Los suscritos, diputada María Eugenia Campos Galván y diputado Cruz Pérez Cuéllar, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional ante la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y en el artículo 58 Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permiten someter a la consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
1. Que los préstamos y erogaciones autorizados al gobierno estatal por las legislaturas en turno, a través de diferentes decretos a partir de 1989 hasta 1992 han constituido diversos y diferentes fideicomisos los cuales han cumplido con su objetivo original. Es decir, se han cubierto en demasía las necesidades de inversión cuyo único objetivo consistía en la rehabilitación y operación de diversas autopistas.
2. Que los desproporcionados e inequitativos cobros de peaje, mismas que la administración estatal encasilla en el rubro de derechos, ha perdido su finalidad original (mantenimiento y administración de carreteras), desviando dichos ingresos a acciones y programas gubernamentales diferentes.
3. Que la abundancia de lo recaudado por las citadas cuotas, resultó tan alta no obstante los pagos a la deuda y al alto costo de los individuos involucrados en la creación y manejo de fideicomisos con sus respectivos comités, fiduciarias y su abultado personal, comisiones para toda clase de actividades que fueron creados, que aún así hubo remanentes que en el año 2004 se bursatilizaron, o ingresaron a la Bolsa Mexicana de Valores con el fin de obtener dividendos.
4. Que en el año 2004, se crea el fideicomiso número 80402 derivado del decreto 1123/02, creándose a la vez el Fondo para el Desarrollo de Infraestructura.
5. Que lo antes expuesto se encuentra publicado dentro del decreto 1123/04 aprobado, sin enmienda alguna, por el Congreso del estado de Chihuahua en turno, emitiéndose certificados bursátiles, hasta por 1,750 millones de pesos.
6. Que el último decreto referido incluye el financiamiento y construcción de tramos carreteros, incluido el Satevó-Delicias sacando de contexto el fin para el que fueron creados los decretos anteriores.
7. Que en el año 2006 el Ejecutivo estatal solicitó al Congreso del Estado ampliar el monto original de 1,750 millones de pesos a otros 1,600 millones de pesos adicionales. La fuente de pago sería el mismo fideicomiso No. 80402 previsto en decreto del año 2004 a plazo de ocho años, al cual los productos se destinaron al Fondo para el Desarrollo de Infraestructura.
9. Que ha sido transgredida la fracción 8ª del artículo 117 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos la cual establece que los estados y los municipios no podrán contraer obligaciones ó empréstitos sino cuando se destinen a inversiones públicas productivas conforme a las bases que establezcan las legislaturas en una ley y por los conceptos y hasta por los montos que las misma fijen anualmente.
9. Que los ingresos a las arcas del estado por los cobros de peaje en las autopistas, en nada o en poco han beneficiado a los habitantes de los lugares circunvecinos y a las regiones en las que éstas se establecen, no obstante las sumas alcabalatorias que anualmente se recogen por el tránsito de vehículos.
10. Que recientemente el Congreso del estado de Chihuahua celebró convenio que establece las Bases de Colaboración y Coordinación con el H. Congreso de la Unión, a través de la Auditoría Superior de la Federación, en la fiscalización y uso correcto de las transferencias que hace el gobierno de la república al gobierno de la entidad federativa.
Por lo anteriormente expuesto, nos permitimos presentar ante este Pleno, el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión solicita al Ejecutivo federal a través de la Secretaría de la Función Pública o a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, auditar los recursos destinados al Fondo para el Desarrollo de Infraestructura, creado por el decreto 1123/04 el cual recibe recursos derivados del fideicomiso carretero en el estado de Chihuahua e informar a esta soberanía sobre el resultado de la misma; así como verificar la legalidad del uso de las concesiones otorgadas por el gobierno federal al gobierno del estado de Chihuahua para usar y explotar diversos tramos carreteros en el estado.
Diputada María Eugenia Campos Galván (rúbrica)
Diputado Cruz Pérez Cuellar (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LA UNIÓN, CON MOTIVO
DEL 110 ANIVERSARIO DEL NATALICIO DE DON MANUEL GÓMEZ MORÍN,
RECONOCE LA APORTACIÓN REALIZADA POR ÉL PARA LA CONSTRUCCIÓN
DE LA DEMOCRACIA EN MÉXICO, A CARGO DEL DIPUTADO HÉCTOR LARIOS
CÓRDOVA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
Hoy, 27 de febrero de 2007, se conmemora el 110 aniversario del natalicio de Manuel Gómez Morín, hombre clave en el México del siglo XX, constructor de instituciones, servidor público ejemplar, legislador ciudadano, rector de la Universidad Nacional, fundador de Acción Nacional, abogado y consultor intachable.
Los nombres de las obras en su haber se suceden: Banco de México, Banco de Crédito Agrícola, Nacional Financiera, Banco de Obras y Servicios Públicos, Fondo de Cultura Económica, Ley de Instituciones de Crédito, Ley Orgánica de la Universidad, Partido Acción Nacional... todas iniciativas parcial o totalmente suyas que perfilan a un hombre polifacético, un estadista, un visionario de México. En esta ocasión, me permito plantar brevemente tan sólo una de sus ricas vertientes: el de constructor de la democracia.
Gómez Morín fue protagonista de la construcción del México moderno. En el país devastado aun por la lucha revolucionaria y en plena edificación institucional, fue quien con hambre y determinación proponía soluciones a los problemas de "su querido México". En materia política, creía firmemente en el ideal maderista del sufragio efectivo; consideraba que la Revolución Mexicana era patrimonio común de todos y nunca privilegio exclusivo de una facción política.
Gómez Morín observó a la Revolución Mexicana desde dentro y advirtió con claridad los elementos que precipitaron la desviación de su finalidad democrática. Indudablemente descubrió, reconoció, comprendió, aceptó, asumió, compartió y luchó por el perfeccionamiento de los valores implícitos en la Revolución Mexicana, el principal de ellos, la democracia.
Fue una consecuencia lógica, ineludible, que pasara de la reflexión a la acción, participando en la elección presidencial de 1929 al lado del candidato José Vasconcelos, viviendo en carne propia la negación del sufragio efectivo, el atropello a la voluntad popular, la barbarie política, el fraude electoral. Una de sus más brillantes aportaciones como constructor de la democracia tiene que ver con su convencimiento de que una obra política de objetivos trascendentes, no podía quedar a las espaldas de un solo hombre, por muy brillante, carismático y caudillo que fuera.
Las soluciones de la política correspondían a ciudadanos que decidieran democráticamente, discutiendo en común, actuando políticamente juntos, con un objetivo y un programa puesto a la consideración del pueblo que debía decidir en última instancia cómo y con quién. Por eso planteó desde 1929 la creación de un partido político que compitiera electoralmente con el de la Revolución y que lograra, por tanto, civilizar la política e institucionalizar los mecanismos democráticos como la campaña, el diálogo, el acuerdo y el respeto.
El fracaso en todos sentidos que constituyó la sucesión presidencial de 1929 no sólo no lo detuvo, sino que aun fue capaz de convocar a los partidarios de la vida democrática, de distintas trincheras y credos, a rescatar el cuerpo entero de la patria, sin temores ni complejos, porque sabía que en cada mexicano había un alma.
Fue así que de los vasconcelistas del 29, los universitarios del 33-34, los católicos de los veinte y los ciudadanos de los treinta, se integró la base social, que él supo ver y desarrollar, de la cual nació Acción Nacional. Y con Acción Nacional nació, creció y culminó, gracias a la transición democrática, la posibilidad de que la palabra razonable y de buena fe, substituya en este país a la violencia y al autoritarismo como métodos políticos.
Al respecto señalaba Carlos Castillo Peraza: "Gómez Morín fundó una tradición. Los fundadores de tradiciones no miran hacia atrás; por el contrario, a partir de un enraizamiento sin ambages en el pasado, son capaces de elaborar y dejar como herencia una mirada acertada hacia adelante. Sólo así puede entenderse que sigan generando vigencias... Acción Nacional tiene el reto y el deber de fundar hoy la tradición del México del mañana, es decir, su tarea no es la de administrar recuerdos sino la de crear esperanzas".
Gómez Morín, como fundador, dirigió al PAN durante su primera década de existencia, después, como ejemplo esperable de un genuino demócrata, decidió retirarse del mando del partido porque jamás pensó que si no lo conducía él, nadie podría hacerlo. Su convicción fue que Acción Nacional era la mejor opción partidista para los mexicanos, pero nunca exigió lealtades al PAN a quienes no eran del PAN. A los adversarios, tan sólo los llamó a hacer política y a dirimir sus diferencias con su partido en el terreno de la propia democracia.
Fue capaz de confiar en un equipo joven de dirigentes políticos quienes se dieron a la tarea de formar directivas locales, integrar planillas de candidatos, vigilar casillas, convocar a reuniones, desarrollar actividades en las plazas públicas, locales cerrados y domicilios particulares, primero y, después, en recintos legislativos, en salones de cabildo, en reuniones de trabajo, en foros académicos, así como en cualquier espacio público donde confrontar democráticamente los principios, la plataforma, las propuestas y las personas que constituyeran la alternativa a un monopolio político que no cabía en la aspiración y el proyecto democrático de México.
Difícil fue el trayecto. La construcción de la actual vida democrática del país tuvo que vencer obstáculos tremendos para convencer, para construir un partido de oposición realmente nacional, para que tal oposición alcanzara una madurez que la transformara en alternativa electoral y competencia democrática por el poder, que desembocaran en la alternancia y la normalidad democrática.
Cierto es que Gómez Morín no pudo ir más allá de soñar el México democrático que hoy tenemos. Pero la institución que impulsó fue en gran medida la causa eficiente de la transformación política, pues él mismo le señaló caminos claramente diversos a la clandestinidad, la subversión, la intransigencia o la ruptura. La construcción de la democracia mexicana, bien valía la constancia, la mística, la lealtad al juego democrático y la seriedad en el debate y el acuerdo político. En nuestros días, inmersos en la coyuntura política de la vida democrática, es fundamental valorar lo que ha significado la edificación de nuestra democracia de instituciones y de partidos, por lo que es indispensable reconocer el papel que todos los actores políticos representados en esta Cámara y de muchos ciudadanos que permanecen incógnitos han hecho para que el ideal democrático sea una realidad.
Es por ello que se propone:
Resolutivo
Único. Que la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con motivo del 110 aniversario de su natalicio, reconoce la aportación que para la construcción de la democracia en México, hizo don Manuel Gómez Morín.
Diputado Héctor Larios Córdova
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA SOLICITAR
A LA SCT Y A CAPUFE QUE REUBIQUEN LA PLAZA DE COBRO 156, PLAN DE BARRANCAS,
DE LA AUTOPISTA GUADALAJARA-TEPIC, SUSCRITA POR LOS DIPUTADOS JOSÉ
GILDARDO GUERRERO TORRES Y GUSTAVO MACÍAS ZAMBRANO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PAN
José Gildardo Guerrero Torres y Gustavo Macias Zambrano, diputados federales a la LX Legislatura, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos, 58, 60 y demás relativos y aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes
Consideraciones
De conformidad con lo establecido en el artículo 36 fracción XII de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, corresponde a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes fijar las normas técnicas del funcionamiento y operación de los servicios públicos de comunicaciones y transportes, por ende dicha Secretaría es competente para revisar y aprobar los proyectos que modifiquen las condiciones de operación de las carreteras en México, a través de sus diversas direcciones.
Por su parte, el organismo público descentralizado Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (Capufe), desde su constitución el 27 de junio de 1963, fue concebido como el ente encargado de: administrar caminos y puentes federales de cuota, tanto nacionales e internacionales y sus servicios conexos; establecer y administrar plantas elaboradoras de productos de pavimentación; y conservar las vías generales de comunicación a su cargo.
Ratificándose su carácter de coadyuvante de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en la inspección de las carreteras y puentes federales concesionados y en su caso operados por el mismo, con la reforma al decreto de su constitución del 14 de septiembre de 1995.
Hoy día es misión de Capufe consolidarse como una institución modelo en la prestación de servicios carreteros de calidad, que faciliten el desplazamiento de personas, bienes y servicios con seguridad, comodidad, rapidez y economía, y entre sus metas institucionales de encuentra la de garantizar elevados niveles de seguridad y de servicio de infraestructura carretera a su cargo.
No obstante lo anterior, hoy en día en la autopista Guadalajara-Tepic, de la Red Farac, es necesaria la eficaz intervención de dichos organismos concurrentemente competentes, para reubicar la plaza de cobro número 156 Plan de Barrancas, pues la ubicación geográfica de la misma, al encontrarse al final de una prolongada pendiente, ha sido determinante en el acaecimiento de 36 siniestros vehiculares de consecuencias fatales durante el año 2006, tanto para los viajantes como para el personal de la Empresa Servicios Profesionales de Infraestructura y Urbanización SA de CV encargada de la administración de esta autopista, la cual –cabe mencionar– ya ha presentado la solicitud correspondiente, para que los organismos competentes aprueben la reubicación de la mencionada plaza de cobro.
En consideración de lo antes mencionado, sometemos a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Primero. Se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y al organismo descentralizado Capufe, a realizar y –en su caso– aprobar un proyecto de reubicación de la plaza de cobro 156 Plan de Barrancas de la Autopista Guadalajara–Tepic.
Segundo. Se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y a Capufe, a adoptar medidas de carácter técnico para incrementar la seguridad en el tramo carretero mencionado, mientras se aprueba el proyecto de reubicación de la plaza de cobro 156, Plan Barrancas de la Autopista Guadalajara-Tepic.
Tercero. Se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y a Capufe, informar a esta soberanía sobre este asunto en particular.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro., el día 27 de febrero de 2007.
Diputados: José Gildardo Guerrero Torres
(rúbrica), Gustavo Macias Zambrano (rúbrica).
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
LA COMISIÓN DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DE ESTA SOBERANÍA
EXHORTA A LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS SALARIOS MÍNIMOS A
REVISAR EL PACTO SUSCRITO POR ÉSTA RESPECTO AL INCREMENTO DEL SALARIO
MÍNIMO VIGENTE, A CARGO DEL DIPUTADO TOMÁS DEL TORO DEL VILLAR,
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
Antecedentes
La Comisión de Trabajo y Previsión Social celebró su cuarta reunión plenaria el pasado 31 de enero en el salón F de Los Cristales de este recinto legislativo, reunión en la que se acordó un pronunciamiento de la Comisión de Trabajo y Previsión Social contra las prácticas monopólicas que prohíbe el artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, un pronunciamiento contra los especuladores y contra los intermediarios que abonan a la erosión del salario de los trabajadores con menores ingresos.
En esa reunión, el pleno de la Comisión de Trabajo y Previsión Social también acordó invitar a la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos a una reunión de trabajo para hablar con relación a la realidad que viven los asalariados de menores ingresos a fin de exhortar a la invitada Comisión Nacional de los Salarios Mínimos a revisar el pacto mediante el que se incrementó el salario mínimo para el año dos mil siete a partir del 1 de enero del corriente, de conformidad con los siguientes
Fundamentos de Derecho
Con arreglo a lo dispuesto en los artículos 39, numerales 1 y 3, y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como 56, 60, 87, 88 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión de Trabajo y Previsión Social es competente para emitir el presente punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución, consecuente con los resultandos y considerandos siguientes:
Resultando
Primero. Que en sesión celebrada por la Comisión de Trabajo y Previsión Social el 31 de enero de 2007 se trató lo relativo a la proposición a que se alude en los antecedentes de este punto de acuerdo.
Segundo. Que la Comisión de Trabajo y Previsión Social tiene la facultad de proponer al Pleno de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión el presente punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución; y
Considerando
Primero. Que durante los últimos meses, nuestra economía se ha caracterizado por un incremento permanente de productos básicos. Este proceso de alza de precios en gasolina, gas, luz eléctrica, tortilla, huevo y muchos otros artículos ha tenido un impacto directo sobre el poder adquisitivo de los salarios de los trabajadores, provocando que quienes menores ingresos reciben carezcan de la posibilidad de acceder a la canasta básica.
Segundo. Que nos queda claro que el incremento de los precios responde a factores de diversa índole, tanto internos como externos. Entendemos que poco puede hacer el Estado mexicano para influir en el precio internacional de un producto como el maíz. Sin embargo, es también un hecho que a esta demanda del maíz en los mercados internacionales se suma la práctica de la especulación de grupos monopólicos que, en perjuicio de la mayoría, buscan mayor rentabilidad y ganancias.
Tercero. Que son muchos los aspectos por valorar en el caso de la erosión del salario y las repercusiones que un incremento de emergencia al salario a manera de decreto puede generar en los índices inflacionarios. Consideramos que existe, sin embargo, un instrumento de la microeconomía que justo impide espirales inflacionarias, como el derecho a la contratación colectiva y la autonomía de las organizaciones sindicales para acordar los incrementos que las propias fuentes de empleo permitan, evitando los topes salariales, que lesionan los elementos esenciales de mejora de vida y de equilibrio entre los factores de la producción, por lo que la práctica libre de este instrumento de la microeconomía no genera inflación y tampoco depende de las actuaciones de los legisladores y que, por el contrario, son un instrumento irreducible de lucha, conquista y de competitividad.
Cuarto. Que es conveniente recibir los planteamientos de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos para valorar las acciones que promuevan la revisión del pacto que incrementó el salario mínimo a partir del 1 de enero de 2007.
Quinto. Que el incremento de precios modificó el entorno económico; por tanto, es conveniente evaluar y proponer alternativas que puedan mitigar la erosión del ingreso de los trabajadores con menores ingresos, contemplando alternativas para el mediano y largo plazos.
Sexto. Que las expresiones de diversos sectores de la sociedad demandan acciones que atiendan con una política de Estado la temática del poder adquisitivo, el empleo y el salario.
Séptimo. Que, como diputados federales, debemos contribuir en este momento para que el Plan Nacional de Desarrollo implemente políticas públicas que atiendan las demandas de los trabajadores y que, al mismo tiempo, en la mesa de reforma del Estado se contemplen las reformas que promuevan el crecimiento de la economía con justicia social, que garantice la creación de empleos formales y permanentes con salarios y prestaciones decentes, por lo que la Comisión de Trabajo y Previsión Social, en uso de sus atribuciones y responsabilidades legislativas, somete a su consideración el siguiente
Punto de Acuerdo
De urgente y obvia resolución
1. Que la honorable Cámara de Diputados de la LX Legislatura del Congreso de la Unión exhorte atenta y respetuosamente al secretario de Trabajo y Previsión Social para que por su conducto la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos celebre una reunión con la Comisión de Trabajo y Previsión Social para conocer los elementos que se conjugaron para el incremento del salario mínimo que se acordó a partir del 1 de enero de 2007.
2. Que la honorable Cámara de Diputados exhorte al gabinete económico del gobierno de la república para estructurar alternativas que mitiguen la erosión del poder adquisitivo del salario de los trabajadores, en la iniciativa de reforma fiscal y hacendaria que se promueva durante este periodo de sesiones, evaluando la pertinencia de ampliar el rubro de crédito al salario.
3. Que se exhorte a la Comisión para la Reforma del Estado de esta soberanía a efecto de contemplar las reformas que promuevan el crecimiento de la economía con justicia social, reforzando la garantía de acceso a la salud, al salario, a la educación y a las oportunidades para el bienestar social.
Así lo acuerdan los diputados integrantes de la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la LX Legislatura Federal, el 22 de febrero de 2007.
Dado en la sala de plenos del Congreso de la Unión, a 22 de febrero de 2007
Por la Comisión de Trabajo y Previsión Social
Diputados: Tomás del Toro del Villar, presidente;
Juan Manuel Sandoval Munguía, Carlos René Sánchez
Gil, Juan Carlos Velasco Pérez, José Antonio Almazán
González, Ramón Almonte Borja, Humberto Dávila Esquivel,
secretarios (rúbricas).
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE SOLICITA UNA AUDITORÍA SOBRE LA CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN
DE LA BIBLIOTECA JOSÉ VASCONCELOS, SUSCRITA POR DIVERSOS DIPUTADOS
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
Los que suscriben, diputados Alfonso Suárez del Real y Aguilera, Tonatiuh Bravo Padilla, Antonio Ortega Martínez, Miguel Ángel Solares Chávez y Emilio Ulloa Pérez, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LX Legislatura, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permiten someter a la alta consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Auditoría Superior de la Federación que realice una auditoría especial sobre la construcción y operación de la Biblioteca José Vasconcelos al Comité Administrador para el Programa Federal de Construcción de Escuelas y al Consejo Nacional para la Cultura y las Artes; de igual manera se solicita la intervención de la Secretaría de la Función Pública para que lleve a cabo las investigaciones correspondientes y que –en caso de encontrarse irregularidades que puedan ser constitutivas de delito–, se proceda en consecuencia, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Desde la presentación del proyecto de la Biblioteca José Vasconcelos se presentaron diversos cuestionamientos acerca de la definición del proyecto, toda vez que se presentaba como la creación de la Biblioteca Nacional, institución que existe en México desde el año de 1857, el día 14 de septiembre, fecha en que con el acervo de la biblioteca de la Universidad de México se formó el acervo simiente de la Biblioteca Nacional. Se inaugura el día 2 de abril de 1884, bajo la dirección del gran escritor y filólogo José María Vigil. En el discurso de inauguración, hace casi ciento veintitrés años, decía:
"Conocido ya el caudal efectivo de la Biblioteca Nacional no es difícil ir enriqueciendo sistemáticamente las diversas divisiones, llenando los vacíos que en ellas se observan, tarea que se allana en gran manera teniendo a la vista buenos catálogos de las principales librerías extranjeras, y siguiendo el movimiento intelectual indicado por las obras que en todas materias se dan a la estampa, y cuya noticia se consigna oportunamente en los periódicos bibliográficos"1
Esta tarea no fue comprendida por las autoridades del subsector cultura, que ignoraron la labor hecha por más de 118 años, y que al verse expuestos en el error histórico, pretendieron cambiar el proyecto, ya de una biblioteca de acervo, ya de una biblioteca de consulta, hasta que idearon el proyecto de albergar en el edificio el cerebro electrónico de la red de bibliotecas del país. No quiero extenderme en la discusión de estos proyectos, me concentro en el tema de los costos:
Se ejercieron 99 millones etiquetados en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2003, para el inicio del proyecto.
En el año 2004 se creó un fideicomiso por 289 millones, con un depósito de Nacional Financiera, SNC (200311H0001353), a título de Biblioteca de México José Vasconcelos. También se ejercieron 418 millones etiquetados en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2004 en Conaculta.
Hay que considerar que la Ley de Obras Públicas y servicios relacionados con las mismas, prohíbe en su artículo 1, fracción VI, en su séptimo párrafo:
Adicionalmente el director de la dirección de Bibliotecas de Conaculta, el doctor Jorge von Ziegler acepta en una reunión de trabajo con la Cámara de Diputados, el día 21 de febrero del presente año, que Conaculta ejerció 128 millones adicionales en el mismo año.
En 2006 el presupuesto del Capfce etiqueta el gasto de la Biblioteca José Vasconcelos en dos partidas, una por 258 millones y otra por 270 millones de pesos; se destina la primera para finalizar la construcción y la segunda para el equipamiento.
El mismo año, 2006, de un presupuesto original de 806.1 millones, el Comité Administrador del Programa Federal de Construcción de Escuelas, tuvo diferentes ampliaciones, gracias a las cuales casi duplicó su presupuesto original al llegar al ejercicio de mil 553.7 millones de pesos, un comportamiento irregular a todas luces.
Para el Presupuesto de Egresos de la Federación en el año 2007, el citado Comité Administrador del Programa Federal de Construcción de Escuelas, tiene un presupuesto de apenas 126 millones de pesos.
Si la diferencia entre los 126 millones del presupuesto actual contra los mil 553 millones del presupuesto del año pasado no representa al menos un gasto irresponsable, fuera de toda medida, entonces no ofrece materia para la fiscalización del destino de más de mil 300 millones en un solo año.
Como complemento de la base argumental de este punto de acuerdo, pongo a la consideración de esta soberanía, la manera en que se impuso en el organigrama de gobierno la Biblioteca José Vasconcelos, de tal forma que ni siquiera se hizo la planeación del gasto para el año 2007. Tal como se advirtió en su momento, la creación de este elefante blanco, sólo ha representado una presión de gasto en el subsector cultura, y la desviación de los escasos recursos de las instituciones federales al funcionamiento de una obra que irresponsablemente se dejó a media construcción.
Es tal la cantidad de irregularidades que ya arrojó la primera auditoría, realizada en 2004, que debe hacerse una auditoría especial tanto al Capfce como a Conaculta, y se debe auditar el fideicomiso, para lo cual ha de exhibirse el contrato de su constitución, con la finalidad de saber de qué manera se ejercieron los recursos, si se ejercieron, si se violentó la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las mismas, y de qué partidas se regresan los 289 millones de pesos, y finalmente en qué se entretuvo este dinero más de dos años.
Por todo lo anterior, someto a esta soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
Uno. Que la Auditoría Superior de la Federación realice una auditoría especial, a Conaculta y al Capfce en las transferencias a obras públicas y a la adquisición de bienes muebles, así como la investigación a la Dirección de Control Presupuestario de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, quien gestionó junto con Conaculta y el Capfce, recursos adicionales para la construcción y equipamiento de la Biblioteca México José Vasconcelos.
Dos. Establecido lo anterior, solicitamos la intervención de la Secretaría de la Función Pública para que lleve a cabo las investigaciones correspondientes y que en caso de encontrarse irregularidades, que puedan ser constitutivas de delito, se proceda en consecuencia.
Nota:
1 Boletín de la Biblioteca Nacional de México,
Número, agosto 21 de 1904, página 23.
Palacio Legislativo a 27 de febrero de 2007.
Diputados: Miguel Ángel Solares Chávez
(rúbrica), José Alfonso Suárez del Real y Aguilera
(rúbrica), Emilio Ulloa Pérez (rúbrica), Tonatiuh
Bravo Padilla (rúbrica), Antonio Ortega Martínez (rúbrica.
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA AL SENADO DE LA REPÚBLICA A DICTAMINAR LA MINUTA CON
PROYECTO DE LEY DE PLANEACIÓN PARA LA SOBERANÍA Y SEGURIDAD
AGROALIMENTARIA Y NUTRICIONAL, A CARGO DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PT
Desde el pasado 4 de abril de 2006 obra en la Cámara de Senadores la minuta con proyecto de decreto que crea la Ley de Planeación para la Soberanía y Seguridad Agroalimentaria y Nutricional.
La Cámara de Diputados fue la Cámara de origen de esta iniciativa. Aquí no tuvo mayor tramitación que su discusión, análisis y aprobación.
Sin embargo, en el Senado de la República, está en el sueño de los justos, congelada y sin fecha para su discusión y aprobación.
En virtud de que esta iniciativa de ley es fundamental para impulsar la producción de alimentos y planear el futuro de nuestra nación en esta materia, tenemos preocupación fundada para pensar que si no hacemos nada para que se retome su discusión, podría tener el destino de tantas y tantas iniciativas de ley, que es la congeladora.
Por esa razón, creemos que es necesario que en el Senado de la República las Comisiones Unidas de Agricultura y Ganadería, así como la de Estudios Legislativos se aboquen a la discusión de esta norma, para que pronto los hombres del campo cuenten con otro instrumento para garantizar que la producción de alimentos sea una base central de nuestra seguridad nacional.
Esta minuta hace referencia al derecho de todos los mexicanos de tener asegurada la alimentación y romper con la desnutrición de millones de niños, mujeres y ancianos que aqueja actualmente a nuestra nación.
Otro aspecto central de esta minuta con proyecto de decreto, es asegurar que las decisiones del gobierno federal tomen en cuenta la participación de los productores en el proceso de planeación, para que las políticas públicas que se instrumenten en esta materia, tengan una eficacia que asegure a México, contar con los alimentos necesarios y baratos.
Por todas estas consideraciones, hacemos un exhorto al Senado de la República para que, con la mayor brevedad, se retome la discusión y análisis de esta minuta a efecto de que pueda ser promulgada y publicada por el Ejecutivo federal.
En este sentido, el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo está proponiendo, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, la presente proposición con
Punto de Acuerdo
Artículo Único. El Pleno de la Cámara de Diputados, hace un exhorto a la Cámara de Senadores para que dictamine la minuta con proyecto de Ley de Planeación para la Soberanía y Seguridad Agroalimentaria y Nutricional.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los veintisiete días del mes de febrero de dos mil siete.
(Rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA A LA SHCP, A LA SE, A LA SAGARPA Y A LA COMISIÓN FEDERAL
DE COMPETENCIA A ESTABLECER MEDIDAS PARA EVITAR PRÁCTICAS MONOPÓLICAS
EN LA CADENA MAÍZ-TORTILLA, A CARGO DEL GRUPO PARLAMENTARIO NUEVA
ALIANZA
Los diputados federales del Grupo Parlamentario Nueva Alianza, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a la consideración del Pleno de esta honorable Cámara de Diputados la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por el que se exhorta a las secretarias de Hacienda y Crédito Público; de Economía; y de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), y a la Comisión Federal de Competencia a aplicar, en el marco de sus atribuciones y competencias, las medidas necesarias para evitar las prácticas monopólicas en la cadena productiva maíz-tortilla, de conformidad con las siguientes
Consideraciones
De acuerdo con información del Banco de México, durante el sexenio pasado y a inicio del actual se registraron importantes y considerables aumentos en los precios de alimentos, energéticos, transporte público y medicamentos.
Estos incrementos se derivan de prácticas anticompetitivas que preocupan y representan un duro golpe a la economía familiar.
Este fenómeno económico, anticompetitivo, debe alertar y obligar de inmediato a las instituciones encargadas de vigilar el desempeño del mercado interno para que se tomen las medidas necesarias y definitivas para regular el abasto e incidir en los precios.
En este contexto, nos parecen de suma importancia las recientes declaraciones del doctor Eduardo Pérez Mota, Presidente de la Comisión Federal de Competencia, donde informa que "las prácticas anticompetitivas de los agentes económicos, son el común denominador a lo largo y ancho de nuestro país y las vemos en todas partes, hay privilegios en todos los sectores pequeños o grandes, con una gran afectación a una gran cantidad de consumidores".1
El Presidente de la Comisión Federal de Competencia argumenta que hace todo por atacar las prácticas monopólicas, pero factores ajenos como los amparos judiciales, limitan su función.
El doctor Eduardo Pérez Mota afirmó que la decisión publicada el año pasado por la Comisión Federal de Competencia en contra de la adquisición de Agrohinsa por Maseca es el mejor ejemplo de que nos preocupa la concentración excesiva en el sector.
Al respecto, es necesario recordar que Maseca controla alrededor de 70 por ciento del mercado de harinas e influye necesariamente por su capacidad de control de mercado en el precio de la tortilla.
Nueva Alianza estima que, de no tomar las medidas necesarias para evitar las prácticas anticompetitivas por parte de los agentes económicos, seguiremos con serios problemas de abasto interno, incremento de precios e ineficiencia económica.
Las instituciones gubernamentales deben hacer todo lo necesario para evitar estas prácticas y estamos convencidos de que las directamente involucradas, como la Secretaría de Economía y la Sagarpa, han incurrido en descuido, negligencia e irresponsabilidad. Por ello es urgente que prevalezca el interés público.
Esta situación es reconocida y preocupa a organismos internacionales como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). No hay duda de que el asunto es relevante y ha trascendido, al grado que el Secretario General de la OCDE, José Ángel Gurría, recomendó a nuestro país mejorar las condiciones de competencia económica y evitar las prácticas anticompetitivas.2
Asimismo, Gurría recomendó al secretario de Economía, doctor Eduardo Sojo Garza-Aldape, revisar diversos temas relacionados con la competencia económica en nuestro país. Entre los principales destacan la posibilidad de realizar un proyecto conjunto para evaluar, por sectores, el ambiente de competencia económica en México y utilizar las herramientas desarrolladas por la OCDE.
El comportamiento de los precios en nuestra economía, refleja prácticas anticompetitivas, por lo que es necesario que nuestras instituciones intervengan para vigilar y regular el desempeño del mercado interno, así como la trayectoria del índice de precios.
Como todos sabemos, las prácticas anticompetitivas afectan la eficiencia económica y vulneran a los consumidores. Por ello exhortamos a todas las instituciones gubernamentales involucradas en la solución de este problema a tomar las medidas necesarias y definitivas para corregir y evitar dichas prácticas.
El Grupo Parlamentario Nueva Alianza "asume que la economía de mercado es la manera más eficiente para organizar las relaciones económicas y reconoce que las imperfecciones en la práctica de este régimen de intercambio deben ser subsanadas con la ineludible participación del Estado".3
Esperando siempre una respuesta positiva a este punto de acuerdo del Ejecutivo federal y de la Comisión Federal de Competencia Económica, y tomando en cuenta las consideraciones expuestas, solicitamos con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, que sea considerado de urgente y obvia resolución, por lo que someto a la consideración de esta asamblea el siguiente
Punto de Acuerdo
Artículo Único. Se exhorta a las secretarias de Hacienda y Crédito Público; de Economía; y de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, y a la Comisión Federal de Competencia a aplicar, en el marco de sus atribuciones y competencias, las medidas necesarias para evitar las prácticas monopólicas en la cadena productiva maíz-tortilla.
Notas:
1 El Financiero, 15 de febrero de 2007, página
10.
2 El Universal, 18 de febrero de 2007.
3 Declaración de Principios del Partido Nueva
Alianza, 2007.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 27 días del mes de febrero del dos mil siete.
(Rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA A LA SAGARPA A MODIFICAR EL REGLAMENTO DE LA LEY DE ENERGÍA
PARA EL CAMPO, A CARGO DEL DIPUTADO MARTÍN STEFANONNI MAZZOCCO,
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
Con fundamento en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior, presento el siguiente punto de acuerdo para exhortar al Ejecutivo federal, a través de la Sagarpa a modificar el Reglamento de la Ley de Energía para el Campo, a fin de que los productores nacionales puedan acceder a los beneficios de la cuota energética prevista en la Ley de Energía para el Campo, bajo las siguientes:
Consideraciones
A lo largo de la última década el sector agropecuario nacional, se ha visto inmerso en un proceso de globalización, apertura y de ajustes estructurales.
Nuestro país cuenta con un sector agropecuario muy heterogéneo, tanto por las características productivas de las diferentes regiones del país, climáticas, tamaño de las unidades productivas y tipos de propiedad, así como por niveles diferenciados de productividad y de composición social del sector rural, razón por las que se requieren políticas diferenciadas que permitan a nuestros productores enfrentar con éxito la competencia internacional.
Para superar los rezagos estructurales de este sector, debemos reconocer que durante la administración que recientemente acaba de concluir se realizó un trabajo importante entre el Legislativo y el Ejecutivo federal dirigido a establecer apoyos para el acceso a insumos a precios competitivos.
En este sentido, se logró la aprobación y publicación de la Ley de Energía para el Campo, misma que tiene el propósito de impulsar la productividad y la competitividad como medidas de apoyo tendientes a eliminar las asimetrías con otros países, especialmente, con nuestros socios comerciales.
A este respecto, no queda duda de que los energéticos agropecuarios constituyen insumos fundamentales para las labores productivas del sector agropecuario, ya que representan un porcentaje importante del costo de producción. Por ello, ha sido necesario fortalecer al sector mediante el establecimiento de esquemas que permitan una competencia más justa asegurando la viabilidad y competitividad del sector en una economía abierta.
De esta manera, mediante la Ley de Energía para el Campo y su Reglamento se busca atender las necesidades de los productores agropecuarios al disponer de precios de estímulo para los hidrocarburos y energéticos que se utilizan en la propia actividad, siguiendo las tendencias de trato comercial a nivel internacional, encuadrado en los tratados de libre comercio que tiene suscritos nuestro país y en las que nuestros socios comerciales aplican una política especial con precios preferenciales para estos insumos.
A pesar de estos avances, hemos encontrado que la operación de estas acciones registra algunos puntos que consideramos necesario mejorar para alcanzar el cumplimiento efectivo de sus objetivos.
A este respecto, debe señalarse que la fracción II del artículo sexto, así como el inciso c) de la fracción II del artículo séptimo del Reglamento de la Ley de Energía para el Campo establecen el título de concesión de aguas nacionales expedido por la Comisión Nacional del Agua (CNA), como requisito indispensable para obtener la cuota energética a precios y tarifas de estímulo para las actividades agropecuarias.
No obstante, existe una gran cantidad de productores que no cuentan con dicho título debido a que la CNA no los ha expedido con la oportunidad requerida, generándose para los productores un problema de acceso a insumos competitivos.
En este sentido, compañeros diputados consideramos que la normatividad vigente debería dar oportunidad a que el aviso de resolución favorable al productor para la obtención del título de concesión emitido por la propia CNA se considere como documento que acredite la propia concesión de aguas, lo cual implica modificar el Reglamento de la Ley de Energía para el Campo.
Compañeros legisladores, estamos seguros de que esta medida es muestra clara del interés del Poder Legislativo por generar condiciones adecuadas para la competitividad del campo mexicano.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, pongo a consideración de esta honorable soberanía, como de obvia y urgente resolución, el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Que la Cámara de Diputados exhorte a la Sagarpa a modificar el Reglamento de la Ley de Energía para el Campo para que, el aviso de resolución favorable al productor para la obtención del título de concesión emitido por la CNA, sea aceptado como requisito válido para que los productores nacionales puedan acceder a los beneficios de la cuota energética prevista en la Ley de Energía para el Campo.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de febrero de 2007.
Diputado Martín Stefanonni Mazzocco (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA A DIVERSAS AUTORIDADES A INTERVENIR EN LA SITUACIÓN PREVALECIENTE
EN LA MINERA LUISMIN, DEL MUNICIPIO EDUARDO NERI, GUERRERO, A CARGO DEL
DIPUTADO MODESTO BRITO GONZÁLEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
El que suscribe, diputado federal Modesto Brito González, del Grupo Parlamentario de la Revolución Democrática, integrante de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión. Con fundamento en los dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto ante el Pleno de esta soberanía al tenor de las siguientes
Consideraciones
Primera. En el estado de Guerrero se encuentran yacimientos de minerales de suma importancia listos para ser explotados en beneficio social de las comunidades y de la economía en general. De acuerdo con el Servicio Geológico Nacional, "existen yacimientos en el territorio guerrerense mismos que no han sido explorados y cuentan con posibilidades para la localización de nuevos yacimientos de interés económico, en zonas geológicamente prospectivas". Asimismo, la producción minera estatal en 2005 fue de 743 mil 912 millones de pesos, participando con 1.03 por ciento del valor total nacional.
Sin embargo, nuevamente la nación conoció sucesos lamentables ocurridos por problemas mineros en el estado de Guerrero. Esto sucedió durante el mes de enero y lo que va de febrero de este año.
El municipio de Eduardo Neri antes Zumpango, es rico en yacimientos de plata, oro, zinc y plomo.
Según el Códice Mendocino la palabra Zumpango, es un vocablo, náhuatl Teopanca, significa "donde está el Tlapamtli", que a su vez quiere decir "la percha donde se colocaban las calaveras de los sacrificios".
Otra versión en relación a Zumpango, es el nombre de un árbol característico de las regiones semiáridas del país llamado Tzompantle. En el año de 1533, Zumpango quedó incluido dentro de la jurisdicción de Tixtla y llegó a conformar una República de Indios hasta 1786, al reestructurarse la división política de la Nueva España y constituirse el partido de Tixtla.
El río Zumpango ha tenido una influencia importante en la historia. En 1534 se inició la explotación de las minas de oro, plata, cobre y plomo.
El municipio presenta tres formas de relieve; las primeras corresponden a zonas accidentadas localizadas en la parte este y oeste de la Sierra Madre del Sur; la semiplana al suroeste y noroeste de las localidades de Xochipala, Amatitlán y Carrizalillo; la tercera está integrada por zonas planas, localizadas en el centro y norte del municipio.
La población del municipio se beneficia con las aguas del río Balsas, así como por las de La Cañada del Zopilote y una laguna en Hitziltep.
En el 2003 llegó a la región la empresa Desarrollos Mineros San Luis, ésta pertenece al corporativo Luismin que tiene más de 100 años en la actividad minera, esta empresa es subsidiaria de la empresa Wheaton Rivers Minerals Ltd, la cual acaba de fundirse en operaciones con la empresa Goldcorp, una empresa canadiense con actividad minera en cinco países diferentes.
En es fecha comenzaron los trabajos de exploración y explotación. Dicha empresa obtuvo hasta el año de 2004 el permiso de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, para la construcción y operación de la mina. También fue certificada por medio de la Profepa, como industria limpia a través de la empresa Nukay. Asimismo, las actividades de esta empresa se presentaron con un ambicioso proyecto de convertir la colina de Los Filos del municipio de Mezcala en la mina más grande de Latinoamérica, y la principal productora de oro a nivel nacional. Pretendiéndose, se dijo en varios medios impresos nacionales, entre ellos El Universal que: "En 20 años, se extraerían 60 millones de toneladas de oro". Dicho yacimiento está ubicado entre los pueblos de Mezcala y Carrizalillo, en el municipio de Eduardo Neri, aproximadamente a 50 kilómetros desde Chilpancingo. En este distrito minero existen otras minas en explotación: La Agüita, Mina Verde, Bermejal, San Luis y Los Filos.
Sin embargo, el proceso de extracción para los Filos, es de largo plazo pues no es fácil, según los técnicos mineros de la propia empresa, esto lo afirmaban en el año 2005.
Se pensaba también –en ese entonces– realizar una derrama económica aproximada de cerca de 800 millones de pesos al año, "entre sueldos, renta de casas, adquisición de terrenos, ocupación de ellos, comida, transporte". A estos gastos habría que agregar las consultorías de las constructoras y los procesos legales, así como donativos y ayudas a comunidades. Además de que se hicieron 10 kilómetros de carretera, ya que era un lugar inaccesible, se hacían dos horas para llegar a Carrizalillo y ahora sólo es una hora. Este proyecto minero denominado Los Filos pretende explotar un "cinturón de oro" que va del noroeste a suroeste, con 45 kilómetros de ancho y 125 de largo que empieza en Mezcala y llega hasta Arcelia.
Mezcala, está ubicada en el municipio de Eduardo Neri, en la región centro, a 50 kilómetros de la capital del estado. Zona en donde también se pueden encontrar plata, plomo, hierro, zinc y cobre. Para el mencionado proyecto se van a necesitar aproximadamente 800 empleados directos, en un pueblo que sólo cuenta con mil 500 habitantes. Afirmaban los representantes de la empresa.
Por cierto, desde el año de 1938 la minera "Guadalupe SA de CV" comenzó a extraer oro de la reserva mineral denominada Nukay.
Los trabajos se interrumpieron en la Segunda Guerra Mundial.
En ese entonces el oro se trasladaba por una locomotora de diesel a una terminal que lo llevaba por avión a la trituradora en Nuevo León. Sin embargo, cesó operaciones en 1961. La minera Nukay SA de CV inició operaciones en 1983 y construyó una planta de tratamiento. Nukay fue adquirida en el 2003 por Wheaton Rivers Minerals Ltd y comenzó a desarrollar el proyecto Los Filos.
Por esta situación, se formó la denominada Comisión Intersectorial del plan maestro Mezcala teniendo una participación importante el gobierno del estado, por medio de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, la cual se encargaría de generar "un plano regulador para el desarrollo de la comunidad y así delimitar las áreas de servicio, comerciales, deportivas, como calcular las necesidades de agua potable, entre otros aspectos".
También se decía en ese año, que "lo atractivo del proyecto minero de Los Filos, que, ubicado en una comunidad con escaso desarrollo y grandes necesidades, se necesitan inversiones alternas al proyecto, pues el lugar no cuenta con escuelas preparatorias y universidades o una clínica de salud", se afirmaba en el año 2003.
El proyecto minero prácticamente dobló el índice de población en el Carrizalillo. "Las fuentes de trabajo y la inversión que llegará para el próximo año será como un alud a este poblado que verá transformada su forma de vida". En consecuencia se planearon, la generación de tres mil 500 a cuatro mil empleos indirectos. Por cierto, los empleados y especialistas que llegaron de otros lugares del país, rentaron casas que fueron remodeladas por la empresa, señalaba la investigación realizada por El Universal.
Segunda. Comuneros de Carrizalillo, municipio de Eduardo Neri, Zumpango, bloquearon a mediados del mes de enero de este año, los accesos principales a la minera Luismin, para exigir un aumento en la renta de sus tierras, pidiendo a funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Económico del gobierno del estado, su intervención para que esa compañía retire las demandas que presentó en su contra.
La petición principal que motivó el bloqueo sobre los accesos principales a la minera canadiense, es la demanda del incremento a los mil 250 pesos que pagan por la renta de sus tierras así como la construcción de obras sociales, escuelas y centros de cómputo para la comunidad, que se encuentran pendientes. Este bloqueo, por otra parte, ha provocado las pérdidas económicas a la empresa; se han aplazado hasta este mes de febrero los trabajos de explotación de oro, que estaban programados para enero.
De igual modo el gobierno confirmó que por los daños provocados a la minera, representantes legales de ésta presentaron una demanda penal en contra de los ejidatarios.
Asimismo, se informó que existían convenios entre los ejidatarios y la empresa que determinaban la relación común entre ambas partes.
Al respecto, el gobierno del estado planteó que la empresa está de acuerdo en revisar el convenio que firmó con las autoridades ejidales, para verificar el precio de la renta de las 700 hectáreas de tierras sobre las cuales realiza trabajos de exploración y extracción de minerales. Pues la intención es convertir a este proyecto y ocupe el primer lugar de extracción de oro. Por cierto, esta es una mina a cielo abierto. Por otro lado, las autoridades federales como la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, Semarnat, aprobó un estudio de impacto ambiental que hizo la minera.
Sin embargo, la tensión permanece en la empresa minera pues el bloqueo se mantiene a principios del mes de febrero.
En la última semana de enero, cerca de cien elementos de las policías estatal y municipal desalojaron en la madrugada a decenas de trabajadores de la mina Los Filos, en la comunidad Carrizalillo. Acciones que fueron condenadas por organizaciones políticas y sociales, exigiendo que se priorizara el diálogo por encima del uso de la fuerza, para la resolución de un asunto político laboral.
Pareciera que por las tierras del sur y en los caminos de Guerrero, el estado democrático de derecho, no puede transitar, complicándose cada día más, presumiendo violaciones recurrentes al marco jurídico que regula la actividad minera.
Sin embargo, a este problema no se le puede abordar sólo o por medio de una discusión estrictamente economicista, aun cuando la Secretaría de Desarrollo Económico del estado argumenta que esta mina producirá 333 mil onzas de oro al año, (12.77 toneladas). Por cierto, la producción actual en todo el país es de 3 toneladas 113 kilos, con una inversión de 388 millones de dólares, pudiendo establecerse la firma de un convenio que determine el pago de una renta de 92 mil pesos anuales por cada una de las 700 hectáreas, de tierra que la empresa va utilizar. También según opiniones oficiales del mismo gobierno estatal (la oficina dedicada a los asuntos mineros) ello representarían dos mil 322 millones de pesos anuales –si el precio de la onza de oro se mantiene como en los dos últimos años, en 620 dólares– (datos publicados en la Jornada de Guerrero). Por ejemplo, de enero a septiembre de 2006 se reportó una producción estatal de 676 kilos de oro, de los cuales 560 se extrajeron del municipio de Eduardo Neri. En términos de rentabilidad económica y según cotizaciones del metal, los 560 kilos significan un ingreso de 94 millones 164 mil pesos, pues la onza de oro se cotiza en seis mil 450 pesos a la compra y siete mil 50 a la venta. Por cierto, las autoridades, aceptan que de toda esa derrama económica, el estado sólo se beneficia con el impuesto de dos por ciento.
En otro orden de ideas, las actividades de la minera están rodeadas de denuncias de ejidatarios y mineros, que en reiteradas ocasiones han señalado que Luismin, utiliza su maquinaria para realizar trabajos de exploración, sin tomar precauciones, lo que ha provocado la devastación de flora y fauna, además de que en los últimos dos años se han incrementado las enfermedades, presumiendo que es debido a la contaminación del agua y del aire que produce la actividad minera.
Por otro lado, la mayoría de los habitantes de la zona de influencia de la minera Luismin habita en casas de adobe y paja. Y las viviendas que poseen piso de cemento y loza como techo, se encuentran hacinadas con un promedio de cinco habitantes por vivienda. Nos dice la prensa de Guerrero en una investigación realizada por ella. En tanto el INEGI afirma, que la población económicamente activa de Mezcala es de 711 personas de un total de dos mil 717 habitantes; de los que 45 por ciento ganan entre uno y dos salarios mínimos, 20 por ciento uno, otro 20 por ciento de dos a cinco, y el resto no percibe ingresos.
Tercera. Los informes recabados nos indican que los ingresos por la actividad minera no benefician a los pobladores. Existe un centro de salud que carece de medicinas y sólo atiende males menores, como resfriados e infecciones estomacales. De los 2 mil 249 habitantes; estos, no pertenecen a ningún sistema de seguridad social.
En la comunidad está la clínica particular San Miguel, que es de la empresa, donde sólo se atienden a trabajadores de la mina y sus familiares. Sus costos no permiten acceder al resto de los campesinos.
Nuevamente, con datos del INEGI, la oferta educativa llega hasta secundaria, pero el grado promedio es de 5.08 años de escolaridad; es decir, no se termina la primaria. Se necesita un hospital para la población de la región, sin duda.
Por otro lado, de acuerdo a datos del propio gobierno del estado esta generación de riqueza que se extrae de Guerrero, no se queda en el mismo, pues la concesión es federal y el impuesto sobre metales preciosos, del cual no se tienen datos precisos de cuánto es y cómo se recauda, se lo lleva el gobierno federal.
Pareciera una historia conocida y repetida de despojo en Estados ricos en recursos naturales para subsidiar a otras entidades. Guerrero no puede seguir perdiendo lo que por derecho le corresponde y le pertenece. No es con actos de caridad o de visión patrimonialista heredada del viejo régimen como se resuelven estos asuntos, esto exige un acto de federalismo original, de justicia a secas, de dar a cada quien lo que le corresponde.
En la zona minera se requiere un plan estratégico de largo plazo que integre a la comunidad en su propio desarrollo colectivo y personal, como de proyecto de vida, que facilite el acceso a niveles educativos y culturales distintos, que promueva la libertad, el trabajo y la movilidad social. No con los criterios de un capitalismo salvaje y aldeano, del cual conocemos sus torpes y pobres resultados históricos, que degeneraron entre otras cosas en dictaduras burdas y mercados monopólicos. Una de las obligaciones del Estado democrático, debe ser la de construir las bases para proporcionar el bienestar de todos, sobre todo, de los más débiles y pobres: Construir las bases del desarrollo económico para la empresa privada con justicia social y económica.
Es sabido que a los dueños del capital les hace falta, primero ilustrarse y luego entender que la riqueza se distribuye mas allá de las consideraciones de mezquindad y despojo.
Actualmente existe un convenio entre la comunidad y la empresa que señala que en el 2004 pagó un millón 690 mil pesos; en 2005, un millón 760 mil y en el año 2006 un millón 812 mil pesos, adicionales a dos millones 10 mil por la servidumbre de paso por la afectación de 14 hectáreas que necesita como vías de tránsito. Esto provocó divisiones en la comunidad. Dicho convenio de la comunidad con Luismin expira en el año 2024, con posibilidad de prórroga, si así lo decide la asamblea ejidal. Según la investigación de La Jornada Guerrero y de El Sur. Considerando que el precio de la onza no aumente, Luismin habrá extraído 464 mil millones en oro de sus tierras.
Cuarta. La crisis ambiental y global del mundo ha propiciado que se desarrollen planteamientos que permitan afrontar con precisión la misma. Es así que ante la actividad minera de nuestro siglo se requiere, entre otras cosas, su revisión para que opere en un marco de seguridad y beneficio colectivo. Apuntando que la pretensión de querer impedir las nuevas transformaciones y relaciones en los asuntos mineros, sólo provocan que se exija cada día más estas transformaciones.
Queda claro que el pensamiento y la actitud conservadora no resuelven los problemas viejos y nuevos de la industria minera, y mucho menos cuando intereses caducos, herederos del capitalismo del siglo XVII y XVIII, pretenden gobernar necesidades y exigencias de la industria del siglo XXI.
Hoy se exige un desarrollo sustentable y compensado, que vaya dirigido "A compensar los impactos que ocasione cualquiera de los elementos del medio ambiente, sobre otro". Este proceso tiene como premisa principal, la satisfacción de las necesidades de las generaciones actuales. Pero actuando con responsabilidad hacia las futuras que aún no han nacido. Lo verdaderamente importante del desarrollo compensado, es la existencia de proyectos sociales con la capacidad suficiente de resarcir con nuevas oportunidades las injusticias que en un momento del desarrollo de los mismos se cometieron, como consecuencia de la aplicación de ciertos mecanismos administrativos y técnicos que, no tuvieron en cuenta las condiciones materiales de existencia de los individuos y comunidades, de su vida cultural y social. Las compensaciones en lo social y lo político son alcanzables si se observa el bienestar de las mayorías, de todos. El desarrollo compensado, en cambio, promueve la creación de condiciones para la aparición de actividades alternativas para que las futuras generaciones tengan garantizada el disfrute y uso de condiciones de vida hacia un nuevo estadio que sin duda habrá de corresponderles. En conclusión, "el desarrollo compensado constituye la forma en que la minería puede contribuir al desarrollo sustentable de las comunidades". Es crecimiento económico con desarrollo social para todos los sectores de la sociedad, en el presente y en el futuro.
Por lo anteriormente expuesto pongo a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Primero. Se solicita que la Secretaría de Economía, de Medio Ambiente y el gobierno del estado de Guerrero, investiguen e informen a esta soberanía en el marco de sus atribuciones legales el estado que guarda la situación de las actividades de la empresa minera Luismin, de los ejidatarios y la comunidad de Mezcala y Carrizalillo en el municipio de Eduardo Neri, antes Zumpango. Asimismo informen de las actividades del Consejo de Recursos Minerales y de los resolutivos respecto a la mina de Luismin en el municipio indicado, así como de las compensaciones o regalías que se hubieran pactado con los propietarios originales de las tierras.
Segundo. Se solicita que el Instituto Nacional de Antropología e Historia, informe a esta soberanía de la realización de estudios en la comunidad de Carrizalillo y zonas aledañas ante la presunción de la existencia de vestigios prehispánicos.
Tercero. Se exhorta a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a que informe a esta soberanía de la situación legal de los trabajadores de la mina de Luismin, durante el año 2006.
Cuarto. Se exhorta y solicita a la Secretaría de Economía Medio Ambiente y Recursos Naturales y al gobierno del estado de Guerrero, para que en el marco de sus atribuciones diseñen un plan estratégico de desarrollo sustentable y compensado para la zona y distrito minero de Mezcala, Eduardo Neri, antes Zumpango, que deberá ser incluido en el Plan Nacional de Desarrollo 2007.
Quinto. Se solicita respetuosamente que, en el marco de las atribuciones legales correspondientes de las secretarías de Estado mencionadas, éstas revisen la aplicación de la ley minera y su reglamento, la de inversión extranjera y su reglamento, así como la aplicación de la Ley General del Equilibrio y Protección al Ambiente, informando a esta honorable asamblea.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de febrero de 2007.
Diputado Modesto Brito González (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA A LAS AUTORIDADES COMPETENTES A AMPLIAR Y REFORZAR LA OPERACIÓN
TIJUANA, A CARGO DEL DIPUTADO RICARDO FRANCO CAZAREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PAN
Quien suscribe, diputado federal Ricardo Franco Cazarez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del Pleno de la honorable Cámara de Diputados proposición con punto de acuerdo, de urgente u obvia resolución, con base en la siguiente
Exposición de Motivos
Tijuana es una de las ciudades más golpeadas por el crimen organizado. La inseguridad pública es una de las mayores preocupaciones de los bajacalifornianos; vivimos presos del miedo y la inseguridad, sujetos a la voluntad del crimen organizado o de la delincuencia común, drogas, entre otros ilícitos.
Desafortunadamente, el incremento de la violencia es cada vez más organizada; se ha agravado en parte por la competición entre bandas de narcotraficantes que buscan dominar sus espacios. Esto ha creado un clima de incertidumbre y desconfianza entre la población y ha dado lugar a un proceso de descomposición de todas las instituciones encargadas de prevenir y castigar los delitos.
El pasado mes de enero el gobierno federal inició un operativo de seguridad en el que han intervenido las diversas corporaciones en todos sus niveles, a fin de combatir a la delincuencia organizada en el estado de Baja California.
Igualmente, la Marina aportó una patrulla oceánica con helicópteros y lanchas rápidas que se encargan de inspeccionar en alta mar embarcaciones nacionales y extranjeras, con el objetivo de evitar la llegada y el contrabando de drogas hacia el país vecino.
La ocupación de Baja California, denominada Operación Tijuana o Plan Tijuana, se centra principalmente en la ciudad de Tijuana, pero también abarca todo el estado de Baja California.
Ha sido desarrollada como una operación conjunta contra el narcotráfico, por lo que el gobierno federal envió con el aval del gobierno del estado de Baja California, 3 mil 296 elementos de las secretarías de la Defensa Nacional, de Marina, de Seguridad Pública federal, y la PGR, para así poder enfrentar al crimen organizado.
Además las acciones del operativo Baja California se ha reforzada con la presencia de 160 elementos más de la policía estatal preventiva para intensificar los trabajos de inteligencia y patrullaje en Tijuana.
Este operativo ha llevado a cabo actividades de reconocimiento aéreo y establecimiento de puestos de control para el acotamiento de actividades de tráfico de enervantes en zonas específicas, las más problemáticas de nuestra entidad.
La estrategia es y debe ser corresponsable, ya que involucrará a todas las áreas de seguridad del gobierno mexicano, federal, estatal y municipal, pues todos tenemos responsabilidad.
Existen historias comunes, las muertes violentas, los ajustes de cuentas, las desapariciones por parte del narcotraficantes; son la constante en esta nuestro municipio y en todo el estado; los asesinatos de jefes policiacos y la multiplicación del narcomenudeo, reflejan la batalla por el control del mercado de las drogas y de la frontera.
Según datos de la Procuraduría General de Justicia del estado, durante 2006 uno de cada cuatro asesinatos cometidos en Baja California tuvieron vínculos con el narcotráfico y otras modalidades del crimen organizado. Desafortunadamente existe una extensa red de organizaciones llamadas satélites, que se dedican al negocio de drogas al menudeo, sobre todo a la producción y comercialización de estupefacientes.
Aunado a ello, el secuestro en Tijuana se realiza con todo cinismo a plena luz del día y en lugares frecuentados, lo que ha propiciado que muchos empresarios y personas amenazadas decidan salir de la ciudad y sólo regresen de manera ocasional; ello también conlleva la falta de inversión en nuestro estado.
Si bien es cierto que Baja California ha visto la consolidación del narcotráfico internacional. En nuestra entidad se han asentado grupos y redes que se pelean por controlar el tráfico y la venta de drogas ilegales.
Las bandas criminales que emplean sus propias técnicas, métodos e ideología, han podido asociarse con otras que operan a nivel internacional, y con organizaciones dedicadas al secuestro, la extorsión, el narcotráfico, el acopio y tráfico de armas, al paso de indocumentados, a la prostitución y explotación de menores, entre muchos más.
Podemos decir con seguridad que Tijuana es una de las ciudades latinoamericanas más importantes para el narcotráfico transnacional. Esto no sólo ha corroído el sistema y las instituciones de seguridad pública, sino que también tiene implicaciones sociales y culturales entre los jóvenes y niños.
Desde la implantación de la operación Tijuana los agentes policíacos que la integran han logrado la captura de 255 personas con órdenes de aprehensión por delitos del orden federal, 120 detenidos por delitos del orden común, se ha logrado recuperar 162 vehículos con reporte de robo, el decomiso de 48 armas de fuego y más de 404 mil dosis de droga incautadas. La proporción de crímenes asociados a la delincuencia organizada llega a 60 por ciento de los casos.
Aunado a ello, se ha logrado detener a 25 personas dedicadas al crimen organizado y un total de ocho policías que están arraigados por presuntos nexos con el crimen organizado. De acuerdo con datos del secretario de Seguridad Pública en el estado, hay una reducción de 32 por ciento en los delitos de alto impacto desde el inicio de la operación Tijuana.
La operación Tijuana sí ha dado resultados, ya que ha logrado disuadir el crimen organizado, es por ello que nos preocupa que se quede sin protección real. Debe buscarse que los titulares de los mandos policiales de todos los niveles se vean obligados a hacer valer el principio de coordinación de las policías de no haber coordinación no habrá resultados contundentes.
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero. Por el cual se exhorta al gobierno federal, al gobierno estatal y municipal a ampliar y reforzar el llamado Operativo Tijuana.
Segundo. Implantar planes emergentes para prevenir el delito.
Diputado Ricardo Franco Cazarez (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A INFORMAR MEDIANTE LA SEMARNAT SOBRE EL
AVANCE QUE PRESENTAN LOS ESTUDIOS PARA QUE SE DECRETE ÁREA NATURAL
PROTEGIDA LA LAGUNA DE TECOCOMULCO, HIDALGO, A CARGO DEL DIPUTADO MIGUEL
ÁNGEL PEÑA SÁNCHEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
El suscrito, diputado federal del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática ante la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite someter a la alta consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
La laguna de Tecocomulco, Hidalgo, es considerada un relicto del antiguo sistema lacustre que predominó en todo el valle de México, donde se refugian y habitan especies de flora, peces, anfibios y aves acuáticas características de lo que fueron los lagos del mencionado sistema.
El cuerpo de agua se localiza al noreste de la capital de la república, en la parte sureste de Hidalgo, dentro de los municipios de Tepeapulco, Apan y Cuautepec de Hinojosa.
La laguna cuenta con una superficie aproximada de mil 769 hectáreas, y su altitud media es de 2 mil 514 metros sobre el nivel del mar.
Las tierras que rodean la laguna de Tecocomulco tienen como vegetación primaria el bosque de pino-encino en gran parte talado, con vegetación secundaria de juníperos, magueyes y cactáceas.
Su biodiversidad es de gran riqueza. Distintos estudios señalan que en la laguna existen 26 especies de plantas fanerógamas acuáticas, que sirven de alimento a aves herbívoras. Se encuentran especies de charales y carpas, que son alimento de diversas especies de aves piscívoras.
Por ello se puede afirmar que es un sitio ideal para la alimentación, anidamiento, reproducción y tránsito de aves. Existen inventarios de aves que cuentan 48 especies de aves terrestres identificadas, de las cuales 27 son residentes y 20 son migratorias de invierno y sólo 1 es migratoria de verano.
Sólo de la familia de los patos (Anatidae), se identifican 14 especies, entre ellos el pato tepalcate (Oxyura jamaicensis), y la cerceta de alas azules (Anas discors).
Además, es refugio de especies en riesgo, como el ajolote (Ambystoma mexicanus), la rana montezumae, el pato real (Chairina mochata), el pato mexicano (Anas diaza), el pato golondrino (Anos acutatzitzihoa) y el pato boludo (Caythia affinis).
La laguna de Tecocomulco es un depósito de agua formado por depresiones causadas por fenómenos de origen volcánico. La cuenca es alimentada por los ríos Coatlaco, Coyuco y Trozan, además de otras corrientes de menor importancia que bajan de los cerros. La parte central de la cuenca recibe aportaciones de corrientes pluviales formadas en las laderas de los cerros que la rodean y son estimadas en 12.5 millones de metros cúbicos anuales que dan origen a la porción lacustre.
Derivado de lo anterior, el 27 de noviembre de 2003 México incorporó la laguna de Tecocomulco en la lista de humedales de importancia internacional de la Convención sobre los Humedales, conocida como Convención de Ramsar (debido a que fue firmada en la ciudad iraní del mismo nombre). Con ello se reconoce que la laguna de Tecocomulco tiene valor significativo no sólo para el país sino también para toda la humanidad.
Por estar inscrita la laguna como sitio Ramsar, México se encuentra comprometido al mantenimiento de sus características ecológicas y a su uso sostenible.
Sin embargo, la laguna de Tecocomulco se encuentra sujeta a diversas presiones, que ponen en riesgo su existencia. Parte de la laguna se está secando y se pretende convertir en tierras de cultivo. Tiene problemas de contaminación por descargas de aguas negras y basura de asentamientos humanos cercanos. No menos grave es el problema de azolve de la laguna, derivado de la acumulación de sedimentos que son transportados por el agua que escurre superficialmente por la cuenca debido a la erosión del suelo.
Ante esa situación, la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión aprobó en el Pleno un punto de acuerdo el 30 de marzo de 2006 que señala textualmente lo siguiente:
Por lo expuesto, someto a esta soberanía la aprobación de la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta al titular del Ejecutivo federal a informar mediante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales sobre el grado de avance que presentan los estudios para que se decrete la laguna de Tecocomulco, Hidalgo, como área natural protegida, de conformidad con lo previsto por el artículo 57 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de febrero de 2007.
Diputado Miguel Ángel Peña Sánchez
(rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A INFORMAR A ESTA SOBERANÍA MEDIANTE
LA SHCP Y LA SENER SOBRE LAS ACCIONES QUE SE LLEVARÁN A CABO EN
MATERIA DE SERVICIO DOMÉSTICO DE ELECTRICIDAD POR LA PROXIMIDAD
DE LA TEMPORADA DE VERANO, A CARGO DE LA DIPUTADA DOLORES DE MARÍA
MANUELL-GÓMEZ ANGULO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la suscrita, diputada federal Dolores de María Manuell Gómez Angulo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LX Legislatura, presenta ante esta soberanía el siguiente punto de acuerdo, que exhorta al Ejecutivo federal, en particular a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y a la Secretaría de Energía (Sener) a que, en el ámbito de sus respectivas competencias, realicen un análisis de impacto y factibilidad para la creación de la tarifa 1G del servicio doméstico de electricidad para localidades con temperatura mínima promedio en verano de 40°C o más, basado en los siguientes:
Considerandos
1. Esta soberanía aprovecha la oportunidad para reconocer que los esfuerzos hechos por el Ejecutivo federal en la materia han permitido una mejora sustancial en el esquema tarifario vigente en México. No obstante, vengo hoy a exponer la problemática de Mexicali, localidad en la que, como en algunas otras, dicho esfuerzo resulta insuficiente como consecuencia de las extremosas temperaturas que tenemos que enfrentar durante el verano.
En la actualidad, determinantes básicos, como los periodos y las regiones específicas, en que las temperaturas extremas de verano causan estragos a los ciudadanos, aún no son tomados en cuenta por nuestro sofisticado esquema tarifario. En consecuencia, las familias de estas regiones enfrentan cargos que no se adaptan a su realidad, y se ven obligadas a hacer desembolsos sumamente gravosos, en particular para las familias de menores ingresos.
2. Para el caso de Baja California, en particular el de Mexicali, esto resulta especialmente oneroso. De los hogares mexicalenses 52 por ciento perciben un ingreso mensual inferior a cinco salarios mínimos, y se ven forzados a mantener durante todo el año un consumo menor al mínimo indispensable.
Las familias mexicalenses que ganan hasta un salario mínimo se ven forzadas a dedicar 53.5 por ciento de sus ingresos, en promedio, al pago de energía eléctrica en agosto. En otras palabras, durante dicho mes estas familias trabajan más de la mitad del tiempo para pagar el suministro de energía eléctrica.
Cuando observamos un fenómeno de este tipo no podemos hacer sino preguntarnos: cuánto de ese dinero destinado a energía está siendo restado por esas familias de escasos recursos de aquello que desearían destinar a una mejor educación, una mejor salud, una mejor alimentación y en su conjunto, a las posibilidades de procurarse un mejor futuro. Es verdaderamente injusto seguirles sugiriendo que reduzcan su consumo de energía eléctrica.
3. En la zona en que se ubica Mexicali durante 86 por ciento del verano no se presenta un medio ambiente con parámetros climáticos adecuados para la vida humana. En julio y agosto esto sucede 95 por ciento del tiempo.
Pero lo que nos ocupa aquí no es sólo la situación de las temperaturas extremas y los onerosos desembolsos que éstas implican para la población. Lo que preocupa a los mexicalenses es lo que representa el costo de no contar con los recursos necesarios para acceder a sistemas de enfriamiento, ya que esto se traduce en graves problemas de salud. Se estima que por cada 0.06 grados Celsius que aumenta la temperatura ambiental, el cuerpo humano se ve en la necesidad de elevar en 10 por ciento su metabolismo basal. Lo anterior impone a nuestro organismo un aumento en las funciones normales como la respiración, la frecuencia cardiaca y el funcionamiento de los riñones, para poder evitar que se acumule el calor corporal por la exposición al calor.
En el caso de Mexicali tenemos que, de acuerdo con cifras de la Cruz Roja, el IMSS, el ISSSTE, Issstecali e Isesalud, en 2002, por dar un ejemplo, la morbilidad por causa de enfermedad por calor, deshidratación, insolación y golpe de calor causó 2 mil 506 casos sólo en la temporada de verano.
Si tomamos en cuenta en su conjunto estos planteamientos no resulta difícil de suponer que en el verano los mexicalenses de escasos recursos tienen que enfrentar una difícil disyuntiva. Cada verano tienen que decidir si pueden utilizar o no los sistemas de enfriamiento (con las graves consecuencias que esto puede tener para su salud) o si pueden pagar otros artículos que aporten un mínimo a su nivel de vida.
4. De acuerdo con el artículo 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y el artículo 31 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, es responsabilidad de la SHCP, tomando en consideración a la Secretaría de Energía y con base en la propuesta de la CFE, fijar, ajustar o reestructurar las tarifas para suministro y venta de energía eléctrica.
A tal efecto, en febrero de 2002 el Ejecutivo federal, a través de la SHCP, emitió un acuerdo por el que se propuso la modificación de las tarifas eléctricas y la creación de la tarifa Doméstica de Alto Consumo (DAC), así como la reducción de los subsidios a este sector, con objeto de disminuirlos parcialmente para los usuarios con consumos intermedios y eliminarlos por completo para los que registran los mayores consumos.
Como resultado de lo anterior, y en consideración al alto consumo de energía de los sistemas domésticos de enfriamiento durante el verano, se expidió otro decreto el 8 de abril de 2002, creando la nueva tarifa 1F. Con ello se buscó atenuar la grave afectación que lo anterior causaba a la economía de las familias asentadas en regiones con temperaturas promedio de 33°C o más, durante dicha estación.
5. En consecuencia, nos preguntamos si es posible para el gobierno dar el último paso. Nos preguntamos si buscando un profundo entendimiento de la situación de los mexicalenses se podrá ayudar a los más afectados en Mexicali y en el resto del país.
Es importante destacar que a pesar de ser un problema plenamente reconocido por la totalidad de la comunidad mexicalense que ha dado claras muestras de su inconformidad, no ha sido debidamente atendido por las autoridades federales. No hemos logrado tener un tratamiento justo y digno y, por el contrario, el sacrificio social de los habitantes ha representado un lacerante agravio durante casi un cuarto de siglo.
En virtud de lo aquí expuesto, me permito presentar ante esta honorable Cámara de Diputados el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta al Ejecutivo federal, en particular a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Secretaría de Energía, a que en el ámbito de sus respectivas competencias, efectúen y presenten ante esta soberanía, tomando en cuenta la proximidad de la temporada de verano del presente año, un análisis de impacto y factibilidad con rangos de consumo útiles para la población más afectada y que considere los seis meses consecutivos más cálidos del año, a fin de crear la tarifa 1G del servicio doméstico de electricidad para localidades con temperatura mínima promedio de verano de 40 grados centígrados.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de febrero de 2007.
Diputada Dolores de María Manuell-Gómez
Angulo (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE SOLICITA AL EJECUTIVO FEDERAL QUE SE INTEGRE EN EL PLAN NACIONAL DE
DESARROLLO UN APARTADO QUE INCLUYA LA REGIÓN SUR-SURESTE DEL PAÍS,
A CARGO DEL DIPUTADO MARTÍN RAMOS CASTELLANOS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PRD
El que suscribe, presidente de la Comisión Especial encargada de impulsar y dar seguimiento a los programas y proyectos de desarrollo regional del sur-sureste de México de la Cámara de Diputados, con base en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta honorable asamblea un punto de acuerdo de urgente u obvia resolución para que se solicite al titular del Ejecutivo federal la creación de una vía directa de comunicación y acuerdo con el Poder Legislativo federal y los gobiernos estatales del sur-sureste de México, a fin de que integremos conjuntamente un apartado del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 dedicado, en específico, a la definición de las políticas públicas, los programas y proyectos para el desarrollo del sur-sureste y de la frontera sur de nuestro país que se aplicarán y desarrollarán en el actual sexenio, lo anterior con base en las siguientes
Consideraciones
Los esfuerzos de planeación para el desarrollo en nuestro país son de nueva catadura. Durante muchos años la voluntad unívoca de los presidentes determinaba el rumbo que la administración federal y el país todo seguían en diversos ámbitos. En aquellas épocas se dejaban de lado factores importantes para el éxito de las iniciativas, tales como la viabilidad financiera en el mediano plazo, la participación en la toma de decisiones de los directamente afectados o la compatibilidad de los proyectos con la diversidad biológica y cultural presente en el espacio geográfico de ejecución.
Jamás se pensó en disponer de mecanismos que permitieran cuantificar el impacto real que las políticas, los proyectos y los programas tenían en la vida comunitaria, familiar o individual de las personas; no existían enfoques multidimensionales para abordar los problemas de las comunidades y sus sociedades y la perspectiva regional estaba completamente ausente del horizonte de ideas de la clase gobernante.
Fueron tiempos en los que hablar de planeación era un ejercicio ocioso y poco atendible; momentos en los que resultaba impensable obligar al ejecutivo a abrir la discusión sobre la conducción del país; fue una etapa de nuestra vida pública en la que cuantificar y calificar objetivamente la acción gubernamental era un sacrilegio que nadie se atrevió a cometer y en la que muy pocos conocían de antemano los grandes temas del gobierno; fue una época en que resultaba impensable exigirle al gobierno que hiciera un esfuerzo de reflexión y estudio sobre las mejores opciones para el país y que los resultados de dicho ejercicio estuvieran por escrito y al alcance de todos para su discusión y ponderación en la arena de la opinión ciudadana.
La inercia generada por la ausencia de una visión de largo plazo y los actos al margen de la ley, le ha costado al país la pérdida de tiempo y oportunidades que difícilmente recuperaremos, además de considerables cantidades de recursos y, me temo decirlo, la imposición de una hipoteca sobre el futuro de nuestro hijos. Sobra decir que nuestra pertenencia a la OCDE no alcanza justificación en ninguno de nuestros renglones de desarrollo o bienestar, y que es impostergable la consolidación del sistema nacional de planeación democrática a que hace referencia el artículo 21 de la Ley de Planeación, para la construcción de las políticas, programas y proyectos que potencien el desarrollo nacional desde las regiones.
No podemos repetir los vicios de la planificación bajo consigna que han dado al traste con importantes proyectos de desarrollo regional en los años recientes. Tampoco podemos continuar abusando de la palabra planeación, para denominar así a la integración de grandes listas de propuestas dispares, contradictorias e insuficientes. Urge llenar de contenido los instrumentos de la planeación y hacerlo de la mano con quienes todos los días viven los problemas y, a fuerza de capotearlos, han imaginado soluciones posibles e ilustrativas.
Por lo antes expuesto, propongo el siguiente
Punto de Acuerdo
De urgente y obvia resolución
Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al titular del Ejecutivo federal a que abra una vía directa de comunicación y acuerdo con el equipo que coordina los trabajos para la integración del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, a fin de crear un apartado dentro de éste que aborde las políticas públicas, los programas, proyectos e instrumentos para el desarrollo de la región sur-sureste y la frontera sur de México, y que en la creación de dicho apartado se incluya la participación de comisiones de la Cámara de Diputados y Senadores y la representación de los ejecutivos estatales.
Diputado Martín Ramos Castellanos (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA AL JEFE DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL A INFORMAR A ESTA SOBERANÍA
SOBRE LAS REPERCUSIONES FINANCIERAS Y DE GESTIÓN RESULTANTES DE
LA MODIFICACIÓN DE LA ESTRUCTURA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
DE LA CAPITAL DEL PAÍS, A CARGO DEL DIPUTADO LUIS FERNANDO RODRÍGUEZ
AHUMADA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
El suscrito, diputado federal Luis Fernando Rodríguez Ahumada, miembro del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LX Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 60 del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presento a esta honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión una proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
La situación política y social por la que atraviesa el país impone a los tres órdenes de gobierno la obligación de manejar las finanzas públicas con criterios de austeridad, eficiencia y transparencia.
Durante las campañas políticas de 2006 los candidatos a la Presidencia de la República coincidieron en proponer medidas de austeridad y reducción del costo operativo del gobierno y liberar recursos presupuestales sujetos de aplicarse al gasto social. Específicamente, el candidato del PRD prometió que mediante un programa de ahorro público de la administración pública federal alcanzaría un ahorro de 100 mil millones de pesos desde el primer año de su gobierno.
Hoy vemos con mucha satisfacción que el presidente de México ha tomado las medidas conducentes, y aplicando un programa de austeridad en la administración pública federal logrará importantes ahorros en salarios y gastos que se destinarán a solventar necesidades urgentes de los sectores más necesitados del país.
No obstante, en el Gobierno del Distrito Federal sucede lo contrario, con desilusión nos enteramos que el 4 de diciembre de 2006, previo a su toma de posesión, el nuevo jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard Casaubón, anunció que propondría a la Asamblea Legislativa del DF la reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública local, que fue aprobada días después, y consistente en la creación de cuatro nuevas secretarías, a saber: Secretaría de Protección Civil, Secretaría de Trabajo y Fomento del Empleo, Secretaría de Educación Pública del Distrito Federal, y Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades Étnicas.
Por ello hoy pregunto: ¿qué pasó con las famosas tesis de austeridad? ¿Qué pasó con estas promesas de campaña?
Más allá de posibles consideraciones respecto a las razones y necesidades políticas que tenga el nuevo jefe de Gobierno para la creación de estas dependencias y designar al frente de éstas a personas de su confianza, me parece que la creación de nuevas secretarías, en sí misma, es contraria a criterios de austeridad y eficiencia. No hay austeridad con mayor burocracia, compañeros y compañeras legisladoras.
Las funciones que se infieren de la denominación anteriormente expuestas ya eran cumplidas por entidades del Gobierno del Distrito Federal: seguramente será más costosa, por ejemplo, la Secretaría de Protección Civil que una dirección general adscrita a la Secretaría de Gobierno local; seguramente habrá duplicidad de funciones creando la Secretaría de Trabajo y Fomento del Empleo, cuando ya existe además la Secretaría de Desarrollo Económico con titular designado y que se supone que conduce la política local destinada al crecimiento económico del DF; no se percibe la razón por la cual se crea la Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades Étnicas, cuando ya se tiene la Secretaría de Desarrollo Social, y en el artículo 28 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal refieren a la operación, coordinación, planeación y ejecución de programas de desarrollo social, así como el fomento a las actividades agrarias, desarrollo rural y cultural, enfocando dichas atribuciones en atención a los pueblos indígenas.
Respecto al sistema educativo, estaríamos en principio de acuerdo en que el Gobierno del Distrito Federal asuma la prestación de los servicios educativos que actualmente ejerce la federación. Pero ello implica un ajuste estructural de las finanzas públicas del DF para asegurar la óptima prestación de los servicios a la niñez y la juventud capitalina. Nos preocupa que esta nueva Secretaría de Educación no tenga sentido ni beneficio social alguno, o lo que sería peor, que se trastoquen las finanzas públicas de la ciudad por una decisión voluntarista y al vapor, que haga inviable mantener en operación el sistema educativo del Distrito Federal.
Algo sumamente preocupante es que no haya correspondencia entre las medidas de austeridad y eficiencia que impulsa el gobierno federal y la forma contraria en que se manejan algunas administraciones estatales y municipales; nos preocupa la tendencia al endeudamiento que registran las finanzas públicas del Gobierno del Distrito Federal; nos preocupa la modificación a la jerarquía de áreas de la administración pública para ampliar gabinetes sin que existan nuevas funciones sustantivas que un gobierno deba cumplir; sobre todo, nos preocupa que prevalezca una visión de un sector público obeso, ineficiente, burocratizado y establecido a la medida de su titular y no a la medida de las necesidades y demandas presentes en la sociedad.
Por mencionar un simple dato, las erogaciones previstas en el Presupuesto de Egresos de 2006 para las dependencias que integran la administración pública centralizada del Distrito Federal importan la cantidad aproximada de 26 mil 424 millones de pesos, donde tendríamos un promedio aproximado a los 2 mil millones de pesos por secretaría. Me gustaría que nos aclarara el jefe de Gobierno del Distrito Federal, cuál fue el incremento en este presupuesto al aumentar cuatro secretarías más a la actual administración del Distrito Federal y, en todo caso, cuáles son las medidas implantadas de austeridad y eficiencia en las dependencias gubernamentales del Distrito Federal.
Por lo anterior, presento ante esta soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero. Exhortar al jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard Casaubón, que se sirva enviar a esta honorable Cámara de Diputados la siguiente información que explique los impactos financieros y de gestión, debido a la modificación a la estructura de la administración pública del Distrito Federal en los siguientes aspectos:
El detalle del número de empleados, de los bienes muebles e inmuebles, y del monto total de recursos presupuestales que se requieren para poner en operación, y los que serán necesarios para el funcionamiento en el ejercicio de 2007, de las cuatro nuevas secretarías.
El detalle del impacto presupuestal que sufrirán el resto de las dependencias de la administración pública del Distrito Federal y los gobiernos delegacionales, que eventualmente se verán directamente afectados por esta medida.
La información precisa respecto a la manera de financiar la creación de estas nuevas dependencias, específicamente respecto a si serán necesarios montos de endeudamiento que, en su caso, deba aprobar esta Cámara de Diputados.
Segundo. Exhortar a esta honorable Cámara de Diputados a que, en su caso, la solicitud de techo de endeudamiento del Gobierno del Distrito Federal para 2007 sea rechazada, si prevé contraer deuda para sufragar los costos para poner en operación las dependencias señaladas en el presente.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de febrero de 2007.
Diputado Luis Fernando Rodríguez Ahumada (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE SOLICITA LA COMPARECENCIA DEL TITULAR DE LA SEDENA PARA QUE INFORME
RESPECTO A LA SITUACIÓN QUE GUARDA LA LUCHA CONTRA EL NARCOTRÁFICO
Y A LOS POSIBLES ATENTADOS CONTRA LEGISLADORES, Y OTROS SERVIDORES PÚBLICOS,
A CARGO DEL DIPUTADO ANTONIO ALMAZÁN GONZÁLEZ, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PRD
El suscrito, diputado José Antonio Almazán González, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 71, 73 y 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta al Pleno de esta honorable Cámara de Diputados la siguiente proposición con punto de acuerdo, en calidad de urgente y obvia resolución, con objeto de que se cite para comparecer –ante esta soberanía– al secretario de la Defensa Nacional, General Guillermo Galván Galván, al tenor de las siguientes
Consideraciones
El pasado martes 20 de febrero el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, general Guillermo Galván Galván, declaró que las reacciones violentas de los narcotraficantes se deben a que "están sintiendo los efectos de los operativos" que afectan sus bases económicas y de operación, razón por la cual, agregó, hechos como el atentado contra un diputado del PRI (Horacio Garza Garza) "los vamos a ver con mucha frecuencia".
No obstante su brevedad, esta declaración es suficiente para despertar graves preocupaciones sobre el porvenir de la nación y de la capacidad de los cuerpos encargados de la seguridad para garantizar la tranquilidad y la convivencia pacífica a sus ciudadanos.
Además, cabe preguntarse, ¿en qué basa el general Galván su afirmación, apenas un día después del atentado? ¿Con qué fuerza cuenta el narcotráfico y qué tanto se encuentra infiltrado dentro del aparato de Estado? ¿Son reales las denuncias de que la lucha en contra del narcotráfico es sólo un pretexto para militarizar el país y sembrar miedo entre la población?
Por todo lo expuesto y fundado, someto a la consideración de esta honorable Cámara de Diputados, la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Con carácter de urgente y obvia resolución
Único. Solicitar que el secretario de la Defensa Nacional comparezca ante esta soberanía, a fin de exponer un informe completo de la situación que guarda la lucha contra el narcotráfico y de los posibles atentados en contra de legisladores y funcionarios públicos.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de febrero de 2007.
Diputado José Antonio Almazán González
(rúbrica)