• Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la SCT que instale sistemas de aterrizaje por instrumentos en los aeropuertos de la frontera norte de Tamaulipas, a cargo del diputado Carlos Alberto García González, del Grupo Parlamentario del PAN.

• Con punto de acuerdo, por el que se solicita al titular de la Semarnat que elabore y publique mediante la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas el programa de manejo al área de protección de flora y fauna de Yum Balam, Quintana Roo, a cargo del diputado Diego Cobo Terrazas, del Grupo Parlamentario del PVEM.

• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sagarpa a realizar una alternativa ambiental viable para el control de la langosta, a cargo del diputado Diego Cobo Terrazas, del Grupo Parlamentario del PVEM.

• Con punto de acuerdo, por el que se solicita al Ejecutivo federal que informe sobre las medidas de seguridad tomadas durante la visita del presidente de Estados Unidos de América, a cargo del diputado Víctor Gabriel Varela López, del Grupo parlamentario del PRD.

• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SHCP, a la Sener y a la Comisión Reguladora de Energía a ajustar la tarifa eléctrica residencial en Yucatán, a cargo del diputado José Luis Blanco Pajón, del Grupo Parlamentario del PRI.

• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a informar a esta soberanía mediante las dependencias correspondientes acerca de la aplicación de la Norma Oficial Mexicana NOM-155-SCFI-2003, a cargo de la diputada Beatriz Collado Lara, del Grupo Parlamentario del PAN.

• Con punto de acuerdo, por el que se solicita la comparecencia del director general de Pemex para que informe sobre la declinación del activo Cantarell y las futuras implicaciones de ello en la plataforma de extracción petrolera nacional, a cargo del diputado Antonio Soto Sánchez, del Grupo Parlamentario del PRD.

• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a diversas autoridades a implantar acciones y programas de protección de los bosques de la sierra de Zongolica y las altas montañas del volcán Pico de Orizaba, en Veracruz, a cargo de la diputada Mónica Arriola, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.

• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SCT a publicar el reglamento correspondiente a mensajería y paquetería, a cargo del diputado Antonio del Valle Toca, del Grupo Parlamentario del PAN.

• Con punto de acuerdo, por el que se solicita a los titulares de la SEP, del Conacyt y de la SHCP que corrijan las irregularidades en el proceso de suministro de recursos para el financiamiento de proyectos correspondientes a las convocatorias de investigación científica, a cargo del diputado Martín Ramos Castellanos, del Grupo Parlamentario del PRD.

• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Conagua a verificar los pozos de agua de la cuenca Lerma-Chapala-Santiago y clausurar los clandestinos, a cargo del diputado Joel Arellano Arellano, del Grupo Parlamentario del PAN.

• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los diputados de la LX Legislatura a donar un día de salario para ayudar al pueblo boliviano a enfrentar las recientes inundaciones, a cargo del diputado Alejandro Sánchez Camacho, del Grupo Parlamentario del PRD.

• Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la SE, a la Sedesol y a la Sectur que diseñen programas de atención para respaldar la actividad económica de Taxco y diversas regiones de Guerrero, a cargo del diputado Modesto Brito González, del Grupo Parlamentario del PRD.

• Con punto de acuerdo, por el que se solicita la intervención de la SFP, de la Cofetel y de la Comisión Federal de Competencia para investigar las posibles irregularidades en la comercialización o explotación de la radiodifusora 105.7 FM, a cargo del diputado Alfonso Suárez del Real y Aguilera, del Grupo Parlamentario del PRD.

• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares de la SCT y de Capufe a instaurar las medidas necesarias para reducir el peaje en las autopistas que administran, a cargo del diputado Carlos Sánchez Barrios, del Grupo Parlamentario del PRD.

• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático a instaurar una estrategia de difusión nacional sobre los efectos del cambio climático, a cargo de la diputada Guadalupe S. Flores Salazar, del Grupo Parlamentario del PRD.

• Con punto de acuerdo, por el que se solicita al Conaculta un informe relativo a las donaciones recibidas y a las otorgadas en 2006, a cargo del diputado José Alfonso Suárez del Real y Aguilera, del Grupo Parlamentario del PRD.

El suscrito, diputado federal Carlos Alberto García González de la LX Legislatura e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presento ante esta honorable asamblea el siguiente: punto de acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes que instale sistemas de aterrizaje por instrumentos en los aeropuertos de la frontera norte de Tamaulipas, bajo las siguientes

Consideraciones

La globalización integra a las economías, haciendo que el intercambio de bienes y servicios sea una constante y que las personas de negocios tengan la necesidad de trasladarse continuamente a diferentes ciudades del mundo.

Los aeropuertos, bajo este contexto, se convierten en infraestructura fundamental para el desarrollo y crecimiento de las economías. México, cuenta con 85 aeropuertos distribuidos a lo largo y ancho de la república. En 1985, antes de la apertura comercial, la mayoría de los aeropuertos atendían solamente la demanda doméstica, pero ahora, 56 son de clasificación internacional y sólo 29 reciben exclusivamente vuelos nacionales.

Es muy usual que las condiciones climáticas adversas en los aeropuertos, generen importantes contratiempos en los vuelos tanto nacionales como internacionales y, por ende, la molestia de miles de pasajeros. Las condiciones metereológicas, en el país, se presentan como la principal causa de demoras en los vuelos, tan solo en el 2004, sumaron 250 mil 238 minutos los atrasos a nivel nacional, esto sin duda, constituye un alto costo para la economía de las aerolíneas y de los pasajeros.

Ante esta situación, la industria aeronáutica ha creado valiosos instrumentos de apoyo para la navegación, como el sistema de aterrizaje por instrumentos (Instrument Landing System), que es un sistema que está conformado por dos equipos, un localizador y uno de trayectoria de planeo; el primero indica al piloto y al avión el eje de la pista, mientras que el segundo le da la trayectoria o pendiente de aterrizaje. Con esta tecnología, los pilotos de las aeronaves pueden realizar despegues y aterrizajes en condiciones de muy baja visibilidad, como consecuencia de la niebla, bruma o lluvia intensa, pero con un alto grado de seguridad.

Los puertos aéreos que cuentan con un sistema de aterrizaje por instrumentos operan el 100 por ciento del tiempo, pese a las condiciones climáticas. Los beneficios son enormes; la probabilidad de retrasos, cancelaciones o el cierre del puerto se reduce prácticamente a cero, mientras que las aerolíneas mantienen a sus aviones la mayor parte del tiempo en el aire.

El estado de Tamaulipas cuenta con 5 aeropuertos; Nuevo Laredo, Matamoros, Reynosa, Ciudad Victoria y Tampico, de los cuales los tres primeros están ubicados en la frontera norte del estado y son internacionales. Sin embargo, éstos no cuentan con un sistema de aterrizaje por instrumentos, ocasionado que los vuelos se retrasen o se desvíen por causas meteorológicas, lo que arroja pérdidas notables al sector y a la economía regional, dado el volumen de operaciones que realizan diariamente y el número de pasajeros que se transportan por este medio.

Durante el 2004, datos anualizados, de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, señalan que mediante aviación comercial el aeropuerto de Nuevo Laredo atendió a 82 mil pasajeros, con 2 mil 977 operaciones, mientras que el de Matamoros realizó 2 mil 148 operaciones con un registro de 75 mil viajantes, y el General Lucio Blanco de Reynosa, que es el de mayor afluencia de pasajeros en el estado, recibió a 140 mil e hizo 3 mil 102 operaciones.

Indudablemente, el número de pasajeros y operaciones se han incrementado en los últimos años, por lo que es necesario intensificar la eficiencia y continuidad operativa de los aeropuertos de la frontera norte de Tamaulipas, mediante este sofisticado instrumento de ayuda aérea que brinde seguridad tanto a los aviones como a los pasajeros al momento del aterrizaje, infraestructura que eleva la competitividad del estado y abre la ventana para nuevas oportunidades de negocios y de fuentes de empleo para miles de personas.

Es evidente, que los aeropuertos de clase internacional y que están a la vanguardia tecnológica, incentivan el aterrizaje de más aeronaves, incrementado sus ingresos económicos, así como la creación de nuevos empleos, a través de nuevas rutas y conexiones, una mayor afluencia turística, el desarrollo de nuevos centros comerciales y de ocio, el crecimiento de la industria aeronáutica auxiliar, las ampliaciones del aeropuerto y el mejoramiento de sus accesos, y demás servicios conexos para atender a los usuarios de este transporte.

Además, de instalarse sistemas de aterrizaje por instrumentos en los aeropuertos de Nuevo Laredo, Matamoros y Reynosa, se mejoraría el clima de negocios y se vigorizaría la economía del estado; ya que aumentaría la población residente, se incrementaría la oferta inmobiliaria, se instalarían empresas foráneas, se crearían nuevas empresas relacionadas con el aeropuerto y sus usuarios, y en general, habría un importante escalada en la actividad productiva de esos municipios.

Algo importante a destacar, es que el aeropuerto General Lucio Blanco de ciudad Reynosa, Tamaulipas, está concesionado al Grupo Aeroportuario del Centro–Norte, pero la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, puede exhortar, con fundamento en el titulo de concesión, que haga las inversiones tendientes para instalar un sistema de aterrizaje por instrumentos. Los aeropuertos Quetzalcoatl de Nuevo Laredo y General Servando Canales de Matamoros, son administrados por Aeropuertos y Servicios Auxiliares, que es un organismo descentralizado del gobierno federal, donde el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes encabeza su Consejo de Administración. En tal sentido, esa secretaría es la autoridad competente para equipar y colocar a la vanguardia y de seguridad internacional, a los aeropuertos de la frontera norte de Tamaulipas.

Es por todo lo anterior, que someto a esta honorable asamblea, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. Se solicita a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que instruya al Grupo Aeroportuario del Centro–Norte, a que realice las inversiones necesarias para equipar al aeropuerto General Lucio Blanco de la ciudad de Reynosa, Tamaulipas, con un sistema de aterrizaje por instrumentos.

Segundo. Se solicita a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que a través de Aeropuertos y Servicios Auxiliares, instale en los aeropuertos Quetzalcoatl, de Nuevo Laredo y General Servando Canales, de Matamoros, ambos del estado de Tamaulipas, sistemas de aterrizaje por instrumentos.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de febrero de 2007.

Diputado Carlos Alberto García González (rúbrica)
 

Anexo

Sistemas de aterrizaje por instrumentos (ILS, por sus siglas en inglés):Sistema de aproximación con instrumentos de precisión que normalmente consiste en los componentes electrónicos y las ayudas visuales siguientes:

Control de helicóptero 30 NM hasta 5 mil pies
Control local y servicio de ayuda por radar 30 NM hasta 20 mil pies
Normas visuales de vuelo
Control de aproximación, incluyendo radar 60 NM hasta 25 mil pies
Control de salida, incluyendo radar 60 NM hasta 20 mil pies
Altitud básica en ruta 100 NM hasta 15 mil pies
Altitud intermedia en ruta 100 NM hasta 24 mil pies
Máxima altitud en ruta 200 NM hasta 75 mil pies

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE SOLICITA AL TITULAR DE LA SEMARNAT QUE ELABORE Y PUBLIQUE MEDIANTE LA COMISIÓN NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS EL PROGRAMA DE MANEJO AL ÁREA DE PROTECCIÓN DE FLORA Y FAUNA DE YUM BALAM, QUINTANA ROO, A CARGO DEL DIPUTADO DIEGO COBO TERRAZAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PVEM

Diego Cobo Terazas, diputado a la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y demás disposiciones jurídicas aplicables, solicita que se turne a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para su dictamen y posterior discusión en el Pleno de la Cámara de Diputados, la siguiente proposición con punto de acuerdo, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

En los últimos años ha sido ampliamente documentada la extraordinaria riqueza biológica y natural de México, desafortunadamente, y como consecuencia de un aparente desarrollo socioeconómico contrario a las políticas de sustentabilidad, durante las últimas décadas se ha incrementado la perdida de los ecosistemas naturales de nuestro país, lo cual ha puesto en riesgo su integridad, comprometiendo su disponibilidad y la de los servicios ambientales que estos nos proporcionan.

Esta preocupante degradación de nuestro ambiente, nos ha obligado a contemplar dentro de nuestra política ambiental, los principios de protección y aprovechamiento sustentable de la gran riqueza biológica y de los recursos naturales del país, haciendo necesario el establecimiento de principios y políticas ambientales dirigidas al fortalecimiento de los programas de protección ambiental que se han desarrollado en los últimos años. Por tal motivo, debemos establecer y desarrollar estrategias y acciones que permitan revertir los efectos negativos que sobre el medio ha ocasionado el hombre.

Las áreas naturales protegidas en adelante ANP, son definidas por la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, como "las zonas del territorio nacional y aquéllas sobre las que la nación ejerce su soberanía y jurisdicción, en donde los ambientes originales no han sido significativamente alterados por la actividad del ser humano o que requieren ser preservadas y restauradas"¹ y su establecimiento ha constituido uno de los principales instrumentos de política ambiental dirigidos a la conservación de la biodiversidad y de los bienes y servicios ambientales.

Actualmente contamos con 158 zonas decretadas por la federación como ANP, mismas que se encuentran administradas por la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, representando una superficie de 22 millones 38 mil 789 hectáreas, el 11.22 por ciento del territorio nacional.²

Es indudable que este instrumento se ha constituido como un importante avance en las políticas nacionales de conservación de los ecosistemas, los paisajes y la biodiversidad, pero resulta necesario entender que no solamente basta con emitir una declaratoria de área natural protegida, sino que también se deben definir sus lineamientos de administración y manejo, y esto se logra por medio de la expedición de los programas de manejo de las ANP.

Uno de los estados del país con mayores riquezas naturales, es Quintana Roo, por lo que ha sido objeto de la declaración 13 áreas naturales protegidas de jurisdicción federal, siendo una de estas, el área de protección de flora y fauna de Yum Balam, la cual fue declarada con dicha categoría el día 6 de junio de 1994³, con una superficie de 154 mil 52.25 hectáreas, las cuales se ubican en el municipio de Lázaro Cárdenas, en la porción noroeste de Quintana Roo. Esta ANP cuenta con una biodiversidad neotropical características de la península de Yucatán, albergando una gran cantidad de especies de vida silvestre sujetas a alguna categoría de riesgo, entre las que podemos destacar a la tortuga caguama (Caretta caretta), tortuga carey (Eretmochelys imbricata), cocodrilo de pantano (Cocodrylus moreletii), manatí (Trichechus manatus), mono aullador (Alouatta pigra), oso hormiguero (Myrmecophaga tridáctila), jaguar (Pantera onca) y venado temazate (Mazama americana)⁴, entre otras.

Desafortunadamente, y tal y como ocurre en la mayor parte de las ANP del país, Yum Balam no cuenta aun con un programa de manejo, a pesar de lo establecido dentro del segundo transitorio de su decreto, el cual establece que el Programa de Manejo del Área de Protección de Flora y Fauna Yum Balam deberá ser elaborado en un término de 365 días naturales contados a partir de la fecha en que entra en vigor el mismo. El plan de manejo constituye un elemento jurídico más para determinar con mayor precisión las actividades que dentro del ANP se podrán realizar, por lo cual resulta de vital importancia el que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a través de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, elabore y publique dicho programa de manejo.

El ANP de Yum Balam se encuentra cercana al ciudad de Cancún, razón por la cual, no ha pasado desapercibida de ser susceptible de aprovechamiento como destino turístico por parte de los grandes inversionistas tanto nacionales como extranjeros. Cabe destacar que una parte significativa del ANP es propiedad del ejido de Chiquilá, el cual se localiza dentro del municipio de Lázaro Cárdenas, Quintana Roo. La situación actual relacionada con el uso de suelo que actualmente aqueja a este ejido, se ha convertido en un foco rojo para aquellos que nos regimos por los principios de conservación ambiental, ya que empresarios extranjeros por medio de filiales mexicanas pretenden realizar desarrollos turísticos en la zona equiparable a lo que actualmente es Cancún, cuyo proyecto ya es nombrado por algunos como el "Nuevo Cancún", como primer paso para lograr esto, y con el objetivo de obtener el pleno dominio sobre las tierras que comprenden el ejido de Chiquilá, el pasado 6 de agosto de 2006 dentro del marco de una presunta simulación de asamblea ejidal, los ejidatarios de Chiquilá celebraron un contrato de usufructo con la sociedad mercantil denominada Desarrolladora e Inmobiliaria Mérida Siglo XXI, SA de CV, en dicho contrato se autorizó al usufructuario, a realizar toda clase de modificaciones al inmueble usufructuado, así como la construcción de infraestructura turística en la zona, como hoteles, clubes de golf, carreteras, muelles, etcétera. Sin considerar las restricciones que para tal efecto tiene el uso de suelo dentro del ANP y en la región. Además, dentro de la cláusula quinta de dicho contrato, se establece como pago único por concepto del usufructo de aproximadamente 17 mil 430 hectáreas, la cantidad de 2 millones 960 mil, mismo que se traduce en 174 pesos por hectárea, una cantidad por demás injusta al valor real del bien.

Este contrato, por demás ventajoso, cuenta con diversas irregularidades jurídicas que hacen presumible su nulidad ya que, a decir de los ejidatarios, desde su concepción en lo que a la materia agraria corresponde, no cumplió con los requerimientos jurídicos necesarios para tener validez plena.

En lo que al ramo ambiental compete es necesario señalar que el hecho de que dichos terrenos se encuentren dentro de la poligonal del área de protección de flora y fauna de Yum Balam, restringe el aprovechamiento que sobre el área se puede hacer, ya que de que la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente dentro de su articulo 54 claramente establece que en estas áreas "podrá permitirse la realización de actividades relacionadas con la preservación, repoblación, propagación, aclimatación, refugio, investigación y aprovechamiento sustentable de las especies mencionadas, así como las relativas a educación y difusión en la materia". Aunado a lo anterior, la declaratoria de área de protección de flora y fauna, claramente establece la prohibición para la fundación de nuevos centros de población dentro el área. Además de que todo proyecto de obra pública o privada, que se pretenda realizar dentro ella, deberá ser congruente con los usos de suelo de la zona, preponderando las actividades de preservación de los ecosistemas y sus elementos.

Debido a este tipo de circunstancias y al potencial riesgo que genera la ejecución de obras de infraestructura turística dentro de la poligonal del área de protección de flora y fauna de Yum Balam, me permito someter a la consideración del Pleno, para su turno y, en su caso, aprobación la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para que por medio del titular de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas elabore y publique a la brevedad, el programa de manejo del área de protección de flora y fauna de Yum- Balam.

Segundo. Se exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de la Reforma Agraria para que, por medio de la Procuraduría Agraria, evalúe la legalidad de la celebración de la asamblea general de ejidatarios de Chiquilá que tuvo verificativo el día 6 de agosto de 2006, así como la validez jurídica del convenio de usufructo de 17 mil 340 hectáreas, celebrado entre el ejido Chiquilá, municipio de Lázaro Cárdenas, Quintana Roo y la empresa denominada Desarrolladora Inmobiliaria Mérida Siglo XXI, SA de CV, el cual debe de estar apegado a lo establecido dentro de los ordenamientos jurídicos competentes.

Tercero. Se le solicita a la Comisión de la Reforma Agraria de la LX Legislatura, dar seguimiento a las denuncias interpuestas ante la Secretaría de la Reforma Agraria, a través de la Procuraduría Agraria, por parte de los ejidatarios inconformes y afectados por la suscripción del mencionado convenio.

Notas:
1 Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, artículo 3, última reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 23 de mayo de 2006.
2 Fuente: Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, febrero de 2007.
3 Mediante decreto presidencial publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 6 de junio de 1994.
4 Quintana Roo, áreas naturales protegidas, Secretaría de Turismo, Secretaría Estatal de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, página 13, Chetumal, Quintana Roo 2001.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los 15 días del mes de marzo de 2007.

Diputado Diego Cobo Terrazas (rúbrica)
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA SAGARPA A REALIZAR UNA ALTERNATIVA AMBIENTAL VIABLE PARA EL CONTROL DE LA LANGOSTA, A CARGO DEL DIPUTADO DIEGO COBO TERRAZAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PVEM

Diego Cobo Terazas, diputado a la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y demás disposiciones jurídicas aplicables, solicita que se turne a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para su dictamen y posterior discusión en el Pleno de la Cámara de Diputados, la siguiente proposición con punto de acuerdo, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

La langosta centroamericana (Schistocera piceifrons piceifrons Walker 1870) tiene su área permanente de reproducción en: la península de Yucatán, Guatemala (en la zona costera del Pacífico), El Salvador, Honduras y Nicaragua, (preponderantemente en las zonas aledañas al Golfo de Fonseca en estos tres últimos países).¹

Este insecto migratorio mide más de 10 centímetros, sus patas posteriores son robustas y grandes, sus antenas son cortas, los tarsos son de tres segmentos, su comportamiento cambia de acuerdo al incremento poblacional pasando de la fase solitaria a la fase gregaria. Posteriormente cambian de color y forma. A pesar de ser migratorio, este insecto tiene bien definida su zona geográfica de multiplicación y gregarización.²

De acuerdo a ciertos estudios, la biología de la langosta presenta metamorfosis simple o incompleta, tiene tres etapas a saber: huevo, ninfa y adulto. La etapa ninfal puede tener hasta ocho estados.³ Ahora bien, el potencial reproductivo de la langosta centroamericana es elevado toda vez que por cada macho hay diez hembras. Las hembras ponen huevos entre seis y ocho veces, y en cada ooteca hay 68 huevos.⁴ Por lo general, la langosta centroamericana presenta dos generaciones al año.

La langosta centroamericana se alimenta de más de 59 especies de plantas, sin embargo, la diversidad, calidad, composición, localización y densidad de la vegetación influyen en el hábito alimenticio de este insecto. Diversos estudios demuestran que la langosta centroamericana, al igual que otros acrídidos tiene la capacidad de seleccionar su alimento con base en el contenido nutrimental y, en ocasiones, cuando el alimento es escaso, la langosta puede variar su dieta consumiendo alimentos con bajo contenido nutricional por periodos prolongados.

Por regla general, los acrídidos, incluida la langosta centroamericana, incrementan su consumo alimenticio con base en su tamaño, sexo y estado biológico, "sin embargo, en relación al peso del cuerpo las hembras consumen menos (1.8 centímetros cuadrados sobre gramo masa de la hembra por hora, contra 2.72 centímetros cuadrados sobre gramo masa del macho por hora)".⁵ Ahora bien, se han hecho estudios que indican que la cantidad de alimento consumida por una manga de mil kilómetros cuadrados es de 100 mil toneladas de alimento al día. Al respecto cabe mencionar que una manga de densidad media se conforma aproximadamente de 50 millones de langostas por kilómetro cuadrado.⁶

De acuerdo con el estudio del Instituto de Ecología y Alimentos de la Universidad Autónoma de Tamaulipas intitulado Orthopteros plaga de Brasil, existen diferentes factores que han propiciado la proliferación de las langostas en Brasil, sin embargo, como se observará, éstos también aplican al caso de la proliferación de la langosta centroamericana en el país. Los factores que el referido estudio distingue son: el cambio en el uso o manejo de la tierra, los disturbios ecológicos, la falta de continuidad en las operaciones de control, la falta de continuidad en el monitoreo y vigilancia cuando los brotes ya han sido controlados, la deforestación, el abandono de cultivos tradicionales y áreas cultivadas y la introducción de nuevos cultivos.⁷

Se han registrado diversas invasiones de este insecto en el país, desde la isla Socorro en Baja California hasta Yucatán. La más reciente invasión en Yucatán tuvo lugar durante la última semana del mes de febrero pasado, luego de una primera invasión de mangas a principios del año en los estados de Yucatán y Campeche. De acuerdo con la información publicada en los medios de comunicación local, el año pasado la presencia de la langosta centroamericana en Yucatán ocasionó daños a aproximadamente a 400 hectáreas de maíz y hortalizas, y en esta temporada se prevén daños a más de 5 mil hectáreas de diversos cultivos, particularmente palma de coco.⁸

Cabe destacar que la langosta centroamericana "es una de las plagas agrícolas más importantes en el sureste del territorio nacional y se considera como potencial para los otros estados del Golfo de México y del Pacífico, debido a que llega a atacar hasta 400 especies vegetales, siendo en nuestro país los cultivos más afectados: maíz, frijol, sorgo, arroz, soya, cacahuate, caña de azúcar, chile, tomate, cítricos, plátano, coco y pastizales".⁹

Los recursos materiales y humanos de que dispone Yucatán para combatir la manga que tiene más de 5 mil kilómetros cuadrados de extensión son 20 toneladas de insecticidas (malatión, paration y fipromil), 12 bombas dispersoras, 18 vehículos y 70 personas. También dispone de un monto de 200 mil pesos para atender este problema.

De acuerdo a los procedimientos de la Dirección General de Sanidad Vegetal de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, con objeto de mantener una densidad de población baja, el manejo de la langosta centroamericana debe ser integral, es decir, se deben aplicar dos o más métodos de control disponible. Los métodos de control que se sugerían en la normatividad aplicable eran cultural, biológico y químico.

Este último cobra relevancia toda vez que ante la reciente manga que atacó cultivos en Yucatán y que estará migrando a Campeche y Tabasco se utilizaron, como se ha señalado, los pesticidas organofosforados malatión, paratión y fipromil.

El malatión es un plaguicida usado para matar insectos en cosechas agrícolas, por lo que se rocía sobre amplias extensiones del territorio. Este plaguicida químico tiene efectos sobre la salud humana que se manifiestan después de una exposición directa y tienen como órgano blanco el sistema nervioso central. Algunos de los síntomas por exposición a altas concentraciones de malatión en el aire, agua o alimentos son "dificultad para respirar, opresión del pecho, vómitos, calambres estomacales, diarrea, secreción de lágrimas, visión borrosa, salivación, sudor excesivo, dolor de cabeza, mareo, pérdida del conocimiento y la muerte".¹⁰

La exposición al paratión también provoca efectos en la salud humana como nausea, vómito, retorcijones abdominales, diarrea, excesiva salivación, dolor de cabeza, vértigo, insomnio, temblor muscular, dificultad para respirar, visión borrosa y pérdida de la coordinación muscular e incluso la muerte por fallas del centro respiratorio, parálisis de los músculos respiratorios, intensa broncoconstricción o una combinación de las tres.¹¹

Estos pesticidas organofosforados no son selectivos por lo que al ser rociados sobre los cultivos para con objeto de controlar la plaga de langosta atacan a otras especies además de la langosta centroamericana afectando así el correcto funcionamiento del ecosistema.

De acuerdo con información de la Sagarpa, además del uso de agentes químicos, las campañas de control de langosta cuentan con "la generación y validación de tecnología, que se propone aplicar en los estados de Yucatán, Quintana Roo, Campeche, Veracruz, Tamaulipas, San Luis Potosí, Chiapas, Oaxaca, Colima y Nayarit; con la finalidad de apoyar las estrategias generales para la operación de la campaña contra la langosta, dentro de las cuales se involucra al control biológico como táctica de control para mantener en niveles bajos la densidad de población de este insecto y evitar así la formación de mangas o bandos en áreas gregarígenas".¹²

Sin embargo, cabe destacar que un estudio sobre el impacto de la langosta centroamericana en la isla Socorro, Baja California realizado por investigadores del Departamento de Ecología y Recursos Naturales de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México, menciona que en el control de la langosta centroamericana de ninguna manera se recomienda el uso de insecticidas o agentes biológicos que tengan un efecto catastrófico sobre la red trófica, la artropofauna, particularmente si hay endemismos. Si bien es cierto que el estudio referido se llevó a cabo en un tipo de ecosistema muy particular, las recomendaciones pueden aplicarse a las zonas del país en las que se aplican campañas de control sanitario contra la langosta centroamericana, ello porque cada estado tiene una riqueza biológica distinta con sus respectivos endemismos.

Es oportuno señalar que en ningún momento nos oponemos al control de las plagas, pero consideramos que estos controles deben llevarse a cabo de forma adecuada, evaluando en cada caso los efectos colaterales en el medio ambiente y la salud humana, sobre todo cuando ya no existe una norma que regule el control de la langosta centroamericana.

Por lo expuesto, el legislador que suscribe, diputado a la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y demás disposiciones jurídicas aplicables, somete a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, solicitando sea turnada a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales para su estudio y dictamen.

Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a desarrollar e implementar una alternativa ambiental, económica y tecnológicamente viable para el control de la plaga de langosta centroamericana (Schistocera piceifrons piceifrons), distinta al uso de pesticidas organofosforados como el malatión y el paratión, o cualquier otro compuesto tóxico que pudiera ser inespecífico, biopersitente o bioacumulable.

Segundo. Se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, por medio de la Subsecretaría de Gestión para la Protección Ambiental, a que emita una opinión técnica sobre el impacto ambiental que genera el uso de pesticidas como malatión y paratión en las selvas de Yucatán, como medida de control de la plaga de langosta centroamericana (Schistocera piceifrons piceifrons).

Tercero. Se exhorta a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, a que verifique el cumplimiento de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos y su reglamento, respecto de la gestión de los residuos de envases de plaguicidas utilizados generados en la campaña de control de langosta centroamericana (Schistocera piceifrons piceifrons), en Yucatán.

Cuarto. Se exhorta a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas a que informe a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente si existe alguna violación a la legislación federal en materia de áreas naturales protegidas y/o a los decretos de las áreas naturales protegidas de la península de Yucatán, derivado del uso de pesticidas químicos como el malatión y el paratión para el control de la langosta centroamericana (Schistocera piceifrons piceifrons).

Notas:
1. Ver Anaya González S. s/f. Diagnosis de Acridoideos (Orthoptera: Acridoidea), que se asocian a áreas agrícolas en la región central de México. Instituto de Fitosanidad del Colegio de Postrgraduados, Montecillo, estado de México, página 8.
2. Ídem.
3. Coronado y Márquez (1986) y Barrientos (1992) et.al citados por Anaya González S. op cit, p. 14.
4. Se denomina ooteca a la masa o vaina en la que las langostas depositan sus huevos.
5. Anaya González S. op cit, p. 18.
6. Anaya González S. op cit, p. 23.
7. Barrientos Lozano L. Orthopteros plaga de Brasil, Biotam volumen 5, número 1, abril-julio 1993. En: http://ecologia.uat.mx/ página consultada el 7 de marzo de 2007.
8. Bofil Gómez L. 2007. Destruyen langostas cultivos en Yucatán; van a Quintana Roo. La Jornada. sección Estados, 3 de enero de 2007. Y Amenaza plaga de langostas cinco mil hectáreas en Yucatán, El Sol de Irapuato. 4 de enero de 2007.
9. Sagarpa. Norma Oficial Mexicana NOM-049-FITO-1995, Por la que se establece la Campaña contra la Langosta. Diario Oficial de la Federación, 17 de julio de 1998.
10. Agency for toxic Substances and Disease Registry. Department of Health and Human Services. Resumen de salud pública: Malatión. En: http://www.atsdr.cdc.gov/es/phs/es_phs154.html. Página consultada el 7 de marzo de 2007.
11. Monografía paratión. En: http://www.monografias.com/trabajos14/paration/paration.shtml. Página consultada el 7 de marzo de 2007.
12. Sagarpa. Programas de Control Biológico En: http://senasicaw.senasica.sagarpa.gob.mx/portal/html/sanidad_vegetal/referencia_fitosanitaria/Programa_de_control_biologico.html. Página consultada el 7 de marzo de 2007.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los 15 días del mes de marzo de 2007.

Diputado Diego Cobo Terrazas (rúbrica)
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE SOLICITA AL EJECUTIVO FEDERAL QUE INFORME SOBRE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD TOMADAS DURANTE LA VISITA DEL PRESIDENTE DE ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, A CARGO DEL DIPUTADO VÍCTOR GABRIEL VARELA LÓPEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD

El suscrito, diputado federal Víctor Gabriel Varela López, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de este pleno proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Primera. Que la visita del Presidente de Estados Unidos de América a México fue absolutamente intrascendente para la relación bilateral de entre México y nuestro vecino del norte. Fue un encuentro entre dos camaradas del mismo signo ideológico, que comparten filias y fobias, militantes y promotores de un modelo que empobrece a la mayoría y enriquece a una pequeña minoría. Los dos carecen de legitimidad democrática y los dos se arropan en las fuerzas armadas para ganar el respaldo que no obtuvieron en las urnas.

Segunda. Que esta inútil visita del señor Bush alteró severamente las actividades y la vida cotidiana de miles de personas que enfrentaron la suspensión de sus garantías individuales y la imposición de restricciones por parte de fuerzas militares y policiacas extranjeras.

Tercera. Que el gobierno mexicano comprometió la soberanía nacional y la integridad física de los ciudadanos mexicanos, al permitir la entrada y operación de fuerzas militares y policiacas extranjeras en territorio nacional; el patrullaje de aeronaves militares extranjeras sobre la ciudad de Mérida; el despliegue de francotiradores extranjeros; el desarme de los cuerpos de seguridad publica municipales y estatales; la declaración de un virtual toque de queda en las inmediaciones de la hacienda de Temozón y la transferencia del mando de las fuerzas de seguridad mexicanas a oficiales militares y policíacos extranjeros.

Cuarta. Que nunca antes el gobierno de México permitió acciones tan burdas, groseras y prepotentes por parte del gobierno de los Estados Unidos. En todas y cada una de las reuniones a las que han acudido dignatarios extranjeros, la seguridad ha estado cargo de las fuerzas de seguridad mexicanas conforme lo establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Quinta. Que la ocupación militar de fuerzas extranjeras en la ciudad de Mérida y otras partes del estado de Yucatán violentaron el orden jurídico constitucional del Estado mexicano y estableció de facto un régimen jurídico de excepción.

Por lo antes expuesto y fundado, someto a consideración de la asamblea, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La LX Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión solicita al titular del Poder Ejecutivo federal que entregue, con la mayor brevedad, a esta soberanía la siguiente información:

Diputado Víctor Gabriel Varela López (rúbrica)
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA SHCP, A LA SENER Y A LA COMISIÓN REGULADORA DE ENERGÍA A AJUSTAR LA TARIFA ELÉCTRICA RESIDENCIAL EN YUCATÁN, A CARGO DEL DIPUTADO JOSÉ LUIS BLANCO PAJÓN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI

El suscrito diputado federal de la LX Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del PRI, con fundamento en los artículos 58, 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración del Pleno el siguiente punto de acuerdo al tenor de las siguientes:

Consideraciones

Primera. Es de todos conocido que en el país y particularmente en el sureste mexicano, realizamos grandes esfuerzos para tratar de establecer la imperiosa estabilidad económica y social que nuestros ciudadanos reclaman. No obstante a lo anterior, la falta de oportunidades para alcanzar un desarrollo sostenido que integre infraestructura social, servicios de salud y educación, empleo y tecnología productiva, provoca grandes carencias y un grave desequilibrio e inequidad en la distribución de la riqueza. Por eso nuestro compromiso es promover, que desde los niveles centrales del Ejecutivo federal se proyecten políticas públicas que impulsen el desarrollo de las ciudades y comunidades del Sureste mexicano, reduciendo los índices de pobreza e inequidad social.

Segunda. Es preciso señalar, que de los elementos que toma en consideración la Comisión Federal de Electricidad, así como las estadísticas y complicados cuadros en los que sustentan los cálculos para establecer actualmente las tarifas del servicio eléctrico domiciliario, parecen ser diseñadas con premeditada complicación, para hacerlas aptas solo para expertos, siendo que de esa manera no se precisan de manera clara y congruente las fórmulas utilizadas para determinar la tarifa aplicada en cada localidad, lo que es contrario a lo que debe establecer cualquier estudio y se traduce en incertidumbre, descontrol y confusión entre los usuarios cautivos quienes no cuentan con ninguna otra opción que pudiera proporcionar ese servicio, rayando esto en los límites de una práctica monopólica.

Tercera. Ya que la energía eléctrica es un insumo básico e indispensable para tener estándares de vida saludable, sobre todo para las personas que viven en zonas con condiciones climatológicas similares a las de Yucatán, mismas que impactan a la salud por las temperaturas elevadas y altos índices de humedad, resulta indispensable el uso de sistemas de ventilación para disminuir la temperatura corporal, así como de refrigeración para la conservación de los alimentos.

Cuarta. Debido a que Yucatán tiene uno de los índices salariales más bajos del país, resulta de suma importancia revalorar el impacto del bajo ingreso per cápita sobre el cálculo tarifario, haciéndose obligatoria la reclasificación en las tarifas eléctricas que actualmente se aplican en el estado.

Quinta. Debido a las condiciones climatológicas de calor permanente que se aprecia en todos los meses del año, en el estado de Yucatán se ha comprobado que las temperaturas varían con una desviación estándar muy pequeña entre las llamadas estaciones del año, es decir, las temperaturas registradas en el verano son similares a las registradas en otoño e invierno. Esto conlleva a un gasto constante, durante 12 meses, por el uso de equipos de ventilación y enfriamiento, el cual afecta claramente el presupuesto de todos y todas las familias yucatecas.

Sexta. Diversos estudios científicos confirman que la humedad relativa es un parámetro esencial que influye en un reiterado uso de sistemas de ventilación, climatizadores, bombas de agua y aparatos para conservar alimentos, ya que, en ciertas regiones, el calor no es tan alto como en otras, pero sí lo es su humedad relativa. Lo anteriormente citado, da lugar a que nuestro cuerpo experimente mayor sensación térmica cuando hay presencia de humedad, a la cual se le conoce como "temperatura aparente". La administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos de América, ha elaborado varias gráficas en las que ilustra dicho efecto.

Séptima. Para Yucatán representa una clara desventaja el hecho de que se establezcan las tarifas sin contar con el efecto catalizador que la humedad ejerce sobre la temperatura, dejando de considerar que respecto a otras regiones o zonas de clima seco, la temperatura ambiental podrá dar la misma lectura en grados centígrados, pero la temperatura aparente –llamada "calor sensible"– es notoriamente mayor en lugares donde los niveles de humedad son superiores al 50%, como sucede en Yucatán.

Octava. Que de considerarse la citada humedad relativa como parámetro para fijar las tarifas eléctricas, la temperatura media mínima en Yucatán registraría un incremento de 5 grados sobre la lectura registrada, dando lugar a lo que se llama "temperatura aparente", cumpliéndose así con las condiciones necesarias de temperatura, para realizar una reclasificación en la tarifa eléctrica.

Novena. Que en base al criterio con el cual se definió la clasificación tarifaría para el estado de Yucatán, no fueron tomados en cuenta la humedad relativa para determinar el calor sensible que realmente impacta en el deterioro de las condiciones de vida y en la salud de las y los yucatecos, si por las limitaciones económicas de los bajos ingresos familiares dejan de usarse aparatos de ventilación y refrigeración de alimentos.

Décima. Que referente al estado de Yucatán, la humedad relativa promedio anual es del 72% llegando en septiembre y octubre muy por arriba del 80% ascendiendo las temperaturas hasta los 40.2 grados centígrados, fenómeno que no ocurre en el norte del país.

Décima Primera. La presente proposición no sólo atiende a la demanda de los sectores productivos de nuestra entidad, sino también a la región maya predominantemente indígena de la zona henequenera, al clasificarlos erróneamente cobrándoles una tarifa que les resulta impagable.

Por lo expuesto, someto a consideración de esta H. Cámara el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. Que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Secretaría de Energía y la Comisión Reguladora de Energía, en el ámbito de sus atribuciones y funciones, por lo que toca al estado de Yucatán, consideren la temperatura, la humedad, la zona salarial y el nivel de ingresos, así como la situación socioeconómica, para que se reclasifique la tarifa eléctrica en dicha entidad, de manera tal que:

Diputado José Luis Blanco Pajón (rúbrica)
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A INFORMAR A ESTA SOBERANÍA MEDIANTE LAS DEPENDENCIAS CORRESPONDIENTES ACERCA DE LA APLICACIÓN DE LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-155-SCFI-2003, A CARGO DE LA DIPUTADA BEATRIZ COLLADO LARA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN

La que suscribe, diputada federal Beatriz Collado Lara, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta honorable asamblea el presente punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Siendo la leche uno de los alimentos más completos para la población, es natural que forme parte de las estrategias de seguridad alimentaría respecto a su producción y comercialización nacional e internacional entre las naciones del mundo.

Dados los componentes nutricionales de la leche, tales como las proteínas que contienen gran cantidad de aminoácidos esenciales para la alimentación, es por ello que los organismos internacionales como la FAO y la UNESCO, la han recomendado como alimento imprescindible para la nutrición humana, principalmente para los niños.

La mayoría de los países considera la producción y abasto de leche como una prioridad nacional, por lo cual establecen políticas de alto proteccionismo para ese sector. Desafortunadamente nuestro país se ha quedado atrás y no ha protegido de manera adecuada a este sector.

Países desarrollados como Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea producen un gran volumen de leche, por lo cual sus excedentes terminan vendiéndolos en el mercado internacional con grandes subsidios a sus productores, afectando –mediante dumping– fuertemente los precios del producto.

En el mercado mundial se aprecia una especialización industrial en las empresas de algunos países, determinando la oferta mundial en los siguientes segmentos de mercado:

Leche en polvo. Se divide en dos grandes grupos integrados por los países altamente desarrollados tales como los Estados Unidos, Canadá y los ubicados en Europa que disfrutan de amplios subsidios; y por otra parte, los países con bajos costos de producción como Australia, Nueva Zelanda, Argentina y Uruguay, que sin embargo poseen condiciones agroclimáticas muy favorables para la producción y cuentan con la infraestructura necesaria.

Subproductos y derivados lácteos. Este segmento de mercado está formado por productos como la caseína, sueros lácteos y otros, que participan cada vez más como materias primas de productos alimenticios.

Según datos de la FAO y la ONU durante los últimos 10 años (1992-2001) la producción mundial de leche de bovino fue cercana a 5 mil millones de toneladas, destacando la participación de la Unión Europea con el 26 por ciento, seguida de Estados Unidos (15 por ciento), Rusia (8 por ciento), India (6 por ciento) y Brasil (4 por ciento), países que conjuntamente participaron con 60 por ciento de la producción total.

Como país productor, México ocupa el treceavo lugar, con un promedio de 8 millones de toneladas anuales.

En los últimos 10 años, el consumo humano total de leche ha crecido a una tasa media anual del 1.6 por ciento, observándose dos comportamientos paralelamente, el de los países desarrollados y el de los países en desarrollo.

En comparación con otros países, el consumo per cápita de México equivale a 2.6 veces el consumo promedio de los países en desarrollo y equivale a poco más de la mitad de lo que consumen los países desarrollados. Por ejemplo consumimos un 36 por ciento de lo que consumen los habitantes de Holanda y menos de la mitad de lo que consumen los estadounidenses.

A pesar del excelente potencial para la producción de leche bovina en México, el mercado interno de este producto no ha podido superar las deficiencias tecnológicas y financieras que frenan su desarrollo pleno.

El gobierno mexicano se ha dado a la tarea de fortalecer y normar la actividad de este sector estratégico en la política alimentaría de las próximas y actuales generaciones de mexicanos; es así que el 12 de septiembre del 2003 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la norma oficial mexicana para regular la leche y sus derivados, con el título NOM-155-SCFI-2003, "Leche fórmula láctea y producto lácteo combinado, denominaciones, especificaciones fisicoquímicas, información comercial y métodos de prueba".

Esta norma establece en el párrafo primero de su considerando lo siguiente:

Es responsabilidad del gobierno federal procurar las medidas que sean necesarias para garantizar que los productos que se comercialicen en el territorio nacional contengan los requisitos necesarios para garantizar los aspectos de información comercial para lograr una efectiva protección del consumidor.

Desafortunadamente, después de la tardía publicación de la NOM, el gobierno federal no ha podido tomar las medidas necesarias para aplicar de manera efectiva la norma en comento. Hoy en día subsisten prácticas que violentan lo establecido en la NOM-155-SCFI-2003 en perjuicio de los consumidores finales, quienes compran y consumen fórmulas en el mejor de los casos lácteas, pensando que se trata de leche. Desafortunadamente muchos gobiernos estatales y municipales lucran con la necesidad de la gente más necesitada y les ofrecen como leche substancias sin ningún control sanitario y carentes de toda certificación; la gente, al no tener conocimiento y confiada de que es el propio gobierno el que se la vende, compra esta "leche" por su precio más económico.

Al desconcentrarse los Programas de Asistencia Social Alimentaría se fortaleció la capacidad de acción de los sistemas estatales de DIF y del Distrito Federal para la operación de los programas, en perjuicio de un mejor control y fiscalización de éstos.

Como consecuencia de lo anterior, los Sistemas para el Desarrollo Integral de la Familia ahora son los encargados y facultados para adquirir los insumos para los programas alimentarios de los Sistemas Estatales para el Desarrollo Integral de la Familia.

En las licitaciones estatales, y en algunas municipales, para la compra de lácteos que integran los desayunos escolares gana quien ofrezca el menor precio, lo cual provoca que muchas de las ocasiones gana el proveedor con el producto de menor calidad y que, por tanto, no cumple el mínimo que le exige la NOM-155-SCFI-2003.

Ante esta situación nos encontramos con que millones de niños todo el país reciben fórmulas lácteas o fórmulas de soya, con un bajo contenido nutricional. Es importante recalcar que México es el único país en el mundo que importa sueros lácteos para consumo humano, que aunque más económicos son de poco valor nutricional. Además, muchas de las proteínas que llegan a tener estas fórmulas se estabilizan con sustancias químicas, que pueden causar alteraciones a la salud, pues no se encuentra demostrada su inocuidad.

Debemos exigir que la Profeco ponga atención a esta realidad que afecta y daña la salud alimentaria de miles de mexicanos que consumen estos productos pensando que tienen un alto valor nutritivo, cuando esto no es así.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, considerando la necesidad de no dejar en letra muerta lo previsto en la NOM-155-SCFI-2003, someto a la consideración de esta honorable Cámara de Diputados la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. Que el Ejecutivo federal, por medio de las secretarías de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, de Economía, y de Desarrollo Social, así como de la Procuraduría Federal del Consumidor, informe a esta soberanía acerca de la aplicación de la Norma Oficial Mexicana NOM-155-SCFI-2003, "Leche fórmula láctea y producto lácteo combinado, denominaciones, especificaciones fisicoquímicas, información comercial y métodos de prueba".

Segundo. Que la Procuraduría Federal del Consumidor publique una lista de los productos que contengan formulas lácteas, a fin de que no se siga engañando, confundiendo y defraudando al consumidor.

Tercero. Que los gobiernos estatales y municipales sólo compren, en beneficio de sus gobernados, leche entera de vaca fortificada, la cual cumpla de forma cabal la NOM-155-SCFI-2003.

Cuarto. Que la autoridad encargada de aplicar la NOM-155SCFI-2003 sancione a los gobiernos federal, estatales y municipales, y a las organizaciones políticas y demás asociaciones que vendan o repartan de manera gratuita productos que no cumplan la multicitada norma.

Quinto. Se exhorta al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia y a los Sistemas Estatales para el Desarrollo Integral de la Familia para que, en la adquisición de lácteos para los programas alimentarios, se observe la Norma Oficial Mexicana NOM-155-SCFI-2003 y se procure apoyar la compra de leche de los productores nacionales.

Sexto. Se exhorta al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia para que considere únicamente leche de vaca fluida, entera y fortificada.

Séptimo. Se exhorta al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia para que establezca los mecanismos necesarios que permitan verificar y certificar la calidad de la leche que proporciona.

Finalmente, diputado presidente, y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicito a su soberanía que sea puesta a discusión inmediatamente esta proposición con punto de acuerdo por considerarse de urgente y obvia resolución.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de marzo de 2007.

Diputada Beatriz Collado Lara (rúbrica)
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE SOLICITA LA COMPARECENCIA DEL DIRECTOR GENERAL DE PEMEX PARA QUE INFORME SOBRE LA DECLINACIÓN DEL ACTIVO CANTARELL Y LAS FUTURAS IMPLICACIONES DE ELLO EN LA PLATAFORMA DE EXTRACCIÓN PETROLERA NACIONAL, A CARGO DEL DIPUTADO ANTONIO SOTO SÁNCHEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD

El suscrito, diputado federal Antonio Soto Sánchez, –integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática–, a la LX Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Para todos los mexicanos es conocida la importancia del petróleo: su valor económico y estratégico así como su naturaleza no renovable y finita. Quizás por eso vemos con mayor preocupación la creciente dependencia de las finanzas públicas en torno a la explotación de un recurso que comienza a declinar con relativa rapidez, en su principal yacimiento, sin que conozcamos la estrategia con que Ejecutivo federal pretende hacer frente a un problema productivo y financiero que bien pudiera identificarse como de seguridad nacional.

De acuerdo a la Secretaría de Hacienda, en su cuarto informe trimestral de 2006, los ingresos petroleros ascendieron a 860 mil millones de pesos, para significar el 38 por ciento de los ingresos presupuestales del sector público; un punto más que el año precedente y superior en 130 mil millones de pesos.

Esta abundancia de los ingresos petroleros se ha debido a la extraordinaria riqueza de los yacimientos mexicanos de hidrocarburos. Particularmente uno: Cantarell, segundo yacimiento¹ más grande del mundo y primero de costa afuera; que desde 1979 ha producido más de 7 mil millones de barriles de petróleo, pero que ha comenzado a dar muestras de una declinación acelerada por lo que demanda del Poder Legislativo, una atención particular ya que constituye el núcleo del financiamiento del presupuesto federal.

Cantarell aportó, en el año del 2000, una producción diaria de 1.4 millones de barriles, y contribuyó con el 48 por ciento del petróleo extraído en el país; mantuvo su crecimiento hasta el 2004 con un registro de 2 millones 136 mil barriles diarios, configurando el 63 por ciento de la extracción nacional (3.382 millones de barriles diarios, mbd). El año siguiente, 2005, marcó el inicio de su declinación y el año pasado aportó 1.7 millones de barriles, es decir, una declinación de más de 340 mil barriles diarios respecto a su punto más alto. Hoy existen distintas versiones no confirmadas –pero tampoco desmentidas por Pemex–, de que al inicio de 2007 Cantarell estaría produciendo 1.5 millones de barriles por día, acelerando su declinación más allá de los pronósticos estimados.

Por ejemplo, llama la atención el hecho de que el reporte sobre producción de hidrocarburos líquidos de Pemex, para el mes de diciembre de 2006, ubique la extracción nacional en 2 millones 978 barriles de petróleo crudo. Promedio tan reducido que no encuentra paralelo en los registros de la paraestatal en la presente década.

Es necesario llamar la atención sobre las implicaciones de los rangos de declinación de Cantarell, porque la sola reducción de 200 mil barriles entre 2004 y 2006 no tiene precedentes en el mundo, para un solo activo, y desde el punto de vista económico, para las finanzas públicas de México constituye una pérdida, a los precios de 2006, de más de 60 mil millones de pesos.

El 8 de diciembre de 2005, Pemex publicó en un boletín de prensa, marcado con el número 287, una importante aclaración que pretendía salir al paso de distintas versiones sobre la declinación de Cantarell. El punto f) del mencionado boletín establece: "…los niveles de producción en el complejo Cantarell para 2006 se estiman en 1.905 millones de barriles por día, aproximadamente. Para los años 2007 y 2008, las producciones estimadas son de: mil 683 y mil 430 millones de barriles por día, respectivamente.

El inciso g) del mismo boletín concluye: "…la producción de aceite crudo esperada para 2006 excederá 3 mil 400 millones de barriles por día…"

Como se podrá observar con claridad, las estimaciones de corto plazo de Pemex resultaron con un error de aproximadamente 150 mil barriles, pues 2006 concluyó con 3 mil 256 millones de barriles y aún desconocemos las cifras oficiales por activo (aunque el Reporte de resultados financieros de Pemex, al 31 de diciembre de 2006, lo ubica en mil 788 mbd).

Si como afirmó Pemex, la extracción de Cantarell para 2007 estará en el rango de 1.6 millones de barriles, entonces:

¿La declinación promedio será de 220 mil barriles anuales?

¿A cuanto asciende realmente la declinación anualizada de Cantarell?

¿Qué medidas han tomado las scretarías de Energía y Hacienda para solventar un asunto que pudiera transformarse en un gravísimo problema, si durante el año no se obtienen los flujos de efectivo que aporta Pemex para mantener las reservas del Banco de México, y el día a día del gasto público?

Se ha señalado continuamente que Pemex ha tomado las previsiones necesarias para que esa declinación sea amortiguada por el activo Ku-Maloob-Zaap: que ha pasado de 304 mil barriles en 2004 a 496 mil barriles este año, lo que significa un incremento considerable de 190 mil barriles muy valiosos, aunque con un aceite de menor calidad que producirá un evidente castigo al precio de la mezcla de petróleos mexicanos.

El conjunto de las consideraciones anteriores tienen el propósito de llamar la atención de los integrantes de esta legislatura a fin de que podamos establecer, a la brevedad posible, una serie de actividades que permitan a este Congreso tener una visión exacta de la situación que atraviesa el principal activo de hidrocarburos del país; no sólo desde el punto de vista productivo y geológico, sino también de financiero, para que Legislativo y Ejecutivo tratemos de enfrentar los retos de inversión que se requieran, así como todas aquellas acciones afines que permitan a la economía mexicana asimilar sin graves sobresaltos el proceso de declinación de su principal activo petrolero: Cantarell.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de este honorable Pleno el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión acuerda la comparecencia del director general de Petróleos Mexicanos, para que informe, y presente documentalmente los elementos suficientes de carácter geológico, tecnológico, productivo y económico sobre la declinación del activo Cantarell, y sus implicaciones futuras en la plataforma de extracción petrolera nacional.

Nota:
1 El primero es Ghawar, en Arabia Saudita, con una capacidad de producción de 4.5 millones de barriles diarios.

^{Palacio Legislativo, a 15 de marzo de 2007.}

^{Diputado Antonio Soto Sánchez (rúbrica)}
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A DIVERSAS AUTORIDADES A IMPLANTAR ACCIONES Y PROGRAMAS DE PROTECCIÓN DE LOS BOSQUES DE LA SIERRA DE ZONGOLICA Y LAS ALTAS MONTAÑAS DEL VOLCÁN PICO DE ORIZABA, EN VERACRUZ, A CARGO DE LA DIPUTADA MÓNICA ARRIOLA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE NUEVA ALIANZA

Monica T. Arriola, diputada federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza de la LX Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 58, 59 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a la consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, al tenor de los siguientes

Antecedentes

La conservación de los recursos forestales en nuestro país debe de ser un tema de la más alta prioridad; se debe considerar el cuidado de los bosques como un asunto de seguridad nacional.

México ocupa el decimocuarto lugar mundial en superficie forestal, con 126.9 millones de hectáreas, y el vigésimo sexto en producción maderable.

No obstante de nuestra gran riqueza forestal, hasta el año 2000 la situación de los bosques y selvas del país era poco alentadora y sólo entre los años 1993 y 2000 se perdieron alrededor de 8 millones de hectáreas, como consecuencia de la alta marginación social, proliferación de asentamientos humanos aislados, cambio de uso de suelo para actividades agropecuarias, incendios inducidos y conflictos agrarios por la tenencia de la tierra, entre otros.

La sierra de Zongolica y las altas montañas del volcán Pico de Orizaba, en Veracruz, no son la excepción. En la zona se aprecia el cambio de entorno y los daños irreversibles al medio ambiente, lo que agrava la miseria y pobreza de los indígenas y campesinos que habitan el lugar.

El presidente del Consejo Regional Ambientalista, Graciano Illescas Téllez, en una entrevista que concedió al periódico El Sol de Orizaba, el 26 de febrero de 2007, aseguró que "cada año son arrasadas por incendios forestales 950 hectáreas de bosque en la sierra de Zongolica y en las altas montañas del volcán Pico de Orizaba".

Reveló también que el municipio de Maltrata ocupó el primer lugar en la entidad veracruzana como la población más desforestada, al igual que la Perla y Mariano Escobedo, comunidades de las Altas Montañas, ignoradas por los programas de reforestación y desarrollo sustentable.

Grupos ambientalistas han alzado la voz haciendo un llamado a las autoridades para que comiencen a tomar las previsiones necesarias de vigilancia para erradicar la tala y el transito ilegal de madera y productos forestales en la zona, que conlleva a la proliferación de otros problemas graves como son los incendios, debido a las grandes suradas.¹

El problema en México es que se quiere prevenir cuando el problema ya esté encima, estamos a tiempo y sabemos que se requiere inversión en materia de prevención.

Los habitantes de la zona externaron su demanda y queja de cada año ante diversos medios de comunicación, en el sentido de que las autoridades se movilizan cuando ya se originaron los desastres y se preguntan qué sucede con los programas productivos y preventivos destinados a la zona, al publicarse notas como:

Provoca surada incendios en más de una hectárea en Nogales.

A causa de la surada que se registró durante la madrugada y parte del día de este miércoles en la zona centro del estado, en el municipio de Nogales, las autoridades de protección civil se movilizaron, ya que se originaron incendios en aproximadamente una hectárea del territorio nogalense, así lo informó del director operativo del rubro Pablo Ramos Huerta.

Ramos Huerta indicó que la movilización de los elementos inició a las 9 de la mañana, toda vez que recibieron el llamado de auxilio por el incendio de una pipa que transportaba combustóleo, sobre el tramo de la autopista Nogales.

‘Cuando recibimos el llamado, fuimos inmediatamente, este, hicimos uso de la unidad tipo pipa con la que contamos y afortunadamente no hay reporte de heridos’ apuntó.

Sin embargo este no fue el único incidente reportado a causa de la surada, ya que después de prestar el primer auxilio, los elementos se vieron en la necesidad de acudir al cerro de La Capilla, donde un incendio afectó pastizales en aproximadamente media hectárea.

‘allí fue un poco difícil sofocar las lamas, pero tampoco tuvimos heridos’, aseguró.

El entrevistado dijo que más tarde, en el Rincón de las Doncellas, también se registró un incendio de pastizales que afectó 200 metros, lo cual en su versión no pasó a mayores.²

La gente de la zona demanda atención inmediata, argumentan que nunca se han aplicado recursos porque no existen programas sociales destinados a la zona por parte del gobierno federal; sin embargo, los grupos ambientalistas refutan esta información, al exponer a las autoridades que sí existen los programas sociales, pero que el problema radica en que los recursos de dichos programas nunca llegan a su destino y continúan desprotegidos los que más lo necesitan.

"Queremos ayuda, perdimos nuestras casas, perdimos nuestra siembra, no tenemos para comer mañana" es el clamor de los campesinos de las faldas del volcán Pico de Orizaba, en el municipio La Perla, que sintieron los embates de la naturaleza éste jueves con un fuerte fenómeno de surada.

Francisco Espinosa Balderas, de 41 años de edad con domicilio en la comunidad de Papalotla, en La Perla, hijo del campesino Andrés Espinosa Mota, de 54 años de edad, quien perdió la vida la tarde de éste jueves al caerle una piedra encima, habló para éste medio informativo;

Refirió que ellos se dedican a la siembra de maíz, con lo que apenas pueden sobrevivir, hoy, les quedan sin el sostén de la familia sus hermanos José, Benigno, Esperanza y el pequeño Juan, de 2 años de edad.

Al igual que ellos, miles de familias quedaron sin el techo de su hogar y pasarán la noche a la intemperie, cubiertos con hules y cobijas;

‘Queremos que el Gobernador nos apoye con láminas para reconstruir nuestras casas, que nos apoye para poder comer mañana’.

Melesio de Jesús Balderas, Juez de esa misma comunidad, solicitó que si el gobierno del estado les ofrece el apoyo, sea de manera directa, porque ‘si llega al municipio, el ayuntamiento nos lo hace perdidizo y no nos entrega nada’.

Afirman que son muchas la familias que sobreviven con apenas 40 pesos al día, lo cual, ante lo caro que están los productos de la canasta básica, no alcanza para nada y hoy, con la desgracia menos.

Por eso, insisten; ‘Queremos que el señor gobernador nos ayude, el es una buena persona y hoy, nosotros, los más pobres, le pedimos que nos eche una manita’³

La deforestación de la zona agrava la miseria y pobreza de los indígenas y campesinos de esta zona. La mayoría de los habitantes de la sierra viven casi exclusivamente de la explotación de la madera, que a la fecha ya no abunda como antaño, por la deforestación ocasionada por los problemas ya citados.

Son necesarios programas en los tres niveles de gobierno tanto educativos, preventivos y productivos que promuevan el uso racional de los recursos forestales en el lugar, así como acciones para controlar el tránsito ilegal de madera y productos forestales. Urge un programa de combate a la tala clandestina.

Por las razones expuestas en el Grupo Parlamentario Nueva Alianza, dando cumplimiento a nuestro compromiso por proteger nuestro medio ambiente y nuestros recursos naturales, proponemos a esta honorable soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

De urgente y obvia resolución.

Primero. Se exhorta a la Secretaría de Gobernación para que a través de la Coordinación General de Protección Civil realice las actividades de apoyo necesarias a la población de la sierra de Zongolica y las altas montañas del volcán Pico de Orizaba, en el estado de Veracruz.

Segundo. Se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para que a través de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente implante de manera urgente acciones contundentes de inspección y vigilancia forestal para detener la tala inmoderada, así como el tránsito ilegal de madera y productos forestales, de la cual es objeto la zona de la sierra de Zongolica y las altas montañas del volcán Pico de Orizaba, en el estado de Veracruz.

Tercero. Se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para que a través de sus órganos de control verifique el cumplimiento, con la mayor brevedad, del destino de los recursos asignados a los programas de desarrollo forestal, pago de servicios ambientales forestales y del programa de servicios ambientales en plantaciones agrícolas y cadenas productivas agroforestales aplicables a la zona.

Cuarto. Que el resultado de lo anterior sea informado a esta soberanía.

Notas:
1 Surada. Golpe de viento sur. Real Academia de la Lengua Española.
2 Orizaba en red. Leticia Maldonado Rebollo. Pagina web http://orizabaenred.com.mx/cgi-bin/web?b=VERNOTICIA&{num}=50584
3 Orizaba en la red. Juan H. Santos. Pagina web http://orizabaenred.com.mx/cgi-bin/web?b=IMPRENTA&{num}=50585

Palacio Legislativo de San Lázaro, México, DF, a 14 de marzo de 2007.

Diputada Mónica T. Arriola (rúbrica)
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA SCT A PUBLICAR EL REGLAMENTO CORRESPONDIENTE A MENSAJERÍA Y PAQUETERÍA, A CARGO DEL DIPUTADO ANTONIO DEL VALLE TOCA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN

Antonio del Valle Toca, diputado federal de la LX Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en el artículo 87 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, propone al Pleno de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión punto de acuerdo a fin de exhortar a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a que, de acuerdo con el artículo 58 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, publique el reglamento correspondiente a la materia de mensajería y paquetería, al tenor de las siguientes

Consideraciones

1. El otorgamiento de permisos de paquetería a empresas con inversión extranjera considerando el emplazamiento de vehículos atenta contra la industria nacional.

2. Lo anterior se debe a que no existe una correcta distinción entre el servicio de carga con el de mensajería y paquetería, con lo que se pueden presentar violaciones de la reserva en materia de carga doméstica para mexicanos.

3. La Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal define en el artículo 2 la carta de porte, servicios auxiliares, carga y paquetería de la siguiente manera:

5. Por lo anterior se presenta un serio problema en el ejercicio de las leyes y los reglamentos aplicables, toda vez que bajo nuestra legislación el servicio de carga y el servicio de mensajería y paquetería son distintos, cada uno debería contar con una regulación expresa, tomando en cuenta que el servicio de carga ya cuenta con una legislación y reglamentación adecuada, la mensajería y paquetería carecen de esta reglamentación, por lo cual es de suma importancia que la Secretaria de Comunicaciones y Transportes publique dicho reglamento para que de esa manera se regulen y reglamenten las claras restricciones sobre el tipo de inversión que puede participar en la prestación de cada servicio.

Por lo anterior, someto a consideración el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Que se exhorte a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a que realice y publique con premura el reglamento de paquetería y mensajería que, expresa el artículo 58 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, debe regir este tema para la ordenación de dicha actividad registrada en la ley.

Asimismo, que se dé prioridad al diálogo y la discusión por parte de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes y esta soberanía para encontrar soluciones eficaces al problema que se expresa en la materia.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de marzo de 2007.

Diputado Antonio del Valle Toca (rúbrica)
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE SOLICITA A LOS TITULARES DE LA SEP, DEL CONACYT Y DE LA SHCP QUE CORRIJAN LAS IRREGULARIDADES EN EL PROCESO DE SUMINISTRO DE RECURSOS PARA EL FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS CORRESPONDIENTES A LAS CONVOCATORIAS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, A CARGO DEL DIPUTADO MARTÍN RAMOS CASTELLANOS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD

El que suscribe, diputado del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática y presidente de la Comisión Especial encargada de impulsar y dar seguimiento a los programas y proyectos de desarrollo regional del sur-sureste de México, con base en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía punto de acuerdo, de urgente u obvia resolución, por el que se exige a los titulares de la Secretaría de Educación Pública, del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que corrijan de inmediato todas las irregularidades en el proceso de suministro de recursos para el financiamiento de proyectos correspondientes a las convocatorias de investigación científica básica 2005 y 2006. Lo anterior, con base en las siguientes

Consideraciones

El gobierno mexicano tiene en el tema del impulso de la investigación científica y el desarrollo tecnológico una actitud esquizofrénica: por un lado, reconoce en el discurso el valor que tienen la ciencia y la tecnología para el desarrollo económico soberano de nuestro país y elogia su papel en las posibles mejorías de la calidad de vida de los mexicanos que ellas representan; y por el otro, cada año disminuye en términos reales, dentro de su propuesta de Presupuesto de Egresos, el gasto federal en ciencia y tecnología (el cual, por cierto, ni siquiera debiera llamarse gasto sino inversión).

Debemos hacernos cargo, desde este poder soberano del Estado, de tutelar el impulso de la investigación científica y del desarrollo tecnológico. La simulación en este tema es una hipoteca sobre la viabilidad de nuestro país en un mundo donde la economía se basa en la generación de conocimiento y sus aplicaciones prácticas.

Quiero citar algunas cifras en pesos constantes de 2005 que revelan el retroceso, o al menos el estancamiento, en materia de financiamiento a que están sujetas la investigación científica y el desarrollo tecnológico en México.

En 2000 se destinó 0.42 por ciento del PIB a la inversión en ciencia y tecnología, lo cual representó casi 32 mil millones de pesos; para 2004 se invirtió 0.36 del PIB, lo cual significó una disminución de 2 mil 400 millones. Para 2007, el gobierno federal planteó invertir sólo 0.35 por ciento del PIB en el rubro, recortando 835 millones de pesos respecto a lo invertido en 2006. Esta última propuesta representó el nivel más bajo de los últimos 20 años en materia de inversión en ciencia y tecnología. Es decir, la alternancia ha sentado mal en términos presupuestales a la ciencia mexicana.

En el contexto internacional, México tampoco tiene una posición destacada en el tema del financiamiento de la ciencia y la tecnología: en 2004, el promedio de inversión en Latinoamérica fue de 0.57 por ciento del PIB; ese año México invirtió sólo 0.41 por ciento. Países como Brasil, Cuba, Chile y España estuvieron por encima, con 0.95, 0.65, 0.6 y 1.07 por ciento del producto interno bruto, respectivamente. Si ahora se habla de lo que invierten en la materia los países miembros de la OCDE, los niveles que mantiene México son simplemente humillantes. Podría resumirse la situación diciendo que la décima economía mundial no atiende el tema de la generación de riqueza en la forma más rentable que existe.

La adición del artículo 9 Bis a la Ley de Ciencia y Tecnología en 2004 quedará como un episodio más de la incongruencia del Estado mexicano en su responsabilidad con la ciencia y la tecnología. Dicho artículo señala que el Estado mexicano (federación, entidades federativas y municipios) destinará no menos de 1 por ciento del PIB al financiamiento de la investigación científica y el desarrollo tecnológico. Esto, evidentemente, no se cumple; y el principal responsable de esta situación es el gobierno federal. Si se guarda correspondencia en el tema con las proporciones del reparto que existe de los ingresos, eso significa para el Ejecutivo central una aportación de no menos de 0.7 por ciento del PIB, es decir, el doble de lo que actualmente eroga. Esta situación es tan grave, que será necesario analizar las responsabilidades en que incurre el Ejecutivo federal por su evidente violación de la ley.

Como epílogo de este difícil panorama de la ciencia y la tecnología en México, debemos añadir que desde 2005 no se entregan los recursos correspondientes a la convocatoria de investigación científica básica emitida de forma conjunta por la SEP y Conacyt. Es decir, se destina muy poco a la ciencia y la tecnología; y, encima de ello, esos exiguos recursos no se entregan.

La Cámara de Diputados no puede ser comparsa de esta farsa e incongruencia ni un minuto más; desde aquí le decimos a la comunidad científica nacional que estamos con ellos y que tienen, en el Congreso de la Unión, y en todos los legisladores que apoyan este punto de acuerdo, a unos aliados dispuestos a luchar a su lado.

Por todo lo anterior se propone el siguiente

Punto de Acuerdo

De urgente u obvia resolución

Primero. La Cámara de Diputados cita a comparecer ante esta soberanía a los titulares de la SEP, del Conacyt y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que informen sobre las razones que han retrasado de forma inadmisible la entrega de los recursos destinados al financiamiento de los proyectos correspondientes a las convocatorias de investigación científica básica 2005 y 2006.

Segundo. La Cámara de Diputados exige a los titulares de la SEP, del Conacyt y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público cumplan de inmediato el suministro de los recursos para el financiamiento de los proyectos de investigación en ciencia básica presentados por investigadores de todo el país como respuesta a la convocatoria de investigación científica básica emitida por la SEP y el Conacyt en 2005 y que fueron dictaminados favorablemente por las instancias evaluadoras correspondientes.

Tercero. La Cámara de Diputados exige a los titulares de la SEP y del Conacyt que i) obtengan, en un plazo no mayor de 30 días, los dictámenes correspondientes sobre los proyectos presentados en respuesta a la convocatoria de investigación científica básica emitida por la SEP y el Conacyt en 2006; y ii) hagan lo necesario para entregar, antes de julio de este año, la totalidad de los recursos destinados a dichos proyectos.

Cuarto. La Cámara de Diputados solicita a los titulares de la SEP, del Conacyt y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que los remanentes de recursos, entendidos éstos como la diferencia entre lo originalmente programado en los Presupuestos de Egresos 2005 y 2006 y lo efectivamente entregado para el financiamiento de los proyectos aprobados en las convocatorias de investigación científica básica 2005 y 2006, sean trasladados de forma íntegra al ejercicio fiscal de 2007 para el mismo fin.

Quinto. La Cámara de Diputados solicita a los titulares de la SEP, del Conacyt y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que tomen las medidas necesarias, e informen a esta soberanía sobre ellas, para evitar que en lo sucesivo se presenten retrasos en el suministro de recursos destinados a financiar proyectos derivados de la convocatoria de investigación científica básica.

Diputado Martín Ramos Castellanos (rúbrica)
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA CONAGUA A VERIFICAR LOS POZOS DE AGUA DE LA CUENCA LERMA-CHAPALA-SANTIAGO Y CLAUSURAR LOS CLANDESTINOS, A CARGO DEL DIPUTADO JOEL ARELLANO ARELLANO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN

Joel Arellano Arellano, diputado federal a la LX Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario de Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 58, 60 y demás relativos y aplicables del Reglamento Para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

El agua genera bienestar social, refiriéndonos al suministro de los servicios de agua potable y alcantarillado a la población, así como al tratamiento de las aguas residuales.

El agua propicia el desarrollo económico, ya que se considera el agua como un insumo en la actividad económica; por ejemplo, en la agricultura, la producción de energía eléctrica o la industria.

El agua se preserva, es el elemento que cierra el concepto de sustentabilidad. Además, el agua debe proporcionar bienestar social y apoyar el desarrollo económico; se debe preservar en cantidad y calidad adecuadas para las generaciones actuales y futuras, y la flora y fauna de cada región.

Es facultad de la Comisión Nacional del Agua expedir títulos de concesión o asignación de aguas nacionales, verificar, inspeccionar y comprobar el cumplimiento de obligaciones previstas en la ley.

Es también facultad de la Comisión Nacional del Agua ordenar la clausura de la explotación, uso o aprovechamiento ilegal de aguas nacionales que se realice a través de infraestructura hidráulica, sin contar con la concesión o asignación correspondientes, o cuando se lleve a cabo a través de pozos clandestinos.

Uno de los problemas principales de la cuenca Lerma-Chapala-Santiago consiste en la sobreexplotación de los mantos acuíferos de ésta, ya que en la actualidad los pozos clandestinos y las empresas con concesión para extraer agua que se exceden del límite permitido han generado una sobreexplotación de los mantos acuíferos por mil millones de metros cúbicos, lo cual es una cifra preocupante para las personas que se encuentran asentadas en el territorio que ocupa dicha cuenca.

Con la finalidad de preservar el vital líquido es necesario que la Comisión Nacional del Agua, por medio de sus organismos competentes lleve a cabo una minuciosa verificación a las empresas que cuentan con concesiones para extraer agua de los acuíferos de la cuenca Lerma-Chapala-Santiago, a efecto de que se constate el cumplimiento de los volúmenes de agua que se extraen por cada empresa, y que para el caso de que se detecten irregularidades en éstas sean sancionadas conforme a la ley.

Asimismo resulta urgente la verificación de los pozos de agua ubicados en la región de la cuenca Lerma-Chapala-Santiago para conocer cuántos cuentan con el permiso correspondiente, y los que se encuentren irregulares sean clausurados y se impongan las sanciones debidas.

En mérito de lo antes mencionado, sometemos a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorta a la Comisión Nacional del Agua para que por medio de sus organismos competentes lleve a cabo una minuciosa verificación a las empresas que cuentan con concesiones para extraer agua de los acuíferos de la Cuenca Lerma-Chapala-Santiago, a efecto de que se determine la cantidad de agua extraída de los cuerpos subterráneos de propiedad nacional y se cumplan los autorizados al usuario en el título de concesión correspondiente, y para el caso de que se detecten irregularidades sean sancionadas conforme a la ley.

Segundo. Se exhorta a la Comisión Nacional del Agua para que por medio de sus organismos competentes realice una verificación de los pozos de agua ubicados en la región de la cuenca Lerma-Chapala-Santiago para conocer cuántos poseen el permiso correspondiente y los que se encuentren en forma clandestina sean clausurados y se impongan las sanciones debidas.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de marzo de 2007.

Diputado Joel Arellano Arellano (rúbrica)
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LOS DIPUTADOS DE LA LX LEGISLATURA A DONAR UN DÍA DE SALARIO PARA AYUDAR AL PUEBLO BOLIVIANO A ENFRENTAR LAS RECIENTES INUNDACIONES, A CARGO DEL DIPUTADO ALEJANDRO SÁNCHEZ CAMACHO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD

El suscrito, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 58 y 59, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito presentar ante esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La hermana República de Bolivia sufre grandes catástrofes sociales y económicas, debido a la violencia climatológica generada por el fenómeno natural conocido como El niño.

Desde hace dos meses, las lluvias en las partes alta de Bolivia provocaron el desbordamiento de al menos cuatro de los más grandes ríos amazónicos, en los departamentos orientales de Beni, Pando, Santa Cruz y Tarija, inundando decenas de poblaciones y villorrios. Las lluvias han dejado sin casa, alimentos y agua potable a medio millón de habitantes de esa otrora paradisíaca región de la selva boliviana.

Miles de los damnificados ya padecen epidemias de dengue, malaria, diarrea, sarna y otras. En tan dramáticas circunstancias se dan escenas estrujantes, tales como que las personas fallecidas –43 hasta hoy–, son envueltas en sábanas y arrojadas por sus deudos a la corriente del río.

Las inundaciones y anegamientos provocaron también la muerte de un millón de cabezas de ganado en aquella región, por desnutrición y por las infecciones a causa de la proliferación de insectos y larvas tropicales. Los ganaderos optan por degollar a su ganado, para evitarles el sufrimiento de la agonía. Las reses son fáciles víctimas de los insectos que penetran por las pezuñas podridas debido a la humedad.

Las pérdidas del sector ganadero ascienden hasta hoy a unos 120 millones de dólares solamente en Beni. Los daños totales podrían superarán los 3 mil millones de dólares.

Paralela y paradójicamente, en el occidente del país, ocurren heladas y sequías que provocan pérdidas de todo tipo. Al menos ocho mil familias del altiplano han perdido cosechas y están expuestas a la desnutrición y al agravamiento de su pobreza. En la región seca de Bolivia no llueve desde enero y ya cunden las enfermedades bronco-respiratorias.

Por su parte, las inundaciones provocadas por las crecidas de los ríos Mamoré, Yacuma, Isidoro Sécure y Raspulo y sus afluentes; han provocado el éxodo de unas 250 mil personas hacia las partes altas de la selva. Otras 200 mil personas permanecen en los islotes formados por los entre ríos a la espera de alimentos, medicinas y agua potable.

Una cosa es segura: cuando bajen las aguas recrudecerán las epidemias de dengue, fiebre amarilla y fiebre hemorrágica que ya padecen los hermanos bolivianos. En las provincias de Tienes y Mamoré, por ejemplo, se desató ya la fiebre hemorrágica por las heces de los ratones que huyen de las inundaciones hacia las zonas secas.

Otro fenómeno producido por este fenómeno climatológico es el "retroceso" de los ríos Yacuma y Rapulo y el consiguiente anegamiento del municipio de Santa Ana de Yacuma, donde 25 mil habitantes quedaron expuestos al lodo y la acción de los insectos tropicales.

Las pérdidas son incalculables, y serán mayores si ocurre lo que se teme para los próximos días, es decir, que las aguas de las lluvias en el Perú engrosarán las corrientes de los ríos Tahuamanu y Orthon que, al salirse de cauce, inundarán la capital del departamento de Pando y al menos 25 pueblos del entorno.

Ahora bien, estamos al tanto de que en aviones militares tipo Hércules llegó a Bolivia este lunes 5 de marzo, la ayuda gubernamental mexicana, consistente en cerca de 40 toneladas de equipo y medicamentos por valor de cerca de un millón de dólares. Además, ha trascendido que el gobierno mexicano envió también un equipo de 46 personas entre personal de rescate, médicos de las secretarías de Salud y de Marina, militares de la Secretaría de la Defensa Nacional y especialistas en refugios temporales, evacuación y atención de emergencias.

Sin embargo, toda la ayuda solidaria que fluye es absorbida de inmediato. De acuerdo a las últimas estimaciones, las aguas tardarán en bajar dos meses y en ese lapso se deberá atender a unos 80 mil damnificados, cuya alimentación por mes demandará al menos mil toneladas de comida.

Por ello, y para honrar la tradición solidaria del pueblo mexicano del que somos representantes, me permito someter a esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

De urgente resolución.

Único. Los diputados de la LX Legislatura donan un día de su salario para ser depositado a la cuenta "Solidaridad con Bolivia" número 40 3947 9274 del Banco HSBC a nombre de los señores Alfredo Harvey y Javier Caballero, distinguidas personalidades de la sociedad civil boliviana, avaladas por el presidente Evo Morales y por el excelentísimo embajador de Bolivia en México.

Palacio Legislativo, a 15 de marzo de 2007.

Diputado Alejandro Sánchez Camacho (rúbrica)
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE SOLICITA A LA SE, A LA SEDESOL Y A LA SECTUR QUE DISEÑEN PROGRAMAS DE ATENCIÓN PARA RESPALDAR LA ACTIVIDAD ECONÓMICA DE TAXCO Y DIVERSAS REGIONES DE GUERRERO, A CARGO DEL DIPUTADO MODESTO BRITO GONZÁLEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD

El que suscribe, diputado federal Modesto Brito González, del Grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, integrante de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración del Pleno de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, al tenor de las de las siguientes

Consideraciones

Primera. El municipio de Taxco de Alarcón se localiza a mil 752 metros sobre el nivel del mar, al norte de la capital del estado de Guerrero. Cuenta con una extensión territorial de 347 kilómetros cuadrados, que representan el 0.54 por ciento de la superficie total estatal.

El municipio cuenta con importantes yacimientos; entre los más sobresalientes se encuentran los de oro, plata, plomo, cobre y zinc.

De acuerdo con el XII Censo General de Población y Vivienda 2000 efectuado por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), la población total del municipio de Taxco de Alarcón fue de 100 mil 245 habitantes, de los cuales 48 mil 575 eran hombres y 51 mil 670 mujeres; la población del municipio representa el 3.25 por ciento con relación al número total de habitantes en el estado. Sus principales lenguas indígenas en orden de importancia son náhuatl y zapoteco.

La cabecera municipal, cuyo nombre es Taxco de Alarcón, cuenta con 41 mil 836 habitantes. En el municipio se cuenta con 141 localidades. El municipio tiene la infraestructura adecuada para la impartición de educación en los siguientes niveles: preescolar, primaria, secundaria y media superior y una escuela superior de ciencias de la tierra de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG).

En el municipio la asistencia médica es proporcionada por la Secretaría de Salud (Ssa), el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE). Respecto al servicio de transporte urbano y foráneo de Taxco, cuenta con líneas de autobuses, servicio de combis y taxis.

La actividad industrial en el municipio es de gran importancia, ya que se cuenta con grandes centros industriales, capaces de generar un dinamismo económico en el municipio y en la región; entre los más sobresalientes se encuentran los de explotación de minerales, fabricación de muebles y otras industrias manufactureras.

La compañía más importante que existe en el municipio es la Industrial Minera México, SA, que se encarga de la extracción de los minerales para después enviarlos a procesar a Monterrey, Nuevo León. La industria manufacturera se integró en talleres de platería, orfebrería, así como talleres de carpintería.

Respecto a la comercialización de la plata y muebles coloniales, se canalizan el mercado regional y estatal. Cabe destacar que la producción artesanal de plata se exporta al mercado internacional.

La actividad turística es la más destacada en el municipio; los atractivos más importantes son el museo Espratling, ex convento de San Bernardino, casa Borda, casa Humboldt, casa de Juan Ruiz de Alarcón, casa Figueroa, templo de Santa Prisca, templo de San Miguel, templo de San Bernardino, templo de Santa Veracruz, ex hacienda de El Chorrillo, ex hacienda de San Juan Bautista, ubicada en la localidad de Taxco el viejo y el teleférico, que sirve de transporte y recreación para los visitantes.

La época de mayor afluencia turística se da con la feria nacional de la plata, Semana Santa, y en los meses de abril, noviembre y diciembre.

Como vemos son el turismo y la actividad minera vinculada a las artesanías las que le dan vida económica al Taxco Guerrero.

Segunda. Como sabemos el desempeño de una nación en materia económica de suyo es relevante, por lo que es necesario que atendamos los datos que arrojan precisión; según la última Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del INEGI, correspondiente al tercer trimestre del 2006, el 66.3 por ciento de la población ocupada trabajaba en micro o pequeños negocios; el 57.3 por ciento de los nuevos puestos de trabajo se crearon en esos micro y pequeños negocios, y el 59.2 por ciento de la población ocupada laboraba en el sector de los servicios. Es así que no es discutible la importancia socioeconómica de las micro y pequeñas empresas, ya que a todas luces son relevantes. Este tipo de empresas representan una gran oportunidad para activar e impulsar regiones del país.

En este sentido, México requiere fortalecer las micro y pequeñas empresas, consolidando las existentes e incentivando la creación de nuevas, favoreciendo su aparición y convirtiendo al Estado en un facilitador y no en un obstructor para su consolidación. ¿Qué se requiere entonces para apoyar la creación de empleos? Facilitar la creación y operación de las micro y pequeñas empresas.

Tercera. Que existen en el gobierno federal instituciones responsables abocadas a abordar los asuntos nacionales, reguladas por el marco jurídico que dan sentido a su existencia y que operan por medio de instrumentos normativos, cuya finalidad es identificar y cumplir metas a través de programas de acción de gobierno que establezcan atención a sectores y regiones con criterios de temporalidad.

Actualmente la Secretaría de Turismo estableció, como uno de sus ejes de acción, una relación permanente con el Congreso y apoyar el desarrollo turístico municipal y regional e impulsar el desarrollo turístico doméstico e internacional, por medio de empresas competitivas y en particular la pequeñas y medianas empresas de servicios turísticos, así como la asesoría permanente a municipios fortaleciendo su promoción turística. Es así que Taxco de Alarcón está contemplado en el programa de Pueblos Mágicos de la mencionada instancia gubernamental.

Que existe, por otro lado, el Fideicomiso de Fomento Minero, que tiene como uno de sus objetivos fomentar el desarrollo de la minería nacional, mediante apoyos de capacitación, asistencia técnica o financiera a personas físicas y morales dedicadas a la exploración, explotación, beneficio, comercialización y consumidoras de minerales y sus derivados, así como a los prestadores de servicios relacionados con el sector minero. Esta entidad administrativa propone a la sociedad rangos de calidad, competitividad con enfoques de mercado en el sector minero y su cadena productiva, dirigida preferentemente a la micro, pequeña y mediana empresa, con cobertura nacional. En suma se presenta como un mecanismo de apoyo para las micro y pequeñas empresas mineras.

Con base a lo anteriormente expuesto, se presenta ante esta honorable soberanía la siguiente propuesta de

Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorta a la Secretaría de Economía para que en el ejercicio de sus atribuciones y por medio del Fideicomiso para el Fomento Minero, dependiente de la misma, diseñe un programa de apoyo para la micro, pequeña y mediana empresa minera artesanal de Taxco Guerrero; programa que deberá ser incluido en las acciones de esta secretaría en el plan Nacional de Desarrollo 2007.

Segundo. Se exhorta a la Secretaría de Economía y de Desarrollo Social, por medio del Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías para que diseñen, en el marco de sus atribuciones, los programas de apoyo para la micro, pequeña y mediana empresa minera artesanal de los diferentes y variados pueblos y ciudades dedicadas a esta actividad en nuestro país. Estos programas deberán ser incluidos en el Plan Nacional de Desarrollo 2007.

Tercero. Se exhorta a la Secretaría de Turismo para que por medio del Fondo Nacional de Fomento al Turismo y del Consejo de Promoción Turística, SA de CV, dentro de el marco sus facultades promuevan, amplíen y diseñen acciones inmediatas y permanentes para impulsar la actividad turística en los pueblos y ciudades mineras, en especial de Taxco, Guerrero, durante el año 2007, que deberán ser incluidas en el Plan Nacional de Desarrollo.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de Marzo de 2007.

Diputado Modesto Brito González (rúbrica)
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE SOLICITA LA INTERVENCIÓN DE LA SFP, DE LA COFETEL Y DE LA COMISIÓN FEDERAL DE COMPETENCIA PARA INVESTIGAR LAS POSIBLES IRREGULARIDADES EN LA COMERCIALIZACIÓN O EXPLOTACIÓN DE LA RADIODIFUSORA 105.7 FM, A CARGO DEL DIPUTADO ALFONSO SUÁREZ DEL REAL Y AGUILERA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD

Quienes suscriben, diputados Valentina Batres Guadarrama, Gerardo Villanueva Albarrán y José Alfonso Suárez del Real y Aguilera, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LX Legislatura, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permiten someter a la alta consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo por el que se solicita la intervención de la Secretaría de la Función Pública, de la Comisión Federal de Telecomunicaciones y de la Comisión Federal de Competencia para que atiendan la denuncias públicas correspondientes a sus facultades y lleven a cabo las investigaciones correspondientes por las posibles irregularidades en la comercialización o explotación indebida de servicios o productos de la radiodifusora 105.7 FM (Reactor), estación concesionaria del Instituto Mexicano de la Radio, y que en caso de establecerse algún acto u omisión constitutivos de delito, procedan en consecuencia.

Consideraciones

Se entiende por payola, en la jerga profesional de los medios de comunicación, la "programación pagada de temas musicales, de grupos y productos de la industria del espectáculo"; este pago se hace por vía económica o por medio de viajes o por entregada de productos. La payola compra al programador y los espacios de rotación musical. Es frecuente que en las radiodifusoras, la cantidad de veces que se repite una canción o un grupo musical no depende de su calidad sino de los recursos económicos que se pagan por medio de la payola. En países como Estados Unidos de América, se tiene configurada la payola como una especie de fraude, toda vez que se engaña al público al hacerle creer que es su preferencia o selección el criterio en que se basa el programador para repetir temas o a grupos musicales.

La payola y otras prácticas derivadas se llevan a cabo en nuestro país de manera impune, aunque la ley establece las limitaciones en los espacios susceptibles de ser comercializados, no se investiga sobre el fenómeno de la payola. Es tan conocida esta práctica, que los directores de medios o programadores lo aceptan abiertamente. En 1998, el señor José Álvarez, gerente entonces de la radiodifusora Radioactivo 98.5 FM, reconoció ante productores canadienses durante el Canadian Music Week que la razón por la que no se programa la música canadiense independiente es porque en la radio mexicana sólo se programa por medio de la payola, ante el azoro de organizadores y productores musicales del país del norte. Es importante señalar que el programador entonces de la estación 98.5 FM Radioactivo era el señor Raúl David Vázquez (conocido por el seudónimo de Rulo, como programador) y que el grueso de los colaboradores de 98.5 FM Radioactivo son quienes ahora tienen la programación y producción de la estación del IMER Reactor 105.7 FM.

En particular, las denuncias sobre las evidencias de payola o de la explotación comercial de los espacios de programación y difusión de la estación radiofónica Reactor 105.7 FM del IMER se han publicado en diferentes medios de comunicación, como Milenio y La Jornada. Músicos pertenecientes al sello discográfico Antídoto han cuestionado los criterios con que se realiza la programación musical de Reactor, no sólo porque son hermanos el gerente de la estación radiofónica del IMER y la disquera EMI Music de México, Marcel Lara y Camilo Lata, respectivamente, sino porque se sospecha que la frecuencia con que repiten temas de Moderatto y de Titán, entre otros grupos, se debe a que pertenecen a los directivos de la estación estatal.

Destaca especialmente el conjunto de presuntos ilícitos producto de la explotación comercial de las antologías musicales de Reactor, que ya lleva en su haber cuatro volúmenes y que ostenta como propietaria de la marca a la disquera transnacional EMI Music de México, SA de CV. Recordemos las limitaciones que establece la ley vigente a las estaciones de radio permisionarias, así como el fundamento social y de servicio con el cual se crean los medios públicos, ambos principios vulnerados, ya que Reactor 105.7 FM, en lugar de ser un medio de comunicación público, funciona como radiodifusora comercial. Esta ambigüedad representa una competencia ilegal con otros medios comerciales y culturales, injustificable en un medio que se financia con recursos del Estado. Todo lo mencionado sería suficiente para revocar el permiso correspondiente, por lo que estamos solicitando la intervención de la Comisión Federal de Competencia y de la Comisión Federal de Telecomunicaciones.

Es además fundamental además la intervención de la Secretaría de la Función Pública, con el fin de investigar las denuncias citadas, así como las presuntas irregularidades que enumero a continuación:

Punto de Acuerdo

Uno. Se solicita la intervención de la Secretaría de la Función Pública para que investigue la presunción de los delitos de abuso de autoridad, ejercicio abusivo de funciones, cohecho y peculado.

Dos. Se solicita la intervención de la Comisión Federal de Telecomunicaciones para que revise el estatuto jurídico de concesión a la estación permisionaria del Instituto Mexicano de la Radio Reactor 105.7 FM, y que se revoque en caso de violentar el estatuto jurídico con el que se estableció la concesión correspondiente.

Tres. Se solicita la intervención de la Comisión Federal de Competencia para que realice la investigación correspondiente, ante las irregularidades denunciadas por las prácticas que presuntamente violan los ordenamientos jurídicos en la Ley Federal de Competencia Económica.

Cuatro. Que las instituciones investigadoras actúen en consecuencia.

Palacio Legislativo, a 15 de marzo de 2007.

Diputado José Alfonso Suárez del Real y Aguilera (rúbrica)
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LOS TITULARES DE LA SCT Y DE CAPUFE A INSTAURAR LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA REDUCIR EL PEAJE EN LAS AUTOPISTAS QUE ADMINISTRAN, A CARGO DEL DIPUTADO CARLOS SÁNCHEZ BARRIOS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD

El suscrito, diputado federal en la LX Legislatura e integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo estipulado en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta honorable asamblea el siguiente punto de acuerdo, bajo las siguientes

Consideraciones

México es un país de enormes desigualdades y carencias. Algunas de carácter social y económico, pueden ser consideradas como superables; en cambio otras desigualdades y carencias con origen en la naturaleza, poseen un mayor grado de dificultad para ser resueltas.

La inicua distribución del ingreso es un ejemplo de desigualdades económicas y sociales.

Por otro lado, la localización de los recursos naturales, como el agua dulce y las relativas a la orografía del territorio, son ejemplo de desigualdades y carencias naturales.

Si bien estas diferencias no son atribuibles a nadie en particular; marcan, sin embargo, a nuestros compatriotas, favoreciendo a unos y afectando a otros. Tal es el caso del transporte, tanto de personas, como de mercancías, a través de la red carretera y en especial de las autopistas de cuota, en donde prevalecen inconvenientes disparidades de costos.

Una primera aproximación a las tarifas de peaje muestra una significativa disparidad de las mismas. El costo promedio por kilómetro para automóviles en todas las autopistas del país es de 1.18 pesos, ese costo en las autopistas operadas por Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, Capufe, es de 1.12 pesos, y el mismo costo en autopistas operadas por otros concesionarios se eleva a 1.36 pesos. Lo anterior denota, por una parte, una fuerte disparidad en el costo por kilómetro entre autopistas; y por otro, un menor costo promedio en las autopistas operadas por Capufe que en las de otros concesionarios.

Lo mismo se repite en los casos de autobuses y camiones de dos ejes. Para los autobuses el costo promedio por kilómetro es de 2.02 pesos en el conjunto de las autopistas; de 1.89 pesos en las operadas por Capufe y de 2.41 pesos en las operadas por otros concesionarios.

En el caso de los camiones el costo promedio es de 2.02, 1.89 y de 2.43 pesos, respectivamente.

Existen autopistas en las que los peajes superan, con mucho, los promedios señalados. En las autopistas Capufe la tarifa por kilómetro para automóviles varía de 0.59 pesos (en la autopista Estación Don-Nogales) a 1.79 pesos (en la autopista Guadalajara-Tepic); y para autobuses oscila entre 0.97 pesos (en la autopista Estación Don-Nogales) y 2.66 pesos (en la autopista Zacapalco-Rancho Viejo).

Dado que se presenta esa disparidad de peajes, existe un margen para reducirlos así como para intentar igualarlos en todo el país, en beneficio de los usuarios de las autopistas, en particular de quienes radican en zonas de orografía pronunciada. Lo anterior sin desconocer, desde luego, las condiciones diversas en las que se tienen que construir las vialidades, las diferentes especificaciones de las vías y en consecuencia los distintos costos de construcción y operación.

Recordemos que una de las funciones del estado mexicano es atenuar las desigualdades en el país. El tema carretero es un campo en donde esa función debe ser desplegada.

De tal manera, propongo a esta soberanía, exhortar a las autoridades responsables, a considerar estos hechos y adoptar nuevos criterios para la fijación de tarifas, tendiendo al mismo tiempo a reducirlas e igualarlas.

Considerando lo antes señalado, someto a la consideración de esta soberanía, el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, así como al titular de la Dirección General de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, para que instrumenten las medidas que resulten necesarias tendientes a reducir e igualar las tarifas de peaje por kilómetro que se cobran actualmente en las autopistas de cuota a cargo de Capufe.

Segundo. Igualmente, esta honorable Cámara de Diputados, exhorta a los mencionados funcionarios, con el fin de que tomen en consideración nuevos criterios en la fijación de las cuotas de peaje en las autopistas a cargo de Capufe de modo que éstas no profundicen las desigualdades existentes entre las regiones del país; lo mismo que en futuras concesiones, se privilegie la rentabilidad social sin abandonar el criterio de la rentabilidad económica.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de marzo de 2007.

Diputado Carlos Sánchez Barrios (rúbrica)
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA COMISIÓN INTERSECRETARIAL DE CAMBIO CLIMÁTICO A INSTAURAR UNA ESTRATEGIA DE DIFUSIÓN NACIONAL SOBRE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO, A CARGO DE LA DIPUTADA GUADALUPE S. FLORES SALAZAR, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD

La suscrita, diputada federal Guadalupe S. Flores Salazar, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presento al Pleno de la honorable Cámara de Diputados proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El 11 de diciembre de 1997, los países industrializados se comprometieron en la ciudad de Kyoto a ejecutar un conjunto de medidas para reducir los gases de efecto invernadero. Los gobiernos signatarios pactaron reducir en 5.2 por ciento de media las emisiones contaminantes entre 2008 y 2012, tomando como referencia los niveles de 1990. El acuerdo entró en vigor el 16 de febrero de 2005, después de la ratificación por parte de Rusia, el 18 de noviembre de 2004.

Actualmente, existe un fuerte consenso científico que el clima global se modificará significativamente en los siguientes años como resultado del aumento de concentraciones de gases de efecto invernadero, dióxido de carbono, metano, óxidos nitrosos y clorofluoro-carbonos. Asociadas a estos potenciales cambios, se vislumbra que habrá grandes alteraciones en los ecosistemas. Respecto al impacto directo sobre seres humanos, se puede incluir en la expansión del área de enfermedades infecciosas tropicales, inundaciones de terrenos costeros y tormentas más intensas, la extinción de incontables especies de plantas y animales, aumento de sequías, etcétera.

México se integró en 1994 al marco del Panel Intergubernamental de Cambio Climático y al Protocolo de Kyoto en 1997 y ratificó ese acuerdo en 2000, año a partir del cual da a conocer sus inventarios de emisiones contaminantes. En febrero de 2007, 27 naciones europeas firmaron un acuerdo para reducir 20 por ciento de las emisiones de los contaminantes que lo ocasionan para 2020. Esas naciones hicieron un llamado a los países en vías de desarrollo a sumarse, con el propósito de elevar la meta a una disminución de 30 por ciento en comparación con 1990. La petición de incorporación se dirigió a China, India, Sudáfrica, Brasil y México.

En términos generales, México es un país vulnerable al cambio climático. De acuerdo con los resultados del Estudio de país, en el caso de la agricultura de temporal, áreas que en la actualidad son medianamente aptas para el cultivo, desaparecerían, reduciéndose así la extensión para su cultivo y afectando a millones de personas que subsisten gracias al campo.

El agua en México está mal distribuida naturalmente. Para dar una idea, más de la mitad del territorio localizado al norte y en el altiplano del país sólo recibe 9 por ciento de la precipitación media anual, pero concentra 75 por ciento de la población. En tanto, casi 70 por ciento de la precipitación anual se da en el sureste de México, donde vive sólo 24 por ciento de la población. Con poca precipitación en el norte y mucha en el sur, el cambio climático podría traducirse, de acuerdo con los escenarios del Estudio de país, en escasez en el primero y exceso en el segundo. Además, dado que actualmente todas las cuencas hidrológicas en el país están siendo mal utilizadas, son vulnerables ya a las fluctuaciones climáticas, situación que empeoraría en condiciones de cambio climático. El agua es probablemente el recurso más importante para el país, por lo que requiere atención especial, en particular las cuencas del centro del país, la del Lerma-Chapala y la cuenca del Pánuco.

Como consecuencia de los dos aspectos anteriores, los asentamientos humanos serían vulnerables en cuanto a la satisfacción de sus requerimientos de agua y comida, además de requerir posiblemente un consumo mayor de energía para el control de la temperatura en casas e industrias, así como para la conservación de alimentos.

Más de 15 mil kilómetros cuadrados de zonas costeras podrían estar amenazados por la elevación del nivel del mar, afectando por igual los ecosistemas, la ganadería y la agricultura. Zonas que requieren especial atención son las desembocaduras del río Bravo, en Tamaulipas; del Usumacinta y el Grijalva, en Tabasco; las lagunas costeras en Veracruz, etcétera. En algunos lugares el agua de mar podría llegar más de 40 kilómetros tierra adentro.

Las industrias que requieren el agua como insumo podrían estar amenazadas. Si el agua no se cuida, la generación de energía eléctrica se comprometería, como se mencionó, pues competiría por este recurso con el consumo humano y la agricultura. El país, de acuerdo con los escenarios, también presenta una tendencia a la desertificación (erosión), que se agravaría. Los estudios científicos enmarcan que muchos ecosistemas se encontrarían también amenazados y que 50 por ciento de la vegetación cambiaría de características con un calentamiento de 3 a 4° Celsius, sobre todo los bosques templados de pino y encino, y con ellos, la fauna y flora asociadas.

México es un importante emisor de carbono, pues está colocado entre los 15 países con mayores emisiones totales y entre las 20 naciones con mayores emisiones per cápita de este gas. México, uno de los 12 países más contaminantes en el mundo, es la nación que más bosques y selvas ha perdido, uno de los lugares más vulnerables a los efectos del cambio climático.

Según un reporte de agosto de 2006 del Instituto Nacional de Ecología, durante 2002 –último año evaluado– México aumentó 30 por ciento la producción de gases que provocan el calentamiento global respecto a 1990 –primer año medido–. Así, se estimó un crecimiento promedio de las emisiones de 2.2 por ciento anual. La generación de energía, el transporte y el consumo de energía en la industria son los principales sectores responsables en la contaminación del aire.

México es, de acuerdo con el último inventario de emisiones contaminantes, el país número 12 en la producción de gases de efecto invernadero; contaminamos más que Chile, Suecia, Dinamarca, Portugal y Argentina juntos. Para la Red de Formación Ambiental para América Latina y el Caribe del Programa de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente, México debe implantar un programa nacional de investigación, innovación y adaptación tecnológica para tomar una responsabilidad que detenga el calentamiento global.

Un nuevo informe, que será publicado en mayo próximo por la ONU, expresado por el director ejecutivo del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, Achim Steiner, adelanta que los efectos del cambio climático serán aún más graves que los previstos. El Panel Intergubernamental del Cambio Climático, en un dato divulgado el 12 de marzo de este año, prevé que la temperatura media de la Tierra aumentará entre 1.8 y 4.0° Celsius en los próximos 100 años, y como consecuencia el nivel de los océanos subirá entre 18 y 59 centímetros.

México debe construir consenso para dar una respuesta multilateral a los cambios planteados por el efecto invernadero. De sus prioridades con una visión de largo plazo debe destacar la protección del ambiente para lograr un desarrollo económico y social sustentable.

En resumen, el reto para nuestro país es formidable y requiere decisiones correctas y urgentes. Este esfuerzo debe ir asociado a una comunicación efectiva con la población en general por parte de las dependencias que forman la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático. Ello permitirá contar de manera relevante con la colaboración de la sociedad, y esto requiere transparencia y rendición de cuentas; además, es indispensable comunicar con claridad a la sociedad las consecuencias del cambio climático y empezar a tomar medidas con visión de largo plazo.

Por lo expuesto, presento a esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorta a la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático aplique una estrategia de difusión nacional para comunicar a la opinión pública los efectos del cambio climático.

Segundo. Que la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático informe detalladamente a esta soberanía sobre las acciones sectoriales en materia de prevención y mitigación del cambio climático.

Diputada Guadalupe S. Flores Salazar (rúbrica)
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE SOLICITA AL CONACULTA UN INFORME RELATIVO A LAS DONACIONES RECIBIDAS Y A LAS OTORGADAS EN 2006, A CARGO DEL DIPUTADO JOSÉ ALFONSO SUÁREZ DEL REAL Y AGUILERA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD

El que suscribe, diputado federal José Alfonso Suárez del Real y Aguilera a la LX Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 23, numeral 1, inciso f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58, 59 y 60, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete ante esta soberanía, de urgente resolución, una proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

1. La principal institución captadora de donativos y otorgante de ellos es el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, que de manera acelerada, desde la presidencia de la señora Sara Bermúdez, ha venido cediendo terreno a los empresarios y patronatos, así como a sociedades de filantropía para cubrir el rezago financiero gubernamental.

2. En los últimos años, es evidente el mayor espacio que ocupa la iniciativa privada en la cultura. La preocupación del Partido de la Revolución Democrática se centra en el contenido de los acuerdos o convenios de intercambio que pudieran signarse y por el riesgo de que desarrollen mecanismos de elusión fiscal, triangulación o desvío de fondos, en beneficio de empresas ligadas al gobierno, o bien, de asociaciones o sociedades civiles poco transparentes como Vamos México. Este sello representativo del estilo empresarial de gobernar del ex presidente Fox se encuentra vigente en la actual administración.

3. Las compañías con mayor presencia y aportaciones en el terreno cultural son Telmex, Televisa, Banamex, ICA, Citibank, Bimbo, Cementos Apasco, Domecq, Operadora de Centros de Espectáculos (OCESA), Grupo Cuervo, entre otras.

4. El dato referido es importante para entender la política de patrocinios del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, ya que aparecen tanto las empresas que tienen un compromiso probado con la cultura como otras empresas que pueden estar involucradas en precampañas u obteniendo alguna otra aportación institucional.

5. Es significativo que el gobierno federal ha venido impulsando la idea de las llamadas industrias culturales, que son asociaciones con actividades que favorecen la creación cultural, el acceso a los bienes y servicios, así como la difusión masiva de la cultura. Sin embargo, en la definición de industria cultural cabe tanto una empresa familiar o de individuos o colectivos independientes como un monopolio o una transnacional.

6. Lo anterior puede provocar la elusión fiscal de monopolios de empresas de servicios como Microsoft o, en su defecto, que sus filiales se beneficien con financiamiento público. Lo que está en el centro de nuestra preocupación es la falta de especificidad en los beneficios que pretenden otorgar a las industrias culturales con estímulos fiscales, aduanales, administrativos y que podrían ser apoyadas con fondos federales.

7. La siguiente gráfica, cuya fuente es el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, muestra la evolución de las aportaciones del sector privado en la cultura (montos en millones de pesos):

8. En este sentido, tampoco se consideran las repercusiones que pueda tener una mayor participación privada en el diseño de políticas culturales, además de que en muchos casos no existe una delimitación jurídica del campo de acción de los particulares, que en muchas ocasiones utilizan la infraestructura cultural para la explotación de inmuebles, la construcción de megacentros comerciales, la destrucción del patrimonio cultural, la apropiación indebida de bienes culturales. Es la manera en que operan empresas que se explotan en su provecho el patrimonio cultural, a cambio de una mínima aportación que sufragan de sus grandes ganancias.

9. Para despejar estas dudas es importante la fiscalización de los recursos que provienen del financiamiento privado, a fin de dar cuentas sobre los compromisos y uso de tales recursos.

10. En consecuencia, el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes tiene la obligación de informar a esta soberanía el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 81 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, en relación con los artículos 182 a 217 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, en materia de donaciones, debido a que es necesario conocer el origen y destino de los donativos recibidos y otorgados, y con ello tener elementos para legislar en contra de la elusión fiscal por parte de las empresas otorgantes o empresas, instituciones o asociaciones receptoras.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de este Pleno el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. Solicitar al Consejo Nacional para la Cultura y las Artes que envíe a la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión un informe detallado que contenga el monto, destino y donatarios respecto de los recursos en dinero o en especie que haya otorgado mediante donación durante el año fiscal de 2006.

Segundo. Solicitar al Consejo Nacional para la Cultura y las Artes que envíe a la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión un informe detallado que contenga el monto, origen y donantes de los recursos que en dinero o en especie haya recibido a través de donaciones, durante el año fiscal de 2006, así como los programas, actividades o proyectos a los que se hayan destinado.

Palacio Legislativo de San Lázaro,

a 15 de marzo de 2007.

Diputado José Alfonso Suárez del Real y Aguilera (rúbrica)