El suscrito Humberto López Lena Cruz, diputado federal de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Convergencia, y en mi calidad de secretario de la Comisión de Radio Televisión y Cinematografía, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicita a la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados que formule un exhorto al titular de la Comisión Federal de Telecomunicaciones, a efecto de que rinda un informe acerca de la política que asume el gobierno federal para apoyar a los concesionarios de radio de amplitud de modulada ante la evolución tecnológica en radiodifusión sonora, así como en lo referente a la igualdad y competitividad de las amplitud modulada ante los demás medios de comunicación, con base en las siguientes
Consideraciones
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su artículo 27 que corresponde a la nación el dominio directo de su espacio territorial y, en consecuencia, del medio en que se propagan las ondas electromagnéticas, siendo competencia de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por conducto de la Comisión Federal de Telecomunicaciones, la encargada de otorgar las concesiones y permisos para el aprovechamiento de las ondas electromagnéticas.
En la ley de la materia se establece que la radio y la televisión constituyen una actividad de interés público, por tanto, el Estado deberá protegerla y vigilarla para el debido cumplimiento de su función social.
Los avances tecnológicos han permitido la posibilidad de modificar la forma de explotación del espectro radioeléctrico concesionado por el Estado, tan es así, que las autoridades han adoptado el estándar tecnológico para la transición de la televisión analógica a la televisión digital terrestre; política publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de julio de 2004, y que a la fecha es aplicada mejorando la calidad de la televisión, no así a la radio.
El desarrollo urbano de las poblaciones a nivel nacional ha generado que los concesionarios de las estaciones de amplitud modulada tengan en algunos casos que reubicarse en sitios fuera de los centros de población, lo que repercute en que los concesionarios y permisionarios tengan que realizar mayores inversiones para cumplir con sus objetivos.
Hecho que repercute en la ya problemática situación de los concesionarios de amplitud modulada, en razón de que tienen que competir con la frecuencia modulada de una forma desigual, por la baja calidad de sus señales, al no ser competitivos con la frecuencia modulada o bien con otros medio de comunicación.
El desarrollo de las tecnologías digitales aplicables a la radiodifusión sonora, permite al Estado elevar la calidad de radio en la amplitud modulada, generando así una competitividad en igualdad de circunstancias con los concesionarios de la frecuencia modulada y los demás medios de comunicación.
De esta forma se fortalecerá la función social que les atribuye la ley a los concesionarios y permisionarios de amplitud modulada, dando a los radioescuchas una amplia diversidad de programación, obligando a las radiodifusoras a mejorar la calidad de su transmisión para su competitividad.
En un mundo globalizado como en el que vivimos, no nos podemos dar el lujo de quedarnos en el rezago, siendo obligación del Estado propiciar la utilización de los avances tecnológicos para el beneficio de todos los mexicanos de acuerdo a las posibilidades disponibles.
Si bien es cierto, que en el año de 1994 se otorgaron 83 modificación a las concesiones de amplitud modulada, también es cierto que esto no resolvió de fondo la problemática que vive el país en materia de radiodifusión, siendo necesario que la Comisión Federal de Telecomunicaciones dé soluciones a la problemática, mediante el establecimiento de la radio digital y todo lo que ello conlleva.
Por todo lo señalado y en atención de que a la fecha no se ha adoptado en nuestro país el estándar tecnológico para la transición a la radio digital, se hace necesario que el titular de la Cofetel nos informe y, en su caso, nos remita la documentación sobre el avance que presenta esta transición tecnológica, con la finalidad de eliminar la problemática existente. Además de que resulta imperante determinar la tecnología por aplicar, ya que el norte del país ya se está adoptando una tecnología para la digitalización (IBO) y en el resto del país todavía se está discutiendo cuál se debe de aplicar.
El presente exhorto atiende los reclamos realizados por radiodifusores independientes en la reunión que se tuvo con el pleno de la Comisión de Radio Televisión y Cinematografía el día 25 de abril del presente año, en donde expusieron la problemática existente y la necesidad de que las autoridades federales solucionen la situación que atraviesan los concesionarios y permisionarios de amplitud modulada.
En la reunión indicada se puso en manifiesto que de no atenderse la problemática se pone en riesgo la continuidad del servicio de cerca de mil concesionarios y permisionarios de amplitud modulada que representan la fuente de trabajo de más de 10 mil trabajadores. Por tanto, solicitaron a la comisión que se exhortara a las autoridades para que se otorguen frecuencias espejo con fundamento en el artículo 22 de la Ley Federal de Radio y Televisión, tal y como se hizo en años anteriores.
Recordemos que el arquitecto Héctor Osuna Jaime en la comparecencia que tuvo el día 21 de febrero con la Comisión de Radio y Televisión y Cinematografía se comprometió a dar una solución a la problemática de los concesionarios y permisionarios de amplitud modulada hecho que no ha cumplido a la fecha.
Por todo lo señalado, es que se exhorta al presidente de la Cofetel a que rinda un informe de la situación que guardan las estaciones radiodifusoras de la banda de amplitud modulada, y de las acciones que se realizarán para darles competitividad, así como de la posibilidad de otorgar frecuencias espejo, señalando al mismo tiempo qué tecnología se aplicará para la digitalización y el tiempo en que se implantará en el país.
Por lo antes expuesto, me permito someter a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente
Punto de Acuerdo
Uno. Se exhorta al titular de la Comisión Federal de Telecomunicaciones para que comparezca ante los integrantes de la comisión de radio y televisión de esta honorable Cámara de Diputados e informe acerca de la política que asume el gobierno federal ante la indefinición sobre el estándar tecnológico que tenga que emigrar el país en materia de radiodifusión.
Dos. Para que informe sobre los avances en lo referente a la igualdad y competitividad de los concesionarios y permisionarios de radio de amplitud de modulada para lograr la transición digital considerando la situación que guardan las radiodifusoras en el país.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 31 de octubre de 2007.
Diputado Humberto López Lena Cruz (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE
QUE EN EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN DE
2008 SE CONSIDEREN RECURSOS PARA EL PLAN HIDRÁULICO DE TABASCO,
A CARGO DEL DIPUTADO MOISÉS DAGDUG LÜTZOW, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PRD
El que suscribe, diputado federal Moisés Dagdug Lutzow, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a esta soberanía una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Tabasco vive la peor catástrofe de todos los tiempos. Las inundaciones por el desbordamiento de siete ríos, principalmente el Grijalva y el Carrizal, que cruzan esta capital, producto de dos frentes fríos y el desfogue de la presa Peñitas, han dejado hasta ahora más de 700 mil damnificados en los 17 municipios de la entidad; de éstos, 20 mil ya se encuentran en albergues, además se da cuenta de un deceso y el 100 por ciento de los cultivos perdidos, que representan 3 mil 546 millones de pesos.
Tabasco forma parte, junto con Chiapas, de la novena región llamada Frontera Sur, de acuerdo con el Plan Hidráulico de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).
En dicha región está la cuenca de los ríos Grijalva y Usumacinta. Según la Conagua, esta cuenca es la primera reserva de agua en México, la séptima del mundo y es la principal potencia en la generación de energía eléctrica en el país, según el Diario Oficial del 22 de junio de 2007, en el que esa dependencia expone los resultados de la disponibilidad de agua superficial en diversas cuencas.
La abundancia de agua es tal en Tabasco que usualmente una tercera parte de su territorio está cubierta por ella; luego de esta inundación se habla de que 80 por ciento del territorio está bajo el agua, incluyendo la ciudad de Villahermosa. En esta zona del país, se da también el mayor nivel de escurrimiento natural superficial interno, con 73 mil 467 hectómetros cúbicos, al que sigue la zona del Papaloapan, con 50 mil 887 hectómetros cúbicos.
No es menos importante señalar que la lluvia promedio en Tabasco durante septiembre fue de 535 milímetros, cuando la media de precipitación normal es de 363.5 milímetros. En tanto que en octubre, el promedio acumulado fue de 676 milímetros de lluvia, casi dos veces mayor que el normal, 346.4 milímetros.
Estos datos mínimos ponen de relieve la necesidad de contar con un programa hidráulico para el estado que cumpla con una serie de objetivos fundamentales para la gestión del agua. Es decir, para planear y administrar su uso como recurso esencial para abastecer el consumo humano, irrigar tierras y proveer de energía eléctrica, básica para el funcionamiento de la economía; además, como se ve ahora, para la seguridad de la población y de sus bienes.
Ya en 1999 ocurrió una inundación en el estado que puso en evidencia los riesgos de la situación referida al agua y los problemas de su administración, El programa hidráulico que se anunció entonces no fue aplicado y ahora salen a la superficie, literalmente a la superficie de la inundación, los nombres del ex presidente Zedillo y los ex gobernadores Madrazo, Priego y Andrade.
Por los razonamientos antes expuestos, y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública a considerar, al dictaminar el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2008, recursos suficientes para el plan hidráulico en el estado de Tabasco.
Segundo. Se exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal destinar, de las economías que se generen en el ejercicio fiscal de 2007, recursos para el plan hidráulico de Tabasco.
Diputado Moisés Dagdug Lutzow (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE SOLICITA A LA CÁMARA DE DIPUTADOS LA CELEBRACIÓN DEL DÍA
INTERNACIONAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EL PRÓXIMO 3 DE DICIEMBRE,
A CARGO DE LA DIPUTADA SILVIA EMILIA DEGANTE ROMERO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PAN
La suscrita, diputada federal Silvia Emilia Degante Romero integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LX Legislatura, con fundamento en el artículo 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, a fin de solicitar a las autoridades de la Cámara de Diputados que se lleve a cabo la celebración del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, conforme a las siguientes
Consideraciones
I. La Organización Mundial de la Salud, señala que en los países de Latinoamérica de su población general, de 7 a 13 por ciento viven alguna discapacidad. En México más de 10 millones de personas viven en condiciones de discapacidad, ya sea motora, intelectual o sensorial.
II. Los mexicanos desde 1982 hemos contribuido a impulsar la igualdad y equiparación de oportunidades y mejorar las condiciones de calidad de vida para las personas con discapacidad, a través de programas específicos para su atención, sin dejar de mencionar el trabajo que desde esta Cámara se ha hecho, en donde se promovieron una serie de reformas a diversas leyes, y recientemente la Ley General de las Personas con Discapacidad, dando así el cumplimiento a las Normas Uniformes para las personas con discapacidad de la ONU, que aceptó México en 1982 y que actualmente el país cuenta con un marco jurídico amplio para este sector de la población en diversas leyes como:
La Ley General de las Personas con Discapacidad
La Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra las Personas con Discapacidad
III. Que como resultado del trabajo que en México –en los últimos años– se ha promovido para las personas con discapacidad ahora podemos ver frecuentemente a niños y niñas con discapacidad en escuelas regulares, podemos observar mayores medidas de accesibilidad urbana, como señalamientos, rampas y cajones de estacionamiento, esto se hace más frecuente todos los días en una sociedad que es para todos inclusiva sin distinción y marginación, una sociedad donde el bien común prevalezca sobre cualquier situación de vida, tal como lo enuncia la Carta Magna.
IV. Es motivo de celebración los avances que México y las organizaciones sociales de personas con discapacidad han alcanzado en los últimos años y que de manera unida, sociedad gobierno y partidos políticos, trabajamos de manera comprometida por más de 10 millones de personas con discapacidad.
V. El 5 de octubre del 2006 una servidora en la tribuna expuse un punto de acuerdo para que la Cámara de Diputados conmemorara el Día Internacional de las Personas con Discapacidad que por cierto es el 3 de diciembre.
VI. La Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos de la Cámara de Diputados, instruyó al secretario general, doctor Guillermo Haro Bélchez para establecer la fecha y forma del evento.
VII. En el acta de la reunión del 27 de noviembre de la Junta de Coordinación Política, se acordó la partida presupuestal para la celebración del evento conmemorativo al Día Internacional de las Personas con Discapacidad.
VIII. La conmemoración del Día Internacional de las Personas con Discapacidad no es tan sólo un gran pretexto para destacar todo el valor y la grandeza de estos seres humanos, sino dar un paso adelante con la asignatura pendiente que México tiene con miles de mexicanos que viven alguna discapacidad.
IX. La Cámara debe dar a conocer los trabajos que en materia legislativa ha realizado y promover que el Ejecutivo federal dé a conocer los trabajos en beneficio de este sector de la población; al igual otorgar oportunidad para que las organizaciones sociales expongan sus trabajos y productos en el que destaquen lo que desarrollan todos los días, y para que músicos, artesanos, escritores, pintores, deportistas y profesionistas encuentren en esta representación popular un lugar de expresión de sus habilidades y aptitudes, en aquellas actividades que han encontrado su desarrollo y que sirva de ejemplo y estímulo para aquellos que por su condición o estado de animo no lo pueden realizar.
X. Del 18 al 22 de diciembre de 2007 se celebre la Feria Todos por la Integración de las Personas con Discapacidad hacia el Bien Común, en la que participen instituciones públicas, organizaciones civiles y personas con discapacidad.
XI. Que en pleno respeto de los órganos de gobierno de los trabajos legislativos y la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos en sus artículo 44 párrafo 4 y 45 párrafo 6 incisos e y g sea la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables quien efectúe las acciones necesarias de gestión y aplicación de los recursos –que asigne la Junta de Coordinación Política–, ante las instancias correspondientes de la Cámara de Diputados. Por lo anteriormente expuesto, se somete al Pleno de esta soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero. La suscrita diputada de la LX Legislatura, en respeto a las competencias atribuidas por la Carta Magna, solicita a la honorable Cámara de Diputados que realice las acciones necesarias a fin de celebrar el Día Internacional de las Personas con Discapacidad.
Segundo. Que la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables sea el órgano que encamine los trabajos, gestión y aplicación de recursos para dicha celebración.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de noviembre de 2007.
Diputada Silvia Emilia Degante Romero (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A RETIRAR MEDIANTE EL TITULAR DE LA SEDENA
A LOS ELEMENTOS DEL EJÉRCITO QUE CUSTODIAN MATERIAL ELECTORAL EN
LAS CABECERAS DISTRITALES DEL IFE, A CARGO DEL DIPUTADO EMILIO FLORES DOMÍNGUEZ,
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
El suscrito, diputado federal Emilio Ramón Ramiro Flores Domínguez del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, al tenor de las siguientes:
Consideraciones
El Instituto Federal Electoral es el organismo público, autónomo, responsable de cumplir con la función de organizar las elecciones federales, es decir, las relacionadas con la elección del presidente de los Estados Unidos Mexicanos y de los diputados y senadores que integran el Congreso de la Unión.
Para el desempeño de tales actividades, cuenta con un cuerpo de funcionarios integrados en un Servicio Profesional Electoral.
Asimismo, los Consejos Distritales son los órganos de dirección constituidos en cada uno de los 300 distritos uninominales en que se divide el territorio nacional para efectos electorales. Así dentro de su respectivo ámbito de competencia son los responsables de asegurar el puntual cumplimiento de las disposiciones legales en la materia y de los acuerdos y resoluciones de los órganos electorales superiores, así como de dictar las resoluciones y lineamientos que la ley les confiere.
En todo momento, el IFE siguió escrupulosamente los procedimientos que señala la ley electoral para el pleno desarrollo de las elecciones federales del 2 de julio de 2006. En cada casilla del país se contaron los votos emitidos, en presencia de los representantes de los partidos políticos. Los funcionarios de casilla llenaron las actas de escrutinio y cómputo ante los representantes de los partidos políticos, quienes dieron fe con su firma de que este llenado reflejó los votos a favor de cada candidato.
Todos los paquetes electorales fueron llevados a la sede de los Consejos Distritales, con el acompañamiento de los partidos que así lo desearon.
Dichos paquetes que contienen los votos que ya fueron contados están ahora resguardados en cada sede distrital del IFE con custodia de personal del Ejército Mexicano y por disposición legal, los partidos políticos y coaliciones cuentan con una copia del acta de escrutinio y cómputo de todas las casillas.
El artículo 129 de nuestra Constitución contiene dos diferentes normas: una prohibitiva, por la que señala un claro límite a las actividades que, en tiempo de paz, pueden realizar las fuerzas armadas; y otra permisiva/limitativa, de acuerdo con la cual se establecen las posibilidades para la ubicación física de las tropas.
Un correcto estudio del contenido del artículo 129 debe proceder separando las dos partes principales que lo componen, la primera parte que contiene un mandato según el cual se limitan las actividades de las fuerzas armadas en tiempos de paz a aquellas que tengan exacta conexión con la disciplina militar.
Esta parte del artículo 129 guarda relación con el artículo 16 constitucional, cuyo contenido, de signo marcadamente antigarantista, es el siguiente: "... en tiempo de paz ningún miembro del ejercito podrá alojarse en casa particular contra la voluntad del dueño, ni imponer prestación alguna. En tiempo de guerra los militares podrán exigir alojamiento, bagajes, alimentos y otras prestaciones, en los términos que establezca la ley marcial correspondiente".
Al discutirse por el Constituyente en 1857 el texto que sirvió de base al artículo 129 de la Constitución de 1917, se trató de evitar que el ejército pudiera actuar por sí y ante sí, y se buscó que al hacerlo quedara sujeto a las órdenes de las autoridades civiles.
Partiendo de la intención atribuida al Constituyente de 1857, la Corte concluyó que las autoridades militares podían actuar en auxilio de las civiles siempre que estas últimas las requirieran para tal efecto.
Con base en lo anterior solicito respetuosamente y atendiendo al espíritu del Constituyente de 1917, que el personal castrense que realiza funciones de resguardo y custodia del material electoral en los 300 distritos electorales del país, sea retirado y sus funciones de seguridad asumidas por el personal que para tal efecto disponga tanto el Ejecutivo federal como el mismo Instituto Federal Electoral y que estos cuerpos castrenses sean puestos a disposición de la lucha que inició el presidente Felipe Calderón al combate frontal al narcotráfico y el trafico ilegal de armas en todo el país así como los más de trescientos vehículos hummers que están inmovilizados en dichos lugares custodiados por el Ejercito Mexicano.
Por lo anteriormente expuesto, me permito someter a la consideración de esta honorable Asamblea el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal instruya al titular de la Secretaría de la Defensa Nacional a retirar a los elementos del Ejército Mexicano que custodian material electoral en las trescientas cabeceras distritales del Instituto Federal Electoral y que sean puestos a disposición de la lucha frontal al combate al narcotráfico y el tráfico ilegal de armas.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a los seis días del mes de noviembre del año dos mil siete.
Diputado Emilio Ramón Flores Domínguez (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL, AL PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE SENADORES,
A LOS GOBERNADORES Y A LOS CONGRESOS LOCALES A REALIZAR ACTOS SOLEMNES
CADA 30 DE SEPTIEMBRE EN MEMORIA DE DON JOSÉ MARÍA MORELOS
Y PAVÓN, A CARGO DEL DIPUTADO ÉRICK LÓPEZ BARRIGA,
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
El suscrito diputado federal Érick López Barriga, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática del estado de Michoacán, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito presentar el siguiente punto de acuerdo.
Consideraciones
Sin lugar a dudas, don José María Morelos y Pavón fue uno de los grandes forjadores de la independencia del país. Quien además de ser uno de los grandes estrategas militares de esa época, se convirtió en la fuente inspiradora del sistema jurídico mexicano.
Don José María Morelos y Pavón nació el 30 de septiembre de 1765 en la entonces ciudad de Valladolid, hoy Morelia, Michoacán. Se unió al cura Miguel Hidalgo en 1810 y se encargó de extender la lucha independentista por el sur del país, logrando grandes proezas como el Sitio de Cuautla.
Sin embargo sus mayores logros políticos los obtuvo el 13 de septiembre de 1813, al instalar en la Catedral de Santa María de la Asunción, en la ciudad de Chilpancingo, Guerrero, el Primer Congreso de Anáhuac, dictándose las bases del constitucionalismo mexicano en un documento que se denominó "Los Sentimientos de la Nación". En él se habló por primera vez de una declaración de independencia para México, lo cual fue confirmado con el Acta Solemne de Independencia de la América Septentrional y el decreto constitucional para la Libertad de la América Mexicana, que pasó a la historia bajo el nombre de Constitución de Apatzingán.
Esta Constitución fue la primera de México y fue aprobada el 22 de octubre de 1814, por el Congreso reunido en Apatzingan. En ella, no sólo se defendía el principio de la soberanía popular, sino también el derecho del pueblo a cambiar al gobierno según su voluntad. Además, se proclamó la división de los tres poderes: ejecutivo, legislativo y judicial, considerando como órgano supremo al Congreso, con facultades legislativas, políticas y administrativas.
Posteriormente, como producto de dicha constitución, fue instalado en 1815 el primer Tribunal de la América Mexicana en Ario, el cual significó la consolidación del sentido de justicia por el que peleó Morelos y que quedó plasmado en el siguiente apotegma:
Es importante señalar que por la importancia del legado de Morelos, la organización no gubernamental "Centro Mexicano de Derechos Humanos, AC" implantó el 28 de febrero del presente año, la Cruzada Nacional para rescatar el pensamiento íntegro del Siervo de la Nación. Por lo que se plantea, la necesidad de contribuir a la difusión de tan importante legado en materia de justicia.
Por ello, como parte de esta Cruzada Nacional propongo, se realicen actos de conmemoración cada 30 de septiembre.
En este sentido, cabe mencionar que en el artículo 18, inciso a) de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, se encuentran inscritas las fechas que han sido declaradas solemnes para toda la nación, y que por considerarse como festividades, la bandera nacional debe ser izada a toda asta. Algunas de estas fechas corresponden a los natalicios de algunos de los personajes con mayor trascendencia histórica, como son:
21 de marzo: Aniversario del nacimiento de Benito Juárez en 1806.
8 de mayo: Aniversario del nacimiento de Miguel Hidalgo y Costilla en 1753.
30 de octubre: Aniversario del nacimiento de Francisco I. Madero en 1873.
29 de diciembre: Aniversario del nacimiento de Venustiano Carranza en 1859.
Pese a que este día ya es considerado como fecha solemne para toda la nación, se considera importante que el 30 de septiembre de cada año, se realicen actos solemnes y se dedique a la difusión del pensamiento de don José María Morelos y Pavón, el Siervo de la Nación; como tributo a su memoria, ya que su obra es tan importante y trascendental, que a la fecha seguimos gozando de sus beneficios sociales y jurídicos.
Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de esta soberanía la aprobación del siguiente
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados, exhorta al Presidente de la Cámara de Senadores, al titular del Ejecutivo federal, a los gobernadores de los estados y a los Congresos estatales, para que en el ámbito de sus respectivas competencias realicen actos solemnes cada 30 de septiembre para conmemorar el natalicio de don José María Morelos y Pavón, el Siervo de la Nación, para que se difunda la importancia y trascendencia de su obra.
Salón de sesiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, a 6 de noviembre de 2007.
Diputado Érick López Barriga (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE
QUE EN EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN DE
2008 SE CONSIDEREN –EN EL FONDO DE DESARROLLO METROPOLITANO– RECURSOS PARA
EL ESTADO DE VERACRUZ, A CARGO DEL DIPUTADO ROBERTO BADILLO MARTÍNEZ,
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
El suscrito, diputado federal del Grupo Parlamentario del PRI, Roberto Badillo Martínez, integrante de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos somete a la consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
El estado de Veracruz desempeña un papel sumamente importante en el contexto nacional.
Sin embargo, pese al potencial físico y humano con que cuenta, pese al fantástico territorio que tenemos, con recursos naturales de todo tipo, principalmente petróleo, gas, agua y otros materiales estratégicos, somos uno de los estados con mayor número de pobres del país, con un total de 3 millones de habitantes con graves problemas de marginación, de un total estimado de 7.5 millones de habitantes.
Debido a ello, 800 mil veracruzanos buscan en el norte del país y en Estados Unidos mejores oportunidades de vida, dejando disgregadas incluso a centenares de miles de familias veracruzanas.
Pese a estas dificultades, hay un enorme esfuerzo de las actuales autoridades estatales para capitalizar las potencialidades de orden económico del estado, entre las que podemos citar que ocupa el sexto lugar respecto al PIB nacional; cuenta con varios puertos de alto impacto comercial, como Veracruz, Coatzacoalcos y Tuxpan; el puerto de Veracruz como tal cubre 60 por ciento del territorio para las importaciones y exportaciones que se realizan en el país, impactando a 60 millones de mexicanos. También es el enlace comercial más próximo hacia países del Caribe, Centroamérica, Sudamérica y Europa. Es el estado mejor dotado en recursos naturales en todo el territorio nacional; es el primer productor ganadero, citrícola y petroquímico; el corredor transístmico Coatzacoalcos-Salina Cruz lo comunica con la cuenca Asia-Pacífico, y cuenta con aproximadamente 50 mil profesionistas.
El aprovechamiento oportuno de estas potencialidades permitiría mayor crecimiento y desarrollo de la entidad. Sin embargo, para acceder a ello es imprescindible que se cuente con recursos presupuestales suficientes.
Por ello, y considerando que Veracruz cuenta con nueve zonas conurbadas en su territorio y que la federación destina recursos para el impulso de las zonas metropolitanas del país, a través del Fondo de Desarrollo Metropolitano, creemos oportuno y necesario que el estado de Veracruz sea considerado en la distribución de dichos recursos, asumiendo esta acción como una acto de elemental y equitativa justicia presupuestal, toda vez que la nuestra es una de las entidades federativas que mayores aportaciones genera a la federación, a través de la explotación de sus recursos petroleros.
Estamos convencidos de que esta acción repercutiría favorablemente en el entorno económico de las regiones donde se asientan dichas zonas conurbadas, con el consiguiente beneficio para 5 millones de veracruzanos.
Por lo expuesto y fundado, me permito presentar a esta asamblea el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Por el que se exhorta a las Comisiones de Desarrollo Metropolitano, y de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a considerar el estado de Veracruz en la asignación de recursos presupuestales integrados en el Fondo de Desarrollo Metropolitano, con una solicitud de recursos del orden de 527 millones de pesos, de los cuales 297 millones se consideran para proyectos prioritarios y 230 millones en la cartera de proyectos.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de noviembre de 2007.
Diputado Roberto Badillo Martínez (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A MODIFICAR MEDIANTE LAS DEPENDENCIAS Y
LAS ENTIDADES CORRESPONDIENTES EL PROGRAMA HÁBITAT PARA QUE LOS
MUNICIPIOS CON MÁS DE 10 MIL HABITANTES PUEDAN SER BENEFICIADOS
POR ÉSTE, A CARGO DEL DIPUTADO JOSÉ INÉS PALAFOX NÚÑEZ,
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
El suscrito, diputado federal de la Sexagésima Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presento ante el Pleno de esta honorable Cámara de Diputados, proposición con punto de acuerdo, conforme a los siguientes:
Antecedentes
Con un gran acierto del gobierno federal, se implementó el programa denominado Hábitat, manejado por la Secretaría de Desarrollo Social, mismo que tiene como objetivo el contribuir a superar la pobreza urbana, mejorar el hábitat popular y hacer de las ciudades y sus barrios espacios ordenados, seguros y habitables.
La población objetivo se constituye, preferentemente, por los integrantes de los hogares en situación de pobreza patrimonial, asentados en las ciudades y zonas metropolitanas seleccionadas.
Su vertiente general señala que su universo potencial de actuación está constituido por las ciudades y zonas metropolitanas mayores de quince mil habitantes, de las 32 entidades federativas del país, mismas que se señalan en el anexo III de las reglas de operación 2007. Entre sus modalidades están las de Desarrollo Social y Comunitario, Mejoramiento del Entorno Urbano y Promoción del Desarrollo Urbano.
Una de las vertientes del programa, consiste en el Mejoramiento del Entorno Urbano, que busca introducir, ampliar o mejorar la infraestructura y los servicios urbanos básicos en los asentamientos precarios e integrarlos a la ciudad; mejorar el entorno ecológico; reducir la vulnerabilidad de la población asentada en zonas e inmuebles de riesgo, frente a amenazas de origen natural; fortalecer la provisión o rehabilitación del equipamiento y mobiliario urbanos; apoyar la protección, conservación o revitalización de los centros históricos y, en general, contribuir a conservar y mejorar la imagen urbana.
Luego entonces, existen diversas ciudades en Sonora como en todo el país, que sin llegar a tener quince mil habitantes, cumplen con todos los requisitos que dicho programa exige, y que es muy importante que sean tomados en cuenta para acceder a los beneficios en mención. Como ejemplo, en el estado de Sonora existen varias ciudades que por sus condiciones y por lo estratégico de su ubicación requieren urgentemente acceder al programa Hábitat.
Uno de los municipios en mención es el de Plutarco Elías Calles, Sonora, y que se encuentra ubicado en la parte noroeste del estado de Sonora, su cabecera municipal es la población de Sonoyta; colinda al norte con Estados Unidos de América, al sur con el municipio de Puerto Peñasco, al este con Caborca y Altar y al oeste con los municipios de Puerto Peñasco y San Luis Río Colorado. Cuenta con una superficie de 4,121.15 kilómetros cuadrados. Su población es de 11,278 habitantes y del total de sus pobladores 5,781 son hombres y 5,497 son mujeres. Actualmente dicho municipio es un corredor constante de miles turistas que provienen de los Estados Unidos de América y que se dirigen a Puerto Peñasco, Sonora, por lo que las principales vialidades de ese lugar, son usadas y dañadas constantemente por el uso de los vehículos que por ahí transitan. Por otro lado, es importante mencionar, que por el centro de dicha ciudad, cruza la carretera internacional México-Tijuana, y que por ende es el único acceso a todos los vehículos, ya sea de transporte pesado o liviano, y que por el cúmulo de viajeros, también destrozan constantemente las vialidades de dicho lugar, dejando a sus ciudadanos con los efectos de los daños ocasionados por su uso.
Otro de los municipios que requieren urgentemente acceder a los beneficios de dicho programa, es el de Santa Ana, Sonora, mismo que se localiza en la parte norte del estado de Sonora, su cabecera municipal es la población de Santa Ana. Colinda al norte con los municipios de Tubutama y Magdalena, al sur con Benjamin Hill y Opodepe, al este con Cucurpe y al oeste con Trincheras. La extensión territorial del municipio equivale a 1,620.65 kilómetros cuadrados, que representa 0.87% de la superficie total del estado.
En este caso creemos que es mas indicativa su urgencia de ingresar a dicho programa, ya que es el corredor en el que todos los vehículos que transitan del sur hacia Tijuana, Baja California, o bien a la ciudad de Nogales, Sonora, y viceversa, forzosamente tienen que cruzar por las avenidas principales de dicho lugar, trayendo como consecuencia el desgaste de dichas rúas en perjuicio de sus habitantes
Por otro lado, es sumamente lamentable que dicho programa no contribuya a superar la pobreza urbana de los referidos municipios. Ya que es de todos sabido, que también en esos municipios existe pobreza urbana, y que también requieren de manera urgente acceder a los beneficios de dicho programa, para de esa manera cumplirse a cabalidad con el objetivo y sus modalidades para el que fue creado el referido programa.
Considerandos
Hábitat enfrenta los desafíos de la pobreza urbana mediante la instrumentación de acciones que combinan, el mejoramiento de la infraestructura básica y el equipamiento de las zonas urbano-marginadas con la entrega de servicios sociales y acciones de desarrollo comunitario, y en atención a las necesidades apremiantes de los municipios antes mencionados, así como el de muchos más de la República Mexicana. Por eso es importantísimo que se ejecute de manera favorable al presente punto de acuerdo, por parte del gobierno federal. Nuestros gobiernos municipales requieren el apoyo inmediato de parte del gobierno federal.
La pobreza urbana de los municipios a que me he referido anteriormente, requieren del apoyo inmediato de los beneficios del programa, ya que seguro estoy, que una vez que se apruebe el presente, los habitantes que así lo requieran, tendrán mejores opciones y nivel de vida, con el apoyo que puedan recibir de Hábitat.
De esta manera, los ayuntamientos de los municipios en mención, contarán con mejores opciones de inversión en obras de infraestructura en beneficio no sólo de los viajeros, sino que también los habitantes de dichos lugares, gozarán de manera constantes esos beneficios, que redundará en un mejor nivel de vida.
Punto de Acuerdo
Único. Que la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorte respetuosamente al Ejecutivo federal, para que, a través de sus dependencias y entidades correspondientes, modifique el programa Hábitat, en el sentido de que los municipios mayores de diez mil habitantes, puedan suscribir con Sedesol, un acuerdo de coordinación para la asignación y operación de subsidios del programa Hábitat.
México, DF., 6 de noviembre de 2007.
Diputado José Inés Palafox Núñez
(rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE
QUE EN EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA
EL EJERCICIO FISCAL DE 2008 SE INCREMENTEN LOS RECURSOS DESTINADOS A LAS
UNIVERSIDADES INTERCULTURALES BILINGÜES DEL PAÍS, A CARGO DEL
DIPUTADO VÍCTOR AGUIRRE ALCAIDE, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
El suscrito, diputado federal Víctor Aguirre Alcaide, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LX Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del Pleno de esta honorable asamblea, con carácter de urgente y obvia resolución, proposición con punto de acuerdo, bajo las siguientes
Consideraciones
La educación es un derecho fundamental para todas y todos los mexicanos. El artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala que el Estado, en sus tres ámbitos de gobierno, impartirá la educación preescolar, primaria y secundaria, la cual constituye la educación básica obligatoria.
Esta garantía constitucional no siempre se cumple, particularmente en los sectores más vulnerables del país, entre los cuales se encuentran los 13 millones de indígenas, cuyos niveles de educación se sitúan muy por debajo de promedio nacional.
Además, a nivel nacional el acceso educativo es menor para las mujeres; pero es mayor la desventaja para las indígenas, pues mientras doce de cada cien mujeres del país no tienen instrucción, 32 de cada cien indígenas están en esa situación, es decir, una proporción casi tres veces mayor a los promedios nacionales.
Casi la tercera parte de los poco más de trescientos mil niños indígenas en edad escolar que no asisten a la escuela vive en Chiapas y Oaxaca. Otro tercio de ellos habita en entidades que se caracterizan por su fuerte componente indígena, como son Puebla, Veracruz, Guerrero, Yucatán e Hidalgo. En el caso de Chihuahua y Durango, en donde entre 30 y 35 por ciento de los niños indígenas en edad escolar no asiste a la escuela, puede influir el aislamiento en que se encuentran las comunidades en que residen.
A casi treinta años de que se instituyó el modelo bilingüe en las escuelas del subsistema de educación indígena ha habido logros importantes a partir de los cuales es posible hacer avanzar la implantación del modelo, en un momento en el cual las necesidades de atención de la diversidad lingüística se han ampliado.
Actualmente se cuentan con diversos instrumentos para lograr ese fin, como son la creación de la Coordinación Intercultural Bilingüe en el 2000, la Ley de los Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, publicada en el 2003; y las recomendaciones internacionales para la atención de los derechos de las poblaciones originarias. Esto también ha permitido ampliar el marco de acción para la difusión, la enseñanza, el mantenimiento y el rescate de las lenguas indígenas en el país.
La creación de universidades, bachilleratos y secundarias interculturales y la obligación de instituciones públicas de contar con servicios de traducción para ejercer sus funciones, tienden a la ampliación de los espacios comunicativos para las lenguas indígenas y con ello la necesidad de desarrollar una base sólida de investigación aplicada a su enseñanza.
Es de reconocer que los gobiernos federal y de los estados han pugnado por crear universidades interculturales que ofrezcan carreras profesionales para estudiantes indígenas. Actualmente existen diez universidades interculturales, las cuales se encuentran ubicadas en los estados de México, Tabasco, Chiapas, Veracruz, Puebla, Quintana Roo, Guerrero, Michoacán, Sonora y San Luis Potosí, que tienen como fin garantizar el acceso de educación para los indígenas.
Igualmente importante de destacar es que de las universidades interculturales egresan más de dos mil trescientos alumnos, lo cual refrenda como un acierto su creación. Pero para optimizar sus funciones sustanciales necesitan recursos económicos suficientes, al igual que las demás universidades del país.
Queremos dejar muy en claro que no pretendemos buscar únicamente pugnar por apoyar las universidades interculturales bilingües porque, insisto, todas las instituciones públicas de educación requieren que se les asignen e incrementen sustancialmente los recursos.
Sin embargo, el caso de las universidades interculturales tiene la particularidad de que, por ser instituciones nuevas o muy jóvenes se ven impedidas de acceder a espacios y fondos financieros educativos, que exigen trayectorias históricas de desarrollo.
El presupuesto de 2007 de las universidades interculturales asciende a 50.8 millones de pesos, que comparado con el de 2006 –que fue de 45.7 millones de pesos– representó un incremento nominal de poco más de 5 millones para el conjunto de las instituciones. Sin embargo, las asignaciones adicionales para su presupuesto irreducible o para el incremento de la matrícula apenas representó entre un aumento de 0.01 y 0.02 por ciento para cada una de ellas.
Es por ello que estamos proponiendo incrementar en 25 por ciento los recursos a las universidades interculturales con varios propósitos, entre ellos: que consoliden sus avances, amplíen su oferta y cobertura educativa y establezcan y desarrollen programas para incrementar la calidad de sus servicios. Este incremento representaría una erogación de 12.5 millones de pesos.
Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Primero. El Pleno de la Cámara de Diputados aprueba solicitar de manera muy atenta a las comisiones de Educación Pública y Servicios Educativos, y de Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2008 incremente en 25 por ciento los recursos económicos al conjunto de las universidades interculturales bilingües del país, a efecto de que consoliden sus avances, amplíen su oferta y cobertura educativa y establezcan y desarrollen programas para incrementar la calidad de sus servicios.
Segundo. En el marco de la concurrencia educativa entre la federación y las entidades federativas y en cumplimiento del pacto federal, la Cámara de Diputados exhorta de manera respetuosa a los gobiernos de los estados de Chiapas, Guerrero, México, Michoacán, Puebla, Quintana Roo, Tabasco, Sonora, San Luis Potosí y Veracruz a aportar los recursos correspondientes a las universidades interculturales bilingües en la misma proporción y monto que destine la federación a estas instituciones.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de octubre de 2007.
Diputado Víctor Aguirre Alcalde (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA A LA SEDESOL A IMPLANTAR DE MANERA URGENTE LOS APOYOS COMPROMETIDOS
PARA LOS DAMNIFICADOS POR EL HURACÁN DEAN EN TULANCINGO, HIDALGO,
A CARGO DE LA DIPUTADA MARÍA ORALIA VEGA ORTIZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PRI
La que suscribe, diputada María Oralia Vega Ortiz en representación del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de Hidalgo, integrantes de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estrados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución, al tenor de las siguientes
Consideraciones
En el mes de septiembre Hidalgo sufrió el embate del huracán Dean, causando serias afectaciones a casas habitación, caminos y carreteras, a la infraestructura municipal de agua potable y alcantarillado, así como a escuelas y centros de salud; de igual manera se presentaron deslaves de ríos e inundaciones de zonas agrícolas y habitacionales, entre otras.
Todas estas afectaciones llevaron al gobierno estatal, municipal y federal a tomar acciones urgentes para solucionar en el corto y mediano plazo, los problemas más graves que ponían en riesgo a la población, tanto en factores de riesgo para su salud, como el de proporcionar ayudas materiales y económicas para levantar las construcciones deterioradas o derribadas.
En este proceso de participación coordinada de los tres órdenes de gobierno, la secretaria de Desarrollo Social, licenciada Beatriz Zavala Peniche, visitó el municipio de Tulancingo para hacer un recorrido por las zonas afectadas por el huracán Dean, acompañada por Miguel Ángel Osorio Chong, gobernador constitucional de Hidalgo y de diferentes autoridades municipales y estatales así como parte de la población afectada.
Al final del recorrido, y ante los medios de comunicación, la licenciada Beatriz Zavala Peniche se comprometió a mejorar las condiciones adversas de la población y ofreció otorgar un apoyo en especie de 5 mil pesos por familia afectada.
Sin embargo, al día de hoy, las familias afectadas no han recibido el apoyo ofrecido por parte de la titular de la Secretaría de Desarrollo Social; compromiso que expresó sería adjudicado a la mayor brevedad.
Este hecho, lo reclaman los ciudadanos que asistieron a la reunión de evaluación antes mencionada, y manifiestan que el delegado de la Secretaría de Desarrollo Social en Hidalgo, a otorgado de manera discrecional el apoyo de 5 mil pesos por familia, sin consultar a ninguna autoridad estatal y en algunos casos, se otorgó a personas que no fueron afectadas.
Lo anterior, compañeras y compañeros diputados, ha creado un ambiente de inconformidad y enojo de las familias afectadas, que de no atenderse, puede llegar a generar un problema social, por el hecho de no cumplir con lo prometido por la secretaria de Desarrollo Social, y por otro lado, la intromisión del delegado de esta secretaría en el estado, para favorecer a unos y discriminar a otros.
Cabe mencionar que la Secretaría de Desarrollo Social del gobierno de Hidalgo, cuenta con el padrón de ciudadanos afectados por el huracán Dean que serían beneficiados con el apoyo prometido por la licenciada Beatriz Zavala Peniche.
Por lo antes expuesto, a nombre de los diputados del Grupo Parlamentario del PRI, de Hidalgo, someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Primero. Se solicita al delegado de la Secretaría de Desarrollo Social en Hidalgo, informe a esta honorable Cámara de Diputados, cuales fueron los criterios que tomo en cuenta para otorgar el apoyo de 5 mil pesos a cada familia y quiénes fueron las beneficiadas.
Segundo. Se exhorta a la secretaria de Desarrollo Social, licenciada Beatriz Zavala Peniche, al cumplimiento de manera urgente y oportuna, al ofrecimiento comprometido con las familias afectadas del municipio de Tulancingo, Hidalgo, a causa del huracán Dean y se otorgue el apoyo de 5 mil pesos por familia afectada, tomando como base el padrón de beneficiados que tiene la Secretaría de Desarrollo Social del gobierno de Hidalgo.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de noviembre de 2007.
Diputada María Oralia Vega Ortiz (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A AMPLIAR MEDIANTE LAS DEPENDENCIAS Y LAS
ENTIDADES CORRESPONDIENTES LA COBERTURA DEL PROGRAMA DE ATENCIÓN
A ADULTOS MAYORES EN ZONAS RURALES, A CARGO DEL DIPUTADO JOSÉ INÉS
PALAFOX NÚÑEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
El suscrito, diputado federal de la LX Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presento ante el Pleno de esta honorable Cámara de Diputados, proposición con punto de acuerdo, conforme a los siguientes
Antecedentes
Por muchos años, los adultos mayores han sido olvidados por el gobierno, es por eso que el gobierno de nuestro presidente de la república, Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, implantó el programa denominado Programa de Atención a Adultos Mayores en Zonas Rurales, el cuál busca contribuir a que los adultos mayores de 60 años o más, logren superar las condiciones de pobreza alimentaria en que se encuentran y accedan a mejores condiciones de vida.
Es por eso que las personas que tengan 60 años o más y que vivan en localidades rurales de alta y muy alta marginación, con menos de 2 mil 500 habitantes, y que además no reciban apoyo del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades, del Programa de Abasto Social de Leche a cargo de Liconsa, o del Programa de Apoyo Alimentario a cargo de Diconsa o del Programa de Atención a los Adultos Mayores de 70 años y más en Zonas Rurales, y que no sean beneficiarios de programas estatales para adultos mayores, son sujetos a participar y recibir los beneficios del referido programa.
Pero no hay que olvidar, que los requisitos fundamentales para acceder al programa, es el tener 60 años o más, que vivan en condiciones de pobreza alimentaria, y el de vivir en alguna localidad rural con menos de 2 mil 500 habitantes de alta y muy alta marginación. Es por eso que no es menos importante comentar que también en los poblados y ciudades con mas de 2 mil 500 habitantes, también existen zonas con alta y muy alta marginación, habitantes que deben de contar con el mismo derecho que los que refiere el programa en mención.
Es importante recordar, que la gran mayoría de los habitantes que viven en la zonas mas pobres de las ciudades con mas de 2 mil 500 habitantes provienen de zonas rurales de muy alta marginación, y que en busca de un mejor nivel de vida, optan por trasladarse a las grandes ciudades por mejores oportunidades. Situación que los obliga en la mayoría de las ocasiones, a vivir en lugares con peores condiciones que del lugar de donde provienen.
En México, todos tenemos los mismos derechos, es por eso que no podemos discriminar a los adultos mayores que viven en poblaciones mayores de 2 mil 500 habitantes, y que viven en condiciones de muy alta marginación.
Considerandos
El gobierno federal ha avanzado mucho en la implantación de programas en beneficio de los que más lo necesitan, por eso es importante incluir dentro de dicho programa a todos aquellos mayores de 60 años independientemente del lugar donde vivan, pero eso si, que vivan en lugares con alto o muy alto grado de marginación.
Todos los mayores de 60 años, han contribuido de alguna manera con el desarrollo del país, es por eso que no debemos dejarlos al margen de los beneficios del referido programa.
Punto de Acuerdo
Único. Que la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorte respetuosamente al Ejecutivo federal, para que a través de sus dependencias y entidades correspondientes, evalúe la posibilidad y amplíe la cobertura del programa de atención a adultos mayores en zonas rurales, incluyendo en el a todos aquellas personas mayores de 60 años independientemente del lugar donde vivan, siempre y cuándo reúnan los demás requisitos establecidos en dicho programa.
Palacio Legislativo, San Lázaro, México, DF, a 6 de noviembre de 2007.
Diputado José Inés Palafox Núñez
(rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA A LA SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA
A RESPETAR LOS DERECHOS LABORALES DEL PERSONAL ADSCRITO A LA DIRECCIÓN
GENERAL DE EDUCACIÓN INDÍGENA, A CARGO DE LA DIPUTADA VALENTINA
VALIA BATRES GUADARRAMA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
Los diputados abajo firmantes, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en el artículo 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta el siguiente punto de acuerdo para que se exhorte a la Subsecretaría de Educación Básica, a respetar los derechos laborales del personal de la Dirección General de Educación Indígena, así como realizar una mesa de diálogo con los trabajadores, bajo la siguiente
Exposición de Motivos
En el 2003, la Subsecretaría de Educación Básica, llevó a cabo el primer intento para trasladar a los trabajadores de la Dirección General de Educación Indígena cuyo centro de trabajo se ubica en Azafrán número 486 colonia Granjas México, a un inmueble ubicado en Casa del Obrero Mundial 358, sin embargo el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje mediante laudo dictado el 11 de noviembre de 2005, expediente 1202/03 correspondiente a la segunda sala, no autorizó el traslado ya que la SEP no demostró que el inmueble cumpliera con los requisitos de seguridad.
En agosto de 2007, mediante circular 01, por segunda ocasión se les comunica el traslado de los trabajadores, al inmueble ubicado en avenida Cuahutémoc número 614 colonia Narvarte, sin embargo causa extrañeza que dicho inmueble haya sido desincorporado del régimen de dominio público de la federación y se autorizara su venta, determinando que el inmueble no es apto para la prestación de servicios públicos a cargo de las dependencias y entidades de la administración pública federal, ya que dicho bien inmueble presenta un importante deterioro en las condiciones de seguridad y estabilidad estructural, que requiere de la realización de obras cuyo costo no es posible que sea sufragado por el gobierno federal en virtud de las disposiciones de racionalidad y austeridad presupuestaria, mediante acuerdo publicado el lunes 23 de mayo del 2005 en el Diario Oficial de la Federación.
En consecuencia, se remató como terreno ya que el edificio es de alto riesgo y cuenta con más de 7, mil 800 metros cuadrados de construcción, el cual presenta daño estructural y cuyo valor base fue fijado en $ 15 millones 47 mil 620 (quince millones cuarenta y siete mil seiscientos veinte pesos) de acuerdo con la convocatoria del 23 de noviembre de 2005, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el mismo fue vendido a la empresa Conjunto Parnelli, SA de CV, a principios del año 2006.
Actualmente fue celebrado un contrato de arrendamiento con el Conjunto Parnelli, SA de CV, cuyo monto asciende aproximadamente a los $ 860 mil 407.03 (ochocientos sesenta mil cuatrocientos siete pesos) mensuales, Lo cual se traduce a $10 millones 320 mil (Diez millones trescientos veinte mil pesos) anuales. Tan solo la renta de un año, supera el monto que se hubiese invertido para su rehabilitación.
En este orden de ideas, resulta obvia la contradicción de la administración pública federal, exhibiéndose la negligencia y el negocio en perjuicio del erario público y de los trabajadores, surgiendo dudas como ¿de quién es la ganancia?, ¿qué entienden por austeridad presupuestaria?, ¿el inmueble es de alto riesgo o lo dictaminaron así para rematarlo a un particular?, ¿qué relación tiene Conjunto Parnelli, SA de CV, y el subsecretario de Educación Básica?, ¿porqué la necesidad de cambiar a los trabajadores de su sede en Azafrán, si este edificio fue habilitado particularmente para la Dirección General de Educación Indígena, si la renta es más baja y es más amplio?
Es importante señalar que la Secretaría de la Función Pública en la justipreciación de rentas elaborada al inmueble para respaldar el arrendamiento, recoge el dictamen de seguridad estructural que emite el Indaabin (Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales) el cual establece que el edificio debería ser demolido o en su defecto sujeto a una reestructuración integral con la finalidad de devolver al inmueble la viabilidad de seguir operando como edificio de oficinas. Sin embargo dicho dictamen fue insuficiente para evitar poner en riesgo la integridad física de los trabajadores de la Dirección General de Educación Indígena, ya que les basto con las documentales ofrecidas por Conjunto Parnelli, SA de CV, que obviamente la misma empresa financió sin que exista la licencia de construcción especial expedida por la delegación, que garantice que efectivamente se realizaron los trabajos de reestructuración integral al mismo.
En virtud de lo anterior, es evidente que se está poniendo en riesgo la seguridad e integridad física de aproximadamente 300 trabajadores adscritos a la Dirección General de Educación Indígena, cuyo centro de trabajo se ubica en Azafrán número 486 colonia Granjas México, al ordenar el traslado de su sede de trabajo a un edificio cuyas condiciones de seguridad y estabilidad estructural presentan graves daños de acuerdo a los dictámenes emitidos por la propia administración pública federal.
A los trabajadores no solamente los han empujado a laborar en condiciones de alto riesgo, dejando sin responsabilidad a nadie de lo que les pueda suceder, sino que en este afán de supeditar los derechos de los trabajadores a un jugoso negocio encabezado por la subsecretaría de Educación Básica, a los trabajadores que no se han trasladado por el fundado temor de su integridad física, están siendo objeto de presión suspendiéndoles las condiciones de trabajo, retirándoles el acceso a los checadores y levantando actas administrativas, entre otros.
Exigimos justicia laboral, responsabilidad pública, deslinde de responsabilidades y una investigación a fondo para determinar quién es el responsable de este negocio, quién es el responsable de la afectación de los trabajadores cuya función debería ser estratégica en la educación del país.
Es por estos motivos, que someto a la consideración de este honorable Congreso el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero. Se exhorta a la Subsecretaría de Educación Básica, a respetar los derechos laborales del personal de la Dirección General de Educación Indígena, así como a realizar una mesa de diálogo con los trabajadores, en función de dar solución al problema de la suspensión de sus derechos y que garanticen que la seguridad e integridad física de los trabajadores no se coloca en grave riesgo.
Segundo. Se exhorta a la Secretaría de la Función Pública, a realizar una auditoría a los contratos de adquisiciones y arrendamientos de bienes inmuebles contratados por la Subsecretaría de Educación Básica, que señale la responsabilidad de quienes intervinieron en el presente asunto.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de noviembre de 2007.
Diputada Valentinas Valia Batres Guadarrama (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA INSTITUIR
EL 5 DE ENERO COMO DÍA NACIONAL DE LUCHA CONTRA EL CÁNCER
INFANTIL, A CARGO DE LA DIPUTADA MARTHA HILDA GONZÁLEZ CALDERÓN,
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
En nombre de los diputados del Partido Revolucionario Institucional, la que suscribe, Martha Hilda González Calderón, diputada federal a la LX Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta honorable asamblea proposición con punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución, en materia de salud enunciada al principio, que enseguida se desarrolla, con base en las siguientes
Consideraciones
El activo más valioso de cualquier país es sin duda su población. La gente, el hombre en un sentido amplio, la población, constituye uno de los componentes esenciales del Estado, por lo cual su bienestar y protección se erigen en el objetivo sustantivo de los órganos legislativos de cualquier ámbito y de la administración pública en todas sus modalidades y formas de organización.
Conforme a esta consideración, los niños del mundo, y de México en particular, constituyen un segmento que demanda protección de la sociedad en su conjunto, en razón de su fragilidad consustancial y condición, por naturaleza vulnerable. Estas circunstancias reclaman un esfuerzo permanente de todos los actores sociales, cuyos esfuerzos más decididos deben ser sumados para atender de la menor manera el desarrollo, la educación, la seguridad y la salud de la infancia.
Una premisa insoslayable de todo esfuerzo para impulsar el desarrollo de una nación son las condiciones adecuadas de salud de su población; sin ellas, no es posible mantener ritmos sostenidos de crecimiento ni la salud misma del cuerpo social. Uno de los grandes flagelos que enfrenta la población mundial es el cáncer; que afecta cada año a volúmenes crecientes de la población del mundo, pues tan sólo en 2005 –se estima 8 millones de personas en el orbe murieron a causa de esa enfermedad crónico-degenerativa. La cifra muy posiblemente crecerá a 84 millones de defunciones a escala mundial en el horizonte de los próximos 10 años.
Los niños mexicanos forman un segmento poblacional afectado gravemente por el cáncer, la segunda causa de muerte infantil, precedida únicamente por el rubro de fallecimientos en accidentes. Se tiene registrado que en México, cada año, 7 mil infantes contraen este grave padecimiento. De este volumen, apenas mil 500 niños tienen acceso a la seguridad social; el resto tiene que buscar apoyos en otras instituciones, o buscar medios alternativos de atención, la mayor parte de éstos en condiciones inadecuadas. En esta dinámica de morbilidad-mortalidad, es indignante que en México se sigan registrando muertes de infantes afectados por el cáncer por causas relacionadas con la falta de medidas preventivas, por no contar con medios para un tratamiento médico oportuno o porque los familiares del menor no se percataron a tiempo de los síntomas de la enfermedad. Esto ha traído como consecuencia que anualmente mueran en México alrededor de 6 mil niños a consecuencia del cáncer.
Frente a este panorama, es imperativo instaurar en México diversas medidas para luchar contra esta enfermedad entre la población infantil. Tenemos que dar observancia plena a los instrumentos internacionales vigentes el país, en el marco del artículo 133 constitucional, como es el caso de la Convención Internacional de los Derechos del Niño, la cual señala entre sus finalidades más importantes elevar la calidad de vida de todos los niños, siendo la salud uno de los requisitos sustantivos para tal fin.
Establecer en México una fecha-calendario como Día Nacional de la Lucha en contra del Cáncer Infantil es una señal visible de un compromiso social compartido; es el refrendo periódico de un esfuerzo permanente de la sociedad civil, del gobierno en todos sus órdenes y del sector privado por erradicar el cáncer entre la niñez, sobre todo en los sectores más desprotegidos económica y socialmente. Instituir un día para la lucha contra el cáncer infantil es considerar una fecha específica para hacer un recuento de logros y retos, es un esfuerzo tangible para privilegiar el interés superior del niño como principio rector que debe inspirar todos los esfuerzos en favor de la niñez.
El Día Nacional de la Lucha en contra del Cáncer Infantil sería una fecha idónea para evaluar los alcances y resultados del Consejo Nacional para la Prevención y el Tratamiento del Cáncer en la Infancia y la Adolescencia, cuyo decreto de creación fue publicado el 5 de enero de 2004. Acorde con esta fecha significativa en la lucha contra el cáncer entre la niñez, se propone en la presente que sea precisamente el día 5 del primer mes de cada año la fecha nacional en cuestión.
Instituir un día nacional en contra del cáncer infantil significará una motivación clara para toda la sociedad mexicana en la búsqueda de mejores condiciones de acceso de la niñez a medidas preventivas entre la población actualmente sana; la detección oportuna del cáncer y el mejor tratamiento a través de servicios médicos especializados, que permitan salvar vidas y aportar dignidad, calidad y calidez a los niños afectados, en congruencia con el derecho a la salud, establecido en el artículo 4o. constitucional.
El Día Nacional de la Lucha en contra del Cáncer Infantil será oportunidad idónea para refrendar compromisos, evaluar logros, dimensionar retos y renovar metas y objetivos. Para esto es necesario, de manera inicial, que el Ejecutivo federal dé el paso inicial necesario para la institución de esa fecha, como punto de partida para que en el resto del país los demás órdenes de gobierno y la sociedad civil respalden y adopten esa fecha como un esfuerzo más en la lucha permanente para erradicar el cáncer infantil.
Por todo lo expresado, se somete a la consideración de esta honorable soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero. De urgente y obvia resolución, se exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo federal para que en ejercicio de las facultades que le confieren la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de Salud y la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, declare el 5 de enero de cada año Día Nacional de la Lucha en contra del Cáncer Infantil, como una forma de convocar y motivar a la sociedad entera y al gobierno del país en todos los órdenes a redoblar esfuerzos en la búsqueda de mejores condiciones de salud y calidad de vida para los niños de México.
Segundo. Se exhorta respetuosamente a los Poderes Ejecutivo y Legislativo de los estados, a la jefatura de gobierno, Asamblea Legislativa y jefaturas delegacionales del Distrito Federal, así como a los ayuntamientos de la república, para que, atentos a la declaratoria que en su caso se sirva emitir el Ejecutivo federal sobre el asunto aquí tratado, prevean en sus ámbitos de competencia la institución del 5 de enero de cada año como Día Nacional de la Lucha contra el Cáncer Infantil.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de noviembre de 2007.
Diputada Martha Hilda González Calderón
(rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE
QUE EN EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN DE
2008 SE CONSIDEREN RECURSOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS AGROINDUSTRIAS
DE JALISCO, SUSCRITA POR DIVERSOS DIPUTADOS DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL
PAN
Con fundamento en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y en el artículo 58 Reglamento para el Gobierno Interior, presento el siguiente punto de acuerdo para la Comisión de Presupuesto y Cuenta Publica para el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2008 se asigne una partida presupuestaria que permita el desarrollo de agroindustrias y cultivo de flores, hortalizas y ornamentales, que permitan la competitividad del estado de Jalisco en todo el país y en el extranjero.
Consideraciones
Crear un parque agrícola cuyo objetivo sea rentar, con opción a compra, terrenos para los productores de flores y ornamentales, facilitando con ello que se establezcan invernaderos de media y alta tecnología, así como empresas de servicios post cosecha (empaque, refrigeración, trasporte, comercialización, etcétera). El agroparque ofrecerá la infraestructura necesaria (agua, electricidad, vialidades, drenaje, etcétera), para que los productores sólo se preocupen por su negocio y se beneficien las economías de escala que promueve el agroparque.
El concepto del agroparque consiste en rentar, con opción a compra, terrenos habilitados para la instalación de 300 hectáreas de invernaderos de media y alta tecnología. El agroparque tendrá una superficie de 500 hectáreas.
El proyecto se localizara en la región de Lagos de Moreno que se encuentra en la zona de los altos, líder en la producción agropecuaria. Debido a su ubicación estratégica que es la región centro-occidente del país y que se encuentra en un punto intermedio en las vías de comunicación hacia la frontera norte.
Contribuir al incremento de la competitividad de los productores y agroindustriales jaliscienses mediante el desarrollo de productos con valor agregado y la incubación de empresas que cumplan con estándares de calidad internacionales.
El beneficio principal del proyecto del Centro de Desarrollo Agroindustrial es permitir que los productores de Jalisco puedan crear productos de valor agregado. Este proyecto puede hacer que productores o emprendedores puedan crear nuevos productos con un menor riesgo, ya que los servicios del centro incluyen la producción, prueba, asesoría y ajuste de los productos de las normativas de salubridad.
En base al valor de la producción bruta total, Jalisco ocupa el primer lugar nacional en la industria de las bebidas; el segundo lugar nacional en molienda de granos y de semillas oleaginosas (soya, canola, cártamo, algodón, girasol, olivo, maíz, lino, cacahuate y ajonjolí); elaboración de azúcar, chocolate, dulces y similares; el tercer lugar en la elaboración de productos de panadería y tortillas; y el cuarto lugar en matanza, empacado y procesamiento de carne de ganado y aves.
El centro de desarrollo de agronegocios puede ser la pieza clave para detonar la industria del estado de Jalisco y a largo plazo permitirá el desarrollo de nuevas empresas que generaran empleo con buenos niveles salariales.
El programa de desarrollo incluye toda la cadena productiva que considera desde la producción de la plántula, el desarrollo de la planta, la producción del arándano, el empaque, la logística y el almacenamiento, la industrialización, la comercialización, y la distribución en el mercado nacional y/o de exportación.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, pongo a consideración de esta honorable soberanía, el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Que esta honorable Cámara de Diputados exhorte a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Publica para el Ejercicio Fiscal 2008 asignen al cultivo de flores y ornamentales, 45 millones de pesos; al agroparque para el cultivo de hortalizas, 45 millones de pesos; al Centro de Desarrollo Agroindustrial, 50 millones de pesos; al desarrollo de la industria de los berrys, 13 millones 750 mil pesos; todo esto para desarrollar e incrementar la competitividad de las agroindustrias del estado de Jalisco a través de la transferencia de tecnología e información, investigación y desarrollo del país.
Palacio Legislativo de San Lázaro, 30 de octubre 2007.
Diputados: Gerardo Amezola Fonseca, Mario Alberto
Salazar Madera, Mario Eduardo Moreno Álvarez, Lucía Susana
Mendoza Morales, Rocío del Carmen Morgan Franco, José Nicolás
Morales Ramos, Antonio Muñoz Serrano, José Gildardo Guerrero
Torres, Francisco Javier Plascencia Alonso, Gustavo Macías Zambrano,
Ricardo Rodríguez Jiménez, Alonso Manuel Lizaola de la Torre,
Ramón Ceja Romero, Leobardo Curiel Preciado, José Guadalupe
Rivera Rivera, Ramón Landeros González (rúbricas).
CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE
QUE EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO
FISCAL DE 2008 LOS MUNICIPIOS PARTICIPEN DIRECTAMENTE DE LOS RECURSOS ASIGNADOS
AL FOPREDEN, A CARGO DEL DIPUTADO JOSÉ ROSAS AISPURO TORRES, DEL
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
El suscrito, José Rosas Aispuro Torres, diputado federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 58, 59, y demás relativos, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presento al Pleno de esta honorable Cámara, con carácter de urgente u obvia resolución, la siguiente proposición con punto de acuerdo, con el objeto de que en el Ejercicio Fiscal de 2008 los municipios puedan participar directamente de los recursos asignados al Fondo para la Prevención de Desastres Naturales, bajo las siguientes
Consideraciones
El Programa Nacional de Protección Civil ha establecido como visión del sistema nacional, constituirse como un órgano de excelencia en el diseño, desarrollo y aplicación de acciones preventivas y de atención oportuna a emergencias, con la participación de los sectores público, social, privado, y de una población consciente, capacitada, organizada, e informada, para enfrentar posibles desastres. Una estrategia global adoptada ha sido la de transitar de un sistema de protección civil reactivo a uno preventivo, con la corresponsabilidad y participación de los tres órdenes de gobierno, población y sectores social y privado.
Este objetivo contempla entre sus líneas generales de acción, mejorar la eficacia preventiva y operativa del Sistema Nacional de Protección Civil, a través de identificar y mejorar el conocimiento científico de amenazas y riesgos; promover la reducción de la vulnerabilidad física; fomentar la corresponsabilidad, coordinación y comunicación de los tres ámbitos de gobierno, sector social, privado y la población en general; fortalecer la investigación aplicada para desarrollar o mejorar tecnologías para mitigar los riesgos; e implantar una política y cultura de la autoprotección.
Sabemos que la protección civil es una función concurrente entre los tres órdenes de gobierno, correspondiendo a la autoridad municipal la primera respuesta en caso de contingencia. Que la protección civil en casos de desastres naturales requiere una tarea fundamentalmente preventiva, que tiene que ver con la protección de los asentamientos humanos, con el mantenimiento del equipamiento urbano, la regularización de la ocupación en zonas peligrosas, y la capacitación y sensibilización de la población.
Por ello, se hace necesario mejorar la capacidad de atención de los gobiernos municipales en materia de protección civil, especialmente en las tareas preventivas que esta función pública exige. Más, si se toma en cuenta que las funciones del municipio en materia de desarrollo urbano, infraestructura y regulación del uso del suelo, los ayuntamientos son la autoridad idónea para invertir en programas de prevención.
Hemos sido testigos de cómo los municipios históricamente afectados por contingencias ambientales, realizan tareas de prevención de desastres, aún cuando su margen de maniobra para invertir en equipamiento es muy reducido. Los esfuerzos importantes que realizan, lo hacen aprovechando los recursos del ramo 33 ya que, por lo que respecta al Fondo de Desastres Naturales cuya naturaleza es revolvente, no es aplicable para acciones preventivas.
Del contenido de la Ley General de Protección Civil, se desprende que el Ejecutivo federal deberá incluir en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, una previsión para un Fondo para la Prevención de Desastres, que estará bajo la coordinación de la Secretaría de Gobernación, para la ejecución de acciones referidas en el artículo 3, fracción V, de la Ley General de Protección Civil, y que son aplicables únicamente a fenómenos naturales.
El propósito de este fondo es proporcionar recursos para acciones y mecanismos tendientes a reducir riesgos, así como evitar o disminuir los efectos del impacto destructivo de los fenómenos sobre la vida y bienes de la población, los servicios públicos y el medio ambiente. En la iniciativa presentada correspondiente al Ejercicio Fiscal de 2008, tiene asignado un monto de 300 millones de pesos.
Este fondo actualmente tiene como finalidad proporcionar recursos tanto a las dependencias y entidades de la administración pública federal como a las entidades federativas, destinados a la realización de acciones y mecanismos tendientes a reducir riesgos, así como evitar o disminuir los efectos del impacto destructivo de los fenómenos naturales sobre la vida y bienes de la población, los servicios públicos y el medio ambiente. Como se observa, una vez más se margina a los municipios, no obstante que el papel que juegan en materia de prevención de desastres es determinante.
Atento al espíritu del legislador, es de advertirse que la protección civil debe orientarse a modelos de respuesta por cada fenómeno perturbador, así como a los procesos de evaluación y prevención de sus efectos. Resulta urgente implementar proyectos preventivos que disminuyan los efectos causados por los fenómenos perturbadores, y con ello disminuir los costos humanos y materiales. Las acciones preventivas deben estar encaminadas a ejecutar obras y acciones necesarias, a fin de mitigar o disminuir los riesgos inminentes por causa de un fenómeno natural con alta probabilidad de provocar un desastre
En mérito de lo expuesto, con fundamento en los artículos 58, 59, y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos, someto a la consideración de esta soberanía, con carácter de urgente resolución, el siguiente:
Punto de Acuerdo
Único. Se adiciona un segundo párrafo a la fracción IV, del artículo 5, de la iniciativa de Presupuesto de Egresos de la Federación, correspondiente al Ejercicio Fiscal de 2008, para quedar como sigue:
Artículo 5. …
La Secretaría de Gobernación deberá realizar las modificaciones necesarias a las reglas de operación del Fopreden para que los ayuntamientos puedan acceder directamente a los recursos de este fondo.
Diputado José Rosas Aispuro Torres (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA A LA SRE A DESTINAR RECURSOS PARA AMPLIAR EL PERSONAL DE SEGURIDAD
EN LAS REPRESENTACIONES CONSULARES, A CARGO DEL DIPUTADO JAVIER GUDIÑO
ORTIZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
El que suscribe, diputado federal Francisco Javier Gudiño Ortiz, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LX Legislatura, en ejercicio de la facultad que le otorgan los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía propuesta con punto de acuerdo mediante el cual se exhorta la Secretaría de Relaciones Exteriores a destinar recursos para que se aumente el personal de seguridad en las representaciones consulares, con base a los atentados ocurridos en el consulado mexicano situado en la ciudad de Nueva York el viernes 26 de octubre conforme a las siguientes
Consideraciones
El viernes 26 de octubre de 2007 ocurrió un atentado contra la consulado mexicano en Nueva York; cerca de las 3:20 de la mañana dos granadas de entrenamiento rellenas de pólvora fueron lanzadas por encima de la barda de la sede del Consulado General de México en Nueva York. Ambos aditamentos detonaron y en la escena del incidente quedaron varias ventanas rotas. No hubo lesionados.
Sin embargo, la sede diplomática permaneció cerrada hasta que el departamento de policía de la ciudad de Nueva York determine qué sucedió y sí es seguro regresar a trabajar al inmueble.
Resulta de la mayor importancia redoblar los esfuerzos en las instituciones multilaterales que tutelan la seguridad colectiva internacional, esto debe ser una prioridad de México y de Estados Unidos Norte América; de igual forma, de todas las naciones que creen en la paz.
Es por ello que expresamos una enérgica condena a los atentados perpetrados el 26 octubre del presente año en Nueva York, en los que no existe justificación alguna a un acto tan brutal.
No permitamos que los mexicanos que se encuentran en Estados Unidos de América se vean afectados por la falta de seguridad.
Como legisladores debemos ser solidarios con nuestros connacionales y velar porque los recursos que se asignan a la Secretaría de Relaciones Exteriores sirvan para que se amplíe el personal en aquellas representaciones consulares que así lo requieran en el área de seguridad, para dar una adecuada defensa a los mexicanos, como medida de precaución tras ese ataque.
Por lo expuesto someto a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta a la Secretaria de Relaciones Exteriores a destinar recursos para que se aumente el personal de seguridad en las representaciones consulares, con base en los ataques ocurridos en el Consulado de México situado en la ciudad de Nueva York.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 30 de octubre de 2007.
Diputado Francisco Javier Gudiño Ortiz (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA AL GOBERNADOR DE VERACRUZ A CONSIDERAR EN EL PRESUPUESTO DE
2008 UNA MEJORA DE LAS TARIFAS ELÉCTRICAS, EN BENEFICIO DE LOS CIUDADANOS,
A CARGO DEL DIPUTADO ANTONIO DEL VALLE TOCA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL
PAN
Antonio del Valle Toca, diputado federal de la LX Legislatura, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, propone al Pleno de la honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión el siguiente punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, a fin de exhortar al Ejecutivo del estado de Veracruz a considerar dentro de su presupuesto del año del 2008 el gasto de 649.2 millones de pesos para alcanzar una mejora en las tarifas eléctricas dentro de la entidad para el beneficio de sus ciudadanos, al tenor de las siguientes
Consideraciones
1. Que la misión de la Comisión Federal de Electricidad (CFE ) es asegurar, dentro de un marco de competencia y actualización tecnológica, el servicio de energía eléctrica, en condiciones de cantidad, calidad y precio, con la adecuada diversificación de fuentes de energía, así como optimizar la utilización de su infraestructura física, comercial y de recursos humanos, además de proporcionar una atención de excelencia a nuestros clientes y proteger el medio ambiente, promover el desarrollo social y respetar los valores de las poblaciones donde se ubican las obras de electrificación.
2. Que dentro de los objetivos de la CFE está mantenerse como la empresa nacional de energía eléctrica más importante, operando sobre las bases de indicadores internacionales en materia de productividad, competitividad y tecnología para elevar la productividad y optimizar los recursos para reducir los costos y aumentar la eficiencia de la empresa, así como promover la alta calificación y el desarrollo profesional de los trabajadores.
3. Que en las distintas clasificaciones de tarifas eléctricas dentro del país, desde hace 25 años aproximadamente, el gobierno federal cometió un error al otorgar subsidio y costos especiales a la ciudad de Mexicali, BC, por lo cual, al pasar de los años se convirtió un problema severo dentro de la CFE y la SHCP, ya que ciudades de los demás estados de la república con condiciones similares o de extremo calor y frío exigieron la reclasificación de tarifas eléctricas y, por ello, comenzó la mala clasificación que actualmente existe en nuestro país.
4. Que la intención del presidente Felipe Calderón es lograr una modificación a las tarifas eléctricas, que una de las opciones más viables sería homogeneizar las tarifas eléctricas dentro de la república, y con la ayuda de la Secretaría de energía y la CFE analizar las condiciones de todas las zonas estableciendo cobros justos para cada una de ellas, dependiendo de las condiciones climáticas.
5. Que en el año del 2002 el Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Hacienda, propuso la modificación del precio de la electricidad y creó la tarifa domestica de alto consumo, como resultado de estas modificaciones y, en virtud de la gran afectación económica que representó para la población asentada en regiones de alta temperatura en verano se expidió otro decreto el 8 de abril de 2002 para crear una nueva tarifa, la 1F; desafortunadamente, ésta no tuvo efecto positivo en las regiones con altos niveles de humedad y de temperatura, como es el caso del estado de Veracruz.
6. Que el consumo de energía eléctrica en el estado de Veracruz en promedio es de más de 9 mil GWh, lo cual significa que el consumo en esta entidad es mayor al de aquellas cuyas temperaturas son superiores, como Coahuila, Chihuahua, Baja California y Sonora.
7. Que tomando en cuenta que dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación 2007, presentado por el Poder Ejecutivo se otorgaron recursos totales para el estado de Veracruz por 44 mil 885.3 millones de pesos, resultado del proceso de análisis y discusión en la Cámara de Diputados, se aprobaron incrementos por un total de mil 962.4 millones de pesos para nuestra entidad federativa, de los cuales 930.6 millones de pesos correspondieron al gasto federalizado, como el Ramo 33 y el Ramo 28, lo cual significa que el gasto federalizado para Veracruz representa el 6.17 por ciento del total del gasto federalizado nacional aprobado por la honorable Cámara de Diputados y que dichos recursos, de manera variable, son aplicados hacia nuestro estado por los tres ámbitos de gobierno (federal, estatal y municipal), lo que nos convierte en uno de las entidades que más recursos obtiene de la federación, y ello nos compromete a la mejor aplicación y distribución de dichos recursos y con ello cubrir las necesidades de la población.
8. Que por estas condiciones solicito que, en referencia al tema de la disminución de las tarifas eléctricas para el estado de Veracruz, donde es necesaria la cooperación y acción de todos los ámbitos de gobierno y de todos los actores y autoridades involucrados en este tema para alcanzar el beneficio de la población veracruzana, sobre todo la que se encuentra en una situación de pobreza y alta marginación, y por ello el gobierno de la entidad debe considerar dentro de su presupuesto para el año 2008 la aportación de 649.2 millones de pesos para disminuir las tarifas eléctricas para quedar como sigue:
Por lo anterior, someto a consideración del Pleno el siguiente
Punto de Acuerdo
De urgente y obvia resolución.
Único. Que se exhorte al Ejecutivo del estado de Veracruz a considerar dentro de su presupuesto del año del 2008 el gasto de 649.2 millones de pesos para alcanzar una mejora en las tarifas eléctricas dentro de la entidad para el beneficio de sus ciudadanos.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de noviembre de 2007.
Diputado Antonio del Valle Toca (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA A LA SFP, AL ÓRGANO DE TRANSPARENCIA Y COMBATE DE LA
CORRUPCIÓN EN PETRÓLEO MEXICANOS Y A LA ASF A REALIZAR LOS
PROCEDIMIENTOS DE REVISIÓN; Y, EN SU CASO, A SANCIONAR LAS IRREGULARIDADES
QUE SE DETECTEN EN PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN ZONA NORTE,
A CARGO DEL DIPUTADO ANTONIO DEL VALLE TOCA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL
PAN
Antonio del Valle Toca, diputado federal de la LX Legislatura, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, propone al Pleno de la honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión el siguiente punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Secretaría de la Función Pública, al Órgano de Transparencia y Combate a la Corrupción en Petróleos Mexicanos, así como a la Auditoría Superior de la Federación a realizar los procedimientos de revisión y, en su caso, de sanción que les confiere la ley dentro de Pemex Exploración y Producción, zona norte, al tenor de las siguientes
Consideraciones
1. Que Pemex es la empresa más importante de México, la más grande en América Latina y por ello tiene el gran reto de garantizar el abasto de energéticos, petrolíferos y petroquímicos básicos suficientes, de calidad, a precios competitivos y con estrictas normas para la protección del medio ambiente, cumpliendo así con las necesidades que demanda la población mexicana.
2. Que Pemex es de las pocas empresas petroleras del mundo que desarrolla toda la cadena productiva de la industria, desde la exploración, hasta la distribución y comercialización de productos finales.
3. Que la economía nacional ha dado un giro gracias a que Pemex, a través de sus alianzas con la industria, se ha posicionado como palanca del desarrollo nacional, generando altos índices de empleo.
4. Que dentro de los grandes retos que enfrenta México en el siglo XXI se encuentra lograr un país donde se respete el estado de derecho y se reduzcan de manera significativa la corrupción y la impunidad.
5. Que una de las prioridades del nuevo gobierno encabezado por el presidente Felipe Calderón es mejorar tanto la calidad de la información que las instituciones públicas entregan a los ciudadanos, como la calidad de los mismos mecanismos de acceso a la información. En este sentido, se ha acordado trabajar en tres nuevos proyectos relacionados con la transparencia de las acciones, decisiones e informaciones gubernamentales, con los que se pueda reducir los actos de corrupción y malos manejos dentro de las dependencias públicas.
6. Que Petróleos Mexicanos, en cumplimiento del Programa para la Transparencia y el Combate a la Corrupción, creó la Comisión General Directiva para la Transparencia y el Combate a la Corrupción y, a través de sus unidades de enlace, da respuesta a los requerimientos de información conforme a lo que establece la ley.
7. Que en concordancia con los objetivos y lineamientos generales de dicho esquema, se creó el Programa de Transparencia y Combate a la Corrupción en Petróleos Mexicanos, cuyos objetivos se orientan a prevenir conductas irregulares y fortalecer valores éticos en el personal, como restituir la credibilidad y confianza interna y externa en la organización, a través de transparentar sus operaciones y rendición de cuentas; desarrollar, implantar y difundir mecanismos de control y de mejora continua; y lograr una mayor eficacia, rentabilidad, innovación y competitividad de la institución, situación que en algunos casos no se está cumpliendo.
8. Que dentro de dicha institución no se está actuando conforme a derecho, ya que se presentan irregularidades y corrupción dentro de licitaciones, contratos públicos, adjudicaciones para realizar obras y otorgar servicios a petróleos mexicanos, y la corrupción, entre otros impactos, distorsiona los precios y las condiciones del mercado, reduce la confianza en las autoridades, afecta el desarrollo económico sustentable del país y las empresas, desincentiva la inversión, aumenta la incertidumbre para realizar transacciones comerciales, e incrementa los costos de operación de dicha institución.
9. Que los esfuerzos para crear e impulsar una reforma energética y ventajas hacendarias y mantener un presupuesto elevado para Pemex se ven reducidos por los manejos irregulares de los recursos, por la corrupción que se presenta en diversos actos dentro de la institución, por los despidos injustificados que se resuelven por las juntas federales del trabajo de forma parcial y fuera de derecho.
Por lo anterior, someto a consideración el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Que se exhorte a la Secretaría de la Función Pública, al Órgano de Transparencia y Combate a la Corrupción en Petróleos Mexicanos, así como a la Auditoría Superior de la Federación a realizar los procedimientos de revisión y, en su caso, de sanción que les confiere la ley, dentro de Pemex Exploración y Producción, zona norte.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de noviembre de 2007.
Diputado Antonio del Valle Toca (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A IMPLANTAR MEDIANTE LA SECRETARÍA
DE SALUD PROGRAMAS Y APOYOS DIRIGIDOS A LOS NIÑOS CON AUTISMO, A
CARGO DE LA DIPUTADA DOLORES DE MARÍA MANUELL-GÓMEZ ANGULO,
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
La suscrita, diputada federal a la LX Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, fundamentada en las potestades conferidas en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite poner a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, conforme a los siguientes
Antecedentes
1. El trastorno neurológico que denominaron autismo fue identificado en 1943 en el Hospital de Hopkins. En el mismo año, el doctor Hans Asperger describía una forma leve de este desorden, que conocemos ahora como síndrome de Asperger. Durante este tiempo se sumó a las investigaciones el doctor Leo Kaneer, quien clasifica al autismo clásico en tres tipos de síntomas: interacción social limitada; problemas con la comunicación verbal o no verbal, con la imaginación; y conductas repetidas y actividades de intereses limitados o poco usuales.
El autismo es una enfermedad de desorden neurológico muy complejo, que se caracteriza por una progresiva alteración de la conducta. El autismo es un trastorno que aparece antes de los tres años de edad. En algunos casos, los padres comienzan a identificar las dificultades o alteraciones en el desarrollo de sus hijos, en los primeros meses de vida y en la mayoría de los casos hasta los 12 años de edad. Ocurre aproximadamente en 1 de cada 500 nacimientos y es 4 veces más común en niños que en niñas.
2. De acuerdo con la Sociedad Americana de Autismo, éste es una discapacidad severa y crónica del desarrollo que aparece normalmente durante los primeros años de vida, y es considerado un conjunto de síntomas que se presentan juntos, y que caracterizan un trastorno en las conductas que se observan en la persona.
En el autismo se encuentran varias afectaciones en cuanto al entendimiento de condiciones genéticas, neurológicas y cognitivas asociadas. La etiología de este trastorno resulta aún desconocida, por lo que se ignora su causa específica. La oportuna detección y la adecuada intervención posibilitan que los niños con autismo y trastornos del desarrollo puedan incorporarse con mayor facilidad a la sociedad.
Hoy día se utiliza la palabra autismo para referirse a diferentes discapacidades, como "síndrome autista", "trastorno profundo del desarrollo" o "síndrome de Asperger", y aunque hay algunas diferencias entre estos trastornos, entre ellos hay similitud y las personas que lo padecen presentan las mismas dificultades durante la vida.
3. El autismo aparece aislado o con otros trastornos que afectan a la función cerebral, como infeccione virales, perturbaciones metabólicas y epilepsia.
La forma severa del síndrome del autismo puede incluir comportamientos extremadamente autoagresivos, repetitivos y anormalmente agresivos.
Las características asociadas con el autismo han sido divididas en tres categorías, como conducta social: donde se les dificulta relacionarse con los demás, no se dan cuenta de las diferentes situaciones sociales ni de los sentimientos de otros, prefieren estar solos y se relacionan mejor con cosas que con personas; características de comunicación: las personas con autismo parecen sumergirse en su propio mundo, donde la comunicación con otros no es importante; características del comportamiento: dificultad sensorial por su inadecuada respuesta a los estímulos externos, no temen a los peligros externos pero pueden tener miedo sin causa aparente, pueden quedarse con la mirada perdida o fijarla en algún objeto por mucho tiempo, o insisten en abrazar y tocar inadecuadamente a las personas.
4. Estadísticamente, el autismo es una enfermedad de desorden neurológico que se caracteriza por una progresiva alteración de la conducta. En México se registran 40 mil niños con autismo, cifra que el ISSSTE ha registrado durante estos últimos años.
En el ámbito internacional encontramos que Japón ocupa el primer lugar de incidencia de autismo, con 13 afectados por cada 10 mil personas; le siguen Canadá y algunas naciones de Europa, con 10 casos, mientras que Estados Unidos contabiliza 9 casos de 10 mil niños.
En México la Secretaría de Salud sólo atiende a 250 menores, ya que el desconocimiento y la falta de información sobre el padecimiento se convierten en una grave dificultad para que las familias puedan atender a los menores. La incidencia del autismo se incrementa en 17 por ciento cada año, alcanzando proporciones epidémicas, aunque no se sabe el motivo, tal es el caso del Distrito Federal. La detección del autismo se da en niños menores de 18 meses de edad, con la primera visita con el pediatra a los 24 meses o bien con el neurólogo a los 3 años de edad.
La Clínica Mexicana de Autismo calcula que existe 1 niño autista por cada 50 nacimientos, lo que indica que el problema es mas frecuente que el cáncer infantil, la diabetes y el sida. En un niño con esta enfermedad se registran otros síntomas: en 78 por ciento se puede presentar discapacidad intelectual, epilepsia en 25 por ciento, y ceguera y sordera en la misma proporción. Aproximadamente 20 por ciento registra ataques de epilepsia por primera vez durante la pubertad, que pueden deberse a cambios hormonales.
Hay métodos con los que se puede tratar el autismo, entre los que destacan intervenciones dietéticas, ejercicios, ensayos médicos y tratamientos biomédicos, medicamentos psiquiátricos, terapia del habla, integración sensorial, terapia ocupacional, terapia física, intervenciones auditivas, intervención para el desarrollo de relaciones y método de incitación rápida.
Mas de 65 por ciento de personas con autismo presentan limitaciones importantes que requieren tratamientos de por vida. La atención que reciben debe ser supervisada por gente especializada; el costo del tratamiento puede ser de hasta 5 mil pesos mensuales, que pocas familias mexicanas pueden pagar, lo cual imposibilita a un sector de la población acceder a la atención necesaria para los niños con este padecimiento.
Por ello es urgente que el gobierno federal implante programas encaminados a la atención de esta población. Sin duda, es urgente atender de modo adecuado a la población que se encuentra vulnerable; día con día se incrementa el número de personas que padecen esta enfermedad.
Por lo expuesto, me permito someter a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Que la Cámara de Diputados exhorte respetuosamente al gobierno federal para que a través de la Secretaría de Salud se implante los programas necesarios a efecto que se brinden los apoyos encaminados a la atención de la población que padece la enfermedad conocida como autismo, en todas sus variantes.
Dado en el salón de plenos de la Cámara de Diputados, a 6 de noviembre de 2007.
Diputada Dolores de María Manuell-Gómez
Angulo (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE
QUE EN EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN DE
2008 SE CONSIDEREN –EN EL RAMO 12, "SALUD"– RECURSOS PARA EL TRATAMIENTO
FRONTAL DE LA INSUFICIENCIA RENAL CRÓNICA, A CARGO DEL DIPUTADO
JORGE QUINTERO BELLO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
El suscrito diputado Jorge Quintero Bello integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional somete a la consideración del Pleno de esta honorable Cámara, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interno del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la siguiente proposición con punto de acuerdo, con carácter de urgente y obvia resolución, por el cual se exhorta a la Comisión de Prepuesto y Cuenta Pública de la honorable Cámara de Diputados a etiquetar los recursos necesarios para el tratamiento frontal de la insuficiencia renal crónica dentro del presupuesto destinado al Ramo 12 "Salud", en el apartado propuesto para el tratamiento de enfermedades crónico degenerativas, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Según datos del Instituto Mexicano del Seguro Social, la insuficiencia renal crónica es la tercera causa de muerte hospitalaria; el 80 por ciento de la causa de deserción del tratamiento de diálisis o hemodiálisis es la muerte de estos pacientes. Esta triste realidad es recurrente en la mayoría de los hospitales del sector salud. La causa: muchos pacientes no llegan a tener la oportunidad de recibir un tratamiento adecuado; o bien lo reciben tardíamente y de forma muy irregular.
El panorama actual respecto a las enfermedades renales constituye una alarma para todos los sectores involucrado en la salud en México. Cerca de 8.5 millones de personas sufren de insuficiencia renal leve; a su vez, se estima que cerca de 103 mil personas padecen de insuficiencia renal crónica.
Este número da cuenta de la necesidad y del problema de salud pública que constituye este padecimiento. El tratamiento y recuperación de la insuficiencia renal crónica es sin lugar a dudas uno de los más costosos y onerosos para el sector salud. Dicha afirmación se comprueba si consideramos que sólo 37 mil personas del total de pacientes reciben tratamiento continuo para paliar y combatir los efectos producidos por la insuficiencia renal crónica. Así pues, cerca de 66 mil pacientes no reciben tratamiento regular para atender los efectos producidos por esta enfermedad.
Tratamientos como la diálisis peritoneal, hemodiálisis y los transplantes de riñón son provistos en su mayoría por los hospitales del sector público. Estas acciones suponen un alto costo para el sector salud, se estima que el costo anual de un tratamiento de hemodiálisis es superior a los 120 mil pesos, precio que la gran mayoría de familias de este país no pueden solventar, sin recurrir al ISSSTE, IMSS, al Seguro Popular o intervención benefactora de algunas instituciones de la sociedad civil. Anualmente se hace un esfuerzo por dotar de mayores recursos al tratamiento de la insuficiencia renal crónica, no obstante la partida presupuestal destinada para este propósito resulta insuficiente para el país.
Una de las principales barreras que limitan mayor número de recursos para el tratamiento de esta enfermedad es la de no etiquetar a la insuficiencia renal crónica dentro del rubro de enfermedades crónico degenerativas. Países como España y Cuba dieron un paso importante al integrar dentro del apartado de enfermedad crónico degenerativa a este padecimiento. Es momento propicio para que en nuestro país se adopte la misma decisión.
Las necesidades para los pacientes con enfermedad renal crónica son muy precisas. Etiquetar recursos específicos dentro del Ramo 12, Salud para el Presupuesto de Egresos del próximo año permitiría una inversión en el sector salud que se traduciría: en mayor número de equipos para la aplicación de diálisis peritoneal y hemodiálisis; la contratación de mayor número de nefrólogos y especialistas en transplantes de órganos; y por último, en la creación de nuevas unidades de especialidades médicas en donde puedan suministrarse los tratamientos indispensables para estos pacientes.
Por último, hice referencia a una barrera humanitaria, lo mencionado anteriormente refleja el drama humano que supone tanto para los pacientes como para sus familias el enfrentarse a esta enfermedad. Hay que contribuir en forma activa a eliminar este obstáculo, procurar el entendimiento hacia el paciente con insuficiencia renal. He hablado de un paulatino cambio de actitud en la población en lo que respecta a la cultura de la donación, no obstante se hace necesaria la participación activa de otros sectores de la población para juntos coadyuvar en la mejora integral de la vida del paciente con insuficiencia renal. Amén de la importancia que reviste una mejor cobertura dentro del sector salud para este sector, es necesario impulsar un cambio en los ámbitos laborales y productivos del país, a fin de dar la oportunidad a quienes padecen esta enfermedad para que en la medida de lo posible se mantengan activos; de igual forma es deseable que se involucren en la tarea de prevención y atención de esta enfermedad.
Los pacientes con insuficiencia renal deben sobreponerse a condiciones muy adversas. No olvidemos que amén de las molestias físicas y del drama emocional que supone padecerla, estas personas deben hacer frente a muchos obstáculos sociales tales como: la posibilidad de perder su trabajo; ser estigmatizados como personas obsoletas e incapaces de reintegrarse a alguna actividad productiva; sufrir una continua tensión familiar; y sobre todo luchar contra el miedo y la incertidumbre de un pronóstico perennemente reservado.
Como legisladores tenemos un compromiso ético con los grupos más vulnerables de la sociedad, debemos allanar el camino de los pacientes con enfermedad renal crónica. Una mayor cobertura del sector salud para atender este padecimiento podría devolver certeza y garantizar condiciones de bienestar para aquellos que lamentablemente padecen esta enfermedad.
El camino y la lucha contra la insuficiencia renal crónica han sido muy sinuosos. Desde el primer transplante de riñón en 1963, hasta la proliferación de tratamientos modernos como la hemodiálisis, nuestro país ha ido respondiendo a las exigencias de estos pacientes. La situación que viven los pacientes con insuficiencia renal crónica requiere de toda nuestra atención y de dirigir esfuerzos en aras de mejorar las condiciones a las que se enfrentan estas personas.
Por lo antes fundado y expuesto, me permito someter a la elevada consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
De urgente y obvia resolución.
Único. Se exhorta a la Comisión de Prepuesto y Cuenta Pública de la honorable Cámara de Diputados a etiquetar los recursos necesarios para el tratamiento frontal de la insuficiencia renal crónica dentro del presupuesto destinado al Ramo 12, "Salud", en el apartado propuesto para el tratamiento de enfermedades crónico degenerativas.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a 6 de noviembre de 2007.
Diputado Jorge Quintero Bello (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA A LA CONAGUA, A LA SECRETARÍA DE SALUD Y A LA PROFECO
A VERIFICAR Y REGULARIZAR LA CALIDAD Y PROCEDENCIA DEL AGUA QUE SE VENDE
EN LAS PLANTAS PURIFICADORAS DEL PAÍS, A CARGO DE LA DIPUTADA DOLORES
MARÍA DEL CARMEN PARRA JIMÉNEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL
PAN
La suscrita, diputada federal en la LX Legislatura Dolores María del Carmen Parra Jiménez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 58, 59 y demás relativos y aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de la Cámara de Diputados las siguientes
Consideraciones
México es de los países que consumen la mayor cantidad de agua embotellada per cápita, debido en gran medida al serio problema de contaminación que afecta la calidad del agua disponible en el país, así como también a la mala percepción que tiene la población al respecto.
El nivel de acceso a servicios de abastecimiento de agua y saneamiento continúa siendo bajo, pese al reciente incremento en cobertura; la carencia de acceso al agua ejerce un impacto no sólo sobre la calidad de vida de la gente de menor ingreso sino, también, sobre la vida productiva y de salud. El agua potable se ha convertido por su importancia y escasez en parte vital en el sustento de la sociedad, y esto ha creado que gran cantidad de particulares se dedique a establecer plantas purificadoras de agua, debido en gran medida a que en la apertura de uno de estos negocios los equipos son bastante accesibles y fáciles de operar, donde el encargado debería ser un verdadero especialista en la materia o ampliamente capacitado para atender este tipo de establecimientos.
Nuestra preocupación radica en que la gente que se dedica a este giro comercial no siempre cuenta con instalaciones adecuadas para realizar la labor; y los permisos emitidos por la Secretaría de Salud requieren establecer estrictos criterios de revisión y supervisón de manera constante, orientados a mejorar los procesos y la calidad de purificación del vital líquido. Los impactos en materia de salud derivados del consumo de agua no son más que reflejo de un mal control sanitario, que repercute en enfermedades gastrointestinales, y gran número de los afectados son niños o gente de la tercera edad.
De igual forma, se exhorta a la Comisión Nacional del Agua, ya que hemos observado que muchos permisionarios cuentan con pozos de agua que no están regularizados para su explotación comercial, ni analizados bioquímicamente para que el agua sea óptima para consumo humano, así como el conocimiento real de los pozos explotados para su control por las autoridades, y que exista la cuantificación de los lugares donde se extrae agua y la calidad de ésta.
La explotación de un pozo sin licencia es un delito y los daños a los mantos freáticos son incuantificables. Ello representa un daño total a los recursos de la nación. Y respecto a los problemas por la explotación de este recurso en el municipio, se debe prever que ello se reflejará en muchos ámbitos, como la escasez de agua, cambios en el suelo, en la biodiversidad de la zona y en el clima.
Este exhorto no va orientado a la clausura de las plantas purificadoras, ya que debido a la escasez de agua potable son necesarias, además de que muchas de ellas son empresas de tipo familiar. Nuestra preocupación radica en la regularización, en la calidad sanitaria del agua, que impacta directamente a la salud de la sociedad. Por ello se pide la intervención de la Procuraduría Federal del Consumidor para corroborar la calidad del agua.
Por lo expuesto y fundado, someto a consideración de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Primero. Exhorto a la Comisión Nacional del Agua para que verifique el origen del agua que las plantas potabilizadoras procesan para su venta.
Segundo. Exhorto a la Secretaría de Salud y a la Cofepris para que verifiquen la calidad sanitaria de los procesos de potabilización que las plantas utilizan para su esterilización para el consumo humano y valoren el riesgo sanitario del agua que se envasa para el consumo.
Tercero. Exhorto a la Procuraduría Federal del Consumidor a verificar y regularizar la calidad final del agua y del envasado que llega al consumidor.
Diputada Dolores María del Carmen Parra Jiménez
(rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA A LOS CONGRESOS Y A LOS GOBIERNOS ESTATALES A PROYECTAR CON
OPORTUNIDAD LAS ASIGNACIONES RESPECTIVAS PARA ESTAR EN CONDICIONES DE EJERCER
DESDE EL 1 DE ENERO EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN DE
2008, A CARGO DEL DIPUTADO FELIPE GONZÁLEZ RUIZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PAN
Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58, 59 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el suscrito, diputado federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LX Legislatura, Felipe González Ruiz, con el carácter de urgente u obvia resolución, presenta ante esta asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a los congresos y gobiernos estatales de la República Mexicana a proyectar con oportunidad sus asignaciones presupuestales a fin de que en concordancia con la federación estén en condiciones de ejercer el Presupuesto de Egresos de 2008 desde el primer día de enero de ese año, al tenor de las siguientes
Consideraciones
El 30 de julio de 2004, en el Diario Oficial de la Federación, se publicó el decreto de reforma constitucional que el Congreso de la Unión aprobara en abril de ese mismo año, a fin de modificar la fracción IV, del artículo 74, de la Constitución mexicana para cambiar la fecha en la que el Poder Ejecutivo federal debe entregar la iniciativa de Ley de Ingresos y el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación a la Cámara de Diputados, otorgando mayores plazos entre la presentación y aprobación de los mismos.
Así, el Ejecutivo federal hace llegar a la Cámara la Iniciativa de Ley de Ingresos y el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación a más tardar el 8 de septiembre, mientras que la Cámara de Diputados tiene a más tardar hasta el 15 de noviembre para aprobarlos.
Desde luego con esta reforma el proceso de presupuestación de los estados de la república se ha visto beneficiado toda vez que tanto éstos como los municipios saben con certidumbre la magnitud del Fondo General de Participaciones y todos aquellos ramos como el 33 que implican recursos que la federación les transfiere.
En una democracia como la nuestra, la negociación, estudio y análisis del Presupuesto de Egresos de la Federación exige plazos como los establecidos en esa reforma, pero también exige un compromiso político, especialmente de los gobiernos y congresos estatales, para ejercer un gasto público responsable y oportuno frente a las múltiples necesidades sociales que deben enfrentar las entidades federativas.
Sin duda, el presupuesto público es un instrumento central de política económica puesto que mediante la programación del gasto los gobiernos federal y estatal desempeñan un papel estratégico en la distribución de los recursos, en la planeación de políticas y programas que deberán traducirse en beneficios directos para la población y para la economía en materia de eficiencia, desarrollo y crecimiento.
De ahí que se hace necesario que el gobierno, a la luz de esta disposición constitucional, armonice en lo posible sus proyecciones de ingreso y gasto, a fin de responder cabalmente al cumplimiento de los objetivos establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo y en los diversos programas sectoriales y locales, estatales y municipales, y estar en condiciones de ejercer el gasto programado desde el primer día de enero del año presupuestado.
Las necesidades principales que atiende el Presupuesto de Egresos que los legisladores aprobamos no admiten dilaciones ni retrasos. Todas ellas responden a urgencias apremiantes de la población en materia de salud, vivienda, infraestructura, educación y empleo.
En las condiciones actuales, la legislación permite una oportuna asignación de los recursos para que desde el primer día de enero dé inicio la operación de los distintos programas y proyectos y no, como sucede, en meses posteriores. Ello elevaría la eficiencia de la administración pública, beneficiaría a la actividad económica en su conjunto, brindaría mayor certidumbre a los agentes económicos sobre el proceso presupuestario y sus implicaciones, y abonaría a la construcción de un presupuesto eficiente, confiable y listo para atender de forma oportuna los grandes intereses nacionales.
Por lo anteriormente expuesto, me permito presentar ante esta soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los congresos y gobiernos de Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Colima, Distrito Federal, Durango, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas a proyectar con oportunidad sus asignaciones presupuestales a fin de que, en concordancia con la federación, estén en condiciones de ejercer el Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2008 desde el primer día de enero de ese año.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a noviembre de 2007.
Diputado Felipe González Ruiz (rúbrica)