Layda Elena Sansores San Román, integrante del Grupo Parlamentario de Convergencia de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de la honorable Cámara de Diputados la presente proposición con punto de acuerdo, con base en los antecedentes y consideraciones siguientes:
Antecedentes
Con fecha 22 de agosto de 1996 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el cual se reforman diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia electoral, entre ellos el 41, cuya fracción III determina la forma de integración, duración y requisitos que deben reunir los integrantes del Consejo General del Instituto Federal Electoral.
Con fecha 31 de octubre de 1996 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el cual se reforman los artículos 74 y 76 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en los que se establece la forma de integración, duración y requisitos que deben reunir los integrantes del Consejo General del Instituto Federal Electoral.
Con fecha 9 de octubre de 2007 fueron aprobadas por 30 Congresos diversas disposiciones constitucionales en materia electoral, en las que se establece la forma de integración, duración y requisitos que deben reunir los integrantes del Consejo General del Instituto Federal Electoral.
Con fecha 6 de octubre de 2007 fue aprobada por el Pleno de la Cámara de Diputados la reforma al artículo 34 de la Ley Orgánica del honorable Congreso de la Unión, en el que se otorgan a la Junta de Coordinación Política atribuciones para presentar al pleno de la Cámara la propuesta del procedimiento y convocatoria para la integración del Consejo General del Instituto Federal Electoral y las propuestas de nombres para ocupar los cargos de consejeros electorales; misma que fue remitida a la Cámara de Senadores y que en la sesión de fecha 8 de noviembre fue turnada a las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de Estudios Legislativos, Primera, para su análisis y dictamen correspondiente.
Consideraciones
Desde 1977, nuestro país se ha venido transformando en su vida democrática de manera progresiva, perfeccionando los instrumentos jurídicos aplicables, pasando de un régimen con serias limitaciones en sus instituciones electorales, a importantes pero insuficientes avances en el arbitraje electoral.
Si bien los avances democráticos han tenido consenso de los actores políticos de nuestro país, también se han dado albazos legislativos excluyentes que muchas veces resultan contraproducentes en su aplicación, como lo fue la integración del actual Consejo General del Instituto Federal, que en la práctica, por los resultados electorales del 2 de julio del 2006, representó un retroceso.
En fechas recientes se ha aprobado por consenso, una importante reforma constitucional en materia electoral, que aborda importantes temas como la reducción del financiamiento público, destinado al gasto en campañas electorales; nueva forma de cálculo del financiamiento público; límites al financiamiento privado a los partidos políticos; reducción en tiempos de campañas electorales y regulación de precampañas; perfeccionamiento de facultades del Tribunal Federal Electoral del Poder Judicial de la Federación; renovación escalonada de consejeros electorales; prohibición para que actores ajenos al proceso electoral incidan en las campañas electorales y sus resultados; prohibición para los partidos políticos de contratar propaganda en radio y televisión.
Esta reforma electoral, inscrita en la reforma del Estado, ha significado un importante avance, aunque no el deseable, que se ha dado sobre la base de acuerdos en los que unos han cedido o flexibilizado en sus pretensiones; pero que tengo la convicción, aún queda un importante trecho para alcanzar el óptimo desarrollo democrático.
En ese marco, dentro de estas reformas se determino renovar de manera escalonada al Consejo General del Instituto Federal Electoral, para lo cual, derivado de la reciente reforma al artículo 34 de la Ley Orgánica del honorable Congreso de la Unión, otorgando a la Junta de Coordinación Política atribuciones para presentar al Pleno de la Cámara, propuesta del procedimiento y convocatoria para la integración del Consejo General del Instituto Federal Electoral y las propuestas de nombres para ocupar los cargos de consejeros para su elección, con el argumento, según la exposición de motivos, de "...dar certeza y transparencia al proceso de selección de candidatos a ocupar los cargos de consejeros electorales para la integración del nuevo Consejo General del Instituto Federal Electoral..."
La integración, requisitos y procedimiento para la designación de los Consejeros Electorales del Consejo General de Instituto Federal Electoral, se fundamenta en el artículo 41, fracción III, párrafos tercero, cuarto y quinto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 74, 76 y 77 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; y el recién reformado artículo 34, inciso g), de la Ley Orgánica del honorable Congreso de la Unión.
De las anteriores disposiciones legales se desprende la inminente e impostergable designación de los primeros tres Consejeros Electorales, que viene a ser una etapa de vital importancia en la que se debe tener especial cuidado en la elección, a efecto de fortalecer el Consejo General, a fin de que garantice eficacia y eficiencia en los procesos electorales federales, pues forman parte de la responsabilidad directa de la Cámara de Diputados.
No pasa desapercibido que en el proceso de reforma electoral la participación de los ciudadanos fue incipiente y los trabajos se circunscribieron en mayor grado en las cúpulas partidistas, sin que se existieran mecanismos eficaces para recibir aportaciones de los ciudadanos, quienes finalmente son los actores centrales en cada jornada electoral por determinar con sus votos el sentido de toda elección.
Por ello, es de suma importancia que la Junta de Coordinación Política en el momento que le corresponda establecer los criterios para llevar a cabo la elección de los Consejeros Electorales del Instituto Federal Electoral, incluyendo su Presidente, privilegie que los ciudadanos propuestos por los Grupos Parlamentarios Representados en la Cámara de Diputados, no solamente reúnan las exigencias y requisitos que para el desempeño de tan importante función determinen las normas reglamentarias del texto constitucional, sino que estos surjan de un verdadero proceso de auscultación, recogiendo la opinión de la sociedad civil.
En ese orden de ideas y por considerar que las voces de la sociedad civil deben ser tomados en cuenta, es que la suscrita hace eco de las propuestas que sobre este tema formula el Comité Conciudadano para la Reforma Electoral y la Agrupación Política "Propuesta Cívica", planteando a esa Junta de Coordinación Política que sean tomadas en cuenta para su discusión y, en su caso, ser incluidos en la convocatoria de referencia las siguientes consideraciones:
Con relación a la convocatoria, se propone que
2. Sea difundida ampliamente para que la mayor parte de la sociedad se pueda enterar y participar en dicho proceso, siendo necesario e imprescindible que llegue a los estados y no dirigirla únicamente al Distrito Federal.
3. Sea clara en cuestión de tiempos y contar con un plazo suficiente para la presentación de candidatos a ocupar el puesto de consejero presidente y de los otros dos consejeros.
4. Las propuestas sean públicas, transparente en el que la sociedad pueda estar enterada de los que sucede y le pueda dar seguimiento.
5. Exija que los aspirantes se comprometan a:
• Desempeñar su encargo tal y como lo establece la Constitución y el Código Federal de Instituciones y Procesos Electorales;
• Ser imparcial en sus decisiones;
• Enriquecer las líneas de acción actuales
del Consejo General;
• Impulsar la educación y capacitación ciudadanas
en la práctica cotidiana de la democracia;
• Alentar investigaciones que detecten las carencias
del sistema democrático que se está construyendo en México.
• Combatir el desprestigio de la vida pública.
• Abrir espacios a los ciudadanos para la construcción
de nuevas formas de participación política.
b) Que las propuestas de candidatos y candidatas se hagan pública con sus respectivas síntesis curriculares.
c) Que se forme una comisión plural integrada por diputados de todos los partidos políticos, quienes deben realizar una segunda calificación de aspirantes para depurar la lista mediante entrevistas de verificación curricular a los candidatos y hará pública la lista de los aspirantes que se mantengan después de esta etapa.
d) Abrir un periodo razonable para que cualquier ciudadano o ciudadana de modo fundado y motivado, señale objeciones del no cumplimiento de alguno o algunos de los requisitos previstos en la ley y deberá dar vista al señalado o señalada que manifieste lo que a su derecho convenga.
e) De los aspirantes que pasen las etapas anteriores, cada grupo parlamentario seleccione dos candidatos a proponer por cada posición vacante de consejero y hacer públicas las razones y el mecanismo utilizado para llegar a sus propuestas. Los grupos parlamentarios podrán entrevistarse con los candidatos.
f) Cada grupo parlamentario debe privilegiar una composición de listas que permita equidad de género y etnia en la composición de candidatos y todo criterio que permita pluralidad de composición de éstos.
g) Los candidatos resultantes de las postulaciones de cada fracción parlamentaria deben darse a conocer públicamente.
h) La comisión plural ya integrada realice entrevistas a profundidad de manera pública a los aspirantes postulados por los grupos parlamentarios antes de proponer la lista al pleno de la Cámara de Diputados.
i) Los candidatos y candidatas sean propuestos por la comisión plural a la votación de la Cámara de Diputados.
2. La igualdad de condiciones para acceder a un cargo publico por parte de los aspirantes registrados.
Por lo anteriormente expuesto, me permito someter a su consideración la siguiente propuesta con
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorte a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados para que en el momento que le corresponda la intervención de ese órgano colegiado, tome en consideración y, en su caso, sean incluidas las propuestas expuestas en este punto de acuerdo, en la convocatoria que emitirá para la integración del Consejo General del Instituto Federal Electoral.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de noviembre de 2007.
Diputada Layda Elena Sansores San Román (rubrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE
QUE EN EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN DE
2008 SE INCREMENTEN LOS RECURSOS ASIGNADOS AL FONDO DE APOYO A LA COMPETITIVIDAD
DE LAS RAMAS PRODUCTIVAS PARA IXTLE, PALMA ZAMANDOCA Y LECHUGUILLA, SUSCRITA
POR DIPUTADOS DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS DEL PAN Y DEL PRI
Los suscritos, diputados Antonio Medellín Varela y Ernesto Oviedo Oviedo, legisladores del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, así como el diputado Ramón Salas López del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LX legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 59 del reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta honorable soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, mediante el cual se exhorta a la comisión responsable de elaborar el dictamen del decreto de Presupuesto de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2008, para que incremente de manera substancial los recursos asignados al programa del fondo de apoyo a la competitividad de las ramas productivas para el ixtle, palma zamandoca y lechuguilla.
Consideraciones
El sector de productores de fibras naturales de ixtle, palma zamandoca y lechuguilla en México es uno de los más relegados dentro del sector rural, ya que se da en lugares áridos y semidesérticos.
Las personas que se dedican al tallado de dichas fibras generalmente se encuentran en condiciones económicas difíciles ya que dicho sector se encuentra en condiciones de baja competitividad y los ingreso que dichos productores perciben por sus productos son realmente bajos, ya que el mercado para dichas fibras se encuentra en abandono.
Que de conformidad con un punto de acuerdo que esta soberanía tuvo a bien aprobar en el primer periodo ordinario del primer año de ejercicio de esta legislatura, en el 2007 se otorgaron recursos por alrededor de 20 millones de pesos para este rubro.
Que ante el escenario actual que presenta la actividad es necesario que se inyecte una cantidad importante de recursos a esta actividad productiva ya que tiende a mejorar el nivel de vida de los habitantes de dichas zonas, mismos que por la condición geográfica del país, presentan los más altos niveles de pobreza.
Ante el incremento que a ultimas fechas se ha presentado en el precio de dichas fibras, y a la importancia que representa en el mercado tanto interno como en las exportaciones, se considera de suma importancia que se fortalezca a este sector para que se encuentre en condiciones de competencia y dentro del marco de desarrollo rural sustentable.
Por lo anterior expuesto, se pone a consideración el siguiente:
Punto de Acuerdo
Único. Que se destine dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2008, la cantidad de 50 millones de pesos al Fondo de Apoyo a la Competitividad en el rubro de ixtle, palma zamandoca y lechuguilla.
Diputados: Antonio Medellín Varela (rúbrica),
Ernesto Oviedo Oviedo (rúbrica), Ramón Salas López
(rúbrica).
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA AL GOBIERNO FEDERAL A EFECTO DE QUE LOS LIBRAMIENTOS CARRETEROS
DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR, OPEREN LIBRES DE PEAJE,
A CARGO DEL DIPUTADO VÍCTOR MANUEL LIZÁRRAGA PERAZA, DEL
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
El suscrito, diputado federal del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática ante la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y en el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite someter a la consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
1. San José del Cabo y Cabo San Lucas son las dos localidades de mayor importancia turística en el estado de Baja California Sur y, consecuentemente, las que presentan más constante crecimiento poblacional y mayor movilidad social.
2. Uno de los grandes problemas que padecen ambas poblaciones es el de la circulación vial, que se acentúa principalmente dentro de San José del Cabo, cuya única ruta posible para el movimiento poblacional hacia distintos puntos de la ciudad, es el tramo de la carretera transpeninsular, que atraviesa la citada localidad y la separa en dos grandes sectores; lo que se traduce en altos congestionamientos, sobre todo en horas de mayor circulación, provocando caos, contaminación por ruido y emisiones de combustibles, accidentes y otras consecuencias de distinta gravedad.
3. Otro de los problemas de este carácter se localiza en el tramo llamado "corredor turístico", que comunica a San José del Cabo con Cabo San Lucas, por donde circulan turistas y residentes de manera continua y en sendas direcciones (norte-sur y sur-norte); los primeros en plan vacacional; y los segundos con fines laborales, comerciales, estudiantiles y demás, lo que propicia efectos similares a los citados en el punto anterior, con el agravante adicional de que muchos de los accidentes que se suscitan en este corredor son de fatales consecuencias y ocurren en grado cada vez más creciente.
4. Con la finalidad de evitar afectaciones al turismo que ingresa por el aeropuerto internacional, que se localiza en el extremo norte de San José del Cabo, en el año 2002 se construyó un primer libramiento que, al conectarse con el extremo sur de esta misma ciudad, permitió agilizar el tráfico carretero, mediante el pago de una cuota que hoy día asciende a 28 pesos, moneda nacional. Con esta medida se subsanó el referido problema, al menos al turismo y a aquellos usuarios locales que poseen suficiencia financiera para aportar eventualmente dicha cantidad.
5. Ahora, en el Programa Nacional de Infraestructura 2006-2012 se encuentra prevista la próxima construcción de un segundo libramiento, que unirá al extremo sur de San José del Cabo con Cabo San Lucas, que indudablemente vendrá a redituar grandes beneficiones a los conductores de vehículos.
6. No obstante esta alternativas viales, para el universo de residentes que se ve en la necesidad ineludible de circular hasta cuatro veces diarias por las rutas de mayor congestionamiento ya mencionadas, resultaría altamente oneroso y en varios casos incosteable cubrir el importe estipulado actualmente y el que podría marcarse para la nueva ruta, razón por la que están demandando a sus representantes de los tres órdenes de gobierno intervención y respaldo a su solicitud de exención de estas cuotas.
7. Por su parte, la mayoría de los propietarios de los terrenos que serán afectados con el trazo carretero del nuevo libramiento, han manifestado estar de acuerdo en aportar los predios sin costo alguno, siempre y cuando la ruta sea libre de peaje; confirmándose una vez más que la demanda de exención es una real necesidad de los usuarios; significando también una oportunidad de importancia fundamental para las autoridades competentes, en su calidad de encargadas de facilitar el tránsito vehicular a la población que representan.
Por lo anteriormente expuesto, y tomando en cuenta la importancia del asunto, me permito presentar ante este Pleno los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. Se exhorta al gobierno federal a resolver en la forma más pertinente y expedita posible, a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la necesidad de exención del pago de cuota por concepto de peaje en beneficio de los usuarios del libramiento de San José del Cabo, municipio de Los Cabos, estado de Baja California Sur, puesto en operación en el año 2002.
Segundo. Se respalda la solicitud presentada al gobierno federal por el del estado de Baja California Sur y el honorable noveno ayuntamiento de Los Cabos, mediante oficio número PM/697/07, de fecha 30 de octubre del 2007, para que el nuevo libramiento San José del Cabo-Cabo San Lucas, próximo a construirse, opere igualmente libre de peaje.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de noviembre de 2007.
Diputado Víctor Manuel Lizárraga Peraza
(rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, RELATIVO
A LA LABOR QUE REALIZAN LAS FUERZAS ARMADAS DE MÉXICO EN TABASCO
Y CHIAPAS, SUSCRITA POR LOS DIPUTADOS EMILIO GAMBOA PATRÓN Y JUAN
MANUEL PARÁS GONZÁLEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
El suscrito, diputado Juan Manuel Parás González, de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de este Pleno un punto de acuerdo, de urgente u obvia resolución, al tenor de las siguientes
Consideraciones
En las circunstancias más adversas y difíciles para la república, los ciudadanos hemos encontrado en las Fuerzas Armadas el respaldo leal y absoluto a las instituciones, y otorgando el auxilio a la población civil con motivo de los graves daños que fenómenos naturales ocasionan en las diferentes regiones del país.
Desde su formación, en el siglo XIX, como reflejo de la esencia del pueblo mexicano, el Ejército y la Armada de México han desempeñado con gallardía las delicadas atribuciones y responsabilidades que les confiere la Constitución, en materia de la defensa de la soberanía nacional, de la vigilancia y el cuidado de todas las instalaciones estratégicas del país, así como de la coadyuvancia en tareas tan delicadas como el combate del crimen organizado.
Desde esta tribuna expresamos la admiración y el reconocimiento de la sociedad en su conjunto a una de las instituciones que desde su fundación ha estado presente en la salvaguarda de la soberanía del Estado mexicano. No es coincidencia que la opinión pública exprese reiteradamente su confianza en una de las instituciones de mayor prestigio a escala nacional.
La ayuda a la ciudadanía en los desastres naturales, como podemos observar en Tabasco y en Chiapas, corre a cargo principalmente de las Fuerzas Armadas, con la puesta en macha del Plan de Auxilio a la Población Civil en Casos de Desastre, denominado Plan DN-III-E, que desde sus inicios, en 1966, ha sido el "instrumento operativo militar que establece los lineamientos generales a los organismos del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos para realizar actividades de auxilio a la población civil afectada por cualquier tipo de desastres naturales".
El Ejército mexicano cuenta con alrededor de 178 mil efectivos para todas las tareas conferidas en la Constitución Política y en diversas leyes federales. Y en la Armada de México están adscritos cerca de 20 mil elementos, según datos dados de la Secretaría de la Defensa.
Gran parte de los mexicanos ve en el Ejército y la Armada de México, las instituciones que salvaguardan la tranquilidad, la seguridad pública y la paz social que México exige.
Por lo expuesto, someto a la consideración de esta soberanía, como de urgente u obvia resolución, el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se extiende el más elevado reconocimiento a los miembros de las Fuerzas Armadas de México por el cumplimiento eficaz de sus responsabilidades constitucionales y por la salvaguarda de la paz y la tranquilidad de la república, así como por el auxilio prestado a la población civil que ha sido afectada por fenómenos naturales en los últimos meses, y recientemente en Tabasco y en Chiapas.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de noviembre de 2007.
Diputado Juan Manuel Parás González (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA A LA SAGARPA A VERIFICAR EL MERCADO SAN BERNABÉ, DE ALMOLOYA
DE JUÁREZ, SUSCRITA POR LOS DIPUTADOS FRANCISCO ELIZONDO GARRIDO
Y MANUEL PORTILLA DIÉGUEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PVEM
Francisco Elizondo Garrido y Manuel Portilla Diéguez, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, a la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión y con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentamos a la consideración del Pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo, con base en la siguiente
Exposición de Motivos
El centro comercial de ganado en pie de mayor importancia en el municipio de Almoloya de Juárez y en la región, es la plaza ganadera San Bernabé. Este mercado está ubicado en el kilómetro 22.5 de la carretera de Toluca-Atlacomulco, donde se realizan actividades de compra-venta de animales. Al rededor de 5 mil 500 cabezas de ganado son recolectadas en diferentes estados para introducirlas al mercado para el consumo humano cada lunes de plaza1.
En este lugar se comercializan animales en óptimas condiciones, pero es conocido que también llegan allí los animales lastimados, con heridas y lesiones que comprometen su vida. Estos animales viejos, enfermos y lastimados, que generalmente se denominan de desecho, son vendidos para el rastro, por lo que el trato que reciben en los traslados es cruel y sin respeto.
El ganado que ingresa a la plaza no es siempre revisado y en algunos casos se carece del Certificado Sanitario. Las instalaciones están deterioradas y no se cumple con lo previsto en la norma oficial mexicana NOM-045-ZOO-1995 Características zoosanitarias para la operación de establecimientos donde se concentren animales para ferias, exposiciones, subastas, tianguis y eventos similares" pues se carece de rampas para desembarque, corrales para cada especie, áreas de aislamiento y de manejo de excretas o desechos ni áreas de suministro de agua o alimento.
Los animales llegan a la plaza deshidratados, desnutridos, golpeados, caídos, lacerados, hacinados, pisoteados, amarrados, y las condiciones del transporte son deplorables, propiciando un trato humillante para esos animales, que no han hecho otra cosa en su vida que estar al servicio de sus propietarios.
Los animales aquí mencionados contribuyen a la producción de alimentos o son valiosa ayuda para el trabajo en labores de carga, tiro, transporte, arado y en muchos casos son fuente importante para el sustento económico de muchas familias; no debemos olvidar que el maltrato a los animales destinados al abasto genera a su vez pérdidas económicas, pues su deterioro repercute en la calidad de las pieles y de la carne en los anaqueles.
Una tenencia responsable de los animales así como el cumplimiento de lo previsto por la ley en materia de tianguis, mercados y eventos similares2, redundará en un beneficio de todos los actores, generando las condiciones necesarias para la implantación de establecimientos tipo inspección federal (TIF) que prevé la Ley Federal de Sanidad Animal; de otro modo, será difícil transitar hacia el objeto de dicha ley3.
Finalmente, es preciso señalar que la Ley Federal de Sanidad Animal faculta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación para inspeccionar los establecimientos y para verificar el cumplimiento de las disposiciones que derivan de la propia ley, como es en su caso la NOM 045 ZOO 1995.
Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en el artículo 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se pone a consideración del Pleno la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Artículo Primero. Se exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, a establecer un punto de verificación e inspección zoosanitaria permanente en el mercado de San Bernabé, Almoloya de Juárez, estado de México.
Artículo Segundo. Se exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, a sancionar a los presuntos responsables del incumplimiento de la Ley Federal de Sanidad Animal y normas oficiales mexicanas previstas en ella, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 130 de la citada ley.
Artículo Tercero. Se exhorta a la Secretaría de Desarrollo Agropecuario del estado de México a coadyuvar, con las dependencias federales, estatales y municipales competentes, en la vigilancia del cumplimiento de las normas oficiales mexicanas previstas.
Notas
1) Aunque no todo el ganado comercializado en dicha plaza
es producido en terrenos del municipio y se hace mención que el
ayuntamiento ya no tiene injerencia en esta actividad comercial.
2) NOM 045-ZOO-1995 6. Tianguis, mercados y eventos similares.
3) Artículo 1. La presente ley es de observancia
general en todo el territorio nacional y tiene por objeto fijar las bases
para: el diagnóstico, prevención, control y erradicación
de las enfermedades y plagas que afectan a los animales; procurar el bienestar
animal; regular las buenas prácticas pecuarias aplicables en la
producción primaria y establecimientos tipo inspección federal
dedicados al sacrificio de animales y procesamiento de bienes de origen
animal para consumo humano, esto último coordinadamente con la Secretaría
de Salud de acuerdo al ámbito de competencia de cada secretaría;
regular los establecimientos, productos y el desarrollo de actividades
de sanidad animal y prestación de servicios veterinarios; regular
los productos químicos, farmacéuticos, biológicos
y alimenticios para uso en animales o consumo por éstos. Sus disposiciones
son de orden público e interés social.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, a 14 de noviembre de 2007.
Diputados: Francisco Elizondo Garrido (rúbrica),
Manuel Portilla Diéguez (rúbrica).
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA AL GOBIERNO DE SINALOA A EFECTO DE QUE SU SECRETARÍA
DE SALUD SE ENCARGUE DEL MANTENIMIENTO DE PERSONAL Y DE LOS INSUMOS DE
LOS CENTROS DE SALUD RURAL DISPERSOS, SITUADOS EN DIVERSAS COMUNIDADES
DEL MUNICIPIO DE SINALOA, A CARGO DE LA DIPUTADA MARÍA GLORIA GUADALUPE
VALENZUELA GARCÍA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
La suscrita, diputada federal María Gloria Guadalupe Valenzuela García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LX Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a la consideración de esta soberanía una proposición con punto de acuerdo, en calidad de obvia y urgente resolución, al tenor de las siguientes
Consideraciones
En agosto de 2004 comenzaron a funcionar dos clínicas en el municipio de Sinaloa, Sinaloa, situadas en ejido Ruiz Cortines número 3 y ejido Lázaro Cárdenas del Río, las cuales se construyeron en el periodo 2002-2004 por el entonces presidente municipal, ingeniero Saúl Rubio Ayala.
Los empleados de estos centros de salud fueron inicialmente contratados por el ayuntamiento de Sinaloa, que a la fecha es el encargado de sufragar los honorarios, incluidos los de los médicos encargados de cada clínica, el personal de enfermería y el de intendencia.
Estos centros de salud no únicamente atienden a la población rural y a la de bajos recursos sino que, desde que comenzaron a operar, brindan asistencia de salud a la población abierta en general, entre ellos todos los beneficiarios del ISSSTE, IMSS, Seguro Popular y Oportunidades, por lo cual la demanda de usuarios es considerable, y muchas veces los centros de salud no se dan abasto en insumos y en personal.
A pesar del tiempo que tienen operando dichos centros de salud y habiendo sido reconocidos los médicos encargados de las clínicas por la Secretaria de Salud del estado mediante oficios que los acreditan firmados por el secretario de Salud del estado de Sinaloa y bajo el considerando de la gran cantidad de pacientes que se atienden en los programas sociales mencionados, es necesario brindar una base y sueldos dignos a todos los que laboran en los centros, ya que durante su trayectoria de funcionamiento han realizado un excelente trabajo, atendiendo de manera oportuna la demanda de los usuarios de salud, lo cual se aprecia en el buen funcionamiento, un buen desarrollo y, sobre todo, una buena atención, reflejada en la salud de los ciudadanos.
Por el motivo expuesto, es necesario apoyar estos dos centros de salud rural dispersos para que se haga el trámite correspondiente a fin de que sean incluidas y reconocidas por el presupuesto de la Secretaría de Salud del estado de Sinaloa y otorgar la base a todo el personal que ha laborado de manera incondicional desde que comenzaron a funcionar las clínicas.
Compañeros legisladores, es nuestro deber procurar que los servicios de salud pública sean eficientes y de calidad para los usuarios. Por esta razón someto a consideración de esta soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero. Se exhorta al gobierno del estado de Sinaloa para que la Secretaría de Salud del estado incluya en su presupuesto los dos centros de salud rural dispersos situados en San Sebastián Lázaro Cárdenas del Río y Ruiz Cortines tres, en el municipio de Sinaloa.
Segundo. Se exhorta al gobierno del estado de Sinaloa para que la Secretaría de Salud del estado se haga cargo del mantenimiento del personal y de los insumos necesarios para el mejor funcionamiento de los dos centros de salud rural dispersos situados en San Sebastián Lázaro Cárdenas del Río y Ruiz Cortines tres, en el municipio de Sinaloa.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de noviembre de 2007.
Diputada Maria Gloria Guadalupe Valenzuela García
(rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA A LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA DE ESTA SOBERANÍA
A PROMOVER UNA INVESTIGACIÓN EXHAUSTIVA DE LAS CAUSAS DEL DESASTRE
QUE AFECTA TABASCO, A CARGO DEL DIPUTADO RAFAEL ELÍAS SÁNCHEZ
CABRALES, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
El suscrito, diputado federal Rafael Elías Sánchez Cabrales, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 71, 73 y 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite presentar a la Junta de Coordinación Política la siguiente proposición con punto de acuerdo, con objeto de que se exhorte a diversas dependencias y entidades federales, así como al gobierno del estado de Tabasco a que informen y expliquen ampliamente y con la precisión que el caso requiere acerca de los aspectos que se detallan en la presente proposición con punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución, acerca del mayor desastre en la historia contemporánea del sureste mexicano, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Primera. El ejercicio del Presupuesto de Egresos de la Federación y de recursos canalizados por Petróleos Mexicanos para atender los problemas de desastre en Tabasco ha sido poco transparente, a tal grado que más de mil millones de pesos en el año de 1999 y 471.5 millones de pesos durante enero de este año fueron erogados con cargo al Fondo de Desastres Naturales para dar respuesta y mitigar los efectos de los desastres asociados con lluvias e inundaciones, sin que sea claro el destino de tales recursos, tomando en cuenta la magnitud del desastre actual, que hizo evidente que el objetivo de implementar programas y acciones para reducir los desastres derivados de fenómenos hidrometeorológicos no se cumplió. Es un hecho que los recursos de dicho fondo no han sido enfocados a la prevención y mitigación de desastres, razón por la cual existen delitos diversos que deben ser investigados y sancionados.
Segunda. El proyecto integral contra inundaciones, instrumentado después del desastre ocurrido en octubre de 1999 con recursos proporcionados por Petróleos Mexicanos recibió cerca de 2 mil millones de pesos, sin embargo después de varios años de que dicho proyecto debía arrojar resultados efectivos, el desastre actual pone en evidencia que hay irregularidades que implican, como en el caso anterior, probables decisiones y actitudes de negligencia, omisión y, en el peor escenario, corrupción e impunidad.
Tercera. A pesar del aval ideológico que el Colegio de Ingenieros Civiles de México, asociación civil, manifiesta respecto al supuesto manejo técnicamente impecable de las presas hidroeléctricas por parte de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), sobre todo en el caso de la presa conocida como Peñitas en el caso motivo del presente punto de acuerdo, es claro que la política de administración de aguas nacionales con fines de generación de energía y del presunto control de inundaciones no es claro, dado que desde hace varias décadas es reconocido el hecho de que el periodo de mayor intensidad de lluvias en Chiapas y Tabasco se presenta en los meses de agosto, septiembre y octubre, sin olvidar que precisamente en esté último estado es donde se registra la mayor cantidad de precipitación pluvial en el contexto nacional. No se han aplicado medidas para reducir los caudales en periodos cortos con precipitación pluvial extrema, tal y como se ha recomendado a nivel internacional.
Cuarta. La Comisión Federal de Electricidad y la Secretaría de Energía no aclaran que el desfogue de la presa Peñitas, que supuestamente no afectó en mayor grado a Tabasco no se debió únicamente a problemas de manejo hidráulico, sino que hay evidencias de que es parte del proceso de privatización de la generación de energía hidroeléctrica, para beneficiar a los llamados "productores independientes" o generadores privados, razón por la cual se restringió la generación permanente, a fin de no perjudicar las ganancias de los empresarios involucrados en este modalidad de acumulación de capital.
Quinta. El manejo de la política hidráulica en Tabasco y Chiapas, en lo relativo a las cuencas de los ríos Grijalva y Usumacinta ha sido errática, porque además de que no ha beneficiado a ambas entidades, forma parte de una estrategia que favorece claramente el abastecimiento a otros sectores, en detrimento de cientos de comunidades rurales y urbanas, que padecen los efectos de una política discriminatoria, a tal grado que el desastre actual muestra el desprecio que las autoridades competentes han mostrado al respecto.
Sexta. A varios días de iniciado el desastre de mediano plazo que tendrá a decenas de miles de tabasqueños ante la disyuntiva de emigrar o ser víctimas de la negligencia criminal de funcionarios federales y estatales, no se ha aclarado la situación del azolve de los ríos que cruzan la planicie de Tabasco, al igual que en Chiapas después del huracán Stan, se oculta el grave problema del azolvamiento de los ríos, que reciben materiales diversos que sedimentan los lechos de los mismos ríos, afluentes y arroyos, de tal manera que incrementan su potencial de inundar la planicie tabasqueña, dado que no se resuelve una situación grave.
Séptima. La deforestación de la sierra chiapaneca para la expansión de la frontera agropecuaria para la explotación de maderas diversas y los cambios de usos del suelo en Tabasco, al perderse los ecosistemas selvático que hace varias décadas tenía maderas preciosas y de sabana por la sustitución de pastizales para la expansión de la actividad ganadera que no beneficia a Tabasco sino a un grupo empresarial, han dado como resultado que exista mayor fragilidad ante precipitaciones pluviales que arrastran capa vegetal y otros sedimentos, perjudicando a miles de pobladores en ambos estados. En el ámbito de Naciones Unidas se ha insistido en la necesidad de frenar la deforestación.
Octava. Las actividades económicas de Tabasco han sido devastadas, sobre todo para los sectores populares; el sector social tendrá severas limitaciones para salir adelante, dado que no se han aplicado políticas y programas de fomento productivo en el campo y en las ciudades que permitan el fortalecimiento de los sectores mayoritarios de la sociedad tabasqueña.
Novena. En materia de desarrollo social estamos frente a un escenario que plantea la necesidad de modificar la orientación del gasto público, pues los subsidios no compensan en ningún caso los problemas sociales actuales, por lo que debe explicarse cuál es la intención de repetir modelos rebasados, dado que el asistencialismo condena a la población a sobrevivir en condiciones precarias, teniendo como una repercusión la emigración a Estados Unidos o a otras entidades federativas, profundizándose la desarticulación del tejido social.
Décima. El desastre en Tabasco tiene múltiples causas y responsabilidades, por lo que es necesario que esta soberanía haga suya la necesidad de que se emplace a los responsables de diversas áreas de la administración pública centralizada y paraestatal para que expliquen los resultados de diferentes programas y que sean auditados los recursos destinados para diferentes programas relacionados con la atención, prevención y recuperación frente al desastre actual y ante desastres anteriores.
Con base en lo anteriormente expuesto y fundado, y como representante popular profundamente preocupado por la situación actual, que no se resolverá con programas de carácter coyuntural, y convencido de la necesidad de esclarecer las causas para diseñar una política de desarrollo integral de largo plazo para el estado de Tabasco, someto a la consideración de esta honorable soberanía, la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
De obvia y urgente resolución.
Único. Que la Junta de Coordinación Política de esta soberanía, con el apoyo de las comisiones ordinarias competentes y de la Auditoría Superior de la Federación soliciten información documentada y precisa a las siguientes dependencias y entidades federales, así como al gobierno estatal:
• A la Procuraduría General de la República, para que investigue, en su ámbito de competencia, las probables responsabilidades de quienes por omisión, negligencia, corrupción o cualesquiera otras razones deban responder ante la sociedad por el desastre.
• A la Comisión Nacional de Derechos Humanos, para que contribuya a esclarecer las causas del desastre y las correspondientes responsabilidades.
• A la Secretaría de Gobernación y al gobierno del estado de Tabasco, acerca de la aplicación de los recursos del Fondo de Desastres Naturales erogados con motivo de los desastres ocurridos en 1999 y durante enero de 2007 en Tabasco;
• A Petróleos Mexicanos, a la Comisión Nacional del Agua, a la Comisión Federal de Electricidad y al gobierno del estado de Tabasco, para que expliquen cuál ha sido el manejo del proyecto integral contra inundaciones, la aplicación de los recursos entregados para las obras correspondientes y las causas del retraso en la ejecución de los trabajos.
• A la CFE y a la Secretaría de Energía, para que expliquen de manera pormenorizada cuál ha sido el manejo del agua respecto a generación de energía y para el control de inundaciones, particularmente durante el presente año y la temporada de mayor precipitación pluvial, que no ocurrió exclusivamente durante los últimos días de octubre de este año; tengamos en cuenta que la ciudad de Villahermosa padeció mayores afectaciones cuando se incrementó el desalojo de la presa Peñitas.
Por otra parte la CFE no ha explicado cómo es que está beneficiando a los "productores independientes" o generadores privados restringiendo la generación permanente.
• A la Comisión Nacional del Agua y al gobierno del estado, que expliquen el manejo de la política hidráulica en Tabasco y Chiapas, en lo relativo a las cuencas de los ríos Grijalva y Usumacinta, que no ha favorecido a la mayor parte de la población, dado el uso del vital líquido para generar energía hidroeléctrica; sigue siendo contradictorio el hecho de que a la carencia de agua potable para decenas de miles de pobladores se suma la ocurrencia periódica de inundaciones de diversas magnitudes.
• A la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a la Comisión Nacional del Agua y al gobierno del estado, para que informen qué programas y acciones se han llevado a cabo para resolver el problema de los ríos, afluentes y arroyos azolvados en la entidad, dado que las inundaciones no se debieron solamente a las lluvias.
• A la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a la Comisión Nacional Forestal y a los gobiernos de Tabasco y Chiapas, para que informen y expliquen qué han hecho respecto a la deforestación y destrucción de selvas y ecosistemas diversos en la región, hecho que configura un precursor del desastre actual dado que los escurrimientos han incrementado su poder destructivo por esta devastación.
• A la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, a la Secretaría de Economía, para que informen acerca de los recursos canalizados al apoyo de las actividades económicas en Tabasco con motivo de los desastres ocurridos de 1999 a la fecha, dado que la vulnerabilidad productiva en el estado indica la inconsistencia de los programas correspondientes, siendo necesario replantear el modelo de desarrollo en la entidad.
• A la Secretaría de Desarrollo Social y a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, para que informen y expliquen qué ha ocurrido con los programas sociales implementados ante diferentes desastres, dado que la magnitud del desastre actual pone en evidencia que el tejido social tabasqueño no se ha recuperado plenamente, siendo por ello cada vez más vulnerable.
• A la Secretaría de Desarrollo Social, a la Secretaría de Reforma Agraria y al gobierno del estado, para que expliquen por qué no se han aplicado programas de planeación urbana que permitan prevenir y mitigar los efectos de desastres como el actual, dado el emplazamiento de ciudades y pueblos en condiciones de riesgo permanente, sin existir regulación alguna del suelo para usos urbanos y habitacionales.
Diputado Rafael Elías Sánchez Cabrales (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, RELATIVO
A LA PREVENCIÓN DE LAS ADICCIONES EN EL SECTOR PÚBLICO, SUSCRITA
POR DIPUTADOS DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
Los suscritos, diputados federales de la LX Legislatura del Congreso de la Unión, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 42 de la Ley Orgánica y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a la consideración de este Pleno dos puntos de acuerdo, de urgente y obvia resolución, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Uno de los principales problemas contemporáneos es el del narcotráfico, en sus dos modalidades: el tráfico y el consumo.
En cuanto al tráfico, nuestra sociedad es testigo del crecimiento de esta actividad ilegal, que ha sido capaz de crear redes internacionales que retan la capacidad de los Estados para combatirla y cuyo valor mundial se estima en más de 500 mil millones de dólares, valor cercano al producto nacional bruto de México y hasta dos veces superior a los de cualquier país de Europa del norte.
Respecto al consumo, es preocupante que una proporción creciente de las sociedades esté cayendo en la farmacodependencia. El ejemplo más ilustrativo es el de Estados Unidos, donde –se estima– cerca de 38 por ciento de los habitantes ha consumido alguna droga.
En el caso de países como el nuestro estamos pasando de ser naciones de tránsito en importantes productores y, lamentablemente, consumidores.
La farmacodependencia afecta principalmente a la juventud, desintegra a las familias, distorsiona la actividad económica y financiera, y provoca una pérdida creciente de valores sociales. Resulta preocupante observar cómo las autoridades tienen que supervisar las mochilas de los alumnos en las escuelas primarias y en las secundarias, además de que en muchos lados es vox populi que los delincuentes llegan a obsequiar a los menores golosinas con droga, para inducir a las adicciones. Es moralmente inaceptable el nivel que ha tomado este fenómeno de distorsión social.
Lo cierto es que mientras haya consumidores dispuestos a pagar por el producto, seguirá habiendo producción y tráfico, donde muchas veces terminan involucrándose autoridades públicas, suscitándose escándalos que han dado la vuelta al mundo.
Hay que reconocer que las organizaciones del narcotráfico han desarrollado tal potencial de lucro, que cada vez más personas y países sucumben ante la corrupción y el soborno, facilitando el tráfico de drogas. Se señala que dichas organizaciones delictivas cuentan con brazos armados y con contactos en las instituciones políticas, en diversos niveles.
Primero en el lenguaje popular y ahora cada vez más en el análisis académico y en el discurso público se habla de un concepto deleznable, la narcopolítica. La narcopolítica ni siquiera debería llamarse así porque tal colusión de intereses es todo lo contrario a lo deseable en la política: es la antipolítico; es la disminución y pérdida de la ética y de la moral pública, que deben ser el sustento de la legitimidad de las instituciones y del correcto funcionamiento de la democracia.
Esta situación ha llegado a excesos condenables, de tal modo que se habla no sólo del apoyo hacia la delincuencia por miembros de la clase política sino incluso del consumo creciente de estupefacientes por parte de ellos. Algunos casos conocidos mundialmente son los de los 59 políticos a quienes se hizo una prueba, sin su conocimiento, en Italia en 2006 y resultó que casi la mitad habían consumido drogas en días anteriores. También se encuentra el caso del escándalo en Costa Rica de jóvenes y ambiciosos políticos en tal situación.
De acuerdo con el artículo 189 de la Ley General de Salud, la prevención de la farmacodependencia debe sustentarse en la investigación, la educación y el compromiso social. Uno de los mecanismos más útiles para prevenir el consumo de drogas es el examen toxicológico, mejor conocido como antidoping, el cual, en nuestro país, se aplica en materia deportiva y en el sector público fundamentalmente en las corporaciones policiacas antes del ingreso y en evaluaciones periódicas.
Pensamos que esta importante herramienta preventiva debe extenderse en su aplicación para contribuir a trasparentar las instituciones públicas y generar confianza ciudadana en la honorabilidad de los servidores públicos. Pensemos en propiciar que estas pruebas se efectúen, por ejemplo, como parte del proceso de incorporación en el servicio profesional de carrera, en la carrera magisterial, en la carrera militar y, en general, en toda la administración pública central y descentralizada. Sería costeable financieramente y muy grande el beneficio en materia de credibilidad ante los ojos de la ciudadanía.
Ése es el propósito de este proyecto, en el sentido de solicitar al Ejecutivo federal que se aplique de manera general, como mecanismo preventivo contra las adicciones, en todo el gobierno federal, la prueba antidoping. De este ejercicio preventivo no debería quedar excluido el Poder Legislativo, como representante de la sociedad y como uno de los primeros obligados a fortalecer la moral pública.
Por lo expuesto, sometemos a su consideración, como de urgente y obvia resolución, los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. Se exhorta al Poder Ejecutivo federal para que instaure la aplicación de exámenes toxicológicos a todos los servidores públicos federales, a fin de actuar con firmeza ante la presunción de infiltración de las redes del narcotráfico en las instituciones públicas y como mecanismo de fortalecimiento de la credibilidad ciudadana ante un gobierno que garantice que sus integrantes están libres del consumo de estupefacientes; y
Segundo. Como un acto trascendente de transparencia y fortalecimiento de la legitimidad de las instituciones políticas, que se efectúe examen antidoping a los miembros de las Cámaras del Congreso de la Unión, como ejemplo abierto de rechazo a las adicciones.
Palacio Legislativo, a 14 de noviembre de 2007.
Diputados: Fernando Quetzalcóatl Moctezuma
Pereda, Gerardo Sosa Castelán, María Oralia Vega Ortiz, Joel
Guerrero Juárez, Edmundo Ramírez Martínez (rúbricas).
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA A LAS AUTORIDADES COMPETENTES A INFORMAR SOBRE LA VENTA DE ALTOS
HORNOS DE MÉXICO, A CARGO DEL DIPUTADO ROLANDO RIVERO RIVERO, DEL
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
Rolando Rivero Rivero diputado federal, integrante de esta LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, del GP del PAN y con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, ante quien expongo la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución en base a lo siguiente.
El día 22 de noviembre del 2006 el Pleno del Congreso del estado independiente libre y soberano de Coahuila de Zaragoza, conoció de un dictamen presentado por la Comisión de Trabajo y Previsión Social relativo a la proposición con punto de acuerdo sobre "Investigacion del reclamo hecho por los ex obreros de la entonces industria acerera paraestatal, respecto al producto de la venta de AHMSA a la iniciativa privada" presentada por la diputada Silvia Garza Galván y los diputados José Antonio Jacinto Pacheco y Luis Alberto Mendoza Balderas del GP del PAN, misma que fue enviada a la Comisión del Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión el 7 de marzo del 2007.
En Monclava, Coahuila ciudad donde se encuentra asentada la industria siderúrgica Altos Hornos de México, SA de CV, (AHMSA) misma que hasta 1991 perteneció como empresa paraestatal y dependiente del gobierno federal, con base en una licitación realizada a partir de octubre del mismo año y adjudicada al Grupo Acerero del Norte, SA de CV, el 23 de diciembre del mismo año, misma que en dicha venta debió haberse asentado una cláusula donde los obreros deberían tener participación económica de la venta realizada, como así existió en la compra del Grupo Minera México correspondiente a un 5 por ciento y que hasta la fecha reclaman, como un patrimonio que les corresponde.
En Monclova ciudad llamada la capital del acero, ubicada en el centro del estado de Coahuila, existe una asociación de mineros siderúrgicos formada por mas de 3 mil ex trabajadores de la planta siderúrgica más grande de Latinoamérica, que hasta la fecha a mantenido su esperanza en la existencia de una cláusula en la compraventa realizada entre el gobierno federal y la ganadora de la licitación el grupo Acerero del Norte, SA de CV, sobre una aportación económica que debería haberse insertado a favor de los obreros, por la venta realizada. Cada día este movimiento social crece y se mantiene principalmente por la enorme necesidad económica que prevalece en los ex trabajadores, que después de haber laborado durante más de 30 años no hayan tenido esa participación que por ley les corresponden.
Pasados más de 15 años se sigue insistiendo en este derecho por haberse vendido un patrimonio de la nación sin haber tenido hasta la fecha una aportación económica que los beneficie como fue beneficiado el Estado al haberse realizado la compra venta.
Lamentable ninguna autoridad ni mucho menos ex lideres del Comité Ejecutivo Nacional minero, así como los dirigentes locales que participaron en la venta de la empresa no puedan aclarar ¿qué paso con ese porcentaje (5 por ciento)? Y que ninguna autoridad hacendaria, federal, bancaria, allá podido exhibir o mostrar una copia del citado convenio o contrato de venta donde sin duda mostraran las cláusulas o condiciones de la transacción, pues sólo el hecho de esta demostración bastaría para dar certidumbre a los quejosos o bien poner fin a la situación de reclamo.
Es importante valorar el caso de AHMSA por los siguientes conceptos:
2. Debió haber existido un convenio de participación en la compra venta entre el Sindicato Minero Metalúrgico de la República Mexicana y el gobierno federal con el ganador de la licitación el Grupo Acerero del Norte, SA de CV, en donde se definiera la participación económica que le debería corresponder a los obreros
3. Se requiere valorar el aspecto jurídico e histórico con la situación legal actual, es decir, analizar el asunto de la probable prescripción legal de la acción de la justicia misma que para el caso no debe tener vigencia, como ejemplo, del caso tenemos la situación de los ex braceros que después de más de 60 años se les reconoció su situación legal y la aprobación de sus pagos.
4. Justo es reconocer que pudo haber existido una aportación económica que debería ser asignada a los obreros de las empresas para estatales que fueron a ser vendidas al Grupo Acerero de Norte, SA de CV.
Único. Con base en las anteriores consideraciones, es importante que este Congreso de la Unión haga un exhorto a la Secretaría de Hacienda y Crédito Publico, al banco Banorte (antes Banco Mercantil del Norte, SNC) así como al gobierno federal sobre la entrega de las condiciones y convenios en que fueron vendidas tanto la empresa siderúrgica como las minas de carbón y de fierro asignadas en la misma compra venta, sólo así se podrá llegar a la valoración y a la verdad de la existencia o no de la aportación económica que debieron de tener los obreros en tal transacción.
Dado en el Palacio Legislativo, a 14 de noviembre de 2007.
Diputado Rolando Rivero Rivero (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE SOLICITA AL INSTITUTO DE INGENIERÍA DE LA UNAM UNA EVALUACIÓN
TÉCNICA DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA Y EL MANEJO DEL
SISTEMA DE PRESAS EN TABASCO Y CHIAPAS, A CARGO DEL DIPUTADO ANTONIO ORTEGA
MARTÍNEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
Los que suscriben la presente proposición, diputados federales de la LX Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de esta soberanía una proposición con punto de acuerdo por medio del cual se solicita al Instituto de Ingeniería de la UNAM que realice una evaluación técnica de la infraestructura hidráulica y el manejo del sistema de presas en Tabasco y Chiapas, a fin de esclarecer las condiciones de la emergencia que viven esos estados, al tenor de los siguientes
Antecedentes
1. Tabasco y Chiapas enfrentan una situación de emergencia a consecuencia de las inundaciones que han alcanzado más de 80 por ciento del territorio y al menos 15 municipios del primero de esos estados, pero que en ambos han significado también deslaves de cerros, aludes y torrentes que han afectado a un número importante de poblaciones, que han dejado un saldo superior a 1 millón de damnificados y que, en el mediano plazo, tendrán consecuencias graves en la infraestructura de ambos estados.
2. De la recapitulación de los acontecimientos sabemos que esta emergencia combinó la presencia de fuertes lluvias que presionaron la capacidad de la infraestructura hidráulica en esos estados, con la estructura misma del sistema de presas y ríos y el manejo regular que tienen frente a condiciones extremas, como las registradas.
3. Es conocida la situación geográfica e hidrológica de esa región de la República Mexicana, los riesgos que se enfrentan en época de lluvias y a consecuencia de los fenómenos climáticos que regularmente se presentan, pero también, como consecuencia de ello, los distintos proyectos que se han impulsado desde la federación, los gobiernos estatales e incluso municipales para fortalecer las condiciones de seguridad y respuesta.
En tal sentido, los diputados federales que suscribimos la presente proposición consideramos que el Estado mexicano requiere una evaluación técnica integral y profunda de la infraestructura hidráulica y los criterios de operación con que se administra el sistema de presas en Tabasco y Chiapas, a fin de identificar las debilidades y los riesgos que propiciaron la emergencia que actualmente se vive en esa región del sureste del país. Lo anterior, consideramos, es una condición indispensable para identificar las áreas estratégicas que es necesario atender, y construir las políticas públicas que se requieren para prevenir situaciones como la que se enfrenta.
En tal sentido y conociendo la capacidad técnica, seriedad y solvencia profesional que hay en la Universidad Nacional y particularmente en el Instituto de Ingeniería, que cuenta con recursos humanos y técnicos para evaluar los aspectos referidos, proponemos a esta soberanía el siguiente
Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión solicita Instituto de Ingeniería de la UNAM que realice una evaluación técnica de la infraestructura hidráulica y los criterios en el manejo del sistema de presas en Tabasco y Chiapas, a fin de esclarecer las condiciones de la emergencia que viven esos estados.
Segundo. Los resultados de dicha evaluación se presentarán al Pleno de esta Cámara para que, en el marco de sus facultades, decida su seguimiento.
Palacio Legislativo de San Lázaro.- México, Distrito Federal, a 14 de noviembre de 2007.
Diputados: Antonio Ortega Martínez, Alma
Edwviges Alcaraz Hernández, Mario Alberto Salazar Madera, Antonio
Valladolid Rodríguez, Pablo Trejo Pérez, Gerardo Sosa Castelán,
Víctor Leopoldo Valencia de los Santos, Alan Notholt Guerrero, Elías
Cárdenas Márquez, Jaime Cervantes Rivera (rúbricas).
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA A LA SEP A INCREMENTAR LAS MEDIDAS PARA REGULARIZAR COLEGIOS
PARTICULARES DE PREESCOLAR CARENTES DE AUTORIZACIÓN OFICIAL, A CARGO
DEL DIPUTADO CARLOS AUGUSTO BRACHO GONZÁLEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PAN
El suscrito, Carlos Augusto Bracho González, diputado federal de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicita a esta soberanía la manifestación con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Educación Pública a incrementar medidas para identificar, vigilar y, en su caso, regularizar escuelas que impartan el nivel preescolar que no cuenten con autorización expresa del poder público; asimismo, informen a los padres de familia clara y puntualmente que no están autorizadas para emitir documentos oficiales.
Exposición de Motivos
La educación preescolar es un derecho de los niños mexicanos; es una oportunidad para que los padres de familia mejoren y enriquezcan sus prácticas de crianza, y un compromiso del personal docente y de apoyo para cumplir los propósitos planteados.
Actualmente, la educación preescolar es una realidad mundial, indispensable para garantizar el óptimo desarrollo de los menores. La importancia que tienen los primeros años de vida en la formación del individuo requiere que los actores educativos nacionales cuenten con conocimientos, habilidades y actitudes adecuadas para elevar la calidad del servicio que ofrecemos.
Las nuevas generaciones requieren jardines de niños donde directivos, educadores y padres de familia interactúen y se apoyen mutuamente, con metas claras y evaluables, y sobre todo dispuestos a la reflexión, a la autocrítica y al cambio, una comunidad escolar con prioridades para superar los resultados de aprendizaje y con una clara definición de las conductas y actitudes que fomenten la unión de esfuerzos y la optimización de recursos.
Para satisfacer estos compromisos se requiere que todas las personas comprometidas con la educación en México establezcan planes de trabajo que propicien espacios de participación, comunicación e intercambio de ideas y experiencias educativas ante la riqueza que proporciona la amplia diversidad cultural del país, representando así una estrategia para construir un proyecto común de escuela y de país que permita definir metas comunes.
Uno de los principales retos de la educación preescolar consiste en propiciar la equidad educativa, atendiendo a la amplia diversidad cultural que caracteriza las comunidades de nuestros jardines de niños, para lo que se requieren equipos de trabajo fuertes, centrados en la formación y actualización permanente, en la investigación e implantación de estrategias novedosas de enseñanza, con base en una actitud reflexiva y crítica de su quehacer docente y que esté convencido de la importancia y trascendencia social de su función.
El artículo 12 de la Ley General de Educación a la letra dice: "Corresponden de manera exclusiva a la autoridad educativa federal las atribuciones siguientes:
…
VII. Fijar los requisitos pedagógicos de los planes y programas de educación inicial y preescolar que, en su caso, formulen los particulares."
La Secretaría de Educación Pública debe reforzar las medidas para que los preescolares particulares que se acerquen a la autoridad educativa y cumplan los requerimientos de ley para integrarse al programa de incorporación que les permita ofrecer los servicios de este nivel.
El acuerdo 278, publicado el 30 de julio de 2000 en el Diario Oficial de la Federación, establece que, para que las instituciones obtengan el registro de validez oficial de estudios, el particular deberá presentar una solicitud en la que asentará sus datos de identificación y, en su caso, los de su representante legal, el domicilio para recibir notificaciones y la propuesta de una terna de denominaciones del plantel, entre otros datos.
El reciente acuerdo secretarial número 332 está diseñado para las instituciones que no pueden cumplir los requisitos del acuerdo 278. El objetivo del programa previsto en este acuerdo es incorporar en el sistema educativo nacional a los particulares que ofrecen el servicio de preescolar sin reconocimiento de validez oficial, a través del cumplimiento de las observaciones que se formulen y dentro de los plazos que la autoridad establezca en el cronograma respectivo.
La Secretaría de Educación Pública no debe otorgar concesiones a los preescolares que no cumplan planes, programas y métodos educativos establecidos por la SEP, que cuenten con la seguridad del inmueble, ya que se debe garantizar la salud de maestros y de alumnos, que tengan personal docente capacitado y acreditado, así como condiciones higiénico-pedagógicas.
Por lo expuesto, someto a la consideración de esta soberanía que se apruebe el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Exhortar a la Secretaría de Educación Pública para que incremente e intensifique las medidas de vigilancia e inspección para que escuelas particulares que impartan el nivel preescolar que no cuenten con autorización expresa del poder público sean regularizadas, así como para que informen a los padres de familia de manera clara y puntual que no están autorizadas para emitir documentos oficiales.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de noviembre de 2007.
Diputado Carlos Augusto Bracho González (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE CITA A COMPARECER A LOS DIRECTORES GENERALES DE LA CFE Y DE LA CONAGUA,
A CARGO DEL DIPUTADO FERNANDO ENRIQUE MAYANS CANABAL, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PRD
Fernando Enrique Mayans Canabal, diputado federal a la LX Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, se permito presentar una proposición con punto de acuerdo, con base en las siguientes
Consideraciones
Si bien la situación de desastre por la que atraviesa Tabasco se pudo dar en parte al cambio climático global de la Tierra, también tiene explicación por la incapacidad gubernamental de ayer y de ahora para prever y actuar en estas extraordinarias y gravísimas circunstancias.
En un estado que hoy se encuentra ahogado por el agua y sus problemas económicos y sociales, la exigencia principal no sólo es el apoyo solidario para reducir los estragos causados por esta contingencia sino la explicación detallada por funcionarios y autoridades responsables de actuar, a efecto de deslindar responsabilidades.
Como se informó, desde el 23 de octubre de 2007 el desbordamiento del río Grijalva había ocasionado inundaciones en el municipio de Centla, donde se encuentra la desembocadura de este río, que nace en Guatemala. Varias colonias de Frontera –cabecera municipal de Centra– quedaron bajo el agua. Asimismo, en el municipio de Paraíso, las tormentas habían derrumbado postes y fue necesario el desalojo de los habitantes de la isla Andrés García.
Debido a las fuertes lluvias ocasionadas por un frente frío y la presencia de la tormenta tropical Noel en el Mar Caribe, se registró un incremento en la cantidad de agua que estaba cayendo en la cuenca del Grijalva, en el norte de Chiapas, lugar en el que se ubican las presas La Angostura, Chicoasén, Malpaso y Peñitas, por lo que también se generó un aumento en el caudal de los ríos que tienen sus fuentes en esa región.
Frente a esta situación, el 29 de octubre, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) informó que desfogaría la presa Peñitas, la más cercana al territorio de Tabasco, debido a que la presa estaba recibiendo más agua de la que podía recibir. En ese momento, se habló de una descarga de 669 metros cúbicos por segundo (m3/s), aunque al día siguiente la cantidad de agua que se descargó desde el norte de Chiapas a Tabasco aumentó a mil 500 m3, provocando un aumento de más de 1 metro en el nivel del río Grijalva en los Llanos de Tabasco, por lo que al día siguiente apareció inundada la mayor parte del territorio de Tabasco y del municipio de Centro de Villahermosa.
Particularmente, la CFE informó mediante comunicado que "debido a las precipitaciones extraordinarias que se han registrado en los últimos días en toda la cuenca del río Grijalva como resultado de los efectos del frente frío número 4, que afectó la zona desde el pasado 21 de octubre, y de la masa de aire frío presente en estos momentos, el vaso de la central hidroeléctrica Peñitas, en Chiapas, ha recibido aportaciones promedio del orden de 3 mil 800 m3/s, con picos de 5 mil m3/s, lo que ha propiciado una evolución importante en los niveles del embalse de esa presa, pese a que la central hidroeléctrica Malpaso se encuentra cerrada. Por tal motivo, para garantizar la seguridad de los habitantes de Villahermosa y de la infraestructura eléctrica, y de acuerdo con lo establecido en el procedimiento de operación de la presa en caso de avenidas y lluvias extraordinarias y en coordinación con la Comisión Nacional del Agua (CNA) y el gobierno de Tabasco, el día de hoy, a las 8:46 horas, al alcanzarse el nivel de 90.50 metros sobre el nivel del mar, se inició la apertura temporal del vertedor de excedencias de la presa, abriéndose las compuertas 5, 6, 7 y 8, para descargar un volumen de 669 m3/s, que representa el gasto mínimo de despegue. Igualmente, en coordinación con la CNA, se acordó incrementar la extracción por turbinas a 840 m3/s, que sumados a los 669 m3/s dan un volumen total de descarga de mil 509 m3/s. Esta situación se ha mantenido hasta el momento. No obstante, en virtud de que durante las últimas horas han continuado registrándose importantes precipitaciones a la cuenca del Grijalva, los técnicos de la CFE y de la CNA, en coordinación con el gobierno de Tabasco, acordaron incrementar a 2 mil m3/s el desfogue de la presa Peñitas, con el objetivo de salvaguardar la integridad de la infraestructura eléctrica de esta central. La CFE se mantendrá en estrecha coordinación con la CNA y el gobierno del estado, atenta a la evolución de las precipitaciones e informará oportunamente sobre las acciones por tomar.
El Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred), en su reporte de abril de 2000 sobre las inundaciones que azolaron Tabasco en 1999 (Evaluación del impacto económico de las inundaciones ocurridas en septiembre y octubre de 1999) menciona: "Después de intensas lluvias en septiembre de 1999, a principios de octubre las aguas de la presa Peñitas habían sobrepasado el nivel máximo ordinario de la misma, obligando al desalojo de gastos de hasta 2 mil 323 metros cúbicos por segundo. Debido a lo anterior, y al hecho de que los ríos habían alcanzado niveles extraordinarios, el proceso natural de desalojo hacia el mar se dificultó, generando inundaciones en áreas urbanas, suburbanas y de uso agropecuario. El estancamiento de las aguas por tan prolongado tiempo ocasionó pérdidas importantes en la infraestructura económica y social, así como en los sectores productivos del estado, al haberse detenido o entorpecido sus actividades y trastornado la vida de importantes segmentos de la población".
Como se advierte, la inundación que aún padece Tabasco presenta la misma explicación de la de 1999: el incremento en el nivel máximo de capacidad de la presa Peñitas. La pregunta es ¿por qué después de ocho años no se hizo nada?
Junto a las acciones que pudieron haber realizado o dejado de hacer las autoridades hidráulicas estatales y la CNA, es pertinente conocer más a detalle cuál fue la actuación de la CFE respecto a las acciones de desfogue emprendidas en la presa Peñitas, situada en Chiapas, en la parte más alta del sistema hidrológico de Tabasco.
La advertencia sobre la posibilidad de una inundación de las magnitudes que se presentaron en Tabasco ya se había realizado varios años atrás; además, en repetidas ocasiones se había señalado que el sistema de regulación hidráulico de la ciudad de Villahermosa fue sustituido por centros comerciales e infraestructura y fraccionamientos urbanos. Y por si fuera poco, de acuerdo con un estudio de la Universidad Nacional Autónoma de México, se advirtió que las costas del Golfo de México serían especialmente sensibles ante los efectos del cambio climático, con un aumento de 2º Celsius en la temperatura global del planeta; poniéndose especial énfasis al complejo deltaico Grijalva-Usumacinta-Mescalapa.
Aunado a lo anterior, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) argumentó que la tragedia de Tabasco se pudo prevenir a bajo costo, mediante el establecimiento de sistemas de alerta temprana, evaluación de riesgos, planes de desalojo, educación a la población vulnerable y planeación del uso de tierra.
Un informe de la Oficina de Coordinación de Asistencia Humanitaria de la ONU reveló que las devastadoras inundaciones en Tabasco han tenido como resultado al menos 3 muertos y más de 1 millón de damnificados. Señaló que casi 80 por ciento del territorio, que comprende alrededor de 700 mil casas y grandes extensiones de cultivos, está sumergido bajo las torrenciales precitaciones; además de que unas 350 mil personas en Tabasco se encuentran todavía atrapadas en sus viviendas.
Dentro de los daños materiales, de acuerdo con la Cámara Nacional de la Industria de Transformación, se han contabilizado unas 118 empresas afectadas a causa de las inundaciones, lo que representa una pérdida de 60 millones de pesos, cifra que podría incrementarse debido a la paralización de las actividades comerciales. Por otra parte, el Congreso Agrario Permanente estimó que en Tabasco se han dañado 160 mil hectáreas agrícolas y ganaderas. Éstos son tan sólo algunos daños.
La reconstrucción de Tabasco no se logrará sólo con la aplicación de recursos económicos, ya que los daños que provocan los desastres naturales pueden ser aminorados con una anticipada y efectiva intervención de los órganos e instituciones de gobierno, situación que evidentemente en la inundación de Tabasco y en el deslave de un cerro en la comunidad Juan de Grijalva, en el estado hermano de Chiapas, no aconteció.
Frente a la angustia, dolor e incertidumbre que padecen miles de familias tabasqueñas, lo menos que debe hacer la Cámara de Diputados es ejercer sus facultades para que inicie una investigación seria sobre el uso y la aplicación de todos los recursos federales que se destinan año con año para la prevención y control de situaciones como las que hoy enfrenta Tabasco. Lo menos que debemos hacer como representantes populares es garantizar que todos los recursos que se han decidido destinar a la reconstrucción del estado, sean aplicados de manera integral sin ningún tipo de desvío, por lo que la Auditoría Superior de la Federación debe intervenir para cumplir este objetivo.
Por lo expuesto, pido a la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados que someta a la consideración del Pleno, como de urgente resolución, la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Primero. Se cita a comparecer a los ciudadanos Alfredo Elías Ayub, director general de la Comisión Federal de Electricidad, y José Luis Luege Tamargo, director general de la Comisión Nacional del Agua, para que informen detalladamente sobre las acciones que se emprendieron en el marco del Programa Integral contra Inundaciones, con motivo de las altas precipitaciones registradas en la cuenca del río Grijalva, además de las que se están llevando a cabo de manera coordinada, para contener los efectos de la inundación que aún enfrenta el estado de Tabasco.
Asimismo, para que dichos servidores públicos informen respecto a los criterios de inversión en obras de infraestructura, y la aplicación detallada de los montos económicos presupuestados y ejercidos para dar cumplimiento a dicho programa.
Segundo. Se solicita a la Auditoría Superior de la Federación, a través de la Comisión de Vigilancia de esta Cámara, que en ejercicio de sus atribuciones implante un programa especial de revisión y auditoría que garantice el uso y la aplicación eficientes de todos los recursos financieros que las distintas dependencias federales han destinado para iniciar la reconstrucción de Tabasco, incluidos los del Fondo de Desastres Naturales.
Palacio Legislativo, a 14 de noviembre de 2007.
Diputado Fernando Enrique Mayans Canabal (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA A LA SHCP A REALIZAR MEDIANTE LA CNBV LAS GESTIONES PERTINENTES
ANTE LAS INSTITUCIONES DEL SECTOR FINANCIERO MEXICANO PARA QUE CONSIDEREN
IDENTIFICACIÓN OFICIAL LA MATRÍCULA CONSULAR, SUSCRITA POR
LOS DIPUTADOS ALEJANDRO LANDERO GUTIÉRREZ Y MOISÉS ALCALDE
VIRGEN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
Quienes suscriben, Alejandro Landero Gutiérrez y Moisés Alcalde Virgen, diputados federales del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LX Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a realizar, a través de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, las gestiones pertinentes ante las instituciones del sector financiero mexicano para que consideren la matrícula consular como documento oficial de identificación y ésta sea aceptada, de facto, por dichas instituciones, al tenor de las siguientes
Consideraciones
La matrícula consular es un documento oficial emitido por el gobierno de México para tener un registro del número de mexicanos que viven fuera del territorio nacional.
Este instrumento tiene varios fines, entre ellos: facilita a las autoridades mexicanas la localización de los connacionales en el exterior y, lo más importante, sirve como identificación para que un mexicano compruebe su nacionalidad, esto independientemente del estatus migratorio de la persona.
De acuerdo con cifras del Instituto de Mexicanos en el Exterior, cerca de 4 millones de mexicanos tienen matrículas consulares.
En Estados Unidos la matrícula consular es aceptada por 33 estados y cerca de 178 instituciones bancarias, como Bank of America, Citibank, HSBC, Washington Mutual, Union Bank of California.
A pesar de ser un documento emitido para los mexicanos que viven en el exterior, la matrícula consular tiene reconocimiento y validez en México, ya que es reconocida por el Instituto Federal Electoral y 22 estados de la república entre ellos: Guanajuato, Michoacán, Oaxaca, Nuevo León y Zacatecas.
Para la realización de algún trámite en el sistema financiero mexicano, hay diversos documentos oficiales que son permitidos, tales como acta de nacimiento, cédula profesional, pasaporte, cartilla del servicio militar nacional entre otros.
Sin embargo en algunos casos la matrícula consular no es considerada como identificación oficial, lo cual acarrea gravea problemas a nuestros hermanos migrantes. Resulta absurdo que haya instituciones financieras norteamericanas que aceptan la matrícula consular para servicios como la apertura de cuentas y que bancos mexicanos no la consideren como identificación oficial.
Por ello, en un esfuerzo para que la matrícula consular sea ampliamente aceptada por el sector financiero, se realizaron diversas reformas a la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, las cuales fueron publicadas el 14 de mayo de 2004 en el Diario Oficial de la Federación.
Dicha reforma al artículo 95 de ésta ley establece que "...la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en las reglas generales emitirá los lineamientos sobre el procedimiento y criterios que las organizaciones auxiliares del crédito y casas de cambio deberán observar respecto de:
Dentro de éste documento se encuentra establecido como documentos válidos de identificación para personas físicas de nacionalidad mexicana los siguientes:
Cuando se solicite identificación oficial, el contribuyente puede presentar alguno de los siguientes documentos:
5. Si usted es extranjero, puede presentar el documento migratorio vigente que corresponda emitido por autoridad competente (en su caso, prórroga o refrendo migratorio).
6. Certificado de matrícula consular.
Por todo lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración del Pleno de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que a través de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores se realicen las gestiones pertinentes ante las instituciones del sector financiero mexicano para que consideren la matrícula consular como documento oficial de identificación y ésta sea aceptada, de facto, por dichas instituciones.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de noviembre de 2007.
Diputados: Alejandro Landero Gutiérrez,
Moisés Alcalde Virgen (rúbricas).
Silvio Gómez Leyva, en mi carácter de diputado federal de la LX Legislatura, en ejercicio de las facultades que me confiere el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, promuevo efeméride relativa al 111 aniversario de la muerte de Vicente Riva Palacio y Guerrero.
Vicente Riva Palacio y Guerrero nació en la Ciudad de México, el 16 de octubre de 1832; descendiente de una familia forjadora de la historia de México, pues fue nieto por la línea materna, del general Vicente Guerrero.
Habiendo concluido sus estudios como abogado, fue electo diputado en 1856 y en 1861. Fue invitado por el presidente Juárez para ocupar dentro su gabinete la cartera de Hacienda.
Fue gobernador del estado de México en 1863, cargo que ocupo posteriormente en el estado de Michoacán en el año de1865.
Como consecuencia de los conflictos políticos que acontecían en el México de aquella época, publica su periódico de sátira llamado "El Ahuizote", motivo por el cual fue encarcelado en 1884, pues cuestionaba severamente al gobierno del presidente Manuel González, momentos en el que culmina su obra literaria "México a través de los siglos".
En 1886 es nombrado ministro de México en Madrid, trabajo diplomático que le valió el respeto y aprecio de los círculos oficiales y académicos de aquella época.
Como se observa, su personalidad multifacética le permitió, no sólo participar en el quehacer político, pues como literario aportó grandes obras entre las que sobresalen "Flores del Alma" y "Los Cuentos del General".
En el campo del Derecho, resaltó su participación en la Suprema Corte de Justicia en la que fungió como ministro.
El día 22 de noviembre de 1896 muere en la ciudad de Madrid, por lo que hoy a 111 años de su fallecimiento, la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional, recuerda con orgullo a este gran hombre que entregó sus aptitudes de político, poeta y jurista en beneficio de nuestro México.
Por su atención, muchas gracias.
Diputado Silvio Gómez Leyva (rúbrica)
CON MOTIVO DEL ESTABLECIMIENTO DEL DÍA NACIONAL DE LA MUJER RURAL MEXICANA, A CARGO DE LA DIPUTADA IRMA PIÑEYRO ARIAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE NUEVA ALIANZA
En México, los estereotipos y prejuicios en materia de género le han asignado a la mujer la función de la reproducción y, por lo tanto, su papel como productora ha sido sistemáticamente desconocido y subvalorado. Además, existe la creencia de que es el hombre quien ejerce la función de cabeza de familia en el hogar.
Como fruto de esta división del trabajo socialmente reconocida y aceptada, las mujeres rurales se enfrentan cotidianamente a un sinnúmero de obstáculos para llevar a cabo las actividades productivas, con miras a asegurar la subsistencia de sus familias.
La tarea de la mujer campesina, en nuestro país, está estrechamente vinculada a una doble jornada: se caracteriza por la diversidad de labores que asumen en bienestar de sus familias y comunidades como madres, agricultoras en la producción de alimentos y comerciantes.
– Más de la mitad de esas localidades tienen un
alto grado de marginación y
– Representan el 17.3 por ciento de la población
económicamente activa.
– Asimismo, 68.1 por ciento de la población femenina
rural vive en 10 estados.
– Oaxaca tiene más del 50 por ciento de la población
rural femenina, seguido de Chiapas, Hidalgo, Guerrero y Michoacán.
Aunque socialmente tan sólo se reconoce su función en la esfera reproductiva, es decisivo el papel que desempeñan en la producción agropecuaria y en la seguridad alimentaria.
Las mujeres se ocupan, entre otras cosas, del cuidado de la huerta y de los animales, siembran, recolectan la cosecha, procesan alimentos, comercializan la producción, cocinan, cuidan y educan a los hijos.
Un gran número de campesinas forman parte de la fuerza de trabajo asalariado temporal o permanente en la agricultura comercial, o bien, participan como artesanas.
Podemos afirmar que la columna principal de apoyo de las actividades agropecuarias en México, en pequeña escala, está constituida por las mujeres rurales. Son también el sustento principal de las economías en sus hogares. Por lo mismo, las estrategias que se planteen para lograr un desarrollo rural sostenido, deben incluir el apuntalamiento de sus capacidades productivas y el acceso a recursos, que den garantía de seguridad alimentaria, cuidado del medio ambiente, nutrición, gestión de los recursos forestales, uso apropiado del agua y mecanismos que las sitúen y mantengan en el mercado económico.
La pobreza en las zonas rurales tiene efectos devastadores en la salud, educación, nutrición, acceso a recursos, esperanza de vida, ingresos, empleo, mortalidad materna e infantil, participación política y violencia intrafamiliar, tanto para hombres como para mujeres.
La población femenina es la que resulta más afectada por la pobreza, la cual impacta con mayor fuerza y severidad sobre ella, además, es el sector de la población que sufre con mayor intensidad los efectos de la violencia doméstica.
Las mujeres rurales tienen mayores cargas de responsabilidad, debido a que se les exige que cumplan con sus roles de manejo comunitario, productivo y reproductivo, actividades simultáneas con el cuidado del hogar.
Nueva Alianza, comparte la lucha de las mujeres rurales mexicanas y exige que
– Que se implanten programas de vivienda, con créditos blandos y sin condicionamientos para la mejora, compra o construcción de las mismas, que garanticen el acceso de las mujeres a una vida digna.