El que suscribe, Ramón Valdés Chávez, diputado federal integrante del Grupo Parlamentario de Convergencia en la LX Legislatura, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, propone ante esta soberanía el siguiente punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, a efecto de solicitar al Ejecutivo federal que, en el marco de sus atribuciones y de conformidad con la normatividad vigente, ordene la actualización y activación de la comisión intersecretarial prevista en el articulo 15 del decreto presidencial, del 30 de agosto de 1988, en el que se declara zona de monumentos arqueológicos el área conocida como "Teotihuacán", en razón de los siguientes
Antecedentes
La zona arqueológica de Teotihuacán contiene los vestigios de una de las culturas prehispánicas más trascendentes en la historia de México; es parte del patrimonio cultural del pueblo de México y del mundo, cuyo interés histórico es indudable y hace necesaria su preservación para el conocimiento e investigación de nuestras culturas prehispánicas.
Con el propósito de fortalecer las acciones en materia de protección y conservación de los sitios arqueológicos, el 31 de octubre de 1977, el presidente José López Portillo, en ejercicio de sus facultades, publica en el diario oficial de la federación, el decreto para la creación de una comisión intersecretarial a fin de coordinar las actividades de las secretarías de estado y demás entidades o dependencias a la que la legislación le confiere la investigación, protección, conservación de los valores arqueológicos, históricos y artísticos, que forman parte del patrimonio cultural del país.
El 30 de agosto de 1988, el presidente Miguel de la Madrid Hurtado, publica en el diario oficial de la federación el decreto por el que se declara zona de monumentos arqueológicos el área conocida como Teotihuacán, y sustenta las labores de investigación, protección y conservación en el decreto precedente del 31 de octubre de 1977.
El artículo 15 del decreto de 1988 textualmente dice: "La comisión intersecretarial creada por el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de octubre de 1977, coordinará las acciones de las diferentes dependencias y entidades involucradas en el cumplimiento de lo que por este ordenamiento se dispone.
Para los efectos señalados en el párrafo anterior, la comisión invitará a un representante del gobierno del estado de México, y por conducto de éste a los ayuntamientos respectivos, a las sesiones que con tal propósito realice".
El valle de Teotihuacán mantiene dentro de su territorio la zona arqueológica más visitada del mundo, sin embargo, esta riqueza histórica y cultural no genera una derrama económica para las comunidades y municipios circunvecinos, ante esta realidad la sociedad teotihuacana reclama la necesidad de elaborar un plan estratégico de desarrollo orientado a la explotación y aprovechamiento del fenómeno turístico.
Ante estos hechos urge la activación del decreto de 1988, artículo 15, en el que se establece la creación de una comisión intersecretarial, para que coordine junto con la sociedad civil y los ayuntamientos la definición de un plan de desarrollo efectivo para los pueblos del valle de Teotihuacán.
Planteado el contenido y la intención del punto de acuerdo que se analiza, se precisa un conjunto de observaciones, las cuales se presenta bajos las siguientes
Consideraciones
Primero. Es universalmente aceptado el valor histórico, cultural y turístico que representa la zona arqueológica de Teotihuacán. La presencia de estos vestigios de nuestro pasado prehispánico, representa un alto potencial para detonar el desarrollo local y regional de la sociedad en los ámbitos socioeconómico, científico, técnico y administrativo y, que muchos años se ha visto desfavorecida y afectada debido a la mínima atención por parte de las autoridades federales, estatales y municipales, así como de la misma sociedad teotihuacana.
Ante la necesidades de empleo y mejoramiento de la calidad de vida que hoy enfrenta la población del valle de Teotihuacán, pese a contar en su territorio con la zona arqueológica más visitadas del mundo, con casi cuatro millones de visitantes anuales, consideramos de urgente u obvia resolución activar el decreto presidencial en su artículo 15, lo que permitirá definir un futuro más promisorio, con acciones de gobierno condensadas que por una parte proteja el patrimonio de todos los mexicanos y por la otra fortalezca la vocación turística del territorio, poniendo en valor los recursos naturales, culturales e históricos, que hagan del valle de Teotihuacán un destino cultural único y diferenciado.
Sin olvidar la responsabilidad adquirida por el gobierno mexicano para conservar y proteger el patrimonio cultural teotihuacano al incluir la zona arqueológica de Teotihuacán en la lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO, en la que corresponsabilizan a los tres niveles de gobierno en la realización de acciones que permitan el desarrollo sustentable del valle, donde se aproveche y ponga en relieve sus recursos culturales y naturales, en el que participen autoridades y la sociedad civil.
Segundo. Teniendo como base el decreto presidencial del 31 de octubre de 1977 y específicamente el decreto del 30 de agosto de 1988, en su artículo 15, la comisión intersecretarial tendrá como responsabilidad de vigilar en todo momento el crecimiento ordenado de los centros de población, procurando la protección y conservación de su entorno.
Tercero. Debido a que en el valle de Teotihuacán se observa un amenazante crecimiento de la mancha urbana, la contaminación visual de sus centros de población, así como la falta de infraestructura orientada a la prestación de servicios turísticos, aunado a la disminuida visión por parte de los gobiernos municipales para potenciar la actividad turística como eje rector del desarrollo que defina las oportunidades y alternativas presentes y futuras del valle de Teotihuacán, son el principal factor de riesgo para la preservación y conservación del valle, por lo cual urgen acciones de los tres niveles de gobierno y sociedad civil que reivindiquen la vocación cultural y turística de la región.
Cuarto. Estamos seguros que los compromisos que ha presentado recientemente el Ejecutivo para impulsar la actividad turística de nuestro país en los próximos años coinciden con el planteamiento que la sociedad teotihuacana requiere para su región. El valle de Teotihuacán se suma a la a la labor y compromiso compartido del ahora denominado Consejo Consultivo de Turismo para hacer realidad un destino competitivo y acorde con las demandas del turismo a nivel nacional e internacional.
Quinto. Hoy como siempre, la sociedad teotihuacana solicita y exige que se ponga mayor atención al potencial turístico que representa el legado natural, cultural e histórico que alberga el valle de Teotihuacán integrado por los municipios de Nopaltepec, Axapusco, Otumba, San Martín de las Pirámides, San Juan Teotihuacán y Acolman, en el estado de México.
Por lo antes expuesto, solicito a esta honorable legislatura se sirva apoyar y aprobar, el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta a la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, que dictamine favorablemente y solicite al Ejecutivo federal para que conforme a sus atribuciones y de conformidad con la normas vigentes ordene la actualización y activación, de la comisión intersecretarial prevista en el articulo 15 del decreto presidencial del 30 de agosto de 1988, en la que se declara zona de monumentos arqueológicos el área conocida como Teotihuacán, y así, se impulsen las actividades turísticas, de investigación, de protección, de conservación y desarrollo socioeconómico de los pobladores del valle de Teotihuacán; por medio de la acción coordinada entre gobierno federal, gobierno del estado de México, ayuntamientos municipales, sociedad civil en pro del patrimonio cultural del país, objetivo del presente punto de acuerdo.
Diputado Ramón Valdés Chávez (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A DECRETAR UN AUMENTO SALARIAL Y A ESTABLECER
UN CONTROL DE PRECIOS SOBRE DIVERSOS PRODUCTOS DE LA CANASTA BÁSICA,
SUSCRITA POR LOS DIPUTADOS ADRIÁN PEDROZO CASTILLO, ALEJANDRO SÁNCHEZ
CAMACHO Y PABLO TREJO PÉREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
El suscrito, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito presentar ante esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Los precios de diversos productos de la canasta básica, no han dejado de aumentar desde la asunción de Felipe Calderón como presidente. Tan sólo, en la última quincena de febrero de 2007, el Banco de México ha reportado un incremento significativo de precios en el limón, zanahoria, papa, vivienda propia, servicio doméstico, autobús urbano y universidades. Sin embargo, en cuanto a la electricidad, jitomate, calabacita, pollo en piezas, tomate verde y nopales, sus precios han estado variando, siempre con una tendencia al alza.
Sin duda alguna, uno de los productos que ha detonado esta escalada de precios es la tortilla de maíz. Si al final del año pasado, el precio de este alimento básico se encontraba entre los 6 y 6.50 pesos por kilogramo, hoy lo encontramos incluso en 13 pesos en algunas regiones importantes del país. En términos porcentuales, esto representa un incremento de entre 60 y más del 100 por ciento en la tortilla de maíz. Inclusive, la influyente Cámara Americana de Comercio de México, anunció a principio de año que el precio del maíz era y sigue siendo un factor de presión inflacionaria.
Todavía más, en 2001 el precio promedio de azúcar refinada por bulto de 50 kilogramos estaba en 280 pesos; para febrero de 2006, este mismo producto se encontraba en 332 pesos. Un año después, para febrero de 2007, el azúcar se encuentra en 425 pesos promedio. Esto representa un incremento de casi 40 por ciento de un año a otro.
En el caso del huevo, en 2001 el precio promedio de este producto estaba en 8.50 pesos por kilogramo; para febrero de 2006, este mismo producto se encontraba en 9.80 pesos. Un año después, para febrero de 2007, el huevo se encontró en 13.50 pesos promedio por kilo. Esto representa un incremento de más del 38 por ciento de un año a otro.
Estos aumentos contrastan de manera relevante, en cuanto a la inflación proyectada del Banco de México de 3 por ciento, más-menos 1 por ciento para 2007. Esto no se cumplirá dada la tendencia alcista de los precios de diversos productos de la canasta básica. Al mismo tiempo, los incrementos salariales mínimos se han dado con base en estas proyecciones de poco más de 3 por ciento, mientras que más de 30 productos de la canasta básica presentan aumentos de entre 30, 40, 60 y hasta más del 100 por ciento.
Esta situación resulta inaceptable dado que a la clase trabajadora y sus familias se les ha violentado brutalmente su poder adquisitivo para acceder a los alimentos diarios básicos para su sostenimiento. Los incrementos de precios desmedidos con Calderón, nos pone en una situación económica similar a un estado de guerra.
Por lo anterior, resulta necesario que el Congreso de la Unión, a través de la Cámara de Diputados, exhorte al Ejecutivo federal para hacer frente a este estado de emergencia económica en el que se encuentran millones de familias mexicanas e implemente un mecanismo de control de precios, así como un aumento de emergencia de los salarios de la clase trabajadora.
Cabe recordar que el gobierno mexicano es signatario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, aprobada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en 1948 y se ha comprometido a velar porque todas las personas reciban por su trabajo, una remuneración equitativa y satisfactoria que les asegure una vida digna tanto a ellos como a sus familias. También, en 1981 nuestro país ratificó la observancia del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en el cual se obliga a velar por una remuneración que tenga el propósito de crear condiciones dignas de existencia.
Los salarios de emergencia, tiene su antecedente histórico a través de la "Ley de Compensación de Emergencia del Salario Insuficiente", emitida por el Ejecutivo federal, en ejercicio de las facultades extraordinarias que le fueron otorgadas por el Congreso de la Unión con motivo de la declaración de guerra de México a los países del Eje, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 24 de diciembre de 1943.
Por lo anteriormente expuesto, me permito someter a la consideración de esta honorable Asamblea el siguiente
Punto de Acuerdo
De urgente resolución
Primero. Se exhorta al Ejecutivo federal para que dentro de sus facultades decrete un aumento salarial de emergencia generalizado para que las familias mexicanas hagan frente a la escalada de precios de diversos productos de la canasta básica.
Segundo. Se exhorta al Ejecutivo federal, para que a través de la Secretaría de Economía, valore la posibilidad de establecer un control de precios a diversos productos de la canasta básica, en tanto no existan condiciones de una verdadera y sana competencia entre los productores y comercializadores de bienes y servicios básicos.
Diputados: Adrián Pedrozo Castillo, Alejandro
Sánchez Camacho, Pablo Trejo Pérez (rúbricas).
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA A LA SCJN A INVESTIGAR, A TRAVÉS DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA
FEDERAL, LOS HECHOS QUE PRESUNTAMENTE CONSTITUYEN UN AGRAVIO Y VIOLACIÓN
DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL DE LA REPÚBLICA, SUSCRITA POR
LOS DIPUTADOS LILIA MERODIO REZA, ENRIQUE SERRANO ESCOBAR Y CÉSAR
DUARTE JÁQUEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
Los suscritos, diputados federales Lilia Guadalupe Merodio Reza, Enrique Serrano Escobar, César Horacio Duarte Jáquez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución, por el que se exhorta a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con fundamento en el segundo párrafo del artículo 97 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que a través del Consejo de la Judicatura Federal investigue los hechos que presuntamente pueden constituir un agravio y violación de la Constitución General de la República, así como de la Ley de Amparo, en perjuicio del régimen federal, de los licenciados magistrados Olivia del Socorro Heiras Rentería de Mancisidor y Marco Antonio Rivera Corella, del Segundo Tribunal Colegiado en materia Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, con sede en la ciudad de Chihuahua, así como del licenciado Gabriel Ascensión Galván Carrizales, juez segundo de distrito en el estado, con sede en Chihuahua, Chihuahua, en contra del honorable Congreso de Chihuahua y del Supremo Tribunal de Justicia.
Exposición de Motivos
El pasado lunes 5 de marzo del presente año el Congreso de Chihuahua, siendo representado por su Presidente, diputado Joel Aranda Olivas, y el Oficial Mayor, licenciado Óscar Leos Mayagoytia, presentan ante la Secretaría General de esta Cámara una denuncia de juicio político en contra de los funcionarios que se refieren al inicio de esta proposición.
La mencionada denuncia versa sobre los delitos oficiales que los citados funcionarios cometieron en el trámite y acuerdos dictados en el juicio de amparo solicitado por el licenciado Emiliano Anchondo Paredes en contra de las autoridades responsables en la figura del honorable Congreso de Chihuahua y el Supremo Tribunal de Justicia de dicho estado.
Este hecho representa una vulneración de la Constitución General de la República y sus instituciones, que es el juicio de amparo; constituye un agravio al pueblo de México, quien en los términos del artículo 40 estableció la soberanía de los estados, pero a su vez el respeto al régimen de derecho.
En este sentido se somete a la consideración del Pleno de esta Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión el siguiente
Acuerdo
Único. Los suscritos, diputados federales, exhortan a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con fundamento en el segundo párrafo del artículo 97 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que a través del Consejo de la Judicatura Federal, para que investigue los hechos que presuntamente pueden constituir un agravio y violación de la Constitución General de la República, así como de la Ley de Amparo, en perjuicio del régimen federal, de los licenciados magistrados Olivia del Socorro Heiras Rentería de Mancisidor y Marco Antonio Rivera Corella, del Segundo Tribunal Colegiado en materia Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, con sede en la ciudad de Chihuahua, así como del licenciado Gabriel Ascensión Galván Carrizales, juez segundo de distrito en el estado, con sede en Chihuahua, Chihuahua, en contra del honorable Congreso de Chihuahua y del Supremo Tribunal de Justicia.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de marzo de 2007.
Diputados: Lilia Merodio Reza, Enrique Serrano
Escobar, César Horacio Duarte Jáquez (rúbricas).
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA A LA SHCP, A LA SENER Y A LA COMISIÓN REGULADORA DE ENERGÍA
A AJUSTAR LA TARIFA ELÉCTRICA RESIDENCIAL EN YUCATÁN, A CARGO
DEL DIPUTADO JOSÉ LUIS BLANCO PAJÓN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PRI
El suscrito, diputado federal de la LX Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del PRI, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración del Pleno el presente punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Primera. Es de todos conocido que en el país, y particularmente en el sureste mexicano, realizamos grandes esfuerzos para tratar de establecer la imperiosa estabilidad económica y social que nuestros ciudadanos reclaman. No obstante, la falta de oportunidades para alcanzar un desarrollo sostenido que integre infraestructura social, servicios de salud y educación, empleo y tecnología productiva provoca grandes carencias y grave desequilibrio e iniquidad en la distribución de la riqueza. Por eso nuestro compromiso es promover que desde los niveles centrales del Ejecutivo federal se proyecten políticas públicas que impulsen el desarrollo de las ciudades y comunidades del sureste mexicano, reduciendo los índices de pobreza e iniquidad social.
Segunda. Es preciso señalar que de los elementos que toma en consideración la Comisión Federal de Electricidad, así como las estadísticas y complicados cuadros en que sustenta los cálculos para establecer actualmente las tarifas del servicio eléctrico domiciliario, parecen ser diseñados con premeditada complicación, para hacerlos aptos sólo para expertos, siendo que de esa manera no se precisan de manera clara y congruente las fórmulas utilizadas para determinar la tarifa aplicada en cada localidad, lo que es contrario a lo que debe establecer cualquier estudio y se traduce en incertidumbre, descontrol y confusión entre los usuarios cautivos, quienes no cuentan con ninguna otra opción que pudiera proporcionar ese servicio, rayando esto en los límites de una práctica monopólica.
Tercera. Ya que la energía eléctrica es un insumo básico e indispensable para tener estándares de vida saludable, sobre todo para las personas que viven en zonas con condiciones climáticas similares a las de Yucatán, que impactan a la salud por las temperaturas elevadas y altos índices de humedad, por eso resulta indispensable el uso de sistemas de ventilación para disminuir la temperatura corporal, así como de refrigeración para la conservación de los alimentos.
Cuarta. Debido a que Yucatán tiene uno de los índices salariales más bajos del país, resulta de suma importancia revalorar el impacto del bajo ingreso per cápita sobre el cálculo tarifario, haciéndose obligatoria la reclasificación en las tarifas eléctricas domiciliarias que actualmente se aplican en el estado.
Quinta. Debido a las condiciones climáticas de calor permanente que se aprecian en todos los meses del año, en Yucatán se ha comprobado que las temperaturas varían con una desviación estándar muy pequeña entre las llamadas estaciones del año, es decir, las temperaturas registradas en el verano son similares a las registradas en otoño e invierno. Esto conlleva a un gasto constante durante 12 meses por el uso de equipos de ventilación y enfriamiento, el cual afecta claramente el presupuesto de todas las familias yucatecas.
Sexta. Diversos estudios científicos confirman que la humedad relativa es un parámetro esencial que influye en un reiterado uso de sistemas de ventilación, climatizadores, bombas de agua y aparatos para conservar alimentos, ya que en ciertas regiones el calor no es tan alto como en otras, pero sí lo es su humedad relativa. Lo anterior da lugar a que nuestro cuerpo experimente mayor sensación térmica cuando hay presencia de humedad, a la cual se le conoce como "temperatura aparente". La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos de América ha elaborado varias gráficas en las que ilustra dicho efecto.
Séptima. Para Yucatán representa una clara desventaja el hecho de que se establezcan las tarifas sin contar con el efecto catalizador que la humedad ejerce sobre la temperatura, dejando de considerar que respecto a otras regiones o zonas de clima seco la temperatura ambiental podrá dar la misma lectura en grados Celsius, pero la temperatura aparente –llamada "calor sensible"– es notoriamente mayor en lugares donde los niveles de humedad son superiores al 50 por ciento, como sucede en Yucatán.
Octava. Que de considerarse la citada humedad relativa como parámetro para fijar las tarifas eléctricas, la temperatura media mínima en Yucatán registraría un incremento de 5 grados sobre la lectura registrada, dando lugar a lo que se llama "temperatura aparente", cumpliéndose así las condiciones necesarias de temperatura para realizar una reclasificación en la tarifa eléctrica domiciliaria.
Novena. Que con base en el criterio con el cual se definió la clasificación tarifaria para Yucatán, no fue tomada en cuenta la humedad relativa para determinar el calor sensible que realmente impacta en el deterioro de las condiciones de vida y en la salud de las y los yucatecos si por las limitaciones económicas de los bajos ingresos familiares dejan de usarse aparatos de ventilación y refrigeración de alimentos.
Décima. Que referente a Yucatán, la humedad relativa promedio anual es de 72 por ciento, llegando en septiembre y octubre muy por arriba de 80 por ciento, ascendiendo las temperaturas hasta 40.2 grados Celsius, fenómeno que no ocurre en el norte del país.
Décima Primera. La presente proposición no sólo atiende la demanda de los sectores productivos de nuestra entidad, sino también a la región maya, predominantemente indígena, de la zona henequenera, pues al clasificarlos erróneamente se les cobra una tarifa que les resulta impagable.
Por lo expuesto, someto a consideración de esta honorable Cámara el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Secretaría de Energía y la Comisión Reguladora de Energía, en el ámbito de sus atribuciones y funciones, por lo que toca a Yucatán, consideren la temperatura, la humedad, la zona salarial y el nivel de ingresos, así como la situación socioeconómica, para que se reclasifique la tarifa domiciliaria en dicha entidad, de manera tal que:
Diputado José Luis Blanco Pajón (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
ESTA SOBERANÍA MANIFIESTA SU SOLIDARIDAD CON LA INICIATIVA DE ENMIENDA
HR 502 DEL CONGRESISTA ESTADOUNIDENSE HENRY CUÉLLAR, A CARGO DE
LA DIPUTADA MARÍA DOLORES GONZÁLEZ SÁNCHEZ, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PAN
Los que suscribimos, María del Pilar Ortega Martínez, María Dolores González Sánchez, Cruz Pérez Cuéllar y José Nicolás Morales Ramos, diputados federales a la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrantes de Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos sometemos a la consideración del pleno de la Cámara de Diputados en la LX Legislatura del Congreso de la Unión y solicitamos que se apruebe de urgente y obvia resolución, la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se exhorta a la Cámara de Diputados, a través del Presidente de su Mesa Directiva, a realizar un pronunciamiento respetuoso y acorde con los buenos oficios de apoyo y solidaridad con la iniciativa de Enmienda HR 502 del congresista norteamericano Henry Cuéllar.
La relación entre México y Estados Unidos debe verse por los congresos y gobiernos de ambos países como una relación de interdependencia, somos vecinos, socios y, por tanto, son demasiados los intereses en común de ambas naciones.
Para México esta relación ha beneficiado al país, ya que, de acuerdo con cifras de la Secretaría de Economía, el intercambio comercial con el país vecino ha redituado en un superávit de la balanza comercial, lo que significa que nuestras exportaciones han sido mayores a las importaciones. Tan sólo para el periodo de enero a noviembre de 2006 nuestras exportaciones fueron 196 millones 644 mil 97 dólares estadounidenses, y las importaciones, 119 millones 644 mil 97 dólares estadounidenses, lo que representó un superávit de 77 millones 302 mil 606 USD.1
Tanto en la frontera norte entre México y como la del sur de los Estados Unidos de América los temas de salud, seguridad, medio ambiente y sociales han demandado en los últimos años la atención de los tres órdenes de gobierno (municipal, estatal y federal) y de la contraparte estadounidense. Por otra parte, el crecimiento de la población provocado por la migración ha motivado una gran concentración de comunidades hispanas tanto en los municipios fronterizos2 del país como en los estados del sur de los Estados Unidos de América.
Asimismo, las condiciones de admisión instrumentadas por el gobierno estadounidense, los mercados de trabajo que atraen migrantes de uno y otro lado de la frontera, así como las redes sociales y familiares que utilizan los migrantes en sus desplazamientos, entre otros factores, convierten la frontera norte de nuestro país en un tema que obliga a la creación de políticas de población, económicas y sociales que coadyuven a que los seres humanos que ahí se establecen vivan con dignidad y le permitan alcanzar el bienestar personal y familiar que demandan.
De esta manera, temas que conciernen problemáticas locales se revisten de interés y similitud internacional, tal es el caso de la situación de la migración y de la seguridad; esta última, sobre todo, por los acontecimientos que se han venido dando tanto en la frontera norte como en diferentes estados de nuestro país.
Estados Unidos ha gastado en los últimos doce años 30 mil millones de dólares para fortalecer la vigilancia en su frontera con México, y nuestro país, por su parte, ha invertido en diversos programas, que buscan, por un lado, disminuir la tasa de expulsión de connacionales hacia el país vecino, y por el otro, apoyar, a través de las representaciones consulares en Estados Unidos de América, a nuestros connacionales que se ubican en una estancia ilegal en aquel país.
Esta situación de tránsito y flujo de personas entre los dos países es acosado por las redes de traficantes de personas y por el narcotráfico, que revisten importancia nacional por ambos países.
Las políticas y esfuerzos legislativos por atender y hacer frente a esta problemática se han manifestado, para el caso de México, desde las legislaturas locales hasta el pleno de esta honorable Cámara de Diputados, y para el caso de los Estados Unidos, por congresistas de ese país.
Tales esfuerzos han obligado a nuestras autoridades y sus homólogas estadounidenses a tratar al fenómeno migratorio con una perspectiva de largo plazo, entendiendo que sin ésta las condiciones de desarrollo económico están limitadas y la posibilidad de consolidar y potenciar a ese país en su papel como ente global en el escenario internacional se vería afectado.
Notable ejemplo de lo anterior ha sido la entrega formal que realizó la delegación de legisladores mexicanos a congresistas norteamericanos, el pasado 6 y 7 de febrero de 2007, del punto de acuerdo endosado por todos los partidos y por las dos Cámaras del honorable Congreso de la Unión, por el que se solicita al Congreso de ese país que establezca una moratoria a las deportaciones masivas de mexicanos, en tanto que dicho Congreso analiza una reforma sustancial a su Ley de Inmigración.
Es necesario resaltar los trabajos que en materia se han realizado por parte de los Estados Unidos de América, específicamente por el Congreso de Illinois, que en los últimos cuatro años ha desplegado un gran activismo, traducido en acciones en favor de los migrantes, tal es el caso de la enmienda SB0600, por medio de la cual se crea una oficina de asistencia al inmigrante dentro de las oficinas del Procurador General de Illinois para dar servicios de información, educación y enlace comunitario a la comunidad inmigrante residente en el estado.
Otro de los notables y sobresalientes trabajos legislativos es la H.R. 502, denominada "Para enmendar el acta de asistencia externa de 1961 para autorizar apoyo para mejorar la seguridad y promover el desarrollo económico en México", desarrollada por el congresista Henry Cuéllar. Esta iniciativa solicita del Congreso de Estados Unidos el apoyo para nuestro país para el desarrollo social de México y para el combate al crimen organizado, iniciativa que plantea el apoyo desde la perspectiva de socio y buen vecino y no como una intervención en nuestra soberanía, ya que cualquier intento de esa naturaleza sería rechazado enérgicamente por toda la sociedad mexicana.
Esta iniciativa y los diálogos que mantuvimos legisladores del PAN, del PRI y del PRD con homólogos norteamericanos nos han dejado muy claro que sólo se podrá avanzar en el tema migratorio si pasamos de un diálogo de sordos a un diálogo eficiente en donde nos pongamos en los zapatos del otro.
Para nosotros la protección a los migrantes y el respeto a sus derechos que además tienen bien ganados con los impuestos que pagan allá ("no taxation without representation")3 son temas insoslayables de la agenda legislativa en materia migratoria. Para ellos un compromiso fuerte de México con la seguridad en las fronteras y que nuestro país se convierta en aliado de los Estados Unidos en esta materia, son los temas de mutua envergadura e interés internacional que conducirán a promover fronteras más seguras.
Por tanto, de aprobarse la iniciativa del legislador Cuellar, esos recursos deberán destinarse para desarrollo social una parte, pero otra muy importante para darle seguridad a nuestras fronteras, de esta manera estaremos invirtiendo recursos en los mexicanos que viven aquí y en aquellos que por necesidad han tenido que dejar su país y están allá.
Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración del pleno de la honorable Cámara de Diputados la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Primero. Se exhorta a la Cámara de Diputados, a través del Presidente de su Mesa Directiva, a realizar un pronunciamiento respetuoso y acorde con los buenos oficios de apoyo y solidaridad con la iniciativa de enmienda HR 502 del congresista norteamericano Henry Cuéllar.
Segundo. Se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a la Secretaría de la Defensa Nacional, a la Secretaría de Seguridad Pública y a la Secretaría de Economía para que, en caso de aprobarse la ayuda económica que la enmienda HR 502 prevé, ésta sea canalizada principalmente a la seguridad y desarrollo económico de los municipios de la frontera norte de nuestro país, por ser estos los lugares que mayor índice en materia de inseguridad, violencia, migración y poco crecimiento empresarial presentan.
Notas:
1 http://www.economia-snci.gob.mx/sphp_pages/estadisticas/mexicomay/G8bc_e.html
2 Ybáñez Zepeda, Elmyra: "Algunas características
demográficas de la población de la frontera México-Estados
Unidos", Frontera Norte, volumen 13, número 24, julio-diciembre
2000, p. 1.
3 "No tributación si no hay representación"
(frase que se ha vuelto popular y de uso frecuente entre la comunidad hispana
en Estados Unidos de América).
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los 8 días del mes de marzo de 2007.
Diputados: María Dolores González
Sánchez, María del Pilar Ortega Martínez, José
Nicolás Morales Ramos, Cruz Pérez Cuellar (rúbricas).
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA A LA SUBCOMISIÓN DE EXAMEN PREVIO A ABOCARSE AL ESTUDIO
Y RESOLUCIÓN DE LA DENUNCIA DE JUICIO POLÍTICO PRESENTADA
POR EL PRESIDENTE DEL CONGRESO DE CHIHUAHUA, SUSCRITA POR LOS DIPUTADOS
LILIA MERODIO REZA, ENRIQUE SERRANO ESCOBAR Y CÉSAR DUARTE JÁQUEZ,
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los suscritos, diputados federales, presentan ante esta soberanía el siguiente punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Subcomisión de Examen Previo a que se avoque a la brevedad al estudio y resolución de la solicitud de juicio político presentado por el presidente del Congreso de Chihuahua, en representación del honorable Congreso del estado, en contra de diversos funcionarios judiciales, basado en las siguientes
Consideraciones
El pasado 5 de marzo el Presidente y el oficial mayor del Congreso de Chihuahua presentaron una solicitud de juicio político en contra de los magistrados Olivia del Socorro Heiras y Marco Antonio Rivera del Segundo Tribunal Colegiado en materia Penal y Administrativa del Decimoséptimo Circuito y del juez segundo de distrito en el estado de Chihuahua.
A los anteriores funcionarios se les imputa haber cometido delitos oficiales en el trámite y acuerdos dictados en el juicio de amparo numero 665/2006 y la revisión numero 286/2006 cuyo quejoso es el licenciado Marco Emiliano Anchando Paredes, y cuyas autoridades responsables son el honorable Congreso de Chihuahua y el Supremo Tribunal de Justicia del estado.
Los promoventes afirman que estos actos y resoluciones de los impartidotes de justicia son violatorios de la Constitución Federal, la Ley de Amparo en perjuicio grave del régimen federal, el orden publico, el interés social y los derechos de los terceros. Adicionalmente se señala que los magistrados conocieron del recurso de revisión interpuesto por el quejoso en el incidente de suspensión y al resolverlo revocaron la negativa de suspensión y concedieron la medida cautelar en los términos toda vez que consideraron que había operado a favor del quejosos la ratificación tacita conforme a las razones que se mencionan en tesis de jurisprudencia, asimismo la suspensión se concedió sin fijar garantía debido a que consideró que en la fecha en que se notificó la resolución interlocutoria, no existía tercero perjudicado ya que el magistrado provisional en sustitución del quejoso fue designado posteriormente.
Posteriormente el juez segundo de distrito requirió al pleno del Supremo Tribunal de Justicia sobre el incumplimiento de la suspensión, y posteriormente dictó un acuerdo admonitorio, que los demandantes consideran contradictorio, infundado, temerario y de mala fe, mediante el que requirió al pleno del Supremo Tribunal de Justicia del estado que permita que el quejoso continúe desempeñado dicho cargo.
Los hechos narrados son considerados por los promoventes como graves violaciones a los conceptos de orden público e interés social, ya que se trata de la aplicación de la Constitución estatal y la Ley Orgánica del Poder Judicial del estado. El Congreso del estado al considerar que el decreto donde fue nombrado el magistrado sustituto ha sido intocado, ordenó al pleno del Supremo Tribunal del estado que cumpliera con la determinación lo que se llevó a cabo.
Sin prejuzgar sobre la existencia de responsabilidades por parte de los magistrados y el juez de distrito, los hechos descritos presuponen la existencia de una grave violación a las reglas de impartición de justicia, ya que pueden constituir faltas a la imparcialidad y profesionalismo propios de la función judicial en el desempeño de sus labores; sin entrar a la revisión del fondo del asunto debe destacarse que los hechos narrados pueden constituir la comisión de delitos oficiales mismo que son objeto de un juicio político en los términos del artículo 110 de la Constitución Política.
Atendiendo a la importancia que supone el buen funcionamiento de las instituciones de los gobiernos de los estados miembros de la federación y a la necesidad de una resolución expedita de este asunto en particular es que se presenta este punto de acuerdo no con la finalidad de tratar de influir en las determinaciones de la órganos de la Cámara competentes en materia de juicio político, pero sí solicitar que se resuelva con la celeridad que se requiere para poder superar esta controversia que afecta gravemente a las instituciones del estado de Chihuahua.
Por lo anterior, sometemos a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
De urgente y obvia resolución
Único. Se exhorta a la Subcomisión de Examen Previo a que se avoque a la brevedad al estudio y resolución de la solicitud de juicio político presentado por el Presidente del Congreso de Chihuahua en contra de diversos funcionarios judiciales.
Palacio Legislativo, a 8 de marzo de 2007.
Diputados: Lilia Merodio Reza, Enrique Serrano
Escobar, Cesar Duarte Jáquez (rúbricas).
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE CITA A LOS TITULARES DE LA SSP Y DE LA PGR A COMPARECER ANTE LAS COMISIONES
UNIDAS DE GOBERNACIÓN, DE JUSTICIA, Y DE SEGURIDAD PÚBLICA
DE ESTA SOBERANÍA, A CARGO DEL DIPUTADO MANUEL CÁRDENAS FONSECA,
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE NUEVA ALIANZA
El suscrito, diputado federal Manuel Cárdenas Fonseca, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y cuarto, décimo tercero y décimo cuarto, inciso b), del acuerdo de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, relativo al orden del día de las sesiones, las discusiones de los dictámenes y la operación del sistema electrónico de votación, somete a la consideración del Pleno de esta honorable Cámara de Diputados la siguiente proposición con punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución, por medio del cual la Cámara de Diputados cita a comparecer ante las Comisiones Unidas de Gobernación, de Justicia, y de Seguridad Pública al secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, y al procurador general de la República, Eduardo Medina Mora, a fin de que informen, pormenorizadamente, sobre la instrumentación del Plan Integral de Seguridad Pública, anunciado públicamente por el Ejecutivo federal, con base en la siguiente
Exposición de Motivos
La seguridad pública es un problema que las autoridades tienen que enfrentar para satisfacer los reclamos sociales. Hablar de seguridad pública no sólo es pensar en el policía de patrulla o de crucero o en el agente judicial; se tiene que ver de manera integral: desde la prevención del delito, la procuración de justicia, la función del sistema de justicia y el cumplimiento de las sanciones penales (sistema penitenciario). La visión a seguir es más sistemática, las autoridades tienen que asumir sus responsabilidades. Por ello, el diálogo entre los Poderes de la Unión es imprescindible, y debe ser en el marco de respeto y la cordialidad, siempre con sentido de responsabilidad, de las tareas y facultades otorgadas por la Ley Fundamental, pero sobre todo con estricta sujeción a la legalidad.
Hoy día la seguridad y la justicia representan una prioridad en la agenda nacional. Los ciudadanos sienten temor y viven en constante zozobra de ser presa de los delincuentes. Lo que enfrentamos no se reduce únicamente a la existencia de agrupaciones criminales, organizadas y con recursos. El problema, como continuamente queda de manifiesto, es también la falta de vocación de servicio por parte de algunos funcionarios públicos.
Los ciudadanos no denuncian el delito debido a varios factores: desconfianza a las autoridades, trámites retardados o lentos, miedo a represalias, entre otros motivos. Dicha actitud conduce a que la cifra negra siga en aumento. Es necesario fomentar la cultura de la denuncia para acabar con la impunidad delictiva, pero para ello el Estado y el gobierno deben garantizar a la victima que no sufrirá represalia alguna y que verdaderamente se aplicará la ley. Es importante establecer mecanismos ágiles y confiables para facilitar la denuncia ciudadana con objeto de crear una red en la que todos nos sintamos protegidos.
De igual manera el clima de inseguridad que se percibe en la república está íntimamente ligado a dos fuerzas que se correlacionan. Por un lado está la de la delincuencia organizada, que cada día opera con métodos más sofisticados, y por el otro está la ausencia de cuerpos policiales más capacitados, con el número de policías suficiente que protejan las calles y los espacios públicos.
Debemos entender que el problema de la inseguridad en nuestro país no está únicamente vinculado con el crecimiento del crimen organizado, sino también con la fragmentación de las distintas corporaciones policíacas que hay en el país; la información de la ficha delictiva no fluye oportunamente, lo que viene a retardar la acción policíaca.
El gobierno federal ha considerado implantar varias acciones para combatir a las mafias que operan en el país, dentro de las que se cuenta fortalecer el aparato de la actual Secretaria de Seguridad Pública federal, a través del traspaso de elementos del Ejército, la Marina y de la Agencia Federal de Investigaciones, lo que en la especie se traduce en la constitución de una superpolicía.
Los diputados de la honorable Cámara de Diputados estamos conscientes de las limitaciones estructurales que enfrentan las instituciones públicas. Los recursos pueden ser insuficientes, pero ello no exenta a las autoridades de cumplir, a cabalidad, su responsabilidad.
No obstante, mientras eso no cambie, en tanto existan limitaciones estructurales, la autoridad a su cargo debe asumir su responsabilidad y trabajar con mayor empeño con los recursos humanos, materiales y financieros con que se cuenta. No hay pretexto que valga para no cumplir el mandato constitucional de velar para que haya una procuración de justicia efectiva, para salvaguardar la integridad física y el patrimonio de nuestras familias.
Debemos pronunciarnos por la promoción de una cultura de la prevención de delito, antes que de la represión, como una política de Estado, porque queremos ver un país en paz, un México en armonía y en desarrollo, y que el padre de familia llegue a su domicilio con tranquilidad, que los niños que asisten a la escuela no estén bajo el peligro de que les vendan estupefacientes o drogas.
Queremos ver que las amas de casa no vivan en la zozobra constante de que algo les puede pasar a ella o a su familia, que las familias mexicanas puedan asistir a los parques, jardines o centros de diversión en un ambiente sano, propicio y apto para la convivencia familiar, porque finalmente la convivencia y la armonía familiar son prevención del delito.
La prevención es la piedra angular de la estrategia para velar por la seguridad pública. El cumplimiento real de las obligaciones de la PGR, SHCP, Sedena, Segob, Cisen, Secretaría de Marina y Secretaría de Seguridad Pública es requisito indispensable para ello. Se trata de crear una nueva cultura de la prevención, no sólo de combatir el delito una vez realizado, sino de vigilar, disuadir y evitarlo.
Se debe empezar desde la familia, en las escuelas y en nuestra vida pública, fomentando una cultura de valores, de respeto a las leyes para formar ciudadanos participativos y responsables.
Padres de familia, maestros, medios de comunicación, legisladoras y legisladores debemos sembrar en la niñez, en la juventud, en mujeres y hombres, la conciencia del respeto a las leyes y a nuestras instituciones.
Debemos construir un pacto entre la familia, la sociedad y el Estado. La participación de todos es imprescindible para así formar ciudadanos comprometidos con la democracia, el respeto de la ley y de nuestras instituciones, y que sean capaces de defender nuestras libertades, así como prevenir y combatir conductas ilícitas.
Los operativos que ha realizado el Ejecutivo federal, con apoyo de las fuerzas armadas y las policías federales, no resuelven el problema, porque es de todos conocido que las células del crimen organizado se reproducen como por generación espontánea. Los subordinados, lugartenientes y operadores se posicionan en los lugares y en las zonas de influencia que sus jefes han dejado vacíos. Las fuerzas del orden público deben actuar de manera coordinada y permanentemente.
El legislador tiene el firme compromiso de promover e impulsar las iniciativas necesarias para combatir a la delincuencia organizada, la corrupción y la impunidad.
La sociedad se ha manifestado para exigir a las autoridades mayor seguridad, ha mostrado su voluntad de colaborar con los distintos órdenes de gobierno para combatir, con éxito, al delincuente.
La falta de oportunidades representa un riesgo para la seguridad pública, ya que puede orillar a los individuos a buscar salidas a su situación por vías diferentes a la participación democrática, al trabajo y a la interacción social respetuosa de los derechos a los demás. En síntesis, a delinquir.
La pobreza, el desempleo, la desintegración familiar y la inflación son sólo algunos de los factores que condicionan la criminalidad. Con el combate a la inseguridad se genera inversión, nacional y extranjera, y con ello empleos, que es lo que necesita el pueblo.
Los legisladores asumimos un compromiso serio y responsable con la sociedad, y por ello estamos cumpliendo a cabalidad los reclamos de los ciudadanos, porque la seguridad pública representa uno de los asuntos que mayor atención requieren, correspondiendo con ello al mandato del pueblo.
No debemos cerrar los ojos, por indiferencia o temor, a la delincuencia. Los que deben estar intranquilos son los malhechores y no la sociedad.
La lucha contra el crimen organizado nos atañe a todos, sin distinción de colores partidistas o niveles de gobierno. Debemos descontaminar la seguridad pública: la lucha contra el crimen no admite divisiones políticas.
Estamos convencidos de que en el combate a la delincuencia los únicos perdedores deben ser los delincuentes. Hacemos un llamado a las autoridades y a los funcionarios públicos responsables de las áreas de seguridad a redoblar esfuerzos contra el crimen organizado.
La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión de la LX Legislatura formula una firme exhortación a los titulares de de las dependencias de la administración pública federal y a los mandos de las corporaciones y fuerzas de seguridad pública a diseñar establecer instrumentos y mecanismos de coordinación y comunicación eficaces, expeditos y claramente verificables en el marco de la lucha conjunta que libran los tres órdenes de gobierno, federal, estatal y municipal, contra la inseguridad pública y la delincuencia organizada.
En el marco de la instrucción y compromiso asumido por el titular del Ejecutivo federal para que el procurador general de la República y el gabinete de seguridad presenten a la sociedad mexicana y, consecuentemente, a la Cámara de Diputados, el programa integral para combatir y abatir el problema de la inseguridad pública, así como para mejorar los mecanismos de seguridad y procuración de justicia, se exhorta a los destinatarios de dicha instrucción para que en el mencionado programa se expresen y detallen con toda claridad las acciones, mecanismos de coordinación, ámbitos de competencia y colaboración entre los tres órdenes de gobierno a que obligan la Constitución General de la República y la Ley General que establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
La Cámara de Diputados expresa su plena disposición a coadyuvar, en el marco de sus competencias y responsabilidades, en la lucha integral y permanente del Estado mexicano para combatir el delito y mejorar las condiciones de seguridad pública y respeto al estado de derecho en todo el país.
En mérito de lo antes expuesto, someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente Proposición con
Punto de Acuerdo
De urgente y obvia resolución.
Artículo Único. Punto de acuerdo por medio del cual la honorable Cámara de Diputados cita a comparecer ante las Comisiones Unidas de Gobernación, de Justicia, y de Seguridad Pública al secretario de Seguridad Pública federal, Genaro García Luna, y al procurador general de la República, Eduardo Medina Mora, con objeto de que informen, pormenorizadamente, sobre la instrumentación del Plan Integral de Seguridad Pública, anunciado públicamente por el Ejecutivo federal.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de marzo de 2007.
Diputado Manuel Cárdenas Fonseca (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA A LAS AUTORIDADES FEDERALES Y AL GOBERNADOR DE VERACRUZ A REALIZAR
EN ESA ENTIDAD UNA OPERACIÓN ESPECIAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
SIMILAR A LAS EFECTUADAS EN DIVERSOS ESTADOS DE LA REPÚBLICA, A
CARGO DEL DIPUTADO AGUSTÍN MOLLINEDO HERNÁNDEZ, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PAN
Con fundamento en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior, el suscrito diputado federal Agustín Mollinedo Hernández, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, somete a la consideración del Pleno de la honorable Cámara de Diputados, la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente resolución por el que se exhorta a las autoridades federales y al gobernador del estado de Veracruz, para que, analicen la posibilidad de implantar en auxilio de dicho estado un operativo especial de seguridad pública similar a los instrumentados en diversos estados del país, para reestablecer las condiciones de seguridad en dicha entidad federativa.
Consideraciones
Hasta hace unos años México era considerado como un país de paso para las organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico y los delitos conexos, pues su único objetivo era el abastecimiento del mercado norteamericano, sin embargo, en la actualidad se ha convertido en un importante productor y consumidor de narcóticos, lo que ha dado lugar al incremento de inseguridad, pues tras la disputa en el control de mercado de narcóticos las diversas organizaciones delictivas que operan en el país, han generado en determinadas zonas un alto índice delictivo caracterizado por una devastadora violencia.
Como respuesta a ello el gobierno federal ha ordenado la implantación de operativos conjuntos contra el crimen organizado en diversos estados del país, con la finalidad de abatir este fenómeno delictivo, operativos los cuales han reportado resultados importantes, pues gracias a ello se ha logrado el aseguramiento y erradicación de cantidades considerables de estupefacientes, además de importantes detenciones de líderes de organizaciones delictivas con mayor presencia en el país, labor eficaz que ha sido reconocida no solo a nivel nacional, sino también a nivel internacional.
Esta importante tarea el gobierno federal la refrenda de manera constante, pues su compromiso de combatir frontalmente a la delincuencia organizada, continua extendiéndose pues recientemente entidades federativas como Tamaulipas y Nuevo León, se suman a la aplicación de los operativos conjuntos contra el crimen organizado, en los cuales se espera que mediante el trabajo coordinado de los tres órdenes de gobierno, se logre preservar el estado de derecho a fin de que sus habitantes gocen de un ambiente de paz y seguridad.
Asimismo debe decirse que el estado en donde también se considera necesaria la implantación dichos operativos es precisamente el estado de Veracruz, en el cual, hasta donde se tiene conocimiento, se sabe, operan de forma sigilosa integrantes del cártel de Juárez, uno de los más poderosos del país, miembros del cártel de El Golfo, además de sujetos pertenecientes a la organización criminal del ya detenido y procesado cacique oaxaqueño Pedro Díaz Parada.
Entidad federativa en el cual, si bien es cierto, no se publicita con notable énfasis la existencia de condiciones alarmantes de inseguridad, como en otras regiones del norte y occidente del país, es menester destacar, que su presencia es permanente, pues desde el 2004 la Secretaría de Seguridad Pública señaló que Veracruz es utilizado como territorio de paso de las rutas del narcotráfico ya sea por vía aérea, terrestre o marítima, lo que se refleja claramente con los importantes y constantes aseguramientos de estupefacientes en dicha región, así como la necesidad de haber implantado cuatro Unidades Mixtas de Atención al Narcomenudeo (UMAN) que funcionan en Xalapa, Coatzacoalcos, Poza Rica y Boca del Río.
Sin embargo, y desafortunadamente, se debe destacar que dicha presencia delictiva ha dejado de ser transitoria para transmutarse en hechos altamente violentos pues tan solo a mediados del año pasado hasta donde se sabe, se habían llevado a cabo 37 ejecuciones relacionadas con el crimen organizado, circunstancia concatenada a otros hechos de forma reciente en regiones como Acayucan, Poza Rica, el Puerto de Veracruz y Coatzacoalcos, también se ha incrementado la presencia de organizaciones delictivas, tan solo por mencionar algunos ejemplos: en Acayucan aconteció la ya esperada muerte de Cirilo Vázquez Lagunes y su hermano "El Pony Vázquez" pues el mismo secretario de Gobierno Reinaldo Escobar señalo que "hasta un tonto se imaginaría la muerte de Cirilo; en Poza Rica ejecutaron al ex director de La Opinión, Raúl Gib Guerrero, a Maximiliano Gaona Castelán, quien fue encontrado en el estacionamiento de una tienda de autoservicio, a Francisco Hernández Palacios "El Fantomas" que presentaba huellas de tortura y el regidor de las Choapas Veracruz.
Asimismo, en el Coyol victimaron al ex agente de la Policía Judicial Federal, Daniel Zárate Rodríguez y en Veracruz se registró el homicidio de otro periodista. Por lo que a fin de evitar que Veracruz continúe presentando este fenómeno delictivo y en un futuro inmediato se convierta drásticamente en una región altamente violenta, con consecuencias irreversibles, se estima oportuno atacar con firmeza los embates de la delincuencia en la batalla integral por la seguridad pública.
Y pese a que el gobierno estatal, a cargo de Fidel Herrera Beltrán, en días pasados haya hecho declaraciones minimizando los problemas de inseguridad relacionados con el crimen organizado en la entidad, argumentando que Veracruz es un ejemplo para todo el país pues, en el mismo impera la seguridad, descartando la implantación de operativos conjuntos con las fuerzas federales, cierto es, que lo anterior resulta contrastante, pues desde el mes de enero dicho servidor público solicitó a la SSP, a la Sedena y a la PGR su colaboración para la establecimiento de operativos de apoyo y vigilancia contra el crimen organizado en regiones como Playa Vicente, San Juan Evangelista, Acayucan, y las Chopas, debido a la presencia del cartel de El Golfo, por lo que si es cierto como lo afirma el gobernador al señalar que "en Veracruz, el que la hace la paga" no debe ni puede ser minimizada, la situación de inseguridad y violencia que impera en el estado, por el contrario, debe ser reconocida y atacada frontalmente con el apoyo y colaboración de las autoridades federales.
Más aún los veracruzanos no pueden quedar a expensas de una actitud titubeante de los máximos de autoridad en el estado, que un día señalan la necesidad de solicitar ayuda a las autoridades federales y, al otro día, se retractan ocasionando incertidumbre en la población y avivando sospechas respecto a su a actuación, por ello, se estima pertinente que bajo la escenario de inseguridad que presenta Veracruz, y dados los importantes resultados obtenidos con la implantación de los operativos conjuntos en diversas zonas del país, las autoridades de los tres ordenes de gobierno actúen, imponiendo dispositivos que con base en las necesidades específicas del estado, logren detener la inseguridad, corrupción y violencia que vive dicha entidad pues en materia de seguridad pública debe operar la inmediatez, sin esperar a que la problemática se agudice y requiera de mayores acciones para solucionarla.
Por ello, los legisladores de Acción Nacional consideramos necesario presentar a esta soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
De urgente y obvia resolución.
Primero. Se exhorta al gabinete de seguridad del Ejecutivo federal para que en atención al escenario de inseguridad que impera en dicha entidad analice –en el ámbito de su competencia– la posibilidad de implantar, en auxilio al gobierno del estado de Veracruz, un operativo conjunto contra el crimen organizado, similar a los establecidos en diversas entidades federativas del país, ello atendiendo a las particularidades del estado de Veracruz.
Segundo. En su momento, se informe a esta soberanía los acuerdos y resultados logrados al efecto.
Sesión del honorable Congreso de la Unión, a 8 de marzo de 2007.
Diputado Agustín Mollinedo Hernández (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A INCLUIR EN EL PND LA CONSTRUCCIÓN
DE TRES REFINERÍAS, SUSCRITA POR LOS DIPUTADOS ALEJANDRO SÁNCHEZ
CAMACHO Y RAMÓN PACHECO LLANES, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
El suscrito, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite presentar ante esta soberanía proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Planificar el desarrollo de nuestra nación es un asunto de competencia colectiva. Por ello debemos aspirar a que la sociedad mexicana y sus representantes en el Congreso de la Unión participen activa y democráticamente en el diseño y seguimiento de los objetivos estratégicos del Plan Nacional de Desarrollo (PND).
El artículo 26 constitucional, establece las facultades del Estado para planear el desarrollo nacional. En este mismo artículo, párrafo último, se señala que en el sistema de planeación democrática, el Congreso de la Unión tendrá la intervención que señale la ley. En este sentido, la Ley de Planeación, publicada el 5 de enero de 1983, detalla cómo establecer los objetivos y principios que garanticen el fortalecimiento de la independencia y la autodeterminación nacional.
El artículo 20 de la ley en comento, regula las bases para que dentro del Sistema Nacional de Planeación Democrática, tenga lugar la participación y consulta de los diversos grupos sociales, con el propósito de que la población exprese sus opiniones para la elaboración, actualización y ejecución del Plan y los programas a que se refiere dicha ley.
Asimismo, en el artículo 21 de la normatividad en la materia, se señala que el Plan Nacional de Desarrollo deberá elaborarse, aprobarse y publicarse dentro de un plazo de seis meses contados a partir de la fecha en que toma posesión el Presidente de la República, y que su vigencia no excederá del periodo constitucional que le corresponda, aunque podrá contener consideraciones y proyecciones de más largo plazo.
Por lo anterior, es conveniente que los diputados nos involucremos en la planificación estratégica del país. Somos depositarios de la soberanía popular y estamos en el lapso que marca la ley para proponer y diseñar estrategias orientadas a garantizar un futuro más próspero para nuestra patria. En ese contexto, la propuesta que solicito sea incorporada al Plan Nacional de Desarrollo, se refiere a la planificación energética nacional y a la autosuficiencia en productos refinados.
Como es de todos conocido, desde 1979, cuando inició la operación de la refinería "Ing. Antonio Dovalí Jaime" en Salina Cruz, Oaxaca; no se ha construido ninguna refinería en México. Más aún, en 1991, fue cerrada la de Azcapotzalco, en el Distrito Federal. El estancamiento y deterioro de la capacidad nacional en refinación, frente a una demanda creciente de productos petrolíferos, ha provocado que la importación de estos bienes se haya incrementado progresivamente hasta representar, en 2006, el equivalente al 28.31% del valor de la exportación de crudo.
Por su parte, el programa de reconfiguración de refinerías iniciado en 1998 –con la desafortunada experiencia de la refinería de Cadereyta–; que incluye la construcción y ampliación de plantas, la operación de coquizadoras y la instalación de oleoductos, tiene como objeto fundamental mejorar la capacidad de refinación de los crudos pesados y obtener gasolinas de alta calidad, cumpliendo con las normas ambientales mexicanas. Es decir, la reconfiguración de las refinerías, como la que actualmente se encuentra en proceso en la de Minatitlán, Veracruz; no incrementa substancialmente la producción de refinados. De manera que, por ejemplo, seguiremos importando alrededor del 30% de las gasolinas que se consumen en el país. Esto significa una erogación de más de 9,800 millones de dólares al año.
Somos el único país petrolero que no tiene suficiente capacidad de refinación y el costo que estamos pagando por las importaciones es demasiado elevado. De ahí que urja terminar las ampliaciones a la refinería de Minatitlán y construir los trenes de refinación necesarios para producir suficientes destilados para eliminar sus importaciones. .También debemos generar combustibles líquidos que sustituyan paulatinamente la importación de gas natural para las plantas de generación eléctrica.
Por lo anteriormente expuesto, me permito someter a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente
Punto de Acuerdo
De urgente resolución
Único. Se exhorta al Ejecutivo federal para que incluya como uno de los objetivos prioritarios del Plan Nacional de Desarrollo, alcanzar la autosuficiencia en productos refinados, realizando la construcción de tres refinerías o trenes de refinación de 150 mil barriles diarios de capacidad de proceso, cada uno.
Diputados: Alejandro Sánchez Camacho, Ramón
Pacheco Llanes (rúbricas).
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE CITA A LOS TITULARES DE LA SE Y DE LA SAGARPA A COMPARECER ANTE LAS
COMISIONES UNIDAS DE ECONOMÍA, Y DE AGRICULTURA Y GANADERÍA
DE ESTA SOBERANÍA, A CARGO DEL DIPUTADO MANUEL CÁRDENAS FONSECA,
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE NUEVA ALIANZA
El diputado Manuel Cárdenas Fonseca, integrante del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración del Pleno de la honorable Cámara de Diputados la siguiente proposición con punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución, por el que la Cámara de Diputados cita a comparecer ante las Comisiones Unidas de Economía, y de Agricultura de esta Cámara a los secretarios de Economía, doctor Eduardo Sojo Garza-Aldape; y de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Alberto Cárdenas Jiménez, para que expliquen detalladamente sobre la decisión de no sumarse a la queja que el gobierno de Canadá presentó ante la Organización Mundial de Comercio (OMC) por la entrega de subsidios agrícolas indiscriminados a los productores de maíz de Estados Unidos.
Consideraciones
El gobierno de Estados Unidos proporciona grandes cantidades de recursos fiscales, vía subsidios, a sus productores agrícolas. Esto posibilita que ese país articule incentivos y programas suficientes que le permiten colocarse como uno de los de más alta rentabilidad y productividad agrícolas.
Estados Unidos es el granero del mundo; es el mayor productor de granos y controla los precios de los principales productos agrícolas, pero lo hace mediante la entrega de importantes subsidios a la producción agrícola, lo que distorsiona el comercio mundial y, en especial, viola las reglas de la OMC.
Estas medidas que instaura el gobierno estadounidense, y en especial el Departamento de Agricultura, posibilitan un alto nivel de subvenciones a los productores agrícolas, distorsionan la asignación de recursos y la formación de precios, y estructuran una competencia desleal internacional, donde países como el nuestro y Canadá, integrantes del Tratado de Libre Comercio, se ven seriamente afectados.
Este tipo subvenciones a los productores agrícolas incrementan la oferta internacional, presionan a la baja los precios y desincentivan a nuestros productores por el hecho de que se deprime su nivel de rentabilidad.
Es necesario que nuestro país participe activa y consistentemente en las negociaciones ante la OMC para que se detengan los subsidios a los productores de maíz estadounidenses.
Las prácticas comerciales estadounidenses violan las reglas establecidas por la OMC y sus principales propósitos:
Recordemos que sus principales propósitos son, entre otros
2) Que los países productores y exportadores tengan la certeza de que los mercados exteriores permanecerán abiertos a sus actividades.
3) Que las decisiones de la OMC son adoptadas por consenso entre los países miembros para después ser ratificadas por sus respectivos parlamentos.
4) Que resuelve las controversias o fricciones comerciales a través del mecanismo de solución de diferencias centrado en la interpretación de los acuerdos y compromisos, que tiene por objeto garantizar que las políticas comerciales de los distintos países se ajusten a éstos para, de ese modo, reducir el riesgo de que las controversias desemboquen en conflictos.
Es obligación de nuestras instituciones procurar el bienestar de nuestra población. En consecuencia, revisar las repercusiones de la apertura comercial en el campo y protegerlo es una las importantes responsabilidades que el Ejecutivo y Legislativo debemos compartir, sobre todo si consideramos a estos productos agrícolas de alta sensibilidad social y estratégicos para nuestro desarrollo.
Recordemos que la desventaja que nuestros agricultores presentan en términos productivos y de rentabilidad es gigantesca. Nuestros campesinos son principalmente temporaleros, y su productividad, comparada con la internacional, es muy baja.
Apoyamos la posibilidad de alcanzar una negociación consistente ante la OMC contra las prácticas comerciales desleales de Estados Unidos, con el fin de apoyar a nuestros agricultores.
Consideramos necesario instaurar una política integral enfocada al desarrollo del sector agropecuario, con el fin de elevar sus niveles de bienestar e impedir procesos de migración y el incremento de los niveles de pobreza y marginación en el campo.
Por todo lo anterior, el suscrito, diputado integrante del Grupo Parlamentario Nueva Alianza, se suma a la posición de que nuestro país se incluya como tercero interesado a la solicitud de consultas presentada por Canadá al gobierno de Estados Unidos con relación a los apoyos que este último ofrece a sus productores y exportadores de maíz. Asimismo, que ratifique ante el Comité de Agricultura de la OMC diversos posicionamientos de México que en materia agrícola ha establecido de manera independiente y como parte del Grupo de los 20.
Recordemos que un buen gobierno es, entre otras cosas, el que tiene capacidad gubernamental de dar respuesta a las diversas demandas de la sociedad, por medio de soluciones políticamente articuladas, por medio del apoyo de los diferentes niveles de gobierno. Gobernabilidad implica también mantener las condiciones mínimas indispensables para posibilitar el desarrollo económico, político y social en un contexto estable y democrático.1
Esperando siempre una respuesta positiva de la Secretaría de Economía y la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, y tomando en cuenta las consideraciones expuestas, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y para que sea considerado de urgente y obvia resolución, someto a la consideración de esta asamblea el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados cita a comparecer ante las Comisiones Unidas de Economía, y de Agricultura de esta Cámara a los secretarios de Economía, doctor Eduardo Sojo Garza-Aldape; y de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Alberto Cárdenas Jiménez, para que expliquen detalladamente sobre la decisión de no sumarse a la queja que el gobierno de Canadá presentó ante la Organización Mundial de Comercio por la entrega de subsidios agrícolas indiscriminados a los productores de maíz de Estados Unidos.
Nota:
1 Kaufman, Kraay y Zordo (2000), La gobernabilidad
es fundamental, del análisis a la acción, Finanzas y
Desarrollo, FMI, página 10.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los ocho días del mes de marzo de dos mil siete.
Diputado Manuel Cárdenas Fonseca (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA A LAS LEGISLADORAS Y LEGISLADORES FEDERALES Y LOCALES A SUSCRIBIR
EL PACTO NACIONAL 2007 PARA LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES, A CARGO
DE LA DIPUTADA MARICELA CONTRERAS JULIÁN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PRD
La que suscribe, diputada integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en los artículos 74, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, con base en las siguientes
Consideraciones
El pasado 5 de marzo, en las instalaciones de esta soberanía se llevó a cabo la firma del Pacto Nacional 2007, para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, con la participación de los presidentes de las mesas directivas de las cámaras del honorable Congreso de la Unión, la coordinadora y los coordinadores de los grupos parlamentarios representados en esta asamblea, las y los integrantes de las comisiones de Equidad y Género de las cámaras de Senadores y Diputados, la presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres, las presidentas e integrantes de las comisiones de Equidad y Género de los congresos locales, así como las directoras de los institutos de las mujeres de las entidades federativas.
La firma de este documento es una suma de voluntades políticas para hacer énfasis en que la igualdad entre mujeres y hombres es un derecho fundamental y constituye la piedra angular de una sociedad democrática que aspira a la paz, a la justicia social y el respeto de los derechos humanos.
Además, es una apuesta para avanzar hacia la protección de los derechos económicos, sociales, políticos y culturales de las mujeres, y eliminar la desigualdad existente y discriminación por razones de género.
Debemos recordar que los avances que se han dado en materia de equidad y género en nuestro país han sido producto de diversos movimientos sociales encabezados por mujeres que demandaron el reconocimiento de sus derechos políticos. A partir de ahí se ha emprendido una lucha por la defensa de sus derechos, exigiendo condiciones que eleven su nivel de vida y manifestándose en contra de la pobreza y el hambre, o exigiendo el derecho a la salud integral y a la educación, por mencionar sólo algunos aspectos.
Nuestro papel como legisladoras y legisladores es velar por los intereses de la población, mediante diversas herramientas que nunca deben soslayar el papel primordial que juega la sociedad en la toma de decisiones.
Por ello, el Pacto Nacional 2007 para la Igualdad entre las Mujeres y los Hombres es un esfuerzo conjunto de diversos actores y tiene como objetivo el compromiso de realizar acciones para armonizar la legislación federal y local en materia de presupuestos con perspectiva de género; el derecho a la salud integral de las mujeres; la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, y la Ley General de Acceso de la Mujeres a una Vida Libre de Violencia, todo ello, a la luz de nuestra Carta Magna y de los compromisos internacionales adquiridos por el Estado mexicano.
El pacto es un compromiso puntual sobre 10 aspectos, que hemos adquirido las y los titulares de los poderes Ejecutivo y Legislativo, a nivel federal y local, de los órganos encargados en materia de equidad y género. El compromiso es la adopción de medidas para lograr el objetivo del pacto que hemos señalado.
La firma de este pacto es una práctica política que contribuirá a dignificar y enriquecer la participación de las mujeres en todos los ámbitos de la vida; a crear una cultura política de reconocimiento y respeto a la diversidad, en donde el género no implique desigualdad de oportunidades.
Así, hago un llamado a las legisladoras y legisladores del todo el país para que participemos en la construcción de un proyecto de país plural e incluyente que, sin desconocer las tendencias mundiales de la globalización, perciba el porvenir como un ejercicio de soberanía, autodeterminación, y que garantice la participación de mujeres y hombres en condiciones de igualdad en todos los campos de la actividad humana.
Por las consideraciones expuestas, y en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, para efecto de los artículos 58, 59 y 60, primer párrafo, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a las legisladoras y los legisladores de todo el país, tanto federales como locales, para que suscriban el Pacto Nacional 2007 para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, en el marco de la celebración del Día Internacional de la Mujer.
Palacio Legislativo, a 8 de marzo de 2007.
Día Internacional de la Mujer
Diputada Maricela Contreras Julián (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A REALIZAR ACCIONES PARA CASTIGAR A LOS
MIEMBROS DEL EJÉRCITO MEXICANO QUE HAN PARTICIPADO EN VIOLACIONES
DE DERECHOS HUMANOS DE MUJERES, A CARGO DE LA DIPUTADA MARICELA CONTRERAS
JULIÁN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
La que suscribe, diputada integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, con base en las siguientes
Consideraciones
El pasado 26 de febrero fue asesinada Ernestina Ascensión Rosario, mujer indígena de 73 años de edad. El informe médico forense detalla que el fallecimiento fue producido por fractura de cráneo, hemorragias internas y sangrado anal propiciado por una penetración múltiple.
Este cruel y vil asesinato fue cometido presuntamente por efectivos de la XXIV Zona Militar que, desde hace poco más de un año, se encuentran asentados en diversos puntos de la sierra de Zongolica, Veracruz, en busca de células de grupos guerrilleros, según versiones de las propias autoridades competentes.
Es reprobable que el Ejército Mexicano se encuentre inmiscuido en este tipo de acusaciones. Sin embargo, éste no es un hecho aislado, ya que desde 1994 existe una larga cadena de denunciadas públicas, documentadas en varios medios de comunicación, de vejaciones cometidas contra mujeres a manos de efectivos militares. Mencionaré algunas de ellas por orden cronológico:
El 4 de junio de 1994 tres indígenas tzeltales denuncian que fueron violadas por soldados que participaron en las acciones militares contra el EZLN en el municipio de Altamirano, Chiapas; a casi 13 años de los acontecimientos, las mujeres violadas siguen en espera de respuesta de las autoridades. Por otra parte, el 3 de diciembre de 1997, Delfina Flores Aguilar, de 28 años, y Aurelia Méndez Ramírez, de 31, indígenas de la región de Zopilotepec, Atlixtac de Álvarez, Guerrero, denunciaron haber sido violadas por 5 soldados.
En 1997, la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos de Oaxaca recibió la denuncia de 12 mujeres que habían sido violadas por soldados en la zona Loxicha. El 21 de abril de 1999, Victoriana Vázquez Sánchez, de 50 años, y Francisca Santos Pablo, de 33, de la región de Tlacoachixtlahuaca, en el mismo estado de Guerrero, denuncian que fueron interceptadas por miembros del Ejército y conducidas a casas abandonadas donde sufrieron ataques sexuales.
De nueva cuenta en Guerrero, el 16 de febrero de 2002, Valentina Rosendo Cantú denuncia también una agresión sexual por 8 soldados del 41 Batallón de Infantería, en Barranca Bejuco. El 22 de marzo de 2002, en Barranca Tecuani, Ayutla de los Libres, otra vez en Guerrero, Inés Fernández Ortega, de 27 años, denuncia la violación de la que fue víctima en su hogar por 11 soldados. De igual forma, el 11 de julio de 2006, más de 20 efectivos del Ejército, en el municipio de Castaños, Coahuila, violaron a 13 mujeres, sin que hasta el momento se haya sancionado a los responsables.
A estos reprobables y salvajes actos se suman los abusos sexuales en contra de mujeres de San Salvador Atenco, con la incursión y ocupación policíaca-militar que se hizo en mayo de 2006 y las vejaciones contra mujeres durante la represión al movimiento social encabezado por la Asamblea Popular de Pueblos de Oaxaca.
No es posible que se sigan cometiendo estos delitos y que hasta el momento el manto de la impunidad siga cobijando a los responsables, mediante el silencio cómplice de algunas autoridades.
Esta violencia de género no es sólo en Ciudad Juárez, donde existen cientos de feminicidos sin castigarse; no es sólo en el estado de México o Morelos, donde hay una creciente ola de asesinatos de mujeres; no es sólo en los estados militarizados de Chiapas, Oaxaca y Guerrero; no es sólo en Veracruz, donde se produce la muerte de una adulta mayor por una violación tumultuaria a manos de efectivos militares.
Esta violencia de género se está suscitando en todas las regiones del país, donde el despliegue de efectivos militares en los operativos que se están llevando a cabo se ha desviado de la misión que se les ha encomendado y generado un clima de represión y hostigamiento contra las personas, especialmente las mujeres que se ven vulneradas en sus derechos. Por ello, es de suma importancia que toda la sociedad esté alerta con la actuación de los efectivos militares y policiacos que se han desplegado en todo el país, para que no encuentren oportunidad ni pretexto para violar los derechos humanos.
Que las violaciones contra mujeres cometidas por efectivos del Ejército sean juzgadas en el ámbito civil, toda vez que en el ámbito militar no tenemos la certeza de que exista un juicio, ni que se castigue a los responsables, ni las sanción a las que son acreedores los responsables.
La conmemoración del Día Internacional de la Mujer no puede ser un festejo o una efeméride más en nuestro calendario; por ello, aprovecho esta tribuna también para unir esta voz a las miles de voces que exigen el esclarecimiento de los asesinatos cometidos contra mujeres; sirva también para reprobar la conducta de los efectivos militares inmiscuidos en abusos sexuales contra mujeres y vejaciones de sus derechos humanos.
No es posible que sean las propias autoridades las que estén ejerciendo la violencia y vulnerando los derechos de las mujeres, y que no reciban castigo los responsables.
Por las consideraciones antes expuestas y para efecto de los artículos 58, 59 y 60, primer párrafo, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión la siguiente propuesta para considerarse como de urgente y obvia resolución:
Punto de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal, en su carácter de comandante en jefe de las Fuerzas Armadas y responsable de su actuación, a que tome todas las medidas necesarias, a fin de que se sancione a los responsables de las violaciones y asesinatos en contra de mujeres en todas las regiones de nuestro país, presuntamente realizados por miembros del Ejército Mexicano, y evitar que la conducta de los efectivos militares incurra, de nueva cuenta, en violaciones de los derechos humanos de mujeres.
Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal y a las autoridades del estado de Veracruz a que esclarezcan el asesinato de Ernestina Ascensión Rosario, mujer indígena de 73 años de edad, presuntamente a manos de miembros del Ejército Mexicano.
Palacio Legislativo, a 8 de marzo de 2007.
Diputada Maricela Contreras Julián (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE SOLICITA A LA SEGOB QUE DECLARE LA ALERTA DE VIOLENCIA DE GÉNERO
CONTRA LAS MUJERES EN LA ZONA DE ZONGOLICA, VERACRUZ, A CARGO DE LA DIPUTADA
HOLLY MATUS TOLEDO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
La que suscribe, Holly Matus Toledo, diputada federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete ante este pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo, de urgente u obvia resolución, para solicitar a la Secretaría de Gobernación decrete la alerta de violencia de género contra las mujeres en la zona de Zongolica, Veracruz y a los titulares de la Secretaría de la Defensa Nacional y del gobierno del estado de Veracruz, a que actúen con diligencia y prontitud para castigar a los militares responsables de las agresiones y muerte de la mujer indígena, adulta mayor, Ernestina Ascensión Rosario, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Que paradójico, justo a horas de conmemorarse el Día Internacional de la Mujer, debemos llegar a esta tribuna, la más alta de la nación, para denunciar, a gritos si es preciso, un hecho aberrante que demuestra lo que cotidianamente denunciamos; que en este país, una de las peores causas de discriminación a los derechos humanos se enfrenta cuando se es mujer, pobre, indígena y adulta mayor.
Ernestina Ascensión Rosario, mujer, indígena y adulta mayor de 73 años de edad, murió la mañana del lunes 26 de febrero. Casi todos podríamos pensar que las mujeres al final de la vida, se mueren en paz, a causa de la vejez, con gratitud por haber tenido una vida plena, sin embargo, Ernestina Ascensión Rosario, murió a causa de una fractura de cráneo, lesiones en diversos órganos vitales, hemorragias internas y sangrado anal originados por una violación múltiple, cometida presuntamente por elementos del Ejército Mexicano en la comunidad de Tetlacingo, del municipio de Soledad Atzompa, Veracruz.
La señora Ernestina fue víctima de la violencia feminicida y en su agonía, en su idioma nahua, ya que no hablaba español, señaló a los culpables y relató que fue golpeada, maniatada y violada por cuatro militares pertenecientes a la XXVI Zona Militar. Así quedó asentado en las averiguaciones previas 140/07 y 471/07 en la Agencia Especializada en Delitos Sexuales y del Ministerio Público.
Cabe señalar que el 2 de febrero, elementos de la XXVI Zona Militar, en completo estado de ebriedad, habían destruido algunos cultivos de hortalizas y agredieron físicamente a los propietarios de las parcelas, en la sierra de Zongolica, por lo cual representantes del 63 Batallón de Infantería se vieron obligados a cubrir una indemnización de 2 mil pesos a cada uno de los seis afectados. Por lo que ya se conocía de los abusos que estos militares estaban ejerciendo sobre la población.
La violencia de la institución militar es tan constante, que ahora se le pretende dar carta de ciudadanía, las mujeres son utilizadas como botín de guerra, sólo para agredir a los pueblos indígenas, para demostrar quien tiene el control del territorio y del cuerpo. Al igual que las autoridades locales y a la sociedad civil, este Congreso de la Unión se une a la demanda de justicia a nombre de los pueblos indígenas, pues los abusos de poder, robo, agresiones sexuales y violación a los derechos humanos, son actos contra las mujeres que transgreden los derechos fundamentales, propician su denigración y atentan contra la vida.
Nos pronunciamos por no ser cómplices de la violencia institucional, la oculta, la escondida, la simbólica, la que intenta cubrir con el velo del silencio, la que dilata, obstaculiza o impide el acceso a la justicia.
Manifestamos que, la violencia contra las mujeres constituye un atentado contra el derecho a la vida, a la seguridad, a la libertad, a la dignidad y a la integridad física y psíquica de la víctima todo esto, es en si, un obstáculo para el desarrollo de las mujeres y también pera el avance de una sociedad igualitaria y democrática.
Nos preguntamos, quién puede callar ante este crimen, quién va a dormir sin castigar, quién va ha cerrar los ojos para no ver estas atrocidades, quién será la próxima víctima de un estado militarizado.
Esta atroz violación a los derechos humanos no puede, ni debe, quedar impune, ya que de darse esta situación, nuestra sociedad estará siendo cómplice de muertes, debemos reconocer que la violencia hacia las mujeres no es un problema individual o privado, sino que es básicamente social, y por ello es preciso que las instituciones intervengan y toda la sociedad la rechace.
En este Día Internacional de la Mujer, no podemos recuperar la vida de Ernestina Ascensión Rosario, mujer, indígena y adulta mayor, pero sí exigimos justicia a su muerte y solicitamos a esta soberanía la aprobación de la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Primero. De conformidad con los artículos 24 y 25 de la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, se solicita a la Secretaría de Gobernación que declare la alerta de violencia de género contra las mujeres en la zona de Zongolica del estado de Veracruz y se notifique la declaratoria al poder Ejecutivo de la entidad.
Segundo. Se solicita a los titulares de la Secretaría de la Defensa Nacional y del gobierno de Veracruz que eviten la violencia institucional, actuando con diligencia y prontitud para castigar a los responsables de las agresiones y muerte de la mujer, indígena, adulta mayor, Ernestina Ascensión Rosario.
Tercero. De conformidad con el artículo 26 de la Ley General para garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia, resarcir el daño a los familiares conforme a los parámetros establecidos en el derecho internacional sobre los derechos humanos.
Dado en el salón de sesiones del honorable Congreso de la Unión, a 8 de marzo de 2007.
Diputada Holly Matus Toledo (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA AL FIDEICOMISO FONDO NACIONAL DE FOMENTO EJIDAL A REQUERIR AL
FONATUR INFORMACIÓN SOBRE EL DECRETO EXPROPIATORIO DE FECHA 28 DE
MAYO DE 1984 EN EL MUNICIPIO SANTA MARÍA HUATULCO, OAXACA, A CARGO
DEL DIPUTADO CARLOS ALTAMIRANO TOLEDO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
El suscrito, diputado federal Carlos Altamirano Toledo, del Grupo Parlamentario del PRD de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
A finales de los años setenta, campesinos y pescadores de las bahías de Huatulco recibieron gustosos al entonces Presidente de la República, José López Portillo, y a la secretaria de Turismo, Rosa Luz Alegría, en su visita de reconocimiento de la zona. Ninguno pensó que la visita tuviera, años más tarde, la repercusión que tuvo en sus vidas y en las de los alrededores. La sorpresa la llevaron cuando en 1984 regresaron funcionarios menores a ejecutar lo que se había dispuesto años antes: expropiar 21 mil 189 hectáreas comunales en 30 kilómetros de franja costera. El fin: construir la infraestructura apropiada que atrajera principalmente a los inversionistas extranjeros, y nacionales deseosos de levantar grandes hoteles que compitieran con cualquier destino turístico internacional.
Se perseguía hacer de las bahías de Huatulco el destino turístico por excelencia. Sin embargo, hoy, Huatulco solamente en temporada alta atrae al turismo. Los comuneros, ahora son extraños en lo que eran sus antiguas tierras y no participan de la derrama monetaria como lo hacen los dueños de los grandes hoteles o los trabajadores traídos de otro lugar. Los hoteleros no contratan, comúnmente, a gente de la región para ejercer puestos de alta responsabilidad; pareciera que los habitantes están vetados para obtener esos trabajos.
Antes de la expropiación de Fonatur, en las bahías, los campesinos vivían autosuficientemente: sembrando maíz en sus parcelas y pescando el fruto del mar para venderlo entre los habitantes de la región. Sin ser ricos, la pobreza no llegaba a los grados que hoy día se tienen. Eran dueños del mar y de las parcelas de tierra adentro; aunque fueran comunales, con ellas regían su propio destino.
El complejo turístico es un ejemplo del desarrollo colonizador, desmembrador de los proyectos de vida rurales, excluyente y provocador de una grave pobreza material y cultural. Las comunidades rurales e indígenas no se oponen a la llegada de la modernización a sus vidas, pero es inaceptable que se les excluya y no se les dé la capacitación para integrarse a la vida económica. Se les arrebata su vida y se les hace a un lado porque no cubren las características para ser socios del desarrollo.
• El 23 de mayo de 1984, Fonatur celebró un convenio con la comunidad de Santa María Huatulco, en el que comparecieron los secretarios de la Reforma Agraria, de Turismo y de Desarrollo Urbano y Ecología, el gobernador del estado de Oaxaca y el presidente municipal de Santa María Huatulco, en dicho convenio, Fonatur se obligó en la cláusula primera a transmitir, sin costo para el beneficiario, la propiedad de una superficie de terrenos de aproximadamente 300 hectáreas, dentro de la zona que se conoce como Bajos de Coyula, en proporción a las personas que la propia comunidad lo propusiera:
Las personas que adquirieran la titularidad conforme a lo anterior asumirían el compromiso de destinar las tierras, objeto de ese convenio, en forma preferente al cultivo intensivo de los productos agropecuarios requeridos para el consumo en el desarrollo turístico de las bahías de Huatulco".
• Catorce años después el 24 de julio de 1998, promovido por la Semarnap, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se declara área natural protegida con el carácter de parque nacional a la región conocida como Huatulco, que define una poligonal de 11 mil 890 hectáreas, de las cuáles 6 mil 374 hectáreas son terrestres propiedad de Fonatur, en la zona conocida como Bajos del Arenal, y el resto, 5 mil hectáreas son marinas. Este hecho si bien no evitaba que Fonatur siguiera siendo propietaria de las tierras, si limitaba a que todo lo que se realizara dentro de esa poligonal debería ser conforme a lo establecido en el programa de manejo del parque nacional Huatulco.
Así, se elaboró un levantamiento de croquis a mano alzada, con el fin de contar con un padrón de los afectados; el expediente de estos trabajos fue entregado el día 26 de junio del año 2000, por conducto del licenciado Marcos A. Nazar Sevilla, subprocurador general al doctor Marco Antonio Bezares, director general de Conciliación, Arbitraje y Servicios Parciales.
En noviembre del mismo año, se celebró reunión con el director de Fonatur para buscar alternativas para regularizar la situación de los posesionarios, en donde no se llegó a ninguna resolución.
Al respecto del caso Huatulco, en el oficio Número DGRA/SJ/1568/2005 la Procuraduría Agraria, con fecha 6 de julio de 2005, se considera:
b) "…se comprueba que parte de la superficie afectada no se destinó al fin establecido en el decreto expropiatorio, es decir, no se cumplió la causa de utilidad pública en la totalidad de los terrenos… en términos de su plan municipal de desarrollo".
c) "…de la interpretación integral del artículo 97 de la Ley Agraria (correlativo con el 126 de la Ley Federal de Reforma Agraria aplicable en su momento)…, se considera procedente que el (Fifonafe) ejercite las acciones necesarias para reclamar ante el Tribunal Unitario Agrario competente, la reversión parcial de los bienes comunales expropiados que no fueron destinados al objeto del decreto, para el efecto de que en su caso, dicho tribunal determine la incorporación de las tierras al patrimonio del Fifonafe y en este supuesto, pueda el referido fideicomiso a su vez destinarlas a los actuales ocupantes, en términos de la normatividad aplicable, para regularizar las superficies que detentan los campesinos del poblado Bajos de Coyula.
Esta soberanía debe intervenir para que los campesinos no sean objeto de abusos, se les regularice su propiedad toda vez que ello es un acto de justicia y que es factible según la opinión de la Procuraduría Agraria.
Teniendo en cuenta los elementos anteriormente mencionados se presenta ante esta honorable soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados exhorta a Fifonafe para que inicie el procedimiento regulado en los artículos 90 al 94 del Reglamento en Materia de Ordenamiento de la Propiedad Rural, a efecto de que investigue, se allegue a los medios de prueba necesarios y requiera a Fonatur información actualizada del estado del decreto presidencial expropiatorio de fecha 28 de mayo de 1984 en el municipio Santa María Huatulco, para que con estos elementos se determine si como beneficiario de la expropiación este destinó los bienes a la causa de la utilidad pública resolviendo lo procedente, o que el mencionado fideicomiso ejercite la acción de reversión ante el tribunal agrario competente, pudiendo a su vez destinarlas a los actuales ocupantes, en términos de la normatividad aplicable.
Diputado Carlos Altamirano Toledo (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE CREA UNA COMISIÓN INVESTIGADORA DE PETRÓLEOS MEXICANOS
Y DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD CON RELACIÓN A LOS
PROYECTOS DE INVERSIÓN CON REGISTRO DIFERIDO EN EL GASTO PÚBLICO,
A CARGO DEL DIPUTADO RAMÓN PACHECO LLANES, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PRD
El suscrito, diputado federal Ramón Félix Pacheco Llanes, integrante del Grupo Parlamentario del PRD de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 93, párrafo tercero, de la Ley Fundamental; y 23, numeral 1, inciso f), y 41, numeral 1, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía un punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
La facultad de crear comisiones de investigación se introdujo en 1977, al modificarse el último párrafo del artículo 93 del Código Político de 1917.
Tratándose de los organismos descentralizados y empresas de participación estatal es indispensable encontrar técnicas que permitan vigilar las actividades de esos organismos, y que esta soberanía participe a plenitud en las tareas de supervisión y control que realiza el titular del Poder Ejecutivo respecto a esas corporaciones, y que esta facultad se encuadre también en el marco de equilibrio que se busca entre el Ejecutivo y Legislativo. Éste fue el objeto de la modificación de 1977.
Las comisiones de investigación son órganos legislativos creados por la Cámara de Diputados o la Cámara de Senadores que están dotados de cierta autonomía y poseen facultades específicas, que las distinguen de las demás comisiones ordinarias, para el desempeño de sus funciones. Tienen un carácter temporal, pues una vez cumplido el objeto por el cual fueron creados se disuelven.
Ahora bien, la producción de petróleo es uno de los soportes básicos de la economía nacional, ya que de ella se derivan una gran cantidad de productos. Además, constituye la más importante fuente de ingresos fiscales. Por ello, lo que sucede en este sector tiene un impacto muy considerable en las demás actividades económicas, así como en las finanzas públicas.
Contra lo que mucha gente supone, México puede pasar a ser un importador de petróleo crudo, luego de una paulatina disminución de los volúmenes de exportación, con su consecuente disminución de los ingresos en divisas. Si no se le deja a Pemex un monto creciente de los ingresos que genera, el proceso de disminución de la producción puede acelerarse.
El margen de maniobra para el presente sexenio es muy estrecho. Los montos de recursos ya comprometidos son cuantiosos, por lo que las cuentas alegres que pretenden eliminar en poco tiempo las importaciones de petrolíferos y de gas natural no parecen tener fundamentos objetivos.
La falta de transparencia, tanto de Pemex como del gobierno federal respecto a la irresponsable política en materia petrolera seguida durante los últimos sexenios ha limitado la posibilidad de que la sociedad conozca y evalúe, de manera objetiva, lo que realmente sucede en ese estratégico sector. Las propuestas para la discusión de la ya inaplazable reforma fiscal deben partir no de lo que sería ideal o deseable, sino de realidades, por duras que sean.
Las metas de aumento de la producción de petróleo presentadas por Pemex hace sólo dos años no sólo no se cumplieron, sino que se registra una sostenida disminución en 2005 y 2006. Esta caída parece ser resultado de la combinación de dos factores: la declinación del yacimiento Cantarell que está resultando más acelerada de lo anticipado, a pesar de los cuantiosos recursos invertidos, y que el aumento esperado en la producción de otros yacimientos, como los de Chicontepec, no se ha producido.
Para entender el origen de este problema recordemos que desde la expropiación la renta petrolera fue usada como una palanca del desarrollo. Los mecanismos utilizados fueron básicamente dos: por un lado se proporcionaron combustibles subsidiados, y por otro los recursos captados por el fisco se usaron para educación, salud e inversión pública.
En un inicio, la renta petrolera no era tan cuantiosa debido a la situación entonces existente en el mercado internacional. Como las grandes potencias controlaban a los principales países productores, lograron mantener anormalmente bajos los precios del crudo. Esa situación se empezó a modificar cuando surgió la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), a principios de los años sesenta.
El mantenimiento de esos precios castigados hizo que no fuera rentable para México ampliar la exportación, utilizándose preferentemente el petróleo para el mercado interno. La política de subsidios, que resultó muy exitosa al principio, se fue desgastando hasta ir descapitalizando a Pemex. Entre 1958 y 1973 los precios de los productos petrolíferos no aumentaron y México fue importador neto a partir de 1971.
Ese escenario se modificó abruptamente en 1973, cuando la OPEP decidió cuadruplicar los precios del petróleo. Con ese incentivo, y la disponibilidad de cuantiosos recursos de deuda externa, Pemex empezó de nuevo a invertir en la búsqueda de nuevos yacimientos. Pronto los encontró en la zona sur, a la que siguió la sonda de Campeche, en especial el yacimiento gigante de Cantarell, con lo que se amplió la producción y exportación de crudo.
A partir de la crisis de 1982 la producción se estancó; alcanzó su nivel más bajo en 1986, cuando los precios del crudo se desplomaron. Pero a partir de 1996 se registra un aumento sostenido, tanto en la producción como en la exportación, las cuales empiezan a declinar en 2005 y 2006.
Precisamente tras el estallido de la crisis la economía mexicana sufrió un ajuste de enormes proporciones. La política económica del gobierno se orientó a abrir la economía hacia la competencia externa, induciendo la operación de mecanismos de mercado en todas las actividades. Aunque la inversión en la industria petrolera se redujo drásticamente, la producción se mantuvo debido a la enorme infraestructura construida en años anteriores sobre los enormes yacimientos descubiertos.
La renta petrolera fue utilizada para compensar la caída en los ingresos públicos, con lo que se evitó una reforma fiscal progresiva. Los subsidios a los productos derivados del petróleo se fueron eliminando, con lo que una proporción creciente de los ingresos de Pemex fueron transferidos al gobierno.
Durante el gobierno de Carlos Salinas Pemex fue reorganizada en cuatro grandes subsidiarias: Exploración y Producción; Refinación; Gas y Petroquímica Básica; y Petroquímica. La idea era ir vendiéndolas poco a poco, empezando por la última. La tributación aplicada a Pemex se incrementó de manera exagerada, quitándole no sólo la renta petrolera, sino incluso los recursos indispensables para la inversión. La única salida que se le dejó fue endeudarse para poder seguir operando.
En el sexenio de Ernesto Zedillo se continuó con esa política, pero con un agravante. Además se seguir utilizando a Pemex para compensar la incapacidad del gobierno para incrementar los ingresos fiscales de otras fuentes, el costo del rescate bancario (Fobaproa) impuso una mayor presión a las finanzas públicas. Con la finalidad de mantener esa política de exprimir a Pemex al máximo, en 1997 se crearon los Proyectos de Inversión con Registro Diferido en el Gasto (Pidiregas), consistentes en financiar la inversión con fuentes privadas, y registrando ese endeudamiento de manera "diferida", es decir, maquillando la contabilidad del Pemex y, con ello, la verdadera situación de desastre de las finanzas públicas.
Mediante los Pidiregas se ha ido generando una creciente deuda escondida que está llevando paulatinamente a Pemex a una verdadera situación de quiebra. Durante el periodo de Fox el financiamiento de la inversión de Pemex mediante los Pidiregas casi llegó al límite. Por esa razón se empezaron a crear, como alternativa, los Contratos de Servicios Múltiples (CSM), esquema que no ha prosperado, debido a la inseguridad jurídica en que opera.
Formalmente, las principales características de los Pidiregas son:
Durante su construcción los gastos no impactan las finanzas públicas, siendo registrados únicamente en cuentas de orden.
Una vez construidos los proyectos, se entregan para su operación a Pemex o CFE, y se inicia el pago de las obligaciones con afectación del gasto público.
El flujo de ingresos anual que el proyecto genere por la venta de bienes y servicios debe ser suficiente para cubrir el pago de las obligaciones contraídas.
Hasta el término de los proyectos, las obligaciones contraídas tienen preferencia respecto a nuevos financiamientos para su inclusión en el presupuesto de los años posteriores.
Los Pidiregas tienen un marco normativo para su aprobación, ejecución y seguimiento más estricto que el de los proyectos presupuestarios.
Estos proyectos son aprobados por el Congreso de la Unión, mediante la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos federales.
Con los datos señalados se puede concluir que la situación de la industria petrolera nacional muestra una gravedad sin precedentes.
El momento actual exige una discusión seria y profunda sobre los grandes problemas nacionales, entre los que destaca el petrolero. La trayectoria hacia el agotamiento de la producción de crudo y el cambio hacia una situación de importaciones crecientes por falta de recursos de inversión es una muestra clara de que las finanzas públicas ya no pueden seguir dependiendo fundamentalmente de los ingresos petroleros.
Dado que existen dudas de que la experiencia con la utilización de los Pidiregas haya sido plenamente exitosa, en particular que las obras que se construyeron con este esquema sean capaces de generar los ingresos proyectados para la recuperación de las inversiones; así como sobre el nivel de las tasas con que se comprometieron estos esquemas; y por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración del Pleno, el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión crea una Comisión Investigadora de Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad, con relación a los Proyectos de Inversión con Registro Diferido en el Gasto Público (Pidiregas).
Segundo. El objeto de la comisión de referencia será
b) Confirmar que los proyectos en operación cumplen la condición de generar el flujo de recursos suficientes para cubrir los costos de operación y sus obligaciones financieras.
c) Verificar que las tasas de interés con que se comprometieron las obligaciones financieras están dentro del rango de valores de las prácticas comerciales internacionales.
d) Supervisar que en los bloques concesionados de la Cuenca de Burgos los trabajo licitados con el esquema de contratos de servicios múltiples se desarrollan conforme a las mejores prácticas de la industria petrolera internacional.
Cuarto. La duración de la comisión será por el término de una legislatura.
Quinto. La Junta de Coordinación Política hará una propuesta de integración de la comisión ante la Mesa Directiva, en la que se encuentren representados todos los grupos parlamentarios al seno de la Cámara de Diputados, atendiendo a la pluralidad y con base en el criterio de proporcionalidad.
Diputados: Ramón Félix
Pacheco Llanes, Alejandro Sánchez Camacho, Faustino Soto Ramos,
Aleida Alavez Ruiz, Pablo Trejo Pérez, Maricela Contreras Julián,
David Sánchez Camacho, Efraín Morales Sánchez, Lourdes
Alonso Flores, Érick López Barriga, Adrián Pedrozo
Castillo, Daniel Dehesa Mora, Jorge Mario Lescieur Talavera, Daisy Selene
Hernández Gaytán, Alberto López Rojas, Roberto Mendoza
Flores, Rafael Elías Sánchez Cabrales, Silbestre Alvarez
Ramón, Pedro Landero López, Gloria Rasgado Corsi, Abundio
Peregrino García, Rosa Elia Romero Guzmán, Ricardo Cantú
Garza, Rodolfo Solís Parga, Anuario Luis Herrera Solís, Concepción
Ojeda Hernández, Sonia Nohelia Ibarra Franquez, Holly Matus Toledo,
José Luis Gutiérrez Calzadilla, Miguel Ángel Solares
Chávez, Francisco Márquez Tinoco, Carlos Sánchez Barrios,
Marcos Matías Alonso, César Flores Maldonado, Mario Enrique
del Toro, María Eugenia Jiménez Valenzuela, Elsa de Guadalupe
Conde Rodríguez, Irene Aragón Castillo, Hugo Eduardo Martínez
Padilla, Francisco Martínez Martínez, Juan Dario Arreola
Calderón, Santiago López Becerra, Octavio Martínez
Vargas, Layda Elena Sansores San Román, Félix Castellanos
Hernández, Antonio Ortega Martínez, Antonio Soto Sánchez,
José Jacques y Medina, Martín Ramos Castellanos, Rosario
Ignacia Ortiz Magallón, Miguel Ángel Arellano Pulido, Fausto
Fluvio Mendoza Maldonado, Martín Zepeda Hernández, Claudia
Lilia Cruz Santiago, Raymundo Cárdenas Hernández, Fernel
Arturo Gálvez Rodríguez, Francisco Javier Calzada Vázquez,
Miguel Ángel Navarro Quintero, Silvia Oliva Fragoso, Armando Barreiro
Pérez, Rafael Plácido Ramos Becerril, Víctor Gabriel
Varela López, María Elena Torres Baltazar, Jesús Evodio
Velázquez Aguirre, Daniel Torres García, Jaime Espejel Lazcano,
Raciel Pérez Cruz, Neftalí Garzón Contreras, Víctor
Manuel Lizárraga Peraza, Carlos Orsoe Morales Vázquez, Sergio
Hernández Hernández, Juan Manuel San Martín Hernández,
Modesto Brito González, Celso David Pulido Santiago, Rutilio Cruz
Escandón Cadenas, Higinio Chávez García, Lourdes Alonso
Flores, Pablo Leopoldo Arreola Ortega, Silvano Garay Ulloa, Rafael Elías
Sánchez Cabrales, Javier González Garza, Cuauhtémoc
Sandoval Ramírez, Víctor Aguirre Alcaide, Víctor Manuel
Lizárraga Peraza, Adriana Díaz Contreras, Neftalí
Garzón Contreras, Delio Hernández Valadés, Juan Nicasio
Guerra Ochoa, Mónica Fernández Balboa, José Manuel
del Río Virgen, María del Carmen Salvatori Bronca, José
Alfonso Suárez del Real y Aguilera, Alma Lilia Luna Munguía,
Venancio Luis Sánchez Jiménez, Itzcóatl Tonatiuh Bravo
Padilla, Miguel Ángel Peña Sánchez, Rosa Elva Soriano
Sánchez, José Alfonso Suárez del Real y Aguilera,
Cuitlahuac Condado Escamilla, Armando García Méndez, Jorge
Godoy Cárdenas, Humberto Dávila Esquivel, Guadalupe Socorro
Flores Salazar, María Mercedes Maciel Ortiz, Ana Yurixi Leyva Piñón,
Robinson Uscanga Cruz, Ruth Zavaleta Salgado, Alfonso Rolando Izquierdo
Bustamante, Diego Cobo Terrazas, María Guadalupe Josefina García
Noriega, Olga Patricia Chozas y Chozas, Mónica Arriola, Francisco
Elizondo Garrido, Lorena Martínez Rodríguez, Juan Carlos
Velasco Pérez, Joel Guerrero Juárez, Fernando Enrique Mayans
Canabal, Víctor Ortiz del Carpio, Joaquín Humberto Vela González.
Jesús Humberto Zazueta Aguilar, Susana Monreal Ávila, Alberto
Amaro Corona, Mario Vallejo Estévez, Andrés Lozano Lozano,
Carlos Altamirano Toledo, Victorio Rubén Montalvo Rojas, Gerardo
Villanueva Albarrán, Irineo Mendoza Mendoza, Francisco Javier Santos
Arreola, Emilio Ulloa Pérez, Carlos Roberto Martínez Martínez,
Camerino Eleazar Márquez Madrid, Aurora Cervantes Rodríguez,
Alejandro Martínez Hernández, Rafael Villicaña García,
Víctor Hugo García Rodríguez, Odilón Romero
Gutiérrez, Daniel Torres García, Moisés Félix
Dagdug Lützow, Salvador Ruiz Sánchez, Francisco Sánchez
Ramos (rúbricas).
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE CREA UNA COMISIÓN INVESTIGADORA DEL INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN
AL AHORRO BANCARIO, A CARGO DEL DIPUTADO JUAN GUERRA OCHOA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PRD
Entre los muchos temas de interés nacional dignos de ser estudiados por una comisión de investigación de la Cámara de Diputados, destaca el del rescate bancario iniciado a través del Fondo Bancario para la Protección del Ahorro Bancario, a partir de la crisis económica de 1995.
Como resultado de ese rescate, el gobierno adquirió unos enormes pasivos (deuda) que se han constituido en una pesada carga para el pueblo mexicano. En 1999 se creó el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario, al cual se encomendó concluir los programas de rescate y saneamiento financiero que estaban en curso; la recuperación de los activos heredados del rescate bancario; y la administración de los pasivos que resultaran.
Para junio del año pasado, el costo fiscal del rescate bancario alcanzaba la enorme cifra de un billón 358 mil 20 millones de pesos (15.4 por ciento del producto interno bruto –PIB–). De ese monto, 549 mil 290 millones (6.2 por ciento del PIB) ya habían sido pagados con recursos presupuestales, entre 1995 y 2006, quedando pendientes de pago (deuda pública) los restantes 808 mil 738 millones de pesos (9.2 por ciento del PIB).
El proceso del rescate bancario ha estado plagado de todo tipo irregularidades y posibles ilegalidades, siendo la ausencia de transparencia la norma. La última etapa del citado rescate, la liquidación de los pagarés de capitalización y compra de cartera, apenas concluyó a fines del año pasado, estando actualmente sujeto a revisión por la Auditoría Superior de la Federación.
Por ello, es de suma importancia que la Cámara de diputados investigue todo el proceso del rescate bancario, poniendo énfasis en la etapa final, para aclarar a la sociedad, de una vez por todas, lo realmente sucedido y exigir una auténtica rendición de cuantas a los responsables de ese enorme quebranto en perjuicio del pueblo mexicano.
Por todo lo anterior, con fundamento en lo señalado en el artículo 93 constitucional, propongo la creación de una comisión de investigación del Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (CIIPAB).
Diputados: Juan Nicasio Guerra
Ochoa, Armando Barreiro Pérez, Pablo Trejo Pérez, José
Alfonso Suárez del Real y Aguilera, Rosario Ignacia Ortiz Magallón,
Silvia Oliva Fragoso, Venancio Luis Sánchez Jiménez, Alejandro
Sánchez Camacho, María Elena Torres Baltazar, Víctor
Gabriel Varela López, Miguel Ángel Solares Chávez,
Mónica Fernández Balboa, Maricela Contreras Julián,
José Luis Gutiérrez Calzadilla, Alberto Amaro Corona, Concepción
Ojeda Hernández, Neftalí Garzón Contreras, Adriana
Díaz Contreras, Holly Matus Toledo, Sergio Hernández Hernández,
Miguel Ángel Peña Sánchez, Maribel Luisa Alva Olvera,
Santiago López Becerra, Juan Dario Arreola Calderón, Antonio
Ortega Martínez, Celso David Pulido Santiago, Jaime Espejel Lazcano,
Amador Campos Aburto, Carlos Sánchez Barrios, Francisco Márquez
Tinoco, Miguel Ángel Arellano Pulido, Fausto Fluvio Mendoza Maldonado,
Guadalupe Socorro Flores Salazar, Joaquín Conrado de los Santos
Molina, Juan Dario Lemarroy Martínez, Irene Aragón Castillo,
José Antonio Almazán González, Octavio Martínez
Vargas, Pedro Landero López, Alejandro Martínez Hernández,
Daisy Selene Hernández Gaytán, Valentina Valia Batres Guadarrama,
Higinio Chávez García, Lourdes Alonso Flores, Efraín
Morales Sánchez, Gerardo Villanueva Albarrán, Faustino Soto
Ramos, Rafael Villicaña García, Mario Vallejo Estevez, Víctor
Hugo García Rodríguez, Fernando Enrique Mayans Canabal, Miguel
Ángel Navarro Quintero, Hugo Eduardo Martínez Padilla, David
Mendoza Arellano, José Antonio Almazán González, Carlos
Ernesto Navarro López, Irineo Mendoza Mendoza, Daniel Torres García,
Othón Cuevas Córdova, Isidro Pedraza Chávez, Carlos
Sánchez Barrios, José Antonio Saavedra Coronel, Ana Yurixi
Leyva Piñón, Carlos Altamirano Toledo, Carlos Orsoe Morales
Vázquez, María Soledad López Torres, Juan Adolfo Orcí
Martínez, Rafael Franco Melgarejo, Neftalí Garzón
Contreras, Roberto Mendoza Flores, Pedro Landero López, Silbestre
Alvarez Ramón, Juan Hugo de la Rosa García, Benjamín
Hernández Silva, Juan Darío Camacho V., Gloria Rasgado Corsi,
Carlos Roberto Martínez Martínez, María Eugenia Jiménez
Valenzuela, David Sánchez Camacho, Layda Elena Sansores San Román,
Elías Cárdenas Márquez, Robinson Uscanga Cruz, Juan
Abad De Jesús, Ramón Valdés Chávez, José
Manuel Del Río Virgen, Martha Angélica Tagle Martínez,
Alberto Esteva Salinas, Patricia Obdulia de Jesús Castillo Romero,
Juan Ignacio Samperio Montaño, Abundio Peregrino García,
Rodolfo Solís Parga, Anuario Luis Herrera Solís, Emilio Ulloa
Pérez, Amador Campos Aburto, Érick López Barriga,
Ramón Almonte Borja, Modesto Brito González, Víctor
Aguirre Alcaide, Ma. Mercedes Maciel Ortiz, Pablo Leopoldo Arreola Ortega,
Gustavo Pedro Cortés Santiago, Delio Hernández Valadés,
Silvano Garay Ulloa, Rosa Elia Romero Guzmán, Rubén Aguilar
Jiménez, Joaquín Humberto Vela González, Jaime Cervantes
Rivera, Ricardo Cantú Garza, Cuauhtémoc Sandoval Ramírez,
Alliet Mariana Bautista Bravo, Sonia Noelia Ibarra Franquez, Itzcóatl
Tonatiuh Bravo Padilla, Rafael Elías Sánchez Cabrales, Javier
Hernández M., Martín Ramos Castellanos, Francisco Sánchez
Ramos, Martín Zepeda Hernández, Raymundo Cárdenas
Hernández, Jesús Cuauhtémoc Velasco Oliva, José
Luis Aguilera Rico, José Luis Varela Lagunas, Tomás Daniel
Dehesa Mora, Claudia Lilia Cruz Santiago, Antonio Soto Sánchez,
Jesús Humberto Zazueta Aguilar, Susana Monreal Ávila, Moisés
Félix Dagdug Lützow, Victorio Rubén Montalvo Rojas,
Cuitláhuac Condado Escamilla, Odilón Romero Gutiérrez,
Marcos Matías Alonso, Adrián Pedrozo Castillo, Alberto López
Rojas, Rosa Elva Soriano Sánchez, Ramón Félix Pacheco
Llanes, Víctor Hugo García Rodríguez, Aurora Cervantes
Rodríguez, Mario Enrique del Toro, Francisco Javier Santos Arreola,
Aleida Alavez Ruiz, Salvador Ruiz Sánchez, José Jacques y
Medina, Francisco Martínez Martínez, Rutilio Cruz Escandón
Cadenas, Fernel Arturo Gálvez Rodríguez, Raciel Pérez
Cruz, Rafael Plácido Ramos Becerril, Camerino Eleazar Márquez
Madrid, Javier González Garza, Ruth Zavaleta Salgado, Francisco
Javier Calzada Vázquez, Humberto Wifredo Alonso Razo, Raúl
Ríos Gamboa (rúbricas).
El suscrito, diputado federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LX Legislatura del Congreso de la Unión, propone a esta Presidencia que formule excitativa al Senado de la República, a la Comisión de Puntos Constitucionales, de conformidad con el artículo 45, apartado 6, inciso f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a efecto de que se dictamine la iniciativa que en fecha 24 de enero de 2007 presentó el Poder Ejecutivo federal ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.
Antecedentes
I. En sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión de fecha 24 de enero de 2007 se presentó por parte del Poder Ejecutivo federal una iniciativa que reforma los artículos 73, fracción I, y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
II. La iniciativa en comento fue turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales del Senado para su dictamen, que a la fecha no ha sido presentado por lo que ahora presentamos ante esta soberanía y expresamos las siguientes
Consideraciones
Primera. México está cambiado, nuestro país demanda rendición de cuentas, transparencia, acabar con las prácticas del pasado penosamente reciente, en donde era común que los funcionarios públicos amasaran grandes fortunas a costa del erario público.
Segunda. El Congreso de la Unión ha asumido su responsabilidad al establecer mecanismos para que los ciudadanos conozcan, de manera certera, clara y oportuna, información sobre la gestión gubernamental, así es como fue aprobada por esta soberanía el 11 de junio de 2002 La Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.
Tercera. Estamos ciertos de que sólo con transparencia en el ejercicio del poder público, en la rendición de cuentas, podremos erradicar la corrupción de todos los malos funcionarios que no ven en la labor que desempeñamos una forma de servir al pueblo, sino únicamente una forma para enriquecerse aún de manera indebida.
Cuarta. Por ende, es de suma importancia que se establezca en la Constitución la demanda de los mexicanos de tener funcionarios responsables, eficientes con remuneraciones adecuadas y dignas, dentro de las posibilidades presupuestarias del gobierno, es por tanto necesario establecer las bases para fijar las remuneraciones de los servidores públicos de cada uno de los poderes constitucionales, órganos constitucionales, órganos constitucionales autónomos y de cualquier otro órgano o entidad de carácter público, en los ámbitos federal, estatal, municipal y del Distrito Federal.
Quinta. Luego entonces, y dada la importancia social de la iniciativa presentada por el Ejecutivo federal que hace efectivo un imperativo ciudadano para que los servidores públicos dispongan de una remuneración adecuada y suficiente que les permita cubrir sus propias necesidades y las de sus familias. Pero al mismo tiempo reconociendo que la función pública debe estar orientada por un principio de vocación de servicio hacia la nación y, por ello, las remuneraciones por el trabajo desempeñado deben mantenerse ajenas a todo exceso, se debe dictaminar a la brevedad la iniciativa en comento.
Sexta. Por lo expuesto y habiéndose cumplido con exceso el plazo que establece el artículo 87 del Reglamento para el Gobierno interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a usted, ciudadano Presidente de la Mesa Directiva, atentamente solicito:
Único. En los términos del artículo 21, fracción XVI, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, excite y envíe el presente documento al Senado para que a la brevedad conmine a la Comisión de Puntos Constitucionales a formular el dictamen correspondiente a la iniciativa señalada.
Diputados: Mario Salazar Madera (rúbrica),
Carlos Torres Torres (rúbrica), Salvador Arredondo Ibarra, Francisco
Javier Paredes Rodríguez (rúbrica).
A LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA, A SOLICITUD DEL DIPUTADO PABLO TREJO PÉREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
El suscrito, diputado federal a la LX Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 21, fracción XVI, y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicita de esta Presidencia que tenga a bien formular segunda excitativa a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública y la emplace para día determinado dentro del presente periodo de sesiones a que presente el dictamen de las Cuentas Públicas de los años 2002, 2003 y 2004, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Primera. De conformidad con el sexto párrafo de la fracción IV del artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Cuenta Pública de la Hacienda Federal del año anterior deberá ser presentada en tiempo y forma por el Ejecutivo federal a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión dentro de los 10 primeros días de junio, con base en lo anterior las Cuentas Públicas de los años 2002, 2003 y 2004 fueron entregadas en el 2003, 2004 y 2005, respectivamente.
Segunda. La Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, con fundamento en los artículos 39, numerales 1 y 3, y 45, numerales 5 y 6, inciso f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como 80 y 81 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, recibió para su estudio, análisis y dictamen la Cuenta de la Hacienda Pública Federal correspondiente a los ejercicios fiscales 2002, 2003 y 2004.
Tercera. La Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, con base en las consideraciones que anteceden a la presente, tiene la obligación de dictaminar las Cuentas de la Hacienda Pública de los ejercicios 2002, 2003 y 2004 con arreglo al marco jurídico vigente siendo éste la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, sujetándose también al Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública.
Cuarta. En la sesión ordinaria del 10 de octubre del año próximo pasado, el Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados excitó, por solicitud del suscrito, a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para que dictaminará las Cuentas Públicas 2002, 2003 y 2004 por haber transcurrido en exceso el término de cinco días que tienen las Comisiones para que dictaminen los asuntos que se les turnan, de conformidad con el artículo 87 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso.
Quinto. Que toda vez que la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública no ha cumplido la labor que constitucional y legalmente tiene encomendada, y que haciendo caso omiso de la primera excitativa que le formuló la Presidencia de esta Cámara de Diputados; hoy acudo nuevamente ante esta honorable asamblea invocando el artículo 21, fracción XVI, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para que la Presidencia de la Mesa Directiva excite a la comisión antes mencionada a efecto de que dictamine las Cuentas Públicas 2002, 2003 y 2004.
Por lo expuesto y fundado, a usted, Presidente de la Cámara de Diputados de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, muy atentamente solicito
Único. En los términos de los antecedentes y consideraciones expuestos, así como de conformidad con los preceptos legales invocados, se sirva excitar e instruir día para que la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados presente en este periodo de sesiones los dictámenes de las Cuentas Públicas de los años 2002, 2003 y 2004.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a los ocho días del mes de marzo de 2007.
Diputado Pablo Trejo Pérez (rúbrica)
A LA COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES, A SOLICITUD DEL DIPUTADO CRUZ PÉREZ CUÉLLAR, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 21, fracción XVI, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el suscrito, en su carácter de diputado federal, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, se permite presentar excitativa a la Comisión de Puntos Constitucionales de la honorable Cámara de Diputados, en virtud de lo siguiente:
El veintidós de septiembre de 2005, el diputado federal Ramón Galindo Noriega presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La iniciativa en comento propone ampliar el alcance de la medida de seguridad prevista por las leyes penales relativa a la vigilancia de la autoridad, a efecto de que ésta pueda ser aplicable no solamente en la ejecución de la pena, sino también en la etapa posterior, es decir, en la referida etapa pospenitenciaria, que se presenta una vez que el sentenciado haya compurgado la pena correspondiente por la comisión de un ilícito.
Bajo el entendido de que dicha medida operaría sólo en caso de que las personas sobre las cuales se aplicaría hubieran cometido un delito grave o se tratara de un delincuente reincidente o habitual en los términos previstos por las disposiciones penales correspondientes, ya que este sector dadas sus características peculiares, constituye el más proclive a reincidir en la comisión del ilícito.
En razón de ello, y tomando en consideración que una de las asignaturas pendientes por parte del Estado en materia de seguridad lo constituye la estructuración e implantación de acciones enfocadas en la orientación y seguimiento de las personas que han compurgado sus respectivas sanciones por virtud de la comisión de un delito, es decir, el mencionado seguimiento pospenitenciario, el cual representa la última fase del sistema de seguridad pública y justicia, y que constituye un eslabón que permitirá enlazar debidamente la etapa posterior a la ejecución de la sentencia, con la etapa relativa a la prevención del delito, y que lograría que el sujeto sentenciado una vez compurgada la pena de prisión pudiera ser supervisado por la autoridad, como una medida de seguridad, a efecto de que dicha autoridad tengan conocimiento del grado de rehabilitación e integración social que tenga el sentenciado, así como de su desarrollo, evitando lo que en la mayoría de los casos sucede, su reincidencia, pues gran parte de las personas sujetas a pena de prisión vuelven a delinquir.
A mayor abundamiento, el doctrinario René González de la Vega al realizar un profundo estudio denominado Políticas Públicas en Materia de Criminalidad. Teoría de los escenarios 2000-2030, afirma con base en estadísticas que dentro de los dos primeros años de libertad los expresos vuelven a delinquir en un 80 por ciento, lo que hace que nuevamente dichos sujetos se encuentren situados en un sistema penal, que lejos de propiciar una debida reinserción social, y por ende reducir las posibilidades de reincidencia delictiva, se propicia ante la falta de políticas públicas y medidas de orientación, y en su caso de vigilancia por parte del Estado, que este sujeto sea susceptible de integrarse en las filas de la delincuencia.
Por lo anterior brevemente expuesto y fundado y por coincidir plenamente con los razonamientos y propuesta planteada por el hoy senador Ramón Galindo Noriega, me permito solicitar a usted señor Presidente, tenga a bien, hacer la excitativa solicitada, para que sea dictaminada.
Diputado Cruz Pérez Cuellar (rúbrica)