Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 30 y 35 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y los artículos 5, 22, 24, 44 y 56 del Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en materia de Evaluación del Impacto Ambiental, el suscrito, diputado federal Antonio Xavier López Adame, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, somete a la consideración de esta honorable Cámara de Diputados la siguiente proposición con punto de acuerdo.
Exposición de Motivos
El 30 de diciembre de 1993, mediante decreto presidencial, se determinó la creación de la reserva de la biosfera Chamela-Cuixmala, para proteger una extensión de 13 mil 142 hectáreas compuestas por selva baja caducifolia y siete tipos de vegetación más, entre ellos manglar.
Chamela-Cuixmala es la reserva con mayor número de vertebrados endémicos en México, con 96 especies. Es hogar de alrededor de mil 149 especies de flora, muchas de ellas endémicas también. La fauna incluye aproximadamente 431 especies de vertebrados y miles de especies de invertebrados.
La reserva, ubicada al suroeste del estado de Jalisco, cuenta con varias especies en peligro de extinción; ha sido reconocida como un Humedal de importancia internacional conforme a la Convención de Ramsar; y ha sido incorporada en el Programa del Hombre y la Biosfera de la UNESCO, entre otras cosas.
Esta región ha sido decretada área natural protegida; es además una de las zonas más protegidas de todo el mundo, característica con la cual pocos sitios en el planeta han podido contar. La importancia de la reserva está dada por su inmensa heterogeneidad biológica, que ayudan a la regulación del clima, protegen contra la erosión y regulan la calidad del agua.
Sin embargo, desde que se creó la reserva de la biosfera Chamela-Cuixmala y dada la riqueza ambiental con que cuenta, ésta ha generado el interés de grandes empresarios del ramo turístico que, bajo esquemas de aparente legalidad y de corrupción a funcionarios públicos, han pretendido desarrollar proyectos turísticos de grandes dimensiones que ponen en riesgo la flora y la fauna de la región. En cinco ocasiones la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) ha rechazado estos proyectos. Sin embargo, en los últimos días del gobierno de Vicente Fox se dieron autorizaciones al vapor de dos megadesarrollos turísticos denominados Tambora y proyecto IEL La Huerta. Dichos permisos fueron otorgados por el director general de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA) de la Semarnat, el biólogo Ricardo Juárez Palacios.
El proyecto Tambora (con clave de autorización 14JA2006T0011) amenaza esta área natural protegida por el noroeste; mientras que el proyecto La Huerta (con clave de autorización 14JA2006T0018) colinda al suroeste con la Reserva. Ambas autorizaciones se otorgaron el 22 de noviembre de 2006, a escasos días de la conclusión de la administración de Vicente Fox.
Estos permisos fueron rechazados previamente, por la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), la cual consideraba que representaban "un importante riesgo de impacto negativo" hacia las zonas ecológicas. Incluso, el proyecto La Huerta fue presentado previamente con el nombre Marina Careyes y fue rechazado. Además, el Instituto de Ecología de la UNAM y la Fundación Ecológica de Cuixmala, instituciones encargadas de la administración de la reserva formaron un grupo de expertos y analizaron las manifestaciones de impacto ambiental que presentaron los promotores de cada uno de los proyectos y alertaron a la Semarnat para que no diera las autorizaciones correspondientes, debido a que las manifestaciones de ambos proyectos no cumplían con los requisitos que exige la legislación para que se pueda autorizar una manifestación de impacto ambiental, como determina el artículo 30 de la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA). Esto es, no se logró identificar los impactos que pueden causar al ecosistema los proyectos Tambora y La Huerta; ni mucho menos contaban los documentos tanto con las medidas preventivas, como de mitigación, ni las demás necesarias ante los posibles daños ambientales que los proyectos generarían.
A pesar de lo anterior, el director general de Impacto y Riesgo Ambiental dio las autorizaciones, presuntamente de manera ilegal, pues no cumplen con ninguno de los requisitos legales exigidos. Incluso, se presume que manipuló y antedató la documentación para hacer parecer que había autorizado los proyectos antes de recibir las opiniones técnico-jurídicas del propio Instituto de Ecología de la UNAM y del grupo de expertos.
Es importante aclarar que el Partido Verde Ecologista de México no se opone al desarrollo turístico de la zona, ni a la creación de otros centros de desarrollo económico y turístico en general, siempre y cuando, dichos desarrollos no atenten con el equilibrio ecológico del país. Consideramos que es posible lograr un desarrollo económico en armonía con la conservación del medio ambiente. Existen muchos ejemplos de ello. Sin embargo, la ubicación de los proyectos expuestos colinda con la reserva de la biosfera Chamela-Cuixmala y con otras dos zonas de gran relevancia ecológica para el país: el santuario tortuguero en playa Teopa y el santuario de las Islas de la Bahía de Chamela. Los desarrollos turísticos en las condiciones en las que se presentan a través de los proyectos Tambora y La Huerta amenazan la conservación del ecosistema, ya que, según el grupo de expertos encargados de la zona, desencadenarán indudablemente impactos adversos múltiples y simultáneos, directos e indirectos y ciertamente peligrosos impactos acumulativos, entre los que se encuentran: la afectación de la calidad del agua, la alteración del hábitat debido a la gran cantidad de especies endémicas y en peligro de extinción de la zona, la modificación de la calidad del aire, pérdida de vegetación y fauna, entre otros.
Conscientes de esta situación y de que la conservación de los ecosistemas mexicanos es una necesidad imperiosa para asegurar nuestra propia supervivencia, el Partido Verde Ecologista de México, somete a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Primero. Se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a suspender y, en su caso, revocar, medio de la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental, la vigencia de las autorizaciones de impacto ambiental de los proyectos de desarrollo turístico otorgados el 22 de noviembre de 2006 con el nombre Tambora, con clave de autorización 14JA2006T0011, y proyecto IEL La Huerta, con clave de autorización 14JA2006T0018, por encontrar múltiples irregularidades en el procedimiento de otorgamiento de dichas autorizaciones.
Segundo. Se exhorta a la Secretaría de la Función Publica para que a través del Órgano de Interno de Control de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales verifique si las autorizaciones de impacto ambiental de los proyectos de desarrollo turístico otorgados el 22 de noviembre de 2006 con el nombre Tambora, con clave de autorización 14JA2006T0011 y proyecto IEL La Huerta, con clave de autorización 14JA2006T0018, se otorgaron respetando la normatividad aplicable.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, al primer día del mes de marzo de 2007.
Diputado Antonio Xavier López Adame (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA A LOS TITULARES DEL EJECUTIVO FEDERAL Y DE LA CONAGUA A CONDUCIRSE
DE ACUERDO CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE EN MATERIA DE INCENTIVOS PARA LA
REGULARIZACIÓN DE LA EXPLOTACIÓN Y DEL USO O APROVECHAMIENTO
DE AGUAS NACIONALES, A CARGO DEL DIPUTADO CÉSAR HORACIO DUARTE JÁQUEZ,
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
El suscrito, diputado federal César Duarte Jáquez del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional ante la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite someter a la alta consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
En 1995 el entonces Presidente de la República expidió un decreto por medio del cual se otorgaban facilidades administrativas y se condonaban contribuciones a los usuarios de aguas nacionales y sus bienes públicos inherentes con actividades de carácter agrícola, silvícola, pecuario, acuícola, industrial, comercial y de servicios. En este decreto se incluyeron también las condonaciones de contribuciones al Distrito Federal, estados y municipios.
El decreto planteaba que la regularización de los usuarios de aguas nacionales y sus bienes públicos inherentes proporcionaría seguridad jurídica a los usuarios, promoviendo el desarrollo social, otorgando mayores facilidades a los grupos más desprotegidos e impulsando el crecimiento económico, con el cuidado del ambiente y sentando las bases para el aprovechamiento sustentable del agua.
A lo largo del sexenio anterior, el Ejecutivo federal expidió tres decretos de condonación de adeudos (2001, 2002 y 2004) a municipios, entidades federativas, Distrito Federal, organismos operadores o comisiones estatales, o cualquier otro tipo de organismo u órgano responsable de la prestación del servicio de agua potable, alcantarillado, y tratamiento de aguas.
Uno de los principales argumentos para la expedición de estos decretos se refiere a los esquemas de incentivos establecidos en la Ley Federal de Derechos, que permitía a los contribuyentes la suspensión y eventual exención del pago de estos derechos, misma que se condicionaba a la presentación y cumplimiento de un programa de acciones diversas, que en caso de no ser cumplidas, implicaban el pago de la totalidad de los derechos generados. En este sentido, el decreto reconoce que el mencionado programa de acciones no fue cumplido por la falta de recursos financieros para llevar a cabo las obras, por lo que establece la condonación de los créditos fiscales generados por los adeudos del pago en el derecho de uso, aprovechamiento y explotación de aguas nacionales.
Estos tres decretos reconocen la graves dificultades a las que se enfrentan los entidades y organismos públicos para hacer frente a lo establecido en cuanto a pago de derechos por imposibilidades técnicas, financieras, sociales e incluso políticas, además de establecer los mecanismos para homologar lo establecido en la normatividad, los instrumentos formales, y lo determinado en la práctica, los instrumentos no formales.
Para los especialistas las políticas y prácticas centradas exclusivamente en medios técnicos y formales no sólo no satisfacen objetivos de desarrollo, sino que, además, afectan negativamente a una gran proporción tanto de hogares como de productores de las áreas metropolitanas al no reconocer los medios no formales.
En este contexto, la Comisión Nacional del Agua, a través de la Campaña Nacional de Títulos de Concesión, realiza la regularización de títulos de concesión sustentada en un marco jurídico que deja a los particulares en una situación de indefensión jurídica ante sus actuaciones, especialmente en el caso de aquellos ciudadanos que menos acceso a la justicia administrativa tienen por tener menores ingresos: nos referimos fundamentalmente a los trabajadores directos del campo mexicano, los campesinos, quienes tienen que lidiar en condiciones de absoluta iniquidad con un aparato burocrático del Estado que los hostiga, escudándose en una normatividad injusta y obsoleta.
La realidad nos indica que el aprovechamiento de un alto porcentaje de nuestros recursos hídricos es irregular. No porque los particulares, especialmente los campesinos, busquen estar en la ilegalidad, sino porque se enfrentan tanto a una regulación deficiente que privilegia a la autoridad, generándoles altísimos costos legales y extralegales.
En este sentido, resulta paradójico observar que dada la regulación vigente, nadie encuentra el incentivo adecuado para regularizar su situación administrativa en términos de las explotaciones de los recursos hídricos del país, ya que de hacerlo serían parte de una minoría de beneficiarios que procura conservar en regla sus permisos y títulos de explotación, pero que se encuentra sometida a una regulación deficiente y que sin duda tiene que ser equiparada con la realidad existente en México.
¿Para qué entrar a la legalidad, cuándo la norma es deficiente y más deficiente su aplicación por parte del Ejecutivo federal?
¿Para qué regularizar un aprovechamiento cuándo la Conagua desconoce las realidades a flor de piel de aquellos que cultivan la tierra, expropiando propiedades que representan los patrimonios únicos de familias enteras, negándoseles la oportunidad de cumplir con lo omitido, suspendiendo, extinguiendo o revocando el título de la explotación de aquello que se ha constituido como su principal medio de creación de riqueza? El agua.
¿Para qué buscar un permiso o un título de concesión, cuándo es práctica regular que la Conagua proceda a la inmediata imposición de una sanción económica excesiva o bien a la clausura del área de explotación, cuando no se han pagado los derechos a tiempo y en forma porque la cosecha no rindió los frutos esperados?
¿Para qué entrar a un juego cuyas reglas son demasiado onerosas, y los beneficios de seguirlas tan bajos?
Para concluir: si bien lo necesario y deseable es que vayamos avanzando como cuerpo legislativo en la reforma de la regulación en materia de aguas nacionales, no es menos imperioso que exhortemos a titular del Poder Ejecutivo federal, así como al titular de la Comisión Nacional del Agua a que, reconociendo la abrumadora realidad sobre la falta de regularización, apliquen las normas en favor de los concesionarios de buena fe, creando los incentivos necesarios para uniformar las explotaciones de los recursos hídricos del país.
Por lo anterior, someto a consideración de esta honorable Cámara de Diputados el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta al titular del Ejecutivo federal y al titular de la Comisión Nacional del Agua a crear los incentivos necesarios para la regularización de la explotación, uso y aprovechamiento de las aguas nacionales, en el marco de la ley, a favor de los permisionarios o concesionarios de buena fe, que por diversas razones se han visto imposibilitados de acceder a este trámite.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 1 de marzo de 2007.
Diputado César Duarte Jáquez (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA QUE
SE INTEGRE UNA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN DE LOS ORGANISMOS
DESCENTRALIZADOS Y DE LAS EMPRESAS DE PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA
SOBRE EL ORIGEN, EL COBRO, EL DESTINO Y LAS REPERCUSIONES QUE TIENE EN
SUS FINANZAS EL PAGO DEL DERECHO DE TRÁMITE ADUANERO, SUSCRITA POR
LOS DIPUTADOS PABLO TREJO PÉREZ Y JUAN GUERRA OCHOA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PRD
Los suscritos, Pablo Trejo Pérez y Juan Guerra Ochoa, diputados a la LX Legislatura, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración del Pleno de la Cámara de Diputados la siguiente proposición con punto de acuerdo de obvia resolución, para la integración de una Comisión de Investigación de los organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria en cuanto al origen, cobro, destino e impacto que tienen en sus finanzas el pago del derecho de trámite aduanero.
Consideraciones
1. De conformidad con el tercer párrafo del artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Pleno de las Cámara de Diputados, a petición de una cuarta parte de sus integrantes, está facultado para integrar comisiones para investigar el funcionamiento de organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria.
2. El artículo 41 de la Ley Orgánica prevé que las comisiones de investigación se constituyen con carácter transitorio para el ejercicio de la facultad a la que se refiere el párrafo tercero del artículo 93 constitucional antes citado.
3. En sesión del Pleno de la Cámara de Diputados, celebrada el 19 de septiembre de 2006, el Presidente de la Mesa Directiva dio cuenta de la recepción y, en consecuencia, dictó turno a la Junta de Coordinación Política, de la proposición con punto de acuerdo para crear una Comisión de Investigación de los organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria en cuanto al origen, cobro, destino e impacto que tiene en sus finanzas el pago de derecho de trámite aduanero con relación a sus operaciones de exportación e importación, a cargo del diputado Pablo Trejo Pérez.
4. La propuesta de creación de la Comisión de Investigación, señalada en el considerando anterior, objeto del presente acuerdo, se encuentra respaldada por 133 firmas de diputadas y diputados, por lo que satisface el requisito constitucional de procedencia.
5. El artículo 34, párrafo 1 inciso c) de la Ley Orgánica del Congreso General establece la facultad de la Junta de Coordinación Política para proponer al Pleno la integración de comisiones. Sin embargo, han transcurrido más de 5 meses sin que este órgano haya presentado la propuesta de acuerdo para la integración de la citada comisión, lesionado los derechos de minoría establecidos en el tercer párrafo del artículo 93 Constitucional. Esta omisión de la Junta de Coordinación Política debe ser subsanada por el Pleno de la Cámara de Diputados y permitir, así, que ésta cumpla con sus atribuciones constitucionales de control sobre el Poder Ejecutivo que el Constituyente Permanente lo otorgó con la reforma de 1977 a la Constitución Política.
Con base en lo anteriormente expuesto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 42, párrafo 1 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, se propone al Pleno de la Cámara de Diputados el siguiente
Acuerdo
Primero. Se crea la Comisión de Investigación de los organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria en cuanto al origen, cobro, destino e impacto que tiene en sus finanzas el pago de derecho de trámite aduanero con relación a sus operaciones de exportación e importación.
Segundo. La Comisión de Investigación estará integrada por 16 miembros nombrados por los coordinadores de los grupos parlamentarios constituidos en la Cámara de Diputados, de conformidad con la siguiente proporción:
1 del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista
de México;
1 del Grupo Parlamentario de Convergencia.
1 del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo,
1 del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, y
1 del Grupo Parlamentario de Alternativa
Cuarto. La Comisión de Investigación estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2007.
Quinto. La Comisión de Investigación deberá presentar a la Junta de Coordinación Política, dentro de los 30 días naturales siguientes a la conclusión del plazo previsto en el resolutivo que antecede, un informe en el que se sinteticen las actividades desarrolladas y los resultados obtenidos.
La Junta de Coordinación Política adoptará las medidas necesarias a efecto de hacer del conocimiento del Ejecutivo federal los resultados de la investigación desarrollada por la comisión a la que se refiere el presente acuerdo.
Sexto. La Comisión de Investigación contará con los recursos humanos, materiales y financieros que determine la Junta de Coordinación Política.
Séptimo. Publíquese en la Gaceta Parlamentaria.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 1 de marzo de 2007.
Diputados: Pablo Trejo Pérez, Juan Guerra
Ochoa (rúbrica).
CON PUNTO DE ACUERDO, RELATIVO
A LOS SUBSIDIOS AL GAS NATURAL, A CARGO DEL DIPUTADO JOSÉ ROSAS
AISPURO TORRES, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
El suscrito, José Rosas Aispuro Torres, diputado de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito presentar ante esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo para exhortar al Ejecutivo federal a que, en uso de sus atribuciones constitucionales, disponga el otorgamiento de un subsidio al gas natural y al gas licuado de petróleo (LP) para uso doméstico de acuerdo con los siguientes
Antecedentes
Desde 2001 la volatilidad en el precio de los energéticos ha ocasionado que el mecanismo de precios del gas en México se modifique periódicamente para contener el incremento derivado del precio para los usuarios finales.
El precio máximo del gas LP se determina con un cálculo mensual del precio para el usuario final, el cual para el 2006 fue de un máximo de 0.3273 por ciento mensual respecto al nivel alcanzado el mes anterior a fin de mantenerse dentro del límite de inflación esperado, ello con el fin de que la volatilidad en el precio del energético se pudiera regular a favor de los consumidores.
Sin embargo, de acuerdo con las variaciones del último año, la variación promedio ha sido de 0.3313 por ciento, índice superior a lo estimado, por lo cual, no obstante los esfuerzos del gobierno federal para mantener controlados los precios de este bien de consumo básico, el esfuerzo no ha sido suficiente para detener el aumento en el precio de este energético.
La siguiente tabla muestra, como a pesar de mantener los precios regulados, el precio del gas LP se incrementa año con año.
Ahora bien, el problema fundamental en torno a la fijación del precio del gas natural y LP, tiene que ver con la forma en que se ha relacionado el mercado interno con el mercado internacional. Esta forma de relación resulta nociva tanto para los consumidores como para la industria nacional, ya que para la fijación del precio se consideran los costos de oportunidad y condiciones de competitividad del gas respecto al mercado internacional y al lugar donde se realice la venta.
En la práctica, la fórmula empleada para la determinación del precio otorga un peso excesivo al valor del gas en el mercado texano. Obviamente no se trata de una mera operación aritmética, sino que refleja el propósito de atraer capitales extranjeros que aprovechan en nuestro país la apertura al sector privado del almacenamiento, transporte y distribución de gas, obteniendo en el mercado interno ganancias similares a las obtenidas a nivel internacional.
En los últimos años, el precio del gas LP para uso doméstico ha tenido como consecuencia que los precios de este vital producto se disparen. Sólo en el año 2005, el precio del gas LP tuvo un incremento de 12.67 por ciento y en el 2006 de 3 por ciento, y ello ha tenido consecuencias muy graves para las familias con escasos recursos.
Por otra parte, respecto al precio del gas LP para uso doméstico, no ha creado una amplia oferta y tampoco hay evidencias de que exista una competencia real entre los diversos distribuidores. Si bien es cierto que existen cientos de empresas registradas como distribuidoras, la verdad es que unos cuantos grupos han monopolizado regionalmente el mercado. Quien se niega a seguir sus reglas no puede participar y ello ha derivado en que los precios suban y la calidad del servicio se deteriore.
De esta forma resulta evidente que un reducido grupo de grandes consorcios dominan la distribución del gas LP, y que estos poderosos grupos han condicionado la oferta de tal manera que el precio del gas, al liberarse ha subido y no ha existido ningún beneficio para los consumidores. Tampoco es visible que las condiciones de distribución hayan mejorado.
A mayor abundamiento, el abasto suficiente y continuo de este combustible sólo se ha logrado para las zonas urbanas con alto equipamiento, ya que las zonas marginadas, en las cuales vive un gran porcentaje de la población más pobre, sobre todo la de bajos ingresos, está a merced de una distribución que depende de la voluntad de las compañías que además de imponer precios, imponen también condiciones. Es común la venta de cilindros con menos peso de lo estipulado y que a las zonas marginadas se les impongan precios mayores.
El precio del gas LP, por otra parte, ha tenido un alza de tal magnitud que muchas familias no lo pueden soportar. Si bien los incrementos pueden ser absorbidos por los segmentos de altos ingresos, que son un sector minoritario de la población del país; lo cierto es que para la mayoría el incremento continuo del precio limita aún más su de por sí ya reducido consumo.
Cifras recientes dadas a conocer por el INEGI señalan
que los hogares que se encuentran del primero al quinto decil, es decir,
los sectores más pobres del país tienen un ingreso promedio
de apenas 876.3 pesos, 2 mil 707.3 pesos, 4 mil 522.8 y 6 mil 096.3 pesos
mensuales, respectivamente, y el monto promedio mensual destinado a la
compra de gas en éstas familias es de 128.2, 235.3, 290.4, 355.1
y 375.8 pesos, respectivamente (más de la cuarta parte de su gasto
total mensual).
Un ejemplo basta para observar la dramática situación por la que atraviesan muchas familias. Con un salario mínimo de alrededor de 48.67 pesos diarios para la zona A, los consumidores con este ingreso deben pagar de entre 8 a 10 pesos el kilo de gas. Según datos de la Procuraduría Federal del Consumidor, una familia de cuatro miembros consume en promedio 45 kilos al mes, es decir, entre 360 y 450 pesos, lo que significa un impacto negativo para los consumidores que sólo perciben uno o hasta cuatro salarios mínimos.
Por su parte, el consumo de gas natural en México es en promedio de 5300 millones de pies cúbicos por día, si bien sólo un 6 por ciento de este volumen se destina al consumo doméstico, representado por más de 1 millón de familias que están utilizando gas natural en ciudades como Monterrey, Nuevo Laredo, Saltillo, Toluca, Distrito Federal, Aguascalientes, San Luis Potosí y León, entre otras.
Al igual que con el gas LP, la política de precios del gas natural reconoce el precio del producto en su mercado internacional relevante como un indicador adecuado de su costo de oportunidades.
Por otro lado, en atención al artículo 18 de la ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria en el sentido de que a toda propuesta de gasto debe agregarse la correspondiente fuente de ingreso, se señala que esta fuente sería el Fondo de Estabilización de los Ingresos Petroleros (FEIP), cuyo saldo asciende a 34 mil 645 millones de pesos de acuerdo con e0 informe del cuarto trimestre de 2006 sobre la situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública.
El Estado mexicano tiene la obligación de intervenir para que la vida económica de la nación tenga un sentido social. Es obligación del Estado participar en la vida productiva y, sobre todo, evitar que el interés de unos pocos, amparado en cualquier planteamiento técnico de libertad de comercio, devenga en abuso a las grandes mayorías.
Con base en lo anterior, el punto de acuerdo que someto a consideración de esta honorable asamblea propone reducir el precio del gas natural y del gas LP, considerando que de este último el 70 por ciento de este consumo básico es adquirido en México por los hogares más pobres. En el caso del gas natural, la proporción sería menor ya que principalmente se consume por hogares de tipo residencial.
En mérito de lo expuesto, someto a la consideración de esta soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se solicita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a la Secretaría de Economía, a la Secretaría de Energía, a Petróleos Mexicanos y a la Comisión Reguladora de Energía su intervención ante el Comité de Precios de Productos Petrolíferos, Gas Natural y Productos Petroquímicos para que se autorice un subsidio al precio de gas natural de uso doméstico y al gas LP equivalente al 10 por ciento del precio por kilo dentro del programa Oportunidades, con base en el padrón de dicho programa.
Que la Comisión Reguladora de Energía, las secretarías de Energía, de Economía y de Hacienda y Crédito Público sean las responsables para la instrumentación de este apoyo al precio del gas natural y gas LP, ya que, a través del mecanismo de venta de primera mano es posible controlar el incremento derivado en los precios a los usuarios finales y asegurar que el subsidio sea principalmente a los hogares de los tres deciles más bajos, ya que con ello, el ahorro en el gasto familiar será mayor.
El financiamiento de este subsidio cercano a los 300 millones de pesos deberá ser cubierto con los recursos provenientes de los excedentes petroleros deportados en el Fondo de Estabilización de los ingresos petroleros, así como de las economías en el gasto corriente derivados de los programas de austeridad que instrumente el Ejecutivo federal.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 1 de marzo de 2007.
Diputado José Rosas Aispuro Torres (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE SOLICITA LA COMPARECENCIA DEL TITULAR DE LA SCT CON RELACIÓN
AL COSTO DE LAS OBRAS DE AMPLIACIÓN DEL AEROPUERTO INTERNACINAL
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A CARGO DEL DIPUTADO JESÚS RAMÍREZ
STABROS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
El suscrito, diputado federal de la LX Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del PRI, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de este Pleno el presente punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
He solicitado el uso de esta tribuna para referirme a la situación que guarda el proyecto de ampliación del aeropuerto internacional de la Ciudad de México. El mismo se originó durante el gobierno anterior pese a que repetidamente se señalaron varias limitaciones en su alcance. Desde el inicio, se señaló como necesario analizar la viabilidad de llevarlo adelante, con el alto costo que representa para los contribuyentes y por los dudosos beneficios para los problemas de fondo, que son principalmente los de la capacidad de atención al volumen de vuelos diarios. A pesar de ello, se decidió llevarlo adelante.
La infraestructura aeroportuaria es una pieza fundamental de la economía y desarrollo de México, por ello es necesario tener una visión de largo plazo en esta materia. Desde hace varios años se ha discutido en torno a la creciente insuficiencia del aeropuerto internacional de la Ciudad de México, frente al crecimiento del tráfico aéreo.
Los usuarios han podido presenciar la manera como crecieron los retardos en los despegues y aterrizajes, la falta de salas, la demora en llegar a los túneles de ascenso y descenso o en la espera de las salas móviles para llegar a las terminales.
Además, las áreas de arribo y de espera se encuentran saturadas de viajeros y de familiares en una situación en la que la incomodidad, la pérdida de calidad en la atención e inclusive el crecimiento de los delitos son una realidad.
A pesar de los inconvenientes, el gobierno anterior decidió invertir importantes recursos, del orden de 800 millones de dólares, en la ampliación del aeropuerto de la Ciudad de México. Sin embargo, tal volumen de recursos no permite modificar el factor fundamental que limita el desarrollo aeronáutico, y que es el espacio aéreo del valle de México. Los recursos, en cambio, se utilizaron en las zonas de atención en tierra y en las áreas comerciales. El espacio aéreo de este aeropuerto ya no tiene la capacidad necesaria para poder atender un mayor número de vuelos que justifican las enormes inversiones en infraestructura terrestre que se han hecho.
La incapacidad política para construir el nuevo aeropuerto, y la ausencia de visión estratégica al abandonar la idea y dedicar los esfuerzos a la construcción de una obra de maquillaje sitúan a nuestro país en un serio problema de capacidad para desarrollarse. El resultado es que seguimos en las mismas condiciones de siempre y con ello aumenta exponencialmente el retraso del país.
La realidad es que se requiere otro aeropuerto. Poner dinero bueno al malo no representa una inversión rentable para el país. Sin embargo, hasta ahora no se conoce que exista un proyecto de esta naturaleza, lo cual es una lamentable omisión, ante el creciente intercambio que tiene nuestro México con todo el mundo y que exige un mejor sistema de comunicaciones y transporte.
A nuestra política en materia de comunicaciones y transporte le faltan definiciones y una visión de largo plazo. Habría que preguntarnos qué va a pasar en los próximos 30 años si no ampliamos nuestra capacidad aeroportuaria, principalmente en lo referente al aeropuerto internacional de la Ciudad de México. La inversión realizada al actual se verá rebasada en un periodo muy corto.
En materia aeronáutica, México sostiene diariamente una competencia inequitativa con muchos países, debido a la falta de infraestructura adecuada y al retraso en políticas que enmarcan este sector estratégico para el desarrollo.
Nuestro país, que ha suscrito tratados comerciales con muchos países del mundo, no cuenta con la infraestructura suficiente en materia aeroportuaria, por ello nuevamente inicia la discusión acerca del inevitable tema de un nuevo aeropuerto para la Ciudad de México.
Por estas consideraciones, es necesario solicitar la comparecencia del titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que nos proporcione información precisa sobre las razones que originaron el proyecto de ampliación del aeropuerto internacional de la Ciudad de México, el desglose de los gastos y una explicación clara del costo-beneficio de la obra.
En tal virtud, someto a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente
Puntos de Acuerdo
Como de urgente y obvia resolución:
Primero. Se solicita la comparecencia, ante comisiones, del secretario de Comunicaciones y Transportes, con la finalidad de que informe a ésta soberanía acerca de:
Palacio Legislativo, a 1 de marzo de 2007.
Diputado Jesús Ramírez Stabros (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A INFORMAR A ESTA SOBERANÍA MEDIANTE
LA SHCP Y LA SENER SOBRE LAS ACCIONES QUE SE LLEVARÁN A CABO EN
MATERIA DE SERVICIO DOMÉSTICO DE ELECTRICIDAD POR LA PROXIMIDAD
DE LA TEMPORADA DE VERANO, A CARGO DE LA DIPUTADA DOLORES DE MARÍA
MANUELL-GÓMEZ ANGULO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la suscrita diputada federal Dolores de María Manuell Gómez Angulo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LX Legislatura, presenta ante esta soberanía el siguiente punto de acuerdo, que exhorta al Ejecutivo federal, en particular a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y a la Secretaría de Energía (Sener) a fin de que en el ámbito de sus respectivas competencias, realicen un análisis de impacto y factibilidad para la creación de la tarifa 1G del servicio doméstico de electricidad para localidades con temperatura mínima promedio en verano de 40 grados centígrados o más, basado en las siguientes
Consideraciones
1. Esta soberanía aprovecha la oportunidad para reconocer que los esfuerzos hechos por el Ejecutivo federal en la materia, han permitido una mejora sustancial en el esquema tarifario vigente en el país. No obstante, vengo hoy a exponer la problemática de Mexicali, localidad en la que como en algunas otras, dicho esfuerzo resulta insuficiente como consecuencia de las extremosas temperaturas que tenemos que enfrentar durante el verano.
En la actualidad, determinantes básicos como los periodos y las regiones específicas en las que las temperaturas extremas de verano causan estragos a los ciudadanos, aún no son tomadas en cuenta por nuestro sofisticado esquema tarifario. En consecuencia, las familias de estas regiones enfrentan cargos que no se adaptan a su realidad, y se ven obligadas a hacer desembolsos sumamente gravosos, en particular, para las familias de menores ingresos.
2. Para el caso de Baja California, en particular el de Mexicali, esto resulta especialmente oneroso. De los hogares mexicalenses, 52 por ciento percibe un ingreso mensual inferior a 5 salarios mínimos y se ven forzados a mantener durante todo el año, un consumo menor al mínimo indispensable.
Las familias mexicalenses que ganan hasta un salario mínimo, se ven forzadas a dedicar 53.5 por ciento de sus ingresos en promedio al pago de energía eléctrica en el mes de agosto. En otras palabras, durante dicho mes, estas familias trabajan más de la mitad del tiempo para pagar el suministro de energía eléctrica.
Cuando observamos un fenómeno de este tipo, no podemos hacer sino preguntarnos, cuánto de ese dinero destinado a energía está siendo restado por esas familias de escasos recursos, de aquello que desearían destinar a una mejor educación, una mejor salud, una mejor alimentación y en su conjunto, a las posibilidades de procurarse un mejor futuro. Es verdaderamente injusto seguirles sugiriendo que reduzcan su consumo de energía eléctrica.
3. En la zona en que se ubica Mexicali, durante el 86 por ciento del tiempo de verano no se presenta un medio ambiente con parámetros climatológicos adecuados para la vida humana. En julio y agosto, esto sucede 95 por ciento del tiempo.
Pero lo que nos ocupa aquí, no es sólo la situación de las temperaturas extremas y los onerosos desembolsos que éstas implican para la población. Lo que preocupa a los mexicalenses, es lo que representa el costo de no contar con los recursos necesarios para acceder a sistemas de enfriamiento, ya que esto se traduce en graves problemas de salud. Se estima que por cada 0.06 grados centígrados que aumenta la temperatura ambiental, el cuerpo humano se ve en la necesidad de elevar en 10 por ciento su metabolismo basal. Lo anterior impone a nuestro organismo un aumento en las funciones normales como la respiración, la frecuencia cardiaca y el funcionamiento de los riñones, para poder evitar que se acumule el calor corporal por la exposición al calor.
En el caso de Mexicali tenemos que, de acuerdo a cifras de la Cruz Roja, el IMSS, el ISSSTE, Issstecali e Isesalud, en el año 2002, por dar un ejemplo, la morbilidad por causa de enfermedad por calor, deshidratación, insolación y golpe de calor, causó 2 mil 506 casos, sólo en la temporada de verano.
Si tomamos en cuenta en su conjunto estos planteamientos, no resulta difícil de suponer que en el verano, los mexicalenses de escasos recursos tienen que enfrentar una difícil disyuntiva. Cada verano tienen que decidir si pueden utilizar o no los sistemas de enfriamiento (con las graves consecuencias que esto puede tener para su salud) o si pueden pagar otros artículos que aporten un mínimo a su nivel de vida.
4. De acuerdo al artículo 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y al artículo 31 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, es responsabilidad de la SHCP, tomando en consideración a la Secretaría de Energía y con base en la propuesta de la CFE, fijar, ajustar o reestructurar las tarifas para suministro y venta de energía eléctrica.
A tal efecto, en febrero de 2002 el Ejecutivo federal a través de la SHCP emitió un acuerdo por el que se propuso la modificación de las tarifas eléctricas y la creación de la tarifa doméstica de alto consumo (DAC), así como la reducción de los subsidios a este sector, con el objeto de disminuirlos parcialmente para los usuarios con consumos intermedios y eliminarlos por completo para los que registran los mayores consumos.
Como resultado de lo anterior y en consideración al alto consumo de energía de los sistemas domésticos de enfriamiento durante el verano, se expidió otro decreto el 8 de abril del 2002 creando la nueva tarifa 1F. Con ello se buscó atenuar la grave afectación que lo anterior causaba a la economía de las familias asentadas en regiones con temperaturas promedio de 33 grados centígrados o más, durante dicha estación.
5. En consecuencia, nos preguntamos si es posible para el gobierno dar el último paso. Nos preguntamos si buscando un profundo entendimiento de la situación de los mexicalenses se podrá ayudar a los más afectados en Mexicali y en el resto del país.
Es importante destacar que a pesar de ser un problema plenamente reconocido por la totalidad de la comunidad mexicalense –que ha dado claras muestras de su inconformidad–, no ha sido debidamente atendido por las autoridades federales. No hemos logrado tener un tratamiento justo y digno y, por el contrario, el sacrificio social de los afectados, ha representado un lacerante agravio durante casi un cuarto de siglo.
En virtud de lo aquí expuesto, me permito presentar ante esta honorable Cámara de Diputados el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta al Ejecutivo federal, en particular a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y a la Secretaría de Energía, para que en el ámbito de sus respectivas competencias, efectúen y presenten ante esta soberanía, tomando en cuenta la proximidad de la temporada de verano del presente año, un análisis de impacto y factibilidad con rangos de consumo útiles para la población más afectada, y que considere los seis meses consecutivos mas cálidos del año, a fin de crear la tarifa 1G del servicio doméstico de electricidad para localidades con temperatura mínima promedio de verano de 40 grados centígrados.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 1 de marzo de 2007.
Diputada Dolores de María Manuell Gómez
Angulo (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA A LAS FACULTADES, A LAS ESCUELAS Y A LOS DEPARTAMENTOS DE DERECHO
DEL PAÍS A IMPARTIR COMO OBLIGATORIA LA ASIGNATURA DE DERECHO PARLAMENTARIO,
A CARGO DEL DIPUTADO OBDULIO ÁVILA MAYO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PAN
El que suscribe, diputado federal de la LX Legislatura del honorable Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración del Pleno de esta honorable Cámara de Diputados, la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a todas las facultades, escuelas y departamentos de derecho del país, impartan como obligatoria la asignatura de Derecho Parlamentario, al tenor de los siguientes
Antecedentes
1. Las leyes representan el mejor instrumento para dar respuesta a los reclamos de equilibrio y estabilidad en aras del progreso y desarrollo nacional.
Forzosamente dicho orden normativo debe corresponder a la expresión de la voluntad popular. No obstante, la creación de leyes o la reforma de normas jurídicas ya existentes, debe implicar la participación, en general, de todos aquellos actores que conviven en la sociedad, aportando sus opiniones e ideologías, pues a mayor participación social en la formación de las leyes, mayor será la calidad democrática del Estado.
Esos factores volitivos, tanto políticos, sociales o económicos, para constituirse en derecho positivo requieren de un acto institucional, debido a que las normas jurídicas siempre son reputadas como decisión del Estado, con lo que adquieren su carácter dispositivo, vinculatorio y coactivo.1
2. Desde una perspectiva latu sensu, el término "Parlamento"2 se esgrime para referirse al órgano colegiado que ejerce centralmente funciones legislativas, con independencia de la naturaleza parlamentaria o presidencial del régimen.
Mora-Donnato, al intentar formular un concepto suficientemente amplio que comprenda los elementos más importantes de esta disciplina, establece que el "Derecho Parlamentario es el conjunto de normas que regulan la organización y funcionamiento de las cámaras parlamentarias, entendidas éstas como órganos que asumen la representación popular en un Estado Constitucional y cuya importancia gira entorno a una determinada institución que encarna el concepto de soberanía popular"3.
Por su parte, el tratadista italiano Silvano Tosi define al Derecho Parlamentario como "el estudio conjunto de las relaciones político jurídicas que se desarrollan al interior de las asambleas y, más precisamente, como aquella parte del derecho constitucional que se refiere a la organización interna y al funcionamiento del Parlamento".4
Vistos los anteriores conceptos, podemos discernir que esta rama del derecho tiene como objetos de estudio, los siguientes:
b) Las normas que lo regulan, y
c) La amplia serie de disposiciones que rigen el comportamiento de los sujetos que intervienen en los diversos procesos legislativos.
4. Para establecer una definición de derecho parlamentario mexicano decidimos considerar la propuesta por Pedroza de la Llave, quien afirma que aquel es una parte, rama, sector o disciplina de especial importancia del derecho constitucional mexicano, que se refiere al estudio y a la regulación de la organización, composición o estructura, privilegios, estructura, estatutos, funciones del Congreso mexicano, comúnmente denominado como "Congreso de la Unión" –formalmente "Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos"–, así como sus interrelaciones con otras instituciones y órganos estatales.6
5. La naturaleza jurídica del derecho parlamentario mexicano se centra en que, por un lado, es considerado como un derecho cuasiconstitucional, porque es el constituyente originario o el permanente quien lo emite y es, al mismo tiempo, su destinatario.
6. La autonomía del derecho parlamentario en general, entendido éste como el relativo a la institución representativa o Poder Legislativo de cada país, tiene que visualizarse desde tres ámbitos distintos: el didáctico, sistemático y formal:
b) El sistemático. Se manifiesta en la sistematización orgánica de las figuras, órganos internos, instituciones, entre otras, que comprenden las asambleas legislativas, las instituciones representativas u órganos o poderes legislativos, en nuestro caso particularmente, el Congreso de la Unión y sus Cámaras: de Diputados y Senadores, y
c) El formal: Que se refiere a que debe encontrarse en un texto único.7
En efecto, por un largo periodo la tarea legislativa estuvo subordinada a la gubernativa o administrativa, de tal suerte que los problemas relacionados con el procedimiento de elaboración de las leyes ocuparon un lugar secundario en las preocupaciones doctrinarias. Tanto es así que, a pesar de la importancia del tema, durante largo tiempo la bibliografía en la materia fue escasa.8
Recientemente, y conforme la presencia del Congreso Mexicano ha venido adquiriendo un nuevo papel en la vida institucional de nuestro país, el Derecho Parlamentario y los temas concernientes al proceso legislativo han cobrado mayor relevancia y, por ende, son objeto de una atención creciente.
Por lo anteriormente expuesto, sometemos la siguiente proposición con punto de acuerdo, en términos de los siguientes
Considerandos
Primero. Que la expedición de leyes, y la reforma a las mismas, constituye una función especializada del Estado, siendo el grupo social quien delega esta atribución a un órgano colegiado, integrado por miembros elegidos a través del sistema representativo y por vía del sufragio universal, libre y directo.
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917 consagró el sistema bicamaral como una decisión política fundamental; y el vigente artículo 50 de la Carta Magna establece que "El Poder Legislativo de los Estados Unidos Mexicanos se deposita en un Congreso General, que se dividirá en dos cámaras, una de Diputados y otra de Senadores."
Segundo. Que en la misma Constitución General de la República se encuentran plasmados los principios de legitimación de las funciones legislativas locales de manera expresa, tácita o por ejercicio de facultades no concurrentes; de la Ley Suprema se nutren las constituciones locales para establecer y desarrollar el campo de las funciones legislativas que corresponden a los órganos colegiados, en específico en los artículos 116 y 122, el primero en tratándose de las legislaturas locales, y el segundo abordando el caso específico de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.
Tercero. Que para la formación de las leyes, el ordenamiento jurídico mexicano prevé un verdadero sistema legislativo, ya que en el procedimiento de creación de las normas jurídicas legales intervienen además del Congreso de la Unión, el titular del Poder Ejecutivo, las Legislaturas de los estados y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.
Cuarto. Que el parlamento mexicano está en camino a su consolidación como poder público del Estado. El trayecto comenzó hace años y las nuevas fases que tiene que cumplir se encuentran íntimamente ligadas a la instauración y fortalecimiento de las instituciones y procesos fundamentales de un Estado constitucional y democrático.
Quinto. Que además de los diversos estudios doctrinarios que permiten advertir el creciente interés por la materia, algunos parlamentos, organizaciones académicas y centros de adiestramiento laboral y administrativo han institucionalizado cursos regulares sobre el particular, dirigidos al personal parlamentario, a estudiantes y, en general, a la población interesada.
En la especie, deben tenerse presente que la H. Cámara de Senadores, conjuntamente con la Universidad Nacional Autónoma de México, convocó a un coloquio sobre la materia, cuyas ponencias constan en el volumen Política y proceso legislativo.
Sexto. Que la calidad de la democracia está vinculada con los procesos electorales, y mayor aún con la organización y el funcionamiento de las instituciones. Tal es el caso de los órganos de representación popular, en cuanto a que deben responder a las expectativas sociales; igualmente, resulta trascendental que su estructura y operación sea responsable en el cumplimiento de las tareas que les conciernen a los legisladores.
Séptimo. Que la principal motivación de la presente proposición con punto de acuerdo es la de fortalecer al Poder Legislativo y ampliar la cultura político nacional, abonando al conocimiento del quehacer parlamentario.
De manera particular, se pretende proporcionar una visión general acerca de la importancia y funciones de la institución parlamentaria en la actualidad, así como un conocimiento detallado de las normas que regulan la organización, los privilegios, estatutos, las relaciones con otros órganos e instituciones, las facultades y la problemática del Congreso mexicano y, en algunos casos, de dicha institución en otros países.
En efecto, la importante responsabilidad y complejidad de la organización y de los procedimientos parlamentarios del país hace necesario que se profundice en los estudios e investigaciones sobre los mismos.
Octavo. Que la puesta en marcha de cátedras abocadas a la enseñanza de la estructura y funcionamiento del Poder Legislativo, en todas las facultades, escuelas y departamentos de Derecho en el país, permitirá mejorar sustancialmente la calidad de la formación de los estudiantes en la vida institucional y democrática.
La proposición que enarbola Acción Nacional, se gesta con el deseo de que los futuros abogados y licenciados en derecho del país, profundicen en el estudio de la organización y el funcionamiento del Poder Legislativo, así como para que se analicen y sistematicen las normas, la doctrina y la práctica parlamentaria mexicana desde la perspectiva académica y política de sus autores.
Cierto es que en algunas facultades y escuelas, actualmente los alumnos abordan esta disciplina únicamente como parte de una asignatura, pero no como una materia independiente, por lo que se propone ahondar en esta rama del Derecho Constitucional. Con ello, los estudiosos del derecho tendrán mayor conocimiento de las funciones y limitaciones que poseen los diputados y senadores en el ejercicio de sus funciones. Además, podrán familiarizarse con la representación política, el debate y las formas de conseguir el consenso.
Noveno. Que finalmente, la suscripción del acuerdo, por parte de esta H. representación nacional, se integrará al esfuerzo de fortalecimiento institucional que viene desarrollando el Congreso General para recuperar la credibilidad y el prestigio, y fundamentalmente la participación de la comunidad.
Asimismo, con la aprobación de la presente propuesta se apoyará el avance de la transparencia, el conocimiento y, por lo tanto, la mejora del funcionamiento de las legislaturas, ya que las normas para elaborar normas resultan fundamentales en un Estado de derecho.
En este orden de ideas, se somete a consideración de esta honorable Cámara de Diputados el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta a las facultades, escuelas y departamentos de derecho del país, impartan como obligatoria la asignatura de Derecho Parlamentario.
Notas:
1 Ortiz Arana, Fernando y Onosandro Trejo Cerda, El
Procedimiento Legislativo Mexicano, México, Editorial SISTA,
2005.
2 La palabra Parlamento se utiliza como sinónimo
de poder legislativo, congreso, asamblea o cámara.
3 Mora-Donato, Cecilia, Temas selectos de Derecho
Parlamentario, México, Miguel Ángel Porrúa, 2001.
4 Tosi, Silvano, Derecho Parlamentario, México,
Miguel Ángel Porrúa-Comité del Instituto de Investigaciones
Legislativas de la Cámara de Diputados, LVI Legislatura, 1996.
5 Ortiz Arana, Fernando y Onosandro Trejo Cerda, Op.
Cit.
6 Pedroza de la Llave, Susana Talía, El Congreso
de la Unión. Integración y Regulación, Instituto
de Investigaciones Jurídicas, Serie E,: Varios, Núm.81, Universidad
Nacional Autónoma de México, 1997.
7 Lucas Verdú, Pablo, El derecho parlamentario
en el marco del derecho político, Revista de la Facultad de
Derecho de la Universidad Complutense de Madrid, Madrid, Universidad Complutense
de Madrid, 1988.
8 Entre las obras que iniciaron el tratamiento sistemático
de esta rama del derecho en México encontramos las de Francisco
Berlín Valenzuela y de Miguel Ángel Camposeco.
Presentada en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los veintiocho días del mes de febrero del año dos mil siete.
Diputado Obdulio Ávila Mayo (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA QUE
LAS COMISIONES DE RADIO, TELEVISIÓN Y CINEMATOGRAFÍA, Y DE
CULTURA ORGANICEN UN HOMENAJE EN EL QUE SE OTORGUE UN RECONOCIMIENTO A
LOS MEXICANOS GANADORES DEL OSCAR, SUSCRITA POR LOS DIPUTADOS MARÍA
DEL CARMEN SALVATORI BRONCA Y JORGE GODOY CÁRDENAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DE CONVERGENCIA
Jorge Godoy Cárdenas y María del Carmen Salvatori Bronca, diputados de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrantes del Grupo Parlamentario del Convergencia, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, ocurren a solicitar se considere, de urgente y obvia resolución la siguiente proposición con punto de acuerdo.
Antecedentes
El cine es una fuente de información con la cual los investigadores se apoyan, ya sea como elemento ilustrativo o de entretenimiento para hacer historia o para analizar e interpretar los comportamientos, cultura y mentalidad de la sociedad.
El cine mexicano tiene grandes exponentes, dentro de los cuales podemos destacar a Julio Bracho, Ismael Rodríguez o Emilio Fernández.
Actualmente, esto es lo que hace nuestro cine, plantearnos las cosas comos son, señalar nuestras características, sean éstas buenas o malas, corruptas u honestas, sinceras o falsas, pero al fin y al cabo nuestras.
Porque la esencia de los mexicanos está en todo lo que hacemos, en todo lo que decimos y es algo que no podemos negar.
Es por eso que podemos reconocer perfectamente cuando un director mexicano hace una película, sea ésta hecha en Culiacán, en Matamoros, en Barbados o en Pekín, porque su esencia está ahí y salta a la vista.
Lo más importante, es que en cada película, un mexicano ha intentado plasmar algo dentro, y de forjar un sentido de pertenencia, para así, lograr que el cine nacional nos haga sentir orgullosos.
México, contrario a lo que muchos piensan ha ganado cuatro estatuillas y ha competido por muchas más. Como lo son:
El año 1953 marcó la entrada de los mexicanos en la historia del Oscar y fue una entrada triunfal, cuando Anthony Quinn se llevó la estatuilla como mejor actor de reparto por su actuación en Viva Zapata.
El mismo Quinn, quien nació en Oaxaca, le otorgó al país su segunda estatuilla al ganar en 1957 como Mejor Actor en Lust for life. Posteriormente compitió por un par de premios de la Academia más, pero ya no los consiguió.
Más de diez años después, en 1972, la felicidad regresó al país con Centinelas del desierto, cinta producida por el mexicano Manuel Arango y el húngaro Robert Amram, que se llevó dos estatuillas: Mejor Documental Corto y Mejor Cortometraje de Ficción.
El cine del 2006 tuvo una gran influencia latina debido al trabajo de los reconocidos directores mexicanos Alejandro González Iñárritu, Guillermo del Toro y Alfonso Cuarón.
Nunca antes tantos mexicanos habían estado nominados, 12 en total (contando la nominación de Fernando Cámara por Mejor Mezcla de Sonido por Apocalypto).
Trabajos encabezados por tres de ellos, Alejandro González Iñarritu, Alfonso Cuarón y Guillermo del Toro recibieron un total de 16 nominaciones de las 22 categorías.
El hecho de poder exportar talento mexicano nos habla de la obligación del gobierno mexicano de fomentar el talento aquí, dijo Víctor Ugalde, secretario ejecutivo del fondo de inversiones del Imcine (Instituto Mexicano de Cinematografía).
La perseverancia es la cualidad fundamental con la que el ser humano puede afrontar con éxito los grandes retos que plantea la vida; si a ésta cualidad le agregamos aptitudes propicias para el desarrollo cultural, entonces se obtienen resultados como lo acontecido el día 25 de febrero durante la 79 entrega de los premios Oscar, por la Academia estadounidense.
México cuenta cineastas que han destacado en su actividad, que son ejemplo e inspiración para la juventud, sin embargo, existe un selecto grupo de cineastas cuyo desempeño ha trascendido las fronteras del país y se han colocado en distintos momentos de la historia del cine, como unos de los mejores en nuestro país.
Durante la 79 entrega de los Oscares hubo una fuerte presencia latina, encabezada por películas como Los niños del hombre, de Alfonso Cuarón; El Laberinto del Fauno, de Guillermo del Toro y Babel, de Alejandro González Iñárritu, aunque ellos no ganaron un Oscar directamente lograron que México fuera tomado en cuenta al hablar de cine.
A continuación nos permitimos hacer un apretadísimo resumen de los principales logros obtenidos por cada uno de éstos distinguidos mexicanos: ganadores del Oscar el día 25 de febrero de 2007.
Guillermo Navarro
Nació y creció en la Ciudad de México. Se trasladó a Francia para trabajar como aprendiz y ayudante del director de fotografía Ricardo Aronovich, AFC. A su regreso, Navarro rodó la película Cabeza de Vaca, excelentemente acogida por la crítica, para el director Nicolás Echeverría, consiguiendo un premio a la Mejor Fotografía de la Academia de México. La película fue también la candidata mexicana al premio de la Academia a la Mejor Película Extranjera. Navarro se trasladó a Los Ángeles y ha colaborado frecuentemente con los directores Robert Rodríguez y Quentin Tarantino en películas como Desperado, Four Rooms, Abierto hasta el Amanecer y Jackie Brown.
Filmografía de Guillermo Navarro
El Oscar obtenido por Eugenio Caballero es sólo el resultado de años de esfuerzo dentro de la cinematografía.
Nacido en la Ciudad de México, Caballero estudió historia del arte e historia del cine en la Universidad de Florencia de 1989 a 1991.
A su regreso trabajó como decorador en el INBA y en la dirección artística en la Universidad Iberoamericana en 1993.
Diseñador de producción, decorador, director de arte, Caballero también realizó productos en el campo de la publicidad y en video clips musicales, entre sus colaboraciones más destacadas está el trabajo con Café Tacuba.
Su debut en el arte cinematográfico se dio en la más reciente versión cinematográfica de Romeo y Julieta.
Santitos, La otra conquista, Asesino en serio y Crónicas son otros de sus trabajos.
El laberinto del fauno le trajo en los últimos meses el triunfo en categorías como diseño de producción y dirección de arte en diversos festivales.
Tal es el caso de los premios Goya y los premios de la Academia Británica.
Es muy común el caso de estar en el cine no saber qué película ver. Al reflexionar acerca de la importancia de que cineastas mexicanos sean reconocidos en otras partes del mundo, se reconoce que los premios al talento mexicano han producido que la opinión pública voltee a ver lo que pasa con el cine mexicano.
A éste selecto grupo pertenecen Eugenio Caballero, y Guillermo Navarro, quienes han puesto muy en alto el nombre de México y le han dado grandes satisfacciones a millones de mexicanos en esta entrega del Oscar; por lo anterior con el apoyo de la Comisión de Cultura y Radio, televisión y cinematografía sometemos a la consideración de ésta honorable asamblea la aprobación de un punto de acuerdo que haga posible la entrega de un reconocimiento público a los dos cineastas mexicanos que han sido los mas sobresalientes en la 79 entrega de los premios Oscar.
Por lo antes expuesto los se somete a la aprobación de esta honorable asamblea el presente
Punto de Acuerdo
Primero. La LX Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión realizará a través de la Comisión de Radio Televisión y Cinematografía y Cultura, un homenaje donde se realizara la entrega de un reconocimiento a cada uno de los ganadores de los Oscares los cineastas: Eugenio Caballero y Guillermo Navarro.
Segundo. Facúltese a la Comisión de Radio Televisión y Cinematografía y de Cultura para la realización del homenaje y entrega, en nombre de la honorable Cámara de Diputados, del reconocimiento a los cineastas Eugenio Caballero y Guillermo Navarro.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los 28 días del mes de febrero de 2007.
Diputados: Jorge Godoy Cárdenas (rúbrica),
María del Carmen Salvatori Bronca (rúbrica).
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA A LAS COMISIONES DE ENERGÍA DE AMBAS CÁMARAS DEL
CONGRESO DE LA UNIÓN A RETOMAR LOS TRABAJOS SOBRE LAS MODIFICACIONES
DE LA LEY MINERA PARA LA EXPLOTACIÓN Y APROVECHAMIENTO DEL GAS METANO,
A CARGO DEL DIPUTADO HUMBERTO DÁVILA ESQUIVEL, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DE NUEVA ALIANZA
El suscrito, integrante del Grupo Parlamentario Nueva Alianza de la LX Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a la consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo en calidad de obvia y urgente resolución, al tenor de las siguientes
Consideraciones
La exploración y explotación de carbón mineral trae consigo la liberación de gas metano, debido a que está contenido y absorbido por el carbón mineral. En todas las minas de carbón, el gas metano o gas grisú, debido a su alto grado de toxicidad y flamabilidad, forzosamente debe ser ventilado de manera continua para garantizar la calidad del aire dentro de la mina y proteger la integridad física de los trabajadores.
Sin embargo, en México, al no haber una regulación que obligue a los permisionarios a dar un manejo correcto del gas metano, las compañías mineras ventean el gas a la atmósfera a través de bombas de aspirado que lo dirigen por tuberías hasta que finalmente se libera. No obstante, muchas veces las bombas o las tuberías fallan y esto es lo que ocasiona que se concentre el gas y ocurran lamentables decesos de mineros.
De 1889 a 2006 han fallecido más de mil 500 trabajadores en minas carboníferas de Coahuila, en accidentes causados por explosiones relacionadas con el gas metano o gas grisú de las minas de carbón mineral.
El ejemplo más reciente de ello lo vimos en febrero de 2006, cuando la explosión por acumulación de gas metano en la mina Pasta de Conchos en San Juan de Sabinas, Coahuila, quitó la vida a 65 mineros.
El gas metano o gas grisú es altamente energético y puede ser utilizado tanto para la generación eléctrica y la propulsión de vehículos y motores como para hornos industriales y estufas caseras. A pesar de esto, es también altamente dañino cuando se ventea a la atmósfera, ya que el metano ocupa el segundo lugar en contribuir a que se produzca el efecto invernadero, debido a que es 21 veces más efectivo que el bióxido de carbono para contener el calor terrestre.
Como se observa, sin una legislación adecuada seguiremos desperdiciando un valioso energético como es el metano y contribuyendo al calentamiento global por los gases del efecto invernadero que, al no poder aprovecharse, se tiene que arrojar a la atmósfera.
México está obligado a reducir las emisiones que contribuyen al efecto invernadero, conforme al Protocolo de Kyoto, firmado en Japón el 11 de diciembre de 1997, y aprobado por la Cámara de Senadores el 29 de abril de 2000, según el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1 de septiembre de 2000, el cual entró en vigor el 16 febrero de 2005.
De acuerdo con las cifras presentadas por el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático, formado en 1988 por el Programa Ambiental de las Naciones Unidas y la Organización Mundial Metereológica, la concentración de metano en el último siglo se ha incrementado en un 151 por ciento. Más aún, el último informe de México, ante el Secretariado de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, revela que en tan sólo tres años, del total de las emisiones nacionales, una cuarta parte correspondió al metano.
En virtud de lo antes expuesto, es inaplazable que en las comisiones de energía de ambas Cámaras, se retome la discusión para tener una Ley Minera que evite el desperdicio económico de un recurso no renovable, el venteo de metano que contamina y contribuye al efecto invernadero y, principalmente, evite más pérdidas humanas por la falta de desgasificación en las minas de carbón mineral.
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta a la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados y a la Comisión de Energía de la Cámara de Senadores a retomar los trabajos sobre las modificaciones a la Ley Minera para la explotación y aprovechamiento del gas metano.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 1 de marzo de 2007.
Diputado Humberto Dávila Esquivel (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA AL GOBIERNO DE JALISCO A INTEGRAR UNA COMISIÓN ESTATAL
COORDINADORA DEL PROGRAMA DE APOYO A MADRES ADOLESCENTES, A CARGO DEL DIPUTADO
JORGE QUINTERO BELLO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
El suscrito diputado Jorge Quintero Bello integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional somete a la consideración del Pleno de esta honorable Cámara, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la siguiente proposición con punto de acuerdo por el cual se exhorta al gobierno del estado de Jalisco para crear una Comisión estatal coordinadora del Programa de Apoyo a Madres Adolescentes, al tenor de las siguientes:
Consideraciones
1. La maternidad adolescente se relaciona con el nivel educativo de la madre, ya que de acuerdo con cifras del INEGI del 2005, el porcentaje de los nacimientos registrados en la entidad de acuerdo a la escolaridad de la misma es de 32.4 por ciento correspondiente al nivel primaria y el 32.8 por ciento para secundaria, por lo que el embarazo en las adolescentes presenta un gran problema social y de salud pública; existen factores sociales que por lo general siempre acompañan al embarazo a temprana edad, como son: la pobreza, desnutrición y el abandono escolar, siendo pocas las oportunidades para mejorar la calidad de vida de las madres adolescentes y sus hijos, que se incrementan sobre todo en regiones rurales o suburbanas marginales y que deben ser atendidas en forma inmediata.
2. La maternidad en este periodo de la adolescencia, en muchas ocasiones se traduce en falta de protección, marginación, discriminación, ausencia de oportunidades escolares, personales, laborales, resultando en una mayor desventaja social y económica para la madre e hijo, sumándose a la población que se encuentra en pobreza, o pobreza extrema.
3. En algunas zonas urbanas del país ha decrecido estadísticamente este rubro; en Guadalajara, Jalisco, concretamente en el área rural y en zonas urbanas de bajo nivel socioeconómico y cultural, ha aumentado progresivamente, siendo un problema social y de salud pública, un por ende, tema polémico que requiere de inmediato la intervención de las autoridades correspondientes en coadyuvar al mejoramiento de la calidad de vida de nuestras niñas, niños y adolescentes, caso contrario veremos agravarse la situación en renglones como la persistencia de la pobreza, incremento de la delincuencia, drogadicción infantil y juvenil, deserción escolar y desempleo; por mencionar algunos de los problemas que originan el descuido de este sector de la población.
4. Nuestro país ha ratificado numerosas normas internacionales de común acuerdo con la ONU como: "el Convenio No. 182 de la OIT (Convenio sobre la prohibición de las peores formas de trabajo infantil y la acción inmediata para su eliminación), las Reglas de Beijing (la cual destaca los principios sociales y jurídicos relativos a la protección y el bienestar de los niños, con particular referencia a la adopción y la colocación en hogares de guarda, en los planos nacional e internacional; las Reglas mínimas de las Naciones Unidas para la administración de la justicia de menores), teniendo presente que la necesidad de proporcionar al niño una protección especial ha sido enunciada en la Declaración de Ginebra de 1924 sobre los Derechos del Niño y en la Declaración de los Derechos del Niño adoptada por la Asamblea General el 20 de noviembre de 1959 y reconocida en la Declaración Universal de Derechos Humanos, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículos 23 y 24), en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (artículo 10) y en los estatutos e instrumentos pertinentes de los organismos especializados y de las organizaciones internacionales que se interesan en el bienestar del niño"; para avalar el bienestar y disminuir la vulnerabilidad de las niñas, niños y adolescentes, en todas su modalidades y tipos para garantizar sus derechos.
5. Todos los grupos parlamentarios, y en especial el grupo parlamentario de Acción Nacional quien siempre se ha pronunciado por proteger los derechos de las niñas, niños y adolescentes, y en general de la familia, buscando prevenir, corregir y apoyar a los sectores de la sociedad que mas lo requieren, a través de varias iniciativas y puntos de acuerdo a lo largo de varias legislaturas, velando por los intereses de la sociedad.
6. En la Ley para la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes en su artículo 7 establece que "Corresponde a las autoridades o instancias federales, del Distrito Federal, estatales y municipales en el ámbito de sus atribuciones, la de asegurar a niñas, niños y adolescentes la protección y el ejercicio de sus derechos y la toma de medidas necesarias para su bienestar tomando en cuenta los derechos y deberes de sus madres, padres y demás ascendientes, tutores o custodios, u otras personas que sean responsables de los mismos. De igual manera, y sin prejuicio de lo anterior, es deber y obligación de la comunidad a la que pertenecen y, en general de todos los integrantes de la sociedad, el respeto y el auxilio en el ejercicio de sus derechos".
7. Si bien el gobierno de Jalisco ha tomado medidas para prevenir los embarazos en adolescentes a través de sus diversas instituciones como son los DIF’s estatal y municipales, el Instituto Jalisciense de la Mujer, sus secretarías afines a este tema, entre otras instancias, presentando importantes avances en el apoyo a las madres adolescentes a través de diversos organismos, y las organizaciones de la sociedad civil de la entidad como el Centro Mario don Bosco AC, y Mamá AC, preocupadas por sus jóvenes y niños, ha hecho grandes aportaciones a este problema, apoyando al gobierno estatal en esta materia.
8. Por ello, se requiere que el gobierno del estado de Jalisco, a través de una Comisión estatal para la protección y ayuda a las madres adolescentes, aglutine y coordine los diferentes programas y acciones que existen en la materia, con el objeto de eficientar esfuerzos y lograr una mejor atención y apoyo a este grupo de población.
Por lo antes fundado y expuesto, me permito someter a la elevada consideración de este H. soberanía, la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Con pleno respeto a la autonomía estatal, esta honorable Asamblea exhorta al gobierno del estado de Jalisco para que lleve a cabo las acciones correspondientes con el fin de crear una Comisión estatal para la protección y ayuda de las madres adolescentes, que aglutine y coordine los diferentes programas y acciones en la materia.
Palacio Legislativo de San Lázaro, México, DF, a 1 de marzo de 2007.
Diputado Jorge Quintero Bello (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA A LA SCJN A PRONUNCIARSE SOBRE LA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL
INTERPUESTA CONTRA EL EJECUTIVO FEDERAL POR EL REGLAMENTO DE LA LEY GENERAL
DE DESARROLLO SOCIAL, A CARGO DE LA DIPUTADA ANA YURIXI LEYVA PIÑÓN,
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
La suscrita legisladora del Grupo Parlamentario del PRD en la LX Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo bajo las siguientes
Consideraciones
La Ley General de Desarrollo Social fue aprobada por unanimidad de la Cámara de Diputados el 27 de noviembre de 2003, y por la Cámara de Senadores el 9 de diciembre del mismo año, finalmente la ley aprobada por la LIX Legislatura del honorable Congreso de la Unión se promulgó el 20 de enero de 2004. En el artículo segundo transitorio se estableció la obligación del Ejecutivo federal de expedir el reglamento de esta ley en un plazo no mayor a 90 días, mismo que expiró en abril de 2004, sin la expedición correspondiente.
Fue hasta dos años después de la promulgación de la ley que se publicó el reglamento correspondiente, el 18 de enero de 2006.
Sin embargo, en el reglamento expedido el Ejecutivo asume atribuciones legislativas que constitucionalmente no le corresponden, ya que contiene disposiciones que más que desarrollar, complementar o pormenorizar la ley, la limitan, socavan y exceden.
Por esa razón el 20 de febrero de 2006 se aprobó por todos los grupos parlamentarios, excepto el del PAN, una proposición con punto de acuerdo de la Junta de Coordinación Política que solicitó se interpusiera una controversia constitucional en contra del citado reglamento de la Ley General de Desarrollo Social.
En su momento, el 2 de marzo de 2006, la Cámara de Diputados interpuso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una controversia constitucional en contra del Ejecutivo federal porque consideró que éste último excedió la atribuciones reglamentarias que le confiere la fracción I del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
La controversia admitida por la corte el día 6 de marzo demanda al titular de Ejecutivo federal y a 14 secretarios de despacho; y se reclama la invalidez constitucional de los artículos 15, 16, 24, 37, 41, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 72, 75, 77, 78, 80 y 81 del Reglamento de la Ley General de Desarrollo Social.
Asimismo se reclama la invalidez constitucional de diversos actos que realiza o realizará la Sedesol de manera inminente, así como otras entidades y dependencias de la administración pública federal, como la integración de los padrones de beneficiarios de los programas sociales; la identificación de personas o grupos sociales en situación de pobreza; la determinación de criterios y lineamientos para medir los índices de marginación e identificar a grupos vulnerables; la evaluación de programas, acciones y recursos específicos destinados al desarrollo social; los convenios de coordinación celebrados entre las dependencias y entidades del gobierno federal; la elaboración por parte de Coneval del informe para el titular de la Sedesol; la formulación de anteproyectos de presupuesto por diversas dependencias federales, así como el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; los actos en materia de participación social en la formulación, ejecución, instrumentación, evaluación y control de los programas de desarrollo social que realiza o realizará Sedesol; las evaluaciones de la política social que realizan organismos independientes, resultado de convocatorias emitidas por entidades y dependencias de la administración pública federal; y los actos del Ejecutivo federal consistentes en incluir en las reglas de operación de los programas de desarrollo social el requisito de incluir sólo a grupos y personas identificados en situación de pobreza, marginación y vulnerabilidad.
Por otra parte se estiman violados los siguientes preceptos constitucionales: artículos 3o., 4o., 16, 49, 72 inciso f, 73 fracción XXIX-D, 87, 89 fracción I, 123, 128 y 133.
Consecuentemente al emitir el Reglamento de la Ley General de Desarrollo Social, se conculcan los artículos 16, 49, 72 inciso f, 73 fracción XXIX-D, 87, 89 fracción I, 123, 128 y 133, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Finalmente, y dado que no puede concederse la suspensión sobre controversias planteadas respecto de normas generales, se solicitó la suspensión, no de los artículos impugnados, sino de los actos señalados en el capítulo denominado "Norma General o Acto Cuya Invalidez se Reclama" del cuerpo de la controversia interpuesta.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta honorable soberanía la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a pronunciarse respecto de la controversia constitucional interpuesta por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión en contra del Ejecutivo federal por el Reglamento de la Ley General de Desarrollo Social.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 1 de marzo de 2007.
Diputada Ana Yurixi Leyva Piñón (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA A LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS SALARIOS MÍNIMOS
A INTEGRAR DIVERSOS MUNICIPIOS DE QUINTANA ROO EN EL ÁREA GEOGRÁFICA
A, A CARGO DE LA DIPUTADA SARA LATIFE RUIZ CHÁVEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PRI
La suscrita diputada federal de la LX Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del PRI, con fundamento en los artículos 58, 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración del Pleno el siguiente punto de acuerdo, con carácter de urgente y obvia resolución al tenor de las siguientes
Consideraciones
El Constituyente de 1917 al aprobar el artículo 123 otorgó una de las garantías sociales más trascendentes par los trabajadores mexicanos como lo es el derecho a percibir una remuneración justa a su esfuerzo, que le permitiera cubrir las necesidades básicas para él y su familia. Sin embargo, hasta ahora, grandes sectores de trabajadores aún no alcanzan a satisfacer con su salario mínimo, cuando tienen un empleo formal, los requerimientos más elementales para aspirar a una vida digna.
En los últimos años, el poder adquisitivo del salario mínimo se ha deteriorado, aproximadamente en un 22 por ciento. Estudios recientes revelan que los ingresos que perciben los asalariados no les permiten cubrir ni la quinta parte del costo de los insumos básicos que requieren para tener una vida digna.
La población asalariada que cotiza de manera permanente en el estado de Quintana Roo, para el mes de agosto del año pasado, fue de 225 mil 470, según datos del Instituto Mexicano del Seguro Social, de los cuales –prácticamente– el 80 por ciento corresponde a trabajadores que prestan sus servicios en empresas o comercios instalados en las zonas turísticas de los municipios que concentran esta actividad.
Esta situación genera un desequilibrio y mantiene a los trabajadores en situación de desventaja, en una clara injusticia, ya que al mantenerse la actual área geográfica C, propicia una severa desigualdad al percibir un salario mínimo que resulta simbólico en un área geográfica, donde los bienes y servicios son caros y por lo tanto, inaccesibles para grandes colectivos de trabajadores quintanarroenses.
La Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, como órgano facultado para establecer los salarios que rigen cada año en el país ha incrementado su monto; para el año 2001 fue de 6.99 por ciento, en 2002 de 5.78 por ciento, en 2003 de 4.5 pór ciento, en 2004 de 4.25 por ciento, para el 2005 se ubicó en 4.5 por ciento y en el presente año fue de 4 por ciento, con una clara tendencia a la baja; siendo el promedio de estos últimos seis años de un 5 por ciento. Y para el próximo año se prevé que ésta tendencia continúe.
Ante la situación de pobreza y de mala distribución del ingreso, es necesario retomar la idea del empleo como un gran objetivo y no como un resultado automática del crecimiento económico. La generación del empleo y la protección de los mismos deben de ser el centro de las políticas públicas, así como la vinculación salarial con las actividades productivas, con el objeto de que el crecimiento macroeconómico se refleje en un ingreso real para las familias trabajadoras.
El turismo es la única actividad económica que está sujeta a la oferta de atractivos que el propio sitio ofrece, por lo que nuestro país cuenta con riquezas naturales, con clima excepcionales y un rico patrimonio cultural y arqueológico, que lo convierten en un espacio propicio para el fomento de esta actividad estratégica, detonadora de empleos y generadora de divisas, lo que no se traduce en beneficio directo para los trabajadores que se desempeñan particularmente en los destinos turísticos.
En el estado de Quintana Roo, la actividad turística ofrece grandes beneficios a la economía nacional. En contraste, el nivel de vida de los trabajadores se ve afectado por la baja retribución que representan los 45.81 pesos vigentes para el año 2006, ya que por el contrario, los elevados costos de los bienes y servicios que tienen que adquirir para satisfacer sus necesidades básicas le resultan prohibitivos. Los destinos turísticos se han convertido en ciudades sumamente caras, entre otros, los pertenecientes a los municipios de Benito Juárez, Cozumel, Isla Mujeres, Othón P. Blanco y Solidaridad.
La Comisión Nacional de los Salarios Mínimos deberá reclasificar el área geográfica C para convertirla en A, y hacerla más equitativa e igualarla con otros destinos turísticos del país que registran las mismas características de estos municipios del Estado de Quintana Roo.
Estimados legisladores: debemos fortalecer a las instituciones para que trabajen por la democracia y la justicia social que demandan amplios sectores de la sociedad, impulsando el crecimiento y el desarrollo equilibrado del país en beneficio directo de los que menos tienen.
En razón de lo anterior, someto a su consideración el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta a la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, para que integre a los 8 municipios del estado de Quintana Roo, al área geográfica A.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 1 de marzo de 2007.
Diputada Sara Latife Ruiz Chávez (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA A LAS AUTORIDADES DE VIALIDAD DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A
HACER CUMPLIR LOS REGLAMENTOS DE TRÁNSITO PARA PREVENIR ACCIDENTES
AUTOMOVILÍSTICOS, A CARGO DEL DIPUTADO JORGE GODOY CÁRDENAS,
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE CONVERGENCIA
Jorge Godoy Cárdenas, diputado federal de la LX Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Convergencia, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados unidos Mexicanos, presenta ante esta soberanía proposición con punto de acuerdo al tenor de los siguientes
Antecedentes
Una definición básica de transporte se refiere al "medio de traslado de personas o bienes de un lugar a otro".
A lo largo de la historia, el transporte ha evolucionado de manera drástica, en función de las condiciones económicas del momento.
Los nuevos medios de transporte, que en un principio beneficiaron y facilitaron la vida cotidiana de los habitantes, día con día han perdido la perspectiva que les dio origen, y se han convertido en un problema de seguridad, ecología y salud.
Los accidentes de tránsito que se han suscitado en los últimos días son muestra clara.
El 24 de enero más de 3 mil habitantes de Chimalhuacán efectuaron una manifestación para exigir al gobierno del estado de México que retire la concesión a los propietarios de autobuses conocidos como "chimecos", que habían provocado al menos 30 accidentes desde octubre de 2006.
El sábado por la tarde cerca de mil 500 residentes de la parte baja del municipio bloquearon Avenida del Peñón, quemaron dos autobuses y destrozaron otros cuatro, cansados de los accidentes provocados por esas unidades de transporte y luego del accidente en que perdieran la vida dos personas.
Bajo los gritos de consigna de "¡No más muertos!, ¡Basta de atropellamientos!, ¡Transporte seguro para Chimalhuacán!", coreaban en protesta por el mal servicio y los accidentes que provocan estas unidades.
Este tipo de accidentes no es caso particular del estado de México: en Torreón, Coahuila, uno de cada tres choques automovilísticos que se registran es ocasionado por choferes del transporte público.
Estas estadísticas muestran un incremento de 22 por ciento de 2005 a 2006.
El Consejo para la Atención de las Víctimas del Transporte Público reportó que en 2006 se registraron 681 accidentes ocasionados por unidades de transporte público de la zona metropolitana de Guadalajara.
En el mismo año, el número de víctimas fatales fue de 40, de las que 19 fueron responsabilidad del transporte público.
Al comparar con las cifras de 2005 se observa un incremento de 17. 6 por ciento; es decir, 6 fallecimientos más que el año anterior.
Fidel Herrera Beltrán, gobernador de Veracruz, aseguró que los accidentes ocurridos en las zonas conurbanas de Veracruz-Boca del Río y Xalapa han colocado la entidad al frente de las estadísticas por accidentes de transporte público.
Baranda Sepúlveda, coordinador de Movilidad Urbana del Centro de Transporte Sustentable, comentó que los accidentes automovilísticos son la novena causa de muerte en el mundo y se prevé que en 2020 se conviertan en la tercera, por lo que también es un problema que requiere atención internacional y especialmente en las megaurbes, como el Distrito Federal.
Considerandos
Los accidentes de tránsito son la novena causa de la carga de morbilidad en el mundo: provocan 2.8 por ciento de las muertes y discapacidades.
Las lesiones accidentales causan la muerte de aproximadamente 1.2 millones de personas en el mundo.
Se prevé que el número de muertes como consecuencia de lesiones aumentará de 5.1 millones en 1990 a 8.4 millones en 2020, siendo las lesiones por accidente de tráfico la principal causa del aumento.
En México, durante el primer trimestre de 2005, los accidentes provocaron más de 2 mil 455 fallecimientos. De ellos, por lo menos 651 ocurrieron por accidentes viales.
Según el Consejo Nacional de Prevención de Accidentes, los accidentes ocupan el cuarto lugar como causa de muerte, únicamente precedidos por las enfermedades del corazón, los tumores malignos y las complicaciones de la diabetes.
El crecimiento demográfico acelerado en los centros urbanos ha incrementado la demanda de transporte masivo, cuya oferta no crece en la misma proporción. La infraestructura vial rígida, la falta de coordinación interinstitucional y el deficiente dinamismo de la planeación hace que se tomen medidas correctivas, más que preventivas en materia de transporte. El tráfico y la movilidad, en términos de transporte, son la causa principal de los impactos negativos al ambiente urbano como la contaminación del aire, el ruido, el consumo excesivo de recursos y la ocupación extensiva del espacio.
El transporte colectivo de personas es el medio de traslado más usado diariamente por la mayoría de la población, con el propósito de ocurrir a los centros de trabajo, de prestación de servicios educativos, salud, comercio y recreación, entre muchos más.
Diariamente, miles de capitalinos se enfrentan a la cotidiana problemática de transportarse en esta ciudad tan conflictiva; horas perdidas, tránsito caótico y mal servicio afectan paulatinamente la calidad de vida de la población.
El Distrito Federal es la ciudad más grande del mundo y escenario cotidiano de accidentes relacionados con el transporte público.
Hoy día, y de acuerdo con datos de la Secretaría de Transporte y Vialidad, en la Ciudad de México circulan diariamente unos 28 mil microbuses regulares y por lo menos otros 4 mil irregulares, que representan entre 50 y 52 por ciento del transporte de los 20 millones de tramos de viaje diarios en 113 rutas urbanas. (Otras fuentes sitúan hasta en 50 mil el número de microbuses en la capital.)
Calificados como un problema social, más de 30 mil microbuses se mueven sin respeto en cada entidad del país.
A bordo de las unidades, gran cantidad de pasajeros ha formulado numerosas opiniones que indican que las relaciones entre transportistas y usuarios son tratos de iniquidad, donde prevalecen el abuso y el maltrato.
Son innumerables los reclamos de la sociedad por el maltrato y la falta de capacidad de algunos choferes; los riesgos son cotidianos por la falta de conciencia de los conductores.
Es inconcebible que el número de accidentes provocados por vehículos de transporte público haya ido en aumento; y las vidas que se han perdido son irreparables.
De acuerdo con datos de organismos civiles del transporte, en la Ciudad de México ocurren al año 225 accidentes en el transporte público, de los cuales alrededor de 135 (es decir, 60 por ciento) tienen lugar en microbuses, y en 85 por ciento de los casos hay muertos, lo cual los convierte en el transporte más inseguro del Distrito Federal.
Hay una creciente incidencia de accidentes graves en microbuses, que durante 2005 ascendió a 547, lo cual representa que diariamente ocurrieron alrededor de 1.5 percances, donde fallecieron 51 personas y 564 resultaron con lesiones. Sólo en el primer mes de 2006 se registraron 22 accidentes, donde murieron 3 personas y 61 se reportaron con lesiones.
Por ello se considera que es deber de los conductores de transporte público que circula en la zona metropolitana de la Ciudad de México y áreas circunvecinas, así como en cualquier parte del territorio nacional, cuidar la vida de los usuarios y de los conductores y peatones que a su alrededor circulan. No es la primera vez que se conoce de este tipo de homicidios, por lo que es el momento idóneo de implantar medidas que obliguen a los choferes a manejar con prudencia y respeto de la vida.
Es tiempo de vigilar que los concesionarios cumplan lo establecido en la Ley de Transporte del Distrito Federal y en los reglamentos de tránsito correspondientes a cada entidad federativa y las regulaciones que de ellos emanen.
Hay un alto porcentaje de accidentes provocados por los conductores de microbuses, debido a la falta de mecanismos de control de vehículos, a que las unidades están en condiciones deplorables, a que en ocasiones los microbuses son conducidos por menores de edad o por sujetos que frecuentemente se encuentran bajo los influjos de alcohol u otras drogas, a que los choferes carecen de licencia para conducir y a que no se aplica el reglamento de tránsito con todo el rigor necesario.
Otro problema de gran valoración es la falta de criterio de los conductores, al utilizar vías rápidas para circular, y estacionarse en segunda y hasta tercera fila. Eso provoca accidentes, que hacen que las cifras se incrementen.
Este punto es de trascendencia para hacer frente a la petición generalizad de la comunidad, que aboga por hacer cumplir el reglamento de tránsito para que este tipo de factores, que alteran la vialidad y –por ende– el ambiente, se terminen.
Son innumerables las críticas, quejas y denuncias; no es tema nuevo, pero tampoco se ha actuado con la contundencia necesaria para erradicar el problema.
El mantenimiento de las unidades de transporte publico, en ocasiones deplorable, lo han tomado como defensa de su deficiencia y mala calidad en el servicio, y debemos hacerles saber que nada lo justifica, ni siquiera basarse en ser de carácter público.
Asimismo, la degradación de los espacios públicos por parte del servicio de transporte debe ser modificado, por orden, respeto y eficacia.
Se deben poner en marcha acciones destacables, como son que los conductores de servicio de transporte de pasajeros, y reciban cursos efectivos de manejo, constante capacitación, valoración médica y una evaluación de conocimiento respecto al reglamento de tránsito.
Es necesario resaltar la importancia del transporte público para la vida cotidiana de miles de usuarios, así que debemos despertar la conciencia en los conductores de este medio para que optimicen los viajes y logren con eficiencia transportar a todo usuario en un tiempo estimado coherente.
Como gobierno tenemos que ver por la ciudadanía, y por ella se deben buscar estrategias para un buen desarrollo del transporte público que permita mejor fluidez en zonas urbanas y, sobre todo, que sea capaz de reducir los riesgos que éste genera.
Sabemos que existen las normas y la autoridad para aplicar las sanciones a quienes las merecen. Por ello incito a las autoridades encargadas de ello a llevarlo a cabo, con la firme intención de atender todas las quejas que la comunidad ha venido presentando.
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta al gobierno federal y a los gobiernos de los estados para que, a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, de la Secretaría de Transporte y Vialidad, y de las autoridades de vialidad de cada entidad federativa, haga cumplir los reglamentos de vialidad con orden y respeto para favorecer el desarrollo preventivo de accidentes automovilísticos ocasionados por el transporte público.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a 1 de marzo de 2007.
Diputado Jorge Godoy Cárdenas (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA AL GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA A ESTABLECER REGLAS DE FUNCIONAMIENTO,
ALCANCE Y LÍMITES DE LAS ATRIBUCIONES QUE TENDRÁ LA POLICÍA
CIBERNÉTICA QUE OPERARÁ EN DICHA ENTIDAD, A CARGO DEL DIPUTADO
JESÚS DE LEÓN TELLO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
El suscrito, diputado federal, Jesús de León Tello, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LX Legislatura, con fundamento en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos así como en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo para exhortar al gobierno del estado de Coahuila para que establezca reglas claras de funcionamiento, alcance y límite de las atribuciones que tendrá la policía cibernética que operará en la entidad, al tenor de las siguientes:
Consideraciones
En días pasados, Jesús Torres Charles, procurador de Justicia en el estado de Coahuila declaró ante los medios de comunicación locales que "en las próximas semanas instalará la policía cibernética para evitar la comisión de los llamados delitos informáticos en Coahuila".
Esta noticia no tendría nada de alarmante si no fuera porque las declaraciones del Procurador de Justicia versaron en el sentido de que dicha policía cibernética se dedicaría fundamentalmente, según el propio funcionario estatal, al patrullaje en la Internet las 24 horas del día.
Esta declaración, en determinado momento, nos genera preocupación, respecto hasta que punto la policía cibernética realizará labores de patrullaje de la red y bajo que presupuestos de responsabilidad operará.
Es verdad que los delitos que se cometen por medio de la Internet deben perseguirse y castigarse, toda vez que esta modalidad en la comisión de delitos ha venido adquiriendo gran predilección por parte de la delincuencia, particularmente la que opera de manera organizada; por ello es necesario establecer cuerpos policiales debidamente preparados para contrarrestar toda clase de delitos cometidos a través de la referida red electrónica. No obstante, en un determinado momento, sin una adecuada delimitación de las atribuciones, deberes y prohibiciones de dicha policía, su accionar podría llegar a desbordarse o a extralimitarse, hasta el grado de poder llegar a vulnerar garantías fundamentales de los coahuilenses, al no contar con un correcto control y reglas claras de actuación de este nuevo y sui generis cuerpo policial.
No podemos darnos el lujo de correr el riesgo de desvirtuar el funcionamiento de la policía cibernética estatal, al grado de que su margen de operación sea tan discrecional, que en un determinado momento pueda tentar intereses ajenos a la función pública, que conviertan a esta instancia policial en una oficina de espionaje oficial de intereses contrarios a los que motivaron su creación.
Por tal razón, vemos con preocupación la instalación de la policía cibernética en Coahuila, sin un adecuado sustento normativo en cuanto a su funcionamiento, sus atribuciones, su margen de acción y su régimen específico de responsabilidad.
En efecto, este tipo de instancias policiales, dado lo novedoso que son, requieren de bases claras de operación para evitar excesos y, en su caso, debe contar con un marco de responsabilidad debidamente delimitado, que sea aplicable al servidor público que viole dicha normatividad.
Pedimos reglas claras desde el inicio, toda vez que es mejor prevenir en la actualidad, que lamentar en un futuro un posible desbordamiento en cuanto a la actuación de este cuerpo policial.
Los legisladores del Partido Acción Nacional estaremos atentos al funcionamiento de la policía cibernética del estado de Coahuila, que esperemos cumpla el objetivo fundamental de atacar la delincuencia, pero también no dudaremos en denunciar todo abuso o arbitrariedad que en su caso sea realizado so pretexto de labores de inteligencia que realice la policía cibernética estatal.
Si bien es necesario –y coincidimos en ello– combatir y sancionar eficazmente todo delito relacionado con la pornografía infantil, el turismo sexual y toda forma de explotación, cometidos por medio de la red de Internet, resulta también necesario establecer los causes legales de actuación correspondientes, procurando la efectividad de las autoridades encargadas de realizarlo, a fin de evitar a toda costa que en la actuación de la policía se lleguen a poner en riesgo las garantías fundamentales de los ciudadanos coahuilenses, como el derecho a la vida privada y a la inviolabilidad de las comunicaciones privadas sin mediar los requisitos previstos por el artículo 16 constitucional.
Por tal razón, el suscrito diputado federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, someto a consideración de la presente Soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero. Se exhorta al gobierno del estado de Coahuila, a efecto de que se establezca con claridad el funcionamiento, alcance y límite de las atribuciones de la policía cibernética estatal, a efecto de evitar que la actuación dicho cuerpo policial se convierta en una oficina de espionaje, llegando a vulnerar garantías fundamentales de los ciudadanos coahuilenses, como el derecho a la vida privada y la inviolabilidad de las comunicaciones privadas, actualizándose en consecuencia causas directas de responsabilidad en contra de los servidores públicos responsables.
Segundo. Se exhorta a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila a dar puntual seguimiento a las acciones realizadas por la policía cibernética del estado de Coahuila y en caso de presentarse excesos o violaciones a las garantías de los coahuilenses por parte de dicha instancia policial, emita las recomendaciones a que haya lugar, así como promueva las acciones pertinentes a efecto de que las autoridades competentes deslinden las responsabilidades penales y administrativas a que haya lugar, en contra de los responsables de este tipo de acciones.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 1 de marzo de 2007.
Diputado Jesús de León Tello (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
ESTA SOBERANÍA SE PRONUNCIA CONTRA LA TALA INMODERADA EN LA SIERRA
MADRE DE CHIAPAS, A CARGO DEL DIPUTADO FERNEL GÁLVEZ RODRÍGUEZ,
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
Supuestamente, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la administración pública federal ha autorizado la tala de árboles en la zona alta del municipio de Tuzantan, Chiapas, colindando con el municipio de Motozintla, de la Sierra Madre de Chiapas, permisos que han sido emitidos desde el 13 de noviembre de 2006 y los últimos el 18 de enero de 2007, lo que provoca ya desequilibrio ecológico por no reforestar espacios afectados.
Con un total de mil 600 metros cúbicos, más de 300 árboles, como cedro, caoba de primavera, de hormiguillo, los ejidos afectados son Ampliación Villa Hidalgo, El Hular y Los Aguacates. Situación similar se da en Santa Fe, San Cristóbal, Nueva Sonora, Santa Sofía, Guadalupe Victoria y Mango Buena Vista, del mismo municipio. Estos permisos podrían ser apócrifos; por eso, el presidente municipal pide una investigación exhaustiva al gobierno federal.
Por lo dicho, proponemos a la honorable Cámara de Diputados proposición con
Punto de Acuerdo
De urgente y obvia resolución
Único. La Cámara de Diputados respalda al presidente municipal de Tuzantan, Chiapas, ciudadano Didier Rojas González, en su denuncia por la tala inmoderada de árboles en su municipio de la Sierra Madre de Chiapas.
Diputado Fernel A. Gálvez Rodríguez (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA A LA SAGARPA, A LA CONAPESCA Y AL INSTITUTO NACIONAL DE PESCA
A DISEÑAR PROGRAMAS DE ORDENAMIENTO PESQUERO EN EL GOLFO DE TEHUANTEPEC,
A CARGO DEL DIPUTADO JORGE TOLEDO LUIS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
Con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
La actividad pesquera en el país, esta atravesando por una difícil situación, en donde la falta de una política nacional de planeación del sector –por lo menos en la última década–, ha motivado que la abundancia de los recursos pesqueros de importancia comercial, en su mayoría, hayan venido hacia la baja y que la falta de apoyos y estrategias por parte del órgano rector de la actividad, han propiciado que los pescadores de todo el país, principalmente el sector social de la pesca, se encuentre en una situación desesperada con grandes carencias y en un marcado abandono.
En el caso del sector social de la pesca en el estado de Oaxaca, es un clamor el que la autoridad pesquera, la Comisión Nacional de la Pesca, tome cartas en el asunto y se involucre de manera comprometida a encontrar las soluciones que aquejan al sector.
Actualmente en la costa oaxaqueña se esta viviendo un conflicto muy agudo entre el sector social pesquero tanto de la costa como del Istmo, donde se tiene un registro de 72 sociedades cooperativas que asocian a mil 492 pescadores de oficio y 72 personas físicas que ejercen la actividad con 674 pescadores, que suman un total de 2 mil 166 personas afectadas por dicho conflicto, que están demandando la delimitación de las zonas de pesca de las embarcaciones de altura, principalmente los barcos atuneros que están utilizando las zonas litorales costeras de poca profundidad donde normalmente ellos realizan sus faenas de pesca y realizan sus capturas comerciales, propiciando fuertes enfrentamientos, en los que inclusive se están presentando agresiones física, destrucción de equipos y artes de pesca e inclusive disparos de armas de fuego.
Es por estos motivos imperante que se lleve a cabo una aplicación inmediata de lo que promueva la nueva Ley de Pesca y Acuacultura Sustentable aprobada por este Pleno el pasado mes de diciembre y en la que en su Titulo sexto, artículos 36, 37 y 38, se establecen los instrumentos de la política pesqueras como los Programas de Ordenamiento Pesquero que buscan contar con la lista exhaustiva y actualizada de los usuarios de la región; los recursos pesqueros sujetos de aprovechamiento y la delimitación de las áreas de pesca para promover una administración ordenada y sustentable de los recursos pesqueros.
La pesca del atún, es tradicionalmente una pesca oceánica en aguas continentales o internacionales a considerable distancia de las costas y no tiene limitaciones ni de zonas ni de temporadas, sin embargo existe la norma Oficial Mexicana NOM-EM-04-PESC-2001, de la captura incidental de organismos juveniles de atún aleta amarilla y patudo, que establecen las tallas mínimas de captura del atún aleta amarilla equivalente a 4 kilogramos de peso y 60 centímetros de longitud, lo cual no debe exceder al 10 por ciento de la captura durante un viaje.
Sin embargo existen evidencias de que los cardúmenes de atún que se acerca a las zonas someras de la costa de Oaxaca, cuentan con una muy alta proporción de organismos juveniles menores a la talla permitida y que adicionalmente en sus maniobras de cerco atrapan una gran cantidad de tortugas marinas, especialmente en las temporadas de reproducción y desove donde se reportan altas mortandades de esta especie en veda permanente.
Apoyamos de manera incondicional la pesca sustentable del atún, deseamos, que todos los mexicanos tengamos las mismas oportunidades, pero, estamos ciertos que las áreas de pesca son vastas, casi ilimitadas, por lo que sin lugar a dudas el restringir la pesca en la zona cercana a las costas de Oaxaca , no afectan en absoluto a esta pesquería y si traería grandes beneficios a los pescadores ribereños y del sector social , así como para la conservación de especies restringidas o en veda.
Además es importante resolver este conflicto local, por las implicaciones económicas que puede representar el hecho de que la industria atunera de los Estados Unidos de América pueda utilizar la información que genera el conflicto, para retomar el embargo atunero al país.
Por lo anterior me permito poner a su consideración la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Primero. Que la honorable Cámara de Diputados exhorte a la Sagarpa, Conapesca y al Instituto Nacional de la Pesca a elaborar los programas de ordenamiento pesquero para la pesca del atún en el Golfo de Tehuantepec.
Segundo. Con fundamento en lo anterior se exhorte a la Sagarpa, a la Semarnat la Conapesca y el Instituto Nacional de la Pesca, para que revisen la norma Oficial Mexicana NOM-EM-04-PESC-2001 para normar la operación de la flota atunera de altura, con el fin de evitar el daño a las poblaciones de tortuga marina y la competencia desleal que ejercen sobre los pescadores ribereños del Golfo de Tehuantepec.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 1 de marzo del 2007.
Diputado Jorge Toledo Luis (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA AL GOBIERNO FEDERAL Y AL ESTADO DE NUEVO LEÓN A FIJAR
SU POSTURA SOBRE LA SITUACIÓN DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA RESPECTO
AL PROYECTO DE VALLE DE REYES, EN EL CAÑÓN DE BALLESTEROS,
A CARGO DEL DIPUTADO JUAN MANUEL VILLANUEVA ARJONA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PAN
Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el suscrito, diputado federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LX Legislatura, Juan Manuel Villanueva Arjona, presenta ante esta soberanía el siguiente punto de acuerdo, que tiene como finalidad hacer un exhorto al gobierno federal y al de Nuevo León para que fijen su postura respecto a la situación que se vive en el municipio de Santa Catarina, Nuevo León, derivada de la aprobación, por parte del anterior cabildo, del plan para desarrollar el proyecto de Valle de Reyes en el Cañón de Ballesteros, basado en los siguientes
Considerandos
1. Que hace aproximadamente 10 años el proyecto para desarrollar 9 mil viviendas y un campo de golf en el Cañón de Ballesteros, Nuevo León, fue presentado ante las autoridades municipales. Esto desató una polémica entre los distintos órdenes de gobierno, grupos ambientalistas y académicos. Entre éstos destacan miembros de la Facultad de Ciencias de la Tierra de la Universidad Autónoma de Nuevo León, que consideraron que la conservación de los mantos acuíferos de la zona que abastecen aproximadamente 50 por ciento del agua potable del área metropolitana de Monterrey se podrían ver amenazados.
El doctor Martín Bremer Bremer, geólogo del Instituto Tecnológico de Monterrey, advirtió en opiniones vertidas a la prensa el pasado 1 de noviembre, y se cita textualmente, que "todos los campos de golf que conocemos tienen el mismo problema: el altísimo consumo de agua y la contaminación por la utilización de agroquímicos que se usan normalmente en los clubes de golf". De igual forma aclaró que espera un impacto en la calidad del agua extraída de las galerías ubicadas en la Huasteca.
2. Que el domingo 29 de octubre de 2006 los medios de comunicación de Nuevo León dieron a conocer que, a tres días de concluir su administración, el cabildo de Santa Catarina aprobó el plan para desarrollar el proyecto de Valle de Reyes en el Cañón de Ballesteros, en sesión extraordinaria de sólo 12 minutos. No obstante, trascendió que inclusive el regidor priísta Jesús Silva votó en contra del plan, pues los análisis hechos por las dependencias estatales que avalaban el proyecto de ordenamiento de la Huasteca le fueron entregados media hora antes de la sesión.
3. Que a 15 días de haberse aprobado el Plan de Aprovechamiento Sustentable de la Huasteca 2006-2030, que incluye el controversial proyecto habitacional en Valle de Reyes, que costaría 500 millones de dólares y que significa la construcción de 9 mil viviendas, además del mencionado campo de golf en el Cañón de Ballesteros, el alcalde Dionisio Herrera anunció el pasado 12 de noviembre que congelará indefinidamente la publicación del decreto en el Periódico Oficial.
No obstante lo anterior, legisladores de los partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática y del Trabajo, en Nuevo León, han señalado en semanas recientes en tribuna que no publicar el proyecto resulta insuficiente, por lo que se debe propugnar por su revocación definitiva.
Todo lo anterior hace evidente el desinterés e insensibilidad mostrados por parte de la recién salida administración del cabildo de Santa Catarina y la impotencia de la población y de grupos ambientalistas ante las acciones que irresponsablemente se tomaron.
Ante esta situación no queda sino tomar algún tipo de acción, a fin de mostrar nuestra solidaridad con la situación que se vive en dicho municipio. Es por ello que en virtud de lo aquí expuesto me permito presentar ante esta honorable Cámara de Diputados el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero. Solicitar a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la Comisión Nacional del Agua su opinión y dictamen.
Segundo. Se exhorta al gobierno federal y al de Nuevo León a que fijen su postura ante la situación que se vive en el municipio de Santa Catarina, Nuevo León, derivada de la aprobación, por parte del anterior cabildo, del plan para desarrollar el proyecto de Valle de Reyes en el Cañón de Ballesteros.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 1 de marzo de 2007.
Diputado Juan Manuel Villanueva Arjona (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA A LA SEP Y A LA CONADE A ESTIMULAR LA PRÁCTICA DEL DEPORTE
AUTÓCTONO Y TRADICIONAL EN LOS NIVELES DE EDUCACIÓN BÁSICA;
Y A INCREMENTAR EL APOYO ECONÓMICO DESTINADO A LAS TAREAS DE LA
FEDERACIÓN MEXICANA DE JUEGOS Y DEPORTES AUTÓCTONOS Y TRADICIONALES,
A CARGO DEL DIPUTADO FRANCISCO SÁNCHEZ RAMOS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PRD
El que suscribe, diputado federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete ante este pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo para solicitar, al titular de la Conade, el incremento del apoyo económico a las tareas de la Federación Mexicana de Juegos y Deportes Autóctonos y Tradicionales, AC, al tenor de las siguientes:
Consideraciones
Esto, entre otras cosas, dio paso al deporte espectáculo y éste, a su vez, a una actividad económica que adquiere importancia mundial, sus protagonistas se convierten en héroes e ídolos de masas. Sólo cuando conocemos casos de dopaje o de violencia recapacitamos acerca del rumbo que el deporte en general, y el nuestro en particular, tiene en estos momentos; así, la reflexión nos hace volver los ojos hacia las raíces de nuestro deporte.
En la antigüedad, había actos que los hombres realizaban para garantizar su supervivencia como: correr para escapar de los animales, saltar para eliminar obstáculos naturales, atravesar a nado los ríos, lanzar armas como la jabalina para la caza o en las guerras, luchar cuerpo a cuerpo con sus enemigos, etcétera; esto quizá podría calificarse como proezas deportivas.
Algunas de estas actividades quedaron asociadas a la religión o a las celebraciones, en el caso de México, en diferentes estados de la República como Chihuahua, Yucatán, Oaxaca, Veracruz, México y Michoacán entre otros, se practicaba el juego de pelota (tlachtli), nombre con el que lo conocían los aztecas. Los mayas lo nombraban pokyah o pokta pok y los zapotecas taladzi este juego fue elemento esencial en la organización religiosa de las culturas precolombinas.
A la llegada de los españoles el tlachtli perdió el carácter religioso, su esencia mágica y mítica, los colonizadores lo prohibieron por considerar que era propicio para la adoración de las deidades indígenas.
Las canchas para su práctica siempre se construyeron teniendo como vecindad los templos más importantes Chichen Itza, Xochicalco, Tula, Monte Albán y Tajín. También se practicaba el arco y flecha y carreras entre otros deportes y juegos.
Se considera en la actualidad que de este juego de pelota o tlachtli se desprenden sus diversas variantes: ulama de antebrazo, pelota tarasca, ulama de mazo, ulama de cadera, pelota mixteca y pelota purhépecha.
En 1988 se crea la Federación Mexicana de Juegos y Deportes Autóctonos y Tradicionales AC, con el propósito de contribuir al conocimiento, preservación y difusión de esta práctica deportiva. Se buscaba además, aportar elementos que contribuyeran al fortalecimiento de la identidad nacional, subrayando que anteriormente no se había atendido este importante aspecto cultural.
Pese a la trascendencia y complejidad de estas tareas y de que, en algunos momentos sí se ha reconocido su importancia, ubicando a los juegos y deportes autóctonos como integrantes del Programa Nacional de Educación Física y Deporte, la práctica de estos deportes en los niveles de educación básica de la SEP, no ha sido promovida de manera amplia y efectiva.
Esta federación cuenta con un presupuesto anual por parte de la Conade para, con estos recursos, impulsar la realización de promoción, campeonatos nacionales, torneos estatales y regionales, así como la promoción de estas disciplinas.
La complejidad de este trabajo hace que los eventos y recursos destinados sean insuficientes para lograr sus objetivos con resultados satisfactorios, por lo que debemos garantizar a través de la SEP y los institutos estatales del deporte, la penetración masiva hacia el conocimiento y la práctica de estos juegos y deportes ya que son una importante raíz y herencia cultural.
El caso que nos ocupa, no es el de deportes de alta popularidad o manifiesta atención comercial, por ello, no ha sido una área prioritaria para la SEP, pero dada la importancia y trascendencia que representa para nuestra cultura nacional, hacemos un llamado a la Conade para que rescate y difunda estas disciplinas, motivo de nuestro pronunciamiento y búsqueda de mejores condiciones para el trabajo de la Federación Mexicana de Juegos y Deportes Autóctonos y Tradicionales.
Ante los riesgos de este mundo globalizado es importante conocer y rescatar nuestros orígenes, ya que al igual que los pueblos indígenas también nosotros vemos hoy amenazada de múltiples formas nuestra herencia de arte y cultura. Volviendo la mirada a nuestro pasado que de muchas formas sobrevive, tiempo es ya de recordar las lecciones de la cultura y mentalidad mexica, "Porque el que no conoce de donde viene, no sabe hacia donde va"; por ello, reencontrémonos con nuestras raíces.
Punto de Acuerdo
Único. Se solicita a la Secretaría de Educación Pública incentive la práctica del deporte autóctono y tradicional en los niveles de educación básica, y al titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) incremente el apoyo económico destinado a las tareas de la Federación Mexicana de Juegos y Deportes Autóctonos y Tradicionales, AC, con el fin de difundir y preservar los juegos y deportes autóctonos tradicionales.
Dado en el salón de sesiones del honorable Congreso de la Unión, a 27 de febrero de 2007.
Diputado Francisco Sánchez Ramos (rúbrica)
La suscrita, diputada integrante del Grupo Parlamentario del PRD a la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, respetuosamente solicita que, en uso de la facultad que le confiere la fracción XVI del artículo 21 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se excite en nombre de la Cámara de Diputados a la Comisión de Puntos Constitucionales a que presente dictamen de la minuta con proyecto de decreto que adiciona un párrafo tercero al artículo 4o. y un segundo párrafo a la fracción XX del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para los efectos del inciso e) del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Consideraciones
Primera. El Presidente de la Mesa Directiva tiene la facultad, conforme a la fracción XVI del artículo 21 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, de excitar a las Comisiones a nombre de la Cámara a que presenten dictamen si han transcurrido cinco días hábiles después de aquél en que se les turne un asunto, y si no fuere suficiente, la emplazará para día determinado y, sí ni así presentare el dictamen, propondrá a la Cámara que pase a otra comisión.
Segunda. Es el caso que el día 1 de febrero de 2005 la Presidencia de la Mesa Directiva turnó a las Comisiones de Puntos Constitucionales y de Desarrollo Social, la minuta con proyecto de decreto que adiciona un párrafo tercero al artículo 4o. y un segundo párrafo a la fracción XX del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuyo objetivo fue consagrar el derecho humano a la alimentación.
Es importante recordar que este instrumento legislativo tuvo origen en la iniciativa presentada por la senadora María del Carmen Ramírez García (PRD) en sesión ordinaria del Senado de la República del 26 de octubre de 2000; una segunda iniciativa fue presentada por la senadora Arely Madrid Tovilla (PRI) en sesión ordinaria del Senado de la República del 25 de septiembre de 2001; y una tercera iniciativa presentada por la senadora Yolanda Eugenia González Hernández (PRI) en sesión de la Comisión Permanente del 18 de marzo de 2003.
El dictamen a discusión fue presentado en sesión ordinaria del Senado de la República del 15 de diciembre de 2003 y aprobado por 78 votos a favor; 8 en contra y 2 abstenciones.
La minuta correspondiente fue presentada en sesión ordinaria de la Cámara de Diputados del 18 de diciembre de 2003, que se dictaminó y cuyo dictamen con dispensa de trámites se presentó en sesión ordinaria de la Cámara de Diputados del 29 de abril de 2004 y fue aprobado por 382 votos en pro, 3 en contra y 2 abstenciones.
Se devolvió al Senado de la República para los efectos del artículo 72, inciso e), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mismo que ratificó el dictamen original por votación de 62 votos en pro; 25 en contra y 3 abstenciones, en la sesión del 14 de diciembre de 2004.
Tercera. Es de señalarse que han transcurrido casi veintidós meses y la Comisión referida no ha presentado al Pleno de esta Cámara el dictamen respectivo, aún cuando la Comisión de Desarrollo Social ya ha emitido opinión favorable al respecto, incumpliendo así con lo establecido por el Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, que establece cinco días hábiles después de aquél en que se les turne un asunto y, si no fuere suficiente, la emplazará para día determinado, y sí ni así presentare el dictamen, propondrá a la Cámara que pase a otra comisión.
Señor Presidente: por todo lo anteriormente expuesto, le solicito de la manera más atenta lo siguiente:
Excitativa
Único. Excite a la Comisión de Puntos Constitucionales para que presente el dictamen correspondiente a la minuta con proyecto de decreto que adiciona un párrafo tercero al artículo 4o. y un segundo párrafo a la fracción XX del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, emplazándola para un día determinado y, si ni así se presentare el dictamen, proponga a la Cámara que pase a otra comisión.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 1 de marzo de 2007.
Diputada Ana Yurixi Leyva Piñón (rúbrica)
A LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA, A SOLICITUD DEL DIPUTADO MANUEL CÁRDENAS FONSECA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE NUEVA ALIANZA
El suscrito, diputado federal Manuel Cárdenas Fonseca, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza en la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, solicita a la Presidencia de la Mesa Directiva de esta soberanía que formule una segunda excitativa a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, conforme a lo establecido en el articulo 23, numeral 1, inciso f); artículo 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
Asimismo, con fundamento en el artículo décimo quinto del acuerdo de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, relativo al orden del día de las sesiones, las discusiones de los dictámenes y la operación del sistema electrónico de votación, y en la fracción XVI del artículo 21 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados le señale fecha determinada a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública mencionada, para que emita los dictámenes señalados al rubro, y en caso de mostrar desobediencia a esta excitativa, sean turnados a otra comisión dichos expedientes, tal y como lo señala el precepto invocado.
Lo anterior de conformidad con la siguiente:
Exposición de Motivos
Antecedentes
1. Durante la LIX Legislatura, la Auditoría Superior de la Federación rindió a la Cámara de Diputados los informes del Resultado de la Revisión y Fiscalización de la Cuenta Pública de los años 2002, 2003, 2004 y 2005, los cuales fueron objeto de análisis y debate en el seno de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación; integrando un documento de conclusiones y, en su caso, recomendaciones. Dicha información fue remitida conforme al procedimiento legislativo a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para el estudio y análisis del dictamen correspondiente.
2. La Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública debió presentar el dictamen de la revisión y fiscalización de la Cuenta Pública, para su aprobación, al Pleno de la Cámara de Diputados durante el segundo periodo ordinario de sesiones del año siguiente a aquel en que se haya recibido la Cuenta Pública; al no presentar los dictámenes correspondientes a 2002, 2003, 2004 y 2005 se incumple el ordenamiento legal que se deriva de los artículos 30 y 31 de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación.
3. El suscrito diputado presentó ante el Pleno de esta honorable asamblea, con fecha 8 de febrero del presente año, una excitativa para que la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública emitiera los dictámenes correspondientes, sin que a la fecha lo haya hecho.
4. El día de la fecha mencionada en el numeral precedente, el Presidente de la Mesa Directiva dictó el turno correspondiente para excitar a la citada comisión.
5. El artículo 87 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos establece que las comisiones deberán emitir el dictamen de los asuntos que les son turnados dentro de los cinco días siguientes, sin embargo la práctica parlamentaria ha optado por conceder un término distinto al prescrito por el ordenamiento jurídico citado. No obstante lo anterior, la Comisión que se excita no ha emitido los dictámenes correspondientes a los ejercicios fiscales de 2002, 2003, 2004 y 2005, a pesar de que ha rebasado por mucho todos los parámetros de tiempo que fija el Reglamento y la práctica parlamentaria aludida.
6. La fracción XVI del artículo 21 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, por su parte establece que es facultad del Presidente de la Mesa Directiva excitar a cualquiera de las comisiones a nombre de la Cámara, a que presente dictamen si han transcurrido cinco días después de aquel en que se turne un asunto y si no fuere suficiente, la emplazará para día determinado, y si ni así presentare el dictamen, propondrá a la Cámara que se pase a otra comisión. Por lo que en atención a lo expuesto y en cumplimiento estricto al marco jurídico que regula la vida parlamentaria y los trabajos legislativos del honorable Congreso de la Unión, respetuosamente solicitamos a la Presidencia de la Mesa Directiva se le señale día determinado a la comisión excitada para que presente los dictámenes materia de este ocurso. Toda vez que el suscrito ha promovido excitativa a la misma comisión sin encontrar respuesta de su parte.
Consideraciones
Como es de su conocimiento, el artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos establece que las comisiones son órganos constituidos por el Pleno, que a través de la elaboración de dictámenes, informes, opiniones o resoluciones, y que contribuyen a que la Cámara cumpla sus atribuciones constitucionales y legales.
Que las comisiones ordinarias tienen a su cargo tareas de dictamen legislativo, de información y de control evaluatorio conforme a lo dispuesto por el párrafo primero del artículo 93 constitucional, y su competencia se corresponde en lo general con las otorgadas a las dependencias y entidades de la administración pública federal.
La revisión de la Cuenta Pública es un ejercicio de análisis, seguimiento y vigilancia del gasto público, y en su dictamen que corresponde elaborar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, debe reflejar la participación plural de todos los grupos parlamentarios.
La democracia debe posibilitar la transparencia en la rendición de cuentas, por lo que debemos cumplir con este principio que da fortaleza y certidumbre a la vida política del país, de lo contrario, implicaría caer en desencuentros, desorden e ingobernabilidad.
El incumplimiento con estas obligaciones, nos parece grave, ya que este país lucha permanentemente por alcanzar niveles aceptables de transparencia y rendición cuentas en el ejercicio del gasto público.
Por lo anterior y con el fin de contribuir a regularizar esta situación tan delicada, manifiesto preocupación por esta situación de incumplimiento y retraso para emitir los dictámenes multicitados por parte de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, y me permito recordar que un buen gobierno es aquel que posibilita transparencia y rendición de cuentas.
Cumplir con esta obligación sería dar respuesta a una de las demandas más importantes de la sociedad y posibilitará mejores niveles de desarrollo económico, político y social en un contexto de estabilidad y democracia.
Esperando siempre una respuesta positiva de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública y de la Presidencia de la Mesa Directiva, solicito se dé trámite a la presente excitativa con base en el siguiente artículo:
Artículo Único. Que el Presidente de la Mesa Directiva excite nuevamente y le señale fecha determinada a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, para que presente los dictámenes de la Cuenta Pública, correspondientes a los ejercicios fiscales 2002, 2003, 2004 y 2005.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 1 de marzo de 2007.
Diputado Manuel Cárdenas Fonseca (rúbrica)