 17 núcleos agrarios.
Tercera. El 12 de agosto del año en curso, en la comunidad de Aguacaliente, municipio de Acapulco, Guerrero, perteneciente a bienes comunales de Cacahuatepec, se llevó a cabo un encuentro inédito entre la CFE y comuneros para conocer pros y contras del proyecto, dejando en claro el tamaño del conflicto agrario, asentándose en diversas crónicas periodísticas, entre ellas la del diario El Sur.
En esa comunidad se reunieron más de 3 mil asistentes, pertenecientes a bienes comunales de Cacahuatepec. En la asamblea de bienes comunales se rechazó el proyecto, después de escuchar la exposición de la CFE que, en boca de Eugenio Laris Alanis, director de Proyectos de Inversión Financiada, manifestó ante los más de 3 mil comuneros: "Queremos que la comunidad tome en cuenta las cosas buenas del proyecto, y que decidan si están por el progreso o porque se mantengan las condiciones de miseria que actualmente tiene esta cuenca del río Papagayo". Además, agregó, "de 2004 a la fecha se han gastado recursos públicos asignados a La Parota por 200 millones de pesos, tanto en estudios ambientales y sociales como en obras de compensación".
Y surge una pregunta: ¿y en 2003 no hubo gasto? Por cierto, este empleado de la CFE reconoció que no han sabido comunicarse con los comuneros y realizó una afirmación sobre la asamblea de más de 3 mil comuneros: "Ésta no tiene validez". Además, puntualizó: "Hay autoridades sobre mí que tienen que tomar la decisión sobre el proyecto; pero sí les digo que no será sin la voluntad de ustedes, no en contra de la voluntad de ustedes".
Sin duda, el funcionario se refiere al Congreso de la Unión y, en especial, a la Cámara de Diputados. Esta decisión está hoy en manos de los políticos y no de los técnicos administrativos.
Al final de la reunión, la asamblea declaró cancelado el proyecto, y el acuerdo tuvo forma legal, cuando el comisariado de bienes comunales y los opositores a la presa firmaron un convenio conciliatorio, que llevarán ante el Tribunal Unitario Agrario, en el que establecen que la autoridad comunal no convocará más a asamblea para tratar de aprobar la expropiación de las tierras para La Parota. Esta asamblea duró más de tres horas, regida por los usos y costumbres, en la que participaron comuneros, posesionaros y avecindados.
Sin embargo, y después que los habitantes de bienes comunales expresaron su voluntad ante la CFE, sin violencia y de manera pacífica, a la Procuraduría General de la República no le gustó la resolución judicial mencionada y manifestó su desacuerdo con la resolución que emitió la juez federal que suspendió indefinidamente la construcción de la presa hidroeléctrica La Parota.
La intervención del Ministerio Público toma nota en exceso y pretende iniciar procedimientos legales, basados en el supuesto que se le está causando daño económico a la CFE.
Se pretende ¡desacatar el mandato judicial imperativo y obligatorio del tribunal agrario!
La CFE perdió la guerra en Cacahuatepec y utilizó la técnica de la baja intensidad en una lucha prolongada para doblegar a las poblaciones pobres, corrompiendo, comprando e intimidando, ejercicio que han combinado por medio de acciones políticas, económicas, de desinformación e información inducida en grupos y clase sociales no avecindados. Propiciando condiciones para acciones violentas de tipo paramilitar. Ésa es la estrategia de la burocracia de la CFE –¿será la del Ejecutivo?– por tratar de imponer intereses limitados de un proyecto unidimensional y fracasado. Habría que decir a estos tecnócratas que la guerra fría terminó hace varios lustros. Por cierto, la guerra de baja intensidad tiene como objetivo neutralizar la resistencia propiciada por profundos problemas sociales, económicos y políticos.
Por otro lado, pese a que hay un mandato judicial imperativo y expreso para la CFE con relación al proyecto hidroeléctrico La Parota de uno de los poderes supremos de la Unión, que es el Judicial; la CFE en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, presentado ante esta soberanía, establece en el apartado "Entidad Comisión Federal de Electricidad", sector 18, "Universo de relación de proyectos de inversión financiada directa y condicionada", con clave de identificación 003 03 003, con inversión financiada de 11 mil 515 millones 43 mil 452 pesos y con inversión presupuestaria de mil 895 millones 664 mil 677 pesos.
Con un monto total de 13 mil 410 millones 708 mil 129 pesos en Acapulco, Guerrero. A pagar por vía de deuda pública en 40-60 años. Se encuentra en este momento en una etapa de licitación sin cambio de alcance.
¡Igual que todos los años pasados, desde 2003!
Además, en la CFE, sector 18, en el apartado "Programas presupuestarios con proyectos de inversión", establece una asignación para el ejercicio fiscal de 2008 de 590 millones 22 mil 439 pesos.
Es decir, a pesar de tener una situación de sumo cuidado en la región de Cacahuatepec; la CFE y sus mandos técnicos y burocráticos, irresponsablemente, asignan recursos a un proyecto que fue derrotado por la mayoría del pueblo, en los caminos y en las plazas de los núcleos agrarios.
Asimismo, la Comisión Federal de Electricidad parece que ya está en el umbral del desacato judicial, historia conocida en este recinto recientemente.
Cuarta. El 10 de abril del año en curso, aniversario de la muerte de Emiliano Zapata, esta honorable asamblea aprobó por unanimidad punto de acuerdo, presentado por la Comisión de Recursos Hidráulicos en el que se exhorta al Poder Ejecutivo federal y empresas publicas a atender la recomendaciones emitidas por el Tribunal Latinoamericano del Agua con relación a La Parota, que establece "la suspensión del proyecto hidroeléctrico, ya que no se demuestran los beneficios a la población local, su contribución al desarrollo regional ni la protección del ambiente".
Por lo expuesto y fundado, someto a esta honorable asamblea el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. No se consideran más recursos federales para el proyecto hidroeléctrico La Parota, del estado de Guerrero, del sector 18, "Energía, entidad TOQ, con clave 003 03 003, tanto en la relación de proyectos de inversión financiada directa y condicionada, así como en el apartado de programas presupuestarios, con proyectos de inversión con clave 12, cancelándose los 590 millones 22 mil 439 pesos asignados a los mencionados programas presupuestarios, como la asignación vía proyecto de inversión financiada directa y condicionada por un monto 13 mil 410 millones 708 mil 129.
Asimismo, la CFE destinará de los 590 millones de pesos presupuestados del proyecto de Egresos de la Federación de 2008 para La Parota, modificando la intención original, para quedar como sigue: 200 millones a la Universidad Autónoma de Guerrero y 200 millones a proyectos de salud, tanto en zonas urbanas e indígenas, y 190 millones de pesos, para detonar la actividad económica, fomentando y apoyando la pequeña y mediana empresas con fondos de inversión de riesgo en Guerrero, estableciendo estos objetivos de gasto, que invariablemente no podrán estar sujetos a modificación del Ejecutivo federal. De igual forma, el Ejecutivo informará a esta soberanía, de conformidad con la legislación aplicable, del uso y disposición de estos recursos. En ninguna circunstancia, a excepción de los proyectos de salud en pago personal médico, no se destinarán estos recursos para gasto corriente.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 30 de octubre de 2007.
Diputado Modesto Brito González (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA AL GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ A CONSTRUIR UNA PISTA DE
CANOTAJE EN TUXPAN, A CARGO DEL DIPUTADO ÍÑIGO LAVIADA HERNÁNDEZ,
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
El suscrito, diputado federal de la LX Legislatura, Iñigo Laviada Hernández, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete ante esta honorable asamblea proposición con punto de acuerdo a fin de exhortar al gobierno del estado de Veracruz para que construya pista de canotaje en la ciudad de Tuxpan, de conformidad con las siguientes
Consideraciones
En Acción Nacional tenemos como una de nuestras prioridades, el apoyo a la juventud. Por ello estoy aquí frente a ustedes, porque quiero impulsar a la juventud que se dedica al canotaje en mi distrito, ya que de Tuxpan han salido campeones nacionales e internacionales en esta disciplina.
Tuxpan ha generado durante los últimos 13 años, una nueva generación de jóvenes en canotaje, jóvenes con mentalidad de ganadores, con ansias de triunfo y con convicción de brindar resultados.
Estos jóvenes han puesto su granito de arena para hacer de México una gran nación; han puesto a México por lo más alto de los medalleros de todo el mundo; han competido por nuestro país; nos han dado una razón más para apostarle al futuro de México; de saber que estamos dejando en buenas manos a nuestro país.
Al respecto, quiero mencionar a algunas jóvenes y algunos jóvenes tuxpeños que han competido a nivel internacional en este deporte: Jorge Patiño Argüelles y Guillermo Patiño Argüelles, mundialistas en 1994; Noemí Patiño Argüelles, mundialista en el 95 en Japón; Aldo Ramos Cárdenas, mundialista en Finlandia 96; Cristian Suárez Cortes, mundial en 1997 en Croacia; María Rosa Ahedo, Alicia Suárez Casián, Daniel Cortina Martínez y Omar Estévez, competidores panamericanos en el 2000 en Nueva York; Omar Ledezma González, competidor panamericano en Brasil 2001; Anahís Abraham, competidora en los centroamericanos en Colombia 2006, mundialista en Hungría 2006 y competidora panamericana en Brasil 2007; Manuel Cortina Martínez, joven de 24 años que ha ganado más de 50 medallas entre centroamericanos, panamericanos y mundiales. Él fue lo más destacado de la delegación mexicana en los últimos panamericanos de Brasil, consiguiendo 3 medallas de oro.
Lo curioso es, que estos jóvenes no han tenido un lugar acondicionado para practicar, ya que nunca se les había apoyado. Fue apenas el pasado 20 de agosto cuando la Conade destinó al gobierno de Veracruz, 2 millones y medio de pesos para que se les construyera una pista de canotaje a estos jóvenes triunfadores.
Ese es el motivo por el que estoy aquí, porque estoy preocupado de que esos recursos no lleguen nunca a su destino final, temo que esa pista de canotaje no será nunca construida y que ese recurso sólo será utilizado para difundir la imagen "fidelidad" por todo el estado.
Digo esto porque a casi 3 meses de que ese recurso fue entregado por el gobierno federal, no hay ningún avance en la construcción de esta pista, y no se ve ninguna intención por comenzar a hacerlo.
Sería lamentable que se les quitaran recursos a estos jóvenes tan productivos para el deporte nacional, sería vergonzoso que nunca se construyera esa pista de canotaje, ya que denotaría el poco interés que tiene el gobierno del estado con la juventud.
No podemos permitir que se quebranten los sueños de ningún joven. Por lo menos los diputados del PAN de Veracruz, no lo vamos a permitir.
Como legisladores debemos tener claro que se debe apoyar a la juventud mexicana, con ello construiremos los cimientos para que las futuras generaciones sean más activas y participativas.
Por lo anterior, el suscrito diputado federal propone la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Primero. Que el gobierno del estado de Veracruz informe a esta soberanía el destino que han tenido los dos millones y medio de pesos, que el gobierno federal entregó para la construcción de la pista de canotaje.
Segundo. Que gobierno del estado construya la pista de canotaje en Tuxpan, con el recurso que la Conade le destinó el pasado 20 de agosto.
Palacio legislativo de San Lázaro, a 30 de octubre de 2007.
Diputado Íñigo Laviada Hernández
(rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE SALUD Y A SU ÓRGANO INTERNO
DE CONTROL A INVESTIGAR LA ACTUACIÓN DEL DIRECTOR GENERAL DE ASUNTOS
JURÍDICOS DE LA DEPENDENCIA RESPECTO AL INCUMPLIMIENTO DE LA LEY
FEDERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS,
A CARGO DE LA DIPUTADA HOLLY MATUS TOLEDO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL
PRD
La que suscribe, diputada Holly Matus Toledo, integrante a la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, de urgente u obvia resolución, al tenor de las siguientes
Consideraciones
En la historia política del país siempre han existido diversas posturas, perspectivas y puntos de vista sobre los más variados temas. La libertad de pensamiento y expresión que tenemos todas y todos los mexicanos trae consigo el derecho a opinar diferente, a divergir. La responsabilidad es aún mayor cuando algún militante de partido político llega a un cargo público, en cuyo ejercicio debe dejar de lado las ideologías personales o partidistas y trabajar con estricto apego a las leyes.
Desde hace más de un siglo, el Estado mexicano se ha estructurado con carácter laico. Laicidad que es sobre todo garante de la pluralidad y de los derechos de toda la ciudadanía.
El estado de derecho se fundamenta además, en el principio de legalidad, lo cual implica que los gobernados y más aún los gobernantes deben de ajustarse al mandato de la ley, esto constituye un freno a la extralimitación o a la omisión de las actividades o funciones de las autoridades.
Las instituciones públicas han sido creadas y existen para servir a la población y para coadyuvar en el cumplimiento de las finalidades del Estado mexicano. No para reproducir ni para imponer la personal y particular forma de pensar de los funcionarios.
La reproducción ideológica dentro de las instituciones pone en peligro al estado de derecho, libre, democrático y laico que tanto nos ha costado forjar a las mexicanas y mexicanos a lo largo de sucesivas generaciones. Enfatizo que las instituciones públicas no se rigen por la ideología del partido en el poder, sino se encuentran centradas por los principios contenidos en la Constitución y en las leyes.
El gobierno mexicano, a partir de sus compromisos internacionales, ha emitido una serie de políticas, normas, estrategias y actividades tendientes a proteger a las víctimas de violencia familiar. El Estado, ha reconocido su obligación de establecer instituciones especializadas para la prevención y atención de este grave problema social, sin embargo, para casos extremos de violencia, son las organizaciones de la sociedad civil quienes se encargan de la operación de los refugios que atienden a las víctimas.
Así, entre otras dependencias, la Secretaría de Salud, a través del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva lanza anualmente una convocatoria pública para el financiamiento de los refugios.
A partir de la convocatoria 2006, se destinaron 34.5 millones de pesos que beneficiaron a 28 organizaciones e instituciones. Durante 2007, nuevamente se emitió una convocatoria que tuvo como fecha límite para la recepción de proyectos el 16 de marzo, sin embargo fue hasta finales de agosto que los recursos empezaron a ser liberados.
El retraso en la liberación de los recursos tuvo lugar debido a la actuación del director general de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Salud.
El día 15 de mayo del 2007, a través del oficio número DG/102-2118 enviado por el licenciado Bernardo Emilio Fernández del Castillo Sánchez, director general de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Salud, sostiene que el inciso 1 de la Convocatoria de Financiamiento a Refugios 2007 del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva resulta jurídicamente improcedente, porque entre los requisitos que se piden a los refugios para tener acceso a financiamiento se encuentra el de brindar información de los derechos sexuales y reproductivos de las víctimas que incluya, en caso necesario, el acceso a métodos anticonceptivos de emergencia y de interrupción legal del embarazo.
En el oficio referido, Bernardo Emilio Fernández del Castillo Sánchez dice que esta "situación resulta jurídicamente improcedente en virtud que dentro de la Ley General de Salud ni en ningún otro ordenamiento jurídico de carácter federal existe disposición legal alguna, que permita "la interrupción legal del embarazo".
Así, es sorprendente el escaso conocimiento jurídico y la irresponsabilidad con que fue hecho este documento. Tal pareciera que las cuestiones políticas, ideológicas y personales rodean el actuar institucional y no el marco normativo y legal en que se basa el Estado mexicano. Bernardo Emilio Fernández del Castillo Sánchez, actual jurídico de la Secretaría de Salud, no sabe que el aborto legal se encuentra estipulado en el Código Penal Federal, es decir, en un ordenamiento jurídico de carácter federal.
En el mencionado código, además de la definición legal del delito de aborto y de las penas correspondientes, establece en sus artículos 333 y 334, que el aborto no es punible cuando es resultado de violación o cuando la mujer corre peligro de muerte. Mientras que el artículo 265 Bis prevé que puede existir el delito de violación dentro del matrimonio o concubinato.
Así, y en contraposición de lo que sostiene Bernardo Emilio Fernández del Castillo Sánchez, el Código Penal Federal establece estas causales legales para la interrupción del embarazo, y más aún, corresponde a la Secretaría de Salud la atención a las victimas de violencia familiar y el cumplimiento y resguardo irrestricto de sus derechos.
Existen tres hipótesis en las cuales mujeres víctimas de violencia familiar tendrían derecho a un aborto legal:
2. Una mujer embarazada víctima de violencia que haya sido golpeada y de no provocarse el aborto la mujer corra el riesgo de morir.
3. Una mujer menor de edad, víctima de violencia, violada por alguno de sus ascendientes (padre, abuelo), hermano o padrastro, tiene derecho a un aborto legal ya que dicho delito constituye violación agravada (artículo 266-Bis, fracción II del Código Penal Federal).
Negarle a las mujeres el derecho a un aborto legal, en caso de violación o peligro de muerte, estipulado en la legislación federal, es tan aberrante e insultante como retrasar los recursos económicos a las únicas instituciones que velan por las mujeres y menores víctimas de violencia familiar: los refugios, los cuales han asumido la obligación que el Estado mexicano elude.
Sin embargo, el director general de Asuntos Jurídicos reiteró su argumento en la nota informativa de fecha 28 de mayo de 2007, dirigida a Mauricio Hernández Ávila, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, en donde vuelve a indicar que ni "dentro de la Ley General de Salud ni en algún ordenamiento jurídico de carácter federal existe disposición legal alguna que permita la interrupción del embarazo (práctica de aborto)".
Sorprende entonces la actuación de Fernández del Castillo, ya que está incumpliendo con sus obligaciones estipuladas en el artículo 17 del Reglamento Interior de la Secretaría de Salud.
Fernández del Castillo no ha entendido que es un servidor público que debe de respetar la ley, aunque ésta no coincida con sus creencias personales. No es un secreto la historia profesional del director general de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Salud. Como sabemos, fue abogado de Norberto Rivera Carrera, en la denuncia de Joaquín Aguilar por el encubrimiento de Nicolás Aguilar Rivera, demandado en Estados Unidos de América por el delito de pederastia. Así también llevó la demanda de Provida contra la introducción de la anticoncepción de emergencia en la norma oficial de los servicios de planificación familiar NOM-005-SSA2-1993. Es un conocido y reconocido enemigo de los derechos de las mujeres y se ha manifestado en contra de la interrupción legal del embarazo en caso de violación, lo cual ya se encuentra regulado en el Código Penal Federal, en los 31 códigos estatales y en el Código Penal del Distrito Federal. Numerosas organizaciones no gubernamentales y de la sociedad civil habían alertado sobre el nombramiento de este personaje dentro de la Secretaría de Salud. Un error garrafal que empieza a arrojar sus primeras consecuencias. Esperamos que este error sea corregido a tiempo y antes de que se perjudiquen más gravemente los derechos de las mujeres, la legalidad y el estado de derecho. Como se comprueba, Fernández del Castillo hizo caso omiso a la ley y se guió por sus convicciones personales, faltando a la verdad legal y a los deberes de desempeñar su cargo con legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia tal como se establece en el artículo 7 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. Esa lealtad tiene que ver con la legalidad en la actuación institucional dentro de una dependencia pública y laica.
Negarle a las mujeres el derecho a un aborto legal, en caso de violación o peligro de muerte, estipulado en la legislación federal, es tan aberrante e insultante como retrasar los recursos económicos a las únicas instituciones que velan por las mujeres y menores víctimas de violencia familiar: los refugios, los cuales han asumido la obligación que el estado mexicano elude.
Esta situación debe de ser aclarada e investigada por el Poder Ejecutivo; además debe de seguirse el procedimiento correspondiente ante el órgano interno de control en la Secretaría de Salud con base en la denuncia presentada, el 13 de julio del presente año, ante la Secretaría de la Función Pública. Dicha denuncia se remitió al Área de Quejas del órgano interno de control el 1 de agosto. La Secretaría de Salud debe de explicar que esta sucediendo en su interior y reiterar su respeto irrestricto a los derechos de las mujeres, refrendando su apoyo a los refugios para víctimas de violencia familiar.
En la denuncia citada hemos solicitado la investigación de este hecho por el incumplimiento al artículo 8 fracción I de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, en relación con la comisión del delito de ejercicio indebido de servicio público previsto en el artículo 214 fracción V del Código Penal Federal, que a la letra dice:
V. Por sí o por interpósita persona, cuando legalmente le sean requeridos, rinda informes en los que manifieste hechos o circunstancias falsos o niegue la verdad en todo o en parte sobre los mismos, y
También esperamos que, si no como una muestra de responsabilidad social de parte del gobierno federal, si como resultado del procedimiento previsto en la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, Fernández del Castillo sea sancionado con la destitución o inhabilitación, ambas previstas en el artículo 13, fracciones III y V de la ley en cita.
Por lo antes expuesto y fundado, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero. Se exhorta a la Secretaría de Salud a cumplir sus funciones en estricto cumplimiento a la legalidad y a respetar los principios del Estado mexicano y garantizar los derechos de las mujeres.
Segundo. Se exhorta al secretario de Salud, José Ángel Córdova Villalobos, a que investigue y aclare la actuación del director general de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Salud, Bernardo Emilio Fernández del Castillo Sánchez, respecto al oficio número DG/102-2118 de fecha 15 de mayo de 2007 y de la nota informativa dirigida al subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud de la misma secretaría, de fecha 28 de mayo de 2007.
Tercero. Se exhorta al órgano interno de control en la Secretaría de Salud a que resuelva con eficiencia la denuncia presentada sobre este hecho y sancione al servidor público denunciado con la destitución o inhabilitación por contravenir el artículo 8, fracción I, de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y atentar contra la legalidad al interior de la secretaría de Estado involucrada, lo cual perjudicaría severamente al estado de derecho y a los derechos de las mujeres.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 30 de octubre de 2007.
Diputada Holly Matus Toledo (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA A LOS TRES PODERES DE BAJA CALIFORNIA A EXPEDIR LOS ORDENAMIENTOS
QUE GARANTICEN LA OBSERVANCIA DE LA LEY GENERAL DE PESCA Y ACUACULTURA
SUSTENTABLE, A CARGO DEL DIPUTADO HÉCTOR MANUEL RAMOS COVARRUBIAS,
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
El que suscribe, diputado federal por Baja California, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, bajo los siguientes
Considerandos
El pasado martes 24 de julio de 2007, el Ejecutivo federal publicó en el Diario Oficial de la Federación la nueva Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, que fue aprobada por nosotros el 5 de diciembre de 2006, y que busca atender los reclamos del sector pesquero de todo nuestro país dando respuesta a los problemas provocados por la anterior legislación, la cual resultaba obsoleta para atender la realidad actual de este importante sector de la economía de algunos estados de nuestro país.
Esta nueva legislación fue presentada como iniciativa de ley el 9 de diciembre de 2004, por los diputados integrantes de la Comisión de Pesca de la Cámara de Diputados. Así, se dio inicio a un largo y arduo proceso de consulta, análisis y discusión de la iniciativa de ley, para lo cual la Comisión de Pesca se dio a la tarea de realizar una amplia consulta nacional en materia pesquera, la cual incluyó un total de 18 foros en diversas entidades del país, donde tuvo cabida todo el sector pesquero nacional; asimismo, la ley en comento atendió todas y cada una de las observaciones que realizo el Ejecutivo federal en su momento.
Con dicha ley se atendieron las solicitudes e interés de los gobiernos estatales y municipales de participar en la planeación y ordenamiento de la actividad pesquera. Este nuevo ordenamiento amplia las facultades de los gobiernos estatales; de ahí la importancia de que estados y municipios tengan una participación activa y se involucren directamente en la reglamentación local y la elaboración y firma de acuerdos con la federación.
De acuerdo con la nueva legislación pesquera los gobierno de los estado están obligados a publicar sus propias leyes estatales en materia de pesca y acuacultura, lo que se conoce como "ley espejo" de pesca y acuacultura sustentable, estas deberán legislar lo relacionado a la administración de la pesca y la acuacultura en los cuerpos de agua a los que se refiere el párrafo quinto, del artículo 27 constitucional, lo que quiere decir que los gobiernos estatales expedirán los permisos que les permitirán a los productores seguir desarrollando su actividad pesquera; igualmente, tendrán la obligación de levantar y actualizar el registro estatal de pesca y acuacultura, entre otras funciones.
Así pues, la actual legislación exige del trabajo conjunto y coordinado de los gobiernos federal, estatal y municipal de nuestro país para darle a la actividad pesquera nacional su autentico valor laboral, nutricional, turístico, industrial y como detonador del desarrollo social y económico.
Hoy no solo el Ejecutivo federal está obligado a trabajar en la elaboración y expedición del reglamento de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, también cada uno de los congresos de los estados está obligado a expedir las disposiciones legales que sean necesarias para regular la actividad pesquera dentro del estado; asimismo los ayuntamientos deberán dictar los bandos de policía y buen gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas que correspondan, para que en sus respectivas circunscripciones, se cumpla con la legislación pesquera.
En el mismo sentido, compete a los gobiernos de los estados, en el ámbito de las competencias que le otorga la ley, diseñar y establecer las medidas jurídico administrativas que faciliten la concurrencia de autoridades, en beneficio del sector pesquero, como lo establece el artículo 13 de la ley, que a la letra dice:
I. Diseñar y aplicar la política, los instrumentos y los programas para la pesca y la acuacultura estatal, en concordancia con la política nacional de pesca y acuacultura sustentables, vinculándolos con los programas nacionales, sectoriales y regionales, así como con su respectivo Plan Estatal de Desarrollo;
II. Formular y ejercer la política local de inspección y vigilancia pesquera y acuícola en el marco del convenio específico signado con la secretaría en estas materias, y participar, de conformidad con los acuerdos y convenios que se celebren con la federación, en las acciones de prevención y combate a la pesca ilegal, así como en la formulación y evaluación del Programa Integral de Inspección y Vigilancia para el Combate a la Pesca Ilegal;
III. Celebrar convenios o acuerdos de coordinación y colaboración con el gobierno federal en materia de pesca y acuacultura;
IV. Participar con las dependencias competentes de la administración pública federal en la elaboración de planes de manejo y de normas oficiales de conformidad con la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y otras disposiciones aplicables;
V. Integrar el Consejo Estatal de Pesca y Acuacultura para promover la participación activa de las comunidades y los productores en la administración y manejo de los recursos pesqueros y acuícolas, y participar en la operación del Fondo Mexicano para el Desarrollo Pesquero y Acuícola;
VI. Establecer, operar y mantener actualizado el Sistema Estatal de Información Pesquera y Acuícola,y participar en la integración del Sistema Nacional de Información Pesquera y Acuícola, de conformidad con las disposiciones legales aplicables, así como integrar y operar el sistema estadístico pesquero y acuícola estatal y proporcionar la información estadística local a las autoridades federales competentes para actualizar la Carta Nacional Pesquera y la Carta Nacional Acuícola;
VII. Establecer, operar y mantener actualizado el Registro Estatal de Pesca y Acuacultura con carácter público y participar en la integración del Registro Nacional de Pesca y Acuacultura, de conformidad con las disposiciones legales aplicables;
VIII. Promover y apoyar la construcción, mejora y equipamiento de embarcaciones y artes de pesca, así como la creación y operación de esquemas de financiamiento adecuados para el desarrollo integral de la actividad pesquera y acuícola;
IX. Participar en la formulación e implementación de los programas de ordenamiento pesquero y acuícola;
X. Promover la investigación aplicada y la innovación tecnológica de la pesca y acuacultura;
XI. Promover el consumo de una mayor variedad de productos pesqueros y acuícolas;
XII. La aplicación de los instrumentos de política acuícola, previstos en las leyes locales en la materia, así como en las materias que no estén expresamente atribuidas a la federación;
XIII. Coordinarse con la federación, sus municipios y con otras entidades federativas, para el ordenamiento territorial de los desarrollos acuícolas;
XIV. Promover mecanismos de participación pública de los productores en el manejo y conservación de los recursos pesqueros y acuícolas, conforme a lo dispuesto en esta ley y otras disposiciones jurídicas federales y locales aplicables;
XV. En los cuerpos de agua dulce continental a que se refiere el párrafo quinto del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con excepción de las aguas continentales, que abarquen dos o más entidades federativas, las que pasen de una a otra, y las transfronterizas sujetas a la jurisdicción federal:
a) Administrar las actividades de pesca y acuacultura que se realicen en zonas y bienes de su competencia;
b) Expedir, de acuerdo a sus respectivas legislaciones, las autorizaciones que correspondan;
c) Ordenar, fomentar y promover el desarrollo de la pesca y acuacultura;
d) Participar con las dependencias competentes de la administración pública federal en la determinación de especies acuáticas sujetas a la protección especial, amenazadas o en peligro de extinción;
e) Determinar, de acuerdo con las condiciones técnicas y naturales, las zonas de captura, cultivo y recolección;
f) Establecer viveros, criaderos, reservas de especies acuáticas y épocas y zonas de veda; y
g) Participar con las dependencias competentes de la administración pública federal, en la elaboración de normas oficiales y planes de manejo relativos al aprovechamiento integral y sustentable de los recursos pesqueros y acuícolas;
XVI. El ejercicio de las funciones que les transfiera la federación, conforme a lo dispuesto por la presente ley, y
XVII. Las demás que no estén otorgadas expresamente a la federación.
I. Diseñar y aplicar la política y los programas municipales para la pesca y la acuacultura, vinculándolos con los programas nacionales, estatales y regionales;
II. Participar en la integración del Sistema Estatal de Información Pesquera y Acuícola y del Registro Estatal de Pesca y Acuacultura;
III. Promover mecanismos de participación pública en el manejo y conservación de los recursos pesqueros y acuícolas;
IV. Proponer a través del Consejo Estatal de Pesca y Acuacultura, métodos y medidas para la conservación de los recursos pesqueros y la repoblación de las áreas de pesca;
V. Participar en la formulación de los programas de ordenamiento pesquero y acuícola;
VI. En coordinación con el gobierno estatal, participar en las acciones de sanidad acuícola, en los términos de esta ley y de la legislación local;
VII. Promover y fomentar la actividad acuícola, en armonía con la preservación del ambiente y la conservación de la biodiversidad; y
VIII. Participar, de conformidad con los acuerdos y convenios que se celebren con las autoridades competentes, en la inspección y vigilancia en su jurisdicción.
El sector pesquero del municipio de Ensenada en Baja California ha sido afectado de manera sensible por el descuido y la falta de oportunidades que la anterior ley consentía. El pasado 18 de abril el cabildo del citado municipio aprobó por unanimidad un punto de acuerdo para turnar, por medio de la persona del que suscribe, al Congreso de la Unión, las propuestas que en materia de pesca elaboró la Comisión de Pesca del XVIII Ayuntamiento de Ensenada en conjunto con las organizaciones pesqueras de Baja California, para solicitar la intervención del Congreso en la vigilancia, atención gubernamental, comercialización, ordenamiento pesquero y acuícola, vinculación empresarial, infraestructura, actividades productivas en áreas protegidas, pesca recreativa y pesca comercial, entre otras.
Razón por la cual presento el presente punto de acuerdo para atender algunas de las peticiones hechas en dicho documento.
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo para exhortar al Ejecutivo federal y al Poder Ejecutivo y Legislativo del Estado Libre y Soberano de Baja California; para que en el ámbito de sus respectivas atribuciones, se aboquen a la tarea de expedir, a la brevedad posible, los reglamentos y ordenamientos legales necesarios para la observancia de la recientemente aprobada Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentable.
Punto de Acuerdo
Primero. Se exhorta al Ejecutivo federal a que a través de la Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) se aboque a la elaboración del reglamento de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentable con el fin de que el mismo sea expedido a la brevedad posible.
Segundo. Se exhorta al Ejecutivo Estatal del Estado Libre y Soberano de Baja California a que diseñe y establezca las políticas pesqueras y las medidas jurídico administrativas que faciliten una mejor y más óptima concurrencia de autoridades, en beneficio del sector pesquero del estado.
Tercero. Se exhorta al Congreso del Estado Libre y Soberano de Baja California a que se de a la labor de legislar y expedir las disposiciones legales necesarias, de acuerdo con la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentable, para contribuir al desarrollo del sector pesquero del estado.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a octubre 2007.
Diputado Héctor Manuel Ramos Covarrubias (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE
QUE EN EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA
EL EJERCICIO FISCAL DE 2008 SE CONSIDEREN RECURSOS QUE APOYEN LA COMPETITIVIDAD
DEL SECTOR AGAVERO EN LOS MERCADOS NACIONAL E INTERNACIONAL, A CARGO DEL
DIPUTADO GERARDO AMEZOLA FONCECA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
Con fundamento en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior, presentó el siguiente punto de acuerdo para la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2008 se asigne una partida presupuestaria que permita al sector agavero nacional apoyar su competitividad en el mercado nacional e internacional., bajo las siguientes
Consideraciones
La producción de agave en el país tiene gran importancia debido a que con ello se permite la producción del tequila como producto con denominación de origen, cuya titularidad corresponde al Estado mexicano en los términos de la Ley de la Propiedad Industrial.
Los años más críticos para la siembra de este cultivo fueron 1998-1999 en donde la superficie sembrada cayo drásticamente al pasar de 63 mil hectáreas en 1997 a 23.6 mil en 1998.
A partir del 2000 se reactiva la producción para alcanzar en 2004 134.5 mil hectáreas sembradas 2004, esto se debe a que Nayarit, Tamaulipas, Michoacán, Zacatecas y Guanajuato han aumentado considerablemente su superficie sembrada, aunque Jalisco sigue teniendo el 90 por ciento de dicha superficie.
Para el 2005, la superficie sembrada fue de 156.8 mil hectáreas, con una producción de 969 mil toneladas. Jalisco es el estado con mayor superficie de hectáreas dedicadas al cultivo de agave tequilero, participando con el 90 por ciento del total de la superficie sembrada, y a partir del año 2000, otras entidades aumentan su participación en este rubro.
Sin embargo, los productores nacionales de agave se enfrentan a la problemática de aprovechamiento de los excedentes de agave de los próximos años (2007 a 2009), ya que existe una gran cantidad de productores que no cuentan con hornos, molinos y prensas de tipo cañero que permitan trasladar los jugos a las barricas o pipones de roble o encino blanco, para mantenerlos en reposo y conservar su añejamiento.
Estas condiciones adversas representarían una pérdida de 1 millón 200 mil 796 toneladas, lo que conllevaría a pérdidas económicas cuantiosas para los productores que afectarían su patrimonio y el de sus familias.
Por otra parte, el gobierno federal ha implantado apoyos para los productores de agave a través del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), mismo que no ha logrado favorecer a los pequeños productores sino a los grandes industriales.
Compañeros legisladores, Acción Nacional reconoce el valor que representa el sector agropecuario y pesquero nacional y por eso, como representantes populares es nuestro deber dirigir los esfuerzos para propiciar condiciones adecuadas para la producción, rentabilidad y competitividad de las diversas ramas productivas de nuestro país.
El cultivo de agave es buen negocio y lo será por más tiempo dependiendo de diversos factores: si la industria logra la vinculación necesaria con los productores para que las utilidades sean atractivas para las dos partes; poder incrementar su capacidad instalada para la elaboración de más tequila envasado de origen; y que se mantenga una investigación permanente acompañada de la transferencia de tecnología correspondiente, entre otros.
Se asigno en el año 2007 la cantidad de 187.3 millones de pesos para la solución a la sobreproducción de agave que existe en los diferentes estados del país, que considero que es insuficiente para solucionar este problema.
Esto en virtud de que esta cadena productiva aporta al gobierno Federal vía impuestos aproximadamente 2600 millones de pesos anuales, por lo tanto necesitamos apoyar a la solución de la problemática que vive el sistema producto agave tequila en todos sus aspectos.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, pongo a consideración de esta Honorable Soberanía, el siguiente:
Punto de Acuerdo
Único. Que esta Cámara de Diputados exhorte a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2008 asignen 220 millones de pesos que permita al sector agavero apoyar su competitividad en el mercado nacional e internacional.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 30 de octubre 2007.
Diputado Gerardo Amezola Fonceca (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL, AL IFE Y AL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL
DE TAMAULIPAS A GARANTIZAR LA SEGURIDAD CON MOTIVO DE LOS PRÓXIMOS
COMICIOS EN ESA ENTIDAD, SUSCRITA POR DIVERSOS DIPUTADOS DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PAN
Los suscritos, diputados federales Omeheira López Reyna, Sara Shej Guzmán, Beatriz Collado Lara, Raúl García Vivían, Carlos Alberto García González, César Verastegui Ostos y Luis Alonso Mejía García, integrantes del Grupo Parlamentario de Acción Nacional de la entidad federativa de Tamaulipas, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de esta honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, en virtud de los siguientes:
Considerandos
Tamaulipas se encuentra en los preparativos de las elecciones intermedias del próximo 11 de noviembre del presente año, y desde que se inició este proceso se han suscitado una serie de acontecimientos en los que se ha cuestionado seriamente la imparcialidad y legalidad de las próximas elecciones.
Se observa claramente que la contienda ha pasado de los delitos comunes electorales al crimen político organizado, al presumirse la presencia de la delincuencia organizada y el narcotráfico directamente vinculados con el manejo de la estructura electoral en las campañas, cooperando en favor de los candidatos priístas.
Algunos candidatos del Partido Acción Nacional han sido víctimas de amenazas y actos violentos por parte de la delincuencia organizada, lo que ha derivado, en algunos casos, en la renuncia de candidatos de este partido por temor a ataques contra su integridad física y la de su familia. Entre estos se encuentran los aspirantes a las alcaldías de Ciudad Mier, Nuevo Guerrero y Reynosa.
El pasado lunes 1 de octubre del presente año se publicó en diversos medios de comunicación nacionales un desplegado firmado por diputados panistas del estado de Tamaulipas, en el que se solicita lo siguiente:
Que la Procuraduría General de la República (PGR) investigue la relación de los medios de comunicación denunciados con la delincuencia organizada, así como la investigación a fondo que conlleve al esclarecimiento de los hechos delictivos y amenazas en contra de los candidatos de Acción Nacional.
Que la Secretaría de Seguridad Pública federal intervenga llamando a elementos policiales para el efecto de mantener la seguridad de la población en general para que esta este dispuesta a emitir su voto libre y secreto, así como de los candidatos.
Que la PGR inicie la averiguación correspondiente sobre los nexos del Procurador de Justicia Estatal con la delincuencia organizada, denunciados asimismo por la revista Proceso.
En respuesta a la publicación elaborada por diputados de Acción Nacional, el pasado 2 de octubre la presidenta del Comité Ejecutivo Nacional de PRI, Beatriz Paredes, junto con diputados priístas, dieron contestación a dicho desplegado, donde hacen un llamando a la serenidad y la mesura e informan que las campañas electorales se ha dado con toda normalidad y donde rechazan categóricamente las acusaciones supuestamente infundadas por el PAN; manifiestan que tienen completa confianza en su Gobernador y exhortan al Partido Acción Nacional a que se abstenga de enturbiar el proceso electoral en Tamaulipas; no obstante que existen pruebas contundentes las cuales se mencionan a continuación.
Basta mencionar los hechos suscitados en Tampico, Tamaulipas, el pasado 12 de octubre del presente año, donde claramente se hace notar el doble discurso de los dirigentes priistas al coordinar ataques dirigidos y grupos de choque en contra de nuestros candidatos, como es el caso específico de nuestro aspirante a la alcaldía de Tampico, Jesús Nader, quien fuera agredido física y verbalmente por partidarios del PRI cuando realizaba un recorrido de campaña por un mercado rodante; sin embargo, no fue suficiente la provocación; los medios de comunicación de línea priista en el estado, como es su costumbre, confabularon para desvirtuar los hechos denunciados, pero afortunadamente existió el material fotográfico y audiovisual que permitió evidenciar a sus militantes y abrir la correspondiente averiguación previa, quedando muestra ante la ciudadanía de que la labor de los candidatos de acción nacional es estar cerca de la gente, en sus lugares comunes de actividades y en cambio el partido que gobierna la entidad busca asustar y agredir a los candidatos y a la misma ciudadanía que no simpatice con ellos.
Por otra parte, también se presume el brazo del gobierno estatal encabezado por el ingeniero Eugenio Hernández Flores, en el sentido que se condicionan las entregas de despensas a cambio de afiliarse al tricolor mediante la campaña de credencialización del PRI en la entidad.
Ante tal situación, los diputados de Acción Nacional, como representantes de la ciudadanía en general, repudiamos tajantemente que se aproveche de la necesidad y carencias de los habitantes tamaulipecos. No es posible que presumamos de una democracia y contiendas justas cuando se juega malamente con la necesidad de las personas.
Por si fuera poco, no sólo se obliga a los ciudadanos a que se registren, sino que los advierten que quienes no tuvieran la credencial, no obtendrán los demás beneficios de los demás programas del gobierno del estado.
El PRI en Tamaulipas ha entregado despensas del programa Unidos Avanzamos, mediante el llenado de la solicitud de afiliación a ese instituto político, en la que se lee, con una tipografía y colores similares a los que maneja el gobierno, la leyenda "Unidos por Tamaulipas".
Tampoco debe pasar desapercibida la acusación realizada públicamente por los diputados locales de Tamaulipas sobre la investigación de la cotización del material electoral en el estado, ya que se presupuestaron 9 millones de pesos más que el Instituto Estatal Electoral de Michoacán para la compra de material electoral en similares cantidades y con la misma compañía Diseño, Reconstrucción y Comunicaciones, SA de CV, con la única diferencia de que en Tamaulipas no se elegirá gobernador.
Los diputados de Acción Nacional manifestamos la preocupación de tales hechos que atentan contra la democracia y la seguridad nacionales. Es inadmisible la proliferación del narcotráfico y el crimen organizado y mucho peor que estos intervengan a favor de candidatos que sigan permitiendo la proliferación del crimen y la delincuencia e intimiden las voluntades de los ciudadanos de alguna manera.
Es por ello que apelamos al sentido común solicitando la aprobación urgente de esta proposición, en virtud de la premura de tiempo para las elecciones y la manipulación de éstas, por lo que solicitamos la intervención de autoridades federales para velar por un proceso electoral sano y transparente, en aras de un estado que merece seguridad y justicia en contra de quienes lo han corrompido.
En virtud de lo anteriormente expuesto, ponemos a consideración del honorable Congreso la urgencia del presente:
Punto de Acuerdo
Primero. Se exhorta al Instituto Estatal Electoral de Tamaulipas (IEETAM) para que, en el ámbito de sus atribuciones, asegure un proceso transparente, imparcial apegado al principio de legalidad propio de un Estado democrático.
Segundo. Que el IEETAM intervenga en el hecho de la distribución de los programas que opere el gobierno y que éstos no sean utilizados con fines propagandísticos de sus candidatos y menos que obliguen a la ciudadanía a registrarse a cambio de obtener beneficios.
Tercero. Se exhorta al Instituto Federal Electoral para que, en el ámbito de sus atribuciones, investigue el proceso de invitación y licitación del material electoral de la entidad Tamaulipeca.
Cuarto. Al Ejecutivo federal, para que, en el ámbito de sus atribuciones, instruya a las dependencias a su cargo, a fin de garantizar la seguridad de las personas en la entidad federativa e inicie acciones para erradicar el crimen organizado solicitando la presencia de las fuerzas de seguridad publica federal e inclusive las militares.
Quinto. Se inicie una investigación dirigida al gobernador estatal como jefe inmediato del procurador del estado, por sus presuntos vínculos de este último con la delincuencia organizada.
Diputados: Omeheira López Reyna (rúbrica),
Sara Shej Guzmán (rúbrica), Beatriz Collado Lara, Raúl
García Vivían, César Verastegui Ostos (rúbrica),
Luis Alonso Mejía García (rúbrica), Carlos Alberto
García González (rúbrica).
Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 21, fracción XVI, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el suscrito, en su carácter de diputado federal, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, se permito presentar excitativa a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público, y de la Función Pública de la Cámara de Diputados, en virtud de lo siguiente:
El 18 de octubre de 2005, el senador Jorge Abel López Sánchez, presentó la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público, que fue turnada para su estudio y elaboración de análisis a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Estudios Legislativos del Senado de la República, las que tuvieron a bien dictaminarla y aprobarla el 1 de diciembre de 2005, enviada a la Cámara de Diputados como minuta el 13 de diciembre de 2005, para lo cual la Mesa Directiva decidió turnar el trámite respectivo a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con opinión de la Comisión de Función Pública.
La minuta señala que, derivado de la problemática suscitada a raíz de la crisis de 1994, en la cual miles de familias que habían adquirido una casa habitación mediante crédito hipotecario u obtenido un préstamo dando como garantía su casa, sufrieron un incremento en las tasas de la deuda contratada, por lo que se vieron imposibilitadas para cubrir los pagos del principal y de los intereses.
Como el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) por mandato de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes procede a su enajenación a través de licitaciones, subastas o remates. Sin embargo, por razones de eficiencia mercadotécnica, el SAE ha optado, en la mayoría de los casos, por ofertar los bienes en paquete, lo que impide que los propietarios originales oferten para recuperar su propiedad.
Las dictaminadoras del Senado consideraron, entre otros, los motivos expresados en los dos párrafos anteriores y resolvieron a favor, ya que con las reformas legales que se proponen se beneficiará a las familias que se vieron despojadas de su patrimonio derivado de la crisis económica y se les otorgará la preferencia en la oportunidad de que puedan recuperar los bienes de que alguna vez fueron propietarios.
Como se señala en el apartado de las consideraciones, se coincide con la reforma planteada, ya que coadyuva también a la transparencia en la administración y enajenación de los bienes que son transferidos.
La minuta también expresa la prohibición para que los servidores públicos de la federación que ocupen uno de los cuatro cargos de más alto nivel en la organización pública, junto con sus cónyuges y familiares hasta en cuarto grado, participen en los procedimientos de enajenación que organiza el SAE.
Asimismo, la minuta hace hincapié en la importancia que implica otorgar el derecho de preferencia a quienes perdieron su casa habitación o su empresa durante la crisis bancaria de 1995, ya que esta medida les permitiría recuperar su patrimonio, considerando que la vivienda es uno de los bienes más preciados de las personas y sus familias. Además, obliga a la persona que readquiera la propiedad no podrá transmitirla a terceros por compraventa, dentro de los dos años siguientes a la fecha de adquisición.
Finalmente, y en beneficio de la población deudora, específicamente de los que son de la tercera edad y las personas con capacidades diferentes, se establecen condiciones especiales para sumarse al Programa de Enajenación de Créditos Menores.
Considerando que a casi dos años de haber llegado a esta colegisladora la minuta y del enorme beneficio que representa para los que actualmente están viviendo el temor de perder su patrimonio, que en ocasiones es el único activo con que cuentan o con el que pudieran salir adelante, se hace necesario que se asuma la responsabilidad conferida a nuestra investidura por la ciudadanía y por ello coadyuvar en el esfuerzo de emitir como ley esta minuta.
Por lo anterior expuesto y fundado, y por coincidir plenamente con los razonamientos y propuesta planteada en la minuta en comento, me permito solicitar a usted, señor presidente, tenga a bien hacer la excitativa solicitada a las comisiones mencionadas para que estén en posibilidad de emitir el dictamen y opinión correspondientes con la mayor brevedad y dentro de este primer periodo ordinario de sesiones del segundo año legislativo.
Dado en el Palacio Legislativo, a 30 de octubre de 2007.
Diputado Cruz Pérez Cuéllar (rúbrica)