Manuel Salvador Salgado Amador, diputado a la LX Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en los artículos 4o., párrafo cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 26 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y demás disposiciones jurídicas aplicables, se permite someter ante esta honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, con base en la siguiente
Exposición de Motivos
El golfo de California tiene uno de los índices más altos de diversidad biológica en el mundo, lo cual ha permitido que sea declarado por la UNESCO como patrimonio de la humanidad. Esta región marina se integra por varias islas e islotes, los cuales albergan una cantidad representativa de fauna silvestre terrestre y marina, situación que ha valido para que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales haya decretado por lo menos siete áreas natrales protegidas en dicha región. Entre éstas podemos encontrar
Uno de los factores que han incidido directamente en la conservación de muchos ecosistemas terrestres y marinos de la península de Baja California y el golfo de California es la baja densidad poblacional que existe, ya que pocas ciudades podrían considerarse significativamente pobladas en toda la región peninsular, como Cabo San Lucas y La Paz, Baja California Sur. A esta última me referiré en la presente proposición con punto de acuerdo.
La Paz es la capital de Baja California Sur y se localiza en la región sur de la península, en las costas del golfo de California. Su núcleo poblacional se encuentra asentado a lo largo de la costa sur de la bahía del mismo nombre, la cual, junto con las islas de Espíritu Santo, San José y Cerralvo, provee a la ciudad de una protección natural contra los fenómenos meteorológicos.
La agricultura ocupa las planicies al sur de la ciudad. Actualmente, gran parte de esta agricultura se orienta hacia productos que, como el tomate, son destinados al mercado estadounidense.
Uno de los perfiles más notorios en el paisaje de la ciudad es una larga barra de arena, conocida como "El Mogote", que se sitúa frente a la zona urbana. El Mogote cierra un cuerpo de agua denominado "Ensenada de La Paz", que se conecta con la bahía de La Paz mediante un estrecho canal.
El Mogote es una barrera arenosa, que se comenzó a formar aproximadamente hace 5 mil años, como resultado del suministro continuo de arena a la costa, por las corrientes marinas y los arroyos, los cuales permitieron su desarrollo mediante la formación de cordones de playa, ganchos y pantanos de manglar.
Las características particulares de la región en que se sitúa El Mogote y el casi nulo desarrollo de actividades humanas han permitido que esta zona cuente con importantes poblaciones de vida silvestre. La flora presente permite determinar como ecosistema predominante la selva baja caducifolia, destacando además una importante presencia de comunidades de manglares Rhizophora mangle (mangle rojo), Lagunculria racemosa (mangle prieto) y Avicennia germinans (mangle blanco), las tres especies incluidas en la NOM-059-SEMARNAT-2001.
En cuanto a fauna silvestre, se registran un total de 124 especies de aves acuáticas y marinas y 97 especies de aves terrestres; 4 especies de peces de arrecife que están citadas en la NOM-059-SEMARNAT-2001: Hippocampus ingens (caballito de mar, Pr), Holacanthus passer (ángel rey, Pr), Rhincodon typus (tiburón ballena, A), Pomacanthus zonipectus (ángel de Cortés, Pr). Las especies de moluscos Pinctada mazatlanica (madreperla), Crucibulum scutellatum (caracol gorrito), Purpura patula pansa (caracol de tinta), Tivela stultorum (almeja pismo) y Spondylus calcifer (almeja burra), enumeradas en la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2001, en la categoría de protección especial. Asimismo, se han registrado 31 especies de mamíferos marinos incluidos en esta norma oficial mexicana. Finalmente, una especie de pepino también se encuentra incluida con la categoría de protección especial: Isostichopus fuscus.
Respecto a los reptiles, se han identificado 7 especies de lagartijas y 2 de serpientes, de entre las cuales destacan éstas:
Phrynosoma coronatum, una especie típica de desierto. Es relevante por ser muy sensible a la alteración del hábitat, ya que requiere un sustrato arenoso, libre de contaminación orgánica, y la presencia de hormigas nativas, su única fuente de alimentación. Además, es una especie incluida en el apéndice II de la lista CITES (febrero de 2003), "Especies no necesariamente en peligro de extinción, pero cuyo comercio debe ser controlado a fin de evitar algún uso".
Crotalus ruber y Crotalus mitchelli, ambos presentes en el área. Son relevantes por estar en la categoría de protección especial, según la NOM-059-SEMARNAT-2001.
Callisaurus draconoides, que depende del sustrato arenoso de las dunas costeras y altas temperaturas, por lo que encuentra en El Mogote un hábitat adecuado. Esta especie se considera detectora de alteraciones de hábitat, ya que es de las primeras que abandonan un área que se ve alterada. Está clasificada por la NOM-059- SEMARNAT-2001 como amenazada.
Hasta 2002, la península de El Mogote poseía un régimen mixto de propiedad. El gobierno de Baja California Sur poseía el dominio pleno sobre 350 hectáreas, y el resto se encontraba fraccionado en varios lotes propiedad privada de personas físicas y morales; casi la totalidad de estos lotes se encuentra en buen estado natural, sin construcciones ni edificaciones. Sólo hay un camino rústico, abierto por el gobierno estatal hace 20 años, que prácticamente atraviesa el predio y un acceso más que costea por la zona federal marítimo-terrestre.
Por décadas, el desarrollo en esta zona de La Paz ha sido prácticamente nulo, con excepción de un lote de 48.38 hectáreas adquirido el 2 de abril de 1970 por la sociedad mercantil Misiones de La Paz, SA.
Desafortunadamente, y en un acto ambientalmente reprobable, durante agosto y septiembre de 2002 el gobierno de Baja California Sur convocó a una licitación para llevar a cabo la transmisión del dominio a título oneroso de El Mogote, consistente en 350 hectáreas de terreno en breña, localizado frente a la ensenada de la ciudad de La Paz, Baja California Sur.
Dicha licitación fue ganada por Desarrollos Punta La Paz, S de RL de CV, la cual adquirió El Mogote, con objeto de promover el desarrollo turístico e inmobiliario de la zona.
Dicho proyecto fue denominado "Proyecto Habitacional Turístico Paraíso del Mar", el cual considera desarrollar un total de 504-31-32.86 hectáreas de El Mogote, en dos etapas en el área terrestre y aproximadamente 39-00-00 ha en la zona marina.
Con la pretendida realización de este proyecto se pretenden construir
Sin embargo resulta preocupante que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales haya otorgado a Desarrollos Punta la Paz, S de RL de CV, las autorizaciones de cambio de uso de suelo de terrenos forestales e impacto ambiental, para la ejecución de dicho proyecto, pese a que éste provocará un impacto significativo en el equilibrio ecológico de la región, el cual hasta ahora se encontraba prácticamente en perfecto estado de conservación.
Para la construcción del muelle y la marina seca se pretenden desmontar 247.36 hectáreas de vegetación, de las cuales 1.9 corresponden a manglares, el cual incluye tres especies comprendidas en la NOM-059-SEMARNAT-2001: Rhizophora mangle (mangle rojo), Lagunculria racemosa (mangle prieto) y Avicennia germinans (mangle blanco), así como 42.17 hectáreas a vegetación en dunas costeras.
Respecto a la fauna silvestre, El Mogote se caracteriza por ser una zona de reproducción, y avistamiento de aves acuáticas. Sus costas albergan importantes comunidades de mamíferos marinos y peces, como el tiburón ballena, especies cuya distribución en la región se encuentra condenada a desaparecer debido a la contaminación y reducción de su hábitat.
En cuanto al uso y aprovechamiento de los recursos hídricos de la zona, desde el inicio de la operación del proyecto se utilizarán pozos para extraer el agua, estimando un volumen de extracción aproximado a 9 mil 570.90 metros cúbicos de agua al día, y pese a que la empresa establece que para no impactar significativamente los mantos freáticos se realizará la desalinización de agua, en su propia manifestación de impacto ambiental apenas si prevé desalinizar 10.36 metros cúbicos y sólo para emplearlos en el sistema de riego de los campos de golf.
Sin duda, la ejecución de este proyecto representa un grave impacto ambiental y social en La Paz, aumentando los volúmenes de explotación del único manto freático con que cuenta la ciudad. Es importante destacar que esta ciudad depende actualmente de un solo acuífero donde se extraen anualmente más de 30 millones de metros cúbicos, en 23 pozos profundos.
Si bien el agua subterránea en principio podría ser considerada un recurso renovable, la sobreexplotación que se percibe por la ejecución y operación de este proyecto conducirá a su agotamiento. Aunado a esto, el árido ecosistema de la región de La Paz, la pérdida y el desperdicio de agua están ejerciendo una presión innecesaria en la limitada reserva de agua subterránea. El resultado neto es un déficit anual de aproximadamente 10 millones de metros cúbicos. Esto significa que se bombea más agua de la que se recarga al acuífero, de manera que cada año La Paz tiene menos agua disponible en su reserva. Existe además el potencial riesgo de intrusión salina en el acuífero de La Paz, tenemos que entender que pese a la importancia ambiental que representa la conservación de este recurso, se considera crítico para la subsistencia económica de la región.
La construcción de las marinas y los campos de golf modificará la morfología costera al eliminar las dunas costeras de El Mogote, ecosistemas que tienen relaciones de simbiosis muy frágiles y estrechas con especies de flora y fauna silvestres de la región, como el ciruelo Cyrtocarpa edulis, que aunque no se encuentra en la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2001, es una especie arbórea endémica de la porción sur de Baja California Sur, en concreto de la región de El Cabo, y su población más importante se localiza en la comunidad de dunas costeras estabilizadas de El Mogote, siendo el único bosque de la especie en el mundo.
En conclusión, los impactos negativos que este proyecto provocará en la región son
• Relleno de humedales
• Sobreexplotación del acuífero
• Cambio del transporte litoral
• Contaminación de aguas superficiales
y del suelo por uso de plaguicidas
• Alteración del paisaje natural
por la proliferación de infraestructuras y construcciones y cambios
del relieve del terreno
• Cambio de la estructura del suelo
• Cambios del patrón de drenaje
• Sobreexplotación de acuíferos
por el aumento de la demanda de agua
• Especulación inmobiliaria con los terrenos forestales adyacentes a El Mogote
La empresa desarrolladora prevé como impactos positivos los siguientes:
• Diversificación de oferta
turística
• Flujo económico directo con
efectos múltiples
• Mejora de los servicios públicos
Al respecto, se tiene conocimiento de que por lo que respecta a la autorización de cambio de uso de suelo otorgada a la empresa, ésta vence el 31 de diciembre de 2007, por lo que resulta necesario y procedente solicitar a esta secretaría no prorrogar la vigencia de dicho documento, aludiendo al significativo impacto ambiental que provoca esta obra y el incumplimiento del promovente de las condicionantes establecidas por la propia secretaría en las autorizaciones otorgadas.
Por lo expuesto, el suscrito diputado, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, se permite someter a la consideración del Pleno, para su turno y –en su caso– aprobación, la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Primero. La LX Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales a que, en el pleno ejercicio de sus facultades legales, no autorice la prórroga de la autorización de cambio de uso de suelo de terrenos forestales otorgada al arquitecto Luis Raymundo Cano Hernández, gerente administrador de Desarrollos Punta La Paz, S de RL de CV, el 19 de febrero de 2004, con el número de oficio SEMARNAT-BCS-02.02.081/04.
Segundo. La LX Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales para que, por conducto de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, verifique que el arquitecto Luis Raymundo Cano Hernández, gerente administrador de Desarrollos Punta La Paz, S de RL de CV, haya cumplido todas y cada una de las condiciones establecidas en la autorización de cambio de uso de suelo de terrenos forestales que le fue otorgada el 19 de febrero de 2004, con el número de oficio SEMARNAT-BCS-02.02.081/04, así como las condiciones establecidas en la autorización en materia de impacto ambiental relativa al proyecto Desarrollo Paraíso del Mar, que le fue otorgada el 9 de marzo de 2004, con el número S.G.P.A.-DGIRA.-DEI.-0397/04.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados de la LX Legislatura del Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a 27 de noviembre de 2007.
Diputado Manuel Salvador Salgado Amador
(rúbrica)
CON PUNTO DE
ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA SEGOB, A LA SFP Y AL INAH A PROVEER
LO NECESARIO PARA QUE SE ORDENE LA APERTURA DE LA CATEDRAL METROPOLITANA,
A CARGO DE LA DIPUTADA LAYDA ELENA SANSORES SAN ROMÁN, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DE CONVERGENCIA
Layda Elena Sansores San Román, integrante del Grupo Parlamentario de Convergencia de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite someter a la consideración de la honorable Cámara de Diputados, la presente proposición con punto de acuerdo, con base en las siguientes
Consideraciones
En relación a los incidentes ocurridos en el Zócalo y la Catedral Metropolitana el 18 de noviembre de 2007, el Grupo Parlamentario de Convergencia estima que los mismos se han sobredimensionado, y de manera orquestada se ha emprendido una campaña de desprestigio en contra de un movimiento social limpio y de manera parcial se ha magnificado deliberadamente cuando en realidad esta fue una situación transitoria.
La actitud del alto clero que no de la iglesia, con estas acciones no contribuye en nada a la transformación política de México y por el contrario abona a crear un estado de confrontación.
Ciertamente no estamos de acuerdo con la acción de personas de los que no existe certeza aún de su identidad y a priori y sobre la especulación se ha tratado de endosar estos hechos a un movimiento social que tiene el respaldo popular.
No obstante el escenario adverso, por todos los medios se ha demostrado ampliamente que el movimiento político que encabeza Andrés Manuel López Obrador, es pacífico y contrario a los métodos de confrontación estéril.
El movimiento ha demostrado que ha sido respetuoso de todas las libertades y, desde luego, de la libertad religiosa. En este movimiento participan ciudadanos de todos los credos religiosos y libres pensadores por lo que su posición es de respeto a todos por igual.
Ciertamente la irrupción del culto religioso en la Catedral Metropolitana, que nos ocupa es un asunto grave que debe ser reprobado, pero es evidente que no existen pruebas más que una campaña de desprestigio.
Consecuencia de ello, el alto clero católico determinó como medida de presión mediática el cierre de la Catedral Metropolitana, sin tomar en cuenta que más allá que este espacio esté dedicado al culto religioso, ésta representa una de las joyas arquitectónicas más importante de del continente americano.
Al respecto, es oportuno referirnos al régimen jurídico de los templos usados por asociaciones religiosas.
Sobre el particular, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 27 establece que:
Fracción II. Las asociaciones religiosas que se constituyan en los términos del artículo 130 y su ley reglamentaria tendrán capacidad para adquirir, poseer o administrar, exclusivamente, los bienes que sean indispensables para su objeto, con los requisitos y limitaciones que establezca la ley reglamentaria;
Asimismo, conforme a lo establecido por el artículo decimoséptimo transitorio de la norma fundamental, los templos se consideran bienes propiedad de la nación, lo que significa que nuestra catedral se encuentra en ese supuesto:
Artículo Decimoséptimo. Los templos y demás bienes que, conforme a la fracción II del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que se reforma por este decreto, son propiedad de la nación, mantendrán su actual situación jurídica.
Por lo anterior y de acuerdo a lo que establece la Ley General de Bienes Nacionales en su artículo 78, los inmuebles federales utilizados para fines religiosos estarán regulados en cuanto a su uso, administración, conservación y vigilancia, por lo que disponen los artículos 130 y Decimoséptimo Transitorio de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y su ley reglamentaria; así como, en su caso, por la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, su reglamento y demás disposiciones aplicables.
Cabe señalar que la catedral, como otros bienes de la misma naturaleza, no podrán ser objeto de desincorporación del régimen de dominio público de la federación, de concesión, permiso o autorización, ni de arrendamiento, comodato o usufructo. Adicionalmente, los inmuebles federales utilizados para actos religiosos de culto público, se consideran destinados a un objeto público. Esto significa que la catedral sólo está destinada para el uso del pueblo de México y no se encuentra regulada por ninguna figura jurídica como las que se describen.
Por otra parte, si bien es cierto que, de acuerdo a lo establecido por el artículo 83 de esta misma Ley de Bienes Nacionales, la Iglesia Católica como otras asociaciones religiosas tiene la obligación de evitar e impedir actos que atenten contra la salvaguarda y preservación de los inmuebles que estén bajo su custodia para el cumplimiento de sus fines, también es cierto que, de acuerdo a lo establecido por el artículo 82 de la Ley General de Bienes Nacionales, el Gobierno del Distrito Federal debe de celebrar convenios con las asociaciones religiosas para la vigilancia de los monumentos que, como inmuebles propiedad de la nación están destinados para el culto público, como es el caso de la Catedral Metropolitana, situación que desconocemos.
Ahora bien, dado que se trata de un monumento de valor tanto histórico como artístico y, por supuesto cultural, de acuerdo a lo establecido por el artículo 36 de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, resulta necesario dar intervención también al INAH (Instituto Nacional de Antropología e Historia).
Por tanto, no podemos permitir que, escudándose en una interpretación a modo de lo que establecen la Constitución y las leyes que se han señalado, la jerarquía católica de manera unilateral decida cerrar la Catedral Metropolitana sin dar vista tanto al gobierno de la ciudad como al INAH y, por supuesto, a la Secretaría de la Función Pública, cuya competencia para estos casos también se encuentra establecida por la Ley General de Bienes Nacionales.
Por lo anteriormente expuesto, me permito someter a su consideración la siguiente propuesta con
Punto de Acuerdo
Único. Con base en las anteriores consideraciones se solicita a este Pleno de la Cámara de Diputados haga un exhorto a la Secretaría de Gobernación, a la Secretaría de la Función Pública y al Instituto Nacional de Antropología e Historia para que en uso de sus facultades y en el ámbito de su competencia, provean lo necesario para que de manera inmediata se ordene la apertura de la Catedral Metropolitana.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de noviembre de 2007.
Diputada Layda Elena Sansores San Román
(rúbrica)
CON PUNTO DE
ACUERDO, POR EL QUE SE CITA A COMPARECER AL DIRECTOR DEL IMPI, A CARGO
DEL DIPUTADO JESÚS SESMA SUÁREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PVEM
Jesús Sesma Suárez, diputado federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, ocurro a presentar la siguiente proposición con punto de acuerdo, con base en los siguientes
Antecedentes
El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial tiene como principal objetivo promover las actividades económicas del país al proteger los derechos de propiedad industrial en materia de signos distintivos, en contra de presuntas infracciones, teniendo la obligación de recibir y tramitar las solicitudes relativas a patentes y registros, y atender las solicitudes de servicios directamente, entre otras consignadas en el ordenamiento aplicable.
Una de las principales tareas de promoción del IMPI se basa en la capacitación de recursos humanos, que consiste en fomentar entre las personas, empresas e instituciones de investigación el conocimiento y el alcance de ésta protección para incentivar la creatividad, las invenciones y signos distintivos en beneficio de las actividades industriales y comerciales.
Por esto, el IMPI desde su creación el 10 de diciembre de 1993, constituye un factor importante para el desarrollo económico y tecnológico de México, en su carácter de órgano público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio.
Es bien sabido que esté instituto se ha enfrentado a grandes retos como; la insuficiencia de personal para atender el número de solicitudes que se presentan, la homogenización de los criterios para la realización de los dictámenes de viabilidad de registro de marcas, la capacitación de los abogados en materia de propiedad industrial, la facilitación de las consultas de los expedientes y o trámites administrativos y que las delegaciones de la IMPI resuelvan directamente las solicitudes de registro.
Ya que las proyecciones indican que en el período 2002-2003 se registró una baja del 6 por ciento en la presentación de solicitudes de marcas y del 7.6 por ciento en patentes, mientras que la capacidad de resolver solicitudes del IMPI respecto a las pendientes acumuladas y las que se reciben anualmente es de 36 por ciento para marcas y 15 por ciento para patentes.
Por ende, es crucial que este instituto sea transparente y claro en su administración y procedimiento en términos de las patentes, registros de modelos de utilidad, marcas y diseños industriales.
De seguir existiendo estas inconsistencias, se vería cuestionada la funcionalidad del IMPI, puesto que cualquier incremento en la demanda de servicios está fuera de la capacidad operativa del instituto, para dar trámites oportunos y de calidad, en los tiempos actuales.
A todo lo anterior, se suma que la integridad del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial puede ser discutida, en caso de comprobarse que se está beneficiando a determinados grupos empresariales.
Consideraciones
Se han tenido notificaciones en este órgano legislativo sobre procedimientos realizados por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial donde se expone el inicio de nuevas formas de resolución desperdiciando recursos federales tanto humanos como financieros, que violentan los derechos de particulares, y que han contravenido la Ley de la Propiedad Industrial, entorpeciendo a las autoridades correspondientes a la administración de justicia.
Asimismo, se tiene conocimiento de una denuncia ante la Procuraduría General de la República presentada ante la Unidad Especializada de Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos y Contra la Administración de Justicia contra el licenciado Jorge Amigo Castañeda, actual director general del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, y en contra de funcionarios de esta organización.
Por lo anterior, se solicita al representante que explique y en su caso argumente la existencia de estas inconformidades en el IMPI. En el tenor de que esta organización consideré mejorar sus servicios para consolidar resultados favorables, así como para crear nuevas opciones que permitan satisfacer necesidades que a la fecha han permanecido desatendidas.
En tal virtud, y con base en los artículos 42 de la Ley Orgánica para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración del pleno la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Se cita a comparecer ante la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados al titular del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial a fin de que informe el estado que guarda dicho instituto.
Dado en la sede de la Cámara de los Diputados del Honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a 27 de noviembre de 2007.
Diputado Jesús Sesma Suárez
(rúbrica)
CON PUNTO DE
ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA SHCP A INVESTIGAR LAS EMPRESAS RELACIONADAS
CON EL FRACCIONAMIENTO DE JURIQUILLA, EN EL MUNICIPIO DE QUERÉTARO;
Y A LA SEMARNAT Y A LA PROFEPA, A INDAGAR RESPECTO A ESE CONJUNTO HABITACIONAL
POR POSIBLES DAÑOS ECOLÓGICOS, A CARGO DEL DIPUTADO JOSÉ
LUIS AGUILERA RICO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE CONVERGENCIA
José Luis Aguilera Rico, diputado federal e integrante del Grupo Parlamentario de Convergencia en la LX Legislatura, con fundamento en lo establecido en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía punto de acuerdo, con la siguiente
Exposición de Motivos
1. Una de las responsabilidades que nos otorga la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es velar por el interés de los ciudadanos y establecer las condiciones necesarias para representarlos en el ámbito de las leyes. Por tal motivo presento ante el Pleno de la Cámara de Diputados federal y en nombre de un grupo de ciudadanos que represento, en mi calidad de diputado federal por el estado de Querétaro, una denuncia pública de ámbito ambiental, ante fraccionadores que abusan de las personas y que con el esfuerzo de muchos años, lograron comprar un terreno y realizar el sueño de construir una casa habitación y conseguir que sus ahorros se vean cristalizados con hechos.
2. El motivo del presente punto de acuerdo es motivar a las dependencias federales a que intervengan ante posibles hechos constitutivos de un delito de orden ambiental, en el que además podemos señalar, sin temor a equivocarnos, que hay abusos y excesos por parte de muchos involucrados que abusaron de personas que confiaron en una compra de buena fe.
3. En mi calidad de diputado federal he recibido una serie de denuncias anónimas, además de que hemos tenido la opinión de las autoridades municipales, que han hecho caso omiso de los permisos de cambio de usos de suelo del fraccionamiento citado. En esta ocasión adiciono a este punto de acuerdo las opiniones de la autoridad municipal, en ellas se demuestra que se deslinda de toda responsabilidad.
4. El secretario de Desarrollo Sustentable de Querétaro, Renato López Otamendi, declara que invaden una importante reserva, el fraccionamiento Real de Juriquilla y acusó ante los medios de comunicación que el fraccionador comete un "atentado ecológico". En este sentido, el secretario de Desarrollo Sustentable, Renato López Otamendi, denunció ante la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) al fraccionamiento Real de Juriquilla por delitos ambientales sobre siete hectáreas en la delegación Santa Rosa Jáuregui.
Refiere que mediante el oficio número F.22.02/1812/2005 de fecha 8 de noviembre de 2005, Enrique Urribarren Castro, delegado de la Semarnat, denunció el caso al delegado de la Profepa, Arturo Eulogio Ortiz Montes, pero hasta este momento no se da una solución y se ha opacado el asunto en las delegaciones federales correspondientes.
Las opiniones del empresario detallan que la empresa violentó los artículos 52 y 53 de la Ley Estatal de Equilibrio y Protección al Ambiente (LEEEPA) de fecha 26 de mayo de 1998 y reformada el 20 de octubre de 2000, así como el Reglamento en materia de Evaluación de Impacto Ambiental en su Capítulo 8, fracción LX, y en el que se detalla: "estamos ante siete hectáreas de vegetación forestal que fueron dañadas en el desarrollo del fraccionamiento Real de Juriquilla, según denuncia la Secretaría de Desarrollo Sustentable".
En declaraciones adicionales, el secretario de Desarrollo Sustentable señala: esta "invasión de reserva forestal, Real de Juriquilla es señalada de remover vegetación tipificada como forestal y porque el fraccionamiento no cuenta con la autorización que señalan las condiciones que permitan mitigar todos los impactos atribuibles al desarrollo del proyecto".
De acuerdo con el oficio SEDESU / SSMA / DCA / 150 / 2006, dirigido al procurador Juan Martín Granados Torres, el titular de la Sedesu denuncia "hechos constitutivos de delito ambiental contra los responsables morales denominados Desarrollo Inmobiliario Ruiz, SA; Inmobiliaria Martínez Rosa, SA de CV; y Fraccionamientos Selectos, por el desarrollo del proyecto Real de Juriquilla, situado en la delegación de Santa Rosa Jáuregui con la superficie de 7 795 mil 360 metros cuadrados".
En dos cuartillas, López Otamendi refiere que la LEEEPA de fecha 26 de mayo de 1988 y reformada el 20 de octubre de 2000, considera en su Sección IV, "Evacuación de Impacto Ambiental", artículo 52, que los proyectos para la realización, suspensión, ampliación, demolición o desmantelamiento de obras o actividades, públicas o privadas, que puedan causar desequilibrio ecológico al rebasar límites y condiciones señalados en las normas aplicables, habrán de sujetarse a la autorización de la secretaría, y con la intervención de los gobiernos municipales correspondientes, así como al cumplimiento de los requisitos que, en su caso, se impongan tras la evaluación del impacto ambiental.
Sin embargo, y derivado de la búsqueda en los archivos que obran en poder de la secretaría y al no encontrar antecedente alguno, se determinó que a la fecha no se ha presentado estudio del impacto ambiental para el desarrollo habitacional Real de Juriquilla, por lo que se considera que éste no cuenta con la autorización que señalan las condiciones que permitan mitigar todos los impactos ambientales atribuibles al desarrollo del proyecto.
Sostiene que mediante el oficio número F.22.02/181272005, de fecha 8 de noviembre de 2005, el licenciado en administración de empresas Enrique Urribarren Castro, delegado de la Semarnap, remitió denuncia al ingeniero Arturo Eulogio Ortiz Montes, delegado de la Profepa, por los hechos expuestos.
Ante ello –finaliza el escrito–, "pido tenerme por presentado interponiendo denuncia por los hechos denunciados anteriormente". Así, a la fecha no hay respuesta del delegado de la Profepa en Querétaro.
Dichas denuncias han sido canalizadas sólo a las delegaciones, pero insistimos, no son del todo convincentes para que se lleve a cabo una investigación seria para dichos casos en posibles delitos penales.
Ante ello, se hace un llamado desde esta tribuna no sólo al tema ambiental, sino también a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ya que dicho fraccionamiento ha registrado a la fecha más de 43 empresas relacionadas con Real de Juriquilla.
Adiciono dicha lista y fecha de registro:
Real de Juriquilla
Fraccionamiento Residencial
Sociedades por orden de aparición
Por ello pedimos la intervención de la Secretaría de Hacienda y Crédito Publico para que, a través de sus dependencias, realice dicha investigación.
Quiero señalar desde este Pleno que, de existir la constitución de un delito, informen en su momento a la Procuraduría General de la República de ello.
Conforme a derecho y a la Ley Orgánica del Poder Legislativo, sometemos a su consideración el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Punto de acuerdo para solicitar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que realice una investigación de las empresas relacionadas con el fraccionamiento Real de Juriquilla; y a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales del gobierno federal, así como a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, que realice las investigaciones al fraccionamiento Real de Juriquilla, ante los posibles daños ecológicos, ubicado en el municipio de Querétaro, Querétaro.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de noviembre de 2007.
Diputado José Luis Aguilera
Rico (rúbrica)
CON PUNTO DE
ACUERDO, POR EL QUE SE SOLICITA A LA SEMARNAT Y A LA PROFEPA QUE INVESTIGUEN
LAS EMPRESAS KIMBERLY-CLARK DE MÉXICO Y KALTEX POR POSIBLES DAÑOS
ECOLÓGICOS DEL RÍO SAN JUAN, EN SAN JUAN DEL RÍO,
QUERÉTARO, A CARGO DEL DIPUTADO JOSÉ LUIS AGUILERA RICO,
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE CONVERGENCIA
José Luis Aguilera Rico, diputado federal e integrantes del Grupo Parlamentario de Convergencia, en la LX Legislatura con fundamento en lo establecido en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía el siguiente punto de acuerdo, con la siguiente
Exposición de Motivos
1. Durante más de 10 años se han denunciado diversas anomalías ambientales dentro del río San Juan, ubicado en el municipio de San Juan del Río en el estado de Querétaro. Han pasado más de 5 administraciones municipales y todas ellas han convocado a la sociedad de San Juan del Río ha recuperar el río San Juan, en este sentido, se han hecho jornadas ambientales, así como programas municipales para apoyar al río San Juan. Todas han fracasado.
2. El fracaso no se debe a las malas implantaciones de las jornadas ambientales, no se debe a las ideas de los alcaldes del municipio, se debe a lo más fundamental: los compromisos económicos que les imponen a los funcionarios municipales, y es que existen en San Juan del Río empresas que están ocasionando contaminación severa en el agua, en específico, y que ha sido denunciadas por la propia, ante los oídos sordos de los alcaldes de San Juan del Río, que han pasado al cajón del olvido.
3. Es por ello que acudimos ante este Pleno de la Cámara de Diputados federal para denunciar y exhortar a las autoridades ambiéntales federales, para que realice las investigaciones necesarias y finque las responsabilidades ambientales de lo que se ha detectado en el municipio de San Juan del Río, en el caso especifico de Kimberly-Clark de México, SA de CV, y Kaltes, dichas empresas establecidas en San Juan del Río, Querétaro.
Además, dichas empresas no son auditadas como empresas limpias y por el poder económico, son y dicen ser intocables. Por si fuera poco, Kimberly-Clark de México, SA de CV, y Kaltes, han sido denunciadas por los habitantes de San Juan del Río, han sido señaladas como responsables de rellenos clandestinos y que contaminantes del citado río.
Por ejemplo, actualmente Kaltes cuenta con un relleno a cielo abierto en la parte de su empresa en San Juan del Río, mientras que en la comunidad de la Cuadrilla cuentan con terrenos baldíos donde los habitantes denuncian existe un tiradero de desechos. En este municipio, como un dato adicional, se da el número más alto de trasplantes renales, lo cual constituye una grave consecuencia de la contaminación del vital líquido.
Muchos de los casos que se presentan se han denunciado con el fin de revisar el drenaje y las tomas de agua potable, dando como resultado la detección de que el agua esta contaminada en una gran parte de San Juan del Río, ocasionando que cientos de personas sean internadas y dializadas.
La Universidad Autónoma de Querétaro ha dado ya su opinión del peligro del río San Juan, pero al igual que en el caso de la Comisión Estatal de Agua, han hecho caso omiso.
Actualmente se detectan contaminantes en el río San Juan y Tequisquiapan y se dividen los agentes contaminantes que se presentan en dicho río, aunque aclararon que aún se encuentran estudiando los posibles componentes orgánicos y metales pesados.
Se ha declarado que: "aún no hemos podido cuantificar qué porcentaje de dichos elementos están presentes en el afluente; sin embargo, en un primer momento, los resultados han arrojado la presencia de compuestos de tres metales, como son el plomo, cromo y cadmio, de los cuales existe la posibilidad de que estén presentes y cuantificados en el desarrollo de la investigación", aseguraron.
Asimismo, han explicado que pese a que no se tienen resultados específicos, pues se encuentran en la etapa de toma de muestras y análisis de las mismas, explicaron que con esta investigación no se pretende realizar una evaluación de riesgo a la salud, sino exclusivamente, identificar cual es el peligro: "Por ahora sólo estamos identificando que hay en el río, ya que el proyecto no pretende ser una evaluación de riesgo y las implicaciones que se pueden presentar en los habitantes de dicha localidad".
Lo importante, es que se debe comprender que estas investigaciones son muy complejas, y que pese a ello, debemos ir paso por paso, en un primer momento estaremos identificando qué sustancias o componentes se encuentran en el río; y así, analizar el peligro para que de ahí se deriven más líneas de investigación y, en su momento, puedan ser canalizadas a áreas específicas para su abordaje", aseguró Verduzco Cuellar.
De esta manera, ambas docentes coincidieron que en caso de encontrar un alto índice de los metales, así como de componentes orgánicos, las consecuencias que pudieran presentarse afectarían el suelo, los mantos acuíferos, el sector agrícola, industrial y por ende, a toda la población, por lo que será necesaria la intervención de los actores a fin de atender dicho problema.
Ante los diferentes medios de comunicación se ha denunciado ya el problema, como diputados federales, solicitamos dicha intervención de las autoridades ambientales para aplicar, en su caso, las sanciones correspondientes.
Es por ello que, conforme a derecho y a la Ley Orgánica del Poder Legislativo, que sometemos a su consideración el siguiente:
Punto de Acuerdo
Único. Punto de acuerdo para solicitar a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales del gobierno federal asi como a la Procuraduría Federal del Medio Ambiente, para que realice las investigaciones a las empresas Kimberly-Clark de México, SA de CV, y Kaltes, ante los posibles daños ecológicos en el río San Juan, ubicado en el municipio de San Juan del Río, Querétaro.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 22 de noviembre de 2007.
Diputado José Luis Aguilera
Rico (rúbrica)
CON PUNTO DE
ACUERDO, POR EL QUE SE FORMULA UN RECONOCIMIENTO A LAS FUERZAS ARMADAS,
A LA CFE Y A LA CONAGUA POR SU PRONTA RESPUESTA Y APOYO A LOS HABITANTES
DE TABASCO Y DE CHIAPAS ANTE LAS RECIENTES INUNDACIONES EN AMBOS ESTADOS,
A CARGO DEL DIPUTADO JUAN JOSÉ RODRÍGUEZ PRATS, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PAN
El que suscribe, diputado federal Juan José Rodríguez Prats, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LX Legislatura, en ejercicio de la facultad que otorgan los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía la siguiente propuesta con punto de acuerdo, de obvia y urgente resolución, para hacer un reconocimiento a nuestras Fuerzas Armadas, a la Comisión Federal de Electricidad y a la Comisión Nacional del Agua por su pronta respuesta y decidido apoyo a los habitantes de Tabasco y Chiapas, ante las recientes inundaciones que afectan esos estados.
Consideraciones
El Ejército, la Comisión Federal de Electricidad y la Comisión Nacional del Agua han realizado un extraordinario esfuerzo para ayudar a las personas afectadas por las inundaciones en aquellos estados.
Tanto la pronta respuesta como la labor de coordinación de estas instituciones dejaron de manifiesto su real compromiso social de servir, manifestado en los hechos.
Sumamente importante es la labor que se realiza para hacer un nuevo cauce al alto Grijalva, en virtud del taponamiento por derrumbe que se dio en el poblado de San Juan de Grijalva, Chiapas.
Con base en lo anterior, propongo a ustedes el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión hace un reconocimiento público al Ejército Nacional, a la Comisión Federal de Electricidad y a la Comisión Nacional del Agua por su pronta respuesta ante la situación derivada de las inundaciones que han afectado esos estados.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de noviembre de 2007.
Diputado Juan José Rodríguez
Prats (rúbrica)
CON PUNTO DE
ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA SEMARNAT A LIBERAR RECURSOS ADICIONALES
PARA REFORZAR LOS PROGRAMAS DE PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN
DE LA RESERVA DE LA BIOSFERA DE LA MARIPOSA MONARCA, A CARGO DEL DIPUTADO
MARIO VALLEJO ESTÉVEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
El suscrito diputado federal, integrante de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, presento a esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución con fundamento en las siguientes
Consideraciones
En 1974, se hace del conocimiento público el fenómeno prodigioso de la mariposa monarca, que es sin lugar a dudas uno de los eventos naturales más asombrosos a nivel mundial. Por casi 4 mil 500 kilómetros esta frágil y hermosa mariposa, sobrevive tanto a los rigores del clima como a los ataques de diversos depredadores, para llegar al final de su odisea a los bosques de Oyamel y Cedro Blanco ubicados en la reserva de la biosfera de la mariposa monarca compartida por el estado de México y Michoacán.
Sin embargo, además de sus depredadores naturales, debe enfrentar enemigos aún más peligrosos: por un lado, las bandas criminales que deforestan sistemáticamente los bosques-santuarios que proveen de refugio y alimento a los enjambres de la monarca; y en segundo término, la falta de capacitación y alternativas económicas que obligan a las comunidades asentadas en la reserva a realizar actividades de aprovechamiento forestal, en detrimento de la misma, esto a pesar de las múltiples acciones para detener la destrucción de esta reserva catalogada como patrimonio de la humanidad.
Desafortunadamente, el problema sigue creciendo en forma exponencial. Para ser más explicito, comento, por ejemplo, que en el tiempo que transcurre esta exposición habrán desaparecido poco más de 75 metros cuadrados del bosque mencionado. Si esto lo multiplicamos por los días y noches en que los santuarios son expoliados sistemáticamente, podremos darnos cuenta de la magnitud de la emergencia ecológica, misma que se traduce en una afectación económica y social.
Un dato más para la reflexión: en esta zona se recarga parcialmente el Sistema Cutzamala, fuente de abastecimiento de más de 15 mil 500 litros de agua potable por segundo para los mantos freáticos. Este sistema contribuye con casi 500 millones de metros cúbicos de agua potable al año, beneficiando así, a más de 7 millones de habitantes del estado de México y del Distrito Federal.
Además, para 15 municipios michoacanos y 10 municipios mexiquenses que comparten la reserva y zonas alternas de hibernación, la recarga de los mantos acuíferos y la regulación climática es vital para la sobrevivencia de diversas actividades productivas de gran impacto económico. Estamos hablando de poco más de 600 mil habitantes que dependen directamente de la reserva para obtener de ella recursos hídricos para actividades económicas.
Es imperativa la intervención de los tres órdenes de gobierno, afín de intervenir eficazmente con programas de desarrollo comunitario que permitan reducir la pobreza endémica que sufren las comunidades mazahuas y otomíes, ancestrales guardianes de los santuarios de la mariposa monarca. Es urgente por ello, la coordinación de los diversos cuerpos de seguridad para que el combate a las mafias de los talamontes sea una realidad eficaz y no solamente pretextos para declaraciones y fotos en los medios de comunicación.
Solicito a esta soberanía el apoyo decidido con su voto a favor, para lograr la liberación de fondos extraordinarios que refuercen los programas que promueven el desarrollo de las comunidades asentadas en la zona de la reserva de la biosfera de la mariposa monarca. Estos programas son vitales para ofrecer alternativas a la tala ilegal y para dotar de recursos a las instancias de seguridad encargadas de la vigilancia de la reserva.
Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en lo establecido en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y considerando fundado dar trámite a este asunto como de urgente u obvia resolución, sometemos a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución:
Punto de Acuerdo
Primero. Se exhorte a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para que a través de la Comisión Nacional Forestal y la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas libere, a la brevedad posible, recursos extraordinarios aplicables a los diversos programas de desarrollo comunitario y de conservación forestal que se encuentran en operación en la zona de reserva de la biosfera de la mariposa monarca, con el objetivo inmediato de impulsar procesos de conservación y recuperación de dicha zona.
Segundo. Se exhorte a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y en particular a la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente, y las correspondientes instancias federales, estatales y municipales de seguridad pública, para que de manera urgente implementen acciones contundentes de vigilancia forestal para detener la tala inmoderada de la cuál es objeto la zona de reserva de la biosfera de la mariposa monarca
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 22 de noviembre de 2007
Diputado Mario Vallejo Estévez
(rúbrica)
CON PUNTO DE
ACUERDO, POR EL QUE SE SOLICITA AL EJECUTIVO FEDERAL QUE ASIGNE RECURSOS
SUFICIENTES PARA CONSTRUIR UNA NUEVA UNIVERSIDAD EN HIDALGO, A CARGO DEL
DIPUTADO SERGIO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PRD
El que suscribe, diputado federal Sergio Hernández Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta honorable asamblea, proposición con punto de acuerdo a efecto de solicitarle al Ejecutivo federal que asigne los recursos suficientes para la construcción de una nueva universidad en el estado de Hidalgo, como parte del proyecto de construcción de 15 nuevas instituciones de educación superior, que tiene contemplado llevar a cabo la Administración Pública Federal para abatir el rezago en ese nivel educativo, al tenor de las siguientes:
Consideraciones
En esta era del conocimiento la educación superior es una de las claves para el éxito y el desarrollo de nuestro país, por lo que es necesario fortalecerla con la asignación de mayores recursos públicos y evaluaciones permanentes, que nos permitan incrementar la calidad educativa, así como con la distribución de los recursos en forma equitativa en función de sus resultados y con la constante capacitación a los docentes. Esto, con la finalidad de garantizar que cada uno de nuestros jóvenes tenga acceso a una educación superior de calidad, y no pierdan este derecho por razones financieras.
En México el sistema educativo nacional atiende el 73 por ciento de la demanda total del país, en el cual se tiene la mayor cobertura en educación básica, que incluye a la educación preescolar, primaria y secundaria. Desafortunadamente, en lo que se refiere a la educación superior registramos únicamente un 25 por ciento de cobertura en la matricula educativa, esto es, que solamente el 25 por ciento de los jóvenes que se encuentran entre los 18 y 22 años tienen acceso a la educación superior impartida por el Estado, lo que significa que por cada cuatro jóvenes sólo se puede atender a uno, dejando a tres sin la posibilidad de acceder a estudios universitarios. Además, esta situación se agrava con la población marginada, con aquellos que viven en situación de pobreza, en donde sólo uno de cada diez jóvenes puede tener acceso a la universidad.
Lo anterior evidencia la urgente necesidad de atender a este sector de forma prioritaria, para estar en condiciones de ofrecerle a nuestros jóvenes las alternativas necesarias que eviten que tengan que emigrar a otros países en búsqueda de oportunidades que México les está negando.
En días pasados, Felipe Calderón anunció que destinará mayores recursos en materia educativa, con los cuales iniciará la construcción de 15 nuevas universidades que estarán ubicadas en los estados con menor índice de cobertura educativa y con un alto grado de marginación.
Tengo claridad en que ante este anuncio todas las entidades federativas pugnarán por llevar una nueva universidad a sus territorios, que les permita retener a sus jóvenes al garantizarles el acceso a una nueva alternativa de educación superior, fomentando así el desarrollo de estas entidades. Por tal motivo, hago uso de esta tribuna una vez más para denunciar la precaria situación en la que viven miles de hidalguenses, en donde 38 de los 84 municipios de la entidad registran un alto y muy alto índice de marginación, por lo que están considerados como zonas de atención prioritaria, según la declaratoria hecha por la propia Cámara de Diputados.
Muestra clara de lo anterior es que el estado de Hidalgo tiene un bajo índice de cobertura en educación superior, que está relacionado directamente con un alto índice de marginación, lo que significa que muchos hidalguenses viven en condiciones de pobreza y pobreza extrema, que carecen de servicios básicos como luz, agua potable y drenaje, en donde las vías de comunicación son insuficientes y hacen imposible el acceso de servicios de salud y educativos a gran parte de las regiones del estado, en donde no existen fuentes de empleo ni oportunidades, lo que trae como consecuencia natural que seamos uno de los principales estados expulsores de mano de obra hacia los Estados Unidos de América.
No olvidemos que en México todos los jóvenes deben tener acceso a una educación superior de calidad. Por esto, en un plano de equidad y justicia social, debemos acercar las oportunidades educativas a la población que habita en las entidades en condiciones de desventaja, para lo cual es necesario destinar mayores recursos para incrementar la cobertura en educación superior en el estado de Hidalgo, para igualar, cuando menos, esas condiciones lacerantes de desigualdad en las que habitan miles de hidalguenses y, lo más importante, para retener a nuestros jóvenes en el estado, lo que potenciará nuestras posibilidades de desarrollo.
Debemos entender que la educación es el único camino para superar las desigualdades que existen en nuestro país. En esta época en la que existe una lucha mundial por el conocimiento es imperativo que en México apostemos y democraticemos el acceso a la educación. Esto nos garantizará un reposicionamiento a nivel internacional, además de permitir a los mexicanos alcanzar mejores niveles de vida y ese desarrollo que nuestro país tanto requiere.
Como diputados nos corresponde velar, garantizar y exigir que todos los estudiantes de bachillerato conserven su derecho de ingresar a instituciones de educación superior. Nuestra meta a corto plazo debe ser el conducir rápidamente a más jóvenes del bachillerato hacia la educación superior, a más estudiantes universitarios hacia la obtención de su título, y a más titulados hacia la consecución de un empleo digno y bien remunerado.
No nos condenemos al estancamiento por esa falta de generación de capital humano altamente calificado. Tengamos claridad en que sin educación no hay igualdad; no hay oportunidades, no hay desarrollo y consecuentemente, no hay progreso.
En este tenor, me permito proponer a esta honorable Cámara de Diputados la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados solicita al Ejecutivo federal que asigne los recursos suficientes para la construcción de una nueva universidad en el estado de Hidalgo, como parte del proyecto de construcción de 15 nuevas instituciones de educación superior que tiene contemplado llevar a cabo la Administración Pública Federal para abatir el rezago en ese nivel educativo.
Diputado Sergio Hernández Hernández
(rúbrica)
CON PUNTO DE
ACUERDO, RELATIVO AL PROCESO DE SELECCIÓN DE CANDIDATOS A OCUPAR
LOS CARGOS DE CONSEJERO PRESIDENTE Y CONSEJEROS ELECTORALES DEL CONSEJO
GENERAL DE IFE, A CARGO DEL DIPUTADO JACINTO GÓMEZ PASILLAS, DEL
GRUPO PARLAMENTARIO DE NUEVA ALIANZA
El suscrito, diputado Jacinto Gómez Pasillas, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza en la LX Legislatura de la honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, con la cual se complementa el proceso selección de candidatos a ocupar los cargos de consejero presidente y consejeros electorales del Consejo General del Instituto Federal Electoral por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, al tenor de las siguientes
Consideraciones
1. Que el pasado 20 de noviembre del 2007, la Junta de Coordinación Política de la honorable Cámara de Diputados presentó al Pleno el procedimiento y convocatoria para la integración del Consejo General del Instituto Federal Electoral, la cual fue aprobada por dicho órgano legislativo.
2. Que en el punto tercero de la convocatoria mencionada se establece que la Comisión de Gobernación, dentro del plazo comprendido del primero al dos de diciembre del presente año, verificará que los candidatos reúnan todos los requisitos correspondientes y que hayan entregado la documentación señalada. Asimismo el punto cuarto señala que el tres de diciembre de 2007 la Comisión de Gobernación elaborará la lista de los candidatos a consejero presidente y a consejeros electorales que cumplieron con los requerimientos señalados en la convocatoria, y también se dará a conocer la fecha y hora en que deberán acudir los candidatos para el desahogo de las entrevistas que realizará la Comisión de Gobernación, del cuatro al siete de diciembre del 2007, para exponer los puntos centrales de su ensayo y para responder a los cuestionamientos que se les formulen. Estas entrevistas se realizarán en sesiones públicas y serán transmitidas por el Canal del Congreso conforme lo dispone el punto quinto de la misma convocatoria.
3. De acuerdo a lo señalado en el punto sexto de la convocatoria, la Junta de Coordinación Política recibirá las opiniones de los ciudadanos con relación al candidato a consejero presidente y a los candidatos a consejeros electorales.
4. Que el diez de diciembre del presente año, al término de las entrevistas, la Comisión de Gobernación presentará un informe pormenorizado con sus valoraciones a la Junta de Coordinación Política.
5. Que la Convocatoria no determina el procedimiento o criterios con los cuales la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, integrará la propuesta de nombre del candidato a consejero presidente y de los dos candidatos a consejeros electorales, de entre las propuestas que presente la Comisión de Gobernación.
6. El artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos determina en la base V, que la organización de las elecciones federales es una función estatal que se realiza a través de un organismo público autónomo denominado Instituto Federal Electoral, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, en cuya integración participan el Poder Legislativo de la Unión, los partidos políticos nacionales y los ciudadanos, en los términos que la ley ordene. En el ejercicio de esta función estatal la certeza, la legalidad, la independencia, la imparcialidad y la objetividad serán los principios rectores.
7. El procedimiento y la convocatoria para la integración del Consejo General del Instituto Federal Electoral, no cumple con el principio de certeza que establece la propia Constitución General para esta honorable Cámara de Diputados, en su carácter de autoridad responsable para elegir al consejero presidente y a los consejeros electorales del Instituto Estatal Electoral. Dicho principio de certeza, en el procedimiento de elección, consiste en que los participantes conozcan las reglas fundamentales que integrarán el marco legal del procedimiento, el cual permitirá la elección del consejero presidente y los consejeros electorales del Instituto Federal Electoral.
8. La certeza del procedimiento de selección se pierde en lo dispuesto en el punto octavo de la convocatoria, al señalar que los grupos parlamentarios, a través de la Junta de Coordinación Política, determinarán por el más amplio consenso posible la propuesta del nombre del candidato a consejero presidente y de los dos candidatos a consejeros electorales del Instituto Federal Electoral, sin que se haya especificado el procedimiento o criterios objetivos con los cuales la Junta de Coordinación Política determinará qué candidatos, de los incluidos en el informe que presente la Comisión de Gobernación, serán excluidos de la propuesta que integre por el más amplio consenso la Junta de Coordinación Política.
9. Si partimos de la idea más amplia que la relación de ciudadanos que la Comisión de Gobernación presenta a la Junta de Coordinación Política, es la de los ciudadanos que en extremo cumplieron con todos y cada uno de los requisitos para ocupar el cargo de consejero presidente y los consejeros electorales, la propia Junta de Coordinación Política no tendría elementos objetivos para su exclusión, debiendo incurrir para ello en elementos subjetivos que rompen la objetividad e imparcialidad de la selección.
10. Por otra parte, es necesario que en el proceso previsto en el artículo cuarto transitorio del decreto que reforma los artículos 6o., 41, 85, 99, 108, 116 y 122; adiciona el artículo 134; y que deroga un párrafo al artículo 97 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de noviembre de 2007, cumplirán su cargo hasta el día 13 de diciembre de 2007; se determine el procedimiento para integrar la propuesta de Consejeros Electorales que atenderán los periodos determinados en dicha disposición. Considerando que a la fecha no existe un procedimiento administrativo o judicial que afecte el buen desempeño de los consejeros electorales, y que tampoco existe un procedimiento a través del cual se pueda sancionar la posible falta de profesionalismo, autonomía, imparcialidad o legalidad en su desempeño, por lo que es necesario establecer un procedimiento que, en condiciones de igualdad, permita seleccionar a los consejeros que deberán integrar el nuevo.
11. Lo anterior se confirma en el transitorio único de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos aprobado el 14 de noviembre de 2007, en el que se faculta a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, que por una única vez, presentará al Pleno el procedimiento y la convocatoria para la integración del Consejo General del Instituto Federal Electoral y las propuestas de nombres para ocupar los cargos de consejero presidente y los de los consejeros electorales para su elección.
Por ello, resulta necesario, para cumplir con el principio de certeza, establecer un procedimiento que garantice la igualdad de oportunidad de los ciudadanos que cumplan con los requisitos de la convocatoria, y que presenten los mejores perfiles para ser votados como candidatos a consejero presidente y los consejeros electorales.
Por lo anteriormente expuesto, se pone a consideración de esta soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero. Se complementan las bases de la convocatoria para la selección de candidatos a ocupar los cargos de consejero presidente y los consejeros electorales del Consejo General del Instituto Federal Electoral por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, en los términos siguientes:
I. Una vez verificado por la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados que no existan objeciones en los términos del párrafo segundo del punto cuarto de la convocatoria, a los ciudadanos que integran la lista de candidatos del informe que presenta la Comisión de Gobernación, los nombres de cada uno de ellos deberán ir en papeletas dobladas y se introducirán en un recipiente transparente, revolviéndose en el mismo para evitar su identificación.
II. En un segundo recipiente transparente, también en papeletas dobladas, se colocaran cada uno de los cargos a designar: consejero presidente, consejero electoral y consejero electoral.
III. En un primer momento, el recipiente con cargos a designar, se insaculará la posición que corresponderá al primer ciudadano que se insacule del recipiente de ciudadanos candidatos; el cargo corresponderá con el nombre.
IV. La misma operación se hará con los dos cargos restantes.
V. Los ciudadanos que resulten insaculados integrarán la propuesta que la Junta de Coordinación Política presentará al pleno de la Cámara de Diputados.
VI. Los miembros de la Cámara de Diputados podrán hacer observaciones, fundadas y motivadas, a los ciudadanos propuestos. De no existir objeciones, pasará al pleno para su votación.
2. Una vez verificado por la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados que no existen objeciones a los consejeros ciudadanos que integran el actual Consejo General del Instituto Federal Electoral, los nombres de cada uno de ellos, irán en papeletas dobladas y se introducirán en un recipiente transparente, en el cual se revolverán para evitar su identificación.
3. En un segundo recipiente transparente, en papeletas dobladas, se colocaran cada uno de los periodos a cubrir, cargos a designar, tres papeletas con periodo a cubrir hasta el 30 de octubre de 2010, y tres papeletas con el periodo hasta el 15 de agosto de 2008.
4. En un primer momento el recipiente con los periodos a ejercer, se insaculará el primero, el cual corresponderá al primer consejero insaculado del recipiente que contiene el nombre de cada uno de ellos; el periodo insaculado se corresponderá con el nombre del consejero insaculado.
5. La misma operación se hará con los periodos restantes.
6. Los consejeros que queden sin periodo asignado, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo cuarto transitorio del decreto que reforma los artículos 6o., 41, 85, 99, 108, 116 y 122; adiciona el artículo 134; y que deroga un párrafo al artículo 97 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de noviembre de 2007, cumplirán su cargo hasta el día 13 de diciembre de 2007.
7. Los consejeros electorales insaculados con el periodo que les corresponda, serán puestos a consideración del Pleno de la Cámara de Diputados para su votación.
Diputado Jacinto Gómez Pasillas
(rúbrica)
CON PUNTO DE
ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A VERIFICAR LA APLICACIÓN
DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 29 DEL DECRETO DE PRESUPUESTO DE
EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2008, SUSCRITA
POR DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE ECONOMÍA
Los que suscriben, diputados federales integrantes de la Comisión de Economía de la LX Legislatura federal con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, nos permitimos someter a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Ejecutivo federal, para que a través de las dependencias competentes, se verifique la observancia de la aplicación de lo dispuesto por el artículo 29 del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2008, aprobado por esta soberanía el pasado 12 de noviembre.
La Comisión de Economía, mediante su participación para el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2008 y conforme al acuerdo de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública por el que se estableció el mecanismo de participación de las comisiones ordinarias en el examen y discusión del Presupuesto por sectores, resolvió apoyar y solicitar el incremento y ajuste de recursos en dicho presupuesto a los Programas de la Secretaría de Economía que han resultado exitosos e innovadores.
El artículo 29 del decreto referido, requiere de adecuaciones administrativas para que no se afecte la operación del Fondo para la Pequeña y Mediana Empresa (Fondo Pyme).
La Secretaría de Economía, es la encargada de diseñar, formular y conducir las políticas generales de apoyo a las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) tal y como lo dispone el artículo 34 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
El Fondo Pyme es el principal instrumento del gobierno federal para apoyar a las empresas, siendo su objetivo promover el desarrollo económico competitivo nacional, mediante apoyos de carácter temporal a programas y proyectos que fomenten la creación, desarrollo, fortalecimiento, consolidación, viabilidad, productividad, competitividad y sustentabilidad de las Mipymes.
El propio Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, establece en su Estrategia 6.1: "Favorecer el aumento de la productividad de las Mipymes e incrementar el desarrollo de productos acorde con sus necesidades".
Asimismo, en el Reglamento Interior de la Secretaría de Economía, en su artículo 30 señala como atribuciones de la Secretaría de Economía, a través de la Dirección General de Promoción Empresarial:
V. Promover esquemas de acceso al financiamiento a través de organismos financieros bancarios y no bancarios, de la banca comercial y de desarrollo, así como con organismos de cooperación internacional;
VI. Dar asesoría en la planeación, creación y establecimiento de esquemas que faciliten el acceso al financiamiento de las micro, pequeñas y medianas empresas;
VII. Fomentar y apoyar la constitución de mecanismos de apoyo financiero para la elaboración de planes de negocios para la obtención del crédito de las micro, pequeñas y medianas empresas;
VIII. Fomentar y apoyar la constitución de fondos de garantía que faciliten a las micro, pequeñas y medianas empresas el acceso al financiamiento en condiciones favorables.
Por otra parte, el artículo 7 de Ley Pyme, señala que la secretaría diseñará, fomentará y promoverá la creación de instrumentos y mecanismos de garantía, así como de otros esquemas que faciliten el acceso al financiamiento a las Mipymes.
Por último, ha sido la Secretaría de Economía con base en las facultades señaladas anteriormente, la responsable de aplicar el Sistema Nacional de Garantías en coordinación con la banca de desarrollo
El Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2008, señala en su artículo 29:
Artículo 29. Los programas de garantías, de reducción de costo de financiamiento, de capital de riesgo y cualquier otro esquema que promueva el acceso al financiamiento, que las dependencias y entidades apoyen con recursos presupuestarios, deberán ser operados exclusivamente por conducto de la banca de desarrollo, de la Financiera Rural o de fideicomisos públicos de fomento del gobierno federal.
Se asignará el 50 por ciento de los recursos del Fondo de Apoyo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa a Nacional Financiera, SNC, y al Banco Nacional de Comercio Exterior, SNC, a efecto de que sean transferidos al fideicomiso constituido en Nacional Financiera, SNC, para apoyar a las empresas beneficiarias de este programa. El Comité Técnico del citado fideicomiso decidirá sobre la distribución de dichos recursos y podrá destinar parte de éstos a la empresa constituida por la banca de desarrollo con la misión de fomentar el desarrollo del mercado de capital de riesgo, a efecto de proporcionar recursos financieros de largo plazo a las empresas nacionales.
De modo que al acotar que todos los programas de acceso al financiamiento se operen exclusivamente por conducto de la banca de desarrollo, de la Financiera Rural o de fideicomisos públicos de fomento del gobierno federal, excluye a otros intermediarios que han operado con éxito los programas de financiamiento a la Mipymes a través de los fondos y fideicomisos estatales, aunado a la ventaja de la flexibilidad operativa y desarrollo regional que ello representa.
Nacional Financiera (Nafin) debe respetar la política establecida por la Secretaría de Economía en la asignación de los recursos destinados para el acceso al financiamiento a la Mipyme, ya que dicha secretaría es la facultada legalmente para distribuir los recursos entre los programas de garantías, de capital de riesgo y cualquier otro esquema que promueva el acceso al financiamiento.
Es importante tener en consideración la evidente necesidad de dar continuidad y certidumbre a estos programas tan exitosos, generadores de empleos, puesto que en instrumentos de garantías ya se cuenta con un monto acumulado de más de mil millones de pesos, al cual se le está dando revolvencia; por lo que no se requiere un monto tan alto para destinarlo a este propósito lo único que se requiere es cubrir los excedentes sobre todo en impulso a programas estratégicos, implementados por la Secretaría de Economía con base en el nuevo esquema de trabajo de los cinco segmentos del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012; emprendedores, microempresas tradicionales, pequeñas y medianas empresas, empresas gacelas y empresas tractoras, los cuales no deberán afectarse porque se canalicen recursos del Fondo Pyme a Nafin y Bancomext.
Finalmente, cabe mencionar que el artículo 29 del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2008, presenta ambigüedad en su contenido, en virtud de que no especifica a qué fideicomiso de Nafin se transferirán los recursos que ese precepto indica.
Por lo anteriormente expuesto, proponemos a esta honorable asamblea el siguiente:
Punto de Acuerdo
Primero. Se exhorta al titular del Ejecutivo federal, para que a través de las dependencias competentes, al aplicar lo dispuesto por el artículo 29 del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2008, observen lo siguiente:
1) Que se constituya un nuevo fideicomiso en Nacional Financiera, SNC, con el objeto de asignar y transferir los recursos previstos en el referido artículo 29 que no tengan por destino otorgar garantías. Dicho fideicomiso deberá ser presidido por la Secretaría de Economía, teniendo ésta mayoría de votos en su Comité Técnico.
2) Que la Subsecretaría para la Pequeña y Mediana Empresa de la Secretaría de Economía, es la responsable del diseño, planeación, aplicación y evaluación de la política pública en materia de desarrollo empresarial.
3) Que en congruencia a lo señalado en el numeral anterior, el Fondo Pyme es uno de los instrumentos que contribuye a dar cumplimiento a lo establecido en la Ley de Planeación, en la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, ordenamientos jurídicos aprobados por el honorable Congreso de la Unión y el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012.
4) Que se promueva la revolvencia de los recursos de los programas de financiamiento a las micro, pequeñas y medianas empresas.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de noviembre de 2007.
La Comisión de Economía
Diputados: Adriana
Rodríguez Vizcarra Velásquez (rúbrica), presidenta;
Arnulfo Elías Cordero Alfonzo (rúbrica), Jorge Godoy Cárdenas
(rúbrica), Fausto Fluvio Mendoza Maldonado (rúbrica), Carlos
Armando Reyes López (rúbrica), Jorge Alejandro Salum del
Palacio, Enrique Serrano Escobar (rúbrica), secretarios; Jericó
Abramo Masso (rúbrica), Narcizo Alberto Amador Leal, Antonio Berber
Martínez, Martín Malagón Ríos (rúbrica),
Carlos Alberto García González, Miguel Ángel González
Salum, Sergio Augusto López Ramírez (rúbrica), Luis
Xavier Maawad Robert, Marco Heriberto Orozco Ruiz Velazco (rúbrica),
Octavio Martínez Vargas (rúbrica), Susana Monreal Ávila
(rúbrica), José Amado Orihuela Trejo, Mauricio Ortiz Proal
(rúbrica), Eduardo Ortiz Hernández (rúbrica), Miguel
Ángel Peña Sánchez, Raúl Ríos Gamboa
(rúbrica), Ricardo Rodríguez Jiménez (rúbrica),
Salvador Ruiz Sánchez (rúbrica), Ernesto Ruiz Velasco de
Lira (rúbrica), Alejandro Sánchez Camacho (rúbrica),
Víctor Gabriel Varela López (rúbrica), Joaquín
Humberto Vela González, Javier Martín Zambrano Elizondo.
CON PUNTO DE
ACUERDO, POR EL QUE SE SOLICITA A LA CÁMARA DE SENADORES QUE DICTAMINE
LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO
AL ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO TRANSITORIO DE LA LEY DEL SEGURO
SOCIAL PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 21 DE
DICIEMBRE DE 1995, A CARGO DEL DIPUTADO DANIEL TORRES GARCÍA, SUSCRITA
POR DIVERSOS DIPUTADOS DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
Los suscritos, diputados federales Sonia Nohelia Ibarra Franquez, Javier González Garza, Miguel Ángel Navarro Quintero, Ramón Almonte Borja y Daniel Torres García, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 71, 73 y 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentan al Pleno de esta honorable Cámara, con carácter de urgente y obvia resolución, proposición con punto de acuerdo con objeto de que se solicite a la Cámara de Senadores dictaminar y votar la minuta con proyecto de decreto por la que se adiciona un segundo párrafo al artículo décimo octavo transitorio de la Ley del Seguro Social publicada en el Diario Oficial de la Federación del 21 de diciembre de 1995, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Debe ponerse fin al trato discriminatorio hacia la vejez, instaurando todos los medios jurídicos, sociales, institucionales y financieros que permitan que esta etapa de la vida recobre toda su dignidad, autonomía y actividad productiva. Debemos empezar haciendo todo lo necesario para que se respeten los derechos ya consagrados en nuestro orden jurídico a favor de los adultos mayores.
Y bien, uno de estos derechos ya consagrados, pero que de forma recurrente se vulnera es el relativo a la pensión, único ingreso, en muchos casos, con que cuentan estas personas de la tercera edad y sus familias para subsistir.
Es constante el reclamo de miles de trabajadores que estuvieron afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social y que cubrieron las semanas de cotización necesarias para acceder a una pensión, pues al cumplir la edad mínima requerida de 60 años se les deniega el otorgamiento de dicha pensión, con el injusto argumento que consagra la Ley del Seguro Social, que indica que para el otorgamiento de la pensión deben volver a emplearse y cubrir hasta un año de nuevas cotizaciones en el régimen obligatorio.
Para combatir esta iniquidad, el 7 de marzo de 2006 se publicó en la Gaceta Parlamentaria una iniciativa de ley con proyecto de decreto, propuesta por el entonces diputado Miguel Alonso Raya, del Grupo Parlamentario del PRD, en la que se propuso la adición de un párrafo al artículo 151 de la Ley del Seguro Social, en los siguientes términos:
La referida iniciativa y proposición con punto de acuerdo, en la forma más sencilla, contienen una de las medidas más justas y anheladas por las personas de la tercera edad en el país, ya que por medio de ella el Instituto Mexicano del Seguro Social les otorgará de inmediato una pensión para dignificar su vida y aumentar su bienestar económico.
Insistimos en que estos miles de adultos mayores fueron en su juventud y madurez trabajadores sujetos al régimen obligatorio del Seguro Social, cubriendo durante años de sacrificio el número de semanas cotizadas necesarias para su pensión, pero que desafortunadamente cuando cumplen la edad requerida para solicitar la pensión se encuentran con que el instituto les condiciona el otorgamiento a que a edad tan avanzada consigan un trabajo y se inscriban nuevamente en el régimen obligatorio del Seguro Social por un plazo que va de seis meses a un año.
No es necesario dar argumentos sobre la casi imposibilidad de que el requisito se cumpla por estos asegurados: basta tomar en cuenta el gravísimo problema de desempleo que agobia al país, lo que especialmente golpea a los adultos mayores, por lo que en los hechos, con este injusto requisito, a estos asegurados se deniega la pensión para la cual han contribuido en los términos de ley.
La Cámara de Diputados, sensible a esta injusticia, aprobó el 26 de marzo de 2006 la esencia de ambas propuestas parlamentarias mediante la adición de un segundo párrafo al artículo 18 transitorio de la Ley del Seguro Social publicada en el Diario Oficial de la Federación el 21 de diciembre de 1995, precisamente con 331 votos en pro y 2 abstenciones, turnándose esta minuta al Senado de la República, para los efectos constitucionales, mediante el oficio número D.G.P.L. 59-II- 3- 2514, del 26 de abril de 2006, remitiéndose a las Comisiones Unidas de Seguridad Social, Salud y Estudios Legislativos.
Con base en todo lo expuesto, someto a esta soberanía, con el carácter de urgente y obvia resolución, la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Se solicita respetuosamente a la Cámara de Senadores que con la mayor brevedad dictamine y vote la minuta con proyecto de decreto que le fue turnada por la Cámara de Diputados mediante el oficio número D.G.P.L. 59-II-3-2514, de fecha 26 de abril de 2006, por la que se adiciona al artículo dieciocho transitorio de la Ley del Seguro Social publicada en el Diario Oficial de la Federación el 21 de diciembre de 1995 un párrafo que exonera a los asegurados que opten por esta misma ley de cotizar hasta un año más en el régimen obligatorio al cumplir la edad requerida para acceder a una pensión de cesantía en edad avanzada o de vejez.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de noviembre de 2007.
Diputados: Sonia Nohelia Ibarra
Franquez (rúbrica), Ramón Almonte Borja, Javier González
Garza (rúbrica), Miguel Ángel Navarro Quintero (rúbrica),
Daniel Torres García (rúbrica).
CON PUNTO DE
ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A INCREMENTAR EL MONTO
DE LA FRANQUICIA DE LAS MERCANCÍAS QUE INGRESAN EN EL PAÍS
AL AMPARO DEL PROGRAMA PAISANO, A CARGO DEL DIPUTADO EDMUNDO RAMÍREZ
MARTÍNEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
El suscrito diputado federal de la LX Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del PRI, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración del Pleno el siguiente punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
Se ha señalado ya en esta tribuna en diversas ocasiones, que el tema migratorio es una prioridad nacional y uno de los fenómenos estratégicos que tiene que enfrentar el Estado mexicano, para poder construir relaciones más dinámicas y de corresponsabilidad entre México y Estados Unidos, que tengan como objeto primordial el sentar las bases para una política de Estado en materia migratoria viable, permanente e integral.
Desde luego que se ha manifestado también la necesidad imperante de impulsar políticas públicas y acciones eficientes en beneficio de las familias de los migrantes que permanecen dentro del territorio nacional y de los propios migrantes para que encuentren alicientes suficientes que les permitan regresar a su patria.
Si bien, es imperante la necesidad de mejorar las condiciones de un país que no genera oportunidades de empleo bien remunerado a todos sus habitantes, y que arroja a casi medio millón de mexicanos anualmente al drama de la migración , también es importante fortalecer o crear programas y acciones coyunturales y mediáticas, dirigidas a beneficiar y proteger a las y los mexicanos que año con año vuelven a sus hogares, con la esperanza de abrazar a sus seres queridos, de traer algunos dólares para aliviar en alguna medida las aflicciones cotidianas de su familia y, ¿por qué no?, entregar algunos regalos a sus hijos.
Asimismo, durante el periodo invernal, una gran cantidad de mexicanos residentes en el exterior regresan a casa a celebrar las fiestas navideñas en compañía de sus familiares que permanecen en México. Para este año, se espera el arribo de al menos un millón 200 mil personas que retornan a territorio nacional. Por consiguiente y pese a que el Programa Paisano involucra a autoridades de las 32 entidades federativas y del gobierno federal, distribuidos en 114 módulos en los distintos puntos de ingreso a México, los migrantes mexicanos en su regreso a nuestro país, continúan siendo víctimas de los abusos y arbitrariedades de las autoridades aduanales.
La mayoría de nuestros paisanos, no sólo enfrentan situaciones como agentes aduanales corruptos o bandas de delincuentes que los roban en las autopistas o caminos rumbo a sus hogares, sino que además tienen que afrontar los deficientes programas del gobierno federal que les exige el cobro excesivo en materia de franquicias fiscales y mercancías que se introducen en el país.
El poco apoyo y la necesidad que tienen los migrantes de traer artículos que mejoren la calidad de vida de sus familias, los hace presa fácil de policías federales, agentes aduanales y migratorios que empiezan a frotarse las manos en espera de los valiosos regalos y dólares que traerán consigo. Y que debido al elevado cobro de impuestos por mercancía extra, tendrán que dejar a su paso por las aduanas mexicanas.
Es por ello que esta propuesta tiene por objeto incrementar el monto de la franquicia fiscal y el monto de las mercancías adicionales al equipaje personal, con la finalidad de dar al migrante mexicano un mayor margen en el pago de impuestos permitiéndole así, introducir un mayor número de mercancías y productos al país, en aras de beneficiar a nuestros connacionales y de erradicar los abusos, el maltrato y corrupción que actualmente existe en las aduanas mexicanas.
En este sentido, siendo el gobierno federal el responsable de garantizar y refrendar de manera categórica su apoyo incondicional a los mexicanos que regresen a nuestro país, protegiendo sus derechos y brindándoles bienestar a los migrantes y a millones de familias mexicanas que esperan con ilusión el buen regreso a casa de sus seres queridos, es que someto a consideración de esta honorable asamblea el siguiente
Punto de Acuerdo
De urgente u obvia resolución.
Único. Se exhorta al Ejecutivo federal para que, en el ámbito de sus atribuciones, gire instrucciones a los titulares de las Secretarías de Gobernación, y de Hacienda y Crédito Público, a fin de incrementar el monto de las mercancías adicionales al equipaje personal a mil dólares estadounidenses o su equivalente en otras monedas, cuando el ingreso sea por vía aérea o terrestre y cuando se demuestre con documentación migratoria o con la matrícula consular, su residencia en el extranjero. Queda sin validez la franquicia para la ropa usada, llantas y motores usados, así como las bebidas alcohólicas, tabacos labrados, combustible adicional para el vehículo, armas y todo artículo que prohíba expresamente la ley.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de noviembre del 2007.
Diputado José Edmundo Ramírez
Martínez (rúbrica)
CON PUNTO DE
ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE SALUD Y AL CONSEJO
DE SALUBRIDAD GENERAL A ELABORAR UN PLAN DE ATENCIÓN DE LA INSUFICIENCIA
RENAL DE LAS PERSONAS QUE NO CUENTAN CON SEGURIDAD SOCIAL, A CARGO DEL
DIPUTADO DANIEL DEHESA MORA, SUSCRITA POR DIVERSOS DIPUTADOS DE LOS GRUPOS
PARLAMENTARIOS DEL PRD, Y DEL PAN
Los que suscriben, diputados de la LX Legislatura, con fundamento en los artículos 23 numeral 1, inciso f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y en lo dispuesto en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso general de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta honorable asamblea una proposición con punto de acuerdo, bajo las siguientes
Consideraciones
La insuficiencia renal crónica se define como la pérdida progresiva, generalmente irreversible, de la tasa de filtración glomerular que se traduce en un conjunto de síntomas y signos denominado uremia y que en su estadio terminal es incompatible con la vida.
Son múltiples las causas de insuficiencia renal crónica, sin embargo, la diabetes es la más frecuente de ésta y constituye más del 40 por ciento de los casos nuevos. En segundo lugar se encuentra la nefroesclerosis hipertensiva y en tercer lugar se coloca la glomerulonefritis.
La insuficiencia renal crónica es un problema de salud pública a nivel mundial. El número de pacientes se viene incrementando tanto en países desarrollados como en desarrollo. Como consecuencia cada vez es mayor la necesidad de recurrir a procedimientos de diálisis y/o transplante renal y por tanto se incrementa progresivamente el costo de atención. Otra particularidad es que la edad de los pacientes que son admitidos a programa de hemodiálisis se va incrementando. Por ejemplo, en Japón dos tercios del total de pacientes en diálisis están por encima de los 60 años y la mitad son mayores de 65 años.
En México, siendo la diabetes la primera causa de mortalidad entre la población, los casos de insuficiencia renal han ido en aumento en los últimos años. En la actualidad se estima que existen 102 mil personas con insuficiencia renal y de ellas sólo el 36 por ciento reciben atención adecuada. 65 mil no reciben ningún tipo de atención médica.
El Centro Nacional de Transplantes reporta que anualmente se cubre sólo el 25 por ciento de los transplantes de riñón entre la ya tradicional lista de personas en espera de una oportunidad de recuperar la salud y de mantener la vida. El Instituto Mexicano del Seguro Social reporta a la insuficiencia renal como la tercera causa de muerte hospitalaria a nivel nacional y es bien sabido que el 90 por ciento de la población mexicana no tiene forma de pagar los costosos tratamientos que implica esta enfermedad.
Al inicio de la presente administración, la Comisión Nacional de Protección Social en Salud anunció que cubriría el tratamiento de la insuficiencia renal a las familias afiliadas al Seguro Popular a través del Fondo de Gastos Catastróficos, hecho que se constata en la página 29 del primer Informe de Gobierno correspondiente a la Secretaría de Salud.
Sin embargo, la cobertura de la insuficiencia renal fue retirada del catálogo del fondo de gastos del seguro popular a sólo unos meses de haber sido inscrita.
Por otro lado, el Fideicomiso de Fondos Catastróficos del Seguro Popular inició el ejercicio fiscal de 2007 con un saldo que ronda los 8 mil millones de pesos y cerrará el mismo ejercicio con un saldo prácticamente similar, después de contabilizar los ingresos de año y los egresos (datos del portal de transparencia del seguro popular). El Seguro Popular puede entonces presumir de un ahorro monumental, pero la Secretaría de Salud debe explicar la razón del retiro de la cobertura de la insuficiencia renal porque ese ahorro se representa en muertes de muchos mexicanos.
Por lo antes expuesto y fundado, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
I. Se exhorta a la Secretaría de Salud y al Consejo de Salubridad General a que, en el ámbito de su competencia, reintegren la atención de la insuficiencia renal al catalogo de cobertura del Fondo de Gastos Catastróficos del Seguro Popular.
II. Se exhorta a la Secretaría de Salud a presentar el proyecto de atención de la insuficiencia renal en personas sin seguridad social en el país.
III. Se exhorta a las Comisiones de Salud, de Presupuesto y Cuenta Publica de la Cámara de Diputados, y a la Secretaría de Hacienda a que contribuyan en el marco de sus competencias a garantizar los recursos financieros que permitan brindar el tratamiento de la insuficiencia renal de todas las personas que lo requieran.
IV. Se exhorta a la Secretaría de Salud a realizar un programa nacional de prevención de la diabetes y de la insuficiencia renal.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 22 de noviembre del 2007.
Diputados: Javier González
Garza (rúbrica), Daniel Dehesa Mora (rúbrica), Jorge Quintero
Bello, Miguel Ángel Navarro Quintero (rúbrica).
CON PUNTO DE
ACUERDO, POR EL QUE SE SOLICITA LA EXENCIÓN EN EL PAGO DE IMPUESTOS
DE LOS EJERCICIOS FISCALES DE 2007 Y 2008 A LOS PRODUCTORES AGRÍCOLAS,
PECUARIOS Y FORESTALES EN TABASCO, ASÍ COMO A LAS AGROINDUSTRIAS
RELACIONADAS, QUE FUERON AFECTADOS POR LAS PASADAS INUNDACIONES, A CARGO
DEL DIPUTADO CÉSAR DUARTE JÁQUEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PRI
El suscrito, diputado César Duarte Jáquez del PRI, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta honorable asamblea una proposición con punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución, bajo los siguientes
Considerandos
Que las lluvias extremas pasadas generaron en Tabasco inundaciones severas que devastaron los cultivos y plantaciones, así como la muerte de un gran número de cabezas de ganado, en prácticamente toda la parte baja del estado.
Que los productores primarios y las agroindustrias existentes no tendrán ingresos en un periodo que variará entre 6 meses y cinco años, si se trata de cultivos cíclicos, plantaciones vivaces, como el plátano o la caña de azúcar, o permanentes como el cacao o si son actividades pecuarias tanto para la producción de leche o carne.
Que Tabasco contribuye de manera importante al abasto nacional en plátano, cacao, ganado para el abasto, azúcar y arroz, entre otros.
Que si bien el Ejecutivo ha anunciado el pasado 1 de noviembre una serie de "medidas en apoyo de los habitantes del estado de Tabasco por parte de la SHCP y sus organismos coordinados" para la población afectada en zonas con "Declaratoria de desastre natural" emitida por la Secretaría de Gobernación.
Que en cuanto a las medidas tributarias
Asimismo, se exime de los pagos provisionales del impuesto empresarial a tasa única (IETU) correspondientes al primer semestre de 2008.
Se permite efectuar el pago anual del ejercicio 2007 del ISR en parcialidades, sin necesidad de garantizar el interés fiscal y sin recargos.
Se permite la deducción inmediata al 100 por ciento de las inversiones en bienes nuevos de activo fijo que se realicen en las regiones afectadas hasta el primer semestre de 2008, para efectos del ISR.
Por su parte, los Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA), con el "Programa Permanente de Apoyo a las Zonas Afectadas por Desastres Naturales", dará prórrogas y realizará reprogramaciones para auxiliar a los sectores afectados por los siniestros, principalmente el ganadero y plantaciones de plátano y cacao. Asimismo, se inyectarán recursos para la generación de nuevos proyectos a tasas preferenciales.
En apoyo a las pequeñas y medianas empresas, Nacional Financiera (Nafin) ofrecerá en los créditos existentes, otorgar periodos de gracia y extender los plazos por hasta un año a los bancos que cuenten con fondeo o garantía de Nafin. Por otra parte, se extenderán créditos nuevos en condiciones preferenciales en cuanto a tasa, sin garantías reales, con periodos de gracia de hasta 6 meses y de rápido desembolso.
Por todo lo anterior, se somete a este Pleno soberano, la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución.
Punto de Acuerdo
Primero. Que la SHCP realice la exención de todo tipo de impuesto durante el 2007 y el 2008, a todos los productores agrícolas, pecuarios y forestales, así como a las agroindustrias de Tabasco que hayan sido afectados por las inundaciones.
Segundo. Que se cancelen los adeudos de los productores afectados con la banca de desarrollo y que FIRA renegocie con la banca privada los créditos descontados con esa institución y llegar a arreglos adecuados para todos.
Tercero. Que además de las tasas preferenciales y plazos mayores para los créditos nuevos, que las medidas señaladas ya los habían considerado, que haya un mayor acceso de los pequeños productores, tanto a créditos de avío, pero sobre todo, refaccionarios, sin garantías reales, con ministraciones del crédito ágiles y oportunas y que incorporen al seguro agropecuario.
Palacio Legislativo de San Lázaro, México, DF, a 27 de noviembre de 2007.
Diputado César Duarte Jáquez
(rúbrica)
CON PUNTO DE
ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A REFORZAR LA VIGILANCIA
EN LAS ADUANAS Y FORTALECER LOS PROGRAMAS DE PROTECCIÓN DE MIGRANTES,
A CARGO DEL DIPUTADO ANDRÉS BERMÚDEZ VIRAMONTES, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PAN
Andrés Bermúdez Viramontes, Diputado Federal a la LX Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 58, 60 y demás relativos y aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes
Consideraciones
Con motivo de las fechas decembrinas y las redadas que están realizando las autoridades norteamericanas en contra de migrantes indocumentados, grupos de mexicanos regresan día con día al país.
La mayoría de ellos cuentan con herramientas de trabajo que al importarlas no deberán pagar ni un centavo por ellas, ya que son su medio para subsistir y les permiten ejercer su oficio para iniciar un negocio propio e inclusive para generar fuentes de trabajo, al retornar a sus lugares de origen.
Es injusto que estos grupos de migrantes, sigan siendo victimas de abusos al retornar al país por parte de algunos funcionarios públicos, quienes aprovechándose de la situación les cobran por importar las herramientas referidas y por lo poco obtenido como resultado de grandes esfuerzos.
Lo cual es a todas luces ilícito, en virtud de que la Ley Aduanera en su artículo 61 exenta a estas mercancías del pago de impuestos y el Código Penal Federal, tipifica como delito estas conductas. No obstante aun cuando jurídicamente el migrante pudiera estar protegido, la realidad es otra, pues existen miles de testimonios de quienes han sido y son victimados por funcionarios corruptos e inescrupulosos año con año, situación que no debe ser tolerada ni solapada por esta LX Legislatura.
Por lo que, como un acto de solidaridad con nuestros hermanos migrantes, les solicito su apoyo para que con carácter de obvia y urgente resolución aprobemos la siguiente proposición con punto de acuerdo que someto a su consideración.
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta al Ejecutivo federal, para reforzar la vigilancia en la aduanas y fortalecer los programas de protección al migrante, poniendo especial cuidado en informarles las características de las mercancías que se encuentran exentas del pago de impuesto.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el 27 de noviembre de 2007.
Diputado Andrés Bermúdez
Viramontes (rúbrica)
CON PUNTO DE
ACUERDO, RESPECTO A LA PUJA DE GRUPO GIGANTE PARA ARRENDAR SUS ACTIVOS
Y DERECHOS, A CARGO DEL DIPUTADO JUAN NICASIO GUERRA OCHOA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PRD
Antecedentes y consideraciones
1. Dada la precariedad o ausencia de instrumentos procesales y sus efectos generales, para que por si misma la sociedad, los colectivos, o las personas físicas o morales defiendan su interés jurídico; o en su caso, exciten a la acción de autoridad competente, y se protejan con acciones preventivas y colectivas los derechos del consumidor y de la ciudadanía, haciendo efectivas las garantías sociales de los integrantes de la sociedad mexicana en su conjunto, y para el caso a tratar, los derechos de los consumidores marginados del país en los espacios urbanos o rurales, consideramos de interés público traer ante el Pleno y la opinión pública, las siguientes reflexiones:
2. De acuerdo con publicaciones de especialistas financieros, Grupo Gigante está por apartarse del negocio de la cadena de supermercados. Este grupo cuenta con 202 tiendas y casi 23 mil empleados. De estas 196 se localizan en 28 estados de la República, con una mayor concentración en el valle de México y otras 6 en California, Estados Unidos.
3. Los hipermercados, bodegas y supermercados del Grupo Gigante en México, lo colocan como el segundo más importante en la cadena de supermercados en el Distrito Federal y zona conurbada el Estado de México. En Estados Unidos sus tiendas se dirigen al mercado hispano en Los ángeles, California, y según datos publicados este ingreso representa el 5 por ciento de sus ingresos totales.
4. Obviamente en función de sus intereses, de sus estrategias mercadologicas e intereses financieros, no se publicita la causa por la cual Grupo Gigante quiere dejar el mercado, y hacia dónde se dirige. Lo cierto es que el último año sus ingresos fueron de 2.4 mil millones de peso, esto es en el cuarto lugar a nivel nacional, aunque en número de tiendas es la segunda.
5. En los primeros seis meses de este año se remodelaron 18 tiendas, y para el cierre se concluirán remodelaciones en otras 15. Si consideramos los últimos 18 meses, el total de tiendas remodeladas alcanzara 49 tiendas que representan la cuarta parte de sus activos. De acuerdo a los reportes con que se cuenta, esto incrementó la productividad en un 50 por ciento. Sus sistemas automatizados y su conexión con proveedores, la administración, la operación y la logística, su estrategia mercadotécnica, sus promociones, sus marcas propias (mil 500 productos), su asociación con Banamex para operar sus tarjetas de crédito, su sinergia con Comercial Mexicana y con Soriana, le han permitido bajar costos y ha cerrado tiendas improductivas.
6. Es notable y loable el esfuerzo e inversión para posicionar el negocio fundado por la familia Losada en 1942. En los años sesenta fue líder y pionera de este negocio en México. Desde entonces ha comprado y abierto más tiendas (Maxi, SU-K-SA, Astra, el Sardinero y Blanco, Blanes, Azcunaga y SuperMx) y hecho asociados en Office Depot y Radio Shack, más recientemente.
7. Según datos de la Asociación Nacional de Tiendas Departamentales (ANTAD) el mercado de consumidores en supermercados alcanza 230 millones de pesos y crece al 7.6 por ciento anual. La mayoría de los clientes son familias con niños de un poder adquisitivo medio. El crédito a través de tarjetas y vales de despensa ha expandido el consumo hacia sectores de bajo y medio poder adquisitivo en las principales ciudades del país.
8. Aparte de lo descrito, Grupo Gigante conforme a sus intereses contrató a City Group y a IXE para realizar una transacción que les permitiera salir del mercado. Por los datos conocidos tienen la idea de concluir tal negocio este año. Estos grupos, según lo publicado en prensa nacional, han hecho los contactos con posibles interesados en la compra. Se publicó que Soriana sería la adquiriente, pero al parecer esto no ocurrirá, según señaló el propio Grupo a la Bolsa Mexicana de Valores.
9. Sin embargo, la prensa publicita que no habrá venta sino que los operadores financieros han planeado un nuevo esquema, que nos recuerda el caso de la venta de Banamex y su adquisición por City Bank que tanta molestia causó en el Congreso, y mermó eludiendo con operación cruzada el pago de contribuciones. Se trata, según analistas, de una "transferencia de activos y derechos" que no incluye bienes raíces, ni acciones. Es decir, sería una "arrendamiento" y no incluye la compra de activos. Este ingenioso esquema financiero, permite eludir la Ley Federal de Competencia Económica, en lo relativo a monopolios y prácticas monopólicas, así como la Ley de Impuestos sobre la Renta, pues al no tratarse de una venta, sino de un arrendamiento, el tratamiento fiscal es diferente tanto para el que arriende, como para el que contrata el arrendamiento, sin que implique venta de activos. Y aquí el legítimo interés privado de tales empresarios mexicanos propietarios de Gigante, si todavía lo son, se vuelca contra el interés general de una sociedad de desiguales.
10. ¿Quiénes son los postores o interesados? Inicialmente eran tres grupos mexicanos. Comercial Mexicana, Soriana y Chedraui , pero ayer se publicó que hay otros tres o cuatro postores extranjeros: Wall Mart, líder del mercado, la tejana HEB, así como las chilenas Falabella y la empresa Cencosud, que quieren expandir su mercado en México. Hasta donde se sabe, el arrendamiento también incluye lograr un acuerdo satisfactorio con los empleados de las tiendas. La puja está en proceso y se menciona que el 26 de noviembre se conocerá el fallo, para cerrar el trato de este ejercicio fiscal.
11. El diario El Financiero, informa en su edición del viernes 23 de noviembre de 2007, que "Cuestionado por separado respecto al mismo tema, el presidente para América Latina de Coface, Bart Pattyn, dijo que la venta de Gigante representa una importante oportunidad de expansión para Soriana y Comercial Mexicana.
Señaló en entrevista que el retiro de Wal-Mart como candidato a la adquisición de Gigante se debe probablemente a que representaba un mínimo margen de expansión para la cadena que controla más de 40 por ciento del mercado del sector.
Por tanto, consideró "la oportunidad es para los demás jugadores, tanto los que ya están en el mercado como los chilenos o los brasileños que quieren llegar a México".
El directivo de la administradora de riesgo y seguro de crédito expuso que además de la firma chilena Cencosud, otro probable e importante candidato que aprovecharía la venta de Gigante para ingresar al mercado mexicano es la cadena brasileña Casas Bahía.
Puntualizó que tanto chilenos como brasileños "tendrían interés de colocarse en el mercado mexicano que ahora dominan las cadenas de Estados Unidos".
Hasta septiembre pasado el número de tiendas de Grupo Gigante, tanto en el país como en el exterior, se ubicó en 671, con un total de un millón 119 mil 356 metros cuadrados de piso de ventas, y 14 mil 284 asientos en su división restaurantera.
Los formatos son: Súper G, Gigante, Bodega Gigante, Súper Precio, Office Depot, Radio Shack y Toks. Se estima que Gigante tiene un valor de mercado de aproximadamente 2 mil 686 millones de dólares.
Además, mantiene un litigio desde hace 10 años con Blanco, el cual al parecer está a punto de resolverse. Grupo Gigante sostiene que le debe a Blanco sólo 27 millones de pesos, pero su contraparte asegura que son más de cuatro mil millones.
Hace 14 años Gigante compró las tiendas Blanco mediante un cruce de acciones en la Bolsa Mexicana de Valores, pero luego iniciaron las inconformidades por el depósito mercantil que el segundo le dejó al primero para cubrir los pasivos no registrados.
Recientemente, Blanco advirtió que los posibles postores "de buena fe que deseen adquirir acciones de la firma Gigante en operaciones retail, estarán sujetos a los resolutivos del juicio que después de 10 años persiste entre ambos comercios, porque el litigio no ha concluido. (Con información de Notimex/RSC)."
11. Los senadores firmantes, consideramos hipotéticamente viable que esta ingeniería financiera, que elude a la Cofeco y sus pagos al SAT, es un riesgo para la competencia económica y la libre concurrencia en la comercialización de bienes y servicios, que afectará en el largo plazo a la población de ingresos medios y bajos de las principales zonas urbanas, con mayor impacto en la zona metropolitana del valle de México, donde Grupo Gigante tiene alrededor de 70 tiendas. En la pasada legislatura recibimos quejas de prácticas monopólicas por parte de los proveedores de cadenas de supermercados, especialmente Wall Mart, que destruían marcas y fijaban precios, así como condiciones de venta.
12. La actuación oportuna del Congreso ayudó a cambiar dichas prácticas devastadoras para la pequeña y mediana empresa, mayor empleadora del país, y las distintas cadenas enfrentaron el tema de diferente forma, pero sin ocasionar cierres masivos de pequeñas industrias. Aunque se trata de una operación "privada" este Congreso no puede dejar que, a través de viejas y distintas argucias, se conformen nuevos monopolios, en un sector tan sensible como el de una parte de la cadena alimentaria de una buena porción de la población y de pequeños comercios que llegan a surtirse de estas tiendas.
13. Es obligación de la Cofeco, en los términos de la Ley Federal de Competencia, en su artículo 10, analizar "las ganancias en eficacia y eficiencia derivadas de la conducta que acrediten los agentes económicos y que incidan favorablemente en el proceso de competencia y libre concurrencia… Que impacten favorablemente a la cadena de distribución; que no causen aumento significativo en precios, o una disminución significativa en las opciones del consumidor…", es decir, prohíbe las prácticas monopólicas y sus efectos anticompetitivos. Es la propia Cofeco y la Secretaría de Economía, a través de sus atribuciones y facultades, quienes deben determinar cuando se trata de un mercado relevante y si los agentes económicos tienen o no poder sustancial sobre ellos. Esto lo puede hacer la Cofeco, por oficio o a petición de parte, a través de un dictamen que deberá presentarse en 20 días naturales a partir de la fecha en que tenga conocimiento de los hechos.
14. El IETU, sino la actual Ley del IST, en su artículo 29 señala que los contribuyentes podrán efectuar deducciones del ISR, por inversiones, adquisiciones de mercancías, materias primas, o productos terminados que se utilicen para prestar servicios, para fabricar o enajenar bienes, pero no serán deducibles los activos fijos, los terrenos, las acciones, partes sociales, así como títulos valor que representen la propiedad de bienes.
15. Tal parece que el Grupo Gigante y sus asesores revisaron y calcularon (más el margen de venta) detenidamente como desvirtuar una compra de activos y eludir el ISR correspondiente. El artículo 35 establece cómo se calcularán las deducciones por contratos de arrendamiento financiero, y el artículo 37 de las inversiones que se pueden deducir, y tratándose de activos fijos, sólo se deduce un porcentaje, según el artículo 40, y tratándose de contratos de arrendamiento financiero, el monto se fina en el artículo 44. Esto debe ser analizado por la Subsecretaría de Ingresos de la SHCP y desde luego por el SAT, para analizar su legalidad y si este esquema financiero es una franca elusión de obligaciones fiscales.
16. Es decisión de los empresarios propietarios de Gigante vender o no vender y aceptar las ofertas millonarias que les hagan. Muy sus intereses privados. Pero lo cuestionable es que no existe claridad fiscal y antimonopólica en este importante tema para los consumidores.
17. No estamos informados conforme a las leyes respectivas lo permisible para que tales propietarios de la cadena comercial Gigante, arrienden por zonas, por paquetes o a un solo arrendador, y aunque se trata de una operación "privada", los legisladores preocupados por prevenir posibles prácticas monopólicas y en apego a los dispuesto en la Ley Federal de Competencia Económica y a la Ley de l Impuesto Sobre la Renta, proponemos el siguiente:
Por lo antes expuesto y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración del pleno la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Primero. Grupo Gigante es la segunda cadena de supermercados en la zona metropolitana del valle de México y es la cuarta en importancia en el país. Salvaguardando su interés privado y marginando el interés social, ha iniciado hipotéticamente una puja para arrendar sus activos y derechos, más no sus terrenos, ni acciones, a distintos postores, lo cual puede traducirse en violación a la Ley Federal de Competencia Económica, y puede tratarse de un esquema financiero que permite eludir el cumplimiento de la Ley del Impuesto sobre la Renta.
Segundo. Por lo tanto, los legisladores abajo firmantes solicitan, con fundamento en el derecho a la precabilidad, es decir, el derecho de los consumidores a la precaución de salvaguardar su economía familiar, individual y con respecto a esta factible transacción comercial, se propone a las instituciones mencionadas lo siguiente:
A la Secretaría de Economía para que en el ámbito de sus facultades, contribuya con la Cofeco en todo lo necesario para asegurar la competencia y la libre concurrencia en la comercialización de bienes y servicios de las tiendas denominadas genéricamente como supermercados, especialmente en el valle de México, y analice con la cadena de proveedores de los mismos, que no se establezcan prácticas comerciales que dañen el empleo y eleven los precios a los consumidores, al disminuir las ofertas de competencia.
A la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que a través de la Subsecretaría de Ingresos, determine si el esquema de arrendamiento que plantea Grupo Gigante a sus oferentes, no implica una elusión de obligaciones fiscales.
Al SAT, para que en el ámbito de sus atribuciones, vigile que los pagos por esta posible transacción sean correctos y no impliquen un daño al erario público con esquemas que disfrazan la verdadera base gravable de una operación de la envergadura.
CON PUNTO DE
ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA SEP A IMPLANTAR UN PROGRAMA PARA QUE
HAYA UNA LISTA MÍNIMA OFICIAL DE ALIMENTOS CON ALTO CONTENIDO NUTRITIVO
QUE SE EXPENDEN EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LOS NIVELES PREESCOLAR
Y BÁSICO DEL PAÍS, A CARGO DEL DIPUTADO JOSÉ LUIS
MURILLO TORRES, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
El suscrito diputado, con las facultades que se me confieren en lo dispuesto en el artículo 58 y 60 (primer párrafo), del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de ésta honorable asamblea, proposición con punto de acuerdo, a fin de que se exhorte a la Secretaría de Educación Pública a implementar un programa para que exista una lista mínima oficial de alimentos con alto contenido nutritivo, bajo en grasas y colesterol de los que se expenden en las instituciones educativas de niveles preescolar y básico del país, asimismo, un programa de detección de obesidad infantil en estos planteles, con la finalidad de combatir y reducir los altos índices de problemas de sobrepeso que se están presentando en los educandos, de conformidad con la siguiente
Exposición de Motivos
La obesidad infantil tiende a desarrollar enfermedades de gran importancia en los niños, como la diabetes e hipertensión arterial. En términos generales, según estadísticas de la Secretaría de Salud, México ocupa el nada honroso segundo lugar, entre los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, en personas con sobrepeso y obesidad, sólo por debajo de los Estados Unidos. La obesidad y el sobrepeso en infantes han aumentado de forma alarmante en los últimos años, lo que estriba en graves problemas de salud, aunado a la escasa actividad física a la que son sometidos los niños en los planteles educativos.
Actualmente nuestra sociedad se ha alejado de los alimentos tradicionales y ha optado por consumir alimentos procesados que son ricos en grasas y calorías. En nuestro país es una tradición que podemos encontrar en cualquier tienda, alimentos de los denominados chatarra y esto ha sido trasladado a casi todos los planteles educativos de nuestro país, situación que hay que revertir por la salud de nuestros niños.
Sabemos que los mexicanos no tenemos la cultura de la actividad física ya que sólo el 3 por ciento de los infantes realiza actividad física intensa, pero no debemos trabajar sólo en las conductas de los individuos, sino también sobre los entornos, no podemos culpar a la población de que no se ha sabido alimentar.
Por lo que urgen medidas para reducir el sobrepeso y la obesidad no sólo en los escolares, sino en la población en general. Tenemos la necesidad de cambiar los hábitos alimenticios y educativos para combatir este problema de la obesidad.
Solamente en el DF el 47 por ciento de los niños de entre 6 y 12 años sufre de sobrepeso y obesidad, el 10.6 por ciento de estos niños fueron diagnosticados con hipertensión arterial, esto es alarmante, por lo que aparte de implementar un programa de regulación de alimentos en los planteles educativos, se debe de implementar otro programa de detección de obesidad infantil en todas las escuelas de educación preescolar y básico de nuestro país, con la finalidad de atacar de modo frontal este problema de salud que aqueja a nuestra sociedad y especialmente a nuestros niños.
Actualmente no se tiene un control de lo que se vende en las llamadas tienditas escolares, lo que promueve el sobrepeso y la obesidad, por lo que se hace necesario instar a los directivos y a la Secretaría de Educación Pública a regular los productos que se venden en las cooperativas escolares para evitar que los alumnos consuman los llamados "alimentos chatarra", que definitivamente dañan su salud.
Por lo anteriormente expuesto, me permito poner a la consideración de ésta honorable Cámara de Diputados el siguiente
Punto de Acuerdo
Unico. A fin de que se exhorte a la Secretaría de Educación Pública a implementar un programa para que exista una lista mínima oficial de alimentos con alto contenido nutritivo, bajo en grasas y colesterol de los que se expenden en las instituciones educativas de niveles preescolar y básico del país, con la finalidad de combatir y reducir los altos índices de problemas de sobrepeso que se están presentando en los educandos, asimismo un programa de detección de obesidad infantil en los planteles mencionados.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de noviembre del 2007.
Diputado José Luis Murillo Torres
(rúbrica).
CON PUNTO DE
ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA SEP A TRANSPARENTAR EL OTORGAMIENTO
DE PLAZAS PARA MAESTROS POR PARTE DE ESA SECRETARÍA Y A ASIGNARLAS
CON ESTRICTA SUJECIÓN A LA NORMATIVIDAD ESTABLECIDA, A CARGO DEL
DIPUTADO JOSÉ LUIS MURILLO TORRES, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
El suscrito diputado, con las facultades que le confieren lo dispuesto en los artículos 58 y 60, primer párrafo, del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta honorable asamblea, proposición con punto de acuerdo a fin de que se exhorte a la Secretaría de Educación Pública a que se transparente el otorgamiento de plazas para maestros y que sean asignadas en estricto apego a la normatividad establecida, de conformidad con la siguiente:
Exposición de Motivos
El Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública, en su artículo 40, fracción tercera, a la letra dice:
Corresponde a la Dirección General de Evaluación de Políticas el ejercicio de las siguientes atribuciones:
…
III. Evaluar la correcta inversión de recursos públicos que haga la secretaría, así como los resultados de las políticas y actividades a los que hayan sido asignados y, en su caso, proponer las medidas correctivas conducentes.
…
VII. Analizar, en coordinación con las autoridades educativas locales, el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación y las demás instancias especializadas y unidades administrativas competentes, los criterios para la evaluación de los programas educativos, los procedimientos e instrumentos necesarios a fin de obtener los parámetros que permitan valorar el rendimiento escolar individual, por materia, grado, nivel y tipo educativo, así como el correspondiente al desempeño docente, contribuyendo, en caso necesario, a su desarrollo y aplicación.
Porque es necesario transparentar los recursos que en materia educativa se han asignado, y transparentar los salarios, ya que esto tiene que ver con el número de plazas y de maestros en las escuelas.
Es por eso, compañeros, que con la finalidad de que se ofrezca una práctica docente de calidad, para lo cual definitivamente se necesita estabilidad en casa, en nuestro empleo, y también con el fin de que las plazas que otorga la Secretaría de Educación Pública sean otorgadas partiendo de la lógica de que sólo el que trabaje merece apoyo, y que estas plazas no sean otorgadas por amistad o en forma condicionada, es que se solicita a esta secretaría que sean asignadas estrictamente en apego a la normatividad establecida.
Por lo anteriormente expuesto, me permito poner a la consideración de esta honorable Cámara de Diputados el siguiente:
Punto de Acuerdo
A fin de que se exhorte a la Secretaría de Educación Pública a que se transparente el otorgamiento de plazas para maestros, y éstas sean asignadas estrictamente en apego a la normatividad establecida.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de Noviembre de 2007
Diputado José Luis Murillo Torres
(rúbrica)
CON PUNTO DE
ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A IMPLANTAR MEDIANTE
LA SSP PROGRAMAS PERMANENTES DE SEGURIDAD PÚBLICA EN BAJA CALIFORNIA,
A CARGO DEL DIPUTADO HÉCTOR MANUEL COVARRUBIAS RAMOS, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PAN
El suscrito, diputado federal Héctor Manuel Ramos Covarrubias, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta honorable soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
El presidente Felipe Calderón Hinojosa al asumir su encargo, en diciembre del año pasado, puso en marcha programas frontales para el combate del crimen organizado, asimismo, envió un proyecto de Presupuesto de Egresos con recursos sin precedentes en materia de seguridad pública para combatir los altos índices de violencia y criminalidad que padece México, los esfuerzos han sido mayúsculos y se han logrado dar grandes golpes al hampa, las cifras lo corroboran, detenciones de importantes narcotraficantes y las mas cuantiosas incautaciones, en la historia del país, de droga y dinero; sin embargo, el ambiente de inseguridad que se vive en el país y en particular en Baja California no ha disminuido, pues todavía hace falta que el gobierno mexicano redoble esfuerzos en el ataque al crimen organizado.
El poder económico de las organizaciones delictivas les permite contar con un alto nivel de organización para controlar los mercados y vías de entrada y distribución de droga; esta situación crea conflictos entre los diferentes cárteles que operan a nivel nacional; provocando la psicosis entre los ciudadanos, quienes una y otra vez son presa de la violencia impune con que el crimen realiza sus ejecuciones y ajustes de cuentas a plena luz del día y en las calles más concurridas de las ciudades más importantes del estado.
En Baja California la delincuencia organizada ha actuado para ampliar su imperio y dominio, lo que representa un grave peligro a la tranquilidad de la ciudadanía y la alteración de la paz pública en el estado, desvirtuando el nivel de vida en condiciones de seguridad efectiva que merecen los ciudadanos.
Aunque el tema de la seguridad pública es de los que mayor importancia tienen en la actualidad, las políticas públicas en la materia han sido rebasadas por el hampa; los programas y acciones implantadas por los tres órdenes de gobierno en de Baja California, han resultado insuficientes, pues en los cinco ayuntamientos del estado, las ejecuciones, los ajustes de cuentas y los secuestros son nota de prensa diariamente.
Los últimos días han sido sumamente violentos. Infinidad de crímenes, decenas de secuestrados y la lucha entre las bandas de narcotraficantes, hacen que los bajacalifornianos teman salir a los lugares públicos, pues temen, no sin razón, ser víctimas del crimen, que impunemente opera a lo largo y ancho del estado.
Quien esto plantea, es consciente que, para acabar con la criminalidad, es menester ejercer toda la fuerza Estado mexicano, aunado a la participación de la sociedad; no es novedad ni asombra saber que, dentro de los grupos armados, se encuentran malos elementos de seguridad pública infiltrados desde las corporaciones policíacas, representando un alto grado de peligrosidad y, por consiguiente, uno de los mayores retos para lograr la eficaz depuración de todas las corporaciones de seguridad que existen en el estado. También hay que reconocer que existen elementos responsables y con alto espíritu de servicio a la ciudadanía, pero que no cuentan con la instrucción y equipamiento adecuado, hecho que los pone en total desventaja para enfrentar al hampa organizada que cuenta con armamento y medios de comunicación altamente sofisticados para la realización de sus actividades delictivas.
En este sentido es que el presente proposición con punto de acuerdo, solicita que esta soberanía exhorte al Ejecutivo federal para que se destinen recursos extraordinarios para el combate a la delincuencia en de Baja California y se entreguen los recursos fiscales a los gobiernos de las entidades federativas a fin de garantizar la seguridad pública de los ciudadanos; lo anterior, con base en el artículo 4o. de la Ley General que Establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública que define:
Cuando las disposiciones de esta ley comprendan materias y acciones que incidan en diversos ámbitos de competencia de la federación, los estados, el Distrito Federal o de los municipios, se aplicarán y ejecutarán mediante convenios generales y específicos entre las partes componentes del sistema nacional.
En este contexto el artículo 10 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2008 dispone:
De los recursos aprobados en el Ramo 36 Seguridad Pública, se destinará la cantidad de 3 mil 589 millones 400 mil pesos, al otorgamiento de subsidios a los municipios y al Gobierno del Distrito Federal para la seguridad pública en sus demarcaciones territoriales, con objeto de fortalecer el desempeño de sus funciones en materia de seguridad pública, a fin de salvaguardar los derechos e integridad de sus habitantes y preservar las libertades, el orden y la paz públicos.
Los subsidios a que se refiere este artículo serán destinados para los conceptos y conforme a las reglas del fondo municipal a cargo de la Secretaría de Seguridad Pública, con el propósito de profesionalizar y equipar a los cuerpos de seguridad pública en los municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, así como mejorar la infraestructura de las corporaciones.
El Ejecutivo federal, por conducto de la Secretaría de Seguridad Pública, dará a conocer a más tardar el 15 de enero, a través del Diario Oficial de la Federación, la lista de los municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal elegibles para el otorgamiento del subsidio a que se refiere este artículo, así como la fórmula utilizada para su selección, misma que deberá considerar, entre otros criterios, el número de habitantes y la incidencia delictiva; así como el porcentaje de participación que representarán las aportaciones de recursos que realicen al fondo los municipios y el Distrito Federal.
El Ejecutivo federal, por conducto de la Secretaría de Seguridad Pública, a más tardar el último día hábil de febrero, deberá suscribir convenios específicos con los municipios y el Gobierno del Distrito Federal para sus demarcaciones territoriales elegibles, que deseen adherirse a este programa, con base en lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley General que Establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública (…)
El clima de inseguridad inédito que se vive en Baja California y en particular Ensenada hace necesario solicitar el apoyo del gobierno federal, una prueba palpable de la impunidad con que opera el hampa en esta localidad son los hechos ocurridos el pasado 14 de noviembre, cuando un comando armado que se trasladaba en un convoy de 12 camionetas de modelo reciente, robó un cuerpo del Servicio Médico Forense (Semefo) en la ciudad de Ensenada, lo que derivó en un enfrentamiento donde fueron privados de su libertad dos empleados del Servicio Medico Forense y murieron acribillados dos policías municipales quienes cumpliendo con su deber trataron de hacer frente a los delincuentes; lamentablemente, debido a la falta de equipamiento y adiestramiento se vieron superados los oficiales Enrique Lemus Hinojosa y Salvador Quijano González perdiendo sus vidas.
El cadáver sustraído del Servicio Medico Forense del municipio de Ensenada, era de quien en vida se llamó Pablo González, una de las dos personas fallecidas al caerse un helicóptero que presuntamente seguía la ruta de la carrera de camino Baja 1000, importante evento deportivo, organizado por la empresa Score Internacional, que se realiza año con año en el municipio de Ensenada y que genera una gran derrama económica para la región.
Como causa del siniestro dos personas más resultaron lesionadas, las cuales se encuentran convaleciendo en el Hospital Velmar bajo un amplio dispositivo de seguridad que se extiende a toda la ciudad de Ensenada.
Pese que las corporaciones policíacas implantaron un fuerte operativo en esa zona, agentes de la policía municipal han demandado mayor apoyo, debido a que temen un ataque del comando armando para irrumpir en las instalaciones del Hospital Velmar.
Semejante tragedia, inscrita en el contexto de un evento deportivo de talla internacional, deja de manifiesto la incapacidad y precariedad de los cuerpos policíacos en el orden municipal para afrontar al crimen organizado, así como la falta de apoyo en equipamiento, capacitación, reclutamiento y recursos económicos.
Es urgente poner un alto al narcotráfico y a la delincuencia organizada; se deben implantar programas y políticas públicas así como fiscalizar y transparentar la correcta entrega de los recursos fiscales correspondientes al Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal a fin de fortalecer a las policías municipales del estado; es importante recordar que la autoridad municipal es el orden de gobierno que tiene el primer acercamiento con los ciudadanos y, por ende, es vital que se cuente con una policía municipal capaz y preparada.
Asimismo, los bajacalifornianos merecen seguridad, y por lo tanto se requiere de la presencia permanente de la policía federal y de las fuerzas armadas para combatir el crimen organizado. En la Cámara de Diputados tenemos la responsabilidad de representar a los ciudadanos; afrontemos este reto, defendiendo a los ciudadanos para que no se conviertan en rehenes de comandos armados; convoco ahora a reforzar los programas de seguridad para los Municipios de Baja California y exigir al Gobierno Federal realizar acciones contundentes para frenar la actividad del narcotráfico en la entidad.
Los legisladores debemos pronunciarnos por la urgente necesidad de que el gobierno federal intervenga de manera directa para combatir de manera decidida, a la delincuencia y el crimen organizado.
Propongo solicitar al titular del Ejecutivo federal, para que por medio de la Secretaría de Seguridad Pública sea incluido el municipio de Ensenada dentro de los 100 municipios con alto índice delictivo en el país, a fin de que sea beneficiado con parte de los 3 mil 589 millones de pesos que serán distribuidos por la Secretaría de Seguridad Pública entre los ayuntamientos con mayor incidencia delictiva.
Por las consideraciones antes mencionadas, se propone el siguiente:
Punto de Acuerdo
De urgente y obvia resolución.
Primero. Esta soberanía hace un urgente y respetuoso exhorto al titular del Ejecutivo federal, para que instruya al secretario de Seguridad Publica, a fin de que se refuercen y mantengan indefinidamente los programas, operativos y acciones que de manera conjunta realizan en Baja California la Policía Federal Preventiva y las Fuerzas Armadas en materia de seguridad y combate al crimen organizado, ante el carácter extraordinario del clima de violencia que padecen los bajacalifornianos.
Segundo. Esta soberanía hace un urgente y respetuoso exhorto al titular del Ejecutivo federal, para que instruya al secretario de Seguridad Publica, para que se beneficie al municipio de Ensenada, Baja California con parte de los 3 mil 589 millones de pesos del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2008, destinados para ser entregados a los ayuntamientos con mayor incidencia delictiva, a fin que el ayuntamiento de Ensenada cuente con mayores recursos financieros que le permitan capacitar, equipar, reclutar y fortalecer mejor el cuerpo de seguridad pública municipal para enfrentar eficazmente al crimen organizado y al narcotráfico.
Tercero. Esta soberanía hace un urgente y respetuoso exhorto al Ejecutivo federal, para que se vigile y fiscalice la entrega puntual y oportuna de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad de los Estados y del Distrito Federal para que se apliquen en su totalidad en el equipamiento, adiestramiento y fortalecimiento de los cuerpos encargados de la seguridad pública en los estados y municipios de la federación.
Cuarto. Gírese copia del presente punto de acuerdo, a los ayuntamientos de Baja California para su conocimiento y constancia legal.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de noviembre de 2007.
Diputado Héctor Manuel Ramos
Covarrubias (rúbrica)
El suscrito diputado Daniel Dehesa Mora, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en el artículo 21 fracción XVI del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta al Pleno de esta honorable Cámara, la siguiente excitativa con el objeto de que se exhorte a la Comisión de Trabajo y Previsión Social de esta Cámara de Diputados para que a la brevedad dictamine y someta a la votación del Pleno la iniciativa con proyecto de decreto por la que se adiciona un capítulo XV Bis al título sexto de la Ley Federal del Trabajo para establecer los derechos y en general las disposiciones especiales del trabajo de enfermería.
Consideraciones
El trabajo desarrollado por los enfermeros y las enfermeras es esencial para hacer realidad el derecho a la salud de que son titulares todos los mexicanos. Sin embargo, el ejercicio de esta profesión se ha dado en circunstancias de injusticia laboral, menosprecio y discriminación.
Es intolerable que se mantenga la situación de marginación que padece la inmensa mayoría de los enfermeros y las enfermeras, soportando un salario inequitativo, una jornada de trabajo inhumana y en general condiciones de trabajo intolerables, en contraposición a su alto grado de especialidad y su importancia social.
A esto debemos agregar que si no se adoptan las medidas necesarias para tutelar y proteger con justicia a las personas dedicadas a la enfermería, como ya sucede en otros países, pronto existirá un creciente déficit de los mismos, lo que representará un duro golpe para la salud del pueblo de México. O bien emigrarán a otros países en donde obtengan mejores de condiciones de trabajo.
Para combatir las injusticias que sufren los trabajadores en enfermería, durante la LIX Legislatura, el diputado del PRD Pablo Franco presentó una iniciativa de ley por la que se adiciona a la Ley Federal del Trabajo un capítulo especial para el trabajo de los enfermeros y las enfermeras, que entre otras cosas prevé:
1) Como obligaciones especiales de los patrones de los enfermeros y las enfermeras contratar al personal de enfermería y de apoyo necesario en cada área de trabajo, considerando los indicadores nacionales e internacionales aplicables; proporcionarles la ropa de trabajo necesaria; pagar mínimamente un veinte por ciento de sobre salario en caso de prácticas de riesgos; otorgar la protección necesaria en materia jurídica, especialmente tratándose de responsabilidad civil y/o penal; poner a disposición de los trabajadores en enfermería espacios cómodos e higiénicos para que puedan descansar durante la jornada de trabajo y darles alimentación gratuita; garantizarles un ambiente libre de hostigamiento sexual y/o laboral y violencia.
2) Otros aspectos de esta iniciativa son: jornada semanal de cuarenta horas; fijación de los salarios anualmente por una comisión integrada por representantes de las Secretarías de Trabajo, y Salud, y de los Colegios de Enfermeras. Sin embargo, los salarios que así se determinen no podrán ser inferiores a siete salarios mínimos generales vigentes en el Distrito Federal; en caso de relaciones de trabajo eventuales, los trabajadores se les conceptuará como de planta después de 6 meses de servicio; el derecho al doble de vacaciones previstas por la ley.
La iniciativa de cita fue turnada a la Comisión de Trabajo y Previsión Social de esta Cámara de Diputados. Estamos cerca de año y medio de que la iniciativa le fue turnada a ésta, sin que se haya procedido a su dictaminación.
Por todo lo expuesto y fundado, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente
Excitativa
Único. Se exhorte a la Comisión de Trabajo y Previsión Social de esta Cámara de Diputados para que a la brevedad dictamine y someta a la votación del Pleno la iniciativa con proyecto de decreto por la que se adiciona un capítulo XV Bis al título sexto "Trabajos especiales" de la Ley Federal del Trabajo para establecer los derechos y demás disposiciones específicas del trabajo de enfermería , dignificando sus condiciones laborales y reconociendo la importancia de esta profesión para hacer realidad el derecho a la salud en el país. Iniciativa que apareció publicada en la Gaceta Parlamentaria del 29 de septiembre de 2005 y que fue presentada al Pleno de esta Cámara por el Diputado Pablo Franco el 10 de noviembre de 2005.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 22 de noviembre de 2007.
Diputado Daniel Dehesa Mora (rúbrica)