• Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la titular de la SEP que instaure un programa piloto para apreciar el funcionamiento del esquema de financiamiento denominado "Bono Educativo", a cargo del diputado Juan de Dios Castro Muñoz, del Grupo Parlamentario del PAN.

• Con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2008 se consideren recursos para el saneamiento integral y el entubamiento del canal Cartagena, en Tultitlán de Mariano Escobedo, México, a cargo del diputado Francisco Martínez Martínez, del Grupo Parlamentario del PRD.

• Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Presidencia de la Mesa Directiva que formule una excitativa al Senado de la República para que las Comisiones de Radio, Televisión y Cinematografía de ambas Cámaras puedan reunirse en conferencia a fin de expeditar el despacho de los asuntos y ampliar la información conducente a la emisión de los dictámenes sobre la Ley Federal de Radio y Televisión, a cargo del diputado Humberto López Lena Cruz, del Grupo Parlamentario de Convergencia.

• Con punto de acuerdo, por el que esta soberanía se solidariza y exhorta a una rápida reconstrucción de las zonas afectadas en Tabasco, así como a la atención efectiva de las áreas siniestradas en Chiapas, a cargo de la diputada Beatriz Pagés Llergo Rebollar, del Grupo Parlamentario del PRI.

• Con punto de acuerdo, por el que se solicita a las titulares de la SEP y de la Sedesol que implanten un programa de educación integral a fin de que en las escuelas rurales y de colonias populares del país de nivel preescolar, primaria y secundaria se construyan comedores y cocinas con equipo apropiado para facilitar la adecuada alimentación de los estudiantes, a cargo del diputado Ernesto Oviedo Oviedo, del Grupo Parlamentario del PAN.

• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la PGJ del estado de Puebla, a la delegación de la Profepa y a la dirección de la Conagua de dicha entidad a garantizar el respeto de la zona forestal del bosque Lomas de San Alfonso, a cargo de la diputada Valentina Valia Batres Guadarrama, del Grupo Parlamentario del PRD.

• Con punto de acuerdo, a fin de que el Ejecutivo federal, mediante las dependencias correspondientes, otorgue apoyo a las poblaciones de San Luis Río Colorado y General Plutarco Elías Calles, Sonora, para la construcción de una carretera de cuatro carriles en el tramo Sonoyta-San Luis, a cargo del diputado José Inés Palafox Núñez, del Grupo Parlamentario del PAN.

• Con punto de acuerdo, por el que se crea la comisión de investigación del proceso de venta de Aeroméxico, suscrita por los diputados Alejandro Sánchez Camacho y Cuauhtémoc Velasco Oliva, de los Grupos Parlamentarios del PRD, y de Convergencia, respectivamente.

• Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Segob que investigue e informe sobre la operación de un centro de apuestas en Monterrey, Nuevo León, a cargo del diputado Juan Manuel Parás González, del Grupo Parlamentario del PRI.

• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Profeco a analizar las quejas y denuncias formuladas contra hospitales particulares, y a realizar las acciones pertinentes para prevenir y, en su caso, sancionar cobros indebidos por concepto de medicamentos suministrados a los pacientes durante su estancia en dichas instituciones, suscrita por los diputados Omar Borboa Becerra, Jorge Quintero Bello y Francisco Javier Plascencia Alonso, del Grupo Parlamentario del PAN.

• Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Sener, a la CFE y a las demás dependencias competentes la reclasificación tarifaria de electricidad del municipio Villaldama, Nuevo León, a cargo del diputado Juan Manuel Parás González, del Grupo Parlamentario del PRI.

• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa a pronunciarse respecto a la suspensión definitiva derivada del incidente promovido por Telmex contra la resolución del pleno de la Cofetel, a cargo del diputado José Martín López Cisneros, del Grupo Parlamentario del PAN.

El suscrito, Juan de Dios Castro Muñoz, diputado federal, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 58 y 60, primer párrafo, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo para solicitar a la secretaria de Educación Pública Federal, licenciada Josefina Vázquez Mota, a que instrumente un programa piloto, que permita apreciar el funcionamiento del esquema de financiamiento denominado Bono Educativo, bajo las siguientes

Consideraciones

Primero. Que el objetivo principal de este exhorto a la secretaría de Educación Pública, es el que se realice un estudio piloto, en un ámbito acotado, para que se abra la posibilidad de que en México, de manera paulatina, y mediante convenios de coordinación entre el Poder Ejecutivo y las entidades federativas, se ponga en marcha un nuevo esquema de financiamiento de la educación, procurando que en lugar de que la totalidad de los recursos que gasta el gobierno en sostener a las escuelas públicas, se entregue directamente a las mismas, se opte por destinar una parte de esos mismos recursos, para ser entregados a los padres de familia y educandos mediante un bono, y sea éste el medio de pago intransferible y canjeable por servicios educativos, para que de esta forma puedan elegir la escuela que más les convenga.

Segundo. Que esta propuesta está basada en los estudios realizados por el economista Milton Friedman en su ensayo "El papel del Gobierno en la educación", como instrumento para asegurar la calidad, la pluralidad y la accesibilidad educativas. Según este destacado estudioso de los fenómenos económicos, Premio Nobel de Economía en 1976, el sistema de libre elección de colegios promueve la competencia entre éstos, mismos que a su vez, se ven obligados a mejorar la oferta para atraer a los alumnos, bajando costos y creando por ende un sistema educativo más dinámico, contratando a profesores más creativos y motivados, y, en general, elevando la calidad de la enseñanza. La premisa principal se resume en que el Estado paga, los padres eligen, los colegios compiten, la calidad sube, todos ganan.

Tercero. Que sistemas similares al Bono Educativo, cheque escolar o voucher, funcionan en Suecia, Dinamarca, en España en el ayuntamiento de Valencia, en Nueva Zelanda, en el Reino Unido, en cinco regiones Italianas, en Bangladesh, en Lesotho, en Japón, Polonia, Holanda, Australia, en varios estados norteamericanos; en el caso de América Latina, encontramos antecedentes de su utilización en Chile, Colombia, Puerto Rico, Belice y Guatemala.

Cuarto. Que el estudio piloto sugerido puede implementarse para el análisis de las variables que pueden intervenir en su desarrollo, ya sea en una entidad federativa o municipio, y pretende, como uno de los objetivos fundamentales, acercarse a lo que podría ser una proyección del gasto a nivel nacional, así como las características de su puesta en marcha, para esto se sugiere lo siguiente:

Sexto. Que los recursos deberán aplicarse de manera exclusiva a mejorar la infraestructura, el mantenimiento y la prestación del servicio educativo, con el objeto de mejorar la calidad del mismo.

Séptimo. Que en el ámbito de aplicación del esquema, deberá desarrollarse una eficiente campaña de difusión, que permita que los padres de familia y alumnos, estén perfectamente informados de lo que se trata.

Es por todo lo anteriormente expuesto y con fundamento en las disposiciones legales ya citadas, que me permito someter a la consideración de este pleno, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Unico. La Cámara de Diputados, exhorta a la secretaria de Educación Pública Federal, licenciada Josefina Vázquez Mota, a que instrumente un programa piloto, en un ámbito acotado, que permita apreciar el funcionamiento del esquema de financiamiento denominado "Bono Educativo", en determinadas escuelas públicas de educación básica, según las características y necesidades de la región donde sea aplicado.

Dado en el salón de sesiones de la honorable Cámara de Diputados, a 8 de noviembre de 2007.

Diputado Juan de Dios Castro Muñoz (rúbrica)
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE QUE EN EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN DE 2008 SE CONSIDEREN RECURSOS PARA EL SANEAMIENTO INTEGRAL Y EL ENTUBAMIENTO DEL CANAL CARTAGENA, EN TULTITLÁN DE MARIANO ESCOBEDO, MÉXICO, A CARGO DEL DIPUTADO FRANCISCO MARTÍNEZ MARTÍNEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD

Con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta soberanía, proposición con punto de acuerdo atendiendo a las siguientes

Consideraciones

I. El Canal Cartagena es un efluente natural que atraviesa el municipio de Tultitlan en el estado de México en una longitud de 15.7 Kilómetros y su cauce se nutre de las corrientes de los Canales Acocila Tepalcalapa, Temamamatla y Buenavista.

II. En su paso por el municipio de Tultitlan bordea o atraviesa las colonias El Paraje, Mariano Escobedo, Cartagena, Ojo de Agua, Santa Clara, Chilpan, Benito Juárez, Recursos Hidráulicos, Lechería, Independencia, Fraccionamiento Electricistas, El Obelisco, Los Reyes, Residencial Los Reyes, Residencial Álamos, Tepalcalapa y los bordos San Juan , Los Reyes, La Concepción, San Bartolo y Belem, y todas estas comunidades y colonias descargan sus drenajes domésticos y de aguas negras sobre el cuerpo de agua del Canal Cartagena.

III. Adicionalmente tiendas de autoservicio, refresqueras, industrias siderúrgicas, de fabricación de vidrio, de químicos, aditivos, electrónicos, descargan residuos sólidos, grasas y químicos sobre el Canal Cartagena; entre ellas: Nacobre, Deacero, Nort Empresarial, Samsung, Dondisch, Campco, Jarritos, Quimir, Siderful y Nueva Fábrica Nacional de Vidrio.

IV. La Comisión Nacional del Agua ha sido omisa en hacer cumplir la norma oficial mexicana aplicable a las descargas residuales, es decir la NOM-001-ECOL-1996 y sancionar las faltas que establece y prevé el artículo 119 de la Ley de Aguas Nacionales.

V. La conjunción de los factores anteriormente descritos ha generado un grave problema de contaminación y de salud pública en el municipio de Tultitlan comprometiendo la salud, el bienestar y la calidad de vida de por lo menos 200 mil habitantes de este municipio mexiquense.

VII. Este problema se ha agudizado durante los últimos años a pesar de que desde hace más de una década los habitantes afectados han exigido el entubamiento del Canal Cartagena.

VIII. Por las dimensiones estructurales, el tamaño de la obra y el costo de la infraestructura para el embovedamiento del Canal Cartagena se hace necesaria la participación directa de la federación para el financiamiento y ejecución de las obras cuyo costo se calcula por encima de los 220 millones de pesos, mismos que representan el 110 por ciento de las participaciones y aportaciones que recibe el municipio de Tultitlan aunado a los ingresos propios que recauda.

En ese sentido, es necesario que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2008 se incluyan los recursos necesarios para el saneamiento integral y la construcción de la infraestructura necesaria para la contención y entubamiento del Canal Cartagena en el estado de México. Por lo anteriormente expuesto, someto a esta soberanía la aprobación de la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a que las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, así como la de Recursos Hidráulicos, en el momento de analizar y discutir el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2008, consideren en forma prioritaria la asignación presupuestaria necesaria para el saneamiento integral y el entubamiento del Canal Cartagena en el estado de México.

Asimismo, solicito que se incluya el texto íntegro al Diario de los Debates.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de noviembre de 2007.

Diputado Francisco Martínez Martínez (rúbrica)
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE SOLICITA A LA PRESIDENCIA DE LA MESA DIRECTIVA QUE FORMULE UNA EXCITATIVA AL SENADO DE LA REPÚBLICA PARA QUE LAS COMISIONES DE RADIO, TELEVISIÓN Y CINEMATOGRAFÍA DE AMBAS CÁMARAS PUEDAN REUNIRSE EN CONFERENCIA A FIN DE EXPEDITAR EL DESPACHO DE LOS ASUNTOS Y AMPLIAR LA INFORMACIÓN CONDUCENTE A LA EMISIÓN DE LOS DICTÁMENES SOBRE LA LEY FEDERAL DE RADIO Y TELEVISIÓN, A CARGO DEL DIPUTADO HUMBERTO LÓPEZ LENA CRUZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE CONVERGENCIA

El suscrito diputado federal Humberto López Lena, integrante del Grupo Parlamentario de Convergencia de la LX Legislatura del Congreso de la Unión , de conformidad con el articulo 22 punto 2, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, propone a la Presidencia de la Mesa Directiva , para que formule excitativa al grupo de trabajo del Senado de la República encargado de revisar la legislación en materia de telecomunicaciones y de radiodifusión, para que puedan reunirse en conferencia con las correspondientes de la Cámara de Diputados y expeditar el despacho de los asuntos y ampliar su información para la producción de los dictámenes que en su oportunidad habrán de emitirse.

Antecedentes

El 11 de abril de 2006 se publica en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones y de la Ley Federal de Radio y Televisión.

El 4 de mayo de 2006 47 senadores de la LIX Legislatura promueven una acción de inconstitucionalidad en la que solicitan la invalidez de dicho decreto.

El 7 de junio de 2007, la Suprema Corte de Justicia de la Nación dictó resolución, declarando inválidos los artículos 9-C, párrafo último, y segundo transitorio, párrafo tercero, de la Ley Federal de Telecomunicaciones, así como los artículos 16; 17-E, fracción V; 17-G; 20, fracciones I, II y III; y 28 y 28-A en su totalidad, de la Ley Federal de Radio y Televisión.

Luego de la resolución de invalidez de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Senado de la República tiene la responsabilidad de ajustar el marco jurídico de las telecomunicaciones y la radiodifusión, mediante un trabajo guiado por los principios de legalidad, pluralidad, inclusión, transparencia y difusión; en el que se atiendan, puntual e integralmente, todos los resolutivos de la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y se tomen como guía los principios que el máximo tribunal del país definió como rectores de la legislación en la materia.

Consecuencia de lo anterior, el 4 de julio de 2007 la Junta de Coordinación Política del Senado de la República , aprueba en sesión formar un grupo de trabajo, con el propósito de revisar la legislación en materia de telecomunicaciones y de radiodifusión, como consecuencia de la sentencia dictada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

El 16 de agosto de 2007 la Junta de Coordinación Política comunica a las presidencias de las Comisiones de Radio, Televisión y Cinematografía, de Comunicaciones y Transportes y de Estudios Legislativos que el grupo de trabajo queda integrado por los Coordinadores de los Grupos Parlamentarios del Senado, por los presidentes de las Comisiones de Radio, Televisión y Cinematografía, de Comunicaciones y Transportes y de Estudios Legislativos y por una serie de senadores.

El 20 de agosto de 2007 se publica en el Diario Oficinal de la Federación la sentencia dictada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación que resuelve la acción de inconstitucionalidad 26/2006.

El 21 de agosto de 2007 los presidentes de las Comisiones de Radio, Televisión y Cinematografía, de Comunicaciones y Transportes y de Estudios Legislativos presentan a la consideración de la Junta de Coordinación Política el programa de trabajo del que se denominará Grupo plural para la revisión de la legislación en materia de telecomunicaciones y radiodifusión. El Programa de Trabajo propone realizar el estudio y análisis tanto de los rubros declarados inconstitucionales por la Suprema Corte de Justicia de la Nación como también una serie de temas generales que no fueron motivo de la acción de inconstitucionalidad, pero que se consideran indispensables para efectuar una revisión integral de la legislación en materia de telecomunicaciones y radiodifusión.

El 3 de octubre de 2007 se crea un Subgrupo de trabajo para escuchar y atender las inquietudes de la industria de la radio concesionada del país.

El 10 de octubre de 2007 se realiza una sesión de análisis sobre el contenido y principios derivados de la sentencia pronunciada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la acción de inconstitucionalidad número 26/2006.

Dentro del calendario de este Grupo de trabajo en diversas fechas ha efectuado reuniones con: La Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel); la Comisión Federal de Competencia (Cofeco); la Asociación Mundial de Radios Comunitarias; la Red de Protección de Periodistas y Medios de Comunicación; la Cámara Nacional de la Industria de las Telecomunicaciones por Cable (Canitec); la Cámara Nacional de la Industria, Electrónica, de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (Canieti); la Red de Radiodifusoras y Televisoras Educativas y Culturales de México, AC; organizaciones vinculadas con medios de comunicación e información indígenas y a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT).

Consideraciones

En la labor legislativa que desempeño, he promovido una serie de reformas ligadas con el funcionamiento y regulación de los medios de comunicación, y por ende relacionado con las telecomunicaciones y de radiodifusión.

En ese marco, el 20 de marzo del año en curso, presenté un iniciativa que reforma los artículos 17 J y 47 y adiciona un artículo 18 a la Ley Federal de Radio y Televisión, ante la inminente embestida tecnológica que propicia la desproporción evidente en las frecuencias radiofónicas digitales y analógicas, tienen que realizarse los cambios necesarios para adecuar las condiciones jurídicas de los concesionarios y permisionarios de las frecuencias de amplitud modulada a la realidad en la que se vive, pues los avances de la tecnología obligan a que la industria radiofónica de los llamados "aemeros" cambie al servicio digital de frecuencia modulada o bien que se aprueben las concesiones a las frecuencias combos que permitan que la competencia sea equitativa en la radiodifusión; iniciativa que por el momento perdió vigencia, por la resolución que emitió la Suprema Corte de Justicia de la Nación en relación a la Controversia Constitucional en contra de la Ley Federal de Radio y Televisión, promovida por varios ex legisladores y que tuvo como resultado la variación del articulado de la ley en mención.

Aunado a lo anterior, no podemos soslayar que finalmente existe una corresponsabilidad legislativa entre ambas Cámaras, para la emisión de la legislación sobre esta materia, pues aún cuando la Cámara de Senadores es Cámara de origen, corresponderá a la de Diputados ser la instancia revisora, por lo que estimamos de vital importancia participar en los trabajos que desarrolla este Grupo plural de trabajo de la Cámara de Senadores, con la finalidad de compartir la responsabilidad de ajustar el marco jurídico de las telecomunicaciones y la radiodifusión, mediante un trabajo guiado por los principios de legalidad, pluralidad, inclusión, transparencia y difusión; en el que se atiendan, puntual e integralmente, todos los resolutivos de la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y se tomen como guía los principios que el máximo tribunal del país definió como rectores de la legislación en la materia.

Viabilidad de la excitativa

Esta propuesta encuentra sustento en los artículos 22 punto 2 y 98 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, mismos que son del tenor literal siguiente:

Por lo expuesto y fundado, a usted, Presidenta de la Cámara de Diputados de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión , muy atentamente solicito:

Único. En los términos de los antecedentes y consideraciones y fundamentos expuestos, le pido se sirva excitar al Grupo de trabajo del Senado de la República, encargado de revisar la legislación en materia de telecomunicaciones y de radiodifusión, a efecto de que la Cámara de Diputados, a través de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía, sea incorporada a los trabajos que realiza ese Grupo de Trabajo, para que puedan reunirse en conferencia con las correspondientes de la Cámara de Senadores y expeditar el despacho de los asuntos y ampliar su información para la producción de los dictámenes que en su oportunidad habrán de emitirse.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de noviembre de 2007.

Diputado Humberto López Lena (rúbrica)
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE ESTA SOBERANÍA SE SOLIDARIZA Y EXHORTA A UNA RÁPIDA RECONSTRUCCIÓN DE LAS ZONAS AFECTADAS EN TABASCO, ASÍ COMO A LA ATENCIÓN EFECTIVA DE LAS ÁREAS SINIESTRADAS EN CHIAPAS, A CARGO DE LA DIPUTADA BEATRIZ PAGÉS LLERGO REBOLLAR, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI

Compañeras y compañeros legisladores: en estos momentos donde miles de familias del estado de Tabasco y Chiapas viven una verdadera desgracia, cuando uno de los estados más pobres de nuestra república vive la peor catástrofe de su historia, no debe puede darse cabida a viejos revanchismos pero tampoco a visiones meramente filantrópicas, por el contrario, es momento de cerrar filas a favor de quien más lo necesita a través de programas públicos certeros y eficaces que resuelvan no sólo la inmediatez.

Me parece que Tabasco y Chiapas necesitan de toda nuestra solidaridad y generosidad, lo cual no sólo se traduce en donaciones económicas o en especie, sino en la exigencia de acciones públicas inmediatas, oportunas y eficientes que alivien de alguna manera la tragedia que están viviendo.

Tabasco no sólo vive una inundación, vive problemas de salud, de escasez y carestía de productos básicos, de vivienda, de infraestructura y económicos. El éxodo, la marginación, la desesperanza, la pérdida, la confusión y la pena, inundan junto con las aguas a la ciudadanía.

Más de un millón de damnificados, miles de tabasqueños en el éxodo, miles de comercios perdidos, cientos de miles de viviendas destrozadas, millones y millones en ganado y cosechas no logradas, y más de 60 mil millones en daños aproximadamente, son sólo una parte de la tragedia.

Por ello, con solidaridad y humanidad es necesario enfrentar la realidad, la cual exige emprender acciones urgentes en aras de una pronta reconstrucción de las zonas afectadas. Porque seguramente nada es más importante para los tabasqueños y los chiapanecos que reconstruir sus hogares y sus comercios, evitar epidemias y recuperar en la medida de lo posible sus pertenencias, sus tierras y su vida.

Se requiere de una política capaz de crear las condiciones que permitan el rescate de la industria, la agricultura, la ganadería, el comercio y el patrimonio familiar.

Emprender un proceso de reconstrucción en estos momentos es de tal envergadura que simplemente significa reconstruir la vida de millones de mexicanos y mexicanas que han perdido mucho, prácticamente todo y en la mayoría de los casos todo. Significa reactivar la economía regional y estatal de Tabasco y Chiapas. Significa hacer todo lo que se debe, más todo lo que en su momento no se hizo, entre otras cosas concluir de manera integral el Plan Hidráulico.

En razón de lo anterior, con carácter de urgente y obvia resolución, se somete a consideración de esta H. Asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, exhorta al Ejecutivo federal a que se elabore un Plan de Reconstrucción Estructural de Tabasco con visión integral y de gran envergadura de tal forma que permita el rescate de la industria, la agricultura, la ganadería, el comercio y el patrimonio familiar.

Segundo. La Cámara de Diputados de H. Congreso de la Unión, hace un llamado enérgico y exhorta al Ejecutivo federal, a la Comisión Nacional del Agua y a la Comisión Federal de Electricidad para que sea revisado el Plan Hidráulico Chiapas-Tabasco, con la idea de que se resuelva de una vez por todas el origen y causa de las constantes y trágicas inundaciones que sufre la región.

Tercero. La Cámara de Diputados de H. Congreso de la Unión, exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a elaborar un proyecto integral de restauración y promoción económica adecuado con medidas de corto, mediano y largo plazo para el estado de Tabasco y la zonas afectadas del estado de Chiapas, el cual considere más que el aplazamiento DE PAGO DE IMPUESTOS, la condonación de éstos en lo que resta de 2007 y el primer semestre de 2008. De igual forma la creación de un fondo de reconstrucción que se incluya en el Presupuesto 2008 y que pueda manejarlo con flexibilidad y suficiente libertad el estado de Tabasco.

Diputada Beatriz Pagés Rebollar (rúbrica)
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE SOLICITA A LAS TITULARES DE LA SEP Y DE LA SEDESOL QUE IMPLANTEN UN PROGRAMA DE EDUCACIÓN INTEGRAL A FIN DE QUE EN LAS ESCUELAS RURALES Y DE COLONIAS POPULARES DEL PAÍS DE NIVEL PREESCOLAR, PRIMARIA Y SECUNDARIA SE CONSTRUYAN COMEDORES Y COCINAS CON EQUIPO APROPIADO PARA FACILITAR LA ADECUADA ALIMENTACIÓN DE LOS ESTUDIANTES, A CARGO DEL DIPUTADO ERNESTO OVIEDO OVIEDO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN

Con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presento al Pleno de la honorable Cámara de Diputados la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a las Secretarías de Educación Pública, y de Desarrollo Social a implementar un programa urgente de educación integral, de manera coordinada, para que en las escuelas rurales del país de nivel preescolar y primarias, se construyan comedores y cocinas con el equipo apropiado, para facilitar la preparación rápida de desayunos y comidas con la higiene necesaria, además de la instalación de lavamanos, así como de bebederos con sistemas de filtración de agua, donde los pequeños se alimenten adecuadamente; y con ello, coadyuvar a lograr una buena formación académica y de salud para mejorar sus niveles nutricionales, educativos y de higiene, además de apoyar de manera prioritaria a las comunidades rurales y colonias populares en condiciones de marginación y pobreza extrema, bajo la siguiente

Exposición de Motivos

El Banco Mundial reconoce que la pobreza, la marginación y la indigencia, en el campo y los municipios mexicanos son alarmantes, tan sólo en los últimos diez años han venido creciendo de manera importante, de 1995 al 2007 aumentaron en un 35 por ciento.

La desnutrición se ha calificado como un problema grave de salud pública, que afecta al 50 por ciento de los niños menores de cinco años del medio rural.

Los efectos de la desnutrición en la primera infancia –hasta los ocho años- son devastadores y duraderos, pues impiden el desarrollo conductual y de conocimientos, el rendimiento escolar así como la salud reproductiva disminuyendo la futura productividad en el trabajo.

Este problema de salud en México alcanza niveles insospechados, pues 25 mil menores mueren anualmente, lo que representa la décima causa de muerte en nuestro país.

Las cifras anteriores resaltan que la desnutrición se ha hecho más rural, más indígena y más de los municipios aislados, pequeños y marginados.

Es de resaltarse que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) establece que los trastornos asociados a la desnutrición son responsables del 60 por ciento de las muertes infantiles.

Este problema se acentúa en las comunidades rurales y colonias populares, donde la variedad de alimentos se reduce.

Si pretendemos que todos estos indicadores para la estabilidad de nuestro país logren un factor decreciente y dejen de ser focos rojos, se tienen que instrumentar políticas públicas urgentes, congruentes y objetivas dirigidas principalmente a erradicar dichas cifras, de lo contrario se pagarán de manera muy alta los costos por descuidos, omisiones, negligencias, falta de acuerdos o simplemente carecer de la sensibilidad humana y política más elemental, para comprender la desgracia de nuestros semejantes.

El campo y los municipios mexicanos atraviesan por una grave y compleja crisis multidisciplinaria, económica, educativa y cultural.

Dicha situación se debe en gran medida a la falta de interés político para la toma de decisiones congruentes e instrumentación de acciones dirigidas a terminar con la problemática en cuestión.

Los constantes problemas sociales radican, principalmente, en situaciones de carencias educativas y de formación de valores.

En la medida en que invirtamos en la educación, en esa misma proporción se erradicaran gradualmente la mayoría de los problemas sociales.

Todos sabemos que ésta es la mejor inversión para nuestro país. No escatimemos recursos tratándose de la formación de nuestros niños. No es a corto plazo, pero sí la más rentable y segura que pudiera existir.

La educación es parte fundamental en el buen desarrollo de cualquier sociedad.

Proporcionar una educación digna a nuestra niñez es el mejor principio para erradicar la marginación y la pobreza social, además de combatir el rezago cultural y educativo.

Por lo anterior, es apremiante la intervención y participación de las Secretarías de Educación Pública y de Desarrollo Social para que coordinen sus esfuerzos, experiencia y recursos con la finalidad de realizar un proyecto integral, dirigido especialmente a apoyar a nuestros niños en las comunidades en situación de pobreza y marginación extrema, que carecen de los mínimos niveles de nutrición en los distintos grados de preescolar y primaria.

El resultado de esta inversión será bueno para el país, debemos estar conscientes de que los niños son, sin lugar a dudas, el futuro de nuestro México.

Si tenemos niños bien alimentados, seguro que tendremos buenos estudiantes en los años venideros.

Y en la medida que sea posible extender este proyecto a las comunidades rurales que por sus circunstancias económicas y geográficas así lo requieran.

Por lo anterior, pongo a la consideración de esta honorable soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a las Secretarías de Educación Pública y de Desarrollo Social a implementar un programa urgente de educación integral, de manera coordinada, para que en las escuelas rurales y colonias populares del país de nivel preescolar, primarias y secundarias se construyan comedores y cocinas, con el equipo apropiado para facilitar la preparación rápida de desayunos y comidas con la higiene necesaria, además de la instalación de lavamanos, así como de bebederos con sistemas de filtración de agua, donde los pequeños se alimenten adecuadamente; con ello, coadyuvar a lograr una buena formación académica y de salud para mejorar sus niveles nutricionales, educativos y de higiene, además de apoyar de manera prioritaria a las comunidades rurales y colonias populares en condiciones de marginación y pobreza extrema.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de noviembre de 2007.

Diputado Ernesto Oviedo Oviedo (rúbrica)
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA PGJ DEL ESTADO DE PUEBLA, A LA DELEGACIÓN DE LA PROFEPA Y A LA DIRECCIÓN DE LA CONAGUA DE DICHA ENTIDAD A GARANTIZAR EL RESPETO DE LA ZONA FORESTAL DEL BOSQUE LOMAS DE SAN ALFONSO, A CARGO DE LA DIPUTADA VALENTINA VALIA BATRES GUADARRAMA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD

La que suscribe, diputada federal por el 16 distrito electoral federal de Álvaro Obregón, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta el siguiente punto de acuerdo, para que se exhorte a la Procuraduría General de Justicia del estado de Puebla, a la delegación de la Profepa y a la dirección estatal de la Conagua, ambas en Puebla, a garantizar el respeto a la zona forestal del bosque de Lomas de San Alfonso, así como a realizar una mesa de diálogo con los colonos de la zona, bajo la siguiente

Exposición de Motivos

Desde octubre de 2005, hasta julio de 2006, diversos pobladores de la zona han presentado denuncias ante la gerencia regional de la Comisión Nacional del Agua en Puebla, sin que a la fecha se hayan ejecutado las sanciones que conforme a derecho correspondan, para evitar la tala inmoderada y desmesurada del bosque de Lomas de San Alfonso que el día de hoy continúa, a pesar de que mediante oficio BOO.E.14.1.3733/2005, la gerencia estatal de Puebla manifestara: "el sitio se localiza en la zona conocida como bosque de Lomas de San Alfonso, donde existe una barranca innominada que inicia en el extremo sur del fraccionamiento Pedregal Carrera. En ese sitio se observó que se ha efectuado movimiento de tierra en un tramo del cauce y lo que se podría considerar zona federal de la barranca, modificando sus características originales siendo la probable responsable la empresa Consorcio de Ingeniería Integral, SA de CV, en el término de 15 días hábiles para que manifestara lo que a su derecho conviniera, la empresa no aportó nada al respecto, por lo que esta autoridad está en condiciones de iniciar de manera inmediata un procedimiento de imposición de sanciones en contra de Consorcio de Ingeniería Integral, SA de CV, quien es presunta responsable de modificar un cauce natural de propiedad nacional, sin autorización de la Conagua.".

Aunado a lo anterior, el 22 de septiembre de 2006, colonos del municipio de Puebla quienes han sido testigos de la continua tala en la zona forestal del bosque de Lomas San Alfonso, presentaron denuncia penal ante la Procuraduría General de Justicia del estado de Puebla, siendo hasta el 9 de marzo de 2007 que la registraron como averiguación previa; en consecuencia, la zona de encinos endémicos ha sido deforestada a pasos agigantados, dando paso a la construcción ilegal de un proyecto inmobiliario, sin que a la fecha se haya efectuado alguna diligencia tendiente a indagar el ecocidio de la zona. El 9 de octubre de 2007, los pobladores, realizaron una segunda denuncia, de la cual no han obtenido respuesta alguna.

Es importante señalar que de igual manera se han presentado 6 denuncias ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, sin que la misma haya dado respuesta.

La realidad demuestra que las acciones emprendidas en este municipio favorecen a las constructoras inmobiliarias, bajo la óptica de rentabilidad económica, pasando por alto la calidad de vida de los pobladores, dañando irreversiblemente el ecosistema, en perjuicio de la salud y el medio ambiente.

En este orden de ideas, la administración pública estatal debería dirigirse ante un crecimiento urbano integral, en armonía con el ecosistema existente y con el fin de mejorar la calidad de vida de la población; es evidente que se ha colocado en grave riesgo el ecosistema de Puebla sin que alguna autoridad se responsabilice de los hechos, por ello surgen dudas como ¿de quién es la ganancia?¿cuál es el beneficio al devastar un bosque y cambiar el cauce de un río?

Exigimos protección al ambiente, responsabilidad pública, deslinde de responsabilidades y una investigación a fondo para determinar quién es el responsable de este negocio, y garantizar el alto.

Es por estos motivos, que someto a la consideración de este honorable congreso el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorta a la Procuraduría General de Justicia del estado de Puebla, a la delegación de la Profepa y a la dirección estatal de la Conagua, ambas en Puebla, a garantizar el respeto a la zona forestal del bosque de Lomas de San Alfonso ejerciendo, en el ámbito de sus facultades y competencias, las sanciones que conforme a derecho correspondan, así como a realizar una mesa de diálogo con los colonos de la zona.

Segundo. Se exhorta al Ejecutivo estatal a realizar una auditoría al municipio de Puebla en la expedición de permisos o licencias para construcción, que señale la responsabilidad de quienes intervinieron en el presente asunto.

Diputada Valentina Valia Batres Guadarrama (rúbrica)
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE QUE EL EJECUTIVO FEDERAL, MEDIANTE LAS DEPENDENCIAS CORRESPONDIENTES, OTORGUE APOYO A LAS POBLACIONES DE SAN LUIS RÍO COLORADO Y GENERAL PLUTARCO ELÍAS CALLES, SONORA, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA CARRETERA DE CUATRO CARRILES EN EL TRAMO SONOYTA-SAN LUIS, A CARGO DEL DIPUTADO JOSÉ INÉS PALAFOX NÚÑEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN

El suscrito, diputado federal de la LX Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta ante el Pleno de esta honorable Cámara de Diputados, proposición con punto de acuerdo, conforme a los siguientes

Antecedentes

La carretera de la muerte se denomina actualmente al tramo que va de Sonoita a San Luís Río Colorado, Sonora, y que cuenta con 200 kilómetros aproximadamente, cuyas condiciones de seguridad son mínimas. Es demasiado estrecha para la circulación de los vehículos que por ahí transitan, y que sus características ha ocasionado cientos de accidentes cada año, sucesos en los que pierden la vida una gran mayoría de sus participantes.

Hay que mencionar que dicha vía es la única forma de llegar a esos municipios, y que por ahí circulan miles de vehículos cuyos destinos son la ciudad de Mexicali o Tijuana, Baja California; o bien al sur, cuyo destino puede ser el estado de Chihuahua, centro y sur de Sonora, hasta cualquier parte de la República Mexicana.

Sonoita y San Luís Río Colorado, Sonora, se encuentra ubicados al noreste de Sonora, poblaciones que actualmente cuentan con un solo acceso, que se encuentra ubicado justo por el paso de la carretera internacional México-Nogales, y que por su peligrosidad requiere con urgencia que se destinen recursos para la construcción de la referida carretera, y que en este próximo año fiscal se contemplen dentro del presupuesto dichos recursos, ya que de esta manera se solucionarían los problemas que se han venido suscitando en ese lugar.

La seguridad de los viajeros de dicho tramo depende en mucho de que se apliquen los recursos para la inversión mencionada, de lo contrario seguirán suscitándose muchos accidentes, y por supuesto perdiéndose muchas vidas.

Considerandos

Por la seguridad de los que utilizamos esa carretera, es importante que se destinen los recursos necesarios para la construcción de la misma. No debemos dejar a un lado los beneficios que puede traer la ejecución de la obra, lo que causará una mayor seguridad para los viajeros.

Es tiempo de que contemos con mejores carreteras para evitar que sigan sucediendose más accidentes, y de esta manera se salvaran muchas vidas, que eso es lo más importante de la presente propuesta.

Punto de Acuerdo

Primero. Se hace un atento exhorto al Poder Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a que considere dentro de sus proyectos carreteros la asignación de recursos presupuestales para la construcción de la carretera de cuatro carriles, tramo Sonoita-San Luis.

Segundo. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de esta honorable Cámara de Diputados a que contemple una asignación presupuestaria para la Cámara en comento, en el marco de la próxima aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2008.

México, Distrito Federal, a 22 de octubre de 2007.

Diputado José Inés Palafox Núñez (rúbrica).
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE CREA LA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN DEL PROCESO DE VENTA DE AEROMÉXICO, SUSCRITA POR LOS DIPUTADOS ALEJANDRO SÁNCHEZ CAMACHO Y CUAUHTÉMOC VELASCO OLIVA, DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS DEL PRD, Y DE CONVERGENCIA, RESPECTIVAMENTE

Los suscritos, diputadas y diputados federales, integrantes de diversos grupos parlamentarios de la LX legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 93, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 41 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta honorable soberanía, proposición con punto de acuerdo para solicitar la integración de la Comisión de Investigación de la venta de Aeroméxico, tenor de las siguientes

Consideraciones

Conforme lo establece la Ley de Aviación Civil, la explotación, uso o aprovechamiento del espacio aéreo situado sobre el territorio nacional, es de jurisdicción federal, por lo que para prestar el servicio público de transporte aéreo nacional regular se requiere del otorgamiento de una concesión por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, siendo que tal concesión sólo se otorgará a personas morales mexicanas.

Dicho ordenamiento jurídico dispone, además, que los interesados en la obtención de concesiones deberán acreditar:

I. La capacidad técnica, financiera, jurídica y administrativa para prestar el servicio en condiciones de calidad, seguridad, oportunidad, permanencia y precio;

II. La disponibilidad de aeronaves y demás equipo aéreo que cumplan con los requisitos técnicos de seguridad, las condiciones de aeronavegabilidad requeridas y las disposiciones en materia ambiental, y

III. La disponibilidad de hangares, talleres, de la infraestructura necesaria para sus operaciones, así como del personal técnico aeronáutico y administrativo capacitado para el ejercicio de la concesión solicitada.

IV. Contar, por sí mismas o a través de sociedades mercantiles mexicanas asociadas, con la experiencia que haga viable su permanencia en el sector y maximicen la seguridad de sus operaciones.

Asimismo, se considera que los concesionarios podrán prestar el servicio de transporte aéreo regular internacional siempre que cuenten con la autorización de las rutas correspondientes por parte de la Secretaría.

En este contexto, resulta que a principios de este mes la prensa nacional daba cuenta de ofertas de compra de la aerolínea Aeroméxico por parte de la aerolínea Mexicana de Aviación, propiedad del empresario hotelero Gastón Azcárraga Andrade, que ofreció 200 millones de dólares, además de Banamex que aumentó su oferta de 151 millones de dólares a 160 millones de dólares y de los empresarios Alberto y Moisés Saba que elevaron su oferta a 160 millones de dólares.

Lo que llama la atención es que el Pleno de la Comisión Federal de Competencia (CFC) resolvió por unanimidad, en su sesión del 11 de octubre pasado, no autorizar la concentración entre Grupo Mexicana de Aviación, S.A. de C.V. y Consorcio Aeroméxico, S.A. de C.V., en virtud de que esta operación crearía un agente con poder sustancial en el mercado de transporte aéreo de pasajeros, con la capacidad de desplazar indebidamente a sus competidores e imponer precios y condiciones desfavorables a los consumidores.

Con lo anterior, el 18 de octubre de 2007 el gobierno federal, por conducto del Instituto para la Protección del Ahorro Bancario, anunció haber llevado a cabo la venta de la aerolínea Aeroméxico, cuya mayoría de acciones estaban en poder del gobierno, a un grupo de inversionistas nacionales apoyados por el banco Banamex que presentó una oferta por 249,1 millones de dólares por la aerolínea, cuando los empresarios Moisés Saba Masri y Alberto Saba Raffoul habían hecho una oferta final por 249,4 millones de dólares, pero el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario, encargado de supervisar el proceso, dijo que llegó dos minutos después del plazo establecido para recibir las propuestas.

En tal virtud, surgen serias dudas sobre el proceso de licitación y operación de venta de Aeroméxico, en principio porque el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario llevó a cabo la negociación de diversos págares a cargo de Banamex, por lo cual esta institución bancaria recibió recursos públicos desde 1995 y hasta 2005 y, también, porque Banamex tenía un pagaré a su favor hasta por 82,461 millones de pesos expedido por el Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa), derivado del Programa de Capitalización y Compra de Cartera que hizo el Gobierno en 1995 para dar liquidez a las instituciones financieras.

Por lo anteriormente expuesto sometemos la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 93 párrafo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 41 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se exhorta al Pleno de la Cámara de Diputados se conforme la Comisión que Investigue el proceso de venta de Aeroméxico.

Segundo. La Comisión de Investigación deberá presentar a la Junta de Coordinación Política, dentro de los 30 días naturales siguientes a la conclusión del plazo previsto para su vigencia, un informe en el que se sinteticen las actividades desarrolladas y los resultados obtenidos.

La Junta de Coordinación Política adoptará las medidas necesarias a efecto de hacer del conocimiento del Ejecutivo federal los resultados de la investigación desarrollada por la Comisión a la que se refiere el presente acuerdo.

Tercero. La Comisión de Investigación contará con los recursos humanos, materiales y financieros que determine la Junta de Coordinación Política.

Diputados: Alejandro Sánchez Camacho, Jesús Cuauhtémoc Velasco Oliva, Octavio Martínez Vargas, Susana Monreal Ávila, Luis Sánchez Jiménez, Alberto López Rojas, Juan Hugo de la Rosa García, Irene Aragón Castillo, Hugo Eduardo Martínez Padilla, Armando Barreiro Pérez, María Eugenia Jiménez del Castillo, José Jacques Medina, Sonia Ibarra Fránquez, Aleida Alavez Ruiz, Valentina Valia Batres Gudarrama, Aurora Cervantes Rodríguez, José Alfonso Suárez del Real, Ramón Félix Pacheco Llanes, Víctor Varela López, José Luis Gutiérrez Calzadilla, Daisy Selene Hernández Gaytán, David Sánchez Camacho, Pablo Trejo Pérez, Isidro Pedraza Chávez, Silvestre Álvarez Ramón, Daniel Dehesa Mora, Othón Cuevas Córdova, Pedro Landero López, Evodio Velázquez Aguirre, Antonio Ortega Martínez, Francisco Santos Arreola, Francisco Martínez Martínez, Daniel Torres García, Miguel Ángel Arellano Pulido, Jaime Espejel Lazcano, Ramón Almonte Borja, Ana Yurixi Leyva Piñón, Guadalupe Socorro Flores Salazar, Víctor Aguirre Alcalde, César Flores Maldonado, Rafael Elías Sánchez Cabrales, Carlos Sánchez Barrios, Humberto Wilfrido Alonso Razo, Maricela Contreras Julián, Claudia Lilia Cruz Santiago, José Antonio Almazán González, Raúl Ríos Gamboa, Salvador Ruiz Sánchez, Santiago López Becerra, Maribel Luisa Alva Olvera, Miguel Ángel Peña Sánchez, Carlos Orsoe Morales Vázquez, Héctor Narcia Álvarez, Fernel Arturo Gálvez Rodríguez, Juan Darío Lemarroy Martínez, Moisés Dagdug Lützow, David Mendoza Arellano, Alliet Mariana Bautista Bravo, Rosario Ignacia Ortiz Magallón, Modesto Brito González, Celso David Pulido Santiago, María Soledad López Torres, Martín Zepeda Hernández, Irineo Mendoza Mendoza, Juan Nicasio Guerra Ochoa, Víctor Hugo García Rodríguez, Miguel Ángel Solares Chávez, Alma Lilia Luna Munguía, Gloria Rasgado Corsi, Rafael Ramos Becerril, Faustino Soto Ramos, Érick López Barriga, Javier Hernández Manzanares, Neftalí Garzón Contreras, Alejandro Martínez Hernández, Pablo Leopoldo Arreola Ortega, Rosa Elia Romero Guzmán, Amador Campos Aburto, Mario Vallejo Estévez, Efraín Morales Sánchez, Luis Herrera Solís, Sergio Hernández Hernández, Francisco Márquez Tinoco, Mario Enrique del Toro, Concepción Ojeda Hernández, Raciel Pérez Cruz, Jesús Humberto Zazueta Aguilar, Gerardo Villanueva Albarrán, Carlos Altamirano Toledo, Roberto Mendoza Flores, Santiago Gustavo Pedro Cortés, Joaquín Humberto Vela González, Silvano Garay Ulloa, Víctor Manuel Lizárraga Peraza, Lourdes Alonso Flores, Adrián Pedrozo Castillo, Alberto Amaro Corona, Adriana Díaz Contreras, Izcóatl Tonatiuh Bravo Padilla, Carlos Roberto Martínez Martínez, Joaquín Conrado de los Santos Molina, Martín Ramos Castellanos, Fausto Fluvio Mendoza Maldonado, José Antonio Saavedra Coronel, Raymundo Cárdenas Hernández, Javier González Garza, Miguel Ángel Navarro Quintero, Mónica Fernández Balboa, Juan Adolfo Orci Martínez, Andrés Lozano Lozano, Francisco Javier Calzada Vázquez, María Elena Torres Baltasar, Carlos Navarro López, (ilegible), Juan Darío Arreola Calderón, Marcos Matías Alonso, Rafael Franco Melgarejo, Ruth Zavaleta Salgado, Benjamín Hernández Silva, Humberto López Lena, Layda Sansores San Román, Martha Angélica Tagle Martínez, José Luis Varela Lagunas, Ramón (ilegible), José Manuel del Río Virgen, Rutilio Escandón Cadenas, Camerino Eleazar Márquez, Alberto Esteva Salinas, Jorge Godoy Cárdenas, Juan Ignacio Samperio Montaño, Armando García Méndez, Elsa Conde Rodríguez, Delio Hernández Valadés, Silvia Oliva Fragoso, Alejandro Chanona Burguete, Patricia Obdulia de Jesús Carstillo Romero, Abundio Peregrino García, Higinio Chávez García (rúbricas).
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE SOLICITA A LA SEGOB QUE INVESTIGUE E INFORME SOBRE LA OPERACIÓN DE UN CENTRO DE APUESTAS EN MONTERREY, NUEVO LEÓN, A CARGO DEL DIPUTADO JUAN MANUEL PARÁS GONZÁLEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI

Juan Manuel Parás González, diputado federal de Nuevo León a la LX Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, solicito a esta honorable soberanía conocer la proposición con punto de acuerdo, con atención a las siguientes

Consideraciones

Como es de conocimiento público, desde hace varios años han proliferado por todo el país diversos centros de juegos con apuestas remotas o juegos de azar electrónicos, que por su modalidad y ubicación física, evaden las disposiciones de la Ley Federal de Juegos y Sorteos, que prohíben los casinos y los juegos de azar con apuesta en territorio nacional y próximos a instituciones educativas.

Tenemos conocimiento de la instalación y operación en el municipio de Monterrey, Nuevo León, de un centro de apuestas remotas, salas de números y actividades similares a casino, en el inmueble ubicado en avenida calzada de San Pedro número 117 norte en la colonia Miravalle, en la negociación denominada Galería del Gourmet, el cual es operado por la empresa Operadora Megasport, SA de CV.

Dicho establecimiento, se presume, no cumple con los requisitos establecidos en el artículo 38 de la ley citada, ya que se encuentra a menos de 200 metros de instituciones de educación básica, con lo que no sólo se vulneran las disposiciones legales referidas, sino que representa un perjuicio latente para los estudiantes de los centros educativos vecinos, como lo es el Colegio Liceo.

Se desconoce si este centro de apuestas tiene las autorizaciones respectivas de la Secretaría de Gobernación para operar, por lo que es importante para esta Cámara y para la comunidad de Monterrey, conocer la legalidad del establecimiento en comento.

Por las razones antes expuestas, y con fundamento en los preceptos legales invocados, solicito a esta honorable Cámara, tenga a bien aprobar la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, solicita a la Secretaría de Gobernación, por conducto del director general de juegos y sorteos, informe a esta soberanía sobre la autorización, operación y funcionamiento del centro de apuestas referido en las consideraciones precedentes, así como que investigue la presunta violación a la Ley Federal de Juegos y Sorteos, y en su caso, se proceda en consecuencia.

Diputado Juan Manuel Parás González (rúbrica)
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA PROFECO A ANALIZAR LAS QUEJAS Y DENUNCIAS FORMULADAS CONTRA HOSPITALES PARTICULARES, Y A REALIZAR LAS ACCIONES PERTINENTES PARA PREVENIR Y, EN SU CASO, SANCIONAR COBROS INDEBIDOS POR CONCEPTO DE MEDICAMENTOS SUMINISTRADOS A LOS PACIENTES DURANTE SU ESTANCIA EN DICHAS INSTITUCIONES, SUSCRITA POR LOS DIPUTADOS OMAR BORBOA BECERRA, JORGE QUINTERO BELLO Y FRANCISCO JAVIER PLASCENCIA ALONSO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN

Los suscritos diputados federales de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, a través del diputado Omar Antonio Borboa Becerra, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Procuraduría Federal del Consumidor a que haga un análisis de las quejas y denuncias llevadas a cabo contra hospitales particulares, a fin de que en el ámbito de sus atribuciones, pueda tomar las acciones pertinentes para prevenir y en su caso sancionar, cobros indebidos por concepto de medicamentos suministrados a los pacientes durante su estancia en dichas instituciones, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

1. Con el objetivo claro de cumplir con lo establecido en el artículo 4° constitucional, en el sentido de que "Toda persona tiene derecho a la protección de la salud", el Estado mexicano ha creado las instituciones públicas que todos conocemos. Esto le ha dado a México un lugar de consideración en el tema de la salud, en términos de desarrollo humano. Hace no mucho que un mexicano fue candidato a dirigir la Organización Mundial de la Salud.

2. Lo anterior es precisamente reflejo de la continuidad en las políticas públicas destinadas a elevar los niveles de bienestar de la población, en particular de la de menores recursos. Sin embargo, a pesar de lo logrado mediante nuestro sistema público de salud, aún nos queda un largo camino por recorrer, a fin de que los servicios de salud en México desarrollen todo un potencial y aporten todo lo que nos puede ofrecer. En particular me gustaría aprovechar la oportunidad para hacer referencia a un grupo de ingreso que si bien puede pagar atención médica en el sector privado, no vive una situación en la que puedan pagar con soltura cualquier precio en dichos servicios. Me refiero a los ciudadanos que si bien, no tienen como única alternativa los servicios que ofrecen las instituciones públicas, el costo que implican los hospitales privados, a veces les puede representar una enorme carga. Y si bien, garantizar los niveles de salud de la población más desprotegida debe ser una prioridad del gobierno mexicano en todo momento, ello no descarta la posibilidad de propiciar condiciones para que quienes tienen un nivel medio de ingresos, puedan acceder a los servicios privados, a precios que no afecten su economía.

3. En este tema, estamos seguros de que una mayor competencia entre los actores de este mercado, ciertamente lograría considerables beneficios para la sociedad en su conjunto. Nos permitiría disponer de mejores y más diversificados servicios de salud, sin que ello implique mayores costos. También propiciaría que los hospitales tuvieran que competir por ofrecer las mejores tecnologías disponibles. Permitirían que buscaran innovar a fin de ofrecer los mejores estándares y procedimientos, pero sobre todo permitiría que compitieran por ofrecer sus servicios a un menor costo. En particular podrían ofrecer medicamentos a un costo que se acerque más a lo observado en el mercado al menudeo.

4. Lo anterior resulta altamente relevante pues es un hecho que hay casos en los que es difícil explicar cómo los precios cobrados por los medicamentos suministrados durante estancias en hospitales privados, pueden ser tan altos. Más aún, algunas veces el consumidor, se lleva la impresión de que en dichas instituciones, se aprovecha la situación de emergencia que viven a veces los pacientes, a fin de poder hacer cargos que difícilmente son justificables.

El tema que aquí se propone, definitivamente no da pie a acciones del gobierno, como las que se requieren para hacer llegar los servicios de salud a los sectores de menores ingresos. Tampoco justifica una actitud intervencionista por parte del Estado mexicano. Sin embargo, afortunadamente en este país ya contamos con instituciones como la Procuraduría Federal del Consumidor que se dedican de oficio a que no se comenta abusos contra quines mantienen a la economía en movimientos, es decir, en contra de los consumidores.

Por lo tanto, tomando en cuenta las consideraciones anteriormente expuestas, pongo a consideración de esta soberanía, el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la a la Procuraduría Federal del Consumidor a que haga un análisis de las quejas y denuncias llevadas a cabo contra hospitales particulares, a fin de que en el ámbito de sus atribuciones, pueda tomar las acciones pertinentes para prevenir y en su caso sancionar, cobros indebidos por concepto de medicamentos suministrados a los pacientes durante su estancia en dichas instituciones.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro a 23 días del mes de octubre de 2007.

Diputados: Omar Antonio Borboa Becerra, Jorge Quintero Bello, Francisco Javier Plascencia Alonso (rúbricas).
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE SOLICITA A LA SENER, A LA CFE Y A LAS DEMÁS DEPENDENCIAS COMPETENTES LA RECLASIFICACIÓN TARIFARIA DE ELECTRICIDAD DEL MUNICIPIO VILLALDAMA, NUEVO LEÓN, A CARGO DEL DIPUTADO JUAN MANUEL PARÁS GONZÁLEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI

Juan Manuel Parás González, diputado federal de Nuevo León a la LX Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, solicito a esta honorable soberanía conocer de la proposición con punto de acuerdo, con atención a las siguientes

Consideraciones

1. Uno de los problemas más apremiantes de la población es los altos costos de tarifas eléctricas, principalmente en verano y en invierno cuando hay una mayor demanda de consumo de energía, lo que impacta sensiblemente la economía familiar de muchos mexicanos.

2. Lo anterior es el caso del municipio de Villaldama, Nuevo León, que a través de su ayuntamiento constitucional hace suya una demanda ciudadana de reclasificación tarifaria, ya que actualmente tiene la tarifa B.

3. Cabe señalar que el municipio vecino de Sabinas Hidalgo está considerado en la tarifa C, y se encuentra físicamente ubicado en la misma latitud que Villaldama, y su poder adquisitivo y situación económica es más elevada.

4. Asimismo, Villaldama registra altas temperaturas en verano y en invierno extremadamente bajas, lo que representa una sensible afectación a la población de esa comunidad, que se vería seriamente beneficiada con la reclasificación tarifaria.

Por las razones antes expuestas, y con fundamento en los preceptos legales invocados, solicito a esta honorable Cámara que tenga a bien aprobar la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Energía, la Comisión Federal de Electricidad y demás dependencias competentes, la reclasificación tarifaria de energía eléctrica del municipio de Villaldama, Nuevo León, de la tarifa B a la tarifa C.

Diputado Juan Manuel Parás González (rúbrica)
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA A PRONUNCIARSE RESPECTO A LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA DERIVADA DEL INCIDENTE PROMOVIDO POR TELMEX CONTRA LA RESOLUCIÓN DEL PLENO DE LA COFETEL, A CARGO DEL DIPUTADO JOSÉ MARTÍN LÓPEZ CISNEROS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN

El suscrito, diputado federal José Martín López Cisneros integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, de conformidad con los siguientes:

Antecedentes

La Ley Federal de Telecomunicaciones, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de junio 1995, dispone que el Ejecutivo federal constituirá un órgano desconcentrado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, con autonomía operativa, el cual tendrá la organización y facultades necesarias para regular y promover el desarrollo eficiente de las telecomunicaciones en el país. En consecuencia, mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de agosto de 1996, el Ejecutivo federal creó la Comisión Federal de Telecomunicaciones.

Con fecha 23 de octubre de 1997, se publicaron en el Diario Oficial de la Federación las reglas del servicio local, las cuales establecen que la Comisión Federal de Telecomunicaciones publicará las disposiciones administrativas que deberán observar los concesionarios del servicio local para la consolidación de los grupos de servicios locales existentes.

Con fecha 30 de noviembre de 1998 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la resolución de Consolidación mediante la cual se establecen los lineamientos para llevar acabo la consolidación de los grupos de centrales de servicio local existentes en áreas de servicio local, así como el calendario de consolidación respectivo.

No obstante que el calendario de consolidación de áreas de servicio local inició en julio de 1999 y concluyó en junio de 2002, la Comisión Federal de Telecomunicaciones ha recibido solicitudes por parte de los usuarios de diversas autoridades en el sentido de que ésta determine los lineamientos que deberán observarse para modificar a determinadas áreas de servicio local previamente definidas.

En virtud de lo anterior en fecha 11 de enero de 2006 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la resolución mediante la cual el pleno de la Comisión Federal de Telecomunicaciones determina los lineamientos que deberán observarse para modificar las áreas de servicio local, esto con el fin de dar certeza al proceso de la consolidación para actuar ante nuevas solicitudes de consolidación o consultas a dicho proceso.

Consideraciones

El pasado 14 de marzo, el Pleno de la Comisión Federal de Telecomunicaciones, resolvió favorablemente la solicitud de diversos operadores para consolidar 70 áreas de servicio local a fin de disminuir los destinos de larga distancia nacional en beneficio de millones de mexicanos de diversas regiones del país.

En días anteriores se dio a conocer la noticia de que la Tercera Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, concedió la suspensión provisional al proceso de consolidación que determinó la Cofetel para que Telmex incluyera a más de 70 municipios para incorporarlos al sistema de tarifa local del área metropolitana resolución que entraría en vigor este primero de noviembre.

Como se podrán dar cuenta compañeros legisladores, con esta suspensión provisional concedida por la Tercera Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa se impide que se lleve a cabo este proceso regulatorio, el cual tiene como propósito reducir el número de zonas para llamadas de larga distancia.

En ese sentido se estaría retardando la resolución de la Cofetel para que se lleve a cabo la consolidación de las áreas de servicio local que entrarían en vigor este primero de noviembre en beneficio de los habitantes de diversas regiones del país.

Asimismo, la consolidación eliminaría el pago de una tarifa por reventa de servicios en aquellas áreas de servicio local que no estaban abiertas a la competencia y por ende, los demás concesionarios tendrán incentivos para invertir en aquellas zonas en las que Telmex es el único operador.

Ahora bien con esta medida de suspensión otorgada por la Tercera Sala del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa y mientras esta prevalezca, se estará perjudicando a los habitantes de los mas de 70 municipios, esto porque los usuarios no podrán gozar de los beneficios que conlleva el cambio de tarifas de larga distancia locales con usuarios de municipios cercanos.

Para terminar compañeras y compañeros diputados solicito a este honorable Pleno que apoye esta propuesta, para que a la brevedad posible la Tercera Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa se pronuncie respecto la suspensión definitiva con la cual coadyuvaría a la estabilidad y beneficiaría a millones de habitantes de mas de 70 municipios del país en estados como Nuevo León, Morelos, Michoacán, Baja California, Nayarit, Hidalgo, Coahuila, Jalisco, Puebla, México, Jalisco, Sinaloa, Tamaulipas, Veracruz, Yucatán y Guerrero y con ello se evitaría un perjuicio a los más de 70 municipios con sus respectivas poblaciones aledañas, tales como ejidos, rancherías y micro regiones las cuales siempre han vivido en el abandono de los avances en materia de telecomunicaciones en México.

Por lo anterior, considero necesario y procedente que esta Cámara de Diputados del Congreso de la Unión contribuya a superar una situación que lesiona los derechos de los habitantes de los municipios de los estados mencionados anteriormente, por lo que se presenta, a consideración de esta honorable soberanía con carácter de urgente y obvia resolución el siguiente.

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa a fin de que se pronuncie a la brevedad posible sobre la suspensión definitiva derivada del incidente de suspensión promovido por Teléfonos de México en contra de la resolución emitida por el pleno de la Comisión Federal de Telecomunicaciones, consistente en la emisión de los lineamientos del área de servicio local.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de noviembre de 2007.

Diputado José Martín López Cisneros (rúbrica)