El suscrito, diputado federal Carlos Alberto García González, de la LX Legislatura e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta ante esta honorable asamblea el siguiente punto de acuerdo por el que se solicita al gobierno del estado de Tamaulipas que lleve a cabo los trabajos para construir la vialidad primaria denominada "circuito interior de Reynosa", bajo las siguientes
Consideraciones
En la globalización, en esta nueva economía, la competitividad es la palabra clave. El Congreso ya reconoció esta tarea pendiente e indispensable para México, ambas Cámaras instalaron sus comités para promover e impulsar las reformas que eleven y extiendan la competitividad del país y de sus empresas.
La competitividad es consecuencia de la productividad, donde los costos y los tiempos son primordiales para que las empresas puedan colocar sus productos, a los precios y a los tiempos en que la demanda los requiera.
La inversión en carreteras y vialidades primarias es infraestructura que impulsa la competitividad del país y de sus empresas. Las personas se pueden desplazar de manera rápida y cómoda, mientras que las mercancías se distribuyen en tiempo y forma a sus lugares de consumo, haciendo indispensable contar con vialidades que garanticen la circulación segura, cómoda y fluida.
Las vialidades primarias del municipio de Reynosa revisten su importancia por ubicarse en la frontera norte, en el valle del río Bravo, colindando al norte con los Estados Unidos de América, por lo que se convierten en el paso obligado de miles de mercancías de exportación procedentes del interior del país o de las 150 maquiladoras que se encuentran instaladas en esa localidad.
Los tiempos se han vuelto una ventaja competitiva para las empresas, por lo que una mejor movilidad de las mercancías es de vital importancia; los gobiernos se han preocupado por brindar estas ventajas operativas mediante vialidades suficientes y eficientemente para evitar taponamientos o cuellos de botella que provocan drásticas caídas de la velocidad, así como el retraso en las entregas.
Pero las ventajas de las vialidades primarias son más; estas vías permiten que las personas lleguen en un menor tiempo a sus destinos de trabajo, de educación o de esparcimiento, elevando considerablemente la calidad de vida. Además, incentivan la inversión en nuevos negocios, que se ubican a sus lados, y en nuevas oportunidades de trabajo para la población.
Desde 1994 la Secretaría de Comunicaciones y Transportes proyectó el circuito interior del municipio de Reynosa, que en su primera etapa comunicará la autopista Monterrey-Reynosa con la carretera San Fernando-Reynosa y la autopista Matamoros-Reynosa con una longitud de 25.3 kilómetros.
Las cámaras empresariales y las asociaciones de profesionistas de Reynosa han manifestado por escrito su apoyo a la construcción del circuito interior de Reynosa, por considerar al proyecto como estratégico para el desarrollo urbano de la ciudad.
El proyecto comprende la construcción, en derecho de vía de 62 metros de ancho, de un boulevard urbano con dos vías laterales, una en cada sentido, cada vía de 7.5 metros de ancho, con superficie de rodamiento de concreto y carpeta con espesor de 25 centímetros.
Actualmente, el proyecto ejecutivo presenta los siguientes avances:
Proyecto de convenio de coordinación municipio de Reynosa-gobierno del estado de Tamaulipas para conjuntar recursos financieros para el circuito interior.
Se cuenta con cartas de intención de los propietarios de los predios afectados con el trazo del circuito interior, en las cuales manifiestan su intención de donar el derecho de vía de 62 metros de ancho para la construcción del circuito.
Estructuración jurídico-financiera un avance del 50 por ciento.
Se tiene prevista la contratación de plan parcial de desarrollo de la zona de influencia del circuito interior, una vez suscrito el Convenio de Coordinación.
La globalización nos exige sumar las ventajas comparativas, de la situación geográfica del municipio de Reynosa, con las ventajas competitivas creadas mediante infraestructura de vanguardia.
La infraestructura constituye uno de los pilares fundamentales para el crecimiento y desarrollo económico de cualquier estado, municipio o región.
Es por todo lo anterior que someto a esta honorable asamblea, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero. Se solicita respetuosamente al titular del Ejecutivo de Tamaulipas que asigne los recursos necesarios y suficientes para construir la vialidad primaria denominada "circuito interior de Reynosa".
Segundo. Se solicita respetuosamente al titular del Ejecutivo municipal de Reynosa que se coordine con el gobierno estatal y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a efecto de que se construya la vialidad primaria denominada "circuito interior de Reynosa".
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 13 días del mes de marzo del año 2007.
Diputado Carlos Alberto García González
(rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE
QUE SE INSTALE UNA MESA DE DIÁLOGO ENTRE LA SEGOB, UNA COMITIVA
DEL CONGRESO DE LA UNIÓN Y AUTORIDADES DEL INEGI PARA SOLUCIONAR
EL CONFLICTO LABORAL DE DICHO INSTITUTO, A CARGO DEL DIPUTADO ALBERTO ESTEVA
SALINAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE CONVERGENCIA
El suscrito, Alberto Esteva Salinas, diputado federal de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, comparece ante esta soberanía, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para presentar la proposición con punto de acuerdo, como asunto de urgente y obvia resolución, al tenor de las siguientes
Consideraciones
El siguiente punto de acuerdo es en relación a los problemas de los trabajadores despedidos en los años 1998-2002 por el INEGI. El despido masivo de trabajadores se dio a partir de la administración de Vicente Fox Quesada, sexenio que se vio perdido para la solución de los conflictos laborales por falta de visión política de las entonces autoridades, para solucionar este conflicto.
En el año 2000 más de 2 mil trabajadores del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), decidieron demandar su calidad de trabajadores de base, ya que cumplían un promedio de 10 años de servicio dentro de este instituto. En respuesta, dichos trabajadores fueron despedidos sin considerar que los programas de trabajo donde prestaban sus servicios continúan vigentes hasta el día de hoy y son de carácter sistemático y continuo.
Ha sido reiterada la posición que esta Cámara de Diputados ha adoptado con respecto a este conflicto laboral entre el INEGI y los miles de trabajadores que injustamente fueron despedidos por el instituto, y que es la de dar una solución viable al conflicto dentro del marco de la legalidad. Como ejemplo tenemos las diversas proposiciones con punto de acuerdo por parte de los diputados en las anteriores legislaturas, en las cuales esta soberanía aprobó en el año de 2004 la creación de plazas de base para más de 2 mil 300 trabajadores cesados injustificadamente, punto de acuerdo aprobado por los legisladores de todas los grupos parlamentarios sin que hasta el día de hoy se haya respetado dicho acuerdo.
Los derechos que tienen estos trabajadores son los que regulan las leyes, y son los que se les reconozca como trabajadores de base en atención a lo dispuesto por el artículo 4o de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado que dispone que los trabajadores se dividen en dos grupos, de confianza y de base, y al no haber demostrado el INEGI que los trabajadores fueran de confianza, entonces les corresponde el derecho a que se les reconozca como de base, tal y como ha establecido el Octavo Tribunal Colegiado en materia del Trabajo del Primer Circuito para el caso de los ex trabajadores de los estados de Chihuahua y Durango en el que se ha condenado al INEGI a reconocer a los trabajadores su categoría de base.
Es importante señalar lo estipulado en la Ley Federal del Trabajo en su artículo 35 en el que hace mención que las relaciones de trabajo pueden ser para obra o por tiempo determinado o tiempo indeterminado. A falta de estipulaciones expresas, la relación será por tiempo indeterminado.
En síntesis, en estos más de seis años, han existido diversas violaciones a los derechos laborales de los trabajadores despedidos injustamente, como son la falta de claridad en las condiciones de trabajo, un ejemplo claro de esto es la política que prevalece dentro del instituto de no proporcionar copia de sus nombramientos a los trabajadores, y cuando los expedían no señalaban con precisión los servicios, además en la mayor parte de estos se hacían firmar en blanco, esto en contraposición al artículo 15 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado.
Otra de las violaciones flagrantes a las garantías del trabajador es la falta de respeto a la jornada laboral sin recibir una remuneración adicional al realizar trabajos fuera del horario, tal como lo marca la ley.
Igualmente al querer entablar diálogos con las autoridades competentes por parte del INEGI para buscar una solución al conflicto, la solución que ofreció el Jurídico del INEGI a los trabajadores fue que se desistieran de sus demandas o no había trabajo.
Por otra parte, los programas donde esos trabajadores laboraban continúan vigentes, y este gobierno año con año ha aportado los recursos suficientes para la continuidad de dichos programas, por lo que la materia de trabajo subsiste y no existe razón alguna para el despido de los trabajadores.
Actualmente han existido reuniones con la Secretaría de Gobernación para buscar la solución al conflicto, esperando que exista oficio político por parte de las autoridades del INEGI y no seguir provocando una crisis en esa institución, sobre todo en días previos a su autonomía y a un levantamiento censal desfasado y prioritario para el país como es el Censo Agropecuario que de acuerdo a la periodicidad se debió haber levantado en el año 2001.
Por lo cual es de vital importancia que se entable una mesa de dialogo, con todos los actores de este conflicto, que sea llevada con responsabilidad y compromiso en la búsqueda de la solución de este conflicto laboral que ya tiene varios años sin resolverse por falta de capacidad de las autoridades responsables.
Se necesita que la Secretaría de la Función Pública se esmere en no permitir que las dependencias del gobierno federal actúen en contra de lo que establece la Ley Federal para los Trabajadores del Estado, que se viole el reglamento interior de trabajo, como es la creación de tipos de nombramientos fuera de la ley para evadir la responsabilidad con los trabajadores, y sea fincada responsabilidad por parte de los funcionarios que hayan actuado al margen de la ley y que actualmente se encuentren en los niveles directivos dentro del INEGI.
Se necesita que la Secretaría de Hacienda y Crédito Publico y el INEGI reasignen recursos económicos suficientes en las partidas presupuestales, determinando que los montos de los recursos solicitados sean los calculados en las mesas de negociación que se desarrollan ante la Secretaria de Gobernación, involucrando una solución que sea pagadera en sólo una exhibición para no prolongar más este conflicto, procediéndose a un sorteo de trabajadores beneficiados, en caso de una solución a más de un año, sorteo que debe transparentarse para evitar favoritismos.
Asimismo es importante comentar que, a partir del mes de diciembre del 2006, se empezaron a realizar acciones para la apertura de una mesa de negociación con los trabajadores demandantes de la Dirección Regional Sur del INEGI del estado de Oaxaca, existiendo a esta fecha una propuesta de solución por parte de los trabajadores apegada a derecho, esperando que el instituto tenga una respuesta en los próximos días con una postura positiva para solucionar el conflicto.
Por lo anterior, y por considerarse de urgente y obvia resolución, someto a la consideración de esta honorable Cámara de Diputados el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero. Que se instale una mesa de dialogo entre la Secretaría de Gobernación, una comisión especial por parte del Congreso de la Unión y autoridades del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, con el fin de buscar la inmediata solución del conflicto laboral que existe entre el INEGI y trabajadores despedidos injustificadamente por ese instituto.
Segundo. Que la mesa trate los temas fundamentales para las partes, como son la reinstalación de los trabajadores, una justa liquidación, en el caso de aquellos que ya no puedan ser reinstalados; el reconocimiento de la antigüedad de los trabajadores y su calificativo como trabajadores de base; asimismo, que la Secretaría de la Función Publica sea la encargada de la vigilancia de los recursos que se le otorgan al INEGI y obligar al mismo instituto a cumplir con la ley y dar cumplimiento a los laudos emitidos por el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de marzo de 2007.
Diputado Alberto Esteva Salinas (rubrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA AL TITULAR DE LA SSP Y AL GOBERNADOR DE MICHOACÁN A ATENDER
LA RECOMENDACIÓN NÚMERO 037/2006 DE LA CNDH, RELATIVA A LOS
SUCESOS OCURRIDOS EN SICARTSA, EN EL MUNICIPIO DE LÁZARO CÁRDENAS,
A CARGO DEL DIPUTADO ALEJANDRO CHANONA BURGUETE, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DE CONVERGENCIA
El suscrito, diputado federal Alejandro Chanona Burguete, coordinador del Grupo Parlamentario de Convergencia de la LX Legislatura en la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con base en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, de urgente u obvia resolución, por el que se exhorta al secretario de Seguridad Pública Federal y el gobernador constitucional de Michoacán atender plenamente y a satisfacción la recomendación 037/2006 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en torno a los sucesos ocurridos el 20 de abril de 2006 en las instalaciones de la siderúrgica Sicartsa en Lázaro Cárdenas, Michoacán, con base en las siguientes
Consideraciones
Los mexicanos fuimos lastimados por los hechos del 20 de abril de 2006, en el que dos personas perdieron la vida y más de 54 resultaron gravemente heridas, derivado del enfrentamiento entre fuerzas de seguridad pública federal y local con los trabajadores de la empresa siderúrgica Sicartsa, en Lázaro Cárdenas, Michoacán.
Aquellos sucesos fueron un grave llamado de atención sobre las deficiencias de nuestro sistema de procuración de justicia, sobre la incapacidad de resolver los conflictos por la vía del diálogo y del despliegue de fuerzas públicas sin limitaciones constitucionales, de respeto a la vida y de respeto a los derechos humanos.
Los hechos registrados, no pueden permanecer en los anales de los casos cerrados; sin que se corra el riesgo de atestiguar nuevamente eventos similares.
La lección fue costosa por las heridas infligidas; pero más costoso será para la patria permanecer indiferentes y no trabajar por el fortalecimiento democrático de nuestras instituciones.
A las puertas del campo de concentración de Auschwitz se puede leer el pensamiento certero del poeta español Jorge Agustín Ruiz de Santayana: Quien olvida su historia está condenado a repetirla.
No permitamos un nuevo 20 de abril.
No condenemos el futuro de México a la historia olvidada.
Y sobre todo, construyamos, desde ahora, la historia de México fundada en la democracia, la justicia social y el estado de derecho.
El registro de los hechos en Michoacán nos obliga a pasar lista a cada violación y agravio; nos obliga a fortalecer el marco normativo y de recomendaciones que nos ayudará a superar estas deficiencias.
Recordemos que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (cndh) acreditó en su recomendación 037/2006 la violación a los derechos humanos de legalidad, seguridad jurídica, respeto a la integridad física y a la vida.
Se señala en la misma que las fuerzas del orden público portaban armas. Que la autoridad se excedió en el uso de la fuerza e incluso accionó armas. Que no medió ningún mandato judicial para llevar a cabo el desalojo de los trabajadores. Que la desorganización y descoordinación de la operación contribuyó al grado de violencia. Que las primeras averiguaciones se caracterizaron por la negligencia, trastocándose los derechos fundamentales de legalidad y seguridad jurídica. Que las contradicciones e inconsistencia en las declaraciones y reportes de las autoridades desviaron el curso de la investigación.
La denuncia de los hechos es más amplia.
La recomendación es generosa en la aportación de elementos para la eficiencia judicial y procuración de justicia, privilegiándose el respeto a los derechos humanos. Sin duda, su transmisión adecuada al ejercicio responsable de las autoridades se sumará al complejo normativo de la reforma del Estado.
Reflexionemos sobre las conclusiones y aportaciones de la recomendación y demos un seguimiento justo en lo que toca al deslindamiento de responsabilidades administrativas y posibles conductas delictivas de algunas autoridades. Señalemos con claridad que no se aceptarán prácticas que desvíen o desvirtúen los procesos de investigación. Asegurémonos de que las fuerzas del orden público tengan capacitación de calidad para el adecuado ejercicio de sus funciones, que entiendan y sepan la importancia de los derechos humanos. Velemos porque la reparación de los daños y perjuicios de las personas afectadas en su integridad, se efectiva y no se convierta en un daño a la nación.
Sabemos que estas acciones están en curso, y por ello tenemos que ser cuidadosos, y ofrecer nuestro trabajo y voluntad para asegurarnos que vamos en el camino correcto y escribir la nueva historia de México.
Es por ello que me permito someter a la consideración de esta honorable soberanía, el siguiente
Punto de Acuerdo
De urgente u obvia resolución, por el que se exhorta al secretario de Seguridad Pública Federal y al gobernador constitucional de Michoacán a atender plenamente y a satisfacción la recomendación 037/2006 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en torno a los sucesos ocurridos el 20 de abril de 2006 en las instalaciones de la siderúrgica Sicartsa en Lázaro Cárdenas, Michoacán.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de marzo de 2007.
Diputado Alejandro Chanona Burguete (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL GOBIERNO FEDERAL A QUE A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN, DE LA SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES Y LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, INSTRUMENTEN LAS POLÍTICAS NECESARIAS A FIN DE QUE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD FRONTERIZA MÉXICO-ESTADOS UNIDOS, NO ATENTEN CONTRA LA SOBERANÍA NACIONAL Y SE RESPETE LA VIDA PRIVADA, LOS DERECHOS Y LAS LIBERTADES FUNDAMENTALES DE LAS PERSONAS, A CARGO DEL DIPUTADO ALEJANDRO CHANONA BURGUETE, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE CONVERGENCIA
El suscrito, diputado federal Alejandro Chanona Burguete, coordinador del Grupo Parlamentario de Convergencia de la LX Legislatura en la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con base en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, de urgente u obvia resolución, por el que se exhorta al gobierno federal a que a través de la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Procuraduría General de la República, instrumente las políticas necesarias a fin de que las medidas de seguridad fronteriza México-Estados Unidos, no atenten contra la soberanía nacional, y se respete la vida privada, los derechos y libertades fundamentales de las personas, con base en las siguientes
Consideraciones
México ha colaborado de manera permanente, con apego a derecho y salvaguardando su soberanía, en materia de delincuencia organizada internacional, tráfico de armas, de personas o drogas, con Estados Unidos o con otras entidades como la Organización Internacional de Policía Criminal (interpol).
La colaboración entre ambas naciones se ha estrechado con el cúmulo de experiencias, de programas, instrumentos jurídicos, reconociendo que una frontera común de 3 mil kilómetros, nos obliga a resolver los problemas coordinadamente.
A partir de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001, la necesidad de fortalecer e instrumentar nuevos mecanismos de seguridad fronteriza y subcontinental fue urgente. En este contexto, México ha puesto de su parte para avanzar en la materia, convencidos que es de nuestro interés construir un espacio de seguridad y prosperidad.
En este sentido, el pasado 20 de febrero, ante la preocupación y necesidad de adecuar nuestro marco jurídico para asegurar que México esté en posibilidad de contar con una normatividad que abarque todas las aristas del terrorismo y contribuya a prevenir los atentados de este tipo, así como a enjuiciar y castigar a los autores; y para lograr una mayor y efectiva cooperación con los miembros de la comunidad internacional, dejamos constancia al aprobar en este recinto el proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones y leyes en materia de terrorismo.
La participación de México en estos esquemas es fundamental, no sólo porque a través de ella contribuimos a la edificación de un área segura que nos compete; sino también por el hecho de garantizar que dichos esquemas no vulneren al Estado mexicano, su soberanía o su pueblo. La construcción de un espacio de seguridad surge a partir de la participación respetuosa e igualitaria de sus miembros.
Entre México y Estados Unidos ya existe una amplia red de instrumentos de intercambio de información e inteligencia sobre bandas delictivas, modus operandi, perfiles, así como el establecimiento de sistemas y bases de datos compatibles.
Acciones en esta materia, que nos involucran de manera directa, por desarrollarse en la frontera común, o bien por afectar a ciudadanos mexicanos, no pueden instrumentarse de manera unilateral. Así, algunas acciones como aquéllas que se contemplan en el Programa US-Visit, por el que se recolectan datos biométricos y biográficos de mexicanos, sin la debida participación coordinada del gobierno de México, no son admisibles.
Sabemos que nuestra frontera común es la más transitada del mundo. El 60 por ciento de los ingresos documentados a Estados Unidos se realiza por esta frontera. Con base en información de Estados Unidos, 6.8 millones de mexicanos tienen una visa láser y efectúan aproximadamente 104 millones de cruces al año. Tal cantidad de generación de datos biométricos y biográficos de mexicanos, sin la participación de México es delicada, sobre todo cuando se cuenta con los instrumentos bilaterales para colaborar en esta materia.
Entre los programas más relevantes que se han instrumentado, que contemplan el intercambio de información y colaboración en inteligencia destacan: el Plan de Acción para la Cooperación sobre Seguridad Fronteriza (2001), el Plan de Acción de la Alianza para la Frontera México-EUA (2002), el Plan de Acción de la Asociación Fronteriza entre Estados Unidos y México (2002), el Plan de Acción entre México y Estados Unidos para la Cooperación sobre Seguridad Fronteriza (2004), y la Asociación para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte (ASPAN) (2005).
Estamos convencidos que México debe ser un actor relevante, cuya participación garantice acciones coordinadas, el fortalecimiento de la soberanía nacional, el estado de derecho y la seguridad nacional y pública.
Nos asiste en esta demanda, el hecho de que la propia Unión Europea también ha manifestado su preocupación por este tipo de programas como el US-Visit, procediendo de inmediato a establecer un instrumento bilateral para su adecuado control y delimitación del alcance de las competencias de las autoridades estadounidenses y de los datos que se transfieren, pasando de 35 a 15 datos biográficos y biométricos.
Demandamos que cualquier esquema de esta naturaleza descanse en el amplio acervo común, que consolide los diferentes instrumentos normativos y jurídicos, que respete la vida privada, los derechos y libertades fundamentales de las personas.
Creemos que una estructura mínima y un régimen institucionalizado son necesarios para vigilar las acciones desplegadas, y no vulnerar ámbitos propios de la otra nación.
En suma, cualquier avance relativo a la seguridad fronteriza y subcontinental debe basarse en la colaboración, la coordinación y el respeto.
Es por ello que me permito someter a la consideración de esta honorable soberanía, el siguiente
Punto de Acuerdo
De urgente u obvia resolución, por el que se exhorta al gobierno federal a que a través de la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Procuraduría General de la República, instrumente las políticas necesarias a fin de que las medidas de seguridad fronteriza México-Estados Unidos no atenten contra la soberanía nacional, y se respete la vida privada, los derechos y las libertades fundamentales de las personas.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de marzo de 2007.
Diputado Alejandro Chanona Burguete (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA AL CONGRESO DE JALISCO A MODIFICAR SU NORMATIVIDAD PARA CONSTITUIR
UNA COMISIÓN ORDINARIA DE ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES,
A CARGO DEL DIPUTADO JORGE QUINTERO BELLO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL
PAN
El suscrito diputado Jorge Quintero Bello integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional somete a la consideración del Pleno de esta honorable Cámara, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la siguiente proposición con punto de acuerdo con base en las siguientes:
Consideraciones
1. Que la discriminación de grupos vulnerables es un fenómeno social cuya erradicación representa la colaboración de los diversos órdenes de Gobierno a través de la implementación de mecanismos que garanticen y vigilen la protección de sus derechos. Todavía nos hace falta avanzar efectivamente en la aplicación de la justicia, en la confianza en las instituciones, en la transformación cultural y educativa de nuestra sociedad. Si bien es cierto, que hemos logrado importantes avances en materia legislativa de política pública, también lo es que hacen falta acciones que contribuyan a contrarrestar las inequidades y la discriminación de todo tipo.
2. Que la discriminación la sufren principalmente las personas con discapacidad, mujeres y madres adolescentes en situación de vulnerabilidad, adultos mayores, indígenas, y las niñas, niños y adolescentes, además de que son víctimas de abusos físicos, sexuales y psicológicos; por lo que estos sectores de la sociedad requieren de más apoyo por parte de las autoridades.
3. Que México ha ratificado numerosos instrumentos internacionales contra diversas formas de discriminación, violencia, y violación de los derechos humanos, en sus diferentes modalidades, para garantizar el respeto de los derechos de estos grupos vulnerables y lograr una mayor igualdad de oportunidades.
4. Que los instrumentos mencionados han impuesto una serie de obligaciones para las entidades federativas, con el objeto de que establezcan las medidas legislativas y las políticas dirigidas a eliminar la discriminación y vulnerabilidad; sin embargo, debe entenderse que estos compromisos los asume el Estado en su conjunto, y que corresponde a los diferentes de niveles gobierno, de acuerdo a lo que dispongan sus ordenamientos internos, hacerlos cumplir.
5. Que una preocupación de la Cámara de Diputados y particularmente del Grupo Parlamentario de Acción Nacional ha sido modificar y enriquecer el marco legal buscando erradicar la discriminación en todas sus modalidades, la desigualdad de género, la violencia y desintegración familiar, los abusos contra los menores de edad o cualquiera que atente contra la dignidad de la persona. Interés que ha quedado plasmado a lo largo de diversas legislaturas en iniciativas presentadas por los diferentes grupos parlamentarios, e integrantes de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, la cual fue creada a propuesta de Acción Nacional en la LVIII Legislatura del Congreso de la Unión.
6. Que la Ley para la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes en su artículo 7 establece que "Corresponde a las autoridades o instancias federales, del Distrito Federal, estatales y municipales en el ámbito de sus atribuciones, la de asegurar a niñas, niños y adolescentes la protección y el ejercicio de sus derechos y la toma de medidas necesarias para su bienestar tomando en cuenta los derechos y deberes de sus madres, padres y demás ascendientes, tutores o custodios, u otras personas que sean responsables de los mismos. De igual manera, y sin prejuicio de lo anterior, es deber y obligación de la comunidad a la que pertenecen y, en general de todos los integrantes de la sociedad, el respeto y el auxilio en el ejercicio de sus derechos".
7. Que la legislación local en el estado de Jalisco ha presentado avances importantes en materia de grupos vulnerables, entre los que se pueden resaltar la aprobación de la Ley del Adulto Mayor, la protección a discapacitados, modificaciones al Código Penal, y para que las madres solteras reciban asistencia social de manera prioritaria se reformó el Código de Asistencia Social.
8. Que de acuerdo a los elementos mencionados se requiere que el Congreso local cuente con una comisión especializada en el tema de Atención a los Grupos Vulnerables, con el objeto de coadyuvar en la solución de los problemas y demandas de estos grupos de la población, a través de la adecuación y modificación del marco legal en la materia; y trabajar coordinadamente con el Ejecutivo y los diferentes sectores de la sociedad.
Por las razones fundadas y expuestas, exhorto desde esta soberanía al Congreso local de Jalisco a fortalecer el federalismo en contra de la discriminación y vulnerabilidad de cualquier tipo en contra de los habitantes de esta entidad, considerando que a lo largo del tiempo hemos venido sumando ideas, esfuerzos, perspectivas y soluciones para coadyuvar en una mejor calidad de vida de dichos grupos. Por lo cual someto a esta honorable Asamblea la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Primero. Con pleno respeto a la autonomía estatal, esta honorable asamblea exhorta al Congreso del estado de Jalisco a modificar el marco legal correspondiente para constituir una comisión ordinaria denominada: "Comisión de Atención a Grupos Vulnerables".
Segundo. Exhortamos a la legislatura local de Jalisco que una vez conformada la Comisión Ordinaria de Atención a Grupos Vulnerables, y de acuerdo a su marco jurídico, se conforme la Subcomisión en materia de madres adolescentes en estado de abandono con especial atención a este sector de la sociedad.
Palacio Legislativo de San Lázaro, México, DF, a 13 de marzo de 2007.
Diputado Jorge Quintero Bello (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA A LA SHCP, A LA SEDENA Y AL ISSSTE A INFORMAR SI EXISTE ALGÚN
BENEFICIARIO DE LA LEY A FAVOR DE LOS VETERANOS DE LA REVOLUCIÓN
COMO SERVIDORES DEL ESTADO, A CARGO DEL DIPUTADO SILVIO GÓMEZ LEYVA,
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
Con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicito se turne a las Comisiones de Defensa Nacional, Hacienda y Crédito Público y Seguridad Social, la proposición con punto de acuerdo, para exhortar a las Secretarías federales de Hacienda y Crédito Público y de Defensa Nacional; así como al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a que informen a este Pleno, si en sus registros existe alguna persona que sea beneficiaria, al día de hoy, de la "Ley a Favor de los Veteranos de la Revolución como Servidores del Estado".
En fecha 7 de enero de 1950, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, el decreto de la Ley a Favor de los Veteranos de la Revolución como Servidores del Estado, que contempla como veteranos, a quienes prestaron servicios activos a la Revolución entre el 19 de noviembre de 1910 y el 5 de febrero de 1917, cuyo reconocimiento le compete a la Secretaría de la Defensa Nacional.
La ley en comento, regula la organización de los veteranos de la Revolución que trabajan en las dependencias del gobierno federal, para la mejora de sus prestaciones laborales tales como: jubilación mediante el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y el pago de una cuota diaria adicional con cargo al erario federal, previa acreditación ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, entre otros.
Esta ley, considera también como derechohabientes de los veteranos a: su cónyuge supérstite; a sus hijos menores de 18 años; a su concubina a falta del cónyuge supérstite, cuando la vida marital haya sido cuando menos de cinco años y se encuentre libre de matrimonio.
Refiere que el estudio y resolución de los problemas que afectan a las agrupaciones o a los veteranos burócratas no organizados, corresponde al Consejo Nacional de Agrupaciones, integrados por representantes de esas mismas organizaciones.
Al día de hoy, ya han pasado más de cincuenta y cinco años de la fecha en que fue publicada esta Ley en el Diario Oficial de la Federación; por lo que resulta necesario efectuar un análisis serio y responsable para verificar si la vigencia que ostenta corresponde a la realidad de nuestros días.
Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta a las Secretarías federales de Hacienda y Crédito Público y de Defensa Nacional; así como al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a informar a este Pleno, si en sus registros existe alguna persona que sea beneficiaria, al día de hoy, de la "Ley a Favor de los Veteranos de la Revolución como Servidores del Estado".
Dado en Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congresos de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los 13 días del mes de marzo de 2007.
Diputado Silvio Gómez Leyva (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA A LOS CONGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS DEL SUR-SURESTE
DE MÉXICO A FORMAR UNA COMISIÓN QUE IMPULSE LAS POLÍTICAS
PÚBLICAS PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO DE ESA REGIÓN,
A CARGO DEL DIPUTADO MOISÉS DAGDUG LUTZÖW, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PRD
El que suscribe, diputado federal Moisés Dagdug Lutzöw, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a esta soberanía el siguiente punto de acuerdo, a través del cual se exhorta a los congresos de los nueve estados del sur sureste, para que conformen en su interior una comisión encargada de coadyuvar y dar seguimiento a los programas y proyectos de desarrollo relacionados con el sur-sureste de México, al tenor de las siguientes
Consideraciones
En la dinámica del desarrollo nacional se han generado por diversas circunstancias de orden social, económico, geográfico y político, condiciones de atraso y marginación en algunas entidades federativas, especialmente en las comprendidas en la región sur-sureste del país, en donde los indicadores de desarrollo social muestran una notable marginación que se expresa en niveles bajos de infraestructura, educación, salud y empleo.
No obstante; y a pesar de que se han realizado esfuerzos importantes por incorporar al desarrollo a esas entidades federativas, lo cierto es que prevalecen realidades socioeconómicas con profundas diferencias que se reflejan en una geografía desigual y compleja. Como casos extremos, Oaxaca y Chiapas tienen más del 50 por ciento de su población en localidades clasificadas de alta o muy alta marginación, Guerrero registra 45 por ciento, Puebla y Veracruz más de 30 por ciento, Yucatán y Campeche entre 20 y 30 por ciento , mientras que Quintana Roo y Tabasco entre 10 y 20 por ciento.
El efecto del desarrollo desequilibrado en el sur-sureste resulta aún más dramático si lo analizamos en términos de la desigual distribución social y del ingreso, donde es calificado por el Banco Mundial como de los peores del mundo. Las asimetrías que presenta el desarrollo regional del sur-sureste de México no sólo son evidentes en los indicadores como producto interno bruto, sino también en variables como la ubicación geográfica del aparato productivo, la infraestructura, la organización del sistema de ciudades, la distribución de la población y el destino de las políticas en materia de desarrollo regional.
En este contexto de un nuevo desarrollo económico de México, la planeación regional representa un instrumento elemental para acercarse a la solución de estos problemas o cuando menos, atenuar los desequilibrios territoriales existentes. Junto al modelo focalizado del desarrollo del territorio, se contrapone un criterio integral del desarrollo que demanda se revitalice el papel que juegan las regiones como espacios alternativos donde la promoción del desarrollo regional habrá de encontrar un verdadero significado del devenir económico nacional.
El esquema de desarrollo regional que se propone a partir de la creación de este tipo comisiones, parte de la premisa que el desarrollo es primordialmente de carácter humano, por lo cual se avocarían a legislar en términos de lucha contra la pobreza, promover inversiones de infraestructura, productivas, y de sustentabilidad ambiental a fin de aprovechar las ventajas comparativas de la región.
La planeación regional y las políticas de corte regional, cuando se llevan a cabo correctamente, pueden resultar instrumentos valiosos para promover procesos de integración territorial, son correctores de desigualdades entre distintas entidades territoriales y se convierten en promotores del desarrollo con alto sentido social. Así, reconocemos que la idea fundamental del desarrollo regional se refiere a un proceso localizado de cambio social sostenido que tiene como finalidad última el progreso permanente de la región y de cada individuo residente en ella.
De aquí que se plantea que debe existir a nivel de Congreso estatal, la estructura adecuada para avocarse a la solución a través de la creación de instrumentos legales y formar parte de la solución y del desarrollo estatal que contribuya también al desarrollo nacional.
Esa estructura corresponde a los órganos legislativos que coadyuven y den seguimiento a los proyectos de desarrollo de la región sur-sureste de México. De tal modo que cada entidad del sur del país cuente con un instrumento adecuado para generar políticas públicas y leyes acorde a la realidad de cada estado, así como de los medios para definir y jerarquizar la problemática y retos que deben dirigir los instrumentos requeridos para su estudio y solución.
Actualmente, sólo el Congreso de Tabasco tiene una Comisión para el Desarrollo de la Región del Sur-Sureste así como el Congreso de Chiapas tiene una Comisión del Plan Puebla Panamá; por lo que percibimos poco interés para sumarse a una misma convocatoria para crear los escenarios legislativos para dar un definitivo impulso a esta región.
Incluso en el marco de la Declaración de Parlamentarios, realizada en Mérida, Yucatán, el 27 de junio de 2002, los legisladores participantes en la Primera Reunión Interparlamentaria entre el Congreso de México y los Congresos y Asambleas Legislativas de los Estados de Centroamérica, con la presencia desatacada del Parlamento Centroamericano (Parlacen) e invitados del Parlamento Latinoamericano (Parlatino), en el inciso G) de los resolutivos, acuerdan promover en cada Congreso nacional, en los parlamentos regionales y, en su caso, en los congresos estatales, comisiones que den seguimiento a las iniciativas de desarrollo regional e integración, entre ellas el Plan Puebla Panamá. Dicho acuerdo fue signado por las fuerzas políticas representadas en el honorable Congreso de la Unión.
Por los razonamientos antes expuestos, y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. El Pleno de la Cámara de Diputados exhorta con respeto absoluto a la soberanía de los honorables congresos de los nueve estados del sur-sureste de México para que en su seno favorezcan la creación de comisiones encargadas de coadyuvar y dar seguimiento a los proyectos de desarrollo regional, relacionados con esa zona del país. Y para que a través de sus tareas de dictamen, información y control, brinden un mayor impulso al desarrollo y crecimiento sostenido de su entidad y en consecuencia del desarrollo de la nación.
Diputado Moisés Dagdug Lutzöw (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE SOLICITA A LA ASF QUE REALICE UNA AUDITORÍA AL INSTITUTO NACIONAL
DE NEUROLOGÍA Y NEUROCIRUGÍA MANUEL VELASCO SUÁREZ,
A CARGO DEL DIPUTADO RICARDO CANTÚ GARZA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PT
Recientemente se entregó el Premio al Mérito Médico al señor Julio Everardo Sotelo Morales, que es un reconocimiento al gremio médico por parte del gobierno federal.
La recepción de este premio no generaría polémica de no ser por la persona a quien se otorgó, porque se trata de un personaje que se ha dedicado a hacer de la medicina experimental un modus operandi para ganar fama a costa de poner en riesgo la vida de los pacientes, tal como consta en las denuncias de hechos ante el Ministerio Público, que han sido presentadas por los afectados, quienes fueron utilizados como conejillos de indias, sin su consentimiento.
Los problemas institucionales que han ocurrido durante la gestión de Sotelo Morales en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez son apenas la punta del iceberg de lo que ocurre en todo el sector salud de nuestro país.
Basta mencionar las quejas que se presentaron durante las comparecencias del ex secretario de Salud, Julio Frenk Mora, en diversas ocasiones cuando se discutían las glosas de gobierno en las comisiones de Salud, tanto en la Cámara de Diputados como en la de Senadores.
Allí se les planteó a los legisladores una larga lista de problemas que provocó la gestión del señor Sotelo Morales al frente del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía.
También se le planteó al entonces secretario de Salud que las fallas del citado Sotelo Morales llevaron a la muerte a algunos pacientes por negligencia médica, lo cual está amplia y profusamente documentado, por las denuncias presentadas ante el Ministerio Público por los familiares de esos pacientes.
A pesar de las constantes denuncias, Frenk Mora nunca dio respuesta explícita a estas quejas; ahora Sotelo Morales es premiado por la administración calderonista como titular de la Comisión de la Coordinación de Institutos Nacionales de Salud y de Hospitales de Alta Especialidad.
Con este nuevo encargo es de esperarse que continúen las anomalías denunciadas por pacientes y trabajadores de la institución, muchas de ellas difundidas de manera amplia y profusa en diversos medios de comunicación masivos.
La más reciente fue el rechazo unánime del personal médico y los trabajadores de esa institución, que se oponen a la gestión de la nueva directora de ese centro hospitalario, que fue impuesta por el secretario de Salud, sin tomar en cuenta la opinión del personal que allí labora.
Antes de que el señor Sotelo Morales estuviera al frente del mencionado instituto, éste fue modelo a nivel de América Latina en materia de neurociencias.
Al final de su gestión este instituto se convirtió en un desastre, porque Sotelo Morales obligó a renunciar a renombrados médicos que no estaban de acuerdo con su gestión, que iba de mal en peor.
La sustitución de más de 50 médicos con más de 10 años de experiencia por otros recién egresados, así como la designación en puestos clave de amigos suyos terminó por degradar la calidad de los servicios médicos que en ese centro hospitalario se ofrecen.
Para ocultar su ineptitud e ineficiencia al frente de este nosocomio, el señor Sotelo Morales mintió en repetidas ocasiones a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, cuando ésta le requirió información para realizar sus recomendaciones cuando algún paciente se quejó ante esta instancia.
Llegó a tal grado la actitud embustera y mentirosa del señor Sotelo Morales, que hasta se atrevió a fincar responsabilidad profesional médica al doctor Rodolfo Ondarza Rovira, a quien le rescindió su contrato por ser uno de sus principales críticos de su deplorable gestión.
Por esa razón, creemos que la única manera de saber a ciencia cierta cuáles fueron los daños reales que Sotelo Morales produjo al Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez, es haciendo una auditoría integral de su gestión, particularmente de 2004 a 2006.
Asimismo, formar una comisión integrada por un diputado de cada grupo parlamentario que se aboque a investigar qué es lo que está sucediendo en ese centro hospitalario, que amenaza con paralizar las actividades y la eficiencia de los servicios médicos especializados que allí se ofrecen.
México cuenta con un reducido grupo de profesionales en el campo de las neurociencias que no rebasa el número de 20, y es preocupante que por el ego y autoritarismo de un burócrata de la medicina el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía se esté yendo al garete sin que nadie haga nada por detener su deterioro.
Como la pasada administración no resolvió nada sobre las quejas que se formularon a las cámaras del Congreso de la Unión, el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo no cejará hasta que se llegue al fondo de la verdad de lo que está ocurriendo es este centro hospitalario.
Por las consideraciones antes expuestas, y con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración del Pleno de esta soberanía la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Artículo Primero. El Pleno de esta Cámara aprueba solicitar a la Auditoría Superior de la Federación que realice la auditoría de la gestión del señor Julio Everardo Sotelo Morales durante su desempeño como director del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez.
Artículo Segundo. El Pleno de esta Cámara aprueba solicitar al secretario de Salud, doctor José Ángel Córdova Villalobos, que instruya la realización de una investigación a fondo de las denuncias reiteradas sobre las irregularidades médicas y laborales que se han presentado y continúan presentándose en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez.
Artículo Tercero. Crear una comisión integrada por un diputado de cada grupo parlamentario para investigar las anomalías que están ocurriendo en el centro hospitalario señalado.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los trece días del mes de marzo de 2007.
(Rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA A LOS TITULARES DE LA STPS Y DE LA SCT A SUSCRIBIR EL PROYECTO
DE BASES DE COLABORACIÓN ELABORADO POR AMBAS DEPENDENCIAS, A CARGO
DEL DIPUTADO MARCO ANTONIO PEYROT SOLÍS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PAN
El que suscribe diputado Marco Antonio Peyrot Solís perteneciente al Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 70 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 26 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presento ante el Pleno de este poder de la Unión la siguiente proposición con punto de acuerdo por la que se exhorta a los titulares de las Secretarías del Trabajo y Previsión Social y de Comunicaciones y Transportes para que dentro del ámbito de su competencia suscriban el proyecto de Bases de Colaboración elaborado por ambas dependencias a fin de establecer las acciones y tareas que realizarían en forma coordinada para elaborar un programa de inspección a fin de constatar el cumplimiento de las disposiciones laborales a bordo de los buques.
I. Consideraciones
Primera. En términos de lo establecido en el artículo 40, fracción I, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, corresponde a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social vigilar la observancia y aplicación de las disposiciones relativas contenidas en el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la Ley Federal del Trabajo.
Segunda. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 36 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal corresponde a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes regular las comunicaciones y transportes, así como coordinar en los puertos marítimos y fluviales las actividades y servicios marítimos y portuarios.
Tercera. El artículo 212 de la Ley Federal del Trabajo, establece que corresponde a la Inspección del Trabajo vigilar el cumplimiento de las leyes y demás normas de trabajo, atendiendo a las leyes y disposiciones sobre comunicaciones por agua, cuando los buques estén en puerto.
II. Antecedentes
1. La Sonda de Campeche es un área comprendida en la zona marina del sur del Golfo de México ubicada frente a las costas de Campeche y Tabasco y hasta unos 200 kilómetros mar adentro. Esta zona marina es considerada un área estratégica marítima significativamente importante para la economía y seguridad de la nación.
La explotación de hidrocarburos costa fuera en la Sonda de Campeche se inicio en el año de 1958 y actualmente en ella se produce aproximadamente el 82 por ciento de la producción de crudo del país y el 35 por ciento de gas natural, lo cual representa aproximadamente el 34 por ciento del Producto Interno Bruto; la importancia de los recursos económicos que de ahí se obtienen puede dimensionarse plenamente si tomamos en consideración que de los $2 mil 214.4 miles de millones presupuestados para el Ejercicio Fiscal del año 2007, $811.3 miles de millones provendrán de los recursos petroleros.
2. La infraestructura con que se cuenta en la región de la Sonda de Campeche esta integrada por plataformas de exploración, perforación y explotación fijas y móviles, embarcaciones menores como sismológicas, abastecedores, remolcadores, lanchas de pasaje, de inspección, chalanes, buques mayores de almacenamiento y producción, etcétera, esa infraestructura es operada y mantenida por aproximadamente 30 mil trabajadores de la actividad marítima y de ellos el aproximadamente 80 por ciento sufren explotación a consecuencia de que no se fiscaliza la aplicación de las normas laborales.
3. Para nadie que labora en la Sonda de Campeche es un secreto que las normas de trabajo no se cumplen, existen infinidad de violaciones a la seguridad social de los trabajadores, a los contratos de trabajo, a la aplicación de las normas de seguridad marítima, violaciones a los derechos humanos y laborales, las jornadas laborales llegan a ser de hasta 20 horas, el incumplimiento de los pagos de salarios y prestaciones convenidas es algo de todos los días, los despidos injustificados son sumamente frecuentes, las políticas particulares de las empresas son arbitrarias y contra las leyes tanto marítimas como laborales.
4. La Ley Federal de Trabajo cuyas disposiciones son de orden público tiene como finalidad conseguir el equilibrio y la justicia social en las relaciones entre trabajadores y patrones; establece que el trabajo es un derecho y un deber sociales, exige respeto para las libertades y dignidad de quien lo presta y dispone que el mismo debe efectuarse en condiciones que aseguren la vida, la salud y un nivel económico decoroso para el trabajador y su familia.
Dicho ordenamiento legal contempla dentro del Título Sexto "Trabajos Especiales" un capítulo relativo a los trabajadores de los buques, con ello podrá apreciar ésta soberanía lo especializado que es la prestación de este tipo de trabajo y lo complejo del marco normativo que rige dicha relación laboral, sin embargo en la Sonda de Campeche lo anterior es letra muerta.
5. Las denuncias anteriores me han sido entregadas por diversas organizaciones y organismos del sector marítimo, en ellas se detallan las graves violaciones de que son objeto los trabajadores por parte de algunas de las empresas que prestan sus servicios a Petróleos Mexicanos.
Marinos mercantes de la Sonda de Campeche denuncian lo siguiente:
- Las empresas que los contratan con frecuencias de hasta cuatro meses cambian de razón social para que los contratos que firman sean temporales, ello además de ser con el fin de evadir impuestos, evita que creen antigüedad,
- Constantemente sufren suspensiones de pago de cuotas al IMSS, lo que trae como consecuencia una falta de servicio médico al derechohabiente y a sus familiares,
- El pago que hacen las empresas al IMSS lo hacen reduciendo el salario diario integrado, con ello evaden impuestos y cuando algún trabajador sufre accidente de trabajo la incapacidad que se les paga es mucho menor a lo que debiera corresponderle,
- No obstante que las labores que realizan son consideradas de alto riesgo, las empresas no pagan seguro de vida al trabajador,
- Hay trabajadores que se les adeudan vacaciones desde hace más de dos años,
- No se les entrega copia del contrato laboral que firman y en muchos de los casos los obligan a firmar un papel en blanco junto con el contrato.
b) Abastecedora del Carmen, SA de CV, también establecida en Ciudad del Carmen,
c) Subacuatica, SA, también en Ciudad del Carmen,
- No da reparto de utilidades,
- Frecuentemente lleva a cabo despidos masivos para evitar que los trabajadores generen antigüedad o para evitar el pago de aguinaldo,
- A bordo de las plataformas no se cuenta con instalaciones médicas que brinden la atención que requieren los trabajadores en caso de accidente de trabajo,
- Las cantidades con que cotizan ante el IMSS no concuerda con el salario que paga.
La conclusión a que se llegó en ese entonces era de que existía la urgente necesidad de fiscalizar que las normas de trabajo y seguridad, a fin de erradicar la explotación laboral que se presenta a bordo de embarcaciones y artefactos navales que se encuentran no sólo en la Sonda de Campeche, sino en todas las aguas marítimas nacionales, habiéndose elaborado un proyecto de Bases de Colaboración para que en un trabajo conjunto entre las Secretarías del Trabajo y Previsión Social y de Comunicaciones y Transportes se elaborara un programa de inspección a fin de constatar el cumplimiento de las disposiciones laborales, sin embargo hasta la fecha no se ha concretado la firma de esas bases.
Resulta urgente que los titulares de ambas dependencias del Ejecutivo federal revisen y en su oportunidad suscriban ese proyecto cuyo objetivo es establecer las acciones y tareas que se realizarían en forma coordinada para elaborar un programa de inspección.
Por lo anterior, someto a consideración del Pleno de este Poder de la Unión, el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta a los titulares de las Secretarías del Trabajo y Previsión Social y de Comunicaciones y Transportes para que dentro del ámbito de su competencia suscriban el proyecto de Bases de Colaboración elaborado por ambas dependencias a fin de establecer las acciones y tareas que realizarían en forma coordinada para elaborar un programa de inspección a fin de constatar el cumplimiento de las disposiciones laborales a bordo de los buques.
Palacio Legislativo, a 13 de marzo de 2007.
Diputado Marco Antonio Peyrot Solís (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE SOLICITA A LA ASF QUE REALICE UNA AUDITORÍA AL FIDEICOMISO NÚMERO
1936 FARAC, RELATIVO A LA CONCESIÓN DE AUTOPISTAS NACIONALES, A
CARGO DEL DIPUTADO PABLO TREJO PÉREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL
PRD
El que suscribe, Pablo Trejo Pérez, diputado federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LX Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, conforme a los siguientes
Antecedentes
En México el proceso de privatización –durante la administración de Carlos Salinas de Gortari– consideró un régimen de concesiones de carreteras al sector privado que involucraban a casi 5 mil kilómetros de un total de 224.2 mil kilómetros de la red carretera nacional, con una vigencia hasta por 50 años. En este proceso participó el gobierno federal, los gobiernos estatales y grupos corporativos privados; sin embargo, una vez concluido este proceso de privatización, los concesionarios se enfrentaron a los siguientes problemas:
2. Se incrementaron los costos de construcción debido a que se tuvo una mayor inflación a la proyectada.
3. Debido a las altas tarifas que establecieron los concesionarios para recuperar la inversión, se redujo considerablemente el aforo de vehículos que transitaban por las autopistas y con ello, los ingresos.
En julio de 1997, el gobierno federal creó el Fideicomiso de Apoyo para el Rescate de Autopistas Concesionadas (FARAC), en el Banco Nacional de Obras y Servicios en su doble carácter de fiduciario y fidecomitente, con el número 1936. El decretó fijó que dentro del FARAC sólo se tomarían en cuenta los saldos al 31 de agosto de 1997.1 De esta manera, comenzaron a operar directamente 23 –de un total de 52– carreteras de la Red Nacional de Autopistas, equivalente a una longitud de 5 mil 300 kilómetros y la deuda ascendía a 58 mil 123 millones de pesos2.
El FARAC opera de la siguiente manera: por un lado se tienen los activos físicos (las autopistas) y por el otro los pasivos financieros de las mismos (los pasivos bancarios y los PIC).
El fideicomiso otorgó a Capufe la administración de las carreteras, organismo que registra los ingresos y los egresos en una cuenta separada. El FARAC cubre el costo financiero y las amortizaciones de los pasivos con los remanentes de operación que le entrega Capufe. Si fuera necesario, el FARAC puede emitir deuda, ya que está garantizada por el gobierno federal, para refinanciar los pasivos. Desde su constitución en 1997, se han incorporado al FARAC un total de 49 concesiones.
Si los ingresos que generan las autopistas fueran insuficientes para afrontar los compromisos, entonces el gobierno federal pagaría el saldo final. Mientras tanto, el saldo de la deuda se considera como deuda contingente.
Consideraciones
Primera. De 1997 a 2002, el FARAC emitió PIC y asumió pasivos bancarios, que al 31 de diciembre de 2002 sumaron 143 mil 442 millones de pesos, los cuales no fueron revelados en la cuenta pública. Asimismo, los PIC no fueron registrados en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Para mejorar su posición financiera, entre 1998 y 2001, el FARAC recibió, en concesión de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes para su operación, explotación y mantenimiento, 10 tramos carreteros, los cuales no fueron valuados ni reconocidos en su patrimonio, es decir, se asumió una deuda sin saber cuál era el monto de la obligación. Asimismo, a diciembre de 2002, el FARAC tenía 37 tramos carreteros pero ninguno de ellos se encontraba registrado en su contabilidad.
La Auditoría Superior de la Federación determinó que el FARAC estaba registrando sus operaciones bajo criterios que no se apegan a los principios de contabilidad generalmente aceptados ni a los básicos de contabilidad gubernamental. Esta situación reflejó una completa falta de transparencia y rendición de cuentas, además de un manejo discrecional sobre el rescate.
Segunda. En 2004, la Auditoría Superior de la Federación detectó que el FARAC no tenía establecidas políticas generales ni reglas de operación aun cuando dicho fideicomiso tenía 7 años de antigüedad.
A fin de evaluar el cumplimiento de sus objetivos y metas el FARAC informó a la Auditoría Superior de la Federación que no tenía estructura orgánica, ni personal ni contaba con personalidad propia, por lo que no tenía manual de organización; además, Banobras señaló que, conforme a lo dispuesto en el tercer párrafo del artículo 80 de la Ley de Instituciones de Crédito, el Comité Técnico del FARAC es el órgano de gobierno del fideicomiso, al cual el fiduciario tiene la obligación de rendir informes conforme lo establece el contrato de fideicomiso. Es decir, no existe la rendición de cuentas del FARAC porque Banobras únicamente reconoce como autoridad al comité técnico, el cual está conformado por funcionarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.
Tercera. Francisco Gil Díaz en su carácter de integrante del comité técnico del fideicomiso público paraestatal del FARAC, operó para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes adjudicara a HSBC (institución financiera inglesa que ahora asesora el ex secretario), una concesión por 20 años para construir, operar, explotar, conservar y mantener tramos de las autopistas: Tihuatlán-Tuxpan, México-Pachuca, Asunción-Tejocotal, Tulancingo y Tejocotal-Nuevo Neceas en los estados de Hidalgo, Veracruz y Distrito Federal3.
Es necesario recordar que durante los años en que Francisco Gil Díaz4 (2000-2006) manejó el fideicomiso, éste se disparó. Al término de su gestión la deuda ascendió a 165 mil millones de pesos5, lo que resulta inexplicable porque el 80 por ciento del presupuesto anual destinado a carreteras se envío al FARAC.
De forma ilegal, durante 2002 el director de Banobras, Tomás Ruiz y el secretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz, solicitaron al Banco de México autorización para que el FARAC pudiera celebrar operaciones de reporto y préstamo de valores con los certificados bursátiles de indemnización carretera, emitidos por Banobras en su carácter de fiduciario6. En respuesta, el 19 de diciembre de 2002 el Banco de México lo autorizó mediante las circulares internas 1/2002 y 36/20027.
Cuarto. El 30 de enero de 2003, Banobras –cuyo Consejo Directivo era presidido por Gil Díaz- expidió las reglas para la colocación de certificados bursátiles de indemnización carretera segregables, emitidos por Banobras.
Por orden de Gil Díaz, se trasladaron al FARAC 26 tramos carreteros, considerados como las autopistas más redituables, no incluidos en el decreto original de 1997.
Con Manuel Zubiria Maqueo –hasta enero pasado director de Capufe y hermano de José María Zubiria Maqueo, presidente del SAT– se fue desmantelando el Capufe; la estrategia fue licitar todos los servicios a empresas privadas, incluidas las ligadas a Vicente Fox, como Fastec y Facopsa, propiedad de Cosme Mares.
Quinto. Ahora, una empresa llamada Servicios Integrales en Autopistas SA (SIASA), es la concesionaria de trabajos operativos de mantenimiento y conservación en carreteras que administra el FARAC. Si bien tiene registro fiscal, opera en las oficinas del Centro Nacional de Control de Caminos y Puentes, en la ciudad de Cuernavaca.
Los trabajadores de Capufe señalan que se trata de una empresa fantasma creada al interior del FARAC para dar servicio a las carreteras que Gil Díaz desincorporó de Capufe y trasladó al fideicomiso.
El sistema de contratación del gobierno federal, Compranet, no tiene registro alguno de la empresa y los recibos de pago que entrega a sus empleados carecen de domicilio fiscal. Ninguno de los trabajadores de SIASA conoce a los dueños de la empresa.
Sexto. El pasado 2 de marzo de 2007, Felipe Calderón Hinojosa anunció que algunas carreteras que fueron rescatadas por el gobierno federal volverán a ser privatizadas para contar con más recursos para reinvertir en ese ramo.
La Secretaria de Comunicaciones y Transportes hasta ahora no ha precisado el número de carreteras que se concesionarán de nuevo a la iniciativa privada. La dependencia sólo ha señalado que con el dinero que se obtenga se financiarán nuevos proyectos.
La SCT pretende fijar los ingresos por peaje de los concesionarios con base en los tipos de vehículos (autos, camiones, tractocamiones, motocicletas, autobuses), y estableciendo una regla de actualización por inflación en el título de concesión. De esta forma, el gobierno federal le garantiza al nuevo concesionario una parte de los costos y de las proyecciones de tránsito. Si el tránsito fuera menor al estimado o los costos aumentan, se puede compensar la pérdida a través de un incremento en la concesión. Como ejemplo, se puede mencionar a la empresa Pinfra, que opera la carretera México-Toluca, la cual para reducir en 40 por ciento la tarifa, la SCT aceptó extenderle por 30 años el plazo de concesión.
La reprivatización de las autopistas mediante el esquema propuesto por Felipe Calderón no garantiza al país contar con una infraestructura suficiente, de calidad y a precios competitivos porque nuevamente se pretende otorgar las concesiones con base en el criterio de recaudación. Ello llevará nuevamente al hecho de que para recuperar la inversión, las empresas tendrán que cobrar altas tarifas, lo que reducirá el aforo de vehículos. Así, lo que el gobierno federal va a ganar en forma de ingresos por las concesiones, lo perderá en ISR e IVA por el estancamiento de la economía, derivado de la pérdida de competitividad del país. En adición, se corre el riesgo de volver a rescatar nuevamente a los concesionarios.
Por lo anteriormente expuesto y por considerar que es un asunto de atención inmediata, me permito considerar ante este honorable pleno de la Cámara de Diputados, la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Primero. Se solicita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que informe a la Cámara de Diputados los antecedentes, la composición y el destino de los pasivos de la deuda8 del fideicomiso 1936 constituido en el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, y justifique las razones por las cuales dichos compromisos no han sido registrados como deuda pública9.
Segundo. Se instruye a la Auditoría Superior de la Federación para que practique una auditoria legal, técnica y contable, al fideicomiso número 1936, FARAC de Banobras, en términos de los artículos 1, 2, fracciones VI a XIII, 3, 4, 5, 6, 7, 14, 16 y en particular la fracción VI, 19, 21, 23, 24, 36, 38 inciso a), 39, 40, 41, 42, 45 al 58 de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación y se rinda un informe al Pleno de la Cámara de Diputados.
Tercero. Se solicita a la Secretaría de la Función Pública, informe si existe una investigación o, en su caso, inicie una investigación sobre el desempeño del comité técnico del FARAC, a efecto de conocer si se contravino la cláusula séptima, inciso a) del contrato de fideicomiso irrevocable de administración y fuente de pago que celebraron el 29 de agosto de 1997, así como al Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC, (Banobras), como fidecomitente, agente financiero y mandatario del gobierno federal.
Notas:
1) El 15 y 20 de octubre de 1997, la SHCP instruyó
a Banobras, fiduciario del FARAC, realizar las acciones necesarias, para
suscribir con fecha del 1 de septiembre de 1997, los convenios de reconocimientote
adeudo, cesión de deudas y modificatorios de créditos a cargo
de proyectos carreteros objeto del rescate, entre el gobierno federal,
las instituciones bancarias acreditantes y de los antiguos titulares de
las concesiones de estos proyectos en cumplimiento del decreto publicado
en el Diario Oficial de la Federación el miércoles 27 de
agosto, página 25.
2) Costo Financiero del Programa de Apoyo para el Rescate
de Autopistas Concesionadas; Centro de Estudios de las Finanzas Públicas,
Cámara de Diputados CEFIP/005/2004, página 9.
3) Dirección General de Desarrollo Carretero,
nombre de la concesionaria Grupo Financiero HSBC, SA. Vigencia: 20 años.
4) Formaba parte del comité técnico del
FARAC, en representación de la Secretaria de Hacienda.
5) Costo Financiero del Programa de Apoyo para el Rescate
de Autopistas Concesionadas; Centro de Estudios de las Finanzas Públicas,
Cámara de Diputados CEFIP/005/2004, página 13.
6) De conformidad con el artículo 73 constitucional,
cualquier empréstito debe ser aprobado por el Congreso de la Unión
y éste recibirá reportes anuales sobre el manejo de dicha
deuda.
7) Circulares señaladas. "Motivo: considerando
diversas solicitudes presentadas por el Banco Nacional de Obras y Servicios,
SNC., (Banobras) y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público,
con el fin de que se permita a esas casas de bolsa la celebración
de operaciones de reporto con los certificados bursátiles de indemnización
carretera con aval del gobierno federal que emita Banobras en su carácter
de fiduciario en el Fideicomiso de Apoyo para el Rescate de Autopistas
Concesionadas (CBIS-FARAC)."
8) El informe del Resultado de la Revisión de
Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2001, Auditoría
Superior de la Federación. Página 274-275.
9) Artículo 1o. de la Ley de Deuda Pública.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de marzo de 2007.
Diputado Pablo Trejo Pérez (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA AL IMSS A REALIZAR LOS TRÁMITES NECESARIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN
DE LA UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR NÚMERO 10 EN MATAMOROS, TAMAULIPAS,
A CARGO DEL DIPUTADO CARLOS ALBERTO GARCÍA GONZÁLEZ, DEL
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
El suscrito, diputado federal Carlos Alberto García González de la LX Legislatura e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presento ante esta honorable Asamblea el siguiente punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se exhorta al Instituto Mexicano del Seguro Social se realicen los tramites necesarios para la conclusión de la construcción de la Unidad Médica fFamiliar (UMF) 10 con U.M.A.A. y modulo de rehabilitación en el municipio de Matamoros, Tamaulipas, bajo las siguientes:
Consideraciones
Tamaulipas tiene una población de 3.1 millones de habitantes. La esperanza de vida es de 76 años en promedio. Un año más que el promedio nacional.
La delegación regional del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Tamaulipas inició sus servicios el 26 de julio de 1952. Actualmente tiene la enorme responsabilidad de proteger al 65 por ciento de la población del estado, a través de 44 unidades médicas, 6 hospitales generales de zona, 1 hospital de subzona, 6 subdelegaciones, 4 tiendas, 62 guarderías, 2 centros de seguridad social en el régimen obligatorio; y 2 hospitales y 104 unidades médicas rurales en IMSS-Oportunidades.
El ámbito de responsabilidad abarca los 43 municipios de Tamaulipas, 5 del vecino estado de Veracruz y 1 de Coahuila.
Para otorgar prestaciones médicas a la población derechohabiente, las unidades están organizadas en tres niveles de atención y regionalizadas. Esta organización responde a la frecuencia, distribución y características propias de los problemas de salud. La regionalización de servicios permite el otorgamiento de las prestaciones médicas en áreas geográficas relativamente circunscritas, evitando grandes desplazamientos al acercar los servicios a la población, equilibrar la demanda de atención con los recursos instalados, y mejorar la oportunidad y la calidad de la atención en un marco de inversión restringido por la situación financiera del IMSS.
En un día típico se otorgan 13 mil 757 consultas, realizan 16 mil 235 estudios de laboratorio y mil 455 estudios de radiodiagnóstico, se llevan a cabo 176 intervenciones quirúrgicas y nacen en nuestros hospitales 56 niños todos los días, además de atender en las guarderías a 9 mil 606 niños en promedio.
Durante el año pasado, PAQUIME grupo empresarial, ganó la licitación para construir una Unidad Medica Familiar (UMF) 10 con U.M.A.A. y modulo de rehabilitación en el municipio de Matamoros, Tamaulipas, sin embargo, el contrato fue rescindido por incumplimiento del contratista el 1 de septiembre de 2006, con un 47 por ciento de avance físico real de la construcción, asimismo, se dejó un adeudo a proveedores de materiales y miembros del sindicato de obreros de la ciudad, por varios millones de pesos en liquidación de mano de obra y materiales, posteriormente a su retiro, la empresa intentó retomar la construcción y no le fue permitido por falta de liquidez al no liquidar sus adeudos, posteriormente otra constructora intentó culminar la obra, pero al no haber presupuesto destinado, se suspendieron los trabajos.
Actualmente la Dirección Jurídica del IMSS integra la demanda para reclamar a la afianzadora los adeudos al Instituto; de igual forma, se solicitó y fue aprobado por el H. Consejo Técnico, en la sesión ordinaria del 31 de enero de 2007, el presupuesto para el reinicio y terminación de los trabajos pendientes.
Según información del propio IMSS, se tienen preparados los paquetes de concurso para la terminación de la obra faltante, no obstante, previo a la licitación de los trabajos, se requiere:
Que la demanda a la afianzadora quede formalmente instaurada.
Consultar a la Secretaría de la Función Pública, a través de la Dirección Jurídica del IMSS, de que se pueda licitar la obra pendiente.
Al respecto, es prudente reconocer que los diferentes órdenes de gobierno contienen en sus planes de desarrollo como prioridad las acciones de planeación para la protección de la salud, considerada ésta como uno de los bienes sociales más importantes; evidentemente, para lograr tales objetivos, es necesario ampliar la infraestructura y programas para conservar y mejorar la salud de los tamaulipecos, derivado esto del crecimiento demográfico que constituye un factor que condiciona las características y prioridades para la atención de la salud, lo que obliga a realizar una mayor inversión ante el aumento de la demanda de servicios médicos especializados, a través de la implementación de instrumentos y material médicos adecuados a las necesidades requeridas.
En ese sentido, estimamos que los tamaulipecos tenemos derecho a contar con un servicio de salud que se distinga por ser oportuno, eficiente y de calidad, y dada la importancia del hospital, y la necesidad de atender eficazmente al mayor número de personas de toda la entidad, a efecto de ampliar la cobertura y accesibilidad a los servicios médicos que prestaría el hospital en comento y que el equipo con el que se cuenta en los hospitales de la zona son insuficientes para dar servicio a la población matamorense, así como los altos costo de dichos servicios en hospitales particulares, nos pronunciamos a favor de que se apruebe el presente punto de acuerdo, considerando que la salud es un asunto de interés público, por lo que estimamos necesario impulsar estrategias de esfuerzo conjunto para el acceso a servicios médicos especializados de mayor calidad, en este caso, en el municipio de Matamoros, Tamaulipas.
Es por todo lo anterior, que someto a esta honorable Asamblea, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el siguiente:
Punto de Acuerdo
Único. De urgente y obvia resolución, por el que se exhorta al Instituto Mexicano del Seguro Social se realicen los tramites necesarios para la conclusión de la construcción de la Unidad Médica Familiar (UMF) 10 con U.M.A.A. y modulo de rehabilitación en el municipio de Matamoros, Tamaulipas.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 13 días del mes de marzo del año 2007.
Diputado Carlos Alberto García González
(rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL Y A LA SEP A ATENDER Y DOTAR DE INFRAESTRUCTURA
LA EDUCACIÓN BÁSICA INDÍGENA DEL SUR-SURESTE DEL PAÍS,
A CARGO DEL DIPUTADO ODILÓN ROMERO GUTIÉRREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PRD
El suscrito, diputado federal Odilón Romero Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, integrante de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete ante el pleno de esta soberanía proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, al tenor de las siguientes:
Consideraciones
El pasado día 2 de marzo la titular de la Secretaría de Educación Pública, Josefina Vázquez Mota, anunció que esta dependencia destinará 700 millones de pesos para "remozar escuelas urbanas pobres".
Es de suponer que estos recursos se destinarán para atender los rezagos de infraestructura para 2 mil 300 escuelas primarias y secundarias de todo el país ubicadas en zonas de pobreza urbana, con lo que se busca renovar las instalaciones eléctricas, hidrosanitarias y el mantenimiento de techos y fachadas.
Se anunció también que el programa se aplicará en 32 entidades de la república de forma proporcional al número de escuelas que tengan en zonas de pobreza urbana.
Sin duda, es una buena intención, sin embargo, se excluyeron las escuelas en zonas rurales indígenas, particularmente de los estados más pobres y de mayor atraso social del sur-sureste del país, que se caracterizan por su precariedad material, deficiencias en el perfil y condiciones de trabajo de los maestros, simplificaciones y reducciones a los contenidos, métodos, materiales y tiempos dedicados a la enseñanza.
A lo largo de la historia de la educación indígena se ha tenido un impacto negativo con los niños y jóvenes, como es la negación de su identidad, la privación de la plena ciudadanía, situaciones tales que no contribuyen a apuntalar hacia Estado fundado en el respeto a la diferencia, la pluralidad lingüística y cultural en nuestro país.
México transita aún por el camino de la segregación social, persisten estigmas racistas y discriminatorios, todavía hay ciudadanos de segunda y de primera; unos que lo tienen todo y otros que carecen de lo elemental.
Las niñas, niños y jóvenes indígenas de los estados de Guerrero, Oaxaca y Chiapas, fundamentalmente, tienen serias dificultades para elevar su nivel intelectual, profesional y moral, y prácticamente su futuro se encuentra secuestrado.
Y es que, sufren mortalidad infantil, desnutrición crónica y la necesidad de trabajar desde pequeños –ya sea en actividades agropecuarias o en otras–, lo que constituye en signos de alarma y tragedia nacional.
A lo que más aspiran las niñas, niños y jóvenes indígenas de México, particularmente del sur-sureste, es a un proceso de trabajo asalariado, expresado tanto en su ocupación temporal o en zonas de agroexplotación en los estados del norte del país y en los Estados Unidos, y las jóvenes mujeres como trabajadoras domésticas en los centros urbanos y en su creciente incorporación en las industrias de la maquila. Ese es su futuro inmediato.
En general, la niñez y la juventud indígenas de las tres entidades federativas en referencia se encuentran desprovistas de oportunidades que les permitan mejorar sus condiciones de vida en un corto plazo.
De mantenerse los altos niveles de pobreza rural y de marginación social y cultural, resulta previsible el incremento de las migraciones y, como consecuencia de ello, el secuestro del futuro de las niñas, niños, jóvenes y mujeres indígenas.
En este contexto, la escasa calificación laboral, las altas tasas de analfabetismo y la condición étnica son tres factores muy importantes por considerar en la formulación de políticas que permitan a niños y a jóvenes indígenas tener oportunidades de inserción en la sociedad que ahora se les niega por su diferencia cultural.
En estas condiciones, es necesario y urgente replantear las políticas públicas en el ámbito educativo y especialmente por un reparto equitativo de los recursos públicos. No podemos seguir con una educación preferencial a las escuelas urbanas y se abandona a las escuelas indígenas, que representan el 3.6 por ciento del total de las escuelas públicas del país.
Ahora, de acuerdo con datos oficiales, 8 mil 615 escuelas primarias de educación indígena se encuentran en condiciones materiales muy deplorables y en un ambiente desolador. No hay aulas sino galeras construidas de madera, otras están hechas de enramadas e incluso algunos alumnos indígenas reciben clases a la sombra de los árboles.
Asimismo, 50 por ciento de la población indígena de 15 años y más no tiene educación primaria.
Las escuelas de las comunidades, pueblos y regiones indígenas no pueden seguir ofreciendo un servicio diferencial y de escasez de presupuesto y precariedad de sus instalaciones, deficiente calificación profesional de sus maestros, enseñanza del castellano como si fuera primera lengua.
A todo esto hay que agregar otro problema, el incremento de la migración del campo a las ciudades, agravando el panorama, y se muestra la insuficiencia del subsistema de educación indígena para atender las demandas educativas de las poblaciones étnicamente distintas. A la fecha, cientos de miles de indígenas viven en ciudades donde no funciona el sistema de educación indígena; se ven obligados a estudiar en escuelas urbanas y con un plan de estudios estándar.
Aunque el Programa Nacional Educativo 1995-2000 consideró por primera vez en nuestra historia la atención a niños indígenas migrantes asentados temporal o definitivamente en zonas urbanas; y a pesar de la operación de programas como Área Metropolitana de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y de Atención a Niños Indígenas en algunas ciudades, es cierto que representa serios esfuerzos de la SEP, pero con todo, las acciones son aún insuficientes.
Resulta importante, en consecuencia, reconocer que el gobierno federal y las entidades garanticen una educación pública de calidad para las niñas, niños y jóvenes indígenas, con nuevas modalidades que garanticen la igualdad con la diferencia.
Tal como se lo propuso el indigenista Manuel Gamio a principios del siglo XX, en el siglo XXI se tendrá que avanzar en la solución del dilema histórico entre igualdad y diversidad, solución que demanda construir una verdadera educación pública intercultural.
Por lo anteriormente expuesto, pongo a consideración esta honorable asamblea la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta al titular del Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Educación Pública, a incluir las escuelas de las zonas rurales indígenas en el programa de fortalecimiento y dotación de infraestructura que permita el óptimo servicio de la educación básica indígena de las niñas, niños y jóvenes indígenas de los estados de Guerrero, Oaxaca y Chiapas del sur-sureste de nuestro país. Asimismo, se solicita que en un plazo de 30 días, a partir de la aprobación de este punto de acuerdo, la Secretaría de Educación Pública informe a esta soberanía de los planes, el ejercicio y la distribución de los recursos asignados para infraestructura básica a las zonas rurales indígenas, particularmente en el sur-sureste de nuestro país.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de marzo de 2007.
Diputados: Odilón Romero Gutiérrez,
César Flores Maldonado, Marcos Matías Alonso, Cuauhtémoc
Sandoval Ramírez, Jesús Humberto Zazueta Aguilar, José
Rosas Aispuro Torres, Ana Yurixi Leyva Piñón, Humberto Wilfrido
Alonso Razo, Wenceslao Herrera Coñac, Layda Sansores San Román,
María del Carmen Salvatori Bronca, Juan Abad de Jesús, Martín
Ramos Castellanos, Sergio Hernández Hernández, Raymundo Cárdenas
Hernández, Ramón Félix Pacheco Llanes, Claudia Lilia
Cruz Santiago, Javier González Garza, Abundio Peregrino García,
Víctor Manuel Lizárraga Peraza, Juan de Dios Castro Muñoz,
Isidro Pedraza Chávez, José Antonio Almazán González,
Santiago López Becerra, Valentina Valia Batres Guadarrama, Lourdes
Alonso Flores, Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla, Miguel Ángel
Solares Chávez, Víctor Aguirre Alcalde, Modesto Brito González,
Amador Campos Aburto, Juan Darío Lemarroy Martínez, Adrián
Pedrozo Castillo, Susana Monreal Ávila, Víctor Varela López,
Rafael Franco Melgarejo (rúbricas).
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE CREA LA COMISIÓN ESPECIAL SOBRE CAMBIO CLIMÁTICO, SUSCRITO
POR LOS DIPUTADOS BENJAMÍN HERNÁNDEZ SILVA Y ROBERTO MENDOZA
FLORES, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
Los suscritos, diputados federales del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática ante la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 34 y 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permiten someter a la alta consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
El cambio climático es identificado por los científicos relacionados con temas ambientales como el principal problema ambiental del siglo XXI. Es sin duda, un éxito para la ciencia el haber logrado crear conciencia por las consecuencias para la vida, de las crecientes concentraciones en la atmósfera de gases de efecto invernadero.
Los países del planeta, así lo han reconocido: el 4 de junio de 1992, durante la Cumbre de la Tierra, en Río de Janeiro, se abre para la firma la "Convención sobre el Cambio Climático". 155 países la suscriben. La convención entra en vigor el 21 de marzo de 1994, cuando es ratificada por 50 países. Actualmente más de 189 países la han ratificado, entre ellos México.
La convención define en su artículo 1 lo siguiente: "Por "cambio climático" se entiende un cambio de clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana que altera la composición de la atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad natural del clima observada durante períodos de tiempo comparables."
En el artículo 2o. de la Convención es señalado con claridad el objetivo: "El objetivo último de la presente convención y de todo instrumento jurídico conexo que adopte la conferencia de las partes, es lograr, de conformidad con las disposiciones pertinentes de la convención, la estabilización de las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera a un nivel que impida interferencias antropógenas peligrosas en el sistema climático. Ese nivel debería lograrse en un plazo suficiente para permitir que los ecosistemas se adapten naturalmente al cambio climático, asegurar que la producción de alimentos no se vea amenazada y permitir que el desarrollo económico prosiga de manera sostenible."
Estabilizar los gases de efecto invernadero implica cambios en las actuales formas de crecimiento económico. Implica compromisos para todas las partes, que son señalados en el artículo 4 de la convención. En forma general destacan los siguientes:
Desarrollar programas nacionales y/o regionales para mitigar el cambio climático y adaptarse a los potenciales efectos.
Fortalecer la investigación científica y tecnológica, la observación del sistema climático y fomentar el desarrollo de tecnologías, prácticas y procesos para controlar, reducir y prevenir las emisiones antropogénicas de los GEI.
Promover programas de educación y sensibilización pública acerca del cambio climático y sus efectos.
En 1997, en la tercera Conferencia de las Partes (COP-3) en Kyoto, fue adoptado el Protocolo. En el hoy llamado Protocolo de Kyoto se señala, que para que éste entre en vigor se requieren: que 55 países lo ratifiquen; y que entre las partes que lo ratifiquen haya suficientes países del Anexo 1 de la convención que contribuyan con al menos el 55 por ciento de las emisiones registradas en 1990.
En el Anexo I de la convención se encuentran los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) hasta 1992, y los países de Europa central y del este con economías en transición a una economía de mercado. Estos son los únicos países que asumen compromisos cuantitativos en el marco de la convención. Estos compromisos consisten en estabilizar sus emisiones y reducirlas hasta el nivel en que se encontraban en 1990. De acuerdo con el texto original de la convención, esta meta debía haberse alcanzado en el año 2000.
Con la ratificación en el 2004 por parte de la Federación Rusa, los países del Anexo I que han ratificado el protocolo alcanzan el 61.6 por ciento de las emisiones de 1990, con lo que se cumplió la condición que faltaba para su entrada en vigor, que fue el 16 de febrero de 2005.
El Protocolo de Kyoto no establece compromisos de reducción para los países en desarrollo. Esto conforme al principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas. Lo que hace el protocolo además de compartir los objetivos de la Convención sobre el Cambio Climático es comprometer a las partes del Anexo I a cumplir, en lo individual, metas legalmente vinculantes para limitar o reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero. Estas metas representan una reducción en sus emisiones de gases de efecto invernadero de por lo menos 5 por ciento respecto de los niveles de 1990, a cumplirse durante el periodo 2008 a 2012.
La comunidad científica estudia permanentemente el fenómeno del cambio climático. El pasado 2 de febrero del presente año se presentó en Paris, Francia, la contribución del Grupo I al Cuarto Informe de Evaluación del Panel Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC). El resumen para responsables de políticas de este grupo I del IPCC es de especial relevancia. A través del mencionado informe, se sabe el estado del conocimiento científico de las causas dominantes del cambio climático, el cambio climático observado y un rango de cálculos del cambio climático futuro derivados de estos trabajos. Entre los datos más relevantes del informe del IPCC se pueden mencionar los siguientes:
En el informe se dice, que es muy probable, que la actividad humana ha logrado la mayor concentración de gases de efecto invernadero –en especial dióxido de carbono- en la atmósfera en 650 mil años.
El calentamiento del sistema climático es inequívoco, tal y como evidencian ahora las observaciones de los incrementos en las temperaturas medias del aire y los océanos, el derretimiento generalizado de hielo y nieve y el incremento medio global del nivel del mar.
Once de los últimos doce años (1995-2006) están en el ranking de los doce años más calurosos en los registros de temperaturas de superficie instrumentalizados (desde 1850). La tendencia lineal actualizada para los últimos 100 años (1906-2005), es de calentamiento de 0.74°C, y la mayor parte de este incremento ha tenido lugar durante los últimos 50 años (0.13º C por década).
Los científicos del IPCC señalan, que la mayor parte del incremento observado desde la mitad del siglo XX en las temperaturas medias se debe, muy probablemente, a los aumentos observados en los gases de efecto invernadero antropogénico –principalmente uso de combustibles fósiles.
Se han observado sequías más largas y más intensas en áreas más amplias desde los años 70, particularmente en los trópicos y subtrópicos. El aumento del desecamiento, vinculado a unas temperaturas más altas y a la disminución de las precipitaciones, ha contribuido a cambios en las sequías. Los cambios en las temperaturas de la superficie del mar, los patrones de viento, y la disminución de glaciares y de la capa de nieve se han vinculado también a las sequías.
La frecuencia de episodios de precipitaciones fuertes se ha incrementado en la mayoría de las áreas, en concordancia con el calentamiento y el incremento del vapor de agua observado en la atmósfera.
Se han observado grandes cambios en temperaturas extremas durante los últimos 50 años. Los días fríos, las noches frías y las heladas han empezado a ser extraños, mientras los días calurosos, las noches calurosas y las olas de calor se han hecho más frecuentes.
Las observaciones muestran la evidencia de un incremento en la actividad de ciclones intensos en el Atlántico Norte desde aproximadamente 1970, correlacionando con el calentamiento observado de la temperatura de la superficie del mar en los trópicos. Hay evidencias de un incremento en la intensidad de la actividad de los ciclones tropicales en otras regiones, donde la preocupación sobre la calidad de los datos es mayor.
Para las próximas dos décadas, las proyecciones apuntan a un calentamiento de unos 0.2º C por década para un rango de emisiones. Si las concentraciones se estabilizan en los niveles del 2000, podría esperarse un calentamiento de 0.1º C por década.
Los expertos del IPCC han presentado seis escenarios de temperatura. En el mejor de los casos calculan para el 2100 un calentamiento de 1.1 hasta 2.9º C . En el peor de los escenarios la temperatura puede subir de 2.4 hasta 6.4º C. En el mismo espacio de tiempo puede incrementarse el nivel del mar hasta 59 centímetros.
Es muy probable que los episodios de calor extremo, olas de calor y precipitaciones fuertes tiendan a ser cada vez más frecuentes.
Basados en un rango de modelos, es probable que los ciclones tropicales (tifones y huracanes) tiendan a ser más intensos, con mayores picos en velocidades del viento y precipitaciones más fuertes, asociadas con los incrementos que están teniendo lugar en la temperatura superficial de los mares tropicales. Hay poca confianza en las proyecciones de un decrecimiento global en el número de ciclones tropicales. El incremento aparente en la proporción de las tormentas intensas desde 1970 en algunas regiones es mucho mayor que la simulada por los modelos actuales para ese periodo.
En el caso especifico de como va afectar el cambio climático a México, existen trabajos de gran importancia. Por ejemplo, en el año 2006, se presento el informe: México, Tercera Comunicación Nacional ante la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Dicho informe es producto del trabajo de la Comisión Intersecretarial sobre Cambio Climático, que es integrada por nueve secretarías de Estado, en el se presenta el avance de las medidas para estudiar, mitigar y adaptarse al fenómeno global del cambio climático. En el informe se llegó a las siguientes conclusiones, que a continuación se citan textualmente:
Se proyectan disminuciones en la lluvia, así como cambios en su distribución temporal, con respecto al escenario base de 1961-1990. Por ejemplo, se esperan reducciones de hasta 15 por ciento en regiones del centro y de menos de 5 por ciento en la vertiente del Golfo de México, principalmente entre enero y mayo;
El ciclo hidrológico se volverá más intenso, por lo que aumentará el número de tormentas severas y la intensidad de los periodos de sequía;
Los componentes del ciclo hidrológico indican que en México cerca del 75 por ciento de la precipitación se evapotranspira y 5 por ciento recarga los acuíferos. El balance hídrico sugiere que el aumento en temperatura hará que la evapotranspiración se incremente y que la humedad en el suelo disminuya. Las evaluaciones del Panel Intergubernamental de Cambio Climático indican que México puede experimentar una disminución significativa en el escurrimiento, del orden del 10 al 20 por ciento a nivel nacional, y mayor al 40 por ciento en los humedales costeros de El Golfo;
En el caso de los fenómenos extremos como los frentes fríos (nortes), es posible que éstos se vuelvan menos frecuentes. Es incierto en qué medida dicha disminución podría afectar las precipitaciones, pero de acuerdo con ciertos escenarios, éstas tenderán a disminuir principalmente en la vertiente de El Golfo de México; y
La temperatura de la superficie del mar en el Caribe, Golfo de México podría aumentar entre 1 y 2º C. Con base en consideraciones físicas, incrementos en la temperatura del mar aumentan la eficiencia de los ciclones tropicales, favoreciendo las probabilidades de que éstos alcancen categoría mayores en la escala Saffir-Simpson.
El fenómeno amenaza además, por ejemplo con propagar enfermedades transmitidas por vector, como el paludismo y el dengue. Esto por efecto del incremento de temperatura en áreas en donde antes no se presentaban dichas enfermedades.
Finalizo con la siguiente reflexión, para afrontar un fenómeno como el cambio climático, es necesario que nosotros como legisladores, empecemos a identificar estrategias, políticas e instrumentos en el ámbito de nuestras atribuciones, que permitan desarrollar medidas efectivas de acción sobre el cambio climático. Necesitamos avanzar en la búsqueda de soluciones, tanto desde el punto de vista de la mitigación como desde el ámbito de la adaptación a las causas y efectos del cambio climático.
Punto de Acuerdo
Primero. Se solicita de manera respetuosa a la Junta de Coordinación Política de esta honorable Cámara de Diputados para que constituya la comisión especial sobre el cambio climático, que promoverá en el ámbito legislativo las medidas y acciones necesarias para estudiar, mitigar y adaptarse al fenómeno global del cambio climático en el país.
Segundo. La comisión especial contará con los recursos y personal necesario para su operación, y su duración será hasta el termino de la actual legislatura o cuando se hay cumplido su objeto. Para estos efectos deberá presentar de manera periódica un informe de actividades ante el Pleno de la Cámara de Diputados o, en su caso, ante la Comisión Permanente del Congreso General.
Tercero. La comisión especial estará integrada en forma plural, reflejando la equidad y proporcionalidad conforme a la integración de esta legislatura, en la que estará representados los diferentes grupos parlamentarios que la integran. Contará con una mesa directiva que se conformará por un presidente y dos secretarios.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de marzo de 2007.
Diputados: Benjamin Hernández Silva (rúbrica),
Roberto Mendoza Flores (rúbrica).
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA AL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO A INFORMAR SOBRE LAS
CONDICIONES DE LAS OBRAS DEL PARADERO DEL METRO CIUDAD AZTECA, QUE FUERON
CONCESIONADAS, A CARGO DEL DIPUTADO SILVIO GÓMEZ LEYVA, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PAN
Con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicito que se turne a las comisiones de Comunicaciones, de Desarrollo Metropolitano, y de Transporte la siguiente proposición con punto de acuerdo para exhortar al gobierno del estado de México, a través de la Secretaría de Comunicaciones, a fin de que se aboque a informar a este Pleno respecto a las condiciones de inicio de las obras del paradero del Metro Ciudad Azteca, en el municipio de Ecatepec, que fueron concesionadas; o los motivos del retraso; asimismo, que pueda tomar las medidas urgentes a fin de agilizar la afluencia vehicular en la zona.
El 29 de octubre de 1999 dio inicio la construcción de la Línea B del Metro de la Ciudad de México; de acuerdo con información proporcionada por el Sistema de Transporte Colectivo de la Ciudad de México, esta línea moviliza diariamente 600 mil usuarios en su conjunto, y su construcción implicó la realización de varias obras viales adicionales indispensables para la integración y reestructuración de los otros medios de transporte, consistiendo en 16 puentes vehiculares (6 en el Distrito Federal y 10 en el estado de México); 51 puentes peatonales (21 en el Distrito Federal y 30 en el estado de México); así como 4 paraderos de autobuses (3 en el Distrito Federal y 1 en el estado de México).
En diciembre del año 2000 el gobierno de la Ciudad de México inauguró las instalaciones de la Línea B del Metro de Ciudad Azteca a Buena Vista, sin que los trabajos se encontraran terminados, por lo que comenzó a funcionar dejando pendiente parte de las obras, lo que a la larga ha originado serios problemas; siendo uno de ellos la falta de un paradero de autobuses en la estación terminal Ciudad Azteca, en el estado de México, ocasionado que alrededor de 10 mil unidades de transporte colectivo no tengan un espacio adecuado para que los más de 80 mil usuarios aborden diariamente las unidades; provocando congestionamiento vial sobre la avenida Central, debido a que los transportistas ocupan sus laterales.
En agosto de 2006 el secretario de Comunicaciones del gobierno del estado de México, licenciado Gerardo Ruiz Esparza, informó que para solucionar el problema se otorgó a la empresa Construcción, Conservación y Mantenimiento Urbano, SA de CV, una concesión por 30 años para la construcción, rehabilitación, operación y mantenimiento del paradero de la estación terminal del metro Ciudad Azteca, que tendrá una inversión de más de 500 millones de pesos; pero a la fecha no se observa trabajo de construcción alguno.
Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta al gobierno del estado de México, a través de la Secretaría de Comunicaciones, a fin de que se aboque a informar a este Pleno respecto de las condiciones de inicio de las obras del paradero del Metro Ciudad Azteca que fueron concesionadas; o los motivos del retraso; asimismo, pueda tomar las medidas urgentes a fin de agilizar la afluencia vehicular en la zona.
Dado en Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congresos de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los 13 días del mes de marzo de 2007.
Diputado Silvio Gómez Leyva (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, RELATIVO
A LA PRÓXIMA VISITA DEL PRESIDENTE DE ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA,
GEORGE W. BUSH, A CARGO DEL DIPUTADO HUMBERTO ZAZUETA AGUILAR, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PRD
El que suscribe, Jesús Humberto Zazueta Aguilar, integrante de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior de Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicita que se someta a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, de conformidad con las siguientes
Consideraciones
1. El presidente de Estados Unidos, George W. Bush, llegó al poder hace seis años, ofreciendo el compromiso de otorgar una atención prioritaria a América Latina, particularmente a México. La realidad ha demostrado que Bush fracasó en este objetivo. El mandatario de Estados Unidos ignoró a la región durante todos estos años y rompió su promesa de hacer de México su mejor aliado.
2. Mientras Bush y Estados Unidos llevaban a cabo una guerra injusta en Medio Oriente, en su propio continente ha surgido la mayor oposición de gobiernos provenientes de ideologías de izquierda desde la época de la Guerra Fría. Países como Chile, Argentina, Uruguay, Brasil, Venezuela, Bolivia y Nicaragua han rechazado el modelo de desarrollo basado en el capitalismo salvaje que impone Estados Unidos.
3. La visita de Bush a México del 12 al 14 de marzo llega muy tarde. Los compromisos que el debilitado presidente estadounidense pudiera asumir con nuestro país no tendrán ahora el peso necesario para ponerlos en marcha, con el Congreso y la opinión pública en su contra. Por tanto, no se esperan grandes avances en la relación bilateral con esta visita. En el tema migratorio, por mucho el asunto que más preocupa a nuestro país, es muy difícil que Bush pueda hacer algo después de que durante seis años ha tenido en sus manos las posibilidades de influir en una reforma migratoria integral y ha fracasado rotundamente en conseguirlo.
4. Adicionalmente, Bush ha impulsado la militarización de la frontera con México, lo que provoca que miles de mexicanos que se dirigen a Estados Unidos sean cruelmente humillados, o que incluso pierdan la vida.
5. El presidente estadounidense también es responsable de la construcción del muro de 700 millas a lo largo de la frontera, tal vez una de las obras más detestables en la historia de la relación bilateral. Por tanto, Bush debe saber que gracias a él Estados Unidos no es considerado por los mexicanos como un buen vecino.
6. En el fondo, la presencia del mandatario estadounidense obedecerá al afán de exaltar a Felipe Calderón y su administración conservadora como la mejor opción política para América Latina, con el objetivo de aminorar en lo sucesivo el avance de la izquierda política en el subcontinente y en nuestro país.
7. No obstante, existe un tema que debería llamarnos seriamente a la preocupación que puede ser planteado durante la visita de Bush. Como han señalado atinadamente algunos analistas, el presidente estadounidense se refirió en días pasados a algunos de los objetivos que intentará cumplir durante su estancia en México. El mandatario estadounidense habló en días pasados a favor de la apertura del sector petrolero y eléctrico al capital privado en nuestro país. Esto no nos extraña. Las empresas transnacionales estadounidenses, alimentadas por una posición complaciente del gobierno federal panista, no han quitado la vista sobre una posible privatización de nuestros recursos naturales, fundamentalmente de los energéticos.
8. Uno de los medios que las oligarquías de los dos países han adoptado para avanzar sus intereses es la Alianza por la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte (ASPAN). Este nuevo instrumento se ha venido utilizando para garantizar la continuidad de la dependencia de nuestro país con Estados Unidos. Durante las negociaciones de dicho acuerdo, el Ejecutivo federal mexicano ha revivido el método de negociación discrecional y autoritario a través del cual fue aprobado el TLCAN hace 11 años.
9. Amplios sectores de la población, incluido por supuesto el Congreso de la Unión, han sido dejados fuera de la discusión y del debate para la elaboración de propuestas. Como en el TLCAN, en la Alianza no existen mecanismos que permitan reconocer y enfrentar las disparidades económicas entre los países socios. Por si fuera poco, la iniciativa muestra también el plegamiento en términos de agendas a la voluntad de Washington al incorporar, en una negociación internacional, la agenda energética, descartando la migratoria.
10. Por tanto, es fundamental que el Ejecutivo federal mexicano se comprometa a respetar la Constitución mexicana y evite llevar a cabo compromisos que involucren la potestad de nuestros recursos naturales, particularmente los energéticos.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a su consideración el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular del Ejecutivo federal a que durante las reuniones que sostendrá con el presidente de Estados Unidos mantenga una postura firme de rechazo a la privatización de la propiedad de nuestros energéticos, se conduzca con dignidad y patriotismo, y evite entregar a los intereses extranjeros nuestro patrimonio nacional.
Segundo. Lo exhorta también a manifestar ante el presidente de Estados Unidos una posición firme de defensa de los derechos humanos de los migrantes mexicanos, de rechazo a las deportaciones masivas de la población indocumentada en aquella nación y de amplio rechazo a la construcción del muro en la frontera.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de marzo de 2007.
Diputado Jesús Humberto Zazueta Aguilar (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA A LA SEP A REVISAR Y PROMOVER EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS PROCESOS
DE PROGRAMACIÓN DETALLADA Y ASIGNAR RECURSOS PARA NUEVAS PLAZAS
DE DOCENTES EN LOS DIFERENTES NIVELES Y MODALIDADES, A CARGO DEL DIPUTADO
FRANCISCO JAVIER MURILLO FLORES, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
El suscrito Francisco Javier Murillo Flores diputado federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la Cámara de Diputados de la LX Legislatura, y con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración del Pleno la proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Educación Pública del gobierno federal, a que en el ámbito de sus facultades revise y promueva con las entidades federativas del país los procesos de programación detallada (Prodet y microplaneación) y se asignen los recursos presupuestales para nuevas plazas de docentes oportunamente en los diferentes niveles y modalidades a efecto de que al primer día de clases del nuevo ciclo escolar no haya alumnos de educación básica sin maestro.
La calidad de la educación es una preocupación permanente que nos obliga a realizar un análisis minucioso sobre lo que estamos haciendo y dejando de hacer en este rubro y sin pretender incursionar en un análisis filosófico y de debate tan justificado como el pretender unificar el criterio acerca de la concepción que cada uno de nosotros tenemos en cuanto a la calidad educativa, pretendo abordar cosas muy concretas que en educación se traducen en indicadores educativos, esto es, factores que se pueden medir y conforme a sus resultados podemos darnos cuenta si se lograron o no los objetivos planteados y a la vez orientar nuestras decisiones ya sean de carácter reactivo o preventivo.
En el contexto de la calidad de la educación de ninguna manera pudiéramos dejar de tocar el indicador del aprovechamiento escolar, y lo que hace más importante este aspecto, son los resultados que ha publicado la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, donde el país se ubica en lugares que no son nada halagadores y por el contrario si muy preocupantes.
De ahí que debemos ser concientes de que en ese indicador, hablo del aprovechamiento escolar, intervienen muchos elementos que impactan positiva o negativamente.
Pretendo pues, en este punto de acuerdo no hablar de subjetividades, sino de cosas concretas, palpables y medibles que influyen en el aprovechamiento escolar, quiero referirme a un fenómeno que se presenta año tras año en las escuelas oficiales de educación básica del país, que consiste en que en un gran porcentaje de instituciones educativas al principio del ciclo escolar no cuentan con los elementos indispensables mínimos para laborar normalmente en el nuevo ciclo escolar; me refiero a componentes como: los docentes, los alumnos, los espacios educativos(llámese aulas) los libros de texto y el mobiliario entre otros.
A estos componentes los quiero denominar "componentes de normalidad mínima" (como elementos irreductibles que el Estado está obligado a proporcionar) y que se requieren para que una escuela trabaje con regularidad al principio y durante todo el ciclo escolar.
Si nos imaginamos que en una escuela pública, como sucede en muchas del país, el primer día de clases del ciclo escolar, cuenta con su edificio, con sus libros de texto gratuitos, con su mobiliario con alumnos listos para iniciar un nuevo ciclo escolar; pero no cuenta con el maestro que inicie las labores escolares en ese nuevo año; tenemos en consecuencia que habrá alumnos sin maestro, o bien maestros que por falta de uno o dos o más maestros en su escuela tienen que atender a 2, 3 o hasta más grupos (sin ser la modalidad de escuela multigrado), todo debido a que alguna instancia que interviene en este proceso no cumplió eficazmente en el nombramiento oportuno de los docentes correspondientes; ello ha originado reiteradamente que en muchas regiones del país existen alumnos que no tienen clases de manera normal desde el inicio del ciclo escolar hasta el mes de noviembre, diciembre o incluso todo el primer semestre, inclusive, situación que con toda certeza impactará en el aprovechamiento escolar de estos alumnos y de manera obvia incidirá negativamente en la calidad de su educación.
La Secretaría de Educación Pública, coordina dos procesos con las entidades federativas, que tienen relación con la asignación de recursos para nuevas plazas y nuevas contrataciones en los diferentes niveles y modalidades de educación básica, dichos procesos son programación detallada, Prodet y microplaneación, (Prodet que se refiere a promociones naturales, reubicaciones por exceso de personal con base en la normatividad de estructuras ocupacionales, personal directivo, administrativo, de apoyo y asistencia, educación especial, educación física, musical e inicial.
El proceso de microplaneación se refiere a nuevas creaciones, expansiones y cambio de servicio de cualquier modalidad a formal.
Lo anterior se relaciona con la asignación de recursos para la contratación de nuevos docentes en los estados, misma que debe ser oportuna para que el primer día de clases del nuevo ciclo escolar ya estén nombrados y las escuelas puedan comenzar a laborar con todos los componentes necesarios y por consecuencia puedan iniciar con la normalidad mínima que se requiere.
Estos procesos de planeación estratégica deben realizarse tomando como fundamento que la principal finalidad de las inscripciones anticipadas, tiene como principal intención contar con los elementos que ayuden a la autoridad a hacer proyecciones acerca de cuántos alumnos requerirán nuevos espacios educativos el próximo año, qué cantidad de aulas, de libros, de mobiliario, pero sobre todo de docentes.
Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración del Pleno de ésta honorable Cámara de Diputados el siguiente
Punto de Acuerdo
1. La honorable Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Educación Pública para que realice una revisión minuciosa a los procesos denominados programación detallada (Prodet y microplaneación) a efecto de que ajuste los tiempos para que las entidades federativas a más tardar el 15 de junio cuenten con el dictamen correspondiente en cuanto a la asignación de recursos para nuevas plazas en los diferentes niveles y modalidades de educación básica y se realicen las acciones de contratación necesarias con toda oportunidad.
2. La honorable Cámara de Diputados exhorta a las autoridades educativas de las entidades federativas a que en el contexto de la normalidad mínima para que los centros escolares al inicio del ciclo escolar, ajusten sus calendarios en la realización de sus procesos a efecto de que las promociones, cambios de adscripción, permutas y nuevas contrataciones de personal se realicen en tiempo y forma, de tal manera que al primer día del nuevo ciclo escolar no existan alumnos sin maestro.
Palacio Legislativo, a 13 de marzo de 2007.
Diputado Francisco Javier Murillo Flores (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA A LA SEP A MODIFICAR Y HOMOLOGAR EN TODO EL PAÍS EL PROGRAMA
CURRICULAR DEL SISTEMA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR, A CARGO DEL
DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS SOLANO MUÑOZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PAN
El suscrito, diputado José de Jesús Solano Muñoz, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, somete a la consideración del Pleno de esta honorable Cámara, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la siguiente proposición con punto de acuerdo, con base en las siguientes
Consideraciones
1. La educación media superior es un instrumento clave de la política social hacia la juventud; su esencia educativa consiste en generar en el individuo el desarrollo de su personalidad, la adquisición de un sentido crítico y de una cultura que comprenda la ciencia, la tecnología y las humanidades, así como la preparación adecuada hacia el trabajo.
Es, por tanto, tarea ineludible de este tipo de educación proveer al estudiante de los conocimientos, habilidades, actitudes y valores que coadyuven a su consolidación como individuo en el aspecto psicológico, intelectual, productivo y social; es decir, a su formación integral. Al mismo tiempo le proporciona las bases para ingresar al nivel superior o bien integrarse al mundo de trabajo.
La Ley General de Educación establece que la educación media superior "comprende el nivel de bachillerato, los demás niveles equivalentes a éste, así como la educación profesional que no requiere bachillerato o sus equivalentes".
Es posterior a la secundaria y atiende a la necesidad de apoyar el proceso de formación integral de la población escolar compuesta, mayoritariamente, por jóvenes de entre quince y dieciocho años de edad, quienes reciben el servicio en instituciones federales, estatales, autónomas y privadas.
Existen dos opciones educativas principales con programas diferentes:
El bachillerato prepara para el estudio de las diferentes disciplinas científicas, tecnológicas y humanísticas, y proporciona una cultura general, con objeto de que sus egresados se incorporen a las instituciones de educación superior o al sector productivo. Está conformado por tres tipos de bachillerato: el universitario, dependiente de la universidades autónomas y estatales; el general, dependiente de la Dirección General del Bachillerato (DGB) de la Subsecretaría de Educación Superior e Investigación Científica (SESIC), y el tecnológico, dependiente de la Subsecretaría de Educación e Investigación Tecnológicas (SEIT), que ofrece dos opciones simultáneas, ya que al mismo tiempo que prepara para continuar estudios superiores, proporciona una formación tecnológica orientada a la obtención de un título de técnico profesional.
La educación profesional técnica, atendida por el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep), el IPN y la SEIT, entre otras instituciones; forma al estudiante para su incorporación al ámbito de la producción y de los servicios; está orientada a desarrollar una capacidad técnica y a realizar tareas específicas en estos ámbitos. Con la finalidad de que los egresados del Conalep tengan acceso a la educación de tipo superior, se han complementado los planes y programas de estudio vigentes desde 1990, con las asignaturas y contenidos temáticos correspondientes al tronco común del bachillerato, en resolución número DGB.EQ-1/97 de la Dirección General del Bachillerato de la Secretaría de Educación Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 17 de marzo de 1997.
Asimismo, dicha Ley menciona en su artículo 46 que la educación media superior "tendrá las modalidades de escolar, no escolarizada y mixta".
Modalidad no escolarizada. Es una modalidad no presencial donde se establecen estrategias de enseñanza y de aprendizaje autogestivas, que son el punto de partida del proceso educativo que comprende, entre otros, los programas de estudio, textos, apoyos didácticos y las asesorías.
Modalidad mixta. Es un modelo que combina la educación presencial con la no presencial; la responsabilidad compartida entre el docente y el estudiante; requiere textos o paquetes didácticos para fortalecer el estudio independiente.
Si bien en su mayoría los egresados de los bachilleratos declaran su intención de continuar estudios, muchos de ellos no logran ingresar, como consecuencia del plan curricular, que no permite movilidad al estudiante en los casos de cambio de plantel, o de una entidad federativa a otra, retrasando y en la gran mayoría de los casos impidiendo su registro a la escuela superior. Esta modalidad cuenta con 713 planteles, 498 mil 582 alumnos, 29 mil 330 maestros y 167 carreras. Seis organismos se adscriben a dicha modalidad, pero las matrículas se concentran en una sola institución: la Dirección General de Educación Tecnológica Industrial (DGETI), con 74 por ciento del total, en tanto que 13 por ciento se concentra en la Dirección General de Educación Tecnológica Agropecuaria (DGETA) y en la Unidad de Educación en Ciencia y Tecnología del Mar (Uecytm).
Encontramos que en nuestro país los jóvenes que cursan la Educación Media Superior, encuentra una disyuntiva, ya que al querer ingresar a la educación superior, enfrentan una problemática que de forma inmediata les impide realizar el trámite correspondiente para su ingreso, falta de créditos del nivel bachillerato o la validación de las materias cursadas que varían en función de un subsistema a otro entre entidades federales. Esto generalmente se traduce en una inversión para la federación, ya que hay que apoyar a los jóvenes que desean continuar con sus estudios y ver la culminación de los que desean realizar una licenciatura.
Si bien es cierto que la SEP se ha pronunciado por mejorar la calidad de este nivel educativo a través de los diversos mecanismos de regulación y mejora, ha faltado la implementación de políticas que contribuyan a facilitar el acceso de este sector estudiantil para facilitarles la tarea de continuar o concluir con su bachillerato en otras instituciones, en cualquier estado de la República.
Uno de los aspectos que no han sido suficientemente apoyados es la homologación de los planes de estudios entre los subsistemas de las entidades federales en el nivel medio superior, dificultando la culminación educativa de los jóvenes en este nivel.
Por ello, hago un llamado a las autoridades educativas a que comprendamos la problemática planteada y recordemos que uno de los pilares fundamentales del desarrollo de nuestro país, es la educación, por ello los invito desde esta honorable tribuna a coadyuvar en el apoyo y facilitar los mecanismos necesarios, a nuestros jóvenes, a fin de que puedan concluir la educación media superior a través del apoyo que brinde la Secretaría de Educación Publica para la homologación de los subsistemas en este nivel educativo entre los estados y brindar el apoyo que se requiera en caso de que decidan realizar estudios en el nivel superior.
Por las razones fundadas y expuestas someto a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Esta honorable asamblea exhorta a la Secretaría de Educación Pública a modificar y homologar para todo el país el programa curricular del sistema de educación media superior, con el objetivo de que los alumnos que cursan bachillerato puedan concluir sus estudios de nivel medio superior en cualquier institución del país, contribuyendo de manera directa con el incremento de la matrícula para la educación superior.
Palacio Legislativo de San Lázaro, México, DF, a 13 de marzo de 2007.
Diputado José de Jesús Solano Muñoz
(rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA REPLANTEAR
LOS CONTENIDOS DE LA ACTUAL CAMPAÑA PUBLICITARIA QUE LLEVA A CABO
ESTA SOBERANÍA, A CARGO DEL DIPUTADO GERARDO PRIEGO TAPIA, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PAN
El que suscribe, Gerardo Priego Tapia, diputado federal de la LX Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 34, párrafo 1, inciso c); 42, párrafo 1, y 43, párrafos 2 y 3 de la Ley Orgánica del Congreso General somete a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Especialmente en los últimos meses, la Cámara de Diputados se ha enfocado en presentar campañas publicitarias de posicionamiento. En dicha publicidad, los spots muestran a legisladores votando a favor de una propuesta. La única información que obtiene el ciudadano, a través de la reiterada difusión, es que la actividad de los legisladores consiste en votar a favor de una iniciativa y en su capacidad de ponerse de acuerdo para el bien de los mexicanos. Por ejemplo, en los últimos spots en radio, referentes a la aprobación del presupuesto, se escuchaba una voz que iba mencionando los nombres de los coordinadores parlamentarios y se escuchaba la voz de los diputados votando a favor.
Los spots han sido dirigidos a posicionar a la Cámara de Diputados en la mente de los mexicanos en el entendido de que es un órgano que se identifica con el Congreso de la Unión, sin dar mayor información sobre sus funciones. El tipo de spots realizados indican que se ha priorizado el propósito de posicionar a la cámara y se ha relegado la difusión del quehacer legislativo.
Por otro lado, llama la atención que el incremento en la difusión de spots de la Cámara de Diputados, tanto en radio como en televisión, no haya acrecentado el conocimiento de la ciudadanía en materia de cultura política democrática. Al establecer una relación entre el incremento en la publicidad de la Cámara y el nivel de conocimiento de cultura política de los mexicanos, los resultados no son alentadores.
La cultura política puede medirse mediante el nivel de participación de los ciudadanos, por ejemplo, con los porcentajes de asistencia en las urnas cuando hay elecciones, el interés de los ciudadanos en asuntos políticos, la participación ciudadana en la toma de decisión de asuntos públicos; sin embargo, también existen otros medios, como las encuestas, que indican el nivel y la profundidad de conocimientos de los asuntos públicos que tienen los ciudadanos.
En materia de cultura política, la Segunda Encuesta Nacional sobre Cultura Política y Prácticas Ciudadanas (ENCUP) realizada en 2003 muestran que en ese año la desinformación sobre la Cámara de Diputados fue de casi 65 por ciento, a pesar de que hubo elecciones. A la pregunta expresa sobre el tiempo que duran los diputados en el cargo, la encuesta indicó que el 37 por ciento de los encuestados sí sabía, mientras que el 38 por ciento de la población no sabía; el 25 por ciento restante de los encuestados dio una respuesta incorrecta. Al sumar el desconocimiento (respuesta no sé) con la respuesta incorrecta, se alcanza un 63 por ciento. Esto significa que 6 de cada 10 ciudadanos no tienen conocimiento sobre la estructura de gobierno, específicamente sobre la Cámara de Diputados, aún con todas las campañas publicitarias que ha promovido la Cámara.
Además de que la desinformación sobre la cámara alcanzó el 65 por ciento en el 2003, hay que añadir la falta de información de la población, habilidades y análisis para participar de forma consciente y constante en la democracia (evaluada mediante el índice de incompetencia ciudadana), que llegó al 50 por ciento. Estos dos datos servirían como variables explicativas del el alto porcentaje de abstencionismo registrado en las elecciones de ese mismo año, que fue del 59 por ciento, el cual reflejó la falta de interés de los ciudadanos por participar en las elecciones.
La tercera ENCUP, levantada en 2005, reitera el poco conocimiento que tienen lo ciudadanos sobre la estructura de gobierno. Al preguntar nuevamente a los encuestados si sabían cuánto tiempo duran los diputados federales en su cargo, el 40 por ciento contestó que sabe, el 30 por ciento dio una respuesta incorrecta y el restante 30 por ciento contestó que no sabía. Se entiende con esto que el 60 por ciento de la muestra no tiene información sobre el funcionamiento de la Cámara de Diputados, lo que significa que 6 de cada 10 mexicanos desconocen estos temas.
Compárense los resultados entre la ENCUP del 2003 y la del 2005, y se verá que no ha sido significativo el incremento de la cultura política en nuestro país. Como puede observarse, para el 2005 se incrementó en sólo un 2 por ciento el conocimiento de los encuestados con respecto al tiempo que duran los diputados en el cargo, pero aumentó en un 5 por ciento el porcentaje de los que dieron una respuesta incorrecta a dicha pregunta. Esto significa que aún cuando en los últimos años han aumentado el número de spots en radio y televisión pagados por la Cámara de Diputados, no se ha incrementado de manera significativa la cultura política de los ciudadanos.
También hay que considerar importante el factor de confianza en las instituciones como un elemento que resulta de la cultura política. En agosto del 2006, la empresa Consulta Mitofsky, en su encuesta de Índice de Confianza en Instituciones, señala que la confianza en los diputados se encuentra en el último lugar de entre 19 instituciones evaluadas, al obtener una calificación de 6.1, y ubicándose por debajo de los sindicatos (6.2) y la policía (6.3). Las instituciones mejor calificadas en este ejercicio fueron las universidades con 8.0, el ejército con 7.9 y la Iglesia con 7.8 puntos.
Por estas razones, resulta de gran importancia que la publicidad que pague la Cámara de Diputados se dirija a informar sobre su quehacer legislativo y no sólo a posicionar su nombre. El sólo nombrar a la Cámara de Diputados en un medio de comunicación es ya una forma de posicionamiento, y el pagar publicidad dirigida únicamente a este fin podría representar un desperdicio de recursos.
En este sentido, hay que señalar que la publicidad que recientemente ha utilizado la Cámara de Diputados muestra un formato muy pobre en contenido informativo, y aún cuando se ha diseñado para posicionarse en la mente de la ciudadanía, se ha omitido difundir información significativa.
La publicidad que haga el Congreso debe dirigirse a informar a la población, de manera objetiva y completa, sobre el tipo de trabajo que se lleva a cabo en las Cámaras, los trabajos en comisiones, el tipo de comisiones existentes, el tipo de temas que abordan las comisiones y los resultados de estos trabajos; también deberían incluirse el proceso de elaboración y negociación del presupuesto y el proceso de elaboración, presentación y aprobación de iniciativas de ley.
Al darle este contenido a su publicidad, mejoraría la cultura política democrática de los ciudadanos. También tendría un efecto positivo en los índices de confianza de los diputados, pues se elevaría significativamente la percepción que tiene de ellos la ciudadanía. El incremento de la cultura política democrática coadyuvaría a disminuir el abstencionismo de las próximas elecciones intermedias, que serán en el 2009.
Tomando en cuenta estas razones, se exhorta a los órganos de gobierno para que adopten medidas que permitan hacer un uso óptimo del servicio de publicidad del honorable Congreso de la Unión. Para ello, se les solicita que redefinan, con base en un criterio de difusión informativa del quehacer legislativo, los contenidos de la publicidad que lleva a cabo. La petición se hace para que las campañas publicitarias incrementen el conocimiento de la ciudadanía sobre el trabajo legislativo.
Es por ello, que el suscrito diputado, somete a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Primero. Replantear el contenido de la actual campaña publicitaria que lleva a cabo la Cámara de Diputados, definiendo los objetivos y fines informativos que deba tener dicha publicidad.
Segundo. Que la publicidad que haga este poder sea un medio de difusión del quehacer legislativo y que no se limite a diseñar sólo una campaña de posicionamiento.
Tercero. Que las campañas publicitarias tengan como objetivo exponer las actividades que se llevan a cabo en las Cámaras, como los trabajos en comisiones, el tipo de comisiones existentes, el tipo de temas que abordan las comisiones y los resultados de estos trabajos, el proceso de elaboración y negociación del presupuesto, así como el proceso de elaboración, presentación y aprobación de iniciativas de ley.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de marzo de 2007.
Diputado Gerardo Priego Tapia (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A IMPLANTAR MEDIANTE LA SSP Y LA PGR PROGRAMAS
PARA LA PROTECCIÓN DE LOS PERIODISTAS EN NUESTRO PAÍS, A
CARGO DEL DIPUTADO GERARDO PRIEGO TAPIA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
El suscrito, diputado federal de la LX Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable asamblea el siguiente punto de acuerdo, bajo las siguientes
Consideraciones
La libertad de expresión, constituye una de las garantías más sólidas de la democracia y el desarrollo moderno de los estados. Esta libertad, no sólo exige que los individuos sean libres de transmitir ideas e información, sino que también toda la sociedad pueda recibir información lo más oportuna y objetiva posible. La violación de la libertad de expresión y de prensa constituye una violación a la democracia, marco necesario para la realización de los derechos humanos.
La libertad de expresión es un derecho humano fundamental reconocido en diversas declaraciones y tratados internacionales, tales como la Declaración Americana sobre Derechos Humanos y Deberes del Hombre, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, todos ellos instrumentos internacionales de los que México es parte.
En nuestro país, la libertad de expresión se encuentra tutelada por el artículo 6o de la Constitución Política y establece que: "La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, los derechos de tercero, provoque algún delito o perturbe el orden público y que el derecho a la información será garantizado por el Estado".
Por otro lado, la libertad de prensa se encuentra garantizado por el artículo 7o de la Carta Magna que establece que: "Es inviolable la libertad de escribir y publicar escritos sobre cualquier materia. Ninguna ley ni autoridad pueden establecer la previa censura, ni exigir fianza a los autores o impresores, ni coartar la libertad de imprenta, que no tiene más límites que el respeto a la vida privada, a la moral y a la paz pública. En ningún caso podrá secuestrarse la imprenta como instrumento del delito".
En términos de nuestra Constitución, podemos decir que existe definición sobre la función de los comunicadores, partiendo de la base de que: toda persona tiene derecho a ser informado; que existe además la libertad para comunicar pensamientos y opiniones incluso publicándolos; y que se considera que los comunicadores tiene como profesión recabar datos, analizarlos y con base en ellos informar a los demás sobre los temas que les interesan. Entonces resulta evidente que la práctica del periodismo es una manifestación perfecta de la libertad de información y de prensa. En esa tesitura es irrebatible que los medios de comunicación masiva, los periodistas y demás comunicadores tienen el derecho de informar a los habitantes, y de manera correlativa surge la obligación para que los órganos del Estado tutelen dichos derechos.
Los periodistas cumplen con una función importante, ya que ofrecen al público una fuente informativa independiente, por lo que deben brindárseles la mayor protección posible. Cabe señalar que es deber del Estado prevenir, investigar y castigar a los responsables del asesinato y otros actos de violencia perpetrados con el objeto de acallar el ejercicio del derecho a la libertad de expresión.
Además, el Principio 9 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos establece que el asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los comunicadores sociales, así como la destrucción material de los medios de comunicación, viola los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión, por lo que es deber de los estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación del daño adecuada.
En este sentido, el asesinato, el secuestro, el abuso de autoridad, las amenazas, la prisión injusta de periodistas, el robo y destrucción del material de los periodistas o de los medios de comunicación, y en general la violencia de cualquier tipo, así como la impunidad de los agresores, coartan severamente la libertad de expresión y de prensa, razón por la cual, estos actos deben ser investigados y sancionados con oportunidad.
Las agresiones contra el ejercicio del periodismo y la libertad de expresión restringen los derechos de los demás ciudadanos, ya que ven limitado su derecho a la información. Se trata, por consiguiente, de evidentes violaciones a los derechos humanos que se manifiestan algunas veces de manera grosera y criminal, y otras de forma sutil y disimulada, pero igualmente dañina.
En nuestro país, es largo el recuento de las agresiones cometidas contra diversas personas en el ejercicio de la labor periodística, con el objetivo de acallar la información que pretenden dar a conocer a la sociedad. No por nada la Federación Internacional de Periodistas (FIP) calificó a México como el país latinoamericano más peligroso para ejercer el periodismo, especialmente en las investigaciones dirigidas al crimen y la corrupción. En su reporte anual, la FIP precisó que en nuestro país se asesinaron a 10 periodistas durante el 2006, quedando segundo en el listado de países más mortíferos para periodistas, sólo por debajo de Irak y colocándose por encima de Colombia y Venezuela, en donde murieron cinco.
En adición a lo anterior, resulta indispensable la adopción de mecanismos que garanticen la coordinación entre todas las instancias federales competentes para garantizar la seguridad y el pleno ejercicio del derecho a realizar actividades periodísticas para cumplir su labor de informar a la sociedad.
No basta con buscar se esclarezcan los asesinatos y abusos ya cometidos, se trata de que no existan más.
Por lo anterior, someto a la consideración de esta honorable soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta al Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Seguridad Pública y a la Procuraduría General de la República, a que implante programas para la protección de los periodistas en el país.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de marzo de 2007.
Diputado Gerardo Priego Tapia (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA AL GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ A DESTINAR RECURSOS PARA
MEJORAR LAS CARRETERAS QUE CONDUCEN A LA ZONA ARQUEOLÓGICA DEL TAJÍN,
A CARGO DEL DIPUTADO ANTONIO DEL VALLE TOCA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL
PAN
Antonio del Valle Toca, diputado federal de la LX Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en el artículo 87 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, propone al Pleno de la honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión el siguiente punto de acuerdo a fin de exhortar al gobierno del estado de Veracruz a destinar los recursos públicos suficientes para la mejora de las carreteras estatales que conducen a la zona arqueológica del Tajín con motivo de la afluencia de turistas al evento Cumbre Tajín a celebrarse del 17 al 21 de marzo del 2007, al tenor de las siguientes
Consideraciones
1. Que está próximo a celebrarse en la zona arqueológica del Tajín, el Festival de la Identidad, mismo que convoca anualmente a miles de turistas nacionales y extranjeros para disfrutar y participar en las celebraciones con motivo del equinoccio de primavera y que fueron heredadas por las culturas totonacas.
2. Que la ciudad sagrada de El Tajín es una zona declarada por la UNESCO como patrimonio mundial de la humanidad, por lo que no es sólo patrimonio del país sino del mundo y es necesario conservarlo como testimonio de la grandeza del espíritu humano para las generaciones venideras.
3. Que el Festival de la Identidad de Cumbre Tajín no se limita a la zona arqueológica del mismo nombre, sino que por la cercanía a playas, montañas y ríos ofrece inigualables oportunidades de esparcimiento a los miles de visitantes que acuden al festival, por lo que este evento es un importante detonante del turismo en la parte norte del estado de Veracruz.
4. Que con este motivo, los tres órdenes de gobierno tienen tareas ineludibles para fomentar el desarrollo turístico teniendo como eje la zona arqueológica del Tajín, por lo que las autoridades federales, estatales y municipales, en ejercicio de las atribuciones que la ley les confiere deben formular e implantar las políticas públicas pertinentes para hacer de la Cumbre Tajín un éxito.
5. Que por lo que respecta al gobierno local del estado de Veracruz, a éste compete entre otras funciones, garantizar el acceso a la zona del Tajín por las carreteras estatales de manera expedita y segura.
6. Que las tres principales carreteras de jurisdicción estatal que permiten el acceso a la zona del Tajín, desde Papantla, el Chote y Poza Rica, se encuentran en pésimas condiciones de uso, lo que aumenta la posibilidad de percances y accidentes automovilísticos de turistas nacionales y extranjeros que visitaran la Cumbre Tajín en fechas próximas.
7. Que en el marco del federalismo hacendario y la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el año 2007, la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión ha autorizado la entrega de recursos económicos suficientes para que el gobierno del estado de Veracruz mejore las condiciones de las carreteras estatales a fin de prestar un servicio eficiente y de calidad a los turistas nacionales y extranjeros que transitan por esos caminos.
Por lo anterior, someto a consideración el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Que se exhorte al Poder Ejecutivo local del estado de Veracruz para que en el marco de las facultades que la ley le otorga, mejore las condiciones de las carreteras que conducen a Tajín, antes de la celebración del Festival de la Identidad en esa zona arqueológica para proteger a los turistas nacionales y extranjeros que acuden a esta zona considerada patrimonio mundial de la humanidad.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de marzo de 2007.
Diputado Antonio del Valle Toca (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA A LA SEMARNAT, A LA CONAGUA Y A LOS GOBIERNOS DE LAS ENTIDADES
POR LAS QUE PASA EL RÍO LERMA A ESTABLECER UN COMITÉ DE VIGILANCIA
DE DESCARGAS DE AGUA RESIDUAL, A CARGO DEL DIPUTADO JUAN VICTORIA ALVA,
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el suscrito diputado federal, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LX Legislatura, Juan Victoria Alva, presenta ante esta honorable Cámara de Diputados el siguiente punto de acuerdo, que tiene como finalidad hacer un exhorto a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, a la Comisión Nacional del Agua, y a las comisiones estatales del agua de las entidades federativas por las que cruza el río Lerma, a intensificar las medidas de cuidado, recuperación y saneamiento de las aguas del Río, a través del establecimiento de un comité de vigilancia de descargas de agua residual en el caudal de dicho cuerpo de agua, con base en las siguientes
Consideraciones
El río Lerma se origina en los manantiales de Almoloya del Río, al pie del Nevado de Toluca, en el estado de México, atraviesa hacia el noroeste del valle y cruza los estados de México, Michoacán, Querétaro y Guanajuato; posteriormente, y ya con el nombre de río Santiago, atraviesa los estados de Jalisco y Nayarit.
Este importante río forma parte del sistema Lerma-Chapala-Santiago, que descarga en el océano Pacífico y es responsable de proveer de agua potable a los habitantes de la propia cuenca y a las zonas metropolitanas de la Ciudad de México y de Guadalajara.
El río Lerma es un recurso natural básico para las actividades humanas y destaca en importancia por el desarrollo económico que representa y por los recursos naturales que en ella se encuentran y que se utilizan como motor de la actividad económica de la región, ya que es hábitat de peces comestibles que son aprovechados por los habitantes de estas regiones y también es utilizado como fuente de energía eléctrica, que se genera en la presa de Agua Prieta, en Jalisco. Por otra parte, es fuente de irrigación de cultivos, campos y sembradíos de las zonas agrícolas situadas en sus márgenes.
Es muy lamentable, sin embargo, que la mayor parte de sus aguas presente altos grados de contaminación, en mayor medida porque el río es utilizado como canal receptor de desecho de las ciudades y zonas industriales de Toluca y Salamanca. Recuérdese que en esta última existe una refinería de petróleo, lo que agrava el problema. Adicionalmente debe considerarse la contaminación que tiene su origen en el lavado de las tierras de cultivo.
La creciente actividad industrial en la región y el excesivo uso y aprovechamiento poco sustentable de los recursos ha provocado que el agua de la zona sufra un proceso de degradación ambiental muy severo. El caudal está contaminado con aguas residuales domésticas e industriales, agroquímicos y desechos sólidos, y ante la carencia de plantas de tratamiento de agua, no se es extraño que el recurso hídrico de la región presente un estado de escasez potencial.
La problemática no sólo afecta a los seres humanos, también afecta las especies endémicas de la zona, así como bosques y paisajes. Por tanto, en este entorno vemos la degradación que se encuentra por causas antropogénicas, también existe erosión y desecación de las lagunas de Almoloya del Río. Lo anterior resulta por demás preocupante, ya que al ser esa zona el origen del río, conforme el caudal toma curso y avanza sobre el resto de entidades federativas, la situación de contaminación y afectación ambiental se agrava.
Desde luego que parte importante de la problemática consiste en que los recursos hídricos disponibles se han sobreconcesionado provocando con esto fuertes limitaciones al desarrollo de la zona derivadas de la falta de disponibilidad de los mismos.
Ante este inminente colapso ambiental, desafortunadamente se sigue privilegiando la inversión en el sector productivo y el crecimiento económico a costa de las inversiones que demanda la preservación y recuperación ambiental de las aguas del río Lerma. Lo anterior es evidencia de la necesaria la participación coordinada de las tres esferas de gobierno para realizar una supervisión mucho más estricta de la calidad de aguas descargadas en el río Lerma, que podría realizarse a través de una comisión especial dependiente de la Comisión Nacional del Agua.
Tómese como ejemplo el caso de la situación forestal en el estado de México, que pasó de una situación de franca degradación a un proceso de recuperación importante. Para coadyuvar a la solución de esta situación, en el estado de México se creó en 1990 la Protectora de Bosques, como un organismo público descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio y cuya cabeza de sector es la Secretaría de Desarrollo Agropecuario.
Se cuentan entre sus resultados que a junio de 2006 había superado sus metas de reforestación en un 10 por ciento, al haber plantado 17 millones de árboles en 16.5 mil hectáreas en el estado. Desde luego que estos resultados sólo han sido posibles con la participación coordinada de las dependencias federales y estatales, que son parte del Comité Estatal de Reforestación.
Por otro lado, en un afán de reducir la contaminación por descargas en las fuentes de agua, el gobierno implementó en 1991 en la Ley Federal de Derechos el marco legal que establece el pago de cuotas por descarga de aguas residuales. La aplicación de la ley ha resultado un poco complicada, a pesar de haberse establecido cuotas diferenciales de acuerdo con el tipo de cuerpo receptor de las descargas.
Hoy día el pago se realiza con base en la NOM-001-ECOL-1996. En ella se establece el monto del derecho, de acuerdo con los límites máximos permitidos de sustancias como coliformes fecales, nitrógeno y metales pesados, entre otros. Dado lo anterior y debido a que existen algunos vacíos legales, se ha favorecido que no se logre internalizar la externalidad negativa que las empresas producen sobre los cuerpos de agua y en muchos casos no se paga el derecho.
Recuérdese que es responsabilidad nacional velar por la integridad de los ecosistemas y de la salud humana. Así, la preservación, cuidado y aprovechamiento sostenible de los recursos hídricos del río Lerma constituye una condición incuestionable para las autoridades competentes, en la zona de influencia de dicho río.
Por todo lo anteriormente vertido, me permito presentar ante esta honorable soberanía la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, a la Comisión Nacional del Agua, a los gobiernos estatales y a las comisiones ya nombradas por las que cruza el río Lerma, en el ámbito de su competencia, a establecer un comité de vigilancia de descargas de agua residual en el río Lerma, con el objetivo de intensificar las medidas de cuidado, recuperación y saneamiento del caudal de dicho cuerpo de agua.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de marzo de 2007.
Diputado Juan Victoria Alva (rúbrica)
Los que suscriben, diputados Marco Antonio Peyrot Solís y Gerardo Buganza Salmerón pertenecientes al Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21 fracción XVI del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, nos permitimos solicitar a ésta honorable Presidencia que a nombre de ésta soberanía se excite al Senado de la República para que a la brevedad posible apruebe el Convenio de Trabajo Marítimo 2006, adoptado por México en la en la 94 reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo a fin de que pueda sea ratificado por el titular del Poder Ejecutivo federal.
I. Consideraciones
Primera. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 89 fracción X de la Constitución Federal, es facultad y obligación del Presidente de la República dirigir la política exterior y celebrar tratados internacionales, sometiéndolos a la aprobación del Senado.
Segunda. En términos de lo dispuesto por los artículos 73 fracción XII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Congreso de la Unión tiene facultad para expedir leyes relativas al derecho marítimo.
Tercera. El artículo 76 fracción I de la Carta Magna establece que es facultad exclusiva del Senado analizar la política exterior desarrollada por el Ejecutivo federal con base en los informes anuales que el Presidente de la República y el secretario del despacho correspondiente rindan al Congreso; además, aprobar los tratados internacionales y convenciones diplomáticas que celebre el Ejecutivo de la Unión.
II. Antecedentes
1. La Conferencia Internacional del Trabajo en su 94 reunión celebrada del 7 al 23 de febrero de 2006 adoptó un nuevo e importante instrumento de la Organización Internacional del Trabajo (OIT): el Convenio sobre el Trabajo Marítimo 2006. Dicho instrumento fue adoptado por votación nominal con 314 votos a favor, 4 abstenciones y ninguno en contra, habiendo participado en dicha reunión 106 miembros de la OIT, entre los que destaca: Alemania, Argentina, Brasil, Chile, Canadá, China, Corea, España, Estados Unidos, Francia, Grecia, Italia, Japón, México, Panamá, Reino Unido, Rusia, Venezuela, etcétera, así como diversas organizaciones de armadores y gente de mar pertenecientes a los países participantes.
2. El convenio sobre trabajo marítimo 2006 ha sido descrito como un instrumento histórico y como un paso adelante, que contribuirá al logro de una globalización justa.
Dicho instrumento jurídico tiene dos objetivos primordiales:
Mejorar la aplicabilidad del sistema para que los armadores y los gobiernos interesados en proporcionar condiciones de trabajo decentes no tengan que soportar una carga desigual para garantizar la protección.
La esencia de la mayoría de los 68 instrumentos sobre el trabajo marítimo adoptados por la OIT desde 1920 se han actualizado y se han refundido en este nuevo convenio, y aquellos se irán retirando gradualmente a medida que los Estados que ahora son parte en los mismos ratifiquen el Convenio sobre Trabajo Marítimo 2006.
El nuevo convenio se considera una combinación de lo mejor de lo anterior con lo nuevo y las razones fundamentales para el cambio son las siguientes:
b) Los cambios operados en cuanto a la propiedad, la financiación y el crecimiento de las empresas de administración naviera, que han provocado a su vez importantes modificaciones en el mercado de trabajo para la gente de mar,
c) Una mayor internacionalización de los registros de buques y banderas de conveniencia,
d) La necesidad de proporcionar reglas de juego equitativas y de evitar la explotación de los trabajadores.
3. El Convenio de Trabajo Marítimo 2006 entrará en vigor doce meses después de la fecha en que se han registrado las ratificaciones de al menos 30 miembros que posean en conjunto el 33 por ciento como mínimo del arqueo bruto de la flota mercante mundial.
Podrá apreciar esta soberanía que el nivel de ratificación es mucho más elevado de lo habitual ya que pretende asegurar un mayor impacto real.
Resulta de suma importancia hacer notar que la Conferencia Internacional del Trabajo adoptó una resolución que, en el caso de buques específicos, concedería un tiempo adicional a los 30 primeros Estados miembros de la OIT ratificantes, tras la entrada en vigor inicial del convenio, para la expedición de certificados de trabajo marítimo destinados a sus buques, por lo que resultará muy conveniente que el Senado de la República lo aprobará a la brevedad posible.
El multicitado convenio proporcionará un sistema moderno para lograr mejores condiciones que puedan hacerse cumplir a fin de alcanzar e objetivo del trabajo decente en el sector del transporte marítimo, asimismo establecerá, en la medida de lo posible, unas reglas de juego equitativas en una industria globalizada, al asegurar que la competencia no se base en practicas laborales injustas, desleales o de explotación, lo cual resultara muy conveniente para los buques con pabellón mexicano.
Fue diseñado para favorecer su cumplimiento por parte de operadores y propietarios de buques y para reforzar la aplicación de las normas a todos los niveles, incluyendo procedimientos para quejas por parte de la gente de mar ya sea a bordo o en tierra firme, para la supervisión de los armadores y los capitanes de las condiciones a bordo de sus buques, y para la jurisdicción y el control de los estados de abanderamiento sobre los buques.
El convenio establece los requerimientos mínimos para que la gente de mar pueda trabajar en un buque y contiene disposiciones sobre temas como acuerdos de empleo, horas de trabajo y de descanso, alojamiento, instalaciones de esparcimiento, alimentación y servicio de fonda, protección de la salud, atención médica, bienestar y protección social.
4. La Ley Federal de Trabajo cuyas disposiciones son de orden público tiene como finalidad conseguir el equilibrio y la justicia social en las relaciones entre trabajadores y patrones; establece que el trabajo es un derecho y un deber sociales, exige respeto para las libertades y dignidad de quien lo presta y dispone que el mismo debe efectuarse en condiciones que aseguren la vida, la salud y un nivel económico decoroso para el trabajador y su familia.
Dicho ordenamiento legal contempla dentro del Titulo Sexto "Trabajos Especiales" un capítulo relativo a los trabajadores de los buques, con ello podrá apreciar ésta soberanía lo especializado que es la prestación de este tipo de trabajo y lo complejo del marco normativo que rige dicha relación laboral.
La aprobación del Convenio de Trabajo Marítimo 2006 traerá como consecuencia un marco jurídico actualizado no solo que establezca normas que regulen la actividad laboral de connacionales en buques con bandera nacional, sino que también disposiciones que les brinden protección cuando su trabajo lo realicen a bordo de embarcaciones con bandera extranjera.
Por lo expuesto y fundado, a usted diputado Presidente, respetuosamente me permito solicitar lo siguiente:
Único. Que a nombre de ésta soberanía se excite al Senado de la República para que a la brevedad posible apruebe el Convenio de Trabajo Marítimo 2006 adoptado por México en la en la 94 reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo, a fin de que pueda sea ratificado por el titular del Poder Ejecutivo federal.
Palacio Legislativo, a 13 de marzo de 2007.
Diputados: Marco Antonio Peyrot Solís (rúbrica),
Gerardo Buganza Salmerón (rúbrica).