• Con punto de acuerdo, con relación al proceso electoral del 11 de noviembre de 2007 en Tlaxcala y la necesaria creación de una comisión especial que investigue el posible desvío de recursos públicos por el gobierno de dicha entidad y el federal con fines político-electorales, a cargo del diputado Alberto Amaro Corona, del Grupo Parlamentario del PRD.

• Con punto de acuerdo, relativo a los indicadores de desempeño de la Semarnat para el ejercicio presupuestal de 2008, a cargo del diputado Antonio Xavier López Adame, del Grupo Parlamentario del PVEM.

• Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Presidenta de la Mesa Directiva de esta soberanía que formule nuevamente un exhorto al Ejecutivo federal para que el titular de la PGR investigue respecto al homicidio del reportero Amado Ramírez Dillanes, a cargo del diputado Humberto López Lena Cruz, del Grupo Parlamentario de Convergencia.

• Con punto de acuerdo, relativo a los altos ingresos de los funcionarios que administran la Cámara de Diputados, a cargo del diputado Alberto Amaro Corona, del Grupo Parlamentario del PRD.

• Con punto de acuerdo, relativo a la irrupción de manifestantes en la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México, a cargo del diputado Francisco Dávila García, del Grupo Parlamentario del PAN.

• Con punto de acuerdo, por el que esta soberanía formula un reconocimiento al Ejecutivo federal y al de Tabasco por su pronta respuesta ante la situación derivada de las inundaciones que afectaron dicha entidad, a cargo del diputado Juan José Rodríguez Prats, del Grupo Parlamentario del PAN.

• Con punto de acuerdo, relativo al accidente de la plataforma Usumacinta, en la sonda de Campeche, a cargo del Grupo Parlamentario del PRI.

• Con punto de acuerdo, para que la SHCP informe sobre el destino de enteros de Pemex durante el segundo trimestre de 2007, a cargo del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.

• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los diputados de la LX Legislatura a destinar parte de su dieta a becar al alumno que resulte ganador en su respectivo distrito si se aprueba el programa de actividades para celebrar el Parlamento de las Niñas y los Niños de México de 2008, a cargo del diputado José Luis Murillo Torres, del Grupo Parlamentario del PAN.

• Con punto de acuerdo, relativo al proceso de autorización para importar medicamentos, a cargo del diputado Fernando Enrique Mayans Canabal, del Grupo Parlamentario del PRD.

• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Fondo Monetario Internacional a condonar de la deuda pública el equivalente a la reconstrucción de Tabasco y de Chiapas, a cargo del diputado Elmar Darinel Díaz Solórzano, del Grupo Parlamentario del PRI.

• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno del estado de México, al INAH, y a los municipios de Otumba, San Martín de las Pirámides y San Juan Teotihuacán a destinar recursos para el saneamiento del río San Juan, a cargo del diputado Ramón Valdés Chávez, del Grupo Parlamentario de Convergencia.

• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Semarnat y a la Profepa a aplicar las medidas pertinentes para la restauración, la conservación y el manejo sustentable de los manglares, con base en la legislación vigente en la materia, a cargo de la diputada Silvia Luna Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.

• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a realizar, mediante la SSP, la PGR, el gobierno de Baja California y los ayuntamientos de dicha entidad, operaciones coordinadas para identificar y recuperar automóviles robados, a cargo del diputado Carlos Alberto Torres Torres, del Grupo Parlamentario del PAN.

• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al secretario de Salud a concluir el procedimiento a fin de emitir la norma oficial sobre "violencia familiar, sexual y contra las mujeres. Criterios para la prevención y atención", a cargo de la diputada Holly Matus Toledo, del Grupo Parlamentario del PRD.

• Con punto de acuerdo, relativo al impuesto de refrendo vehicular que pretende cobrarse en Jalisco, a cargo del diputado Salvador Barajas del Toro, del Grupo Parlamentario del PRI.

• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Segob a hacer respetar mediante su Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía el acuerdo por el que se emiten los criterios generales de clasificación, suscrita por los diputados Alejandro Landero Gutiérrez, María Gabriela González Martínez y Luis Gustavo Parra Noriega, del Grupo Parlamentario del PAN.

• Con punto de acuerdo, por el que se crea la comisión de investigación del daño patrimonial causado a Pemex por la entrega irregular de mil 724 millones de pesos al Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana y para transparentar la asignación de los ingresos excedentes por el incremento del precio del petróleo, a cargo del diputado Miguel Ángel Peña Sánchez, del Grupo Parlamentario del PRD.

• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a publicar la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, a cargo de la diputada Maricela Contreras Julián, del Grupo Parlamentario del PRD.

• Al Senado de la República, a solicitud del diputado José Jacques y Medina, del Grupo Parlamentario del PRD.

• A las Comisiones de Justicia, de Derechos Humanos, y de Equidad y Género, a solicitud de la diputada Elsa de Guadalupe Conde Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Alternativa.

• Relativa al Día de la Tolerancia, a cargo de la diputada María Soledad Limas Frescas, del Grupo Parlamentario del PAN.

• Relativa al quincuagésimo aniversario luctuoso de Diego Rivera, a cargo del diputado José Alfonso Suárez del Real y Aguilera, del Grupo Parlamentario del PRD.

Consideraciones

El gobierno del estado de Tlaxcala, desde hace algunos meses ha definido la siguiente estrategia para la elección del once de noviembre de dos mil siete:

Primero. Se exhorta a la Junta de Coordinación Política a instaurar una comisión especial de carácter transitorio para investigar y verificar si existió desvío de recursos por parte de las dependencias y entidades de la administración pública federal u otros servidores públicos del gobierno del estado de Tlaxcala que hayan puesto en riesgo la equidad en el proceso y la jornada electoral que se desarrolló el pasado once de noviembre de dos mil siete. La Comisión se integrará de manera plural de acuerdo con la representación de los grupos parlamentarios en la Cámara de Diputados y al concluir su objeto interpondrá y recomendará, de ser el caso, las acciones correspondientes ante las autoridades competentes.

Segundo. Se exhorta a la Auditoría Superior de la Federación para que requiera la revisión de los conceptos específicos vinculados con el ejercicio de los recursos federales destinados en los programas Fondo de Capitalización e Inversión del Sector Rural y Fondo de Fomento a los Agronegocios en el estado de Tlaxcala.

México, DF, a 22 de noviembre de 2007.

Diputados: Alberto Amaro Corona, Isidro Pedraza Chávez, Rafael Villicaña García, Fausto Fluvio Mendoza Maldonado, Pablo Trejo Pérez, Joaquín Conrado de los Santos Molina, Rodolfo Solís Parga, Rubén Aguilar Jiménez, Concepción Ojeda Hernández, Francisco Martínez Martínez, Jaime Cervantes Rivera, José Alfonso Suárez del Real y Aguilera, Claudia Lilia Cruz Santiago, Andrés Lozano Lozano Faustino Soto Ramos, Sonia Nohelia Ibarra Franquez, Raymundo Cárdenas Hernández, Javier González Garza, Moisés Félix Dagdug Lützow, Emilio Ulloa Pérez, Amador Campos Aburto, Aurora Cervantes Rodríguez, Camerino Eleazar Márquez Madrid, Neftalí Garzón Contreras, Jesús Cuauhtémoc Velasco Oliva, Layda Elena Sansores San Román, Antonio Soto Sánchez, Francisco Santos Arreola, Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla, Armando Barreiro Pérez, Maricela Contreras Julián, Jaime Espejel Lascano, Marcos Matías Alonso, Othón Cuevas Córdova, Juan Manuel San Martín Hernández, Érick López Barriga, Carlos Altamirano Toledo, José Luis Aguilera Rico, José Luis Varela Lagunas, Mario Vallejo Estévez, Jesús Evodio Velázquez Aguirre, Daniel Dehesa Mora, José Luis Gutiérrez Calzadilla, Miguel ángel Navarro Quintero, Octavio Martínez Vargas, Higinio Chávez García, Ramón Félix Pacheco Llanes, Ana Yurixi Leyva Piñón, Daisy Selene Hernández Gaytán, Alejandro Sánchez Camacho, Aleida Alavez Ruiz, David Mendoza Arellano, Holly Matus Toledo, Martha Angélica Tagle Martínez, Guadalupe Socorro Flores Salazar, Víctor Varela López, David Sánchez Camacho, Lourdes Alonso Flores, Miguel Ángel Solares, Efraín Morales Sánchez, Valentina Valia Batres Guadarrama, Jesús Humberto Zazueta Aguilar, César Flores Maldonado, Ramón Almonte Borja, Daniel Torres García, José Jacques y Medina, Víctor Hugo García Rodríguez, Miguel Ángel Arellano Pulido, Carlos Sánchez Barrios, Juan Nicasio Guerra Ochoa, Susana Monreal Ávila, José Antonio Saavedra Coronel, Martín Zepeda Hernández, Fernel Arturo Gálvez Rodríguez, Rutilio Cruz Escandón Cadenas, Carlos Orsoe Morales Vázquez, Héctor Narcia Álvarez, Juan Darío Arreola Calderón, Santiago López Becerra, Alberto López Rojas, Celso David Pulido Santiago, Víctor Manuel Lizárraga Peraza, Mónica Fernández Balboa, Modesto Brito González, Irene Aragón Castillo, Juan Hugo de la Rosa García, José Antonio Almazán González, Adriana Díaz Contreras, Francisco Javier Calzada Vázquez, Victorio Montalvo Rojas, Francisco Márquez Tinoco, Rafael Villicaña García, Humberto Alonso Razo, Fernando Enrique Mayans Canabal, Érick López Barriga, Raúl Ríos Gamboa, Alejandro Martínez Hernández, Silbestre Álvarez Ramón, Rosa Elva Soriano Sánchez, Mariano González Zarur, Cuauhtémoc Sandoval Ramírez, Ramón Almonte Borja, Víctor Aguirre Alcaide, Antonio Ortega Martínez, Hugo Martínez Padilla, Juan Darío Lemarroy Martínez, Pedro Landero López, Cuitláhuac Condado Escamilla, Gloria Rasgado Corsi, Rosario Ortiz Magallón, Carlos Martínez Martínez, Benjamín Hernández Silva, Roberto Mendoza Flores, Alliet Mariana Bautista Bravo, Gerardo Villanueva Albarrán, Pablo Trejo Pérez, Adrián Pedrozo Castillo, Sergio Hernández Hernández, Juan Adolfo Orcí Martínez (rúbricas).
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, RELATIVO A LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LA SEMARNAT PARA EL EJERCICIO PRESUPUESTAL DE 2008, A CARGO DEL DIPUTADO ANTONIO XAVIER LÓPEZ ADAME, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PVEM

El suscrito, Antonio Xavier López Adame, diputado federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, de la LX Legislatura, con fundamento en lo establecido en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

I. El Presupuesto de Egresos de la Federación de 2008 (PEF) aprobado por la Cámara de Diputados contempla recursos por más poco más de 2.5 billones de pesos. De dichos recursos, poco más de 70 mil millones de pesos están orientados al desarrollo sustentable.

Sin embargo, a pesar de que en el propio PEF de 2008 la Secretaría de Hacienda menciona que la evaluación de los programas de gobierno a partir de 2008 estará basada en los resultados alcanzados y no en el ejercicio financiero, la realidad es que el PEF carece de indicadores de desempeño en materia ambiental de utilidad para verificar de manera efectiva, el grado de cumplimiento de las metas y los objetivos de las políticas y los programas ambientales.

Ello se desprende del análisis de los indicadores de desempeño de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) realizado tanto por el Centro de Estudios de Desarrollo Rural Sustentable y Soberanía Alimentaria (CEDRSSA)¹ de la Cámara de Diputados, como del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO)².

II. De los principales hallazgos del CEDRSSA destaca la necesidad de que los indicadores de medio ambiente se encuentren alineados y vinculados tanto con el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, como con el Programa Sectorial el cual aún no ha sido emitido. Esto hace necesario que los indicadores incluidos en el PEF de 2008 tengan que ser ajustados una vez que se haya publicado el Programa Sectorial correspondiente, lo que implicaría el uso de distintos indicadores para evaluar un mismo programa dificultando la comparación de los resultados a lo largo del tiempo.

Un segundo hallazgo lo constituye el hecho que el 16 por ciento de los indicadores carecen de línea base, por lo que no habrá una cifra de referencia para la comparación de los resultados y de esta manera verificar el cumplimiento de la meta y el objetivo correspondiente a cada programa.

El IMCO por su p arte, señala que tan sólo 18 programas de los poco más de 55 que forman parte de la Semarnat tienen indicadores de desempeño, además de que muchos de ellos no comunican adecuadamente su propósito. Asimismo, se indica que la tabla de indicadores del presupuesto no comunica de manera adecuada tanto la meta, como el proceso, además de que el valor de la meta en muchos casos es poco clara, no siendo posible entender que representa la cifra presentada por la Semarnat en el tiempo.

Por ello, tanto el CEDRSSA como el IMCO consideran necesario llevar a cabo una revisión integral de los indicadores de desempeño en materia ambiental incluidos en el PEF de 2008, de lo contrario a la propia Semarnat se le dificultará saber si efectivamente cada uno de los programas están alcanzando la meta y el objetivo esperado o si es necesaria una reorientación o una redefinición de los objetivos o del propio programa o política ambiental; y a los legisladores se nos imposibilitará saber si los recursos asignados a cada uno de los programas ambientales están generando los resultados esperados en términos ambientales y sociales y por tanto, si deben o no ser reorientados los recursos presupuestales.

III. La reciente reforma al artículo 134 constitucional establece la facultad del Congreso de la Unión de legislar en materia de evaluación, lo que abre la posibilidad de constituir un marco normativo específico que regule de manera clara y efectiva, los mecanismos de evaluación del gasto a través del sistema de evaluación del desempeño. A dicha reforma se suman diversas disposiciones contenidas en el PEF de 2008 en el que establecen como plazo máximo de un año para llevar a cabo las reformas legales necesarias a fin de hacer más eficaz la evaluación del desempeño gubernamental, lo que abre importantes espacios de oportunidad para instrumentar mejoras a los mecanismos de evaluación del gasto.

Al respecto, el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México presentó en abril pasado, una iniciativa de Ley de Evaluación de la Gestión Gubernamental la cual tiene como objetivo central, precisamente establecer las bases y los criterios generales para la aplicación del sistema de evaluación del desempeño gubernamental y hacer viable la conformación del presupuesto basado en resultados.

IV. Las tareas pendientes en materia de evaluación, que deben ser atendidas de manera inmediata, incluyen el establecimiento de los criterios generales para el diseño de indicadores de evaluación; la revisión y, en su caso, la corrección de los indicadores de desempeño de programas federales que lo ameriten y que fueron incluidos en el PEF de 2008; el establecimiento de los mecanismos tanto de participación de la propia Cámara de Diputados en la evaluación del desempeño gubernamental, como de los mecanismos de coordinación entre el Ejecutivo federal y el Congreso de la Unión; y la revisión y el perfeccionamiento de los lineamientos generales de evaluación de las políticas públicas. Todo ello permitirá incrementar la viabilidad y sobre todo, la credibilidad tanto del sistema de evaluación del desempeño, como de las propias instituciones gubernamentales.

Único. Se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para que a la brevedad, realice la revisión y correción de los indicadores de desempeño de los programas a su cargo para el ejercicio presupuestal 2008 y que formarán parte del Sistema de Evaluación del Desempeño.

Notas
1) Centro de Estudios de Desarrollo Rural Sustentable y Soberanía Alimentaria, Indicadores propuestos por la SEMANAT en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2008, Cámara de Diputados, LX Legislatura, octubre de 2007.
2) Instituto Mexicano para la Competitividad, Evaluación de indicadores utilizados en el presupuesto de Medio Ambiente y Recursos Naturales, noviembre de 2007.Palacio Legislativo de San Lázaro, a 22 de noviembre de 2007.

Diputado Antonio Xavier López Adame (rúbrica)
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE SOLICITA A LA PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE ESTA SOBERANÍA QUE FORMULE NUEVAMENTE UN EXHORTO AL EJECUTIVO FEDERAL PARA QUE EL TITULAR DE LA PGR INVESTIGUE RESPECTO AL HOMICIDIO DEL REPORTERO AMADO RAMÍREZ DILLANES, A CARGO DEL DIPUTADO HUMBERTO LÓPEZ LENA CRUZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE CONVERGENCIA

El suscrito, Humberto López Lena Cruz, diputado integrante del Grupo Parlamentario del Partido Convergencia y secretario de la Comisión Especial de seguimiento a las agresiones a periodistas y medios de comunicación y de la Comisión de Radio Televisión y Cinematografía de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, y en representación del grupo parlamentario al cual pertenezco, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se solicita a la Presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados que formule nuevamente un exhorto al Ejecutivo federal a efecto de que ordene al titular de la Procuraduría General de la República la atracción de la investigación del homicidio del reportero Amado Ramírez Dillanes; turnando a su vez el asunto a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos contra Periodistas y mientras se realiza la atracción de la investigación, se exhorte a la Procuraduría del estado de Guerrero para que solicite el arraigo del ciudadano Gustavo Vázquez Muñoz, del Ministerio Público adscrito al Juzgado Cuarto en el penal de Las Cruces, estado de Guerrero, con base en las siguientes

Consideraciones

Con fecha 11 de abril del año en curso comparecí en esta tribuna para presentar un punto de acuerdo a fin de que la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados girara atento oficio al Ejecutivo federal, a efecto de exhortarlo para que ordenara al titular de la Procuraduría General de la República la atracción de la investigación del homicidio del reportero Amado Ramírez Dillanes; y, a su vez, se turnara el asunto a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos contra Periodistas.

En esas ocasiones anteriores hice uso de la palabra para mostrar la preocupación por los constantes ataques a los medios de comunicación y a los periodistas, donde descuella el asunto de Amado Ramírez Dillanes, asesinado el 6 de abril en el estado de Guerrero, lo anterior poniendo al descubierto el peligro en que se ejerce el periodismo en nuestro país, como han señalado organismos internacionales.

En el cumplimiento de las funciones de secretario de la Comisión Especial de seguimiento a las agresiones a periodistas y medios de comunicación, junto con otros integrantes de ésta, fuimos al estado de Guerrero a sostener una plática con el procurador, quien nos mandó a un agente investigador que estaba abocado a la integración de la averiguación previa, quien no supo dar contestación a nuestros requerimientos ni aclarar las dudas surgidas de la investigación; por ello, con anterioridad mencioné que no se veía una indagatoria seria con avances considerables para esclarecer los hechos y aun cuando hubiese detenidos, todo apuntaba a que eran chivos expiatorios como se lo dije, lo que en su momento declaré ante distintos medios de comunicación y que eran sólo una salida mediática al grave problema que se investigaba; a todo esto se le suma la última audiencia realizada en la indagatoria en mención, donde el testigo presencial de los hechos declaró que fue presionado por el agente del Ministerio Público Gustavo Vázquez Muñoz para inculpar a Genaro Vázquez Durán del homicidio de Amado Ramírez Dillanes; ello pone al descubierto una descomposición total en la investigación y la posible comisión de delitos por parte del Ministerio Público adscrito al Juzgado Cuarto en el penal de Las Cruces, estado de Guerrero, de ahí la necesidad de que sea arraigado hasta el esclarecimiento de su actuación.

Por otra parte, en la misma fecha solicité a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados que girara atento oficio al titular de la Procuraduría General de la República para la atracción de la investigación del homicidio del reportero Amado Ramírez Dillanes, en atención a que el arma calibre .38 súper con la que se cometió el delito es de uso exclusivo del Ejército, motivo por el cual es procedente su atracción; eso mismo le manifesté en forma personal al fiscal especial para la Atención de Delitos Cometidos contra Periodistas, Octavio Alberto Orellana Wiarco, para que dentro de sus funciones continuara con la investigación para resolver el presente asunto, recordándole que este asesinato no es el único que llevamos en el año, aunado a que los delitos de lesiones, amenazas e intimidaciones se continúan presentando a lo largo y ancho del país, ante la nula actuación de las autoridades, que ponen al descubierto su ineficacia y sin que hasta el momento se haya realizado el procedimiento jurídico para la atracción del asunto de Amado Ramírez.

Por lo mencionado en líneas anteriores, vuelvo a exhortar desde esta tribuna al Ejecutivo federal para que ordene al titular de la Procuraduría General de la República la atracción de la investigación, a través Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra Periodistas, con el objetivo inmediato y fehaciente de esclarecer el asesinato de Ramírez Dillanes y en su momento el de todos los comunicadores asesinados.

El anterior exhorto atiende también a las manifestaciones de todos los periodistas, tanto nacionales como internacionales, los cuales solicitan que se ponga un alto a todas las formas de violencia que atentan contra el gremio periodístico y, en algunos casos, contra sus familiares.

Hoy los mexicanos antes de acciones demagógicas o simuladoras de un bienestar social, exigen justicia, recordando que esa es la finalidad del derecho, por eso estamos obligados como representantes populares a levantar la voz en nombre de nuestros representados para pedir a los poderes que cumplamos con el mandato de la ley.

Por lo antes expuesto, me permito someter a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. La Mesa Directiva de la Cámara de Diputados que formule nuevamente un exhorto al Ejecutivo federal a efecto de que ordene al titular de la Procuraduría General de la República la atracción de la investigación del homicidio del reportero Amado Ramírez Dillanes; turnando a su vez el asunto a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos contra Periodistas (FEADP). En atención a la solicitud de punto de acuerdo presentado por el diputado Humberto López Lena Cruz, integrante de la Comisión Especial de seguimiento a las agresiones a periodistas y medios de comunicación, y de la Comisión de Radio Televisión y Cinematografía, de las cuales funge como secretario.

Segundo. La Mesa Directiva exhorta al procurador del estado de Guerrero para que solicite el arraigo del ciudadano Gustavo Vázquez Muñoz, agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado Cuarto en el penal de Las Cruces, estado de Guerrero, por la probable comisión de delitos en el ejercicio de sus funciones.

Tercero. La Mesa Directiva de la Cámara de Diputados gira atento oficio al fiscal Octavio Alberto Orellana Wiarco, a efecto de que comparezca ante la Comisión Especial de seguimiento a las agresiones a periodistas y medios de comunicación y rinda un informe del estado que guardan todas las investigaciones a cargo de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos contra Periodistas.

22 de noviembre de 2007.

Diputado Humberto López Lena Cruz (rúbrica)
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, RELATIVO A LOS ALTOS INGRESOS DE LOS FUNCIONARIOS QUE ADMINISTRAN LA CÁMARA DE DIPUTADOS, A CARGO DEL DIPUTADO ALBERTO AMARO CORONA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD

Con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo atendiendo a las siguientes

Consideraciones

1. México es un país que sigue teniendo un gran déficit en materia de transparencia, fiscalización y mecanismos de rendición de cuentas del conjunto de acciones de la administración pública en sus tres órdenes de gobierno; no obstante que en el año de 2002 inició la obligatoriedad por transparentar la acción pública gubernamental y que hoy venturosamente alcanza hasta las entidades federativas y gobiernos municipales; y que a pesar de que los Poderes Legislativo y Judicial federales y estatales, lo mismo que los órganos autónomos y en general la vida social, está en ese camino sin retorno, observamos que el manejo de los recursos públicos y privados demandan mayor vigilancia y mejor destino.

2. Hace unos días el periódico Reforma dio cuenta, como ya lo había hecho en meses pasados el Excélsior, sobre los ingresos de los altos funcionarios de la Cámara de Diputados. Dichos testimonios periodísticos ponen en el centro del debate la necesidad de que también el Poder Legislativo dé muestra de congruencia al exigir transparencia y rendición de cuentas.

3. Justo en el momento en que se construye el Presupuesto 2008, los medios dan cuenta de esa realidad de la que, sin duda, debemos hacernos cargo. De acuerdo con Reforma, que a su vez documenta su información con un informe de la Dirección General de Recursos Humanos de la Cámara de Diputados, los diputados recibimos mensualmente un sueldo de 148 mil pesos, que se compone de 75 mil 915 pesos por concepto de dieta; 44 mil de asistencia legislativa y 27 mil 665 de atención ciudadana.

4. El mismo documento señala que el secretario general de la Cámara de Diputados, doctor Guillermo Haro Bélchez, tiene un sueldo mensual de 209 mil 536 pesos, que se compone de 39 mil 992 pesos de sueldo base; 167 mil 951 pesos de compensación garantizada; 76 pesos de despensa y mil 517 pesos por vales.

5. ¿Porqué el secretario general gana más que los diputados? ¿Cuál es el valor social y político de un diputado? ¿Acaso administrar es más importante que legislar? ¿No seremos capaces de generar una administración bien pagada pero eficaz? Es más ¿qué compromiso tienen estos funcionarios con el pueblo?

6. En otra parte del reporte de Reforma se señala que el secretario de Servicios Parlamentarios, Emilio Suárez Licona, y el de Servicios Administrativos y Financieros, Rodolfo Noble San Román, tienen sueldos superiores a los 180 mil pesos. Los directores generales ganan entre 86 mil y 112 mil pesos mensuales; los directores de área ganan entre 51 mil y 79 mil pesos mensuales; un subdirector entre 31 mil y 49 mil pesos mensuales; y un jefe de departamento entre 18 mil y 30 mil pesos.

7. Frente a estos sueldos habría que revisar los mecanismos que evalúan el desempeño pero también los resultados que se alcanzan. Y creo que habría que contrastar estos sueldos con los que reciben los asesores de las comisiones legislativas. El hecho es que parece que tenemos una estructura administrativa muy obesa, pero también poco expuesta al escrutinio público en cuanto a resultados y desempeño.

8. Pero por otro lado, el mismo Reforma refiere que el Auditor Superior de la Federación, Arturo González de Aragón percibe un sueldo mensual de 224 mil 139 pesos. Se señala que existen 34 plazas de mandos medios y superiores y homólogos, cuyos salarios y prestaciones cuestan 41 millones de pesos al año.

9. Creo que si somos buenos jueces debemos empezar por ordenar nuestra casa legislativa y establecer sueldos justos pero con resultados y desempeño eficientes y oportunos. Se trata de que nos guiemos por un criterio de pagar lo justo para obtener lo justo. Este criterio debe aplicar para la construcción del Presupuesto.

10. Compartimos la opinión de que "la lucha contra la corrupción no es una tarea individual, más bien es un reto que asumen las instituciones civiles y públicas". Así lo dijo el doctor Haro Bélchez en junio de 1998.

11. Creemos que el Poder Legislativo está en uno de sus mejores momentos de la historia de este país y por ello debe asumir responsabilidades a la altura de los retos que la vida pública demanda.

Por lo anteriormente expuesto someto a consideración de esta honorable Cámara de Diputados el siguiente

Punto de Acuerdo

Único: Se exhorta a los diferentes grupos parlamentarios, a la Mesa Directiva y a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, a la Auditoría Superior de la Federación para que revise y modifique el catálogo de sueldos y salarios de los altos directivos de la Cámara de Diputados, señaladamente los correspondientes al Auditor Superior de la Federación, al Secretario General y a los Secretarios de Servicios Parlamentarios y de Servicios Administrativos y Financieros, así como el ajuste que resulte necesario en las respectivas estructuras administrativas.

Por eso es que exigimos a los órganos de gobierno de ésta Cámara de Diputados que tome las medidas necesarias para que no se permita que haya sueldos por encima de los sueldos de los diputados. Pedimos a los grupos parlamentarios que se coloquen a la vanguardia de la transparencia y la rendición de cuentas. Es la mejor manera de dar confianza a los ciudadanos.

México, DF, a 22 de noviembre de 2007.

Diputado Alberto Amaro Corona (rúbrica)
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, RELATIVO A LA IRRUPCIÓN DE MANIFESTANTES EN LA CATEDRAL METROPOLITANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A CARGO DEL DIPUTADO FRANCISCO DÁVILA GARCÍA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN

Con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento par el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el suscrito, diputado Francisco Dávila García, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, somete a consideración de esta honorable Cámara de Diputados la presente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional condena de manera enérgica los actos de irrupción, provocación y vandalismo del pasado domingo 18 de noviembre en contra de la catedral metropolitana de la Ciudad de México por parte de manifestantes de la llamada Convención Nacional Democrática.

Condenamos estos actos como condenamos cualquier práctica violenta y antidemocrática. Condenamos que un acto político derive en situaciones de intolerancia y daños a terceros. Condenamos los actos de quienes mediante el uso de la fuerza pretenden imponer sus ideas, atentando contra la libertad de culto, la libertad de expresión y el derecho a opinar diferente.

Los fanatismos nunca se han caracterizado por generar paz y la unidad nacional, por el contrario, han suscitado los peores momentos de nuestra historia nacional. Por ello condenamos enérgicamente estos actos que desde meses atrás han ido escalando en su violencia física y verbal en la catedral metropolitana, en contra de los sacerdotes y fieles que participan del culto católico.

En la Cámara de Diputados compartimos la idea del Estado laico; sin embargo, la laicidad debe representar no sólo el respeto a las creencias religiosas y la no intromisión del Estado en la imposición de dogmas o criterios de fe, sino también la responsabilidad de todos los ciudadanos de velar por la libertad de creer y ejercer alguna religión.

Los derechos ciudadanos garantizados en nuestra Constitución provienen de un pacto social amplio. Estos derechos no pueden ser utilizados o coartados a otros a capricho de un mitin, arenga política, o por el sonido de unas campanas.

No se trata de ser pro o anticlericales, se trata de respetar al otro, a las religiones, a las culturas, a las ideologías y a las personas. Se trata de garantizar la tolerancia, democracia y la paz social.

En consecuencia, los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional reiteramos nuestra condena enérgica a lo ocurrido, expresando que es indispensable que cesen las agresiones contra el Estado laico que garantiza la libertad de cultos y contra la Iglesia Católica y sus ministros en el recinto de la catedral metropolitana.

Por lo anterior hacemos la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

1. Se exhorta al Gobierno del Distrito Federal a garantizar la libertad religiosa y, en especial, la de culto, establecida en el artículo 24 constitucional.

2. Se exhorta al Gobierno del Distrito Federal a ofrecer plenas garantías de seguridad para la realización de actos de culto católico en la catedral metropolitana.

3. Se exhorta a la Secretaría de Gobernación y a la Procuraduría General de la República a que, en el ámbito de sus facultades y atendiendo a las denuncias presentadas, realicen las investigaciones que deslinden las responsabilidades y se ejerza la acción penal correspondiente en este caso.

Diputado Francisco Dávila García (rúbrica)
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE ESTA SOBERANÍA FORMULA UN RECONOCIMIENTO AL EJECUTIVO FEDERAL Y AL DE TABASCO POR SU PRONTA RESPUESTA ANTE LA SITUACIÓN DERIVADA DE LAS INUNDACIONES QUE AFECTARON DICHA ENTIDAD, A CARGO DEL DIPUTADO JUAN JOSÉ RODRÍGUEZ PRATS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN

El que suscribe, diputado federal Juan José Rodríguez Prats, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LX Legislatura, en ejercicio de la facultad que me otorgan los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía la siguiente propuesta con punto de acuerdo, de obvia y urgente resolución, para hacer un reconocimiento al Ejecutivo federal y al Ejecutivo del estado de Tabasco por su pronta respuesta ante las recientes inundaciones que afectan a dicha entidad.

Consideraciones

Tanto el presidente de la república, Felipe Calderón Hinojosa, como el gobernador de Tabasco, Andrés Granier Melo, han realizado un extraordinario esfuerzo para ayudar a las personas afectadas por las inundaciones en aquel estado.

Tanto la pronta respuesta como la labor de coordinación dejaron de manifiesto que, independientemente de militar en diferentes partidos políticos, cuando se tiene el compromiso social de servir, éste se manifiesta en los hechos.

Prueba de la buena coordinación e inmediata respuesta de las autoridades se percibe en la forma en que son recibidos ambos mandatarios en sus recorridos por albergues, colonias, y comunidades afectadas. Los ciudadanos así lo perciben, según los resultados de diversas encuestas levantadas en las últimas semanas.

Ante las ocho visitas que el presidente Felipe Calderón Hinojosa ha realizado a Tabasco en esta fase de contingencia –ahora en etapa de alerta sanitaria y de restitución de la normalidad–, la estancia permanente del gabinete social, así como las constantes giras por las zonas afectadas por el gobernador Andrés Granier Melo, es importante reconocer su incansable labor ante esta catástrofe.

Con base en lo anterior, propongo a ustedes el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión hace un reconocimiento público al Ejecutivo federal y al Ejecutivo del estado de Tabasco por su pronta respuesta ante la situación derivada por las inundaciones que han afectado a ese estado.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 22 de noviembre de 2007.

Diputado Juan José Rodríguez Prats (rúbrica)
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, RELATIVO AL ACCIDENTE DE LA PLATAFORMA USUMACINTA, EN LA SONDA DE CAMPECHE, A CARGO DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI

El suscrito Víctor Manuel Méndez Lanz diputado federal de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de este Pleno, el siguiente punto de acuerdo, de urgente resolución al tenor de las siguientes

Consideraciones

Ante las graves consecuencias del accidente ocurrido el pasado 23 de octubre, en la plataforma Usumacinta, en el que lamentablemente perdieron la vida 21 personas, una desapareció y 63 trabajadores de la industria petrolera salvaron la vida, resulta de la mayor importancia para la Cámara de Diputados que se investiguen las causas y los daños provocados para que se deslinden las responsabilidades correspondientes.

Me permito llamar su atención para que registremos que el día de ayer (martes 13 de noviembre) se presentó, también un incendio en la plataforma Kab-101 que al parecer no causó lesionados ni pérdida de vidas humanas, pero que nuevamente pone de manifiesto la urgente necesidad de que Pemex y las empresas contratistas extremen las medidas de seguridad con carácter extraordinario en todas sus instalaciones.

La plataforma de perforación marina autoelevable denominada Usumacinta, fue instalada en el año 1994 y es propiedad de la Compañía Perforadora Central, SA de CV contratada por Pemex Exploración y Producción para perforar pozos en la región marina suroeste; es posible que no haya implementado las medidas de seguridad que le permitieran enfrentar un fenómeno perturbador de la magnitud del presentado el 23 de octubre pasado a 32 kilómetros del Puerto de Dos Bocas, Tabasco y a 75 kilómetros de Ciudad del Carmen, Campeche.

Esta empresa, al realizar trabajos de interconexión del equipo para proceder a la perforación del pozo Kab 103 en la plataforma aligerada tipo sea pony Kab 101, debió prever este tipo de accidente ocasionado por fenómenos meteorológicos.

El accidente, además de causar la irreparable pérdida de vidas humanas y daños irreversibles al medio ambiente, ha contribuido a que se dejen de producir 600 mil barriles de petróleo al día, equivalentes al 20 por ciento de la producción diaria del país, repercutiendo en el alza del precio internacional del hidrocarburo, que en lo que va del año se ha incrementado en promedio 45 por ciento.

La magnitud de este grave hecho demanda de la urgente intervención del gobierno federal para investigar, con absoluta transparencia, las causas y sus consecuencias.

Exigimos apoyar, sin reserva alguna, a los familiares de las víctimas para que le sean respetados sus derechos, asimismo, que se evalúen con objetividad los daños ocasionados al medio ambiente y las pérdidas económicas para el país; además de que se deslinden las responsabilidades en las que, probablemente, hayan incurrido servidores públicos, prestadores de servicios a la empresa o terceros ya que existen evidencias claras de que se actuó con negligencia, al no prever con el equipo técnico adecuado el accidente.

Esta soberanía demanda información veraz y oportuna de los hechos ya que su repercusión en los ámbitos humano, ambiental, económica, administrativo y laboral son de suma trascendencia para el país.

Tal parece que Pemex no ha implementado las políticas públicas adecuadas que le permitan ser una empresa eficiente, ya que existen indicios de que ha incrementado sustancialmente su plantilla de personal, que no necesariamente cuenta con la especialización o el perfil adecuado, y ha descuidado aspectos tan relevantes como la seguridad de sus trabajadores, la inversión en tecnología y el adecuado mantenimiento y seguridad de sus instalaciones.

No olvidemos que se trata realizar actividades sumamente complejas y de alto riesgo, por lo que al burocratizarse la empresa ha omitido realizar sus funciones esenciales al adscribir en forma irracional a la mayor parte de su personal en tareas administrativas o de otro tipo, descuidando las funciones técnicas, operativas y de prevención elementales.

Reflexionemos sobre la magnitud del accidente en la plataforma Usumacinta, ya que sus consecuencias e implicaciones representan un llamado de atención a todos los mexicanos para que operemos sistemas y programas de protección civil eficientes que eviten la pérdida de vidas humanas y daños irreversibles a la naturaleza.

Además de expresar la solidaridad con los familiares de las víctimas y el reconocimiento a la Secretaría de Marina, por su respuesta inmediata para el auxilio y búsqueda de los trabajadores de la plataforma referida, debemos de exigir a los titulares de la Secretaría de Energía, la Semarnat, la Profepa, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, la Procuraduría General de la República y de Pemex la información sobre los alcances de este fatal accidente.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración de esta soberanía, como de urgente resolución, el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorta a las autoridades competentes para que se investigue la probable responsabilidad de servidores públicos y/o de terceros en el accidente de la plataforma Usumacinta, ocurrido el 23 de octubre del presente año, y que a través de un peritaje independiente, realizado por instituciones especializadas, permita llegar a resultados confiables.

Segundo. Se solicita a la Auditoría Superior de la Federación a que inicie una investigación sobre los contratos de servicios otorgados a diversas empresas privadas por Petróleos Mexicanos y que tienen relación con el siniestro referido.

México, Distrito Federal, a 14 de noviembre de 2007.

Diputado Víctor Manuel Méndez Lanz (rúbrica)
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, PARA QUE LA SHCP INFORME SOBRE EL DESTINO DE ENTEROS DE PEMEX DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2007, A CARGO DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE NUEVA ALIANZA

El Grupo Parlamentario de Nueva Alianza en la LX Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía, con carácter de urgente y obvia resolución, la presente proposición con punto de acuerdo, con base en las siguientes

Consideraciones

l. Durante el segundo trimestre del año, Petróleos Mexicanos (Pemex) enteró a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público por concepto de impuestos, derechos y aprovechamientos, 139 mil 500 millones de pesos, cantidad superior en 4.11 por ciento a lo entregado en el primer trimestre de 2007, lo que significa 5 mil 510 millones más.

No obstante que la paraestatal está sujeta a un nuevo régimen fiscal aplicado desde 2006, el cual supuestamente iba a permitir destinar mayores recursos para la inversión, se advierte que ese propósito de tener una mejor industria petrolera no se atiende puntualmente.

De acuerdo con el reporte de resultados financieros del segundo trimestre de 2007, entregado el 14 de septiembre del mismo año a las autoridades bursátiles, durante el periodo abril-junio de este año, las ventas totales de Pemex fueron de 277 mil 600 millones de pesos, unos 41 mil 703 millones de pesos adicionales a los captados en el primer trimestre de este año, lo que significó un crecimiento de 17.6 por ciento.

Sin embargo, del monto total de las ventas, prácticamente la mitad se destinaron al pago de impuestos.

2. El interés por contar con la información específica de referencia, se incrementó a partir de que los medios de comunicación nacionales dieron a conocer la aprobación por parte de LX Legislatura de un nuevo régimen fiscal para Pemex, que le permitirá para el tercer o cuarto año disponer de ingresos adicionales del orden de 55 mil a 60 mil millones de pesos y se incremente la producción en más de 200 mil barriles diariamente.

3. En el tema de excedentes petroleros todavía se muestra una opacidad en torno al destino puntual de los mismos, por lo que se vuelve imperioso que las autoridades hacendarias rindan un informe preciso sobre el estado que guardan esos recursos.

Compañeros legisladores, es muy importante que la LX Legislatura esté informada de las acciones que emprende la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en relación con los excedentes petroleros, así como la aplicación puntual del nuevo régimen fiscal que tendrá Pemex y que efectivamente se mejore el rubro de inversión para contar con una industria petrolera competitiva y moderna.

Los datos con que contamos aquí y ahora, nos muestran que el régimen fiscal aprobado en 2006 no ha servido para que Pemex tenga inversiones que detonaran su mejoría como industria, ni tampoco aminoró los enteros que hace esta institución a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Reclamamos información confiable que nos asegure que Pemex enterará 70 por ciento –en lugar del 79 por ciento que entera actualmente–, con la aplicación estricta de su nuevo régimen fiscal.

Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en el ya señalado artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, propongo a esta honorable Cámara de Diputados, que emita con el carácter de urgente y de obvia resolución, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. La honorable Cámara de Diputados de la LX Legislatura, solicita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que proporcione toda la información y elementos a esta soberanía para el análisis del estado que guardan los excedentes petroleros y el destino que se les da, con miras a mejorar la distribución de los mismos en áreas del mayor interés nacional.

Segundo. Se informe a esta soberanía, de manera puntual, cómo se utilizarán los 30 mil millones de pesos adicionales que tendrá Pemex, así como la precisión de los recursos que se etiquetarán para inversión, lo cual podría generar 200 mil barriles adicionales de petróleo diariamente.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 22 de noviembre de 2007.

Grupo Parlamentario de Nueva Alianza
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LOS DIPUTADOS DE LA LX LEGISLATURA A DESTINAR PARTE DE SU DIETA A BECAR AL ALUMNO QUE RESULTE GANADOR EN SU RESPECTIVO DISTRITO SI SE APRUEBA EL PROGRAMA DE ACTIVIDADES PARA CELEBRAR EL PARLAMENTO DE LAS NIÑAS Y LOS NIÑOS DE MÉXICO DE 2008, A CARGO DEL DIPUTADO JOSÉ LUIS MURILLO TORRES, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN

El suscrito diputado, por las facultades que le confiere lo dispuesto en los artículos 58 y 60, primer párrafo, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta honorable asamblea, proposición con punto de acuerdo para que se exhorte a los 300 diputados de mayoría relativa que conforman esta LX Legislatura, a que destinen una parte de su dieta a fin de que sea becado para el próximo año escolar el menor que sea designado por su respectivo distrito. Esto en caso de que este Congreso de la Unión tuviera a bien aprobar nuevamente el programa de actividades para celebrar de nuevo el Parlamento de las Niñas y los Niños de México para el 2008. Dicha beca consistiría en un estímulo económico a razón de los gastos que se erogan durante el ciclo escolar de que se trate.

Exposición de Motivos

Como es de todos sabido estas Cámaras de Diputados y Senadores de la República, a través de las Comisiones Unidas de Participación Ciudadana y de Atención a Grupos Vulnerables, aprobaron el plan de actividades para celebrar el Quinto Parlamento de las Niñas y los Niños de México 2007, que se llevó a cabo del 27 al 31 de mayo, y del 1 al 2 de junio, en el cual participaron en forma conjunta, la Secretaría de Educación Pública, el Instituto Federal Electoral, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia en México. Compañeros diputados, ¿cuántos de nosotros ni siquiera nos dimos cuenta de que este evento se llevó a cabo en las instalaciones de esta Cámara?

Es importante involucrar a la niñez mexicana en el ejercicio democrático de nuestro país desde el espacio escolar, ya que es éste el ámbito idóneo para la formación de ciudadanos libres, capaces de decidir y actuar de acuerdo con los principios y valores de la convivencia democrática y pacífica. Por otra parte, sabemos que existen algunos programas de apoyo educativo, los cuales dedican la mayor parte de sus esfuerzos al desarrollo de acciones que contribuyan a la formación de nuestros niños, pero también es de nuestro conocimiento que dichos programas no cubren las necesidades que imperan en cuestión de educación en nuestro país.

En el México actual los objetivos de la educación no pueden teñirse de partidismo, sino que deben corresponder al marco de pluralidad política que caracteriza al país. Así un objetivo fundamental de la educación, como ya se mencionó, debe ser la formación de una cultura democrática.

Por lo que tomando en cuenta que la educación es un factor esencial para alcanzar niveles de excelencia en las áreas de actividad social, económica y cultural, y así incentivar a los niños con talentos excepcionales a que realicen plenamente sus estudios, es que los invito, compañeros, a sumarse a este punto de acuerdo y colaborar, con nuestro granito de arena, con la educación de nuestros niños, que no sólo son el futuro de México, sino el presente.

Por lo anteriormente expuesto, me permito poner a la consideración de la honorable Cámara de Diputados el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se solicita a la Presidencia de esta honorable Cámara que exhorte a los 300 diputados de mayoría relativa que conforman esta LX Legislatura, para que destinen una parte de su dieta, a fin de que sea becado para el próximo año escolar el menor que sea designado por su respectivo distrito. Esto en caso de que estas Cámaras de Diputados y Senadores de la República tuvieran a bien aprobar nuevamente el programa de actividades para celebrar de nuevo el Parlamento de las Niñas y los Niños de México para el año 2008. La beca consistiría en un estimulo económico a razón de los gastos que se erogan durante el ciclo escolar de que se trate.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 31 de octubre de 2007

Diputado José Luis Murillo Torres (rúbrica)
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, RELATIVO AL PROCESO DE AUTORIZACIÓN PARA IMPORTAR MEDICAMENTOS, A CARGO DEL DIPUTADO FERNANDO ENRIQUE MAYANS CANABAL, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD

Fernando Enrique Mayans Canabal, diputado federal del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, se permite presentar la siguiente proposición con punto de acuerdo, con base en las siguientes

Consideraciones

El 4 de diciembre del año 2000 el Senado de la República aprobó la ratificación del Tratado de Libre Comercio entre México, El Salvador, Guatemala y Honduras, los países del llamado "Triángulo del Norte".

La ratificación de este tratado fue la culminación de un intenso trabajo que implicó 18 rondas de negociaciones celebradas durante cuatro años, hasta el 29 de junio de 2000, cuando fue suscrito en México, por los mandatarios de los cuatro países.

Dicho tratado entró en vigor el 15 de marzo de 2001, produciendo una intensa y fructífera relación comercial entre México y el Triángulo del Norte. Tan sólo hasta el año 2004 el intercambio comercial ascendió a mil 446.5 millones de dólares, de los cuales mil 97.8 representaron ventas mexicanas a esa región, en este lapso de tiempo los países centroamericanos exportaron a México 348.7 millones de dólares; es decir, se presentó un superávit comercial a favor de México de casi 750 millones de dólares. Particularmente para El Salvador, el TLC con México representó, a diciembre de 2004, un crecimiento del 73 por ciento en las exportaciones hacia nuestro país.

No obstante el mutuo beneficio comercial, El Salvador y Honduras solicitaron la instalación de un panel de controversia comercial contra México, argumentando el supuesto incumplimiento de compromisos asumidos mediante cartas de entendimiento entre las partes, conocidas como "cartas paralelas", que tenían el objetivo de flexibilizar la legislación sanitaria y facilitar a los fabricantes de medicamentos de El Salvador, Honduras y Guatemala, la comercialización de esos productos en nuestro territorio.

Las "cartas paralelas", fueron firmadas por el secretario de Comercio y Fomento Industrial, el mismo día que el tratado, y fueron enviadas a los ministros de Economía de los países del Triángulo del Norte. En ellas se establecen tres entendimientos, a saber:

Conforme a lo anterior, la República de Honduras delegó a El Salvador, mediante comunicación suscrita el 19 de mayo de 2005, la representación común de las partes reclamantes para el proceso de integración del tribunal arbitral. El 1 de junio El Salvador informó a México que asumiría la representación común para el proceso de integración del tribunal arbitral.

Así, el 15 de agosto de 2005 se logró un acuerdo con México para la designación del presidente y de los miembros del tribunal arbitral, quienes una vez aceptando el arbitraje iniciarían la revisión de los alegatos y se establecerían las fechas para la audiencia respectiva.

Las partes reclamantes solicitaron al tribunal arbitral que se determinara el incumplimiento de la obligación asumida por los Estados Unidos Mexicanos, en el sentido de publicar las reformas necesarias para permitir que los fabricantes de medicamentos de esos países, directamente, o por conducto de sus comercializadores o distribuidores, pudieran solicitar y, en caso de cumplir con los requisitos establecidos en la legislación nacional, obtener el registro sanitario de medicamentos en condiciones que garanticen el trato nacional, de conformidad con el artículo 15-10 del tratado.

Es importante recordar que mientras el Ejecutivo federal negociaba estos compromisos comerciales con el Triángulo del Norte, el Congreso de la Unión aprobó la reforma al artículo 222 de la Ley General de Salud que eleva a rango de ley el requisito de planta o de establecimiento sanitario para la importación de medicamentos, como lo dispone hasta el día de hoy el artículo 168 del Reglamento de Insumos para la Salud. Sin embargo, el 15 de marzo de 2004 el Ejecutivo federal regresó a la Cámara de Diputados dicho proyecto de decreto con observaciones que fueron utilizadas por El Salvador como prueba contra México en el panel de controversia comercial.

En consecuencia, el 1 de septiembre de 2006, el tribunal arbitral dio a conocer el informe final del caso El Salvador vs. México, en cuyas conclusiones y recomendaciones establece: ..."El tribunal arbitral recomienda a los Estados Unidos Mexicanos poner el requisito de exigir que la fábrica o laboratorio se encuentre en el territorio de los Estados Unidos Mexicanos para el otorgamiento del registro sanitario de medicamentos, de conformidad con sus obligaciones en el marco del TLC sucrito por los Estados Unidos Mexicanos y las Repúblicas de El Salvador, Honduras y Guatemala"...

Considerando, que

Por lo antes expuesto, solicito a la Presidencia de la Mesa Directiva, someta a la consideración del pleno, como de urgente resolución, la siguiente proposición

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados manifiesta su rechazo enérgico a cualquier pretensión por parte del Poder Ejecutivo federal para eliminar el requisito de planta como parte del proceso de autorización para la importación de medicamentos, por lo que le hace un exhorto para que se busquen los mecanismos jurídicos que impidan la entrada riesgosa de medicamentos para la salud, a consecuencia de la pretendida flexibilización de las medidas sanitarias.

Segundo. Se exhorta a la Secretaría de Salud a modificar el anteproyecto de decreto presidencial por el que se adiciona el artículo 168 del Reglamento de Insumos para la Salud; que pretende eliminar el "requisito de planta" para permitir la importación de medicamentos sin exigir que el comercializador cuente con licencia de fábrica o laboratorio en territorio nacional, con la salvedad de acreditar a un representante legal domiciliario; en virtud de que ello constituye un riesgo para la salubridad general.

Salón de sesiones, a 13 de noviembre de 2007

Diputado Fernando Enrique Mayans Canabal (rúbrica)
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL A CONDONAR DE LA DEUDA PÚBLICA EL EQUIVALENTE A LA RECONSTRUCCIÓN DE TABASCO Y DE CHIAPAS, A CARGO DEL DIPUTADO ELMAR DARINEL DÍAZ SOLÓRZANO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI

El suscrito, diputado federal de la LX Legislatura del Congreso de la Unión, integrantes del Grupo Parlamentario del PRI, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 42 de la Ley Orgánica, 58 y 59, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de este Pleno el siguiente punto de acuerdo con carácter de urgente resolución, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El Banco Mundial forma parte de los organismos especializados de las Naciones Unidas y cuenta con 185 países miembros. Dentro de sus funciones se encuentran promover la cooperación monetaria internacional, facilitar la expansión y el crecimiento equilibrado del comercio internacional, promover la estabilidad de los cambios, asegurar que las relaciones cambiarias entre sus miembros sean ordenadas y evitar las depreciaciones con fines de competencia, ayudar a establecer un sistema multilateral de pagos para las operaciones en cuenta corriente efectuadas entre los países, y eliminar las restricciones cambiarias que pudieran estorbar al crecimiento mundial.

Además, esta institución es un fondo al que los países miembros que necesiten financiamiento temporal pueden recurrir para superar los problemas de su balanza de pagos, generando lo que se conoce como deuda externa.

La deuda externa es la suma de las obligaciones que tiene un país con respecto de otros, es decir, la deuda pública contraída por un Estado.

Actualmente tenemos que en nuestro país el saldo de la deuda externa neta del gobierno federal, al cierre de enero de 2007, se ubicó en 40 mil millones de dólares. Es necesario señalar que diversos estudios coinciden en señalar que la deuda contraída por los países en vías de desarrollo ya ha sido plenamente pagada y, en muchos casos, por varias veces su importe.

En días recientes los estados de Tabasco y Chiapas recibieron una cantidad de lluvia equivalente a lo que la capital mexicana recibe durante un año y medio. Los caudalosos ríos que cruzan por esos estados se desbordaron y lo cubrieron casi todo, en especial el Río Grijalva, La Sierra y Pichucalco.

El resultado de ello se refleja en que más del 80 por ciento del territorio tabasqueño se encuentra inundado, además de tener más de 200 mil damnificados, de los cuales 12 mil son atendidos en 59 albergues, que cada día que avanza son insuficientes.

En Chiapas la dimensión del daño ha llevado a declarar la emergencia en 11 municipios, como Catazajá, Salto del Agua, Chapultenango, Cintalapa, El Bosque, Francisco León, Ocotepec, Ixtacomitán, Juárez, San Fernando, Tumbalá y Sabanillas. Dicha declaratoria permitirá que estos municipios reciban recursos inmediatos del Fonden para atender las necesidades prioritarias e inmediatas de la población damnificada. No obstante, debemos informar a las los diputados que los daños en Chiapas, además del enorme drama a causa de los deslaves en Juan del Grijalva, que provocó oficialmente dieciséis muertes, alcanzan a 43 municipios que suman 282 localidades, resultando un total de casi el 37 por ciento del estado afectado.

Ante estos daños, las pérdidas económicas serán muy amplias, mayores a los 7 mil millones de pesos que ofreció para Tabasco el presidente de la república.

El monto no incluye los daños a escuelas, carreteras y agricultura, ni el impacto en la industria, ya que los problemas de comunicación y acceso impiden que se cuantifiquen.

Por ello, es fundamental apoyar económicamente a los estados de Tabasco y Chiapas, para que se lleve a cabo una pronta y efectiva reconstrucción, siendo primordial otorgar todo el apoyo financiero posible. De esta manera, nos parece oportuno recordar que el Banco Mundial ha venido implementando un programa de cancelación de deuda para apoyar a los países en desarrollo que no pueden impulsar su crecimiento ante las limitaciones económicas, en cuyo caso se encuentra nuestro país, y más ante la contingencia que se vive por los desastres en el sureste.

Nuestra propuesta es exhortar al Poder Ejecutivo para que plantee ante dicha institución financiera, que se le condone a México un monto de deuda equivalente a las pérdidas económicas por las inundaciones y las lluvias, traduciéndose dicha cantidad en un apoyo solidario para un país responsable como el nuestro.

Por lo anteriormente expuesto, someto a su consideración el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta al gobierno federal para que realice las gestiones necesarias para que el Banco Mundial, en el marco de su programa de condonación de deuda, integre a México, en la proporción necesaria para la reconstrucción de las zonas afectadas por las inundaciones y deslaves en los estados de Tabasco y Chiapas, en el contexto del interés y la solidaridad internacional que se han manifestado para México.

Palacio Legislativo, a 21 de noviembre de 2007.

Diputado Élmar Darinel Díaz Solórzano (rúbrica)
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO, AL INAH, Y A LOS MUNICIPIOS DE OTUMBA, SAN MARTÍN DE LAS PIRÁMIDES Y SAN JUAN TEOTIHUACÁN A DESTINAR RECURSOS PARA EL SANEAMIENTO DEL RÍO SAN JUAN, A CARGO DEL DIPUTADO RAMÓN VALDÉS CHÁVEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE CONVERGENCIA

El suscrito, diputado federal Ramón Valdés Chávez, del Grupo Parlamentario de Convergencia de la LX Legislatura en la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con base en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía la siguiente:

Proposición con punto de acuerdo, de urgente u obvia resolución, por el que se exhorta al gobierno del Estado de México, al Instituto Nacional de Antropología e Historia, a los municipios de Otumba, San Martín de las Pirámides y San Juan Teotihuacan, para que en el ámbito de su competencia, destinen recursos para el saneamiento del rio San Juan, en razón de los siguientes

Antecedentes

En 1905, el entonces presidente de la república, Porfirio Díaz, elige a Teotihuacan como el sitio donde se realizará la celebración del centenario de la Independencia mexicana, y la pirámide del sol como emblema del acontecimiento. A partir de este momento histórico la dinámica social y económica de los pueblos circunvecinos a la zona arqueológica generó una serie de transformaciones en todos los ámbitos, derivadas de las oportunidades que ofrecía el tener en casa uno de los sitios arqueológicos más representativos del mundo prehispánico.

No obstante esta verdad incuestionable, hoy por hoy los pueblos del valle teotihuacano no han sido los más beneficiados por la afluencia de visitantes al sitio arqueológico, por el contrario, son quienes han tenido que sacrificar un sin fin de oportunidades por dar cumplimiento a leyes, normas y criterios del gobierno federal, quien al amparo de la conservación y protección del patrimonio arqueológico ha limitado la inversión, la generación de infraestructura básica, de servicios públicos y de atención al turista, entre otros. A esto se debe agregar la falta de visión de las autoridades municipales y estatales, quienes carecen de un Plan Integral de Desarrollo para la región, en el que se equilibren las disposiciones federales y los requerimientos de la población, sin poner en riesgo el patrimonio.

Derivado del vacío de planeación, más la creciente mancha urbana de la región, el afluente más importante del valle de Teotihuacan, se ha constituido en foco de infección para las comunidades que cruza, incluyendo a la zona arqueológica, sitio que presumimos ante el mundo y que hoy exhibe en su interior el pasado pero también el presente, con un río que arrastra frente al visitante las aguas negras de por lo menos tres municipios.

Pese a las demandas ciudadanas para sanear el río, hasta el momento no hay autoridad que enfrente la problemática de las comunidades ribereñas y la mala imagen que se ofrece al visitante que ingresa al sitio arqueológico.

Ante el mundo presentamos a la zona arqueológica de Teotihuacan como uno de los tesoros más preciados de México. Naciones Unidas lo ha decretado como patrimonio cultural de la humanidad, concursó para ser integrado como una de las siete nuevas maravillas del mundo y muy recientemente se presume de haber sido integrada como una de las 13 maravillas de México, y más aún, el gobierno del Estado de México ha propuesto desarrollar un corredor turístico; sin embargo la realidad nos ha rebasado. La zona arqueológica, con parte del río San Juan en su interior, requiere la urgente atención de sociedad y gobierno para que, por un lado protejamos el patrimonio cultural, y por el otro atendamos las necesidades de desagüe de los municipios que vierten sus desechos al río sin ningún control sanitario.

Por todo lo anterior, presento ante esta honorable asamblea las siguientes

Consideraciones

Punto de Acuerdo

Único. De urgente u obvia resolución, por el que se exhorta al gobierno del Estado de México, al Instituto Nacional de Antropología e Historia, a los municipios de Otumba, San Martín de las Pirámides y San Juan Teotihuacan, para que en el ámbito de su competencia, destinen recursos para el saneamiento del rio San Juan.

Comuníquese el presente punto de acuerdo al gobierno de Estado de México, al Instituto Nacional de Antropología e Historia, a los municipios de Otumba, San Martín de las Pirámides y San Juan Teotihuacan para su resolución.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de noviembre de 2007.

Diputado Ramón Valdés Chávez (rúbrica)
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA SEMARNAT Y A LA PROFEPA A APLICAR LAS MEDIDAS PERTINENTES PARA LA RESTAURACIÓN, LA CONSERVACIÓN Y EL MANEJO SUSTENTABLE DE LOS MANGLARES, CON BASE EN LA LEGISLACIÓN VIGENTE EN LA MATERIA, A CARGO DE LA DIPUTADA SILVIA LUNA RODRÍGUEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE NUEVA ALIANZA

Silvia Luna Rodríguez, diputada federal integrante del Grupo Parlamentario Nueva Alianza de la LX Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presento a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, mediante la cual se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente a aplicar las medidas pertinentes para la restauración, conservación y manejo sustentable de los manglares con base en la legislación vigente en la materia, a partir de las siguientes

Consideraciones

Las zonas costeras son áreas de gran riqueza natural y en ellas se da el crecimiento urbano directamente relacionado con el desarrollo económico. Estos ecosistemas muy productivos han soportado, por años, la extracción y uso de sus recursos dando pie a la devastación de grandes áreas o coberturas naturales. De tal forma que, resulta común asociar el manejo de recursos costeros con problemas en área de la pesca, manglares, desarrollo sustentable, demanda de alimentos, generación de divisas y turismo.

En México las actividades industriales poco sustentables y altamente extractivas tales como la acuacultura del camarón, el turismo a gran escala y la construcción de infraestructura han determinado un acelerado proceso de devastación de los manglares causando graves daños ambientales y sociales, lo que representa un problema serio para la conservación de este ecosistema.

Los manglares son comunidades de ciertas especies de plantas leñosas que habitan en zonas tropicales y subtropicales del mundo a lo largo de los bordes de lagunas costeras, estuarios, desembocaduras de ríos y bahías, así como en algunas islas, estableciéndose en la interfase de influencia del agua marina y las descargas de agua continentales. Esta característica única, permite que los manglares alberguen una gran biodiversidad y que constituyan un ecosistema irremplazable y único, que alberga a una increíble variedad de flora y fauna por lo que se los considera como una de las cinco unidades ecológicas más productivas del mundo.

Ecológicamente el manglar desempeña tareas importantes que permiten un equilibrio natural¹:

La Semarnat informó que hay 654 mil hectáreas de manglar en territorio nacional, 246 mil hectáreas menos que en 2002. Esta cifra indica que en 24 años desapareció alrededor de 75 por ciento del ecosistema, de acuerdo con información de las organizaciones Greenpeace, Teyeliz, Defenders of Wildlife, Centro Mexicano de Derecho Ambiental, IFAW y Conservación de Mamíferos Marinos de México. Aún así, continúan las presiones del sector turístico para impulsar una legislación laxa que les permita desarrollar sus obras.

El 1 de febrero del año en curso, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma a la Ley General de Vida Silvestre con la cual:

"Queda prohibida la remoción, relleno, transplante, poda, o cualquier obra o actividad que afecte la integralidad del flujo hidrológico del manglar; del ecosistema y su zona de influencia; de su productividad natural; de la capacidad de carga natural del ecosistema para los proyectos turísticos; de las zonas de anidación, reproducción, refugio, alimentación y alevinaje; o bien de las interacciones entre el manglar, los ríos, la duna, la zona marítima adyacente y los corales, o que provoque cambios en las características y servicios ecológicos.

Se exceptuarán de la prohibición a que se refiere el párrafo anterior las obras o actividades que tengan por objeto proteger, restaurar, investigar o conservar las áreas de manglar"⁵.

Hasta ahora y a pesar de la reforma citada y del Programa Nacional de Manglares que debería estar operando, los manglares en México siguen deteriorándose a pasos agigantados, a pesar de que "prestan servicios ambientales a millones de mexicanos: mitigan los efectos de huracanes, marejadas, inundaciones, erosión costera, son la maternidad y zona de crianza de más del 70 por ciento de las pesquerías comerciales".

El 29 de octubre, el secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, ingeniero Juan Rafael Elvira Quesada, presentó el Inventario Nacional de Manglares que según sus propias palabras, es el primer instrumento confiable que nos permite conocer con certeza la cobertura de manglar que existe en el país. Actualmente y según las imágenes satelitales registradas en los dos últimos años y los mapas de vegetación y uso del suelo que se utilizaron para hacer el inventario, existen en nuestro país 654 mil 950 hectáreas de manglar.

El secretario mencionó que "al contar con la mejor información científica posible, el gobierno federal tiene la oportunidad de establecer políticas públicas para proteger y conservar los manglares de México, lo cual es una tarea prioritaria de la presente administración, ya que estos ecosistemas constituyen una parte importante de la riqueza natural del país a lo largo de la línea de costa de ambos litorales y es considerado uno de los ecosistemas más ricos del planeta".⁷

Es en este sentido que el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza hace un llamado al gobierno federal, a través de la Semarnat y la Profepa, para que se elabore una estrategia nacional con el fin de reforzar la protección y conservación de los manglares y cuidar que se respete la Ley General de Vida Silvestre.

Por lo anteriormente expuesto someto a consideración de esta honorable soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

De urgente y obvia resolución.

Único. Se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente a aplicar las medidas pertinentes para la restauración, conservación y manejo sustentable de los manglares con base en la legislación vigente en la materia.

Notas
1) Datos obtenidos de la página de Red Manglar Internacional. (http://www.redmanglar.org)
2) "Sigue la depredación del manglar; en 24 años desapareció 75 por ciento de ese ecosistema" en el diario La Jornada, sección Sociedad y Justicia, 12 de noviembre de 2007, página 53.
3) Patricia Dávila, "En 24 años México ha perdido 75 por ciento de ecosistemas de manglares" en Proceso, 19 de octubre de 2007. (http://proceso.com.mx/noticia.html?sec=1&nta=54621&nsec=Nacional)
4) Semarnat. Política Ambiental Nacional para el Desarrollo Sustentable de Océanos y Costas. Estrategias para su conservación y uso sustentable. Subsecretaría de Planeación y Política Ambiental. México, 8 de junio de 2006, página 66.
5) Artículo 60 Ter de la Ley General de Vida Silvestre.
6) Artículo 99 de la Ley General de Vida Silvestre.
7) Mario Mendoza. El Inventario Nacional de Manglares, Herramienta Fundamental para la conservación del Ecosistema: Elvira Quesada, en Planeta Azul, 29 de octubre del 2007.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 22 de noviembre de 2007.

Diputada Silvia Luna Rodríguez (rúbrica)
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A REALIZAR, MEDIANTE LA SSP, LA PGR, EL GOBIERNO DE BAJA CALIFORNIA Y LOS AYUNTAMIENTOS DE DICHA ENTIDAD, OPERACIONES COORDINADAS PARA IDENTIFICAR Y RECUPERAR AUTOMÓVILES ROBADOS, A CARGO DEL DIPUTADO CARLOS ALBERTO TORRES TORRES, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN

El suscrito, diputado de la Sexagésima Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto ante la Cámara el presente punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, con base en las siguientes

Consideraciones

1. Que el progreso de toda nación se funda en la justicia efectiva que brinda el estado de derecho. El desarrollo humano precisa del respeto irrestricto de la ley, porque es mediante su aplicación que las personas pueden acceder a mejores oportunidades de vida, participar libre y responsablemente de la democracia y disfrutar de una vida y un patrimonio seguros. Ningún Estado democrático puede lograrse sin la plena vigencia de la legalidad.

2. Que la violencia con la que convive actualmente la población mexicana se traduce en un problema de seguridad pública, tanto por la dimensión que ha adquirido la muerte por dichas causas, como por los efectos materiales y emocionales que ocasiona, y cuyo origen se encuentra en factores demográficos, psicológicos, económicos, sociales, entre otros.

3. Que en la última década, el mercado de la seguridad privada creció aproximadamente un 400 por ciento. Ello, aun cuando es deber del Estado garantizar la seguridad pública, debido a la creciente violencia, ha proliferado la contratación de servicios privados de protección.

4. Que la industria del robo de vehículos es considerado en la actualidad, uno de los delitos que mayores ganancias dejan a la delincuencia organizada, superada principalmente por el narcotráfico. La industria del robo de autos en México es un negocio que según investigaciones deja ganancias de al menos 400 millones de dólares anuales.

5. Que según las estadísticas de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, casi el 50 por ciento de los robos de automóviles se producen con violencia.

6. Que en proporción con su población, Baja California se encuentra entre las entidades en las que más robos de automóviles se producen, sólo por debajo del Distrito Federal y Jalisco. Además, es el único estado de la república en el que en el 100 por ciento de sus municipios se produce con regularidad dicho ilícito, solamente igualado por el Distrito Federal.

7. Que en relación con la recuperación de automóviles, Baja California se encuentra entre los últimos tres estados de la república en este rubro, junto con Baja California Sur y Oaxaca.

8. Que en el Plan Nacional de Desarrollo se señala que "No se debe permitir que ningún estado de la república sea rehén del narcotráfico, del crimen organizado o de la delincuencia."

9. Que la política preventiva es parte sustancial del combate contra el crimen, por lo que es necesario dar impulso a programas y acciones integrales a nivel nacional, regional, estatal y municipal, a fin de evitar que haya más mexicanos que se conviertan en delincuentes, que sufran violación a su integridad y su patrimonio.

10. Que el gobierno debe realizar todos los esfuerzos necesarios para reducir los espacios en que se mueven los criminales, a través de una política integral que coordine esfuerzos y recursos de los tres órdenes de gobierno para el combate a la delincuencia.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presento a la consideración de esta honorable Cámara el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Este cuerpo de representantes de la nación, exhorta al Ejecutivo federal, por conducto de la Secretaría de Seguridad Pública y de la Procuraduría General de la República, así como al gobierno de Baja California y a los ayuntamientos de dicho estado, por conducto de las dependencias homólogas, a realizar coordinadamente operativos en dicha entidad federativa, para la identificación y recuperación de automóviles robados.

Palacio Legislativo, a 22 de noviembre de 2007.

Diputado Carlos Alberto Torres Torres (rúbrica)
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL SECRETARIO DE SALUD A CONCLUIR EL PROCEDIMIENTO A FIN DE EMITIR LA NORMA OFICIAL SOBRE "VIOLENCIA FAMILIAR, SEXUAL Y CONTRA LAS MUJERES. CRITERIOS PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN", A CARGO DE LA DIPUTADA HOLLY MATUS TOLEDO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD

La que suscribe, diputada Holly Matus Toledo, integrante a la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

El Estado mexicano ha suscrito diversos compromisos internacionales para proteger a las víctimas de violencia familiar, y ha reconocido su obligación de establecer leyes e instituciones especializadas para la prevención y atención de este grave problema social.

El gobierno mexicano ha asumido una postura clara, al considerar a la violencia familiar como un problema de salud pública; y para su correcta atención, emitió en marzo del año 2000, la NOM-190-SSA1-1999. Prestación de servicios de salud. Criterios para la Atención Médica de la Violencia Familiar. Esta norma nació bajo el fundamento de convertirse en un instrumento para atender en los establecimientos de salud a las personas involucradas en situación de violencia familiar, y para contribuir a la prevención de la misma.

Ante la necesidad de ampliar el campo de acción de este ordenamiento y considerando lo estipulado en el artículo 51, párrafo 3, de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, en donde se menciona que las normas oficiales mexicanas deberán ser revisadas cada 5 años, a partir de la fecha de su entrada en vigor, debiendo notificarse al secretariado técnico de la Comisión Nacional de Normalización los resultados de la revisión, dentro de los 60 días naturales posteriores a la terminación del periodo quinquenal correspondiente.

El proyecto de norma oficial mexicana plantea varios cambios, el primero, su nombre, para denominarse NOM 046-SSA2-2005, Violencia Familiar, Sexual y contra las Mujeres: Criterios para la Prevención y Atención; con el que se busca dar un carácter más amplio a los servicios de salud a que tienen derecho las víctimas de estos tipos de violencia.

En este documento el personal de salud también tendría bajo su responsabilidad realizar las acciones médicas para prevenir infecciones de transmisión sexual e informar a las mujeres las alternativas legales a su disposición para acceder a la interrupción legal del embarazo, si fuera necesario.

La Secretaría de Salud decidió actualizar la norma oficial mexicana e incorporó en el anteproyecto de la nueva conceptos como el de violencia sexual y la obligación de los prestadores de servicios de salud de ubicar el problema y, en su caso, ofrecer a las víctimas femeninas de este tipo de agresión la anticoncepción de emergencia (o pastilla del día siguiente) para evitar el riesgo de un embarazo no deseado.

Este último tema, se incorporó a la nueva norma oficial mexicana en cumplimiento del compromiso contraído por México ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el acuerdo de solución amistosa del conocido caso Paulina, quien fue víctima de violación y se le negó la posibilidad de aborto legal en Tijuana, Baja California. La afectada, acompañada por representantes de organizaciones de la sociedad civil, emprendió una batalla legal para que el Estado reparara el daño ocasionado.

La revisión y actualización del documento estuvo a cargo de la misma Secretaría de Salud durante la pasada administración. El trabajo se concluyó y pasó a revisión de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (Cofemer), instancia que emitió un dictamen final aprobatorio desde el pasado 12 de enero del presente.

La evaluación de la NOM 046-SSA2-2005 realizada por la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (Cofemer), concluyó con un dictamen aprobatorio, y sólo planteó sugerencias para modificar la redacción de algunos de los numerales, con la finalidad de evitar confusiones y resaltar que la práctica médica de un aborto está supeditada, única y exclusivamente, a la legislación de los estados en cuanto a su autorización.

La Cofemer solicitó a la Secretaría de Salud que se tomen en cuenta los siguientes aspectos en la redacción definitiva del documento:

El argumento de la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Salud –a cargo de Bernardo Fernández del Castillo, ex abogado de la Arquidiócesis de México– es que aún se encuentra "en revisión"; de hecho, el proyecto de norma oficial mexicana tendría que haberse ya incluido en el Diario Oficial de la Federación, para el periodo de comentarios, antes de su publicación definitiva, según prevé el artículo 47 de la mencionada ley.

No existe justificación alguna para el retraso de la publicación de la NOM 046-SSA2-2005, "Violencia Familiar, Sexual y contra las Mujeres: Criterios para la Prevención y Atención", ya que fue analizada por expertos en diversas ramas del derecho, quienes concluyeron que es congruente con el marco jurídico nacional y consistente con los instrumentos internacionales en la materia.

Por lo antes expuesto, y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorta al titular de la Secretaría de Salud a contestar y fundamentar las observaciones presentadas por el Comité de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria al anteproyecto de Norma Oficial Mexicana NOM-046-SSA2-2005, "Violencia Familiar, Sexual y contra las Mujeres. Criterios para la Prevención y Atención"; y a proceder a realizar las modificaciones solicitadas en un plazo no mayor de 15 días.

Segundo. En caso de no considerar justificadas las observaciones presentadas por la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, se exhorta a la Secretaría de Salud a solicitar a la Presidencia de la Cofemer, sin modificar su anteproyecto, que ordene la publicación, como proyecto, en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 22 de noviembre de 2007.

Diputada Holly Matus Toledo (rúbrica)
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, RELATIVO AL IMPUESTO DE REFRENDO VEHICULAR QUE PRETENDE COBRARSE EN JALISCO, A CARGO DEL DIPUTADO SALVADOR BARAJAS DEL TORO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI

Hace unas semanas el gobernador de mi estado, Jalisco, el señor Emilio González Márquez, informó que para el año 2008 todos los poseedores de vehículos, nuevos o usados, tendrían que renovar sus placas, con un costo de mil 200 pesos, que incluiría placas nuevas, engomados, refrendo y tarjeta de circulación.

Esta nueva carga impositiva iba, sin duda, a afectar directamente el bolsillo de millones de jaliscienses, como siempre, de los que menos tienen, ya que, como todos sabemos, tener un vehículo automotor ya no es, como antes, un lujo para unos pocos.

Al contrario, actualmente para muchos tener un coche se ha convertido en un medio imprescindible de traslado, ante la falta de un transporte público eficaz; y para otros tantos, miles de familias, tener un taxi o un microbús es su única manera de ganarse la vida y subsistir, por la falta de otra clase de empleos.

Bastaría con darnos cuenta de que, de acuerdo con recientes estimaciones, más de la mitad del parque vehicular de Jalisco se compone de vehículos antiguos o legalizados, que regularmente son usados para el comercio o para el transporte de productos del campo.

Hubieran sido los más perjudicados, como ya señalé en líneas anteriores, en efecto, los que menos tienen, pues serían sin duda los poseedores de vehículos que no podrían pasar la verificación con que venía aparejada esta medida para reducir el costo del reemplacamiento.

Por otro lado, se buscaba, con el dinero recabado, supuestamente fomentar la inversión y llevar a cabo una serie de proyectos; en realidad, de dudosos beneficios para el estado de Jalisco; asimismo, financiar los Juegos Panamericanos de Guadalajara de 2011.

Algo similar se dijo en 1968, cuando se estableció un impuesto vehicular por única ocasión, llamado tenencia, que ahora tiene casi 40 años de estarse cobrando de manera ininterrumpida.

Por si todo esto fuera poca cosa, los jaliscienses todavía recordamos que hace unos cuantos años ya se hizo un reemplacamiento con motivo de la creación del registro vehicular que impulsó el gobernador Ramírez Acuña, quién aseguró que las nuevas placas durarían hasta 10 años.

Fue a la luz de estos hechos, ante una medida impositiva tan impopular, que el gobernador González Márquez decidió suspender el ahora llamado "placazo".

De manera lamentable, lo hizo sólo para, obstinadamente, anunciar un nuevo impuesto, en esta ocasión de 250 pesos para el refrendo vehicular, causando, por supuesto, otra vez el enojo de la población, a la que insiste en cargarle más y más impuestos para una supuesta infraestructura que sigue sin convencer a nadie.

Lo anterior, no obstante que gracias a la aprobación de la nueva reforma fiscal que está en puerta, ingresarían al estado de Jalisco, aproximadamente 50 mil millones de pesos y, con base en el IEPES, y los impuestos a la gasolina las arcas estatales contarían con aproximadamente 4 mil millones adicionales.

Es decir, estamos hablando de alrededor de 54 mil millones de pesos, 7 mil millones de pesos más de los 47 mil que había pedido el gobierno del estado.

De ahí que al hacerse evidente que no es para nada oportuno el que se pretenda cobrar más impuestos a la población, los priístas, particularmente el de la voz –como representante popular por el estado de Jalisco–, consideramos necesario hacer un llamado al titular del Ejecutivo estatal para que, de una vez por todas, desista de presentar esta iniciativa u otras similares que no tienen razón de ser y, mucho menos, la aprobación de la población.

No es posible que, si se espera recibir una cuantiosa cantidad de recursos para Jalisco, se continúe con la intención de aumentar los impuestos.

En todo caso, si el señor gobernador desea allegarse de recursos adicionales, bien podría tratar de reducir los altos costos que generan tanto su gobierno como la burocracia estatal, tema que, por cierto, ha causado desde hace tiempo el descontento y la queja de los ciudadanos en Jalisco y que está en los últimos días en boca de todos.

No por nada, apenas el pasado martes el periódico Reforma da cuenta del engrosamiento de la burocracia estatal, en un artículo en el que, citando los últimos informes de gobierno, señala que cada año, desde 1995, la administración pública estatal ha incurrido en un aumento en la nómina de oficinistas, a un ritmo más acelerado que el aumento de habitantes.

Esto significa que la cantidad de empleados creció, de 1995 a la fecha, un 47 por ciento, contra un 15 por ciento de aumento en la población en el mismo periodo.

No obstante estos datos, que por supuesto no desconoce el señor gobernador, pues –como indica el reportaje del Reforma– provienen de los informes de gobierno; ahora Emilio González ha anunciado su pretensión de seguir engrosando dicha burocracia con el aumento de 300 nuevas plazas para el año entrante.

Todo esto, indudablemente, contradice sus propias promesas de hacer eficiente la administración y mejorar los servicios sin aumentar el número de plazas.

Es en virtud a todo antes expuesto, me permito someter a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados hace llegar un atento exhorto al gobernador del estado de Jalisco, Emilio González Márquez, para que se abstenga de presentar al Congreso local la iniciativa de ley que pretende gravar en 250 pesos el referendo vehicular en dicha entidad federativa; a la vez que le hace un llamado para que, si desea allegarse de mayores recursos, considere otra clase de mecanismos que no afecten a la población, como la disminución en los gastos de su gobierno y de la burocracia estatal y, señaladamente, que se abstenga de seguir engrosando dicha burocracia.

Salón de sesiones de la honorable Cámara de Diputados, a 22 de noviembre de 2007.

Diputado Salvador Barajas del Toro (rúbrica)
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA SEGOB A HACER RESPETAR MEDIANTE SU DIRECCIÓN GENERAL DE RADIO, TELEVISIÓN Y CINEMATOGRAFÍA EL ACUERDO POR EL QUE SE EMITEN LOS CRITERIOS GENERALES DE CLASIFICACIÓN, SUSCRITA POR LOS DIPUTADOS ALEJANDRO LANDERO GUTIÉRREZ, MARÍA GABRIELA GONZÁLEZ MARTÍNEZ Y LUIS GUSTAVO PARRA NORIEGA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN

Los suscritos, diputados federales Alejandro Landero Gutiérrez, María Gabriela González Martínez y Luis Gustavo Parra Noriega, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interno del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta asamblea, la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía de la Secretaría de Gobernación a hacer respetar el acuerdo emitido por la Secretaría de Gobernación publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 2 de marzo de 2007, por el que se emiten los criterios generales de clasificación de películas, telenovelas, series filmadas y teleteatros grabados, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La televisión no es sólo un instrumento de entretenimiento, es un medio de comunicación que democratiza los espacios de expresión cultural y permite la integración y expresión de las minorías, ayuda a la difusión de las ciencias y las artes, permite el acceso inmediato a la información, tanto nacional como internacional, y acerca a los pueblos y a las culturas.

Además de todo esto, como lo marcan los artículos 4o. y 5o. de la Ley Federal de Radio y Televisión, la televisión tiene la función social de contribuir al fortalecimiento de la integración nacional y el mejoramiento de las formas de convivencia humana.

Por el impacto que tiene, la programación que se transmite a través de la señal abierta debe procurar el respeto a la dignidad humana.

Por ello, es que el Reglamento de la Ley Federal de Radio y Televisión estipula los criterios para la clasificación de las películas cinematográficas, series filmadas, telenovelas y teleteatros grabados para proteger de imágenes, lenguaje o acciones que pudiesen ofender, denigrar o perturbar a los telespectadores.

Conocer la clasificación de los programas televisivos, permite a los padres de familia cuidar que los programas que observan sus hijos sean apropiados para su edad, cuidando de su sano desarrollo e integridad.

En el artículo 26 del Reglamento de la Ley Federal de Radio y Televisión obliga a los concesionarios mediante locutor o aviso en pantalla a anunciar las clasificaciones correspondientes en los términos del artículo 23 del mismo reglamento, al inicio de la exhibición y durante ella cada diez minutos.

Sin embargo, los concesionarios han dejado de hacerlo o se limitan sólo a algunos programas, esto no permite orientar a los padres de familia del contenido de ciertos programas que no son aptos para todo público y que pudiesen confundir a los niños y a los jóvenes.

Cada día aparecen más programas que muestran acciones, imágenes y lenguaje que poco ayudan en la difusión del respeto a la dignidad humana, y al sano desarrollo de niños y adolescentes; son precisamente estos programas, los que más carecen de información clasificatoria.

El 2 de marzo de 2007 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo mediante el cual se emiten los criterios generales de clasificación de películas, telenovelas, series filmadas y teleteatros grabados; clasificación que obliga a todos los concesionarios y permisionarios a acatarla.

Dicha clasificación se divide en:

La libertad de expresión es un derecho garantizado en los artículos 6o. y 7o. de la Constitución Política de México, libertad que permite a los medios de comunicación difundir los contenidos de su programación sin que sean sujetos de inquisición judicial. En Acción Nacional somos defensores de la libertad de expresión, pero también sostenemos que los medios de comunicación deben asumir su responsabilidad social.

Por las razones expuestas, se solicita poner a consideración de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía de la Secretaría de Gobernación a monitorear y hacer respetar el acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 2 marzo de 2007, por el que se emiten los criterios generales de clasificación y sus horarios de transmisión de películas, telenovelas, series filmadas y teleteatros grabados.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de noviembre de 2007.

Diputados: Alejandro Landero Gutiérrez , María Gabriela González Martínez, Luis Gustavo Parra Noriega, (rúbricas).
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE CREA LA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN DEL DAÑO PATRIMONIAL CAUSADO A PEMEX POR LA ENTREGA IRREGULAR DE MIL 724 MILLONES DE PESOS AL SINDICATO DE TRABAJADORES PETROLEROS DE LA REPÚBLICA MEXICANA Y PARA TRANSPARENTAR LA ASIGNACIÓN DE LOS INGRESOS EXCEDENTES POR EL INCREMENTO DEL PRECIO DEL PETRÓLEO, A CARGO DEL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL PEÑA SÁNCHEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD

El suscrito, diputado federal Miguel Ángel Peña Sánchez, integrante del Grupo Parlamentario del PRD de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 34 y 41 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos, somete a consideración de esta soberanía el presente punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

En el análisis de las cuentas públicas correspondientes a 2002, 2003 y 2004, la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados detectó recursos que Petróleos Mexicanos (Pemex) otorgó a su sindicato y que, hasta el momento, no se han podido fiscalizar.

Señoras y señores legisladores, en la pugna por la transparencia, a cada día y a cada momento nos enteramos, no sin preocupación, que nuestra lucha apenas comienza, tal como demuestra el caso que ahora nos ocupa, por el que se relaciona a petróleos mexicanos con el posible desvío de recursos de la paraestatal al sindicato de Pemex, encabezado por el señor Carlos Romero Deschamps.

El caso es tal que dos de los implicados en el acuerdo para el flujo de mil 724 millones de pesos a las arcas sindicales, Raúl Muñoz Leos y Juan Carlos Soriano Rosas, involucraron a otro ex director de la paraestatal, al señor Luis Romero Corzo, así como a otros ex servidores públicos de Pemex.

Es importante tomar conciencia del enorme problema de corrupción al interior de dicha paraestatal, un problema que requiere de la intervención y el seguimiento especial de esta honorable Cámara de Diputados.

Un desvío de recursos de dicha magnitud sólo se puede lograr con la venia y protección de altos funcionarios y autoridades. ¿Hasta cuando Pemex, la empresa de todos los mexicanos podrá seguir solapando, consecuentando y soportando el saqueo de sus recursos? y ¿hasta cuando nosotros los legisladores lo vamos a permitir?

Estamos hablando de un monto cercano a 2 mil millones de pesos, una cantidad estratosférica, que representa una burla y una humillación para los 60 millones de mexicanos que viven en la pobreza y a los que ahora se les esta exigiendo un mayor sacrificio con la reforma fiscal.

Para solicitar un mayor sacrificio impositivo a la sociedad debemos iniciar por hacer eficiente y transparente la administración pública federal. De nada servirá modificar el régimen fiscal de Pemex, para dotarlo de mayor flexibilidad y holgura financiera, si no cerramos las grandes fugas de recursos por corrupción.

En este escenario, es importante que se proceda a una profunda investigación, que transparente a fondo las finanzas de la paraestatal, y se castigue a todos aquellos implicados en el saqueo de sus finanzas, independientemente de su jerarquía, cargo o posición política. Porque mientras exista opacidad e impunidad siempre habrá corrupción.

Pero lo peor es que el saqueo a Pemex ya se ha vuelto una costumbre y una tradición, tan es así que ya nos estamos acostumbrando. Ahí esta el desvío de recursos de la paraestatal al mismo sindicato en el año 2000, por 2 mil 220 millones de pesos que en palabras del entonces diputado federal, Carlos Romero Deschamps y el senador Ricardo Aldana Prieto, dirigentes del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, recibieron el dinero por órdenes del ex director de la paraestatal Rogelio Montemayor Seguy, a través de la Dirección Corporativa de Finanzas, a cargo del señor Juan José Domene.

Lo que en la actualidad estamos viviendo es la reedición del llamado pemexgate, o lo que podría ser, en términos cinematográficos, el "pemexgate recargado". Donde los nuevos actores son Raúl Muñoz Leos y Juan Carlos Soriano Rosas, ex director y ex abogado de Petróleos Mexicanos (Pemex), respectivamente, dos de los ex funcionarios que propiciaron el quebranto a la paraestatal por mil 724 millones de pesos.

Pero dichas personalidades sólo representan la punta del iceberg de toda una red de corrupción y encubrimiento, dentro y fuera de la paraestatal. Es nuestro deber tomar las medidas necesarias para que estos hechos tan lamentables no se vuelvan a repetir.

De igual manera consideramos que para fortalecer el rubro de la transparencia en el uso y manejo de los recursos públicos, en la paraestatal, se debe establecer como objetivo de esta comisión el seguimiento puntual sobre el uso y asignación de los excedentes petroleros, recursos sobre los que todavía quedan muchas dudas e interrogantes.

Es por todo lo antes expuesto que proponemos el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La honorable Cámara de Diputados crea la comisión investigadora, encargada de

Diputados: Miguel Ángel Peña Sánchez, Valentina Valia Batres Guadarrama, Cuitláhuac Condado Escamilla, Guadalupe Socorro Flores Salazar, Juan Adolfo Orcí Martínez, Víctor Manuel Lizárraga Peraza, María Soledad López Torres, Carlos Orsoe Morales Vázquez, Holly Matus Toledo, Rutilio Cruz Escandón Cadenas, Jaime Espejel Lazcano, Sergio Hernández Hernández, Santiago López Becerra, Maribel Luisa Alva Olvera, José Jacques y Medina, Javier Hernández Manzanares, Fernel Arturo Gálvez Rodríguez, Susana Monreal Ávila, Camerino Eleazar Márquez, Aurora Cervantes Rodríguez, Isidro Pedraza Chávez, Martín Ramos Castellanos, Alejandro Martínez Hernández, Carlos Ernesto Navarro López, Adriana Díaz Contreras, Aleida Alavez Ruiz, Roberto Mendoza Flores, Francisco Sánchez Ramos, Alma Lilia Luna Munguía, Francisco Martínez Martínez, Hugo Eduardo Martínez Padilla, Octavio Martínez Vargas, Venancio Luis Sánchez Jiménez, Raciel Pérez Cruz, Juan Darío Arreola Calderón, Alliet Mariana Bautista Bravo, Salvador Ruiz Sánchez, José Antonio Saavedra Coronel, Francisco Javier Santos Arreola, Martín Zepeda Hernández, Amador Campos Aburto, Modesto Brito González, Ramón Almonte Borja, Cuauhtémoc Sandoval Ramírez, Jesús Evodio Velázquez Aguirre, Odilón Romero Gutiérrez, Carlos Sánchez Barrios, Moisés Félix Dagdug Lützow, José Antonio Almazán González, Fausto Flavio Mendoza Maldonado, Miguel Ángel Arellano Pulido, Antonio Soto Sánchez, Francisco Márquez Tinoco, Juan Hugo de la Rosa García, Adrián Pedrozo Castillo, José Luis Gutiérrez Calzadilla, Rafael Villicaña García, Mario Vallejo Estévez, Humberto Wilfredo Alonso Razo, Rosa Elva Soriano Sánchez, Raúl Ríos Gamboa, Irineo Mendoza Mendoza, Ramón Félix Pacheco Llanes, María Elena Torres Baltazar, Pablo Trejo Pérez, Andrés Lozano Lozano, Carlos Ernesto Navarro López, David Sánchez Camacho, César Flores Maldonado, Maricela Contreras Julián, Adrián Pedroza Castillo, Víctor Hugo García Rodríguez, Celso David Pulido Santiago, Alberto Amaro Corona, Lourdes Alonso Flores, Efraín Morales Sánchez, Daniel Torres García, Cuauhtémoc Sandoval Ramírez, Alejandro Martínez Hernández, Gloria Rasgado Corsi, Carlos Roberto Martínez Martínez, Pedro Landero López, Victorio Rubén Montalvo Rojas, Claudia Lilia Cruz Santiago, Víctor Gabriel Varela López, María Elena Torres Baltazar, Concepción Ojeda Hernández, José Alfonso Suárez del Real y Aguilera, Silvia Oliva Fragoso, Ana Yurixi Leyva Piñón, Jesús Humberto Zazueta Aguilar, Daniel Dehesa Mora, Fernando Mayans Canabal, Daisy Selene Hernández Gaytán, Alberto López Rojas, Alejandro Sánchez Camacho, Héctor Narcia Álvarez, Carlos Orsoe Morales Vázquez, Juan Martín, Othón Cuevas Córdova, José Jácquez y Medina, Sonia Nohelia Ibarra Franquez, Silvestre Álvarez Ramón, Rafael Plácido Ramos Becerril, Raymundo Cárdenas Hernández, Javier González Garza, Rosario Ignacia Ortiz Magallón, Faustino Soto Ramos, Armando Barreiro Pérez, Tonatiuh Itzcóatl Bravo Padilla, Juan Nicasio Guerra Ochoa, Ruth Zavaleta Salgado, Francisco Javier Calzada Vázquez, Mónica Fernández Balboa, Higinio Chávez García, Mario Enrique del Toro, Antonio Ortega Martínez, Joaquín Conrado de los Santos Molina, Rafael Franco Melgarejo, Neftalí Garzón Contreras, Érick López Barriga, Miguel Ángel Solares Chávez, María Eugenia Jiménez Valenzuela, Emilio Ulloa Pérez, Irene Aragón Castillo, Víctor Aguirre Alcalde, Silvestre Álvarez Ramón, Armando Villanueva Albarrán, Benjamín Hernández Silva (rúbricas).
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A PUBLICAR LA LEY PARA PREVENIR Y SANCIONAR LA TRATA DE PERSONAS, A CARGO DE LA DIPUTADA MARICELA CONTRERAS JULIÁN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD

En palabras de Kofi Annan, ex secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, la trata de personas constituye el siniestro reverso oculto de la globalización.

La explotación sexual y la trata de personas representan una afrenta y plaga mundial, y la forma de esclavitud moderna.

La problemática de la trata de personas no es exclusiva de nuestro país; es un problema de índole mundial: cada año, millones de personas, la mayoría mujeres y niños, son engañados, vendidos, coaccionados o sometidos a diferentes situaciones de explotación de carácter laboral o sexual. Por ello resulta urgente actuar en el ámbito legislativo para hacer frente al problema, tanto desde el punto de vista preventivo como a través de un tratamiento que permita su erradicación.

En meses pasados, un reporte publicado por el Departamento de Estado de Estados Unidos sitúa nuestro país como un lugar de fuente, destino y tránsito para el tráfico de personas con fines de explotación sexual o trabajo forzado. Textualmente, menciona lo siguiente:

De igual forma, señala que hay redes de organizaciones criminales que realizan un tráfico de niñas y de adultas de México hacia Estados Unidos para explotación sexual.

Se calcula que entre 16 mil y 20 mil niños mexicanos y centroamericanos son sujetos de abuso sexual, principalmente en la franja fronteriza y destinos turísticos. Por otro lado, el Unicef ha reportado que de las 31 entidades federativas, 21 están involucradas en la explotación sexual. De éstas, destacan las localidades de Ciudad Juárez, Tapachula, Tijuana, Acapulco, Cancún y Guadalajara.

Un estudio elaborado por la Escuela Nacional de Antropología e Historia revela que en México un aproximado de 85 mil niños mexicanos y centroamericanos está siendo explotado en la industria sexual y que sólo en la Ciudad de México 150 mil adultos se dedican a la prostitución; 99 por ciento no es oriundo del Distrito Federal, 75 por ciento se inició en la prostitución cuando contaba con 13 años.

Sin embargo, el delito de la trata de personas no ocurre sólo dentro de los países, sino que en muchas de las ocasiones las víctimas son trasladadas de un país a otro, con la finalidad de ser explotadas, de ahí la necesidad de crear instrumentos internacionales que propicien la cooperación entre naciones, a fin de suprimir este delito, que va más allá de las fronteras.

En ese sentido, la Asamblea General de Naciones Unidas adoptó la Convención contra la Delincuencia Organizada Transnacional y el Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, especialmente mujeres y niños, en diciembre de 2000, ratificado por el Senado de la República el 22 de octubre de 2002; en este instrumento internacional se dice que se entenderá por trata de personas "la contratación, el transporte, el ocultamiento o el recibo de personas, por medio de amenazas o del uso de la fuerza u otras formas de coacción, de secuestro, de fraude, de engaño, del abuso de poder o de una posición de vulnerabilidad o de la entrega o percepción de pagos o de beneficios a fin de obtener el consentimiento de una persona que posea control sobre otra, con fines de explotación".

Frente a la problemática expuesta, México se colocó en la lista especial de observación en cuanto a la aplicación de medidas para atender el tema que nos ocupa, en virtud de que no cuenta con una legislación nacional que permita combatir adecuadamente el tráfico de personas, y no hay una eficiente coordinación entre las instancias encargadas de procuración e impartición de justicia, toda vez que la trata de personas es un delito que viola los derechos humanos más fundamentales que repercute en cuestiones de estructura de los Estados, en el tejido social y económico, y en la organización de las sociedades.

El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer ha instado al Estado mexicano a poner el máximo empeño en combatir la trata de niñas y de adultas, en particular mediante la pronta aprobación del proyecto de Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas. Ha exhortado también a nuestro país a emprender acciones para la rehabilitación de las víctimas y su reintegración en la sociedad, además de recomendar campañas nacionales de concienciación para prevenir a las niñas y a las adultas sobre los riesgos y las consecuencias de la trata. El comité ha demandado la capacitación de funcionarios de migración, policías y guardias de vías terrestres, fronteras y costas sobre las causas, las consecuencias y la incidencia de la trata de niñas y de adultas, y las distintas formas de explotación.

De ahí que el pasado 2 de octubre, el Senado de la República aprobara el decreto que expide la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, después que fue presentada la iniciativa en diciembre de 2004, por los entonces senadores Enrique Jackson Ramírez, Ramón Mota Sánchez y Sadot Sánchez Carreño.

Contar con una ley en la materia representará los siguientes avances:

Entidad federativa     Sanción

Coahuila                   De 4 a 9 años de prisión
Guerrero                   De 5 a 10 años de prisión
Hidalgo                     De 2 a 8 años de prisión
Jalisco                       De 2 a 4 años de prisión
Estado de México     De 4 a 9 años de prisión
Michoacán                De 5 a 10 años de prisión
Querétaro                 De 6 meses a 8 años de prisión
Quintana Roo            De 7 a 18 años de prisión
San Luis Potosí         De 3 a 8 años de prisión
Sinaloa                      De 6 meses a 8 años de prisión
Tabasco                    De 2 a 6 años de prisión
Veracruz                   De 5 a 10 años de prisión

Conforme a lo que establece el artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, han pasado ya los 10 días útiles para que el Ejecutivo federal hiciera las observaciones al decreto aprobado por el Senado el pasado 2 de octubre y, en ese sentido, conforme al propio texto constitucional, debe publicar la ley inmediatamente, a efecto de que pueda entrar en vigor.

Hoy tenemos la responsabilidad social de garantizar que las mujeres y los niños de este país, así como los que son traídos del extranjero, encuentren protección a sus derechos humanos y se respete su integridad y, sobre todo, su dignidad.

Nos encontramos frente a una problemática que requiere ser atendida, y el Poder Legislativo ha cumplido su obligación de crear un marco jurídico que brinde los elementos necesarios para que la trata de personas no sea una conducta criminal que se encuentre impune, y que existen los mecanismos jurídicos a escala federal que permitan su castigo. Ahora, la palabra la tiene el Ejecutivo federal.

Por lo expuesto, y para los efectos de los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se propone la adopción del siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorta al Ejecutivo federal a publicar en el Diario Oficial de la Federación la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 22 de noviembre de 2007.

Diputada Maricela Contreras Julián (rúbrica)
 
 

El suscrito, José Jacques y Medina, diputado federal de la república a la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 67, numeral 1, inciso g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como lo dispuesto en el artículo 21, fracción XVI, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, viene a solicitar a la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados que se sirva enviar excitativa al Senado de la República del honorable Congreso de la Unión, a fin de que su Comisiones de Población y Desarrollo, y de Estudios Legislativos Primera procedan a dictaminar la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Población, aprobada por la Cámara de Diputados el pasado 26 de abril, al tenor de los siguientes antecedentes y consideraciones:

Antecedentes

1. Con fecha 26 de abril de 2007, el Pleno de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, aprobó con 315 votos en pro y una abstención, el decreto que reforma y deroga diversas disposiciones de la Ley General de Población, misma que fue turnada por la Mesa Directiva de esta representación popular al Senado de la República para sus efectos constitucionales.

2. Con fecha 4 de septiembre de 2007, la Mesa Directiva del Senado de la República turnó para su discusión y análisis a las Comisiones Unidas de Población y Desarrollo y de Estudios Legislativos Primera, la minuta con proyecto de decreto por la que se reforman y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Población.

Consideraciones

Existen diversos argumentos que fueron considerados por los diputados pertenecientes a todas las fuerzas políticas representadas en la Cámara de Diputados y que permitieron que la minuta con proyecto de decreto por la que se reforman y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Población fuera aprobada por unanimidad en este órgano legislativo el pasado 26 de abril del presente.

Uno de las razones principales tiene que ver con la congruencia entre el trato que pedimos hacia nuestros connacionales que se ven obligados a migrar al norte y aquél que estamos dispuestos a ofrecer para los inmigrantes que ingresan a nuestro país sin la documentación correspondiente. Esto es el principio rector de nuestra postura con relación a estos temas debe ser que lo que estemos dispuestos a aceptar para nuestros migrantes en el norte debe ser igual a lo que estemos dispuestos a otorgar para los inmigrantes que llegan a México.

En este sentido, debemos mandar una señal positiva a Estados Unidos justo cuando en esa nación se han presentado iniciativas de reformas a la legislación migratoria que pretenden sancionar desmedidamente en términos económicos el ingreso sin documentos a aquella nación.

Mantener el estatus migratorio vigente en la Ley General de Población relacionado con las multas que se imponen a la inmigración indocumentada en nuestro país, sólo legitima y otorga elementos adicionales a los actores más conservadores en Estados Unidos para continuar con su campaña de odio en contra de nuestros connacionales. Si mantenemos sin reformar nuestra legislación en materia de inmigración, estaremos justificando a los actores más racistas de la Unión Americana en su empeño por considerar a nuestros migrantes como terroristas y contribuiremos a que las redes transnacionales de tráfico de personas sigan disfrutando de un negocio ampliamente lucrativo.

Por tanto, un voto a favor de sanciones económicas a los inmigrantes indocumentados en nuestro país es un voto de apoyo a aquellos que consideran en Estados Unidos a los migrantes mexicanos como delincuentes por haber ingresado sin documentos a aquella nación, sujetos a penas excesivas, en muchas ocasiones impagables y que sólo servirán, como han declarado funcionarios estadounidenses, para financiar la construcción del muro de la ignominia que se construye en la frontera.

Las penalidades excesivas contra los inmigrantes lo único que han hecho es facilitar la labor de autoridades migratorias, policíacas y civiles, quienes actúan con toda impunidad, aprovechándose de este marco jurídico obsoleto que considera como delincuentes a los inmigrantes indocumentados, convirtiendo al Instituto Nacional de Migración (INM) en una de las instituciones más corrompidas del sistema político mexicano. Así, las penalidades y multas se convierten en terreno fértil para la extorsión, la amenaza, la arbitrariedad, lo que actualmente constituye parte de la gama de abusos de que hoy son víctimas los migrantes indocumentados en nuestro país.

La despenalización de las multas no es un estímulo para la inmigración indocumentada. Las causas de los flujos migratorios deben buscarse más bien en un sistema económico que polariza el ingreso y que genera grandes regiones con pobreza extrema, así como falta de oportunidades de los migrantes en sus lugares de origen. En el mismo sentido, no se reconoce que existe un mercado laboral regional en Centroamérica y América del Norte en donde el diferencial de salarios se convierte en un poderoso estímulo para la migración.

Por tanto, ni penas más duras, ni muros más altos y ni con la mejor tecnología podrán impedir que los migrantes de México o Centroamérica busquen iniciar su travesía para encontrar mejores oportunidades de desarrollo en el norte.

Adicionalmente, la despenalización de las conductas migratorias puede ser un gran antídoto contra la corrupción y la extorsión de la que son sujetos los inmigrantes indocumentados en nuestro país. Queremos destacar las declaraciones de la comisionada del INM, Cecilia Romero, quien ha señalado que "despenalizar la migración de indocumentados no favorece una oleada de desplazados de otras naciones hacia México, pero sí asegura a quienes se trasladen a territorio nacional mayores garantías de seguridad al prevenir la extorsión de las autoridades". La funcionaria ha reconocido que las sanciones con multas que se imponen a los inmigrantes indocumentados "dan un resquicio a quien quiera aprovecharse del migrante…por lo que es necesario adecuar la ley a la tendencia mundial, que es no criminalizar esta migración indocumentada".

Adicionalmente, la minuta aprobada por la Cámara de Diputados a la cual nos referimos en este documento, no sugiere de ninguna manera el relajamiento de las medidas de control y seguridad en la frontera sur. Lo que más bien deberíamos exigir es un verdadero compromiso del Ejecutivo federal para combatir con todo el poder de la ley la corrupción de los funcionarios de las distintas dependencias migratorias y policíacas, quienes son los principales responsables de que el número de inmigrantes sin papeles que penetran territorio mexicano se haya disparado desde hace tres décadas, lo mismo que las quejas por violaciones a sus derechos humanos.

Como país campeón de la inmigración indocumentada y por congruencia con esta posición, México debe ser también el país que cuente con la legislación más liberal y de avanzada con relación a los temas migratorios. Nuestro país debería convertirse en un ejemplo y referente a nivel internacional por el trato humanitario y respetuoso de los derechos humanos que debería otorgar a los inmigrantes indocumentados que recibe.

Es fundamental también armonizar el derecho migratorio mexicano con los tratados internacionales debidamente firmados y ratificados por nuestro país. En el mismo sentido, México debe atender las opiniones y declaraciones de diversos organismos internacionales para no criminalizar y despenalizar la inmigración indocumentada.

Lo anteriormente expuesto, me lleva a presentar esta excitativa, dado el tiempo en exceso que ha pasado para que las Comisiones de Población y Desarrollo, y de Estudios Legislativos Primera, del Senado de la República del honorable Congreso de la Unión dictamine la iniciativa a que he hecho alusión.

Por tanto, con fundamento en lo que previene el artículo 67, numeral 1, inciso g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como lo dispuesto en el artículo 21, fracción XVI, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, vengo a solicitar atentamente a la Presidencia de la Mesa Directiva de esta Cámara de Diputados, se sirva efectuar la siguiente

Excitativa

Único. Se excita respetuosamente al Senado de la República del honorable Congreso de la Unión, a fin de que sus Comisiones Unidas de Población y Desarrollo, y de Estudios Legislativos Primera, procedan a dictaminar la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Población, aprobada por la honorable Cámara de Diputados el pasado 26 de abril de 2007

Diputado José Jacques y Medina (rúbrica)
 
 
 

A LAS COMISIONES DE JUSTICIA, DE DERECHOS HUMANOS, Y DE EQUIDAD Y GÉNERO, A SOLICITUD DE LA DIPUTADA ELSA DE GUADALUPE CONDE RODRÍGUEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE ALTERNATIVA

La suscita, diputada federal Elsa de Guadalupe Conde Rodríguez, integrante del Grupo Parlamentario de Alternativa Socialdemócrata, con fundamento en lo establecido en el artículo 21, fracción XVI, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicita respetuosamente que se formule una excitativa a las Comisiones de Justicia y Derechos Humanos, y de Equidad y Género para que presenten el dictamen correspondiente, con base en los siguientes

Antecedentes

1. El 3 de octubre de 2002 presentó ante el Pleno la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el Título Quinto, Capítulo Segundo, del Código Civil Federal, referente a los requisitos para contraer matrimonio

2. Dicha iniciativa fue turnada a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, con opinión de la Comisión de Equidad y Género, para su análisis y dictamen correspondiente.

3. Ha transcurrido sobradamente el término previsto en la ley para que dichas comisiones emitan el dictamen y opinión correspondiente.

Consideraciones

En su exposición de motivos, la legisladora señala su preocupación ante los riesgos a que considera que la actual redacción del Código Civil expone a niños y niñas en nuestro país, al permitir el matrimonio a los 16 años para el varón y a los 14 para la mujer. Señala asimismo que esta diferenciación de edades contraviene la disposición constitucional contenida en el artículo 4o. de la ley suprema, que establece que los hombres y las mujeres son iguales ante la ley.

Dice la legisladora en su parte conducente:

En la actualidad dentro de nuestro país, en 27 entidades federativas se permite el matrimonio de las niñas a los 14 años y de los niños a los 16, al respecto, nuestro Código Civil Federal, en su artículo 148, dispone que "para contraer matrimonio el hombre necesita haber cumplido 16 años y la mujer 14.

La lectura de fondo a este artículo y su connotación frente al ámbito legal internacional, es que el Estado mexicano, con todo y su compromiso por la defensa de los derechos humanos y la protección de los grupos mayormente vulnerables de la sociedad, avala, permite y convalida la celebración de matrimonios entre niños y niñas, aún en contravención al más importante instrumento jurídico internacional de protección a los derechos de la infancia, que representa la Convención sobre los Derechos del Niño, suscrita y ratificada por nuestro país.

Aunado a lo anterior, nuestro marco legal referente al tema, sigue validando la inequidad y la discriminación de género, al requerir en el caso de las mujeres una menor edad para la celebración del matrimonio, con las consecuencias que ello genera en su propio proyecto de vida, violentando la garantía de igualdad legal que nuestra Constitución Política consagra en su artículo cuarto.

El interés supremo de los niños y las niñas debe orientar el actuar de todas las autoridades en nuestro país y, para el Legislativo, este compromiso nos obliga a actuar consecuentemente, por lo que cualesquier iniciativa que tenga como eje regular en uno u otro sentido la situación de personas menores de edad debe tener una importancia primordial en sus dictámenes.

Es bien sabido que cada legislatura asume retos distintos y que cada grupo parlamentario encabeza los esfuerzos por legislar en los temas de su interés, pero también se ha reconocido la enorme necesidad de recuperar los esfuerzos de diputados y diputadas de anteriores legislaturas que propusieron reformas específicas y que, por una u otra razón, no fueron dictaminadas.

Este es el caso de la iniciativa a que en esta excitativa me refiero, la reforma al Título Quinto, Capítulo Segundo, del Código Civil Federal. Para todo efecto práctico, se han establecido a nivel internacional los lineamientos sobre el inicio de la mayoría de edad.

Más allá del sentido en que la iniciativa sea dictaminada, me interesa particularmente insistir en que el tema la coloca en un lugar prioritario, además de que de todos es conocido que parte de la desfavorable fama de que goza el Poder Legislativo en nuestro país está directamente relacionada con la mala práctica de dejar en comisiones iniciativas y puntos de acuerdo, sin concluir el proceso legislativo mediante el dictamen y su correspondiente presentación para ser votados ante el Pleno.

Por estas razones, considero que dictaminar la iniciativa que señalo nos permitirá no sólo recuperar los esfuerzos de iniciativas de anteriores legislaturas, sino mostrarnos consecuentes con nuestro compromiso de legislar.

Por lo expuesto y habiéndose cumplido con exceso el plazo que establece el artículo 87 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a usted ciudadana Presidenta de la Mesa Directiva, atentamente solicito:

Único. En los términos del artículo 21, fracción XVI, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, excite y envíe el presente documento a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos para que formule el dictamen correspondiente a la iniciativa mencionada, con opinión de la Comisión de Equidad y Género.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, a 22 de noviembre de 2007.

Elsa de Guadalupe Conde Rodríguez (rúbrica)
 
 

El 16 de noviembre de 1995, los Estados miembros de la UNESCO aprobaron la Declaración de Principios sobre la Tolerancia y el seguimiento del Año de Naciones Unidas para la Tolerancia, que se había celebrado ese año.

El 12 de diciembre de 1996, la Asamblea General invitó a los Estados miembros a que todos los años, el 16 de noviembre, observaran el Día Internacional para la Tolerancia.

En el México actual, como un posible resultado del proceso de globalización en que estamos inmersos, es evidente la facilidad para encontrarnos con otras culturas, otras formas de pensamiento; es decir, nos encontramos ante un pluralismo patente.

Por ello se ha vuelto indispensable que asumamos una actitud de tolerancia que contrarreste los actos de terrorismo, violencia o discriminación, así como cualquier manifestación de no tolerancia, y que a la vez dé paso al respeto de la libertad del otro.

La tolerancia sin libertad es una postura parcial, ya que busca privilegiar la propia libertad, pero no la del interlocutor. Esto queda patente porque cuando uno gana, éste se vuelve intolerante, impone lo suyo, pues ya triunfó y le importa muy poco la opinión ajena. La tolerancia se utiliza como táctica para lograr imponerse y entonces instalarse con exclusividad. Evidentemente, los demás pueden hacer lo que quieran, ya no interesan, no son dignos de tomarse en cuenta ni se admite en ellos ningún tipo de autoridad. Cuando hay esa desvinculación social, aparece el permisivismo. Desaparece el respeto, sólo hay tolerancia como táctica; se escucha simplemente con la finalidad de descubrir los puntos débiles para dar el zarpazo y anular. No hay diálogo, el trasfondo es de indiferencia. No sorprende que en tales casos surja la típica expresión: "allá ellos". Se evita cualquier tipo de intervención para no exponerse a perder la calma, realmente en este caso la suerte del otro no importa, en el fondo casi se desea que le vaya mal para quitarlo de en medio.

Es necesario promover una cultura de tolerancia que no dé paso al permisivismo, no debemos limitar la tolerancia a un "que hagan lo que quieran (mientras no me afecte)", ni a aguantar una forma de ser distinta, la verdadera tolerancia se basa en el respeto, en la verdad y en la libertad. Y su herramienta principal es saber escuchar al otro, convirtiendo este proceso en un punto de encuentro y comprensión real de la situación del otro.

No perdamos de vista que estamos aquí por la construcción de un México mejor. Pongamos el ejemplo a nuestra nación, que los ciudadanos descubran en nosotros que es posible un diálogo tolerante e incluyente, que parta del reconocimiento de la existencia de la verdad sobre el ser humano, y que esté fundamentado en el respeto de la libertad y de la dignidad que cada uno tenemos, con lo cual sentaremos los pilares que construirán la base de una convivencia social incluyente y más humana.

Diputada María Soledad Limas Frescas (rúbrica)
 
 
 

RELATIVA AL QUINCUAGÉSIMO ANIVERSARIO LUCTUOSO DE DIEGO RIVERA, A CARGO DEL DIPUTADO JOSÉ ALFONSO SUÁREZ DEL REAL Y AGUILERA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD

"Devuelvo al pueblo lo que de la herencia artística de sus ancestros pude rescatar."

Estas palabras de Diego Rivera, que podemos leer a la entrada del Anahuacalli, definen en gran medida la conciencia de su obra, sus ideas estéticas y el espíritu con el que pacientemente organizó y trabajó su legado para nuestro país. El artista, nacido el la ciudad de Guanajuato el 8 de diciembre de 1886, se formó desde su temprana infancia un ideario social, llevado de la mano de su padre: químico, maestro rural y profesional del periodismo.

La Ciudad de México y la escuela de San Carlos serán el medio en que el joven artista formará su percepción, en la que el imaginario social se convertirá en horizonte estético. Santiago Rebull, Félix Parra y José María Velasco. Con una beca del gobernador de Veracruz, don Teodoro Dehesa, viaja a Europa e ingresa en 1907, hace cien años, a la Academia madrileña. Es allí donde se inicia en el realismo español en el taller del pintor Chicharro.

A partir de 1908 radica en París, en Montparnase, de cuya estancia surge su pasión por las escuelas contemporáneas de pintura, especialmente por Cézanne y el impresionismo, el puntillismo y el cubismo. Cargado de la riqueza de ideas de este periodo, monta sus primeras exposiciones como parte de los independientes. Viaja a Bélgica, Holanda e Inglaterra y regresa a nuestro país al inicio de la Revolución Mexicana, en 1910. A esos años se remonta su amistad con Amadeo Modigliani, quien le distinguió con el único retrato –que rompió–, con sus estilizadas formas alargadas, también su complicada relación con Pablo Picasso, con quien sostuvo una vinculación creativa por el cubismo, pero con quien se confrontó abiertamente por sus ideas sobre la función y formas discursivas de la pintura.

Podemos decir que la obra de Diego Rivera es resultado del encuentro de ambos procesos: el de la revolución social de nuestro país y el de la transformación radical de la pintura contemporánea, cuyos aspectos esenciales convergen en el ideario estético-político del artista. Es así como nos explicamos la naturaleza de su compromiso con la renovación institucional de nuestro país y con la fundación del nuevo discurso plástico por el que se construirá el imaginario del México del siglo XX. Artistas como Diego Rivera y Frida Kahlo son indisolubles de su praxis social, no se les puede aislar en una indeterminación política: ambos fueron comunistas, ambos fundadores de la izquierda mexicana y es su ideario social el que se encuentra vigente en sus obras y en la agenda nacional. Ahora, que es tan común, celebrar figuras de cera, tengamos presente que ni Diego Rivera ni Frida Kahlo estarían pasivos ante un sistema social opresor y que genera tanta miseria y desigualdad.

Alrededor de Diego Rivera se generaron grandes movimientos culturales, desde los silabarios de la Secretaría de Educación como el Fermín, que cuenta la vida de un niño campesino mexicano; la publicación Mexican Folkways, que haría del conocimiento del mundo, el nuevo proyecto cultural revolucionario. También son conocidas sus colaboraciones sobre la crítica y difusión del arte mexicano, así como sus ilustraciones en publicaciones como Minotaure, que en el año de 1938 daba noticia en Europa sobre el surrealismo mexicano.

Gracias al entusiasmo y apoyo de Rivera, junto con André Bretón, César Moro y Wolfgang Paalen, en el año de 1940 se organizará en México la primera exposición surrealista que integrará la obra de Manuel Álvarez Bravo, Agustín Lazo, Manuel Rodríguez Lozano, Max Ernst, Salvador Dalí y Leonora Carrington, entre otros.

Muralista infatigable, se inspiró en los códices para transformar los muros en lienzos, con la finalidad de lograr un discurso al servicio de la enseñanza de la historia y de la comunicación de los valores reforzadores de la identidad nacional. Creó con su portentosa imaginación un discurso por el que representamos la historia de México en edificios como el del Palacio Nacional, el Colegio de San Ildefonso, el Palacio de las Bellas Artes, la Universidad de Chapingo, entre muchos más. Impulsor de la escuela mexicana, alentó a las nuevas generaciones de pintores y nos legó una serie de técnicas, como la encáustica, utilizadas por artistas como Juan O’Gorman.

Su pensamiento estético es un pensamiento que pretende abarcar la totalidad de las formas, totalidad que identifica con el encuentro de la realidad social con la naturaleza, porque lo social es el todo que representa lo humano y representa la utopía de la construcción de una nueva naturaleza social, que ya no supone la explotación del hombre ni de la naturaleza, sino la afirmación del hombre en la naturaleza; como bien escribía Xavier Villaurrutia:

En la avidez de verlo todo, de todo gustarlo y captarlo todo y detenerlo en la inmóvil presencia de lo mutable que es la pintura, hace de la obra de Diego Rivera un mundo en que reina la abundancia suma.

Frida Kahlo, en el quincuagésimo aniversario de la vida artística de Diego Rivera, celebrado en 1950, decía que no podía ser espectadora de la vida de Rivera, sino que ella misma era parte de su vida. Así, nosotros los mexicanos, no podemos ser espectadores de la gran obra de Diego Rivera, que tanto nos enorgullece, sino que por su pintura, por el imaginario creado por sus manos, somos ese modo único de ser mexicanos, esa identidad gloriosa reflejada en la mirada de Diego Rivera. Celebremos el día de hoy, en el México del siglo XXI, con todos nuestros recursos, con nuestro ser, el enorme legado de Diego Rivera, revisitemos su obra: encontrémonos con el monumental Anahuacalli; visitemos sus murales en los numerosos edificios de nuestro país; acudamos a las actividades culturales en su memoria; descubramos las raíces de nuestra identidad en sus libros y exposiciones; recuperemos el ideario social de un hombre cuya vida se ha enriquecido desde hace cincuenta años, al que la muerte arrojó a la vida de nuestras generaciones.

Palacio de San Lázaro, a 25 de noviembre de 2007.

Diputado Alfonso Suárez del Real y Aguilera (rúbrica)