De conformidad con los artículos 41 y 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la signataria, Elsa de Guadalupe Conde Rodríguez, legisladora federal del Grupo Parlamentario de Alternativa Socialdemócrata, somete a la consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, para lo cual presenta las siguientes
Consideraciones
Primero. El 28 de noviembre de 1992, mientras la trabajadora Laura Guadalupe Tena Colunga desempeñaba su trabajo como sobrecargo de Compañía Mexicana de Aviación, SA de CV, en el vuelo 901, que cubriría la ruta de la ciudad de Los Ángeles a la Ciudad de México, Distrito Federal, se rompió el "tren de nariz" del avión airbus A-320, de la empresa Mexicana de Aviación, cuando se encontraba en carrera de despegue. Derivado de tal accidente, la ciudadana Tena Colunga resulta con lesiones en columna vertebral. Después de varios juicios, la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje determina que las lesiones derivadas de ese accidente generaban su incapacidad total permanente, por lo que ordenaron la entrega de una pensión de 100 por ciento; no obstante, dicha pensión solamente se le está cubriendo en 70 por ciento por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)
Segundo. En 1993, ante la falta de pago por la empresa de los gastos médicos derivados de la lesión producida en el accidente aéreo, inicia un juicio civil que es radicado en Los Ángeles, California, por considerar la ex sobrecargo que era conveniente exhibir las evidencias filmadas con que se contaba en ese país, las que habían sido difundidas en varios noticiarios estadounidenses. A petición de la empresa demandada, el juicio se traslada a la Ciudad de México.
Tercero. La trabajadora presenta su demanda ante el juez 56 de lo civil, el que se declara incompetente para conocer del asunto, pero deja a salvo los derechos de la trabajadora. La demanda queda radicada finalmente ante el juez 24 de lo civil, licenciado Álvaro Augusto Pérez Juárez. La resolución del juez señalado consiste en sentencia absolutoria para Mexicana de Aviación, SA de CV, con fecha 13 de mayo de 2004. La ciudadana Laura Tena apela la resolución mediante el toca 1097/04, que recae en la Sexta Sala Civil.
Cuarto. La resolución de la Sexta Sala reafirma la sentencia del juez 24, la cual contradice su primera resolución, en la que ordenó al mismo juez 24 que se tomaran en cuenta las pruebas aportadas para el proceso, y en esta ocasión condena a la ciudadana Tena Colunga al pago de gastos y costas por un monto de 150 mil dólares, o su equivalente.
Quinto. Al mismo tiempo, el 6 de mayo de 1996, Mexicana de Aviación, SA de CV, efectúa un recorte de personal y, entre otras personas, la ciudadana Laura Tena Colunga es despedida, por lo que en el mismo año la multicitada ex trabajadora entabla juicio laboral por despido injustificado contra Mexicana de Aviación, SA de CV, ante la Junta Especial número 2 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, radicado con el número 2615/96.
Sexto. En 1997, la empresa Mexicana de Aviación, SA de CV, inicia contrataciones de personal nuevo, por lo que se entabla nuevo juicio mediante el expediente 1657/97, para solicitar la garantía del derecho de preferencia, para ser recontratados. La Suprema Corte de Justicia de la Nación desechó la revisión del amparo con número 1575/2001.
Séptimo. En 2000, mediante decreto presidencial los fondos de la cuenta concentradora del Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR), fueron enviados a Banco de México. La ciudadana Laura Tena Colunga no ha podido recuperar su fondo de ahorro, que debería cubrir el 30 por ciento restante como pago de su pensión, conforme a la ley que regula el IMSS, dictaminada en 1997. Laura Tena no tuvo Afore, no puede recuperar el fondo constituido en ese fondo, y el IMSS no cubre el 30 por ciento restante del 100 por ciento de su pensión.
Octavo. El 29 de abril de 2005, la ciudadana Laura Tena interpone juicio de amparo contra el cobro de los 150 mil dólares a que la condenaba la resolución de la Sexta Sala que reafirma la sentencia del juez 24 de lo civil reseñado en el cuarto considerando de este punto de acuerdo, radicándose con el número 403/2005 y solicitando la suspensión de embargo, ante lo cual el juez sexto de lo civil le establece el pago de un depósito de garantía. La cantidad se cuantificó en 148 mil 365 pesos. Con fecha 26 de mayo de 2005 se le concedió la suspensión de embargo, previa entrega de la cantidad señalada, mediante billete de depósito ante el Bansefi.
Noveno. Así, de 1992 a la fecha la ciudadana Laura Tena ha recurrido en múltiples ocasiones en búsqueda de la protección de la justicia por considerar ella misma que le asiste la razón y que ha sido objeto de reiteradas violaciones de sus derechos constitucionales.
Décimo. La persona en comento ha solicitado la intervención, por mi conducto como legisladora federal, para que mediante el punto de acuerdo que someto a su consideración, esta soberanía, en uso de las facultades que le confiere el artículo 97 constitucional, solicite a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que designe uno o varios comisionados especiales a fin de que averigüe si en el caso de la ciudadana Laura Tena Colunga ha habido algún hecho u hechos que constituyan una grave violación de sus garantías individuales. El artículo 97 constitucional, en su parte conducente, señala:
La Suprema Corte de Justicia de la Nación podrá nombrar alguno o algunos de sus miembros o algún juez de distrito o magistrado de circuito, o designar uno o varios comisionados especiales, cuando así lo juzgue conveniente o lo pidiere el Ejecutivo federal o alguna de las Cámaras del Congreso de la Unión, o el gobernador de algún estado, únicamente para que averigüe algún hecho o hechos que constituyan una grave violación de alguna garantía individual. También podrá solicitar al Consejo de la Judicatura Federal que averigüe la conducta de algún juez o magistrado federal.
No pretendo juzgar la veracidad de los hechos y menos aun juzgar la actuación de nuestras autoridades jurisdiccionales en sus distintos ámbitos de competencia, pero me parece importante señalar que es una realidad que el derecho de petición consagrado en nuestra Carta Magna debe respetarse a todos los ciudadanos que acudan a nosotros en ejercicio de éste.
Por estas razones, considero pertinente que se designe la comisión especial a que se refiere la normatividad invocada, a fin de realizar la investigación que la sobrecargo solicita y mediante la cual la ciudadana en cita quedará satisfecha en sus solicitudes de protección de la justicia y derecho de petición que ha intentado obtener mediante la interposición, entre otros procesos judiciales, de los juicios de amparo que a continuación se enumeran:
En lo laboral
Por lo expuesto, presento a esta soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Con fundamento en el artículo 97 constitucional, se solicita respetuosamente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que, en ejercicio de las facultades que le confiere el mismo artículo, considere designar uno o varios comisionados especiales para que averigüen si en el caso de la ciudadana Laura Guadalupe Tena Colunga ha habido algún hecho o hechos que constituyan una grave violación de alguna garantía individual.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de octubre de 2007.
Diputada Elsa de Guadalupe Conde Rodríguez (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA QUE
LA SHCP INFORME SOBRE EL DESTINO DE ENTEROS DE PEMEX DURANTE EL SEGUNDO
TRIMESTRE DE 2007, A CARGO DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE NUEVA ALIANZA
El Grupo Parlamentario de Nueva Alianza en la LX Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía, con carácter de urgente y obvia resolución, la presente proposición con punto de acuerdo, con base en las siguientes
Consideraciones
1. Durante el segundo trimestre del año, Petróleos Mexicanos (Pemex) enteró a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público por concepto de impuestos, derechos y aprovechamientos 139 mil 500 millones de pesos, cantidad superior en 4.11 por ciento a la entregada en el primer trimestre de 2007, lo que significa 5 mil 510 millones más.
No obstante que la paraestatal está sujeta a un nuevo régimen fiscal, aplicado desde 2006, el cual supuestamente iba a permitir destinar mayores recursos para la inversión, se advierte que ese propósito de tener una mejor industria petrolera no se atiende puntualmente.
De acuerdo con el reporte de resultados financieros del segundo trimestre de 2007, entregado el 14 de septiembre de 2007 a las autoridades bursátiles, durante el periodo abril-junio de este año las ventas totales de Pemex fueron de 227 mil 600 millones de pesos, unos 41 mil 703 millones de pesos adicionales a los captados en el primer trimestre de este año, lo que significó un crecimiento de 17.6 por ciento.
Sin embargo, del total de las ventas, prácticamente la mitad se destinó al pago de impuestos.
2. El interés por contar con la información específica de referencia se incrementó a partir de que los medios de comunicación nacionales dieron a conocer la aprobación por la LX Legislatura de un nuevo régimen fiscal para Pemex, que le permitirá para el tercer o cuarto año disponer de ingresos adicionales del orden de 55 mil a 60 mil millones de pesos y se incremente la producción en más de 200 mil barriles diariamente.
3. En el tema de excedentes petroleros todavía se muestra opacidad en torno al destino puntual de éstos, por lo que se vuelve imperioso que las autoridades hacendarias rindan un informe preciso sobre el estado que guardan esos recursos.
Compañeros legisladores, es muy importante que la LX Legislatura esté informada de las acciones que emprende la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en relación con los excedentes petroleros, así como la aplicación puntual del nuevo régimen fiscal que tendrá Pemex y que efectivamente se mejore el rubro de inversión para contar con una industria petrolera competitiva y moderna.
Los datos con que contamos aquí y ahora nos muestran que el régimen fiscal aprobado en 2006 no ha servido para que Pemex tenga inversiones que detonaran su mejoría como industria, ni aminoró los enteros que hace esta institución a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Reclamamos información confiable que nos asegure que Pemex enterará 71 por ciento en lugar de 78 por ciento que entera actualmente, con la aplicación estricta de su nuevo régimen fiscal.
Por lo expuesto, y con fundamento en el ya señalado artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, propongo a la honorable Cámara de Diputados que emita, con el carácter de urgente y obvia resolución, la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Primero. La honorable Cámara de Diputados de la LX Legislatura solicita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que proporcione toda la información y elementos a esta soberanía para el análisis del estado que guardan los excedentes petroleros y el destino que se les da, con miras a mejorar la distribución de éstos en áreas del mayor interés nacional.
Segundo. Se informe a esta soberanía, de manera puntual, cómo se utilizarán los 30 mil millones de pesos adicionales que tendrá Pemex, así como la precisión de los recursos que se etiquetarán para inversión, lo cual podría generar 200 mil barriles adicionales de petróleo diariamente.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de octubre de 2007.
Diputado Manuel Cárdenas Fonseca (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA A PEMEX Y ORGANISMOS SUBSIDIARIOS A AMPLIAR LOS DONATIVOS A
ESTADOS DONDE NO HAY INFRAESTRUCTURA PETROLERA, Y A MEJORAR LOS ESQUEMAS
DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE ESOS RECURSOS, A CARGO DEL DIPUTADO JUAN
VICTORIA ALVA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
El suscrito, diputado federal integrante de esta LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo para que sea considerado de urgente y obvia resolución, mediante la cual se exhorta a la empresa paraestatal Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios, a fin de ampliar los donativos y donaciones, a entidades que no tienen infraestructura petrolera así como a mejorar los esquemas de rendición de cuentas de los mismos, lo anterior, con base en las siguientes:
Consideraciones
A partir de 1995, Petróleos Mexicanos desarrolló un proceso para el otorgamiento de donativos y donaciones autorizadas por el Consejo de Administración, previa evaluación de los anexos técnicos que describen los proyectos a realizar. Este proceso está sustentado en dos normatividades; a saber: los "Lineamientos de donativos y donaciones a terceros por parte de Pemex y organismos subsidiados" y los "Criterios para la asignación de donativos y donaciones por parte de Pemex y organismos subsidiarios".
Esta normatividad fue reformada el cinco de septiembre del año en curso, destacando las siguientes modificaciones: el acotamiento de la discrecionalidad en el otorgamiento de las donaciones, así como el seguimiento y supervisión de su aplicación; asimismo, el fortalecimiento de los mecanismos de sanciones al donatario que incumpla con una estricta rendición de cuentas en la aplicación de los apoyos otorgados y determinar como improcedentes las solicitudes de donatarios que no hayan rendido informes de aplicación de apoyos anteriores. En el mismo sentido, la incorporación de una nueva metodología para la asignación y distribución de los donativos y donaciones, con indicadores precisos que transparentarán el otorgamiento de dichos recursos, entre otros.
Esta normatividad también contempla la donación y donativos para las asociaciones civiles, asociaciones de asistencia y asociaciones de beneficencia, así como instituciones educativas, científicas, tecnologías y de investigación; fundaciones, comunidades agrarias, ejidos, autoridades municipales y sociedades cooperativas pesqueras vinculadas prioritariamente a las actividades de la industria petrolera.
Es de destacar que la reglamentación contempla el otorgamiento de los donativos y donaciones mayoritariamente a las entidades donde se asientan dos tipos de infraestructura petrolera: la estratégica y la relevante. La primera de ellas en estados como Campeche, Tabasco, Veracruz, Chiapas y Tamaulipas; la segunda en los estados de Guanajuato, Hidalgo, Coahuila, Nuevo León y Oaxaca. Según los datos reportados en el Informe sobre Desarrollo Sustentable de Pemex en el 2006, del total de las aportaciones en efectivo, el 99.1% se destinó en esos estados. Es decir, un aproximado a los novecientos veinte millones de pesos.
Asimismo, un informe presentado en el mes agosto de este año por el Centro de Análisis e Investigación, Fundar, precisa que de 1995 a 2006 la empresa distribuyó un total de 9 mil 527 millones de pesos beneficiando principalmente a los estados de Tabasco y Campeche, entidades donde se cuenta con instalaciones estratégicas. Y si bien la normatividad permite conocer la distribución por estado y la lista de beneficiarios, la información sobre la aplicación de dichos recursos en estas zonas petroleras es escasa; así como la generación de indicadores de impacto a la población beneficiada.
Los donativos y donaciones de Pemex, cuyo eje es la responsabilidad social empresarial, deben también dirigirse en un porcentaje más equitativo al resto de los estados donde diversas regiones llegan al alcanzar altos índices de marginación. Lo que la actual normatividad limita, ya que hay estados que al no tener inversiones petroleras no pueden ser objeto de los beneficios de los la empresa.
A pesar de ello, el reporte de donativos y donaciones en el periodo de enero-junio de 2007, informa de una donación de un bien inmueble al Estado de México por 17 mil 800 pesos, apoyo otorgado a instituciones educativas en los municipios de Tepexpan y Amanalco. En el mismo sentido, los estados de Guerrero, Colima y Michoacán fueron beneficiados con asfalto y combustible, teniendo estos tres una aportación total de más de 18 millones 540 mil pesos.
Si bien es cierto que la empresa tiene ya una pesada carga fiscal, es necesario hacer una readecuación de los esquemas de otorgamiento de donativos y donaciones para contemplar en su totalidad al territorio nacional y promover el apoyo a otras regiones que por su condición de marginación pueden ser objeto de las ayudas.
Aunado a ello es impostergable promover la rendición de cuentas de los apoyos otorgados para conocer el destino de los recursos y la cantidad de población beneficiada.
Por lo anteriormente expuesto, me permito solicitar sea considerado como de urgente y obvia resolución el siguiente:
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta a Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios a ampliar los donativos y donaciones a estados donde no existe infraestructura petrolera, así como a mejorar los esquemas de rendición de cuentas de los mismos.
Dado en el Salón de Sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 17 días el mes de octubre de 2007.
Diputado Juan Victoria Alva (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA A LAS COMISIONES ORDINARIAS DE ESTA SOBERANÍA A INCLUIR
LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN EL PROCESO DE ANÁLISIS Y APROBACIÓN
DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL
DE 2008, A CARGO DE LA DIPUTADA MARICELA CONTRERAS JULIÁN, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PRD
La suscrita diputada, Maricela Contreras Julián, presidenta de la Comisión de Equidad y Género e integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, de acuerdo a las siguientes:
Consideraciones
El 5 de marzo del año en curso, fue firmado el Pacto nacional 2007 por la igualdad entre mujeres y hombres por legisladoras y legisladores federales y locales de diversos grupos parlamentarios, así como por el Instituto Nacional de las Mujeres y las instancias estatales de las mujeres. Con dicho documento, se asumió, entre otros, el compromiso de impulsar la incorporación de la perspectiva de género en el análisis y discusión del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2008, con la finalidad de ampliar las asignaciones presupuestales y etiquetar los recursos a programas dirigidos a mujeres y promover la igualdad de género.
De igual forma, en el Pleno de la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados celebrada el 4 de octubre de 2007, fue aprobada la proposición con punto de acuerdo mediante el cual se exhorta a todas y todos los legisladores del país a suscribir el pacto mencionado.
Por otra parte, como resultado de la suma de esfuerzos y de la importancia que tiene el presupuesto con perspectiva de género, las Comisiones Unidas de Equidad y Género del Congreso de la Unión de esta LX Legislatura, el Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género y el Instituto Nacional de las Mujeres, la presidenta de la Mesa Directiva, los coordinadores de los diferentes grupos parlamentarios, las y los diputados de la presente legislatura, así como los titulares de las Secretarias de Hacienda y Crédito Público y de la Función Pública y del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, CONEVAL, instalaron el pasado 9 de octubre la mesa interinstitucional para la elaboración del presupuesto 2008 con perspectiva de género.
En dicho evento, los asistentes expresaron su compromiso para contribuir en el avance de las mujeres a través de la asignación de presupuestos desde un enfoque de género para el 2008.
El presupuesto público es una herramienta fundamental en el desempeño de las funciones de gobierno, puesto que en el diseño y aplicación de una política económica y social, se reflejan sus prioridades.
Los presupuestos con perspectiva de género no deben referirse sólo a la asignación de recursos públicos para programas o acciones que tiendan a satisfacer las necesidades de las mujeres o para la promoción de la equidad de género, sino que deben estar diseñados para que sean ejercidos y evaluados en sus avances a favor de los derechos de las mujeres. Lo anterior se traduce en la realización de programas y acciones públicas que consideren la desigualdad de género y busquen combatirla, partiendo de que la erradicación de la desigualdad es parte fundamental de toda sociedad para su desarrollo económico, político, social y cultural.
En ese sentido, un presupuesto con perspectiva de género, tal como lo escribe el documento ABC de los presupuestos sensibles al género, considera las diferencias entre mujeres y hombres, las relaciones de poder existentes, los distintos tipos de trabajo que ellas y ellos realizan, así como la forma en que usan su tiempo, en ocasión de distribuir asignaciones a una u otra política pública.
Una tarea fundamental que tenemos como representantes populares, es otorgarle la prioridad e importancia debida a los programas y presupuestos que se dirigen a las mujeres, ya que éstos constituyen un instrumento que disminuye la brecha de desigualdad que persiste en nuestro país.
Por ello, y con la finalidad de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 1 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, que establece que la administración de los recursos públicos federales debe realizarse con base en el criterio de equidad de género, proponemos la adopción del siguiente
Punto de acuerdo
Único. Se exhorta a las comisiones ordinarias de la Cámara de Diputados a que, en el proceso de análisis y discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2008, incorporen la perspectiva de género en las propuestas de ampliación, asignación y etiquetación de recursos que formulen ante la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de octubre de 2007.
Diputada Maricela Contreras Julián (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE
QUE EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN DE 2008
GARANTICE LA CONTINUIDAD DEL PROGRAMA DE APOYO DIRECTO AL INGRESO OBJETIVO
PARA EL ALGODÓN, A CARGO DEL DIPUTADO JERICÓ ABRAMO MASSO,
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
De conformidad con los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el de la voz, diputado Jericó Abramo Masso, del Grupo Parlamentario del PRI, presento a esta honorable soberanía el siguiente punto de acuerdo, de urgente u obvia resolución, bajo la siguiente
Exposición de Motivos
El año pasado subí a esta Tribuna a solicitarles a todos ustedes su apoyo para lograr una partida para la continuidad del Programa de Apoyo al Ingreso Objetivo para el algodón. Se logró este apoyo y esta honorable Cámara de Diputados asignó una cantidad para el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2007.
Para nosotros es prioritario recuperar nuestro campo, hacerlo productivo, establecer nuevos cultivos, emplear la tecnología necesaria, y sobre todo, ser autosuficientes en nuestros consumos agropecuarios. Todos sabemos la triste realidad que vive hoy el campesino y las comunidades rurales, que producen el alimento vital para los mexicanos, a pesar de que ellos, muchas veces, sólo tienen unas tortillas y sal, y chile para comer.
Históricamente la laguna en el estado de Coahuila fue cuna del algodón en México, de ahí se exportaba grandes cantidades para la fabricación de la mezclilla, producto que ahora es sin duda una prenda de vestir de gran uso en todas las edades.
Respaldamos, en ese momento, el punto de acuerdo presentado en el Congreso del estado de Coahuila, por parte de los diputados Jorge Abdalá Serna y Juan Alejandro de Luna González, de la Fracción Parlamentaria "Jesús Reyes Heroles" del Partido Revolucionario Institucional, para que se incluyera y se ampliara, en el Presupuesto de Egresos de 2007, el Programa de Apoyos Directos al Ingreso Objetivo, en específico para el algodón.
En las reglas de operación de este programa, publicadas en el Diario Oficial de la Federación del 17 de junio de 2003, se establece su objetivo: "Se busca otorgar a los productores agrícolas certidumbre económica, mejorar su competitividad en el mercado y con ello una mayor rentabilidad económica, impulsando la diversificación productiva, la integración de las cadenas agroalimentarias y el desarrollo regional".
Para el año 2003 se le asignó un monto de 4,655.6 millones de pesos, se garantizó un precio objetivo de 64 centavos dólar por libra de algodón pluma y se fijó en 300 mil pacas el límite para este apoyo. Para el presupuesto de 2004, se le asigno 3,958.4 millones de pesos a los Apoyos Directos Ingreso Objetivo, y una atención hasta 600 mil pacas. Para el Presupuesto de Egresos 2005, se asignó 2,945 millones de pesos para Apoyos Directos al Ingreso Objetivo, con una atención hasta 700 mil pacas; y para el Presupuesto de Egresos 2006, se asigno 4,621.6 millones de pesos para Apoyos Directos al Ingreso Objetivo, para hasta 700 mil pacas, lo que en términos reales significa una constante reducción de estos apoyos para el algodón.
Por lo anterior descrito, presento a esta H. Soberanía, el siguiente:
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta al Ejecutivo federal, y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la honorable Cámara de Diputados, a que se garantice la continuidad del Programa de Apoyo Directo al Ingreso Objetivo, en específico para el algodón, en el Presupuesto de Egresos 2008.
Al mismo tiempo se apruebe el establecimiento del Programa de Apoyo Directo al Algodón de manera especifica para el año fiscal del 2008, con el monto asignado el año de ejercicio fiscal anterior más el aumento de la tasa de inflación del mismo, de manera de garantizar su recuperación a valor de pesos constantes.
Palacio de San Lázaro, a 18 de octubre de 2007.
Diputado Jericó Abramo Masso (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE
QUE EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN DE 2008
SE CONSIDEREN RECURSOS PARA MANTENIMIENTO, SERVICIOS, MATERIALES DE TRABAJO,
PAPELERÍA Y EQUIPAMIENTO DE LAS ESCUELAS PÚBLICAS, SUSCRITA
POR DIPUTADOS DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE NUEVA ALIANZA
Los suscritos, integrantes del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a la consideración del Pleno de la honorable Cámara de Diputados la siguiente proposición con punto de acuerdo de obvia y urgente resolución mediante el que se exhorta a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para que en ejercicio de sus facultades, determinen las previsiones presupuestales para proporcionar, servicios de mantenimiento, materiales de trabajo para los docentes, papelería y equipamiento a las escuelas públicas, garantizando la educación pública gratuita, con base en las siguientes
Consideraciones
La educación constituye la mejor opción, para que las personas alcancen un desarrollo integral de sus aptitudes y capacidades, a través de la educación, se transmiten conocimientos, valores y principios que le proporcionan al individuo herramientas para convivir en armonía y contribuir al desarrollo de la sociedad.
La educación es una garantía individual y esta plasmada en el artículo 3o. de la Constitución, en el cual se definen las bases que hacen realidad un conjunto de instituciones públicas sobre las que recae la responsabilidad de garantizar el acceso a este derecho.
La educación pública gratuita es una conquista del pueblo mexicano, hacerla realidad es responsabilidad del Estado.
Sin embargo, a partir de la interpretación de la Ley General de Educación en su capítulo III, en el cual se faculta a las autoridades a promover mayor participación de la sociedad en la educación, así como el apoyo de particulares a su financiamiento, y en una práctica de muchas décadas, de solicitar "cuotas voluntarias" a los padres de familia, el Estado parece estar renunciando de manera gradual a cumplir con el precepto constitucional de la gratuidad de la educación pública.
A pesar de que en el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 se considera que "la principal riqueza de un país son sus hombres y sus mujeres." Pues "las naciones que han logrado el verdadero mejoramiento de las condiciones de vida de su población se distinguen por haber puesto especial atención en la provisión de una educación de calidad, relevante tanto para la vida como para el desempeño en el mundo productivo", esto no se refleja con esa claridad en las finanzas públicas.
En su Primer Informe de Gobierno, el Ejecutivo federal sostiene que "A pesar de este esfuerzo, los retos que tiene el país en materia educativa siguen siendo abrumadores" y dice estar consciente de "que necesitamos una reforma educativa que impulse la calidad y la equidad en la enseñanza, sin dejar de velar por la modernización de la infraestructura escolar, el acceso a las tecnologías pedagógicas de vanguardia y, desde luego, a la capacitación adecuada y al reconocimiento social a los maestros."
Sin embargo, la realidad muestra un panorama que contrasta con estos buenos propósitos, como se puede ver en la asignación de recursos en el presente Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal de 2008, en el que no se contemplan recursos para inversión en infraestructura y equipamiento educativo, a pesar de ser un renglón que impacta en las tareas cotidianas de las escuelas.
Esta escasez de recursos, se agudiza ante el estado en que se encuentra la infraestructura educativa. De acuerdo a la misma SEP, 8 de cada 10 escuelas están en condiciones pésimas, malas o irregulares; de cada 10 planteles educativos, 6 no cuentan con servicios de drenaje, tres enfrentan problemas de abasto de agua, 7 no tienen teléfono y 3 carecen de electricidad. En esta misma proporción, sólo uno de cada 10 cuenta con laboratorios y menos de 1 con talleres.
Ante este panorama, compartimos con el presidente, su preocupación por la urgencia de hacer realidad una reforma educativa que se refleje en una mayor equidad y calidad de la educación, por ello, desde el poder legislativo hacemos manifiesta nuestra demanda, para que el gobierno federal y las instancias correspondientes, cumplan con lo dispuesto en la Constitución y hagan efectivo el precepto de la gratuidad.
Recogemos la voz de los padres de familia, de los maestros y de la sociedad y desde esta tribuna, los integrantes del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, con base en las consideraciones expuestas, sometemos a esta honorable soberanía la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Artículo Primero. Se exhorta al Poder Ejecutivo federal, a que garantice la gratuidad de la educación pública, dotando a los planteles educativos de los recursos para el mantenimiento de su infraestructura y materiales para el desarrollo del trabajo docente.
Artículo Segundo. Se exhorta a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para que a partir del Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente al Ejercicio Fiscal de 2008, se consideren las previsiones presupuestales suficientes para que las escuelas públicas, cuenten con recursos para el mantenimiento de su infraestructura y servicios; así como el equipamiento de sus aulas de los recursos didácticos necesarios para la enseñanza.
Salón de Sesiones de la Cámara de Diputados, a 18 de octubre de 2007.
Diputados: Mónica Arriola (rúbrica),
Miguel Ángel Jiménez Godínez, Silvia Luna Rodríguez
(rúbrica), Irma Piñeiro Arias, Blanca Luna Becerril (rúbrica),
Manuel Cárdenas Fonseca (rúbrica), Jacinto Gómez Pasillas
(rúbrica), Humberto Dávila Esquivel (rúbrica), Ariel
Castillo Nájera.
CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE
QUE EN EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA
EL EJERCICIO FISCAL DE 2008 SE AUMENTEN LOS RECURSOS DESTINADOS AL FONAES,
SUSCRITA POR INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE FOMENTO COOPERATIVO Y
ECONOMÍA SOCIAL
La Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social es legalmente competente para conocer del presente asunto, conforme a lo dispuesto por el artículo 74, fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los artículos 39 numerales 1 y 2 fracción XV, 45 numeral 6 inciso g) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y artículos 58, 60, 65, 66, 87, 88 y 92 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, motivo por el cual, esta comisión señala los siguientes
Antecedentes
2. El 2 de octubre de 2007 la Secretaría Técnica de esta comisión a través del oficio número CFCES/489/2007, da a conocer a los integrantes de la comisión el acuerdo.
3. Los integrantes de la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social, llevaron a cabo diversas Sesiones Extraordinarias, con el objeto de desahogar dicho acuerdo.
Considerandos
1. Que la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social ha sido sensible a las necesidades de la economía social y solidaria, razón por cual, el trabajo legislativo de la comisión se ha centrado en diferentes iniciativas sobre el sector de la "economía social y solidaria." De esta forma de entender la economía se han realizado un sin fin de definiciones, pero sin embargo puede desprenderse un punto común que es el artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo referente a este tipo de economía, con lo que el trabajo legislativo de la comisión, se ha enfocado a desarrollar el conocimiento y el fomento a ese sector. Así, existe un proyecto de decreto que crea la Ley General de Economía Social y Solidaria (Reglamentaria del Artículo 25 Constitucional en lo referente al Sector Social de la Economía), que a la fecha se encuentra pendiente para discusión y votación en el Pleno de la honorable Cámara. Por otra parte, la comisión consciente de la necesidad de capacitación ha promovido actos, foros, giras de trabajo y un diplomado en economía social y solidaria, entre sus actividades.
2. Que la economía social y solidaria procura un sistema económico competitivo, que busca generar el empleo y autoempleo, la equidad en el ingreso y la distribución de la riqueza, como un medio de combate a la pobreza que procura la integración y la cohesión social; y que debe observarse como un sistema de inversiones menores de alto impacto social y un medio para generar condiciones de desarrollo sustentable a nivel regional y nacional.
3. Que los diputados integrantes de la comisión, atendiendo la mecánica de participación del acuerdo de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública que emite el mecanismo para la participación de las comisiones ordinarias en el examen y discusión del presupuesto, pero dado que no existe un programa, apoyo o medio por el cual puedan colocarse los proyectos de economía social y solidaria, es necesario que dentro del esquema de la administración pública se creen esos medios de apoyo.
4. Que las propuestas enfocadas al desarrollo y fomento del sector de la economía social y solidaria no pueden quedar pendientes, y que debe impulsarse y promover un mecanismo adecuado con la finalidad de atender dichas propuestas.
5. Que conociendo que en 1991 fue creado el programa y Fondo de Apoyo a las Empresas de Solidaridad (Fonaes), como un órgano desconcentrado de la Secretaría de Economía, responsable de los apoyos productivos individuales y colectivos; de emprendedores de escasos recursos; de la constitución y consolidación de empresas sociales; y de la participación en esquemas de financiamiento social. Debemos advertir que los programas sociales no sólo pueden ser de financiamiento crediticio, sino que deben plantearse como entes que apoyen a la economía social y solidaria.
6. Que el monto propuesto por el Ejecutivo para el Fondo Nacional de Apoyos para Empresas en Solidaridad, para el 2008, es de 490.3 millones de pesos en diversos apoyos y programas, y que para cubrir con las necesidades del sector, entendemos que es importante destinar mayores recursos a Fonaes a fin de que se incluya dentro de los apoyos otorgados, un programa especial dirigido a proyectos y empresas de la economía social y solidaria.
7. Que la administración del nuevo programa debe quedar bajo la tutela de la Secretaría de Economía, a través del Fondo Nacional de Apoyo de Empresas en Solidaridad. Los apoyos y reglas de operación que emita el ejecutivo y que se deriven del programa, deberán impulsar a las entidades del sector de la economía social y solidaria bajo criterios de equidad social, solidaridad y productividad; sujetándolas a las modalidades que dicte el interés público en beneficio general, de los recursos productivos y creación de fuentes sustentables de empleo.
8. Que los objetivos del programa y sus reglas de operación se enfocarán al:
III. La ayuda a la comercialización de productos.
IV. La capacitación al trabajo productivo.
V. La industrialización y producción sustentable.
VI. Los apoyos científicos, técnicos y
tecnológicos.
VII. El desarrollo de patentes propias de las empresas objetivo.
VIII. Facilitación e intermediación en la creación de acuerdos entre las empresas sociales y las universidades, centros de estudio y el Conacyt, conforme a las reglas de los programas que se crearán.
IX. La creación, fomento y administración de redes de producción de empresas sociales.
Por las consideraciones anteriormente expuestas y en sesión extraordinaria del 15 de octubre de 2007, el pleno de la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social aprueba el siguiente
Acuerdo
Primero. El Pleno resuelve constituir un grupo de trabajo conjunto con la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la honorable Cámara de Diputados, presidida por esta Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social, a fin de solicitar que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente al Ejercicio Fiscal de 2008, se incremente por un monto de 980 millones de pesos los recursos al Fondo Nacional de Apoyo para las Empresas de Solidaridad (Fonaes) para que se incluya dentro de los apoyos otorgados, un programa especial dirigido a proyectos y empresas de la economía social y solidaria.
Segundo. Notifíquese a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública y de Fomento Cooperativo y Economía Social de la honorable Cámara de Diputados para informar el presente acuerdo.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 18 de octubre de 2007.
La Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social
Diputados: Dolores María Manuell-Gómez
Angulo (rúbrica), Othón Cuevas Córdova (rúbrica),
Raciel Pérez Cruz (rúbrica), Joel Guerrero Juárez
(rúbrica), secretarios; Gerardo Aranda Orozco (rúbrica),
Patricia Obdulia de Jesús Castillo Romero (rúbrica), Antonio
del Valle Toca, Adriana Díaz Contreras, Armando Jesús Félix
Holguín (rúbrica), César Flores Maldonado, Sergio
González García, Wenceslao Herrera Coyac, María de
los Ángeles Jiménez del Castillo (rúbrica), Juan Darío
Lemarroy Martínez (rúbrica), Leonardo Melesio de Jesús
Magallón Arceo (rúbrica), Luis Xavier Maawad Robert (rúbrica),
María Ofelia Malcos Amaro (rúbrica), Víctor Manuel
Méndez Lanz, Fernando Quetzalcóatl Moctezuma Pereda (rúbrica),
Gloria María Perroni Merino (rúbrica), Ernesto Oviedo Oviedo
(rúbrica), Rafael Placido Ramos Becerril, Rosa Elia Romero Guzmán
(rúbrica), Carlos René Sánchez Gil (rúbrica),
Claudia Sánchez Juárez (rúbrica) Sergio Sandoval Paredes,
Enrique Serrano Escobar, Daniel Torres García (rúbrica).
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA A LAS LEGISLATURAS DE LOS ESTADOS Y A LA ALDF A EMITIR UN MARCO
JURÍDICO QUE REGULE EL ESTABLECIMIENTO Y FUNCIONAMIENTO DE LAS CASAS
DE EMPEÑO; A LA SHCP, A CONTROLAR Y SUPERVISAR ÉSTAS; Y AL
EJECUTIVO FEDERAL, A PUBLICAR CON LA MAYOR BREVEDAD LA NOM-179-SCFI-2006,
A CARGO DEL DIPUTADO RICARDO FRANCO CÁZAREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PAN
Suscribe, contador público Ricardo Franco Cázarez, diputado de la LX Legislatura del Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite presentar ante esta soberanía punto de acuerdo, con base en los siguientes
Considerandos
A través de la historia podemos saber que las condiciones económicas y sociales cambian conforme a la dinámica de cada país. El crédito prendario en un principio fue otorgado por la iglesia, posteriormente por el Estado y consecutivamente por instituciones no lucrativas. La práctica del préstamo prendario inició en México en 1775, con el nacimiento de lo que hoy conocemos como "Nacional Monte de Piedad". Fue la primera institución en servir a quienes requerían dinero a cambio de dejar algún bien en garantía de pago.
El más importante de sus objetivos era proporcionar ayuda permanente a las personas necesitadas. En esta primera casa de empeño no se cobraban intereses, y en caso de que el pignorante quisiera donar alguna cantidad, ésta se utilizaba para ayudar a los desvalidos y para la celebración de las misas de difuntos.
Esta forma de empeño poco a poco se fue arraigando, convirtiéndose en una práctica socorrida. Así surgieron a través de los años otras casas de préstamos, como el montepío Luz Saviñón, creado en 1902. Éstas tenían los mismos objetivos, por demás admirables, y hasta la fecha son consideradas instituciones de asistencia privada (IAP).
En los últimos años es evidente que comenzaron a proliferar las casas de empeño, ahora manejadas por particulares; sin embargo, los propósitos originales cambiaron a fines completamente lucrativos.
Tanto las IAP como las empresas particulares cobran intereses a los pignorantes; la gran diferencia reside en que las primeras los destinan a la beneficencia, mientras que las segundas buscan dividendos para los socios o el propietario, según el caso.
Su actividad sólo es monitoreada más no regulada por la Procuraduría Federal del Consumidor y por la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef).
Estas instituciones operan preponderantemente sobre alhajas, y prestan un promedio de 40 o 50 por ciento del valor original de las prendas; los préstamos son inmediatos. En años recientes, en el país, más en zonas netamente turísticas, han aparecido gran cantidad de casas de empeño. Éste es un negocio muy rentable en el corto y largo plazos que con el tiempo reditúa la inversión.
Las casas de empeño prestan dinero a plazos que van de dos a seis meses, donde podemos observar que circula rápidamente la inversión, la ganancia está en la colocación rápida y eficiente de los préstamos, así como en el referendo del préstamo, el cual genera intereses, semanales, quincenales o mensuales. Algunas casas de empeño cobran intereses hasta por 9 por ciento, esto quiere decir que al cabo de tres meses se obtiene una ganancia de 27 por ciento. Sin embargo, en el peor de los casos, si el préstamo se refrenda, es decir, si inicia nuevamente el préstamo, se duplican sus ganancias.
Desafortunadamente, las casas de empeño han proliferado considerablemente sin ningún tipo de regulación, la mayoría de estos negocios privados goza de total impunidad. Las casas o sociedades que ofrecen servicios de préstamo inmediato de dinero han sido cuestionadas por el cobro excesivo de intereses, que estrangulan a quienes buscan una salida rápida a sus problemas.
Actualmente, nos encontramos con otro problema: a la par, están proliferando las franquicias, las cuales pueden costear entre 100 mil y 200 mil pesos, dependiendo del número de habitantes en la zona en que se instale. Es un buen negocio y para asegurar el éxito del mismo, el dueño de la franquicia proporciona local exclusivo, marca, sistemas, manuales, capacitación, contrato prendario, catálogo de proveedores y asesoría en publicidad. Hay hasta quienes ofrecen apoyo logístico, sistemas de publicidad y banco de bolsa de trabajo.
Las personas que acuden a solicitar un préstamo prendario a las casas de empeño son en su mayoría las que no tienen acceso a créditos bancarios.
Según un estudio de la Condusef, la opción más económica de servicios de empeño es el Nacional Monte de Piedad, ya que cobra un interés de 48.0 por ciento, cuando su tasa más cara por año es de 159.6 por ciento. Sin embargo, estos datos fueron recabados a mediados de 2006, por lo que las tasas podrían haber aumentado considerablemente al ser ellos los que ponen los intereses.
Como se mencionó, las casas de empeño no son reguladas por alguna autoridad financiera. Por lógica, es fácil suponer que éstas pueden hacer y deshacer sus costos, es decir, pueden poner la tasa de interés que mejor les convenga. Por si fuera poco, algunas de estas casas de empeño no cuentan ni con seguros en caso de robo, por lo cual, si la gente empeña en alguna de ellas, podrían perder sus objetos y no podrán presentar reclamación alguna.
La Condusef tiene intervención en toda institución que está registrada ante las autoridades financieras, por lo que puede estudiar casos relacionados con las cajas de ahorro; pero el problema son las casas de empeño, sobre las cuales no existe competencia, dado que no se encuentran catalogadas como instituciones financieras.
Actualmente, existe el proyecto de Norma Oficial Mexicana NOM-179-SCFI-2006, la cual fue publicada en el Diario Oficial de la Federación con fecha 13 de febrero del presente año, para la operación de casas de empeño, los contratos de estos negocios prendarios que ofrecen créditos deberán registrarse ante la Procuraduría Federal del Consumidor; además, tendrán que exhibir las tasas de interés que cobran a los usuarios, con lo que se busca dar mayor transparencia a su operación. Sin embargo, hoy día se encuentra sólo como un proyecto de norma; es urgente regular dichos establecimientos.
Si se logra su regulación, tendrían que registrar su contrato de adhesión ante la Procuraduría Federal del Consumidor. Deberán transparentar sus costos, deberá quedar muy claro cuánto van a cobrar por ese interés, cuánto va a pagar la persona de manera anualizada o el costo total, a fin de proteger de abusos de estos negocios, que actualmente no se encuentran regulados.
Por lo expuesto, someto a la consideración de esta soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
1. La Cámara de Diputados solicita a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público que realice los estudios necesarios a fin de que se regule, controle, vigile y supervise el funcionamiento de las sociedades que realizan contratos de mutuo interés y garantía prendaria bajo el esquema de "casas de empeño".
2. Asimismo, se exhorta a todas las legislaturas de los estados y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, en el ámbito de su competencia, para que emitan un marco jurídico que regule eficazmente la instalación y el funcionamiento de los establecimientos que tengan por objeto la realización de contratos civiles de mutuo interés con interés y garantía prendaria a través de las denominadas "casas de empeño".
3. Se solicita al Ejecutivo federal que publique con la mayor brevedad la NOM-179-SCFI-2006, "Servicios de mutuo interés con interés y garantía prendaria", a fin de establecer los requisitos de información comercial que deben proporcionarse en los servicios de mutuo interés y garantía prendaria, así como los elementos de información que debe tener el contrato que utilicen para formalizar la prestación de estos servicios, ante el incremento de las casas de empeño y su falta de regulación.
Diputado Ricardo Franco Cázarez (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, RELATIVO
AL PROGRAMA DE APOYO A LAS INSTANCIAS DE MUJERES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS,
A CARGO DE LA DIPUTADA MARICELA CONTRERAS JULIÁN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PRD
La suscrita diputada Maricela Contreras Julián, presidenta de la Comisión de Equidad y Género e integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, de acuerdo a las siguientes
Consideraciones
Como respuesta a diversas inquietudes y solicitudes de las instancias estatales de las mujeres a la Comisión de Equidad y Género, y con base en el Pacto Nacional 2007 para la Igualdad entre Mujeres y Hombres firmado por diputadas y diputados de esta LX Legislatura, se llevó a cabo el pasado 21 de agosto el foro denominado Balances y Perspectivas del Programa de Apoyo a las Instancias de las Mujeres en las Entidades Federativas 2007 (PAIMEF), convocado por esta comisión.
A dicho evento acudieron 25 de las 32 Instancias estatales de las mujeres. En este espacio de discusión y reflexión, dichos organismos realizaron un balance y compartieron sus experiencias sobre la operación y administración de los recursos del PAIMEF, información necesaria para que esta comisión pudiera tener elementos de análisis sobre dicho programa en el marco de las facultades que le otorga el artículo 106 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, en torno al seguimiento del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2007.
Las instancias de las mujeres de las entidades federativas participantes fueron: Colima, San Luis Potosí, Baja California, Baja California Sur, Nayarit, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Aguascalientes, Oaxaca, Puebla, Veracruz, Chihuahua, Zacatecas, Tlaxcala, Chiapas, Distrito Federal, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Morelos, Nuevo León y Michoacán.
Las participantes en el foro destacaron que con la firma del Pacto Nacional por la Igualdad entre Mujeres y Hombres 2007, se asumió el compromiso de contar con presupuestos con perspectiva de género, que contemplen programas de apoyo a las mujeres y promuevan la equidad de género; asimismo a impulsar, en el ámbito de las esferas de competencias, la incorporación de la transversalidad de la perspectiva de género en el gasto público, a través de propuestas con programas de gasto etiquetado en los proyectos del Presupuesto de Egresos de la Federación o de los estados.
Para las instancias participantes no hay duda alguna de que el Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas (PAIMEF) ha sido una acción afirmativa del gobierno basada en el cumplimiento de los diversos acuerdos internacionales que ha signado el Estado mexicano, que ha generado un gran impulso para el avance de las mujeres de nuestro país, tal como lo ha sido la creación del mismo Instituto Nacional de las Mujeres, entre otras medidas.
El PAIMEF ha sido ejecutado a través del Instituto Nacional de Desarrollo Social (Indesol), dependiente de la Secretaría de Desarrollo Social y que tiene como propósito el destinar recursos a las instancias de las mujeres de las entidades federativas, con la finalidad de diseñar acciones que detecten, prevengan y atiendan la violencia contra las mujeres, priorizando a los grupos que vivan en pobreza extrema, así como a aquellas actividades que se articulen o coordinen con otras instancias y/o programas gubernamentales.
Sin embargo, coincidieron en la necesidad de una debida planeación, presupuestación e institucionalización como líneas estratégicas en la operación del PAIMEF, lo que implica la transformación de la práctica, normas y procedimientos para innovar la racionalidad de las instituciones y la forma en la que se aborda la desigualdad entre mujeres y hombres, materializándose en el ingreso a la agenda pública como un tema que reorganice las formas de trabajo, prioridades, estrategias, metas y objetivos interinstitucionales.
Destacaron que no es suficiente incrementar el gasto, sino hacer visibles los recursos comprometidos que permitan mejorar la situación de las mujeres.
Mencionaron que para el ejercicio de estos recursos de carácter federal, las instancias estatales de las mujeres han dado cumplimiento a las reglas de operación. Las opiniones de las diversas instancias convergen en el sentido de que algunos de los criterios establecidos en dicha regla ha limitado las actividades en la operación de refugios, dejando de lado la atención integral de las mujeres víctimas de violencia, así como la institucionalización de la perspectiva de género en sus respectivas entidades, además de tener limitado el marco de su actuación para propio fortalecimiento institucional, aunado a lo anterior se encuentra la poca celeridad en los procedimientos para la ministración de los recursos.
Una parte de las conclusiones del foro, respecto al PAIMEF, son las siguientes:
• Que sus recursos presupuestales sean irreductibles.
• Que se institucionalice el recurso, de conformidad a la Ley General de Igualdad entre Mujeres y Hombres, y la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
• Que sus recursos no deben ser localizados sólo a la violencia de género, sino que deben orientarse a políticas públicas de transversalidad.
• Que el diseño de las reglas de operación permita realizar acciones que promuevan la erradicación de la desigualdad y la discriminación de las mujeres desde la perspectiva de género.
• Que las reglas de operación tengan como líneas estratégicas la planeación, presupuestación y cultura institucional, a fin de homologar los criterios que permitan la institucionalización de la perspectiva de género.
• Que a través de las reglas de operación, se logre la vinculación con los municipios que permita el acercamiento, fortalecimiento y consolidación de las instancias municipales de mujeres.
• Que las reglas de operación sean sencillas, claras, con fecha límite de presentación de proyectos y explicitar la fecha de entrega de recursos.
• Que su operación, a través del Inmujeres, permita el fortalecimiento y consolide a las instancias de las mujeres de las entidades federativas a través de equipamiento y necesidades prioritarias.
• Que en el diseño de las nuevas reglas de operación del PAIMEF, una vez trasladado al Inmujeres, exista una comunicación con las instancias de las mujeres de las entidades federativas.
En atención a las conclusiones del foro descrito y derivado del proceso de análisis y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2008, se propone la adopción del siguiente
Punto de Acuerdo
Primero. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para que, en el proceso de análisis del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2008, el Programa de Apoyo a las Instancias de las Mujeres en las Entidades Federativas para implementar y ejecutar programas de prevención de la violencia contra las mujeres, actualmente manejado por el Instituto Nacional de Desarrollo Social, sea reasignado para su operación en el PEF 2008 al Instituto Nacional de las Mujeres.
Segundo. Que la denominación del programa referido, una vez reasignado en el Instituto Nacional de las Mujeres, quede como sigue: Programa de Apoyo a las Instancias de las Mujeres en las Entidades Federativas.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 17 de octubre de 2007.
Diputada Maricela Contreras Julián (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA QUE
EN EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN DE 2008
SE ASIGNEN RECURSOS A LOS MUNICIPIOS DE LA SIERRA NORTE DE PUEBLA, A CARGO
DEL DIPUTADO ALBERTO AMADOR LEAL, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
Los suscritos, diputados federales integrantes de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en la fracción I de los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo para el desarrollo integral y sustentable de la Sierra Norte del estado de Puebla.
Exposición de Motivos
El pasado 22 de febrero me permití presentar, junto con mis compañeros Wenceslao Herrera Coyac y María Esther Jiménez Ramos, un punto de acuerdo para el desarrollo forestal sustentable para el desarrollo de la Sierra Norte de Puebla:
"El desarrollo regional equilibrado y sustentable consiste en integrar a las comunidades, acondicionar su territorio y aprovechar de manera equitativa y racional los recursos naturales, de tal forma que se mejoren progresivamente las condiciones de bienestar humano y social, se vigorice la gestión del estado y de los Municipios y, al mismo tiempo, se garantice a las próximas generaciones, por lo menos, las mismas bases para su progreso.
En la coyuntura actual, que se distingue por la alternancia y, a la vez, por un renovado pluralismo político en los estados y los municipios; la promoción del desarrollo regional y la planeación de los programas y las obras de los tres órdenes de gobierno, asume un papel de enorme trascendencia.
Ciertamente para hacer concurrir las visiones, los afanes y, desde luego, los recursos de los tres órdenes de gobierno hará falta, antes que nada, voluntad política, pero también instrumentos que faciliten los acuerdos que permitan un despliegue eficaz e incluyente de los programas de gobierno. Por ello, se propone que en el marco del sistema de planeación se promueva la ejecución de programas para el desarrollo, integral e incluyente, de las regiones prioritarias.
México enfrenta un enorme reto para erradicar la situación de pobreza y marginación de una parte importante de su población. De los aproximadamente 104 millones de habitantes que tiene el país, más del 50 por ciento se encuentran por debajo de la línea de pobreza. En el sector rural la proporción de la población humilde es mayoritaria, pues según las mediciones de la Secretaría de Desarrollo Social, de los cerca de 26 millones de habitantes rurales, el 70 por ciento carece de ingreso suficiente para cubrir los requerimientos básicos de alimentación, salud, educación y vestido y el 35 por ciento no recibe un ingreso que le permita pagar al menos sus gastos en alimentación por lo que se encuentra en clara vulnerabilidad alimentaria.
El estado de Puebla se encuentra dividido en 7 regiones socioeconómicas, esta distribución declinó por razones de planeación y por ser unidades de desarrollo más homogéneas y con un alto grado de identidad histórica.
La región I comprende la Sierra Norte de Puebla, que tiene marcados contrastes sociales y agudos desequilibrios en la distribución e intensidad de las diferentes actividades productivas. Se requiere, en consecuencia, de la aplicación de medidas urgentes que permitan dar una salida adecuada a las tensiones y conflictos que se están gestando en su seno, como consecuencia de la carencia de bienes, servicios, satisfactores básicos y sobre todo de empleo e ingreso. Pero la región cuenta también con infraestructura y, sobre todo, con recursos humanos y naturales que la dotan de una gran potencial para su desarrollo.
1. Antecedentes
Con fecha del 14 de diciembre de 2000 los diputados Alberto Amador Leal y Cutberto Cantorán Espinosa, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentaron una proposición con punto de acuerdo ante el pleno para que, en el marco de las facultades concurrentes que les son propias, los tres órdenes de gobierno procedieran a la ejecución de un programa integral para el desarrollo de la Sierra Norte del estado de Puebla. El punto de acuerdo fue aprobado y, consecuentemente, la Comisión de Desarrollo Social de esta Cámara realizó, en coordinación con el gobierno del estado de Puebla, un foro en los municipios de Zacatlán y Huauchinango. El foro, en el que participaron diputados de todas las fracciones parlamentarias, facilitó la aprobación de obras y programas estratégicos, tales como: la instalación del tecnológico de Huauchinango y la Universidad Tecnológica de Xicotepec; el proyecto de la Universidad Intercultural, la instalación del campus de la BUAP en Chignahuapan; la construcción de la autopista Tlaxco-Tejocotal; la continuación de la construcción de la autopista México-Tuxpan; la pavimentación de carreteras a las cabeceras municipales; el Programa de Estabilización de los Precios del Café; el fomento a la producción ganadera y la citricultura; la construcción del parque industrial Chignahuapan-Zacatlán; la construcción de los hospitales generales de Tlaola, Mecapala, Xicotepec de Juárez y Huauchinango (en proceso); el inicio del Programa Integral de Saneamiento de la Cuenca de Necaxa; el proyecto ecoturístico del corredor Chignahuapan-Zacatlán-Piedras Encimadas; la construcción de 2 mil 500 viviendas y de 25 mil pisos dignos; la dotación de agua a 21 mil 491 viviendas; la dotación de drenaje a 31 mil 165 más y de energía eléctrica a 22 mil 800, como lo más relevante.
El 20 de enero de 2004 se publicó el decreto que expide la Ley General de Desarrollo Social. El artículo 29 establece que se consideran zonas de atención prioritaria las regiones cuya población registra índices de pobreza y marginación indicativos de marcadas insuficiencias y rezagos. Asimismo establece en su artículo 30 que la Cámara de Diputados hará la declaratoria de zonas de atención prioritaria, al aprobar el Presupuesto de Egresos de la Federación. Tal declaratoria no se ha realizado, toda vez que el Ejecutivo federal no ha presentado la propuesta correspondiente. No obstante, los gobiernos de los estados han establecido sus propias estrategias de desarrollo local.
Así el gobierno del estado de Puebla incluyó, en su Plan Estatal de Desarrollo 2004-2010, estrategias específicas para el desarrollo de las regiones, particularmente de la Sierra Norte, la Sierra Nororiental, la Mixteca y Tehuacán y la Sierra Negra, que son las zonas de atención prioritaria por su mayor grado de marginación.
Precisamente el presidente Felipe Calderón presentó el programa de 100 acciones, en 100 días para los 100 municipios más marginados del país. El programa incluye 10 Municipios de Puebla, de los cuales tres son de la Sierra Norte: Chiconcuautla, San Felipe Tepatlán y Camocuautla, siendo positivo por su inmediatez y focalización; este programa es insuficiente, porque no ataca de manera integral los problemas estructurales que tenemos que ver, además de la pobreza, con la producción, el empleo y el medio ambiente.
La diferencia esencial entre el modelo de atención territorial de micro región y el de zona de atención prioritaria; estriba en que el primero privilegia la dispersión territorial y la atención por municipio con mayor grado de marginación, en tanto que el segundo pretende abordar de manera integral los problemas estructurales, vinculando las acciones y obras de alcance nacional, estatal o sectorial (medio ambiente, desarrollo rural, infraestructura carretera, etcétera) con las potencialidades y obstáculos para el desarrollo de cada zona o región.
Por todo ello y ante la exigencia social de la población de los distritos que nos eligieron, presentamos este primer punto de acuerdo que posteriormente habrá de extenderse al resto de las regiones de Puebla, a la vez que pugnaremos por el ejercicio pleno de la facultad que otorga a esta soberanía el artículo 30 de la Ley General de Desarrollo Social.
2. Breve diagnóstico
La Sierra Norte de Puebla comprende en lo geográfico una extensión territorial con una superficie accidentada, con elevaciones que varían entre los 500 y 3 mil metros sobre el nivel del mar, lo que le da una amplia diversidad de paisajes naturales y ambientes productivos. También cuenta con una compleja composición sociocultural colinda con los estados de Veracruz, Hidalgo y Tlaxcala siendo un paso recurrente hacia el noreste del país
Esta región, la segunda en importancia en el Estado, cuenta con más de mil 593 localidades, distribuidas en 35 municipios, con una población total de 628,962 mil habitantes, correspondiendo el 51.7 por ciento a mujeres y el 48.2 por ciento a hombres y representando el 11.6 por ciento de la población absoluta en el estado, que tiene un total de 5 millones 383 mil 133. Del año 2000 al 2005 se observa un incremento marginal en la región, pero con la tendencia en los últimos treinta años de ser la tercera región con mayor crecimiento de población rural y urbana.
Dentro de la región se destacan por su dimensión poblacional y económica los municipios de Huauchinango, Xicotepec, Zacatlán y Chignahuapan.
En el siguiente cuadro se puede apreciar que la población aumentó en 881 habitantes, respecto al 2000, cuando tenía una población de 628 mil 81.
En la región existe una población orgullosamente
indígena, que ha preservado la identidad y la cultura y que suma
casi 160 mil personas de 5 años y más, alrededor de un tercio
del total del Estado. La población indígena más numerosa
es la hablante de náhuatl, con poco más de la mitad, la lengua
totonaca es hablada por poco más de un tercio, y el otomí
lo habla uno de cada veinte indígenas de la región.
En cuanto a las zonas urbanas, en los últimos 30 años la región aumentó su población urbana en poco más de 3.2 veces. Ello propició que el crecimiento de la inversión pública fuera destinada en mayor medida a dotar de servicios urbanos básicos a los principales centros de población, que crecieron de manera desordenada.
Pese a este esfuerzo, la cobertura de servicios básicos, con relación a las demás regiones del estado, sigue siendo deficitaria puesto que ocupa el cuarto lugar en drenaje. En el siguiente cuadro se puede observar la cobertura de este servicio para 90 mil 383 viviendas, es decir 65.16 por ciento, al incrementarse este indicador en 31 mil 165 viviendas, puesto que en 2000 era de 59 mil 218 viviendas con el servicio. Por lo que respecta al rubro de energía eléctrica en 2000 se tenía una cobertura en 111 mil 241 casas con el servicio y, para el 2005, se observa una disminución de 22 mil 888, resultando una cobertura de 88 mil 353 viviendas con el servicio. La tenencia de agua potable tuvo un incremento de 21 mil 491 viviendas adicionales, ya que en el 2000 se tenía una cobertura de 80 mil 240 viviendas y, en el 2005 se cubrió a 101 mil 731 viviendas.
En materia de salud se cuenta con 0.92 médicos por cada mil habitantes ubicándola por debajo de la media estatal que es de 1.12. En cuanto a la población total que cuenta con servicio de salud como derechohabiente es de 196 mil 678 habitantes aumentando en 126 mil 704 personas más, porque en 2000 apenas 69 mil 974 era la población que contaba con este servicio. Si bien es considerable el avance tenido, resulta insuficiente a la luz de dos factores: El primero es el tamaño de su población, una de las más grandes dentro del estado de Puebla y, la segunda que se cubre a menos de 30 por ciento del total, es decir que siete de cada diez serranos están a la espera de este servicio.
La suma de estos elementos han hecho que más de dos tercios de la población en sus municipios califiquen con grados de marginación alto y muy alto, aún cuando una porción importante de la población vive en condiciones de marginación distintas a la señalada, persisten situaciones de polarización social hasta en estos municipios. Uno de los elementos que más incide en esta condición de marginación es la existencia de altos niveles de analfabetismo, que alcanzan a uno de cuatro serranos de 15 años y más. Para referenciar la magnitud de este rezago, vale decir que es tres veces superior al presentado en el ámbito nacional.
En cuanto a su economía, se mantiene predominantemente agropecuaria, en una cercana vinculación con los estados vecinos, ya que un alto porcentaje de su excedente de producción está destinado a los mercados de Hidalgo y Veracruz. Esta vocación es una condición prioritaria que deberá ser tomada en cuenta al desarrollar las políticas de planificación regional, en donde se considere y respete la perspectiva de los propios productores.
La región de la Sierra Norte de Puebla es eminentemente rural, de producción agrícola, donde actualmente es notorio el proceso de deterioro del medio ambiente. Ejemplo de ello es el saqueo de los recursos forestales, ante esta situación es imprescindible impulsar un proyecto de investigación para elaborar un diagnóstico, donde la búsqueda del beneficio regional sea articulada con una participación social intensa.
La mencionada marginación cuyo carácter es secular, ocurre dentro de esta región afectando a un gran número de pueblos, teniendo como consecuencia un grave atraso en el desarrollo. Esta situación de alta incidencia de la pobreza, analfabetismo, deterioro de las condiciones de salud y alimentación, que sintetizan las precarias condiciones de vida de la población, aunada a las limitadas expectativas de alcanzar mejores niveles de bienestar, obligan al abandono de las tierras y a optar por la migración.
Existen otros factores que contribuyen a inducir la migración como:
Lamentablemente este punto de acuerdo no fue desahogado, por lo que no ha sido posible una consulta directa a los pueblos y las comunidades. En razón de lo anterior, me permito proponer el siguiente punto de acuerdo en lo que corresponde a los municipios que integran el distrito 01 electoral federal que represento y de los municipios de Ahuzotepec y Chiconcuautla.
Por lo anterior y en uso de las facultades que me confieren los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito presentar ante esta soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública a incluir en el ejercicio del Presupuesto para el ejercicio de 2008, las siguientes obras y programas:
A. Obras
1. Municipio de Ahuazotepec
• Segunda etapa pavimentación camino la Unión-Patla- Chicontla.
• Elaboración del estudio y proyecto para la construcción del camino tipo "E" Buenos Aires-Monte de Chila con una longitud aproximada de 15 kilómetros.
• Elaboración del estudio y proyecto para la construcción del puente vehicular del camino Buenos Aires-Monte de Chila.
• Concluir la modernización y ampliación del camino tipo "D" mejorado Iczotitla-Cueyatla, con una longitud de 2.40 kilómetros. Tramo Iczotitla-Mextla Arriba, del kilómetro 2+813 al kilómetro 5+220 del municipio de Naupan.
• Concluir la modernización y ampliación del camino tipo "D" mejorado Ramal a Chachahuantla, con una longitud total de 3.6 kilómetros. Del kilómetro 0+000 al kilómetro 3+531.49 del municipio de Naupan.
• Ampliación y modernización de la carretera intermunicipal Naupan-Pahuatlán.
• Promoción de la universidad virtual de Naupan.
• Construcción de dos puentes sobre el río Pantepec que comuniquen a las comunidades de Puebla: Progreso de Allende, Ceiba Chica, Agua Linda, el Zapote, Loma Bonita, San José; que hoy quedan aisladas durante el periodo de lluvias.
• Remodelación del albergue de Ignacio Zaragoza.
• Modernización y ampliación de la carretera alimentadora Vista Hermosa-San Pedro Petlacotla, del kilómetro 2+000 al 6+000 de la localidad de San Pedro Petlacotla.
• Modernización y ampliación de la carretera alimentadora Dos Caminos-Papaloctipan del kilómetro 0+000 al kilómetro 5+000.
• Construcción del camino rural tipo "E" Teteloloya-San Lorenzo de 4.98 kilómetros y construcción del puente vehicular Ixmal ubicado sobre el mismo tramo del camino.
• Reconstrucción del camino rural Hula-Teteloloya de 3.32 kilómetros de longitud.
• Rehabilitación del camino rural La Esperanza-Hula de 3.02 kilómetros de longitud.
1. Promoción del crecimiento económico y del empleo
• Instalación de una planta procesadora de cítricos para generar productos de calidad que puedan competir en el mercado nacional e internacional en los municipios de Francisco Z. Mena, Jalpan, Pantepec, V. Carranza, Xicotepec de Juárez, Acateno, Tenampulco, Ayotoxco, Hueytamalco, Zoquiapan, Cuetzalán del P. Tuzamapan, Janotla, Huehuetla, Huitzilan de S., Tlatlauquitepec, Izúcar de M. Zxochiltepec, Tilapa y Huaquechula.
• Fortalecimiento del programa de apoyo a la cafeticultura.
• Impulsar el programa de fomento a la ganadería.
• Construcción del parque industrial Huauchinango-Ahuazotepec.
• Programa integral de apoyo a la producción de
árboles, flores y plantas de ornato, incluyendo la construcción
de dos nuevos mercados.
• Impulso al proyecto de la cuenca de Chicontepec respetando
el equilibrio ecológico de los municipios de Pantepec, Francisco
Z. Mena y Venustiano Carranza.
• Mejorar los accesos a las zonas con potencial turístico.
• Impulsar corredor turístico Chignahuapan-Zacatlán-Las
Lajas el Tejocotal.
• Revertir el deterioro Ecológico en las zonas forestales.
• Construcción de tres estaciones de transferencia, equipo para recolección de residuos sólidos en los municipios de Huauchinango, Chila Honey, Pahuatlán, Tlacuilotepec, Tlaola, Zihuateutla, Villa Ávila Camacho, Venustiano Carranza y Villa Lázaro Cárdenas.
• Ampliación de colectores marginales e instalación de plantas de tratamiento en Chignahuapan, Zacatlán, Huauchinango, Nuevo Necaxa, Tenango de las Flores, Xicotepec de Juárez.
• Construcción de acceso al centro de Huauchinango (puente San Juan).
• Apoyar la recuperación del desarrollo urbano de Huauchinango, Juan Galindo y Xicotepec, para hacer habitables las ciudades para todos. Se construirán nuevos mercados municipales para dar un empleo digno a los ambulantes, así como la central de abasto y las centrales de autobuses. Al mismo tiempo, se promoverá el ordenamiento urbano y, en su caso, la pavimentación o mejoramiento de las carreteras de las juntas auxiliares. En especial las de: La Magdalena, Chila de Juárez, San Pablito, Xolotla, Cuacuila, Tenango, Las Colonias, Ahuacatlán Xaltepuxtla, Villa Ávila Camacho, San Pedro Petlacotla, María Andrea, Lázaro Cárdenas, Mecapalapa, San Bartola, Tizatlán, Temascalapa-Cuautepec y San Agustín-Tlapehuala.
Diputado Alberto Amador Leal (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A EXPEDIR EL REGLAMENTO DE LA LEY DE LOS
DERECHOS DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES, A CARGO DEL DIPUTADO JORGE QUINTERO
BELLO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
El suscrito, diputado Jorge Quintero Bello, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, somete a la consideración del Pleno de esta honorable Cámara, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interno del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, proposición de punto de acuerdo por el cual se exhorta al Poder Ejecutivo federal a expedir el reglamento de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, al tenor de las siguientes
Consideraciones
En junio de 2002 se publicó la Ley de los Derechos de las Personas Mayores. El cuerpo normativo significó un verdadero avance en la lucha por lograr mejores condiciones para este grupo históricamente desaventajado. Su promulgación fue el resultado de un proceso en el que tanto clase política como sociedad civil sumaron esfuerzos con miras a lograr un verdadero estatus de igualdad de oportunidades para los adultos mayores.
Lo anterior tan sólo significa un primer paso para lograr la recta y estricta observancia de este cuerpo legal. Es necesario contar con un ordenamiento que regule todas las aristas administrativas que se susciten en la aplicación de esta ley general. Por ello, en el artículo quinto transitorio de la ley en comento se estableció que el Ejecutivo tendría 120 días para expedir el reglamento conducente. Superado este término, y a poco más de cinco años de haber entrado en vigor la ley, el reglamento conducente no se ha expedido.
Hay varios datos que quisiera señalar para remarcar la necesidad expedir el marco normativo que habrá de fortalecer y dar cabal contenido a la encomiable Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.
En primer lugar están el factor social y las condiciones de desventaja y discriminación que día tras día padecen los adultos mayores. La Primera Encuesta Nacional de Discriminación arrojó resultados en verdad preocupantes respecto a este grupo: En primer lugar, 40 por ciento de los encuestados los percibe como el grupo más desprotegido; de la misma forma, poco más de 50 por ciento señaló que los adultos mayores son el grupo que más dificultad puede tener para obtener trabajo; y por último, pero de mayor importancia es la propia percepción que tienen de sí los adultos mayores: 9 de cada 10 opinan que sufren algún tipo de discriminación y específicamente una cuarta parte de los adultos mayores encuestados señaló haber sido objeto de algún acto discriminatorio.1
En segundo lugar está el factor demográfico. Recientes censos y estudios muestran la urgencia de atender el estatus que tiene este grupo poblacional. La curva demográfica de este sector de la población nos debe alertar a poner mayor énfasis en reforzar su estatus y las políticas tendentes a favorecerlos. Según datos del Instituto Nacional de las Personas Mayores, aproximadamente 799 personas cumplen 60 años diariamente.2 Según los datos del último Censo de Población y Vivienda, en 2005 el país contaba con un estimado de 8.3 millones de personas con 60 años o más.
El peso demográfico que tendrá este grupo en el futuro no debe ser subestimado. De mantenerse constante la curva demográfica de la población, se puede estimar que para 2030 el número de adultos mayores en el país rondará 20.7 millones de personas.3 Ante tal escenario, es necesario adoptar medidas para asegurar la estabilidad y el bienestar de este grupo.
El reto que se vislumbra no es fácil; las demandas que se prevén ante el aumento del sector tendrán consecuencias generales en toda la población. No esperemos a un futuro desbordamiento en las distintas ramas de la administración pública del país. Debemos ir allanando el camino tanto a la actual generación de adultos mayores como a las futuras generaciones. De ahí que me pronuncie por exhortar a una pronta expedición del Reglamento de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.
La finalidad del reglamento es detallar y dar cuerpo a las situaciones y reivindicaciones que se expresen en una ley. De tal forma, el aprovechamiento y la optimización de los derechos consagrados a los adultos mayores dependen en gran medida de la operatividad y sistematización de esos medios, que sólo podrán ser garantizados a través de la expedición del reglamento conducente.
La expedición de un reglamento es un acto formalmente administrativo. De lo anterior se desprende en el artículo 89, fracción I, que es una de las facultades y obligaciones del presidente de la república promulgar y ejecutar las leyes que expida del Congreso de la Unión, previendo en la esfera administrativa su exacta observancia.
El país se perfila a ser una nación de adultos mayores: para 2050, se estima, por cada 165 adultos mayores habrá 100 niños. De ahí que no podamos postergar la estricta observancia y vigilancia de los derechos asignados a este grupo. Dicho objetivo sólo podrá ser alcanzado en la medida en que se formalicen su uso y ejercicio a través de la expedición del reglamento pertinente.
Por lo fundado y expuesto, me permito someter a la elevada consideración de esta soberanía la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta al Ejecutivo federal a que, con fundamento en la facultad que le confiere la fracción I del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, expida con la mayor brevedad el Reglamento de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.
Notas
1 Datos obtenidos de la Primera Encuesta Nacional sobre
Discriminación en México, mayo de 2005, Conapred, México.
2 De la página electrónica del Inapam,
http://www.inapam.gob.mx/quees.htm
3 De la página electrónica del Consejo
Nacional de Población, http://www.conapo.gob.mx/prensa/2007/prensa302007.pdf
Palacio Legislativo de San Lázaro.- México, DF, a 18 de octubre de 2007.
Diputado Jorge Quintero Bello (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL SE
SOLICITA LA ASIGNACIÓN DE RECURSOS A FIN DE INSTAURAR LAS LEYES
GENERALES DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA, Y PARA
LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES, A CARGO DE LA DIPUTADA MARICELA CONTRERAS
JULIÁN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
La suscrita, diputada Maricela Contreras Julián, presidenta de la Comisión de Equidad y Género e integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, conforme a las siguientes
Consideraciones
El 8 de septiembre de 2007 se entregó a la Cámara de Diputados el paquete económico para 2008, integrado por los Criterios Generales de Política Económica, la iniciativa de Ley de Ingresos y el proyecto de decreto de Presupuesto de Egresos, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 74, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 42, fracción III, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
En la carta firmada por el titular del Poder Ejecutivo federal que acompañó al paquete económico de 2008 se cita lo siguiente:
La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia establece en el artículo 39 la obligación del Ejecutivo federal de proponer en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación la asignación de una partida para garantizar el cumplimiento de los objetivos del sistema y del programa previstos en dicha ley.
De igual forma, la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, en el artículo 12, fracción VII, establece la obligación del gobierno federal de incorporar en los Presupuestos de Egresos de la Federación la asignación de recursos para el cumplimiento de la política nacional en materia de igualdad.
Sin embargo, las dos disposiciones de los ordenamientos citados no se cumplen.
No es novedoso el panorama de la violencia que se ejerce contra las mujeres y las niñas en nuestro país; datos de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2006, dada a conocer por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), el Instituto Nacional de las Mujeres y el Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer, señalan que 67 por ciento de las mexicanas dijo haber vivido un episodio de violencia en algún momento de su vida, en el hogar, en la escuela, en el trabajo o en el entorno inmediato.
Además, 43.2 por ciento de las entrevistadas dijo que sufría violencia por parte de la pareja (sobre todo emocional), 29.9 por ciento en el ámbito laboral, 15.6 por ciento en la escuela, 39.7 por ciento en los espacios públicos (calle, mercado, medios de transporte, cine u otros) y 15.9 por ciento dijo padecer agresiones en el círculo familiar (en el propio o el de la pareja). En el trabajo, dijeron sufrir situaciones de discriminación, hostigamiento, acoso y abuso sexual. Estas denuncias son recurrentes en Querétaro, Puebla y Chihuahua, mientras que en Baja California Sur, Yucatán y Chiapas son poco visibles. En los espacios públicos 4 de cada 10 mujeres dijeron sufrir hostigamiento, acoso, ofensas y abuso sexual en la calle, los mercados, en los medios de transporte, el cine, la iglesia, las tiendas, los hospitales, etcétera.
De ahí la importancia de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que tiene como objetivo proteger el derecho de las mujeres y las niñas a vivir una vida libre de violencia; establece las bases de coordinación para la prevención, protección y asistencia a las mujeres y a las niñas con objeto de erradicar la violencia que se ejerce contra ellas.
Además, se crea el sistema nacional de prevención, protección, asistencia y erradicación de la violencia contra las mujeres y las niñas, el cual se integrará por diversas dependencias y organismos descentralizados de la administración pública federal, así como por las instancias de las mujeres de cada entidad federativa.
En materia de igualdad entre mujeres y hombres hay un grave retraso; como ejemplo se cita el índice de desigualdad de género 2006: un nuevo marco para avanzar hacia la equidad, presentado en el Foro Económico Mundial, a propósito de la reunión de dicho organismo que se realizó en meses pasados, se señala que México figura en el lugar 75 de los 115 países que fueron evaluados en materia de equidad de género. Según el reporte, el país está más atrasado en esa materia que naciones como Honduras, Kenya y Malasia. En la participación económica y política, las mexicanas enfrentan los mayores rezagos, sobre todo por la diferencia salarial y el escaso número de ellas que ocupan un lugar en el Congreso y en las secretarías de Estado.
Hay una discriminación contra las mujeres, que viola sistemáticamente los principios de igualdad y democracia a que nos hemos referido, dificultando la participación de las mujeres en las mismas condiciones que los hombres, en la vida política, social, económica y cultural del país; además, se debe a los obstáculos para el aumento del bienestar de la sociedad que entorpece el pleno desarrollo de las posibilidades de las mujeres para prestar servicio al país.
Por esas razones destaca la importancia de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, la cual tiene como objetivo regular y garantizar la igualdad entre mujeres y hombres, y proponer los lineamientos y mecanismos institucionales que orienten a la nación hacia el cumplimiento de la igualdad sustantiva en los ámbitos público y privado, promoviendo el empoderamiento de las mujeres.
Además, crea el sistema nacional para la igualdad entre mujeres y hombres, que es el conjunto orgánico y articulado de estructuras, relaciones funcionales, métodos y procedimientos que establecen las dependencias y las entidades de la administración pública federal entre sí, con las organizaciones de los diversos grupos sociales y con las autoridades de los estados, del Distrito Federal y de los municipios, a fin de efectuar acciones de común acuerdo destinadas a la promoción y procuración de la igualdad entre mujeres y hombres.
Asignar recursos para la instauración de las leyes mencionadas permitirá a la federación, a las entidades federativas, a los municipios y al Distrito Federal promover programas y acciones para ejecutar el sistema nacional para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y el sistema nacional para la igualdad entre mujeres y hombres, en los términos de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y en la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, respectivamente.
Por lo expuesto y fundado, se propone la adopción del siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados para que en el dictamen del proyecto de decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2008 considere los recursos necesarios para la instauración de las Leyes Generales de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y para la Igualdad entre Mujeres y Hombres.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de octubre de 2007.
Diputada Maricela Contreras Julián (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE
QUE EN EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN DE
2008 SE DESTINEN RECURSOS PARA INSTALAR SISTEMAS DE POTABILIZACIÓN
Y SANITARIOS SECOS EN LAS COMUNIDADES NEOLEONESAS EN EXTREMA POBREZA, A
CARGO DEL DIPUTADO RAMÓN SALAS LÓPEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PRI
Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 77, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el suscrito, diputado federal Ramón Salas López, somete a la consideración de esta honorable asamblea una proposición con punto de acuerdo para que, dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2008 se destinen y etiqueten recursos para instalar sistemas de potabilización y sanitarios secos en las comunidades de extrema pobreza del Estado de Nuevo León que aún no cuentan con estos servicios, de conformidad con la siguiente
Exposición de Motivos
La mala calidad del agua y un escaso saneamiento de ésta contribuyen sustancialmente a frenar el desarrollo económico y tienen efectos negativos sobre la salud y los medios de vida de cualquier comunidad.
En México, la tercera causa de muerte infantil la constituyen las enfermedades infecciosas intestinales, las cuales, según la Organización Mundial de la Salud, se relacionan de manera directa con el abastecimiento de agua, la eliminación de desechos y la higiene de los alimentos.
En el caso del estado de Nuevo León, el 13 por ciento de la población rural, más de 30 mil personas, está expuesta a este tipo de enfermedades infecciosas, ya que sus comunidades no cuentan con servicios de agua potable ni con un sistema de saneamiento adecuado, situación que se agrava por tratarse de asentamientos con viviendas aisladas de baja densidad, o pequeñas localidades.
Esta preocupación del gobierno del estado es contemplada en el Plan Nacional de Desarrollo 2007 -2012, el cual especifica en su quinto objetivo nacional, como prioritario, "reducir la pobreza extrema y asegurar la igualdad de oportunidades y la ampliación de capacidades para que todos los mexicanos mejoren significativamente su calidad de vida y tengan garantizados alimentación, salud, educación, vivienda digna y un medio ambiente adecuado para su desarrollo tal y como lo establece la Constitución".
A mayor abundamiento, el eje 3 de dicho Plan Nacional de Desarrollo, relativo a la igualdad de oportunidades, señala que "…es necesario que podamos garantizar el acceso a los servicios básicos para que todos los mexicanos tengan una vida digna. Esto supone que todos puedan tener acceso al agua, a una alimentación suficiente, a la salud y la educación, a la vivienda digna, a la recreación y a todos aquellos servicios que constituyan el bienestar de las personas y de las comunidades".
Asimismo, la estrategia 1.3 del eje 3 del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, establece específicamente que "...un servicio en el que el rezago es todavía mayor que el de la electricidad es el de agua potable y alcantarillado. Se continuará trabajando intensamente para alcanzar, en 2012, el 95 por ciento de cobertura de agua potable entubada, así como para mejorar la calidad de estos servicios..."
En este sentido, el gobierno del estado de Nuevo León ha realizado los estudios necesarios para abatir este rezago en las comunidades menos favorecidas de la entidad, determinándose la necesidad de instalar 216 sistemas de potabilización y 7 mil 264 sanitarios secos en las comunidades de extrema pobreza de la entidad que aún no cuentan con estos servicios, requiriéndose un presupuesto para llevar a cabo esta propuesta de 299 millones 978 mil 204.00 pesos, con lo que se beneficiarán a 30 mil 17 habitantes de diversas comunidades, alcanzando así una cobertura del 100 por ciento en los rubros de agua potable y alcantarillado a nivel estatal.
Para efectos de lo anterior y en cumplimiento de lo establecido en el primer párrafo del artículo 18 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, los recursos adicionales que implica esta propuesta, respecto de los contenidos en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2008, que el Ejecutivo federal sometió a la consideración de la honorable Cámara de Diputados, sean cubiertos con los ingresos adicionales provenientes de la reforma hacendaria recientemente aprobada por el honorable Congreso de la Unión.
Por lo anteriormente expuesto, el suscrito diputado somete a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a las Comisiones de Recursos Hidráulicos, y de Presupuesto y Cuenta Pública, para que dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2008 se destinen y etiqueten 299 millones 978 mil 204.00 pesos para instalar 216 sistemas de potabilización y 7 mil 264 sanitarios secos en las comunidades de extrema pobreza del estado de Nuevo León que aún no cuentan con estos servicios, utilizando para ello parte de los recursos adicionales provenientes de la reforma hacendaria recientemente aprobada por el honorable Congreso de la Unión.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de octubre del 2007.
Diputado Ramón Salas López (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA AL TITULAR DE LA PGR A ACORDAR LA CREACIÓN EN ÉSTA
DE LA AGENCIA DEL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL ESPECIALIZADA PARA
LA ATENCIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD, A CARGO DEL DIPUTADO OBDULIO
ÁVILA MAYO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
El que suscribe, diputado federal de la LX Legislatura del honorable Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del Pleno de la Cámara de Diputados la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al procurador general de la República, a efecto de que acuerde la creación de la Agencia del Ministerio Público Federal Especializada para la Atención de Personas con Discapacidad, en la dependencia a su cargo, al tenor de los siguientes
Antecedentes
1. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), en México existen 10 millones de personas con discapacidad; de éstos, el 2.3 por ciento tiene una discapacidad severa.
Sin embargo, y en contraste con los datos de la OMS, el Censo Nacional de Población y Vivienda 2000, realizado por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), reporta cifras que parecen subestimar de manera importante la magnitud del problema, ya que únicamente informa la existencia de 2.2 millones de mexicanos con algún tipo de discapacidad, lo que representa 2.3 por ciento de la población total del país.
Así, del total de personas con alguna discapacidad:
3. Aunque nuestra sociedad aún expresa prejuicios respecto de la discapacidad, paulatinamente ha permeado en la conciencia social mexicana la cultura de equiparación de oportunidades para las personas con discapacidad, a través de la cual es posible potenciar las demás habilidades de la persona.
4. No es óbice señalar que cada discapacidad enfrenta retos distintos en todos los ámbitos del quehacer humano, y quienes presentan una marcada vulnerabilidad en los temas relativos a la procuración y administración de justicia son aquellos que tienen una discapacidad intelectual, visual y/o auditiva, ya sea como víctimas de un delito o como infractores de una norma penal.
Abundan los casos en los que personas con discapacidad intelectual son utilizadas como instrumentos para la comisión de delitos contra la salud. Quienes lo hacen, sabedores de su condición y sin escrúpulos, los exponen a ser maltratados o vejados, dejándolos a su suerte sin la menor consideración.
Diversas organizaciones no gubernamentales, como la Confederación Mexicana de Organizaciones a favor de la Persona con Discapacidad Intelectual, AC (Confe), arguyen que en reclusorios y centros de readaptación social existe, inexplicablemente, una población de personas con discapacidad intelectual involucrada en delitos contra la salud, resultado, casi siempre, de un nulo diagnóstico para considerarlos como inimputables y tomar las medidas de seguridad establecidas en la ley.
Otro grupo igualmente sensible a estas infamantes prácticas es el de las personas con discapacidad auditiva, quienes requieren de la ayuda de un intérprete, ya sea ante el Ministerio Público en la etapa indagatoria o ante el Juez en el proceso penal.
5. De acuerdo con estadísticas de población penitenciaria vulnerable, proporcionadas por la Secretaría de Seguridad Pública, a través de su Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPRS), se confirma la existencia de, por lo menos, 11 mil 852 personas con discapacidad, que actualmente son internos de reclusorios y centros de readaptación social.
Visto lo anterior, resulta paradójico que en la citada estadística de población penitenciaria, se registre una importante cantidad de personas con discapacidad, máxime cuando la propia norma penal las considera como inimputables.
Lo anterior, pone de manifiesto la falta de sensibilidad y profesionalismo del Ministerio Público, para hacer un diagnóstico adecuado para pronunciarse sobre la inimputabilidad como excluyente de responsabilidad penal.
6. Sobre este asunto en particular, se han dado importantes avances en el ámbito federal, ya que el 6 de junio de 1995, el entonces Procurador General de la República, licenciado Fernando Antonio Lozano Gracia, mediante acuerdo A/02/95 creó la Agencia del Ministerio Público Federal Especial para la Atención de Personas con Discapacidad Mental, adscribiéndola a la Agencia del Ministerio Público Conciliador.
En el citado acuerdo, se previó que tales asuntos se comunicarían tanto a la Dirección General de Prevención al Delito como a la Dirección de Servicios a la Comunidad, para instrumentar, entre otras acciones, la estadística de incidencia de personas con discapacidad mental.
7. Durante la administración pública federal 2000-2006 se retomó el compromiso de garantizar la equiparación de oportunidades de la población mexicana con discapacidad, a través de la implementación de diversas políticas públicas y acciones que se encaminaron a cumplir con las demandas de los grupos considerados como vulnerables.
Tal es el caso de la expedición de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de junio de 2003; así como la Ley General de las Personas con Discapacidad, publicada en el mismo órgano de difusión el 10 de junio de 2005.
Asimismo, y en congruencia con el Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006, durante la administración pasada se acordó la creación de la Oficina de Representación para la Promoción e Integración Social para Personas con Discapacidad, cuyas actividades se esgrimían en el sentido de promover la integración de las personas con discapacidad al bienestar social, en igualdad de oportunidades que las demás, estableciendo políticas de coordinación con las dependencias de la administración pública de los tres niveles de gobierno y las organizaciones de la sociedad civil.
Con los mismos fines, durante la gestión del presidente Fox Quesada se creó el Consejo Nacional Consultivo para la Integración de las Personas con Discapacidad, con facultades para impulsar, orientar y vigilar que los programas sectoriales e institucionales, a cargo de las dependencias y entidades de la administración pública federal, se encauzarán hacia la atención y solución de los problemas y necesidades de las personas con discapacidad, en el marco de sus respectivas atribuciones.
Por lo anteriormente expuesto, someto la siguiente proposición con punto de acuerdo, en términos de los siguientes
Considerandos
Primero. Que esta honorable representación nacional está facultada para dirigir peticiones y recomendaciones a las autoridades federales y locales competentes, tendientes a satisfacer los derechos e intereses legítimos de los habitantes de la República, y a mejorar la utilización y aplicación de los recursos disponibles.
Segundo. Que los diputados en nuestro carácter de representantes populares tenemos la responsabilidad de reconocer a las personas con discapacidad sus derechos humanos y promover el establecimiento de las políticas públicas necesarias para su ejercicio.
Tercero. Que de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), se estima que cuando menos el 10 por ciento de los mexicanos vive con alguna discapacidad física, mental o sensorial. Por esta razón, es ineludible la incorporación de las personas con discapacidad a los diversos programas sociales que llevan a cabo los tres órdenes de gobierno.
Cuarto. Que la situación de las personas con discapacidad demanda acciones integrales que les permitan llevar una vida digna y con mejores posibilidades de bienestar, por ello es fundamental incluirlas en el diseño de políticas públicas.
Quinto. Que es preciso estructurar un proceso de armonización legislativa y programática a fin de que la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad tenga una mejor aplicación en el país, en beneficio de ese colectivo y de la sociedad mexicana.
Sexto. Que las Normas Uniformes sobre la Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad fueron aprobadas por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su cuadragésimo octavo periodo de sesiones, mediante resolución 48/96, del 20 de diciembre de 1993; en ellas se solicita a los Estados miembros la aplicación de dichas normas en sus programas nacionales sobre la discapacidad.
Sobre el particular resulta pertinente mencionar que el artículo 14, numerales 1 y 4, de las normas uniformes en comento, establece que los Estados deben emprender y prever políticas adecuadas para las personas con discapacidad en el plano nacional, y deben estimular y apoyar medidas en los planos regional y local; asimismo, disponen que deben exhortar a los encargados de prestar servicios a efecto de organizar actividades o suministrar información en la sociedad para que acepten la responsabilidad de lograr que las personas con discapacidad tengan acceso a esos servicios.
Asimismo, el artículo 15 del citado convenio internacional señala que los Estados tienen la obligación de crear las bases jurídicas para la adopción de medidas encaminadas a lograr los objetivos de la plena participación y la igualdad de las personas con discapacidad, así como velar porque éstas puedan ejercer sus derechos civiles.
Séptimo. Que la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de junio de 2003, tiene como objetivo prevenir y eliminar todas las formas de discriminación que se ejerzan contra cualquier persona en los términos del artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como promover la igualdad de oportunidades y de trato.
Octavo. Que corresponde al Estado mexicano promover las condiciones para que la igualdad de las personas sea real y efectiva.
En efecto, y con fundamento en el artículo 2o. de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, la administración pública federal debe eliminar aquellos obstáculos que limiten en los hechos su ejercicio e impidan el pleno desarrollo de las personas así como su efectiva participación en la vida política, económica, cultural y social del país; también, debe promover la participación de las autoridades de los demás órdenes de Gobierno y de los particulares en la eliminación de dichos obstáculos.
Noveno. Que en términos del artículo 3 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, la Procuraduría General de la República puede adoptar las medidas que estén a su alcance, tanto por separado como coordinadamente, para que toda persona goce, sin discriminación alguna, de todos los derechos y libertades consagrados en la Constitución, en las leyes y en los tratados internacionales de los que México sea parte.
Décimo. Que en apego al artículo 9 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación queda prohibida toda práctica discriminatoria que tenga por objeto impedir o anular el reconocimiento o ejercicio de los derechos y la igualdad real de oportunidades.
A efecto de lo anterior, en el mismo numeral, fracciones XI y XII, se consideran como conductas discriminatorias: impedir el acceso a la procuración e impartición de justicia e impedir que se les escuche en todo procedimiento judicial en que se vean involucrados.
Undécimo. Que con fundamento en los artículos 13 y 15 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, la Procuraduría General de la República, en el ámbito de su competencia, está facultada para adoptar medidas positivas y compensatorias que tiendan a favorecer la igualdad real de oportunidades, y a prevenir y eliminar las formas de discriminación de las personas con discapacidad.
Duodécimo. Que convergentemente, la Ley General de Personas con Discapacidad tiene como objetivo establecer las bases que permitan la plena inclusión de las personas con discapacidad, en un marco de igualdad y de equiparación de oportunidades, en todos los ámbitos de la vida.
Decimotercero. Que en términos del artículo 2 de la Ley General de Personas con Discapacidad, se entiende por éstas a las que presentan una deficiencia física, mental o sensorial, ya sea de naturaleza permanente o temporal, que limita la capacidad de ejercer una o más actividades esenciales de la vida diaria, que puede ser causada o agravada por el entorno económico y social.
Por esto último, corresponde a las dependencias de la administración pública federal, entre otras, realizar las adecuaciones, ajustes y mejoras necesarias en el entorno jurídico, social, cultural, y de bienes y servicios, que faciliten a las personas con discapacidad una integración, convivencia y participación en igualdad de oportunidades y posibilidades con el resto de la población.
Decimocuarto. Que en materia de seguridad jurídica, la Ley General de Personas con Discapacidad previene que las personas con discapacidad tendrán derecho a recibir un trato digno y apropiado en los procedimientos judiciales en que sean parte, así como asesoría y representación jurídica en forma gratuita en dichos procedimientos.
En efecto, el artículo 25 de la ley en comento establece que el gobierno federal promoverá al interior de la estructura orgánica de sus respectivas instituciones de administración e impartición de justicia, la disponibilidad de los recursos de comunicación, ayudas técnicas y humanas necesarias para el acceso equitativo de las personas con discapacidad a su jurisdicción.
Decimoquinto. Que en aras de reforzar la argumentación hasta aquí vertida cabe agregar que en el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 (Planade), se reconoce la obligación del Estado de propiciar la igualdad de oportunidades para todas las personas, y especialmente para quienes conforman los grupos más vulnerables de la sociedad, como son las personas con discapacidad.
Así las cosas, la estrategia 17.6 del Planade consiste en otorgar apoyo integral a las personas con discapacidad para su integración a las actividades productivas y culturales, con plenos derechos y con independencia.
En este tenor, la administración pública federal se ha comprometido a implementar acciones diferenciadas según los diversos tipos de discapacidad, que permitan a las personas recibir un trato digno y apropiado en los procedimientos judiciales en que sean parte.
Decimosexto. Que no sería ético soslayar el mérito de esfuerzos anteriores, dado que ya se han creado agencias especializadas en la Procuraduría General de la República; empero, éstas han tenido una presencia efímera, ya que su establecimiento ha obedecido a programas impulsados por la convicción de los titulares, pero a su relevo, han perdido importancia y han desaparecido.
Decimoséptimo. Que el artículo 4 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República establece las facultades que le corresponden al Ministerio Publico de la Federación, entre las que se encuentra determinar el no ejercicio de la acción penal, cuando de las diligencias practicadas se desprenda plenamente la existencia de una causa de exclusión del delito.
En este sentido, en tratándose de personas con discapacidad intelectual es resulta necesario practicar los dictámenes periciales que le den la certeza al representante social de que se actualiza la inimputabilidad, como una causa excluyente del delito.
Decimoctavo. Que resulta traumático tanto para los padres de familia, como para la persona adulta con discapacidad intelectual o enfermedad mental, hacerle frente a una situación de por sí compleja, ya que mientras se determina la situación jurídica del discapacitado, éste es situado en los mismos lugares para los demás detenidos o internos, cuando lo adecuado sería que fuera aislada a un espacio específicamente destinado para su tratamiento.
Al no hacerse de este modo, y en virtud de la desventaja en que los coloca su situación de vulnerabilidad, las personas con discapacidad intelectual suelen ser objeto de maltratos, violencia e inclusive abusos sexuales. Asimismo, resulta gravemente riesgoso en tratándose de personas que están sometidas a un tratamiento médico farmacológico.
Decimonoveno. Que de acuerdo con el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social, el costo actual real por persona es de 150.00 pesos (ciento cincuenta pesos 00/100 m.n.) diarios, sin tomar en cuenta el tratamiento especial que reciben los internos, en tratándose de personas con discapacidad intelectual o enfermedad mental.
Costo promedio anual de la población penitenciaria vulnerable1
De contar con una instancia especializada en el desarrollo de la averiguación previa, bajo un procedimiento especial, se podrá agotar el procedimiento pertinente para determinar la consignación o el no ejercicio de la acción penal, lo que redundará en eficientar la procuración de justicia.
Vigésimo. Que la creación de la Agencia del Ministerio Público Federal Especializada para la Atención de Personas con Discapacidad, cobra especial relevancia en la lucha vigorosa que ha iniciado el presidente de la república, licenciado Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, contra el narcotráfico, porque una de las vertientes en que se trafica droga es mediante el uso de personas con discapacidad, que casi siempre son quienes pagan las consecuencias de tan reprochable proceder.
Es por ello que Acción Nacional propone que se cuente con una fiscalía que, en coordinación con la Fiscalía de Delitos contra la Salud, atienda la preservación de los derechos humanos y dé un trato digno a las personas con discapacidad, atendiendo a su condición de inimputables.
Vigésimo Primero. Que la Agencia del Ministerio Público Federal Especializada para la Atención de Personas con Discapacidad, quedará constreñida a atender todos aquellos asuntos donde se encuentre involucrado, en cualquier calidad, una persona con discapacidad.
Para ello, se hará necesaria la evaluación pericial correspondiente, obligando a que todo agente del Ministerio Público Federal, que conozca de asuntos de esta naturaleza, informe a la agencia especializada de tal situación.
Una más de las bondades de la presente propuesta radica en que cuando se tenga conocimiento de que dentro de una averiguación previa se encuentre involucrada una persona con discapacidad, se dé intervención, cuando la propia naturaleza de la indagatoria lo permita, a la autoridad médica o sanitaria que corresponda, a la delegación del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia en la entidad de que se trate o, en su caso, al Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad; las que podrán recomendar sobre la atención al discapacitado y, en su caso, señalar el establecimiento para su atención y medidas de seguridad.
Vigésimo Segundo. Que finalmente, la Agencia del Ministerio Público Federal Especializada para la Atención de Personas con Discapacidad no necesariamente debe implicar la creación de nuevas unidades administrativas, sino puede lograrse a través de la especialización del personal y el desarrollo de políticas novedosas para la procuración de justicia.
En este tenor, resulta inaplazable la aprobación de este punto de acuerdo, en aras de convertir en realidad tan noble propósito.
En este orden de ideas, someto a consideración de esta honorable Cámara de Diputados el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero. Se exhorta al Procurador General de la República, a efecto de que acuerde la creación de la Agencia del Ministerio Público Federal Especializada para la Atención de Personas con Discapacidad, en la Procuraduría General de la República.
Segundo. Se exhorta al Procurador General de la República, a efecto de que instruya al director general del Instituto de Capacitación de la Procuraduría General de la República, para que se impartan cursos de especialización en materia de atención a personas con discapacidad, al que deberá asistir el personal ministerial que se adscriba a la Agencia del Ministerio Público Federal Especializada para la Atención de Personas con Discapacidad, y los Ministerios Públicos de las Delegaciones Estatales de esa institución.
En los cursos de especialización y capacitación para el personal ministerial, deberán participar especialistas en materia de codificación y clasificación del funcionamiento de la discapacidad y de la salud, y del Centro Mexicano para la Clasificación de Enfermedades, organismo dependiente de la Secretaría de Salud.
Tercero. Se exhorta al procurador general de la República, a efecto de que establezca un programa de visitas a reclusorios y centros de readaptación social, con la finalidad de detectar personas con discapacidad, y se efectúe la debida declaración de inimputabilidad.
Cuarto. Se exhorta al Instituto Nacional de Ciencias Penales, a efecto de que en los cursos de formación, capacitación y especialización dirigidos a servidores públicos de la Procuraduría General de la República, se incluyan los temas relativos a la atención de personas con discapacidad, en su calidad de víctimas o infractores.
Quinto. Se exhorta al procurador general de la República, a efecto de que cuando que cuando se tenga conocimiento de que dentro de una averiguación previa se encuentre involucrada una persona con discapacidad, se dé intervención, cuando la propia naturaleza de la indagatoria lo permita, a la Secretaría de Salud, a la delegación del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia en la entidad de que se trate o, en su caso, al Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad; para que éstas recomienden sobre la atención al discapacitado y, en su caso, propongan el establecimiento para su atención y medidas de seguridad.
Nota:
1 Confederación Mexicana de Organizaciones a favor
de la Persona con Discapacidad Intelectual, AC.
Presentada en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los dieciocho días del mes de octubre del año dos mil siete.
Diputado Obdulio Ávila Mayo (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, RELATIVO
A LA PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO Y CULTURAL
DE MAZAPIL, ZACATECAS, A CARGO DE LA DIPUTADA AURORA CERVANTES RODRÍGUEZ,
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
La suscrita, diputada federal Aurora Cervantes Rodríguez, del Grupo Parlamentario del PRD de la LX Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta asamblea proposición con punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución, al tenor de los siguientes
Consideraciones
El municipio de Mazapil, Zacatecas, fundado en 1568, por la dimensión de su territorio es el segundo más extenso de la República Mexicana. Su producción minera ha representado a través del tiempo una importante fuente de recursos desde 1608 por parte de los españoles, quienes encontraron importantes yacimientos de plata. Actualmente explotan las minas varias compañías en los rubros de producción y perforación, explotación de talco y otros minerales no metálicos con que cuenta el municipio.
El promedio de producción de las principales compañías mineras es de 65 mil toneladas mensuales de metal, más 6 toneladas de zinc y mil 800 toneladas mensuales de plomo.
Por sus condiciones naturales e históricas, Mazapil cuenta con lugares dignos de preservación y cuidado, baste citar el templo de San Gregorio Magno, el palacio municipal, los templos de Cedros, San Juan Bautista de Gruñidora, San Rafael, el museo de Mazapil, situado en la casa del Marqués de Aguayo, que cuenta con seis salas de exposiciones, con documentos del siglo XVII, actas de ventas de esclavos, padrones, fotografías del siglo pasado, entre otros objetos de valor histórico y diversos cascos de hacienda. En cuanto a su artesanía, se elaboran tejidos a mano, se trabaja la jarcería y se elaboran utensilios de lechuguilla y palma, además de que se extraen piedras semipreciosas de sus minas.
No obstante la riqueza de su entorno arquitectónico y tradicional, que data de la época de la Colonia, se encuentra en franca amenaza debido a la inadecuada atención para preservar tan importante patrimonio, legado de nuestros antepasados, debido al arribo de mil 200 nuevos habitantes que, de un golpe, sin contar con una estructura urbana y de servicios, han llegado a trabajar a Mazapil, contratados por la Compañía Minera Peñasquito, que opera con capital de la compañía minera canadiense Gold Corp.
Desde 2006, la Compañía Minera Peñasquito se ha asentado en la localidad para explotar un importante yacimiento de plata y oro. El acelerado y desordenado crecimiento urbano ha implicado un desequilibrio para la población de 548 habitantes no sólo en relación con el patrimonio arquitectónico, sino también con el equilibrio ambiental.
El repentino incremento de los habitantes de Mazapil exige habitación, infraestructura de salud, de agua potable y alcantarillado y muchos otros servicios que son responsabilidad de los gobiernos estatal y municipal. Sin embargo, por ser la explotación y las concesiones mineras competencia del gobierno federal, los impuestos generados por esa actividad productiva van directamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, lo que deja al estado y al municipio en una situación crítica en cuanto a la disponibilidad presupuestal para garantizar los servicios mencionados para los nuevos habitantes, además de que las compañías mineras no cuentan con infraestructura y proyectos que permitan el desarrollo sustentable y sostenible de la comunidad.
Es responsabilidad de todos, pero sobre todo de quienes encabezan este proyecto, propiciar y generar planes de desarrollo urbano coordinados con las diversas instancias de gobierno para que las personas que integran la planta laboral de la mina y sus familias accedan a alternativas dignas de vida una vez terminada la explotación de la misma. Asimismo, mantenerse en observancia estricta de las disposiciones legales en torno al equilibrio ecológico, generando planes de protección al medio ambiente desde ahora y hasta la culminación de los trabajos de explotación de la mina.
Por lo expuesto, y con fundamento en los artículos 34, inciso c), 42 y 43, numerales 2 y 3, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración y aprobación del Pleno de la honorable Cámara de Diputados el siguiente
Punto de Acuerdo
De urgente y obvia resolución
Primero. Se exhorta al Instituto Nacional de Antropología e Historia, como organismo encargado de la conservación, protección y restauración del patrimonio cultural arqueológico e histórico, para que se tomen las medidas necesarias a fin de preservar el patrimonio arquitectónico y cultural del municipio de Mazapil, estado de Zacatecas.
Segundo. Se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Semarnat, a realizar una evaluación de impacto ambiental de los trabajos en la mina que explota la compañía Peñasquito; y, en su caso, a diseñar un programa que permita prevenir el daño ecológico producto de una explotación minera que no está basada en la consecución de un desarrollo sustentable del municipio y de la región.
Tercero. Se exhorta a la Secretaría de Economía a verificar el cumplimiento de los deberes y obligaciones que impone la Ley Minera a las empresas concesionarias en relación con la exploración y explotación de minerales o sustancias concesibles que se extraigan de la mina, así como a generar espacios coordinados con las diversas instancias de gobierno para proponer planes de desarrollo urbano en beneficio de la comunidad y de las familias de los mineros que se integran al municipio de Mazapil.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de octubre de 2007.
Diputada Aurora Cervantes Rodríguez (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE
QUE EN EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN DE
2008 SE DESTINEN RECURSOS AL CENTRO METROPOLITANO PARA LA ATENCIÓN
INTEGRAL DE LA SEGURIDAD EN NUEVO LEÓN, A CARGO DEL DIPUTADO JUAN
FRANCISCO RIVERA BEDOYA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 77, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el suscrito, diputado federal Juan Francisco Rivera Bedoya, somete ante esta honorable asamblea una proposición con punto de acuerdo para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2008 se destinen y etiqueten recursos para el Centro Metropolitano para la Atención Integral de la Seguridad situado en Nuevo León, de conformidad con la siguiente
Exposición de Motivos
Con objeto de contar con mayores y mejores elementos en la lucha contra la inseguridad y la delincuencia en los once municipios conurbados de la zona metropolitana de Monterrey, el gobierno de Nuevo León en los primeros meses del año en curso puso en marcha la construcción del Centro Metropolitano para la Atención Integral de la Seguridad.
El proyecto tiene como objetivos estratégicos la integración interinstitucional de los cuerpos policiales, la coordinación regional y la modernización de los servicios de atención a la ciudadanía, para lo cual utilizará nueva tecnología aplicada a la vigilancia y a la supervisión, nuevos esquemas de lucha contra la inseguridad y la delincuencia en todas sus manifestaciones, y el fortalecimiento de los sistemas municipales.
El complejo de instalaciones del Centro Metropolitano para la Atención Integral de la Seguridad está diseñado para administrar cualquier tipo de crisis que se genere por hechos delictivos y desastres naturales, tanto de la zona metropolitana de Monterrey como en la totalidad de Nuevo León, siendo el núcleo del sistema integral de atención a emergencias a escala estatal, el cual contará con una relación permanente con los sistemas nacionales de información y de atención telefónica de emergencias y denuncia anónima ciudadana, proporcionando los medios de comunicación ágiles, eficientes, y de alta seguridad que den cobertura municipal, regional, estatal y nacional.
Los objetivos que se busca alcanzar a través del Centro Metropolitano para la Atención Integral de la Seguridad se enmarcan en la estrategia nacional para el combate del crimen organizado considerada en el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, el cual señala como uno de los objetivos prioritarios del presente administración federal "combatir y sancionar activamente la comisión de delitos mediante la mejora de los instrumentos con que cuentan las policías, los ministerios públicos y los peritos investigadores, así como la capacidad del sistema penitenciario. Es necesario establecer convenios de colaboración a nivel intranacional e internacional con la finalidad de mejorar el combate al crimen organizado, particularmente el tráfico de drogas, de personas y de mercancía, delitos que afectan considerablemente al desarrollo humano".
En dicho sentido y considerando los beneficios que en materia de la lucha contra la inseguridad y la delincuencia, a escala estatal y nacional, permitirá la construcción del Centro Metropolitano para la Atención Integral de la Seguridad en Nuevo León, se solicita el apoyo de la federación para concluir el desarrollo de dichas instalaciones, requiriéndose una asignación presupuestal de recursos federales para el ejercicio fiscal de 2008 por 401.2 millones de pesos.
Para efectos de lo anterior y en cumplimiento de lo establecido en el primer párrafo del artículo 18 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, los recursos adicionales que implica esta propuesta respecto a los contenidos en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2008, que el Ejecutivo federal sometió a la consideración de la Cámara de Diputados, sean cubiertos con los ingresos adicionales provenientes de la reforma hacendaria recientemente aprobada por el honorable Congreso de la Unión.
Por lo expuesto, el suscrito diputado somete a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a las Comisiones de Seguridad Pública, y de Presupuesto y Cuenta Pública para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2008 se destinen y etiqueten 401.2 millones de pesos para la construcción del Centro Metropolitano para la Atención Integral de la Seguridad en Nuevo León, utilizando para ello parte de los recursos adicionales provenientes de la reforma hacendaria recientemente aprobada por el honorable Congreso de la Unión.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de octubre de 2007.
Diputado Juan Francisco Rivera Bedoya (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA A LA SHCP, AL BANCO DE MÉXICO, A LA CNBV, A LA CNSF Y
A LA CONDUSEF A PROMOVER LA CULTURA FINANCIERA, A CARGO DEL DIPUTADO JAIME
VERDÍN SALDAÑA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
El suscrito diputado federal Jaime Verdín Saldaña, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, vengo a esta soberanía a presentar proposición con punto de acuerdo de conformidad con la siguiente:
Exposición de Motivos
Para la gran mayoría de la población resulta de máxima utilidad conocer cuáles son los productos que comercializan bancos, aseguradoras, cajas de ahorro, entre otros; cuales son sus funciones y a quién van dirigidos. Como usuarios de estos productos y servicios, a nivel particular o de empresa, el tener a la mano este tipo de información proporciona una gran ventaja a la hora de contratar y negociar con los bancos o con cualquier institución financiera, si se conoce qué productos están en el mercado, cómo funcionan y cuáles son los más adaptados a nuestras necesidades.
El tener esta gama de información es todavía de mayor importancia, cuando por cuestiones laborales (departamentos financieros, contabilidad o administrativos de las empresas), se tiene que tratar habitualmente con instituciones financieras.
Es de suma importancia el que todos los mexicanos deban poseer esta educación financiera, que nos ayude a comprender y cómo evitar involucrarse desde el punto de vista financiero, en operaciones que pudieran resultar nocivas a nuestro patrimonio y que en un momento dado, quedáramos desprotegidos por organismos como la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), o de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco); pero todavía más grave que pudieran llevar a ese segmento poblacional a cometer un fraude, sin haberlo pensado, bajo la perspectiva de una mala orientación por parte de quién le haya o esté ofreciendo servicios de carácter financiero.
Esto nos lleva a pensar, que necesariamente los consumidores de dichos servicios debemos tener toda la información, el conocimiento y las habilidades para evaluar las opciones e identificar aquellas que se adapten a nuestras necesidades y circunstancias, pero sobre todo el de contar con instituciones que nos respalden en caso de que se presentara algún problema. En México, esta institución es la Condusef, la cual ha promovido los servicios de conciliación y arbitraje para solucionar las diferencias entre ciudadanos e instituciones del sistema financiero mexicano.
Se reconoce que en la actualidad hay importantes avances en el arbitraje por parte de la Condusef, para solucionar controversias que pueden surgir en una relación bajo contrato entre usuario e institución financiera, sin embargo, aún falta mucho trabajo por hacer.
Se han detectado una serie de problemáticas que aún no han encontrado una respuesta de manera efectiva por parte de las autoridades financieras, las cuales se indican a continuación:
1. Las dos principales debilidades del sector asegurador tienen que ver, primero con la falta de compromiso de las aseguradoras con sus clientes, y segundo, en las prácticas de las aseguradoras para no pagar a sus clientes, cuando se presenta algún evento de siniestro.
Información de la Condusef indican que en el sector de seguros la atención a usuarios en el primer semestre del año de 2007, presentó un incremento del 13% si se le compara con el mismo periodo de 2006. Las asistencias técnicas y las reclamaciones tuvieron una variación del 26% y 17% respectivamente.
Esto da pauta a afirmar, que aún a pesar del seguimiento por parte de las autoridades en este sector, se requieren de mayores acciones para limitar las inconformidades por parte de los usuarios de servicios de seguros.
2. Se han detectado diversas prácticas por parte de las instituciones bancarias en contra de sus clientes, situaciones que afectan directamente la integridad moral y económica de los usuarios. Estas prácticas van desde una atención con baja calidad, hasta actitudes ofensivas y arbitrarias por parte del personal encargado de los bancos. Esta problemática se hace más conflictiva, cuando las instituciones bancarias, sin causa justificada bloquean el pago de cheques de sus clientes, sin especificar los motivos o causales para que un cheque no pueda ser pagadero a la vista.
3. Se ha detectado que la población en términos generales, no conoce cuáles son las instancias adecuadas a las que puede acudir a denunciar cualquier anomalía o problemática con alguna institución del sistema financiero.
En virtud de lo anterior, y con base en los artículos 42 de la Ley Orgánica para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito poner a consideración de esta honorable asamblea, el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero. Se exhorta a la Secretaría de Crédito Público, al Banco de México y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, así como a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, para promover de manera más activa la cultura financiera, con la finalidad que los mexicanos podamos tomar mejores decisiones en materia financiera, para bien personal y de nuestras familias, pero sobre todo que ayude a generar un manejo sano de las finanzas públicas y privadas, así como el conocer cuales son las instancias que nos protegen en caso de algún abuso.
Segundo. Se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, al Banco de México y a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, así como a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, para promover que dentro de las instalaciones de cada sucursal bancaria, se cuente con los medios necesarios para dar a conocer a los usuarios, los derechos que tienen para levantar una queja y/o sugerencia, entre otros, en caso de conflicto que se deriven por la prestación de los servicios financieros, así como ofrecer los medios necesarios para ejercer ese derecho, ya sea mediante vía electrónica, o vía telefónica con un teléfono 01800, enlazado directamente a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, para la atención de usuarios.
Tercero. Se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a la Comisión de Seguros y Fianzas y a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, para que den un seguimiento más efectivo por parte de las quejas presentadas en la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros sobre el sector seguros. Además de implementar una campaña a nivel nacional para informar a la población mediante spots en radio y televisión para fomentar la práctica de la cultura financiera sobre qué hacer en caso de algún abuso y/o inconformidad con alguna institución de Seguros o Fianzas.
Diputado Jaime Verdín Saldaña (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA A LOS TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS GUBERNAMENTALES A PROMOVER
LA PARIDAD DE GÉNERO EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
FEDERAL, A CARGO DEL DIPUTADO CARLOS ERNESTO NAVARRO LÓPEZ, DEL
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
Carlos Navarro López, diputado federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LX Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, conforme a las siguientes
Consideraciones
El principal y más importante obstáculo que han tenido que librar las mujeres mexicanas para alcanzar la igualdad en el ejercicio del poder, en la toma de decisiones, en los mecanismos de representación y las relaciones familiares, es el tipo de gobierno que tenemos, en los tres niveles de la administración pública y en sus poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
Es necesario atender el llamado del Consenso de Quito, suscrito durante la X Conferencia regional sobre la mujer de América Latina y el Caribe en agosto de este año, en el que se exhorta a las legisladoras y legisladores, organizaciones civiles y feministas a iniciar una revisión estructural del funcionamiento de la sociedad.
Esto es, revisar el marco jurídico estructural que se define en el país y que debe abordar los temas de paridad y transversalidad para su conformación, porque la paridad es uno de los propulsores determinantes de la democracia.
Paridad y equidad de género son temas ausentes de la reforma electoral, por lo que es necesaria su inclusión.
Lo anterior promoverá el desarrollo de la mujer en México, que es fundamental, así como impulsar políticas públicas y evaluar las acciones emprendidas con anterioridad sobre estos temas, con el fin de lograr la equidad y paridad entre géneros.
En 2005, México tenía poco más de 103 millones de habitantes, de los cuales 50 millones 250 mil, (48.66 por ciento), son hombres y 53 millones, (51.33 por ciento), mujeres; de éstas, una tercera parte son menores de 19 años, casi dos terceras partes tienen entre 19 y 64 años y el 5 por ciento son mujeres mayores de 65 años; en la población masculina de este último grupo de edad la proporción es de 4.4 por ciento.
En el tema de la educación tenemos que, de la población de 15 años y más que es analfabeta, el mayor porcentaje lo constituyen las mujeres, con diferencias según grupo de edad, tamaño de la localidad y población indígena.
Aunque ha aumentado el número de niños y niñas que asisten a la escuela se mantienen las diferencias entre niños y niñas. En los hogares de extrema pobreza de las localidades rurales de alta y muy alta marginación, sólo 60.4 por ciento de las niñas estudia, en contraste con el 70 por ciento de los niños. Estas diferencias por sexo son aun mayores a el nivel nacional.
Existe todavía un importante rezago educativo que se refleja en el promedio de escolaridad de la población de 15 y más años de edad.
La educación media superior que comprende el bachillerato y el profesional medio, ha presentado un ligero incremento en la matrícula de mujeres.
La población indígena en México asciende a más de 9 millones 500 mil personas. De ellos, 4 millones 697 mil (49.3 por ciento) son hombres y 4 millones 835 mil (50.7 por ciento) mujeres. De los miembros de hogares indígenas de 15 años y más, el 74.1 por ciento sabe leer y escribir. Por sexo, destaca la diferencia existente entre hombres y mujeres; mientras los hombres registran una tasa de 80.6 por ciento, en las mujeres es de 67.8 por ciento, una diferencia de casi 13 puntos porcentuales.
El promedio de años aprobados por los miembros de los hogares indígenas es de 5.3 años. La diferencia entre el promedio de escolaridad de hombres y mujeres es de casi un año, favorable a los hombres.
En cuanto a la salud, sabemos que en el caso de las mujeres, todavía no es posible conocer, a través de los registros de los servicios de salud, las enfermedades que las aquejan ni su nivel de acceso a las instituciones de salud.
Las causas de mortalidad materna se han modificado a través del tiempo. En 1997, ocurrieron mil 266 defunciones causadas por complicaciones de embarazo, parto y puerperio. En contraste, la mortalidad por toxemia del embarazo ha tenido un fuerte incremento al pasar de 22.9 por ciento a 32.8 por ciento en el mismo periodo. Las estimaciones en 1980 de mortalidad materna era de 10.5 defunciones por cada diez mil nacidos vivos y en 1997, de 4.4 defunciones.
Los niveles de atención de mujeres embarazadas que recibió atención médica prenatal, no son elevados en las áreas rurales, donde sólo el 30 por ciento de las mujeres recibió atención prenatal.
En el medio rural existe un alto índice de mortalidad infantil. Se estima que en 1996, del total de defunciones infantiles poco más de 58 por ciento fueron neonatales (de menos de un mes de edad) y el resto post neonatales. Las principales causas de mortalidad infantil en el primer año de vida, en orden de importancia son: afecciones originadas en el periodo perinatal (en donde predominan los fallecimientos masculinos), anomalías congénitas y enfermedades del aparato respiratorio.
La mortalidad infantil no se da de igual manera en todo el país, ni en todas las clases sociales. Cuando la madre vive en una localidad rural, o no tiene instrucción, o las condiciones de su vivienda no son favorables, este indicador es considerablemente mayor. La educación de la madre es uno de los factores que más influye en la mortalidad infantil.
En las zonas de alta y muy alta marginación, la mortalidad infantil aumenta hasta cerca de 60 defunciones por cada mil nacidos vivos, cuando las madres viven en áreas rurales y hablan lengua indígena.
El cáncer es la segunda causa de muerte en la población femenina, y el cérvico-uterino y el de mama representan alrededor de 5 por ciento de la mortalidad de mujeres entre 15 y más años de edad.
Los datos de ambas enfermedades subrayan la necesidad de lograr una mayor cobertura en la detección de este tipo de neoplasias malignas.
En los últimos años la ganancia de vida ha sido mayor para las mujeres. De acuerdo con las proyecciones de población elaboradas por el CONAPO, las mujeres alcanzaron en 1999 una esperanza de vida al nacer de 77.3 años y los hombres de 72.8, es decir, la diferencia entre ambos sexos es de 4.5 años. Sin embargo, las mujeres se ven afectadas por enfermedades distintas a las que padecen los hombres, sobre todo en el caso de las crónico-degenerativas.
La desnutrición es un factor importante para medir el nivel de pobreza o de bienestar de los individuos, así como su calidad de vida. Debido a sus características físicas y a las etapas de su ciclo vital, las mujeres son más propensas que los hombres a padecer algún nivel de desnutrición, especialmente durante el embarazo y la lactancia.
La población menor de 5 años atendida por el sistema nacional de salud, está presentando algún grado de desnutrición, al igual que un porcentaje de las mujeres embarazadas.
Según la Encuesta urbana de alimentación y nutrición en la zona metropolitana de la Ciudad de México, levantada en 1995 por el Instituto Nacional de Nutrición Salvador Zubirán, el indicador de talla para la edad en los niños menores de 5 años, en el estrato socioeconómico superior, indica que el 34.4 por ciento de las niñas y el 30.4 por ciento de los niños padecían algún grado de desnutrición; en el estrato socioeconómico inferior el diferencial entre sexos prevalece (40.3 por ciento en niñas y 36.6 por ciento en niños). El mismo instituto levantó, en 1996, la Encuesta nacional de alimentación y nutrición en el medio rural. Los resultados arrojaron que, utilizando el mismo indicador pero sin diferenciar por estrato socioeconómico, el 58.5 por ciento de las niñas y el 56.2 por ciento de niños menores de cinco años que habitan en zonas rurales padece algún grado de desnutrición.
Por otra parte, el diagnóstico de salud y nutrición realizado por el INI en 1991, en albergues escolares indígenas, mostró que, de la población de 6 a 12 años de ambos sexos atendida, el 53.4 por ciento presentaba algún tipo de desnutrición crónica.
Las enfermedades de transmisión sexual (ETS), representan un riesgo para la salud de las mujeres, ya que pueden incluso ocasionar infertilidad. Muchas mujeres, al no tener control sobre su sexualidad, quedan sujetas a la salud sexual de sus parejas. La magnitud del problema aumenta debido a que algunas de las enfermedades de transmisión sexual son asintomáticas y, cuando sí presentan síntomas, los prejuicios que existen alrededor de estas enfermedades hacen que las mujeres no se atiendan. Las ETS han sido consideradas como importantes factores de riesgo para la infección por VIH/Sida.
En 1997, el Sida era la novena causa de muerte de población en edad productiva; ocupaba el tercer lugar como causa de muerte en hombres de 25 a 34 años y el sexto lugar en las mujeres del mismo grupo de edad.
La pobreza constituye uno de los grandes problemas nacionales, que afectan tanto a la población urbana como rural. Varias son las instituciones gubernamentales que tienen acciones específicas para atender esta prioridad. Algunas de ellas tienen una política social para atender de manera integral a los más desprotegidos, y han introducido el enfoque de género en sus acciones, dentro de las cuales se encuentra la entrega de ayuda monetaria para los hogares directamente a las madres, así como el apoyo a través de becas educativas que otorga con el propósito de incidir en la permanencia de niños y niñas en el ámbito escolar, cuyo monto es más alto en el caso de las niñas a partir del primer año de secundaria.
Los hogares en las zonas marginadas mantienen todavía altos niveles de mortalidad y fecundidad, comparados con los promedios nacionales.
La tasa de mortalidad infantil para 1990-1995 en los hogares pobres fue de 49 defunciones por mil nacidos vivos. Este elevado nivel se debe, en buena medida, al escaso o nulo acceso a los servicios de educación y salud y a las deficientes condiciones de las viviendas.
El rezago en el descenso de la fecundidad en las zonas de alta y muy alta marginación es reflejo del bajo uso de métodos anticonceptivos en las mujeres pobres.
Las estadísticas laborales permiten observar un cambio importante en la incorporación de la mujer al mercado de trabajo. Además del aumento en la tasa de participación femenina, el patrón por edad ha tenido importantes cambios. La mayor proporción de mujeres que se incorporan al mercado laboral se encuentran entre los 20 y 34 años de edad y contribuyen con el 41.5 por ciento del total de la población económicamente activa (PEA) femenina. Del total de estas mujeres, el 51.8 por ciento tenía al menos un hijo. La proporción de mujeres que continúa trabajando después de tener uno o más hijos ha aumentado.
Las mujeres que realizan trabajo extradoméstico dedican alrededor de 33 horas a la semana a estas labores y además tienen que cumplir con la doble jornada que significa la responsabilidad paralela de las actividades domésticas, a las cuales dedican, en promedio, 28 horas a la semana. Los hombres trabajan, en promedio, 40 horas a la semana en algún empleo y dedican 12 horas a labores domésticas.
La gran mayoría de las mujeres que trabajan se ubican en las ramas económicas con salarios relativamente bajos y desempeñan ocupaciones caracterizadas como típicamente femeninas (oficinistas, maestras, vendedoras y trabajadoras domésticas).
De la población ocupada en 1997, el 18.9 por ciento de las mujeres no recibía ingresos. Esta situación se agrava en el caso de aquellas que se dedican a actividades agropecuarias, donde el 63.9 por ciento de éstas no recibía ingreso y el 32.5 por ciento no recibía más de dos salarios mínimos, no obstante que el 40 por ciento se dedicaba más de 35 horas a la semana a estas actividades. Las mujeres que trabajan en negocios familiares sin recibir pago alguno representaban, en 1997, el 49.13 por ciento de la población ocupada en este rubro y el 54.7 por ciento de los trabajadores no familiares que no perciben ingresos.
En México, el principal motivo que lleva a las mujeres a iniciar una microempresa es completar el ingreso familiar y es en este tipo de empresas donde es mayor su participación de manera formal o informal.
Las microempresarias del sector informal tienen, en general, bajos niveles educativos, baja capacidad de ahorro y generación de capital, así como limitantes en el uso de tecnologías avanzadas y dificultades de acceso al sistema financiero y crediticio. Esto lleva a que se concentren en sectores con pocas barreras de entrada pero que al mismo tiempo presentan bajos niveles de remuneración y de capacidad de generación de ingresos.
En general, las microempresas de mujeres tienen menores ganancias que las empresas de hombres. En zonas urbanas perciben la mitad de las utilidades que obtienen los hombres y el 36 por ciento en las zonas rurales.
Los hogares dirigidos por mujeres se han incrementado en los últimos años. En 1997, el volumen de estos hogares era de poco más de 3.9 millones, en los cuales habitaban cerca de 14 millones de personas.
La mayor participación de las mujeres en el mercado de trabajo ha aumentado su contribución económica a los hogares. En muchos de ellos el aporte del ingreso femenino es imprescindible: uno de cada tres hogares recibieron ingresos monetarios de mujeres y en uno de cada cinco el ingreso principal proviene de una mujer.
Aun cuando las mujeres han incrementado su participación en los ingresos familiares, sus cargas de trabajo doméstico no han disminuido. A pesar de los cambios ocurridos en las relaciones de pareja en el ámbito del hogar, aún persisten pautas tradicionales que hacen recaer sobre las mujeres la mayor parte del peso de las tareas domésticas, al tiempo que asignan mayor autoridad al hombre en las decisiones familiares importantes.
En las elecciones la participación de las mujeres se ha hecho patente en distintos ámbitos. Su importancia en el quehacer político se ha visto reflejada en la inclusión de temas particulares para las mujeres en las plataformas políticas de los partidos.
Las mujeres han incrementado su participación en las Cámaras.
En el caso de los comités ejecutivos de los partidos políticos la participación de las mujeres en septiembre de 1999 era la siguiente: en el Partido Acción Nacional, las mujeres conformaban, el 20.9 por ciento; en el Partido de la Revolución Democrática, el 33.3 por ciento, y en el Partido Revolucionario Institucional, el 21.9 por ciento.
En la actualidad, el 27 por ciento de los cargos de mandos medios, superiores y puestos homólogos de la administración pública corresponden a mujeres. Las mujeres tienen una mayor participación en los niveles de jefes de departamento y asesores donde alcanzan 30 por ciento, la menor participación se observa en las subsecretarias (4.7 por ciento).
En la rama diplomático-consular del Servicio Exterior Mexicano hay 186 mujeres y 603 hombres. En la rama administrativa del Servicio Exterior Mexicano, el total de mujeres es de 340 y el de hombres de 175.
La participación de las mujeres en el poder local es todavía reducida, aunque se ha mostrado un ligero incremento: en 1991 el 2 por ciento de los ayuntamientos del país eran gobernados por una mujer; en 1998, la proporción era de 3.4 por ciento y las síndacas y regidoras representaban el 12 por ciento de la composición de los cabildos.
En la Suprema Corte de Justicia, de los 11 ministros que la integran, una es mujer y la participación de las mujeres en la estructura administrativa de ese órgano representa el 51.4 por ciento de un total de 2,073 funcionarias. De éstas, 177 ocupan puestos de nivel medio y superior, mientras que 889 mujeres ocupan puestos operativos. En el Poder Judicial Federal la participación de las mujeres es del 36.14 por ciento, de un total de 4,790 funcionarios de mandos medios y superiores. En el nivel operativo las mujeres constituyen el 69.5 por ciento (de un total de 9,723 puestos).
En el caso de las agrupaciones sindicales y sociales, se estima que aproximadamente 2.5 millones de mujeres trabajadoras pertenecen a alguna organización sindical. A pesar de esta considerable afiliación femenina, la participación de las mujeres en las dirigencias sindicales es mínima. En algunas ramas de actividad su participación de base es significativa, como es el caso del Sindicato de los Trabajadores de la Educación, los de la Industria Textil y del Vestido, el de Teléfonos y el de Trabajadores Bancarios y Sobrecargos de Aviación, entre otras.
Las carencias en el suministro de servicios básicos y de infraestructura y equipamiento de las comunidades obligan a las mujeres a realizar trabajos de tipo comunitario, no remunerados. Las mujeres de los sectores más pobres son quienes mayormente participan en la organización y gestión de servicios de uso comunitario. No obstante que su involucramiento está estrechamente ligado a su nivel de carencia, se han encontrado en diversas experiencias que a través de la participación en este tipo de organizaciones, las mujeres encuentran su vocación de líderes.
Las mujeres y los niños son los más propensos a ser víctimas de violencia, tanto en su hogar como fuera de él; sin embargo, es muy poca la información que existe para poder dimensionar su magnitud, debido a que la mayoría de las veces no se denuncian este tipo de actos.
Aunque la violencia intrafamiliar es un fenómeno muy generalizado en nuestra sociedad, suele no ser denunciada y no existen aún mecanismos que permitan recabar la información suficiente para tener un panorama completo. Sin embargo, existe información de las instituciones que trabajan atendiendo este problema.
Las mujeres víctimas de violencia lo son principalmente de su pareja. Otro tipo de violencia a la que son sometidas las mujeres, las niñas y los niños, es la violencia sexual.
Por tal motivo y en consideración a lo antes señalado, someto a esta soberanía la siguiente proposición con
Punto de acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al gobierno federal, y a las dependencias a su cargo, para que implemente políticas públicas que fomenten la paridad de género en la administración publica federal.
Segundo. La Cámara de Diputados exhorta a las autoridades citadas en el punto resolutivo anterior, para que informen en un periodo máximo de 45 días sobre las acciones que se llevarán a cabo, para solucionar la problemática planteada, y de los proyectos que implantarán.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de octubre de 2007.
Diputado Carlos Navarro López (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE
QUE EN EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA
EL EJERCICIO FISCAL DE 2008 SE DESTINEN MAYORES RECURSOS A LA UNIVERSIDAD
DE GUADALAJARA, A CARGO DEL DIPUTADO ALFREDO BARBA HERNÁNDEZ, DEL
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
Los que suscriben, Alfredo Barba Hernández, Bertha Yolanda Rodríguez Ramírez, Patricio Flores Sandoval, Héctor Padilla Gutiérrez y Salvador Barajas del Toro, diputados federales por el estado de Jalisco a la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en uso de las facultades que confiere el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permiten presentar ante esta soberanía proposición con punto de acuerdo por medio del cual se solicita a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, y de Educación de la honorable Cámara de Diputados que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2008 se considere la asignación de recursos adicionales al propuesto por el Ejecutivo para la Universidad de Guadalajara, que serán destinados tanto para inversiones anuales irreductibles como para aportación extraordinaria, presentando la siguiente
Exposición de Motivos
La Universidad de Guadalajara es considerada una de las más importantes del país, cuenta con seis centros universitarios temáticos, ocho centros universitarios regionales, un sistema de educación media superior y un sistema de universidad virtual en Jalisco. Es la universidad en que los trabajadores y la población de escasos recursos aspiran a que ingresen sus hijos, y es importante señalar que acuden alumnos de varios estados de la república.
De las instituciones públicas de educación superior en Jalisco, la Universidad de Guadalajara tiene inscritos a 87 por ciento (75 mil aproximadamente), además de 113 mil alumnos de educación media superior. Esto representa atender a más de 51 por ciento de la población estudiantil de estos niveles.
La evolución de su plantilla académica no ha sido congruente con su crecimiento e, incluso, podemos señalar que el esfuerzo de la universidad al reflejar un incremento importante de profesores con posgrado en educación media superior.
La Universidad de Guadalajara es líder en la promoción y desarrollo de la cultura, como se demuestra en la Feria Internacional del Libro, Cátedra Julio Cortázar, Centro Cultural Universitario, festival infantil Papirolas y el Festival Internacional del Cine.
En materia de transparencia, la Universidad de Guadalajara, como organismo público descentralizado, ha sido evaluada por el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Jalisco como el mejor portal en transparencia, ha recibido el reconocimiento de la Organización de Estados Americanos, cuenta con el sello de confianza de la Asociación Mexicana de Internet y es la primera universidad pública que constituyó la oficina de acceso a la información. Es la primera universidad pública estatal en ser auditada por el órgano de fiscalización superior de la federación.
El sentido social y la congruencia de quienes laboran en la Universidad de Guadalajara fue clara al modificar su régimen de pensiones implantando un modelo de transición de aportaciones que representa un camino a seguir.
La Universidad de Guadalajara ha contado históricamente con financiamiento federal para el desarrollo de sus labores sustantivas; sin embargo, las asignaciones del gasto público federal no han sido repartidas de manera equitativa entre las distintas instituciones de educación superior del país, con el consiguiente efecto negativo para la máxima casa de estudios de Jalisco.
La universidad tiene la urgente necesidad de infraestructura, oficialización de escuelas preparatorias, incremento de plantilla, entre otros, por lo que se requiere incrementar el presupuesto propuesto por el Ejecutivo y así recuperar la proporcionalidad en cuanto al comparativo nacional.
Considerando
Primero. Que la honorable Cámara de Diputados en próximas fechas se encontrará realizando el análisis y la discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación, que será aprobado por esta soberanía para el ejercicio presupuestal de 2008;
Segundo. Que la asignación de recursos del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio de 2008 debe privilegiar la equidad, el fortalecimiento de las instituciones educativas que permitan competir en la economía global, mediante la asignación de recursos a programas y proyectos que atiendan una necesidad social y que a la vez contribuyan al desarrollo, y en particular a los programas de beneficio educativo con sentido social; y
Tercero. Que en la asignación y el ejercicio de los recursos públicos de la federación se debe de dar prioridad a los programas o proyectos donde contribuyan al beneficio social, en particular los que representan la mejor inversión, que es la formación de las presentes y futuras generaciones.
En nombre de mis compañeros diputados Alfredo Barba Hernández, Patricio Flores Sandoval, Héctor Padilla Gutiérrez y Salvador Barajas del Toro y el propio, por lo expuesto y fundado someto a su consideración el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Que la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, con la opinión de la Comisión de Educación, de la honorable Cámara de Diputados considere en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio de 2008 la asignación de recursos adicionales al propuesto por el Ejecutivo para la Universidad de Guadalajara, que serán destinados tanto para inversiones anuales irreductibles como para aportación extraordinaria.
Dado en el salón de sesiones de la honorable Cámara de Diputados, a 18 de octubre de 2007.
Diputados: Alfredo Barba Hernández (rúbrica),
Bertha Yolanda Rodríguez Ramírez (rúbrica), Patricio
Flores Sandoval, Héctor Padilla Gutiérrez, Salvador Barajas
del Toro.
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA A LA CFE A ELABORAR UN ESTUDIO TÉCNICO SOBRE LA METODOLOGÍA
CON QUE SE ESTABLECEN LAS TARIFAS ELÉCTRICAS, A CARGO DEL DIPUTADO
CARLOS ARMANDO REYES LÓPEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
El suscrito, Carlos Armando Reyes López, diputado federal de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a la consideración de esta honorable asamblea proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para que elabore un estudio técnico profundo y detallado sobre la metodología con la que se establecen las tarifas eléctricas, con objeto de determinar la viabilidad de una eventual reducción, de urgente resolución, al tenor de los siguientes
Considerandos
Por mandato constitucional el objetivo de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) es suministrar electricidad a todo el país, con el compromiso de ofrecer un servicio de calidad y beneficiar a la sociedad mexicana con tarifas competitivas a nivel internacional.
En el marco del 70 aniversario de la CFE el gobierno federal ha ratificado su compromiso en abatir las tarifas eléctricas por medio de una mayor eficiencia y productividad de la CFE, que se traduce en la búsqueda de tarifas cada vez más accesibles para toda la población.
La energía eléctrica ha sido siempre un tema sensible y permanente en la polémica nacional. El Grupo Parlamentario de Acción Nacional no ha sido ajeno al mismo, realizando importantes pronunciamientos en la máxima tribuna de la Cámara de Diputados.
De igual forma, diputados de todos los grupos parlamentarios, representantes de todas las regiones del país, han posicionado la misma inquietud en sus discursos, relacionados con temas de suministro, tarifas eléctricas, competitividad, impacto en la economía familiar e inclusive, del agotamiento de los recursos naturales.
En la actualidad el tema de la energía eléctrica juega un papel fundamental en el desarrollo de las economías; la solidez de las empresas proveedoras y la calidad de su servicios, puede acelerar o desincentivar el crecimiento de las naciones.
El tema requiere de nuestra comprensión y colaboración, debemos identificar nichos de oportunidad en los que podamos legislar para atender de una manera responsable una demanda social tan sentida y justificada.
Por lo anterior, someto a este Pleno el siguiente
Punto de Acuerdo
Con carácter de urgente y obvia resolución.
Primero. Se hace un exhorto al Poder Ejecutivo federal, a través de la Comisión Federal de Electricidad, para que elabore un estudio técnico profundo y detallado sobre la metodología con la que se establecen las tarifas eléctricas. Se especifique la situación real de las tarifas eléctricas para cada uno de los sectores (residencial, industrial, campo y servicios) a efecto de que esta Soberanía cuente con elementos de análisis para determinar la viabilidad, si el estudio así lo especifica, de tomar medidas tendientes a una eventual reducción de tarifas eléctricas.
Segundo. Se exhorta al Poder Ejecutivo federal, a través de la Comisión de Electricidad, que entregue a esta soberanía el estudio técnico en un plazo no mayor a treinta días naturales.
Dado en Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de octubre de 2007.
Diputado Carlos Armando Reyes López (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA AL GOBERNADOR DEL ESTADO DE MÉXICO A DESTINAR RECURSOS
A FIN DE ATENDER LA RECOMENDACIÓN DE LA COMISIÓN DE DERECHOS
HUMANOS DE ESA ENTIDAD PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LA
POBLACIÓN DE COYOTEPEC, A CARGO DEL DIPUTADO ARMANDO BARREIRO PÉREZ,
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
El que suscribe, diputado Armando Barreiro Pérez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LX Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, con fundamento en los artículos 23, numeral 1, inciso f), 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, con base en las siguientes
Consideraciones
El Estado de México depende en gran parte de los ingresos que le destina la federación. Este porcentaje oscila entre el 89 y 94 por ciento de sus ingresos totales según datos del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de este honorable Congreso de la Unión.
El municipio de Coyotepec forma parte de los 125 municipios que conforman el Estado de México, sus límites colindan con los municipios de Huehuetoca, Zumpango, Teoloyucan y Tepozotlán, los cuales tienen una dinámica económica, comercial y turística benéfica para esta región del estado de México.
El municipio de Coyotepec cuenta con una población de 35 mil 289 habitantes, que en los últimos años no viven con la suficiente tranquilidad y en algunas zonas del municipio no pueden transitar libremente por sus calles por temor a ser víctima de algún delito, sumándose a lo anterior el que en numerosas rutas del transporte público priva la inseguridad ya que constantemente son asaltados.
A lo anterior habrá de agregarse un fenómeno que se viene presentando con preocupante frecuencia: el suicidio. En opinión de los especialistas, tiene sus orígenes en la depresión que genera la falta de oportunidades, empleo, la descomposición social y la violencia intrafamiliar que tienen estrecha relación con la pobreza y la marginación no sólo en el municipio de Coyotepec, sino en el estado de México en general.
Todas estas circunstancias se alimentan del círculo vicioso que propicia la deteriorada situación económica social que se vive en todo el país y se refleja en las condiciones de pobreza, desempleo, desintegración familiar, y todo tipo de conductas antisociales por las que atraviesa nuestra sociedad.
Ante esta situación, las autoridades municipales han implementado acciones de prevención y combate a la delincuencia, a través de los programas de seguridad pública que buscan fortalecer la presencia de patrullas y elementos de policía, los cuales sin embargo han resultado insuficientes, entre otras causas, por falta de instrumentos como los anteriormente citados. El municipio sólo cuenta con 60 elementos de policía para garantizar la seguridad a una población de más de 35 mil habitantes.
Adicionalmente a esta problemática, es necesario dar respuesta a la recomendación CODHEM/SP/3401/2005-1 de la Comisión de Derechos Humanos.
Es por ello importante dar atención a la demanda de construir una nueva comandancia de policía municipal, el equipo para su operación, y los recursos accesorios y complementarios de prevención, como lo son el alumbrado público, señalizaciones adecuadas, equipamiento urbano y la operación de los programas de prevención del delito y violencia intrafamiliar.
Es importante destacar, que la recomendación de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, emitida desde el año 2005 ha sido retomada por el actual gobierno municipal, el cual asumió sus funciones a partir del 2006 con la finalidad de darle cumplimiento.
Como parte de esa disposición está el oficio entregado el 20 de diciembre de 2006 dirigido al licenciado Enrique Peña Nieto, gobernador del Estado de México, en el cual le solicita su apoyo al respecto, motivado por el hecho de que el titular del Ejecutivo estatal ha señalado en su programa de gobierno a la seguridad pública, como una de las prioridades de su administración.
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados exhorta de manera respetuosa al titular del gobierno del Estado de México, destine los recursos presupuestales necesarios al municipio de Coyotepec, Estado de México, para satisfacer la recomendación CODHEM/SP/3401/2005-1 de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, relativa a la construcción de la comandancia de policía, la contratación de nuevos elementos de policía y la adquisición de equipo para garantizar la seguridad pública de la población del municipio de Coyotepec, Estado de México.
Palacio Legislativo, a 15 de octubre de 2007.
Diputado Armando Barreiro Pérez (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE
QUE EN EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN DE
2008 SE DESTINEN RECURSOS A PLANES ESTRATÉGICOS PARA EL DESARROLLO
AGROPECUARIO-FORESTAL DEL ESTADO DE PUEBLA, A CARGO DEL DIPUTADO ALBERTO
AMADOR LEAL, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
El suscrito, diputado Alberto Amador Leal, integrante del Grupo Parlamentario del PRI de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión con fundamento en la fracción I de los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía la siguiente propuesta con punto de acuerdo para asignar una partida presupuestal destinada a proyectos estratégicos para el desarrollo agropecuario y forestal del estado de Puebla.
En los últimos años, los gobiernos federal y del estado de Puebla han impulsado el desarrollo agropecuario y forestal del estado de Puebla. Ahora, hace falta, promover proyectos integrales que previamente han sido estudiados técnica y económicamente y que, socialmente, han sido consensuados con los productores del campo. Por lo anterior se propone el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, y de Agricultura y Ganadería a considerar en el Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2008, los siguientes proyectos:
1. Planta procesadora de cítricos.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de octubre de 2007.
Diputado Alberto Amador Leal (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA A LA SUBCOMISIÓN DE EXAMEN PREVIO A CUMPLIR LA OBLIGACIÓN
QUE IMPONE EL INCISO C) DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES
DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y DETERMINE SI HA LUGAR A LA INCOACIÓN
DEL PROCEDIMIENTO DE JUICIO POLÍTICO CONTRA EL GOBERNADOR DE PUEBLA,
A CARGO DEL DIPUTADO JOSÉ ANTONIO DÍAZ GARCÍA, DEL
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
El suscrito, diputado José Antonio Díaz García integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, vengo a esta soberanía a presentar la proposición con punto de acuerdo, de conformidad con los siguientes
Antecedentes
La proposición con punto de acuerdo que someto a su consideración tiene como propósito fundamental enfatizar el compromiso que todos los grupos parlamentarios representados en la Cámara de Diputados hemos hecho en torno a dos valores fundamentales del Estado democrático de derecho, a saber, el respeto irrestricto al principio de legalidad y la plena vigencia de la cultura de la transparencia en los procesos de decisión política.
Las comparecencias que, con motivo de la glosa del Primer Informe de Gobierno del presidente Felipe Calderón, se han celebrado en la Cámara, son un ilustrativo ejemplo de la convicción con que todos los grupos parlamentarios exigen la vigencia de estos principios al reclamar, entre otras cosas –y con toda vehemencia–, legalidad y transparencia en el manejo de recursos y programas públicos; legalidad y transparencia en la designación de funcionarios; legalidad y transparencia en el cumplimiento de las responsabilidades gubernamentales.
Por lo anterior, es de primera importancia resaltar que la Subcomisión de Examen Previo, por lo menos en el caso que me interesa someter a su consideración, está violentando la legalidad y actuando contra las reglas de la transparencia sin que nadie levante la voz, por lo que es necesario reclamar su indolencia y exigir el cumplimiento puntual de las reglas jurídicas en las que se sustenta la legitimidad de la actuación de la Cámara de Diputados.
Señoras y señores diputados, es mi responsabilidad señalar que en este órgano se está violentando el estado de derecho puesto que, desde hace más de 18 meses, la Subcomisión de Examen Previo ha incumplido el mandato legal por el que debe determinar si ha lugar incoar el procedimiento de juicio político en contra del gobernador de Puebla, Mario Plutarco Marín Torres.
Como ustedes saben, la parte inicial de la fracción I, del artículo 109 de la Constitución precisa que mediante juicio político se impondrán las sanciones indicadas en el artículo 110 de la propia Constitución.
En el tercer párrafo del artículo 110 se establece que dichas sanciones "consistirán en la destitución del servidor público y en su inhabilitación para desempeñar funciones, empleos, cargos o comisiones de cualquier naturaleza en el servicio público."
Por su parte, el segundo párrafo del citado artículo 110 establece que los gobernadores de los estados podrán ser sujetos de juicio político, entre otras causas, por violaciones graves a la propia Constitución y a las leyes federales que de ella emanen.
Señoras y Señores diputados, sin duda ustedes conocen el marco normativo constitucional que acabo de narrar sucintamente pues, en tanto integrantes de la Cámara, todos somos servidores públicos obligados a conocer el régimen de responsabilidades al que estamos sujetos y de las sanciones inherentes. Por ello, este día me interesa resaltar fundamentalmente la competencia y la responsabilidad de esta Cámara de Diputados en el procedimiento para la substanciación del juicio político.
Es el cuarto párrafo del artículo 110 constitucional el que fija inequívocamente la responsabilidad de la Cámara de Diputados en esta materia, estableciendo textualmente que "Para la aplicación de las sanciones a que se refiere este precepto, la Cámara de Diputados procederá a la acusación respectiva ante la Cámara de Senadores, previa declaración de la mayoría absoluta del número de miembros presentes en sesión de aquélla Cámara, después de haber sustanciado el procedimiento respectivo y con audiencia del inculpado."
Lo que deseo manifestarles es que la obligación a que me refiero tiene rango constitucional y, por ello, resulta de extrema gravedad la ligereza y apatía con que este órgano está permitiendo que se incumplan obligaciones y responsabilidades cuyo origen es, nada menos, que la norma suprema de la Unión, aquélla que todos juramos cumplir y hacer cumplir durante el desempeño de nuestros cargos.
Con base en las disposiciones constitucionales antes referidas, la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos regula las etapas procedimentales que la Cámara de Diputados, en su carácter de órgano instructor, deberá desahogar para efecto de determinar si procede formular la acusación respectiva ante la Cámara de Senadores.
Los incisos a, b y c del artículo 12 de la citada ley establecen lo siguiente:
a) El escrito de denuncia se deberá presentar ante la Secretaría General de la Cámara de Diputados y ratificarse ante ella dentro de los tres días naturales siguientes a su presentación; (Cabe recordar que en el caso que nos ocupa ambos requisitos, fueron satisfechos el 16 de febrero de 2006 con la presentación de la denuncia en contra del gobernador del estado de Puebla y la ratificación de la misma).
b) Una vez ratificado el escrito, la Secretaría General de la Cámara de Diputados lo turnará a las Comisiones que corresponda. (Cuestión que quedó cumplida el 17 de febrero de 2006 con el turno correspondiente a las Comisiones Unidas competentes).
c) La Subcomisión de Examen Previo procederá, en un plazo no mayor a treinta días hábiles, a determinar si el denunciado se encuentra entre los servidores públicos a que se refiere el artículo 2o. de esta ley, así como si la denuncia contiene elementos de prueba que justifiquen que la conducta atribuida corresponde a las enumeradas en el artículo 7o. de la propia ley, y si los propios elementos de prueba permiten presumir la existencia de la infracción y la probable responsabilidad del denunciado y por tanto, amerita la incoación del procedimiento. En caso contrario la Subcomisión desechará de plano la denuncia presentada."
Señoras y señores diputados, es evidente que el juicio político en México, más que un instrumento al servicio de la ciudadanía mediante el cual se garantice la honestidad y probidad de los servidores públicos, ha sido utilizado como un escudo que fomenta la impunidad y que ultraja los más profundos sentimientos y reclamos de justicia de nuestro pueblo.
No prejuzgo sobre la responsabilidad política del gobernador Marín Torres; sin embargo, es escandaloso que las acusaciones que pesan en su contra y los procedimientos que se han iniciado no hayan sido, siquiera, motivo de análisis para que los representantes populares cumplan mínimamente con sus responsabilidades constitucionales y legales.
Todos fuimos testigos de evidencia suficiente para considerar que existen elementos de prueba que justifiquen presumir la existencia de infracciones y la probable responsabilidad del gobernador poblano. Si ello no fuera suficiente, desde hace varios días el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, don Juan Silva Meza, remitió a la Cámara el Informe preliminar derivado de las diligencias de investigación que solicitamos de la corte en el que se concluye, contundentemente, la existencia de evidencia de violaciones graves a la Constitución que afectan garantías individuales.
No estoy solicitando que la Cámara debata y delibere los alcances jurídicos del Informe preliminar del ministro Silva; esas son cuestiones que deben discutirse en otros foros. Lo que exijo es que la Cámara de Diputados cumpla puntualmente sus obligaciones y resuleva este asunto con los elementos probatorios con los que cuenta.
México no resiste más la presencia de la impunidad. México demanda cambios sustanciales en la manera de hacer política, y estamos avanzando, como en las recientes reformas constitucionales aprobadas, estoy convencido, a la Cámara de Diputados le corresponde ser la punta de lanza en el proceso de construcción del estado de derecho que nos garantice una patria digna, ordenada y generosa.
Por ello, señoras y señores diputados, me permito someter a su consideración el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero. Que, para mejor proveer, la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Diputados turne a la Subcomisión de Examen Previo el informe preliminar elaborado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y remitido a esta soberanía, respecto a las presuntas violaciones a los derechos humanos cometidas por diversas autoridades del estado de Puebla.
Segundo. Que se exhorte a la Subcomisión de Examen Previo de las Comisiones Unidas de Gobernación y Justicia para que, de inmediato, cumpla con la obligación que le impone el inciso c) del artículo 12 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos.
Tercero. Que las comisiones competentes informen a esta soberanía de las acciones que lleven a cabo en relación con el asunto a que se refiere esta proposición con punto de acuerdo.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de octubre de 2007.
Diputado José Antonio Díaz García
(rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE
QUE EN EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN DE
2008 SE ASIGNEN RECURSOS PARA CONSTRUIR UNA ESCUELA PREPARATORIA EN TLÁHUAC,
A CARGO DE LA DIPUTADA GUADALUPE SOCORRO FLORES SALAZAR, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PRD
La que suscribe, diputada federal Guadalupe Socorro Flores Salazar, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo con base en las siguientes
Consideraciones
La igualdad de oportunidades y el bienestar, son principios básicos de sociedades que aspiran a ser justas, sin duda la educación es uno de los elementos más notables que contribuyen a lograr estos principios. Es evidente que en las regiones de México se observan enormes diferencias. Una de las deudas históricas que el Estado mexicano tiene pendientes es el problema relativo a la educación en todos sus niveles; en buena medida, sobre todo en cuanto a calidad y cobertura.
La transformación y la calidad de la educación es una responsabilidad del Estado, y debe ser una tarea compartida de los padres de familia, de los estudiantes y de la sociedad en su conjunto por el tamaño de la tarea y la importancia que esto implica para el pleno desarrollo del país.
La carencia de una educación adecuada es señalada como factor determinante en la continuidad e incremento de la pobreza en el país. Pese a los importantes avances logrados en la educación, aún se mantienen graves deficiencias; la calidad educativa es el problema más fuerte y el que más críticas recibe por parte de la sociedad, pese a que se cuenta con un sistema más amplio y complejo. Esta deficiencia ha generado una desigualdad social.
Cada estudiante, independientemente de su condición económica, social, étnica o cultural, debe tener la oportunidad de estudiar, como mínimo, el bachillerato en cualquiera de sus modalidades. Esto implica un esfuerzo sin precedentes en la ampliación de las oportunidades de acceso social, reduciendo drásticamente el rezago estructural, eliminando las barreras no académicas e incrementando significativamente el apoyo a los estudiantes.
La oferta pública de educación en la Ciudad de México es insuficiente para asegurar que la población asista a la escuela por varios factores, uno de ellos se relaciona a la dinámica de desplazamiento territorial de la población hacia la periferia, y desde la perspectiva de la demanda social, la exclusión e inasistencia escolar puede explicarse debido a las enormes desigualdades sociales que impiden a muchas familias enviar a sus hijos a la escuela y obliga, a una proporción significativa de la población juvenil, a trabajar para sostenerse o contribuir al insuficiente ingreso familiar. Resulta preocupante que 16 de cada 100 jóvenes que ingresan a secundaria se vean en la necesidad de abandonarla, y que 38 de cada 100 que logran ingresar al bachillerato no terminen sus estudios.
La transformación educativa debe transitar a la realidad, ya que se trata de una condición fundamental para avanzar como sociedad para responder a las demandas y condiciones de contexto muy distintas que se viven en las delegaciones en el Distrito Federal, y que se manifiesta con enormes desigualdades e inequidades.
Una de las estrategias para lograrlo se traduce en la acción para la creación de instituciones de educación media superior en las zonas más marginadas de la Ciudad de México. Los jóvenes de hoy representan a una de las generaciones más trascendentes en la historia del país, y la educación en ellos debe ser la columna vertebral de los escenarios del presente y del futuro.
Las oportunidades públicas de educación han afectado, en mayor grado, a quienes residen en las delegaciones territoriales de muy alta y alta marginación, así como a los grupos más vulnerables a la exclusión educativa. Durante el ciclo escolar de 1999-2000 (censo del INEGI 2000) en la Ciudad de México, la población de 15 a 19 años marcó un índice de inasistencia escolar del 35.4 por ciento, es decir, de cada 100 adolescentes y jóvenes del Distrito Federal 35 no asistían a la escuela.
Como puede apreciarse, en el cuadro anterior, los mayores índices de inasistencia se presentaron en la edad de 19 años. De la población, en el rango de edad de 15 a 19 años no asistieron a la escuela 134 mil 247 hombres y 148 mil 91 mujeres.
Al menos 28 de cada 100 adolescentes de entre 12 y 14 años de edad que viven en la Ciudad de México no asisten a la escuela por diversas causas asociadas a la pobreza, la marginación y la discriminación, de acuerdo con datos del UNICEF-ONU (noviembre 2006). En el marco de los resultados del trabajo denominado Avancemos en la inclusión educativa: compromiso de todos con las niñas, los niños y los jóvenes en el Distrito Federal, elaborado por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, destaca que cuatro de cada 10 adolescentes consultados para el estudio señalaron las burlas, apodos o actos violentos de sus compañeros, como causa para dejar la escuela, lo cual revela un entorno agresivo. Es en la secundaria donde se presenta el mayor índice de deserción escolar debido a la pobreza, la violencia, la discriminación e inequidades sociales existentes. Para la CDHDF existe un fenómeno de exclusión en las secundarias del Distrito Federal y no sucede igual en los planteles de Iztapalapa o Tláhuac que en los de Benito Juárez o Cuauhtémoc.
La Secretaría de Desarrollo Social del Distrito Federal (Panorama Agropecuario, noviembre de 2006) indica que la combinación de algunos elementos, como ser adolescente, mujer, pobre, indígena, tener alguna discapacidad y vivir en entornos rurales determina la exclusión educativa. De esta forma mientras en la delegación Benito Juárez el índice de exclusión educativa es del 3.6 por ciento; en otras delegaciones la geografía de exclusión es muy marcada y se concentra en delegaciones como Milpa Alta, Xochimilco, Magdalena Contreras y Tláhuac.
Según datos de la Secretaría de Educación del Distrito Federal, se estima que uno de cada 3 jóvenes de entre 15 y 19 años de edad se encuentra excluido de la educación.
En las estadísticas oficiales de la SEP aún no se incluye información acerca de los planteles del Instituto de Educación Media Superior del Gobierno del Distrito Federal. Sin embargo, la oferta en educación media superior es limitada y no responde a la demanda. A lo que se añade la necesidad de acercar los servicios educativos a la población que se ubica en las zonas marginales.
A pesar de los significativos logros en el ejercicio de los derechos y atribuciones como ciudadanos del Distrito Federal, en el caso particular, los pueblos y colonias de Tláhuac continúan enfrentando una desfavorable desigualdad de acceso a las oportunidades de educación y salud de calidad respecto a otras regiones.
Más del 60 por ciento de los jóvenes de hasta 24 años en Tláhuac no asiste a la escuela, según datos de la Secretaría de Salud del Distrito Federal, la causa principal de esta situación no es otra que la desintegración familiar. Y es que Tláhuac ocupa el último lugar en la Ciudad de México en aprovechamiento escolar y el primero en deserción.
El hecho de que en la demarcación cada día se registre al menos una denuncia por violencia doméstica, las tasas de pobreza y marginalidad y el hecho de que alrededor del 30 por ciento de los progenitores se trasladen hasta el centro de la ciudad para trabajar, influyen en que los niños y adolescentes se sientan abandonados y opten por dejar la escuela.
Con el propósito de establecer una preparatoria del Sistema de Bachillerato del Gobierno del Distrito Federal que sea accesible geográficamente a los estudiantes de las zonas urbanas y rurales marginadas de la ciudad y con el interés por fortalecer la educación pública y gratuita se propone la construcción de un plantel de enseñanza media superior en el área rural de la delegación Tláhuac, específicamente en el poblado de San Nicolás Tetelco.
Este nuevo plantel pretende considerar el criterio de establecer planteles en las zonas de mayor marginación y técnicamente en una de las zonas con los mayores índices de marginación, como es el caso del pueblo de San Nicolás Tetelco, con el criterio de que el estudiantado tenga su domicilio lo más cercano al área escolar referido.
Por esa razón, esta proposición plantea que una de las prioridades en la formación de una sociedad más democrática y más tolerante debe ser el énfasis educativo, y ello debe incidir para que se autoricen los recursos necesarios, en aras de alcanzar y construir la educación que nuestros jóvenes requieren, con la calidad y la cobertura necesaria, para garantizar el derecho constitucional a una educación pública, laica y gratuita, a la no exclusión de los grupos más desfavorecidos y vulnerables y a la permanencia de todos y todas en una educación de calidad.
Con base a lo expuesto, me permito proponer a ésta soberanía la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Se solicita a las Comisiones de Educación y Servicios Educativos y de Presupuesto y Cuenta Pública que se destinen recursos en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2008 para la construcción de una escuela preparatoria en la delegación Tláhuac, en el Distrito Federal.
Palacio Legislativo, a 18 de octubre de 2007.
Diputada Guadalupe Socorro Flores Salazar (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE
QUE EN EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN DE
2008 SE ASIGNEN RECURSOS A PLANES ESTRATÉGICOS DE INVERSIÓN
PARA DURANGO, A CARGO DE LA DIPUTADA LOURDES QUIÑONES CANALES, DEL
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
Los que suscriben, diputados federales por el estado de Durango, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en la LX Legislatura del honorable Congreso de La Unión, con fundamento en lo establecido en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, respetuosamente nos permitimos presentar a esta honorable asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo.
Antecedentes
1. El estado de Durango es el estado del norte con mayores rezagos:
Entre otros proyectos se destacan: programas de agua potable, alcantarillado y saneamiento en zonas urbanas, reposición de tuberías, estudio para el establecimiento de una planta potabilizadora de agua, construcción de un colector sanitario Las Rosas, planta de tratamiento Durango-Sur, así como programas de sustentabilidad de los servicios de agua potable y saneamiento.
4. En materia de proyectos de inversión hidroagrícola se destacan la adecuación de presas, construcción y rehabilitación de canales de riego, conclusión de entubamiento de la presa El Baluarte, sobreelevación y ampliación de la zona de riego de la presa Santiago Bayacora; para lo que se requiere una inversión de 136.1 millones de pesos.
5. Para impulsar proyectos productivos para el campo, sobresale la construcción de invernaderos, el establecimiento de una beneficiadora de nuez, una planta despepitadota, un rastro de cabritos, deshidratadora de chile, una empacadora de chile; para lo que se requiere una inversión de 200 millones de pesos.
6. Para mejorar la infraestructura de salud se requieren, 550.3 millones de pesos, con lo que se podrá apoyar a centros de salud con servicios ampliados, equipamiento y mantenimiento de 12 hospitales comunitarios y centros de salud rurales, construcción y equipamientos de nueve unidades médicas especializadas; unidad de salud mental del infante y del adolescente, hospital general de Lerdo, hospital de altas especialidades de Durango.
7. Para incrementar la infraestructura educativa, se prevé una inversión de 978 millones de pesos, lo que permitirá la rehabilitación de escuelas de educación básica, el fortalecimiento de la infraestructura de educación media superior, establecimiento de cuatro tecnológicos de educación a distancia en los municipios de Canelas, Nazas, Tamazula y Ocampo.
Destaca el proyecto de creación de la ciudad universitaria, así como el del Unipoli Durango, y Unipoli Goméz Palacios.
Se prevé una inversión de 197 millones de pesos en el rubro de cultura y turismo, y se destaca la creación del museo interactivo de Durango, la construcción de la casa de cultura de Lerdo. Además de la creación del centro estatal de las artes, así como la apertura del museo Ángel Zárraga; haciendo énfasis en la inversión programada para el rescate del centro histórico de la ciudad capital de Durango, de Gómez Palacio y San Juan del Río.
7. Proyectos de inversión carretera ferroviaria.
Para el año 2008 se prevé en este rubro una inversión de 2 mil 65.8 millones de pesos para la construcción y modernización de importantes vialidades en la ciudad capital y la ciudad de Gómez Palacio, así como la conservación de carreteras , nuevos caminos rurales y carreteras alimentadoras. Se contempla asimismo una importante inversión para el programa de empleo temporal.
Consideraciones
Conforme a los resultados del Censo General de Población y Vivienda, mas del 50 por ciento de la población del estado de Durango no tiene acceso a los servicios institucionales de salud, pero en los municipios mas alejados, la situación es aún mas crítica, puesto que sólo alcanza a cubrir entre el 4 y el 8 por ciento de sus habitantes.
Como es de todos conocido, por las intrincadas condiciones orográficas del estado de Durango, su población se encuentra dispersa en un importante número de alejadas comunidades, haciendo muy complicado y muchas veces tortuoso su traslado a las ciudades capitales por falta de vías de comunicación.
Por lo anteriormente expuesto me permito solicitar.
• Modificar las reglas de ejercicio de los recursos federales de la CNA, reduciendo las aportaciones de estados y municipios.
• Etiquetar una partida especial en cada rubro para estudios y proyectos ejecutivos con aportación cien por ciento federal.
• Establecer candados con sanciones a funcionarios para evitar sub ejercicios.
Punto de acuerdo
Único. Exhortar al Poder Ejecutivo a que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2008 incluya el presupuesto necesario para la realización de proyectos de inversión en el rubro de: Inversión hidráulica e hidroagrícola, de proyectos productivos para el campo, de infraestructura de salud, de infraestructura educativa, cultura y turismo, necesarios para impulsar el desarrollo integral del estado de Durango.
Honorable Congreso de la Unión, a 18 de octubre de 2007
Diputados: Lourdes Quiñones Canales ( rúbrica),
Luis Benítez Ojeda (rúbrica), Juana Leticia Herrera Ale (rúbrica),
José Rubén Escajeda Jiménez (rúbrica), Samuel
Aguilar Solís, José Rosas Aispuro Torres.
CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE
QUE EN EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN DE
2008 SE REALICEN ASIGNACIONES PARA FORTALECER LOS RECURSOS HUMANOS DE SALUD
EN EL DISTRITO FEDERAL, A CARGO DE LA DIPUTADA GUADALUPE SOCORRO FLORES
SALAZAR, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
La que suscribe, diputada federal Guadalupe Socorro Flores Salazar, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, en razón de la siguiente
Exposición de Motivos
Las expresiones y consecuencias sociales de la marginación pueden variar según la escala en que ésta se presenta. Los indicadores disponibles para las entidades federativas y los municipios permiten obtener una perspectiva general de la marginación en estas unidades administrativas, pero generalmente son de poca utilidad para identificar el rezago social al interior de las comunidades locales al entorno urbano, esto es, en los distintos barrios, colonias y zonas que integran las ciudades. Este tipo de marginación es importante porque es en las propias comunidades locales donde se desarrolla la vida familiar y gran parte de la vida social de los individuos, y por tanto la existencia de condiciones sociales inadecuadas tiene un impacto negativo sobre el bienestar de las familias, los patrones de socialización de niños y jóvenes y en forma general, la creación de oportunidades para el desarrollo de las capacidades individuales. Además, la concentración espacial excesiva de la marginación se asocia a la segregación espacial a la población en condiciones de pobreza.
Tomando en cuenta los índices de marginación podemos identificar las carencias sociales en áreas geográficas específicas en el interior de las ciudades, lo cual puede facilitar el diseño y la aplicación de políticas sociales. Se establece que los índices de marginación se caracterizan por poseer cuatro dimensiones: 1) los niveles de bienestar en salud; 2) el acceso a la educación; 3) el acceso a la vivienda digna y decorosa; y 4) la percepción de ingresos monetarios suficientes.
La primera dimensión considerada en la construcción del índice son las carencias en salud, que sin duda son una limitante de primer orden para el bienestar de las personas. La falta de acceso a los servicios de salud aumenta la vulnerabilidad de los individuos y las familias ante el embate de las enfermedades, al tiempo que dificulta el aprovechamiento de una gama de servicios de salud de corte preventivo, lo cual incide negativamente sobre la calidad de la vida de las personas, pues además de truncar las potencialidad de los individuos en edades productivas, quebranta las redes de solidaridad familiar e impone altos costos afectivos en las personas cercanas a quien fallece.
Es importante destacar la base que forma a los servicios de salud, éstos son el personal; médicas, médicos, enfermeras, enfermeros, entre otros, todo el personal que se conjunta para formar grupos de trabajo que den solución a la población abierta que necesita de sus servicios.
En los años noventa, se produjeron transformaciones profundas en los sistemas de salud de muchos países. Esas transformaciones, en general, se localizaron en la estructura de los sistemas de servicios de salud, con énfasis en la descentralización, en la separación de funciones, en el financiamiento y la prestación de servicios, en la introducción de mecanismos de mercado y en el cambio del papel del Estado.
Mientras tanto, varios problemas persisten tales como la iniquidad en el acceso a los servicios, el descuido con los aspectos de salud colectiva, así como también pendientes para los próximos años. Muchos de los problemas de esa agenda se encuentran asociados –casi siempre de forma genérica– con los recursos humanos. Los cambios en las estructuras agotaron su efecto y los países comienzan a darse cuenta que sin cambios en los comportamientos y capacidades de los trabajadores de salud, las reformas no producirán sus efectos y –aún peor– pueden estar produciendo efectos contrarios a los deseados.
Es primordial construir y buscar estrategias que apoyen la elaboración de planes nacionales que permitan a México alcanzar los objetivos prioritarios de desarrollo de recursos humanos y superar sus desafíos más urgentes durante los próximos años, ya que la importancia del desarrollo y la gestión de recursos humanos es un problema y una necesidad crítica.
México tiene problemas particulares y desequilibrios en su fuerza de trabajo en salud y, muchas veces, estos problemas y desequilibrios afectan de forma diferente regiones distintas en el país, ya que: no se pueden concluir diagnósticos de la situación de recursos humanos y una política de largo plazo que pueda enfrentar los problemas identificados.
La escasez y los desplazamientos de los trabajadores de salud y, en especial, de profesiones críticas para los servicios de salud superan, en muchos casos, la capacidad de los países de garantizar niveles mínimos de atención, muchas veces en las zonas o actividades que más lo necesitan; inclusive en aquellos casos en que los países tienen cantidades suficientes de trabajadores de salud, los sistemas de gestión del trabajo no siempre permiten a estos trabajadores brindar los mejores servicios de forma productiva y con calidad.
La planificación y regulación de los recursos humanos parece una atribución del Estado siempre que los servicios de salud conformen un sistema sobre el cual el Estado o, más concretamente, los ministerios de Salud, no siempre mantienen un control y capacidad de decisión directa.
Es muy importante desarrollar mecanismos de interacción entre las instituciones de formación y los servicios de salud que permitan adecuar la formación de los trabajadores de salud para un modelo de atención universal, equitativa y de calidad que sirva a las necesidades de salud de la población.
Algo que debe ser importante para seguir fomentando un desarrollo en recursos humanos es, regular los desplazamientos de los trabajadores de salud, como son: movimientos internos (dentro del país) y migraciones internacionales, de manera que permitan garantizar la atención a la salud para toda la población.
Entendiendo además que el desafío podría ser superado cuando: "Existen desplazamientos y migraciones de profesionales de salud entre países y regiones, pero se conocen las tendencias de los mismos y existen mecanismos que permiten ajustar la cantidad de formación de profesionales, los sistemas de incentivos y la creación de empleos, que permiten compensar estos movimientos de manera que no perjudiquen los servicios en las zonas más necesitadas."
Hay que retomar la necesidad de que la fuerza de trabajo es fundamental para la plena ejecución de las políticas del sector salud, tanto en relación a las acciones de promoción como de servicios a las personas, pero también por su papel en la formación y en las políticas que incentivan la participación ciudadana para el alcance de los objetivos de salud de todos los países.
Es muy importante la adaptación de la fuerza de trabajo para que esté de acuerdo con las necesidades de salud de la población, es una actividad compleja, porque debe considerar los cambios epidemiológicos y sociodemográficos del país.
Punto de Acuerdo
Único. Se solicita a la Comisión de Salud, a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, y a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados, a que en el marco del análisis, discusión, modificación y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2008, se contemple y se etiquete la cantidad de 3 mil 600 millones de pesos para el fortalecimiento de los recursos humanos de salud en el Distrito Federal.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de octubre de 2007.
Diputada Guadalupe Socorro Flores Salazar (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE
QUE EN EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA
EL EJERCICIO FISCAL DE 2008 SE AUMENTEN RECURSOS DESTINADOS EN EL RAMO
33 A DIVERSOS MUNICIPIOS DE JALISCO, A CARGO DEL DIPUTADO ALFREDO BARBA
HERNÁNDEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
Los suscritos, diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a la consideración de esta soberanía el presente punto de acuerdo, de conformidad con las siguientes
Consideraciones
Primero. El aprovechamiento eficaz de los recursos naturales es actualmente uno de los retos que enfrenta la sociedad. La falta de mantenimiento y modernización de los sistemas de riego, la falta de inversión en infraestructura hidráulica tiene como consecuencia una mala calidad y baja productividad en el campo, así como una sobreexplotación del agua.
Segundo. Mejorar el sistema de caminos que comunican las diversas comunidades de la zona requiere un importante trabajo y una inversión que traerá grandes beneficios al sector productivo de la zona, así como a un gran número de familias, por lo que la consolidación económica de los municipios depende en gran parte de esto.
Tercero. Que en la asignación de recursos públicos y su ejercicio se debe dar prioridad a los programas o proyectos que contribuyan al beneficio social, en particular los que privilegien la conservación de los recursos naturales y el aumento de la infraestructura de carácter productivo y social.
Por lo expuesto y fundado someto a su consideración el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública a asignar en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2008 recursos en el Ramo 33 para los municipios de La Barca, El Salto, Chapala, El Grullo, Puerto Vallarta y Cihuatlán, Jalisco, a cargo de los diputados Alfredo Barba Hernández, Bertha Yolanda Rodríguez Ramírez, Patricio Flores Sandoval, Salvador Barajas de Toro y Héctor Padilla Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del PRI.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de octubre de 2007.
Diputados: Alfredo Barba Hernández (rúbrica),
Bertha Yolanda Rodríguez Ramírez (rúbrica), Patricio
Flores Sandoval, Héctor Padilla Gutiérrez, Salvador Barajas
del Toro.
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A PONER EN PRÁCTICA MEDIANTE LA
SEDESOL EL PROGRAMA DE ATENCIÓN A LOS ADULTOS MAYORES DE SETENTA
AÑOS Y MÁS, A CARGO DEL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL PEÑA
SÁNCHEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
Miguel Ángel Peña Sánchez, diputado federal, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LX Legislatura, con fundamento en los artículos 23, numeral 1, inciso f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta honorable asamblea una proposición con punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución, bajo las siguientes
Consideraciones
En muchos países, llegar a la vejez es sinónimo de bienestar y de vida digna. En México esa realidad no tiene por qué ser distinta. Tenemos todo para mejorar en materia de política social. Por ello, los conmino a aprobar, en una auténtica unidad parlamentaria, este punto de acuerdo.
La atención a las personas de la tercera edad debe ser parte de una política integral orientada a garantizar una vejez con dignidad. El Estado debe proveer los bienes y servicios a las personas en situación de vulnerabilidad. En este sentido, la pensión universal a los adultos mayores forma parte de la estrategia para brindar a este sector de la población apoyos específicos mediante una asignación económica básica.
En México la pobreza extrema rural y urbana, expresan una realidad lacerante y manifiesta el grado de incumplimiento de las obligaciones constitucionales fundamentales del Estado mexicano, descuidando de una manera aguda a nuestros adultos mayores cuando ellos fueron parte importante de nuestra actual situación, donde ellos dieron los mejores años de su vida y su trabajo de sol a sol por este gran país, y ahora no es justo que nos olvidemos de esas manos cansadas, agrietadas por el paso del tiempo, y de ese cúmulo de sabiduría que sólo el tiempo es capaz de dar.
México requiere detonar el ciclo de crecimiento con justicia social; demanda acabar con la falacia de que los programas sociales afectan los equilibrios macroeconómicos. Ninguna razón financiera puede estar por encima del bienestar de las personas que más apoyo reclaman, porque son mayores sus carencias. México debe ganar su futuro pero no a costa de sacrificar a las generaciones que le han dado sustento.
El amplio sector de las personas de la tercera edad tiene una justificada preocupación porque el gobierno instrumente políticas que contribuyan a su bienestar y eleven su poder adquisitivo. En el paquete económico que está a discusión de esta soberanía no existe la previsión presupuestal para ampliar el programa de pensión universal a los adultos mayores.
El punto de acuerdo que se propone establece que la Cámara de Diputados, al dictaminar el Presupuesto de Egresos de la Federación deberá considerar una partida de gasto suficiente para implementar en el ámbito nacional el programa de pensión universal para los adultos mayores de 70 años, en los montos que el propio presupuesto lo permita, con la salvedad de que en ningún caso la asignación mensual debe ser menor a los 500 pesos.
El programa de atención a los adultos mayores de 70 años y más en zonas rurales por todos es conocido su buen resultado, pero también es conocido que estos resultados no son suficientes por sus reglas de operación.
En el contexto de este programa, se debe mejorar la gestión interna para evitar que pueda ser objeto de manipulación político-electoral. Por lo que, de instituirse, se deben contemplar mecanismos e instrumentos de concertación con organismos e instituciones públicas, sociales y privadas, que cumplan el objetivo de apoyar y, al mismo tiempo, vigilar el adecuado funcionamiento de este programa.
Nuestra fortaleza, como democracia, está en la inclusión social. El reto es mejorar la situación de los que más carencias tienen. Ésa es nuestra fortaleza. Hagamos de la reconciliación un voto a favor del programa de la pensión universal a los adultos mayores. Comencemos nuestros acuerdos con este punto.
La pensión universal a adultos mayores no se trata sólo de un programa de transferencia monetaria, sino de un esquema para llevar calidad de vida a millones de mexicanos en situación de vulnerabilidad. Se trata, en suma, de una nueva cultura de respeto y atención hacia las personas que con humildad, sentido de justicia y responsabilidad, han dejado ya sus mejores años productivos.
Esta medida se tomaría por razón ética, pero sobre todo por auténtica necesidad para hacer justicia a quienes viven, en muchos lugares de la nación, en el desamparo social. Se trata de mirar hacia el sector de la población que más requiere mínimos de bienestar; se trata de garantizar a los adultos mayores una vida digna y de calidad. Ciertamente dicho programa es un desafío para quienes protegen a ultranza los equilibrios macroeconómicos, pero nada justifica que un gobierno margine en el presupuesto y deje a su suerte a quienes le han dado a México los mejores años de su vida.
Actualmente el programa de apoyo a adultos mayores está concentrado fundamentalmente en localidades no mayores a 2 mil 500 habitantes, con el que se benefician a más de 218 mil 996 personas.1 No existe razón ética ni humana para excluir de los beneficios de este programa a los adultos mayores de 70 años y más que viven en localidades mayores a 2 mil 500 habitantes; no hay razón alguna para que esta exclusión persista; de aprobarse este punto de acuerdo, este programa se extendería a todo el país y mejoraría la calidad de vida de miles de personas, del campo y la ciudad, que viven en condiciones, muchas veces, de auténtico abandono.
Ya hemos dado un paso importante en esta materia, donde gobierno federal ha visto resultados positivos así como todo el pueblo de México, por qué no dar el próximo paso y hacer de éste un programa universal donde todos nuestros adultos mayores participen de este beneficio y quitar ese candado que limita territorialmente el actuar del programa.
Por ello, proponemos que el Presupuesto de Egresos de la Federación para el próximo año contemple una partida para instituir, en el marco de una política social de Estado, la pensión universal a los adultos mayores de todo el país.
En virtud de las razones antes expuestas y debido a la importancia de que los adultos mayores reciban un trato digno y vean que respetamos su esfuerzo realizado por muchos años de lucha incansable por este país, presento ante esta soberanía la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
1.Se exhorta al Poder Ejecutivo a instruir a los responsables de las dependencias competentes, de manera destacada a la Secretaría de Desarrollo Social, para que pongan en marcha el programa de atención a los adultos mayores de 70 años y más de manera universal en todo el país.
2. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de esta honorable soberanía a aplicar en el próximo proyecto de Presupuesto Egresos las medidas conducentes para que el programa de adultos mayores de 70 años y más sea de manera universal en todo el país.
3. Se exhorta al Poder Ejecutivo a informar a esta soberanía sobre las acciones que lleve a cabo en torno a esta iniciativa, señalando de manera detallada sus contenidos y alcances.
Nota:
1 México, Presidencia de la República,
Primer Informe de Gobierno, Felipe Calderón Hinojosa, página
271.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de octubre de 2007.
Diputado Miguel Ángel Peña Sánchez
(rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE
QUE EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN DE 2008
SE CONSIDEREN RECURSOS PARA EL DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA
URBANA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA Y LA CUARTA ZONA METROPOLITANA, A CARGO
DEL DIPUTADO ALBERTO AMADOR LEAL, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
El suscrito, diputado federal Alberto Amador Leal, integrante del Grupo Parlamentario del PRI de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión con fundamento en la fracción I, de los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía la siguiente propuesta con punto de acuerdo para el desarrollo y fortalecimiento de la infraestructura urbana del municipio de Puebla y de la cuarta zona metropolitana.
Exposición de Motivos
A. Diagnóstico sociodemográfico
El municipio de Puebla es una de las ciudades del centro y sureste de México que ha experimentado, en los últimos años, un desarrollo sociodemográfico importante. Esto, nos compromete a compartir una visión derivada de las necesidades de todos sus habitantes; que les brinde posibilidades de un desarrollo común, con perspectiva a futuro, producto del consenso de todos los sectores sociales y de un gobierno municipal incluyente, eficaz y sensible ante las demandas y necesidades locales, aunque restringido por la falta de recursos presupuestales.
Para ello, es necesario establecer estrategias emergentes que permitan incrementar la inversión productiva, darle mayor valor a las cadenas productivas y diversificar las actividades económicas del municipio, ya que un municipio no es grande por sus bienes materiales o su extensión territorial, lo es por el trabajo constante de sus habitantes y de su gobierno, y por la inteligencia con que aprovecha los recursos. Por lo tanto, el compromiso por consolidar aquéllas áreas de oportunidad para posicionarse en el ámbito nacional y aprovechar las oportunidades que brinda la inserción de la economía mexicana en la globalización y de éste desprender el desarrollo humano y la seguridad para los poblanos.
Debido a su ubicación geográfica, el municipio de Puebla representa un paso obligado entre la zona metropolitana de la Ciudad de México, el puerto de Veracruz y la región sur-sureste del país. Esta característica lo convierte en un punto de atracción de la población y de concentración de la planta productiva.
De los 10 ejes carreteros que conforman la infraestructura nacional de comunicaciones, tres de ellos cruzan el territorio poblano, lo cual significa una ventaja comparativa, tanto para el estado como para la ciudad. Adicionalmente, la ciudad como capital de la entidad federativa constituye el centro de las actividades económicas, políticas, administrativas, culturales, recreativas y deportivas del Estado.0
Población
El crecimiento poblacional del 2000 al 2005 representó un incremento del 10.31 por ciento al pasar de 1, 346 mil 946 habitantes a 1 millón 485 mil 941, de igual forma, se incrementó en 1.07 por ciento en comparación con el total de la población en el estado, es decir, concentra al 27.60 por ciento de la población total de la entidad. Cabe notarse en el municipio un mayor índice de mujeres que hombres con el 52.19 por ciento.
La capital poblana registra un marginal porcentaje de indígenas, así lo arroja el XII Censo de Población y Vivienda de 2005. Para el año 2000, sólo contaba con 41 mil 292 y para 2005 se contabilizaron 42 mil 142 hablantes de lengua indígena de 5 años y más. No obstante, representa un punto importante de labor y transacciones comerciales en micro y pequeña escala para los que acuden a la capital en búsqueda de inclusión en los sectores productivos de bienes y servicios sin que tengan alguna residencia dentro del municipio.
Ingresos
En lo que concierne al nivel de marginación, se refleja un decremento ya que en el 2000 mostró un Índice de Desarrollo Humano de -1.80493 y en 2005 de -1.71455; posee un muy bajo grado de marginación. El lugar que ocupó en el contexto nacional en el 2000 fue de 2 mil 394 y para el 2005 en el 2 mil 387 retrocediendo 7 posiciones.
Como puede verse en la gráfica siguiente, sobresale una disminución en la población ocupada con ingreso de hasta dos salarios mínimos de 2005 con relación al 2000 debido a la desaceleración de la economía local, parte de ello, producto de la fuerte dependencia del municipio y del estado en la rama automotriz que durante dos años se contrajo gradualmente su producción y utilidades.
Vivienda
En materia de vivienda obtuvo significativos avances, puesto que para el año 2000 sólo existían 315 mil 891 viviendas particulares y, para 2005, remontó a un total de 353 mil 19 viviendas, o sea un 11.75 por ciento; ocasionando un reacomodo urbano y semiurbano de infraestructura debido a la regularización de predios y de la creación de nuevas colonias.
También, se abatió el índice de ocupantes en viviendas con pisos de tierra en comparación con los resultados obtenidos en el estado, así se muestra en la siguiente variación:
En cuanto a cobertura de servicios, de 2000 a 2005 se puede observar un notable crecimiento en las viviendas particulares que disponen de drenaje y energía eléctrica, cuya cobertura pasó de un 91.10 por ciento al 96.55 por ciento en el primer caso, y del 95.44 por ciento al 98.45 por ciento para el segundo caso.
Educación
En materia de educación, el municipio concentra un gran talante educativo al congregar a más del 40 por ciento de las escuelas en el estado y de todos los niveles. A pesar de ello, no se desestima ningún apoyo ni recurso para la habilitación de espacios educativos. Datos censales revelan que se incrementó la población de cinco años y más con asistencia escolar en un 8.18 por ciento al pasar de 383 mil 710 a 415 mil 98 educandos, sin embargo, se incrementó la población sin asistencia escolar en un 10.78 por ciento al colocarse de 777 mil 910 en el año 2000 a 861 mil 820 en 2005. Lo anterior se explica por el incremento de la población en edad de estudiar de cinco años y más que pasó de ser de 1 millón 168 mil 702 en el 2000 a 1 millón 285 mil 409 para 2005.
La tasa de analfabetismo comparado con el mismo rango de periodo de censo, registró una evidente baja al pasar de 42 mil 233 a 41 mil 306 analfabetas, una disminución del 2.19 por ciento, lo que significa que el 4.05 por ciento de una población total de un 1 millón 18 mil 745 de 15 años y más no sabe leer ni escribir. La población alfabeta representa el 95.8 por ciento de la población registra un incremento de 10.85 por ciento en comparación con el año 2000. Viene disminuyendo por la concentración y o expansión de los recursos y de la demanda y oferta educativa, esto con base en el siguiente cuadro de indicadores:
Salud
En el ramo de salud, el 47.6 por ciento de la población total son derechohabientes en algún sistema de salud. Por cada mil habitantes se cuenta con 1.85 médicos; por arriba de la media estatal con 1.12. En el Informe Nacional de Desarrollo Humano del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo 2000-2004, se clasifica al municipio de Puebla en el lugar vigésimo, como se muestra a continuación:
El mismo Informe de Naciones Unidas, en su apartado de Situación y Evolución del Desarrollo Humano en Puebla, hace una clara distinción del Índice de Desarrollo Humano, Educación, Salud e Ingreso de los 217 municipios con los que cuenta la entidad, por lo que el municipio de Puebla presentó los índices máximos de desarrollo humano y salud; aunque en educación esta en primer lugar el municipio de Mixtla que pertenece a la franja de desarrollo del Estado y, en ingreso, el municipio de Ahuehuetitla registró el máximo índice debido a factores de migración y del envío de remesas a la zona de la mixteca.
En comparación con los indicadores promedios del municipio con el estado, entre el 2000 y el 2004, se van minimizando las brechas entre una y otra como a continuación se observa:
En los últimos dos años, el municipio de Puebla ha ejercido gran parte del gasto público en el rubro de inversión productiva e inversión de capital, para lo cual, la hacienda pública municipal, a pesar de la fuerte dependencia por parte de los recursos provenientes de la federación, se ha avocado a la búsqueda de un equilibrio presupuestal. De ahí que la conformación de un paquete de proyectos de inversión, que incidan en el desarrollo, es de alta prioridad para el municipio de Puebla, y más aún cuando, según las estimaciones de la Dirección de Desarrollo Urbano de Puebla, prevén un crecimiento poblacional en la capital y zona conurbana de hasta 3 millones de personas para el año 2020, por lo que las acciones de urbanismo y planificación deberán ser programadas y congruentes con los proyectos de infraestructura requerida.
Ingresos municipales
En materia de financiamiento al municipio, ha venido ocurriendo lo que la lógica centralista le ha impuesto al gasto federalizado, es decir, no ha habido una medida que contribuya a materializar la libertad que la Constitución de la República consagra a los municipios.
El municipio de Puebla, al igual que muchos otros del país, por tener delimitadas atribuciones y recursos, debe sujetarse a las condiciones impuestas por las restricciones presupuestales, sin que medie un criterio de equidad social en cuanto a los costos-beneficios y a las severas necesidades sociales de pobreza y marginación como lo consta las zonas periféricas de la ciudad, las colonias, barrios y juntas auxiliares.
Como es de su conocimiento, la transferencia de recursos a estados y municipios comprende: a) las Participaciones Federales (Ramo 28); b) la Aportaciones Federales (Ramo 33); c) los Convenios de Descentralización que, como lo he repetido en otras ocasiones, constituyen un esquema limitado de desconcentración, toda vez que las reglas de operación establecidas por el propio Ejecutivo federal son excesivamente centralistas.
El comportamiento de los ingresos municipales por concepto
de Participaciones y Aportaciones Federales, es el siguiente:
Podemos concluir que el máximo de crecimiento del 16.5 por ciento, respondió más a políticas que al desarrollo y fortalecimiento municipal en aras de concluir proyectos de inversión.
Los recursos de aportaciones federales del ramo 33 (Fondo
de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y del Fondo de
Infraestructura Social Municipal) representan para el municipio:
Es posible concluir que el Municipio ha avanzado particularmente en el periodo 2005-2006. Prueba de ello, es la obtención de logros y avances trascendentales en el corto plazo que no se han dejado de reconocer por las autoridades federales, ya que el pasado cuatro de octubre del presente año, el Ejecutivo Federal haya reconocido y entregado el Premio Hábitat 2006 al Municipio de Puebla en la categoría de Mayor Impacto Social, por sus acciones en combate a la pobreza y marginación.
En palabras del Ejecutivo: "Hábitat significa que las ciudades son los hogares de la humanidad y, por ello, la democracia debe concretarse en las calles y en el acceso a los servicios".
Por lo anterior, podemos deducir que combatir la marginación en las ciudades del país, dotar de agua potable a las personas, alcantarillado, proporcionarle un lugar digno donde vivir, pavimentar las calles y caminos, llevar energía eléctrica y alumbrado público es el compromiso de un gobierno con sensibilidad social y buenas prácticas democráticas, pero para ello es indispensable un incentivo extraordinario para la implementación de este tipo de acciones para contribuir en la institucionalización de las experiencias de buen gobierno y gestión pública en los municipios de México.
Finalmente la ciudad de Puebla constituye el núcleo central de la IV zona metropolitana del país y es además el punto de enlace más importante entre el centro y el sureste del país.
En este contexto, los retos son mayúsculos y los recursos insuficientes.
Por lo anterior expuesto, someto a la consideración de esta Soberanía, el siguiente:
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, de Desarrollo Social y de Desarrollo Metropolitano considerar en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del 2008, las obras prioritarias siguientes:
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de octubre de 2007.
Diputado Alberto Amador Leal (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE
QUE EN EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN DE
2008 SE ASIGNEN RECURSOS PARA CONSTRUIR UN CBTIS EN ACTOPAN, HIDALGO, A
CARGO DEL DIPUTADO SERGIO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PRD
El que suscribe, diputado Sergio Hernández Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable asamblea un punto de acuerdo a efecto de solicitar a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, y de Educación Pública y Servicios Educativos, que incluyan en el Presupuesto de Egresos para 2008 la asignación de los recursos necesarios para la construcción de un nuevo Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios en el municipio de Actopan, Hidalgo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Tengo la cereza de que ninguno de nosotros podrá poner en duda el hecho de que la educación es la herramienta principal para el desarrollo de cualquier nación, toda vez que garantiza mayores posibilidades de acceder a un empleo bien remunerado, y mejora las condiciones de vida. Lo anterior se traduce en igualdad de oportunidades, competitividad y desarrollo para los mexicanos.
Sin embargo, existen aspectos fundamentales en la educación, que no han sido bien identificados, o en su caso, que no hemos podido poner en práctica en la vida cotidiana para fomentar este desarrollo, esta competitividad y esta igualdad de oportunidades.
Es indispensable lograr el acercamiento y la coordinación del sector educativo con el empresarial en cada municipio del país, con la finalidad de que podamos sacar el mayor provecho de las ventajas originarias de cada región, y entonces formar al capital humano necesario desde el bachillerato en las materias específicas que puedan ser de utilidad para las empresas locales y fortalecer así a sus respectivos municipios. En la medida en que logremos cerrar este círculo, podremos tener y retener a ese capital humano altamente calificado, garantizarles en mayor medida su incorporación al mundo laboral, lo que producirá necesariamente el desarrollo de las comunidades, de los municipios, de las regiones, de los estados y, por lo tanto, del país.
Para lograrlo, los Centros de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios (CBTIS) son herramientas fundamentales, al ofrecer a los estudiantes la certificación de competencias en diversas áreas para cursar el bachillerato, egresando como técnicos profesionales, permitiéndoles demás insertarse en el sector productivo de manera inmediata y a muy temprana edad, pudiendo continuar con sus estudios a nivel superior con una previa especialización.
Muestra de lo anterior es que los objetivos programáticos de la Dirección General de Educación Tecnológica Industrial de la SEP, que tiene a su cargo los CBTIS, son precisamente el vincular a la educación con el sistema productivo de bienes y servicios, elevar la calidad de la educación, aumentar la eficiencia del sistema educativo y asegurar la educación a toda la población.
En el estado de Hidalgo tenemos únicamente nueve CBTIS para atender a un número creciente de jóvenes aspirantes. De estos nueve centros, solamente dos se encuentran en la capital del estado y los siete restantes están distribuidos por toda la entidad. Desafortunadamente, estos Centros de Bachillerato Tecnológico públicos ya no son suficientes para atender la demanda de aspirantes.
Por esta razón, acudo a esta tribuna para plantear la problemática concreta del distrito electoral al que pertenezco en el estado de Hidalgo, que es el 03, con cabecera en Actopan y que, a su vez, es el más grande de la entidad.
Actopan es el centro geográfico y de la vida económica, social y cultural de la región. Su área de influencia comprende municipios más pequeños en habitantes, pero que sumados, tiene una población superior a los 190 mil habitantes en un radio no mayor de 15 kilómetros, lo que equivale al 8.3 por ciento de la población hidalguense concentrada en un espacio tan reducido.
En Actopan, en educación media superior existen tres preparatorias particulares, de las cuales, por la creciente demanda de alumnos, dos tienen que trabajar en doble turno; un colegio de bachilleres; un campus universitario y un CBTIS de doble turno, que por falta de espacios rechaza a un gran número de aspirantes.
Por esto, parte de la problemática de la región que es urgente atender es el aumento de los jóvenes que están en edad de estudiar el bachillerato y la escasez de espacios de educación media superior públicos, lo que ha traído como consecuencia la proliferación de preparatorias privadas con un alto grado de demanda. Esto ocasiona que miles de jóvenes que no tienen los recursos económicos suficientes para cubrir colegiaturas costosas, se queden sin acceso a los servicios educativos, limitando las posibilidades de este sector de la población de salir adelante y superar las brechas de desigualdad existentes, pues la realidad es que muchos jóvenes tienen la capacidad y el interés de continuar sus estudios en el nivel medio superior y no lo hacen por la falta de instituciones educativas públicas, propiciando la deserción y la migración de nuestros jóvenes por la insuficiencia de oportunidades.
Muestra de lo anterior es que, ante la falta de oportunidades, el Valle del Mezquital se ha convertido en uno de los principales expulsores de mano de obra joven hacia Estados Unidos de América, en uno de las entidades con mayor índice de migración a nivel nacional.
Es indispensable que respondamos rápidamente a las exigencias educativas de México, porque de no ser así seguiremos condenados al estancamiento por la falta de competitividad que México requiere para salir adelante.
En México tenemos a millones de jóvenes que por falta de planteles educativos públicos en sus regiones y de recursos económicos no pueden continuar sus estudios, obteniendo únicamente la posibilidad de ingresar a una escuela privada con costosas colegiaturas, o de trasladarse a municipios lejanos para continuar sus estudios, con todos los gastos que esto implica.
No podemos permitir que estas desigualdades en materia educativa, sigan generando las injusticias sociales que hasta ahora una realidad de todos los días. Esta situación es evidentemente contraria a la gratuidad en la educación exigida por el artículo 3o. constitucional, así como contraria al objetivo de la igualdad de oportunidades que el Estado debe garantizar a todos los mexicanos.
En este contexto, debemos tener presente también el nuevo proyecto de reforma integral de la educación media superior en México de la Secretaría de Educación Pública, anunciado recientemente por el subsecretario de Educación Superior, que busca principalmente incrementar la cobertura, elevar la calidad, avanzar en la equidad y reducir la deserción escolar, así como permitir a los alumnos el desarrollo de mayores conocimientos y habilidades para que continúen con sus estudios o se incorporen al mercado laboral con una preparación adecuada.
En estos CBTIS los alumnos acceden a conocimientos técnicos y las capacidades que les serán necesarias durante toda su vida profesional, y lo más importante, que desde el nivel bachillerato ellos ya gozan de una formación especializada, permitiéndoles trabajar y continuar con sus estudios universitarios con una especialización clara, lo que contribuye a acercar a la escuela a la empresa.
Tengo la certeza que si se autoriza esta petición, se beneficiará a miles de jóvenes hidalguenses con el acceso a servicios educativos públicos de excelente calidad, lo que les permitirá ser, en un futuro próximo, los que garanticen el adecuado porvenir de nuestro estado y de México.
En éste tenor, me permito proponer a esta honorable Cámara de Diputados la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Solicitar a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, y de Educación Pública y Servicios Educativos que incluyan en el Presupuesto de Egresos de 2008 la asignación de los recursos necesarios para la construcción de un nuevo Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios en el municipio de Actopan, Hidalgo.
Diputado Sergio Hernández Hernández (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE
QUE EN EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN DE
2008 SE ASIGNEN RECURSOS PARA EL SANEAMIENTO Y DESARROLLO INTEGRAL DE LA
CUENCA DE NECAXA, A CARGO DEL DIPUTADO ALBERTO AMADOR LEAL, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PRI
El suscrito, diputado federal Alberto Amador Leal, integrante de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en la fracción I del numeral 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía la siguiente propuesta con punto de acuerdo, sobre las zonas de riesgo, saneamiento y desarrollo integral de la cuenca de Necaxa.
2. En la primera semana de octubre de 1999, la depresión tropical número 11 provocó un desastre generalizado en la Sierra Norte y mostró los graves problemas de erosión a lo largo de la geografía de la región, a la vez que exhibió la vulnerabilidad de las presas y, en general, de la cuenca en su conjunto.
3. En marzo de 2000, el Sindicato Mexicano de Electricistas, a propuesta de su división Necaxa, incluyó en la revisión de su contrato colectivo la obligatoriedad de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro de realizar un estudio sobre la contaminación de los vasos que alimentan la planta. Dicha obligación se ha reiterado en la revisión anual de dicho contrato.
4. El 3 de mayo de ese año, representantes de los gobiernos federal, estatal y de los municipios suscribieron una carta de intención para unir esfuerzos sobre el tema que nos ocupa. Se integró un fondo de inversión y se invitó al Instituto de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) a realizar un diagnóstico integral de las condiciones ambientales.
5. El 9 de mayo del 2001, el gobernador del estado, el secretario de Energía, el secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, el director general de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, el director general de la Comisión Nacional del Agua y el director general de la Comisión Forestal, además de los presidentes municipales de Juan Galindo, Xicotepec de Juárez, Chignahuapan, Zacatlán y Huauchinango, conocieron el diagnóstico del Instituto de Ingeniería y suscribieron las bases de coordinación para llevar a cabo la primera etapa del Programa de Saneamiento Integral de la Zona Hidrológica de Necaxa. En su dimensión ha sido éste un ejercicio ejemplar de federalismo actuante y de capacidad política para encontrar acuerdos en lo fundamental.
6. El estudio del Instituto de Investigaciones de Ingeniería de la UNAM destaca:
• La cuenca de Necaxa tiene en su entorno seis centros urbanos, con una población de 300 mil habitantes.
• 22 por ciento del suelo es sobreexplotado o incompatible.
• 38 por ciento de la superficie tiene índices altos y muy altos de erosión.
• Los niveles de deforestación indican que en los últimos 20 años se han perdido 6 mil 767 hectáreas; o sea, a una tasa de 10 por ciento, muy superior a la media nacional, que es de 2 por ciento.
• Cerca de 13 mil hectáreas presentan riesgos geológicos.
• Se generan 74 toneladas diarias de residuos sólidos, que se convertirán en 120 toneladas diarias en 2020. Los sistemas de recolección son insuficientes, se observa basura en cauces y barrancas y los tiraderos están a cielo abierto.
• La baja calidad del agua afecta la salud ambiental por la alta presencia de coniformes fecales, huevos de helminto y presencia de basura, además de la pérdida de capacidad en los vasos.
7. El 11 de septiembre de 2001, el que suscribe, entonces diputado federal ante la LVIII Legislatura, propuso un punto de acuerdo para promover una reunión de trabajo entre las dependencias federales y los gobiernos del estado y de los municipios tendente a fortalecer la coordinación y ampliar el presupuesto asignado al saneamiento de la cuenca, lográndose la asignación de recursos para la construcción de colectores durante el ejercicio fiscal de 2002 que, por diversas razones, no fueron ejercidos.
8. El 23 de agosto de 2002, los diputados federales Alberto Amador Leal y Cutberto Cantorán Espinosa realizan, en el Salón Verde de esta Cámara, el foro sobre el saneamiento hidrológico de la cuenca de Necaxa, al que concurren los sectores sociales y productivos de la región, así como los responsables directos de los tres órdenes de gobierno. La importancia del foro y la trascendencia de las recomendaciones propuestas al Ejecutivo federal provocaron un ligero aumento en la asignación presupuestal. Se logró la construcción del relleno sanitario de Huauchinango, que presta servicio a los municipios de Juan Galindo y Naupan, y se ampliaron los recursos para la reforestación. A su vez, el Ejecutivo federal ratificó el 9 de septiembre de 2002 el decreto que declara la región zona protegida.
9. En mayo de 2003, la Secretaría de Desarrollo Social del gobierno de Puebla suscribe un acuerdo con la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla para que, a través del Instituto de Ciencias, se lleve a cabo el estudio de cambios de uso de suelo en el ecosistema de la Sierra Norte de Puebla. A la fecha no se han ejecutado las acciones correspondientes de rehabilitación de suelos, toda vez que no se ha contado con presupuesto. Durante 2004 se elaboran los proyectos ejecutivos de los colectores y las plantas de tratamiento, a la vez que continúa la reforestación; e inicia operaciones el relleno sanitario de Chignahuapan.
10. Durante 2006, el gobierno del estado, a través de la Secretaría de Obras y Desarrollo Urbano, inicia la construcción de los colectores de aguas pluviales en los municipios de Chignahuapan, Zacatlán y Xicotepec.
11. El 5 de septiembre de este año se desprende un importante volumen de material pétreo del cerro de Necaxaltépetl.
12. El pasado 28 de febrero, la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados, en coordinación con el suscrito, llevó a cabo el tercer foro sobre saneamiento de la cuenta de Necaxa, sin que a la fecha se hayan llevado a cabo las acciones propuestas.
Punto de Acuerdo
Único. Que las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, y de Medio Ambiente y Recursos Naturales incluyan una partida especial en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2008, de 250 millones de pesos, para la construcción de las plantas de tratamiento de aguas residuales de los municipios de Huauchinango, Juan Galindo y Xicotepec de Juárez, Puebla.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de octubre de 2007.
Diputado Alberto Amador Leal (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE
QUE EN EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN DE
2008 SE ASIGNEN RECURSOS PARA CONSTRUIR, PAVIMENTAR, TERMINAR Y MODERNIZAR
DIVERSOS PLANES CARRETEROS EN HIDALGO, A CARGO DEL DIPUTADO SERGIO HERNÁNDEZ
HERNÁNDEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
El que suscribe, diputado Sergio Hernández Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta honorable asamblea un punto de acuerdo, a efecto de solicitarle a la Comisión de de Presupuesto y Cuenta Pública y a la de Comunicaciones, incluyan en el Presupuesto de Egresos para 2008, la asignación de 151 millones 500 mil pesos para la construcción, pavimentación, terminación y modernización de diversos proyectos carreteros en el estado de Hidalgo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
La inversión y el desarrollo en infraestructura carretera es fuente generadora de actividad económica para los municipios o entidades que se benefician de ésta, al conectar a las comunidades con sus municipios y a éstos con la capital de sus respectivos estados, así como con las grandes urbes concentradoras de la riqueza y del empleo. Dicho de otro modo, contar con carreteras suficientes, es un factor clave en la integración de los núcleos poblacionales y de las regiones, con los centros de producción y de consumo al interior del estado y con el resto del país.
Desafortunadamente, las características geográficas tan accidentadas de Hidalgo y la dispersión de las comunidades rurales, dificulta de manera excesiva la interconexión vía terrestre, por lo que es claro que el desarrollo de la entidad se ha dado únicamente en las zonas aledañas a la capital y la mayor inversión en infraestructura carretera se ha concentrado en la parte sur del estado.
En Hidalgo de acuerdo al Censo 2005, contamos con una población de 2 millones 345 mil 514 personas, que habitan en los 84 municipios de la entidad, en donde tenemos un promedio de 4 mil 554 comunidades, de las cuales 3 mil 761 están habitadas por menos de 500 personas, lo que representa el 83 por ciento de las comunidades de la entidad. Cabe señalar que en el estado encontramos únicamente 15 localidades con 15 mil habitantes o más. Lo anterior, nos habla de la concentración del desarrollo, de la riqueza, del comercio, de las fuentes de empleo, de los servicios básicos y, sobre todo, de la infraestructura carretera, en unos cuantos municipios de la entidad y evidencia claramente, el poco desarrollo y la falta de oportunidades que existen en gran parte del estado.
Esto trae como consecuencia que gran parte de la infraestructura carretera deba pasar forzosamente por la capital del estado, lo que representa cuantiosos gastos y mucho tiempo para los transportistas y comerciantes, pero sobre todo, ha generado el atraso de gran parte de los municipios en la entidad.
En consecuencia, Hidalgo es una de las entidades más pobres de México, con un índice de marginación muy alto, en donde la gran parte de las comunidades carecen de servicios básicos de salud, drenaje, agua potable, electricidad así como fuentes de empleo generadoras de riqueza y detonadoras del desarrollo, ocasionando que seamos uno de los principales expulsores de mano de obra hacia los Estados Unidos por la falta de oportunidades existentes en la entidad.
Es difícil explicar la falta de infraestructura carretera cuando la entidad colinda con la capital del país, donde residen los poderes federales y es el centro de comercio y negocios más importantes de México e inclusive de América Latina.
Es en Hidalgo, que cuenta con 6 parques industriales que se vinculan estratégicamente con los ejes carreteros y ferroviarios más importantes del país, como es el arco norte, en donde se tiene contemplada la construcción de un importante aeropuerto de carga en el valle de Tizayuca, que se convertirá en el paso obligado de personas y mercancías entre los estados del sur y del norte del país. Es en este estado con tantas oportunidades para el desarrollo, en donde los caminos rurales y las brechas constituyen la mayor parte de la infraestructura carretera de la entidad y tan sólo el 30 por ciento de ésta se encuentra cubierta de asfalto, dejando descubiertas las zonas con mayor índice de marginación, y en el cual la inversión para este sector programada en el proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal de 2008, asciende únicamente a 340 millones de pesos, en donde se contemplan solamente 5 proyectos carreteros de mediana importancia.
Seguir postergando la inversión en infraestructura carretera deriva necesariamente en elevados costos en términos del desarrollo. Es urgente asignar mayores recursos para la construcción de infraestructura carretera a Hidalgo. Y no solamente por una cuestión de justicia social hacia los miles de hidalguenses que día con día enfrentan situaciones sumamente difíciles para su "sobrevivencia", sino para enfrentar el creciente volumen de actividad industrial y comercial que se desarrollan en la entidad y en México, y así aprovechar plenamente las oportunidades de inversión y creación de empleo que ello implica.
Hace un año subí a esta tribuna para plantear algunos proyectos carreteros para la entidad, como es el caso concreto de la carretera Juárez Hidalgo–Tlahuiltepa, por ser una de las regiones con mayor índice de marginación en el país y en la entidad en donde las personas aún mueren por carecer de servicios básicos. En esta ocasión, acudo con todos ustedes para solicitar su apoyo a este mismo proyecto que hace un año quedó descartado el presupuesto, así como para la construcción y pavimentación de la segunda etapa del eje transversal Actopan–Atotonilco, para la construcción del eje transversal San Agustín Tlaxiaca, la construcción del libramiento de la carretera municipal Tlaxcoapan y la pavimentación de la carretera Morelos que, en esta ocasión, representarán una inversión federal de 151 millones 500 mil pesos adicionales para proyectos de infraestructura económica de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.
Los costos aproximados por cada proyecto son los siguientes:
En este tenor, me permito proponer a la honorable Cámara de Diputados la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Solicite a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, y de Comunicaciones incluyan en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2008, la asignación de 151 millones 500 mil pesos para la construcción, pavimentación, terminación y modernización de diversos proyectos carreteros de Hidalgo.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de octubre de 2007.
Diputado Sergio Hernández Hernández (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE
QUE EN EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN DE
2008 SE DESTINEN RECURSOS PARA FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA
DE PRIMERO Y SEGUNDO NIVELES EN NUEVO LEÓN, A CARGO DEL DIPUTADO
JUAN FRANCISCO RIVERA BEDOYA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 77, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos ante esta honorable asamblea una proposición con punto de acuerdo para que dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2008 se destinen y etiqueten recursos para el fortalecimiento de la infraestructura hospitalaria de primero y segundo nivel en el estado de Nuevo León, de conformidad con la siguiente
Exposición de motivos
La misión de elevar la calidad de vida de los habitantes, procurando la salud en todos sus ámbitos como principal motor del desarrollo físico, psicológico y social de los individuos, es una de las prioridades del gobierno del estado de Nuevo León, en cuyo cumplimiento se conjuntan esfuerzos de los tres órdenes de gobierno.
No cabe duda que uno de los aspectos más transparentes para visualizar el nivel de desarrollo del país es el bienestar de su población, en términos de empleo, seguridad y salud, entre otros aspectos fundamentales.
Por lo que respecta a la salud, los esfuerzos para mejorar los servicios que demanda la población requieren ser considerados como uno de los temas prioritarios, en virtud de que sus servicios se reflejan directamente en la mejora de la calidad de vida de la población, de ahí la trascendencia de incrementar los esfuerzos para mejorar los servicios de salud.
Sin lugar a dudas, los programas públicos que apoyan a la población para mejorar su alimentación, su salud y su educación, contribuyen a mejorar las condiciones de vida de las familias, reflejándose esto no sólo en la calidad de vida sino también en los niveles de productividad de las diferentes actividades económicas.
Esta preocupación se vio reflejada en el Plan Nacional de Desarrollo 2006–2012 en el que se subraya el objetivo de llevar los servicios de salud a la población que no cuenta con ellos para avanzar en el logro de una cobertura universal, señalando, asimismo, que en materia de infraestructura física en salud se consolidará la red de servicios de atención a la salud, priorizando la red de hospitales regionales de alta especialidad y las unidades de especialidades médicas y se implementará un programa nacional de conservación y mantenimiento de la infraestructura en salud, así como el desarrollo de infraestructura para especialidades médicas.
En este sentido, el estado de Nuevo León gracias a los esfuerzos conjuntos entre el gobierno federal y el gobierno estatal, en los últimos años se ha avanzado en diversos proyectos prioritarios como la ampliación, fortalecimiento y equipamiento del hospital universitario Doctor José Eleuterio González; el reforzamiento del hospital metropolitano Bernardo Sepúlveda y la continuación del hospital regional Materno-Infantil de Alta Especialidad.
Sin embargo, es necesario continuar con este esfuerzo, siendo particularmente importante el fortalecimiento de la infraestructura hospitalaria en unidades de atención médica de primero y segundo nivel del estado, a fin de avanzar en la ampliación, fortalecimiento y equipamiento de la infraestructura hospitalaria del estado, por lo cual someto a su consideración la presente propuesta, para destinar recursos en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2008, por un monto de 406 millones 959 mil pesos para fortalecer la infraestructura hospitalaria de primero y segundo nivel en el estado de Nuevo León, conforme a los siguientes proyectos:
Hospital Materno–Infantil (equipamiento), 150 millones de pesos;
Hospitales y Centros de Salud
Hospital Metropolitano, 46 millones de pesos;
Hospital Psiquiátrico, 12 millones de pesos;
Hospital Salinas, 6 millones de pesos;
Hospital Anáhuac, 2.5 millones de pesos;
Hospital Cerralvo, 3 millones de pesos;
Hospital Linares–Provileón, 12 millones de pesos;
Hospital Montemorelos, 6 millones de pesos;
Hospital Galeana, 3.5 millones de pesos;
Hospital Doctor Arroyo, 2.5 millones de pesos;
Sustitución–obra nueva–fortalecimiento de centros
de salud, 24.459 millones de pesos;
Centro de desintoxicación, 19 millones de pesos;
Total 406 millones 959 mil pesos.
De acuerdo a lo anterior y considerando que esta propuesta es consistente con los objetivos tanto del Plan Nacional de Desarrollo 2006–2012, se solicita a esta honorable Cámara de Diputados su intervención para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2008, se prevean recursos para los proyectos antes señalados.
Para efectos de lo anterior y en cumplimiento a lo establecido en el primer párrafo del artículo 18 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, los recursos adicionales que implica esta propuesta, respecto de los contenidos en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2008 que el Ejecutivo federal sometió a la consideración de la honorable Cámara de Diputados, sean cubiertos con los ingresos adicionales provenientes de la reforma hacendaria recientemente aprobada por el honorable Congreso de la Unión.
Por lo anteriormente expuesto, los suscritos diputados sometemos a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. La honorable Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para que dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2008 se destinen y etiqueten 406 millones 959 mil pesos (cuatrocientos seis millones novecientos cincuenta y nueve mil pesos) para fortalecer la infraestructura hospitalaria de primero y segundo nivel en el estado de Nuevo León. Para ello deberán utilizarse parte de los recursos adicionales provenientes de la reforma hacendaria recientemente aprobada por el honorable Congreso de la Unión.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de octubre del 2007.
Diputados: Juan Francisco Rivera Bedoya (rúbrica),
Gustavo Fernando Caballero Camargo (rúbrica), Jesús Ricardo
Canavati Tafich (rúbrica), Jorge Luis de La Garza Treviño
(rúbrica), Juan Manuel Parás González, Ramón
Salas López (rúbrica), Juan Enrique Barrios Rodríguez
(rúbrica), Marco Heriberto Orozco (rúbrica), Cristián
Castaño Contreras (rúbrica), Martha Margarita García
Müller (rúbrica), José Martín López Cisneros
(rúbrica), José Luis Murillo Torres (rúbrica), Gustavo
Ramírez Villarreal (rúbrica), Juan Manuel Villanueva Arjona
(rúbrica), Javier Martín Zambrano Elizondo (rúbrica),
Diputado Ricardo Cantú Garza (rúbrica).
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA A LOS GOBIERNOS FEDERAL Y DEL DISTRITO FEDERAL A ASIGNAR RECURSOS
PARA REALIZAR UN PERITAJE INTEGRAL Y REVISIONES ESTRUCTURALES DE LOS EDIFICIOS
DEL CONJUNTO URBANO PRESIDENTE ADOLFO LÓPEZ MATEOS NONOALCO-TLATELOLCO,
A CARGO DEL DIPUTADO ARMANDO BARREIRO PÉREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PRD
El suscrito diputado federal, Armando Barreiro Pérez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en el artículo 23, numeral 1, inciso f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y lo dispuesto en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a la consideración de esta honorable asamblea proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, al tenor de los siguientes
Antecedentes y Consideraciones
El conjunto urbano Presidente Adolfo López Mateos, mejor conocido como unidad habitacional Nonoalco Tlatelolco, fue concebido como un proyecto integral de regeneración urbana que por sus dimensiones llegaría a ser el modelo residencial más importante de México y América Latina.
Fue hacia el año de 1959 cuando el gobierno federal instruyó al Banco Nacional Hipotecario Urbano y de Obras Públicas, SA, para realizar este proyecto en el barrio de Nonoalco Tlatelolco, entonces sede de una de las más importantes estaciones de Ferrocarriles Nacionales, y sobre una superficie de 954,613.81 m2, iniciando en 1960 la construcción del conjunto habitacional.
Se construyeron 102 edificios habitacionales que contenían 11 mil 916 departamentos, con 2 mil 323 cuartos de servicio en las azoteas de los inmuebles de mayores dimensiones, 688 locales comerciales, 6 estacionamientos cubiertos con 649 cajones (dos de ellos tenían 288 cuartos de servicio).
Además de los habitacionales, se construyeron otros edificios que dieron albergue a 22 escuelas y guarderías, 6 hospitales y clínicas, 3 centros deportivos, 12 de oficinas administrativas, 4 teatros, 1 cine y un equipamiento urbano con extensas áreas para juegos, jardines, vialidades y servicios. Es tal la amplitud del conjunto habitacional que en sus inicios se le veía como una ciudad dentro de la Ciudad de México, se le conoció como Ciudad Tlatelolco.
La unidad Tlatelolco se construyó en lo que anteriormente fue el recinto ceremonial y la sede del tianguis más famoso en la época precortesiana, la célebre ciudad mexica de México Tlatelolco.
El proyecto comprendió la creación de tres secciones en que se divide el conjunto urbano; la primera sección se le llamó La Independencia; a la segunda, La Reforma, y a la tercera se le denominó La República. Aun cuando a principios de 1962 comenzaron a llegar los primeros habitantes, la unidad se inauguró formalmente en agosto de 1964.
Además de sus antecedentes histórico y culturales, tlatelolco es conocido mundialmente por tres hechos históricos, fundamentales para todos los mexicanos: la caída a manos de los conquistadores españoles, en 1521, del último tlatoani azteca y con él la Gran Tenochtitlan; la represión del 2 de octubre de 1968 en contra del movimiento estudiantil y popular y la tragedia provocada por los sismos del 19 y 20 de septiembre de 1985, simbolizada por el derrumbe del edificio Nuevo León.
De estos últimos acontecimientos, los sismos de 1985, que provocaron graves daños a la Ciudad de México y la muerte de decenas de miles de personas, Tlatelolco fue una de las comunidades que resulto severamente afectada.
La mayor parte de los edificios con mayores dimensiones, sufrieron afectaciones en sus estructuras y cimentaciones, por lo que muchos de ellos debieron ser desalojados por sus moradores.
Como se sabe, los residentes de Tlatelolco, organizados desde los años setentas, evitaron la destrucción indiscriminada de la unidad habitacional como pretendía el gobierno de entonces, y logró que se llevarán a cabo las revisiones estructurales y los peritajes de todos los inmuebles, resultando de ello la suscripción, en 1986, del Programa de Reconstrucción Democrática del Conjunto Urbano Presidente Adolfo López Mateos Nonoalco Tlatelolco.
Así se determinó la demolición de 11 edificios además del módulo sur del edificio Nuevo León; otros 32 fueron sujetos a obras mayores de recimentación y reforzamiento de sus estructuras, y el resto fue sujeto a obras menores, reparación de acabados y de instalaciones.
De 1985 a la fecha han transcurrido 22 años y se han producido, al menos, 8 sismos de intensidad considerable, sin que se tenga hasta el momento, en general, un conocimiento técnico preciso del comportamiento y de la respuesta estructural de los edificios así como el de los asentamientos diferenciales y totales de los mismos.
Por estas razones, es imperativo llevar a cabo un nuevo peritaje integral y la revisión estructural de todos los inmuebles; más aún si nos atenemos al actual reglamento de construcciones para el Gobierno del Distrito Federal, publicado el 29 de enero de 2004, que obliga a cumplir con los requisitos de seguridad y servicio, vigente para todos los edificios de Tlatelolco.
Las autoridades federales y locales saben, o deberían saber, que es indispensable levar a cabo un estudio integral de todos los edificios, que considere levantamientos topográficos que permitan medir hundimientos en cimentación y desplomes; estudios de mecánica de suelos; estudios de espectro de sitio; estudios de resistencia de materiales del concreto y modulo de elasticidad del mismo y los dictámenes de seguridad estructural avalados por los peritos en la materia.
El conjunto urbano ha sufrido deterioro en sus estructuras, por lo que es necesario evaluar el grado de riesgo en que se pudieran encontrar los inmuebles.
Lo más indicado es prevenir y anticiparse a cualquier eventualidad, incluso a la de la propia naturaleza, que como lo sabemos, en cualquier momento se puede manifestar con toda la fuerza destructiva y devastadora que los habitantes de la Ciudad de México ya conocimos, y en particular los residentes de Tlatelolco.
Por lo anterior, someto a consideración de esta soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
De urgente y obvia resolución
Único. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión exhorta a los gobiernos federal, y del Distrito Federal a destinar recursos presupuestales para realizar un peritaje integral al conjunto urbano Presidente Adolfo López Mateos, Nonoalco-Tlatelolco, que determine el estado de las estructuras de todos los inmuebles que lo conforman; se determinen los niveles de riesgo que se puedan encontrar y se tomen las correspondientes medidas preventivas de mantenimiento y conservación, previendo de esta manera un desastre a futuro por causa de los sismos, que representan un factor de riesgo para los residentes de Tlatelolco y del Distrito Federal.
Palacio Legislativo, a 18 de octubre de 2007.
Diputado Armando Barreiro Pérez (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE
QUE EN EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN DE
2008 SE CONSIDEREN RECURSOS PARA DIVERSAS OBRAS CARRETERAS E INFRAESTRUCTURA
EN MUNICIPIOS DE JALISCO, A CARGO DEL DIPUTADO ALFREDO BARBA HERNÁNDEZ,
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
Los suscritos, diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a la consideración de esta soberanía el presente punto de acuerdo, de conformidad con las siguientes
Consideraciones
Compañeras y Compañeros Legisladores, solicitamos intervenir en esta tribuna para manifestar la preocupación por las necesidades y carencias debido a la falta de infraestructura carretera que prevalece en Jalisco, sobre todo en las zonas rurales, razón por lo cual consideramos de suma importancia plantear lo siguiente.
La construcción y rehabilitación de vías de comunicación federales en las zonas rurales han sido un reclamo constante de las autoridades municipales, pero sobre todo para las comunidades rurales, lo que traerá como consecuencia el impulso al comercio.
No debemos dejar pasar que Jalisco se encuentra en la región centro occidente y constituye una amplia zona de paso comercial para el desarrollo turístico como lo es Puerto Vallarta y sus ciudades importantes como Guadalajara y Zapopan.
En este sentido, solicito que en la revisión y análisis del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2008, se considere incrementar la inversión para la rehabilitación de carreteras y caminos de los municipios mencionados de Jalisco.
Compañeros diputados ustedes saben que contar con vías de comunicación adecuadas es la base del desarrollo económico, cultural y social de un país por lo anteriormente expuesto, solicito su apoyo y someto a la consideración de esta soberanía el siguiente.
Punto de Acuerdo
Con punto de acuerdo, por lo que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública asignar en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2008, recursos en el rubro de comunicaciones y transportes para varias obras carreteras como son asfaltado, recubrimiento pavimentación, carpeta asfáltica, caminos rurales así como infraestructura para los municipios de La Barca, El Salto, Chapala, El Grullo, Puerto Vallarta y Cihuatlán todos de Jalisco.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de octubre de 2007.
Diputados: Alfredo Barba Hernández (rúbrica),
Bertha Yolanda Rodríguez Ramírez (rúbrica), Patricio
Flores Sandoval, Héctor Padilla Gutiérrez, Salvador Barajas
del Toro.
CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE
QUE EN EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN DE
2008 SE ASIGNEN RECURSOS ADICIONALES PARA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA
Y EDUCATIVA DE IZTAPALAPA, A CARGO DE LA DIPUTADA SILVIA OLIVA FRAGOSO,
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
La que suscribe, diputada Silvia Oliva Fragoso, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LX Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y demás disposiciones jurídicas aplicables, solicita que se turne a la Comisión correspondiente, la presente proposición con punto de acuerdo, conforme a la siguientes
Consideraciones
El gasto público es una herramienta que ayuda a disminuir las desigualdades sociales a la vez que provee de bienes públicos necesarios para el desarrollo social y económico del país, por ello es prioridad destinar los recursos públicos a solventar las necesidades básicas de la población. Tal es el caso que actualmente padece la delegación Iztapalapa, en particular los problemas asociados con el abastecimiento del agua, por ello estamos solicitando recursos para el rubro de infraestructura hidráulica dado la recurrente situación de escasez del vital liquido en la demarcación. Adicionalmente a raíz de problemas asociados al agravamiento de las grietas ocurrido recientemente en la delegación, se han deteriorado alrededor de 13 escuelas que incluso algunas están cerradas, ello afecta a una gran población escolar de educación básica e inhibe el desarrollo educativo y imposibilita el buen ejercicio de un derecho que le corresponde a la niñez, por ello es que solicitamos sean incorporadas las demandas de mayores recursos para la delegación Iztapalapa y sean incluidas en el proyecto de Presupuesto de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2008. Así expresamente proponemos el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero. Que la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la H. Cámara de Diputados, incorpore al proyecto de Presupuesto de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2008 recursos para infraestructura hidráulica por la cantidad de ochenta millones de pesos para dos obras: la construcción de una planta de bombeo en aguas negras en Canal de Chalco y Técnicos y Manuel, colonia Lomas Estrella y la construcción del colector INDECO-Laguna Mayor de 1.52 metros de diámetro y longitud de 1.5 kilómetros.
Segundo. Que la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la H. Cámara de Diputados incorporé recursos al proyecto de Presupuesto de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2008, para obras de infraestructura educativa a 13 escuelas dañadas en la delegación Iztapalapa, por la cantidad de $57,555,993.00 de pesos. Que a continuación se enumeran:
Palacio Legislativo, México, Distrito Federal, a 18 de octubre de 2007.
Diputada Silvia Oliva Fragoso (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, RELATIVO
A LA AGROINDUSTRIA DE LA CAÑA DE AZÚCAR Y AL TLCAN, A CARGO
DEL DIPUTADO DANIEL PÉREZ VALDÉS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PRI
El suscrito, diputado federal Daniel Pérez Valdés, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LX Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 55, fracción II, 58 y 78 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 34, incisos a) y b), y 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración del honorable Congreso de la Unión la siguiente proposición con punto de acuerdo.
En abril del presente año, el presidente de la república dio a conocer en Tlaltizapan, Morelos, la política integral para la agroindustria de la caña de azúcar, con la presentación del Programa Nacional de la Agroindustria de la Caña de Azúcar (Pronac), 2007-2012.
El objetivo general del programa sectorial es la consolidación de una agroindustria integrada y competitiva que enfrente con éxito la competencia en el mercado de edulcorantes y bioenergéticos, con productos de calidad provenientes de procesos rentables y sustentables.
En el Pronac se ha logrado acordar una agenda conjunta entre gobierno, abastecedores de caña e industriales azucareros para establecer las bases económicas, jurídicas y productivas que brinden seguridad a la diversificación y promueva la generación de empleos en beneficio de las regiones donde se cultiva la caña de azúcar y se realiza su transformación industrial.
Los retos más importantes que se establecen para 2012 consisten en
• Lograr una producción total de 6.240 millones
de toneladas de azúcar, con una cosecha promedio de caña
de 54.2 millones de toneladas, que representan estas últimas un
crecimiento promedio anual de 14.7 por ciento;
• Elevar los rendimientos de toneladas de azúcar
por hectárea de 8.21 a 9.04 toneladas;
• Obtener 6.5 millones de toneladas adicionales de caña
de azúcar para la producción de 7 mil 840 barriles diarios
de etanol, producción que abre la posibilidad de sustituir hasta
35 por ciento de los requerimientos nacionales de MTBE como oxigenante
de gasolinas;
• Consolidar el empleo y la inversión en esta
cadena productiva.
Estas medidas se refieren a
• Abrir el mercado mexicano a tres cuotas anuales por un total de 675 mil toneladas de fructosa de maíz base seca (equivalente en azúcar) como una medida "espejo" a las cuotas que Estados Unidos abrió para azúcar mexicana (250 mil en el ciclo 2005/06, 250 mil en el ciclo 2006/07 y 175 mil en el trimestre octubre-diciembre de 2007). Esta medida "espejo" por supuesto que no está considerada en el TLCAN.
• Reducción del arancel fuera de cupo a las importaciones de azúcar de Estados Unidos, medida que tampoco consideraba el TLCAN. Con ésta se provocó el absurdo de que un país con déficit anual de 2 millones de toneladas de azúcar esté exportando azúcar a México, lo cual nos obliga a pensar que Estados Unidos puede estar triangulando azúcar, que refina en su territorio, de importaciones de azúcar cruda que realiza del mercado mundial a precios de "desecho"; o que esté colocando en México inventarios que los productores estadounidenses se ven obligados a almacenar, debido al sistema de asignaciones de mercado del programa administrado de azúcar del gobierno de ese país. La Secretaría de Economía redujo de manera anticipada el arancel a partir del 7 de mayo de 2007, lo cual ha provocado en los últimos meses el desplazamiento de azúcar nacional en mercados de la frontera norte, aun cuando Estados Unidos, por su carácter de país deficitario, no reúne las condiciones que establecen las reglas de origen para exportar a México.
• Instauración del Programa de Fomento de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación (Immex), que permite actividades de servicios como el almacenaje, envasado, empacado y dilución. La autorización de esas actividades a empresas Immex está en plena contradicción con lo establecido en el artículo 303 del TLCAN. Además, la reglamentación actual para las empresas Immex propicia desvíos de volúmenes importantes de azúcar importada del mercado mundial al nacional.
Con esas acciones, los verdaderos beneficiarios son las empresas multinacionales, que triangulan azúcar proveniente de inventarios bloqueados, o bien, del programa de reexportación de azúcar de Estados Unidos a precios castigados por debajo de los que rigen en ambos mercados. En contraparte, originan una caída de las ventas de azúcar nacional en 500 mil toneladas, provocando una acumulación de inventarios de más de 1.7 millones de toneladas de azúcar, perjudicando la agroindustria nacional, a 164 mil abastecedores de caña y a más de 2 millones de mexicanos.
Como se observa, Estados Unidos ha venido sistemáticamente incumpliendo lo dispuesto en materia de azúcares y jarabes en el TLCAN y, mediante las facilidades de la Secretaría de Economía, pretende inundarnos de dos edulcorantes: por un lado, con triangulación de azúcar de otros países, sin respetar reglas de origen; y por otro, con fructosa de maíz, bajo una supuesta reciprocidad a la exportación de azúcar mexicana, lo que da como resultante un desplazamiento de volúmenes importantes de azúcar nacional y una plena competencia desleal que hoy ponen de nuevo en la antepuerta de una severa crisis a la agroindustria nacional de la caña de azúcar.
Por lo expuesto, señor presidente, pongo a consideración de esta honorable asamblea el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero. Que se requiera a la Secretaría de Economía un informe detallado sobre el establecimiento del panel de solución de diferencias en materia de azúcares y jarabes del TLCAN, las cartas de entendimiento firmadas en julio de 2006 entre los gobiernos de México y de Estados Unidos, y explique las razones y el interés nacional por el cual de manera anticipada redujo el arancel a partir del 7 de mayo de 2007 a las importaciones de azúcar estadounidense, así como de los impactos favorables y desfavorables para México de estas dos medidas tomadas.
Segundo. Que se recomiende a la Secretaría de Economía que negocie en forma inmediata el reconocimiento de Estados Unidos como país deficitario y, de esta manera, cancele cualquier posibilidad de exportación de azúcar estadounidense al mercado mexicano.
Tercero. Que la Secretaría de Economía disponga de lo necesario para que, en forma urgente, cierre la opción de importaciones temporales de azúcar sin arancel para las empresas con programa Immex, con el compromiso de los ingenios nacionales de abastecer a este segmento de empresas con producto nacional a precios que mantengan su competitividad en el mercado de exportación.
Cuarto. Que la Secretaría de Economía, en plena coordinación con la Administración General de Aduanas del SAT, establezca medidas que impidan el contrabando directo o "disfrazado" de azúcar, sobre todo de azúcar de Guatemala, enviada a través de supuestas mezclas alimenticias.
Cámara de Diputados, a 18 de octubre de 2007.
Diputado Daniel Pérez Valdés (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE
QUE EN EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN DE
2008 SE AMPLÍEN LOS RECURSOS PARA FINANCIAR PROGRAMAS DE VIVIENDA
POPULAR, A CARGO DE LA DIPUTADA MARÍA ELENA TORRES BALTAZAR, DEL
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
Diputada Presidenta, le solicito respetuosamente se inserte íntegro el presente texto de la proposición con punto de acuerdo en el Diario de Debates, a fin de exponer los aspectos sustantivos que fundamentan el presente punto de acuerdo, relativo a la necesidad inaplazable de incluir la Producción Social de Vivienda en el Presupuesto de Egresos para 2008, dado que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce el derecho a la vivienda digna y decorosa en el artículo 40., que sin embargo no ha sido atendido por el Estado mexicano con el compromiso y la responsabilidad que implica tal mandato de la Carta Magna.
La suscrita, diputada federal María Elena Torres Baltazar integrante de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete ante este pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes
Consideraciones y antecedentes
Primero. La Carta Magna estableció desde 1984 en su artículo 4o. que "toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa", derecho que está definido 22 años después en el artículo 2o. de la Ley de Vivienda en estos términos:
Se considerará vivienda digna y decorosa la que cumpla con las disposiciones jurídicas aplicables en materia de asentamientos humanos y construcción, habitabilidad, salubridad, cuente con los servicios básicos y brinde a sus ocupantes seguridad jurídica en cuanto a su propiedad o legítima posesión, y contemple criterios para la prevención de desastres y la protección física de sus ocupantes ante los elementos naturales potencialmente agresivos.
En razón de ello es importante recordar lo estipulado en la segunda parte del artículo 4o. constitucional, que a la letra dice "la ley establecerá los instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo", que implica un mandato a las instituciones públicas competentes para garantizar tal derecho mediante políticas y programas que atiendan las necesidades sociales.
Sin embargo, las instituciones y el discurso oficial han omitido la segunda parte de dicho precepto constitucional, al sustituir el derecho a la vivienda por el acceso a la vivienda, definido en función de la capacidad de endeudamiento de los acreditados, misma que está condicionada por los precios establecidos por los oferentes, en su mayor parte poderosos consorcios inmobiliarios, de tal modo que la vivienda popular o de interés social ha dejado de ser un derecho para ser una mercancía, con una calidad deficiente perdiendo el sentido de "digna y decorosa", dado que no es rentable para tales consorcios.
Segundo. La producción social de vivienda es reconocida y tratada explícitamente en el Título Séptimo de la Ley de Vivienda, la cual establece en varios artículos diversas definiciones, principios de equidad e inclusión, orientaciones programáticas, instrumentos de apoyo, fomento y financiamiento y criterios de atención incorporando las diversas modalidades de vivienda urbana y rural.
A continuación se transcriben los artículos que contienen diversas disposiciones de carácter general, que de manera expresa aportan las bases legales para instrumentar una política de Estado en materia de producción social de vivienda. En primer lugar, tenemos el espíritu de la Ley de Vivienda, enunciado como se observa a continuación:
Artículo 3o. Las disposiciones de esta ley deberán aplicarse bajo principios de equidad e inclusión social de manera que toda persona, sin importar su origen étnico o nacional, el género, la edad, las capacidades diferentes, la condición social o económica, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias o el estado civil pueda ejercer su derecho constitucional a la vivienda.
Las políticas y programas, así como los instrumentos y apoyos a la vivienda a que se refiere este ordenamiento, se regirán bajo los principios de respeto a la legalidad y protección jurídica a la legítima tenencia, así como el combate a la invasión de predios y al crecimiento irregular de las ciudades.
Es importante señalar que el artículo 4o. de la ley referida, en sus fracciones I, II, VIII y IX establece definiciones explícitas acerca de los destinatarios de la propuesta objeto del presente punto de acuerdo:
Autoconstrucción de vivienda: el proceso de construcción o edificación de la vivienda realizada directamente por sus propios usuarios, en forma individual, familiar o colectiva;
Producción social de vivienda: aquella que se realiza bajo el control de autoproductores y autoconstructores que operan sin fines de lucro y que se orienta prioritariamente a atender las necesidades habitacionales de la población de bajos ingresos, incluye aquella que se realiza por procedimientos autogestivos y solidarios que dan prioridad al valor de uso de la vivienda por sobre la definición mercantil, mezclando recursos, procedimientos constructivos y tecnologías con base en sus propias necesidades y su capacidad de gestión y toma de decisiones;
Productor social de vivienda: la persona física o moral que en forma individual o colectiva produce vivienda sin fines de lucro.
I. Promover oportunidades de acceso a la vivienda para la población, preferentemente para aquella que se encuentre en situación de pobreza, marginación o vulnerabilidad;
Con base en lo anterior, la ley precisa los contenidos del Programa Nacional de Vivienda, destacando lo acotado en la fracción XII del artículo 8:
XII. Los instrumentos y apoyos a la producción social de vivienda, a la vivienda de construcción progresiva y a la vivienda rural;
Asimismo, la Ley de Vivienda expone claramente el objeto de los acuerdos y convenios que el gobierno federal celebre con el sector social, conforme al artículo 42:
I. Buscar el acceso del mayor número de personas a la vivienda, estableciendo mecanismos que beneficien preferentemente a la población en situación de pobreza;
II. Promover la creación de fondos e instrumentos para la generación oportuna y competitiva de vivienda y suelo;
…
IV. Financiar y construir proyectos de vivienda, así como de infraestructura y equipamiento destinados a la misma;
V. Desarrollar, aplicar y evaluar normas, tecnologías, técnicas y procesos constructivos que reduzcan los costos de construcción y operación, faciliten la autoproducción o autoconstrucción de vivienda, eleven la calidad y la eficiencia energética de la misma y propicien la preservación y el cuidado del ambiente y los recursos naturales;
VI. Ejecutar acciones y obras urbanas para la construcción, mejoramiento y conservación de vivienda, así como para la adquisición de suelo.
La comisión fomentará esquemas financieros y programas que combinen recursos provenientes del crédito, ahorro, subsidio y otras aportaciones, para generar opciones que respondan a las necesidades de vivienda de los distintos sectores de la población, preferentemente de los que se encuentren en situación de pobreza y a los productores sociales.
Para la ejecución y complementación de dichos esquemas se procurarán mecanismos de cofinanciamiento entre instituciones públicas, privadas o del sector social, para ampliar las posibilidades económicas de la población en la realización de las acciones de vivienda.
Para fortalecer la capacidad de pago de la población en situación de pobreza, los recursos provenientes del crédito podrán complementarse con subsidios federales, de las entidades federativas y de los municipios, cuyo otorgamiento se sujetará a lo dispuesto por esta ley y demás ordenamientos aplicables.
Artículo 55. El gobierno federal desarrollará y fomentará instrumentos de seguro y garantía para impulsar el acceso al crédito público y privado a todos los sectores de la población, preferentemente el destinado a la población en situación de pobreza.
Las dependencias y entidades que otorguen créditos para vivienda con recursos fiscales, deberán proporcionar la información de los beneficiarios a la comisión, quien la remitirá a la Secretaría de Desarrollo Social para su integración en el padrón único de beneficiarios previsto en la Ley General de Desarrollo Social.
Artículo 56. Los organismos que financien vivienda para los trabajadores, en cumplimiento a la obligación que consigna el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se regirán por lo previsto en sus respectivas leyes orgánicas y observarán, en lo conducente, la aplicación de las normas a que se refiere este capítulo.
Artículo 57. El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores; el Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado; el Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares y la Sociedad Hipotecaria Federal, Sociedad Nacional de Crédito, deberán emitir reglas de carácter general que permitan canalizar recursos a tasas preferenciales para la población de bajos recursos, así como la movilidad habitacional en viviendas financiadas por ellos, mediante procedimientos para facilitar, en su caso, el arrendamiento o transmisión del uso por cualquier título de dichas viviendas.
La Secretaría de Desarrollo Social deberá elaborar anualmente, una estimación fundamentada que determine el monto de recursos federales requeridos para cumplimentar la política de subsidios.
Para la estimación de los recursos a que se refiere el párrafo anterior, se deberá considerar el rezago habitacional, las necesidades de vivienda, la condición de pobreza de los hogares, así como el grado de marginación de la comunidad rural o urbana, entre otros.
Dicha estimación se presentará conjuntamente con el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación que el Ejecutivo federal remita a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, quién deberá considerarla para la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal que corresponda, tomando en cuenta los compromisos que, en su caso, deriven de los programas que se realicen en cumplimiento a lo dispuesto por el presente ordenamiento.
Artículo 62. Los programas federales que otorguen subsidios para la vivienda se sujetarán a lo que determine el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal correspondiente. Para el otorgamiento de los subsidios, las dependencias y entidades competentes deberán observar los siguientes criterios:
I. Atender a la población en situación de pobreza;
II. Los montos de los subsidios deberán diferenciarse según los niveles de ingreso de sus destinatarios, dando atención preferente a las familias con los más bajos ingresos;
III. Los subsidios deberán ser objetivos, identificarse y cuantificarse claramente, estableciendo los requisitos y criterios de selección que deben satisfacer los destinatarios;
IV. Los subsidios deberán ser establecidos con equidad, tanto para los hogares beneficiarios, como para las regiones, entidades federativas y municipios;
V. Los montos y procedimientos de asignación de los subsidios deberán ser transparentes, y establecer con claridad la temporalidad y responsables de su ejercicio, control y seguimiento, y
VI. Para distribuir los subsidios entre las entidades federativas, los municipios y los hogares a beneficiar, se deberán tomar en consideración las condiciones de rezago, necesidades habitacionales, modalidades de atención y el grado de marginación o pobreza, entre otros.
Artículo 63. Para garantizar la aplicación de los principios de equidad e inclusión social en el acceso a los subsidios, el gobierno federal elaborará reglas para su distribución atendiendo lo dispuesto en el artículo 3o. de esta ley.
Artículo 86. La comisión fomentará, en coordinación con las dependencias y entidades federales, así como con las entidades federativas y municipios, el desarrollo de programas de suelo y vivienda dirigidos a:
I. Autoproductores y autoconstructores, individuales o colectivos, para sus distintos tipos, modalidades y necesidades de vivienda, y
II. Otros productores y agentes técnicos especializados que operen sin fines de lucro tales como los organismos no gubernamentales, asociaciones gremiales e instituciones de asistencia privada.
Artículo 87. Las políticas y programas dirigidos al estímulo y apoyo de la producción social de vivienda y a la vivienda de las comunidades rurales e indígenas deberán:
I. Contemplar todo el proceso de producción habitacional, incluyendo los distintos tipos, modalidades y necesidades de vivienda;
II. Atender preferentemente a los grupos vulnerables, marginados o en situación de pobreza;
III. Ofrecer apoyos y asistencia técnica, social, jurídica y financiera que combine el ahorro, el crédito y el subsidio con el trabajo de los beneficiarios en los distintos tipos y modalidades de vivienda;
IV. Considerar la integralidad y progresividad en la solución de las necesidades habitacionales, con visión de mediano y largo plazo, continuidad y complementariedad de la asistencia integral y de los apoyos materiales o financieros que se les proporcionen;
V. Focalizar preferentemente a la mujer sostén de la familia, las acciones de fomento y apoyo, otorgándoles el poder de decisión con relación al ahorro, el crédito y el subsidio, y
VI. Atender las distintas formas legales de propiedad y posesión de la tierra, así como de tenencia individual o colectiva, en propiedad privada o no, adecuando los diversos instrumentos y productos financieros al efecto.
Tratándose de las comunidades rurales e indígenas deberán ser reconocidas y atendidas sus características culturales, respetando sus formas de asentamiento territorial y favoreciendo los sistemas constructivos acordes con el entorno bioclimático de las regiones, así como sus modos de producción de vivienda.
Artículo 88. La comisión, en coordinación con los organismos de vivienda y con las entidades federales, estatales y municipales fomentará en los programas y proyectos de producción social de vivienda la inclusión de actividades productivas y el desarrollo de actividades generadoras de ingreso orientadas al fortalecimiento económico de la población participante en ellos, de conformidad con lo establecido en las disposiciones aplicables.
Artículo 89. Como apoyo al desarrollo de la producción social de vivienda, la comisión fomentará la realización de convenios de capacitación, investigación y desarrollo tecnológico con universidades, organismos no gubernamentales y consultores especializados, entre otros.
Artículo 90. Las acciones y recursos que las dependencias y entidades del gobierno federal programen o destinen para el fomento y estímulo a la producción social de vivienda, deberán guardar proporcionalidad y equidad entre las distintas regiones del país, atendiendo a los distintos tipos, modalidades y necesidades de vivienda.
Artículo 91. Las organizaciones de la sociedad civil que tengan por objeto la adquisición, mejoramiento, construcción o producción social de la vivienda, así como el otorgamiento de asesoría integral en la materia, serán objeto de acciones de fomento por parte de las dependencias y entidades de la administración pública federal, para lo cual se sujetarán, además de lo dispuesto en la presente ley, a la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil.
Quinto. En los últimos años no se ha atendido de manera sistemática la producción social de vivienda como prioridad de la política habitacional, a pesar de los esfuerzos de esta soberanía al incorporar aspectos normativos, operativos y presupuestales para el apoyo a la vivienda popular, que es el objeto por el cual fue creado el Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares (Fonhapo).
En el aspecto normativo, tenemos que la Cámara de Diputados al aprobar los decretos del Presupuesto de Egresos de la Federación para los ejercicios fiscales 2004, 2005, 2006 y 2007, determinó que el Fonhapo no ejecutara sus programas a través de intermediarios financieros privados, por lo cual debió seguir operando como organismo de primer piso, sin embargo esto no fue acatado por las autoridades competentes.
En materia presupuestal, con la aprobación de los decretos del Presupuesto de Egresos de la Federación, PEF, para los ejercicios fiscales 2004, 2005, 2006 y 2007, esta soberanía no sólo procuró incrementar recursos al Fonhapo, sino también definir una política de Estado en materia de vivienda popular, asignando recursos al Programa de Vivienda Rural en el marco del programa especial concurrente para el desarrollo rural sustentable en los cuatro años referidos a partir de lo dispuesto por la Ley de Desarrollo Rural Sustentable; adicionalmente esta soberanía aprobó recursos a Fonhapo para el Programa de Adquisición de Suelo Apto en 2004 y 2005, además de ampliar recursos para el programa "Tu Casa", todo ello inscrito en el Ramo Administrativo 20 Desarrollo Social del propio presupuesto.
Sin embargo, en los tres programas se han registrado subejercicios, lo cual es preocupante ya que a pesar de los reducidos montos destinados a los sectores más pobres de México, tenemos que no ha habido un adecuado ejercicio de los recursos.
El caso del Programa de Vivienda Rural tiene problemas porque en los presupuestos 2005, 2006 y 2007 la Cámara de Diputados aprobó recursos adicionales del Ramo 20 para ser ejercidos en el marco del programa especial concurrente para el desarrollo rural sustentable, lo que no ha ocurrido, dado que en la estructura programática y presupuestal del PEF así como en los reportes trimestrales del Programa de Vivienda Rural no se reportan esos recursos adicionales.
En el caso de las reglas de operación del programa "Tu Casa", tenemos otro problema no menos grave, y se refiere al hecho de que en tales reglas se ha determinado que los recursos que deberían tener como destinatarios los sectores populares que no tienen vinculación con el mercado formal de vivienda, puedan ser incluidos en supuestos programas de cofinanciamiento con Infonavit y Fovissste, a fin de complementar con recursos fiscales los créditos que ambos fondos deberían otorgar a sus derechohabientes de menores ingresos para cumplir con el mandato constitucional de otorgar créditos "baratos y suficientes" para que los trabajadores adquieran "habitaciones cómodas e higiénicas", conforme a lo establecido en los Apartados A y B del artículo 123 de la ley fundamental.
Dado que ambos fondos han desatendido a la población no solvente para acceder a la compra de viviendas en un mercado controlado por un reducido grupo de poderosas empresas desarrolladoras de vivienda, se ha recurrido a este falso esquema de cofinanciamiento, implicando con ello el abandono de la política de vivienda popular.
Por otra parte, en tales reglas de operación se establece que los recursos fiscales también sirven para la operación de las Sociedades Financieras de Objeto Limitado (Sofoles) hipotecarias, mismas que operan en el Programa Especial de Crédito y Subsidio a la Vivienda (Prosavi), a cargo de Sociedad Hipotecaria Federal, lo que también da lugar a que los recursos fiscales que deberían destinarse a la población excluida y marginada del país sean canalizados a sectores de mayores ingresos.
En el decreto del PEF para 2006 esta soberanía aprobó en el artículo 54 que el Ejecutivo federal "deberá considerar la opinión de las entidades federativas en el diseño de las reglas de operación para lograr una mejor planeación y ejecución de los programas correspondientes", sin embargo ha prevalecido el centralismo, impidiendo así fortalecer la gestión social y local de los programas de vivienda.
Sexto. Aunque en las reglas de operación 2007 el Programa Tu Casa ya no incluyó como instancias ejecutoras a los organismos nacionales de vivienda mencionados, incorporando a entidades federativas y municipios, el problema no se resolvió, porque en las reglas de operación (publicadas en febrero y agosto de 2007) del "Programa de esquema de financiamiento y subsidio federal para vivienda", a cargo de la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi), se incorporan a Infonavit, Fovissste además de los intermediarios financieros privados como entidades ejecutoras de gasto, aunque es de reconocer que en agosto se incluyó al sector social, reconociendo por primera vez en los últimos años a los productores sociales de vivienda.
Séptimo. Debe haber un cambio de fondo en la política habitacional. Es claro que el llamado sector vivienda, representado principalmente por la Cámara Nacional de la Industria del Desarrollo y Promoción de la Vivienda (Canadevi) no es la opción para la mayor parte de la población; los sectores populares y no asalariados, que eran el universo de atención del Fonhapo, deben ser atendidos con una política de Estado que no puede sujetarse al mercado; los desarrolladores, banca y Sofoles deben atender a sectores de mayores ingresos, y no capitalizar recursos definidos constitucionalmente (artículo 123) y fiscales (Fonhapo) para sus propósitos.
Los productores industriales de vivienda deben insertarse en un mercado real, de competencia y libre concurrencia en igualdad de condiciones, sin que reciban subsidios indirectamente por parte del Estado, traficando influencias, comprando en condiciones altamente favorables terrenos ejidales, corrompiendo a autoridades municipales para modificar los programas de desarrollo urbano local y obtener licencias para construir viviendas en zonas periféricas transfiriendo los costos de urbanización a las finanzas públicas sin compartir tales costos debido a la obtención de altos niveles de plusvalía sin arriesgar sus capitales conjuntamente con la sociedad.
Octavo. Por lo anteriormente expuesto, consideramos indispensable replantear el manejo de los recursos fiscales. Es contradictorio que los recursos asignados en el Presupuesto de Egresos de la Federación a través del Ramo 20 a Fonhapo, que deberían ser para atender a los productores sociales de vivienda y a la población no asalariada del campo y la ciudad con menores ingresos y más vulnerable, no sean ejercidos en esta orientación.
Por otra parte, también resulta contradictorio que los recursos del PEF asignados a través del Ramo 6 a la Conavi estén siendo desviados para crear una ficción de subsidios que complementan los créditos para derechohabientes de Infonavit y Fovissste o acreditados de Sociedad Hipotecaria Federal y las Sofoles, anteponiendo criterios financieros por sobre el interés público que la Ley de Vivienda reconoce, sobre todo respecto a la producción social.
Debe establecerse en el Presupuesto de Egresos de la Federación un apartado específico, denominado "Programa de apoyo a la producción social de vivienda", con partidas específicas para el otorgamiento de créditos blandos y subsidios a productores sociales, conforme a lo acotado en la Ley de Vivienda.
Las reglas de operación deben acatar lo dispuesto en la Ley de Vivienda y en el decreto del PEF, debiendo ser producto de la consulta pública respectiva y no una imposición centralista del gobierno federal.
Noveno. Es prioritario incrementar los recursos fiscales para vivienda popular. En el Presupuesto de Egresos de la Federación debe aumentar el monto de recursos para la producción social, etiquetando tales recursos para que no sean desviados a programas de cofinanciamiento como los que se han aplicado a partir de las reglas de operación del programa "Tu Casa" (Fonhapo) y actualmente al "Programa de esquema de financiamiento y subsidio federal para vivienda" (Conavi), en su totalidad los recursos deben destinarse a la producción social de vivienda, conforme a lo ordenado por la Ley de Vivienda.
Esto debe operar con base en criterios flexibles, combinando líneas de crédito que incluyan lo relativo a suelo, urbanización, edificación, asesoría, estudios y proyectos, guardando equidad y proporcionalidad en zonas urbanas, rurales e indígenas de las entidades federativas y municipios del país, atendiendo prioritariamente a la población con ingresos de hasta cuatro salarios mínimos.
El ejercicio de los recursos se hará conforme a los convenios que se establezcan entre el gobierno federal, los gobiernos estatales y los productores sociales en forma colectiva o individual.
Para el año 2008 se propone un monto de 2 mil 990 millones de pesos (dos mil novecientos noventa millones de pesos), que deberán ser operados por los Institutos Estatales de Vivienda conjuntamente con los productores sociales de vivienda, con la supervisión, asesoría y apoyo de la Comisión Nacional de Vivienda.
Décimo. Es urgente crear y consolidar los instrumentos de apoyo a la producción social de vivienda. La Ley de Vivienda reconoce explícitamente esta modalidad de producción, ello implica que la población mayoritaria del país no es consumidora o compradora de mercancías habitacionales definidas a partir del valor de cambio.
Debe entenderse que el valor de uso es un factor central en la vida social mexicana, por ello planteamos que no debe obstaculizarse desde el Poder Ejecutivo federal la posibilidad de que las organizaciones sociales sean incluidas en políticas y estrategias de nuevo tipo, buscando mecanismos para garantizar el derecho a la vivienda para quienes ahí participan.
Algunos criterios para acatar las disposiciones que la Ley de Vivienda establece en materia de Producción Social de Vivienda, y que no deben estar condicionadas a criterios discrecionales por parte de las autoridades para dar cabal cumplimiento al mandato de la Ley de Vivienda respecto a la producción social, son los siguientes:
A) Reconocer y apoyar la experiencia y la capacidad demostradas por los productores sociales; B) analizar objetivamente los informes de ejercicios financieros y avances de obra de las propias organizaciones; C) apoyar decididamente y o asesorar a las organizaciones en materia de gestión y administración; D) discutir en foros abiertos la forma de sumar recursos públicos, ahorro colectivo e individual y la cooperación internacional; E) analizar el diseño de estrategias de financiamiento público con diferentes líneas de créditos y definición de subsidios considerando los niveles de ingreso; F) apoyar y financiar la asesoría profesional y apoyos externos especializados; G) fomentar la capacidad de autogestión administrativa y de recuperación de cartera por las propias organizaciones; H) establecer metodologías de evaluación y seguimiento acordes a las características de los productores sociales; I) modificar los esquemas de recuperación de cartera vencida aplicados por los organismos nacionales de vivienda para no anular el derecho a la vivienda.
Con base en las consideraciones y antecedentes expuestos, someto a esta honorable asamblea la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al gobierno federal a incrementar en términos reales el financiamiento para vivienda popular, que comprende a las familias que tienen un ingreso de hasta cuatro salarios mínimos, dando prioridad a la población excluida, marginada y con menores ingresos, de manera equitativa y proporcional en todas las entidades federativas y los municipios urbanos, rurales e indígenas.
Segundo. Para el año 2008 se propone un monto de $2 990 000 000 (dos mil novecientos noventa millones de pesos), que deberán ser operados por los institutos estatales de Vivienda conjuntamente con los productores sociales de vivienda.
Tercero. Las Reglas de Operación del "Programa de apoyo a la producción social de vivenda", deberán sujetarse a las disposiciones de la Ley de Vivienda y el decreto del PEF, debiendo ser sometidas a consulta pública con los gobiernos estatales y los productores sociales de vivienda.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro,a 18 de octubre de 2007.
Diputada María Elena Torres Baltasar (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE
QUE EN EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN DE
2008 SE DESTINEN RECURSOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGÍA
DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN, A CARGO DEL DIPUTADO
JUAN FRANCISCO RIVERA BEDOYA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
El que suscribe, diputado federal por el estado de Nuevo León, Juan Francisco Rivera Bedoya, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 77, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete ante esta honorable asamblea una proposición con punto de acuerdo a fin de que la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorte a las Comisiones de Educación Pública, y de Presupuesto y Cuenta Pública para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación del ejercicio fiscal de 2008 se destinen y etiqueten recursos por un monto de 63 millones 451 mil 552 pesos para el fortalecimiento de la Facultad de Odontología de la Universidad Autónoma de Nuevo León, a fin de incrementar los niveles de eficiencia de los servicios académicos, administrativos y de atención a la comunidad, de conformidad con los siguientes
Antecedentes
La Universidad Autónoma de Nuevo León tiene 68 años de formar profesionales de la odontología y desde hace 33 años se ha destacado por la contribución nacional de profesionistas de alto nivel en diversas áreas de la medicina a través de maestrías y especialidades. Actualmente, la facultad recibe en promedio 800 alumnos al año.
Esta institución es la única de carácter público en el estado que otorga estos servicios de alta especialidad a toda la población, ello a partir de cuotas de recuperación para la renovación adecuada y oportuna de los materiales, que por concepto de servicios a la comunidad recibe. Los servicios a la comunidad es una de sus funciones sustantivas que ha distinguido a la facultad del resto de las instituciones educativas en el estado.
La Facultad de Odontología de la Universidad Autónoma de Nuevo León trabaja permanentemente por mantener el liderazgo en la formación de cirujanos dentistas desde una perspectiva integral, competitivo, con alta capacidad científica, tecnológica, creativa e innovadora, pero sobre todo con alto grado de responsabilidad social que contribuya al mejoramiento de calidad de vida y bienestar de la sociedad neoleonesa.
Exposición de Motivos
La dinámica del área metropolitana de Monterrey la coloca como una zona de relevancia regional e internacional, por lo que desempeña un papel importante en el proceso de integración del noroeste de México, junto con Coahuila y Tamaulipas.
La calidad de clase mundial que pretende la Facultad de Odontología considera un sistema de gestión de calidad de estándares internacionales de evaluación, aplicación de sistema de calidad avanzada (como la metodología seis sigmas) y sistemas más elementales como los orientados a la satisfacción de la sociedad.
Uno de los grandes retos que enfrenta la institución es buscar nuevas formas de desarrollar sus funciones y hacerlo de manera que garantice niveles de calidad en permanente superación. Lo anterior implica la certificación de los procesos más elementales según estándares de calidad definido por ISO 9001-2000, orientados a disminuir al mínimo el uso intensivo de recursos, con altos indicadores de eficiencia y eficacia.
Para atender su función social, la Facultad de Odontología cuenta con seis clínicas periféricas en Apodaca, Guadalupe y San Nicolás de los Garza, donde se prestan servicios odontológicos integrales por profesores, alumnos y pasantes en servicio social. Los programas que requieren el mejoramiento de estrategias, el uso óptimo y adecuado de los recursos institucionales. Todo lo anterior nos lleva a la presentación de un proyecto integral que ofrece con capacidad y eficiencia los mejores servicios educativos en sus diferentes niveles, así como la atención a la comunidad a través de metas muy concretas e integrales:
2. Construcción y equipamiento de la clínica maxilofacial con dos quirófanos, dos operatorios, sala de recuperación, área de cirugía, aula de clases, área de trabajo, sala de juntas y recepción, cuya obra de construcción y acabados es de 790 metros cuadrados, con inversión de 6 millones 315 mil 680 pesos.
3. En cuanto a equipamiento de recursos materiales e instrumentales de la clínica de cirugía maxilofacial, ésta requiere 1 millón 785 mil 72 pesos, lo cual da un total en la inversión de la clínica de 8 millones 100 mil 752 pesos.
4. Construcción y renovación de la clínica de odontología restauradora. Se pretende remodelar los 300 metros cuadrados con que actualmente cuenta la clínica y una ampliación de 208 metros cuadrados, en atención a la demanda de los servicios que presta, lo cual representa una inversión de 3 millones 758 mil 300 pesos.
5. El mantenimiento anual de la infraestructura y los recursos humanos a nivel competitividad de clase mundial en el presente proyecto requiere una inversión de 15 millones de pesos anuales.
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta a las Comisiones de Educación Pública, y de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación del ejercicio fiscal de 2008 se destinen y etiqueten recursos por un monto de 63 millones 451 mil 552 pesos para el fortalecimiento de la Facultad de Odontología de la Universidad Autónoma de Nuevo León, a fin de incrementar los niveles de eficiencia de los servicios académicos, administrativos y de atención a la comunidad.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de octubre de 2007.
Diputado Juan Francisco Rivera Bedoya (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE
QUE EN EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN DE
2008 SE CONSIDEREN RECURSOS PARA CONSTRUIR EL TRAMO CARRETERO SAN PEDRO
Y SAN PABLO TEQUIXTEPEC-SAN JUAN YOLOTEPEC-SANTA CATALINA CHINANGO, EN
OAXACA, A CARGO DEL DIPUTADO VÍCTOR HUGO GARCÍA RODRÍGUEZ,
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
El suscrito, diputado federal en la LX legislatura e integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo establecido en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de la honorable asamblea el presente punto de acuerdo, bajo las siguientes
Consideraciones
El estado de Oaxaca es uno de los más pobres de nuestro país y con menos expectativas positivas en el futuro inmediato; recientes estudios del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo han mostrado, mediante el índice de competitividad social, que es la entidad número 31 del país en la lista de capacidades relacionadas con la capacidad de generación de bienestar de los hogares a través del empleo.
Dicha circunstancia es de llamar la atención, toda vez que el índice toma en cuenta el trabajo infantil, la formalidad del empleo, acceso de los individuos a servicios de atención médica, duración de la jornada laboral semanal y la pobreza salarial.
Las actividades preponderantes en el estado son la agricultura, el comercio y, muy recientemente, la actividad manufacturera, y aún con años de políticas públicas insuficientes; fallidas en su implementación y verificación, podemos observar que la participación del estado en el producto interno bruto (PIB) nacional no se ha visto disminuido radicalmente, desde 1995, cuando alcanzó su máximo histórico, con1.68 por ciento de ese indicador, hasta llegar ahora a una participación de 1.45 por ciento, que lejos de ser alarmante, es meritorio.
Lo que si podemos calificar de alarmante son los altos índices de emigración que presenta el estado, se ha generado que cada vez más personas de las zonas rurales migren hacia las grandes ciudades del país y en especial hacia las de Estados Unidos de América; las tasa de crecimiento anual de la población es ahora de menos de la cuarta parte de lo que era en la década de los cincuenta.
Estos datos de emigración nos muestran que esta latente el riesgo de generar dentro de este estado pueblos fantasma, por la cada vez mas marcada tendencia de migrar de manera individual y después mandar por la familia para mudarla a las grandes ciudades, en una ola urbanizadora que además está costando contener a los gobiernos locales, ya que las grandes ciudades receptoras están creciendo sin planes de desarrollo coherentes, acordes a las capacidades y necesidades básicas de los nuevos residentes; provocando severos problemas que todos conocemos.
La principal causa de esta emigración sin orden es la carencia de infraestructura, que es fundamental para determinar los costos de acceso a los mercados, tanto de productos como de insumos, así como para proporcionar servicios básicos en beneficio de la población y de las actividades productivas, siendo así un componente esencial de la estrategia para la integración regional y el desarrollo social equilibrado, así como para incrementar la competitividad de la economía nacional y, con ello, alcanzar un mayor crecimiento económico y generar un mayor número de empleos mejor remunerados, los estudios especializados recientes muestran que por ser insuficiente y seriamente limitada impacta de manera determinante la zona de la mixteca.
Comparaciones internacionales señalan que, por la calidad y competitividad de su infraestructura, México se ubica actualmente entre el quinto y el séptimo lugar en América Latina, y es a pesar de ello que, según los indicadores de competitividad del Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática (INEGI), la productividad de la mano de obra en los rubros de productos alimenticios, de industria de la madera y de derivados del petróleo, no han dejado de crecer desde 1993, lo cual nos indica que tenemos mucho todavía que aprovechar.
La Mixteca Baja oaxaqueña es una zona rica en tradiciones, cultura y diversidad biológica incomparable, ya que esta región se encuentra dentro del área de la reserva de la biosfera Tehuacán-Cuicatlán; sin embargo, el aislamiento de telecomunicaciones, infraestructura ferroviaria y terrestre, ha provocado el abandono de muchos de los sectores productivos que tienen potencial en la región.
La agricultura se ha visto interrumpida por la falta de especialización en los procesos del campo, así como por la carencia de tecnologías adecuadas; esto se ha acentuado con la carencia de población que trabaje y cuide la tierra; sin embargo, se han conservado muchas de las industrias tradicionales, e incluso la biodiversidad original esta sufriendo saqueos por parte de empresas farmacéuticas transnacionales que aprovechando la falta de organización y vigilancia extraen especies nativas y únicas para su aprovechamiento; tales industrias deben ser potencializadas en el nuevo esquema de globalización y desarrollo sustentable.
De la misma manera, la cultura de la mixteca oaxaqueña es casi desconocida fuera de la región, pero se integra por su música, por sus carnavales, por sus fiestas patronales, por sus vestigios arqueológicos, proporcionando así al estado y a la nación lugares turísticos de incomparable significado y riqueza; de la misma manera, esta región en particular es un bastión de la cultura mixteca, ya que es de las pocas regiones donde sus habitantes hablan orgullosamente su idioma materno que es el mixteco, y son pueblos reconocidos por el Instituto Nacional para las Lenguas Indígenas, como puntales de éste idioma, participando activamente en la Academia de la Lengua Mixteca, Ve’e Tu’un Savi.
En el municipio de San Pedro y San Pablo Tequixtepec, la Secretaría de Desarrollo Social y el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática muestran que los pueblos sufren de muy alta marginación; siendo incluso importante mencionar que en el periodo de 2000 a 2005 este índice de marginación decreció de alto hacia muy alto, lo cual, en términos coloquiales, significa que todavía existe población analfabeta, casas que no cuentan con sistemas de drenaje, no hay cobertura de energía eléctrica al 100 por ciento y donde existen casas y calles con pisos de tierra.
La situación de marginación en los municipios colindantes dista mucho de ser diferente, los municipios vecinos, Cosoltepec, Santiago Chazumba, San Juan Bautista Suchiltepec y Santiago Miltepec, Santa Catarina, son también todos de índices de marginación alto y muy alto. Todo esto derivado de la casi nula inversión que se ha hecho de forma estatal o privada en la región.
Sin embargo, los pobladores de estas zonas, están trabajando para lograr más que tan sólo su propia supervivencia, ya que se han generado dentro de la región, micro y pequeñas empresas de cultivos como el maíz y frijol, granos que siguen siendo hasta ahora parte de la dieta básica de la región; de la misma manera ha empezado a florecer la apicultura, se tiene una cosecha generosa anual de dos ciclos de los frutos del cacto denominados pitaya y xoconostle, que han sido calificados por investigadores del Instituto Politécnico Nacional (IPN) como "las frutas de mayor contenido de vitamina E" en el mundo.
La vitamina E es un antioxidante natural de cuerpo y retrasa los efectos del envejecimiento, el IPN está en las etapas finales de la investigación, y todo indica que la deliciosa fruta podrá ser además utilizada en las áreas de salud farmacológica, salud estética y muchas otras. Sin embargo, este fruto tiene un tiempo de vida limitado y requiere de comercialización inmediata, situación que por el estado actual de los caminos de la región se hace demasiado complicado.
El pueblo de San Juan Yolotepec ha sido desde los años 40 un punto neurálgico de la manufactura y el comercio al interior de la región, del estado y de la república, llegando incluso sus proyectos actuales a los planos internacionales. En los años 90 el Centro Coordinador Indigenista, con sede en Silacayoapan, autorizó 25 millones de pesos (de los viejos pesos) para la comercialización de la palma.
Es sede de la organización Unión Mixtecos del Norte, que aglutina a seis comunidades del norte de Huajuapan y que tiene como objetivo principal la comercialización del sombrero de palma blanca, encargándose también de todo el proceso de producción, para la que se logró un apoyo económico de mil 192 millones de pesos para echar andar proyectos productivos justos e importantes para la región, esta organización ha realizando viajes incluso al Cantón de Costa Rica, en Centro América, para sondear las posibilidades de colocar el producto en esa región del continente y las autoridades municipales de Yolotepec están en proceso de expropiar un terreno adecuado en donde se construirá el local para las planchadoras.
Es de suma importancia mencionar que San Juan Yolotepec es único, entre los pueblos de la montaña mixteca; ha conservado, desde 1890, el carnaval que se celebra en el mes de febrero, una costumbre mixteco-católica única en el mundo por la belleza de su música y su vestuario tan peculiar fruto del mestizaje de la cultura mixteca con la española y cuya cosmogonía ha sido durante los últimos 20 años estudiada a detalle, existiendo folletos y libros editados por el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. Esta ceremonia atrae a mucha gente que llega de lugares lejanos y es una fuente aún no explotada de recursos turísticos. Sin embargo, el pueblo tiene la capacidad de en un futuro inmediato ser centro de visita obligada para el turismo cultural, generando aún más entradas de divisas hacia Oaxaca.
Es también importante mencionar que la mixteca oaxaqueña lleva a cabo desde hace 20 años programas de reforestación de las zonas devastadas de la región; y esta es de las pocas zonas del país que ha mostrado logros significativos de esta actividad, ya que han incrementado su captación pluvial hasta en un 15 por ciento anual, porcentaje que va creciendo exponencialmente.
Todo esto se ha hecho de manera autogestiva, y debido al incremento paulatino de las condiciones de vida de muchas de las personas, gracias al constante flujo de remesas que llegan desde el vecino país del norte, y al tequio, milenaria forma de organización que tiene como premisa el trabajo solidario en beneficio de la comunidad; pero estos flujos de remesas y el esfuerzo de los pobladores, no son suficientes para generar por si solos, el desarrollo integral que requiere la región. Al año pasado los montos de remesas que llegaron al estado según estudios del Banco de México (BM) fueron de mil 198 millones de dólares, suma que pudo ser alcanzada por que Oaxaca es el 3er receptor de remesas en dólares a nivel nacional.
Sin embargo, al no existir un aparato estatal suficientemente organizado, muchas de esas remesas se usan en proyectos de autoconsumo regional, sin orden, ni planeación específica; el BM especifica que el 86 por ciento de las remesas se va en gastos de manutención de las familias que se dejan detrás, siendo incluso la educación un asunto no prioritario con apenas una inversión de 6.3 por ciento del total de los ingresos por remesas.
Las empresas que comienzan a surgir después de muchos años de abandono, se están integrando, en la mayoría de los casos, de manera familiar y comunitariamente, respetando y enalteciendo los usos y costumbres de la región; generando un incipiente aprovechamiento del flujo de capitales generado principalmente por las remesas de la comunidad mixteca en el exterior, de la misma manera en que las micro finanzas comienzan a ser un factor en el desarrollo de la misma; esto no es de extrañarse ya que la comunidad mixteca es una de las más grandes y cohesivas de nuestros conciudadanos fuera de su estado y de su país.
No debemos pasar por alto la importancia que las micro, pequeñas y medianas empresas (Mpymes) representan a nivel mundial, ya que son el segmento de la economía que aporta el mayor número de unidades económicas y personal ocupado; de ahí la relevancia que reviste este tipo de empresas y la necesidad imperiosa e inmediata de fortalecer su desempeño; al incidir éstas de manera fundamental en el comportamiento global de las economías nacionales; de hecho, en el contexto internacional se puede afirmar que el 90 por ciento o un porcentaje superior de las unidades económicas totales está conformado por las Mpymes.
Los cálculos económicos estimados, nos indican que de invertir en infraestructura, en la región podríamos tener tasas de crecimiento sostenido de hasta el 26 por ciento, los próximos 5 años y de hasta 12 por ciento durante 10 años más, de la misma forma que generara alrededor de 2 mil empleos directos e indirectos en los 2 primeros años de su funcionamiento; haciendo uso de los diversos programas gubernamentales; los cuales ya existen en la región pero se encuentran subutilizados, de la misma manera que la institucionalización generara ingresos a la hacienda estatal y nacional.
La especialización de los mixtecos de la zona que han salido hacia las ciudades grandes del país y del extranjero se ha vuelto la mayor garantía para la región, ya que se cuenta con asociaciones civiles organizadas, con especialistas de todos los ramos y, por ende, con un potencial enorme en materia de crecimiento sustentable y que ayuda incluso a salvaguardar y mantener vivas las tradiciones artesanales y culturales.
Finalmente los hechos recientes, que muestran una reducción del presupuesto en materia de agricultura propuesto por el Ejecutivo federal, la inminente apertura agrícola del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, los subejercicios del programa especial concurrente de la Secretaría de la Reforma Agraria, la poca ayuda que da la banca comercial a campesinos, la cancelación de apoyos federales a micro productores y el alza a las gasolinas, obligan a que demos a los campesinos de las zonas marginadas pero con potencial, inversión en carreteras que de muchas maneras será aprovechada en el corto, mediano y largo plazos, por los habitantes que tendrán las oportunidades que dan el ahorro de transporte de carga en la región, ahorros que también generaran capacidades de logísticas nuevas.
La carretera San Pedro y San Pablo Tequixtepec-San Juan Yolotepec-Santa Catalina Chinango es una obra de infraestructura de 11 kilómetros de largo, que reforzará de manera significativa las nuevas dinámicas de comercio ya existentes para la región y para el estado completo, de la misma manera que facilitará el crecimiento e institucionalización de las Mpymes existentes y proporcionara facilidades inmejorables para el arribo de nuevos programas estatales y federales que generaran mucho más crecimiento económico en el corto plazo.
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta a las comisiones de presupuesto y cuenta pública y de transportes y comunicaciones, para que asignen en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2008, una partida de 33 millones de pesos; dentro de las participaciones a los estados, etiquetados para la construcción del tramo carretero San Pedro y San Pablo Tequixtepec-San Juan Yolotepec-Santa Catalina Chinango, municipio de San Pedro y San Pablo Tequistepec, en el estado de Oaxaca.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de octubre de 2007.
Diputado Víctor Hugo García Rodríguez
(rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE
QUE EN EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN DE
2008 SE CONSIDEREN RECURSOS PARA CONSTRUIR EL TRAMO CARRETERO VILLA CHILAPA
DE DÍAZ-SANTIAGO YOLOMECATL, EN OAXACA, A CARGO DEL DIPUTADO VÍCTOR
HUGO GARCÍA RODRÍGUEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
El suscrito, diputado federal en la LX legislatura e integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo establecido en el artículo 71, fracción II y en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a esta honorable asamblea el siguiente punto de acuerdo, bajo las siguientes.
Consideraciones
Oaxaca es uno de los estados más pobres del país y con menos expectativas positivas en el futuro inmediato; recientes estudios del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), han mostrado mediante el Índice de Competitividad Social (ISC), que Oaxaca es el estado número 31 del país, en la lista de capacidades relacionadas con la capacidad de generación de bienestar de los hogares a través del empleo.
Dicha circunstancia es de llamar la atención toda vez que el índice toma en cuenta el trabajo infantil, la formalidad del empleo, acceso de los individuos a servicios de atención médica, duración de la jornada laboral semanal y la pobreza salarial.
Las actividades preponderantes en el estado, son la agricultura, el comercio y muy recientemente la actividad manufacturera, y aún con años de políticas públicas insuficientes; fallidas en su implantación y verificación, podemos observar que la participación del estado en el producto interno bruto de la nación no se ha visto disminuido radicalmente, desde 1995, donde alcanzó su máximo histórico como 1.68 por ciento del PIB nacional, hasta llegar ahora, a una participación de 1.45 por ciento del PIB, lejos de ser alarmante es meritorio.
Lo que si podemos calificar de alarmante son los altos índices de emigración que presenta el estado, que ha generado que cada vez más personas de las zonas rurales, migren hacia las grandes ciudades y en especial hacia las ciudades de los Estados Unidos de América; las tasa de crecimiento anual de la población es ahora de menos de la cuarta parte de lo que era en la década de los cincuenta.
Estos datos de emigración nos muestran que esta latente el riesgo de generar dentro de este estado pueblos fantasma, por la cada vez mas marcada tendencia de migrar de manera individual y después mandar por la familia para mudarla a las grandes ciudades, en una ola urbanizadora que además está costando contener a los gobiernos locales, ya que las grandes ciudades receptoras están creciendo sin planes de desarrollo coherentes, acordes a las capacidades y necesidades básicas de los nuevos residentes; provocando severos problemas que todos conocemos.
Es la carencia de infraestructura, que es fundamental para determinar los costos de acceso a los mercados tanto de productos como de insumos, así como para proporcionar servicios básicos en beneficio de la población y de las actividades productivas, siendo así un componente esencial de la estrategia para la integración regional y el desarrollo social equilibrado, así como para incrementar la competitividad de la economía nacional y, con ello, alcanzar un mayor crecimiento económico y generar un mayor número de empleos mejor remunerados, la que los estudios especializados muestran que por ser insuficiente y seriamente limitada impacta la zona de la mixteca.
Comparaciones internacionales señalan que, por la calidad y competitividad de su infraestructura, México se ubica actualmente entre el quinto y el séptimo lugar en América Latina, y es a pesar de ello que según los indicadores de competitividad del Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática (INEGI), la productividad de la mano de obra en los rubros de productos alimenticios, de industria de la madera y de derivados del petróleo, no han dejado de crecer desde 1993, lo cual nos indica que tenemos mucho todavía que aprovechar.
La mixteca oaxaqueña es una zona rica en tradiciones, cultura y diversidad biológica incomparable; sin embargo el aislamiento de telecomunicaciones, infraestructura ferroviaria y terrestre, ha provocado el abandono de muchos de los sectores productivos que tienen potencial en la región.
La agricultura se ha visto interrumpida por la falta de especialización en los procesos del campo, y eso se ha acentuado con la carencia de población que trabaje y cuide la tierra; sin embargo, se han conservado muchas de las industrias tradicionales, e incluso es una zona rica en biodiversidad original; tales industrias deben ser potencializadas en el nuevo esquema de globalización y desarrollo sustentable.
De la misma manera, la cultura de la mixteca oaxaqueña es casi desconocida fuera de la región, pero se integra por su música, por sus carnavales, por sus fiestas patronales, por sus vestigios arqueológicos, proporcionando así al estado y a la nación lugares turísticos de incomparable significado y riqueza.
En el municipio de Villa de Chilapa de Díaz, la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), muestra que los pueblos circunvecinos sufren de alta y muy alta marginación; lo cual en términos coloquiales significa que, todavía existe una quita parte de la población total de más de 15 años de edad que es analfabeta, donde no todas las casas cuentan con sistemas de drenaje, donde no todas las casas tienen energía eléctrica y donde existen casas aún con pisos de tierra.
La situación de marginación en los municipios colindantes dista mucho de ser diferente, los municipios vecinos, San Andrés Monteverde, San Sebastián Nicanandúta, Villa Tejupam de la Unión y San Juan Teposcolula, son también todos de índice de marginación alto. Todo esto derivado de la casi nula inversión que se ha hecho de forma estatal o privada en la región.
Sin embargo, los pobladores de estas zonas están trabajando para lograr más que tan solo su propia supervivencia, ya que se han generado dentro de la región, micro y pequeñas empresas de cultivos como el amaranto, maderas, maíz y fríjol, que son granos que siguen siendo hasta ahora parte de la dieta básica de la región; de la misma manera ha empezado a florecer la apicultura, la manufactura de objetos de primera necesidad; así como han llegado también a establecerse pequeñas fabricas de derivados del petróleo, como cucharas desechables, bolsas de plástico y rafia.
Todo esto gracias al incremento paulatino de las condiciones de vida de muchas de las personas, gracias al constante flujo de remesas que llegan desde el vecino país del norte, pero que no son suficientes para generar por si solas el desarrollo integral que requiere la región. El año pasado los montos de las remesas que llegaron al estado –según estudios del Banco de México (BM)– fueron de 1 mil 198 millones de dólares, suma que pudo ser alcanzada por que Oaxaca es el tercer receptor de remesas en dólares a nivel nacional.
Sin embargo, al no existir un aparato estatal suficientemente organizado, muchas de esas remesas se usan en proyectos de autoconsumo regional, sin orden, ni planeación específica; el BM especifica que el 86 por ciento de las remesas se va en gastos de manutención de las familias que se dejan detrás, siendo incluso la educación un asunto no prioritario con apenas una inversión de 6.3 por ciento del total de los ingresos por remesas.
Las empresas que comienzan a surgir después de muchos años de abandono, se están integrando, en la mayoría de los casos, de manera familiar y comunitariamente, respetando y enalteciendo los usos y costumbres de la región; generando un incipiente aprovechamiento del flujo de capitales generado principalmente por las remesas de la comunidad mixteca en el exterior, de la misma manera en que las micro finanzas comienzan a ser un factor en el desarrollo de la misma; esto no es de extrañarse ya que la comunidad mixteca es una de las más grandes y cohesionadas de nuestros conciudadanos fuera de su estado y de su país.
No debemos pasar por alto la importancia que las empresas Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, Mpymes representan a nivel mundial, ya que son el segmento de la economía que aporta el mayor número de unidades económicas y personal ocupado; de ahí la relevancia que reviste este tipo de empresas y la necesidad imperiosa e inmediata de fortalecer su desempeño; al incidir éstas de manera fundamental en el comportamiento global de las economías nacionales; de hecho, en el contexto internacional se puede afirmar que el 90 por ciento o un porcentaje superior de las unidades económicas totales está conformado por las Mpymes.
La especialización de los mixtecos de la zona que han salido hacia las ciudades grandes del país y del extranjero, se ha vuelto la mayor garantía para la región, ya que se cuenta con asociaciones civiles organizadas, con especialistas de todos los ramos y por ende, con un potencial enorme en materia de crecimiento sustentable y que ayuda incluso a salvaguardar y mantener vivas las tradiciones artesanales y culturales.
Finalmente, los hechos recientes que muestran una reducción del presupuesto en materia de agricultura propuesto por el Ejecutivo federal, la inminente apertura agrícola del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), los subejercicios del programa especial concurrente de la Secretaría de la Reforma Agraria, la poca ayuda que da la banca comercial a campesinos, la cancelación de apoyos federales a micro productores y el alza a las gasolinas; obligan a que demos a los campesinos de las zonas marginadas pero con potencial, inversión que de muchas maneras será aprovechada en el corto, mediano y largo plazo, por los habitantes que tendrán las oportunidades que dan el ahorro de transporte de carga en la región, ahorros que se generaran capacidades de logísticas.
El cálculo estadístico muestra que con esta inversión de infraestructura podríamos hablar de un crecimiento de 18 por ciento sostenido durante 3 años, y de al menos 8 por ciento sostenido durante 5 años mas, dadas las capacidades propias de la zona, que se volvería una zona neurálgica de comercio, creando más de 3 mil empleos directos e indirectos en los primeros 3 años.
La carretera Chilapa de Díaz-Santiago Yolomecatl es una obra de infraestructura de 20 kilómetros de largo, que reforzará de manera significativa las nuevas dinámicas de comercio para la región y para el estado completo, de la misma manera que facilitará el crecimiento e institucionalización de las Mpymes existentes y proporcionara facilidades inmejorables para el arribo de nuevos programas estatales y federales que generaran mucho más crecimiento económico en el corto plazo.
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, de Transportes y de Comunicaciones, para que asignen en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2008, una partida de 45 millones 461 mil 500 pesos; dentro de las participaciones a los estados, etiquetados para la construcción del tramo carretero Villa Chilapa de Díaz-Santiago Yolomecatl, municipio de Chilapa de Díaz, en Oaxaca.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de octubre de 2007.
Diputado Víctor Hugo García Rodríguez
(rúbrica)
El suscrito, diputado federal Gerardo Escaroz Soler, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en esta LX Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 21, fracciones III y XVI, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicita a la Presidencia de la Mesa Directiva que se sirva excitar a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias para que dictamine sobre la iniciativa que reforma el artículo 39, párrafo 2, fracción XXV, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Primera. En la sesión ordinaria de la honorable Cámara de Diputados de fecha 16 de noviembre de 2006, el que suscribe presentó a la consideración de esta soberanía una iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 39, párrafo 2, fracción XXV de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. La Presidencia de la Mesa Directiva en funciones tuvo a bien turnar dicha iniciativa a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias para su correspondiente dictamen.
Segunda. Esta iniciativa tiene una especial importancia, ya que el sector acuícola ha sido reconocido por este Poder Legislativo mediante el impulso de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, con la que se dotó a nuestro país de un instrumento jurídico que permite el ordenamiento de la pesca y acuacultura para fomentar el mantenimiento de la calidad, la diversidad y disponibilidad de los recursos pesqueros y acuícolas en cantidad suficiente para las generaciones presentes y futuras, en el contexto de la seguridad alimentaría, el alivio de la pobreza, y el desarrollo sostenible.
Tercera. La iniciativa presentada por un servidor considera necesario reconocer la importancia de la acuacultura en la denominación de la actual Comisión de Pesca de esta Cámara de Diputados, mediante una reforma al artículo 39, párrafo 2, fracción XXV de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, que permita incluir de manera expresa esta actividad en el desarrollo de su trabajo legislativo, ya que si bien hasta el momento los asuntos relacionados con esta actividad son atendidos por esta Comisión, se considera pertinente actualizar su denominación, en función de la importancia que ha cobrado la acuacultura en el ámbito mundial.
En razón de lo anterior, le solicitamos de la manera más atenta:
Único. Excite a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias para que a la brevedad posible dictamine la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 39, párrafo 2, fracción XXV, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de octubre de 2007.
Diputado Gerardo Escaroz Soler (rúbrica)