Diputados Secretarios de la Comisión Permanente
del Congreso de la Unión
México, DF
En sesión ordinaria verificada el 15 de mayo del presente año, la honorable Sexagésima Tercera Legislatura del Estado Libre y Soberano de Durango aprobó un punto de acuerdo referente a las reformas que recientemente se aprobaron a la Ley del Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE). A la letra dice:
a) A las autoridades competentes para expedir las disposiciones reglamentarias relativas a la aplicación de la nueva Ley del ISSSTE, para que éstas no limiten o anulen los beneficios contenidos en el ordenamiento de referencia;
b) A la Cámara de Diputados para que, en ejercicio de sus atribuciones, vigile que la normativa secundaria que regulará la aplicación de la ley en comento no limite o anule los beneficios que ésta considera,
c) Al Congreso de la Unión y al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado para que, con base en los informes que se deban rendir al primero considerados en la fracción XIX del artículo 214 de la nueva Ley del ISSSTE, instauren medidas administrativas y legislativas para que se garantice a los trabajadores de la federación la conservación de sus derechos adquiridos y el goce de un sistema de seguridad social eficaz orientado a proporcionar su bienestar personal, familiar y colectivo.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Victoria de Durango, Durango, a 16 de mayo de 2007.
Diputado Esteban Quiñones Valenzuela (rúbrica)
Secretario
Diputado Pedro Toquero Gutiérrez (rúbrica)
Secretario
(Turnada a la Comisión de Seguridad Social. Junio
6 de 2007.)
DEL CONGRESO DE MICHOACÁN
Morelia, Michoacán, a 30 de mayo de 2007.
Secretarios de la Mesa Directiva de la Cámara
de Senadores del Congreso de la Unión
Presentes
Conforme a lo instruido en sesión celebrada en esta fecha, se remite acuerdo aprobado por la Septuagésima Legislatura del Congreso del estado de Michoacán de Ocampo por el cual, entre otros, se exhorta a esa Cámara de Senadores, al igual que a la de de Diputados del Congreso de la Unión a hacer un replanteamiento a la Comisión Nacional de Salarios Mínimos sobre los montos o incrementos autorizados.
Reiteramos la seguridad de nuestro respeto.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
La Mesa Directiva del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo
Diputado Salvador Ortiz García (rúbrica)
Presidente
Diputada Minerva Bautista Gómez (rúbrica)
Primera Secretaria
Diputado Martín Godoy Sánchez (rúbrica)
Segundo Secretario
Diputado José Luis Esquivel Zalpa (rúbrica)
Tercer Secretario
El honorable Congreso del estado, en sesión celebrada hoy, tuvo a bien aprobar el siguiente
Acuerdo
Primero. El Congreso del estado de Michoacán de Ocampo se adhiere a los acuerdos aprobados por los Congresos de Coahuila, Baja California Sur y Guerrero; por tanto, se exhorta a las Cámaras de Senadores y de Diputados del Congreso de la Unión a hacer un replanteamiento a la Comisión Nacional de Salarios Mínimos sobre los montos o incrementos autorizados y le solicite que en la proporción del aumento a los sueldos sean tomadas en consideración las propuestas que presentó la Coalición de Sindicatos Nacionales y Confederaciones del Congreso del Trabajo.
Segundo. Se exhorta al titular del Poder Ejecutivo del gobierno federal a instruir al secretario del Trabajo y Previsión Social para que formule solicitud a la Comisión Nacional de Salarios Mínimos a fin de que revise los mínimos vigentes.
Tercero. Remítase el presente al titular del Poder Ejecutivo del gobierno federal, a las Cámaras de Senadores y de Diputados del Congreso de la Unión y a las Legislaturas de los estados de Coahuila, Baja California Sur y Guerrero, para su conocimiento y efectos correspondientes.
Palacio del Poder Legislativo, Morelia, Michoacán, a 30 de mayo de 2007.
Diputado Salvador Ortiz García (rúbrica)
Presidente
Diputada Minerva Bautista Gómez (rúbrica)
Primera Secretaria
Diputado Martín Godoy Sánchez (rúbrica)
Segundo Secretario
Diputado José Luis Esquivel Zalpa (rúbrica)
Tercer Secretario
(Turnada a la Comisión de Trabajo y Previsión
Social. Junio 6 de 2007.)
El que suscribe, diputado federal por el estado de Hidalgo, Lorenzo Daniel Ludlow Kuri, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con base en la facultad que me confiere el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos me permito someter a consideración del Pleno de la Comisión Permanente de la honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, la modificación del segundo párrafo de la fracción III, del artículo 31 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.
Exposición de Motivos
Antecedentes
El 8 de septiembre de 2004, el Ejecutivo federal presentó ante la Cámara de Diputados una iniciativa de reformas a diversas disposiciones en materia fiscal, entre las cuales se incluyó la adición de un segundo párrafo a la fracción III, del artículo 31 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, a fin de establecer como requisito adicional para la deducción del consumo de combustibles que, con independencia del monto del gasto, los pagos correspondientes se efectuasen con tarjetas de crédito, de débito o de servicios, o a través de monederos electrónicos autorizados por el Servicio de Administración Tributaria (SAT).
El 20 de abril de 2006, la Cámara de Diputados aprobó derogar el segundo párrafo de la fracción III, del artículo 31 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, lo que traería como consecuencia jurídica, eliminar la disposición que obliga a todos los contribuyentes que incluyan consumos de combustibles para vehículos marítimos, aéreos y terrestres en sus gastos deducibles, a utilizar como medios de pago tarjetas de crédito, de débito o de servicios, además de monederos electrónicos autorizados por el Servicio de Administración Tributaria, aún cuando dichos consumos de combustible no excedieran el monto de dos mil pesos. El referido documento, en su parte conducente propone el siguiente texto legal:
I. ...
II. ...
III. Estar amparadas con documentación que reúna los requisitos que señalen las disposiciones fiscales relativas a la identidad y domicilio de quien la expida, así como de quien adquirió el bien de que se trate o recibió el servicio y que los pagos cuyo monto exceda de $2 000.00, se efectúen mediante cheque nominativo del contribuyente, tarjeta de crédito, de débito o de servicios, o a través de los monederos electrónicos que al efecto autorice el Servicio de Administración Tributaria, excepto cuando dichos pagos se hagan por la prestación de un servicio personal subordinado.
Los pagos que en los términos de esta fracción deban efectuarse mediante cheque nominativo del contribuyente, también podrán realizarse mediante traspasos de cuentas en instituciones de crédito o casas de bolsa.
Las autoridades fiscales podrán liberar de la obligación de pagar las erogaciones con cheques nominativos, tarjetas de crédito, de débito, de servicios, monederos electrónicos o mediante traspasos de cuentas en instituciones de crédito o casas de bolsa a que se refiere esta fracción, cuando las mismas se efectúen en poblaciones o en zonas rurales, sin servicios bancarios.
Cuando los pagos se efectúen mediante cheque nominativo, éste deberá ser de la cuenta del contribuyente y contener su clave de Registro Federal de Contribuyentes así como, en el anverso del mismo la expresión para abono en cuenta del beneficiario.
Los contribuyentes podrán optar por considerar como comprobante fiscal para los efectos de las deducciones autorizadas en este Título, los originales de los estados de cuenta de cheques emitidos por las instituciones de crédito, siempre que se cumplan los requisitos que establece el artículo 29-C del Código Fiscal de la Federación."
"... Que no se cuenta con la infraestructura necesaria en las estaciones de servicio de Pemex para realizar los pagos a través de los medios que se sugieren en la medida, lo que coarta el legítimo derecho de los contribuyentes a deducir los consumos de combustibles."
"... Que con la medida en vigor, se aumenta el precio real de las gasolinas para el consumidor, toda vez que ni la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ni PEMEX y menos los propietarios de las Estaciones de Servicio están dispuestas a absorber el costo de las altas comisiones bancarias, por lo que este costo se termina trasladando al consumidor en detrimento de su ingreso."
"... Que las últimas disposiciones publicadas en el Diario Oficial de la Federación no dan solución a la demanda de los representados, toda vez que sólo convierten el trámite de la deducción en un proceso altamente burocrático y tedioso."
La Secretaría de Gobernación recibió el 8 de mayo del 2006, el oficio número II-2681 de fecha 27 de abril de 2006, suscrito por los ciudadanos diputado Marcos Morales Torres y senadora Sara Isabel Castellanos Cortés, mediante el cual el Congreso de la Unión remitió al Ejecutivo federal el proyecto de "Decreto por el que se deroga el segundo párrafo de la fracción III, del artículo 31 de la Ley del Impuesto sobre la Renta", para los efectos constitucionales correspondientes.
En este sentido, el Ejecutivo federal estimó que eliminar –como sistema de control fiscal– los pagos a través del uso de medios electrónicos, implica un retroceso en los esquemas de control eficiente para la administración tributaria, así como en la instrumentación de mecanismos que, sin duda, una vez implantados simplifican la carga administrativa para los contribuyentes, además de que les otorga mayor seguridad para comprobar las erogaciones que realizan para el consumo de combustibles. Actualmente los contribuyentes pueden utilizar, para los efectos de comprobar los gastos realizados por consumo de combustibles, los estados de cuenta emitidos por las empresas que expidan monederos electrónicos, los cuales contienen información más detallada como el Registro Federal de Contribuyentes, tanto del adquirente como del enajenante; identificación de la estación de servicio en la cual se realizó el consumo de combustible y su monto total, así como fecha, hora y número de folio de cada operación realizada con dichos medios de pago.
Al respecto, en la parte conducente de la exposición de motivos se señaló que:
El Ejecutivo federal, considera que a efecto de avanzar en la política de establecer como mecanismo de control de las deducciones los instrumentos de pago que ofrece el sistema financiero a sus clientes, y que tratándose del consumo de combustibles para vehículos automotores el pago correspondiente se efectúe mediante cheque nominativo, tarjeta de crédito, de débito o de servicios o monederos electrónicos, aún cuando dichos consumos no excedan del monto citado, lo que tiene por objeto optimizar la labor de las autoridades fiscales y simplificar la carga administrativa de los contribuyentes.
Con esto se fortalecerá la aplicación del esquema de controles volumétricos para la enajenación de combustibles para uso automotriz, desincentivando con ello la venta ilegal de combustibles que afecta gravemente a los ingresos del Estado. Dado que establecer como requisito de la deducción por concepto combustibles para vehículos automotores, obligaría que las adquisiciones de dicho insumo se realicen únicamente en el mercado formal.
Cabe señalar, que impulsados por el Poder Ejecutivo federal, los actores económicos involucrados han tomado medidas importantes para ampliar la instalación de la infraestructura para procesar medios de pago electrónicos y promover su utilización, lo que ha dado como resultado que al 15 de agosto del año próximo pasado, 4 mil 694 estaciones de servicio cuenten con terminales punto de venta. No se omite destacar que de octubre de 2005 al 15 de agosto de 2006, el número de estaciones de servicio con terminales punto de venta, aumentó en un 97.1 por ciento.
La tendencia de crecimiento de las terminales punto de venta también se refleja en el aumento del número de transacciones con medios de pago electrónicos para adquirir combustible en las estaciones de servicio. En enero de 2005 se recibieron alrededor de 50 mil operaciones con tarjetas, mientras que al mes de junio de 2006 se registraron aproximadamente 1.9 millones de transacciones con estos medios; además se han autorizado a la fecha 26 empresas emisoras de monederos electrónicos.
En relación a la aplicación de estímulos fiscales como los contenidos en el "Decreto por el que se otorgan estímulos fiscales a los contribuyentes que adquieran e instalen dispensarios de gasolina en establecimientos abiertos al público en general", publicado en el Diario Oficial de la Federación el pasado 26 de junio, con el cual se promueve que más estaciones de servicios cuenten con la infraestructura para procesar medios de pago electrónicos, ya que permite acreditar un monto equivalente al 70 por ciento del monto original de la inversión por la adquisición de nuevos dispensarios, así como un estímulo fiscal adicional por el restante 30 por ciento cuando los dispensarios que se substituyan se conviertan en chatarra, siempre y cuando, entre otras, se cumpla con las siguientes obligaciones:
Aceptar el pago por concepto de consumo de combustibles mediante tarjetas de débito, de crédito o de servicios o a través de monederos electrónicos, sin efectuar el cargo de comisiones a los contribuyentes que adquieran los combustibles, y
Que los dispensarios que instalen cumplan con las características establecidas por la norma oficial mexicana NOM-005-SCFI-2005.
Estas consideraciones permitirían alcanzar el objetivo de que su infraestructura resulte la idónea para poder aceptar, sin dificultad alguna, los pagos que realicen los contribuyentes para el consumo de combustibles, previniendo así el robo de éstos y la evasión fiscal, sin que la medida se convierta en una carga adicional a los contribuyentes que consuman los mismos.
Adicionalmente, es importante destacar que para lograr que las estaciones de servicio en todo el país cuenten con terminales punto de venta, se otorgó un estímulo fiscal que permite que la instalación de las mismas se realice sin costo alguno para éstas.
De lo anteriormente señalado se advierte que actualmente las estaciones de servicio del país tienen a su alcance los medios necesarios para contar con la infraestructura adecuada para recibir los pagos a través de medios electrónicos, sin que ello redunde en costos adicionales para los contribuyentes y para dichas estaciones de servicio.
El artículo 31, fracción X de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público autorizó el aumento del margen comercial de la gasolina y de diesel; situación que permitirá a los expendedores de dichos combustibles absorber el impacto económico de las comisiones correspondientes ,ya que Petróleos Mexicanos ha incorporado en el nuevo contrato de franquicia un aumento en el margen comercial de los expendedores, el cual podrá ser incrementado de manera adicional si se observan determinados requisitos de calidad, por ejemplo los vinculados con la instalación de controles volumétricos, aceptación de pagos con medios electrónicos y estándares de calidad de servicio a sus clientes. En este sentido, cabe destacar que las estaciones de servicio, al suscribir el nuevo contrato de franquicia, podrán gozar del incremento en el margen comercial, siempre y cuando no repercutan a sus clientes las comisiones que, en su caso, les cobren las instituciones bancarias.
Estas comisiones que pudieran llegar a cobrarse por parte de instituciones de crédito, en ningún momento causarán perjuicio, ni a los propietarios de las franquicias –al verse incrementado su margen comercial– ni a los contribuyentes –a quienes no les repercutirá ninguna comisión por parte de aquéllos– evitándose así cualquier perjuicio a las partes involucradas.
Este aumento en el margen de comercialización no repercute en los precios de los combustibles, ni en las finanzas de Petróleos Mexicanos, ya que el impacto se absorberá, por el gobierno federal, quien en principio obtendrá una menor recaudación de ingresos por concepto de impuesto especial sobre producción y servicios, como resultado de ella, dicho impacto se verá compensado al contar con mecanismos que permitan combatir las diversas prácticas de evasión fiscal a que se ha venido haciendo referencia.
Ciertamente el proceso para contar con la infraestructura de aceptación de medios de pago electrónicos en las estaciones de servicio ha resultado un gran reto, puesto que el mismo involucra a más de 7 mil 191 estaciones de servicio distribuidas en todo el país, las cuales deberán contar, al final del proceso de transformación, con terminales puntos de venta, dispensarios de gasolina y controles volumétricos; lo anterior involucra, tanto a las autoridades como a diversos actores económicos, quienes han realizado un esfuerzo conjunto para atender las deficiencias y lograr una adecuada aplicación de las diversas medidas, incluida la fiscal.
En este sentido, si bien es cierto que la implantación de la reforma al segundo párrafo de la fracción III, del artículo 31 de la Ley del Impuesto sobre la Renta publicada el 1 de diciembre de 2004; generó en principio algunas dificultades en su aplicación para el contribuyente, resulta indispensable no perder de vista que las inconveniencias que hasta el momento se han dado son temporales y que al término de la citada etapa de implantación se contará con una infraestructura que permitirá, en el mediano y largo plazos, beneficios permanentes asociados al esquema de pago a través de medios electrónicos, como lo son, entre otros, un mejor servicio, la reducción del manejo de efectivo o el mejor control de los consumos de combustibles de los vehículos que no son administrados directamente por los contribuyentes.
Consideraciones a lo planteado en los antecedentes por la LIX Legislatura y el Poder Ejecutivo:
La realidad en cuanto a este tema, es que no es pertinente estar en ninguno los dos extremos; ni derogar la deducibilidad por medios electrónicos, pero tampoco dejar exclusivamente que ésta solo sea por ese medio. Debemos buscar un mecanismo complementario en donde el resultado sea una ley para "ganar-ganar". Esto es que todos salgamos beneficiados; los contribuyentes, que puedan tener la facilidad de pago y deducción en todas las estaciones de servicio; Los empresarios, que tengan simplicidad en la operación y que les permita atender adecuadamente al consumidor y cumplir fiscalmente con la autoridad; Pemex, que evitará la venta ilegal de combustible y contará con franquicias con equipo e instalaciones modernas y la Secretaría de Hacienda, que logrará reducir la evasión y la elusión fiscal al tener todas las facilidades para dar seguimiento a las operaciones realizadas en cada estación de servicio y por ende, tener una mejor recaudación.
Por ello, debemos tener otra alternativa además del pago electrónico que también brinde los resultados que se están buscando y que han sido expuestos párrafos arriba. Esta sería, aprovechar los sistemas electrónicos con los que ahora cuentan las estaciones de servicio y con ello se podrían recibir pagos en efectivo o con vales dando los mismos resultados que con las tarjetas electrónicas.
Entiendo que el espíritu de los legisladores de la LIX Legislatura fue apoyar al contribuyente dado que en la realidad no opera eficientemente el mecanismo estipulado en la ley para hacer efectiva la deducción en la compra de combustibles en lo estoy totalmente de acuerdo con ellos.
En cuanto a lo expresado por el Poder Ejecutivo en defensa de mantener como actualmente se encuentra el texto del párrafo III del artículo 31 de la Ley del ISR, de acuerdo al siguiente estudio no son del todo precisas y carecen parcialmente de verdad como lo expongo:
Si bien de 7 mil 191 estaciones de servicio 4 mil 694 cuentan con terminales punto de venta según la Secretaría de Hacienda pasa lo siguiente:
a) No es el 100 por ciento de las estaciones que cuenten con terminales puntos de venta cuando así debería de ser por la exigencia que le hacemos al contribuyente;
b) Son más de treinta empresas autorizadas para emitir las tarjetas de crédito, débito o monedero electrónico y cada una tiene su terminal punto de venta, por lo tanto es mínima la cobertura en las estaciones de servicio, por lo que primero se debería de homologar todas en una sola terminal punto de venta para que realmente se cubra al 100 por ciento y el contribuyente tenga la garantía de que el servicio que contrate será aceptado en todas las estaciones de servicio.
Para pagar por medios electrónicos, cada empresa tiene su maquina para hacerlo, lo que conllevaría a la estación de servicio a tener más de 30 maquinas terminales puntos de venta para dar el servicio completo al consumidor. Con el problema de que cada empresa cobra renta mensual por la misma, exigen cierto volumen o hay otro cargo y en la mayoría aparte se cobra comisión, esto hace técnica y financieramente inoperable a la gasolinera.
Esta disposición es totalmente inoperante y disfuncional, porque al haber tantas empresas o bancos que ofrecen estos servicios electrónicos, el consumidor o usuario debe escoger alguna opción para hacer sus operaciones en las gasolineras, resultando en algunas ocasiones que donde va a cargar el combustible no aceptan la tarjeta de ese banco o esa empresa, lo que en ese momento deja de ser benéfico y por el contrario le causa un perjuicio y problemática.
El Ejecutivo menciona que en el 2006 hubo 1.9 millones de transacciones por estos medios, lo que no menciona es que las gasolineras efectúan más de 110 millones de transacciones al año, por lo tanto el pago por medios electrónicos representa el 1.72 por ciento de ellas, prácticamente un porcentaje insignificante, el resto son pagos en efectivo.
Además como está estructurado actualmente, hace que el banco y las empresas autorizadas se conviertan en un oligopolio ya que al ser el único medio para deducir el pago de combustibles, puedan fijar a su arbitrio las comisiones que quieran cobrar tanto al gasolinero como al contribuyente.
Los estímulos fiscales que dan sobre el cambio de dispensarios y la obligación de contar con controles volumétricos y terminales punto de venta, refuerzan nuestra propuesta, ya que sí se está invirtiendo en equipo con tecnología de punta para mayor control y mejor servicio, estos mecanismos deben de servir para deducir también los consumos de gasolina, y tener el control y la exactitud de la carga evitando las facturas apócrifas. Esto ayudaría a no hacer obligatorio el pago por medios electrónicos para deducir los impuestos. De esta manera la gasolinera no pagaría las comisiones de los bancos, que son demasiado altas para el porcentaje de la utilidad que obtienen, aunado al costo de cobro por la renta mensual de las terminales punto de venta.
Respecto a facilitar al contribuyente, especialmente al sector de auto transporte para un mejor control de las erogaciones por concepto de combustibles y poder otorgar seguridad a los operadores ya que no llevarán consigo dinero en efectivo resulta impractico ya que deberán de llevar cheques en blanco firmados, tarjetas de crédito o debito empresariales las cuales todos lo operadores deberán tener firma autorizada para realizar pagos, esto en el caso de no haber optado por comprar vales de combustible con alguna estación de servicio y/o cuando la necesidad de la operación de la empresa requiera que se cargue combustible en algún otro establecimiento.
La comisión que obtiene el gasolinero dada por Pemex es muy pequeña en relación a lo que pretenden cobrar como comisión los bancos que les representa entre el 20 y 25 por ciento según el caso de su utilidad "bruta", esto es altísimo. La problemática tampoco se resuelve aumentando en un punto la comisión, como pretende Pemex, a cambio de pagar las comisiones bancarias, además ese aumento no cubre sus gastos y mucho menos las inversiones que las estaciones de servicio están obligadas a hacer, en equipos que Pemex ha determinado como los adecuados para avalar y permitir su funcionamiento.
Facilita la operación a los consumidores donde tendrían la seguridad de encontrar algún instrumento de control y deducibilidad en el total de las estaciones de servicio, evitando también con ello la venta de facturas apócrifas que es lo que le preocupa al SAT.
Para que esto ahora si funcione adecuadamente, la Secretaría de Hacienda deberá realizar las siguientes acciones con el sistema bancario y las empresas autorizadas para emitir las tarjetas para pago electrónico:
2. Firmar un convenio con los bancos, instituciones y empresas autorizadas para emitir los instrumentos para el pago electrónico con los dueños de las estaciones de servicios para que las comisiones que se quieran cobrar no sean mayores al 0.5 por ciento.
Decreto
Por el que se modifica el segundo párrafo de la fracción III, del artículo 31 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, para quedar de la siguiente manera:
Artículo 31. Las deducciones autorizadas en este Título deberán reunir los siguientes requisitos:
II. …
III. Estar amparadas con documentación que reúna los requisitos de las disposiciones fiscales y que los pagos cuyo monto exceda de $ 2 000.00 se efectúen mediante cheque nominativo del contribuyente, tarjeta de crédito, de débito o de servicios, o a través de los monederos electrónicos que al efecto autorice el Servicio de Administración Tributaria, excepto cuando dichos pagos se hagan por la prestación de un servicio personal subordinado.
Tratándose del consumo de combustibles para vehículos marítimos, aéreos y terrestres, el pago podrá efectuarse mediante las siguientes formas:
a) cheque nominativo del contribuyente, tarjeta de crédito, de débito o de servicios, a través de los monederos electrónicos a que se refiere el párrafo anterior;
b) en efectivo y/o vales siempre y cuando este pago esté respaldado por la factura correspondiente acompañada de las notas electrónicas emitidas por la estación de servicio;
Los pagos que en los términos de esta fracción deban efectuarse mediante cheque nominativo del contribuyente, también podrán realizarse mediante traspasos de cuentas en instituciones de crédito o casas de bolsa.
Las autoridades fiscales podrán liberar de la obligación de pagar las erogaciones con cheques nominativos, tarjetas de crédito, de débito, de servicios, monederos electrónicos o mediante traspasos de cuentas en instituciones de crédito o casas de bolsa a que se refiere esta fracción, cuando las mismas se efectúen en poblaciones o en zonas rurales, sin servicios bancarios.
Cuando los pagos se efectúen mediante cheque nominativo, éste deberá ser de la cuenta del contribuyente y contener su clave del Registro Federal de Contribuyentes así como, en el anverso del mismo la expresión "para abono en cuenta del beneficiario".
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 30 de mayo de 2007.
Diputado Daniel Ludlow Kuri (rúbrica)
QUE REFORMA EL ARTÍCULO
74 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
Y LA LEY DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN, PRESENTADA
POR EL SENADOR TOMÁS TORRES MERCADO, EN NOMBRE DEL DIPUTADO HUGO
EDUARDO MARTÍNEZ PADILLA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD, EN LA
SESIÓN DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL MIÉRCOLES 6 DE
JUNIO DE 2007
El suscrito, diputado federal, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LX Legislatura, en ejercicio de la facultad conferida en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración del honorable Congreso de la Unión la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 74, fracción IV, sexto párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 66 y 67 de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, conforme a la siguiente
Exposición de Motivos
La Cuenta de la Hacienda Pública Federal (CHPF) es el informe que rinden los poderes de la Unión y los entes públicos federales sobre su gestión financiera, presupuestaria, programática y económica, que de manera consolidada presenta el Ejecutivo a la Cámara de Diputados. La formulación de la CHPF se fundamenta jurídicamente en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en un conjunto de ordenamientos de la ley secundaria y de normas específicas.
La Cuenta Publica tiene por objeto comprobar que la recaudación, administración, manejo, custodia y aplicación de los ingresos y egresos durante un ejercicio fiscal, que abarca del primero de enero al 31 de diciembre de cada año, se hizo en los términos de las disposiciones legales y administrativas aplicables conforme a los criterios establecidos y con base en los programas aprobados.
La Ley de Fiscalización Superior de la Federación establece que la revisión de la Cuenta Pública está a cargo de la Cámara de Diputados, la cual se apoya para tales efectos en la Auditoría Superior de la Federación, que tiene a su cargo de fiscalización de la Cuenta Pública y goza de autonomía técnica y de gestión, para decidir sobre su organización interna, funcionamiento y resoluciones.
La Auditoría Superior de la Federación tiene como misión informar veraz y oportunamente a la Cámara y, en consecuencia, a la sociedad sobre el resultado de la revisión del origen y aplicación de los recursos públicos, del cumplimiento de los objetivos y metas; inducir el manejo eficaz, productivo y honesto de los mismos, y promover la transparencia y la rendición de cuentas por parte de los Poderes de la Unión y los entes públicos federales.
De acuerdo con lo que establecen la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) debe rendir el Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública a la Cámara de Diputados, por conducto de la Comisión de Vigilancia, a más tardar el 31 de marzo del año siguiente a aquel en que se presentó.
Corresponde a la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados evaluar si la Auditoría Superior de la Federación cumple las funciones que le han sido conferidas, de manera que este órgano legislativo tiene en su estructura un ente especializado denominado Unidad de Evaluación y Control (UEC).
La unidad está encargada de vigilar el estricto cumplimiento de las funciones a cargo de los servidores públicos de la ASF a fin de aplicar, en su caso, las medidas disciplinarias y sanciones administrativas preventivas en la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos y demás disposiciones legales aplicables.
En ese sentido, tanto la Cámara de Diputados como la Comisión de Vigilancia, la ASF y la UEC, comparten un objetivo común, que persiguen desde distintos ángulos de acción.
De acuerdo con lo que establece el artículo 74 de la Constitución, dentro de los diez primeros días del mes de junio de cada año, el Ejecutivo federal presenta la Cuenta Pública. A partir de ese momento, la ASF lleva a cabo la revisión de la misma, entregando a más tardar el 31 de marzo del año siguiente a la Cámara de Diputados el Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública.
Después, la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación se dedicará a la revisión de dicho informe, y las comisiones ordinarias darán su opinión a la de Presupuesto y Cuenta Pública, a cuyo cargo se encuentra la elaboración del dictamen correspondiente para su presentación ante el Pleno de la Cámara de Diputados.
Sin embargo, se observa un nulo intercambio de información entre el proceso de revisión del Informe del Resultado de la Revisión de la Cuenta Pública, a cargo de la Comisión de Vigilancia, y el proceso de dictaminación de la Cuenta Pública a cargo de la Comisión de Presupuesto.
La evaluación por parte del legislativo en México se ha incrementado con la pluralidad expresada en los últimos años en el Congreso, de manera que la relación con el Ejecutivo se ha modificado. La experiencia de gobierno dividido es un estímulo para que el Poder Legislativo recupere su función de vigilante del Ejecutivo.
Sin embargo, los mecanismos de control han sido insuficientes para obligar al Ejecutivo a ajustarse a las prioridades de gasto establecidas en el presupuesto. A pesar de los esfuerzos de negociación y reasignación de los legisladores, el Ejecutivo y, particularmente, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público siguen siendo quienes disponen del destino del gasto.
La Cámara de Diputados está facultada para revisar la Cuenta Pública, con objeto de comprobar si el gasto se ajustó a los criterios señalados por el presupuesto, así como verificar el cumplimiento de los objetivos establecidos.
El Ejecutivo tiene la obligación de ejercer el gasto público en seguimiento del Presupuesto de Egresos aprobado por la Cámara de Diputados, la cual tiene, a su vez, la obligación de fiscalizar que se realice de esa forma. Sin embargo, a partir de la aprobación, el 29 de diciembre de 2000, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación se creó un vacío legal que no establece con claridad tiempos ni términos para darle trámite a la tarea de fiscalización.
El dictamen de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal del Ejercicio Fiscal de 2001 fue una resolución importante que la Cámara de Diputados venía postergando. El retraso, por tres años, de este dictamen, fue motivado por las distintas interpretaciones de la reforma al artículo 79 constitucional, con la que se creó el órgano superior de fiscalización y de la que se desprendió un nuevo marco normativo: la Ley de Fiscalización Superior de la Federación.
Desde la LVIII Legislatura, un grupo de diputados había venido sosteniendo que ya no correspondía dicho dictamen a la Cámara de Diputados, en virtud de las atribuciones del órgano fiscalizador. Con este argumento se bloqueó cualquier intento de dictamen. Ya en la LIX Legislatura se reclamó desde la Junta de Coordinación Política y, en diversos momentos, en la Comisión de Presupuesto, la facultad de la Cámara de Diputados de evaluar la Cuenta Pública, como dispone la fracción IV del artículo 74 Constitucional.
La Cámara de Diputados no podía renunciar a sus facultades de control del gasto a través del examen de la Cuenta Pública, en la medida en que la Auditoría Superior era sólo un órgano técnico auxiliar de aquella. Esta postura ganó consenso y fue la que se impuso al final. Abordar con tantos años de demora dictaminar la Cuenta Pública del año 2001 canceló muchas acciones que pudieron implantarse de haberse dado este proceso con mayor oportunidad.
El dictamen tuvo la importancia al recuperar para la Cámara de Diputados sus atribuciones constitucionales en materia de revisión de los ingresos, egresos y deuda de cada ejercicio fiscal, atribuciones eminentemente de control.
Es pertinente mencionar que a partir de 2007 se cuenta con una nueva Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, en la cual se establece que el Ejecutivo presentará, a más tardar el primero de abril de cada año, escenarios macroeconómicos; en tanto, el 8 de septiembre se entregará el proyecto para aprobarlo a más tardar el 15 de noviembre; mientras que con la nueva Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria se obliga a que la Ley de Ingresos se apruebe el 20 de octubre en la Cámara de Diputados y el 31 de octubre en el Senado.
Es importante mencionar que la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados dejó pendiente el dictamen de los ejercicios fiscales 2002 y 2003, a los que se suma la Cuenta Pública de 2004, que tendrá que ser dictaminada por la LX Legislatura, además de que la Cuenta Pública relativa al ejercicio fiscal de 2005 fue recibida el año pasado y a principios de junio de este año se sumará la de 2006.
La dictaminación de las cuentas públicas se ha politizado y retrasado por la falta de una referencia expresa y contundente en la Constitución respecto de la facultad y obligación de dictaminar que tiene la Cámara de Diputados, así como por la ausencia del señalamiento de un plazo para ello. De igual manera, se omite señalar una vinculación entre dicho proceso y el de aprobación de los posteriores presupuestos de ingresos y egresos.
La revisión de la Cuenta Pública deber tener un referente en los futuros ingresos fiscales, administración y contratación de la deuda y ejercicio del gastos, para aprender de los ejercicios fiscales anteriores y corregir errores y deficiencias; de otra manera, el dictamen pierde todo sentido.
En este contexto, la presente iniciativa propone modificar las atribuciones de las comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, y de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, para que, en lo sucesivo, sea la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación la que dictamine la Cuenta Pública.
Por lo anteriormente expuesto, en ejercicio de la facultad que me confieren los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta soberanía, la presente iniciativa con proyecto de
Decreto por el que se reforman los artículos 74, fracción IV, sexto párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como 66 y 67 de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, para quedar de la siguiente forma:
Artículo Primero. Se reforma el artículo 74, fracción IV, sexto párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
Artículo 74.
IV. …
La Cuenta Pública del año anterior deberá ser presentada a la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión dentro de los diez primeros días del mes de junio. Una vez transcurrido dicho plazo, la Auditoría Superior de la Federación llevará a cabo la revisión de la misma, entregando a más tardar el 31 de marzo del año siguiente el Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública a la Cámara de Diputados. La Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación revisará dicho informe y las comisiones ordinarias darán su opinión a la de Vigilancia, a cuyo cargo se encontrará la elaboración del dictamen correspondiente para su presentación ante el Pleno de la Cámara de Diputados, y su aprobación, en su caso.
Artículo 66. Para los efectos de lo dispuesto en la fracción II del artículo 74 constitucional, la Cámara contará con una comisión que tendrá por objeto dictaminar la Cuenta Pública federal, coordinar las relaciones entre ésta y la Auditoría Superior de la Federación, evaluar el desempeño de esta última y constituir el enlace que permita garantizar la debida coordinación entre ambos órganos.
Artículo 67. Son atribuciones de la comisión:
III. Dictaminar la Cuenta Pública;
Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Notas
Auditoría Superior de la Federación. Visión
institucional ASF, capítulo II, "Origen y evolución",
Cámara de Diputados, septiembre de 2006.
Cámara de Diputados, Gaceta Parlamentaria, 31
de marzo de 2005.
Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior
de la Federación. Compilación jurídica, Ley
de Fiscalización Superior de la Federación, Cámara
de Diputados, 2005.
Comisión de Vigilancia de la Auditoría
Superior de la Federación. Aspectos jurídicos generales en
la revisión de la Cuenta Pública, Unidad de Evaluación
y Control, julio de 2006.
Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior
de la Federación. Informe de gestión de la UEC 2003-2006,
Unidad de Evaluación y Control, Cámara de Diputados, noviembre
de 2006.
Comisión de Vigilancia de la Auditoría
Superior de la Federación. Memoria de labores 2003-2006, fiscalización
superior: una visión de contexto, Cámara de Diputados,
LIX legislatura, julio de 2006.
Cámara de Diputados. Marco jurídico del
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, Miguel Ángel
Porrúa, librero-editor, enero 2006.
Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Cuenta de la Hacienda Pública Federal, resultados generales, Subsecretaría
de Egresos, Unidad de Contabilidad Gubernamental e Informes sobre la Gestión
Pública, SHCP, México 2001,2002, 2003, 2004 y 2005.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de junio de 2007.
Diputado Hugo Eduardo Martínez Padilla (rúbrica)
(Turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales.
Junio 6 de 2007.)
QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSOS
ARTÍCULOS DE LA LEY GENERAL DE DEUDA PÚBLICA, PRESENTADA
POR EL DIPUTADO LUIS SÁNCHEZ JIMÉNEZ, EN NOMBRE DEL DIPUTADO
HUGO EDUARDO MARTÍNEZ PADILLA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD,
EN LA SESIÓN DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL MIÉRCOLES
6 DE JUNIO DE 2007
El suscrito, diputado federal, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LX Legislatura, en ejercicio de la facultad conferida en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración del honorable Congreso de la Unión la presente iniciativa con proyecto de decreto, por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley General de Deuda Pública, conforme a la siguiente
Exposición de Motivos
Al cierre del primer trimestre de 2007, el saldo de la deuda neta del gobierno federal ascendió a 1 billón 969 mil 986.9 millones de pesos. De dicho monto, 77.1 por ciento está constituido por deuda interna y el restante 22.9 por ciento por deuda externa, de acuerdo con el informe sobre la situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
Según el informe el saldo de la deuda interna neta del gobierno federal, al cierre del primer trimestre de 2007 se situó en 1 billón 519 mil 175.3 millones de pesos. Entre el cierre de 2006 y el primer trimestre de este año, el vencimiento de la deuda interna pasó de 4.27 a 4.63 años. Mientras, el saldo de la deuda externa neta del gobierno federal se colocó en 40 mil 682.2 millones de dólares.
En el primer trimestre de 2007, el saldo histórico de los requerimientos financieros del sector público, indicador que incluye las obligaciones del sector público en su versión más amplia, ascendió a 3 billones 381 mil 744.8 millones de pesos, lo que equivale a 35.7 por ciento del producto interno bruto (PIB).
Por otra parte, el sexto informe de labores de la Secretaría de Hacienda, apartado "Política de deuda pública", señala que al concluir el primer semestre de 2006, la deuda neta del gobierno federal fue de 1 billón 794 mil 656.5 millones de pesos. De dicho monto, 64.8 por ciento se constituyó por deuda interna y el restante 35.2 por ciento por deuda externa.
En ese periodo, la deuda neta del gobierno federal como porcentaje del PIB se situó en 19.9 por ciento, correspondiendo 12.9 por ciento a la deuda interna y 7.0 por ciento a la deuda externa.
De acuerdo con el informe citado, el programa económico para 2006 estableció el compromiso de financiar el déficit público a través de fuentes internas. De tal manera, en la Ley de Ingresos de la Federación se autorizó un techo de endeudamiento interno neto hasta por 222 mil millones de pesos; no obstante, dicho monto podría variar en forma positiva si se utilizan recursos internos para alcanzar un mayor desendeudamiento externo del sector público que el programado originalmente.
Además, el informe señala que durante el primer trimestre de 2006 el endeudamiento interno se obtuvo primordialmente a través de la emisión de bonos y Udibonos, en tanto que el costo financiero de la deuda interna del gobierno federal ascendió a 57 mil 389.4 millones de pesos.
Según la Secretaría de Hacienda, el saldo de la deuda interna bruta del sector público federal fue de 1 billón 476 mil 525.4 millones de pesos, superior en 137 mil 105.2 millones de pesos al monto registrado al cierre de 2005. Como porcentaje del PIB, se situó en 16.4 por ciento, cifra superior en 1.6 puntos porcentuales a la observada al cierre de 2005.
El informe de labores también destaca que el saldo de la deuda interna neta del sector público federal presentó un monto de 1 billón 247 mil 225.5 millones de pesos, menor en 2 mil 820.5 millones de pesos que la registrada al cierre de 2005. Como porcentaje del PIB, se colocó en 13.8 por ciento, cifra inferior en 0.1 puntos porcentuales a la observada al cierre de 2005.
Durante los últimos años, la deuda interna ha venido creciendo de manera muy rápida, lo que significa que el problema ahora no es sólo la deuda externa sino, también, un nivel de endeudamiento interno muy alto. Éste no sólo es la deuda que circula en el mercado de valores a través de Cetes, Bondes y demás instrumentos, sino que hay otros rubros.
Entre ellos destacan los programas de rescate financiero de las privatizaciones fracasadas; es decir, la compra con recursos fiscales de los créditos incobrables de los bancos comerciales (Fobaproa-IPAB), de la banca de desarrollo (Fideliq), de los ingenios azucareros, de las carreteras concesionadas (FARAC), y otros.
La Ley General de Deuda Pública establece en los artículos 1o. y 2o. que son obligaciones constitutivas de deuda pública los pasivos directos o contingentes derivados de financiamiento a cargo de las entidades, y por financiamiento se entiende la contratación de créditos, empréstitos o prestamos derivados de a) la suscripción o emisión de títulos de crédito o cualquier otro documento pagadero a plazo; b) la adquisición de bienes o la contratación de obras o cuyo pago se pacte a plazos; c) los pasivos contingentes relacionados con los actos señalados; y d) la celebración de actos jurídicos análogos.
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) señala en el Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de 2001 que la definición de deuda pública sólo incluye los pasivos contingentes derivados de financiamientos, a pesar de que, por tratarse de la ley en la materia, dicho ordenamiento debería prever los pasivos de esa naturaleza de origen distinto, aunque fuese con el carácter general que le es propio.
Según la ASF, algunas de esas obligaciones, como las correspondientes a litigios judiciales en proceso y ciertos seguros (conceptos que en el sector privado se han reconocido tradicionalmente como fuentes de pasivos contingentes), pueden llegar a representar pasivos reales de importancia para el sector público presupuestario.
Para la ASF, en igual situación se encontrarían también los pasivos de las universidades públicas, los diferentes fondos de vivienda de los trabajadores del sector público y el reciente rescate financiero del sector azucarero, que deberían tomarse en cuenta para medir la sustentabilidad fiscal.
La Auditoría Superior de la Federación destaca que, en relación con los pasivos contingentes, la Ley General de Deuda Pública sólo se refiere expresamente a los pasivos derivados de los proyectos de impacto diferido en el registro del gasto –o Pidiregas– y los que contraen las instituciones que prestan el servicio público de banca y crédito, sin considerar los litigios judiciales en proceso, los pasivos de las universidades públicas, los fondos de vivienda de los trabajadores del sector público y el rescate de los ingenios azucareros.
Por tanto, la ASF considera que la Ley General de Deuda Pública es omisa e imprecisa en cuanto a que no define los aspectos siguientes:
b) Los actos, las operaciones y los conceptos que pueden generar obligaciones contingentes distintas de los que constituyen deuda pública contingente;
c) Las circunstancias y condiciones en que el gobierno federal puede contraerlas;
d) En particular, las características de las garantías que otorga el gobierno federal, su alcance y los requisitos que deben reunir las personas físicas o morales beneficiarias de esas garantías; y
e) Las prevenciones que deben constituirse en cada caso para hacer frente a la deuda contingente.
Para superar la situación descrita, el objeto de la presente iniciativa es que la Cámara de Diputados autorice la contratación de financiamiento interno a las entidades del sector público federal. Es pertinente mencionar que, en razón de esta iniciativa y en el supuesto de su aprobación, deberá suprimirse la leyenda que dice:
Decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley General de Deuda Pública
Artículo Primero. Se reforma y adiciona el capítulo II, artículo 6, párrafos primero, segundo y tercero, de la Ley General de Deuda Publica, para quedar como sigue:
Artículo 6.
Las entidades del sector público federal requerirán la autorización previa de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión para efectuar negociaciones oficiales, gestiones informales o exploratorias sobre la posibilidad de acudir al mercado externo de dinero y capitales.
Para obtener esta autorización deberán proporcionar sus programas financieros anuales y de mediano y largo plazos, así como la demás información que se les solicite, a fin de determinar sus necesidades de crédito.
Para la contratación de financiamientos internos, en cuanto a las entidades a que se refieren las fracciones I a VI del artículo 1o. de esta ley, se requerirá la autorización de sus respectivos órganos de gobierno y de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.
Artículo Segundo. Se reforma y adiciona el capítulo VI, artículo 23, de la Ley General de Deuda Publica, para quedar como sigue:
Artículo 23.
Las entidades acreditadas, ya sean del gobierno federal o del sector paraestatal, llevarán los registros de los financiamientos en que participen conforme a las reglas que señale la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Deberán además proporcionar a la Auditoría Superior de la Federación y, en su caso, a la Secretaría de la Función Pública toda la información necesaria para llevar a cabo la vigilancia que les compete respecto a la aplicación de los recursos provenientes de financiamientos autorizados, con una periodicidad de cada seis meses en el caso de la Auditoría Superior de la Federación y en el tiempo y forma que se lo solicite la Secretaría de la Función Pública.
Artículos Transitorios
Primero. El presente decreto entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. Se abrogan las disposiciones que contravengan la presente.
Notas:
Auditoría Superior de la Federación, Informe
del Resultado de la Revisión y Fiscalización Superior de
la Cuenta Pública de 2001, tomo 3, volumen 1, México, 2003.
Cámara de Diputados, Ley General de Deuda Pública,
www.diputados.gob.mx
Secretaría de Hacienda y Crédito Público,
Informe de la situación económica, las finanzas públicas
y la deuda pública, "Acciones y resultados al primer trimestre de
2007. Anexos de deuda pública", México 2007, páginas
D1-D21.
Secretaría de Hacienda y Crédito Público,
Sexto informe de labores, 5.3., "Política de deuda pública,
deuda interna del gobierno federal", México, 1 de septiembre de
2006, páginas 118-127.
Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, a 6 de junio de 2007.
Diputado Hugo Eduardo Martínez Padilla (rúbrica)
(Turnada a la Comisión de Hacienda y Crédito
Público. Junio 6 de 2007.)
QUE REFORMA EL ARTÍCULO
232-C DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS, RECIBIDA DE LOS DIPUTADOS AMADOR CAMPOS
ABURTO Y JESÚS EVODIO VELÁZQUEZ AGUIRRE, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PRD, EN LA SESIÓN DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL MIÉRCOLES
6 DE JUNIO DE 2007
Los suscritos, diputados federales de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en ejercicio de la facultad que les otorga la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de conformidad con lo previsto en el artículo 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, someten a la consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 232-C de la Ley Federal de Derechos, lo anterior al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
La importancia de la actividad turística, tanto en la economía nacional como en la regional, ha sido creciente a lo largo de las últimas décadas.
Los beneficios que genera el turismo no son solo económicos, sino sociales. En los últimos años también ha contribuido en cuanto a educación ambiental, a través del denominado turismo rural, cuya base es el adecuado aprovechamiento de los recursos naturales, es decir, desde una perspectiva sustentable.
Una de las grandes virtudes del turismo es justamente que contribuye a la redistribución del ingreso en el ámbito regional, elemento sustancial desde una perspectiva socioeconómica.
Pero a pesar de estas virtudes, el modelo neoliberal aplicado en los últimos años ha llevado a que el impulso que se ha dado al sector sea especialmente a grandes cadenas hoteleras y de restaurantes, muchas de ellas transnacionales, lo que ha mermado el flujo económico del turismo hacia todos los sectores de la población, especialmente en las localidades con esta vocación.
Un problema que se vive cada día en las regiones turísticas de playa y zona federal marítima es el pago establecido en el artículo 232-C de la Ley Federal de Derechos por el uso, goce o aprovechamiento de los espacios mencionados.
Debido a que las diez zonas están delimitadas por municipios, en estos espacios conviven grandes hoteles, restaurantes o desarrollos turísticos, con playas públicas, en donde se establecen micro, pequeños o medianos empresarios, como pueden ser modestas palapas, lo que se traduce en grandes injusticias económicas para estos últimos.
Hoy día debe existir el compromiso de los legisladores y de todos los actores del ramo de buscar que el turismo sea una actividad cuyos beneficios se traduzcan no sólo en indicadores estadísticos, sino en mejoras tanto para los turistas como para todos los prestadores de servicios.
Por ello, el espíritu de la presente iniciativa es aportar un elemento más que contribuya a una adecuada redistribución del ingreso y, sobre todo, apoyar directamente a los pequeños prestadores turísticos.
Es decir, se busca que dentro de las zonas ya delimitadas, exista una subzonificación a través de las características físicas de las instalaciones de los prestadores de servicios turísticos y bajo este criterio se apliquen tarifas diferenciadas.
Con esto se estará pasando del discurso a la acción, para apoyar a los micro, pequeños y medianos empresarios del ramo, quienes en conjunto representan más del 80 por ciento del mercado, y que en gran porcentaje ofrecen sus servicios a los turistas nacionales o a aquellos con menor poder adquisitivo.
Con esta medida se estará logrando un beneficio indirecto para los turistas nacionales y, sobre todo, impulsando el denominado turismo social.
Con la presente iniciativa se fomentará un círculo económico virtuoso del ramo, ya que al disminuir el cobro del derecho a los empresarios más pequeños se estará otorgando un incentivo para establecerse en las playas mexicanas, a fin de ofrecer sus servicios de manera formal, lo que, a su vez, se traducirá en un mayor registro de estos empresarios con Hacienda; por tanto, se incrementará la recaudación en estos municipios; es decir, el municipio tendrá una mayor fuente de recursos para garantizar los servicios públicos, lo que en el largo plazo se traducirá en mejoramiento de imagen de las localidades e incrementará el número de turistas que visiten dichos lugares.
Estas medidas, que en un principio parecen ser de pequeña importancia, en el mediano plazo logran beneficios en los distintos agentes del ramo. Es decir, se generan beneficios tanto para los turistas que accederán a los municipios que garanticen los servicios públicos y su seguridad como a los micro, pequeños y medianos empresarios, al poder instalar con mayor facilidad sus negocios, y al gobierno, que incrementará la recaudación.
De igual forma, se busca fomentar que los empresarios que participan en el ramo turístico puedan competir en circunstancias más justas dentro de un mercado económico voraz, que ha ido mermando las alternativas de desarrollo y crecimiento de los pequeños y medianos empresarios.
Según información de las cámaras empresariales, de cada 100 empresas que surgen en el ramo turístico sólo 8 logran sobrevivir más de dos años. Es evidente que estos empresarios necesitan ingresar a un mercado más justo.
La forma de contribuir con esto es aportar pequeños instrumentos que redunden directamente en los ingresos y beneficios económicos que, por consecuencia, traerán beneficios sociales para las comunidades con vocación turística.
Además de todas esas virtudes, este tipo de acciones genera arraigo y orgullo de la población, lo que se traduce en que se comprometan al cuidado y uso racional de los recursos; con ello se establece una política indirecta de cuidado al ambiente.
Por las consideraciones anteriormente expuestas y en ejercicio de las facultades constitucionales señaladas al inicio de esta iniciativa, los suscritos diputados federales sometemos ante esta honorable asamblea la iniciativa con proyecto de
Decreto por el que se modifica el artículo 232-C de la Ley Federal de Derechos.
Artículo Único. Se reforma el artículo 232-C de la Ley Federal de Derechos, para quedar como sigue:
Artículo 232-C. Están obligadas a pagar el derecho por el uso, goce o aprovechamiento de inmuebles, las personas físicas y las morales que usen, gocen o aprovechen las playas, la zona federal marítimo-terrestre, y los terrenos ganados al mar o a cualquier otro depósito de aguas marítimas. El monto del derecho a apagar se determinará con los siguientes valores, las zonas y subzonas a que se refiere el artículo 232-D de esta Ley:
Existirán dos subzonas en cada zona. Éstas se fijarán a partir de los servicios con que cuenten, así como de las características físicas, el giro comercial y mercado consumidor a que estén destinadas.
Subzona II: Playa rústica, la que se localiza fuera de la zona urbana y carece de construcciones utilizables. Además de que los concesionarios que se establezcan dentro de este criterio tendrán que comprobar que la actividad que desarrollen tenga un grado social de subsistencia, basado en los salarios mínimos que obtengan como ingreso.
…
Transitorios
Artículo Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de junio de 2007.
Diputados: Amador Campos Aburto, Jesús Evodio Velázquez Aguirre (rúbricas)
(Turnada a la Comisión de Hacienda y Crédito
Público. Junio 6 de 2007.)
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 45, numeral 6, inciso b), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados rinde su primer informe semestral de labores.
Instalación
Con fecha 4 de octubre del 2006 se hizo entrega a la diputada Verónica Velasco Rodríguez de las instalaciones, mobiliario y archivos de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía.
La instalación formal de la comisión se llevó a cabo el 12 de octubre de 2006, con la asistencia de 26 diputados integrantes.
En esta reunión de dijo que la radio, la televisión y la cinematografía, son un tema controvertido y polémico que durante la pasada legislatura suscitaron que se enfrentaran posiciones, ideas e intereses para todos legítimos; sin embargo, en la actual legislatura el compromiso es actuar de manera imparcial y objetiva, donde los únicos intereses sean en beneficio de la colectividad, "sin dejarse manipular" ni presionar por los intereses de unos cuantos o de grupos en particular; exhortando a los legisladores a conducirse de manera institucional.
La diputada presidenta mencionó que la radio debe ser considerada como el instrumento más importante para estar en contacto con los mexicanos, pero también puede ser un arma "muy peligrosa" para la estabilidad de la nación, de ahí la importancia de atender a todos los concesionarios e impulsar una legislación que promueva la radio educativa y cultural.
En materia de cinematografía, expresó que se ha descuidado mucho durante las últimas décadas y que no se le ha dado el impulso para estar a la altura de otros países; exhortó a que en la LX Legislatura pueda existir el acuerdo necesario para fortalecer el cine nacional.
En esta reunión, la secretaría técnica de la comisión distribuyó entre los integrantes el proyecto de plan de trabajo, con la finalidad de que sea analizado, revisado y, posteriormente, aprobado.
La Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía quedó conformada de la siguiente manera:
Mesa Directiva:
Diputados: Verónica Velasco Rodríguez, presidenta (Partido Verde Ecologista de México); Luis Enrique Benítez Ojeda (Partido Revolucionario Institucional), Moisés Félix Dagdug Lützow (Partido de la Revolución Democrática), José Antonio Díaz García (Partido Acción Nacional), Humberto López Lena Cruz (Convergencia), Lorenzo Daniel Ludlow Kuri (Partido Acción Nacional), Rocío del Carmen Morgan Franco (Partido Acción Nacional), secretarios.
Integrantes:
Diputados: Aleida Alavez Ruiz (Partido de la Revolución Democrática), Salvador Arredondo Ibarra (Partido Acción Nacional), Israel Beltrán Montes (Partido Revolucionario Institucional), Andrés Bermúdez Viramontes (Partido Acción Nacional), Enrique Cárdenas del Avellano (Partido Revolucionario Institucional), Raymundo Cárdenas Hernández (Partido de la Revolución Democrática), José de la Torre Sánchez (Partido Acción Nacional), Ángel Rafael Deschapms Falcón (Partido Acción Nacional), Aracely Escalante Jasso (Partido Revolucionario Institucional), Patricio Flores Sandoval (Partido Revolucionario Institucional), Neftalí Garzón Contreras (Partido de la Revolución Democrática), Enrique Iragorri Durán (Partido Acción Nacional), David Maldonado González (Partido Acción Nacional), Delber Medina Rodríguez (Partido Acción Nacional), Elizabeth Morales García (Partido Revolucionario Institucional), Ramón Félix Pacheco Llanes (Partido de la Revolución Democrática), Carlos Alberto Puente Salas (Partido Verde Ecologista de México), Gloria Rasgado Corsi (Partido de la Revolución Democrática), Raúl Ríos Gamboa (Partido de la Revolución Democrática), Eduardo Sánchez Hernández (Partido Revolucionario Institucional), Rodolfo Solís Parga (Partido del Trabajo), María Elena Torres Baltazar (Partido de la Revolución Democrática), Jaime Verdín Saldaña (Partido Acción Nacional).
Por acuerdo de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados de fecha 28 de noviembre de 2006, la diputada María de Jesús Martínez Díaz sustituye al diputado José de la Torre Sánchez, como integrante de esta Comisión.
De la misma manera, por oficio de la Mesa Directiva de fecha 20 de febrero de 2007, el diputado Leonardo Melesio de Jesús Magallón Arceo sustituye al diputado Ángel Rafael Deschamps Falcón como integrante de este Órgano Legislativo.
Reuniones de mesa directiva
La mesa directiva de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía ha realizado reuniones en las siguientes fechas:
Noviembre 13 de 2006
Se aprobó la realización del Taller en materia de radio y televisión, que será impartido por el despacho Consultores en Telecomunicaciones Gurría y Asociados, durante la última semana de noviembre y la primera de diciembre.
Se acordó que para la firma y validación de las actas de las reuniones plenarias, es necesario contar con la mayoría de las rúbricas de los integrantes de la mesa directiva. De igual manera, se aprobó que se realizara un encuentro con el arquitecto Héctor Osuna Jaime, titular de la Comisión Federal de Telecomunicaciones.
Enero 15 de 2007
En virtud de que los trabajos del Pleno de la Cámara de Diputados durante diciembre de 2006 respecto a la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2007 no fue posible llevar a cabo las reuniones mensuales ordinarias de la mesa directiva y la plenaria de la comisión, ni el Taller en materia de radio y televisión que se tenía programado, se pospuso este último para llevarlo a cabo los días 29 y 30 de enero de 2007.
Se aprobó el plan de trabajo de la comisión, atendiendo las respectivas observaciones realizadas por los integrantes de ésta, en su respectivo momento.
Fue consensuado en la mesa directiva el calendario de actividades de febrero a junio de 2007, en el cual se incluyeron las reuniones de la mesa directiva y las plenarias de la comisión, así como los encuentros con diversos organismos públicos y privados de la rama, y los viajes internacionales que hasta este momento se encuentran considerados.
Enero 30 de 2007
Se informó que se procedió a analizar y estudiar los asuntos pendientes de la LIX Legislatura, decidiendo que 17 iniciativas deberían ser desechadas en un dictamen conjunto, que sería presentado al pleno de la comisión, por considerar que la materia de las iniciativas ya no es vigente o podrían ser retomadas por los actuales integrantes de este órgano legislativo.
Se confirmó la reunión con el presidente de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) para el 21 de febrero, a las 17:00 horas, con los siguientes temas a tratar: el Reglamento Interior de la Comisión Federal de Telecomunicaciones; litigio de dos funcionarios de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en contra de la Cofetel; y la posible pérdida de la posición geoestacionaria 109.2° oeste; así como la reunión con Motion Pictures, el 14 de febrero, a las 11:00 horas, para tratar el tema de la piratería.
Febrero 12 de 2007
Durante la celebración de esta reunión de trabajo se contó con la presencia del licenciado Jorge Luis Gurría Hernández, titular del Despacho Consultores en Telecomunicaciones Gurría y Asociados, con la finalidad de llevar a cabo un intercambio de ideas con los diputados para conocer de las consecuencias legales de la aprobación de la minuta que reforma diversas disposiciones de la Ley Federal de Radio y Televisión, que se encuentra pendiente de aprobación en esta comisión y que las reformas previas motivaron a la presentación de una acción de inconstitucionalidad por parte del Senado de la Republica en la pasada legislatura.
Se informó por parte de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados sobre la autorización para que se realicen los viajes a las ciudades de Washington, DC, Estados Unidos de América, así como a Cartagena de Indias, Colombia, para participar en el Foro de la Asociación Nacional de Radiodifusores, y en el Foro Iberoamericano de Convergencia Tecnológica, respectivamente.
Por otro lado, se dio a conocer del exhorto de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a las Comisiones de Radio, Televisión y Cinematografía de ambas Cámaras, a fin de que puedan conocer acerca de la problemática de la estación de radio 105.7 FM.
Reuniones plenarias
La Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía en pleno ha realizado reuniones en las siguientes fechas
Noviembre 9 de 2006
En esta reunión de trabajo se presentaron algunas modificaciones a la propuesta del plan de trabajo, por lo que fueron recibidas por la mesa directiva de la comisión y turnadas a la secretaría técnica para que se atendiera.
Se distribuyó un documento que contiene un análisis de las iniciativas, puntos de acuerdo y minutas pendientes de la LIX Legislatura; la diputada presidenta invitó a quienes estuvieran interesados a que lo estudiaran y, en caso de que tuvieran interés en alguno de ellos, lo solicitaran por escrito a la secretaría técnica de la comisión.
Se acordó, por parte de la mesa directiva de esta comisión, la celebración del Taller en materia de radio y televisión, que sería impartido por el Despacho de Consultores en Telecomunicaciones Gurría y Asociados, encabezado por el licenciado Jorge Luis Gurría Hernández; el objetivo del taller será el proporcionar los conocimientos de los diferentes servicios de radio y de televisión, su marco jurídico, la regulación técnica y su evolución; las diferentes tecnologías utilizadas, así como el contexto internacional de la radio y de la televisión.
Enero 31 de 2007
Se hizo entrega del plan de trabajo que fue aprobado por la mesa directiva de la comisión, atendiendo las respectivas solicitudes y observaciones de los demás integrantes.
De la misma manera, se distribuyó entre los asistentes un calendario de trabajo de las actividades de la comisión, en el cual se incluyen las reuniones ordinarias mensuales plenarias y de mesa directiva, así como algunos encuentros con diversos organismos públicos y privados relacionados con el cine, la radio y la televisión.
Por otro lado, se presentó un proyecto de dictamen mediante el que se descargan de los registros de la comisión 17 iniciativas de la pasada legislatura, ya que desde el pasado 9 de noviembre se distribuyó la relación de las iniciativas, puntos de acuerdo y minutas de la LIX Legislatura y pendientes de dictamen, a fin de que realizaran las observaciones y reservas correspondientes, no recibiendo ningún cometario al respecto; sin embargo, por mayoría de los diputados presentes se decidió posponer la discusión del dictamen para la siguiente reunión.
Febrero 7 de 2007
La reunión no contó con el quórum reglamentario para llevarla a cabo, por lo que la diputada presidenta únicamente informó de la propuesta de convocatoria para la realización de los foros de consulta pública denominados El cine no necesita un Óscar; que tiene como propósito construir una agenda legislativa para promover las medidas necesarias para fortalecer al cine; a su vez, el objetivo de estos foros será recabar opiniones de las autoridades competentes, especialistas, legisladores, actores, exhibidores, productores, sociedad civil, a fin de lograr mecanismos jurídicos para apoyar el cine nacional.
Febrero 14 de 2007
El punto principal de reunión fue el encuentro con el licenciado Francisco Guerra Vázquez, director general de Piratería de Motion Pictures Association, para hablar acerca de esa actividad en México.
Realizó una presentación del Programa Antipiratería de la Industria de las Obras Cinematográficas y demás Obras Audiovisuales; la piratería es un fenómeno económico con tres problemas: prácticas delictivas, entre ellos el control del mercado mayorista, producción y distribución, y contrabando de materia prima; regulación del comercio, por ejemplo, contrabando de materia prima, venta minorista preconcebida, venta minorista por confusión y venta minorista por necesidad; y por ultimo, malos hábitos de consumo por pobreza, inmoralidad, desconocimiento, ausencia de producto, venganza, imitación y engaño.
Mencionó que la cooperación del gobierno federal a partir de 1999 al 2006 obtuvo los mejores resultados jamás vistos con acciones administrativas por parte del Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual, IMP, y penales por parte de la Procuraduría General de la Republica, pero sólo se estaba atendiendo a uno de los problemas y como se explicó anteriormente la problemática se divide en tres, si no se da una solución integral a los tres problemas al mismo tiempo no se va a resolver.
Después de la exposición del licenciado Guerra Vázquez se dio un espacio de participación para escuchar los comentarios de los diputados asistentes a la reunión, nutrido de un intercambio de ideas con el licenciado Guerra Vázquez.
Febrero 21 de 2007
En esta reunión se llevó a cabo un encuentro de trabajo con los comisionados de la Comisión Federal de Telecomunicaciones, encabezados por el arquitecto Héctor Osuna Jaime, comisionado presidente, el licenciado Eduardo Ruiz Vega y el ingeniero José Luis Peralta, comisionados de la Comisión Federal de Telecomunicaciones, Cofetel.
Los temas centrales que se desarrollaron en la reunión fueron los siguientes:
4. La transición digital; paradigmas de una evolución tecnológica en radiodifusión sonora y por televisión: transición a televisión digital terrestre, radio digital, principios de la política de radio digital.
5. La ocupación del espectro; acciones instauradas por la Cofetel para hacer más eficiente su aprovechamiento: Ocupación del espectro radioeléctrico (valle de México).
6. La "Tercera cadena"; disponibilidad y viabilidad.
7. Gobierno del Distrito Federal, solicitud del GDF para
contar con un canal de televisión en el valle de México.
8. Estación de radio por frecuencia modulada 105.7,
estatus jurídico.
9. Licitación de la posición orbital geoestacionaria
109.2 oeste; consideraciones generales, oportunidad en la banda KA, marco
regulatorio en México, Mexsat-109.2 W KA.
Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Radio y Televisión, del diputado Jorge Godoy Cárdenas, de Convergencia, presentada el 14 de noviembre de 2006, turnada a las Comisiones Unidas de Radio, Televisión y Cinematografía, y de Gobernación. Estado que guarda: Pendiente de dictamen.
Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 62 de la Ley Federal de Radio y Televisión, del diputado Luis Enrique Benítez Ojeda, del PRI, presentada el 16 de noviembre de 2006, turnada a las Comisiones Unidas de Radio, Televisión y Cinematografía, y de Gobernación. Estado que guarda: Pendiente de dictamen.
Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a resolver el juicio de revisión constitucional presentado por Infored, SA de CV, y José Gutiérrez Vivó, del diputado José Manuel del Río Virgen, del Grupo Parlamentario de Convergencia, presentado el 12 de diciembre de 2006. Estado que guarda: Desechada y publicada el 3 de abril de 2007 por el Pleno de la Cámara de Diputados.
Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 59, 62 y 90 de la Ley Federal de Radio y Televisión, de la diputada Lorena Martínez Rodríguez, del PRI, presentada el 24 de enero de 2007. Estado que guarda: Pendiente de dictamen.
Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, del Código Penal Federal y de la Ley Federal de Radio y Televisión, del diputado Mario Enrique del Toro, del PRD, presentada el 6 de febrero de 2007, turnada a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Gobernación, de Justicia, y de Radio, Televisión y Cinematografía. Estado que guarda: Pendiente de dictamen.
Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de las leyes para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; Federal de Radio y Televisión; y General de Educación, de la diputada Mónica Arriola, del Panal, presentada el 8 de febrero de 2007, turnada a las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables, de Radio, Televisión y Cinematografía, y de Educación Pública y Servicios Educativos. Estado que guarda: Pendiente de dictamen.
En sesión de la mesa directiva celebrada el 15 de enero de 2007, se aprobó el programa de trabajo de la comisión, para dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 45, numeral 6, inciso a), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. Dicho programa considera, entre otros, los siguientes temas de agenda legislativa:
Atención de asuntos correspondientes al inventario de anteriores legislaturas, que comprende: 37 iniciativas de ley; 1 minuta de la Cámara de Senadores; y 4 proposiciones con punto de acuerdo.
Elaboración de la página web de la comisión.
Contribuir al fortalecimiento de la integración nacional a través de la difusión de mensajes que reafirmen los valores históricos, democráticos, culturales y sociales de la población.
Exhortar al Poder Ejecutivo federal para que fortalezca los procesos de regulación, supervisión y vigilancia sobre la transmisión de materiales en radio, televisión y cine de manera que contribuya al fomento de la integración nacional y sus valores, de conformidad con la legislación vigente; así como para la revisión de la proliferación de estaciones de radio ilegales en el país.
Efectuar reuniones de trabajo con las dependencias integrantes del sector que corresponda atender a la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía para conocer su problemática legislativa y sus programas de desarrollo. Tales como la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel).
Integrar un sistema básico de información y documentación para dar servicio a los integrantes de la comisión.
Coordinar las actividades propias de la comisión con otras comisiones en las que se traten asuntos correlativos al área de su competencia.
Desarrollar en su caso análisis de coyuntura sobre los asuntos concernientes a los asuntos propios de la comisión, con el propósito de apoyar las tareas de sus integrantes.
48 Semana Nacional de la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión, Cancún, Quintana Roo
Del 24 al 27 de octubre de 2006, en el marco de la celebración de la 48 Semana Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión, asistieron los siguientes diputados integrantes de la comisión:
Verónica Velasco Rodríguez, presidenta (PVEM); Rocío del Carmen Morgan Franco (PAN), José Antonio Díaz García (PAN), Lorenzo Daniel Ludlow Kuri (PAN), Moisés Félix Dagdug Lutzow (PRD), Luis Enrique Benítez Ojeda (PRI), Humberto López Lena Cruz (Convergencia), secretarios; Carlos Alberto Puente Salas (PVEM), Eduardo Sánchez Hernández (PRI).
El objetivo de su asistencia fue básicamente la de estrechar los lazos de comunicación con todos los integrantes de la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión, además de participar en el panel de legisladores para hablar acerca de temas de telecomunicaciones. Asistieron a las conferencias magistrales acerca del Papel de los medios de comunicación en el siglo XXI, así como de la Convergencia Tecnológica.
Seminario sobre Liderazgo de Estado (nuevo congreso, nuevas caras, nuevos retos), Washington, DC, EUA
La Asociación Nacional de Radiodifusores de Estados Unidos de América (NAB) llevó a cabo, del 27 de febrero al 1 de marzo de 2007, el seminario sobre Liderazgo de Estado (nuevo congreso, nuevas caras, nuevos retos) en la ciudad de Washington, DC, haciendo una cordial invitación a los diputados integrantes de la comisión, a la que correspondió una delegación formada por los siguientes diputados:
Verónica Velasco Rodríguez, presidenta (PVEM); Lorenzo Daniel Ludlow Kuri, secretario (PAN), Salvador Arredondo Ibarra (PAN), Aleida Alavez Ruiz (PRD), Eduardo Sánchez Hernández (PRI).
El seminario contó con la presencia de destacados congresistas estadounidenses, abogados especialistas en asuntos de telecomunicaciones, y profesionales encargados del cabildeo de las empresas concesionarias de radio y televisión afiliadas a la NAB.
El enfoque principal del evento fue un análisis minucioso de los principales retos que actualmente enfrenta la industria de la radiodifusión en los Estados Unidos de América, la visión del congreso norteamericano en relación con las relaciones institucionales entre radiodifusores y congresistas, los retos que en materia legislativa tendrá que enfrentar la industria de radiodifusión y la de telecomunicaciones de cara al proceso de convergencia tecnológica y aspectos legales vinculados a la radiodifusión y las telecomunicaciones.
Cabe destacar la visita realizada a la sede del Congreso donde se dio la oportunidad para un intercambio de puntos de vista entre legisladores mexicanos y congresistas estadounidenses relacionados con la radiodifusión y las telecomunicaciones.
Foro Iberoamericano de Convergencia 2007-FIC 2007, Cartagena de Indias, Colombia
Del 27 de febrero al 1 de marzo de 2007, una delegación de legisladores de la comisión acudió al Foro Iberoamericano de Convergencia 2007, organizado por Andina Link y la Asociación Hispanoamericana de Centros de Investigación y Empresas de Telecomunicaciones, en Cartagena de Indias, Colombia.
La delegación estaba integrada por los siguientes diputados: Rocío del Carmen Morgan Franco (PAN), José Antonio Díaz García (PAN), Luis Enrique Benítez Ojeda (PRI), secretarios; Carlos Alberto Puente Salas (PVEM), Daniel Dehesa Mora (PRD).
El objetivo primordial foro fue que todos los actores de la convergencia pudieran reflexionar sobre cuestiones muy relevantes para el proceso de transición que vive la región iberoamericana, como la manera en que deberían regularse los servicios prestados a través de banda ancha, la generación de modelos económicos y de negocios para abordar el triple y cuádruple play, las aplicaciones y los servicios en línea y el impacto en los negocios digitales, los derechos de autor de los contenidos digitales y la piratería en la era de la convergencia digital, así como los retos y desafíos de los generadores de contenidos ante el fenómeno de la piratería.
Asimismo, en dicho foro se da cuenta de la manera en que los operadores de cable de la región han comenzado a dar pasos en la incorporación de nuevas tecnologías como el triple y el cuádruple play, al mismo tiempo que viven una transformación que hoy lleva a plantear el tema de la convergencia digital, junto con todos los actores de la industria que desean prestar servicios empaquetados de televisión y telecomunicaciones con una nueva regulación que, a saberse, sufre de un grave rezago, incluso mundial.
Por otra parte, en el complejo panorama audiovisual, que lo será aún más con la próxima implantación del sistema de televisión digital, se hace indispensable la unión de esfuerzos por parte de académicos, asesores, productores, comercializadores, distribuidores, reguladores y desarrolladores de tecnología, a fin de lograr una correcta interpretación que nos permita ser más asertivos y prepararnos para los retos de un futuro próximo.
De esa manera, la FIC 2007 se constituyó en el marco en que se pudo visualizar el camino que está tomando la industria ante las transformaciones que está generando la convergencia digital.
Otras actividades
Taller en materia de radio y televisión
Durante los días 29, 30 y 31 de enero de 2007 se impartió el taller en materia de radio y televisión, por el Despacho de Consultores en Telecomunicaciones Gurría y Asociados, encabezado por el licenciado Jorge Luis Gurría Hernández, con el objetivo de proporcionar los conocimientos básicos y esenciales de los diferentes servicios de radio y de televisión, su marco jurídico, la regulación técnica y su evolución, y las diferentes tecnologías utilizadas, así como el contexto internacional de la radio y de la televisión.
El taller contó con la asistencia de diversos integrantes de la comisión, así como algunos otros diputados que, a pesar de no pertenecer a ella, mostraron el interés por asistir.
La participación de los asesores, asistentes y auxiliares de los integrantes de la comisión fue muy importante para el desarrollo del taller.
Diputados: Verónica Velasco Rodríguez,
presidenta; Rocío del Carmen Morgan Franco, José Antonio
Díaz García, Luis Enrique Benítez Ojeda, Moisés
Félix Dagdug Lutzow, Humberto López Lena Cruz, Lorenzo Daniel
Ludlow Kuri, secretarios (rúbricas).
A la reunión de su junta directiva, que se llevará a cabo el lunes 11 de junio, a las 9:30 horas, en la sala de juntas del órgano legislativo que convoca.
Atentamente
Diputado Gerardo Villanueva Albarrán
Presidente
DE LA COMISIÓN DE TURISMO
A su reunión de trabajo con la de Atención a Grupos Vulnerables, que se llevará a cabo el martes 12 de junio, a las 11 horas, en el salón de usos múltiples número 4, edificio I.
Orden del Día
DE LA TERCERA COMISIÓN –HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS– DE LA COMISIÓN PERMANENTE
A su reunión ordinaria, que se efectuará el martes 12 de junio, a las 11 horas, en la sala de comisiones Miguel Ramos Arizpe, situada en Donceles 14, primer piso (oficinas del Senado de la República).
Atentamente
Diputado César Horacio Duarte Jáquez
Presidente
DEL COMITÉ DEL CENTRO DE ESTUDIOS DE LAS FINANZAS PÚBLICAS
A la reunión de su mesa directiva, que se llevará a cabo el martes 12 de junio, a las 12 horas, en las oficinas del órgano legislativo que convoca, situadas en el edificio I, primer nivel.
Atentamente
Diputado Moisés Alcalde Virgen
Presidente
DE LA COMISIÓN DE SALUD
A su décima reunión plenaria, que se llevará a cabo el martes 12 de junio, a las 16 horas, en el salón E del edificio G.
Orden del Día
6. Asuntos generales:
• Invitación al curso especial Introducción
al policy maker y al análisis político de la reforma
de los sistemas de salud, que se llevará a cabo el martes 3
y el miércoles 4 de julio de 2007.
• Propuesta para la realización del Foro de
pacientes con enfermedades reumáticas.
• Solicitud de comparecencia del comisionado nacional
de Protección Social en Salud.
• Petición de la Secretaría de Salud municipal
de Tepetitlán, Hidalgo, respecto a la solicitud de material didáctico
que requieren para la organización del Congreso Local sobre Muerte
Materna, por realizarse en próximas fechas.
DE LA COMISIÓN DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA
A su octava reunión ordinaria, que tendrá verificativo el miércoles 13 de junio, a las 9 horas, en la zona C del edificio G.
Orden del Día
4. Segundo ciclo de conferencias Clonación terapéutica:
Participantes
A. Doctor Rubén Lisker Yourkowitzky, miembro de
la Academia Mexicana de Ciencias e investigador del Colegio de Bioética.
B. Doctor Ricardo Tapia Ibargüengoitia, miembro
de la Academia Mexicana de Ciencias e investigador del Colegio de Bioética.
C. Doctor Óscar J. Martínez González,
de la Facultad de Bioética de la Universidad Anáhuac.
D. Doctor Luis de la Barreda Solórzano, ex presidente
de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal.
5. Asuntos generales.
6. Clausura.
DE LA COMISIÓN DE VIVIENDA
A la reunión de su mesa directiva, que se efectuará el miércoles 13 de junio, a las 9:30 horas, en las oficinas del órgano legislativo que convoca, situadas en el edificio D, segundo piso.
Orden del Día
DE LA COMISIÓN DEL DISTRITO FEDERAL
A su reunión de trabajo con el presidente de la Comisión Federal de Telecomunicaciones, arquitecto Héctor Osuna Jaime, que se llevará a cabo el miércoles 13 de junio, a las 10 horas, en el salón B del edificio G.
Atentamente
Diputado Gerardo Villanueva Albarrán
Presidente
DE LA COMISIÓN DE RADIO, TELEVISIÓN Y CINEMATOGRAFÍA
A la reunión de su mesa directiva, que se llevará a cabo el miércoles 13 de junio, a las 11 horas, en el salón A del edificio G.
Atentamente
Diputada Verónica Velasco Rodríguez
Presidenta
DE LA COMISIÓN DE VIVIENDA
A su sexta reunión plenaria, que se efectuará el miércoles 13 de junio, a las 11 horas, en el salón de usos múltiples 2 del edificio I.
Orden del Día
DE LA COMISIÓN ESPECIAL DE SEGUIMIENTO A LOS FONDOS APORTADOS POR LOS TRABAJADORES MEXICANOS BRACEROS
A su cuarta reunión ordinaria, que se efectuará el miércoles 13 de junio, a las 11 horas, en el salón de protocolo del edificio C.
Orden del Día
DE LA COMISIÓN DE REFORMA AGRARIA
A su novena reunión ordinaria, que se llevará a cabo el miércoles 13 de junio, a las 14 horas, en el salón B del edificio G.
Orden del Día
5. Minutas:
a) De la LVIII Legislatura con proyecto de decreto que
reforma los artículos 134 y 136, 139 a 143, 145 y 146 de la Ley
Agraria;
b) Con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas
disposiciones de la Ley Agraria, en materia indígena; y
c) Con proyecto de decreto que reforma la Ley Agraria
y la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios.
6. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona
el artículo 80 de la Ley Agraria.
7. Proyecto de Ley Federal Agraria.
8. Jornadas regionales en ejidos y comunidades de la
república.
9. Asuntos generales.
DE LA COMISIÓN DE RADIO, TELEVISIÓN Y CINEMATOGRAFÍA
A su reunión plenaria, por efectuarse el miércoles 13 de junio, a las 17 horas, en el salón B del edificio G.
Atentamente
Diputada Verónica Velasco Rodríguez
Presidenta
DE LA COMISIÓN DE VIGILANCIA DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN
A su sexta reunión ordinaria, que se llevará a cabo el jueves 14 de junio, a las 11 horas, en la zona C del edificio G.
Orden del Día
DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
A su reunión plenaria, que se realizará el viernes 15 de junio, a las 11 horas, en los salones C y D del edificio G.
Atentamente
Diputado Jorge Estefan Chidiac
Presidente
DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL
A la reunión de su mesa directiva, que tendrá lugar el martes 19 de junio, a las 9 horas, en el salón E del edificio G.
Atentamente
Diputado Miguel Ángel Navarro Quintero
Presidente
DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL
A su reunión ordinaria, que tendrá lugar el martes 19 de junio, a las 12 horas, en el salón E del edificio G.
Orden del Día
Al foro legislativo Obesidad infantil, educación saludable hacia un nuevo estilo de vida, que se llevará a cabo el martes 12 de junio, de las 9 a las 15 horas, en el auditorio del edificio E, planta baja.
Atentamente
Diputado Ector Jaime Ramírez Barba
Presidente
DE LA COMISIÓN DE ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES
A la conmemoración del Día Internacional contra el Trabajo Infantil, que se llevará a cabo el martes 12 de junio, de 11:00 a 13:00 horas, en la planta baja del edificio I, salones 1 y 2.
Programa
11:15 El trabajo infantil, violencia y abusos, a cargo
del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia.
11:35 Ocupaciones y oficios peligrosos de los niños
trabajadores, por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.
11:55 Violación de los derechos del niño
trabajador, a cargo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
12:15 Erradicación del trabajo infantil en la
agricultura, por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia.
12:35 Conclusiones, por la presidenta de la comisión.
DEL COMITÉ DEL CENTRO DE ESTUDIOS DE LAS FINANZAS PÚBLICAS
A la mesa redonda Sistema de evaluación del desempeño (SED) que, junto con la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, se llevará a cabo el miércoles 13 de junio, a las 10 horas, en el salón Legisladores (edificio A, segundo nivel).
Finalidad
Contribuir a una mejor comprensión del SED que el Poder Ejecutivo envió al Legislativo, en el marco de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y coadyuvar con ello en la elaboración de la opinión del Poder Legislativo respecto a éste, al brindar elementos de análisis para su revisión y reflexión.
Invitados
• Servidores públicos de alto nivel adscritos a la Secretaría de la Función Pública, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a la Auditoría Superior de la Federación, al Consejo de Evaluación de la Política Social y a la Secretaría de Desarrollo Social, corresponsables del proyecto del SED.
Informes y registro
Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, teléfono
5628 1300, extensiones 55220 y 55227.
Procedimiento de la mesa redonda:
Se realizará en cuatro rondas:
Primera ronda
Segunda ronda
1. Desahogo de puntos específicos.
2. Reflexiones y propuestas para mejorar eficiencia del
SED.
Tercera ronda
Sesión de preguntas y respuestas.
Receso 10 minutos
Cuarta ronda
Conclusiones.
Atentamente
Diputado Moisés Alcalde Virgen
Presidente
DEL CENTRO DE ESTUDIOS SOCIALES Y DE OPINIÓN PÚBLICA
A la presentación de la revista Socioscopio, número 12, que se llevará a cabo el miércoles 13 de junio, a las 17:30 horas, en el salón 2 del edificio I.
Atentamente
Francisco Javier Guerrero Aguirre
Director General
DE LA COMISIÓN DE ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES
Al estudio de cáncer de mama, que se llevará a cabo hasta el jueves 14 de junio de 2007.
Atentamente
Diputada María Esperanza Morelos Borja
Presidenta
DE LA COMISIÓN ESPECIAL PARA LA REFORMA DEL ESTADO
Al diplomado Análisis y diseño de la reforma del Estado en México, que –en coordinación con la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México– ese órgano legislativo llevará a cabo del lunes 25 de junio al lunes 12 de noviembre, de las 8 a las 10 horas, en el auditorio norte (edificio A, segundo nivel) del Palacio Legislativo de San Lázaro.
El diplomado está dirigido a legisladores, asesores parlamentarios, estudiantes e investigadores (de ciencia política, administración pública, derecho, sociología, economía, relaciones internacionales y antropología), servidores públicos de los tres niveles, académicos y personas relacionadas con la investigación, el servicio público, la organización y el liderazgo político y partidista, la participación ciudadana y el impulso de las pautas para la transformación del Estado mexicano, en cualquiera de sus ámbitos, que deseen ampliar sus conocimientos y desarrollar habilidades en la gestión del cambio político.
Informes e inscripciones del 28 de mayo al 15 de junio, de 9:00 a 15:00 horas, en los teléfonos 5628 1300 y 5420 1760, extensiones 1248 y 5089, 04455 3666 5185 y 04455 3225 1261; en conocimientoglobal@yahoo.com; y en el módulo instalado en la plaza principal del Palacio Legislativo de San Lázaro, frente al edificio G.
Cupo limitado.
Se otorgará constancia con valor curricular.
Objetivo general
El objetivo general del diplomado consiste en analizar los conceptos, los modelos de Estado, los regímenes políticos, los sistemas electorales, la redistribución del poder público y la participación ciudadana, entre otros temas, y proponer opciones para dar viabilidad a la reforma del Estado en todos sus aspectos y etapas.
Metodología
Se desarrollarán 6 módulos, con 60 sesiones de trabajo, los lunes, miércoles y viernes, en el horario y el lugar referidos.
La dinámica de trabajo del diplomado consistirá en seis módulos, los cuales girarán en torno de los siguientes temas: conceptos fundamentales del Estado; origen y evolución del proyecto de reforma del Estado; régimen político; régimen electoral; sistema federal; democracia y ciudadanía; reforma social y reforma económica.
Los ponentes que participarán en el diplomado son investigadores, profesores de educación superior; servidores públicos y responsables de organismos no gubernamentales, con la idea de generar un debate multidisciplinario sobre los temas descritos y llegar a establecer metodologías que ayuden a consolidar la reforma del Estado, a fin de que esto se traduzca en mayor nivel de gobernabilidad social y rendimiento institucional.
Evaluación: 80 por ciento de asistencia como mínimo y las valoraciones aplicadas en cada uno de los módulos, que serán los siguientes:
Módulo I. Conceptos fundamentales, crisis y reforma del Estado.
Fechas: 25, 27 y 29 de junio, y 2, 4, 6, 9, 11, 13 y 16
de julio.
• Ejes temáticos
Fechas: 18, 20, 23, 25, 27 y 30 de julio, y 1, 3, 6 y
8 de agosto.
• Ejes temáticos
Fechas: 10, 13, 15, 17, 20, 22, 24, 27, 29 y 31 de agosto.
• Ejes temáticos
Fechas: 3, 5, 7, 10, 12, 14, 17, 19, 21 y 24 de septiembre.
• Ejes temáticos
Fechas: 26 y 28 de septiembre, y 1, 3, 5, 8, 10, 12, 15
y 17 de octubre.
• Ejes temáticos
Fechas: 19, 22, 24, 26, 29 y 31 de octubre, y 5, 7, 9
y 12 de noviembre.
• Ejes temáticos
DE LA COMISIÓN DE ECONOMÍA
Al foro Desarrollo económico de la frontera sur: retos y perspectivas, que tendrá verificativo el jueves 28 y el viernes 29 de junio en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
Atentamente
Diputada Adriana Rodríguez Vizcarra Velázquez
Presidenta
DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO METROPOLITANO
Al diplomado El Legislativo ante la gestión metropolitana, organizado con la Universidad Autónoma Metropolitana, que se llevará a cabo hasta el martes 24 de julio, de las 8 a las 11 horas, en el salón de usus múltiples del edificio I, planta baja.
Diplomado
El Legislativo ante la gestión metropolitana
Aproximadamente 7 de cada 10 mexicanos viven en las 55 zonas metropolitanas, en menos del 10 por ciento del territorio nacional, que en conjunto aportan casi 80 por ciento del PIB y padecen concentración, crecimiento desordenado e irregular y déficit de cobertura y calidad de infraestructura, equipamiento y servicios públicos. Rezagos, desequilibrios y magnitud de las demandas exigen una adecuada coordinación entre gobiernos locales y eficacia gubernativa y de gestión para inducir la concurrencia de los sectores privado y social y preservar los equilibrios requeridos de funcionalidad urbana, gobernabilidad y desarrollo sustentable. Las atribuciones relacionadas con el ordenamiento territorial y la conducción del desarrollo demandan una atención urgente de los Poderes de la Unión.
Por eso la Comisión de Desarrollo Metropolitano de la Cámara de Diputados impulsa una visión integrada del fenómeno metropolitano que sirva de marco de referencia, con sustento técnico, para orientar tanto el diseño de iniciativas de ley como su discusión y dictamen, de manera que sean pertinentes, viables y benéficas para la sociedad. Con esa finalidad, la comisión solicitó al Programa Universitario de Estudios Metropolitanos (PUEM) de la Universidad Autónoma Metropolitana el diseño y desarrollo de esta capacitación especializada para legisladores y personal técnico parlamentario, en virtud de la amplia experiencia en esta materia.
Justificación
Estas actividad es parte del programa de trabajo de la comisión y permitirá contar con referentes adecuados que permitan entender mejor la evolución del fenómeno metropolitano, las experiencias de gestión y legislación local y contribuir así a enriquecer el criterio del legislador en la elaboración de iniciativas de ley y sus dictámenes. Por la temática y aproximación, es el primer diplomado en su tipo en el ámbito legislativo.
Respaldo institucional
El diplomado es resultado de la decisión de la Junta de Coordinación Política para apoyar las acciones institucionales dirigidas a proveer soporte técnico especializado a los integrantes de la legislatura y al personal técnico que le sirve para el desempeño de las funciones y del trabajo legislativo; mereció la recomendación favorable del Comité de Administración y la calidad está respaldada por la experiencia y excelencia de docentes e investigadores del Programa Universitario de Estudios Metropolitanos, pionero en este campo.
Objetivo
Enriquecer perspectivas y actualizar enfoques acerca del fenómeno de urbanización metropolitana, los requerimientos de gestión y los criterios técnicos a considerar en el diseño de políticas públicas y leyes en la materia.
Temática
Los contenidos comprenden tres ejes: a) implicaciones del fenómeno en su contexto internacional y nacional, b) revisión del marco legal vigente en la materia y c) análisis de la gestión pública (infraestructura, servicios públicos, uso del suelo, política fiscal, participación ciudadana).
Método de trabajo
En cada sesión habrá una exposición a cargo del especialista en el tema, luego se dará paso a preguntas y respuestas y se concluirá con el análisis grupal de un estudio de caso. Se proporcionará material de consulta y bibliografía, habrá dos mesas redondas de expertos y se inducirá una participación activa.
Duración
Sesenta y seis horas en 22 sesiones en total, 3 sesiones por semana, martes, miércoles y jueves de 8:00 a 11:00 horas. Inicia el 5 de junio y concluye el 24 de julio de 2007.
Coordinador general: Diputado Obdulio Ávila Mayo, presidente de la Comisión de Desarrollo Metropolitano.
Coordinador académico: Maestro Roberto Eibenschutz Hartman, coordinador del Programa Universitario de Estudios Metropolitanos, Universidad Autónoma Metropolitana.
Requisitos
b) Llenar formato de registro vía impresa o digital.
c) Presentar currículum vitae, constancia de estudios
y carta de exposición de motivos dirigida al coordinador general.
d) En cuanto al personal, constancia de la comisión
o área en la que presta sus servicios.
e) Comprometer una asistencia mínima de 80 por
ciento del total de sesiones y a cumplir los lineamientos del diplomado.