El suscrito, Humberto López Lena Cruz, diputado integrante del Grupo Parlamentario de Convergencia, secretario de la Comisión Especial de seguimiento a las agresiones a periodistas y medios de comunicación, de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, comisión a la cual representa en esta proposición, y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicita al Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados que formule un exhorto al Ejecutivo federal a efecto de que apruebe y publique el decreto que deroga diversas disposiciones del Código Penal Federal y adiciona diversas disposiciones al Código Civil Federal, relativas a la despenalización de los delitos de difamación y calumnias, con base en las siguientes
Consideraciones
Comparezco ante esta tribuna para realizar un posicionamiento personal respecto a la reciente aprobación, por el Senado de la República, de la reforma en que se derogan los artículos 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362 y 363 del Código Penal Federal; y se adicionan los párrafos sexto, con cuatro fracciones, séptimo y octavo al artículo 1916 y el párrafo tercero al artículo 1916 Bis del Código Civil Federal; todos, relativos a la despenalización de los delitos de injurias, difamación, calumnias y el seguimiento respectivo a tales conductas mediante la reparación de daño por la vía civil.
Debo agradecer en primer lugar el hecho de que haya atendido la excitativa que el de la voz envió a la colegisladora para que se pronunciara a favor de dicho proyecto, pues con eso se garantiza un avance importante en materia de la libertad de expresión,
La aprobación del proyecto permite que la legislación nacional retome las exigencias internacionales en la búsqueda del respeto de ese derecho humano.
Quiero ser enfático en el siguiente sentido: despenalizar los delitos de injurias, difamación y calumnias no es un cheque en blanco para quienes ejercen la libertad de expresión o, en su caso, la libertad de prensa y mucho menos significa impunidad para injuriar, difamar o calumniar; simplemente, se respeta el principio general del derecho que reza: "El interés general está por encima del interés particular", y en ese sentido una generalidad de la población tiene el derecho a expresar sus ideas y a enterarse de lo que la prensa publique, lo que también es llamado "derecho a la información".
El hecho de que sea la vía civil la idónea para dar seguimiento a los excesos en la libertad de expresión es precisamente garantizar que en el abuso de la libertad de expresión que atente contra la honra, la moral, la reputación o cualquier otro bien jurídico tengan una sanción pecuniaria.
Lo anterior, con la finalidad de resarcir la pérdida o el perjuicio que se haya ocasionado a una persona mediante la reparación del daño, eliminando así las penas privativas de la libertad, que atentan contra la libre manifestación de ideas y de cierta forma establecen la censura previa.
Por eso me congratulo porque los colegas de la Cámara de Senadores hayan tomando en consideración tan importantes razonamientos; eso demuestra que tenemos capacidad para construir mediante el diálogo, cuando se tienen ganas de hacer las cosas abandonando los intereses personales o de partido, siendo así la forma como debemos trabajar.
Si continuamos laborando de la misma forma, podremos mostrar al pueblo de México que somos dignos representantes de su confianza.
Me permito realizar en forma respetuosa un exhorto al presidente de la república, Felipe Calderón, para que actúe conforme a la facultad prevista en la fracción I del artículo 89 constitucional, completando el proceso legislativo y, con la mayor brevedad, sancione, promulgue y publique la reforma en mención y con ello se inicie la vigencia de ésta.
Se tiene que mencionar que la aprobación por el Senado no obliga a los estados a modificar sus legislaciones locales porque el ámbito territorial de aplicación de las leyes es distinto; es decir, en el ejercicio de las facultades legislativas de los congresos locales de las entidades federativas, cada estado tiene su propio código penal que establece un catálogo de delitos.
En la actualidad sólo han sido despenalizados los delitos de injurias, calumnias y difamación, en Durango, Morelos, Baja California y el Distrito Federal, pero en los demás estados siguen tipificados estos delitos, con el riesgo de que las autoridades sigan abusando para acallar a quienes consideran enemigos, por pensar diferente de los gobernantes en turno.
Por eso es importante que los criterios asentados en la reforma mencionada no se queden sólo en el ámbito federal y tampoco dejarlos al libre albedrío de las cámaras locales, sino que tenemos que dar un paso más en materia de la libertad de expresión, estableciendo en la ley suprema las bases que garanticen la observancia de este derecho fundamental.
Con ello evitaremos que la ley sea un medio represivo, transformándola en el conducto para garantizar efectivamente el respeto de las libertades.
Compañeros legisladores, hemos protestado cumplir y hacer cumplir el marco jurídico mexicano, y sólo con reformas como la analizada podremos honrar nuestra protesta.
Por lo expuesto, me permito someter a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero. La Mesa Directiva de la Cámara de Diputados gira atento oficio al Ejecutivo federal a efecto de exhortarlo a la aprobación y publicación del decreto que deroga diversas disposiciones del Código Penal Federal y adiciona diversas disposiciones al Código Civil Federal, relativas a la despenalización de los delitos de difamación y calumnias, en atención a la solicitud de punto de acuerdo presentado por el diputado Humberto López Lena, integrante de la Comisión Especial de seguimiento a las agresiones a periodistas y medios de comunicación, de la cual funge como secretario.
Segundo. En caso de publicarse por parte del Ejecutivo federal el mencionado decreto, se exhorte también a los congresos locales a adecuar sus marcos jurídicos a efecto de despenalizar los delitos de injuria, difamación y calumnia y, al mismo tiempo, establezcan la vía civil para que a los particulares afectados se les permita defender su honra y reputación cuando consideren que son afectados por el abuso de la libertad de expresión, en los términos en como fue aprobado por el Senado de la Republica.
Diputado Humberto López Lena Cruz (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA A LA SE Y A LA PROFECO A SOLICITAR A LAS EMPRESAS E INSTITUCIONES
PRENDARIAS QUE SE AJUSTEN A LA NORMA OFICIAL MEXICANA PROY-NOM-179-SCFI-2006,
A CARGO DEL DIPUTADO CARLOS EDUARDO FELTON GONZÁLEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PAN
El suscrito, diputado federal Carlos Eduardo Felton González, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, vengo a esta soberanía a presentar proposición con Punto de Acuerdo de conformidad con la siguiente
Exposición de Motivos
La práctica del préstamo prendario tuvo sus inicios en nuestro país en el año de 1775, con la creación del Nacional Monte de Piedad, que se constituyó como la primera institución en servir a quienes requerían dinero a cambio de dejar algún bien en garantía de pago.
La finalidad de esta institución consistía en proporcionar ayuda permanente a las personas que tenían necesidades económicas. Evidentemente, en esta primera casa de empeño no se cobraban intereses, por el contrario, en aquéllos casos en los que los pignorantes quisieran donar alguna cantidad, los recursos obtenidos servían para proporcionar ayuda tanto a personas con desventaja social, como para la celebración de las misas de los difuntos, principalmente.
Fue de esta manera que la utilización del empeño fue convirtiéndose en una práctica más frecuente. Así surgieron otras casas de préstamos, como el Montepío Luz Saviñón, creado en 1902. Estas tenían los mismos objetivos y hasta la fecha son consideradas instituciones de asistencia privada (IAP).
Sin embargo, en los últimos años comenzaron a proliferar las casas de empeño, ahora manejadas por particulares, como Prendamex y Prenda Fácil, entre las más conocidas. Los propósitos originales cambiaron a fines completamente lucrativos.
Tanto las IAP como las empresas particulares cobran intereses a los pignorantes, pero la diferencia radica en que las primeras los destinan a la beneficencia, mientras que las segundas buscan dividendos para los socios o el propietario, según el caso.
Existe una preocupación: estas casas de empeño se caracterizan por cobrar altas tasas de interés, y por no estar reguladas de manera efectiva por las autoridades gubernamentales en los tres órdenes de gobierno.
Comúnmente prestan entre 35.0 y 40.0 por ciento del monto de avalúo, el cual, por supuesto, practican ellos mismos. Esta es la primera parte del atractivo del negocio. La otra parte consiste en el cobro exagerado de intereses, los cuales llegan a ser cuando menos del 60.0 por ciento anual, pero se han apreciado hasta 180.0 por ciento anual.
A lo anterior se agrega la problemática de que muchas de esas casas de empeño son fantasmas, porque se mueven de un lado a otro sin problema. No sabemos quién las maneja y cómo obtienen facilidades para operar a lo largo del territorio nacional.
En distintas ocasiones se realizaron intentos por regular estas casas de empeño a través de las leyes del sistema financiero nacional, pero los esfuerzos resultaron inútiles, ya que la propia Comisión Nacional para la Protección de los Usuarios de los Servicios Financieros determinó que las casas de empeño son instituciones de asistencia privada, asociaciones civiles y sociedades mercantiles que prestan dinero tomando como garantía diversas prendas, por lo que su giro es mercantil y no financiero.
De esta manera, la regulación que se requiere se limita a lo que pueda supervisar la Secretaría de Economía, a través de la Procuraduría Federal del Consumidor.
Por tal situación, la Secretaría de Economía, por conducto de la Dirección General de Normas, con fundamento en los artículos 34, fracciones XIII y XXXI, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 39, fracción V, 40, fracciones XII y XV, 47, fracción I, de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización; 33 de su reglamento; y 19, fracciones I y XV, del Reglamento Interior de la Secretaría de Economía, expidió el 2 de febrero de 2007 el Proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-179-SCFI-2006, Servicios de Mutuo con Interés y Garantía Prendaria.
Una vez expedido el mencionado Proyecto de Norma Oficial Mexicana, los interesados tienen 60 días naturales para realizar sus comentarios ante el Comité Consultivo Nacional de Normalización de Seguridad al Usuario, para que en los términos de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, se consideren en el seno del comité que lo propuso.
Una vez transcurrido dicho periodo, todas las empresas e instituciones que realizan las funciones de casas de empeño tendrán que adherirse a Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-179-SCFI-2006, Servicios de Mutuo con Interés y Garantía Prendaria.
En virtud de lo anterior, me permito poner a consideración de esta honorable asamblea, el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero. Se exhorta a la Secretaría de Economía y a la Procuraduría Federal del Consumidor para que soliciten a todas las empresas e instituciones que realizan la actividad de casas de empeño, que se adhieran a la Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-179-SCFI-2006, Servicios de Mutuo con Interés y Garantía Prendaria, una vez que esta sea publicada en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. Se exhorta a la Secretaría de Economía ya la Procuraduría Federal del Consumidor para que den seguimiento a que las empresas e instituciones que realizan la actividad de casas de empeño se adhieran a la Norma Oficial Mexicana (NOM) PROY-NOM-179-SCFI-2006, Servicios de Mutuo con Interés y Garantía Prendaria, y, en su caso, aplique sanciones para aquellas que no se rijan por tal norma.
Diputado Carlos Eduardo Felton González (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE SOLICITA AL TITULAR DEL IFE QUE INFORME DEL CUMPLIMIENTO QUE ESA INSTITUCIÓN
ESTÉ DANDO A LA REDUCCIÓN DEL GASTO ORDENADO EN EL DECRETO
DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL
DE 2007, SUSCRITA POR DIPUTADOS DE DIVERSOS GRUPOS PARLAMENTARIOS
Los suscritos, diputados federales a la LX Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 48 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicitan que se someta a votación, como de urgente y obvia resolución, el siguiente punto de acuerdo, por el que se solicita al titular del Consejo General del Instituto Federal Electoral (IFE), doctor Luis Carlos Ugalde Ramírez, que informe del cumplimiento que esté dando el IFE a la reducción de gasto ordenada en el tercer párrafo del artículo 15 del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2007.
Antecedentes
1. Con fecha 19 de diciembre de 2006, el Pleno de la Cámara de Diputados, en uso de la facultad exclusiva que le confiere el artículo 74, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, aprobó el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2007, cuyo decreto fue publicado el 28 de diciembre de 2006 en el Diario Oficial de la Federación.
Dicho decreto estableció en el artículo 15:
Para tal efecto, las dependencias y entidades reportarán trimestralmente a las secretarías de Hacienda y Crédito Público, y de la Función Pública las acciones adoptadas y, en su caso, los ahorros adicionales generados. Dichas secretarías tomarán, en el ámbito de sus respectivas competencias, las medidas que procedan para que se cumpla lo dispuesto en este artículo.
En el presente ejercicio fiscal no se otorgarán incrementos salariales a los servidores públicos de mando de las dependencias y las entidades ni a los niveles homólogos.
Los poderes Legislativo y Judicial, así como los entes autónomos, deberán implantar medidas, en lo conducente, equivalentes a las aplicables en las dependencias y entidades, respecto a la reducción del gasto destinado a las actividades administrativas y de apoyo y del presupuesto regularizable de servicios personales, para lo cual publicarán en el Diario Oficial de la Federación, a más tardar el último día hábil de febrero, sus respectivos lineamientos y el monto correspondiente a la meta de ahorro; asimismo, reportarán las medidas que hayan adoptado y los montos de ahorros obtenidos en los informes trimestrales. Dichos reportes serán considerados por la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados en el proceso de análisis y aprobación de las erogaciones correspondientes al Presupuesto de Egresos para el siguiente ejercicio fiscal. Los ahorros generados durante el ejercicio fiscal podrán destinarse a los programas prioritarios del ejecutor de gasto que los genere, de conformidad con el artículo 61 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, siempre y cuando no se destine a gasto corriente ni implique la creación de plazas o la contratación de personal por honorarios, y sin aumentar el presupuesto regularizable de los subsecuentes ejercicios fiscales en el concepto de gasto correspondiente. En el caso del Instituto Federal Electoral, todas las medidas de reducción que deba llevar a cabo conforme a lo señalado en el anexo 20 de este decreto y las demás que realice durante el ejercicio, afectarán exclusivamente las partidas del gasto de operación del instituto que ejerce directamente el mismo, sin afectar las prerrogativas que correspondan conforme a la ley.
Los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, así como los entes autónomos, deberán tomar las siguientes medidas, en adición de lo señalado en este artículo:
I. Abstenerse de contraer obligaciones en materia de servicios personales que rebasen el presupuesto autorizado;
II. En la contratación de bienes, servicios y obras públicas deberán establecer acciones para generar ahorros; y
III. Las oficialías mayores o equivalentes deberán sujetarse al Manual Único de Procesos Administrativos que emitan las secretarías de Hacienda y Crédito Público, y de la Función Pública, y en el caso de los poderes Legislativo y Judicial, así como los entes autónomos, los que emitan sus respectivos órganos competentes. Lo anterior, con el fin de simplificar los trámites en la gestión de los recursos humanos, materiales y financieros.
2. En cumplimiento de dicho Decreto, el Poder Ejecutivo Federal, la Cámara de Diputados y la de Senadores, así como los demás organismos autónomos, como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, publicaron, antes del 28 de febrero pasado, en el Diario Oficial de la Federación, los lineamientos respectivos de ahorros que se generarán.
El IFE fue el primero en publicar sus medidas en el Diario Oficial de la Federación, en el que apareció el 15 de febrero pasado el acuerdo del Consejo General del Instituto Federal Electoral por el que se aprueba el ajuste del Presupuesto del Instituto Federal Electoral para el ejercicio fiscal de 2007, se establecen las obligaciones que se derivan del referido decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación y se aprueban las disposiciones en materia de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria que se derivan de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
En dicho acuerdo, el IFE informó que de los 720 millones de pesos que reduciría de la propuesta presentada por el Ejecutivo federal a la Cámara de Diputados, disminuiría 100 millones de su presupuesto base y 620 millones en proyectos:
Específicamente, en su acuerdo el Instituto Federal Electoral determinó:
Las reducciones de gasto que se llevarán a cabo para dar cumplimiento al ajuste del presupuesto de operación decretado por la Cámara de Diputados por 720.2 millones de pesos, son las siguientes:
2. No incrementar el salario a consejeros electorales, secretario ejecutivo, directores ejecutivos, directores de unidad técnica, jefes de unidad técnica, coordinadores de asesores y secretarios particulares del consejero presidente y del secretario ejecutivo y coordinador administrativo de la oficina del consejero presidente.
3. Incrementar el salario al resto del personal en la fecha y en el monto que las condiciones presupuestales lo permitan.
4. Reducir en 4 por ciento el capítulo de servicios personales del presupuesto base asignado a oficinas centrales.
5. Reducir en 5 por ciento las partidas relacionadas con combustibles (gasolina). Aplica para oficinas centrales y juntas locales.
6. Reducir en 50 por ciento la partida de congresos y convenciones. No se permitirán transferencias que la aumenten, salvo previa autorización del secretario ejecutivo. Los eventos por celebrarse sólo se podrán llevar a cabo si se programan y gestionan con cinco días hábiles de anticipación y cuenten con suficiencia presupuestal y previa autorización del secretario ejecutivo.
7. Reducir en 50 por ciento el presupuesto de viáticos y pasajes en el extranjero. No se permitirán transferencias que lo incrementen, salvo las que autorice el secretario ejecutivo. Las comisiones tendrán que ser solicitadas con 72 horas de anticipación para su autorización por el secretario ejecutivo.
8. Los proyectos se reducen en un total de 620.2 millones de pesos: los especiales en 567.2 millones de pesos, los de modernización en 37.3 millones de pesos y los de inversión en 15.7 millones de pesos, cuyo detalle se presenta en el anexo 1, el cual forma parte integrante de este acuerdo.
La Cámara de Diputados ha impugnado la admisión de dicha demanda debido a que el artículo 105 de la Constitución no reconoce al IFE legitimidad activa para interponer la controversia y se trata de una norma tan precisa, que no permite interpretación sobre los sujetos legitimados.
Independientemente de dicho litigio, dado que la Suprema Corte no ha determinado ningún efecto suspensivo, tanto el decreto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal de 2007 como el acuerdo del Consejo General del IFE por el que se aprueba el ajuste del presupuesto del instituto correspondiente son normas vigentes de cumplimiento obligatorio.
4. La semana pasada, distintos medios de información dieron cuenta de que el Instituto Federal Electoral procedería a un recorte de personal consistente en más de 200 personas de base, con motivo del ajuste presupuestal que esta Cámara determinó al monto propuesto por el Ejecutivo federal para esa entidad.
5. También la semana pasada, los medios de comunicación dieron cuenta de que el Instituto Federal Electoral, como si no contara con departamento jurídico, contrató al abogado Arturo Saldívar para la interposición de la controversia constitucional, a la que no tiene derecho, contra la Cámara de Diputados.
En virtud de que tanto el recorte de más de 200 trabajadores de base como la erogación de casi 3 millones de pesos para el pago de un abogado hacen suponer que el Instituto Federal Electoral no está cumpliendo las medidas de austeridad dictadas por el cuarto párrafo del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2007, y por tanto tampoco el acuerdo del Consejo General por el que aprobó el ajuste presupuestario correspondiente en materia de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria, se propone a este Pleno la aprobación del presente punto de acuerdo, por el que se solicita al titular del Consejo General del Instituto Federal Electoral, doctor Luis Carlos Ugalde Ramírez, informe del cumplimiento que esté dando el IFE a la reducción de gasto ordenada por el tercer párrafo del artículo 15 del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2007.
Único. Se solicita al presidente del Consejo General del Instituto Federal Electoral, doctor Luis Carlos Ugalde Ramírez, que informe a la Cámara de Diputados del cumplimiento que el IFE esté dando a las disposiciones establecidas en el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2007 y en el acuerdo del Consejo General del Instituto Federal Electoral por el que se aprueba el ajuste al presupuesto del Instituto Federal Electoral para el ejercicio fiscal de 2007, en el cual se establecen las obligaciones que se derivan del referido decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación y se aprueban las disposiciones en materia de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria, en congruencia de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
Diputados: Marina Arvizu Rivas, Alejandro Chanona
Burguete, Gloria Lavara Mejía, Valentina Batres Guadarrama, Emilio
Gamboa Patrón, Ricardo Cantú Garza, Javier González
Garza, Héctor Larios Córdova (rúbricas).
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA A LA FEDERACIÓN MEXICANA DE FUTBOL A OTORGAR APOYO ECONÓMICO
Y PUBLICITARIO A LA SELECCIÓN NACIONAL FEMENIL, A CARGO DE LA DIPUTADA
ELIZABETH MORALES GARCÍA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se somete a consideración de esta honorable asamblea, la presente proposición con punto de acuerdo, con carácter de urgente y obvia resolución, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Desde hace varios años, la mujer ha tenido un gran interés por tomar participación en el ámbito deportivo, actualmente esta tendencia se ha generalizado en todo el mundo, de esta forma se han obtenido logros importantes en diferentes disciplinas en nuestro país, a pesar de que no se ha tomado conciencia de la importancia que esto representa, no obstante la falta de apoyos e inequidad, las mujeres deportistas mexicanas se han lanzado a la ardua tarea de prepararse, algunas veces por iniciativa propia y con sus recursos personales, lo cual ha redituado en la obtención de valiosos reconocimientos representando a nuestro país, poniendo de manifiesto que las mujeres están preparadas en todos los aspectos, llámese físico, técnico y psicológico para poder competir tanto a nivel nacional como internacional.
Pese a esto, la Federación Mexicana de Futbol ha demostrado en los últimos días que la Selección Femenil, sigue siendo la última de sus prioridades, ya que no se instrumentó ninguna acción de difusión para la ciudadanía del partido realizado el sábado 17 de marzo a las 12 horas, en el estadio Nemesio Diez, donde se disputó el pase al mundial.
Asimismo, las integrantes de la Selección Femenil de Futbol no sólo tienen que preocuparse por realizar un buen papel en los encuentros con otras selecciones, sino también, por sobrevivir con una paupérrima beca de 4 mil pesos mensuales, que les otorga la Conade, ya que al no existir ningún apoyo por parte de la Federación Mexicana de Futbol, esta cantidad se destina para los gastos cotidianos y familiares, debido a que deben dedicarse en cuerpo y alma al equipo.
Hasta la fecha siguen existiendo áreas donde las mujeres han encontrado grandes resistencias y prejuicios para su inclusión como el atletismo, el boxeo y el futbol.
En este sentido, es importante destacar la labor del equipo de futbol femenil en México que hizo su aparición por primera vez en los Juegos Olímpicos de Atenas en el año 2004 ocupando un mejor puesto que la Selección Varonil. Cabe mencionar que la Selección Varonil de Futbol recibe todo el apoyo por parte de la Federación Mexicana de Futbol y ha participado constantemente en torneos internacionales, a diferencia de las mujeres que a pesar de que no reciben el mismo apoyo, no dejan de remar contra corriente.
Tal es el caso de la delantera mexicana Maribel Domínguez que sacudió a la estructura masculina del futbol y dividió al país entre la duda y el rechazo ante la posibilidad de que pudiese unirse a un equipo de hombres. El caso fue tan polémico que se tuvo que consultar a la FIFA, llegando a la conclusión de que Maribel no podía jugar, ya que a pesar de ser una excelente jugadora, su estructura física era muy diferente a la de los hombres y se ponía en riesgo su integridad física. Finalmente, Maribel Domínguez se encuentra jugando en España ya que en México no se cuenta con una liga profesional femenil, debido a la falta de interés que han demostrado las autoridades por crearla.
El futbol ya no es un territorio exclusivamente del género masculino, como lo fue desde el principio de su historia; cada vez más mujeres y niñas juegan en los campos de futbol. Esto se debe principalmente a la liberación gradual que se dio en el siglo XX, mediante la cual el género femenino pudo realizarse en diferentes ámbitos de la vida que en un primer momento eran exclusivos de los hombres.
Cabe destacar que uno de los ámbitos deportivos que más se desarrolló es el futbol, que en las dos últimas décadas batió récords de crecimiento. Nunca antes un deporte había obtenido un desarrollo tan vertiginoso a nivel mundial.
El futbol femenil es activo, entretenido y progresa continuamente. Actualmente existen 40 millones de futbolistas registradas en la Federación Internacional del Futbol Asociado (FIFA).
La FIFA adopta e impulsa el futbol femenil, imponiéndolo como obligatorio en los 103 países asociados. El 40 por ciento de las personas que juegan futbol en Estados Unidos son mujeres. Asimismo, la participación en Europa del norte y en el Lejano Oriente es muy alta.
El suizo Joseph Blatter, secretario general de la FIFA, prevé que para el año 2010 habrá tantas mujeres como hombres jugando al futbol.
La fama y la calidad de la Selección Femenil de Futbol de nuestro país ha crecido en los últimos años, gracias a su desempeño en las Olimpiadas ya que ocuparon la cancha del Azteca para enfrentarse a la selección australiana en el 2004, donde los medios siguieron la preparación previa al juego, el partido y sus consecuencias.
Las mujeres futbolistas no sólo tienen que enfrentarse a sus homólogas, sino que tienen que enfrentarse a los viejos prejuicios que deberían pertenecer por completo al pasado.
El balón no pertenece a ningún un género. Se deja dominar sin distinción teniendo como único requisito la habilidad y la técnica.
En razón de lo anterior, someto a consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta a la Federación Mexicana de Futbol y a las autoridades correspondientes para que:
2. Instrumenten la creación de una liga profesional femenil de futbol en México para el desarrollo de las capacidades deportivas de las mujeres mexicanas que se dedican a esta actividad.
Diputada Elizabeth Morales García (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA A LAS AUTORIDADES EDUCATIVAS Y SANITARIAS DE LOS TRES NIVELES
DE GOBIERNO A FORTALECER LOS PROGRAMAS PARA PREVENIR LAS ADICCIONES EN
NIÑOS Y JÓVENES ESTUDIANTES DE LOS NIVELES BÁSICO
Y MEDIO SUPERIOR, A CARGO DEL DIPUTADO CARLOS AUGUSTO BRACHO GONZÁLEZ,
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
El que suscribe Carlos Augusto Bracho González, diputado federal de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, Integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, del artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 7, fracciones IX y X de la Ley General de Educación, y 112, fracción III; 184 Bis, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192 y 193 de la Ley General de Salud; solicito a esta soberanía la manifestación con punto de acuerdo para girar un atento exhorto a las autoridades educativas y sanitarias, federales, estatales y municipales para que en su ámbito de competencia fortalezcan los programas ya existentes para prevenir las adicciones en los niños y jóvenes que se encuentran en la educación básica y medio superior, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Es verdaderamente preocupante los datos que nos muestran que las personas que consumen algún tipo de drogas pertenecen a niveles socioeconómicos medio y bajo, de edades que corresponden a la adolescencia y la juventud, más preocupante aún que la edad de inicio es cada vez más temprana, el uso pero sobre todo el abuso de los productos y sustancias que generan adicción, es sumamente alarmante, sobre todo los que tienen que ver con la edad del primer contacto, datos de la Secretaría de Salud en 2001, revelan que el rango se encuentra entre los 12 a los 15 años de edad; por lo que los adolescentes son objeto especial de atención, porque se ha observado un incremento en sus patrones de consumo de tabaco, alcohol y otras drogas como la marihuana, la cocaína, entre otras.
Debido a los aspectos negativos inherentes que traen consigo las adicciones, tales como la violencia, accidentes, trastornos mentales, así como el ausentismo en todos los ámbitos, es necesario fortalecer los programas ya existentes, encaminados a la prevención para evitar el inicio del consumo de drogas entre los grupos más indefensos, como lo son los niños y los adolescentes, ya que este tipo de prevención es la más importante.
Considero que es de suma importancia crear una conciencia en nuestros niños, para que precisamente desde su formación estén informados acerca de las adicciones y lo que conllevan éstas, y así cuando alcancen cierta edad y lleguen a la adolescencia que es la etapa en la cual existe una mayor vulnerabilidad, tengan la decisión de rechazar con conocimiento de causa cualquier situación que se presente de esta índole.
La Encuesta Nacional de Adicciones (ENA) 2002, muestra que de los 13.7 millones de personas de 12 a 17 años registradas o sea 13 millones 685 mil 359 de jóvenes, el 16.1 por ciento (6 millones 807 mil 951) eran hombres y (6 millones 877 mil 408) mujeres, habían consumido tabaco, de este porcentaje, 9 por ciento fumó en el año previo a la entrevista y 7.1 por ciento lo hizo alguna vez en la vida, abandonándolo después. La escolaridad de los jóvenes fumadores de áreas urbanas fue, en casi la mitad de ellos el 40.7 por ciento de nivel secundaria, seguidos del 35.4 por ciento con preparatoria y del 23.4 por ciento con primaria. En cuanto a la escolaridad de menores fumadores de las zonas rurales, poco más de la mitad de ellos, el 55.2 por ciento, tienen como máxima escolaridad la primaria, seguidos por el 43.4 por ciento que han cursado la secundaria y tan solo el 1.4 por ciento estudian preparatoria.
Respecto a la edad de inicio en el consumo del tabaco en los jóvenes de población urbana, casi la mitad (47.6 por ciento) comenzó a fumar entre 15 y 17 años, mostrando variabilidad entre sexos (46.1 por ciento hombres y 52.3 por ciento mujeres). Cabe señalar que mientras uno de cada diez adolescentes varones empezó a fumar antes de los 11 años de edad, ninguna mujer hizo mención de iniciar a edad tan temprana. Asimismo de aquellos adolescentes entrevistados en áreas rurales, más de la mitad (50.5 por ciento) iniciaron a los 15 y 17 años, sin embargo la distribución por sexo fue semejante para este grupo de edad (50.3 por ciento varones y 53.5 por ciento mujeres).
Por otro lado sobre el consumo del alcohol la Encuesta Nacional de Adicciones indicó que cerca de tres millones de adolescentes entre 12 y 17 años consumió una copa completa de bebidas con alcohol en el año previo al estudio los cuales representan al 25.7 por ciento de la población en este grupo. Además se reportaron incrementos en el índice de consumo de los adolescentes, de 27 por ciento en 1998 a 35 por ciento en 2002 entre los varones, y de 18 por ciento a 25 por ciento respectivamente entre las mujeres.
Finalmente, los datos de la encuesta nos muestran que más de 200 mil adolescentes de entre 12 y 17 años (215 mil 634) han usado drogas alguna vez, de los cuales, 67 mil 585 son varones y 48,094 mujeres. Sin embargo, el mayor índice de consumo se observa entre los varones de 18 a 34 años (un millón 351 mil 138 varones y 449 mil 439 mujeres dentro de ese rango de edad). La proporción por sexo es de 3.5 usuarios hombres por cada mujer, proporción muy similar a la observada a la población de 18 años en adelante (3.31 hombres por cada mujer).
El exhorto está dirigido a las autoridades educativas y sanitarias, federales, estatales y municipales, para que en su ámbito de competencia fortalezcan los programas ya existentes, para prevenir las adicciones a nivel básico y medio superior a fin de crear una conciencia en nuestros niños y jóvenes del no consumo de drogas o de alguna otra sustancia que puede crear o generar algún tipo de adicción, combatiendo cualquier problema de este tipo con la educación y la cultura de una vida sana totalmente libre de toda perturbación física y mental.
Inculcando los valores y principios fundamentales, que se enseñan en el seno familiar, se fortalecen en su formación académica y forjan hombres de bien.
Por lo anteriormente expuesto someto a la consideración de esta soberanía, se apruebe de urgente y obvia resolución el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Para girar un atento exhorto a las autoridades educativas y sanitarias, federales, estatales y municipales, para que en su ámbito de competencia fortalezcan los programas ya existentes, para prevenir las adicciones en los niños y jóvenes que se encuentran en la educación básica y media superior.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de marzo de 2007.
Diputado Carlos Augusto Bracho González (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE CREA LA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN ENCARGADA DE REVISAR
LA LEGALIDAD Y EL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS Y LAS OBLIGACIONES CONTRAÍDOS
POR GRUPO AEROPORTUARIO DEL PACÍFICO, SA DE CV, SUSCRITA POR DIPUTADOS
DE DIVERSOS GRUPOS PARLAMENTARIOS
Los suscritos diputados federales que integran la LX Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con base en el artículo 93, párrafo 3, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 34, inciso c y 41 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a la consideración de esta soberanía la proposición con punto de acuerdo para crear la Comisión de Investigación encargada de revisar la legalidad y cumplimiento de los compromisos y obligaciones contraídas por el Grupo Aeroportuario del Pacifico SA de CV, como consecuencia de la concesión que le fue otorgada, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Con la publicación de la Ley de Aeropuertos el 22 de diciembre de 1995, da inicio la participación de la inversión privada en el sistema aeroportuario mexicano y para ello establece que para la administración, operación y explotación de aeropuertos se requiere de concesión otorgada por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.
El 9 de febrero de 1998 el gobierno federal, publica los Lineamientos Generales para la Apertura a la Inversión en el Sistema Aeroportuario Mexicano. Bajo el esquema de la concesión, se establecieron como objetivos conservar, modernizar y ampliar la infraestructura aeroportuaria; elevar los niveles de seguridad y eficiencia y mejorar la calidad de los servicios aeroportuarios, complementarios y comerciales.
Se constituyeron 4 empresas como sociedades controladoras, con un capital de mil millones de pesos sufragados con cargo al presupuesto de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que dichas sociedades constituyeran una sociedad concesionaria por cada grupo controlador.
Sobre el particular, gobierno federal otorgó al Grupo Aeroportuario del Pacifico, GAP, la concesión para explotar 12 centrales aéreas del pacífico y centro norte.
No obstante que la Ley de Aeropuertos establece la obligación a los concesionarios de modernizar y ampliar la estructura aeroportuaria, en el caso del aeropuerto de Guadalajara, fue necesaria la presión de las autoridades estatales para que se hicieran las obras que el aeropuerto demandaba y en el caso de Tijuana han existido una serie de irregularidades a los términos originalmente pactados en la concesión que ameritan una revisión puntual del grado de cumplimiento de los propósitos que animaron el otorgamiento de la concesión al GAP.
El Grupo Aeroportuario del Pacífico tiene como socios a las empresas: Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA), Fenosa Dragados y a Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA). En 1998 el Grupo Ángeles, en unión con AENA, sin tener experiencia en el manejo de aeropuertos participa y gana la concesión, que no se licitó, del 15 por ciento de los títulos representativos del capital social del Grupo Aeroportuario del Pacifico. Poco tiempo después, el Grupo Ángeles vende su participación del capital social del Grupo Aeroportuario del Pacífico. Poco tiempo después el Grupo Ángeles vende su participación a Holdinmex (controladora accionaria de la empresa Jugos del Valle), empresa que es utilizada como puente financiero por Unión Fenosa y Dragados de España, autorizándose la venta, con la participación mexicana nuevamente sin experiencia respecto a la operación de aeropuertos.
A partir de entonces, el Grupo Aeroportuario del Pacífico disfruta de una serie de ventajas muy por encima de las mejoras en los aeropuertos. En principio, la creación inicial de empresas fue pagada con presupuesto federal y han sido beneficiarios de diversos pagos: 10 millones de dólares anuales por asistencia técnica y transferencia de tecnología, 1 por ciento de comisión por la venta de combustible y, en el mismo año que se les otorgo la concesión, se les autorizó el pago de dividendos (ejercicios fiscales 1998-1999) por 447.1 millones de pesos y al año siguiente se les devolvieron impuestos por 180 millones de pesos.
El GAP se comprometió a invertir 385.9 millones de pesos en los primeros 14 años de la concesión, Si consideramos que este grupo recauda 315 millones de pesos cada año por concepto de la Tarifa de Uso de Aeropuerto (TUA), en ese lapso recibirá 4 mil 410 millones de pesos.
Sin embargo en materia de inversión, en Tijuana, en el Plan Maestro autorizado al GAP se establecía el compromiso de realizar una inversión mínima de 131 millones de pesos durante los años 2000, 2001 y 2002, asentándose en el reporte de mayo de 2002 un déficit de 72.2 millones de pesos, estoes, más del 50 por ciento de la cifra global comprometida.
En materia laboral el escenario es igual de negativo: su voracidad los ha llevado a recortar el 50 por ciento del personal que trabaja en ASA, contraviniendo el compromiso de generar nuevos empleos. También ha desatado una política de agresión en contra de los locatarios, a quienes han buscado desalojar por todas las vías a su alcance u obligarles a que acepten condiciones leoninas para los usos de los locales.
No menos importante, en el caso de Tijuana, es el deterioro de las condiciones en que se devuelve el aeropuerto por el aumento de la inseguridad pública, la proliferación de pordioseros y el aumento del ambulantaje. Destaca, a sí mismo, que en este aeropuerto no paga las contribuciones locales, como derechos de conexión e impuesto predial y solo l municipio le adeuda más de 120 millones de pesos.
Además, con la concesión aumentaron las tarifas que les cobran a las líneas aéreas por concepto de aterrizaje y otros servicios, en montos superiores al 30 por ciento respecto de las que cobraba ASA. Aunque esta problemática la comparten las líneas aéreas en el caso de los demás aeropuertos concesionados, no deja de ser una ventaja adicional para el GAP.
Las innumerables irregularidades señaladas han sido denunciadas en la LVIII, LIX y LX Legislaturas de la Cámara de Diputados. Por ejemplo, en Tijuana, el GAP tuvo a los usuarios sentados en el piso por más del 50 por ciento del primer quinquenio de operación; sin monitores informativos de llegadas y salidas de vuelos; canceló el puente al estacionamiento y la única salida de emergencia que existía; presionó y amenazó a los locatarios; intentó aumentos de hasta 500 por ciento en los arrendamientos y propició la interposición de más de 60 juicios civiles, mercantiles y penales en contra de los locatarios. En los aeropuertos de Mexicali, Hermosillo, Los Mochis, La Paz, San José del Cabo, Puerto Vallarta, Manzanillo, Guadalajara, Aguascalientes, Del Bajío y Morelia, los locatarios nacionales han sido desplazados.
La situación descrita podría agravarse con el nuevo titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, si consideramos el posible conflicto de intereses del secretario, licenciado Luis Téllez, quien formó parte de varias empresas, entre ellas del Consejo del Grupo Aeroportuario del Pacífico.
La Ley de Aeropuertos establece que "corresponderá a los concesionarios o permisionarios asegurar que los aeródromos civiles cuenten con la infraestructura, instalaciones, equipo, señalización, servicios y sistemas de organización, adecuados y suficientes para que la operación se lleve a cabo sobre las bases de seguridad, eficiencia y calidad".
Así las cosas, ante el evidente cúmulo de irregularidades, el consecuente daño al patrimonio nacional, la mala calidad del servicio que se proporciona a los usuarios y en virtud de que las autoridades han eludido su responsabilidad en el cumplimiento de los compromisos contraídos por el GAP, se hace imprescindible que la LX Legislatura investigue esta situación.
Por lo anteriormente expuesto nos permitimos someter a la consideración de esta soberanía el siguiente
Acuerdo
Único. Se crea una Comisión de Investigación encargada de revisar la legalidad y cumplimiento de los compromisos y obligaciones contraídas por el Grupo Aeroportuario del Pacifico SA de CV, como consecuencia de la concesión que le fue otorgada.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de marzo de de 2007.
Diputados: Jesús Cuauhtémoc
Velasco Oliva (rúbrica), Alejandro Chanona Burguete (rúbrica),
Juan Ignacio Samperio Montaño(rúbrica), Juan Abad de Jesús
(rúbrica), Patricia Obdulia de Jesús Castillo Romero (rúbrica),
Elías Cárdenas Márquez (rúbrica), María
del Carmen Salvatori Bronca (rúbrica), Jorge Godoy Cárdenas
(rúbrica), Robinson Uscanga Cruz (rúbrica), Ramón
Valdés Chávez (rúbrica), Martha Angélica Tagle
Martínez (rúbrica), José Luis Aguilera Rico (rúbrica),
Alberto Esteva Salinas (rúbrica), José Manuel del Río
Virgen, (rúbrica), Ricardo Cantú Garza (rúbrica),
Mónica Fernández Balboa (rúbrica), Isidro Pedraza
Chávez (rúbrica), Silvano Garay Ulloa. (rúbrica),
María Eugenia Jiménez Valenzuela (rúbrica), Ruth Zavaleta
Salgado (rúbrica), Santiago Gustavo Pedro Cortés (rúbrica),
Claudia Lilia Cruz Santiago (rúbrica), Cuauhtémoc Sandoval
Ramírez (rúbrica), Alejandro Sánchez Camacho (rúbrica),
Miguel Ángel Navarro Quintero (rúbrica), Juan Nicasio Guerra
Ochoa (rúbrica), Raymundo Cárdenas Hernández (rúbrica),
Valentina Valia Batres Guadarrama (rúbrica), Guadalupe Socorro Flores
Salazar (rúbrica), ;Manuel Cárdenas Fonseca (rúbrica),
Tomás José Luis Varela Lagunas (rúbrica), Layda Elena
Sansores San Román (rúbrica), Humberto López Lena
Cruz ((rúbrica), Mario Enrique del Toro (rúbrica), María
Mercedes Maciel Ortiz (rúbrica), Moisés Félix Dagdug
Lützow (rúbrica), Aurora Cervantes Rodríguez (rúbrica),
Pedro Landero López (rúbrica), Francisco Sánchez Ramos
(rúbrica), Carlos Orsoe Morales Vázquez (rúbrica),
Adriana Díaz Contreras (rúbrica), Marcos Matías Alonso
(rúbrica), Héctor Narcia Alvarez (rúbrica), Javier
González Garza (rúbrica), José Jacques y Medina (rúbrica),
Holly Matus Toledo (rúbrica), Sergio Hernández Hernández
(rúbrica), Miguel Ángel Peña Sánchez (rúbrica),
Susana Monreal Avila (rúbrica), Gerardo Villanueva Albarrán
(rúbrica), Joaquín Humberto Vela González (rúbrica),
Pablo Leopoldo Arreola Ortega (rúbrica), Victorio Rubén Montalvo
Rojas (rúbrica), Faustino Soto Ramos (rúbrica), Amador Campos
Aburto (rúbrica), Odilón Romero Gutiérrez (rúbrica),
Miguel Ángel Solares Chávez (rúbrica), Rosario Ignacia
Ortiz Magallón (rúbrica), Lourdes Alonso Flores (rúbrica),Higinio
Chávez García (rúbrica), José Alfonso Suárez
del Real y Aguilera (rúbrica), David Mendoza Arellano (rúbrica),
Ramón Félix Pacheco Llanes (rúbrica), José
Luis Gutiérrez Calzadilla (rúbrica), Mario Vallejo Estevez
(rúbrica), Concepción Ojeda Hernández (rúbrica),
José Antonio Almazán González (rúbrica), Martín
Zepeda Hernández (rúbrica), Antonio Ortega Martínez
(rúbrica), Octavio Martínez Vargas (rúbrica), Alberto
López Rojas (rúbrica), Joaquín Humberto Vela González
(rúbrica), Rubén Aguilar Jiménez (rúbrica),
Roberto Mendoza Flores (rúbrica), Pablo Trejo Pérez (rúbrica),
Adrián Pedrozo Castillo (rúbrica), Sonia Nohelia Ibarra Franquez
(rúbrica), Silvia Oliva Fragoso (rúbrica), Juan Darío
Arreola Calderón (rúbrica), Víctor Aguirre Alcaide
(rúbrica), Ramón Almonte Borja (rúbrica), Jesús
Evodio Velázquez Aguirre (rúbrica), Aleida Alavez Ruiz (rúbrica),
Carlos Sánchez Barrios (rúbrica), César Flores Maldonado
(rúbrica), Rodolfo Solís Parga (rúbrica), Daniel Dehesa
Mora (rúbrica), Daisy Selene Hernández Gaytán (rúbrica),
Maribel Luisa Alva Olvera (rúbrica), Irene Aragón Castillo
(rúbrica), Santiago López Becerra (rúbrica), Efraín
Morales Sánchez (rúbrica), Alberto Amaro Corona (rúbrica),
Martín Ramos Castellanos (rúbrica), Rutilio Cruz Escandón
Cadenas (rúbrica), Juan Hugo de la Rosa García (rúbrica),
Carlos Altamirano Toledo (rúbrica), Alliet Mariana Bautista Bravo
(rúbrica),Armando Barreiro Pérez (rúbrica), María
Soledad López Torres (rúbrica), Víctor Manuel Lizárraga
Peraza (rúbrica), Juan Adolfo Orcí Martínez (rúbrica),
Carlos Ernesto Navarro López (rúbrica), Cuitláhuac
Condado Escamilla (rúbrica), Jaime Espejel Lazcano (rúbrica),
María Elena Torres Baltasar (rúbrica), Andrés Lozano
Lozano (rúbrica), Rafael Franco Melgarejo (rúbrica), Víctor
Hugo García Rodríguez (rúbrica), Alejandro Martínez
Hernández (rúbrica), David Sánchez Camacho (rúbrica),
Rafael Elías Sánchez Cabrales (rúbrica), Antonio Soto
Sánchez (rúbrica), Rosa Elva Soriano Sánchez (rúbrica),
Carlos Roberto Martínez Martínez (rúbrica), Jesús
Ramírez Stabros (rúbrica), Joaquín Conrado de los
Santos Molina (rúbrica), Celso David Pulido Santiago (rúbrica),
Juan Darío Lemarroy Martínez (rúbrica), Carlos Rojas
Gutiérrez (rúbrica).
CON PUNTO DE ACUERDO, SOBRE LA
PROBLEMÁTICA QUE ENFRENTAN LOS PRODUCTORES DE LECHE DE BOVINO DEL
TRÓPICO, A CARGO DEL DIPUTADO DANIEL PÉREZ VALDÉS,
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
El suscrito, diputado a la LX Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo que establece el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicita que se someta a consideración del Pleno la proposición con punto de acuerdo relativo al problema de los productores de leche de bovino del trópico, al tenor de los siguientes
Antecedentes
La Ley de Desarrollo Rural Sustentable tiene en alta consideración a productos como la leche y carne de bovino, al reconocerlos como alimentos básicos y estratégicos, integrados a la canasta mínima para la suficiencia alimentaría.
La leche de vaca es uno de los alimentos más completos para el ser humano por virtud de sus aportes de proteínas y aminoácidos esenciales para la alimentación. Por ello, la FAO y la UNESCO la catalogan como alimento indispensable para la dieta, principalmente para los niños y adultos mayores.
La FAO considera una ingesta de 500 mililitros de leche diaria como mínimo indispensable, lo que arroja un consumo anual de 188 litros per cápita. Los mexicanos consumimos apenas 135 litros en promedio por persona; en tanto que los países desarrollados tienen una ingesta de 230 litros.
La lechería nacional constituye una rama de la economía que ha cobrado importancia dentro del sector ganadero, muestra de ello es que en 1972 la producción nacional de leche reportó menos de 5 millones de litros, mientras que para 2006 fue de más de 10 millones. El crecimiento es progresivo, sin embargo no ha sido suficiente para evitar que México se mantenga como importador neto de alimentos lácteos y que la producción siga un curso incierto que frena la competitividad del sector, situación derivada de la falta de una política pública integral dirigida a esta importante actividad que tiene presencia en todo el territorio nacional pero registra un mayor desarrollo en ciertas regiones, como en el altiplano y en las zonas áridas y semiáridas del norte del país.
La producción de leche en los últimos años ha crecido a un promedio del 5 por ciento, mientras que las importaciones de productos lácteos han superado el 45 por ciento. Año con año se imponen cifras históricas en las importaciones debido a que la demanda supera la producción nacional. En los últimos 5 años el crecimiento de las importaciones aumentó en promedio anual a más del 26.6 por ciento de su valor y arriba del 45 por ciento en su volumen.
Aunque no existe un inventario de cabezas real actualizado ni padrón de productores que permita conocer la realidad del sector lechero, se estima que éste tiene un considerable impacto en el empleo rural, dado que por cada hato ganadero de 200 vacas, produce de 10 a 12 empleos directos de carácter permanente, ofertando a nivel nacional un millón y medio de empleos, sin tomar en cuenta los empleos indirectos, como el transporte, la movilización de forrajes y la industrialización.
El sector lechero nacional ha venido enfrentando situaciones adversas que han puesto en riesgo la cadena productiva debido principalmente al incremento de los insumos forrajeros, combustibles y salarios, que han provocado un aumento del 40 por ciento en los costos de producción, lo que resulta preocupante frente a la apertura total de los mercados que se registrará en el 2008, como lo prevé el TLCAN, lo que impactará esta rama productiva.
Organizaciones de productores de carne y de leche se han manifestado frecuentemente en la Sagarpa y en la Secretaría de Economía, contra la insuficiencia de las políticas de fomento agropecuario y la distorsión en los precios provocada por la entrada de importaciones de leche, ocasionando severas pérdidas económicas en el mercado nacional, en particular a los productores de leche del trópico.
El Programa Nacional de Modernización del Campo 1990-1994 constituyó el primer intento de integración de las estrategias orientadas a la producción de leche en el corto plazo, por medio de explotaciones especializadas que pudieren cristalizar economías de escala, así como de esquemas flexibles de precios que permitieran desarrollar competitivamente el potencial de este sector, a fin de alcanzar un nivel de rentabilidad adecuado.
Aun cuando se han instrumentado programas específicos de carácter temporal, como el Programa Lechero, el Programa de Establecimiento de Praderas, el Programa Ganado Mejor, el Programa Mejoramiento Genético, el Programa de Desarrollo de Proyectos Agropecuarios Integrales, el Programa Ganadero (Progan) y el Programa Diesel, los esfuerzos y recursos públicos invertidos no han sido suficientes para superar la crisis en que ha sumido al sector la firma del Tratado de Libre Comercio con América del Norte.
México importa grandes volúmenes de leche en polvo y sus derivados o subproductos, principalmente de Estados Unidos, que han afectado la producción y la calidad de los productos mexicanos poniendo en riesgo la viabilidad del sector, toda vez que dicho país ofrece altos subsidios directos e indirectos a sus ganaderos que auspician el abatimiento de sus costos de producción, lo que provoca una fuerte distorsión en el mercado nacional al manejar precios inferiores a los de los productores mexicanos.
El plazo de los compromisos de liberación total de aranceles a la leche en polvo está cada vez más cerca. Para el 2008 debemos instrumentar una estrategia que integre inteligentemente las zonas de lechería tropical y las del resto del país, a fin de blindar a nuestros productores ante las eventualidades del mercado.
La LX Legislatura no puede permanecer impasible viendo cómo se deteriora la producción de carne y de leche y se pone en entredicho la soberanía y la seguridad alimentaria nacional, mientras nuestros socios comerciales aplican todo un sistema de metrología para elevar sus estándares de producción, procesamiento, calidad, garantía de inocuidad, comercio, aunado aun mas a los elevados subsidios que se les ofrecen a sus productores.
En atención a lo anterior, someto a la consideración del Pleno de esta honorable Cámara de Diputados la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución
Punto de Acuerdo
Primero. Que el Ejecutivo federal, a través de la Sagarpa, cumpla cabalmente con las disposiciones en materia de leche, con la participación de Liconsa, SA de CV, en la adquisición de leche de producción nacional, que está prevista en el inciso B de la fracción IV del artículo décimo transitorio de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2007, debiendo especificarse que el sentido de lo establecido de dicho ordenamiento incluye la adquisición tanto de leche fría como de leche cruda.
Segundo. Que en el Programa Especial Concurrente, establecido en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio 2007 se incluya en forma específica la cantidad de 200 millones de pesos para otorgar a los productores un apoyo directo a su ingreso de 0.40 pesos por litro de leche de vaca de producción nacional adicional al que le pague Liconsa por la compra de 500 millones de litros; los cuales pueden ser tomados del Plan Emergente de Competitividad para la Producción de Leche o del Plan Emergente para la Producción de Maíz, Fríjol, Caña de Azúcar y Leche; asimismo, que dicho apoyo incluya a organizaciones de productores que acopien leche, independientemente de su procesamiento final.
Tercero. Que se incluya en el PEC, dentro de los programas de Sagarpa, un esquema ganadero, que contemple la crianza de reemplazos lecheros bovinos de alta calidad genética de acuerdo con lo que dicta la Ley de Ingresos vigente para este año, en su artículo décimo transitorio en el inciso E de la fracción IV, y se emitan las reglas de operación correspondientes que contemplen el apoyo a los productores lecheros del trópico.
Cuarto. Que dentro del Programa Ganadero se le dé prioridad a un subprograma de pastoreo tecnificado, en la que los recursos estén orientados al impulso a la ganadería de doble propósito, con la finalidad de apoyar a los pequeños y medianos productores que sirva para fortalecer la cadena productiva.
Quinto. Que la Secretaría de Economía y la Secretaría de Agricultura, Ganadería Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, pongan en marcha un programa de promoción de consumo de leche de vaca nacional que dinamice el mercado interno a fin de ofrecer salidas alternas a los productores.
Palacio Legislativo, a 20 marzo de 2007.
Diputado Daniel Pérez Valdés (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA AL GOBERNADOR DEL ESTADO DE MÉXICO A DETENER EL CIERRE
DE ESCUELAS NORMALES Y A REINCORPORAR LAS QUE HAN SIDO CERRADAS EN DIVERSAS
COMUNIDADES DE LA ENTIDAD, A CARGO DEL DIPUTADO ÓSCAR GONZÁLEZ
MORÁN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
El que suscribe, Oscar González Morán, en mi calidad de diputado federal en la LX Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, por este conducto solicito respetuosamente a la Presidencia de esta H. Cámara de Diputados, con fundamento en el artículo 23, numeral 1, inciso f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someta a consideración de esta honorable Asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al C. gobernador del Estado Libre y Soberano de México, Enrique Peña Nieto, a que en el ámbito de su competencia, detenga el cierre de escuelas normales, así como reincorporar las escuelas normales que han sido cerradas en las comunidades de: Coatepec Harinas, Santa Ana Zicateyocan, Sultepec y Tejupilco, estas, ubicadas en el sur del estado, al tenor de las siguientes:
Consideraciones
El gasto en educación nacional ha crecido de 4.65 por ciento del producto interno bruto en 1980, a 7.07 por ciento en el año 2006.
La inversión por alumno, en 2006 es de 48,800 pesos en el nivel superior, cifra que es mucho mayor comparado con la pobre cantidad de 4 mil 600 en 1990, esto nos da enorme muestra de los esfuerzos que se han realizado por el Estado Mexicano en materia de educación.
El gasto promedio estatal en 2006 es de 10 mil 3094.4 millones de pesos, los cuales son complementados con los recursos federales destinados a los estados, que ascienden a 104,092.1 millones de pesos, lo que en suma, da una cantidad de mas de 200 mil millones, destinados a los Estados, solamente en materia de educación.
En el ciclo escolar 80-81 el número de alumnos inscritos en las escuelas Normales a nivel de licenciatura era de 124 mil 500 alumnos, comparándolos con el ciclo escolar 2006-2007 que es de 139 mil 900 alumnos, resulta una cifra que no es muy superior a la de 1980, tomando en cuenta el número de años que han sucedido. Esto nos indica que la formación de profesores ha sido escasa, pese a que el crecimiento de la población es sin duda superior al crecimiento de la matricula de estudiantes de las escuelas Normales.
En el estado de México la población con edad para asistir a la escuela primaria es de casi 2 millones en 2006 y cerca de un millón de niños con una edad de entre 3 y 5 años, esto es: casi 3 millones de alumnos, que requieren educación, para el pleno desarrollo humano.
Esta comunidad estudiantil deberá ser atendida, en casi 8000 planteles de educación primaria pública existentes en el estado de México, donde se requerirán un gran número de profesores con formación integral para el adecuado desempeño de su cometido.
El señor Montiel, comenzó, en su sexenio como gobernador en el estado de México, con un plan estratégico de ahorro de gasto, el cierre de escuelas Normales, sin advertir, que este cierre, es en detrimento directo de la población estudiantil del estado de México. No se debe por ningún motivo anteponer criterios económicos, a criterios de desarrollo humano.
Con esta estrategia, se cerraron 4 Escuelas Normales, en el sur del estado de México, afectando a una gran población de las comunidades de: Coatepec Harinas, Santa Ana Zicateyocan, Sultepec y Tejupilco, en donde hay un porcentaje alto de población indígena y con lo que los más afectados fueron este grupo de personas.
El actual gobierno del Estado de México, continúa con la estrategia de cierre de escuelas Normales, contribuyendo con ello a la ya mala calidad de la educación en este estado.
La formación de profesores para las primarias es imprescindible para la calidad de la educación en México, a su vez esta formación integral de profesores, pasa necesariamente por el incremento de recursos y esfuerzos para la mejora de calidad de las escuelas Normales.
Por lo anteriormente expuesto, me permito presentar ante esta soberanía el siguiente:
Punto de Acuerdo
Único. Por el que se exhorta al C. gobernador del Estado Libre y Soberano de México, Enrique Peña Nieto, a que en el ámbito de su competencia, detenga el cierre de escuelas Normales, así como reincorporar las Normales que han sido cerradas en las comunidades de: Coatepec Harinas, Santa Ana Zicateyocan, Sultepec y Tejupilco, estas, ubicadas en el sur del estado.
Palacio Legislativo de San Lázaro.
Diputado Oscar González Morán (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL Y A LA SEGOB A ESCLARECER LOS HECHOS VIOLENTOS
SUSCITADOS CONTRA LEGISLADORES EN LAS INMEDIACIONES DE DICHA DEPENDENCIA,
A CARGO DEL DIPUTADO JUAN HUGO DE LA ROSA GARCÍA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PRD
Los suscritos, diputados federales integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LX Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, 73 y 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta honorable soberanía, proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes
Consideraciones
El viernes 13 de febrero del año en curso, el Movimiento de Resistencia Civil "Los de Abajo", en compañía de varios diputados realizamos una marcha que inició en el Zócalo de esta Capital, con destino a la cede administrativa de la Secretaria de Gobernación, en dicha marcha se contó con un contingente de más de 30 mil ciudadanos; quines en el libre ejercicio de sus derechos constitucionales de petición, asociación y manifestación, demandamos la inclusión de la población que realmente lo necesita en los programas federales de educación, salud, empleo y vivienda, entre otros.
A partir de esa fecha, iniciamos un plantón permanente en las inmediaciones de la Secretaria de Gobernación, en protesta contra el gobierno federal, por la mala aplicación de los programas sociales, que no benefician a la población que de verdad lo necesita, así mismo realizamos tres marchas a la residencia oficial de Los Pinos, mismas que se realizaron sobre el camellón lateral del Paseo de la Reforma, a efecto de no afectar a la ciudadanía que circula por dicha vialidad. Dicho movimiento realizó actos de protesta pacífica en los eventos en los que se encontraba el Presidente de la República, realizamos caminatas alrededor de la sede de la Secretaría de Gobernación; todas y cada una de estas manifestaciones siempre se realizaron en forma pacífica, para no perturbar las vialidades y no molestar a los habitantes de la Ciudad.
Sin embargo, fue el gobierno federal quien generó molestias a los habitantes de las colonias aledañas a la Secretaria de Gobernación con el cierre de las vialidades, causando molestias incluso a los ciudadanos que transitan habitualmente por dichas vialidades, la obstrucción de las calles y avenidas alrededor de la Secretaría de Gobernación, vulnera las garantías individuales de libre tránsito, manifestación, reunión y protección integral de la persona, suspendiendo de facto, las garantías consagradas en la Constitución, sin que la autoridad competente haya autorizado dicha acción, y sin que se hayan seguido los requisitos y condiciones establecidos por el artículo 29 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
En este sentido vemos que existe un absurdo, puesto que al manifestarnos nos hemos esforzado por no generar molestias a la ciudadanía y la autoridad de manera abusiva; tiene tomadas las inmediaciones de la Secretaría de Gobernación impidiendo el libre acceso a residentes, trabajadores y clientela de los establecimientos comerciales y de servicios que se encuentran cercanos.
El ejercicio de nuestros derechos de petición y manifestación como ciudadanos, esta consagrado en los artículos 8 y 9 de la Constitución, estos marcan requisitos para su ejercicio mismos, que procuramos llevar a cabo como lo mencionan tales artículos; en forma pacífica, sin proferir injurias, sin hacer uso de la violencia o amenazas, y –mucho menos se intimidó u obligó a las autoridades requeridas. Dentro de las peticiones que realizamos en conjunto con el Movimiento esta la de ser atendidos por los secretarios de Estado de cada una de las dependencias involucradas en los programas sociales, en los que se demanda la inclusión de personas que de verdad lo necesiten, el segundo párrafo del artículo 8 menciona que "a toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tienen obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario" situación que como autoridad la Secretaría de Gobernación no ha atendido en forma puntual.
Varios fueron los abusos cometidos en contra de nosotros y los integrantes del Movimiento; uno de ellos fue el ocurrido el día viernes 23 de febrero, cuando marchábamos en forma pacífica, ejerciendo nuestro derecho de asociación, reunión y manifestación, de El Ángel de la Independencia, hacia el centro de la Ciudad de México; sobre uno de los camellones laterales; cuando al momento de llegar a las inmediaciones del exterior del hotel "Fiesta Americana", ubicado sobre la avenida de Paseo de la Reforma, en donde se encontraba el ciudadano Presidente Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, en un acto oficial. Solicitamos en forma pacífica, la entrega de nuestras peticiones por escrito al ciudadano Presidente, pero los elementos del Estado Mayor Presidencial, por instrucciones del ciudadano Antonio Ramos, quien dijo estar a cargo del operativo de seguridad, con uso de la violencia y de manera arbitraria, nos rodearon, impidiéndonos el paso con cercas metálicas y personal de la Policía Federal Preventiva, privándonos de la libertad de libre tránsito por más de 3 horas.
El abuso más grave y violento en nuestra contra lo vivimos el día viernes 9 de marzo, cuando durante una manifestación absolutamente pacífica, fuimos agredidos por efectivos de la Policía Federal Preventiva por el simple hecho de manifestarnos en apoyo a las demandas que realiza el Movimiento de Resistencia Civil "Los de Abajo", en la vía pública frente a la sede de la Secretaría de Gobernación, esto al momento de ingresar al interior de una de las zona cercada por la Policía Federal Preventiva, por la esquina que forman las calles de Bucareli y General Prim.
Junto con los manifestantes ingresamos en las inmediaciones de la Secretaria de Gobernación permaneciendo en la vía pública, cuando nos hizo frente un grupo de elementos de la Policía Federal Preventiva, realizando acciones violentas en contra nuestra, para sacarnos con uso de la fuerza, resultando por tal enfrentamiento que varios de los manifestantes –así como el diputado federal Juan Hugo de la Rosa García, así como a la diputada local del estado de México la ciudadana Martha Angélica Bernardino, resultáramos con lesiones.
Inmediatamente después y sin que haya habido ninguna razón que implicara algún riesgo para la integridad de los servidores públicos de la Secretaría de Gobernación, ni de los elementos de la Policía Federal Preventiva, fuimos agredidos por la Policía Federal Preventiva, mediante el uso de bombas de gas pimienta para disolver la reunión que se realizaba en forma pacífica.
Como es de observarse fueron vulneradas flagrantemente las garantías y libertades fundamentales, de libre reunión y manifestación, por el uso excesivo de la fuerza policíaca ejercida por el gobierno federal.
Fue un desmedido y autoritario uso de la fuerza por parte del Estado en donde ante la incapacidad del régimen por sus enormes deficiencias, ilegalidades y la deslegitimación de las instituciones por el mal uso de los programas sociales a favor de sólo un pequeño sector de la sociedad, y no a favor de las personas que realmente lo necesitan, como lo exigen nuestras justas demandas, no hallaron decisión mejor que mostrar el nerviosismo y la desesperación de quienes encabezan las instituciones de seguridad del Estado, mismas que por cierto, debieran ser las garantes de los derechos y libertades fundamentales de todas y todos los mexicanos y no ser usadas como arma represora del un Estado autoritario.
En este sentido cabe destacar el Código de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 34/169, del 17 de diciembre de 1979, que establece en su artículo tercero, lo siguiente:
Por otra parte, el hecho de que la Policía Federal Preventiva haya agredido a los representantes de la nación que se encontraban en apoyo a la manifestación, resulta una franca violación a lo establecido por el artículo 61 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos puesto que como diputados federales se nos violentó el derecho de manifestación, conculcando también de esta forma el fuero constitucional.
Tal parece que la política del Estado es la de cerrar el paso a quienes realmente lo necesitan, así como cerrarse al dialogo e impedir el libre ejercicio de las garantías, cuando esté debiera ser el garante de las mismas.
El presente punto de acuerdo pretende el esclarecimiento de los hechos ocurridos el pasado 9 de marzo del presente año, así como el castigo a quienes la violaron las garantías y derechos fundamentales de los integrantes del Movimiento Nacional de Resistencia Civil, derivadas del cerco implantado por la Policial Federal Preventiva, establecido en torno a la Secretaría de Gobernación, además de las graves lesiones inferidas por agentes federales del Estado en contra de dos legisladores y algunos integrantes de dicho movimiento, precedente que no debe quedar impune.
Por lo anteriormente expuesto, las y los diputados federales, con fundamento en el artículo 23, inciso f, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, ponemos a consideración de esta soberanía, el siguiente punto de acuerdo de urgente y obvia resolución.
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal y la Secretaria de Gobernación para que se esclarezcan los hechos suscitados el pasado 9 de marzo del presente año, en donde fueron agredidos el diputado federal Juan Hugo de la Rosa García y la diputada local Martha Angélica Bernardino, así como varios miembros del Movimiento Nacional de Resistencia Civil "Los de Abajo"; y se castigue a los responsables de dicha agresión.
Palacio Legislativo, a 20 de marzo de 2007.
Diputados: Juan Hugo de la Rosa García,
Aleida Alavez Ruiz (rúbricas).
CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE
QUE SE TRANSPARENTE EL APOYO QUE EL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA ENTREGARÁ
A LA CFE PARA CONTRIBUIR AL PAGO DEL ADEUDO DE PRODUCTORES, A CARGO DEL
DIPUTADO CARLOS ARMANDO REYES LÓPEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL
PAN
El suscrito diputado federal del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, Carlos Armando Reyes López, de la LX Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:
Consideraciones
La problemática del campo mexicano es de todos conocida, no es mi intención abrir el debate de un tema que a todos nos interesa y por el que estamos comprometidos a trabajar. Aquí, se han expuesto diversos posicionamientos al respecto y la coincidencia de las diferentes fracciones parlamentarias, ha sido a favor de la búsqueda de nuevos mecanismos que permitan incentivar la rentabilidad del campo e impulsar su competitividad.
Por su parte, el gobierno federal consciente de su responsabilidad y del compromiso con la gente, ha puesto en marcha programas que tienen como finalidad el fomento de la producción, ampliar la superficie cultivable de granos, incrementar su productividad y seguir trabajando en la reducción de los costos de producción. Y es aquí, en el tema de los costos de producción donde centro la atención de esta exposición.
Al mes de septiembre de 2006, los usuarios del servicio de energía eléctrica con tarifas agrícolas 9, 9M, 9CU y 9N, en el estado de Chihuahua, tienen registrado un adeudo con la Comisión Federal de Electricidad (CFE), por concepto de suministro de energía eléctrica por la cantidad de mil 362.4 millones de pesos.
El tema sensibilizó al gobierno estatal y tomando en cuanta las dificultades económicas de los productores asumió el compromiso de apoyarlos y acordó con la CFE que los productores solo cubrirían la suma que resultara de calcular su consumo a 28 centavos por kilowatt-hora y que el estado absorbería la cantidad que resultara por la diferencia existente entre el importe de la factura real, considerando las tarifas vigentes y el pago de los productores.
De esta manera, el pasado 21 de noviembre de 2006, se firmó el convenio entre el gobierno del estado de Chihuahua y la Comisión Federal de Electricidad, en donde se acordó el pago de 481 millones de pesos por parte del Ejecutivo estatal a la CFE, con la finalidad de contribuir al pago del adeudo por parte de los productores del estado.
Cito textual:
Para tal efecto, se anexa al presente instrumento para formar parte del mismo, la relación de los "productores" con adeudos en el periodo establecido, donde se indica el monto total del adeudo, el importe que corresponda pagar a cada productor y el pago que estará a cargo del "el Ejecutivo Estatal".
Hoy más que nunca, se requiere del compromiso de todos los niveles de gobierno para implementar acciones que permitan elevar la competitividad del campo, incrementar las expectativas de los productores y aplicar incentivos tangibles.
Los legisladores de Acción Nacional, aplaudimos cualquier acción que tenga como finalidad coadyuvar en el mejoramiento del campo mexicano, reconocemos las bondades del Convenio y estamos ciertos que en esta ocasión los grandes beneficiados serán aquellos productores que dada su situación económica, carecen de los recursos para cubrir el monto de su adeudo.
El primer paso ya se dio, sólo falta transparentar el proceso mediante el cual se hará efectivo el apoyo a productores y evitar la discrecionalidad, así como favorecer erróneamente a personas que verdaderamente están en posibilidad de cubrir sus adeudos.
Se ha hablado mucho sobre fiscalización y sobre la transparencia de los recursos federales, por esta razón consideramos una inmejorable oportunidad para poner en práctica este concepto y alcanzar el objetivo de ayudar a quien en verdad lo necesita.
De esta manera, en Acción Nacional creemos oportuno solicitar al gobierno estatal de Chihuahua, así como a la Comisión Federal de Electricidad la transparencia total durante el proceso, así como la publicación de los montos y de los nombres de los productores que sean beneficiados.
Por lo antes expuesto pongo a su consideración el siguiente
Punto se Acuerdo
Primero. Se exhorta al gobierno federal, a través de la Comisión Federal de Electricidad, para que antes de la entrega del apoyo por parte del gobierno del estado de Chihuahua a los productores, se verifique que verdaderamente lo requieran, y se informe a esta soberanía el resultado de dicho proceso, haciendo pública la lista de beneficiarios y los montos recibidos.
Segundo. Se solicita hacer pública la relación de obras de infraestructura y de electrificación en poblados rurales y colonias populares de interés social, que se han considerado en el Convenio entre el gobierno del estado de Chihuahua y la Comisión Federal de Electricidad, e informar a esta soberanía a la brevedad, sobre dichas obras.
Dado en el salón de sesiones de la H. Cámara de Diputados a los 20 días de marzo del año 2007.
Diputado Carlos A. Reyes López (rúbrica)
En solidaridad con la presente proposición con
punto de acuerdo, suscriben los diputados federales por el estado de Chihuahua:
Jacinto Gómez Pasillas, Rubén Aguilar Jiménez, Víctor
Leopoldo Valencia de los Santos, Enrique Serrano Escobar, Lilia Guadalupe
Merodio Reza, César Horacio Duarte Jáquez, Israel Beltrán
Montes, María Eugenia Campos Galván (rúbrica), Cruz
Pérez Cuéllar (rúbrica), María Soledad Limas
Frescas (rúbrica), Felipe González Ruiz (rúbrica),
Emilio Ramón Ramiro Flores (rúbrica).
CON PUNTO DE ACUERDO, RELATIVO
A LOS ACCIDENTES OCURRIDOS EN LAS INSTALACIONES DE PEMEX, A CARGO DEL DIPUTADO
FERNANDO MAYANS CANABAL, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
Fernando Enrique Mayans Canabal, diputado federal a la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite presentar una proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Nuestro código político consagra derechos fundamentales, como el de la salud y el de un ambiente adecuado para el desarrollo y bienestar de las personas; no obstante, el estado mexicano no ha podido garantizar cabalmente a los ciudadanos su disfrute y respeto.
El ejercicio pleno de estos derechos, se ha obstaculizado y, en muchas ocasiones, ha sido objeto de graves vejaciones por diversos motivos.
Uno de ellos, como consecuencia de los estragos causados en diferentes partes de la república –tanto a la salud pública como al medio ambiente– por los accidentes o siniestros que se han registrado en la infraestructura y oleoductos del organismo público paraestatal de Petróleos Mexicanos (Pemex).
La negligencia y la falta de mantenimiento en las instalaciones de Pemex han sido la causa principal de que hoy día mujeres, niños, adultos mayores de comunidades cercanas a dichas instalaciones se vean afectados principalmente en su salud, por el impacto negativo y la falta de atención y soluciones a esta situación.
Lamentablemente, entre las comunidades que han sido más afectadas por estos accidentes industriales destacan: Agua Dulce, Nanchitlán, Hueyapan, ubicadas en Veracruz; así como Cunduacán, Centla, Ceiba, Cárdenas y Huimanguillo, en Tabasco, donde están las instalaciones más antiguas y que reportan un mayor grado de deterioro.
En el caso de Tabasco, no está por de más referir que el Comité de Derechos Humanos de Tabasco tiene registrados y documentados de 2004 al mes de febrero del año en curso; 12 accidentes graves en instalaciones de Petróleos Mexicanos, la mayoría en Tabasco o en los límites de este estado con Veracruz, que han ocasionado 111 muertes, fundamentalmente de habitantes de las comunidades y también trabajadores.
Según datos de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), en 2004 se registraron 54 fugas en ductos de Pemex en Tabasco, que afectaron a casi mil hectáreas, derramando más de 36 mil 680 barriles de petróleo. De las 54 fugas, el 65 por ciento de se debieron a problemas de mantenimiento y el otro 17 por ciento, como segunda causa más importante, fueron por errores de operación o descuido.
Más que hacer un recuento minucioso de los daños, queremos enfatizar sobre la puesta en marcha de acciones contundentes para poner freno a la negligencia y a las irregularidades en las que ha incurrido Pemex, y que se ejemplifican claramente al recordar uno de muchos casos, como el derrame de un oleoducto de la paraestatal en el municipio de Cunduacán, Tabasco, donde la Profepa clausuró dicho oleoducto después de las investigaciones que realizó, ya que Pemex no presentó el estudio de riesgo ambiental, requisito indispensable para efectuar actividades altamente riesgosas; además de que contaba con seguro ambiental ni un programa de prevención de accidentes. En aquella ocasión se derramaron aproximadamente once mil 200 litros de petróleo, lo que ocasionó la contaminación de dos hectáreas de pastizales.
Y qué decir de la fuga de gas etano ocurrida recientemente, el 23 de enero de 2007, que provocó una explosión que obligó a desalojar a unos 400 habitantes de la comunidad Plátano y Cacao, municipio de Centro, con cabecera en Villahermosa, Tabasco; caso en el que por cierto Pemex, adujo que el percance fue causado por presuntos ladrones de gasolina.
Cabe señalar que la dirección general de la paraestatal ha reconocido como uno de los factores que han motivado el incremento de dichos accidentes la falta innegable de cuidado y de rigor operativo, aunado al crecimiento de las operaciones y a la insuficiencia en la asignación de recursos para mantenimiento.
Sabemos por voz del ex director de Pemex Luis Ramírez Corzo, que en su última comparencia ante la Comisión de Energía de esta Cámara, en la LIX Legislatura, refirió que, con objeto de revertir esta tendencia, en abril de 2005 se instrumentó el Programa Emergente para el Fortalecimiento de Seguridad, Salud y Protección Ambiental, basado en la implementación de las doce mejores prácticas internacionales, así como en el sistema de disciplina operativa, el sistema de administración de la seguridad de los procesos e integridad mecánica y el aseguramiento de la calidad.
Según la información vertida en aquél momento, dicho programa plantea una estrategia de implantación en tres años con dos líneas de acción.
La primera, la de contención; que es una línea de acción a corto plazo concentrada en instalaciones con mayor probabilidad de sufrir accidentes.
La segunda, la de mejora y sustentabilidad, es la línea de acción orientada a la mejora continua en seguridad, salud y protección ambiental y a implantar una disciplina operativa mucho más rigurosa en todos los organismos.
También se mencionó que los recursos que se requieren para la instrumentación del programa ascienden a 40 mil millones de pesos, a ser ejercidos en un periodo de tiempo de tres años.
Precisamente, este Programa es el motivo central de nuestra preocupación y propuesta, ya que si fue puesto en marcha en abril de 2005, con una estrategia de implantación de tres años, quiere decir que sus líneas de acción han sido objeto de atención para la actual administración de Pemex, a fin de darles continuidad y obtener con ello resultados concretos en el año 2008.
Ante la constante repetición de este tipo de desastres durante los últimos años, quizás sea útil reflexionar sobre las obligaciones que se establecen en el Convenio Internacional sobre Cooperación, Preparación y Lucha contra la Contaminación por Hidrocarburos, adoptado en Ginebra, Suiza en 1990, y aprobado por el Senado de la República en 1994.
Dicho instrumento internacional prevé, en su parte relativa a los sistemas nacionales y regionales de preparación y lucha contra la contaminación, el establecimiento de un sistema nacional de prevención y atención pronta y eficaz de acontecimientos de contaminación por hidrocarburos, el cual debe incluir, por lo menos, un plan nacional de preparación y lucha para contingencias que incluya las interrelaciones de los distintos órganos que lo integren, ya sean públicos o privados; un nivel mínimo de equipo de lucha contra los derrames de hidrocarburos, en función de los riesgos previstos, y programas para su utilización; planes pormenorizados y medios de comunicación disponibles de forma permanente para hacer frente a un suceso de contaminación por hidrocarburos; un mecanismo o sistema de coordinación, en el que se incluyan los medios que permitan movilizar los recursos necesarios; así como, un plan nacional para contingencias.
Entre el Ejecutivo federal y los gobiernos de los estados más afectados, el Congreso de la Unión y los Poderes Legislativos estatales, así como el organismo descentralizado Pemex, debemos trabajar de forma impostergable para prevenir y hacer frente con prontitud y eficacia a estos sucesos que han provocado severos daños a la salud y al medio ambiente de importantes municipios y localidades, principalmente de Tabasco y Veracruz; además de las cuantiosas pérdidas económicas generadas por la quema y derrame irresponsable y absurdo de nuestros hidrocarburos.
Por lo anterior expuesto, solicito a la Presidencia de esta Mesa Directiva que ponga a la consideración del Pleno, como de urgente y obvia resolución, la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Primero. Se invita al ciudadano Jesús Reyes Heroles González Garza, director general de Pemex, a reunirse en conferencia con las Comisiones Unidas de Salud, y de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a fin de que informe ampliamente sobre las acciones, avances y resultados en torno a la aplicación del Programa Emergente para el Fortalecimiento de Seguridad, Salud y Protección Ambiental instrumentado por la paraestatal en abril de 2005; así como de la disponibilidad y aplicación de recursos para la reparación e indemnización por los daños ocasionados por la paraestatal.
Segundo. El Centro de Estudios y Finanzas Públicas desarrollará un análisis técnico respecto de la viabilidad para la creación de un fideicomiso que tenga por objeto atender y cubrir de inmediato a las remediaciones y contribuciones sociales con las comunidades afectadas, principalmente de los estados de Tabasco y Veracruz.
Salón de sesiones de la Cámara de Diputados, a los veinte días del mes de marzo de 2007.
Diputado Fernando Enrique Mayans Canabal (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, RELATIVO
AL DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA TUBERCULOSIS, A CARGO DEL DIPUTADO
FERNANDO MAYANS CANABAL, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
Fernando Enrique Mayans Canabal, diputado federal a la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, se permite presentar una proposición con punto de acuerdo, con base en las siguientes
Consideraciones
Desde 1982, cada 24 de marzo se celebra el Día Mundial de la Tuberculosis. Esta significativa fecha fue instituida por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Unión Internacional contra la Tuberculosis y las Enfermedades Respiratorias (Uicter) un siglo después de que el doctor Robert Koch anunciara el descubrimiento del bacilo causante de esta enfermedad.
No obstante que el propósito de celebrar este día es destacar el trabajo y la colaboración de todos los países que luchan contra esta enfermedad, y buscar nuevas formas de informar a la población sobre sus consecuencias y erradicación, no podemos ni debemos hacerlo con los brazos cruzados.
Si el mundo tuviera en vida al doctor Koch, él lamentaría profundamente ver cómo hoy en día, después de que formuló la vacuna para combatir el bacilo de la tuberculosis, siguen muriendo personas en todo el mundo a consecuencia de dicha mal, sin poder erradicarlo.
Esta enfermedad, que es considerada un problema de salud pública, puede atacar a cualquier persona, ya que su propagación se realiza a través del aire cuando alguien infectado tose o estornuda. Cuando la bacteria llega al pulmón, en una primera etapa no se presenta ningún síntoma; después de transcurrido un tiempo se mantiene inactiva, pero si la persona presenta una baja de sus defensas o sufren éstas algún tipo de alteración y se debilitan, el padecimiento aparece. Importante es saber que estos cambios los pueden originar algunos virus, como el VIH, o enfermedades como el cáncer.
Entre los síntomas más comunes de esta enfermedad se encuentran: fiebres de hasta 38 grados, tos excesiva, falta de apetito, baja de peso y cansancio.
De acuerdo con informes de la OMS, en el nivel mundial se informa que un tercio de la población se encuentra infectada por el Mycobacterium tuberculosis, y al año ocurren 10 millones de casos nuevos y fallecen 3 millones de personas.
Es importante destacar, que la Organización Mundial de la Salud, posterior a la declaración de emergencia mundial de la tuberculosis, definió la estrategia del "tratamiento acortado estrictamente supervisado" conocida, por sus siglas, como TAES, que se inició en nuestro país en 1996.
Dicha estrategia, entraña la realización firme y decidida de las siguientes acciones: el compromiso político del gobierno a fin de garantizar los recursos necesarios para el control de la tuberculosis, a través del suministro de medicamentos e insumos de laboratorio a todos los servicios y unidades de salud; la organización de la detección, diagnóstico y tratamiento de casos; el diagnóstico de los casos, mediante examen de esputo en los y las pacientes con tos y expectoración que acuden a los servicios de salud; el tratamiento acortado estrictamente supervisado, personalizado, a todos los casos confirmados; y un sistema de información oportuno para el registro y seguimiento de casos, hasta su curación.
En el caso particular de México, a pesar de que esta estrategia se ha venido aplicando, se ha reconocido en el Programa de Prevención y Control de la Tuberculosis 2001-2006 de la Secretaría de Salud de la administración pasada, que no se ha logrado la cobertura TAES deseada, ya que ésta no se realiza de manera sistemática en las unidades de salud ni entre la población, lo que impide detectar todos los casos existentes de forma oportuna, por lo que se requieren acciones intensivas y áreas donde se precisa una búsqueda intencionada y dirigida de casos.
Un aspecto que no podemos soslayar es que los factores de mayor riesgo para que la tuberculosis prolifere son la pobreza, la desnutrición, el hacinamiento y el abuso en el consumo de alcohol y tabaco, así como de otras drogas.
No olvidemos las cifras que tenemos sobre pobreza extrema y desnutrición en estados como Chiapas, Guerrero y Oaxaca. Y qué decir del incremento en el consumo de drogas en todo el país.
Esta situación sin duda debe preocuparnos, más aún cuando en las cámaras del Congreso, durante las comparencias de los secretarios de despacho con motivo de la glosa de los informes presidenciales, quedan muchas interrogantes respecto a los temas que se abordan; tal es el caso de la comparecencia del ex secretario de Salud, Julio Frenk Mora, con motivo del análisis del Sexto Informe de Gobierno al término de la legislatura pasada, en la que dicho funcionario sólo mencionó que en el caso de la tuberculosis la mortalidad se ha reducido 32 por ciento, sin que se profundizara en este tema toral para la salud.
Considerando, que:
El Plan Mundial Alto a la Tuberculosis 2006-2015 se ha fijado como propósito reducir a la mitad la incidencia de esta enfermedad, así como el nivel de fallecimientos, ya que esta enfermedad continúa siendo una amenaza para la salud en el mundo.
Una de las metas trazadas por la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud establece el compromiso de alcanzar, al menos, 70 por ciento de detección y 85 por ciento de curación.
Desde 1993, debido a que a la tuberculosis se ha asociado el VIH/sida y la aparición de cepas de M. tuberculosis resistentes a los medicamentos, se consideró por la Organización Mundial de la Salud una emergencia a nivel mundial.
En México, además de lo anterior, se ha identificado que la enfermedad tiene mayor asociación con diabetes mellitus, desnutrición y adicciones, principalmente el alcoholismo, lo cual ha agravado el perfil de la tuberculosis.
Las zonas y poblaciones que pertenecen a los municipios más alejados y marginados del país son aquellas que evidentemente no alcanzan a recibir los servicios de salud que las autoridades sanitarias de los tres ámbitos gubernamentales deben procurar y aplicar, en articulación y con base en la estrategia TAES para prevenir y atender la tuberculosis.
Por ello se debe impulsar el incremento de las acciones de prevención y control de esta enfermedad sin dejar de atender la estrategia mundial para alcanzar su erradicación.
Para no frenar el paso en la lucha contra la tuberculosis debemos refrendar el compromiso y redoblar esfuerzos, para disminuir el riesgo en la población de enfermar y morir a causa de la tuberculosis e interrumpir su transmisión; asegurar el acceso a los servicios de diagnóstico y tratamiento de tuberculosis, principalmente en las zonas y poblaciones de los municipios con mayor índice de pobreza y marginación social; así como fortalecer la participación y corresponsabilidad de la sociedad en el cuidado de la salud y el control de esta enfermedad.
No hay mejor forma de celebrar esta fecha que levantar la voz para hacer un llamado al Poder Ejecutivo, en el ámbito de su competencia, a no ceder en la lucha contra las enfermedades que son todavía un problema grave de salud pública, como la tuberculosis; así como en la puesta inmediata de acciones y aplicación de recursos para ese fin.
Por lo anterior, pido atentamente a la Presidencia de la Mesa Directiva que someta, como de urgente u obvia resolución, la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con absoluta sujeción al principio de división y colaboración de poderes, exhorta al doctor José Ángel Córdova Villalobos, titular de la Secretaría de Salud, a que a la brevedad se diseñe y aplique un programa emergente en todo el país, principalmente en las poblaciones de los municipios con mayor índice de pobreza y marginación social, con objeto de que se intensifiquen en su aplicación las medidas sanitarias y los servicios de salud para prevenir y controlar la tuberculosis. Para tal efecto se implantarán los mecanismos legales de coordinación con las secretarías de las entidades federativas, así como para hacer efectiva la participación social.
Asimismo, se pongan en operación más laboratorios móviles para garantizar de inmediato en dichos municipios la detección oportuna, el diagnóstico confiable, el seguimiento bacteriológico de calidad y la atención de la población que padece ya la enfermedad.
Salón de sesiones de la Cámara de Diputados, a 20 de marzo de 2007.
Diputado Fernando Enrique Mayans Canabal (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA A LOS CONGRESOS LOCALES A LEGISLAR RESPECTO AL FORMATO DE LOS
INFORMES QUE RINDEN LOS GOBERNADORES Y LOS PRESIDENTES MUNICIPALES, A CARGO
DEL DIPUTADO MARIO ENRIQUE DEL TORO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
El que suscribe, diputado federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
La rendición de cuentas entre poderes en una condición fundamental para la consolidación de la democracia y el respeto del estado de derecho. Con la ayuda de un balance entre poderes se puede aspirar a un gobierno responsable, que atienda las demandas sociales en un clima de respeto de la ley y la civilidad.
La pluralidad política que vive México genera una correlación de fuerzas existentes no sólo en el Congreso de la Unión sino, también, en la composición política de las legislaturas estatales, y en la integración de los ayuntamientos en todo el país. Esta composición debe encontrarse ponderada con un marco normativo adecuado a su complejidad.
El concepto de poder público ha evolucionado, y con ello también las instituciones que lo ostentan, debiéndose ajustar a mecanismos republicanos eficientes para su interrelación. Estas condiciones han generado que en los últimos años los informes de los gobernadores de los estados, y de los presidentes municipales, hayan dejado de ser republicanas ceremonias solemnes de rendición de cuentas, y se transformaran en eventos más cercanos a criterios de espectáculo, y culto a la personalidad, y han dejado su original razón de existir.
El espíritu de rendición de cuentas a la ciudadanía ha dejado su lugar para dar paso al dispendio de los recursos públicos en la promoción personal del gobernante.
Lo anterior hace necesario tomar medidas para sentar las bases hacia reformas encaminadas a limitar dichos actos, y retomar su concepción original, como parte trascendental de la gran reforma del Estado que nuestro país necesita.
Existe una clara y legítima exigencia de replantear aspectos importantes del sistema democrático. Desafortunadamente, hay pocos avances, la mayoría de los cuales ocurre como fruto de la espontaneidad, la presión social, o de iniciativas aisladas; no surgen de un verdadero debate con visión a futuro.
Con el exhorto que someto hoy a consideración de esta honorable asamblea se pretende conservar el aspecto esencialmente republicano de rendición de cuentas, pero evitando a toda costa que esta encomienda continúe siendo trastocada, y transformada en el gran espectáculo de culto a la personalidad del gobernante que no sólo se limita al acto protocolario en sí mismo, sino que va más allá, con el dispendio de recursos públicos en toda una campaña previa y posterior a dichos informes.
Un gobierno que eroga monumentales sumas en informar a sus gobernados sobre sus acciones es un gobierno que no hace sentir su trabajo ante la ciudadanía, es un gobierno que no está haciendo bien su trabajo, pues el desempeño de su cometido está supeditado a su publicidad.
Los retos que implica una nación moderna, democrática y participativa se lograrán sólo con el pleno respeto de la ciudadanía, fortaleciendo el reconocimiento a su valor, transparentando las acciones, y permitiendo a los gobernados evaluar y corregir para apoyar e incidir en el desarrollo de sus municipios, de su estado y del país.
Por lo expuesto, someto a consideración de esta honorable asamblea el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta a las legislaturas de los estados a legislar respecto de la modificación del formato de informe de los ciudadanos gobernadores, y los ciudadanos presidentes municipales, con la finalidad de que las erogaciones para la diligencia de mérito se limiten a su impresión, digitalización y distribución entre la ciudadanía.
Recinto legislativo de San Lázaro, a 20 de marzo de 2007.
Diputado Mario Enrique del Toro (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE SOLICITA AL EJECUTIVO FEDERAL QUE INSTRUYA AL TITULAR DE LA PGR PARA
QUE APLIQUE LOS MEDIOS JURÍDICOS PERTINENTES A FIN DE OTORGAR LA
LIBERTAD A LOS INDÍGENAS GAMALIEL ASCENCIO AMAYA Y MIGUEL GALINDO
QUIROZ, A CARGO DEL DIPUTADO HUMBERTO W. ALONSO RAZO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PRD
El suscrito diputado Humberto Wilfrido Alonso Razo, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite presentar la siguiente proposición con punto de acuerdo.
Antecedentes
En los meses de febrero y marzo de 1998 la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y Pesca convocó a los pescadores indígenas del lago de Pátzcuaro, para llegar a un consenso sobre la aplicación de una veda total en el lago, con el objeto de reducir la pesca en la época de asolve. Los acuerdos que se suscribieron en ese entonces, era que la veda se aplicaría del primero de mayo al treinta y uno de ese mes, y sería una experiencia piloto, de acuerdo con los resultados se haría una evaluación para conocer sus alcances en junio de 1998. Por su parte, los pescadores indígenas se comprometieron a respetar la veda durante mayo.
La entonces Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca (Semarnap), la Comisión de Pesca del gobierno del estado y el Fideicomiso del Riesgo Compartido (Firco) apoyarían económicamente a los pescadores indígenas a través de un empleo temporal, y se les asignaría la mísera cantidad de 22.00 pesos por jornal.
Posteriormente, las dependencias federales incumplieron con el pago oportuno de los jornales comprometidos en el convenio y fue hasta después de dos meses cuando se comenzó a hacer los pagos por parte del Firco de la cantidad acordada.
La evaluación sobre la veda de ese año que estaba programada para el mes de junio nunca se llevó a cabo; ante la falta de cumplimiento de los acuerdos, se creó un ambiente de desconfianza de los pescadores indígenas hacia las dependencias involucradas en la veda 1998.
Entre los meses de diciembre de 1998 y enero de 1999, nuevamente se llevaron a cabo reuniones entre los funcionarios del gobierno involucrados en los programas de desarrollo del lago de Pátzcuaro, para tratar de llegar a los acuerdos de la veda para el año de 1999, donde los funcionarios hicieron la propuesta a los pescadores indígenas de que se les pagaría 27.00 pesos por jornal. La propuesta de los pescadores fue que se les dieran 100.00 pesos por jornal, pero los funcionarios de la Semarnap no volvieron a convocar a los pescadores; tampoco se les dio información sobre la veda, ni tampoco de las fechas en que se aplicaría. Simplemente, a partir del 12 de abril, de manera unilateral, sin notificación alguna, se comenzó a aplicar la veda y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) empezó a decomisar las redes de los pescadores indígenas, en un clima de intranquilidad para todos lo pobladores de la ribera del lago de Pátzcuaro.
Los pescadores indígenas solicitaron que les fueran devueltas sus redes y el titular de la Profepa se comprometió a devolvérselas en el término de tres días, hecho que no ocurrió.
Para los meses de enero y febrero del año 2000 se hubo una serie de reuniones entre los pescadores indígenas y los funcionarios de la Semarnap, donde se llegaría a los acuerdos para la veda del año 2000, reuniones en las que no se llegó a ningún acuerdo entre las partes.
El 2 de marzo del año 2000, estando reunidos en asamblea los pescadores de la isla de Janitzio, aproximadamente a las 12:30 horas, se informó que los inspectores de la Profepa, apoyados por la policía estatal estaban decomisando las redes en el lago, sin previa notificación, ni comunicado alguno, argumentando que la veda, había iniciado el día primero de ese mes de marzo. Por tal motivo, los pescadores ahí reunidos acudieron a entrevistarse y tratar de dialogar con los biólogos e inspectores de la Profepa y pedir una explicación de por qué se les estaban decomisando nuevamente sus herramientas de trabajo, en este caso las redes; pero fueron amenazados con armas de alto poder por los policías que los acompañaban. Esta amenaza originó la irritación de los pescadores indígenas, quienes hábilmente desarmaron a los policías, quienes junto con los inspectores de la Profepa fueron trasladados a la jefatura de tenencia de la Isla de Janitzio, donde solicitaron que se presentaran los funcionarios de mayor rango de las dependencias involucradas que podían resolver el problema que se estaba generando por la veda, aplicada arbitrariamente.
Se celebró una reunión en las primeras horas del día tres de marzo con representantes de diferentes dependencias, donde hubo el compromiso de las autoridades federales y estatales para dar solución al conflicto, llegando a los siguientes acuerdos:
Primero. La Profepa se comprometió, por escrito, a que no habría represión o denuncia contra los pescadores indígenas involucrados en el incidente del 2 de marzo.
Segundo: Que les presentarían diferentes alternativas de empleo temporal para que se respetara la veda.
Pero resulta que los inspectores de la Profepa y los policías estatales presentaron denuncia penal en contra de los pescadores indígenas Leocadio y Gamaliel Ascencio Amaya, al igual que al doctor Aurelio Guzmán Mateo, presidente de bienes comunales de la isla de Janitzio y al profesor Galindo Quiroz Miguel, por el delito de privación ilegal de la libertad y otros. Fueron detenidos por la Policía Judicial Federal, el 6 de julio, el doctor Aurelio Guzmán Mateo y Leocario Ascencio Amaya, iniciándoles un proceso por el delito de privación ilegal de la libertad en agravio de los inspectores de la Profepa.
Hago notar que posteriormente los inspectores de la Profepa y los policías estatales se desistieron de los supuestos delitos cometidos en su contra, otorgando el perdón legal a los pescadores indígenas; pero la Procuraduría General de la República siguió actuando de oficio; y no obstante las múltiples fallas en la integración de la averiguación previa y la manipulación de declaraciones por el Ministerio Público federal, que originó que el juez federal que conoció de la causa los haya sentenciado a 20 años de prisión. Dicha sentencia no tomó en cuenta el problema social que ha generado en todas la comunidades indígenas de la región lacustre de Pátzcuaro, Michoacán.
El 30 de abril del 2001, el entonces diputado federa Rafael Servín Maldonado presentó un punto de acuerdo para que se formara una mesa de trabajo para buscar los mecanismos de excarcelación de los dos indígenas presos y la cancelación de las órdenes de aprehensión, grupo que fue integrado por diferentes diputados de todos los partidos políticos, aprobado por la Junta de Coordinación Política el 18 de julio del 2001, siendo coordinador del grupo parlamentario de Acción Nacional el ahora Presidente Felipe Calderón Hinojosa; posteriormente el mismo diputado Rafael Servín presenta otro punto de acuerdo para solicitar el indulto de los indígenas; hago notar que a esta petición se sumaron diputados y senadores que redundó en el indulto concedido por el ex presidente Vicente Fox, el 1 de febrero de 2002, dejando a los pescadores Gamaliel Ascencio Amaya y Galindo Quiroz con sendas órdenes de aprehensión.
Han pasado varios años de este hecho, se llevaron múltiples reuniones con diversas autoridades federales del anterior grupo, que prometieron que sería resuelto el asunto antes de que terminara el sexenio, buscando los mecanismos jurídicos para la cancelación de las órdenes de aprehensión, pero desgraciadamente no sucedió así; se fueron sin haber cumplido con la promesa y la palabra empeñada.
Por lo antes expuesto y con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, propongo el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero. Esta Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión solicita al licenciado Felipe Calderón Hinojosa, Presidente de la República, que en el ámbito de sus atribuciones gire instrucciones al procurador general de la República para que aplique los medios jurídicos que resulten adecuados para otorgar la libertad absoluta y sin reservas a los indígenas Gamaliel Ascencio Amaya y al profesor Galindo Quiroz Miguel.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de marzo de 2007.
Diputado Humberto Wilfrido Alonso Razo (rúbrica)