La suscrita diputada, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, viene a esta soberanía a presentar proposición con punto de acuerdo, de conformidad con la siguiente
Exposición de Motivos
El virus del papiloma humano (VPH) es una amenaza mortal por ser el responsable de producir en las mujeres el cáncer cérvico-uterino.
A escala mundial, el cáncer cérvico-uterino es la segunda causa de muerte por cáncer más común. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), aproximadamente 650 mujeres mueren diariamente y 240 mil anualmente. Esto significa que cada año se diagnostican 500 mil nuevos casos; por tanto, en todo el mundo, 630 millones de personas (1 de cada 10) han sido infectadas con el VPH, y más de 50 por ciento de los hombres y las mujeres sexualmente activos lo contraerán en algún momento de la vida.
En México, el cáncer cérvico-uterino es más común entre las mujeres. De acuerdo con investigaciones médicas recientes de los laboratorios, hospitales e instituciones universitarias de investigación, un promedio de 12 mujeres muere diariamente debido a este padecimiento, la segunda causa más común de muerte entre 15 y 49 años de edad.
Esta mortal enfermedad puede presentarse a cualquier edad en la mujer o iniciar principalmente durante la adolescencia. Un dato sumamente alarmante indica que quienes han sido diagnosticadas tienen entre 35 y 55 años de edad, y es probable que muchas hayan estado expuestas al virus durante la adolescencia y la segunda década de vida, lo cual indica, de acuerdo con los reportes médicos, que es sumamente contagiosa.
Las estadísticas indican que mucha gente se contagia con el VPH en los primeros dos o tres años de haber iniciado la actividad sexual. De acuerdo con la OMS, dos terceras partes de las personas que tienen contacto sexual con una infectada desarrollarán una infección que pudo haberse prevenido.
Contar con una vacuna que permita luchar contra este problema de salud pública ha sido un gran paso para México, pues en 99 por ciento de los casos el virus del papiloma humano ha sido identificado como la causa del cáncer cérvico-uterino y casi 80 por ciento de 500 mil nuevos casos cada año en los países en desarrollo hacen del padecimiento la primera causa de muerte entre mujeres, de acuerdo con los datos del centro alemán de investigación sobre el cáncer de Heideberg.
En el país, lo de las 12 mujeres que fallecen cada día por este mal se da en un escenario trágico de impotencia, de pobreza y de la falta de acceso a los medicamentos necesarios para combatirla; de allí la importancia de contar con mayores recursos para comprar, distribuir y aplicar la vacuna entre niñas de 9 a 12 años de edad. Con la aplicación de esta vacuna, desde el punto de vista médico, se reduce la incidencia de neoplasia intraepitelial cervical de cualquier grado, y lesiones generales externas, reduciendo en 70 por ciento la incidencia del cáncer cérvico-uterino.
La vacuna contra el VPH se diseñó para prevenir los tipos 16, 18, 31 y 45 del VPH, y los tipos 6 y 11 que causan aproximadamente 90 por ciento de las verrugas genitales, al inducir una respuesta inmunológica satisfactoria y un buen perfil de tolerancia de la vacuna. Lo relevante de todo esto es que con la nueva vacuna se da el primer paso en la erradicación a futuro del cáncer cérvico-uterino y se puedan evitar los gastos por enfermedades colaterales a dichos padecimientos; por ello debemos realizar esfuerzos en la liberación de la patente y otorgar a la mujer salud con calidad.
Compañeros diputados: tenemos que impulsar mayores políticas de salud preventiva. Seamos sensibles a problemas que se pueden prevenir desde ahora. Si comparamos el gasto de la vacuna preventiva de VPH con los altísimos costos de un tratamiento de cáncer cérvico-uterino, que demanda sesiones de quimioterapia, radioterapia y estancia hospitalaria, nos daremos cuenta de la importancia de impulsar la aplicación de la vacuna.
Ésa es la relevancia de la propuesta que estamos impulsando en Convergencia. No se trata de un asunto aislado o de menor importancia; se trata de abatir la mortalidad de mujeres por este mal.
Los invito a que seamos sensibles en el tema, y tomemos, en el ámbito de nuestras funciones y responsabilidades, con la sociedad mexicana y particularmente con las niñas y mujeres de nuestro país las decisiones a que haya lugar en materia presupuestal a fin de que se asigne una partida específica de 600 millones de pesos, para que en 2008 se inicie una gran campaña de vacunas en niñas contra el virus del papiloma humano que les permita estar a salvo del cáncer cérvico-uterino cuando lleguen a la edad madura.
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta a las Comisiones de Salud, de Presupuesto y Cuenta Pública, y de Equidad y Género de la Cámara de Diputados a considerar los recursos suficientes, necesarios y etiquetados que permitan sustentar un programa de vacunación contra el virus del papiloma humano en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2008.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de octubre de 2007.
Diputada Martha Angélica Tagle Martínez
(rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA A LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA
A DESTINAR LAS ASIGNACIONES NECESARIAS PARA DOTAR DE INFRAESTRUCTURA MÉDICA,
MEDICAMENTOS Y RECURSOS ECONÓMICOS LA CLÍNICA NÚMERO
71 DE TORREÓN, COAHUILA, SUSCRITA POR DIPUTADOS DE DIVERSOS GRUPOS
PARLAMENTARIOS
José Luis Aguilera Rico, diputado federal e integrante del Grupo Parlamentario de Convergencia, el licenciado Carlos Augusto Bracho González del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, y el profesor Humberto Dávila Esquivel diputado federal por el Partido Nueva Alianza en esta LX Legislatura, con fundamento en lo establecido en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a la consideración de esta soberanía el siguiente punto de acuerdo, con la siguiente:
Exposición de Motivos
El pasado 13 de octubre del presente año se publicó lo ya sabido por muchos de nosotros, que a cada hora recibimos en nuestras oficinas de gestión legislativa, que la clínica 71 del Instituto Mexicano del Seguro Social de Torreón, Coahuila, ocupaba el segundo lugar nacional en transplantes de órganos; una campaña que, dicho sea de paso, constituye una de las más grandes del país.
Quisiéramos compartir con ustedes que al día de hoy se han realizado 405 trasplantes de córnea, 16 de hígado, 9 de paratiroides, 1 de corazón, 8 de médula ósea, 6 de páncreas y 2 de intestinos. Estos números ponen a Coahuila como una de las ciudades con mayor cantidad de transplantes en el país, sólo por debajo de Guadalajara (2053) transplantes, Torreón (1490), Monterrey (1173), Puebla (561) y Obregón; en términos de trasplantes de riñón, que es el que más se practica en esta clínica, y en las demás del estado.
Es lamentable en ocasiones saber que las campañas de donación no son suficientes para hacer constar que en México se necesita dar vida a otras vidas, lema de diferentes cámaras de donación en vida o de un cadáver. Hoy en día, Torreón y su clínica 71 tienen en el norte del país una de las mejores campañas de donación. Sólo en este terreno de la donación, Torreón tiene una lista de espera, de todo el país, de 11 mil personas y todos los días sigue aumentando.
Otro referente importante es, por ejemplo, en lista de espera de transplante de córnea "Desgraciadamente nuestra lista es mayor a las 550 córneas", esto hace que los tratamientos sean costosos y, además, después de la operación los medicamentos sean escasos ante el incremento de pacientes con este problema.
Es por ello que acudimos a esta tribuna de la representación popular para solicitarle, respetuosamente, al Instituto Mexicano del Seguro Social, que incremente el presupuesto otorgado a la clínica 71 de Torreón, Coahuila, con la finalidad de atender la necesidad de instalaciones y equipo médico, para dotar a la clínica 71 de Torreón, de mayor confianza para los pacientes de toda la República que acuden con la esperanza y la ilusión de salir con vida.
En esta clínica no sólo se llevan acabo este tipo de operaciones, también se capacitan a sus médicos, enfermeras y trabajadores sociales para que den la cara a los familiares y amigos. Se imparten diplomados para donadores de órganos, teleconferencias desde Torreón hacia León, Guanajuato y la Ciudad de México, y viceversa.
Torreón y su clínica 71 atienden a pacientes de Durango, Coahuila, Chihuahua, Zacatecas, Querétaro, León.
Es por ello, conforme al derecho y con la ley orgánica del poder legislativo, que sometemos a su consideración el siguiente:
Punto de acuerdo
Único. Con punto de acuerdo para exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública a que destine los recursos necesarios para dotar de infraestructura médica, medicamentos y recursos económicos a la clínica número 71, con sede en Torreón, Coahuila.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de octubre de 2007
Diputados: José Luis Aguilera Rico, Querétaro
(rúbrica); Carlos Augusto Bracho González, Coahuila (rúbrica);
Humberto Dávila Esquivel, Coahuila (rúbrica); Dora Alicia
Martínez Valero, Coahuila.
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA A LA SEGOB A EMITIR LA DECLARATORIA DE DESASTRE NATURAL PARA
DIVERSAS COMUNIDADES EN CHIAPAS POR LOS DAÑOS DERIVADOS DE LAS INTENSAS
LLUVIAS Y, CONFORME A LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL FONDEN, AUTORIZAR
LOS RECURSOS NECESARIOS A FIN DE ATENDER LAS CONTINGENCIAS, A CARGO DEL
DIPUTADO ANUARIO LUIS HERRERA SOLÍS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL
PT
El suscrito, diputado Anuario Luis Herrera Solís, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de la Unión, somete a la consideración de esta asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo, bajo las siguientes
Consideraciones
Chiapas, por sus características geográficas y su situación hidrográfica favorece a la ocurrencia de diferentes fenómenos naturales, afectando directamente a la población y a las diferentes infraestructuras del estado.
Recientemente se presentaron daños en más de 60 municipios de las diferentes regiones de Chiapas, por lluvias fuertes originadas por un frente frío, asociado a una baja presión, que no llegaron a la categoría de tormenta tropical o huracán, pero cuyas precipitaciones provocaron daños materiales.
Las principales afectaciones se presentaron por derrumbes en las vías de comunicación, deslaves sobre viviendas, daños en los sistemas de agua potable y alcantarillado, así como suspensión del suministro eléctrico.
Es menester destacar que esta soberanía no es ajena a estos problemas, dado que en muchas ocasiones ha sido el conducto para solicitar la liberación de recursos para la atención por los daños sufridos.
La prontitud y la atención oportuna de los desastres provocados por contingencias climatológicas y fenómenos naturales son premisas básicas para de cierta forma minimizar los daños. Lamentablemente dichas premisas no siempre se cumplen y hay fundadas quejas de los ciudadanos de que los recursos del Fonden no son entregados con celeridad –y en su totalidad– para atender a los damnificados.
No debemos olvidar que el Fondo de Desastres Naturales está concebido como un mecanismo de apoyo a las entidades federativas para la atención y recuperación de las consecuencias de los fenómenos naturales.
En ese contexto, es necesario privilegiar la ejecución de medidas preventivas que permitan reducir los riesgos a que está expuesta la población, entendiéndose por prevención, las acciones dirigidas a identificar y controlar riesgos, así como, el conjunto de medidas, destinadas a evitar o mitigar el impacto destructivo de los siniestros o desastres sobre la población, sus bienes, los servicios públicos, la planta productiva y el medio ambiente; lo anterior, independientemente de las acciones de recuperación por la ocurrencia de un desastre.
Se prevé que las condiciones climatológicas adversas, se sigan presentando en diferentes estados de la región sur sureste y en particular en Chiapas; por lo que el gobierno del estado esté atento a las emergencias que pudieran presentarse.
Sin embargo, es necesario que se liberen los recursos del Fonden para atender las necesidades que han creado los daños por las condiciones climatológicas, por lo que estamos solicitando apruebe esta soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
Artículo Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta a la Secretaría de Gobernación para que emita la declaratoria de desastre natural por los daños que provocaron las intensas lluvias ocurridas en días pasados en municipios de las regiones I Centro, III Fronteriza, IV Frailesca, V Norte, VI Selva, VII Sierra y VIII Soconusco. Asimismo, para que conforme a las Reglas de Operación del Fondo de Desastres Naturales, Fonden, autorice y radique los recursos necesarios para atender las contingencias originadas por las fuertes precipitaciones.
Artículo Segundo. Solicitar a la Secretaría de Gobernación aplique un procedimiento financiero que permita disponer de un fondo para la protección civil, Foproci, cuyo objeto sea destinar recursos etiquetados para acciones de fortalecimiento de los sistemas estatales de protección civil, formación y capacitación, difusión, investigación, mejora de la infraestructura y equipamiento, así como la identificación y mitigación de riesgos.
Por lo anteriormente expuesto solicito a esta soberanía que este punto de acuerdo sea considerado como urgente y obvia resolución.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de octubre de 2007.
Diputado Anuario Luis Herrera Solís (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, RELATIVO
A LA PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO Y CULTURAL
DE MAZAPIL, ZACATECAS, A CARGO DE LA DIPUTADA AURORA CERVANTES RODRÍGUEZ,
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
Los suscritos diputados Aurora Cervantes Rodríguez y Felipe Borrego Estrada, de los Grupos Parlamentarios del PRD y PAN de la LX Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, con fundamento en el artículo 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, al tenor de las siguientes
Consideraciones
El municipio de Mazapil, Zacatecas, fundado en 1568, por la dimensión de su territorio es el segundo más extenso de la república mexicana. Su producción minera ha representado a través del tiempo una importante fuente de recursos desde 1608 por parte de los españoles, quienes encontraron importantes yacimientos de plata. Actualmente explotan las minas varias compañías en los rubros de producción y perforación, explotación de talco y otros minerales no metálicos con los que cuenta el municipio.
El porcentaje en producción de las principales compañías mineras es de 65 mil toneladas mensuales de metal, más 6 toneladas de zinc y mil 800 toneladas mensuales de plomo.
Por sus condiciones naturales e históricas, Mazapil cuenta con lugares dignos de preservación y cuidado, baste citar el templo de San Gregorio Magno, el palacio municipal, los templos de Cedros, San Juan Bautista de Gruñidora, San Rafael, el museo de Mazapil, ubicado en la casa del Marqués de Aguayo, que cuenta con seis salas de exposiciones, con documentos del siglo XVII, actas de ventas de esclavos, padrones, fotografías del siglo pasado, entre otros objetos de valor histórico y diversos cascos de hacienda. En cuanto a su artesanía, se elaboran tejidos a mano, se trabaja la jarcería y se elaboran utensilios de lechuguilla y palma, además de que se extraen piedras semipreciosas de sus minas.
No obstante la riqueza de su entorno arquitectónico y tradicional que data de la época de la Colonia, se encuentra en franca amenaza debido a la inadecuada atención para preservar tan importante patrimonio, legado de nuestros antepasados, debido al arribo de 1 mil 200 nuevos habitantes que de un golpe, sin contar con una estructura urbana y de servicios, han llegado a trabajar a Mazapil, contratados por la compañía minera Peñasquito que opera con capital de la compañía minera canadiense, Gold Corp.
Desde el año 2006 la compañía minera Peñasquito se ha asentado en la localidad para explotar un importante yacimiento de plata y oro. El acelerado y desordenado crecimiento urbano ha implicado un desequilibrio para la población de 548 habitantes no sólo en relación con el patrimonio arquitectónico, sino también con el equilibrio ambiental.
El repentino incremento de los habitantes de Mazapil exige habitación, infraestructura de salud, de agua potable y alcantarillado y muchos otros servicios que son responsabilidad de los gobiernos estatal y municipal. Sin embargo, al ser la explotación y las concesiones mineras competencia del gobierno federal, los impuestos generados por esa actividad productiva van directamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, lo que deja al estado y al municipio en una situación crítica en lo que respecta a la disponibilidad presupuestal para garantizar los servicios mencionados para los nuevos habitantes, además de que las compañías mineras no cuentan con la infraestructura y proyectos que permitan el desarrollo sustentable y sostenible de la comunidad.
Es responsabilidad de todos, pero principalmente de quienes encabezan este proyecto, propiciar y generar planes de desarrollo urbano coordinados con las diversas instancias de gobierno para que las personas que integran la planta laboral de la mina y sus familias accedan a alternativas dignas de vida una vez terminada la explotación de la mina. Asimismo, mantenerse en apego estricto a las disposiciones legales en torno al equilibrio ecológico, generando planes de protección al medio ambiente desde ahora y hasta la culminación de los trabajos de explotación de la mina.
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 34, inciso c), 42 y 43, numerales 2 y 3, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración y aprobación del Pleno de la honorable Cámara de Diputados el siguiente
Punto de Acuerdo
De urgente y obvia resolución.
Primero. Se exhorta al Instituto Nacional de Antropología e Historia –como organismo encargado de la conservación, protección y restauración del patrimonio cultural arqueológico e histórico–, para que se tomen las medidas necesarias a fin de preservar el patrimonio arquitectónico y cultural del municipio de Mazapil, Zacatecas.
Segundo. Se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Semarnat realice una evaluación de impacto ambiental de los trabajos en la mina que explota la compañía Peñasquito, y en su caso, diseñe programas que permitan prevenir el daño ecológico producto de una explotación minera que no está basada en la consecución de un desarrollo sustentable del municipio y de la región.
Tercero. Se exhorta a la Secretaría de Hacienda a que se establezcan mecanismos para que el 10 por ciento de los ingresos que percibe la federación por concepto de derechos derivados de la explotación minera para destinarlos al Ramo 33, se canalicen de forma directa a los municipios donde se realice dicha actividad y se apliquen a proyectos de infraestructura urbana y de preservación del medio ambiente municipales.
Cuarto. Se exhorta a la Secretaría de Economía a verificar el cumplimiento de los derechos y obligaciones que impone la Ley Minera a las empresas concesionarias en relación con la exploración y explotación de minerales o sustancias concesibles que se extraigan de la mina así como, a generar espacios coordinados con las diversas instancias de gobierno para proponer planes de desarrollo urbano en beneficio de la comunidad y de las familias de los mineros que se integran al municipio de Mazapil.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de octubre de 2006.
Diputados: Aurora Cervantes Rodríguez, del
Grupo Parlamentario del PRD; Felipe Borrego Estrada, del Grupo Parlamentario
del PAN.
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA A LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES A DETENER EL ATROPELLO QUE
SUFREN EJIDATARIOS DE SAN LUCAS XOLOC, EN TECÁMAC, MÉXICO,
A CARGO DEL DIPUTADO RICARDO FRANCO CÁZARES, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PAN
El diputado Ricardo Franco Cázarez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de esta Sexagésima Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 20, 23 y 25 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y demás disposiciones jurídicas aplicables, presenta ante esta honorable asamblea proposición con punto de acuerdo para exhortar a las Secretarías de la Reforma Agraria, y de Medio Ambiente y Recursos Naturales; a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos; a la Procuraduría Agraria; a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al gobernador constitucional del estado de México; a la Procuraduría General de Justicia de esa entidad, al presidente y al ayuntamiento de Zumpango de Ocampo a intervenir para detener el atropello que están sufriendo ejidatarios de San Lucas Xoloc, municipio de Tecamac, solicitando que sea considerada como de urgente y obvia resolución, debido a la gravedad de la problemática que entraña, con base en la siguiente
Exposición de Motivos
Ante la grave afectación que están sufriendo ejidatarios del poblado de Xoloc, municipio de Tecámac, estado de México, que presuponen la constitución de diversos delitos y violaciones a los derechos humanos, así como la degradación del medio ambiente motivada por la tala inmoderada, al parecer sin permiso de la autoridad ambiental y, de igual forma, ante las acciones de intimidación que la fuerza pública estatal ha ejercido en contra de los ejidatarios, todo motivado por la construcción del proyecto de modernización vial, con una ampliación a cuatro carriles en el tramo comprendido entre la cabecera municipal de Zumpango y el pueblo de Reyes Acozac, municipio de Tecamac, estado de México, me permito exponer ante esta soberanía las siguientes:
Consideraciones
El 17 de abril del presente año, la compañía Jaguar Constructor, por instrucciones de la Junta de Caminos del Estado de México, procedió a invadir terrenos particulares y ejidales de San Lucas Xoloc, municipio de Tecamac, situadas en la jurisdicción de Zumpango, en la misma entidad federativa, ya que el ejido abarca los dos municipios; procediendo a derribar árboles y destruyendo sembradíos, roturando la tierras y posteriormente a compactarla y pavimentarla para continuar con el trazo de la ampliación de la carretera Zumpango-Acozac.
Los trabajos se realizan derribando árboles en una doble cortina de pirúes, eucaliptos y otras especies, con longitud de 9 kilómetros.
Con fecha 14 y 15 de mayo del 2007 se interpusieron amparos 569/2007, 463/2007-B, ante el juez décimo primero de distrito en el estado de México, con residencia en Naucalpan, México, 808/2007 y 781/2007-1, ante el juez noveno y sexto de distrito en el estado de México, con residencia en Nezahualcóyotl, México, en los que se dictaron órdenes de suspensión provisional, que fueron comunicadas a las autoridades responsables, las que no las acataron.
El 19 de abril de 2007, a las 19:00 horas los afectados presentaron una denuncia ante el Ministerio Público de Tecamac, iniciándose la averiguación previa número TEC/i/1217/2007, por la presunta comisión de delitos en su agravio, habiéndose comisionado personal de dicha agencia para realizar la inspección ocular respectiva, comprobándose que más de 40 árboles fueron derribados, así como el destrozo de diversas nopaleras y la existencia de un terreno preparado para siembra de 100 metros de ancho y 110 metros de fondo, terrenos sin malla ni barda, no obstante, la averiguación fue mandada a la reserva a 8 días de haberse iniciado.
Desde el 1 de mayo los ejidatarios han sido intimidados con el uso de la fuerza pública, a pesar de que siempre se han pronunciado en el sentido de que ellos no se oponen al progreso y programas estatales de modernización carretera, siempre y cuando se les tome en cuenta en los trabajos que se vienen realizando y que dichos trabajos se hagan por las vías que la ley establece.
Ha habido constante comunicación con las autoridades locales y municipales por la amenaza de atropello que van a sufrir, así como para solucionar por la vía conciliatoria este problema, con intervención de la Procuraduría Agraria, llegándose a acuerdos positivos, pero que no se han concretado debido, según el dicho de los afectados, a la cerrazón de las autoridades estatales y municipales.
Por todo lo anterior me permito poner a consideración del Pleno, el siguiente
Punto de Acuerdo
De obvia y urgente resolución.
Primero. Que la Presidencia de la Cámara de Diputados, mediante respetuoso oficio, exhorte a la Secretaría de la Reforma Agraria para que informe a esta soberanía si integró expediente de expropiación sobre las superficies ejidales materia del conflicto.
Segundo. Que, asimismo, se exhorte a la Procuraduría Agraria para que, con base en las facultades que por ley tiene conferidas continúe asesorando y representando a los sujetos agrarios afectados para asegurar la protección de la propiedad y posesión de sus tierras, informando a esta soberanía sobre la atención que les brinde.
Tercero. Que la Presidencia de la Cámara de Diputados gire respetuoso oficio exhortando a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a informar a esta Cámara si emitió permisos para derribar los árboles que se han talado y, en caso de no haberlo hecho, a proceder en términos de ley, así como si se gestionó y obtuvo la autorización de impacto ambiental correspondiente; debiendo informar a esta Presidencia de su seguimiento y resultados.
Cuarto. Que la Presidencia de la Cámara de Diputados gire respetuoso oficio exhortando a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que, con base en lo dispuesto por la parte final del segundo párrafo del artículo 97 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solicite al Consejo de la Judicatura Federal que averigüe la conducta de los jueces de distrito que han intervenido en relación con los juicios de amparo números 569/2007, 463/2007-B 808/2007 y 781/2007-1, promovidos por los ejidatarios de San Lucas Xoloc, municipio de Tecamac, México, contra actos de autoridades del estado de México y del municipio de Zumpango de Ocampo, México; debiéndose informar a esta Presidencia del resultado de sus averiguaciones.
Quinto. Que la Presidencia de la Cámara de Diputados gire respetuoso oficio a la Comisión Nacional de Derechos Humanos para que proceda a investigar la violación a los derechos humanos que se asientan, debiendo informar a esta Presidencia de su seguimiento y resultados.
Sexto. Que la Presidencia de la Cámara de Diputados gire respetuosos oficios exhortando al gobierno estatal, a la Procuraduría General de Justicia, al presidente y al ayuntamiento de Zumpango de Ocampo, todos del estado de México, para que informen sobre estos hechos y detengan la violación a los derechos afectados de los ejidatarios citados.
Séptimo. Que este punto de acuerdo sea considerado de obvia y urgente resolución.
Dado en el Palacio de San Lázaro, a 25 de octubre de 2007.
Diputado Ricardo Franco Cázarez (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE
QUE EN EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN DE
2008 SE CONSIDEREN RECURSOS PARA CONSTRUIR LA BIBLIOTECA PÚBLICA
MUNICIPAL DE LOS REYES, EN MICHOACÁN DE OCAMPO, A CARGO DE LA DIPUTADA
LOURDES ALONSO FLORES, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
La suscrita, Lourdes Alonso Flores, diputada federal a la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite presentar a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo en materia de infraestructura educativa, que en seguida se desarrolla, al tenor de los siguientes
Antecedentes
1. "La biblioteca pública marca la diferencia entre la ignorancia y la sabiduría, entre la soledad y la comprensión de los otros…"
De esa declaración, hecha por el director de la Biblioteca Nacional, se desprende la importancia de contar con una entidad como la biblioteca, que brinde acceso libre y gratuito a la información y al conocimiento de manera equitativa; debido a ello en la UNESCO, en noviembre de 1994, se aprobó el manifiesto sobre la biblioteca pública, que se transcribe a continuación:
Manifiesto de la UNESCO en favor de las bibliotecas públicas
La libertad, la prosperidad y el desarrollo de la sociedad y de los individuos son valores humanos fundamentales. Estos sólo podrán alcanzarse mediante la capacidad de ciudadanos bien informados para ejercer sus derechos democráticos y desempeñar un papel activo en la sociedad. La participación constructiva y la consolidación de la democracia dependen tanto de una educación satisfactoria como de un acceso libre y sin límites al conocimiento, el pensamiento, la cultura y la información.
La biblioteca pública, puerta local hacia el conocimiento, constituye un requisito básico para el aprendizaje a lo largo de los años, para la toma independiente de decisiones y el progreso cultural del individuo y los grupos sociales.
Este nanifiesto proclama la fe de la UNESCO en la biblioteca pública como una fuerza viva para la educación, la cultura y la información y como un agente esencial para el fomento de la paz y del bienestar espiritual a través del pensamiento de hombres y mujeres.
Así pues, la UNESCO alienta a las autoridades nacionales y locales a dar soporte y comprometerse activamente en el desarrollo de las bibliotecas públicas.
La biblioteca pública es un centro local de información que facilita a sus usuarios todas las clases de conocimiento e información.
Los servicios de la biblioteca pública se prestan sobre la base de igualdad de acceso para todas las personas, sin tener en cuenta su edad, raza, sexo, religión, nacionalidad, idioma o condición social. Deben ofrecerse servicios y materiales especiales para aquellos usuarios que por una u otra razón no pueden hacer uso de los servicios y materiales ordinarios, por ejemplo,minorías lingüísticas, personas con discapacidades o personas en hospitales o en prisión.
Todos los grupos de edad han de encontrar material adecuado a sus necesidades. Las colecciones y los servicios han de incluir todo tipo de soportes adecuados, tanto en modernas tecnologías como en materiales tradicionales. Son fundamentales su alta calidad y adecuación a las necesidades y condiciones locales. Los materiales deben reflejar las tendencias actuales y la evolución de la sociedad, así como la memoria del esfuerzo y la imaginación de la humanidad.
Ni los fondos ni los servicios han de estar sujetos a forma alguna de censura ideológica, política o religiosa, ni a presiones comerciales.
Misiones de la biblioteca pública
Las siguientes misiones clave, referentes a la información, la alfabetización, la educación y la cultura, habrán de ser la esencia de los servicios de la biblioteca pública:
3. Brindar posibilidades para el desarrollo personal creativo.
4. Estimular la imaginación y creatividad de niños
y jóvenes.
5. Fomentar el conocimiento del patrimonio cultural, la
valoración de las artes, de los logros e innovaciones científicos.
6. Facilitar el acceso a las expresiones culturales de
todas las manifestaciones artísticas.
7. Fomentar el diálogo intercultural y favorecer
la diversidad cultural.
8. Prestar apoyo a la tradición oral.
9. Garantizar a los ciudadanos el acceso a todo tipo de
información de la comunidad.
10. Prestar servicios adecuados de información
a empresas, asociaciones y agrupaciones de ámbito local.
11. Facilitar el progreso en el uso de la información
y su manejo a través de medios informáticos.
12. Prestar apoyo y participar en programas y actividades
de alfabetización para todos los grupos de edad y, de ser necesario,
iniciarlos.
La biblioteca pública ha de ser, por principio, gratuita. La biblioteca pública es responsabilidad de las autoridades local y nacional. Debe regirse por una legislación específica y estar financiada por los gobiernos nacional y local. Ha de ser un componente esencial de cualquier estrategia a largo plazo para la cultura, la provisión de información, la alfabetización y la educación.
Para lograr la coordinación y cooperación bibliotecaria a nivel nacional, la legislación y los planes estratégicos han de definir y promover, también, una red nacional de bibliotecas, basada en normas de servicio convenidas.
La red de biblioteca pública ha de ser concebida en relación con las bibliotecas nacionales, regionales, especializadas y de investigación, así como con las bibliotecas escolares, de institutos y universitarias.
Funcionamiento y gestión
Ha de formularse una política clara que defina objetivos, prioridades y servicios en relación con las necesidades de la comunidad local. La biblioteca pública ha de organizarse eficazmente y mantener normas profesionales de funcionamiento.
Ha de asegurarse una cooperación con interlocutores relevantes, por ejemplo, grupos de usuarios y otros profesionales a nivel local, regional, nacional e internacional.
Los servicios han de ser físicamente accesibles a todos los miembros de la comunidad. Esto requiere que los edificios de las bibliotecas públicas estén bien situados, con buenas condiciones de lectura y estudio, tecnologías adecuadas y un horario suficiente y apropiado a los usuarios. Supone asimismo servicios de extensión para quienes no pueden acudir a la biblioteca.
Los servicios de la biblioteca han de adaptarse a las necesidades de las distintas comunidades en áreas rurales y urbanas.
El bibliotecario es un intermediario activo entre los usuarios y los recursos. Es indispensable su formación profesional y permanente para que pueda ofrecer servicios adecuados.
Habrán de establecerse programas de extensión y de formación de usuarios con objeto de ayudarles a sacar provecho de todos los recursos.
Aplicación del manifiesto
Se insta a quienes toman las decisiones a nivel nacional y local y a la comunidad bibliotecaria en general, en todo el mundo, a que apliquen los principios expuestos en el presente Manifiesto.
2. Situación actual de las bibliotecas en México y en Michoacán de Ocampo.
En México, según datos proporcionados por el Sistema de Información Cultural, se cuenta con 7 mil 210 registros de bibliotecas, distribuidos en 32 entidades federativas de la República Mexicana, de las cuales en Michoacán de Ocampo hay 230 bibliotecas, distribuidas en 113 municipios, de los cuales Uruapan es el que cuenta con el mayor número, 12; mientras que en los demás varia la cantidad, teniendo incluso una sola.
Cifras que muestran el reciente crecimiento en la entidad al respecto, si hacemos un recorrido por la historia desde la primera biblioteca organizada, compuesta por 628 obras heredada por Don Vasco de Quiroga al Colegio de San Nicolás. En 1979, cuando gracias al impulso del visionario ex presidente Lázaro Cárdenas del Río se crearon cinco bibliotecas públicas en la entidad, ubicadas en Zacapu, Zamora, Jiquilpan y Pátzcuaro –en éste se instalaron dos–; tres años antes de que se iniciara en todo el país el Programa Nacional de Bibliotecas, para 1980, ya se contaba con 20 bibliotecas, incluyendo la principal, y para el año 2004, conforme a los datos proporcionados por la Red Estatal de Bibliotecas, se sumaban ya 215 en operación, que se conformaban de la siguiente manera: una central, 15 regionales, 75 urbanas, 70 semiurbanas y 53 rurales, que en cuanto a calidad y cantidad de servicios que se brindan se pueden describir así: 38, tienen rango de excelente; 52, bueno; 66, regular; 59, deficiente, según datos aportados por Raúl Silva Zaragoza, jefe del Departamento de Bibliotecas Públicas.
Por lo que se refiere a los espacios, estos son variados, debido que, al iniciarse el Programa Nacional de Bibliotecas no existían recursos para llevarlo a cabo, por lo que hubo que aceptar las áreas que los municipios ofrecieron; no obstante ello, algunos ayuntamientos sí invirtieron grandes cantidades para contar con instalaciones adecuadas y funcionales.
Por lo que se refiere al régimen jurídico de los inmuebles: 125 son propios, 11 rentados y 79 prestados.
Hasta el 2004 el acervo de la Red Estatal de Bibliotecas se acercaba al millón de libros, del cual un alto porcentaje está en malas condiciones físicas por el constante uso.
3. No obstante los logros, a la fecha el rezago en infraestructura educativa sigue siendo mucho, y aparejado a ello hay una gran demanda ciudadana de creación de alternativas de acceso al conocimiento de manera equitativa a la diversidad cultural y extensión territorial, lo que obliga a los tres niveles de gobierno a un compromiso real en la solución de este problema.
Con base en lo anterior, me permito someter a esta soberanía las siguientes
Consideraciones
Primera. La situación actual del municipio de Los Reyes, la podemos describir de la siguiente manera; tiene una superficie de 480.09 kilómetros cuadrados y representa el 0.81 por ciento del total del estado. Se localiza al oeste del estado, en las coordenadas 19° 35’ de latitud norte y 102° 28’ de longitud oeste, a una altura de mil 300 metros sobre el nivel del mar. Limita al norte con Tingüindín, al oeste con Charapan y Uruapan, al sur con Peribán y el estado de Jalisco, y al oeste con Tocumbo. Su distancia a la capital del estado es de 220 kilómetros.
La geografía municipal comprende dos zonas: la sierra y el valle. Su población está distribuida en una cabecera municipal y 33 comunidades, de la cuales 15 pertenecen a la etnia purépecha y hablan la lengua de ésta, náhuatl y castellano; 19 están habitadas por gente de raza mestiza y hablan sólo castellano.
La ciudad de Los Reyes de Salgado es la cabecera municipal y su población es mestiza principalmente; es un importante centro agroindustrial y de enclave comercial de la región. Este municipio se comunica con el de Peribán a través de la carretera que conduce del entronque Uruapan-Paracho, a la localidad de Los Reyes; asimismo, a Guadalajara y Zamora a través de la carretera Los reyes-La Barca.
De acuerdo con el Censo de Población 2000 del Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática, el municipio de Los Reyes cuenta con una población total de 57 mil 6 habitantes, lo que representa el 1.435 por ciento de la total de la entidad, distribuida en 40 localidades según el catalogo del INEGI, y va desde los niveles de tenencias, comunidades, caseríos, villas, encontrándose además casas dispersas en el medio rural.
Segunda. En cuanto a educación y cultura, con base en el Plan de Desarrollo Municipal 2005-2007, se desprende lo siguiente:
* De acuerdo con la Secretaría de Educación en el estado en el 2000 existían en el municipio 30 mil 385 habitantes mayores de 15 años en condiciones de alfabetismo, lo que representa el 84.5 por ciento del total de habitantes en ese rango de edad; el resto, 5 mil 716 habitantes, son considerados como analfabetas, esto es el 15.5 por ciento.
En el municipio se presenta un preocupante nivel de deserción escolar, ya que en secundaria es de un 30 por ciento, y en bachillerato de 48 por ciento, cifras altamente significativas, ya que parte del problema se debe a las condiciones económicas de los estudiantes, que son muy bajas, así como las expectativas, puesto que no lo ven como una inversión.
El municipio de Los Reyes cuenta también con el Instituto Tecnológico Regional, el cual imparte las licenciaturas de informática, ingeniería en sistemas computacionales e ingeniería electromecánica.
Se considera que el mantenimiento, equipamiento y construcción de mejores espacios educativos nos conducirán a reducir la deserción estudiantil, que influirá en mayores niveles de educación.
Los centros educativos, al día de hoy han aumentado y, en suma, son 151 en todos sus niveles y modalidades.
Tercera. 2 factores que primordialmente generan la deserción escolar son:
2. La falta de expectativa de desarrollo, debido a que los padres o responsables de la educación de los estudiantes deben que afrontar día a día los gastos erogados de la educación de los estudiantes.
Por citar un ejemplo, tenemos a un estudiante de nivel medio superior en la comunidad de Sicuicho, que a la fecha solamente tiene a su disposición una de las cuatros bibliotecas que se encuentra en el municipio de Los Reyes, pero la Jorhenani (enseñar en purepecha) únicamente alberga entre sus muros (de 8 x 4 metros) un acervo aproximado de 600 libros de educación básica predominantemente y de cultura en general, lo que hace imposible que aquel joven con la disponibilidad de seguir estudiando lo siga haciendo, ya que para trasladarse a la cabecera municipal y consultar un ejemplar para cualquier investigación propia de su nivel escolar debe trasladarse a más de 22 kilómetros de Sicuicho a Los Reyes, en un camión que cobra por viaje redondo 40 pesos, con una tiempo de recorrido de entre 45 minutos y una hora por trayecto, y de regreso; sumando a ello que, una vez estando en la cabecera municipal de Los Reyes de Salgado no existe una biblioteca con las instalaciones y acervo adecuados para realizar trabajos de investigación, consulta especializada por temas, medios electrónicos para búsqueda de información, etcétera.
Por ello, cualquier estudiante que desee continuar con sus estudios se ve obligado a salir del municipio y, por consiguiente, la erogación de los pocos ingresos familiares con que cuenta, truncando en ese momento su posibilidad de aspirar a un mayor nivel de educativo y condenándolo al circulo vicioso del que ya hablamos.
Cuarta. Cabe aclarar que con la construcción de una biblioteca que ofrezca servicios de excelencia para los estudiantes, investigadores, profesionistas y público en general, no solamente beneficiaría a los alumnos del municipio de Los Reyes, sino también a las comunidades y ayuntamientos circunvecinos (Tingüindín, Cotija, Tocumbo, Peribán), que tienen infraestructura educativa para nivel básico, superior y medio superior, y en algunos casos, como en Cotija, ya se encuentra instalada un escuela normal.
Para la construcción del proyecto en mención se requiere de la voluntad de las tres esferas de gobierno (federal, estatal y municipal).
Como primera etapa, ya se cuenta con la disponibilidad de la autoridad municipal, que ha manifestado su disponibilidad de proporcionar un espacio físico suficiente para la construcción de la obra.
Por otro lado, se observa en el plan de desarrollo municipal 2005-2007 del honorable ayuntamiento constitucional de Los Reyes, Michoacán, publicado el jueves 30 de junio del 2005 en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo, la página 21 en el rubro referente a cultura y contempla dentro de su cartera de obras los siguientes lineamientos:
Punto de Acuerdo
Único: Se exhorta a esta honorable Cámara de Diputados para que, a través de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, al momento de analizar, discutir y aprobar el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2008, considere los recursos presupuestales requeridos para la construcción de la biblioteca pública municipal de Los Reyes, Michoacán de Ocampo.
"Una biblioteca no se hace con una suma de libros, sino que también precisa de la voluntad de los individuos y sobre todo de la comunidad, pues la historia de una biblioteca es, precisamente, la historia de su comunidad."
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de octubre de 2007.
Diputada Lourdes Alonso Flores (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA A LA SHCP, A LA SCT Y A LA SFP A INFORMAR SOBRE LA SITUACIÓN
JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y TÉCNICA DEL PROCESO
DE VENTA DE AEROMÉXICO, A CARGO DEL DIPUTADO JESÚS RAMÍREZ
STABROS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
El suscrito, Jesús Ramírez Stabros diputado federal de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de este Pleno, el siguiente punto de Acuerdo, de urgente resolución al tenor de las siguientes
Consideraciones
Ante la creciente polémica que ha generado el proceso de venta de Aeroméxico, como empresa estratégica del país, con capacidad de transportar a más de seis millones de pasajeros al año y representando el 40 por ciento del sector resulta de la mayor importancia conocer los términos en lo que se ha dado su reciente venta.
Esta soberanía deberá conocer los alcances jurídicos, financieros y administrativos de esta trascendente operación que en principio, no resulta del todo transparente, pues existen indicios de opacidad debido a que las dependencias del gobierno federal involucradas, en particular la Secretaría de Comunicaciones y Trasportes se mantuvo al margen, argumentando falta de atribuciones y facultades al respecto.
Aun cuando el procedimiento establecido por la Leyes del Mercado de Valores y de Protección al Ahorro Bancario, según se afirma, fueron cumplidas, persisten dudas que deberán de ser despejadas tanto por la Secretaría de Hacienda y Crédito Pública, la de Comunicaciones y Transportes así como la de la Función Pública, para que con esos elementos de información financiera, técnica, administrativa y jurídica, la Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda y la propia Auditoría Superior de la Federación evalúen, en el ámbito de sus atribuciones, la venta de la principal línea aérea de México.
A las fuerzas políticas que participamos en esta LX legislatura nos preocupa la situación que guarda este asunto, y como representantes tendremos que conocer de primera mano, las condiciones y los términos de la concesión misma, los aspectos de carácter financiero, administrativo, laboral, técnico, de seguridad, de transparencia, de competitividad, entre otros, para cumplir con las exigencias de la población de alcanzar mayores niveles de credibilidad, certidumbre y legalidad respecto a este asunto estratégico para la nación.
También resulta necesario revisar la situación que guardan los derechos de los pasajeros, las inversiones en infraestructura aeroportuaria, los sistemas de seguridad, el desarrollo tecnológico, la estabilidad laboral del personal así como las tarifas tan elevadas que limitan su competitividad e impiden conformar una verdadera industria aeronáutica.
Ante la falta de rumbo y de visión a mediano y largo plazo de la SCT se hace necesario impulsar una verdadera política de Estado para detonar la industria aeronáutica nacional; atender con urgencia la situación crítica en la que se encuentra, revisar a fondo la estructura de la autoridad aeronáutica, la naturaleza de sus atribuciones, facultades y presupuesto, para dotarla del rango que requiere, desde la revisión del régimen de concesiones y restablecer la prioridad que deben tener los asuntos en esta materia.
Resulta inconcebible, que en pleno siglo XXI el número de usuarios del transporte aéreo en el país sea mínimo y se encuentre en grave rezago, ya que hace diez años era del 3.5 por ciento de la población y hoy de sólo el 5 por ciento cuando, en los países con los que competimos es de entre el 60 por ciento y el 75 por ciento, por lo que es prioritario integrar los esfuerzos del gobierno federal y de todos los sectores del país para reposicionar esta importante industria.
No sólo padecemos de graves deficiencias en instalaciones aeroportuarias, con servicios colaterales caros sino de la opacidad en el manejo de los recursos públicos del sector por lo que es urgente su modernización para elevar la calidad en los servicios, y disminuir el costo a los usuarios nacionales y extranjeros, para insertar con éxito esta industria en la competitividad internacional.
No debemos condenarnos al rezago tecnológico del sector, debemos de reposicionar esta industria para que tenga la capacidad de competir en un mercado agresivo de bienes y servicios.
Les solicito su apoyo para que aprobemos este punto de acuerdo e iniciemos el proceso que exija al gobierno federal transparentar su participación en el asunto de Aeroméxico, así como para disponer de mayores elementos de información que permitan a esta soberanía avanzar en el cumplimiento de sus responsabilidades de control del gobierno, de acuerdo con la Constitución.
En razón de lo anterior, someto a su consideración con carácter de urgente, el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero. Se exhorta a las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, de Comunicaciones y Transportes, y de la Función Pública, para que –en el ámbito de sus atribuciones– informen sobre el proceso de venta de Aeroméxico.
Segundo. Se solicita a la Auditoría Superior de la Federación a que, en el ámbito de sus facultades, inicie una investigación sobre el proceso de compra-venta de Aeroméxico y esclarezca las posibles irregularidades que pudieron haberse cometido en dicha operación financiera.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de octubre de 2007.
Diputado Jesús Ramírez Stabros (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA A LA SEMARNAT A EJECUTAR LO ESTABLECIDO EN LA LEY GENERAL DEL
EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE, A CARGO
DEL DIPUTADO DIEGO COBO TERRAZAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PVEM
Diego Cobo Terrazas, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México a la Sexagésima Legislatura de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 58 del reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presento a la consideración del Pleno para su lectura y turno a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la siguiente proposición con punto de acuerdo.
El Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, somete a la consideración del Pleno, la siguiente proposición con:
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, a ejecutar lo establecido en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los veinticinco días del mes de octubre de dos mil siete.
Diputado Diego Cobo Terrazas (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA A LA SEP Y A LA SEGOB A IMPLANTAR MEDIANTE LOS SISTEMAS DE PROTECCIÓN
CIVIL LOCALES CURSOS DE CAPACITACIÓN SOBRE DESASTRES NATURALES EN
LAS ESCUELAS DE LAS ZONAS MÁS VULNERABLES, A CARGO DE LA DIPUTADA
MÓNICA ARRIOLA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE NUEVA ALIANZA
La suscrita integrante del Grupo Parlamentario Nueva Alianza de la LX Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presento a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, mediante la cual se exhorta a la Secretaría de Educación Pública y a la Secretaría de Gobernación para que a través del Sistema de Protección Civil, implementen cursos de capacitación relativos a desastres naturales en las escuelas localizadas en las zonas más vulnerables, con base en las siguientes
Consideraciones
Los desastres naturales ocurren en cualquier momento y país, y muchos de ellos de forma impredecible, causando graves daños materiales y amenazando la seguridad personal y alimentaria de amplios grupos de población. No obstante, las consecuencias que éstos tienen pueden variar y en alguna medida, preverse, reduciendo el nivel de vulnerabilidad de las poblaciones y asentamientos humanos, particularmente en regiones identificadas como de alto riesgo.
La región de América Latina y el Caribe han sido víctimas de diversas devastaciones ocasionadas por inundaciones, terremotos, huracanes, erupciones volcánicas, deslizamientos de tierra y sequías. En los últimos años, las amenazas naturales han dejado miles de muertos, millones de damnificados y daños que superan los millones de dólares.
El aumento de la frecuencia de los desastres y los daños conexos en la región, forman parte de una tendencia mundial causada por los cambios de las condiciones climáticas, lo que hace que exista mayor vulnerabilidad.
De acuerdo a información del Banco Interamericano de Desarrollo (BIRD), los factores que transforman un fenómeno natural en un desastre humano y económico, son los problemas de desarrollo en la región, pues son las que contribuyen a la fragilidad del territorio hacia las amenazas naturales.
La urbanización rápida y no regulada, la persistencia de la pobreza urbana y rural generalizada, la degradación del medio ambiente causada por el mal manejo de los recursos naturales, la política pública ineficiente, los rezagos y los desaciertos de la inversión en infraestructura, ha dado como resultado que la política en materia de desastres se centre principalmente sólo en la respuesta a situaciones de emergencia.
Para anticiparse a los desastres en la región y reducir sus efectos, se necesita un enfoque más integral que abarque tanto la reducción de los riesgos antes de los desastres naturales como la recuperación posterior; encuadrado en nuevas políticas y mecanismos institucionales que propicien una acción eficaz.
En este sentido, la ONU ha señalado que las niñas y los niños deben aprender a convivir y a reaccionar frente a los desastres naturales y por ello ha exhortado a los gobiernos latinoamericanos a reforzar la capacitación escolar referente a estos peligros ya que afectan cada año a más de 250 millones de personas. Por ejemplo, según la ONG Save the Children una de cada tres personas víctimas de sismos, inundaciones o deslizamientos de tierra es menor de edad. Además, 48 millones de niños sufrieron en 2004 los efectos de desastres naturales.
De acuerdo con el secretario de la ONU para la Reducción de Desastres (ISDR), en América Latina se debería educar a los niños para que aprendan a coexistir con esta situación y hacer más seguros los colegios.
México está ubicado en una posición geográfica que favorece la manifestación de fenómenos naturales, porque por un lado nos encontramos en la línea que se conoce como "la falla de San Andrés" que se traduce en que pueden ocurrir movimientos telúricos, como los temblores de 1957 y 1985, que son los que más alta intensidad presentaron. Aunado a lo anterior nuestras costas por el Golfo de México y por el Océano Pacífico, en donde acontecen fenómenos naturales que desde una tormenta tropical hasta huracanes que llevan una fuerza devastadora golpeando a las comunidades de los estados que se ubican en ese entorno. Por ello es necesario, urgente e imprescindible que a los niños de primaria y a los adolescentes de secundaria se les capacite para que aprendan a convivir con la cultura del peligro, y en caso de una adversidad o tragedia, puedan conducirse apropiadamente para salvar su vida y la de sus semejantes. La capacitación consistiría en primeros auxilios, simulacros y clases de sobrevivencia.
En esa virtud, el Grupo Parlamentario Nueva Alianza coincide e insiste en que la educación y el reforzamiento de los centros escolares deben convertirse en una prioridad nacional, porque son las niñas y los niños quienes más sufren cuando se produce un desastre, debido a factores como el cambio en el horario escolar y a que la mayoría de las veces las escuelas no están debidamente preparadas.
En virtud de que cada país tiene zonas más vulnerables que otras, hay que desarrollar políticas públicas que cubran todo el territorio mexicano, con el fin de reducir el riesgo de las amenazas naturales.
El gobierno federal, los estatales y municipales, y la población en general deben ser conscientes de la necesidad de educar a los niños y las niñas y hacer más seguras las escuelas. Se requiere una mayor participación para preparar a los pequeños ante eventuales catástrofes con la idea de que la reducción del riesgo puede empezar en el colegio. No olvidemos que ellos son uno de los grupos más vulnerables durante las eventualidades, pues millones de ellos asisten a clases en áreas amenazadas por terremotos, volcanes, huracanes, sequías, tormentas e inundaciones. Es preferible la reducción del riesgo en caso de desastre natural con medidas preventivas que enterarnos de la pérdida de una comunidad de niños enterrados vivos por un deslave.
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se exhorta a la Secretaría de Educación Pública y a la Secretaría de Gobernación para que a través de los Sistemas de Protección Civil implementen cursos de capacitación en las escuelas localizadas en las zonas más vulnerables en los términos de la campaña promovida por la ONU: "La reducción del riesgo de desastres empieza en la escuela", que tiene como objetivos principales informar y movilizar a los gobiernos, comunidades e individuos para garantizar que la reducción del riesgo de desastres se integre plenamente a los planes de estudio de las escuelas en los países de alto riesgo y que los edificios escolares se modernicen para que puedan resistir las amenazas naturales.
Someto a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta a la Secretaría de Educación Pública y a la Secretaría de Gobernación para que a través de los Sistemas de Protección Civil locales implementen cursos de capacitación relativos a desastres naturales en las escuelas localizadas en las zonas más vulnerables.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de octubre de 2007.
Diputada Mónica Arriola Gordillo (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA AL TITULAR DE LA SEGOB A INTENSIFICAR MEDIANTE EL INSTITUTO
NACIONAL DE MIGRACIÓN LA SUPERVISIÓN DEL PROGRAMA PAISANO,
SUSCRITA POR LOS DIPUTADOS ARMANDO JESÚS FÉLIX HOLGUÍN
Y DAVID FIGUEROA ORTEGA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
Los que suscriben, diputados federales Armando Jesús Félix Holguín y David Figueroa Ortega, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LX Legislatura, en ejercicio de la facultad que les otorgan los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta soberanía una propuesta con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, mediante el cual se exhorta a la Secretaría de Gobernación para que refuerce la supervisión del Programa Paisano conforme a las siguientes
Consideraciones
Hacemos uso de esta alta tribuna para exponer brevemente un tema por el que los diputados originarios de los estados de la frontera norte siempre nos hemos preocupado y que desafortunadamente también afecta al resto de las entidades que tienen paisanos en el extranjero: el trato que deben recibir nuestros conacionales en su entrada al país.
Es un hecho, que la gran mayoría de los problemas que afectan a nuestros compatriotas en su regreso a casa tienen su origen en uno de dos factores: la corrupción de los funcionarios de alguna de las dependencias públicas en sus tres órdenes de gobierno, o la ineficacia administrativa de las mismas.
La corrupción, compañeros y compañeras, es uno de los grandes problemas del mundo y para nadie resulta ajeno que los altos índices existentes en los funcionarios públicos se ven enfatizados en contra de los conacionales que regresan a nuestro país en periodos vacacionales.
Lo anterior, sin lugar a dudas lesiona profundamente al conjunto de la sociedad mexicana, cuando nuestros paisanos residentes en el extranjero son extorsionados por parte de alguna de las autoridades, sin demeritar, claro está, el esfuerzo de todos aquellos que sí ejercen su actividad en congruencia con principios y valores éticos que su puesto exige.
Es triste ver cómo las mexicanas y los mexicanos que regresan a su país con la ilusión que durante días, semanas y meses van creando, ya que quieren ver a sus seres queridos, compartir con ellos las experiencias de que fueron objeto, siendo algunas malas, otras buenas que como aventuras catalogamos; en general traen consigo sus ahorros de todo un sacrificio que consisten en extenuantes jornadas de trabajo y el anhelo de estar con sus familias, se vea mermado y disminuido al momento de cruzar la frontera, que es donde comienza la ola de extorsión y corrupción, o bien la ineficacia e indiferencia de las autoridades respecto al servicio que deben prestar.
Lo anterior es inaceptable. En este sentido estamos convencidos que uno de los temas prioritarios es precisamente el garantizar los derechos y trato digno de los mexicanos residentes en el extranjero cuando regresan a nuestro país.
De igual forma, consideramos que existe la necesidad de establecer más puntos de observación y módulos de información, quejas y atención ciudadana, con personal capacitado que dé un trato cordial y amable; se instalen más puestos de socorro; que los consulados cuenten con una "guía paisano" actualizada, que permita agilizar los trámites, pues lamentablemente los constantes actos de extorsión a migrantes en muchos de los casos se dan por desconocimiento de las leyes en cuanto a la declaración de impuestos.
Se acercan las fiestas decembrinas y en estos días en que las familias se reencuentran y estrechan sus lazos de cariño, es de vital importancia que las autoridades de los tres gobiernos -federal, estatal y municipal-, cumplan con eficiencia y calidez humana las funciones que le corresponden para recibir bien a nuestros paisanos.
Por lo anterior es que se considera que el programa paisano, mismo que tiene como objetivo el asegurar un trato digno y apegado a derecho a los mexicanos y sus descendientes que vivan o trabajen en Canadá y que retornen al país, no quede en un programa más, sino que efectivamente controle el maltrato, extorsión, robo, corrupción y prepotencia en que incurren algunos servidores públicos en contra de conacionales en su ingreso al país. Por lo que es obligación del conjunto de secretarías que lo integran hacerlo día a día más efectivo particularmente en estas fechas cuando mayor flujo de visitantes hay.
Por las consideraciones expuestas, sometemos a la consideración de esta asamblea, como de urgente u obvia resolución la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta respetuosamente al secretario de Gobernación para que a través del Instituto Nacional de Migración, así como de la Coordinación Intersecretarial que vigila el Programa Paisano, refuerce e intensifique la supervisión del mismo; de igual forma lleve la coordinación interinstitucional del programa en los ámbitos de gobierno federal, estatal y municipal, y con las organizaciones sociales para que protejan y den seguridad a los conacionales que regresan a nuestro país, particularmente durante el periodo vacacional de fiestas decembrinas.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de octubre de 2007.
Diputados: Jesús Armando Félix Holguín
(rúbrica), David Figueroa Ortega.
CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE
QUE EN EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN DE
2008 SE DESTINEN RECURSOS PARA PROYECTOS ALTERNOS DE ACCESO AL AGUA POTABLE
EN LOS MUNICIPIOS MÁS MARGINADOS, A CARGO DE LA DIPUTADA LOURDES
ALONSO FLORES, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
La suscrita, Lourdes Alonso Flores, diputada federal de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del PRD, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite presentar a consideración de esta honorable asamblea proposición con punto de acuerdo, en materia ambiental, enunciada al principio, al tenor de los siguientes
Antecedentes
Según estimaciones de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y del Consejo Nacional de Población (Conapo), con base en el II Conteo de Población y Vivienda 2005, uno de los principales problemas que enfrentan las localidades de los municipios más pobres del país es sin duda la falta de agua entubada.
El índice de marginación del Conapo presenta una medida-resumen que permite diferenciar entidades federativas y municipios según el impacto global de las carencias que padece la población, conforme a cuatro dimensiones:
Consideraciones
Con base en lo anterior, me permito someter a esta soberanía las siguientes consideraciones, en el ámbito que se especifica:
Desde el punto de vista ambiental y de salud
El artículo 4o. constitucional señala: "… el derecho que toda persona tiene a la protección de la salud y a un medio ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar". En este sentido, considero que los servicios de agua potable son un elemento precursor del mejoramiento de la calidad de vida de las localidades y familias, dado que su presencia tiene impactos positivos en la salud, el trabajo, la educación, la equidad de género, el esparcimiento y, en general, en el desarrollo y bienestar social, por lo que resulta estratégico redoblar esfuerzos para garantizar la provisión de agua de calidad para todos los habitantes del país y más donde se carece de servicios de agua entubada, ya que es uno de los retos más importantes que enfrenta el país.
Los problemas de abastecimiento de agua potable en las localidades rurales se incrementan debido al crecimiento de la población, lo que implica directamente un aumento en la demanda de agua para consumo doméstico.
En consecuencia, la falta de agua en el futuro inmediato es evidente, debido a que las fuentes de abastecimiento siguen siendo las mismas; esto nos obliga a tener que proyectar sistemas de abastecimiento eficientes sin desperdicios del líquido, necesario para la preservación de la vida humana.
Los sistemas de captación y potabilización de agua de lluvia representan una excelente alternativa para abastecer a las localidades carentes de agua entubada.
Hay diferentes sistemas de captación del vital líquido; algunos de ellos representan una solución para las zonas que no poseen cuencas hidrológicas, por cuestiones de orografía, pero si hay lluvia tienen una esperanza de conseguir el recurso hídrico. Uno de ellos consiste en interceptar el agua de lluvia en los techos de las viviendas para posteriormente ser colectada y conducida a través de canaletas y tuberías hacia un depósito para su almacenamiento y uso posterior. Otro sería a través de techos cuenca con áreas de escurrimientos que, a través de un canal de sedimentación, situaría el vital líquido en un depósito de almacenamiento.
Su inconveniente es que tienen capacidad de almacenamiento limitada (en función del tamaño del depósito), y que pueden llegar a presentar un poco de desabasto en la época estiaje (en función de la cantidad de consumo de agua diaria de la localidad).
En el caso de las localidades que cuentan con cuencas hidrológicas, pero con recurso hídrico no apto para consumo doméstico, lo conveniente sería construir plantas potabilizadoras que permitan acceder al vital líquido que garanticen el derecho humano al agua.
Desde el punto de vista social
La vivienda es el espacio afectivo y físico donde los cónyuges, hijos y otros parientes cercanos estructuran y refuerzan sus vínculos familiares a lo largo de las distintas etapas de su curso de vida. Asimismo, la vivienda constituye un espacio determinante para el desarrollo de las capacidades y opciones de las familias y de cada uno de sus integrantes.
El alojamiento en una vivienda digna y decorosa, derecho sancionado en el artículo 4o. constitucional, favorece el proceso de integración familiar en un marco de respeto de las individualidades, evita el hacinamiento, contribuye a la creación de un clima educacional favorable para la población en edad escolar, reduce los riesgos que afectan la salud, y facilita el acceso a los sistemas de información y entretenimiento modernos.
La población que habita viviendas con pisos de tierra o que carecen de agua entubada, drenaje, excusado, energía eléctrica y espacio suficiente está expuesta a mayores impedimentos para gozar de una vida larga y saludable. Asimismo, ese tipo de viviendas dificulta el aprendizaje de los menores de edad, entre otras privaciones cruciales en la vida de las familias y sus integrantes.
Uno de los indicadores construidos por el Conapo para medir la intensidad de la marginación social relacionada con las condiciones de la vivienda a nivel localidad es el siguiente:
Porcentaje de viviendas particulares sin agua entubada
La falta de agua entubada en la vivienda o el terreno propicia que el líquido sea utilizado en condiciones perjudiciales para la salud, debido a las formas de acarreo y almacenamiento que comúnmente utilizan los residentes de ese tipo de viviendas, lo que además obliga a los miembros de los hogares a invertir tiempo y esfuerzo físico en el traslado del agua, al tiempo que dificulta el desarrollo de las labores domésticas.
Y en cumplimiento de los ordenamientos internacionales, en la Declaración de Nueva Delhi (en el marco de la Agenda 21) se proclamó formalmente la necesidad de facilitar, sobre una base sostenible, el establecimiento de servicios de saneamiento adecuados para todos.
Con base en lo anterior, se somete a la consideración de esta soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Con base en las necesidades más sentidas de los habitantes de las localidades de los municipios más marginados del país, y al amparo de los derechos constitucionales que les asisten, además de ser justa esta demanda de tranquilidad social para abatir el rezago existente, se exhorta a la honorable Cámara de Diputados para que a través de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública considere recursos presupuestales suficientes a los municipios más marginados del país para invertir en proyectos alternos de acceso al agua potable en las localidades carentes de red de agua entubada de dichos municipios.
Palacio Legislativo de San Lázaro, DF, a 25 de octubre de 2007.
Diputada Lourdes Alonso Flores (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA A LA COMISIÓN DE VIGILANCIA DE LA AUDITORÍA SUPERIOR
DE LA FEDERACIÓN A INVESTIGAR Y DETERMINAR LA RESPONSABILIDAD EN
QUE HAYAN INCURRIDO LOS TITULARES DE LA SHCP, DE LA UNIDAD DE POLÍTICA
Y CONTROL PRESUPUESTAL Y DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BENITO JUÁREZ,
SONORA, EN EL EJERCICIO DE RECURSOS PÚBLICOS FEDERALES, A CARGO
DEL DIPUTADO GUSTAVO ILDEFONSO MENDÍVIL AMPARÁN, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PRI
El suscrito diputado federal, Gustavo Mendívil Amparán, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 74, fracciones II y IV, párrafo tercero, 79 fracciones I y III, de la Constitución general de la república; en relación con los artículos 55, 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de la Estados Unidos Mexicanos, ante este órgano colegiado respetuosamente comparece, para formular proposición con punto de acuerdo, apoyado por el siguiente:
Marco jurídico
Primero. Que la fracción IV, del artículo 74, de la Constitución general de la república ha sido instituida para contribuir a la transparencia en el ejercicio del gasto público al limitar la existencia de partidas secretas en el Presupuesto de Egresos de la Federación.
Segundo. Por su parte la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH), desde su primer artículo fija los criterios generales que habrán de regir en materia de programación, presupuestación, aprobación, ejercicio, control y evaluación de los ingresos y egresos públicos federales: Legalidad, honestidad, transparencia, eficacia, eficiencia, control, rendición de cuentas, entre otros, deberán garantizar que los recursos públicos no se ejerzan de manera discrecional, arbitraria, o atendiendo intereses que no correspondan a los de la colectividad nacional.
Tercero. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 23 del Reglamento de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, el Presupuesto de Egresos de la Federación deberá estructurarse de la siguiente manera:
I. Gasto neto total:
a). Ramos autónomos, que agrupan a los Poderes Legislativo y Judicial, y entes autónomos, los cuales se integrarán por las unidades responsables que se constituyan en términos de las disposiciones aplicables;
b). Ramos administrativos, que agrupan a las dependencias y, en su caso, entidades, integradas por las unidades administrativas cuyas asignaciones de recursos corresponden al gasto de las dependencias y los subsidios y transferencias que se destinen a las entidades;
c). Ramos generales, que agrupan los mecanismos de control presupuestario que se determinan para atender obligaciones del gobierno federal cuyas asignaciones de recursos no correspondan al gasto directo de las dependencias y, en su caso, de las entidades. Su ejercicio se realizará por las unidades responsables que se determinen conforme a las disposiciones aplicables en las materias, entre otras.
Quinto. Que la fracción LVIII, del artículo 2, de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria define subsidio de la siguiente manera: "...asignación de recursos federales prevista en el Presupuesto de Egresos que, a través de las dependencias y entidades, se otorga a los diferentes sectores de la sociedad, a las entidades federativas o municipios para fomentar el desarrollo de actividades sociales o económicas prioritarias de interés general."
Sexto. Que, siguiendo ese mismo orden de ideas, identificamos como disposiciones reguladoras del ejercicio del gasto, en materia de subsidios, las contenidas en los artículos 74 a 78 de la invocada Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, de entre los que podemos destacar que:
b). Que los subsidios se aprueban en el Presupuesto de Egresos a cargo de las dependencias y entidades
c). Se definen como criterios generales a los que deberán sujetarse los subsidios: la objetividad, equidad, transparencia, publicidad, selectividad y temporalidad; entre otros.
III. Las dependencias y entidades sólo podrán transferir recursos federales a las entidades federativas, a los municipios y a las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, a través de las tesorerías de las entidades federativas;
Hechos
I. El municipio de Benito Juárez, Sonora, fue creado por la ley número 153, publicada en el boletín oficial del estado el 26 de diciembre de 1996, con una población que, de acuerdo al XII censo general de población y vivienda del 2000, alcanza 21 mil 813 habitantes. Con una cobertura de 96 por ciento de educación, 100 por ciento de salud, 43 por ciento de alcantarillado, 93.6 por ciento de agua potable y 93.9 por ciento de electrificación. El municipio se encuentra localizado al sur del estado, colindando con los municipios de Cajeme y Etchojoa, así como con el Mar de Cortés.
II. El pasado 18 de mayo de 2007, el presidente municipal, Ernesto Cornejo Valenzuela, asistido por el director de obras públicas Miguel Ángel Valdez Brito, suscribió con el gobierno federal, por conducto del titular de Política y Control Presupuestario Guillermo Edmundo Bernal Miranda, un convenio para el otorgamiento de subsidios por parte del gobierno federal y a favor del ayuntamiento de Benito Juárez.
III. Que en dicho convenio, del cual se anexa copia simple, se establece en el numeral 10 del marco jurídico presupuestario, que "el Ejecutivo federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ha decidido otorgar un subsidio con cargo a las asignaciones previstas en programas regionales del ramo general 23 provisiones salariales y económicas del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2007, para fomentar el desarrollo y ejecución de programas y proyectos de inversión prioritarios de interés general".
IV. En el instrumento de referencia se establece que los recursos que entregará la secretaría por concepto de subsidios, se aplicarán a los programas y proyectos de inversión, y hasta por los importes que a continuación se mencionan:
VI. El 23 de mayo de 2007, en la cuenta número 0155245680 de Bancomer SNC sucursal Benito Juárez se depositaron 56,900,000.00 (cincuenta y seis millones novecientos mil pesos) a nombre del municipio de Benito Juárez, Sonora.
VII. El 24 de septiembre de 2007, El Tribunal Estatal Electoral y de Transparencia Informativa, emitió sendas resoluciones a recursos de revisión interpuesto por el ciudadano Elpidio Enríquez Rodríguez, radicados en dicho órgano jurisdiccional bajo números RR-TP-28/2007 y RR-PP-29/2007, contra el director de obras públicas y tesorero municipal, el primero y contra el titular de la Unidad de Enlace del ayuntamiento de Benito Juárez, por no responder a las solicitudes de acceso a la información de los primeros y resolución del segundo, ordenando en ambos casos que las autoridades municipales entreguen al quejoso la información solicitada que, cabe destacar, gira en torno a los recursos recibidos por la autoridad municipal directamente de la Secretaría de Hacienda y las obras que con ellos se están ejecutando.
VIII. El 10 de octubre de 2007, la ciudadana Ana María Bujanda Tovar, secretaria del ayuntamiento de Benito Juárez, obligada por la resolución del Tribunal Estatal Electoral y de Transparencia Informativa del estado de Sonora, dio respuesta a la solicitud de información requerida por el ciudadano Elpidio Enríquez Rodríguez desde el 4 de julio anterior. En dicho documento, del que se anexa copia simple, la funcionaria hace énfasis en que las obras que se están llevando a cabo son con recursos de la Secretaría de Hacienda y que se están ejecutando por administración directa, por lo que no puede hablar de montos autorizados para cada obra, sino de los montos que aprobó la Secretaría de Hacienda en el convenio.
Del análisis íntegro del convenio referido, contrastado con las disposiciones legales que regulan el ejercicio del gasto público, me permito hacer las siguientes inferencias:
En este caso, el artículo 20 transitorio del PEF 2007 expresamente dispone que: "Vigésimo. El fondo regional incluido en el anexo 20, se aplicará conforme al índice de desarrollo humano de los diez estados con el menor grado de desarrollo, considerando la desviación de cada uno de ellos con respecto a la media nacional". En el caso que nos ocupa, en ninguna parte del cuerpo del convenio que se analiza se hace referencia a que el beneficiario del subsidio se encuentre en el supuesto del transitorio trascrito. Para mayor profundidad sobre las razones que afectan de nulidad el acto consagrado en el acuerdo de voluntades que se delata, habría que destacar que, de acuerdo con las normas que regulan los subsidios y los objetivos que se proponen alcanzar con éstos, el recurso que la Secretaría de Hacienda entregó directamente al municipio de Benito Juárez no participa de la naturaleza jurídica del subsidio, por lo que tendrá características de una ayuda, un apoyo o cualquier otra forma, pero no de subsidio, por el sólo acuerdo de voluntades. No menos relevante en el análisis del convenio resulta el hecho de que para la validez de los actos jurídicos que celebran en Sonora los ayuntamientos, por conducto de su presidente municipal, deben previamente ser aprobados por el cuerpo edilicio, además de que deberán siempre refrendarse con la firma del secretario del ayuntamiento, circunstancias que en la especie no se surtieron.
B. La agregación del gasto por ramos generales, en términos del señalado artículo 23 del reglamento de la LPRH, previene expresamente que dichos ramos se instituyen para agrupar mecanismos de control presupuestario que se determinan para atender obligaciones del gobierno federal y cuyas asignaciones no corresponden al gasto directo de las dependencias. Ahora bien, de tal disposición se infiere que los autores del delatado convenio han transgredido estas y otras disposiciones, en principio porque la construcción de un palacio municipal, la rehabilitación de calles, alumbrados públicos, aguas potables y drenajes no se encuentra entre las obligaciones del gobierno federal y de serlo, debería haberse justificado en el propio documento. Además de lo anterior, si los recursos que se asignan a los ramos generales no corresponden al gasto directo de las dependencias, los subsidios, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74 de la LPRH, se autorizan con cargo al presupuesto de las dependencias. Adicionalmente habríamos de invocar lo dispuesto en el artículo 75 de la LPRH que enumera, además de los criterios generales que rigen en materia de subsidios, una serie de disposiciones que puntualizan la naturaleza y orientación de los recursos que se canalizan a subsidios.
Finalmente el numeral 77 de la propia ley establece que el Presupuesto de Egresos debe señalar aquellos programas en que se puedan otorgar subsidios; sin embargo, los responsables en ningún momento hicieron referencias a disposiciones del PEF 2007 para fundamentar el ejercicio del gasto, mucho menos a la disposición en que se autoriza expresamente otorgar subsidios con cargo al programa de desarrollo regional del ramo 23, a cuyo cargo se autorizó la ministración que se delata, antes bien, como se mencionó arriba, dicho recurso se orientará a ciertas entidades del país.
C. Por disposición expresa del decreto que contiene el PEF 2007, en su artículo 11, los recursos que eventualmente la federación deba canalizar a los municipios serán a través de las tesorerías de los estados; y en el caso que nos ocupa el gobierno federal, particularmente la Secretaría de Hacienda y Crédito Público transfirió directamente a la cuenta del municipio de Benito Juárez Sonora, la cantidad de 56, 900,000.00 (cincuenta y seis millones novecientos mil pesos), violentando los equilibrios regionales en la entidad, las disposiciones referidas del PEF 2007 así como el respeto al pacto federal.
D. Viciado de origen el acto mediante el cual el gobierno federal transfiere recursos al municipio de Benito Juárez, Sonora, por cierto, ambos gobiernos de la misma filiación política, abrió la puerta a mayores violaciones. En efecto, se relató y documentó en el apartado de hechos que la secretaría del ayuntamiento informaba que la obra a realizarse con los recursos recibidos se ejecutaría por "administración". Para abonar más a la opacidad con que las partes han manejado el hecho, resulta que el modesto municipio de poco más de veinte mil habitantes, sin maquinaria, sin técnicos en su platilla de personal, por sólo mencionar dos circunstancias, decidió no contratar la obra, menos llevar a cabo una licitación pública como la exige la ley en la materia. Por ello es entendible que al solicitársele información relativa a hechos y circunstancias que rodean la asignación del recurso así como su aplicación por el municipio, fue necesario el mandato del Tribunal Estatal Electoral y de Transparencia Informativa.
"Exhorto a la Comisión de Vigilancia de esta Cámara Legislativa, para que se sirva ordenar a la Auditoria Superior de la Federación inicie la investigación correspondiente de los hechos denunciados, a efecto de que se determine la responsabilidad en que hayan incurrido el Secretario de Hacienda y Crédito Público del gobierno federal, el titular de la Unidad de Política y Control Presupuestario y el presidente municipal de Benito Juárez.
Solicito a la presidencia que este punto de acuerdo sea votado como de urgente u obvia resolución.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de octubre de 2007
Diputado Gustavo Mendívil Amparán (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A OTORGAR MEDIANTE LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES
APOYOS PARA CONSTRUIR CARRILES REDUCTORES DE VELOCIDAD EN LA CARRETERA
INTERNACIONAL QUE ACCEDE A LA POBLACIÓN DE BENJAMÍN HILL,
SONORA, A CARGO DEL DIPUTADO JOSÉ INÉS PALAFOX NÚÑEZ,
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
El suscrito, diputado federal de la LX Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presento ante el Pleno de esta honorable Cámara de Diputados, proposición con punto de acuerdo, conforme a los siguientes
Antecedentes
Benjamín Hill, se encuentra ubicado 110 kilómetros aproximadamente al norte de Hermosillo, Sonora, población que actualmente cuenta con un solo acceso, que se encuentra ubicado justo por la carretera internacional México-Nogales, carretera que se encuentra en pésimas condiciones de tránsito para los residentes de dicho lugar, ya que la misma por tratarse de una carretera de alta velocidad, no cuenta con carriles aptos para aquellos vehículos que cruzan por dicha rúa, lo que en muchas ocasiones deriva en fatales accidentes.
Es muy importante que se destinen recursos para la construcción del proyecto ejecutivo de dicha obra, que se encuentra ya en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y que en este próximo año fiscal se contemple dentro del presupuesto dichos recursos, ya que de esta manera se solucionarían los problemas que se han venido suscitando en dicho lugar.
La seguridad de las familias de Benjamín Hill, depende en mucho de que se apliquen los recursos para la inversión mencionada, de lo contrario seguirían viviendo con el problema que desde hace tiempo han venido padeciendo.
No hay que olvidar que sus habitantes requieren en muchas ocasiones trasladarse a dicha rúa para tomar algún medio de transporte que los traslade a otro lugar, ya que por las noches es muy difícil que los autobuses entren a la terminal de ese lugar, en virtud del tiempo que pierden los choferes al llegar hasta ahí, y por ende los habitantes de Benjamín Hill, se tienen que trasladar a la carretera a conseguir el medio de transporte, convirtiendo ese lugar en un cruce muy peligroso de transeúntes, con los riesgos ya mencionados.
La situación geográfica de dicho lugar, obliga a los residentes a tomar el autobús en compañía de su familia, poniendo en riesgo la integridad de ellos, incluyendo por las noches, que es cuando más peligro existe en dicho lugar.
Consideraciones
No debemos dejar a un lado los beneficios que puede traer la ejecución de dicho proyecto, lo que redundará en una mejor seguridad para los residentes de Benjamín Hill y, por ende, una mejor imagen para los viajeros que transitan por ese lugar.
Convencido estoy, que si se realiza la referida obra, se salvaran muchas vidas, que eso es lo más importante de la presente propuesta. En fechas anteriores se resolvió favorablemente un punto de acuerdo en el sentido de modernizar el punto de revisión carretero ubicado a unos kilómetros de ahí, ahora la petición va encaminada a salvaguardar la integridad de los residentes de Benjamín Hill y, por supuesto, una mejor seguridad también para los viajeros que circulan por esa carretera.
Punto de Acuerdo
Primero. Se hace un atento exhorto al Poder Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, para que considere dentro de sus proyectos carreteros la asignación de recursos presupuestales para la construcción de carriles reductores de velocidad en la carretera internacional que accede a la población de Benjamín Hill, Sonora.
Segundo. Se exhorte a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la honorable Cámara de Diputados a que contemple una asignación presupuestaria para la carretera en comento, en el marco de la próxima aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2008.
México, DF, Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de octubre del 2007.
Diputado José Inés Palafox Núñez
(rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE
QUE EN EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN DE
2008 SE DESTINEN RECURSOS A PROYECTOS ALTERNOS DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO
AMBIENTAL EN LOS MUNICIPIOS MÁS MARGINADOS, A CARGO DE LA DIPUTADA
LOURDES ALONSO FLORES, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
La suscrita, Lourdes Alonso Flores, diputada federal de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del PRD, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito presentar a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo en materia ambiental, enunciada al principio, que en seguida se desarrolla al tenor de los siguientes
Antecedentes
Según estimaciones de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y del Consejo Nacional de Población (Conapo), con base en el II Conteo de Población y Vivienda 2005, uno de los principales problemas que enfrentan las localidades de los municipios más pobres del país, sin duda alguna, es la falta de drenaje y de servicios sanitarios.
El índice de marginación de Conapo presenta una medida-resumen que permite diferenciar entidades federativas y municipios según el impacto global de las carencias que padece la población, según cuatro dimensiones:
Consideraciones
Con base en lo anterior, me permito someter a esta soberanía las siguientes consideraciones, en el ámbito que se especifica:
Desde el punto de vista ambiental y de salud
El artículo 4o. constitucional señala el derecho que toda persona tiene a la protección de la salud y a un medio ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar. En este sentido, considero que los sistemas de infraestructura básica mediante la tecnología de los sanitarios ecológicos, son una excelente alternativa: 1) para las personas que no cuentan con agua potable, ni red de drenaje; 2) para comunidades rurales con alta dispersión de viviendas; 3) para poblaciones ubicadas en sitios de difícil orografía; y 4) para lugares donde el tipo de suelo no permite la instalación de redes de drenaje.
Otros beneficios que tienen lo sanitarios ecológicos rurales son: el ahorro de agua potable que se usa como medio de arrastre; se evita la contaminación de cuerpos de agua por descargas o infiltraciones; se evita la contaminación del suelo por defecación a cielo abierto; el usuario asume la responsabilidad de sus desechos a la vez que mejora su calidad de vida; y se evita la contaminación de alimentos a través de los insectos o partículas que vuelan cuando el excremento se seca.
Los sanitarios ecológicos rurales son un sistema de tratamiento primario de las heces fecales humanas, que confina las excretas del medio ambiente para evitar la contaminación del agua, suelo y aire por defecación humana.
Por tanto, y al ver que existen comunidades que viven en extrema pobreza, se hace necesario implementar sistemas alternos de saneamiento en estas localidades para la disminución de enfermedades de origen hídrico como la amebiasis. Cuando estos sistemas no existen en las localidades y se tiene que defecar al aire libre, se corren riesgos de contraer infecciones o la aparición de epidemias.
Por otro lado, la disposición de aguas residuales o negras al aire libre incrementa el riesgo de contaminar los mantos acuíferos y afectar la salud de las personas que consuman el agua de dichos mantos.
El beneficio principal de implementar el sistema de los sanitarios ecológicos es la eliminación de heces fecales que eran depositadas en el medio ambiente lo que generaba malos olores y plagas (ratas, moscos, entre otros) en el momento en que la localidad cuenta con sanitarios dichas plagas y olores se eliminan.
Desde el punto de vista social
La vivienda es el espacio afectivo y físico donde los cónyuges, hijos y otros parientes cercanos, estructuran y refuerzan sus vínculos familiares a lo largo de las distintas etapas de su curso de vida. Asimismo, la vivienda constituye un espacio determinante para el desarrollo de las capacidades y opciones de las familias y de cada uno de sus integrantes.
El alojamiento en una vivienda digna y decorosa, derecho sancionado en el artículo cuarto constitucional, favorece el proceso de integración familiar en un marco de respeto a las individualidades, evita el hacinamiento, contribuye a la creación de un clima educacional favorable para la población en edad escolar, reduce los riesgos que afectan la salud, y facilita el acceso a los sistemas de información y entretenimiento modernos.
La población que habita en viviendas con pisos de tierra o que carecen de agua entubada, drenaje, excusado, energía eléctrica y espacio suficiente, está expuesta a mayores impedimentos para gozar de una vida larga y saludable, asimismo este tipo de viviendas dificultan el aprendizaje de los menores de edad, entre otras privaciones cruciales en la vida de las familias y sus integrantes.
Uno de los indicadores construidos por el Conapo para medir la intensidad de la marginación social relacionada con las condiciones de la vivienda a nivel localidad es el siguiente:
Porcentaje de viviendas particulares sin drenaje ni excusado
La carencia de estos servicios en la vivienda aumenta la vulnerabilidad de sus ocupantes, al incrementar el riesgo de contraer enfermedades transmisibles como las gastrointestinales y respiratorias. Ambas características afectan la calidad de vida no sólo de sus moradores, sino también la de quienes comparten el hábitat, ya que la ausencia de sistemas para el desalojo de las aguas residuales y la defecación al aire libre pueden generar diversos problemas de salud pública.
Y en cumplimiento con los ordenamientos internacionales, en la Declaración de Nueva Delhi (en el marco de la Agenda 21) se proclamó formalmente la necesidad de facilitar sobre una base sostenible, el establecimiento de servicios de saneamiento adecuados para todos.
Con base en lo anterior, se somete a la consideración de esta soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
Artículo único. Con base en las necesidades más sentidas de los habitantes de las localidades de los municipios más marginados del país, y al amparo de los derechos constitucionales que les asisten, además de ser justa esta demanda de tranquilidad social para abatir el rezago existente, se exhorta a esta honorable Cámara de Diputados para que, a través de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública considere recursos presupuestales suficientes a los municipios más marginados del país para invertir en proyectos alternos de servicios de saneamiento ambiental en las localidades carentes de red de drenaje y de servicio sanitario de dichos municipios.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de octubre de 2007.
Diputada Lourdes Alonso Flores (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA A LA CONAGO A REVISAR LA SITUACIÓN DEL SECTOR PESQUERO
NACIONAL, A CARGO DEL DIPUTADO GILBERTO OJEDA CAMACHO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PRI
Las suscritos diputados integrantes de la Comisión de Pesca, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, nos permitimos presentar a esta soberanía, una proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
La actividad pesquera de México está integrada por un promedio de 270 mil productores. Para el desarrollo de la misma, en su vertiente de pesca directa, se dispone de poco más de 106 mil 400 embarcaciones menores y una cantidad ligeramente superior a los 3 mil 600 barcos mayores que atracan en 70 puertos, tanto de altura como de profundidad menor.
El litoral mexicano, tiene una extensión de 11 mil 593 kilómetros, en tanto que la superficie de aguas interiores llega a las 2.9 millones de hectáreas. De estas, 1.6 millones de hectáreas corresponden a lagunas litorales.
Estas cifras, nos dan un referente del enorme potencial que la actividad pesquera representa para el crecimiento del país en su conjunto en cuanto a productividad; pero de manera especial, lo que una buena planeación y administración del sector significa para el desarrollo de las regiones, buscando desde luego elevar así la calidad de vida de los productores pesqueros y sus familias.
Sin embargo y vale precisarlo, el sector pesquero de México enfrenta hoy día graves problemas, que no le han permitido su sano crecimiento a pesar del enorme potencial que para ello tiene.
A lo anterior, habría que sumar la percepción de que la administración pública federal ha dejado de lado la atención con sentido de prioridad que demanda el sector pesquero. De esto habla el proceso que va de la desaparición de la Secretaría de Pesca, pasando a ser una subsecretaría, hasta llegar a convertirse luego en una comisión que hoy funciona como órgano administrativo desconcentrado.
Analistas y especialistas en el estudio de la actividad pesquera de nuestro país coinciden en una conclusión: los retos del sector pesquero para su crecimiento son enormes, a partir de la problemática que el mismo enfrenta.
De entrada, proponen, se requiere de apoyos gubernamentales suficientes para ir apuntalando así la capitalización de la actividad pesquera y contribuir de esta manera a elevar los niveles de productividad con sentido de sustentabilidad, que garantice el desarrollo del sector y el fomento de la soberanía alimentaria.
Estimaciones, no sólo optimistas de buena fe, sino más bien debidamente sustentadas, nos hacen prever que la capitalización de inversiones públicas para el sector de la pesca, permitirán revertir el proceso de deterioro de la infraestructura, tanto portuaria como de flota pesquera, entre otros rubros del proceso productivo del mismo.
Hacen falta recursos también para hacer frente a los requerimientos en materia de inspección y vigilancia, buscando contrarrestar así tanto la recurrente pesca furtiva, como la sobrexplotación de especies, producto del sobresfuerzo pesquero y la violación a las vedas.
Precisamente, al interior de la Comisión de Pesca de la Cámara de Diputados en la Sexagésima Legislatura, sus integrantes estamos trabajando ya en reuniones que se traduzcan en acciones que vengan a procurar un mayor presupuesto para la atención del sector pesquero. Se busca con esto contribuir al ordenamiento, regulación y desarrollo de la actividad.
Estamos convencidos de que hace falta financiamiento para la construcción de infraestructura productiva y adopción de tecnologías eficientes, así como para la sustitución de embarcaciones y subsidios para la captura directa y cultivo acuícola de especies pesqueras y su comercialización, entre otros puntos del sector.
Por eso, las diputadas y los diputados integrantes de la Comisión de Pesca, nos hemos comprometido a impulsar el apoyo a la actividad, de tal suerte que el Presupuesto de Egresos de la Federación para el entrante ejercicio fiscal, se signifique por la atención a las demandas legítimas del sector pesquero del país y de esta manera contribuir a fomentar el desarrollo de la actividad.
Para ello, hemos acordado invitar a integrar un frente común con la Cámara de Diputados, a los mandatarios estatales agrupados en la Conferencia Nacional de Gobernadores.
Esto, para que vayamos juntos y cada quien desde el ámbito de sus responsabilidades de gestión y administrativas, en la instrumentación de medidas que tengan como propósito fundamental presupuestar recursos públicos para el financiamiento de los rubros de la actividad pesquera, que garantice el rescate y desarrollo de un sector estratégico para el crecimiento económico del país, por el potencial que entraña.
Por lo anteriormente expuesto, elevamos a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Exhortamos a la Conferencia Nacional de Gobernadores, para que conjuntamente con esta comisión, trabajemos en abatir los rezagos que enfrenta el sector pesquero y que podamos definir así un presupuesto acorde a los requerimientos de inversión del mismo, para ir contribuyendo de esta manera a revertir los niveles de marginación que este sector enfrenta.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de octubre de 2007.
Diputados: Carlos Orsoe Morales
Vázquez (rúbrica), presidente; Carlos Eduardo Felton González
(rúbrica), Pedro Pulido Pecero (rúbrica), Luis Fernando Rodríguez
Ahumada (rúbrica), Juan Adolfo Orcí Martínez (rúbrica),
Sergio González García (rúbrica), Carlos Ernesto Zataráin
González (rúbrica), María Guadalupe Josefina García
Noriega (rúbrica), Joaquín Jesús Díaz Mena
(rúbrica), secretarios; Silbestre Álvarez Ramón (rúbrica),
José Luis Blanco Pajón (rúbrica), Cuitláhuac
Condado Escamilla (rúbrica), Leobardo Curiel Preciado (rúbrica),
Luis Rodolfo Enríquez Martínez (rúbrica), Gerardo
Antonio Escaroz Soler (rúbrica), Fernel Arturo Gálvez Rodríguez
(rúbrica), Francisco Javier Gudiño Ortiz (rúbrica),
María Victoria Gutiérrez Lagunas (rúbrica), Benjamín
Hernández Silva (rúbrica), Iñigo Antonio Laviada Hernández
(rúbrica), Víctor Manuel Lizárraga Peraza (rúbrica),
Delber Medina Rodríguez (rúbrica), Víctor Manuel Méndez
Lanz (rúbrica), Carlos Ernesto Navarro López (rúbrica),
Gilberto Ojeda Camacho (rúbrica), Héctor Padilla Gutiérrez,
Abundio Peregrino García, Ramón Valdés Chávez,
Gerardo Octavio Vargas Landeros (rúbrica).
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA AL GOBERNADOR DE COAHUILA A PROBAR LAS ACUSACIONES DE POSIBLES
NEXOS CON EL NARCOTRÁFICO QUE VERTIÓ CONTRA LOS SENADORES
ERNESTO SARO BOARDMAN Y JOSÉ GUILLERMO ANAYA LLAMAS, A CARGO DEL
DIPUTADO ÁNGEL HUMBERTO GARCÍA REYES, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PAN
El que suscribe, Ángel Humberto García Reyes, diputado de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos somete a consideración de esta soberanía la proposición con punto de acuerdo para exhortar al gobernador del estado de Coahuila, Humberto Moreira Valdés, a que presente pruebas que den sustento a sus acusaciones vertidas en contra de los senadores Ernesto Saro Boardman y José Guillermo Anaya Llamas de tener nexos con el narcotráfico, con base en las siguientes:
Consideraciones
En virtud de las declaraciones realizadas por el gobernador de Coahuila, Humberto Moreira, en el marco de su segundo informe de gobierno, el pasado lunes 15 del presente, acusando a los senadores Ernesto Saro Boardman y José Guillermo Anaya Llamas de tener nexos con el narcotráfico, el Grupo Parlamentario de Acción Nacional expresa su más profunda indignación.
El titular de un Ejecutivo estatal, por la naturaleza de su cargo, tiene acceso a información reservada, por lo que una acusación vertida por un funcionario de ese nivel no es un asunto que pueda tomarse a la ligera.
En este caso la imputación es contra legisladores de la república, senadores de Acción Nacional, cuya responsabilidad requiere los más altos niveles de honorabilidad y patriotismo, mismos que quedarían en duda por las acusaciones del señor Moreira.
Grave sería que el gobernador del estado de Coahuila no sostuviese su afirmación, o que lucrase políticamente con algo tan sensible como es el problema del narco.
Por lo tanto, es indispensable que el Ejecutivo que acusa exhiba las pruebas de que dispone, o de lo contrario quedará nuevamente ante la opinión pública como un irresponsable que no honra el cargo y la protesta constitucional que rindió.
Ostentar el cargo de gobernador de un estado de la república debe representar una alta responsabilidad frente a los gobernados y frente a la nación. Gobernar es servir, no tomar ventaja política del cargo. Gobernar es poner el poder al servicio del bien común, no al servicio de intereses particulares y mezquinos.
El gobernante se debe al ciudadano, no a sí mismo.
Hoy, la ciudadanía exige a sus gobernantes el bien actuar, la congruencia entre el decir y el hacer, la prudencia, el respeto. La ciudadanía no tolera ya la mentira, la confrontación, las declaraciones infundadas, la política del escándalo.
El estado de derecho debe ser la guía que conduzca el espacio de lo público y nos acerque a la justicia. Es por ello que presentamos este punto de acuerdo, para que, bajo el marco de la ley, conozcamos la verdad, a la que la ciudadanía tiene el derecho de acceder.
En Acción Nacional creemos profundamente en el respeto entre los Poderes de la Unión y los tres órdenes de gobierno, y esperamos siempre que éste sea recíproco.
No se valen las acusaciones al aire, las acusaciones infundadas. Exigimos la verdad.
Por lo anterior, se somete a la consideración del Pleno, conforme con lo establecido por el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el siguiente:
Punto de acuerdo
Único. La honorable Cámara de Diputados exhorta al ciudadano gobernador del estado de Coahuila, Humberto Moreira Valdés a que presente pruebas que den sustento a sus acusaciones vertidas en contra de los senadores Ernesto Saro Boardman y José Guillermo Anaya Llamas, de tener nexos con el narcotráfico.
Diputado Ángel Humberto García Reyes (rúbrica).
CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE
QUE EN EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN DE
2008 SE INTEGRE UN FONDO DE APOYO A ENTIDADES FEDERATIVAS Y A MUNICIPIOS
PARA EL DESARROLLO AMBIENTAL, A CARGO DE LA DIPUTADA ALEIDA ALAVEZ RUIZ,
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
Aleida Alavez Ruiz, diputada de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados e integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos somete a la consideración del Pleno proposición con punto de acuerdo para que en el Ramo 33 del Presupuesto de Egresos de la Federación del ejercicio fiscal de 2008 se integren recursos para apoyar a las entidades federativas y los municipios en materia ambiental, con base en las siguientes
Consideraciones
Primera. Que en la década de 1980 se inició un proceso de descentralización de facultades federales a los gobiernos de los estados y de los municipios, a través de la promoción de nuevos marcos jurídicos decretados por el Congreso de la Unión.
Segunda. Que la materia ambiental es una de las que ha sufrido en este proceso. Con la reforma constitucional de 1987 de los artículos 27 y 73 se promovió la distribución de competencias concurrentes entre los distintos órdenes de gobierno.
Tercera. Que con la primera Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, de 1988, las entidades federativas y los municipios tuvieron por primera vez, entre otras, las siguientes facultades:
c) Protección del ambiente por realización
de obras o actividades;
d) Prevención de contingencias ambientales;
e) Creación de parques urbanos y zonas de conservación
ecológica;
f) Prevención de la contaminación de la
atmósfera, el agua y el suelo;
g) Ordenación ecológica local;
h) Regulación de bancos de materiales; e
i) Regulación del manejo y disposición final de residuos sólidos.
No obstante, el gobierno federal y la Cámara de Diputados no han analizado el impacto que ha tenido esta historia de descentralización de funciones ambientales, principalmente por lo que atañe al aspecto presupuestal, ya que es evidente que el legislador se preocupó por dotar de funciones federales a los estados y a los municipios, pero nunca otorgó el presupuesto necesario para que éstos se hicieran cargo de facultades otrora señaladas al gobierno federal.
Quinta. Que a pesar de los distintos esfuerzos por instaurar desde el marco legal instrumentos para llevar a cabo la forma en que deben coordinarse las autoridades ambientales del gobierno federal y de las entidades federativas, como establece el artículo 14 Bis de la LGEEPA, la Semarnat no ha promovido la instauración de este órgano intergubernamental desde hace 10 años. Tal hecho refleja el menosprecio que tiene la autoridad ambiental federal para acordar aspectos conjuntos con los demás órdenes de gobierno.
Dos de los problemas ambientales más recurrentes en las entidades federativas y los municipios son la falta de atención de las distintas áreas naturales protegidas del ámbito local, y la carencia de sitios para la disposición final de residuos sólidos adecuados en los municipios.
Sexta. Que hacia 2005 se tenían registradas alrededor de 94 áreas naturales protegidas en los estados y los municipios, en su mayoría sólo decretadas en papel, pero carentes de programas de manejo y áreas de vigilancia.
En consecuencia, solicito la aprobación de la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Se integra en el anexo 13 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2008 la inclusión de un fondo de apoyo a las entidades federativas y a los municipios para el desarrollo ambiental que incluya lo siguiente:
Aportaciones para atender necesidades ambientales relacionadas con las áreas naturales protegidas estatales: 800 000 000
Aportaciones para atender necesidades ambientales relacionadas con la construcción y mantenimiento de infraestructura en sitios para la disposición final de residuos sólidos: 1 200 000 000
Artículos Transitorios
Primero. La SHCP incluirá en el tomo IV del Presupuesto la distribución entre las entidades federativas para el desarrollo ambiental conforme a lo establecido en el anexo 13.
Segundo. Para la distribución para cada una de las aportaciones establecidas en el anexo 13 para el desarrollo ambiental, se considerará como factor de equidad:
II. 20 millones de pesos para cada una de las entidades federativas para la construcción y mantenimiento de infraestructura en sitios para la disposición final de residuos sólidos, y el resto se distribuirá a partir de las necesidades propias de cada entidad federativa de acuerdo con las solicitudes que reciba la autoridad federal por parte de los gobernadores de los estados, previa solicitud de los municipios, y del jefe del Gobierno del Distrito Federal. El gobierno del estado que corresponda, o del Distrito Federal, apoyará con estos recursos a los municipios de manera equitativa para cumplir el objeto de este recurso.
Diputada Aleida Alavez Ruiz (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A NO PONER EN RIESGO LA SEGURIDAD SANITARIA
DEL PAÍS Y A MANTENER VIGENTE EL REQUISITO DE PLANTA O DE ESTABLECIMIENTO
SANITARIO, A CARGO DEL DIPUTADO ROBERTO BADILLO MARTÍNEZ, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PRI
El suscrito, diputado federal del Grupo Parlamentario del PRI, Roberto Badillo Martínez, integrante de la LX Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución, al tenor de las siguientes
Consideraciones
El país enfrenta un reto en distintos frentes, no sólo en aspectos que afectan la soberanía nacional, sino en asuntos relacionados con la seguridad nacional, como son entre otros, el narcotráfico, generando un ambiente de delincuencia organizada que afecta, agrede y pone en riesgo a la sociedad mexicana.
Ahora se presenta además, el grave riesgo para el país de que se materialice una emergencia sanitaria, al pretender mediante disposiciones administrativas, ajenas al Congreso de la Unión y a los intereses del país, la modificación del artículo 168 del Reglamento de Insumos para la Salud, con lo que se abriría la frontera mexicana para la importación indiscriminada de medicamentos provenientes de todo el mundo, eliminando los controles actuales, que se exigen para garantizar la seguridad, eficacia y calidad de los medicamentos, sin la presencia de una instalación farmacéutica en territorio nacional, –que responda de manera permanente a la constante vigilancia y aplicación de las leyes, normas y reglamentos en materia de salud que tiene México, eliminando todo esto y reduciéndolo a una simple representación legal que ni siquiera requiere un domicilio fiscal.
Honorable asamblea, la seguridad sanitaria en México está en riesgo, porque el Poder Ejecutivo a través de sus instrumentos ejecutores, Cofepris y aduanas, están protegiendo una desregulación sanitaria para la que no tienen, ni la estructura ni los mecanismos que se requieren para un control sanitario que garantice, no sólo la existencia de una unidad industrial que fabrique el medicamento, sino el control permanente en su proceso de fabricación, menos aún tienen las aduanas, la capacidad técnico-científica, para detectar la identidad, pureza y composición farmacológica de los medicamentos que ingresarían a territorio nacional.
Lo anteriormente señalado, se basa en el contenido de cartas paralelas al Tratado de Libre Comercio con el triángulo del norte (Guatemala, Honduras y El Salvador), firmadas por el doctor Herminio Blanco Mendoza, cuando fue secretario de Comercio y Fomento Industrial, al momento en que se negoció y firmó ese tratado.
Esas cartas no fueron del conocimiento del Senado de la República de México y fueron declaradas inválidas por el entonces titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, licenciado Luis Ernesto Derbez, en una comparecencia ante el propio Senado de la República y declaradas inexistentes por la propia secretaría, a través de la Dirección General de Acervo Histórico-Diplomático, unidad de enlace.
No obstante esa invalidez y esa inexistencia, la Subsecretaría de Negociaciones Comerciales Internacionales, de la Secretaría de Relaciones Exteriores, valida el compromiso establecido en dichas cartas. Posiciones que resultan absurdas entre instituciones de un mismo gobierno.
Una pregunta importante que debemos plantearnos, una vez ingresándolos en territorio nacional, ¿cuáles serán los medios de control para la distribución y seguimiento de los medicamentos?, nos veríamos inundados, a través del comercio informal, de medicamentos de dudosa calidad que la autoridad no tiene, hoy por hoy, la capacidad de vigilar y controlar para que cumplan los requisitos que en la materia tiene la Ley General de Salud, las normas mexicanas y sus reglamentos.
La frontera mexicana es una fuente importante de abasto de medicamentos, al menudeo y medio mayoreo, para toda la frontera sur de los Estados Unidos de América y por lo tanto, perder el control sanitario de los medicamentos que ahí se expenden, propiciaría reclamos internacionales por parte de los Estados Unidos de América.
Honorable asamblea, la industria farmacéutica nacional establecida en el territorio, tiene la capacidad científica e industrial para producir bajo nuestras leyes, los medicamentos que el país requiere.
La industria farmacéutica mexicana es la número uno de Latinoamérica, en la actualidad abastece al mercado nacional y al mercado internacional, cuenta con una inversión en instalaciones industriales que sobrepasa los 9 mil millones de pesos, genera más de 45 mil empleos directos y más de 200 mil indirectos.
En estos momentos, México no tiene necesidad de ampliar con las medidas pretendidas, el abanico de riesgos que afecten la seguridad nacional.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, me permito presentar a la asamblea, el siguiente
Punto de Acuerdo
De urgente y obvia resolución.
Único. Por el que se exhorta al Ejecutivo federal a no poner en riesgo la seguridad sanitaria del país, solicitando sea retirado del proyecto de decreto que reforma, adiciona y modifica, diversas disposiciones del Reglamento de Insumos para la Salud, –propuesto por el Ejecutivo federal–, todo lo relacionado con el artículo 168 de dicho ordenamiento legal, permitiendo con ello que se mantenga vigente el llamado requisito de planta o de establecimiento sanitario, que constituye una efectiva medida de seguridad sanitaria en beneficio del país.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de octubre de 2007.
Diputado Roberto Badillo Martínez (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA A LOS GOBIERNOS DE MORELOS Y DE JIUTEPEC A CONTINUAR LA CONSTRUCCIÓN
Y REPARACIÓN DEL MURO DEL TEXCAL, EN DICHA ENTIDAD, A CARGO DEL
DIPUTADO DEMETRIO ROMÁN ISIDORO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
El que suscribe, diputado federal Demetrio Román Isidoro, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, LX Legislatura de la Honorable Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de los siguientes
Antecedentes
El Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 establece una estrategia clara y viable para avanzar en la transformación de México sobre bases sólidas, realistas y, sobre todo, responsables.
Está estructurado en cinco ejes rectores:
Hoy tenemos la oportunidad histórica de impulsar el desarrollo humano sustentable como motor de la transformación de México en el largo plazo y, al mismo tiempo, como un instrumento para que los mexicanos mejoren sus condiciones de vida.
La elaboración de este plan estuvo sustentado en gran medida en la perspectiva del futuro que queremos los mexicanos a la vuelta de 23 años, de acuerdo con lo establecido en el proyecto Visión México 2030.
Los objetivos nacionales, las estrategias generales y las prioridades de desarrollo plasmados en este plan han sido diseñados de manera congruente con las propuestas vertidas en el ejercicio de prospectiva.
Visión 2030 es una apuesta común por un desarrollo humano sustentable, una descripción del México deseable y posible por encima de las diferencias. La imagen del país en el que deseamos vivir dentro de 23 años da sentido y contenido a las acciones que como gobierno y como sociedad emprendemos a partir de ahora.
Pretende fomentar un cambio de actitud frente al porvenir y detonar un ejercicio de planeación y prospectiva que amplíe nuestros horizontes de desarrollo.
Se trata de un referente, una guía, un anhelo compartido y a la vez un punto de partida para alcanzar el desarrollo integral de la nación. Existe el firme propósito de que los logros que consigamos los mexicanos en los próximos seis años nos acerquen al país que queremos heredar a las nuevas generaciones.
Considerando
Que en el Plan Nacional de Desarrollo, en materia de sustentabilidad ambiental, se establece lo siguiente:
Que la protección al ambiente constituye un fundamento del desarrollo social, ya que los niveles de bienestar no pueden elevarse sin limitar y revertir los procesos contaminantes que actúan en contra de la salud, la calidad de vida de la población y contra nuestros recursos naturales.
La sustentabilidad ambiental se refiere a la administración eficiente y racional de los recursos, de manera tal que sea posible mejorar el bienestar de la población actual sin comprometer la calidad de vida de las generaciones futuras.
Uno de los principales retos que enfrenta México es incluir el ambiente como uno de los elementos de la competitividad y el desarrollo económico y social. Sólo así se puede alcanzar un desarrollo sustentable. Desafortunadamente, los esfuerzos de conservación de los recursos naturales y ecosistemas suelen verse obstaculizados por un círculo vicioso que incluye pobreza, agotamiento de los recursos naturales, deterioro ambiental y más pobreza.
Es momento de convertir la sustentabilidad ambiental en un eje transversal de las políticas públicas. México está aún a tiempo de poner en práctica las medidas necesarias para que todos los proyectos, particularmente los de infraestructura y los del sector productivo, sean compatibles con la protección del ambiente. Es necesario que el desarrollo de nuevas actividades económicas en regiones rurales y semirurales contribuya a que el ambiente se conserve en las mejores condiciones posibles. Todas las políticas que consideran la sustentabilidad ambiental en el crecimiento de la economía son centrales en el proceso que favorece el desarrollo humano sustentable.
La sustentabilidad ambiental requiere una estrecha coordinación de las políticas públicas en el mediano y largo plazos. Esta es una premisa fundamental para el gobierno federal, y en el Plan Nacional de Desarrollo se traduce en esfuerzos significativos para mejorar la coordinación interinstitucional y la integración intersectorial.
La sustentabilidad ambiental será un criterio rector en el fomento de las actividades productivas, por lo que, en la toma de decisiones sobre inversión, producción y políticas públicas, se incorporarán consideraciones de impacto y riesgo ambientales, así como de uso eficiente y racional de los recursos naturales. Asimismo, se promoverá una mayor participación de todos los órdenes de gobierno y de la sociedad en su conjunto (incluyendo los núcleos agrarios) en este esfuerzo. La consideración del tema ambiental será un eje de la política pública que esté presente en todas las actividades de gobierno.
El cuidado del ambiente es un tema que preocupa y ocupa a todos los países. Las consecuencias de modelos de desarrollo, pasados y actuales, que no han tomado en cuenta el ambiente, se manifiestan inequívocamente en problemas de orden mundial, como el cambio climático.
El Gobierno de la República ha optado por sumarse a los esfuerzos internacionales suscribiendo importantes acuerdos, entre los que destacan el Convenio sobre Diversidad Biológica; la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y su Protocolo de Kyoto; el Convenio de Estocolmo, sobre contaminantes orgánicos persistentes; el Protocolo de Montreal, relativo a las sustancias que agotan la capa de ozono; la Convención de Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación; la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres; y los Objetivos del Milenio de la Organización de las Naciones Unidas. Estos acuerdos tienen como propósito hacer de México un participante activo en el desarrollo sustentable.
Aunque el modelo global de desarrollo ha propiciado mejoras en algunos países y regiones, el ambiente y los recursos naturales continúan deteriorándose a una velocidad alarmante.
Información científica reciente muestra que los impactos ambientales derivados de los patrones de producción y consumo, así como las presiones demográficas, podrían provocar transformaciones masivas en el entorno que enfrentarán las generaciones futuras.
El cambio climático, la reducción de la capa de ozono, la lluvia ácida, el incremento de los residuos municipales e industriales, la contaminación del suelo y del agua por metales pesados y desechos tóxicos, la pérdida de recursos forestales, la desertificación, la sobreexplotación de los recursos hídricos y la pérdida de la biodiversidad serían algunas de sus consecuencias.
Indudablemente, México enfrenta grandes retos en todos los aspectos de la agenda ambiental. Esta agenda comprende temas fundamentales como la conciliación de la protección del ambiente (la mitigación del cambio climático, la reforestación de bosques y selvas, la conservación y uso del agua y del suelo, la preservación de la biodiversidad, el ordenamiento ecológico y la gestión ambiental) con la competitividad de los sectores productivos y con el desarrollo social. Estos temas pueden atenderse desde tres grandes líneas de acción: aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, protección del ambiente, y educación y conocimiento para la sustentabilidad ambiental.
Frenar el creciente deterioro de los ecosistemas no significa dejar de utilizar los recursos naturales, sino encontrar una mejor manera de aprovecharlos.
Por ello, el análisis de impacto ambiental en las políticas públicas debe estar acompañado de un gran impulso a la investigación y desarrollo de ciencia y tecnología. Se trata, en suma, de mantener el capital natural que permita el desarrollo y una alta calidad de vida a los mexicanos de hoy y mañana.
La perspectiva detrás de los objetivos y estrategias es invitar a todos los habitantes de la nación a participar en la construcción de un México capaz de llegar más allá de sus expectativas actuales y posicionarlo como un actor importante en los temas de sustentabilidad ambiental en la arena internacional.
El estado que guardan los elementos constitutivos del ambiente debe entenderse desde una perspectiva integral; ya que los cambios en alguno de estos elementos conducen a nuevos cambios en otros, y así sucesivamente.
La generación de objetivos y estrategias en este documento parte de esa premisa y se estructura en seis apartados: agua, bosques y selvas, cambio climático, biodiversidad, residuos sólidos y peligrosos, y un conjunto de instrumentos transversales de política pública en materia de sustentabilidad ambiental.
En el caso del agua, es importante atender aspectos de protección de las aguas superficiales y de los mantos acuíferos, ya que su disponibilidad por habitante se está reduciendo debido a factores demográficos y climáticos.
Asimismo, muchos de los cuerpos de agua presentan niveles de contaminación importantes, haciéndolos inadecuados para el consumo humano. Es de gran importancia atender la calidad de los cuerpos de agua, ya que su contaminación contribuye al deterioro ambiental. Es imprescindible que los municipios se sumen a esta tarea, desarrollando políticas que fomenten el uso racional y la reutilización del agua para lograr un equilibrio entre la disponibilidad y la demanda, además de reducir el deterioro de los cuerpos receptores.
En la presente administración será prioritario proteger la cobertura vegetal del país e incrementar la superficie bajo esquemas de protección y de manejo sustentable. Para la conservación y manejo de los bosques y selvas se fortalecerá la consolidación del sistema nacional de áreas naturales protegidas y, junto con el programa Pro Árbol y otros esquemas de manejo sustentable, coadyuvarán en la atención a los problemas de marginación y pobreza, para así generar desarrollo y expansión económica a partir de la valoración y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales.
En este sentido, se apoyarán proyectos para reforestar con especies nativas; se reforzarán las políticas de prevención y control de incendios forestales; se promoverá la realización de estudios y proyectos regionales y programas especiales para el manejo sustentable de bosques y selvas; se fortalecerán los instrumentos preventivos, como la evaluación de impacto ambiental; se promoverán esquemas de manejo sustentable de los recursos naturales, como unidades de manejo, conservación y aprovechamiento sustentable de la vida silvestre y las áreas protegidas estatales y municipales; y se generarán infraestructura, vías de comunicación, caminos rurales y lo que sea indispensable para dar un nuevo y fortalecido impulso al aprovechamiento forestal sustentable, incluyendo el establecimiento de plantaciones forestales y el fomento del ecoturismo. Igualmente, se combatirá la tala clandestina aprovechando los recursos legales disponibles.
Al producir y consumir bienes y servicios se utilizan recursos y se generan residuos, afectando el entorno y la calidad de vida de la población.
El gobierno federal tendrá como prioridad aplicar una estrategia de gestión ambiental efectiva, transparente, eficiente y expedita que garantice el cumplimiento de la legislación pertinente sin obstaculizar las actividades productivas. Lo anterior facilitará la reducción de la contaminación ambiental, el adecuado manejo de los residuos peligrosos y el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales.
La gestión ambiental, considerada como el conjunto de acciones que realiza la sociedad para conservar y aprovechar los recursos naturales, generando con ello las condiciones que permitan el desarrollo de la vida en todas sus formas, es un elemento fundamental para armonizar las actividades productivas y el cuidado del ambiente.
En este contexto, la gestión ambiental estará orientada fundamentalmente a propiciar la prevención, control y reversión de los procesos que generan la contaminación, el agotamiento y degradación de los recursos naturales y promover su aprovechamiento sustentable, con el fin de contribuir a mejorar la calidad de vida de la población. Asimismo, se orientará a acercar la función pública al ciudadano, otorgar certeza jurídica a los agentes sociales y a lograr la integralidad y transversalidad de la acción pública.
La sustentabilidad ambiental sólo puede lograrse con base en la corresponsabilidad y coparticipación de los diferentes órdenes de gobierno. Para ello es necesario que, en el marco del respeto de las diferentes jurisdicciones, se diseñen mecanismos efectivos de coordinación, con reglas claras de participación, que faciliten el trabajo cooperativo y las sinergias que ofrezcan valor agregado a los proyectos de los tres órdenes de gobierno.
Sin embargo, se marca la consolidación del bienestar social a partir de un entorno enriquecido por la planeación demográfica y lineamientos ecológicos que faciliten el aprovechamiento integral y racional de los recursos naturales que coadyuven al equilibrio ambiental.
Por otro lado y tomando en cuenta la situación específica que motiva la presentación del presente punto de acuerdo, se establece que:
Frente a un agudo crecimiento de asentamientos humanos fuera de las normas, se presentó una situación que ha traído consigo problemas, como la especulación de terrenos, invasión de propiedades ejidales o comunales, proliferación de fraccionamientos en terrenos irregulares, entre otros, de tal forma que la actual estructura urbana de algunas ciudades del estado de Morelos como Cuernavaca, Jiutepec, Temixco, Emiliano Zapata, Xochitepec, Cuautla, Jojutla, Zacatepec y Tlaquiltenango, dificulta la eficiente dotación de servicios.
La zona de mayor crecimiento demográfico en el estado se da en el municipio de Jiutepec, y dentro del mismo el poblado de Tejalpa.
El municipio de Jiutepec, Morelos, se ubica geográficamente entre los paralelos 18°53’ de latitud norte y los 99°10’ de longitud oeste del Meridiano de Greenwich, a una altura de mil 355 metros sobre el nivel de mar. Tiene una superficie de 49 mil 236 kilómetros cuadrados, cifra que representa el 0.99 por ciento del total del estado. Limita al norte con Tepoztlán; al sur con Emiliano Zapata; al oriente con Yautepec y al poniente con Cuernavaca.
Políticamente está dividido en 34 comunidades, siendo las más importantes la cabecera municipal, Atlacomulco, Bugambilia, Calera Chica, Cliserio Alanís, Miguel Hidalgo, José G. Parres, Moctezuma, Progreso, Tejalpa, Tlahuapan, Vista Hermosa y Ciudad Industrial del Valle de Cuemavaca (Civac).
Con el fin de evitar un mayor deterioro y contrarrestar la contaminación urbana e industrial, provocada por la Civac y sus conjuntos habitacionales, es necesario proteger el patrimonio natural y promover la conservación de los ecosistemas representativos que se encuentran en el estado de Mórelos.
La zona sujeta a conservación ecológica El Texcal, cuenta con un tipo de vegetación altamente representativa, como es la selva baja caducifolia, caracterizada por especies de fauna silvestres endémicas y de de gran interés científico y público, además de representar la zona de mayor reserva de agua subterránea en el estado.
El crecimiento irregular y desmedido de la mancha urbana y del conjunto industrial están ocasionando disturbios y alteraciones en estas condiciones naturales, en particular en la recarga de los acuíferos del estado, que capta las aguas pluviales del corredor biológico Ajusco-Chichinautzin, precisamente en Tejalpa, Municipio de Jiutepec.
Con el fin de evitar desequilibrios del ambiente mayores se requiere con urgencia controlar el crecimiento urbano, la presión demográfica y la destrucción de flora, fauna, roca y paisaje que se ejerce sobre la zona de El Texcal. Asimismo es importante normar y racionalizar las actividades productivas y proteger integralmente la zona de recarga de los mantos acuíferos.
La zona sujeta a conservación ecológica El Texcal se encuentra en la región noroeste del estado, en el municipio de Jiutepec, colindando con los siguientes municipios: al noreste con Tepoztlán y al sureste con Yautepec. Sus coordenadas geográficas son 18°53’ norte y 99°10’ oeste y cubre una superficie de 407.827 hectáreas.
Está situada dentro de la provincia fisiográfica del eje neovolcánico, subprovincia de lagos y volcanes del Anáhuac. La altitud promedio de la zona es de mil 355 metros sobre el nivel del mar. El tipo de topoforma dominante es el de planicie. Es característica de la zona la presencia de afloramientos de roca volcánica.
De acuerdo con la clasificación de Koppen, modificada por García (1987), el tipo de clima es semicálido subhúmedo (A) C (wl) (w) a (e) g, el más cálido de los templados e intermedio de los subhúmedos. Con una precipitación media anual de 800 a mil milímetros y una temperatura media anual de 20.5° centígrados.
La vegetación dominante es la de bosque tropical caducifolio, habiendo registradas 94 especies de plantas en 21 familias. Dominan el área especies de los géneros Bursera sp, Lysiloma sp, Hipomoea sp, Pileus sp y Opuntia sp. Para la zona se han reportado además 65 especies de hongos. Existe un manantial conocido como laguna de Ahueyapan, que es el afloramiento de un río subterráneo, y que provee de agua potable a las poblaciones aledañas.
Existe poca información disponible de la mayoría de los grupos de vertebrados. Los peces que se encuentra en el manantial de Ahueyapan son de tres especies, dos introducidas y una endémica. Los anfibios están representados con nueve especies, de las cuales cinco son endémicas, una bajo amenaza de extinción y una rara.
Para el caso de las aves se han registrado 44 especies, de las cuales 12 son endémicas, entre las que se encuentra la especie Cynanthus sordidus que es una endémica restringida. En el reporte de declaratoria que establece como área de conservación ecológica a El Texcal se menciona la presencia del conejo teporingo (Romerolagus diazi), pero no existe ningún trabajo de fauna que sustente la existencia de dicha especie en el lugar, además de no corresponder a su área de distribución ni tipo de hábitat.
La tenencia de la tierra es comunal perteneciendo en su porción norte a los comuneros de Santa Catarina y al sur a los comuneros de Tejalpa.
La reserva fue promulgada el 6 de mayo de 1992, mediante decreto en el Periódico Oficial Tierra y Libertad, órgano informativo del estado de Morelos. La Subsecretaría de Ecología del Gobierno del Estado de Morelos, en 1994, elaboró el programa de manejo del área, dentro de dicho plan se considera la existencia de dos zonas: un área de protección ecológica con una superficie de 294-40-64 hectáreas, y un área de uso urbano restringido (113-42-13 hectáreas).
La responsabilidad del manejo de área queda delegada a la Comisión Estatal del Agua y Medio Ambiente, a la Subsecretaría Ejecutiva de Ecología y Medio Ambiente y por acuerdo, el ayuntamiento de Jiutepec, Morelos. Sin embargo las acciones emprendidas han sido escasas y sin continuidad. Lo anterior se ha debido, tanto a la falta de recursos humanos y presupuestales para su administración como a los cambios y reestructuración de la dependencias responsables de la reserva.
La declaratoria, con fecha 6 de mayo de 1992 fue publicada en el Periódico Oficial Tierra y Libertad del estado de Morelos numero 358, y establece que los habitantes que se encuentren dentro de la superficie del área de uso urbano restringido estarán obligados a la protección y cuidado de la misma ésta (da pie a la intervención de las comunidades agrarias de Tejalpa y Santa Catarina), conforme a lo establecido en los artículos 1o., 88 y 89 de la Ley Agraria y 96 de la Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del estado.
Resulta fundamental ejercer medidas para la conservación y protección de la flora que alberga especies de fauna silvestre endémicas trascendentes para el medio científico y de la reserva de agua subterránea que reside en la zona ecológica del Texcal, toda vez que se encuentra expuesta a la presencia de asentamientos humanos de carácter irregular los cuales resultan destructivos para su preservación.
No obstante que El Texcal, como área de conservación ecológica se enfrenta al crecimiento irregular y desmedido de la mancha urbana y del conjunto industrial, que le están ocasionando disturbios y alteraciones en sus condiciones naturales, esta reserva ecológica se encuentra bajo el control del gobierno del estado y del ayuntamiento de Jiutepec.
Dichas autoridades gozan de las facultades que la norma jurídica les señala y que además, permite la instalación urgente de todo tipo de medidas para lograr la preservación de las áreas de conservación ecológica.
La urgencia de la medida se basa en que de un área de protección ecológica con una superficie de 294-40-64 hectáreas, y otra de uso urbano restringido (113-42-13 hectáreas) actualmente no queda superficie de ésta última y restan sólo 225 hectáreas con la limitante de las 98 que corresponden al balneario El Texcal, que se encuentra comprendida en esa zona, lo que dejaría una zona efectiva de superficie restante para manejo y conservación de 127 hectáreas.
Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 1, fracciones I, III, IV, V, VI, VII y IX de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, y considerando que el presente asunto resulta de una acción emergente, me permito someter a su consideración la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta al gobierno del estado de Morelos y del municipio de Jiutepec a continuar la construcción del muro del perímetro norte del área del Texcal de 1.2 kilómetros, y el muro del área sur de 1.6 kilómetros, así como la reparación de 600 metros del muro actual en distintos puntos lineales, como medida emergente de seguridad para la conservación y protección del Área del Texcal (anexo A).
Diputado Demetrio Román Isidoro (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE
QUE EN EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN DE
2008 SE INTEGRE EL PROGRAMA PARA EL SUELO RURAL DEL DISTRITO FEDERAL, COMO
PARTE DEL PROGRAMA ESPECIAL CONCURRENTE PARA EL DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE,
SUSCRITA POR LAS DIPUTADAS ALEIDA ALAVEZ RUIZ Y GUADALUPE SOCORRO FLORES
SALAZAR, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
Las suscritas, diputadas federales de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática someten a la consideración del Pleno la presente proposición con punto de acuerdo, por la cual se solicita integrar al Presupuesto de Egresos de la Federación el Programa para el suelo rural del Distrito Federal 2008, como parte de los recursos del programa especial concurrente para el desarrollo rural sustentable, con base en las siguientes
Consideraciones
Primero. Que el Distrito Federal tiene un territorio denominado suelo de conservación en un 59 por ciento, en el cual se desarrollan actividades primordiales para el desarrollo rural sustentable en materia agrícola, pecuaria, piscícola, forestal y de turismo alternativo, que son el sustento de los 62 núcleos agrarios, 55 ejidos y 7 comunidades de la Ciudad de México.
Segundo. Que la situación que impera en el campo del Distrito Federal se profundiza ante el grave deterioro de los espacios rurales, la pérdida de suelos y el avance de la zona urbana.
Tercero. Que el Distrito Federal requiere de apoyos extraordinarios para la ejecución de acciones tendientes a apoyar a la población que no entra en los programas federales debido a lo riguroso de sus reglas de operación, que sólo atiende a lo que se considera como productor pero no al habitante rural. De ahí que, debe hacerse particular énfasis para apoyar en acciones como el mejoramiento de traspatios y huertos familiares, el apoyo a la producción orgánica dada la normatividad ambiental restrictiva en el Distrito Federal, así como acciones de capacitación, asesoría y asistencia técnica para las acciones en el suelo rural.
Cuarto. Que también es imperiosa la necesidad de contar con tecnologías adecuadas para la gestión administrativa que promueva la protección del suelo rural y sus actividades, generar un sistema de información geográfica y estadística que permita la más adecuada toma de decisiones en un territorio conflictuado entre lo rururbano.
Quinto. Que particular énfasis requiere la apropiación local de los sistemas tradicionales de protección de cultivos nativos como lo es el maíz, para enfrentar problemas derivados de la producción y comercialización como sucedió a principios de 2007, además de trabajar en garantizar la soberanía alimentaria y salvaguardar el material genético de los cultivos nativos y la herbolaria.
Sexto. Que también es necesario apoyar a los pueblos originarios e indígenas que habitan en la Ciudad de México, en el ejercicio de sus derechos, integridad terrirtorial y fortalecimiento de la identidad, para lo cual se requiere la instauración de un "Programa de derechos sociales indígenas para el Distrito Federal".
En consecuencia y con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicitamos la aprobación de la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Se crea la partida presupuestal denominada "Programa para la productividad y protección del suelo rural del Distrito Federal" por 450 millones de pesos, a través del programa especial concurrente para 2008, Anexo 7, en la vertiente económica a través del Ramo 08 Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, en un rubro nuevo denominado "Otros de desarrollo rural", así como una partida por 100 millones de pesos, a través del PEC 2008, Anexo 7, vertiente social, Ramo 06 Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en un rubro nuevo denominado "Otros de atención indígena" para el "programa de derechos sociales indígenas para el Distrito Federal.
Estos recursos provendrían de la reasignación presupuestal a partir de las ampliaciones presupuestales derivadas de los ahorros e ingresos adicionales a la federación como producto de la reforma a la Ley de Ingresos y demás aplicables en materia fiscal.
Asimismo, se solicita incorporar un artículo transitorio decimotercero para quedar como sigue
"Asimismo, el Programa de derechos sociales indígenas para el Distrito Federal, incluye una asignación de 100 millones de pesos que será transferido íntegramente al gobierno del Distrito Federal, a través de un convenio celebrado entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Sederec. Los recursos provenientes de este programa serán administrados por la Sederec para aplicarse en acciones vinculadas a la integridad territorial y fortalecimiento de la identidad de los pueblos originarios e indígenas, la creación del centro de lenguas indígenas y el centro de la diversidad cultural, así como la promoción de radios comunitarias y promoción de derechos entre la población indígena y comunidades étnicas."
Diputadas: Aleida Alavez Ruiz (rúbrica),
Guadalupe Socorro Flores Salazar (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE
QUE EN EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN DE
2008 SE DESTINEN RECURSOS PARA PROMOVER LA INFRAESTRUCTURA CARRETERA DEL
ESTADO DE PUEBLA, A CARGO DEL DIPUTADO ALBERTO AMADOR LEAL, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PRI
Los suscritos, diputados federales integrantes de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en la fracción I de los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a la consideración de esta soberanía la siguiente propuesta con punto de acuerdo, para promover la infraestructura carretera del estado de Puebla.
El estado de Puebla ha realizado un gran esfuerzo en los últimos 10 años para mejorar su infraestructura carretera. Desde 2000 hemos venido presentado en esta legislatura las propuestas anuales para dar continuidad a las obras y a los programas en la materia. Destaca en particular el proyecto carretero de Gran Visión que permitió la construcción de las autopistas a Teziutlán y a Huauchinango. Sin embargo, falta mucho por hacer, por lo que es necesario dar continuidad y mayor ritmo a las inversiones de los gobiernos federal y del estado respecto de los proyectos en curso.
El gobernador ha destinado parte importante del Presupuesto, pero dada la estructura del gasto público federal es indispensable que la Cámara de Diputados etiquete específicamente recursos para los proyectos prioritarios. En consecuencia de lo anterior, me permito proponer el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, de Comunicaciones, y de Transportes a incluir en el proyecto de dictamen del decreto que aprueba el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2008 las siguientes obras:
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de octubre de 2007.
Diputados: Alberto Amador Leal (rúbrica),
Guillermina López Balbuena, Wenceslao Herrera Coyac.
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE SOLICITA A LA CONAPESCA UN INFORME DETALLADO RESPECTO A LAS REGULACIONES
EXPEDIDAS PARA IMPLANTAR EL PROGRAMA DE PROTECCIÓN A LA VAQUITA
EN EL ÁREA DE REFUGIO, A CARGO DE LA DIPUTADA SUSANA MENDOZA MORALES,
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
Lucía Susana Mendoza Morales, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos, 58, 60 y demás relativos y aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, con carácter de urgente y obvia resolución, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
En el mundo hay 20 órdenes, 119 familias, mil 57 géneros y alrededor de 4 mil 332 especies de mamíferos (Nowak, 1991). México posee 50 por ciento de los órdenes, 35 familias, 166 géneros y 451 especies, que constituyen la diversidad mastozoológica del país. Éstas corresponden a 29.4 por ciento de las familias, 15.7 por ciento de los géneros y 10.4 por ciento de las especies del continente americano.
México es un país megadiverso, el segundo del mundo en tipos de ecosistemas y el cuarto en riqueza de especies. Posee el primer lugar en reptiles, con 717 especies; el segundo en mamíferos, con 451 especies; y el cuarto en anfibios, con 282 especies. En plantas fanerógamas, posee aproximadamente 25 mil especies. Cabe destacar que 32 por ciento de la fauna nacional de vertebrados es endémico; esto significa que su espacio de distribución a escala mundial se circunscribe sólo al territorio mexicano (Toledo, 1988, en Halffter, 1992; Retana y Lorenzo, 2002 Conabio).
Estas razones nos hacen concluir que cualquier pérdida o reducción de la riqueza biótica de México es no sólo una disminución de la riqueza nacional, sino también una verdadera y gran pérdida para el patrimonio natural de la humanidad. Lo que motiva el presente punto de acuerdo es una especie marina que tiene su nicho localizado en el área que se circunscribe a la reserva de la biosfera del alto golfo de California y delta del río Colorado. Allí es donde vive la marsopa (Phocoena sinus), mejor conocida como "vaquita marina", uno de los cetáceos más pequeños y amenazados del mundo y única especie endémica de mamífero marino en México, ya que únicamente se distribuye en el alto golfo de California y en la región más norteña del golfo; todas las evidencias indican que su distribución siempre ha estado restringida a esta zona, es considerada una de las especies de mamífero marino con la distribución histórica y actual más restringida en el mundo (fuente: INE).
Se estima que la población hoy día no llega a 600 individuos, según la Carta Nacional Pesquera, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 15 de marzo de 2004. La evaluación más confiable y reciente sobre la abundancia de la población de esta especie está estimada en sólo 567 individuos. Se calcula que cada año en promedio quedan atrapadas entre 40 y 80 vaquitas en redes pesqueras. Sin duda, ésta es la principal causa de mortalidad. Si no actuamos con la mayor brevedad para revertir la tendencia, a ese ritmo la especie desaparecerá en unos cuantos años. De extinguirse, sería la primera vez en que un cetáceo desaparezca a causa de actividades humanas (fuente: vaquitamarina.org).
La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) en su libro rojo cambió la clasificación de esta especie, de tenerla como en "peligro de extinción" a considerarla en "crítico peligro de extinción".
Desafortunadamente para la población de vaquita, la productividad y riqueza biótica del alto golfo lo hace uno de los lugares de gran actividad pesquera cercano a la reserva de la biosfera de California y delta del río Colorado, se ha planteado por años la intención de desalentar y reducir la intensidad de la pesca en el área, junto con la implementación de cambios en las técnicas pesqueras para disminuir las posibilidades de que se extinga la marsopa mexicana (fuente: Pronatura).
El 8 de septiembre de 2005 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo mediante el cual la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con fundamento en la Ley General de Vida Silvestre, establece el área de refugio para la protección de la vaquita marina (Phocoena sinus); ésta tiene un área para fomentar su recuperación (Semarnat).
Con el propósito de lograr una mayor participación social se creó el Subcomité Técnico Consultivo para la Recuperación y Protección de la Vaquita y su Hábitat, en la que concurrieron distintos órdenes de gobierno y la sociedad civil; para lograr la protección y recuperación de la población se establecieron medidas que promovieron el desarrollo de actividades que eliminarían los factores de riesgo que lleven a la especie a la extinción. Las acciones tendentes a la protección de la especie se desarrollan buscando no afectar negativamente los niveles de bienestar de la población humana cuyas actividades productivas se llevan a cabo cerca e incluso en el área de refugio.
El programa de protección establece las condiciones de conservación y manejo a que deben sujetarse las obras y actividades que se realicen en el área establecida en el decreto anteriormente citado, de acuerdo con el artículo 69 de la Ley General de Vida Silvestre; resultando de ello la creación del programa de protección de la vaquita en el área de refugio ubicada en la porción occidental del alto golfo de California, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de diciembre de 2005 (fuente: DOF, 29 de diciembre de 2005).
Aunado a lo anterior, es importante hacer hincapié en que los pescadores ribereños están dispuestos a reducir, adaptar el uso de redes y en general modificar sus artes pesqueras si se da un reordenamiento pesquero en la zona, para con ello garantizar verdaderamente la recuperación de la población de Phocoena sinus.
Honorable asamblea: al amparo de los datos y las reflexiones que se han expuesto, presento con carácter de urgente y obvia resolución esta proposición con
Punto de Acuerdo
Primero. Se solicita a la Conapesca que informe detalladamente respecto de las regulaciones expedidas para implantar el Programa de Protección de la Vaquita en el Área de Refugio, particularmente las relativas a los siguientes puntos:
c) El establecimiento de un polígono de exclusión
de pesca, con cualquier tipo de redes de arrastre y agalleras;
d) La utilización de excluidores de tortugas y
peces grandes;
e) La utilización de excluidores de peces juveniles,
dos por aparejo; y
f) La utilización de dispositivo de monitoreo
satelital.
Tercero. Se exhorta a la Conapesca, en el marco de sus atribuciones y en coordinación con los gobiernos de los estados de Sonora y de Baja California, y el sector pesquero de ribera, fortalezca y termine el proceso de individualización de permisos de pesca y demás instrumentos enmarcados en el programa de ordenamiento pesquero que permitan una pesca responsable y sustentable en las comunidades de San Felipe, Santa clara y Puerto Peñasco.
Palacio Legislativo de San Lázaro, en la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a 25 de octubre de 2007.
Diputada Lucía Susana Mendoza Morales (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA A LOS TITULARES DE LA SHCP Y DE LA SEP A DESTINAR LOS RECURSOS
NECESARIOS PARA ADQUIRIR EL PREDIO DONDE OPERA EL JARDÍN DE NIÑOS
TOLTECAYOTL Y LLEVAR A CABO SU CONSTRUCCIÓN, EN AZCAPOTZALCO, DISTRITO
FEDERAL, A CARGO DEL DIPUTADO ARMANDO BARREIRO PÉREZ, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PRD
El suscrito, diputado federal Armando Barreiro Pérez, integrante de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable asamblea, la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de los siguientes:
Considerandos
El 11 de julio de 1984, mediante decreto firmado por el titular del Ejecutivo federal y publicado en el Diario Oficial de la Federación se declaró de utilidad pública la construcción de un jardín de niños para el servicio educativo de la población de la colonia La preciosa, en la delegación Azcapotzalco, Distrito Federal.
Sin embargo, 23 años después, el 11 de septiembre de 2007, y también mediante publicación en el Diario Oficial de la Federación, otro decreto firmado por Felipe Calderón Hinojosa, titular del Ejecutivo federal; Josefina Eugenia Vázquez Mota, secretaria de Educación Pública; y Germán Martínez Cazares, secretario de la Función Pública, se abroga el decreto de expropiación del predio y la construcción escolar que se habían declarado de utilidad pública para ser entregado a particulares.
Este hecho fue dado a conocer a los padres de familia del jardín de niños Toltecáyotl el pasado 12 de octubre de 2007, por medio de la directora del plantel, quien mediante lectura de un oficio les comunicó, de parte de la SEP, que a partir del 25 de octubre se suspenderían las actividades en el plantel, se cerrarían sus puertas y del 29 al 31 de este mismo mes de octubre serían desalojadas las instalaciones para ser entregadas a los particulares que la reclaman.
Todo ello a pesar de que las autoridades de la SEP tenían conocimiento de que, desde el 26 de julio de 2005, se había presentado un juicio de amparo contra el decreto de expropiación del 11 de julio de 1984, y que el 31 de julio de 2006 el juez decimosexto había concedido el amparo, ratificándolo el 6 de junio y comunicando a la Presidencia de la República que se dejaba sin efecto el decreto de expropiación.
Considerado como un hecho consumado el cierre de la escuela, la dirección de ésta presentó diversas alternativas de reubicación; sin embargo, las escuelas alternativas son de horario matutino y no cuentan con el servicio de comedor, y algunas son de cupo limitado, lo cual dificulta o trastorna las actividades de un número importante de madres de familia, que se verían en la disyuntiva de poner en riesgo la terminación del ciclo escolar de los menores.
Ante esta grave situación, las madres de familia se han organizado y emprendido una serie de acciones en defensa del plantel, toda vez que esta escuela funciona de las 9:00 de la mañana a las 4:00 de la tarde, los niños y niñas tienen servicio de comedor y es considerada una escuela de tiempo completo y de apoyo para las madres trabajadoras.
Resulta incongruente con la política educativa de la actual administración federal que por un lado promueva un programa de atención a 461 escuelas de tiempo completo, de las que se piensa llegar a mil en el próximo ciclo escolar, y por otro se pretenda su cierre como en el caso que nos ocupa.
Debemos recordar que, si se consuma esta disposición, se estarían violando los preceptos constitucionales tercero y cuarto de nuestra Carta Magna, así como los artículos 3, 4, 7, 14, 49 y 50 de Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
Por tanto, manifestamos nuestra mi oposición al cierre de esta escuela y demandamos de la secretaria Josefina Eugenia Vázquez Mota que destine recursos para la adquisición del inmueble y el predio sobre el que esta asentado y ponemos a su consideración el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero. Se exhorta a los titulares de las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y Educación Pública a destinar los recursos necesarios para la adquisición del predio y la construcción donde opera el jardín de niños Toltecáyotl, dependiente de la Secretaría de Educación Pública, por ser de utilidad pública para la comunidad escolar y los habitantes de la colonia la Preciosa, en la delegación Azcapotzalco del Distrito Federal.
Segundo. Asimismo, se exhorta al Titular del Ejecutivo a instruir a la titular de la Secretaría de Educación Pública para que el kinder Toltecáyotl, dependiente de la SEP, no cierre sus puertas y continúe impartiendo educación preescolar tal y como lo viene realizando desde 1984 y busque lo mecanismos para firmar un convenio que permita la continuidad de las labores educativas en tanto la Secretaría de Hacienda y Crédito Público destina los recursos para la adquisición del predio y la construcción ubicados en Cipactli número 80, colonia La Preciosa, Delegación Azcapotzalco, Distrito Federal.
Palacio Legislativo, a 25 de octubre de 2007.
Diputado Armando Barreiro Pérez (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE
QUE EN EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN DE
2008 SE DESTINEN RECURSOS PARA CONSTRUIR Y EQUIPAR EL CENTRO DE INVESTIGACIÓN
Y DESARROLLO EN CIENCIAS DE LA SALUD DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
DE NUEVO LEÓN, A CARGO DEL DIPUTADO JUAN FRANCISCO RIVERA BEDOYA,
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
Los que suscriben, diputados federales por el estado de Nuevo León, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 77, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de esta honorable asamblea una proposición con punto de acuerdo a fin de que la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorte a las comisiones de Educación Pública, y de Presupuesto y Cuenta Pública, para que dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2008 se destinen y etiqueten recursos por 384 millones 674 mil 226.00 pesos para la construcción y equipamiento del Centro de Investigación y Desarrollo en Ciencias de la Salud de la Universidad Autónoma de Nuevo León, de conformidad con los siguientes
Exposición de Motivos
Generar conocimiento científico y tecnológico aplicado a la resolución de problemas prioritario de salud pública, local, nacional e internacional, contribuyendo a la formación de científicos calificados, innovadores y competitivos, que enriquezca la producción científica y tecnológica, es misión de las áreas de salud de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Que con ello pretende colaborar en el progreso del estado y del país.
Las instituciones de educación superior deben permanentemente estar en la búsqueda de la excelencia, apegados a los más altos estándares de calidad nacional e internacional en la formación de sus científicos e investigadores para la generación y difusión del conocimiento, así como el desarrollo e innovación tecnológica.
La necesidad de globalización y la colaboración internacional de nuestro país, hacen necesario que se reafirme la calidad científica y tecnológica de las instituciones de educación superior e investigación científica, en este contexto la Universidad Autónoma de Nuevo León, pretende posesionar al Estado como líder en investigación y desarrollo en salud.
En razón de lo anterior especialistas de la Universidad Autónoma de Nuevo León se han dado a la tarea de visitar diversos centros de investigación, tanto nacionales como internacionales, en instituciones de educación superior prestigiadas como las siguientes:
La Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad de Texas, la Universidad de Maryland, el Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos de América, la Universidad de Harvard, la Universidad Femenil de Texas, los Centros Nacionales de Investigaciones Oncológicas y Cardiovasculares en España, por mencionar algunos.
De todos ellos se han obtenido experiencias valiosas respecto de su construcción, funcionamiento, contenidos académicos, que con la incorporación de la experiencia propia de las diversas áreas de la Universidad Autónoma de Nuevo León a lo largo de décadas nos permitirá contar con un centro de investigación líder en su área.
El centro de investigación pretende ser multidisciplinario y que en él converjan las Facultades de Salud Pública y Nutrición, de Medicina, de Enfermería, de Odontología, de Psicología, de Ciencias Químicas, de Medicina Veterinaria y Zootecnia, de Ciencias Biológicas, y Universitaria de Salud.
La infraestructura requerida para el centro de investigación de alto nivel que se propone es contar con las unidades de neurociencias y biología humana, de Investigación clínica y farmacológica, de morfología funcional y análisis de imagen; de nutrición, de enfermedades meta lógicas y genéticas; laboratorio de experimentación animal, centro de capacitación, entrenamiento y soporte técnico y banco de células tumorales. Todo ello con capacidad para albergar a cien investigadores.
Esta infraestructura plantea la utilización de recursos comunes, como son un auditorio con capacidad para 105 personas; unidad de bioética y bioseguridad; unidad de gestión tecnológica (patentes, propiedad intelectual); administración del conocimiento informática y biblioteca; salud pública y enlace comunitario.
En razón de lo anterior, se requiere la siguiente inversión:
Equipamiento
Experimentación animal
$14,862,726
Servicio de secuenciación
$54,052,173
Capacitación y entrenamiento
$1,250,780
Farmacología
$11,000,000
Unidad clínica
$8,200,000
Proteómica
$55,672,547
Laboratorio multidisciplinario
$17,700,000
Imagen y biotecnología
$41,440,000
Neurociencias
$20,496,000
Total equipamiento
$224,674,226
Total
$384,674,226
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta a las comisiones de Educación Pública, y de Presupuesto y Cuenta Pública, para que dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2008 se destinen y etiqueten recursos por 384 millones 674 mil 226.00 pesos para la construcción y equipamiento del Centro de Investigación y Desarrollo en Ciencias de la Salud de la Universidad Autónoma de Nuevo León.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de octubre de 2007.
Diputado: Juan Francisco Rivera Bedoya (rúbrica), Gustavo Fernando Caballero Camargo (rúbrica), Jesús Ricardo Canavati Tafich, Jorge Luis de la Garza Treviño, Juan Manuel Parás González, Ramón Salas López (rúbrica), Juan Enrique Barrios Rodríguez (rúbrica), Marco Heriberto Orozco Ruiz Velazco (rúbrica), Cristián Castaño Contreras (rúbrica), Martha Margarita García Müller (rúbrica), José Martín López Cisneros (rúbrica), José Luis Murillo Torres, Gustavo Ramírez Villarreal, Juan Manuel Villanueva Arjona, Javier Martín Zambrano Elizondo (rúbrica), Ricardo Cantú Garza (rúbrica).
Senadora Blanca Judith Díaz Delgado (rúbrica).
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA AL CONSEJO GENERAL DEL IFE A VALORAR LA PERTINENCIA DE LOS 28
DISTRITOS ELECTORALES INDÍGENAS; Y DE CONSIDERARLO PERTINENTE, LLEVAR
A CABO UNA NUEVA DISTRITACIÓN PARA DAR MAYOR COBERTURA A LA PARTICIPACIÓN
POLÍTICA ACTIVA INDÍGENA, A CARGO DEL DIPUTADO JORGE QUINTERO
BELLO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
El suscrito diputado Jorge Quintero Bello integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional somete a la consideración del Pleno de esta honorable Cámara, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interno del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la siguiente proposición de punto de acuerdo por el cual se exhorta al Consejo General del Instituto Federal Electoral para que se reexaminen los criterios para el diseño de los distritos electorales indígenas a fin de maximizar su eficacia y la participación activa indígena, al tenor de las siguientes
Consideraciones
1. Que la población indígena en nuestro país asciende a 12 millones 707 mil habitantes1. Esto representa poco más del diez por ciento de la población total de nuestro país. El territorio nacional cuenta con 803 municipios indígenas, en ellos se localizan poco más de 6 millones de hablantes indígenas. México ocupa el octavo lugar mundial entre los países con mayor población indígena.
2. Que a pesar de la trascendencia que tiene este sector para nuestro país, las condiciones sociopolíticas que viven estos habitantes son adversas para un adecuado desarrollo. El goce y disfrute de los derechos fundamentales se encuentra condicionado por distintos aspectos, que van desde la lengua hasta las condiciones sociopolíticas heredadas por la política de integración utilizada en el pasado.
3. Que se han hecho esfuerzos realmente importantes para reconocer la deuda histórica que se tiene frente a los pueblos indígenas; además se ha adecuado el marco normativo en aras de asegurar una igualdad de oportunidades en el goce y ejercicio de los derechos fundamentales. La reforma constitucional en 2001 al artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos marcó el inicio de un cambio en la relación del Estado frente a los pueblos indígenas.
4. Que a partir de la reforma constitucional ya referida se dieron algunos cambios tendientes a incluir de manera más activa a los indígenas en los procesos electorales. El Instituto Federal Electoral en conjunto con diversas organizaciones indígenas y con la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas se dieron a la tarea de proyectar programas tendientes a alentar la participación indígena en los procesos electorales. Ejemplo de ello lo constituye el proyecto de distritación arrancado en el año 2004 en el cual se acordaron los criterios a seguir para la constitución de los distritos electorales indígenas.
5. Que el resultado de este ejercicio se cristalizó en febrero de 2005 con la aprobación de 28 distritos indígenas. Por primera vez en la historia de nuestro país se tomó en cuenta el criterio de pertenencia a un grupo indígena para la configuración del mapa distrital.
6. Que el Consejo General del Instituto Federal Electoral utilizó como criterio para la demarcación territorial a aquellas poblaciones que contaran con un mínimo del 40 por ciento de población indígena. De este proceso se obtuvieron 28 distritos electorales, los cuáles se distribuyeron en once estados, siendo Oaxaca con 8 y Chiapas con 4 los estados con más distritos electorales indígenas.2
7. Que el parámetro utilizado para esta delimitación trajo como resultado que sólo un 53 por ciento de la población indígena quedara contemplada en la nueva configuración distrital, dejando al restante 47 por ciento sin posibilidad de verse beneficiado por la distritación.3
8. Que los distritos indígenas fueron contemplados en las elecciones federales del 2006 trayendo consigo resultados para valorar y replantear la configuración de los distritos electorales. A pesar de favorecer la elección de representantes de origen indígena, sólo en 11 de los 28 distritos se postularon candidatos de este sector. El balance final arrojó sólo 9 diputados de extracción indígena, lo que representa una tercera parte del total de los distritos indígenas.4
9. Que la designación de candidatos para estos distritos indígenas depende de la voluntad de los partidos políticos, mismos que aún no han adoptado el compromiso de alentar la participación directa de los indígenas en el Congreso.
10. Que la simple asignación de estos distritos no es sinónimo de una representación descriptiva indígena en el Congreso de la Unión. La Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas ha señalado que la mayoría de las propuestas ofrecidas por los candidatos de estos distritos se centran sobre todo en las condiciones de pobreza de los indígenas, asunto primordial sin dudas, pero alejado del interés central inmanente a la creación de este tipo de distritos, que es el de acomodar sus diferencias e identidades en el Congreso.
11. Que el artículo segundo transitorio del decreto publicado en el Diario Federal de la Federación el 14 de agosto de 2001, por el que se reforma el artículo 2o. constitucional, señala lo siguiente: "Para establecer la demarcación territorial de los distritos uninominales deberá tomarse en consideración, cuando sea factible, la ubicación de los pueblos y comunidades indígenas, a fin de propiciar su participación política".
12. Que atendiendo al mandato constitucional anteriormente expuesto, a los señalamientos antes expuestos y a la vocación democrática del Instituto Federal Electoral, consideramos apropiado: primero, que se examine la pertinencia y eficacia de los 28 distritos electorales indígenas; en segundo lugar, que se valoren mecanismos y criterios diferentes que resulten en un mayor alcance distrital de la población indígena; y por último, que se informe y aliente a los partidos políticos para que designen un mayor número de indígenas para sus candidaturas uninominales y plurinominales.
Por lo antes fundado y expuesto, me permito someter a la elevada consideración de esta honorable soberanía, la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Primero. Se exhorta respetuosamente al Consejo General del Instituto Federal Electoral, para que en el ámbito de sus facultades, valore la eficacia y pertinencia de los 28 distritos electorales indígenas y, en su caso, de considerarlo pertinente llevar a cabo un nuevo ejercicio de distritación para dar una mayor cobertura a la participación política activa indígena.
Notas
1. Según datos de la Comisión Nacional
para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y Conapo. http://www.cdi.gob.mx.
2. http://www.ife.org.mx/documentos/proceso_2005-2006/cuadernos/pdf/C1/c1_1-3.pdf.
3. http://www.ciesas.edu.mx/proyectos/relaju/documentos/Gonzalez_jorge.pdf.
4. http://cdi.gob.mx/salaprensa/CDI_xochitl_galvez_ruiz.pdf.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de octubre de 2007.
Diputado Jorge Quintero Bello (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA AL TITULAR DE LA STPS A IMPLANTAR COMO TABLA ÚNICA, MEDIANTE
LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS SALARIOS MÍNIMOS, LOS MONTOS
QUE RIGEN EN LA ZONA "A", A CARGO DEL DIPUTADO ALFREDO BARBA HERNÁNDEZ,
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
El suscrito Alfredo Barba Hernández, diputado federal a la LX Legislatura en la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto por el artículos 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito someter a la consideración de esta soberanía el siguiente punto de acuerdo para exhortar al titular de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, para que a través de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos elimine las zonas B y C que se establecen actualmente en la división del territorio nacional en zonas geográficas por salario mínimo e implante como tabla única los montos salariales que rigen a la zona A y que el porcentaje del incremento salarial que regirá para 2008 se establezca con base al índice inflacionario de 2007 y, además, promueva acciones ante los titulares de las Secretarías de Economía, y Hacienda y Crédito Público para que se instrumenten medidas para inhibir el aumento de precios, al tenor de los siguientes
Considerandos
La Comisión Nacional de Salarios Mínimos es un organismo público descentralizado y tripartito, creado el 21 de noviembre de 1962 con la finalidad original de establecer los salarios mínimos legales, instrumento que ha sido indebidamente utilizado para contener los requerimientos salariales de los trabajadores.
Es evidente que el concepto de división geográfica de la República Mexicana en zonas con respecto a los niveles de los salarios mínimos es obsoleta, toda vez que actualmente las condiciones de las zonas geoeconómicas del país son semejantes, producto principalmente de la integración de la actividad económica nacional.
Para 2007 el monto del salario mínimo general esta establecido en 50.57 pesos diarios, cantidad insuficiente para cubrir las mínimas necesidades de los trabajadores y sus familias, actualmente equivalente a un kilo de carne, a casi cuatro kilos de tortillas y tres kilos de huevo.
En los meses recientes, según estadísticas del Banco de México, los precios están creciendo más rápidamente. Los primeros quince días del mes de septiembre el índice general de precios al consumidor aumentaron 1.04 por ciento con respecto al mismo periodo de 2006, y 0.78 con respecto al mes anterior. Con respecto a agosto-septiembre de 2007 los productos agropecuarios registran un incremento del 4.08 y el de frutas y verduras registra una variación porcentual del 9.21.
En agosto los precios crecieron 4.03 por ciento en términos anuales y la tendencia indicó que se elevarían en septiembre; los alimentos y bebidas aumentaron en ese mismo lapso 6.72 por ciento y el índice de la canasta básica de consumo se incrementó 4.45 por ciento.
Para los hogares que reciben un ingreso de entre tres y seis salarios mínimos la inflación fue de 4.3 por ciento y de 3.8 para los hogares con ingresos de más de seis salarios mínimos.
Es claro que la economía nacional está transitando por una proceso inflacionario, que ha sido definido por las autoridades económicas federales como especulativo y coyuntural, sin embargo, independientemente de su denominación y de las causas que lo originan, el incremento generalizado de precios siempre impacta de manera negativa a la clase trabajadora.
Por último, buscando instrumentos de política económica que realmente fortalezcan los ingresos de los trabajadores, el concepto que determine el incremento salarial general que regirá para el próximo año debe de ser la inflación real contabilizada del año que concluye, 2007. Actualmente el aumento al mini salario que regirá para 2008 se establecería según las estimaciones inflacionarias para el año siguiente que hace referencia los criterios de política económica que se presenta en el paquete económico de la federación
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. El Pleno de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhortar al titular de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, para que a través de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos elimine las zonas B y C que se establecen actualmente en la división del territorio nacional en zonas geográficas por salario mínimo e implante como tabla única los montos salariales que rigen a la zona A y que el porcentaje del incremento salarial que regirá para 2008 se establezca en base al índice inflacionario de 2007 y, además, promueva acciones ante los titulares de las Secretarías de Economía, y Hacienda y Crédito Público para que se instrumenten medidas para inhibir el aumento de precios
Salón de Sesiones de la Cámara de Diputados, a 25 de octubre de 2007.
Diputado Alfredo Barba Hernández (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA AL TITULAR DE LA SCT A REVISAR EL ESTADO QUE GUARDA EL CONTRATO
SUSCRITO CON LA CONSTRUCTORA CODIOCSA DE XALAPA, SA DE CV, SOBRE LA CONSERVACIÓN
PERIÓDICA DE LA CARRETERA ATZALAN-TLAPACOYAN, EN VERACRUZ, A CARGO
DE LA DIPUTADA MARÍA DE JESÚS MARTÍNEZ DÍAZ,
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
La que suscribe, María de Jesús Martínez Díaz, diputada federal de la LX Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 55, 58, 59, 71, 78 del Reglamento para el Gobierno Interior; y el numeral 34 apartados A y B de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de este pleno la proposición con punto de acuerdo, para exhortar al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, el doctor Luis Téllez Kuenzler, gire instrucciones en esa dependencia a su digno cargo, para que a través del responsable de la Subsecretaría de Infraestructura, revise el estado que guarda el contrato de dicha dependencia con la Constructora Codiocsa de Xalapa, SA de CV, respecto a la conservación periódica de la carretera Atzálan-Tlapacoyan, en el estado de Veracruz, así como también se verifiquen si se esta cumpliendo con las especificaciones técnicas y de calidad, asimismo, si el monto asignado a la obra corresponde con las trabajos realizados.
Exposición de Motivos
Desde el Presupuesto de Egresos de la Federación en su ejercicio 2006, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por medio del Centro SCT-Veracruz, ingresó el Proyecto de Conservación Periódica del tramo carretero Atzalan-Tlapacoyan con una distancia de 30 kilómetros y una inversión de 22.5 millones de pesos; y hasta el momento, los trabajos no han tenido ni un avance del 40 por ciento, y toda vez que este es el segundo contrato que se realiza para la misma obra, ya que el año anterior fue rescindido por incumplimiento en la ejecución de la obra por parte de la Constructora Solunar, SA de CV, y al parecer se repiten los hechos, ya que la obra debería de iniciarse en el mes de marzo y ésta lleva demasiado tiempo en trabajos que son de manera intermitente y no llega la fecha en que la obra se entregue terminada.
En consecuencia, y por este motivo, es que realizo el presente punto de acuerdo para exhortar a que se revise el contrato y se resalten las fechas de entrega; al mismo tiempo de que se haga una supervisión de campo, para comprobar si cuenta con las especificaciones técnicas y de calidad necesarias y requeridas en una obra de ese tipo, y conocer si el monto asignado al contrato corresponde a la obra que se encuentra en proceso, y así poder determinar quién está incumpliendo en este contrato, si es la dependencia por medio del Centro SCT-Veracruz, o es la compañía a quien se le otorgó el contrato, y así poder fincar responsabilidades a quien corresponda, ya que el atraso en la obra perjudica a todos los transportistas y ciudadanía en general que transita por esa ruta, que por cierto es la única que conecta de manera directa a estos municipios y también comunica con una de las zonas citrícolas y comerciales más importantes del estado de Veracruz, quienes comercializan primordialmente con la capital del país como son los municipios de Martínez de la Torre, San Rafael, Nautla, Tecolutla, Gutiérrez Zamora, entre otros.
Único. Se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes mediante su titular el doctor Luis Téllez Kuenzler, gire instrucciones en esa dependencia a su cargo, para que a través del responsable de la Subsecretaría de Infraestructura, revise el estado que guarda el contrato de dicha dependencia con la Constructora Codiocsa de Xalapa SA de CV, respecto a la conservación periódica de la carretera Atzálan Tlapacoyan, en el estado de Veracruz, así como también se verifiquen si se está cumpliendo con las especificaciones técnicas y de calidad, asimismo, si el monto asignado a la obra corresponde con las trabajos realizados.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de octubre de 2007.
Diputada María de Jesús Martínez
Díaz (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE
QUE EN EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA
EL EJERCICIO FISCAL DE 2008 SE DESTINEN RECURSOS AL MANTENIMIENTO DEL HOSPITAL
DOCTOR JOSÉ ELEUTERIO GONZÁLEZ, DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
DE NUEVO LEÓN, A CARGO DEL DIPUTADO JUAN FRANCISCO RIVERA BEDOYA,
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
Los que suscriben, diputados federales por el estado de Nuevo León del Grupo Parlamentario del PRI, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 77 fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto ante esta Honorable Asamblea una proposición con punto de acuerdo a fin de que la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorte a las Comisiones de Salud y de Presupuesto y Cuenta Pública, para que dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2008 se destinen y etiqueten recursos por un monto de $ 150 000 000.00 (ciento cincuenta millones de pesos) para gastos de mantenimiento mayor del Hospital Universitario "Doctor José Eleuterio González" de la Universidad Autónoma de Nuevo León, de conformidad con la siguiente
Exposición de Motivos
El Hospital Universitario "Doctor José Eleuterio González", de la Universidad Autónoma de Nuevo León, es un hospital de alta especialidad que da una cobertura regional a los estados de Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Tamaulipas y Coahuila, principalmente, sin que ello sea impedimento para la recepción de personas enfermas de otros estados de la república sobre todo del norte del país.
En razón de lo anterior, la cobertura de este Hospital Universitario se ha venido incrementando permanentemente, lo que ha ocasionado pasivos contingentes en sus gastos de operación así como las necesidades de su mantenimiento para tener un rendimiento optimo en la prestación de sus servicios.
Cabe señalar que ese hospital acepta a todo tipo de pacientes sin cobertura alguna, lo que demuestra su carácter de institución pública con alto sentido de solidaridad social, ánimo que permea a toda la Universidad Autónoma de Nuevo León. En este sentido por cada peso que el Hospital de la Universidad invierte en un paciente tiene una recuperación aproximada de sólo 25 centavos, con lo que queda de manifiesto su carácter social no lucrativo.
El Hospital Universitario actualmente cuenta con 500 camas de internamiento, que representa el 50 por ciento de atención brindada a población abierta en Nuevo León; 50 de estas camas son de cuidados intensivos e intermedios de pediatría; 20 camas más se encuentran en el área de cuidados intensivos de adultos y posquirúrgicos.
Este Hospital Universitario otorga alrededor de 223 mil consultas de especialidades anuales dentro del hospital, así como 204 mil más que son consultas de primer contacto en 18 unidades de segundo nivel ambulatorias.
Respecto de los servicios quirúrgicos, este Hospital Universitario realiza en promedio 13 mil cirugías anuales de muy diversos tipos en los 16 quirófanos con los que cuenta. En este mismo sentido se realizan 4 mil cirugías ambulatorias en 12 quirófanos.
Otros servicios que presta este Hospital referido son entre otros los 110 mil estudios radiológicos que se realizan, y 1 millón 100 mil estudios diversos de laboratorio. Cabe señalar que diariamente se otorgan aproximadamente 300 atenciones de emergencia (choque traumático) y que la permanencia hospitalaria en promedio es de 3.5 días de estancia.
Por otro lado, la alta calidad de los servicios prestados por este Hospital Universitario, que tiene en sus médicos su principal capital, queda demostrada en su tasa de mortalidad que es apenas del 3.2 por ciento.
Por todo lo anterior, es que se hace necesario contar con los recursos suficientes para hacer frente a los pasivos contingentes derivados de su flujo de operación, que por ser de cobertura regional se han venido incrementando notablemente, así como para el mantenimiento de dicho hospital, por lo que se requiere de un presupuesto extraordinario, por única vez para la estabilización de la operación del mismo. Por ello sometemos a la consideración al Pleno de la honorable Cámara de Diputados el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta a las Comisiones de Salud, y de Presupuesto y Cuenta Pública, para que dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2008 se destinen y etiqueten recursos por un monto de $ 150 000 000.00 (ciento cincuenta millones de pesos) para gastos de mantenimiento mayor del Hospital Universitario "Doctor José Eleuterio González" de la Universidad Autónoma de Nuevo León.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 25 de octubre de 2007.
Diputación Federal por el estado de Nuevo León
Diputados: Juan Francisco Rivera Bedoya (rúbrica),
Gustavo Fernando Caballero Camargo (rúbrica), Jesús Ricardo
Canavati Tafich, Jorge Luis de la Garza Treviño, Juan Manuel Parás
González, Ramón Salas López (rúbrica), del
PRI; Juan Enrique Barrios Rodríguez, Marco Heriberto Orozco Ruiz
Velazco (rúbrica), Cristián Castaño Contreras (rúbrica),
Martha Margarita García Müller (rúbrica), José
Martín López Cisneros (rúbrica), José Luis
Murillo Torres (rúbrica), Gustavo Ramírez Villareal (rúbrica),
Juan Manuel Villanueva Arjona (rúbrica), Javier Martín Zambrano
Elizondo (rúbrica), del PAN; Ricardo Cantú Garza (rúbrica),
del PT.
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA A LA SCT A EXENTAR TOTALMENTE –POR LA DIRECCIÓN GENERAL
DE CAPUFE– DEL PEAJE
EN LA CASETA DEL PUENTE DE NAUTLA, VERACRUZ, A LOS
HABITANTES DE ESA LOCALIDAD, A CARGO DE LA DIPUTADA MARÍA DE JESÚS
MARTÍNEZ DÍAZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
La que suscribe, María de Jesús Martínez Díaz, diputada federal de la LX Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 55, 58, 59, 71 y 78 del Reglamento para el Gobierno Interior; y 34, apartados A y B, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de este Pleno proposición con punto de acuerdo para solicitar a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a través de la Dirección General de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, la condonación del 100 por ciento en el peaje de la caseta del puente de Nautla, Veracruz, a los habitantes de la cabecera, congregaciones y ejidos del municipio de Nautla, Veracruz, así como también que se actualice el padrón de beneficiarios.
Exposición de Motivos
Históricamente, la democracia es un proyecto de organización política y administrativa de la sociedad, cuya finalidad se identifica con dos principios sustantivos, la primacía del interés público y la libertad del mercado. Por eso, el interés de la que suscribe es que los habitantes del municipio de Nautla, Veracruz, queden exentos del cobro de peaje en la caseta mencionada, ya que la mayoría de la población económicamente activa realiza sus labores diarias al otro lado del puente, y tienen que pagar esta cuota gravándose en demasía sus escasas ganancias. Actualmente, el descuento es de sólo 50 por ciento, que en la realidad de los habitantes les perjudica mucho e impacta demasiado en su economía.
Dicha caseta se edificó de manera temporal, hace más de 20 años, con la intención de que permaneciera durante el tiempo necesario para recuperar la inversión realizada en dicha construcción. A la fecha sigue funcionando y perjudicando a los que habitan ese municipio, y necesitan transitar por ahí, como a los usuarios del transporte público por las tarifas tan altas, así como a los propietarios de dichos transportes, que deben considerar los gastos en sus costos de operación, no sólo se afecta a los habitantes de la cabecera municipal, sino también a los que viven en las congregaciones y ejidos pertenecientes al municipio, ya que la comercialización de sus productos, así como sus fuentes de trabajo se encuentran de un lado o del otro respecto a la caseta de cobro y deben por consiguiente atravesar, y a su vez pagar el peaje en algunos casos y en otros pagar las tarifas tan altas del transporte público.
Por lo expuesto y fundado, debido a que ésta es una exigencia y necesidad de los ciudadanos del municipio de Nautla, someto al Pleno de la honorable Cámara de Diputados el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que a través de la Dirección General de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos otorgue la condonación de 100 por ciento del cobro de peaje en la caseta del puente de Nautla a los habitantes de la cabecera, congregaciones y ejidos del municipio de Nautla, Veracruz, así como también lleve a cabo la actualización del padrón de beneficiarios.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de octubre de 2007.
Diputada María de Jesús Martínez
Díaz (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE
QUE EN EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN DE
2008 SE CONSIDERE UNA PARTIDA QUE PERMITA AL CANAL DEL CONGRESO ADQUIRIR
TECNOLOGÍA PARA TRANSMITIR EN SEÑAL ABIERTA, A CARGO DEL
DIPUTADO GILBERTO OJEDA CAMACHO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
El que suscribe, Gilberto Ojeda Camacho, diputado integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LX Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite someter proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
A fin de cumplir su función de informar sobre las actividades que realiza el Poder Legislativo, el Congreso de la Unión creó formalmente el 28 de agosto de 2000 el Canal de Televisión del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos.
A través del canal se difunden las actividades legislativas, con lo que el Congreso de la Unión cumple las funciones que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos le encomienda.
Asimismo, este órgano de información contribuye a analizar y discutir pública y ampliamente los problemas de la realidad nacional y de interés ciudadano vinculados con la actividad legislativa.
Desde su creación, y de acuerdo con informes de la Comisión Bicamaral del Canal de Televisión del Congreso, los primeros sistemas de televisión por cable incorporaron a su programación básica la señal del Canal del Congreso. Hasta junio de 2006, de un universo de 792 sistemas de televisión por cable, 658 concesionarios transmiten el canal, de los cuales 394 lo hacen con equipo de su propiedad, 264 con equipo entregado en calidad de comodato por el Congreso de la Unión y 5 son operados por el Canal del Congreso para monitoreo de su señal en ambas Cámaras.
De tal manera, el crecimiento en la cobertura del Canal del Congreso desde su fundación hasta esa fecha ha sido de 26.78 por ciento en la transmisión por los sistemas de televisión por cable.
De acuerdo con los datos de la Comisión Bicamaral, los sistemas de televisión restringidos que transmiten el Canal del Congreso actualmente cuentan con 4 millones 101 mil 243 de suscriptores, lo que representa audiencia potencial de 17 millones 703 mil televidentes.
Las actividades se iniciaron transmitiendo las sesiones ordinarias de las Cámaras de Diputados y de Senadores dos veces por semana. Luego se ampliaron para cubrir diario, en vivo o diferidas, las actividades legislativas. Esta nueva etapa implicó nuevos retos y el despliegue de más recursos.
Posteriormente, en esta nueva etapa, se amplió y mejoró la producción de contenidos orientados no sólo a informar, sino a formar ciudadanos conscientes del quehacer parlamentario y, en esa medida, más exigentes y críticos de éste.
No obstante los importantes avances, el canal afronta nuevos retos. Tendrá que encontrar la manera de incrementar su cobertura nacional. Casi la totalidad de los canales de congresos y parlamentos en el mundo transmiten sólo por televisión restringida, pero también ese medio limita en México el acceso a menos de 2 mexicanos de cada 10.
Con lo anterior, como afirman algunos expertos, "hay una contradicción entre el carácter nacional del Congreso y que la señal de su televisora sea restringida; es como elegir a una pequeña parte del pueblo para hacerle saber lo que hace el Congreso, cuando ha sido todo el pueblo el que los ha elegido".
Otro reto será incrementar sus niveles de audiencia; asimismo, una preocupación constante por ofrecer una programación con la suficiente calidad.
A partir de 2004, legisladores de diversos grupos parlamentarios han promovido puntos de acuerdo a fin de obtener autorización para que el Congreso de la Unión opere un canal de televisión abierta, con cobertura en el Distrito Federal y en su zona conurbada.
El pasado mes de octubre se presentó la solicitud formal, ante la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, con todos los requisitos técnicos para que la señal legislativa pueda ser transmitida en televisión abierta, y es posible que para finales de 2008 este medio de comunicación esté al aire aquí, en la Ciudad de México.
Resulta claro que un proyecto de esta naturaleza, requiere de recursos financieros. Para ello, es necesario que en el Presupuesto de 2008 se considere esta partida especial para adquirir lo necesario. Presupuesto que debe ser autorizado por esta Soberanía.
Con siete años de vida, el Canal del Congreso sigue creciendo y constituye hoy un bien público que fortalece nuestra democracia. En el futuro deberá hacer nuevas y mejores contribuciones a la misma causa.
El fortalecimiento de este medio de comunicación del Congreso de la Unión con la ciudadanía fortalecerá la conciencia pública sobre la importancia e impacto de la tarea que los legisladores llevan a cabo, y contribuirá a superar y mejorar el quehacer parlamentario.
Por lo expuesto, se somete a la consideración de este Pleno la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Que la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados incluya en el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2008 una partida presupuestal para que el Canal del Congreso adquiera la tecnología requerida para transmitir en señal abierta.
Octubre 25 de 2007.
Diputado Gilberto Ojeda Camacho (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, RELATIVO
A LAS DECLARACIONES DEL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA
DE LA CÁMARA DE SENADORES SOBRE EL CONFLICTO DE LÍMITES TERRITORIALES
ENTRE JALISCO Y COLIMA, A CARGO DEL DIPUTADO JOEL ARELLANO ARELLANO, DEL
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
Joel Arellano Arellano, diputado federal de la LX Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario de Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 58, 60 y demás relativos y aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes
Consideraciones
Los conflictos territoriales surgen cuando aparece un recurso económico importante en zonas fronterizas. Un caso en vías de resolución, es el de los límites entre Jalisco y Colima.
El problema territorial inició a principios del siglo XX, pero no tuvo eco hasta 1989, después de insatisfactorias reuniones amistosas, lo que originó controversias legales a principios de 1998, con la presentación de la controversia constitucional 3/98 ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Ante ello, y como consecuencia del estudio de dicha controversia, el más alto tribunal del país, decidió por mayoría de votos remitir el expediente al Senado de la República, para que fuera ahí, donde por mandato constitucional, fuera resuelto el conflicto de limites territoriales entre Colima y Jalisco.
En este caso, Jalisco lo que ha hecho valer es que el territorio con el que contaba cuando se promulgó la Constitución de 1917, es el que en un momento dado debe de prevalecer, y el estado de Colima a parte de tratar de sostener esto, está interpretando un criterio al que ellos le llaman soberanía efectiva, que no es otra cosa más que en caso de que hubiera duda en los límites, Colima dice "yo tengo la posesión de estos terrenos desde hace muchos años".
Existe en el Senado la Comisión de Limites de las Entidades Federativas, integrada por los diputados: Rubén Fernando Velázquez López (presidente) del Partido de la Revolución Democrática, Jesús Dueñas Llerenas (secretario) del Partido Acción Nacional y Héctor Pérez Plazota (integrante) del Partido Acción Nacional, que habrá de ser la encargada de dictaminar sobre este conflicto de limite territorial entre las entidades federativas de Jalisco y Colima.
No obstante lo anterior, el pasado 24 de septiembre, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, Manlio Fabio Beltrones, se dijo públicamente "convencido" de que en el conflicto de límites territoriales entre Colima y Jalisco, "la razón histórica está del lado de Colima".
Efectivamente, en una visita realizada a Colima, el también coordinador del Grupo Parlamentario priista en el Senado, se reunió con el gobernador Silverio Cavazos Ceballos, y con representantes de los poderes Legislativo y Judicial locales, donde se abordó el tema del diferendo limítrofe.
De igual forma, Beltrones expresó: "Me voy con una convicción natural de que Colima y su gobierno han presentado pruebas sumamente contundentes de carácter histórico, que hacen saber que esta franja territorial está en la soberanía, en el territorio de Colima desde hace mucho tiempo".
En el mismo contexto, el senador Manlio Fabio Beltrones manifestó que Colima no tendría que ceder territorio "Hemos escuchado con mucha atención los argumentos que tiene Colima, en especifico su gobernador (…). Creemos que Colima es un gran estado, que no tiene por qué estar cediendo ni un metro de su soberanía y de su territorio".
Las declaraciones del senador Beltrones, priista igual que el gobernador de Colima, Silverio Cavazos Ceballos, son completamente desafortunadas, fuera de contexto, desaseadas, y completamente irregulares, al prejuzgar y darle la razón a una de las partes de la controversia territorial, cuando el senado ni siquiera ha expedido la ley reglamentaria de la comisión senatorial que atiende los limites entre entidades de la república.
En virtud de lo anterior, resulta necesario exhortar al senador Manlio Fabio Beltrones, para que se abstenga de hacer declaraciones a nombre del senado, sobre el tema específico del "conflicto de límites territoriales que existe entre las entidades federativas de Jalisco y Colima", así como de votar el dictamen correspondiente de la Comisión de Limites de las Entidades Federativas, del Senado de la República, dado que dejó en claro que tiene un contubernio con el gobernador de Colima, Silverio Cavazos Ceballos.
En mérito de lo antes mencionado, someto a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
De urgente y obvia resolución.
Único. Se exhorta al presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Senadores de la LX Legislatura, el senador Manlio Fabio Beltrones, para que se abstenga de hacer declaraciones en nombre del senado, sobre el tema específico del "conflicto de límites territoriales que existe entre las entidades federativas de Jalisco y Colima", así como de votar el dictamen correspondiente de la Comisión de Limites de las Entidades Federativas, del Senado de la República, dado que dejó en claro que tiene un contubernio con el gobernador de Colima, Silverio Cavazos Ceballos.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el 25 de octubre de 2007.
Diputado Joel Arellano Arellano (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE SOLICITA EL VOTO FAVORABLE DE MÉXICO CONTRA EL BLOQUEO DE ESTADOS
UNIDOS A LA REPÚBLICA DE CUBA EN LA ASAMBLEA GENERAL DE NACIONES
UNIDAS, A CARGO DEL DIPUTADO CUAUHTÉMOC SANDOVAL RAMÍREZ,
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
El próximo 30 de octubre del presente año la Asamblea General de las Naciones Unidas discutirá el proyecto de resolución "Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos de América contra la República de Cuba".
Desde hace 14 años la delegación de la República de Cuba ha presentado casi en los mismos términos esta resolución a la comunidad internacional en la Organización de las Naciones Unidas, respecto de la cual el año pasado 183 Estados miembros de la ONU votaron a favor, lo que constituye una muestra casi unánime del rechazo de la comunidad internacional a la política de aislamiento del gobierno estadounidense contra Cuba, y a la aplicación de leyes extraterritoriales contrarias a la Carta de las Naciones Unidas, a los principios del derecho internacional y a las normas que rigen las relaciones económicas, comerciales y financieras entre los Estados.
Todos los proyectos de resolución presentados desde 1992 tienen como objetivo finalizar el bloqueo económico, comercial y financiero de Estados Unidos, en tanto que afecta de manera importante la economía de la República de Cuba y los intereses de empresas, universidades e instituciones de salud que desean invertir e investigar en la isla.
México, a lo largo de su relación histórica con Cuba, ha mostrado en diversos foros internacionales su solidaridad y ha defendido la aplicación del derecho internacional por encima de los intereses hegemónicos de los Estados nacionales que confluyen en la Asamblea General de la ONU.
Los efectos económicos, políticos y sociales que han generado el bloqueo hacia la República de Cuba por parte de Estados Unidos, lesionan gravemente a la población de la nación isleña.
México y la izquierda no pueden ignorar la situación por la que atraviesa Cuba, donde las empresas mexicanas se han visto seriamente afectadas a pesar de que en nuestra legislación nacional existe una ley antídoto contra las normas extraterritoriales impuestas unilateralmente a la comunidad internacional por parte de Estados Unidos.
Se estima que en el año 2006 las afectaciones al comercio exterior cubano superaron los mil 305 millones 388 mil dólares, como resultado de la política de bloqueo, según cifras del gobierno cubano, sin contar el daño a la investigación científica, el intercambio de tecnología y el intercambio de conocimiento, lo cual tiene un efecto adverso directo en la población cubana, particularmente en la alimentación y en la salud de esta sociedad isleña.
Las acciones desplegadas por el gobierno estadounidense respecto a Cuba atentan contra la soberanía nacional de la isla, contradice el tan pregonado libre comercio y coarta la libertad de tránsito e intercambio de personas e información entre Estados nacionales; sanciona extraterritorialemente a empresas e individuos a entablar libre relaciones políticas, económicas, financieras y comerciales y niega por completo el derecho internacional.
Por las razones anteriormente expuestas y con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el que suscribe, diputado Cuauhtémoc Sandoval Ramírez pone a consideración de esta honorable Cámara de Diputados la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados solicita al Poder Ejecutivo federal que instruya a la representación de México en la Asamblea General de las Naciones Unidas para que vote a favor del proyecto de resolución "Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos de América contra la República de Cuba".
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de octubre de 2007.
Diputado Cuauhtémoc Sandoval Ramírez (rúbrica)
Los suscritos, coordinadores de los Grupos Parlamentarios de Alternativa Socialdemócrata, Convergencia, Nueva Alianza, Del Trabajo, y Verde Ecologista de México, de la LX Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, con fundamento en los artículos 67, inciso g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 21, fracción XVI, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicitamos se excite a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Justicia, y de Seguridad Pública, para que se dictamine la reforma integral en materia de seguridad y justicia, integrada por diversas iniciativas entre las que destacan modificaciones a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentada el 4 de noviembre de 2003 ante el Pleno de esta honorable soberanía en base a las siguientes
Consideraciones
El pasado viernes 12 de octubre, en la sesión convocada por la Comisión Ejecutiva de Negociación y Construcción de Acuerdos del Congreso de la Unión, contemplada en la Ley para la Reforma del Estado, a nombre de los partidos Alternativa Socialdemócrata, Convergencia, Nueva Alianza, Del Trabajo, y Verde Ecologista de México, se hizo del conocimiento de los integrantes de dicha comisión, la determinación de los cinco institutos políticos referidos, de hacer propio el conjunto de iniciativas que el 4 de noviembre del 2003, el entonces legislador Luis Maldonado Venegas, presentara en esta tribuna.
Por tal motivo y con fundamento en la Ley para la Reforma del Estado, se solicitó remitir al grupo de trabajo de reforma del Poder Judicial perteneciente a la CENCA, el conjunto de iniciativas que comprenden e integran reformas a nuestro sistema constitucional, la expedición de un Código Penal Único y un Código de Procedimientos Penales Único para toda la República Mexicana, la Ley de Ejecución de Penas y Readaptación Social del Sentenciado y la Ley para el Tratamiento de Menores Infractores, para ser considerados en sus términos y méritos.
En virtud de lo anteriormente manifestado, quienes suscribimos esta excitativa solicitamos hoy a nuestros compañeras diputadas y compañeros diputados integrantes de las Comisiones de Puntos Constitucionales, de Justicia y de Seguridad Pública de esta honorable Cámara de Diputados proceder a la dictaminación de dichas iniciativas que fueron turnadas en su oportunidad al seno de cada una de ellas, por la importancia que tiene para el bienestar de la nación.
Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta asamblea la siguiente
Excitativa
Único. Se excita a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Justicia y de Seguridad Pública para que elaboren el dictamen sobre el paquete de iniciativas de reformas constitucionales y creación de leyes en materia de prevención del delito, procuración, administración de justicia y readaptación social, presentado el martes 4 de noviembre de 2003 y que han hecho propio los Partidos Alternativa Socialdemócrata, Convergencia, Nueva Alianza, Del Trabajo, y Verde Ecologista de México, para que sea sometido a la consideración del Pleno de esta honorable Cámara de Diputados.
Palacio de San Lázaro, a 25 de octubre de 2007.
Diputados: Marina Arvizu Rivas, Miguel Ángel
Jiménez Godínez, Ricardo Cantú Canto, Alejandro Chanona
Burguete, Gloria Lavara Mejía (rúbricas).