Faustino Javier Estrada González, integrante de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta la siguiente proposición con punto de acuerdo, con base en la siguiente
Exposición de Motivos
En México la alarmante cantidad de homicidios y desapariciones de mujeres y niñas, así como la violencia extrema aplicada y la presencia de la impunidad han puesto de manifiesto la responsabilidad del Estado ante este terrible fenómeno.
El homicidio de mujeres y niñas ha alcanzado una connotación de violencia de género, porque expresa discriminación, abuso y opresión en contra de las mujeres por su naturaleza.
Según información disponible, en el estado de Morelos del 2000 al 2005 se han cometido cerca de 200 crímenes violentos de mujeres, pero las cifras oficiales sólo reconocen 143 en ese periodo.
En Morelos la tasa de homicidios en la entidad es de 3.25 por cada cien mil mujeres, es decir, Morelos es uno de los cinco estados en los que ocurre el 55 por ciento de los asesinatos de mujeres.
Asimismo, Morelos, forma parte de una franja de estados en los que el número de asesinatos de mujeres ha crecido de manera alarmante.
Un grave ambiente de violencia de género e impunidad se vive en el estado, razón por la cual desde 2005 se creó la fiscalía especializada para atender delitos contra las mujeres.
No obstante ello, en este año, sólo en el mes de enero se han cometido 6 homicidios con uso de violencia extrema y en uno de ellos incluso se mutiló el cuerpo para dificultar su identificación.
Las acciones gubernamentales morelenses para enfrentar y erradicar la violencia de género morelense han sido insuficientes.
El creciente número de feminicidios refleja la ausencia de justicia que tanto pregonan las autoridades encargadas de procuración e impartición de justicia.
Es urgente se adopten medidas para detener la ola de violencia en contra de las mujeres y niñas que enfrenta el estado y, sobre todo, se esclarezcan los homicidios.
Es urgente que todas las victimas accedan a la justicia, se repare el daño y se tomen medidas para que estos hechos no se vuelvan a repetir.
Es urgente que las autoridades estatales instrumenten y articulen políticas públicas desde la perspectiva de género para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres.
La Procuraduría de Justicia del estado de Morelos y la Secretaría de Seguridad Pública estatal no han dado los resultados esperados. El índice de impunidad en la materia es muy alto, son muy pocos los casos que han sido resueltos y la Secretaría de Seguridad Pública ha evidenciado falta de compromiso para la promoción de la prevención del delito en contra de mujeres y niñas.
Es urgente que pasemos de los números a los resultados, esos números tienen una historia, una familia, basta señalar un claro ejemplo de ello, el secuestro y homicidio de Gabriela Hoyos y Pérez de 39 años, quien de acuerdo con las investigaciones que se desprenden de la averiguación previa iniciada por la Procuraduría estatal, el 14 de marzo se detuvo a Arturo René Kramer López, como probable responsable y se consignó el expediente ante la autoridad judicial competente.
Destaca que a pesar de las pruebas que obran en la averiguación previa iniciada en contra del supuesto responsable, el juez de la causa dictó auto de libertad.
Este caso es una prueba más de la corrupción que permea en la procuración y administración de justicia en el estado de Morelos.
Además de los actos de violencia que se cometen en contra de mujeres y niñas, la impunidad es otro factor que contribuye a fomentar conductas deleznables en su contra.
Es urgente detener estos actos de violencia y sobre todo no permitir la impunidad. No podemos permitir que quienes atentan contra la vida e integridad física de lo más preciado como son las mujeres: ya sean madres, hijas, hermanas, no reciban el castigo que la ley establece.
La sociedad morelense exige justicia y, en particular, que la(s) persona(s) responsable(s) reciba(n) el castigo que la ley prevé para estos casos de secuestro, homicidio y violencia de género.
Finalmente, el feminicidio plantea un conjunto de acciones dirigidas a usar, abusar, eliminar, humillar y asesinar a las mujeres por medio de la violencia. No sólo son conductas antisociales reprobables, sino que constituyen verdaderas violaciones de derechos humanos. Por ello, es urgente llevar a cabo acciones que frenen y disuadan la comisión de ilícitos de género.
Por lo expuesto, y con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, que el de la voz, a nombre los legisladores del Partido Verde Ecologista de México en la LX Legislatura someto a la consideración de esta honorable Asamblea solicitando sea turnada a la Comisión de Justicia para su estudio y dictamen, la siguiente proposición con:
Punto de Acuerdo
Primero. Se exhorta, con pleno respeto al principio de distribución de competencias consagrado en el artículo 124 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al Procurador General de Justicia del estado de Morelos, al titular de la Secretaría de Seguridad Pública, a la presidenta del DIF-Morelos y, en general, a todas las autoridades competentes del estado a que adopten las medidas necesarias para frenar la ola de violencia en contra de las mujeres y niñas.
Segundo. Se exhorta, con pleno respeto al principio de distribución de competencias consagrado en el artículo 124 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al Procurador General de Justicia del estado de Morelos para que ordene que en la averiguación previa iniciada por el probable secuestro y homicidio de Gabriela Hoyos y Pérez se realicen las investigaciones que sean necesarias para esclarecer los hechos, en términos de la legislación aplicable y, se vigile que no se cometan actos de corrupción que fomenten la impunidad.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los veintinueve días del mes de marzo de dos mil siete.
Diputado Faustino Javier Estrada González (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE SOLICITA A LOS TITULARES DE LA SCT Y DE LA PROFECO QUE ATIENDAN A LOS
PASAJEROS AFECTADOS POR LA SUSPENSIÓN DE LAS OPERACIONES DE LÍNEAS
AÉREAS AZTECA, A CARGO DEL DIPUTADO MARIO SALAZAR MADERA, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PAN
El que suscribe diputado Mario Alberto Salazar Madera, integrante de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión y con fundamento en lo dispuesto por los incisos b) y d) del artículo 67 de la Ley Orgánica del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, y artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, me permito presentar a consideración de esta honorable asamblea el siguiente
Punto de acuerdo de urgente u obvia resolución para solicitar al secretario de Comunicaciones y Transportes, y al titular de la Procuraduría Federal del Consumidor para que den inmediata atención a los pasajero afectados por la suspensión de Líneas Aéreas Azteca
Consideraciones
I. Que de conformidad a lo establecido por la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en el ejercicio de sus atribuciones y para el despacho de los negocios del orden administrativo encomendados al Poder Ejecutivo de la Unión, hay como dependencias de la administración pública centralizada, las secretarías de Estado, entre otras.
II. Que en este sentido, le corresponde a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, como dependencia de la administración pública centralizada, en términos de lo señalado por el artículo 36, fracción IV, de la Ley Orgánica de la Administración Pública: " Otorgar concesiones y permisos para establecer y operar servicios aéreos en el territorio nacional, fomentar, regular y vigilar su funcionamiento y operación, así como negociar convenios para la prestación de servicios aéreos internacionales."
III. Que en virtud de dicha facultad la SCT, el veintiséis de marzo del año en curso, declaro la suspensión temporal de los servicios aéreos y operaciones que realiza Líneas Aéreas Azteca que están bajo la concesión de servicio público de transporte aéreo nacional de pasajeros, carga y correo, fundamentando dicha suspensión en una auditoria que realizó dicha dependencia entre el 5 y el 23 de marzo de este año, en la que participaron 57 inspectores, quienes detectaron deficiencias en la seguridad, y un problema de carácter administrativo y financiero que repercute en el funcionamiento seguro de la línea aérea.
IV. En virtud de dicha suspensión se determino que a los vuelos que en ese momento efectuaban su recorrido se le les permitiera llegar a su destino, en tanto que los que no hubiesen despegado quedasen suspendidos.
V. Debido a dicha suspensión quedaron afectados cientos de pasajeros que iban a viajar ese día, además de ser molestados los titulares de veinticinco mil boletos ya vendidos, según cifras de la Profeco.
VI. Es obligación de la Procuraduría Federal del Consumidor velar por la protección de los derechos del consumidor, procurando la equidad, certeza y seguridad jurídica en las relaciones entre proveedores y consumidores.
VII. Sin embargo la situación de los propietarios de los boletos de avión sigue siendo incierta, afectando con esto a familias que con mucho trabajo compraron boletos y que ahora no hay nadie que responda frente a ellos, pues la línea aérea no ha dispuesto ni ha hecho nada al respecto.
VIII. Estamos ciertos que ante todo se debe garantizar la seguridad del pasajero y con esto evitar accidentes desastrosos como los que ya han sucedido en antaño, sin embargo no podemos dejar de proteger a los terceros de buena fe que en este caso son los pasajeros, que en la mayoría de las ocasiones viajan con mucho trabajo para conseguir el valor del boleto y que no están en posibilidad de esperar 90 días es el término otorgado a la línea aérea para poder llegar a su destino.
IX. Por lo anterior solicitamos de la manera más atenta, tanto al titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), Antonio Morales de la Peña, así como al de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes", Luis Tellez a efecto de que en el ámbito de sus competencias puedan dar pronta solución a los titulares de los boletos de la aerolínea en cuestión para que los mismos puedan viajar a su destino y no sean victimas de una situación en la que ellos no tuvieron que ver.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a su elevada consideración el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Gírese atento y respetuoso oficio al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de la administración pública federal, y al titular de la Procuraduría Federal del Consumidor a efecto de que en el marco de sus responsabilidades puedan dar pronta solución a los dueños de los boletos de las Líneas Aéreas Azteca para que los mismos puedan viajar a su destino o recuperar el monto de los boletos pagados a la brevedad posible.
San Lázaro, a 29 de marzo de 2007.
Diputado Mario Alberto Salazar Madera (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA AL GREMIO TRANSPORTISTA NACIONAL DE CARGA A AJUSTARSE A LA NOM-012-SCT-2-2003,
QUE ESTABLECE LAS CONDICIONES PARA CIRCULAR POR LOS CAMINOS Y PUENTES DE
JURISDICCIÓN FEDERAL, A CARGO DEL DIPUTADO ANTONIO DEL VALLE TOCA,
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
Antonio del Valle Toca, diputado federal de la LX Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en el artículo 87 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, propone al Pleno de la honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión el siguiente punto de acuerdo, a fin de exhortar al gremio transportista nacional de carga a ajustarse al proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-012-SCT-2-2003, sobre el peso y dimensiones máximas con que pueden circular los vehículos de autotransporte que transitan en los caminos y puentes de jurisdicción federal, al tenor de las siguientes
Consideraciones
1. Que en México es notable el exceso de pesos y dimensiones de los vehículos de carga que circulan por carreteras federales, estatales y municipales. La mayoría de las carreteras existentes en el país, construidas hace mas de treinta años, fueron diseñadas para cierto tipo de vehículos, que difieren del parque vehicular de hoy. Actualmente, el parque vehicular supera en número y en aspectos técnicos y motrices al de hace tres décadas; hablamos de más vehículos, con mayores capacidades de desplazamiento, velocidad y atributos tecnológicos.
2. Que atención especial merece el tránsito en carreteras de unidades de carga doblemente articuladas (fulles); que en aras de trasladar en una cantidad menor de tiempo de tránsito y a menores precios, mercancías, combustibles, productos de consumo, etcétera, en vehículos de grandes pesos y dimensiones; congestionan la capacidad de los caminos y puentes, que notoriamente perjudican la infraestructura carretera, que en su mayor parte no fue creada para soportar tal saturación.
3. Lo anterior tiene impacto directo en la sociedad y en sus actividades económicas, y que trasciende en aspectos ambientales, de seguridad en carreteras, de productividad y competitividad, etcétera. Que repercuten dentro del desarrollo económico y social de nuestro país. En México, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) opera cada vez con menores recursos diseccionados a las carreteras. No obstante, habrá que reconocer el esfuerzo que la SCT ha rendido en la construcción de nuevos caminos y mantenimiento de los ya existentes, y así es como cada año la SCT busca, junto con el Congreso de la Unión, que se otorguen mayores recursos para el mantenimiento y conservación de los caminos a su cargo.
4. Por lo anterior, la SCT publicó, para consulta, en el diario Oficial de la Federación el 28 de noviembre del año 2006 el nuevo proyecto de norma oficial mexicana sobre pesos y dimensiones máximas con las que deben circular los vehículos de autotransporte por caminos y puentes de jurisdicción federal dentro de las cuales sobresalen los siguientes aspectos:
Se establece una longitud máxima permitida en 31
metros por vehículo.
Se define un procedimiento de verificación de
peso y dimensiones en centros fijos y móviles, para todos los vehículos.
6. Que los vehículos doblemente articulados generan un área de accidentes mayor cuando se ven involucrados en un percance; uno de los factores que contribuyen a ese hecho son las dimensiones de los fulles; varios estudios han demostrado que los fulles están más propensos a sufrir un desacoplamiento que otras configuraciones vehiculares, por lo que al presentarse un desacoplamiento en una carretera que no esté acondicionada para el transito de estos vehículos, el área del accidente es mayor.
7. Que durante el periodo de enero a diciembre del año 2006, tan sólo en 8 estados de la republica, los vehículos de carga articulados y doblemente articulados se vieron involucrados en un total de mil 154 accidentes. Estos siniestros provocaron un tota de 776 lesionados y 356 muertes, y causaron daños materiales por un monto de ciento veintisiete millones ochocientos treinta mil setecientos pesos, además de que el grado de severidad de una colisión entre vehículos se puede calcular por medio de una simple ecuación: cuando el peso aumenta, también se incrementa la severidad del choque, provocando que algunas lesiones que pudieron ser poco serias se conviertan en lesiones graves y éstas, a su vez, en fatalidades (muertes).
8. Que los efectos en materia ambiental son devastadores, ya que el efecto de contaminantes producidos por largas filas dentro de las carreteras nacionales, que abarcan kilómetros de vehículos parados con los motores encendidos, a causa del propio tránsito lento o algún accidente o volcadura de fulles, provocan un mayor índice de contaminantes suspendidos en el aire que los que puedan producir el aumento de transito de vehículos de carga que pueda producirse por el hecho de que no puedan circula fulles en carreteras de tipo "C", y que en casos de accidentes los fulles, por sus dimensiones, provocan que su restauración y salvamento dentro de las carreteras nacionales se realicen en varias horas y el costo económico y de deterioro en las vías de comunicación sea mayor.
9. Que el hecho de no ajustarse a la norma oficial propuesta causa una pérdida de productividad y de competitividad dentro de la población económicamente activa, así como en ramos del autotranporte federal, como lo es el de pasajeros, pues los autobuses consumen mayores cantidades de combustible por circular a bajas velocidades, causan más contaminación al ambiente y el constante frenado para mantener la distancia con los fulles provoca mayor desgaste de piezas de los camiones de pasajeros, además de que anualmente más de 3 mil millones de pasajeros que se transportan a sus lugares de trabajo o estudio a través de estos autobuses de pasajeros y que no llegan a tiempo a sus destinos por estar detenidos por el resultado de tener que esperar por un accidente ocasionado por los fulles, se ven reflejados en la pérdida de horas hombre de trabajo a demás de las personas que transitan en sus vehículos particulares y que sufren el mismo problema y surten el mismo efecto en la economía del país.
10. Que la manera en que circulan los fulles y las unidades de grandes dimensiones están generando que el autotranporte de pasajeros y de carga de menores configuraciones pierdan competitividad frente a otros modos de transporte, pues los tiempos de recorrido se han incrementado de manera importante, sobre todo en trayectos largos.
11. Que las normas de pesos y dimensiones en Estados Unidos de América oscila, en cuanto a pesos máximos, entre 40 y 60 toneladas, y en Europa, entre 40 y 50 toneladas, por lo que el hecho de que la norma mexicana permita en un máximo de peso las 76.5 toneladas no es un factor para la mejor productividad y competitividad del autotranporte de carga de grandes dimensiones y de las empresas que los contratan, por lo que no debemos confundir la productividad con el beneficio económico de un grupo de empresas. De hecho, a pesar de la reducción de 81.50 a 75.50 toneladas que dicta el proyecto de norma oficial, México sigue siendo un país que permite mucho peso en sus carreteras, en comparación con sus principales socios comerciales, donde el peso máximo permitido no sobrepasa las 60 toneladas.
Por lo anterior, someto a consideración el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Que se exhorte al gremio transportista nacional de carga, así como a las organizaciones y empresas que dependan de este servicio, a ajustarse a lo establecido en el proyecto de Norma Oficial Mexicana NOM-012-SCT-2-2003, sobre el peso y dimensiones máximas con los que pueden circular los vehículos de autotransporte que transitan en los caminos y puentes de jurisdicción federal para alcanzar la competitividad y productividad en nuestro país y así alcanzar un trato equitativo para todos los actores de la actividad carretera.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 29 de marzo de 2007.
Diputado Antonio del Valle Toca (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA A LAS AUTORIDADES FEDERALES COMPETENTES A IMPLANTAR ACCIONES
EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA EN EL ESTADO VERACRUZ, A CARGO DEL
DIPUTADO GREGORIO BARRADAS MIRAVETE, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
Con fundamento en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior, el suscrito diputado federal Gregorio Barradas Miravete, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, somete a la consideración del Pleno de esta honorable Cámara de Diputados, la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente resolución por el que se exhorta a las autoridades federales para que, analicen la posibilidad de implementar acciones en materia de seguridad pública a fin de reestablecer las condiciones de seguridad de dicha entidad federativa.
Consideraciones
La seguridad pública forma parte esencial del bienestar de una sociedad. Un estado de derecho genera las condiciones que permiten al individuo realizar sus actividades cotidianas con la confianza de que su vida, su patrimonio y otros bienes jurídicos tutelados están exentos de todo peligro, daño o riesgo.
El estado de Veracruz se ha caracterizado por ser una región donde impera la paz y la hospitalidad, ello ha permitido que sus habitantes se desarrollen en un ambiente de tranquilidad, seguridad, y cordialidad, y no sólo ello, estas circunstancias le han permitido ser reconocida, por el resto país como un lugar altamente atractivo para los turistas nacionales y extranjeros.
Esta realidad que imperaba hasta hace unos años se ha visto a ultimas fechas gravemente perturbada, por acciones violentas, que día a día tienden a incrementarse, pues si bien es cierto que a dicho estado se le veía como un lugar de paso del crimen organizado, tal y como lo señaló la Secretaría de Seguridad Pública en el 2004, al decir que Veracruz es utilizado como territorio de paso de las rutas del narcotráfico ya sea por vía aérea, terrestre o marítima, cierto es que su transitoriedad se convirtió en permanencia pues como respuesta a ello se crearon cuatro unidades mixtas de atención al narcomenudeo (UMAN) que funcionan en Xalapa, Coatzacoalcos, Poza Rica, Boca del Río y Córdoba. Lo cual nos permite afirmar que dicha presencia delictiva ha dejado de ser transitoria pues se transmuto en hechos altamente violentos ya que tan solo a mediados del año pasado hasta donde se tiene conocimiento, se llevaron a cabo 37 ejecuciones relacionadas con el crimen organizado.
Asimismo, de forma reciente, en regiones como Acayucan, Poza Rica, las Choapas, el puerto de Veracruz y Coatzacoalcos se ha incrementado la ola de violencia, pues en dichos lugares se han llevado a cabo 11 ejecuciones a personas identificadas como periodistas y servidores públicos, además de que no podemos dejar pasar por alto, los hechos recientemente ocurridos y que causaron gran alarma en Boca del Río el pasado domingo 18 del presente, en un lugar público y altamente concurrido en el cual se ejecutaron a plena luz del día a tres policías, con alto grado de violencia cuya forma de operar hace presumir una vez mas, la presencia del crimen organizado y ante lo cual las autoridades deben actuar de inmediato.
Pues si bien es cierto, y pese a que algunos funcionarios menores al gobierno estatal, quien habían descartado con anterioridad el apoyo del gobierno federal, se estima que ante la situación de violencia imperante en la entidad, debe solicitarse a las autoridades federales que en el ámbito de su competencia analicen la posibilidad de colaborar con el gobierno estatal a fin de implantar mecanismos que permitan a Veracruz recobrar la paz y tranquilidad de la que gozaban habitantes y visitantes, pues es sabido que por parte del gobierno federal ha sido un compromiso constante colaborar con los estados en materia de seguridad pública, hecho que refrenda día a día con la implementación de operativos conjuntos contra el crimen organizado, en los cuales a través del trabajo coordinado de los tres órdenes de gobierno, lucha por preservar el estado de derecho a fin de que sus habitantes gocen de un ambiente de paz y seguridad.
Por ello, no podemos permitir que los veracruzanos queden a expensas de las organizaciones criminales, que conviertan al estado en una región altamente insegura y violenta, no podemos permitir que el crimen organizado les robe la tranquilidad y seguridad con la que contaban, no podemos permitir que criminales se consoliden y quieran gobernar el estado, no debemos permitir que dicha problemática que se minimizó en su momento se agudice y requiera mayores acciones para solucionarla, debemos actuar, pues como lo señala Hobbes en su libro Leviatán "el Estado es el protector de la vida de sus súbditos, el último fundamento ‘racional’ de su seguridad colectiva", por ello debemos solicitar a las autoridades federales actúen, implementando dispositivos que con base en las necesidades específicas del estado, logren detener la inseguridad, corrupción y violencia que vive dicha entidad pues en materia de seguridad pública debe operar la inmediatez.
Con base en lo anterior, los legisladores de Acción Nacional consideramos necesario presentar a esta soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero. Se exhorta al gabinete de seguridad del Ejecutivo federal para que en atención al escenario de inseguridad que impera en Veracruz analice, en el ámbito de su competencia, la posibilidad de implementar en auxilio al gobierno del estado, acciones en materia de seguridad pública a fin de de reestablecer las condiciones de seguridad en dicha entidad federativa, ello atendiendo a las particularidades del estado de Veracruz.
Segundo. En su momento, se informe a esta soberanía los acuerdos logrados al efecto.
Sesión del honorable Congreso de la Unión, el 29 de marzo del 2007.
Diputado Gregorio Barradas Miravete (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, RELATIVO
AL COMBATE DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO CONTRA LAS MIGRANTES IRREGULARES
EN LA FRONTERA SUR, A CARGO DE LA DIPUTADA HOLLY MATUS TOLEDO, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PRD
Holly Matus Toledo, integrante de la LX legislatura del honorable Congreso de la Unión, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, de urgente u obvia resolución, al tenor de las siguientes
Consideraciones
México es un país de origen, tránsito y destino de migrantes, dicha situación ha vuelto complejo el fenómeno migratorio dentro de las fronteras del país. De manera constante el Ejecutivo, el Legislativo y la sociedad civil han emitido pronunciamientos exigiendo el respeto de los derechos humanos de los y las migrantes en la frontera norte.
En México, exigimos en el norte pero nos olvidamos de los mil 138 kilómetros de frontera sur en donde, de acuerdo con estadísticas del Instituto Nacional de Migración, INM, el número de migrantes asegurados ha aumentado 74 por ciento, al pasar de 138 mil 61 en el 2002, a 240 mil 269 personas aseguradas en el 2005; y es en Chiapas en donde se concentra el 43.2 por ciento del total de aseguramientos, le sigue Veracruz con el 10.6 por ciento y Tabasco con el 8.7 por ciento.1
Setecientos migrantes en promedio abordan cada tercer día el tren de carga de la línea Chiapas-Mayab, de los cuales un gran número son mujeres y niñas. Por lo que se corrobora que ya no son grupos pequeños, sino nos encontramos ante un fenómeno masivo que implica un cambio en la naturaleza del proceso migratorio en la frontera sur.
Según informe del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA, por sus siglas en inglés), actualmente las mujeres constituyen casi la mitad del total mundial de migrantes internacionales: 95 millones. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) afirma que, de los 12.3 millones de personas que realizan trabajos forzados en todo el mundo, la mayoría está constituida por mujeres y niñas: son un 56 por ciento de quienes están siendo objeto de explotación económica bajo coacción y un 98 por ciento de quienes están sujetos a explotación sexual comercial forzada.2
Sin embargo, hay que asentar que la situación migratoria en la frontera sur de nuestro país ha empeorado y se ha complicado de tal forma que las mujeres y niñas migrantes no sólo tienen que enfrentar los abusos, extorsiones, vejaciones y humillaciones de los agentes del INM, policía federal, estatal, municipal y guardias de seguridad privada que trabajan en los trenes de mercancías; sino también de las redes de tráfico de personas, comúnmente llamados polleros o coyotes y de la actuación de bandas de delincuentes, conocidas como Mara Salvatrucha.
A la par del incremento de la migración en general, el número de mujeres migrantes solas también ha aumentado. Anteriormente las mujeres migraban acompañando a su esposo o con la esperanza de unirse con él.
Actualmente la situación es distinta, las mujeres se ven forzadas a migrar debido a la falta de trabajo y a la existencia de familias monoparentales, en donde ellas son el único sostén. Migran dejando a sus hijos con sus ascendientes o parientes. Migran embarazadas con la esperanza de que sus hijos al nacer en suelo mexicano o estadounidense, y en virtud del ius soli, adquieran la nacionalidad o ciudadanía del país receptor. Migran acompañadas de sus hijos, sabiendo el riesgo que implica y conscientes de que pueden morir en el intento de llegar a Estados Unidos de América.
La migración de menores de edad no acompañados ha aumentado recientemente como consecuencia de la desintegración familiar. También se da el caso de menores que buscan escapar de situaciones de violencia intrafamiliar o abuso, por lo que deciden dejar su hogar y aún más, dejar su país de origen. Y después de todo lo anterior, se deben de enfrentar a cosas peores en México.
Ser migrante, ser pobre y ser mujer incrementa la posibilidad de sufrir violencia. La vulnerabilidad a la que son sometidas mujeres y niñas es producto de su doble condición, además de una cuestión de género es producto de la criminalización de los migrantes irregulares en el país; no sólo son mujeres y niñas, además son migrantes ilegales y son tratadas como delincuentes por las autoridades y por la población mexicana, cuando no debería de ser así.
Según un estudio reciente, en México un 46 por ciento de las mujeres migrantes habían sufrido algún tipo de violencia, y un 23 por ciento de ellas manifestaron que los principales perpetradores habían sido los oficiales de aduana; seguían los agentes de la policía federal con 10 por ciento; la policía judicial y municipal 10 por ciento; y finalmente, los miembros de las fuerzas armadas con 6 por ciento.3
La mujer migrante es víctima de violencia sexual con mayor frecuencia que los hombres, en una proporción de 100 a 1. Las sobrevivientes de la violencia por motivos de género pueden padecer lesiones de larga duración, embarazos no deseados, disfunción sexual, trastornos por estrés postraumático y enfermedades de transmisión sexual, inclusive el VIH/sida. Por su parte, las niñas migrantes son sujetas a trabajo infantil y comercio sexual.
A pesar de la falta de denuncias por parte de las mujeres migrantes y la carencia de información veraz y oportuna que indique qué proporción de mujeres que sufren alguna forma de violencia de género presentan denuncias formales ante las autoridades, qué proporción de casos denunciados oficialmente dan lugar a procesamientos y qué proporción de procesamientos acaban en condenas, es denigrante constatar hechos como los casos de Teresa García Tiú y Yolanda Anita de León Méndez, ambas gravemente golpeadas y la última mutilada durante el operativo realizado por agentes del INM, de la Policía Federal Preventiva y de la Agencia Federal de Investigaciones el día 9 de febrero de este año en el marco del programa "México Seguro". Debido a que su realización se da a altas horas de la noche, dichos agentes actuaron en absoluta y completa libertad violando sus derechos fundamentales y según testimonios, los mencionados agentes han llegado a desnudar a las mujeres y abusar sexualmente de ellas.
México, en ejercicio de su soberanía, ha suscrito diversos instrumentos internacionales sobre derechos humanos; entre ellos la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, Convención Internacional para la Protección de los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares, Convención para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, la Convención sobre Derechos del Niño, Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía, Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas y Protocolo contra el Tráfico Ilícito de Migrantes por Tierra, Mar y Aire, estos, son parte integrante de nuestro orden jurídico interno, por lo cual México se ha comprometido a tomar las medidas necesarias para asegurar el cumplimiento puntual de los derechos humanos en el territorio nacional. En una actitud y política congruente, hay que proporcionar a los migrantes ilegales en el país lo que exigimos para nuestros nacionales en el exterior, específicamente en los Estados Unidos de América.
En la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1 de febrero de 2007, se reconoce la violencia institucional como aquella serie de actos u omisiones realizados por agentes del Instituto Nacional de Migración, Policía Federal Preventiva y Agentes Federales de Investigación que dilatan, obstaculizan e impiden el goce y ejercicio de los derechos humanos de las mujeres migrantes además de que son ellos quienes realizan conductas de acoso sexual en el que hay un ejercicio abusivo del poder que conlleva a un estado de indefensión y de riesgo a las mujeres migrantes irregulares. Las mujeres migrantes son víctimas de violencia psicológica, física, sexual e institucional, además de misoginia. Con base en el artículo 19 de la ley en mención es obligación de los tres órdenes de gobierno (federal, local y municipal) a organizar el aparato gubernamental de manera tal que sean capaces de asegurar, en el ejercicio de sus funciones, el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia; y para ello deben de prevenir, atender, investigar, sancionar y reparar el daño que se les inflige.
La situación migratoria irregular de una persona no es requisito para que México respete sus derechos humanos; el país tiene esta obligación por efecto de su orden jurídico interno constituido, entre otros, por los instrumentos internacionales que ha suscrito en ejercicio de su soberanía.
Para garantizar el cumplimiento de los artículos 1, 4, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de los artículos 22, 23, 24, 25, 26, 42 y 49 de Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, es necesario instrumentar mecanismos, acciones y estrategias que permitan la plena vigencia de los derechos humanos de mujeres y niñas migrantes. En virtud de que los delitos contra la vida, integridad y seguridad de las mujeres y niñas migrantes irregulares perturban la paz social e impiden el ejercicio pleno de sus derechos humanos en la frontera sur del país, además de que la sociedad así lo reclama, y a fin de garantizar el ejercicio de derechos humanos de las mujeres y niñas migrantes que ingresan al país por la frontera sur, presento ante esta soberanía la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
De urgente u obvia resolución.
Primero. Se exhorta al Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Gobernación, a hacer la declaratoria de alerta de violencia de género contra las mujeres migrantes irregulares en la frontera sur de México, con el objetivo fundamental de garantizar la seguridad de las mismas, y el cese de la violencia psicológica, física, sexual e institucional a que son sujetas; todo ello debido a que se satisfacen los requisitos exigidos por el artículo 24 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
Segundo. Se solicita a las autoridades federales, con fundamento en el artículo 49 parte ifine de la ley en mención, que procedan a hacer las gestiones necesarias para propiciar que las autoridades locales de los estados de la frontera sur, reformen su legislación para considerar como agravantes los delitos contra la vida y la integridad corporal cometidos contra mujeres y niñas migrantes irregulares.
Tercero. En razón de que el mayor número de aseguramientos de mujeres y niñas migrantes irregulares se producen en el estado de Chiapas, se exhorta al Ejecutivo del estado de Chiapas a que integre el Sistema Estatal de Prevención, Erradicación y Sanción de la Violencia contra las mujeres, con base al artículo 49 fracción VI de la ley referida.
Notas:
1) Ver INM, Aumentó 74 por ciento el flujo migratorio
de 2002 a 2005, Boletín 047/2006, http://www.inami.gob.mx/paginas/boletinescs/2006/boletin047-06.htm
(fecha de consulta: 15 de enero de 2007).
2) Fondo de Población de las Naciones Unidas,
El estado de la población mundial 2006. Hacia la esperanza: las
mujeres y la migración internacional, véase http://www.unfpa.org/swp/2006/pdf/sp_sowp06.pdf
(fecha de consulta: 10 de marzo de 2007).
3) Sin Fronteras. 2005. Sin Fronteras: Violencia y
Mujeres Migrantes en México. México. véase: http://www.mujeresenred.net/article.php3?id_article=292
y http://www.cimacnoticias.com/noticias/05abr/ 05041407.html (fecha de
consulta: 12 de marzo de 2007).
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 29 de marzo de 2007.
Diputada Holly Matus Toledo (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE SOLICITA AL TITULAR DE LA SE QUE LIBERE LOS RECURSOS DEL FONDO NACIONAL
DE APOYO PARA LAS EMPRESAS DE SOLIDARIDAD HACIA PROYECTOS PRODUCTIVOS DE
LECHE EN EL ESTADO DE VERACRUZ, A CARGO DEL DIPUTADO PEDRO MONTALVO GÓMEZ,
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
El suscrito, diputado federal de la LX Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del PRI, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de este pleno el siguiente punto de acuerdo al tenor de las siguientes
Consideraciones
Como es de todos sabido, nuestro país lleva más de una década con serios problemas económicos, que se han reflejado en el cierre masivo de empresas, principalmente pequeñas y medianas, con el consecuente incremento del desempleo y el subempleo. Para mitigar su impacto, se han creado proyectos y fondos que buscan la recuperación productiva, principalmente en el nivel regional, mediante esquemas que han cambiado de nombre, pero que en esencia se dirigen a las empresas de solidaridad, con un formato de asociación entre productores locales, con apoyo técnico y financiero del estado.
A pesar de que México es uno de los más importantes productores de leche, a nivel mundial, con una participación del 2.4 por ciento de la producción global, la realidad es que las políticas desleales, el proteccionismo de los productores de leche en nuestros socios comerciales, aunado a la falta de compromiso con la reactivación de este sector, ha llevado a los productores de leche del país a una situación delicada, que amenaza su actividad, las fuentes de empleo y el ingreso de miles de familias y millones de consumidores.
Bajo una perspectiva social, se creo un fondo para proyectos productivos, administrado por el Fondo Nacional de Apoyo para las Empresas de Solidaridad, dependiente de la Secretaría de Economía. Sin embargo, de manera lamentable, en el estado de Veracruz, la operación de este fondo más que un estímulo se ha vuelto un obstáculo, toda vez que sistemáticamente niega los recursos y, por su causa, además de la actitud indolente de su representante estatal, tiene detenidos importantes proyectos que hacen mucha falta para los productores del lácteo en una entidad que tiene capacidad y calidad para su abasto y el del mercado nacional.
Veracruz, como productor de leche ocupa el quinto lugar a nivel nacional. El gobierno del estado instrumentó el Programa de Centros de Acopio de Leche y Transporte, con base en el Plan Estatal de Desarrollo, con el propósito de crear los cimientos de 23 cuencas lecheras. Para cumplir con el objetivo, el gobierno del estado invirtió en infraestructura para estimular a los productores de leche, que contaran con mejores posibilidades para su desarrollo y como objetivo final impactar positivamente en una mejor calidad de vida para los productores y sus familias. Dichos proyectos implican para el presente año una inversión de alrededor de 6.5 millones de pesos, sin considerar el capital del trabajo de los productores.
Se construyeron siete centros de acopio de leche en el 2006 con recursos de Veracruz y se encuentran en proceso cinco centros más. El esfuerzo de trabajo que se hace en Veracruz, se ve mermado por protagonismos desleales al estado y un desempeño deficiente de la representación de dicho fondo, que no lleva al terreno de los hechos el compromiso para que el estado se desarrolle en su actividad productiva.
En el año 2006 se acordó el apoyo con recursos para equipamiento de los centros de acopio de leche autorizados por el mismo Fonaes, desde el 13 de julio de 2006. Cumpliendo con los acuerdos, se entregaron impecablemente los cinco primeros proyectos; a pesar de ello, Fonaes, durante varios meses guardó silencio, hasta que a finales de 2006, solicitándole por diversos canales que respondiera favorablemente, en un primer resolutivo declaró improcedentes tales proyectos. Para resolver dudas y posibles observaciones se han tenido diversas reuniones entre el titular del fondo y las autoridades estatales, resultando en continuas excusas y en la remisión de los interesados al cumplimiento de observaciones que, con anterioridad, cumplieron con la debida solvencia.
Se tiene conocimiento, y es de llamar la atención, que en otras entidades, Fonaes, en el año 2006, autorizó 39 proyectos similares a las propuestas de Veracruz, exigiendo menos requisitos, lo que despierta toda suerte de sospechas respecto de la actuación de los servidores públicos adscritos a dicha institución.
Lo anterior vulnera el cumplimiento de la ley, sienta un precedente de probable favoritismo en la operación de una institución pública y genera un daño social y patrimonial a los productores lecheros de la entidad.
Por lo expuesto y fundado, someto a la consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados exhorta al licenciado Eduardo Sojo Garza-Aldape, titular de la Secretaría de Economía, para que intervenga, a efecto de que la representación del Fondo Nacional de Apoyo para las Empresas de Solidaridad en Veracruz se conduzca como una institución de verdadero apoyo a los productores de leche y que libere a la mayor brevedad los recursos para concretar sus proyectos, ya que de otra manera propiciaría un serio daño a la economía de la entidad y a las familias que dependen de esta importante actividad.
Palacio Legislativo, a 27 de marzo de 2007.
Diputado Pedro Montalvo Gómez (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA A LA ASF A REALIZAR UNA AUDITORÍA INTEGRAL A LA ADMINISTRACIÓN
DE LA CONALITEG CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2001-2006, A CARGO DEL DIPUTADO
RAMÓN VALDÉS CHÁVEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE CONVERGENCIA
El que suscribe, diputado Ramón Valdés Chávez, del Grupo Parlamentario de Convergencia, a la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
1. El pasado 28 de febrero de 2005, el diputado Luis Maldonado Venegas, de Convergencia, acudió a esta tribuna a dejar constancia de nuestra preocupación como representantes populares sobre un hecho concreto: la distribución de materiales educativos, donde se incluyó como objeto de estudio para niños y niñas de primaria, libros con la letra de corridos de narcotraficantes y que fueron enviados a todas las escuelas del sistema educativo nacional en quinto y sexto grado. A pesar de que este órgano emitió el acuerdo correspondiente, a la fecha no conocemos los resultados de esta denuncia.
2. La administración foxista ya antes había dado muestras de su desinterés por la calidad de los libros de texto que se envían a las escuelas; como prueba de ello cito que durante el ejercicio presupuestal del 2002 fue remitida al estado de Zacatecas una gran cantidad de libros escolares conteniendo material pornográfico y sin ningún cuidado; fue distribuido en la entidad. Pese a la gravedad del problema y de existir una denuncia ante la Procuraduría General del la República (PGR), el asunto no trascendió, ya que las autoridades decidieron cubrir estas anomalías cometidas por el director de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos, el señor Jorge Velasco y Félix.
3. A partir de ese mismo ejercicio fiscal de 2002 y todos los subsecuentes, la administración de Velasco y Félix empieza a presentar en su información financiera un creciente sobreejercicio presupuestal, al margen de la Ley de Contabilidad, Presupuesto y Gasto Público, que llegó alcanzar cifras alarmantes de alrededor de mil millones de pesos, llevando técnicamente a esa institución a una situación de quiebra técnica.
Anexo como referencia una copia del dictamen del auditor externo, donde se expresa la preocupación por ese mal ejercicio presupuestal. Es importante señalar que siempre se hizo manifiesto el apoyo gubernamental, ya que la Secretaría de Educación Publica destinó parte de sus economías anuales para cubrir parte de este déficit, que al final de la administración del presidente Fox alcanzó los doscientos cincuenta millones de pesos.
Considero que la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de esta soberanía tendría mucho que averiguar sobre cómo se va a pagar esa deuda que gravita contra el presupuesto del este ejercicio fiscal.
4. Es de sobra conocido el incidente del mal uso que se hizo de las instalaciones y recursos de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos para mandar imprimir y distribuir materiales supuestamente educativos a favor de la fundación privada Vamos México, situación que a pesar de provocar escándalo público no fue debidamente aclarada.
5. Otro suceso que violenta el estado de derecho y que debiera motivar una investigación por parte de la Procuraduría General de la República, es la destrucción de materiales educativos mal impresos en los talleres del organismo de Querétaro, por falta de control de calidad.
6. Es de dominio público que en la administración del presidente Fox se practicó sin ningún límite la asignación directa a contratos que se dieron a empresas con beneficio familiar, como es el caso de la empresa trasnacional R. R. Donnelley, donde casualmente trabajaba un hijo de Velasco y Félix, o el diseño del programa Nacional de Educación 2001-2006, donde sin ningún pudor firma como responsable la hija del mismo director, utilizando su nombre de casada con el propósito de ocultar el parentesco.
7. Ante esta representación se han recibido copias de diversas denuncias de ex trabajadores que reflejan el clima laboral de terror que fue implantado por el señor Velasco y Félix, quien despidió personal por el hecho de que le caían mal o bien porque no se cumplían sus caprichos, violando en la mayoría de los casos derechos laborales. Para formarnos un criterio, basta con mencionar que en su periodo tuvo cuatro subdirectores generales, cuatro contralores internos, tres coordinadores de administración, tres directores de recursos materiales, tres directores de finanzas, etcétera. Algunas de estas injusticias se tuvieron que pagar con liquidación o mediante pagos ordenados por el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, donde, por cierto, persisten numerosas demandas laborales, cuyo monto estimado es de sesenta millones de pesos; la pregunta es: "quién pagará estas demandas?
8. El estilo poco profesional de ejercer la autoridad generó al señor Velasco y Félix el repudio de mucho proveedores, incluso con uno de ellos se enfrascó en un pleito en los tribunales, cuyos casos hoy en la práctica se encuentran perdidos, lo que conllevará a que la comisión tenga que liquidar de su patrimonio montos cuantiosos.
9. para finalizar, no se puede omitir que en los últimos días de su administración se adquirieron más de 25 millones de kilogramos de papel a un solo proveedor, según se comenta, para afianzar la reserva para la producción de los libros para los meses siguientes. ¿Por qué la prisa para una compra tan voluminosa en el último minuto?
Por lo anterior, someto a esta soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero. Que la Auditoría Superior de la Federación realice una auditoría integral al ejercicio del señor Jorge Velasco y Félix al frente de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos en el periodo 2001-2006, informando por escrito el resultado de dicha investigación.
Segundo. Que tanto la Auditoría Superior de la Federación como la Secretaria de la Función Publica, una vez que hayan tomado conocimiento de este punto de acuerdo, informen por escrito la fecha en que se tendrá el resultado de esta investigación.
Palacio Legislativo de San Lázaro a marzo de 2007.
Diputado Ramón Valdés Chávez (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE SOLICITA A LA SECRETARÍA DE SALUD Y A LA PROFECO QUE RINDAN UN
INFORME SOBRE LOS PROGRAMAS Y LAS ACCIONES DESTINADOS A VERIFICAR LA CALIDAD
DEL AGUA EMBOTELLADA, A CARGO DEL DIPUTADO VÍCTOR MANUEL TORRES
HERRERA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
El que suscribe, Víctor Manuel Torres Herrera, diputado federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LX Legislatura, en ejercicio de la facultad que le otorga la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 56, 62 y 63 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite someter a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, con base en las siguientes
Consideraciones
El pasado 23 de marzo se celebró el Día Mundial del Agua, un año después de que nuestro país fue sede del IV Foro Mundial del Agua, el marco propicio para que durante cinco días representantes de más de 130 países analizaran la perspectiva del agua en el mundo, con el lema "Acciones locales para un reto global". De ese intercambio de experiencias surgieron entre los expertos y estudiosos del tema interrogantes sobre cuál debería ser el futuro del vital liquido: ¿asegurar su disponibilidad como un derecho fundamental de la humanidad, destinarlo como cualquier otro producto de consumo que reditúe grandes ganancias a los países que mantienen el control del mercado del agua, o bien, imponer una visión sustentable del agua que permita asegurar en el futuro la supervivencia de la humanidad?
Los resultados de estos profundos debates coincidieron en que lo mejor que puede pasar al mundo es que las naciones asuman un gesto de gran solidaridad hacia los países pobres que padecen hambruna a consecuencia de las recurrentes sequías ocasionadas por el cambio climático. Lo peor sería esperar con indiferencia a que el destino nos alcance o que el agua sea el móvil de nuevos conflictos en las regiones del mundo.
De los enfoques principales sobre el acceso del agua para consumo humano predominan el social y el comercial. En el primero se da preeminencia al individuo como un derecho social; en este esquema los gobernantes están obligados a proveer los servicios de agua potable y alcantarillado porque, además, están estrechamente relacionados con la salud pública de la comunidad.
Otros, los menos, sostienen que el agua es un bien económico, una mercancía, que debería ser provista de la manera más redituable posible, incluyendo esquemas de manejo del mercado y opciones como la privatización del manejo del agua, concepto que no se descarta será un tema de controversia entre países ricos y pobres.
Por lo anterior considero que, como representantes populares, debemos retomar las ideas centrales del foro para asegurar que nuestra nación y gobierno asuman sin titubeos y con estricto sentido social el respeto a los derechos fundamentales del hombre respecto al acceso al agua.
Desde nuestra perspectiva, el acceso al agua potable y el saneamiento deben ser considerados uno de los derechos humanos irrenunciables. Sin embargo, para garantizar que todas las personas tengan acceso a este derecho, es indispensable que la sociedad adquiera conciencia de las grandes dificultades que deben resolverse para que el líquido llegue a sus hogares en cantidad y calidad suficientes y posteriormente se le dé el tratamiento adecuado para ser devuelto en condiciones adecuadas para su rehúso.
De acuerdo con Naciones Unidas, el costo estimado por modernizar el suministro de agua y de servicios sanitarios para cubrir las necesidades humanas es de 20 mil millones de dólares al año. Actualmente, en el mundo se gastan sólo alrededor de 10 mil millones de dólares al año, lo que significa que se tiene un déficit de 50 por ciento para cubrir las necesidades mundiales.
De acuerdo con la UNESCO, la mitad de la población del mundo en desarrollo está expuesta a fuentes de contaminación de agua que incrementan los problemas de salud pública y en algunas regiones la incidencia de muertes.
En México, la situación no es menor: en la actualidad más de 20 millones de mexicanos no tienen acceso al agua potable y sólo 85 por ciento tiene servicio de alcantarillado. En virtud de que la calidad del agua para consumo humano tiene gran trascendencia en la salud pública, y representa un impacto en la economía doméstica por el alto costo que significa el consumo de agua embotellada, consideramos que es un asunto que debe ser analizado minuciosamente sobre todo cuando sabemos que la venta de este producto representa un negocio redondo que se ha extendido a lo largo y ancho del país.
El tema del agua para consumo humano en México y la situación que guarda la industria dedicada a la purificación y embotellamiento del agua son un asunto que debe ser investigado a profundidad, dadas sus repercusiones económicas y sociales. De este asunto se han ocupado en reiteradas ocasiones diversos medios de comunicación así como revistas especializadas en temas ambientales. En ellas se han publicado profundas investigaciones sobre la comercialización del agua embotellada por empresas nacionales y transnacionales, difundiendo además información acerca de resultados de análisis de laboratorio de agua embotellada donde presuntamente se demuestra la baja calidad del producto, con el riesgo que esto representa para la salud del consumidor.
De acuerdo con resultados de investigaciones, en los últimos años han aumentado en nuestro país las seudo purificadoras y clonadoras de agua que venden este producto al público sin cumplir ninguna norma de calidad, poniendo en serio peligro su salud.
La Comisión Federal de Protección contra Delitos Sanitarios de la Secretaria de Salud reportó en 2006 que de un total de 3 mil 850 plantas purificadoras de agua potable en el país, aproximadamente 40 por ciento presentan alguna anomalía en la elaboración del producto, sin contar en este número las purificadoras clandestinas.
La Asociación Nacional de Productores y Distribuidores de Agua Purificada estima que pueden ser de 5 a 8 mil establecimientos clandestinos, sin permisos de la Secretaría de Salud y sin cumplir las normas mínimas de higiene.
Éste es un indicador de que algo grave puede estar pasando y que no se está cumpliendo con la normatividad, por lo que se debería tomar como una primera advertencia, ya que según investigaciones extraoficiales, que las autoridades deben comprobar, es común que algunas empresas llenan los envases directamente con agua del grifo únicamente con el tratamiento de cloración, lo cual resulta insuficiente para consumo humano, e incluso se utilizan tapas con el sello o etiqueta de una marca registrada, que son adquiridas en el mercado negro.
Esto puede ser como una bomba de tiempo, ya que podría darse un brote de cólera o de hepatitis. Por si esto no fuera suficiente, y de acuerdo con fuentes oficiales, en México el consumidor paga en promedio 1 peso con 20 centavos por metro cúbico de agua potable, pero gasta mil pesos por metro cúbico de agua embotellada. Además, este tipo de envases tardan cientos de años en biodegradarse, y se recicla sólo 65 por ciento. El resto, 50 millones de unidades, termina en basureros, calles y alcantarillas, con el daño ambiental que esto produce.
Independientemente del daño ambiental y el riesgo latente a la salud pública, que son temas de gran trascendencia, por lo que respecta al precio de estos productos y su repercusión en la economía familiar nos preguntamos cómo es posible que en México cueste más un litro de agua embotellada que un litro de leche o gasolina, cuando conocemos que los costos de producción de estos dos últimos productos son mucho más altos.
Por lo anterior, consideramos necesario que las autoridades federales rindan un informe detallado con relación a los precios y protección al público consumidor de este producto, y las acciones emprendidas en la inspección de la calidad del agua embotellada, por lo que sometemos a esta soberanía el presente
Punto de Acuerdo
Primero. Que la Cámara de Diputados exhorte al secretario de Salud a rendir un informe detallado de los programas y acciones que esa institución ha implantado para verificar la calidad del agua embotellada, que comercializan empresas nacionales y extranjeras.
Segundo. En los mismos términos, se solicita al titular de la Procuraduría Federal del Consumidor que informe sobre precios y calidad del agua embotellada que se comercializa en el país y si ésta cumple las normas oficiales establecidas.
Tercero. Que la Cámara de Diputados exhorte al titular del Poder Ejecutivo a que, a través de las entidades correspondientes, regule y establezca un precio del agua embotellada de acuerdo con su impacto social.
Palacio Legislativo, a 29 de marzo de 2007.
Diputado Víctor Manuel Torres Herrera (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA A LA PGJ DEL ESTADO DE JALISCO QUE INFORME SOBRE LOS AVANCES
Y EL ESTADO ACTUAL DE LA AVERIGUACIÓN PREVIA NÚMERO 15058/2006,
A CARGO DE LA DIPUTADA ALLIET MARIANA BAUTISTA BRAVO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PRD
Los suscritos, diputados integrantes de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten ante esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de los siguientes
Consideraciones
El día 26 de noviembre de 2006, Néstor Alan Rodríguez Licea murió después de haber sido embestido por dos autos que circulaban a exceso de velocidad en el centro de Guadalajara, Jalisco, uno conducido por Cristian Arias de la Torre, hijo de Fernando Arias Pérez director de Comunicación Social de la Secretaría de Gobernación, y el otro por Francisco Javier Álvarez del Castillo Iñiguez, familiar del ex procurador federal y ex gobernador de Jalisco, Enrique Álvarez del Castillo.
Fernando Arias Pérez, padre de Cristian, ostentando sus influencias como funcionario público, abusando de su cargo de director de Comunicación Social del gobierno de Jalisco, impidió que se practicara la prueba de alcoholemia en el lugar de los hechos. Los jóvenes responsables del accidente, ilegalmente fueron trasladados a hospitales privados para su desintoxicación y posteriormente ser presentados ante el fiscal titular de la Agencia del Ministerio Público adscrita al Servicio Médico Forense (Semefo), hecho que garantizó resultados negativos en la prueba de alcoholemia aplicada ocho horas después, por lo que la autoridad les otorgó el beneficio de libertad bajo fianza.
El 6 de diciembre de 2006, la familia de Alan presentó una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco en contra de la licenciada Esperanza García Alvarado, en su carácter de agente del Ministerio Público adscrita a la Agencia 33-A del Semefo, quien presumiblemente retrasó las ordenes de alcoholemia a practicarse a los posibles responsables del homicidio del joven Néstor Alan Rodríguez Licea, sin embargo aún no reciben respuesta y temen que la queja no prospere.
Es lamentable ver a través de casos como este, que las propias autoridades encargadas de procurar y administrar justicia, son las mismas que promueven la impunidad borrando evidencias, alterando actas ministeriales, retrazando deliberadamente las ordenes de la agente del Ministerio Público y/o peritos la aplicación de las pruebas de alcoholemia e ignorando las contradicciones en las declaraciones de los responsables.
Este caso es prueba fehaciente de la violación a garantías individuales y procesales que viven quienes sin recursos económicos o relaciones influyentes son víctimas de la comisión de un delito y buscan justicia a través de las instancias competentes. La práctica constante de actos de influyentismo, explican de alguna manera la persistencia e incremento de la impunidad, en este caso lo imperdonable es que tiene que ver con la pérdida de la vida de un joven humilde cuyos padres no han visto en las autoridades una actitud pronta y objetiva. La impunidad la generan los que no denuncian y los que obstruyen el camino para la impartición de justicia.
Los diputados y diputadas de esta legislatura no podemos ser omisos y a través de nuestro silencio fomentar la impunidad, utilicemos esta soberanía para evitar que la muerte de Nestor Alan Rodríguez Licea permanezca impune, pedimos imparcialidad y objetividad en las investigaciones y que el proceso se apegue a derecho, para que prevalezca la justicia sobre el influyentismo.
Por lo antes expuesto sometemos ante esta Comisión Permanente el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero. La honorable Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Procuraduría General de Jalisco del gobierno de Jalisco para que informe a esta soberanía los avances y el estado actual de la averiguación previa número 15058/2006.
Segundo. La honorable Cámara de Diputados exhorta al procurador general de Jalisco para que se conduzca con objetividad e imparcialidad en la integración de la averiguación previa y consigne el expediente al órgano judicial competente.
Diputados: Sonia Ibarra Franquez, Alliet Bautista
Bravo (rúbrica).
CON PUNTO DE ACUERDO, RELATIVO
A LA SUSPENSIÓN DE UN PROGRAMA RADIOFÓNICO EN EL ESTADO DE
AGUASCALIENTES, SUSCRITA POR DIPUTADOS DE DIVERSOS GRUPOS PARLAMENTARIOS
Los suscritos, integrantes de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
La libertad de expresión es una necesidad existencial del ser humano y, por consiguiente, es un derecho avalado por la Constitución en las naciones que pretenden avanzar en su democratización. Más allá de la ley, la libertad de expresión es la mejor prueba de la salud, el desarrollo intelectual y el vigor de la sociedad. Constituye una función garante de la gobernabilidad y ofrece la única posibilidad de obtener el clima necesario para que se ventilen los asuntos públicos democráticamente. Lamentablemente, el autoritarismo y la censura, desde las más diversas esferas, continúan tratando de ahogar el derecho constitucional a la libertad de expresión.
Cuanto más difícil y controvertido es el desempeño del gobierno, menor es el grado de la libertad de expresión. Formalmente, en México todo es perfecto: hay democracia, hay libertad de prensa e información objetiva; pero en realidad los resultados son otros. Existe latente y presente una crítica muy severa a los medios de comunicación y frecuentes limitaciones a su desempeño.
El periodismo no sólo enfrenta los condenables atentados de la delincuencia organizada, como los ha sufrido en el pasado reciente en nuestro país. Además de ello, sufre la persecución de quienes protestaron, colocando la mano frente a la Constitución, la defensa irrestricta de los derechos fundamentales, entre ellos, los de la libertad de expresión y el derecho a la información, que son las válvulas de seguridad de una democracia que pertenezca realmente a los ciudadanos.
La crítica podrá ser incómoda, pero creemos en el dogma de Voltaire que dice: "podré estar en desacuerdo con tu verdad, pero daría mi vida para defender tu derecho a expresarla".
Por ello condenamos la actuación del señor Luis Armando Reynoso Femat, gobernador del estado de Aguascalientes, en virtud de que fue cancelado el programa radiofónico Comentando la Noticia, que se caracterizaba por su espíritu crítico y objetivo, como corresponde al periodismo profesional.
Dicho programa era un referente obligado para la opinión pública, ya que tanto la libertad de sus comunicadores como la apertura a la población para externar sus opiniones sin censura lo convirtieron en un auténtico foro de expresión ciudadana. Muchas voces participó en este programa gente de talla nacional, como Miguel Ángel Granados Chapa, Carlos Ramírez, Rafael Loret de Mola, Arely Quintero o Isabel Arvide, quien escribió acerca de las adicciones del gobernador. Varios de ellos fueron descalificados por el gobierno estatal.
Las emisiones de este programa se cancelaron tras haber comentado la nota publicada en un periódico de la Ciudad de México intitulada "Aguascalientes, narco, futbol y familia". El mismo día se notificó al conductor Rodolfo Franco su salida definitiva del aire.
Con ello culminaba una larga persecución, presiones y amenazas contra el programa y sus responsables, que llevaron incluso a diversas denuncias ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos.
Ésta es una actitud inadmisible, contraria al estado de derecho, y constituye graves violaciones de las garantías constitucionales, tanto locales como federales; ocurre además tras dos hechos importantes en la vida pública: por un lado, la despenalización de la difamación y la calumnia, que eran dos reminiscencias de una actitud estatal inquisitorial; y, por otro lado, la presencia en esta Cámara del secretario de Gobernación quien, en nombre del presidente, del gobierno y del suyo, se comprometió con la garantía plena de la libertad de expresión. El gusto por esta declaración fue nublado apenas unos días después por la actitud retrograda, autoritaria y caciquil del gobernador de Aguascalientes.
Para los legisladores, la libertad es un principio indeclinable y condición esencial de la democracia. En el plano individual, la convivencia se nutre de libertades: de pensamiento, de expresión y de prensa; de creencia y de culto; y de reunión y de asociación, que representan por sí mismas valores fundamentales y derechos humanos.
Reconocemos la importancia de los medios masivos de comunicación, escritos, visuales y electrónicos, tanto públicos como privados, necesarios para fomentar una cultura política democrática, asumiendo el sentido social de su función.
Los suscritos no aceptamos, por ningún concepto, que se limite o restrinja alguna de las expresiones de la libertad.
Por lo expuesto, sometemos a su alta consideración, con carácter de urgente y obvia resolución, los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión condena enérgicamente la persecución realizada por el gobernador del estado de Aguascalientes en contra del programa radiofónico Comentando la Noticia, orillando a su cancelación, por constituir violaciones graves de los derechos constitucionales de libertad de expresión y de información, solicitando garantías para la integridad de los periodistas y productores del mismo, así como el restablecimiento de las bases mínimas de expresión democrática en dicha entidad.
Segundo. Solicita que este asunto se turne a la Comisión Especial de seguimiento a las agresiones a periodistas y medios de comunicación, a efecto de que se allegue de la información necesaria para conocer con exactitud la situación que priva en Aguascalientes contra el ejercicio periodístico.
Tercero. Se exhorta a que el informe derivado de dicha investigación se haga del conocimiento del Pleno de esta Cámara.
Palacio Legislativo, a 29 de marzo de 2007.
Diputada Lorena Martínez Rodríguez (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA A LA SEGOB A SOLICITAR AL GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ ANUENCIA
U OPINIÓN SOBRE LOS PERMISOS PARA CELEBRAR CARRERAS DE CABALLOS,
PELEAS DE GALLOS O ALGÚN OTRO JUEGO O SORTEO EN DICHA ENTIDAD, A
CARGO DEL DIPUTADO JOSÉ MANUEL DEL RÍO VIRGEN, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DE CONVERGENCIA
El suscrito, diputado José Manuel del Río Virgen, del Grupo Parlamentario de Convergencia a la LX Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta el siguiente punto de acuerdo, para que la Cámara de Diputados exhorte a la Secretaría de Gobernación a fin de que ésta solicite al gobierno de Veracruz anuencia u opinión sobre los permisos para la celebración de carreras de caballos, peleas de gallos o algún otro juego o sorteo en territorio veracruzano.
Antecedentes
Las competencias, los juegos y las apuestas existen casi desde el inicio de la humanidad, y probablemente existan para siempre. La naturaleza humana hace que las personas quieran apostar tomando riesgos y esperando tener ganancias.
Las apuestas tomaron diversas formas a lo largo de la historia. Primero se apostaba para ver quién ganaría una batalla o quién se alzaría con el poder; luego vinieron formas primitivas de apostar, como los dados, las cartas, la ruleta, y después formas más modernas como apostar en los deportes.
La inercia de las apuestas provocó desde entonces y hasta la actualidad una desmedida ambición por ganar. Era necesario comenzar a regular y controlar este tipo de juegos para evitar que surgieran problemas cuando una de las partes quisiera inclinar los resultados a su favor, mediante actos externos, desleales o ilegales a la competencia.
De esa forma surgió la figura de un vigilante de los juegos, que determinaba la legalidad de las competencias y, por ende, de los resultados.
En la actualidad, el Estado es el garante de la legalidad de los juegos y las competencias. En México no están permitidas las apuestas en casinos, pero existe la posibilidad de apostar en carreras de caballos y en peleas de gallos, específicamente, en los palenques.
Considerando
1. La modernización y la actualización del marco jurídico vigente es una responsabilidad irrestricta de los legisladores federales, y se acentúa cuando surge la necesidad de apoyar a las entidades de la federación.
2. Específicamente, el gobierno de Veracruz, de donde soy originario, tiene enorme preocupación por supervisar el desarrollo de estas competencias o juegos con cruce de apuestas, toda vez que en el territorio estatal se celebran múltiples fiestas patronales que no son vigiladas ni controladas. De ahí surge la necesidad de que las autoridades locales realicen las labores establecidas en la Ley Federal de Juegos y Sorteos.
3. El objetivo esencial es que las autoridades locales coadyuven en la autorización, la supervisión, la vigilancia, el control y el desarrollo de los eventos que incluyen carreras de caballos, peleas de gallos, y otras con cruce de apuestas.
4. El artículo 10 de la Ley Federal de Juegos y Sorteos establece que "todas las autoridades federales, las locales y la fuerza pública cooperarán con la Secretaría de Gobernación para hacer cumplir las determinaciones que ésta dicte de acuerdo con esta ley".
5. Con la autorización de la Secretaría de Gobernación, las autoridades estatales y las municipales deben supervisar y vigilar con mayor atingencia este tipo de competencias y juegos con apuestas, mediante la creación de un servidor público denominado "inspector".
6. Se pide que las autoridades federales se apoyen en las locales para verificar que los organizadores y responsables de estos eventos cuenten con el permiso correspondiente, así como el cumplimiento de las obligaciones fiscales, federales, estatales y municipales.
7. Asimismo, se pide que las autoridades locales procedan a la suspensión del evento en el caso de detectar alguna irregularidad o violación de la legislación en la materia, dando parte inmediatamente a las autoridades federales correspondientes.
Por lo expuesto, y con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 58 y 179 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, solicito a la Presidencia de la Mesa Directiva que someta a consideración de este Pleno, de urgente y obvia resolución, el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Gobernación para que en todos los casos en que sean solicitados permisos para la celebración en territorio del estado de Veracruz de carreras de caballos, pelas de gallos o algún otro juego o sorteo considerado en la ley federal en la materia se solicite anuencia u opinión a la Secretaría de Gobierno del estado de Veracruz.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro.- México, Distrito Federal, a 29 de marzo de 2007.
Diputado José Manuel del Río Virgen (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE
QUE EL EJECUTIVO FEDERAL IMPLANTE UN PROGRAMA DE APOYOS E INCENTIVOS RESPECTO
A LOS ADEUDOS DE LA POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE POBREZA PARA
LA REGULARIZACIÓN DE TERRENOS, A CARGO DEL DIPUTADO JOSÉ
INÉS PALAFOX NÚÑEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
El suscrito, diputado federal de la Sexagésima Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presento ante el Pleno de esta honorable Cámara de Diputados, proposición con punto de acuerdo, conforme a los siguientes:
Antecedentes
Ante la situación económica precaria actual que viven miles de mexicanos en proceso de regularizar su patrimonio, entre ellos los del estado de Sonora, específicamente en la ciudad de San Luis Río Colorado, Sonora, donde la Comisión de Regularización de la Tenencia de la Tierra, cuenta con un padrón de contribuyentes que actualmente tienen un muy alto rezago en el pago de dicha regularización patrimonial por los altos costos de recargos de las cuentas de sus terrenos. Derivado de lo anterior, dichos ciudadanos se sienten obligados de cubrir en primer lugar sus necesidades básicas tales como alimento y vestido, dejando por un lado en muchos de los casos la educación de sus hijos así como la atención médica, provocando con ello su desatención por cubrir los altos costos que por concepto de su regularización tienen.
Aunado a esto, es importante decir que también se suma el constante hostigamiento de los abogados pertenecientes a la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra, que de una manera incidente acuden ante las personas bajo amenazas de perder su patrimonio en caso de que no liquiden los adeudos que tienen.
En virtud de que la Secretaría de Desarrollo Social a través de la Comisión de Regularización de la Tenencia de la Tierra, tiene entre otros, el objetivo de lograr la superación de la pobreza mediante el desarrollo humano integral incluyente y corresponsable para alcanzar niveles suficientes de bienestar con equidad, mediante las políticas y acciones de ordenamiento territorial, desarrollo urbano y vivienda, así como la regularización de la tenencia de la tierra en donde existan asentamientos humanos irregulares ubicados en predios de origen ejidal, comunal y de propiedad federal y el de promover la adquisición y enajenación de suelo y reserva territorial para el desarrollo urbano y vivienda, para que de esta manera la población obtenga la seguridad jurídica sobre sus predios.
No hay que olvidar que los ayuntamientos, dentro de sus jurisdicciones, están obligados a intervenir en la regularización de la tenencia de los predios urbanos, tal y como lo contempla nuestra Carta Magna en su artículo 115, por tal motivo en sus leyes de ingresos someten a consideración de las Legislaturas locales correspondientes, la reducción de los recargos en el impuesto predial, para de esta manera apoyar la economía familiar en el transcurso de ese año fiscal, teniendo como consecuencia en un aumento considerable en la recaudación que son tan necesarias en los ayuntamientos de México.
Es evidente que lo señalado anteriormente, es de vital importancia para la regularización de terrenos, y de esta manera se obtiene una seguridad jurídica y legal para la obtención del patrimonio familiar.
Consideraciones
Atendiendo los antecedente del presente documento, es el momento de apoyar a las personas que más lo necesitan para obtener de manera real su patrimonio familiar, y evitar de esta manera que sigan viviendo en la incertidumbre jurídica y al mismo tiempo se buscará limpiar de manera definitiva la cartera vencida que actualmente tiene la Comisión.
Adicionalmente, se evitará caer por parte del personal de la Comisión, en actitudes de cobro coactivo que lo único que provocan es la molestia de los deudores, que lo único que se provoca con esto es la interposición de denuncias ciudadanas.
En la actualidad son los ayuntamientos los que nos están dando el ejemplo, ya que son los que ofrecen a sus contribuyentes descuentos por recargos tanto en impuesto predial como en los recargos por adquisición de lotes urbanos.
Punto de Acuerdo
Único. Que la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorte respetuosamente al Ejecutivo federal para que, a través de sus dependencias y entidades correspondientes, evalúe la posibilidad e implemente un programa de apoyos e incentivos para los adeudos de la población en situación de pobreza para la regularización de terrenos, y de esta manera puedan hacer frente a los costos por dicha regularización de los predios o lotes que habitan.
Palacio Legislativo de San Lázaro. México, DF, a 29 de marzo de 2007.
Diputado José Inés Palafox Núñez
(rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE
QUE LA SAGARPA INFORME SOBRE EL PROGRAMA DE SUBSIDIOS ASERCA PARA LA PRÓXIMA
COSECHA EN SINALOA, A CARGO DEL DIPUTADO JUAN GUERRA OCHOA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PRD
Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los que suscriben, diputados federales Francisco Javier Calzada Vázquez y Juan Guerra Ochoa, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentan ante esta soberanía proposición con punto de acuerdo, con base en las siguientes
Consideraciones
En días recientes, a través de los medios de comunicación tuvimos conocimiento de que Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria (Aserca) instrumentará un programa de apoyo a la comercialización para la cosecha del maíz sinaloense por la cantidad de tres mil ochenta millones de pesos. Al respecto hago las siguientes consideraciones:
El volumen de la cosecha sinaloense se estima en 4.5 millones de toneladas, de manera que si dividimos el monto de recursos citado, se obtiene un subsidio por el orden de 670 pesos por tonelada.
En los comunicados de prensa no queda claro cuál es el objetivo de ese subsidio, si se busca que con esa transferencia de recursos baje el precio de la tortilla a 6.50 pesos, o si sólo se va a regalar dinero a los grandes grupos comercializadores, incluidos Maseca, Minsa y Cargill, sin que el precio de la tortilla disminuya en lo absoluto.
También se anunció un precio de 2 mil 500 pesos por tonelada, de manera que si se le agrega a esta cantidad los 300 pesos del flete para ponerlos en la ciudad de México, más los 80 pesos estimados para los servicios, se puede garantizar que el maíz sinaloense puesto en el Distrito Federal tendría un costo base por el orden de los 2 mil 880 pesos.
Si a esta cantidad se le descuenta el subsidio de Aserca, entonces, el precio para los compradores o comercializadores será de 2 mil 210 pesos, es decir, alrededor de un 27 por ciento menos del precio que se estimó para justificar el incremento del precio de la tortilla. Al respecto me pregunto si en el mismo porcentaje va a disminuir el precio de la tortilla o en que proporción.
Adicionalmente, debe considerarse que el precio de futuro del maíz amarillo en la bolsa de Chicago anda alrededor de los 160 dólares, y que ponerlo en el puerto de Nueva Orleáns cuesta 14 dólares por tonelada, más 19 dólares para el transporte marítimo de dicho puerto a Veracruz, más 3 dólares por gastos de internación y 15 dólares de flete del trayecto Veracruz-Distrito Federal, esto nos daría un total de 211 dólares la tonelada de maíz amarillo puesto en el Distrito Federal. Si nos referimos al maíz blanco del tipo que se produce en Sinaloa habría que agregar 65 dólares más, que es el diferencial del precio de tonelada entre maíz amarillo y blanco. O sea que importar maíz blanco y ponerlo en el DF cuesta 276 dólares.
Comparando estas cifras nos damos cuenta que para los grandes comercializadores del maíz tortillero, aún sin el subsidio, es más atractivo comprarlo en Sinaloa que importarlo de Estados Unidos.
Por lo anterior, la pregunta inicial sigue siendo pertinente, ¿cuál es el propósito del subsidio? Se trata de engrosarle las bolsas a los comercializadores del maíz blanco o estamos disfrazando un subsidio para los productores pecuarios, o realmente hay un compromiso para bajar el precio de la tortilla.
Por otra parte, cuando el titular del Poder Ejecutivo signó el pacto de la tortilla se comprometió a crear una reserva estratégica; mi última pregunta se refiere a que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación ha tomado las medidas para crear la reserva estratégica con los grandes comercializadores o con los productores o si este compromiso público ya ha sido cancelado, como otros tantos compromisos con el pueblo mexicano; por lo antes expuesto, respetuosamente vengo a proponer el siguiente
Punto de Acuerdo
Artículo Único. Que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación informe y transparente sobre el objetivo, los procedimientos y los destinatarios relativos al programa de subsidios de Aserca para la próxima cosecha de maíz de Sinaloa, así como los efectos pretendidos para bajar el precio de la tortilla; y cuál es la situación de la constitución de la reserva estratégica de este grano básico.
(Rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE
QUE EL EJECUTIVO FEDERAL IMPLANTE UN PROGRAMA DE APOYOS DE SEGURIDAD SOCIAL
PARA LOS PESCADORES DE ALTA MAR, A CARGO DEL DIPUTADO JOSÉ INÉS
PALAFOX NÚÑEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
El suscrito, diputado federal de la Sexagésima Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presento ante el Pleno de esta honorable Cámara de Diputados, proposición con punto de acuerdo, conforme a los siguientes
Antecedentes
Ante la impotencia e incapacidad económica que viven miles de pescadores mexicanos dedicados a actividades de pesca de altamar, en relación al servicio médico con que cuentan, en virtud que desde hace mucho tiempo han sido afectados por los armadores y propietarios de las embarcaciones dedicadas a la actividad pesquera de altura, tal es el caso de los pescadores de Puerto Peñasco, Sonora, y diversos puntos pesqueros del estado de Sonora. El motivo principal de la presente propuesta para punto de acuerdo, consiste en que previo al inicio de la temporada de pesca camaronera que en la mayoría de los casos es desde 30 días anteriores al inicio de la temporada camaronera, los armadores contratan a la tripulación que saldrá a la pesca del producto, trabajos consistentes en el mantenimiento, compostura, pintura y arreglo de los equipos propios para pesca, negándoles desde ese momento cualquier servicio médico al que tenemos derecho todos los mexicanos, además que una vez que salen en busca del producto, y sin autorización del pescador, les cancelan el referido servicio médico, que en este caso es el Seguro Social, quedando desprotegido tanto el pescador como los integrantes de su familia la mayor parte del tiempo que se encuentran en altamar, esto en virtud de que desconocen el que sus patrones los hayan dado de baja en el servicio médico.
No hay que olvidar que todos los mexicanos, cuentan con el derecho a la protección de la salud, tal y como lo establece nuestra Carta Magna en su artículo 4º, fracción tercera, por tal motivo es importante que cuenten de manera total con el referido servicio médico.
Considerciones
Una vez que se analiza el antecedente del presente documento, es momento que decidamos otorgar todo nuestro apoyo a los pescadores de altamar de nuestro país, que se encuentran en estado de indefensión ante las decisiones que toman algunos armadores de nuestro país, y de esta manera los pescadores y sus familias obtengan una seguridad social del servicio médico así como el de cotizar en sus cuentas para poder acceder a los apoyos otorgados por las diferentes dependencias como lo es el Infonavit.
Por otro lado, también se obtendrán mejores condiciones de vida para el pescador y sus familias, ya que también podrán contar con mejores ingresos en caso de incapacidad o jubilación por parte de los pescadores.
Es importante reconocer que existen muchos armadores que protegen de manera correcta a sus trabajadores, pero lo lamentable es que la gran mayoría de ellos se encuentran en actitudes que lo único que acarrea es el afectar directamente a los pescadores.
Punto de Acuerdo
Único. Que la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorte respetuosamente al Ejecutivo federal para que, a través de sus dependencias y entidades correspondientes, se implemente un programa para detectar aquellos casos en los que se les niega de cualquier manera el servicio médico total durante el tiempo que se encuentren en sus labores a los pescadores de nuestro país, asimismo, se implemente un programa para obligar a aquellos patrones a que proporcionen a los empleados de sus embarcaciones pesqueras, un servicio médico ininterrumpido desde el momento en que inician sus labores dentro de dicha embarcación y hasta el momento en que dejen de laborar para ellos.
Palacio Legislativo de San Lázaro. México, DF, a 29 de marzo de 2007.
Diputado José Inés Palafox Núñez
(rúbrica)